Anuario Legislativo 04-05 - Asamblea Legislativa

Asamblea Legislativa
de El Salvador
Anuario
Legislativo
Del 1° de mayo de 2004 al 30 de abril de 2005
San Salvador, El Salvador, C. A.

Publicaciones de la Asamblea Legislativa
Anuario
Legislativo
Del 1° de mayo de 2004 al 30 de abril de 2005
San Salvador, El Salvador, Centro América
Publicaciones de la Asamblea Legislativa

Presentación
Me complace presentar, en nombre de la Asamblea
Legislativa y su Junta Directiva, el Anuario correspondiente al
segundo año de labores de la legislatura 2003-2006, que me honro
en presidir.
Su contenido es el resultado del trabajo realizado por
la Asamblea Legislativa, desde el 1° de mayo de 2004, hasta
el 30 de abril del 2005, lo cual se concretiza en el trabajo que
realizan las diferentes Comisiones Legislativas y concluye en
las Sesiones Plenarias.
El anuario contiene Decretos Legislativos, que regulan
la actividad económica, política, cultural y social del país. A efecto
de facilitar el uso de este documento se ha clasificado su contenido
en NUEVE PARTES, de acuerdo a la naturaleza de los documentos,
además consta de UN APÉNDICE, el cual contiene los decretos
observados, con sus correspondientes textos, cuya ubicación se detalla en
las primeras páginas en un INDICE DE CONTENIDO; al final, también
encontrará un INDICE GENERAL; con una síntesis de cada Ley o Decreto, en
orden correlativo de emisión.
La forma en que se ha distribuido el anuario es la siguiente:
INDICE DE CONTENIDO............Se detalla la ubicación de la Ley o Decreto según la parte a
que corresponde
PARTES SEGÚN SU CONTENIDO
I ………………………………………….Leyes
II…………………………………………Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
III………………………………………...Elecciones, Renuncias y Exoneración de Funcionarios
IV………………………………………..Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
V ………………………………………...Ratificaciones a Convenios
VI ……………………………………….Títulos a Poblaciones y Fechas Conmemorativas
VII……………………………………….Distinciones Honoríficas
VIII……………………………………....Condecoraciones
IX………………………………………..Decretos Varios
APENDICE…………………………...Decretos Observados
INDICE GENERAL ………………..Que contiene un extracto de cada Decreto o Ley emitido, el asterisco ( * )
indica que su texto no está incluido en este Anuario
Estoy seguro que este anuario será de mucha utilidad y de valiosa consulta para usted, a la vez
que demuestra la actividad legislativa, que por disposición constitucional tiene encomendada esta
Asamblea.
Dios Unión Libertad
Ciro Cruz Zepeda Peña
Presidente
Ciro Cruz Zepeda Peña
Presidente

Junta J Directiva D de la AAsamblea Legislativa
L
Ciro Cruz Zepeda Peña
Presidente
José Manuel Melgar Henríquez
Primer Vice Presidente
José Francisco Merino López
Tercer Vice Presidente
Marta Lilian Coto Vda. de Cuéllar
Primera Secretaria
José Antonio Almendáriz Rivas
Tercer Secretario
Elvia Violeta Menjívar Escalante
Cuarta Secretaria
Junta Directiva de la Asamblea Legislativa

INDICE DE CONTENIDO
PARTES CONTENIDO PAGINA
PARTE I LEYES 25
PARTE II
PARTE III
PARTE IV
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS,
PRORROGAS Y DEROGATORIAS
ELECCIONES, RENUNCIAS Y EXONERACION DE
FUNCIONARIOS
APROBACIONES Y AUTORIZACIONES
LEGISLATIVAS
141
401
411
PARTE V RATIFICACIONES A CONVENIOS 461
PARTE VI
PARTE VII
TITULOS A POBLACIONES Y FECHAS
CONMEMORATIVAS
DISTINCIONES HONORIFICAS Y
RECONOCIMIENTOS
499
519
PARTE VIII CONDECORACIONES 553
PARTE IX DECRETOS VARIOS 581
APENDICE DECRETOS OBSERVADOS 605
Apendice Parte IX Parte VIII Parte VII Parte VI Parte V Parte IV Parte III Parte II Parte I

INDICE POR PARTES
PARTE I
LEYES
DECRETO N° CONTENIDO PAGINA
376
381
412
LEY ESPECIAL TRANSITORIA PARA LA APLICACION DE LA RESOLUCION 1546
(2004) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS, RELATIVA A
LAS TAREAS ESPECIALES DE PAZ PARA LA RECONSTRUCCION Y ASISTENCIA
HUMANITARIA.
LEY TRANSITORIA PARA LA AGILIZACION DE DILIGENCIAS DE PARTICION DE
INMUEBLES RUSTICOS DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE TIERRAS.
LEY DE COMPENSACION ECONOMICA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.
468 LEY DE EDUCACION SUPERIOR. 38
498
LEY TRANSITORIA DE ESTIMULO AL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
528 LEY DE COMPETENCIA. 64
538
LEY ESPECIAL PARA LA CONSTITUCION DEL FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD.
(FOSALUD)
80
539 LEY DE IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DEL TABACO. 86
540
550
LEY DE GRAVÁMENES RELACIONADOS CON EL CONTROL Y REGULACION DE
ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ARTICULOS SIMILARES.
LEY DE COMPENSACION ECONOMICA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL
ORGANO JUDICIAL.
579 LEY DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 112
627
330
LEY ESPECIAL TRANSITORIA PARA LEGALIZAR NUEVOS PARTIDOS
POLITICOS.
PARTE II
REFORMAS , INTERPRETACIONES AUTÉNTICAS, PRORROGAS Y
DEROGATORIAS
REFORMASE LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD
VIAL.
333 REFORMASE LA LEY DEL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES. 145
336 REFORMASE LA LEY DEL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES. 147
347
DEROGASE EL LITERAL B) DEL ART. 104 Y EL LITERAL B) E INCISO SEGUNDO
DEL ART. 200, DE LA LEY DEL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES.
27
30
35
60
97
109
137
143
150

DECRETO N° CONTENIDO PAGINA
348
357
365
REFORMASE LA LEY DE CREACION DEL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FODES)
REFORMASE EL D. L. N° 1125/2003, QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES
ESPECIALES DE OPCION DE PAGO PARA LAS PERSONAS QUE OBTUVIERON
FINANCIAMIENTO PARA ADQUIRIR ACCIONES DE LAS DISTINTAS SOCIEDADES
DE LOS INGENIOS PRIVATIZADOS.
AMPLIASE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, LOS EFECTOS DEL
D. L. N° 270/04, EL CUAL CONTIENE PRESUPUESTO ESPECIAL EXTRAORDINARIO
PARA LA FINALIZACION DE LAS OBRAS PENDIENTES DE LOS “XIX JUEGOS
DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2002”.
373 DEROGASE EL ART. 263-A DEL CODIGO PENAL 156
374
PRORROGASE POR 180 DIAS EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL D. L. N° 212/2003,
PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SOLVENCIAS DE PRESTACIONES DE
PENSIONES ALIMENTICIAS.
393 REFORMASE EL CODIGO PENAL. 158
394 REFORMASE EL CODIGO PROCESAL PENAL. 161
395
396
REFORMASE LA LEY DEL MENOR INFRACTOR Y SE MODIFICA LA DENOMINACION
DE DICHA LEY POR LA SIGUIENTE: LEY PENAL JUVENIL.
REFORMASE LA LEY DE VIGILANCIA Y CONTROL DE EJECUCION DE MEDIDAS
AL MENOR INFRACTOR Y SE MODIFICA LA DENOMINACION DE DICHA LEY POR
LA SIGUIENTE: LEY DE VIGILANCIA Y CONTROL DE EJECUCION DE MEDIDAS
AL MENOR SOMETIDO A LA LEY PENAL JUVENIL.
403 REFORMASE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 175
438
439
448
REFORMASE LA LEY TRANSITORIA PARA LA LEGALIZACION DEL PROGRAMA DE
DILIGENCIAS DE PARTICION DE INMUEBLES RUSTICOS DEL PROGRAMA DE
TRANSFERENCIA DE TIERRAS.
REFORMASE EL D. L. N° 287/2004, REFERENTE A LA PRORROGA PARA
CIRCULACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE MAS
DE 15 AÑOS.
REFORMASE EL D. L. N° 249/2004, POR EL CUAL SE DISTRIBUYE JURISDICCION
DEL AHORA JUZGADO QUINTO DE LO LABORAL, ANTES QUINTO DE LO CIVIL,
A LOS JUZGADOS TERCERO Y CUARTO DE LO CIVIL.
457 REFORMASE EL CODIGO PENAL 183
458 REFORMASE CODIGO PROCESAL PENAL 185
471 REFORMASE EL CODIGO PENAL 187
151
153
155
157
164
173
178
180
182

DECRETO N° CONTENIDO PAGINA
478
PRORROGASE POR 3 AÑOS LOS EFECTOS DEL D. L. N° 410/ 01, A EFECTO
DE PROHIBIR QUE SE REALICEN CONSTRUCCIONES EN LOS INMUEBLES QUE
CONSTITUYEN EL CERRO DE LAS PAVAS, COJUTEPEQUE, CUSCATLAN.
487 REFORMASE EL CODIGO PENAL. 190
488 REFORMASE EL CODIGO PROCESAL PENAL 197
489
REFORMASE LA LEY DE CREACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LA RENTA
DE ADUANAS .
199
490 REFORMASE LA LEY DE SIMPLIFICACION ADUANERA. 201
491
REFORMASE LA LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR INFRACCIONES
ADUANERAS.
492 REFORMASE LA LEY DE BANCOS. 207
493 REFORMASE LA LEY DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS 210
494
495
REFORMASE LA LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL
DE APELACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS.
REFORMASE LA LEY DE IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES
Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS (IVA) .
496 REFORMASE LA LEY DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA . 222
497 REFORMASE EL CODIGO TRIBUTARIO. 236
499 REFORMASE EL CODIGO PENAL . 285
500 REFORMASE EL CODIGO PROCESAL PENAL . 287
501
REFORMASE LA LEY DE LA CORPORACION SALVADOREÑA DE TURISMO
(CORSATUR) Y LA LEY DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO (ISTU) .
288
503
504
REFORMASE LA TARIFA GENERAL DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE
AHUACHAPAN.
CONCEDESE PLAZO DE QUINCE MESES, PARA QUE LAS PERSONAS DEDICADAS
ACTUALMENTE A LA PRODUCCION, ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACION,
IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS PIROTECNICOS PUEDAN
REALIZAR ESTA ACTIVIDAD.
512 REFORMASE EL CODIGO CIVIL 294
514
MODIFICASE TEMPORALMENTE LA LEY DE EQUIPAJES DE VIAJEROS
PROCEDENTES DEL EXTERIOR, EN EL PERIODO DEL 1 DE DIC. DE 2004, AL
31 DE ENERO DE 2005.
518 REFORMASE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES 298
523
INTERPRETESE AUTENTICAMENTE EL DECRETO LEGISLATIVO N° 347, DE FECHA
15 DE JUNIO DE 2004, PUBLICADO EN EL D.O. 128. TOMO 364 DEL 9 DE JULIO
DEL MISMO AÑO.
189
203
212
214
290
292
296
305

DECRETO N° CONTENIDO PAGINA
532
541
542
543
547
554
557
REFORMASE EL D. L. N° 647/90, EN EL SENTIDO DE MODIFICAR LOS
DERECHOS ARANCELARIOS COMPRENDIDOS EN LA PARTE III DEL ARANCEL
CENTROAMERICANO DE IMPORTACION.
REFORMASE LA LEY DE CONTROL Y REGULACION DE ARMAS, MUNICIONES,
EXPLOSIVOS Y ARTICULOS SIMILARES.
REFORMASE LA LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR INFRACCIONES
ADUANERAS.
REFORMASE LA LEY REGULADORA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DEL ALCOHOL Y DE LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS.
REFORMASE LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD
VIAL.
PRORROGASE POR UN AÑO, EL D. L. N° 1003/ 02, POR MEDIO DEL CUAL
SER REFORMO EL INCISO PRIMERO DEL ART. 108 DE LA LEY DE LA CARRERA
DOCENTE.
PRORROGASE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005, LA VIGENCIA DE LA LEY
TRANSITORIA PARA AGILIZAR DILIGENCIAS DE LEGALIZACION DEL DERECHO
DE LA PROPIEDAD O POSESION, A FAVOR DE PERSONAS AFECTADAS POR LOS
TERREMOTOS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2001,
560 REFORMASE LA LEY GENERAL MARITIMO PORTUARIA 342
564 REFORMASE EL CODIGO TRIBUTARIO.
SUSPENDESE POR UN PERIODO DE 90 DIAS, EL REQUERIMIENTO DE LAS
343
566 CONSTANCIAS DE SOLVENCIAS O AUTORIZACIONES A QUE SE REFIERE EL ART.
218, LITERAL D) Y E) DEL CODIGO TRIBUTARIO.
345
569
REFORMASE LA LEY ORGANICA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL
ESTADO.
347
570 REFORMASE EL CODIGO DE COMERCIO. 349
571
575
REFORMASE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA.
AMPLIASE POR 180 DIAS, EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ART. 3 DEL D. L. N°
212/03, PARA QUE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA IMPLEMENTE
EL SISTEMA INDICADO EN EL ART. 253-A DEL CODIGO DE FAMILIA
593 REFORMASE LA LEY DE LA CARRERA DOCENTE. 352
599 REFORMASE LA LEY DEL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES. 354
604
REFORMASE LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD
VIAL PARA INCORPORAR EL NUMERAL 2) AL ART. 122-A.
307
310
311
312
336
339
341
350
351
355

DECRETO N° CONTENIDO PAGINA
606
REFORMENSE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N° 440/ 04, Y N° 533/04, A
EFECTO DE QUE SE PUBLIQUEN A ESTAS RATIFICACIONES, LOS ANEXOS
CORRESPONDIENTES.
611 REFORMASE EL CODIGO DE TRABAJO. 357
613
616
618
PRORROGASE POR 60 DIAS, LOS EFECTOS DE LA LEY TRANSITORIA DE ESTIMULO
AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
REFORMASE LA LEY DE ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES Y DE
COMERCIALIZACION.
PRORROGASE POR 90 DIAS, EL D. L. N° 566/04, POR MEDIO DEL CUAL SE
SUSPENDE POR UN PERIODO DE 90 DIAS EL REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS
DE SOLVENCIAS O AUTORIZACIONES A QUE SE REFIERE EL ART. 218, LITERALES
D) Y E) DEL CODIGO TRIBUTARIO.
620 REFORMASE EL CODIGO PENAL. 364
621
REFORMASE LA LEY DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ARTICULOS
SIMILARES.
625 REFORMASE EL CODIGO PENAL 369
632 REFORMASE EL CODIGO ELECTORAL 370
634
REFORMASE LA LEY DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE BANCOS
COMERCIALES Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO
635 REFORMASE EL CODIGO DE COMERCIO 375
636 REFORMASE LA LEY DE BANCOS 378
643 REFORMASE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TABACO. 381
644
645
REFORMASE LA LEY DE IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES
Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS (IVA) .
INTERPRETASE AUTENTICAMENTE EL INCISO TERCERO DEL ART. 14 DE LA LEY
DE IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION
DE SERVICIOS (IVA)
646 REFORMASE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 385
647 REFORMASE LA LEY DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 389
648 REFORMASE EL CODIGO TRIBUTARIO 391
356
359
360
363
365
373
382
384

DECRETO N° CONTENIDO PAGINA
650
663
PRORROGASE HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2005, LOS EFECTOS DE LA
LEY TRANSITORIA DE ESTIMULO AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS.
PRORROGASE POR UN AÑO, EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ART. 1566,
TRANSITORIO DEL CODIGO DE COMERCIO.
PARTE III
ELECCIONES, RENUNCIAS Y EXONERACION DE FUNCIONARIOS
362
383
409
410
451
667
668
324
DECLARASE REELECTA PROCURADORA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS, A LA DOCTORA BEATRICE ALAMANNI DE CARRILLO.
DECLARANSE ELECTOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,
PROPIETARIOS: AL LIC. WALTER RENE ARAUJO MORALES, Y LIC. JULIO
EDUARDO MORENO NIÑOS Y SUPLENTES: AL SR. SELIM ALABI Y LIC. JUAN
PABLO ESCOBAR.
DECLARANSE ELECTOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,
PROPIETARIOS: EDUARDO ANTONIO URQUILLA BERMUDEZ, MARIO ALBERTO
SALAMANCA BURGOS Y EUGENIO CHICAS MARTINEZ Y SUPLENTES: CARLOS
MAURICIO MOLINA FONSECA, JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ Y SILVIA IDALIA
CARTAGENA.
EXONERASE DEL CARGO DE MIEMBRO PROPIETARIO DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA JUDICATURA, AL ABOGADO CARLOS MAURICIO MOLINA FONSECA.
DECLARANSE ELECTOS DESIGNADOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, AL
SEÑOR ELIAS JORGE BAHAIA SAMOUR Y A LA SEÑORA MARIA ALICIA MORATAYA
DE STEINER.
EXONERASE DEL CARGO DE MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO
ELECTORAL AL LIC. SELIM ERNESTO ALABI.
DECLARASE ELECTO MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO
ELECTORAL, AL LIC. FRANCISCO EDGARDO MONGE GALDAMEZ.
PARTE IV
APROBACIONES Y AUTORIZACIONES LEGISLATIVAS
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE HACIENDA, MODIFICAR
EL FIDEICOMISO ESPECIAL PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA DEUDA AGRARIA
(FEPADA) Y AUMENTAR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO ESPECIAL DEL SECTOR
AGROPECUARIO. (FIDEAGRO).
399
400
403
404
405
406
407
408
409
413

DECRETO N° CONTENIDO PAGINA
344
345
349
360
371
392
443
462
502
520
536
537
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE EDUCACION PARA QUE
DE EN COMODATO, A LAS ASOCIACIONES DE ADULTOS MAYORES DE SESENTA
AÑOS Y AL CLUB DE LEONES DE ILOPANGO, UN INMUEBLE SITUADO EN LA
COLONIA SANTA LUCIA, DE ILOPANGO, PARA LLEVAR A CABO ACTOS SOCIALES
EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEL LUGAR.
AUTORIZASE LA DONACION DE UN TERRENO DE LA COMISION EJECUTIVA
HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA , UBICADO EN CIUDAD DELGADO, A FAVOR
DEL RAMO DE OBRAS PUBLICAS.
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE HACIENDA, PARA QUE
PUEDA EMITIR TITULOS VALORES POR $286,458,350.00
AUTORIZASE EL INGRESO DE UN BUQUE CON BANDERA DE ESTADOS UNIDOS,
PROPIEDAD DE LA FUNDACION NACIONAL DE CIENCIAS Y OPERADO POR LA
UNIVERSIDAD DE COLUMBIA, PARA QUE PUEDA REALIZAR INVESTIGACION
CIENTIFICA EN AGUAS TERRITORIALES DE EL SALVADOR RELATIVA A LOS
EFECTOS TECTONICOS.
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE HACIENDA, PARA QUE
SUSCRIBA CONTRATOS DE PRESTAMOS, DE APORTE FINANCIERO Y DE EJECUCION
DEL PROGRAMA “FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL
(FISDLIII)”, SUSCRITO CON EL KFW,
AUTORIZASE A LA COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA,
PARA DONAR DE MANERA REVOCABLE AL ENTE OPERADOR REGIONAL, UN
INMUEBLE URBANO.
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE HACIENDA, PARA
ESTABLECER LA TASA DE REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE EXPORTACION DE
CAFE ORO, COSECHA 2004-2005 EN $0.35
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Y DE APORTE FINANCIERO SUSCRITO CON
EL KFW, PARA FINANCIAR EL PROGRAMA “RECONSTRUCCION Y DESARROLLO
LOCAL (FISDL III)”.
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
PARA CONCEDER EN COMODATO, UN INMUEBLE A FAVOR DE LA FUNDACION
SALVADOREÑA PARA INVESTIGACIONES DEL CAFE (PROCAFE)
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE EDUCACION PARA QUE
CONCEDA EN COMODATO, DOS INMUEBLES, A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
DE SAN MIGUEL TEPEZONTES, LA PAZ.
REFORMASE EL D. L. N° 750/93, POR MEDIO DEL CUAL SE APROBO EL CONTRATO
DE PRESTAMO AYUDA EN MERCANCIAS V, SUSCRITO CON EL KFW.
AUTORIZASE A FOSAFI, PARA QUE MEDIANTE PERMUTA, PUEDA ADQUIRIR
ACTIVOS PROPIEDAD DEL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR.
415
417
419
421
422
424
426
427
429
431
433
435

DECRETO N° CONTENIDO PAGINA
565
585
596
623
626
631
664
665
666
679
325
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA SUSCRIBIR
CON EL BANCO MULTISECTORIAL DE INVERSIONES, EL FIDEICOMISO
ESPECIAL PARA LA CREACION DE EMPLEOS EN SECTORES PRODUCTIVOS
ESTRATEGICOS,(FECEPE).
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE HACIENDA, PARA EMITIR
TITULOS VALORES DE CREDITO POR $541,800,000.00
REFORMASE EL DECRETO LEGISLATIVO N° 502/04, POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZO AL RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, OTORGAR EN COMODATO
INMUEBLE A FAVOR DE LA FUNDACION SALVADOREÑA PARA INVESTIGACIONES
DEL CAFE (PROCAFE).
DEROGASE EL D. L. 165/00, POR EL CUAL SE DECLARO “RESERVA ECOLOGICA
CON VOCACION RECREATIVA”, INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON EL OBRAJUELO,
DE QUELEPA Y SAN MIGUEL.
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO, EN EL RAMO DE HACIENDA, PARA
TRANSFERIR UN INMUEBLE EN COMODATO A LA ASOCIACION CONJUNTA PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL AHUACHAPAN EN MARCHA.
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE HACIENDA, PARA SUSCRIBIR
UN CONVENIO DE PRESTAMO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
PARA FINANCIAR EL “PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD.”
AUTORIZASE AL MINISTERIO DE HACIENDA PARA DONAR INMUEBLE DE SU
PROPIEDAD A FAVOR DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA.
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE AGRICULTURA Y
GANADERIA, PARA DAR EN COMODATO A LA ASOCIACION DE GANADEROS Y
AGRICULTORES DE TEXISTEPEQUE, UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRETERA
QUE CONDUCE DE SANTA ANA A METAPAN.
AUTORIZASE AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA PARA OTORGAR EN COMODATO
UN INMUEBLE DENOMINADO “FINCA LA BRETAÑA” A FAVOR DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y GANADERIA,.
AUTORÍZASE AL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE HACIENDA, SUSCRIBIR UN
CONTRATO DE PRÉSTAMO, CON EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN
Y FOMENTO, RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA FINANCIAR LA EJECUCIÓN
DEL “PROGRAMA DE POLÍTICAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL
SALVADOR”.
PARTE V
RATIFICACIONES A CONVENIOS
RATIFICASE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
CORRUPCION.
438
442
445
447
448
450
452
454
456
458
463

DECRETO N° CONTENIDO PAGINA
326
329
361
377
378
379
380
422
435
440
467
RATIFICASE PROTOCOLO DE ADHESION AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE
EL CENTRO DE ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL
DEL COMERCIO.
RATIFICASE CARTA CONVENIO DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE N°
ATN/SF-8552-ES, SUSCRITA CON EL BID, PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA
“DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL”.
RATIFICASE CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL Y EDUCATIVA, CON
NICARAGUA.
RATIFICASE ENMIENDA N° 10 AL CONVENIO DE DONACION DE OBJETIVO
ESTRATEGICO CON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA EL OBJETIVO
ESTRATEGICO N° 519-002 PROCESOS DEMOCRATICOS MAS INCLUSIVOS
Y EFECTIVOS, ACTIVIDAD N° 519-1436 CONSOLIDACION DEMOCRATICA Y
GOBERNABILIDAD.
RATIFICASE LA DECISIÓN N° 7 “TRATO NACIONAL Y ACCESO DE BIENES AL
MERCADO”, ACORDADA POR LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL TRATADO DE
LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS REPÚBLICAS
DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS.
RATIFICASE ENMIENDA AL ACUERDO RELATIVO A LA ORGANIZACION
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE (INTELSAT).
RATIFICASE ENMIENDA DEL ARTICULO 23 DEL ACUERDO OPERATIVO A LA
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE
(INTELSAT)
RATIFICASE ACUERDO DEL DIALOGO POLITICO Y COOPERACION, SUSCRITO
ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LAS REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL
SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMA
RATIFICASE CONVENCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMISION
INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL, ESTABLECIDA POR LA CONVENCION
DE 1949 ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y LA REPUBLICA DE COSTA
RICA “CONVENCION DE ANTIGUA”.
RATIFICANSE ENMIENDAS AL CONVENIO PARA LA DONACION DE PRODUCTOS
AGRICOLAS BAJO LA SECCION 416(B), CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.
RATIFICASE ENMIENDA N° 2, AL CONTRATO DE APORTE FINANCIERO Y DE
EJECUCION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL II,
SUSCRITO CON LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, A TRAVES DEL KFW.
464
465
467
468
469
471
472
473
474
475
476

DECRETO N° CONTENIDO PAGINA
472
479
480
481
507
508
509
516
533
555
580
581
RATIFICASE ACUERDO SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS
POR PARTE DE DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMATICO, CONSULAR,
ADMINISTRATIVO Y TECNICO, CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA.
RATIFICASE ADDENDUM N° 1, AL CONVENIO DE FINANCIACION SUSCRITO
CON LA COMUNIDAD EUROPEA, PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
AMBIENTAL EN EL SALVADOR”.
RATIFICASE MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCION
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).
RATIFICASE CUARTO PROTOCOLO AL TRATADO CONSTITUTIVO CENTROAMERICANO
Y OTRAS INSTANCIAS POLITICAS.
RATIFICASE CONVENIO SUSCRITO CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, PARA LA DONACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS BAJO EL ACTA
DE ALIMENTOS PARA EL PROGRESO.
RATIFICASE CONVENIO DE DONACION SUSCRITO CON EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA EL OBJETIVO ESTRATEGICO N° 519-021
GOBERNANDO CON JUSTICIA: GOBERNABILIDAD MAS TRANSPARENTE Y CON
MAYOR CAPACIDAD DE RESPUESTA, ACTIVIDAD USAID N° 519-0461 “JUSTICIA
Y GOBERNABILIDAD CON TRANSPARENCIA.”
RATIFICASE CONVENIO DE DONACION SUSCRITO CON EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS PARA EL OBJETIVO ESTRATEGICO N° 519-022 LIBERTAD
ECONOMICA: ECONOMIAS ABIERTAS, DIVERSIFICADAS Y EN EXPANSION,
ACTIVIDAD N° 519-0462 CRECIMIENTO ECONOMICO PARA EL SIGLO 21
(CRECER21).
RATIFICASE CONVENCION SOBRE PRONTA NOTIFICACION DE ACCIDENTES
NUCLEARES.
RATIFICASE CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE UN ACUERDO CON EL GOBIERNO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA LA EJECUCION DE EJERCICIOS
DE ENTRENAMIENTO MEDICO DENTAL Y VETERINARIO; INTERCAMBIOS DE
CAPACITACION CONJUNTOS Y COMBINADOS; INTERCAMBIOS DE PEQUEÑAS
UNIDADES Y OTROS EJERCICIOS MILITARES Y ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO
QUE PODRAN SER DE MUTUO ACUERDO.
RATIFICASE TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMERICA, REPUBLICA
DOMINICANA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
RATIFICASE CONVENIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA CONSTITUTIVO DE LA
SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA.
RATIFICASE CONVENIO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CONSEJO DE COOPERACION
ADUANERA (OMA).
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DECRETO N° CONTENIDO PAGINA
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651
652
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343
358
375
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588
589
598
609
628
655
658
RATIFICASE ACUERDO CON NICARAGUA, RELATIVA A LOS MECANISMOS DE
SOLUCION DE DIFERENCIAS DE LOS CONFLICTOS O SITUACIONES QUE PUEDAN
SUSCITARSE ENTRE AMBOS PAISES.
RATIFICASE ACUERDO SEDE DE LA COMISION EJECUTIVA DEL PLAN PUEBLA
PANAMA.
RATIFICASE CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL
DE MENORES.
RATIFICASE CONVENCION SOBRE LA ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTE
NUCLEAR O EMERGENCIA RADIOLOGICA.
RATIFÍCASE EL ACUERDO SEDE ENTRE EL ENTE OPERADOR REGIONAL DEL
MERCADO DE AMÉRICA CENTRAL Y EL GOBIERNO DE EL SALVADOR.
PARTE VI
TITULOS A POBLACIONES Y FECHAS CONMEMORATIVAS
OTORGASE TITULO DE VILLA, A LA LOCALIDAD DE NAHUILINGO, DEPARTAMENTO
DE SONSONATE.
DECLARASE “CAPITAL POR UN DIA”, LA CIUDAD DE SANTA TECLA, POR LA
CELEBRACION DEL 150 ANIVERSARIO DE SU FUNDACION.
OTORGASE TITULO DE CIUDAD A LA VILLA DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO
DE SAN VICENTE.
OTORGASE TITULO DE CIUDAD A LA VILLA DE SAN BARTOLOME PERULAPIA,
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.
DECLARASE “CAPITAL POR UN DIA”, LA CIUDAD DE QUEZALTEPEQUE,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
DECLARASE EL 8 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, “DIA DEL PROFESIONAL EN
RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS”.
OTORGASE TITULO DE VILLA, A LA LOCALIDAD DE PARAISO DE OSORIO,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
DECLARASE EL 23 DE FEBRERO DE 2005, “DIA DE ROTARY INTERNACIONAL
EN EL SALVADOR”.
DECLARASE EL 22 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, “DIA NACIONAL DEL MUSICO
SALVADOREÑO” .
DECLARASE EL SEGUNDO DOMINGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO,
”DIA NACIONAL DE LAS PUPUSAS”.
OTORGASE TITULO DE VILLA, AL MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD.
493
494
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496
497
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502
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508
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PARTE VII
DISTINCIONES HONORIFICAS Y RECONOCIMIENTOS
DECRETO N° CONTENIDO PAGINA
334
335
353
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355
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359
401
405
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436
437
OTORGASE AL TORERO ESPAÑOL JUAN ANTONIO RUIZ “ESPARTACO”, LA
DISTINCION HONORIFICA DE “NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR”.
OTORGASE AL SEÑOR GIORGIO MAMBERTO, JEFE DE LA DELEGACION DE LA
COMISION EUROPEA, LA DISTINCION HONORIFICA DE “NOBLE AMIGO DE EL
SALVADOR”.
OTORGASE AL PROFESOR JOSE ANTONIO MEREGILDO ANGEL AYALA, LA
DISTINCION HONORIFICA DE “DISTINGUIDO PROFESOR SALVADOREÑO”.
OTORGASE AL PROFESOR Y LICENCIADO, DON SARBELIO CAMPOS BENAVIDES,
LA DISTINCION HONORIFICA DE “MAESTRO MERITISIMO DE EL SALVADOR”.
OTORGASE AL PROFESOR Y CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO, DON FRANCISCO
MERINO GONZALEZ, LA DISTINCION HONORIFICA DE “MAESTRO MERITISIMO
DE EL SALVADOR”.
OTORGASE AL HERMANO MARISTA JULIAN GOÑI, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA,
LA DISTINCION HONORIFICA DE “EDUCADOR EMINENTE DE EL SALVADOR.”
OTORGASE AL SEÑOR EXPRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
RONALD REAGAN, LA DISTINCION HONORIFICA DE “AMIGO MERITISIMO DE
EL SALVADOR.”
OTORGASE AL DOCTOR FABIO CASTILLO FIGUEROA, LA DISTINCION HONORIFICA
DE “EDUCADOR MERITISIMO DE EL SALVADOR.”
OTORGASE AL DOCTOR JUAN ROMAGOZA, LA DISTINCION HONORIFICA DE
“DISTINGUIDO PROFESOR SALVADOREÑO.”
OTORGASE AL SEÑOR VICENTE AGUILUZ, CONOCIDO ARTISTICAMENTE COMO
“EL INDIO DE CUSCATLAN”, LA DISTINCION HONORIFICA DE “DISTINGUIDO
ARTISTA DE EL SALVADOR.”
OTORGASE AL PROFESOR JOSE ANGEL CASTILLO, LA DISTINCION HONORIFICA
DE “DISTINGUIDO MAESTRO DE EL SALVADOR.”
OTORGASE AL REVERENDO LORIS JOHN BUENO Y A SU ESPOSA LOYDA BUENO,
LA DISTINCION HONORIFICA DE “NOBLES AMIGOS DE EL SALVADOR”.
OTORGASE A LA CIUDADANA ESTADOUNIDENSE DOCTORA PATRICIA GEHRET,
LA DISTINCION HONIRIFICA DE “NOBLE AMIGA DE EL SALVADOR”.
521
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DECRETO N° CONTENIDO PAGINA
456
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590
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619
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640
641
656
657
320
OTORGASE AL DOCTOR HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES, LA DISTINCION
HONORIFICA DE “PEDIATRA MERITISIMO DE EL SALVADOR”.
OTORGASE AL SEÑOR EMBAJADOR DE ESPAÑA, DON JUAN FRANCISCO
MONTALBAN CARRASCO, LA DISTINCION HONORIFICA DE “NOBLE AMIGO DE
EL SALVADOR”.
OTORGASE A DON PABLO TESAK HECHT, LA DISTINCION HONORIFICA DE
“NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR”.
OTORGASE AL DOCTOR JUAN MATEU LLORT, LA DISTINCION HONORIFICA DE
“HIJO MERITISIMO DE EL SALVADOR”.
CONCEDESE LA CALIDAD DE SALVADOREÑO POR NATURALIZACION, A LOS
SEÑORES YITZHAK BEN AYOUN Y ODED OVADIA YOONIS.
OTORGASE A LA RELIGIOSA SALVADOREÑA, CLARA DEL CARMEN QUIROZ
LOPEZ, CONOCIDA COMO “MADRE CLARITA” LA DISTINCION HONORIFICA DE
“HIJA MERITISIMA DE EL SALVADOR”.
OTORGASE AL PINTOR PEDRO ACOSTA GARCIA LA DISTINCION HONORIFICA
DE “DISTINGUIDO PINTOR SALVADOREÑO”.
OTORGASE AL DOCTOR RUTILIO QUEZADA, LA DISTINCION HONORIFICA DE
“DISTINGUIDO POETA E INVESTIGADOR SALVADOREÑO”.
OTORGASE A DON JOAQUIN CASTRO CANIZALEZ EN FORMA POSTUMA, LA
DISTINCION HONORIFICA DE “DISTINGUIDO PERIODISTA SALVADOREÑO”.
OTORGASE A LA SEÑORA KETTY AZUCENA DE MUÑOZ, LA DISTINCION
HONORIFICA DE “NOTABLE EDUCADORA SALVADOREÑA”.
OTORGASE A LA SEÑORA CARMEN VILLEDA VIUDA DE SANTOS, LA DISTINCION
HONORIFICA DE “NOTABLE EDUCADORA SALVADOREÑA”.
OTORGASE A LA DIPUTACION DE BARCELONA LA DISTINCION HONORIFICA DE
“NOBLE AMIGA DE EL SALVADOR”.
OTORGASE A LA FUNDACION INTERAMERICANA DE LOS ESTADOS UNIDOS, LA
DISTINCION HONORIFICA DE “NOBLE AMIGA DE EL SALVADOR”.
PARTE VIII
CONDECORACIONES
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR VIDAL SORTO RUBIO, CÓNSUL GENERAL DE
EL SALVADOR EN BAHIA, BRASIL, PARA ACEPTAR LA INSIGNIA “MEDALLA DEL
MERITO MARECHAL ARGOLO-VIZCONTE DE ITAPARICA”, QUE LE HA OTORGADO
EL ESTADO DE BAHIA, BRASIL.
536
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DECRETO N° CONTENIDO PAGINA
327
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385
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411
420
CONCEDESE PERMISO A LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, LICENCIADA
MARIA EUGENIA BRIZUELA DE AVILA, PARA ACEPTAR LA CONDECORACION
“PONTIFICIA DE DAMA DE GRAN CRUZ DE LA ORDEN PIANA”, QUE LA NUNCIATURA
APOSTOLICA LE HA OTORGADO.
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR ALFREDO F. UNGO, EMBAJADOR DE EL SALVADOR
EN LA REPUBLICA DE COREA, PARA ACEPTAR LA CONDECORACION “CIUDADANO
HONORARIO”, QUE LA CIUDAD DE SEUL LE HA OTORGADO.
CONCEDESE PERMISO A MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EL SALVADOR,
PARA ACEPTAR LA CONDECORACION “CRUZ DEL MERITO MILITAR, CON
DISTINTIVO BLANCO”, QUE EL EJERCITO ESPAÑOL LES HA CONFERIDO.
CONCEDESE PERMISO AL DR. DAVID ESCOBAR GALINDO, PARA RECIBIR LA
DISTINCION “MEDALLA CONMEMORATIVA DEL PRIMER CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DEL POETA PABLO NERUDA”, QUE LE HA OTORGADO EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE CHILE.
CONCEDESE PERMISO AL ING. ENRIQUE ALTAMIRANO MADRIZ, PARA RECIBIR
LA CONDECORACION EN EL “GRADO DE COMENDADOR DE LA ESTRELLA DE LA
SOLIDARIDAD ITALIANA”, QUE LE HA CONFERIDO EL GOBIERNO DE ITALIA.
CONCEDESE PERMISO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DON ELIAS ANTONIO
SACA; MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, DON FRANCISCO LAINEZ;
SECRETARIO PRIVADO DE LA PRESIDENCIA, DON ELMER CHARLAIS; DIRECTOR
GENERAL DE PROTOCOLO Y ORDENES DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, DON JOSE FRANCISCO MERINO PARA RECIBIR, RESPECTIVAMENTE,
LAS CONDECORACIONES “ORDEN DEL JADE BRILLANTE CON GRAN CORDON”,
“ORDEN DE LA ESTRELLA BRILLANTE CON GRAN CORDON”, “ORDEN DE LA
ESTRELLA BRILLANTE CON GRAN CORDON” Y ORDEN DE LA ESTRELLA BRILLANTE
CON GRAN CORDON VIOLETA”.
CONCEDESE PERMISO AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, LIC.
CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA, PARA RECIBIR LA ORDEN Y CONDECORACION
“PARLAMENTO CENTROAMERICANO FRANCISCO MORAZAN”, QUE LE HA
OTORGADO EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO.
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR LUIS ANTONIO CASTILLO RIVAS, PARA EJERCER
EL CARGO DE CONSUL HONORARIO DE SUECIA EN EL SALVADOR.
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563

DECRETO N° CONTENIDO PAGINA
421
423
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591
592
600
CONCEDESE PERMISO AL LIC. ALFONSO QUIÑONEZ MEZA, EMBAJADOR DE EL
SALVADOR EN ARGENTINA, PARA ACEPTAR LA CONDECORACION DE LA “ORDEN
DE SAN MARTIN EN EL GRADO DE GRAN CRUZ”, QUE EL GOBIERNO DE ESA
REPUBLICA LE HA CONFERIDO.
CONCEDESE PERMISO AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, FRANCISCO
ESTEBAN LAINEZ RIVAS, PARA RECIBIR LA “ORDEN DE SAN CARLOS EN EL
GRADO DE GRAN CRUZ”, QUE LE HA OTORGADO EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA.
CONCEDESE PERMISO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ELIAS ANTONIO SACA,
PARA RECIBIR LA CONDECORACION “ORDEN RUBEN DARIO EN EL GRADO DE
COLLAR”, QUE LE HA CONFERIDO LA REPUBLICA DE NICARAGUA.
CONCEDESE PERMISO A LOS SEÑORES: SARGENTO PRIMERO FREDY ADOLFO
CASTRO URBINA, SUB-SARGENTO VICTOR MANUEL GONZALEZ CHANTA, CABO
JOSE DANIEL OPORTO Y SOLDADO JUAN FRANCISCO CORDOVA SANCHEZ,
PARA ACEPTAR LA CONDECORACION “MEDALLA ESTRELLA DE BRONCE”, QUE EL
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LES HA CONFERIDO.
CONCEDESE PERMISO AL MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL, GENERAL DE
DIVISION OTTO ALEJANDRO ROMERO ORELLANA, Y AL TENIENTE CORONEL
DE INFANTERIA DEM JOSE HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ ARGUETA, PARA
RECIBIR, LAS CONDECORACIONES: “CRUZ DE ORO” Y “CRUZ DE PLATA”,
RESPECTIVAMENTE, QUE LES HA OTORGADO LA CONFERENCIA DE LAS FUERZAS
ARMADAS CENTROAMERICANAS.
CONCEDESE PERMISO A LA MINISTRA DE EDUCACION, DARLYN MEZA, PARA
RECIBIR LA CONDECORACION DE LA ORDEN AL MERITO DOCENTE Y CULTURAL
“GABRIELA MISTRAL”, EN EL GRADO DE GRAN OFICIAL, QUE LE HA OTORGADO
LA REPUBLICA DE CHILE.
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR MANUEL FLORES, CONSUL HONORARIO DE
COREA EN EL SALVADOR, PARA ACEPTAR LA CONDECORACION “ORDEN OF
DIPLOMATIC SERVICE MERIT SUNGYE MEDAL”, QUE LE HA CONFERIDO EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COREA.
CONCEDESE PERMISO AL CORONEL ROBERTO ARTIGA, PARA ACEPTAR LA
CONDECORACION “CRUZ DE BRONCE DEL EJERCITO POLACO”, QUE LE HA
CONFERIDO LA REPUBLICA DE POLONIA.
CONCEDESE PERMISO AL COMISIONADO JAIME FRANCISCO VIGIL RECINOS,
PARA ACEPTAR LA CONDECORACION “ALFERES JOAQUIM JOSE DA SILVA XAVIER”
“TIRADENTES”, QUE LE HA CONFERIDO EL GOBIERNO DE BRASIL.
564
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DECRETO N° CONTENIDO PAGINA
605
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675
346
352
CONCEDESE PERMISO AL EMBAJADOR DE EL SALVADOR EN NICARAGUA,
DON GERARDO ANTONIO SOL MIXCO, PARA ACEPTAR LA CONDECORACION
“MEDALLA CONMEMORATIVA DEL XXV ANIVERSARIO DE CONSTITUCION DEL
EJERCITO DE NICARAGUA.”
CONCEDESE PERMISO A DON MIGUEL ANGEL SALAVERIA ALCAINE, EX-
EMBAJADOR DE EL SALVADOR EN ESPAÑA, PARA ACEPTAR LA CONDECORACION
“GRAN CRUZ DE LA ORDEN DE ISABEL LA CATOLICA”, QUE LE HA CONFERIDO
EL GOBIERNO DE ESPAÑA.
CONCEDESE PERMISO A LA VICEPRESIDENTA DE LA REPUBLICA, ANA VILMA
ALBANEZ DE ESCOBAR, PARA ACEPTAR LA CONDECORACION “ORDEN DE LAS
NUBES PROPICIAS CON GRAN CORDON ESPECIAL”, QUE LE HA OTORGADO LA
REPUBLICA DE CHINA.
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR GUILLERMO RUBIO FUNES, EMBAJADOR DE EL
SALVADOR EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA, PARA ACEPTAR LA CONDECORACION
“ORDEN DE BOYACA EN EL GRADO DE GRAN CRUZ”, QUE LE HA CONFERIDO EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.
CONCEDESE PERMISO AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, FRANCISCO
ESTEBAN LAINEZ RIVAS, PARA ACEPTAR LA CONDECORACION “JUAN MORA
FERNANDEZ EN EL GRADO DE GRAN CRUZ PLACA DE PLATA”, QUE LE HA
CONFERIDO EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA.
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR VIDAL SORTO RUBIO, CONSUL GENERAL DE EL
SALVADOR, EN EL ESTADO DE BAHIA, REPÚBLICA DE BRASIL, PARA ACEPTAR
EL TITULO DE “CIUDADANO DISTINGUIDO SERGIPANO”, QUE LE HA OTORGADO
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE SERGIPE, BRASIL.
CONCEDESE PERMISO AL LIC. HUGO ROBERTO CARRILLO, EMBAJADOR DE EL
SALVADOR EN LA REPUBLICA DE COSTA RICA, PARA ACEPTAR LA CONDECORACION
“JUAN MORA FERNANDEZ, EN EL GRADO DE GRAN CRUZ PLACA DE PLATA”, QUE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA LE HA CONFERIDO.
PARTE IX
DECRETOS VARIOS
CONCEDESE LICENCIA A LOS EDUCADORES DEL SECTOR PUBLICO EL DIA 21
DE JUNIO Y QUE COMPENSARAN AL LABORAR EL SABADO 19 EN JORNADA
ORDINARIA.
CONCEDESE LICENCIA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEÑOR ELIAS ANTONIO
SACA GONZALEZ, PARA SALIR DEL TERRITORIO NACIONAL, DEL 1 DE JUNIO
DEL 2004 AL 31 DE ENERO DE 2005.
573
574
575
576
577
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579
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585

DECRETO N° CONTENIDO PAGINA
369
370
404
470
477
515
521
556
586
637
587
669
ESTABLECESE LA TASA DE REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE EXPORTACION
DE CAFE ORO, COSECHA 2003/2004.
ESTABLECESE LA CONTRIBUCION QUE APORTARAN LOS PRODUCTORES DE
CAÑA Y LOS INGENIOS, EN LA ZAFRA 2003/2004.
DECLARASE TRES DIAS DE DUELO NACIONAL, EN DEMOSTRACION DE PESAR
Y SOLIDARIDAD CON FAMILIAS DE VICTIMAS DE ACCIDENTE.
ESTABLECESE PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y MUNICIPAL, DIA LABORAL
EN JORNADA ORDINARIA EL 23 DE OCTUBRE DE 2004 EN COMPENSACIÓN POR
LICENCIA CONCEDIDA PARA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2004.
REGIMEN ESPECIAL PARA LAS MERCANCIAS QUE INGRESEN AL PAIS, CON EL
OBJETO DE SER EXHIBIDAS Y/O VENDIDAS EN LA “XXI FERIA INTERNACIONAL
DE EL SALVADOR”.
FACULTASE A LAS MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA, PARA UTILIZAR SIN
NINGUNA RESTRICCION LA TOTALIDAD DEL 20% DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE
AL ULTIMO TRIMESTRE DEL CORRIENTE EJERCICIO FISCAL.
ESTABLECESE CONTRIBUCION QUE DEBERAN APORTAR LOS PRODUCTORES DE
CAÑA Y CENTRALES AZUCARERAS O INGENIOS EN LA ZAFRA 2004/2005.
CONCEDESE LICENCIA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEÑOR ELIAS ANTONIO
SACA GONZALEZ, PARA QUE PUEDA SALIR DEL TERRITORIO NACIONAL DEL 1
DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005.
REGLAS PARA INSCRIPCION DE PARTIDOS POLITICOS PARTICIPANTES EN
ELECCIONES 2004.
DISPOSICIONES QUE REGULAN EL PLAZO DE LA PRESCRIPCION DE LAS
ACCIONES A EJERCER POR LAS INSTITUCIONES BANCARIAS PARA LA
RECUPERACIÓN JUDICIAL DE CRÉDITOS, DE CONFORMIDAD AL ART. 74 DE
LA LEY DE BANCOS.
APRUEBASE DECRETO TRANSITORIO A FIN DE QUE LAS PLAZAS VACANTES DE
MAESTROS, PUEDAN SER OCUPADAS POR DOCENTES INTERINOS AL INICIO
DEL PRESENTE AÑO ESCOLAR.
DECLARASE TRES DIAS DE DUELO NACIONAL, POR EL FALLECIMIENTO DEL
PAPA JUAN PABLO II.
APENDICE
DECRETOS OBSERVADOS
524 LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE MERCEDES UMAÑA, USULUTÁN. 607
525 LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE NUEVA GUADALUPE, SAN MIGUEL. 616
526 LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE TEPETITÁN, SAN VICENTE. 624
527 LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE MEANGUERA DEL GOLFO, LA UNION. 632
531 LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE HUIZUCAR, LA LIBERTAD. 640
586
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588
589
590
593
595
596
597
601
599
603

Leyes
Parte I

DECRETO N° 376
I n d i c e L e g i s l a t i v o
L e y e s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I. Que por Decreto Legislativo N° 134, del 12 de Julio de 1945, publicado en el Diario
Oficial N° 191, Tomo N° 139, del 4 de Septiembre de 1945; se ratificó el Tratado por
medio del cual la República de El Salvador pasó a ser Estado miembro de la Carta de
las Naciones Unidas;
II. Que con fecha 5 de Junio de 2004, fue recibida por el Presidente del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, carta de solicitud del Ministro Provisional de la República de Iraq
sobre la continuación de la presencia de la fuerza multinacional, a fin que las mismas
promuevan el mantenimiento de la seguridad y estabilidad en Iraq de conformidad con
el derecho internacional humanitario, y cooperar con las organizaciones internacionales
competentes;
III. Que el día 8 de Junio de 2004, en la sesión número 49870, el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas, aprobó la resolución número 1546(2004), por medio de la cual entre otros
asuntos, exhorta a los Estados Miembros el apoyo internacional y se reconoce la solicitud
transmitida en la carta de fecha 5 de junio de 2004, dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad Por el Primer Ministro Provisional de Iraq, que figura como anexo de la
resolución 1546(2004) citada;
IV. Que el Artículo 144 de la Cn. establece que: Los tratados internacionales celebrados por
El Salvador con otros estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de
la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de
la Constitución y que; La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado
vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el
tratado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de la Defensa Nacional.
DECRETA la siguiente:
“LEY ESPECIAL TRANSITORIA PARA LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION
1546(2004), DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS, RELATIVA
A LAS TAREAS ESPECIALES DE PAZ PARA LA RECONSTRUCCION Y ASISTENCIA
HUMANITARIA EN IRAQ.”
Art. 1. El propósito de la presente Ley es cumplir con la Carta de las Naciones Unidas,
especialmente con el llamado que hace la Resolución 1546 (2004) antes relacionada, a que
27
Parte I

Parte I
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
28
los Estados Miembros de las Naciones Unidas presten asistencia humanitaria al pueblo iraquí
y apoyen la reconstrucción de Iraq.
Art. 2. El Estado de El Salvador, en observancia a la Resolución N° 1546(2004) aprobada
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su 49870 sesión del 8 de Junio de
2004, contribuirá mediante la aportación de miembros de la Fuerza Armada, por un período
de un año, relevable cada seis meses, a partir del momento que salgan del territorio nacional
a efectuar el relevo en Iraq, del personal de El Salvador que se encuentra en la actualidad en
territorio de ese Estado en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 59 de fecha 10 de Julio de
2003, para dar continuidad a la presencia como parte de la Fuerza Multinacional que brinda
el apoyo Internacional, al restablecimiento de la estabilidad y seguridad para el bienestar del
pueblo de Iraq, en apoyo a la transición política.
Art. 3. El”Personal de El Salvador”, para los efectos de la presente ley, significa personal
civil y militar de la Fuerza Armada de El Salvador, presentes en Iraq, coadyuvando a tareas
especiales de paz para la reconstrucción y asistencia humanitaria.
Art. 4. El personal de El Salvador, deberá gozar de libertad de movimiento y tendrá
derecho de emprender aquellas actividades consideradas necesarias para el desempeño de
las tareas especiales de paz para la reconstrucción y asistencia humanitaria en Iraq, todo de
acuerdo a los Convenios de Ginebra y sus Protocolos.
Art. 5. El personal de El Salvador tendrá la responsabilidad de respetar las leyes y
costumbres locales y abstenerse de cualquier actividad inconsistente con el espíritu de las
tareas especiales de paz para la reconstrucción y asistencia humanitaria en Iraq.
Art. 6. La República de El Salvador se reserva el derecho de mantener su jurisdicción
sobre este personal en el que preservará el principio de nacionalidad.
Art. 7. El Salvador como Estado Miembro de la organización de las Naciones Unidas,
está facultado para tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad
de su personal y de sus propiedades en la ejecución de las tareas especiales de paz para la
reconstrucción y asistencia humanitaria en Iraq.
Art. 8. Para la implementación de la presente ley se faculta al Órgano Ejecutivo ha
realizar los arreglos que sean necesarios, con el propósito de:
1° Que el Personal de El Salvador no sea entregado o transferido a ningún tribunal
internacional, entidad o Estado para ser juzgado.
2° Que el Personal de El Salvador goce del trato más favorable e igualitario que
se confiere al personal que participa en coordinación con la autoridad y poder

I n d i c e L e g i s l a t i v o
L e y e s
realizar de forma más eficiente las tareas especiales de paz para la reconstrucción
y asistencia humanitaria en Iraq.
Art. 9. El Presidente de la República en su carácter de Comandante General de la
Fuerza Armada será responsable de las actividades que desarrolle el “Personal de El Salvador”,
de conformidad a lo establecido en la Ley de la Defensa Nacional y Ley Orgánica de la
Fuerza Armada, en el contexto de las operaciones humanitarias y de reconstrucción que se
le encomendaren; deberá mantener informado en forma periódica de la situación de dicho
personal, a este Órgano del Estado.
Art. 10. El presente Decreto entrara en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los quince días del mes de julio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 133, Tomo N° 364, Fecha: 16 de julio de 2004.
29
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DECRETO N° 381
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que en virtud de los Acuerdos de Chapultepec, celebrados el día 16 de enero de
1992, se creó el Programa de Transferencia de Tierras ( P.T.T), a fin de asegurar
la transferencia de tierras rústicas a favor de desmovilizados de la Fuerza Armada, excombatientes
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y tenedores de
tierras en zonas ex-conflictivas;
II. Que la mayor parte de los inmuebles rústicos transferidos en virtud del referido programa,
lo fueron en forma proindivisa a favor de dichos beneficiarios;
III. Que para el cumplimiento de este compromiso, el Gobierno de la República, considera
necesario dar facilidades a los copropietarios en las diligencias de partición de los
inmuebles transferidos a favor de los beneficiarios del P.T.T, especialmente en los casos
de defunción de copropietarios y ausentes no declarados;
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a la iniciativa del Diputado Roberto José
d´Aubuisson Munguía.
DECRETA la siguiente:
LEY TRANSITORIA PARA LA AGILIZACIÓN DE DILIGENCIAS DE PARTICIÓN DE
INMUEBLES RÚSTICOS DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TIERRAS.
CAPITULO ÚNICO
OBJETO
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer un régimen jurídico especial que
permita ejecutar en forma ágil y expedita, las diligencias de partición extrajudicial y judicial
de los inmuebles rústicos transferidos en virtud del Programa de Transferencia de Tierras.
DEFINICIONES
Art. 2.- Para efectos de la presente Ley, el Programa de Transferencia de Tierras se
denominará con las siglas “P.T.T”., entendiéndose por beneficiarios, a las personas a quienes
se les han transferido inmuebles rústicos dentro del mismo programa.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
L e y e s
APLICACIÓN EXTENSIVA
Art. 3.- La presente Ley se aplicará extensivamente a todo acto o contrato conexo, o
que sea necesario para ejecutar las diligencias de partición de inmuebles rústicos transferidos
a favor de los beneficiarios del P.T.T.
DE LOS COPROPIETARIOS AUSENTES NO DECLARADOS Y DE LOS
FALLECIDOS
Art. 4.- Cuando uno o varios de los copropietarios fueren ausentes no declarados o
hubieren fallecido, se les nombrará curador especial para que los represente en las diligencias
de partición, de conformidad con el siguiente procedimiento.
Cualesquiera de los copropietarios podrá acudir ante cualquier Juez que conozca de lo Civil
o ante Notario de la República, a solicitarle nombramiento de curador especial que represente
a uno o a más de los ausentes no declarados o a la sucesión de los fallecidos.
El Funcionario o Notario resolverá la petición de inmediato, ordenando la publicación de
un aviso que indique la solicitud. Dicha publicación se hará por una sola vez en un periódico
de mayor circulación del país, colocándose también dicho aviso en todos los linderos de la
propiedad a partirse y en aquellos lugares más visibles de la misma. Además se colocará uno
en la cartelera de la Alcaldía Municipal de la jurisdicción del lugar donde se halle situado el
inmueble.
En el caso del ausente no declarado, el aviso del Juez o del Notario prevendrá que si
aquél se encontrare en el país o tuviere procurador o representante legal, se presente ante el
Funcionario o Notario que lo ha citado, dentro de los ocho días siguientes a la publicación, para
manifestar que no se es ausente o que se es procurador o representante legal del ausente.
Si alguno de los copropietarios del inmueble a partirse hubiere fallecido, cualesquiera de
los demás podrá solicitar el nombramiento de curador especial que represente a la sucesión,
debiendo acompañar a la solicitud la certificación de la partida de defunción del fallecido para
comprobar dicha circunstancia. En este caso, el aviso a que se refiere el inciso tercero de este
artículo, contendrá la solicitud, previniendo a toda persona que se considera con derecho a
la herencia, se presente a comprobar su calidad de heredero con la declaratoria respectiva,
dentro del plazo de los ocho días siguientes a la publicación.
Para los efectos de este artículo, en lo que le corresponde, se considerará heredero
aquél a quien se le ha conferido la administración y representación interina de la sucesión. Si
fueran varios los que estuvieren en esta situación, deberán nombrar a uno solo para que los
represente, debiendo ser plenamente capaz de obligarse.
Si dentro del plazo establecido en los incisos cuarto y quinto de este artículo se presentare
el copropietario ausente o su procurador o representante legal, o los herederos del copropietario
que hubiere fallecido, el Juez o el Notario, en su caso, resolverá proceder a la partición
extrajudicial y al otorgamiento de los documentos de modificación o sustitución de garantías
hipotecarias con sus respectivos créditos.
Si transcurrido el plazo de ocho días establecidos en los incisos cuarto y quinto de este
artículo, no se presentare ni el copropietario ausente no declarado o su procurador o representante
legal, ni los herederos del copropietario que hubiere fallecido, en sus respectivos casos, el
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Juez o el Notario según corresponda, procederá a nombrar al curador especial, debiéndole
discernir el cargo.
El curador nombrado legitimará su personería con la correspondiente credencial extendida
por el Juez o el Notario, según el caso.
REQUISITOS DEL CURADOR Y FACULTADES ESPECIALES
Art. 5.- El nombramiento de curador especial deberá recaer en persona que sepa leer y
escribir, mayor de edad y que sea capaz de desempeñar el cargo y velará porque la distribución
de la tierra sea equitativa para su representado en cuanto a la cantidad y calidad del suelo.
El curador especial únicamente tendrá la facultad para tramitar las respectivas diligencias de
partición extrajudicial o judicial, otorgar las respectivas escrituras de modificación o sustitución
de garantías hipotecarias y créditos que gravan el inmueble a partir, otorgar escrituras de
reunión de inmuebles, solicitar e intervenir en diligencias de remedición o rectificación de
remedición y todos aquellos actos o diligencias necesarias para la partición de inmuebles que
regula esta Ley.
DE LA PARTICIÓN JUDICIAL
Art. 6.- En aquellos casos en que alguno de los copropietarios se opusiere a la partición,
deberá únicamente practicarse partición judicial, de acuerdo al procedimiento del artículo
siguiente.
PROCEDIMIENTO
Art. 7.- Cualesquiera de los copropietarios podrá acudir ante el Juez que conozca de lo
civil de la jurisdicción donde esté situado el inmueble, a solicitarle partición judicial.
El Juez en vista de la petición y dentro del plazo de los dos días siguientes, citará a todos
los copropietarios por medio de una esquela que se fijará en el inmueble, ordenando que
se presenten al Tribunal para proceder con las diligencias de partición solicitadas. Para la
comparecencia de los citados, el juez señalará el día y la hora, comunes para todos, al término
del plazo de cinco días contados a partir de la fecha de la citación.
En caso que alguno de los copropietarios no se presentare, se tendrá como ausente y se
procederá a nombrarle curador especial por medio del procedimiento establecido en el artículo
4 de esta Ley.
Presentes los copropietarios, sus procuradores, representantes legales y curador especial,
según el caso, el Juez ordenará la partición, nombrando partidor. El partidor deberá prestar
juramento de proceder fiel y legalmente, y realizará la partición del inmueble en un plazo no
mayor de treinta días contados a partir de la fecha de su nombramiento.
Presentada la partición, el Juez procederá inmediatamente al sorteo de cada una de las
hijuelas, y dictará resolución que contenga la descripción técnica de cada una de ellas. La
certificación de dicha resolución constituirá el título de dominio a favor de los interesados, la
cual será inscribible en el Registro Social de Inmuebles.

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L e y e s
Si, no obstante, habiendo ordenado el juez la partición judicial, los copropietarios estuviesen
de acuerdo en partirse extrajudicialmente el inmueble, no se procederá al sorteo de los lotes
y el Juez resolverá de conformidad a lo acordado por los copropietarios, pronunciando la
resolución a que se refiere el inciso anterior.
DE LAS DILIGENCIAS DE REMEDICIÓN DE INMUEBLES
Art. 8.- Cuando un inmueble inscrito tenga mayor o menor cabida en la realidad, podrá
cualquiera de los copropietarios solicitar que se establezca la medida o cabida real, por medio
de las diligencias de remedición, de acuerdo a las siguientes reglas:
a) La inspección de campo y el reconocimiento de linderos se hará por un Ingeniero
Topógrafo debidamente acreditado por la oficina coordinadora del programa de
partición de Inmuebles. Este Ingeniero realizará el levantamiento topográfico
acompañado por un Secretario de Actuaciones nombrado por él, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 4 de la Ley de Ingenieros Topógrafos;
b) Para practicar el levantamiento topográfico deberán citarse con cinco días de
anticipación a los colindantes y copropietarios, so pena de nulidad. Esta cita deberá
hacerse por medio de esquela y contendrá el objeto de las diligencias, invitando
a los citados a que asistan si así lo quisieren. Además, dicha esquela deberá ser
colocada en todos los linderos de la propiedad a medirse y en la cartelera de la
Alcaldía Municipal del lugar del inmueble;
c) Si los citados que comparezcan no se oponen a la práctica de la diligencia de la
remedición, ésta se tendrá por verificada en el acto mismo del levantamiento
topográfico.
De todo lo que ocurra en las diligencias, el Secretario de Actuaciones levantará un acta en
la que deberá incluir la descripción técnica del inmueble. Dicha acta deberá ser firmada por el
Ingeniero responsable y su Secretario y por los asistentes que quisieren. El acta se inscribirá
en el Registro Social de Inmuebles y constituirá el antecedente para practicar las diligencias
de partición.
DE LA RECTIFICACIÓN DE INSCRIPCIONES
Art. 9.- Si posteriormente a la remedición e inscripción de ésta, de acuerdo a los
decretos especiales emitidos para regular el P.T.T., se detectare que hubo error en la práctica
de la remedición, se podrán corregir dicho o dichos errores por medio de otras diligencias de
remedición, de conformidad con el siguiente procedimiento:
a) La inspección de campo y el reconocimiento de linderos se hará por un Ingeniero
Topógrafo debidamente acreditado por la oficina coordinadora del programa de
partición de inmuebles. Este ingeniero realizará el levantamiento topográfico
acompañado por un secretario de actuaciones nombrado por él, de acuerdo a
lo establecido en el Art. 4 de la Ley de Ingenieros Topógrafos. Además se hará
acompañar por un técnico de catastro y un técnico jurídico delegados del Centro
Nacional de Registros;
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b) Para practicar el levantamiento topográfico, deberán citarse con cinco días de
anticipación a los colindantes y copropietarios, so pena de nulidad. Esta cita deberá
hacerse por medio de esquela y contendrá el objeto de las diligencias, invitando
a los citados a que asistan si así lo quisieren. Además, dicha esquela deberá ser
colocada en todos los linderos de la propiedad a medirse y en la cartelera de la
Alcaldía Municipal del lugar del inmueble;
c) Si los citados que comparezcan no se oponen a la práctica de la diligencia de la
remedición, ésta se tendrá por verificada en el acto mismo del levantamiento
topográfico, debiendo elaborarse el plano correspondiente, el cual constituirá el
soporte gráfico y técnico de la nueva inscripción.
De todo lo que ocurra en las diligencias, el Secretario de Actuaciones levantará un acta
en la que deberá incluir la descripción técnica del inmueble. Dicha acta deberá ser firmada
por el ingeniero responsable, su secretario, el técnico de catastro, el técnico jurídico y por los
asistentes que quisieren. El acta se inscribirá en el Registro Social de Inmuebles y constituirá
el antecedente para practicar las diligencias de partición.
Art. 10.- No será necesario el levantamiento topográfico o medición consignado en el
artículo anterior, siempre que la identificación del inmueble pueda realizarse por otros medios
técnicos catastrales idóneos para identificar plenamente las propiedades, tales como ortofotos
y fotorrestituciones, verificados que sean técnica y jurídicamente por el Centro Nacional de
Registros.
DE LOS DERECHOS DE REGISTRO
Art. 11.- Todo acto o contrato inscribible que resulte de la aplicación de esta Ley, pagará
los derechos registrales correspondientes.
ESPECIALIDAD DE LA LEY
Art. 12.- La presente Ley tiene carácter especial y sus disposiciones prevalecerán sobre
cualesquiera otras que la contraríen.
APLICACIONES SUPLETORIA DE NORMAS
Art. 13.- En todo lo que no se oponga a la presente Ley, serán aplicables las disposiciones
contenidas en el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles y demás disposiciones
contenidas en la legislación común.
VIGENCIA
Art. 14.- Esta Ley es transitoria y su plazo de vigencia será de un año a partir de la
fecha de su publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los quince días del mes de julio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 156, Tomo N° 364, Fecha: 25 de agosto de 2004

DECRETO No. 412
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
L e y e s
I. Que por Decreto Legislativo No. 417, de fecha 14 de diciembre de 1992, publicado en
el Diario Oficial No. 16, Tomo No. 318 del 25 de enero de 1993, se emitió el CÓDIGO
ELECTORAL.
II. Que de conformidad a lo que prescribe el Artículo 42 del Código Electoral, inscrito el
ciudadano en el Registro Electoral, el Tribunal procederá a emitir el Carnet Electoral y
será el único documento que acredite el derecho para el ejercicio del sufragio.
III. Que por Decreto Legislativo No. 488, de fecha 27 de octubre de 1995, publicado en
el Diario Oficial No. 488, Tomo No. 227 del 7 de diciembre del mismo año, se creó el
Registro Nacional de las Personas Naturales, como una entidad de Derecho Público con
autonomía en lo técnico y administrativo.
IV. Que en el decreto señalado en el considerando anterior, se estableció la estructura,
funcionamiento y atribuciones del referido Registro; en cuyo Artículo 2 se establece
que, corresponde al Registro Nacional de Personas Naturales registrar, conservar y
expedir en forma centralizada, permanente y actualizada toda la información sobre
hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado Familiar de
las Personas Naturales y sobre los demás hechos o actos jurídicos que determine la
Ley, así como facilitar la localización y consulta de tal información y también emitir el
documento único de identidad para las personas naturales, el cual será suficiente para
identificarlas fehacientemente en todo acto público o privado.
V. Que según Decreto Legislativo No. 834, de fecha 9 de mayo del 2002, publicado en
el Diario Oficial No. 103, Tomo No. 355 del 6 de junio del mismo año, se estableció el
sistema de Voto Residencial, para los eventos electorales a partir del año dos mil cuatro,
mediante el Documento Único de Identidad, extendido por el Registro Nacional de las
Personas Naturales, cuya extensión deberá estar completa para el cuerpo electoral,
antes de la fecha de convocatoria a elecciones del año dos mil cuatro.
VI. Que en razón de lo anterior, se vuelve necesaria la reestructuración y el reordenamiento
administrativo del Tribunal Supremo Electoral, especialmente en lo que se refiere al nuevo
Registro Electoral, que conlleva a la creación, supresión y reasignación de funciones y
actividades de éste, lo cual afecta a funcionarios y empleados que actualmente desarrollan
algunas de esas funciones y actividades.
VII. Que con el propósito de que funcionarios y empleados del Registro Electoral, dependencia
administrativa del Tribunal Supremo Electoral, puedan optar a una compensación
económica por parte del Estado, es necesario emitir las disposiciones legales pertinentes,
a efecto de regular la compensación económica que conforme a la Constitución de la
República y las leyes vigentes corresponde.
VIII. Que para darle cumplimiento al Protocolo suscrito este mismo día, entre los distintos
representantes de los Partidos Políticos, con el propósito de iniciar el proceso de reforma
electoral señalado en dicho Protocolo, se hace necesario otorgar el presente régimen
especial de compensación económica.
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POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA:
LEY DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS EN EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Art. 1. La presente Ley tiene por objeto garantizar una compensación económica especial,
para los funcionarios y empleados que amparados por las normas reguladas por el sistema de
Ley de Salarios y por Contratos, laboren en el Tribunal Supremo Electoral, Institución Oficial
que en adelante se denominará “el Tribunal”, y que por razón de los considerandos del presente
Decreto, le sea suprimida su plaza, sujetándose a las regulaciones de la presente Ley.
Art. 2. Aquellos funcionarios y empleados del Tribunal, que les sea suprimida su plaza,
se les notificará tal decisión, dentro de los tres días hábiles siguientes a su publicación en el
Diario Oficial.
Art. 3. El funcionario o empleado, que el Tribunal considere necesaria su permanencia
en dicha Institución, se le notificará tal decisión.
Art. 4. Los funcionarios o empleados que se beneficien con la presente Ley, tendrán
derecho a que se les otorgue una compensación económica especial, equivalente a un salario
por cada año de servicio o fracción dentro del Tribunal Supremo Electoral, que exceda a seis
meses sin excepción alguna, en cuanto a límite de tiempo de servicio o salario devengado.
Art. 5. El funcionario o empleado que obtenga los beneficios que otorga la presente Ley,
no perderá la antigüedad para los efectos de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones o el
Sistema de Pensiones Público, por lo que podrá seguir cotizando en la forma que dispongan
dichos sistemas.
Art. 6. Para tener derecho a la compensación económica especial a que se refiere la
presente Ley, los funcionarios o empleados públicos, deberán tener como mínimo seis meses
de haber ingresado al Tribunal Supremo Electoral.
Art. 7. La compensación económica a que tuvieren derecho los funcionarios o empleados
del Tribunal, se cancelará en un solo pago, a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha
de su retiro.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
L e y e s
Art. 8. Las plazas de Ley de Salarios y Contratos, que como resultado de la presente
Ley quedaren afectadas, se considerarán por el mismo hecho suprimidas a partir de esa misma
fecha.
Art. 9. La presente Ley, entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario
Oficial y sus efectos durarán hasta el treinta de septiembre del año dos mil cuatro.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil cuatro.
D. O. N° 158, Tomo N° 364, Fecha: 27 de agosto de 2004
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DECRETO No. 468
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el Artículo 61 de la Constitución de la República establece que la educación superior
se regirá por una ley especial, que deberá contener los principios generales para la
organización y el funcionamiento de las universidades estatales y privadas, la autonomía
de aquéllas y el carácter no lucrativo de éstas; los alcances normativos de sus estatutos,
el servicio social que presten y el respeto a la libertad de cátedra que les asista; así
mismo, regulará la creación y el funcionamiento de los institutos tecnológicos, oficiales
y privados.
II. Que por Decreto Legislativo No. 522, de fecha 30 de noviembre de 1995, publicado en
el Diario Oficial No. 236, Tomo No. 329, del 20 de diciembre del mismo año, se emitió la
Ley de Educación Superior; con el propósito de velar por el funcionamiento democrático
y adecuado nivel académico de las instituciones de educación superior; garantizando
que éstas contribuyan al desarrollo integral de la persona humana, presten un servicio
social, y se constituyan en centros de conservación, investigación, fomento y difusión
de la cultura, para coadyuvar con la difusión crítica del saber universal, poniéndolo al
alcance y al servicio del pueblo salvadoreño.
III. Que, a más de ocho años de vigencia de la referida ley, la experiencia obtenida
durante su aplicación y los cambios tecnológicos producidos a nivel internacional,
determinan nuevas condiciones y exigencias en el campo educativo nacional, que es
preciso considerar y atender; a fin de potenciar la calidad, fortalecer las instituciones
de educación superior y propiciar la formación de profesionales aptos para competir en
el ámbito de la globalización.
IV. Que, con la indicada finalidad y mediante el aporte de todas las entidades relacionadas
con el tema, se han obtenido reformas y adiciones puntuales al marco general de la
referida ley, la cual, en su mayor parte, es necesario conservar; sin embargo, por razones
de técnica legislativa, es necesario readecuar el articulado de la misma y reproduciendo
sus disposiciones pertinentes, se deroga el ya mencionado decreto y se emite una nueva
ley.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministro de Educación y de los Diputados: Rubén Orellana Mendoza, Salomé
Roberto Alvarado Flores, Gabino Ricardo Hernández Alvarado, Douglas Alejandro Alas García,
Roberto Eduardo Castillo Batlle, Luis Alberto Corvera Rivas, José Ernesto Castellanos Campos,
Marta Lilian Coto Vda. de Cuéllar, Elizardo González Lovo, Mariella Peña Pinto y Rolando
Casamalhuapa,

DECRETA la siguiente:
LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CAPITULO I
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
I n d i c e L e g i s l a t i v o
L e y e s
OBJETO DE LA LEY
Art. 1. La presente Ley tiene por objeto regular de manera especial la educación
superior, así como la creación y funcionamiento de las instituciones estatales y privadas que
la impartan.
OBJETIVOS
Art. 2. Son objetivos de la Educación Superior:
a) Formar profesionales competentes con fuerte vocación de servicio y sólidos
principios éticos;
b) Promover la investigación en todas sus formas;
c) Prestar un servicio social a la comunidad; y,
d) Cooperar en la conservación, difusión y enriquecimiento del legado cultural en su
dimensión nacional y universal.
FUNCIONES
Art. 3 La educación superior integra tres funciones: La docencia, la investigación
científica y la proyección social.
La docencia busca enseñar a aprender, orientar la adquisición de conocimientos, cultivar
valores y desarrollar en los estudiantes habilidades para la investigación e interpretación, para
su formación integral como profesionales.
La investigación es la búsqueda sistemática y análisis de nuevos conocimientos para
enriquecer la realidad científica y social.
La proyección social es la interacción entre el quehacer académico con la realidad natural,
social y cultural del país.
ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Art. 4. La educación superior es todo esfuerzo sistemático de formación posterior a la
enseñanza media y comprende: La Educación Tecnológica y la Educación Universitaria.
La educación tecnológica, tiene como propósito la formación y capacitación de profesionales
y técnicos especializados en la aplicación de los conocimientos y destrezas de las distintas
áreas científicas o humanísticas.
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La educación universitaria es aquella que se orienta a la formación en carreras con estudios
de carácter multidisciplinario en la ciencia, el arte, la cultura y la tecnología, que capacita
científica y humanísticamente y conduce a la obtención de los grados universitarios.
GRADOS ACADÉMICOS
Art. 5. Los grados académicos correspondientes al nivel de la educación superior son
los siguientes:
a) Técnico;
b) Profesor;
c) Tecnólogo;
d) Licenciado, Ingeniero y Arquitecto;
e) Maestro;
f) Doctor; y
g) Especialista.
Los grados adoptarán la declinación del género correspondiente a la persona que los
reciba.
Para la obtención de tales grados académicos, los interesados deberán cursar y aprobar
el plan de estudios correspondiente y cumplir con los requisitos de graduación establecidos.
Los institutos tecnológicos solo podrán otorgar grados de técnico y tecnólogo. Los institutos
especializados de nivel superior y las universidades podrán otorgar todos los grados establecidos
en este Artículo.
SISTEMA DE UNIDADES VALORATIVAS
Art. 6. Se establece como obligatorio, el sistema de unidades valorativas para cuantificar
los créditos académicos acumulados por el educando, con base en el esfuerzo realizado durante
el estudio de una carrera.
La unidad valorativa equivaldrá a un mínimo de veinte horas de trabajo académico del
estudiante, atendidas por un docente, en un ciclo de dieciséis semanas, entendiéndose la hora
académica de cincuenta minutos.
La equivalencia de este requisito, sin menoscabo de la calidad académica del grado, cuando
se utilicen metodologías de enseñanza no presencial, será determinada por el Ministerio de
Educación en el reglamento correspondiente.
Las instituciones de educación superior podrán desarrollar dos ciclos ordinarios y un ciclo
extraordinario por año.
COEFICIENTE DE UNIDADES DE MÉRITO
Art. 7. Para efectos de cuantificar, el rendimiento académico del educando se adopta
el sistema de coeficiente de unidades de mérito, CUM, este es vinculante con los requisitos
de graduación y será definido por cada institución.

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L e y e s
Unidad de mérito es la calificación final de cada materia, multiplicada por sus unidades
valorativas.
Coeficiente de unidades de mérito es el cociente resultante de dividir el total de unidades
de mérito ganadas, entre el total de unidades valorativas de las asignaturas cursadas y
aprobadas.
GRADO DE TÉCNICO
Art. 8. El grado de Técnico se otorga al estudiante que ha aprobado un programa de
estudios que comprenda todos los aspectos esenciales para la práctica del conocimiento y las
destrezas en un área científica o humanística, arte o técnica específica.
El plan de estudios académicos para la obtención del grado de Técnico, tendrá una duración
no menor de dos años, y una exigencia mínima de sesenta y cuatro unidades valorativas.
GRADO DE PROFESOR
Art. 9. El grado de Profesor se otorgará al estudiante que haya cursado y aprobado
el plan de estudios para formación de docentes autorizado por el Ministerio de Educación.
Los planes de estudio para la obtención del grado de Profesor tendrán una duración no menor
de tres años y una exigencia académica mínima de noventa y seis unidades valorativas.
GRADO DE TECNÓLOGO
Art. 10. El grado de Tecnólogo se otorgará al estudiante que curse y apruebe un plan de
estudios con mayor profundización que el de Técnico; tendrá una duración mínima de cuatro
años y una exigencia académica no menor de ciento veintiocho unidades valorativas.
GRADO DE LICENCIADO, INGENIERO O ARQUITECTO
Art. 11. El grado de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, se otorga al estudiante que ha
aprobado un plan de estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un área del
conocimiento o de una disciplina científica específica.
Los planes de estudios académicos para la obtención de este grado, tendrán una duración
no menor de cinco años y una exigencia mínima de ciento sesenta unidades valorativas.
GRADO DE MAESTRO
Art. 12. El grado de Maestro es una especialización particular posterior al grado de
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, en el que se desarrolla una capacidad específica para el
desempeño profesional o para el trabajo académico de investigación y docencia. El Ministerio
de Educación, podrá autorizar planes de maestría para la profundización y ampliación de los
conocimientos obtenidos con el grado de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
El plan de estudios para la obtención del grado de Maestro tendrá una duración no menor
de dos años, y una exigencia mínima de sesenta y cuatro unidades valorativas.
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GRADO DE DOCTOR
Art. 13. El grado de Doctor es el nivel de formación posterior al grado de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o de Maestro, para avanzar en el conocimiento de las ciencias, arte y técnica.
Para la obtención de este grado, es necesario desarrollar y aprobar una tesis producto
de investigación, ejecutada en una determinada rama científica. El plan de estudios tendrá
una duración no menor de tres años y comprenderá un mínimo de noventa y seis unidades
valorativas.
Sin perjuicio de los incisos anteriores, se podrá acceder al grado de Doctor en medicina
y Doctor en odontología sin haber obtenido previamente otros grados académicos; pero en
todo caso, la sumatoria de las unidades valorativas, que el aspirante al grado de Doctor debe
ganar, no podrá ser inferior a doscientas veinticuatro unidades valorativas, con un plan de
estudios de una duración no menor de siete años.
GRADO DE ESPECIALISTA
Art. 14. El grado de Especialista para médicos y odontólogos se obtiene posterior al
grado básico de Doctor; tendrá una duración mínima de tres años y una exigencia mínima de
noventa y seis unidades valorativas.
EXCEPCIONES GENERALES
Art. 15. Cuando se aplicaren sistemas de créditos académicos de superior exigencia
al sistema de unidades valorativas, el Ministerio de Educación, previa consulta al Consejo de
Educación Superior, podrá aprobar excepciones en la duración del ciclo y de la carrera, en
cualquiera de las instituciones de educación superior.
También podrá preverse, en los planes de estudio de las diferentes carreras, que los
estudiantes que obtuvieren, desde los primeros ciclos, un coeficiente de unidades de mérito
superior a ocho, puedan finalizar sus estudios en menor tiempo que el establecido en la
presente ley.
LABORES DE EXTENSIÓN CULTURAL
Art. 16. Todas las instituciones de educación superior pueden realizar labores de
extensión cultural, mediante cursos o actividades especiales.
Los certificados, diplomas que por tal concepto extiendan las instituciones de educación
superior, podrán ser suscritos por las autoridades que coordinen tales actividades y no generarán
unidades valorativas para la obtención de grados académicos.
REQUISITOS DE INGRESO
Art. 17. Son requisitos de ingreso para iniciar estudios de educación superior:
a) Haber obtenido el título de bachiller o poseer un grado equivalente obtenido en
el extranjero y reconocido legalmente en el país; y,

I n d i c e L e g i s l a t i v o
L e y e s
b) Cumplir con los requisitos de admisión establecidos por la institución de educación
superior, en la que se solicite ingresar.
En los casos a que se refiere el Artículo 64 de esta Ley, los requisitos de ingreso adicionales
a los anteriores, serán determinados por el Ministerio de Educación.
DE LAS EQUIVALENCIAS
Art. 18. Las personas que hayan cursado y aprobado estudios en una institución de
educación superior extranjera, podrán solicitar que dichos estudios sean reconocidos como
equivalentes a los de igual índole impartidos en instituciones de educación superior salvadoreñas;
los documentos que acrediten tales estudios deberán estar autenticados.
Las personas que hayan cursado y aprobado estudios en una institución de educación
superior salvadoreña, podrán solicitar equivalencias a las de igual índole en otra institución
nacional.
Las instituciones de educación superior deberán tener reglamentado en su normativa
interna, el procedimiento para otorgar equivalencias.
Se entenderá por igual índole lo referente a contenidos y profundidad similares. Las
instituciones de educación superior podrán otorgar equivalencias de estudios mediante
pruebas de suficiencia, siempre que tengan reglamentada tal circunstancia de acuerdo a lo
que determine al Reglamento de esta Ley.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Art. 19. Los requisitos para iniciar el proceso de graduación en cualquier institución de
educación superior son:
a) Haber cursado y aprobado todas las materias del plan de estudios respectivo;
b) Haber cumplido con los demás requisitos establecidos en los estatutos y reglamento
de graduación de la institución que extenderá el título académico;
c) Haber realizado el servicio social;
d) Haber cursado y aprobado asignaturas que le acrediten un mínimo de treinta
y dos unidades valorativas en la institución que otorgará el grado. En aquellos
casos en que tenga aplicación el Artículo 59, literales c), d) y e), el Ministerio de
Educación determinará lo pertinente.
Para los casos a que se refiere el Artículo 64 de esta Ley, los requisitos de egreso adicionales
serán determinados por el Ministerio de Educación.
INCORPORACIONES
Art. 20. La incorporación implica el reconocimiento y validez académica de los estudios
profesionales realizados en el extranjero, o servidos en el país por instituciones extranjeras,
utilizando medios tecnológicos de comunicación; en este último caso, las instituciones de
educación superior extranjeras deberán estar acreditadas en el país de origen por agencias
legalmente reconocidas.
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El Ministerio de Educación podrá incorporar a profesionales nacionales o extranjeros, en
caso de la existencia de convenios de mutuo reconocimiento de títulos, suscritos por el país y
a través de las instituciones estatales o privadas de educación superior; de acuerdo a la índole
de los estudios y a la competencia académica de las instituciones.
En caso de no existir en el país carreras similares o equivalentes, el Ministerio de Educación
podrá incorporar profesionales, previo dictamen favorable de una comisión especial, conformada
por profesionales de igual formación a la del solicitante; dicha comisión tendrá el aval del
Consejo de Educación Superior.
El Ministerio de Educación emitirá un reglamento que establezca los procedimientos para
la materia.
DOCUMENTOS ACREDITATIVOS
Art. 21. Las instituciones de educación superior otorgarán los títulos correspondientes
a los grados que ofrezcan.
Dichos títulos llevarán las firmas y sellos que se especifiquen en sus estatutos.
CAPITULO II
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Sección Primera
Generalidades
CLASES DE INSTITUCIONES
Art. 22. Son instituciones de educación superior:
a) Institutos tecnológicos;
b) Institutos especializados de nivel superior; y,
c) Universidades.
Son institutos tecnológicos los dedicados a la formación de técnicos y tecnólogos en las
distintas especialidades científicas, artísticas y humanísticas.
Son institutos especializados de nivel superior, los dedicados a formar profesionales en
un área de las ciencias, la técnica o el arte.
Son universidades, las dedicadas a la formación académica en carreras con estudios de
carácter multidisciplinario en las ciencias, artes y técnicas.
DEPENDENCIAS Y CENTROS REGIONALES
Art. 23. Las instituciones de educación superior podrán crear las dependencias, escuelas
y centros de investigación y proyección social necesarias para la realización de sus fines.

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Podrán crear centros regionales, si sus normas estatutarias contemplan expresamente
tal posibilidad, y si los estudios de factibilidad y viabilidad respectivos son aprobados por el
Ministerio de Educación.
Los Centros Regionales deberán cumplir con los mínimos requisitos exigibles a las
instituciones, a excepción del número de carreras.
Cada Centro Regional tendrá su propia organización administrativa, financiera y su registro
académico, que le permitan cumplir con las funciones básicas de la educación superior.
LIBERTAD DE CÁTEDRA
Art. 24. Las instituciones de educación superior y sus docentes e investigadores, gozan
de libertad de cátedra.
Las autoridades estatales y los particulares que coartaren dicha libertad, responderán de sus
actos de conformidad a las leyes.
AUTONOMÍA Y LIBERTAD
Art. 25. La Universidad de El Salvador y las demás del Estado gozan de autonomía en
lo docente, lo económico y lo administrativo. Los institutos tecnológicos y los especializados
estatales estarán sujetos a la dependencia de la unidad primaria correspondiente.
Las instituciones privadas de educación superior, gozan de libertad en los aspectos
señalados, con las modificaciones pertinentes a las corporaciones de derecho público.
Las universidades estatales y privadas, están facultadas para:
a) Determinar la forma cómo cumplirán sus funciones de docencia, investigación y
proyección social, y la proposición de sus planes y programas de estudios, sus
Estatutos y Reglamentos, lo mismo que la selección de su personal;
b) Elegir a sus autoridades administrativas, administrar su patrimonio y emitir sus
instrumentos legales internos; y,
c) Disponer de sus recursos para satisfacer los fines que les son propios de acuerdo
con la Ley, sus estatutos y reglamentos.
Sección Segunda
Instituciones Estatales de Educación Superior
PERSONALIDAD
Art. 26. Las instituciones estatales de educación superior son corporaciones de derecho
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Son instituciones estatales de educación superior aquellas creadas por Decreto Legislativo
o Decreto Ejecutivo en el Ramo de Educación, según el caso.
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ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y FISCALIZACIÓN
Art. 27. Se consignarán anualmente en el Presupuesto del Estado las partidas destinadas
al sostenimiento de las universidades estatales, para el fomento de la investigación y las
necesarias para asegurar y acrecentar su patrimonio.
Los institutos tecnológicos y especializados estatales tendrán consignado su presupuesto
expresamente en las unidades primarias de las cuales dependen.
Las instituciones estatales de educación superior estarán sujetas a la fiscalización de la
Corte de Cuentas de la República.
Los funcionarios y demás servidores de las instituciones estatales de educación superior,
quedan sujetos a las normas de responsabilidad de los mismos por los abusos que cometan
en el ejercicio de sus cargos.
Sección Tercera
Creación y Autorización de Nuevas
Instituciones Privadas de Educación Superior
NATURALEZA JURÍDICA
Art. 28. Las instituciones privadas de educación superior son corporaciones de utilidad
pública, de carácter permanente y sin fines de lucro. Deberán disponer de su patrimonio para
la realización de los objetivos para los cuales han sido creadas. Los excedentes que obtengan
deberán invertirlos en la investigación, calidad de la docencia, infraestructura y la proyección
social.
CREACIÓN DE INSTITUCIONES
Art. 29. La creación de instituciones privadas de educación superior se hará por medio
de escritura pública en la que los fundadores y patrocinadores concurran a la creación de la
nueva entidad, determinando sus objetivos y aprobando su proyecto de estatutos.
AUTORIZACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES
Art. 30. Los interesados en crear una institución privada de educación superior, o las
extranjeras que deseen funcionar en el país, deben presentar al Ministerio de Educación la solicitud
correspondiente, acompañada de la escritura pública de creación a que se refiere el Artículo
anterior, un estudio de factibilidad y copia del proyecto de Estatutos de la institución.
El capital inicial para autorizar una institución de educación superior o un centro regional, no
podrá ser inferior al cien por ciento del capital de trabajo que según los estudios de factibilidad
sea necesario para operar anualmente y garantizar su sostenimiento durante los primeros
cinco años.

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REQUISITOS DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Art. 31. El estudio de factibilidad debe contener, como mínimo, los siguientes
elementos:
a) Justificación de la nueva institución para responder objetivamente a las necesidades
del país;
b) Proyecto de planes y programas de estudio que garanticen una elevada calidad
académica;
c) Planos de la infraestructura física que prevea las condiciones higiénicas y pedagógicas
necesarias y adecuadas para el buen desarrollo del proceso educativo;
d) Enumeración de los recursos de apoyo con que cuente o planifica contar para
asegurar una buena labor académica;
e) Nómina de las autoridades de la nueva institución, con especificación de sus
credenciales académicas;
f) Plan de organización académica y financiera; y,
g) Programas y proyectos de investigación y proyección social que se
desarrollarán.
El estudio de factibilidad debe estar acompañado del programa de ejecución de acciones
para desarrollar lo establecido en los literales b, c y d, de este Artículo.
AUTORIZACIÓN PROVISIONAL
Art. 32. Recibida la solicitud y documentos a que se refiere el Artículo 30, el Ministerio
de Educación, los examinará y si reunieren los requisitos legales, oirá la opinión del Consejo
de Educación Superior.
Si el Ministerio de Educación aprueba la solicitud, autorizará provisionalmente la nueva
institución por medio de Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Educación, fijando en el mismo un
plazo para el cumplimiento del programa de ejecución de lo pertinente al estudio de factibilidad.
Este mismo Acuerdo Ejecutivo concederá a la institución el reconocimiento de su personalidad
jurídica.
AUTORIZACIÓN DEFINITIVA
Art. 33. Al haber completado el programa de ejecución de acciones estipulado en el
estudio de factibilidad, la institución podrá solicitar al Ministerio de Educación la autorización
definitiva. Éste resolverá mediante Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Educación, previa inspección
de las instalaciones de la institución, a fin de comprobar la ejecución de dicho programa y el
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.
INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
Art. 34. Las instituciones privadas de educación superior provisionalmente autorizadas
podrán solicitar un nuevo plazo de un máximo de dos años, para el cumplimiento del programa
de ejecución de acciones estipulado en el estudio de factibilidad.
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Si el Ministerio de Educación encontrare irrazonable la solicitud de extensión del plazo o
no se cumpliere con el programa de ejecución en el plazo previsto, cancelará la autorización
provisional y ordenará la disolución de la institución, previo dictamen del Consejo de Educación
Superior.
ACTIVIDADES DOCENTES SIN AUTORIZACIÓN DEFINITIVA
Art. 35. Se prohíbe a las instituciones de educación superior iniciar actividades docentes
sin que hayan sido autorizadas en forma definitiva por el Ministerio de Educación; así como
la ejecución de nuevas carreras sin la previa aprobación correspondiente.
Las asignaturas que se impartan y los certificados y títulos académicos que se otorguen
antes de la autorización definitiva, o de una nueva carrera previo a su aprobación, no tendrán
ningún valor, ni podrán ser reconocidos o conceder equivalencias sobre los mismos en ninguna
institución de educación superior del país.
Los estudiantes tendrán derecho a indemnización por los daños y perjuicios que se les
causaren; sin menoscabo de la responsabilidad penal en que incurrieren las autoridades de
la institución.
ENTIDADES DONANTES
Art. 36. Para el cumplimiento de sus finalidades y objetivos, las instituciones de educación
superior, públicas o privadas, podrán recibir bienes en donaciones o legados, sea de personas
naturales o jurídicas; sin embargo, esta clase de actos no causan ningún tipo de obligación
para la institución beneficiaria, más que la de destinar los bienes otorgados, a los usos que
determine el donante o causante, según el caso.
Sección Cuarta
Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior
REQUISITOS MÍNIMOS
Art. 37. Los requisitos mínimos para que una institución de educación superior conserve
la calidad como tal, son los siguientes:
a) Ofrecer al menos una carrera técnica o tecnológica, cuando se trate de un instituto
tecnológico; al menos una carrera profesional técnica, científica o humanística, en
el caso de un instituto especializado de nivel superior; y no menos de cinco carreras
profesionales que cubran homogéneamente las áreas científicas, humanísticas y
técnicas, cuando se trate de una universidad.
b) Disponer de los planes de estudios adecuados, actualizados al menos una vez en
el término de duración de la carrera y aprobados para los grados que ofrezcan.
c) Los docentes deben poseer el grado académico que se ofrece y el conocimiento
específico de la materia que impartan. En casos excepcionales, cuando no existan
profesionales en la especialidad que se requiere, el Ministerio de Educación, con

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la opinión favorable del Consejo de Educación Superior, podrá autorizar que
realicen docencia, personas que no tengan el grado académico necesario, según
se determine en el Reglamento de esta Ley.
d) Realizar o mantener, por lo menos, un proyecto de investigación relevante por
año, en las áreas que se ofrecen; para lo cual, deberán contar con presupuesto
asignado y podrán ser apoyados con recursos públicos y privados. Los proyectos
de investigación con duración mayor de un año, deberán reportar al Ministerio de
Educación el avance anual de los mismos.
e) Disponer de la adecuada infraestructura física, bibliotecas, laboratorios, campos
de experimentación, centros de prácticas apropiados, y demás recursos de apoyo
necesarios para el desarrollo de las actividades docentes, de investigación y
administrativas, que garanticen el pleno cumplimiento de sus finalidades.
f) Contar con una relación mínima de un docente por cada cuarenta alumnos, sean
aquéllos hora clase, tiempo parcial o tiempo completo. Dentro de esta relación
mínima, al menos el veinticinco por ciento serán docentes a tiempo completo,
debiendo estar distribuidos en todas las áreas que ofrecen; y,
g) Los proyectos de investigación y la consejería a los estudiantes serán asumidos,
preferentemente, por los docentes a tiempo completo.
El Ministerio de Educación fijará a las instituciones de educación superior, conforme a un
Reglamento de Educación no Presencial y con la opinión del Consejo de Educación Superior,
las exigencias equivalentes a las condiciones referidas en este Artículo, cuando éstas apliquen
metodología de enseñanza no presencial.
CAPITULO III
PERSONAL
PERSONAL ACADÉMICO
Art. 38. El personal académico de las instituciones de educación superior, estará formado
por las personas encargadas de la docencia, la investigación y la proyección social.
Los docentes nacionales o extranjeros de educación superior, deben poseer como mínimo
el grado que se ofrece y el conocimiento especifico de la materia que impartan.
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Art. 39. Las instituciones de educación superior deben contar con el personal que sea
necesario para cumplir labores de gestión, servicios y apoyo a las actividades académicas.
Sin perjuicio de las normas sobre escalafón y cualesquiera otras que las instituciones de
educación superior establezcan en sus estatutos y reglamentos, sus relaciones con el personal
académico y administrativo se regirán por las leyes respectivas.
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CAPÍTULO IV
ESTUDIANTES
DERECHOS Y DEBERES
Art. 40. Los estudiantes de educación superior gozan de todos los derechos y a que
se les proporcione los servicios pertinentes de orden académico, cultural, artístico y social
y, están sujetos a las obligaciones que la presente Ley, los Estatutos y Reglamentos de las
Instituciones de Educación Superior establezcan.
Los estudiantes de educación superior, de escasos recursos económicos, podrán gozar de
programas de ayuda financiera previstos por cada institución o por el Estado, de conformidad
a los requisitos que se establezcan en el reglamento de la presente Ley.
A ningún estudiante se le negará la admisión por motivos de raza, sexo, nacionalidad,
religión, naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores, ni por diferencias sociales,
económicas o políticas.
Los estudiantes gozan del derecho a organizarse para defender sus derechos
estudiantiles.
CAPÍTULO V
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, REGISTROS E INFORMACIÓN
VIGILANCIA
Art. 41. El Ministerio de Educación es la entidad responsable de velar por el cumplimiento
de la presente Ley, para lo cual creará la Unidad Organizativa correspondiente.
INSPECCIÓN
Art. 42. El Ministerio de Educación, a través de la Unidad Organizativa correspondiente,
efectuará las inspecciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento de esta
Ley por las instituciones de educación superior.
REGISTRO
Art. 43. El Ministerio de Educación llevará registros de las instituciones de educación
superior existentes en el país, sus instrumentos legales aprobados, las autoridades y funcionarios
de las mismas, sus firmas y sellos, los grados autorizados y títulos otorgados a los graduados
por las instituciones.

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INFORMACIÓN
Art. 44. El Ministerio de Educación mantendrá un sistema actualizado de información
y estadísticas, para lo cual requerirá anualmente a las instituciones de educación superior la
información necesaria, relacionada con aspectos de calidad académica, infraestructura, costos,
requisitos de ingreso, nombres de los graduados en todas las carreras que se impartan y otras
características que éste considere necesarias. La información y estadísticas deberán tener
amplia divulgación.
CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
EVALUACIÓN
Art. 45. El Ministerio de Educación, con el fin de comprobar la calidad académica de las
instituciones de educación superior o de sus carreras, desarrollará procesos de evaluación de
las mismas, por lo menos una vez cada tres años, para lo cual podrá contratar los servicios
de expertos independientes. Los procesos de evaluación contarán con la opinión del Consejo
de Educación Superior y los resultados serán divulgados ampliamente.
ACREDITACIÓN
Art. 46. Creáse la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, como
ente adscrito al Ministerio de Educación con la función de aplicar el sistema de acreditación.
La Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, estará conformada por
académicos de notoria capacidad y honradez, quienes no representarán a institución alguna y
serán nombrados de mutuo acuerdo, entre el Ministerio de Educación y el Consejo de Educación
Superior, para un período de cuatro años. La integración y funcionamiento de la Comisión y
las normas de acreditación estarán reguladas en el Reglamento Especial de Acreditación.
ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD
Art. 47. La acreditación es el reconocimiento de la calidad académica de una institución
de educación superior y de sus diferentes carreras, realizado por la Comisión de Acreditación.
Serán acreditadas las instituciones de educación superior o las carreras que lo solicitaren, se
sometan al proceso de evaluación y cumplan los requisitos establecidos.
Esta declaración de calidad, tendrá una validez mínima de cinco años, prorrogables mediante
procesos de evaluación continua que verifique la referida Comisión; todo de conformidad con
lo establecido en el Reglamento Especial de Acreditación.
INCENTIVOS
Art. 48. Las instituciones de educación superior, mientras mantengan la condición de
acreditadas, gozarán de los siguientes incentivos:
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a) Crear nuevas carreras o programas de estudio, sin la autorización previa del
Ministerio de Educación, con excepción de maestrías, doctorados, especialidades y
lo establecido en el Artículo 64 de esta Ley. En la creación de carreras se respetará
las unidades valorativas mínimas establecidas en esta Ley. Las instituciones
deberán remitir los planes de estudio al Ministerio de Educación para efecto de
registro previo a su implementación;
b) Recibir prioritariamente subsidios o apoyos de programas estatales, especialmente
dirigidos a la investigación científica; y
c) Ser eximidas de los procesos de evaluación obligatorios.
SISTEMA DE CALIDAD
Art. 49. El Ministerio de Educación, con la opinión favorable del Consejo de Educación
Superior, podrá establecer un sistema de calidad que integre los procesos de evaluación y
acreditación, según lo determine el Reglamento Especial de Acreditación.
OBLIGATORIEDAD
Art. 50. Para el efectivo cumplimiento de las disposiciones indicadas en la presente
Ley, las instituciones de educación superior están obligadas a permitir las inspecciones y
evaluaciones por parte del Ministerio de Educación y a facilitarle la información y documentación
requeridas.
CAPITULO VII
DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO
Art. 51. Se establece el Consejo de Educación Superior como el organismo consultivo
y propositivo del Ministerio de Educación, para el mantenimiento y desarrollo de la calidad
de la educación superior.
El Consejo de Educación Superior en el desarrollo de la presente Ley podrá denominarse
el Consejo.
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO
Art. 52. Son atribuciones del Consejo de Educación Superior:
a) Elaborar su reglamento interno en coordinación con el Ministerio de Educación;
b) Dictaminar sobre la autorización provisional y definitiva de instituciones de
educación superior, y sobre la disolución de las mismas;
c) Proponer políticas de mejoramiento de la educación superior ante el Ministerio
de Educación;

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d) Apoyar al Ministerio de Educación en las acciones de inspección, evaluación y
calificación de las instituciones de educación superior; y,
e) Emitir los dictámenes y opiniones que el Ministerio de Educación le solicite.
INTEGRACIÓN
Art. 53. El Consejo de Educación Superior estará integrado por:
a) Dos representantes del Ministerio de Educación;
b) Un representante de la Universidad de El Salvador;
c) Tres representantes de las universidades privadas;
d) Un representante de los institutos tecnológicos;
e) Un representante de las asociaciones gremiales de la empresa privada; y,
f) Un representante de las asociaciones gremiales de profesionales.
Los miembros indicados en los literales a), e),y f), del presente Artículo, no deberán ser
funcionarios ni docentes en ninguna institución de educación superior.
El reglamento general de esta ley, regulará la estructura y funcionamiento del Consejo,
así como la forma de elección de sus miembros y las dietas de los mismos.
REQUISITOS
Art. 54. Para ser miembro del Consejo de Educación Superior se requiere:
a) Ser salvadoreño;
b) Poseer como mínimo el grado de Licenciado, Ingeniero y Arquitecto; y,
c) Poseer amplio conocimiento en educación superior.
CAPITULO VIII
PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES
PROCEDIMIENTO
Art. 55. Toda solicitud hecha al Ministerio de Educación o al Consejo de Educación
Superior, en lo pertinente a éste, sobre autorización provisional o definitiva, aprobación de
instrumentos legales y demás a que se refiere esta Ley, deberá ser resuelta en el término
máximo de noventa días; excepto la solicitud de acreditación, que será resuelta en el plazo
que determine el reglamento correspondiente.
Si los organismos correspondientes no emitieren su resolución en el término antes indicado,
la solicitud se tendrá por aprobada en el sentido pedido por la institución solicitante y ésta
podrá, en su caso, ordenar la publicación correspondiente en el Diario Oficial o en un periódico
de mayor circulación en el país.
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SANCIÓN POR INICIO DE ACTIVIDADES SIN AUTORIZACIÓN
Art. 56. Si una institución de educación superior inicia actividades docentes previo a su
autorización definitiva por el Ministerio de Educación, se cancelará su autorización provisional
y se ordenará su disolución.
Cuando una institución de educación superior promocione o inicie actividades en una
carrera no aprobada, o establezca centros regionales sin la autorización del Ministerio de
Educación, se ordenará el cese inmediato de las actividades, y se impondrá a cada uno de
los funcionarios responsables, una multa equivalente a, entre uno y treinta salarios mínimos
mensuales, de acuerdo a la gravedad de la infracción.
SANCIÓN POR AGRAVIOS
Art. 57. Toda persona agraviada por la infracción de una institución de educación
superior a lo dispuesto en la presente Ley y sus reglamentos, podrá acudir ante el Ministerio
de Educación a efectuar la denuncia correspondiente.
El Ministerio de Educación oirá por tercero día a la institución denunciada y si ésta negare
los cargos, abrirá el caso a pruebas por el término de ocho días hábiles, dentro del cual ambas
partes deberán alegar y probar los extremos de sus pretensiones.
Vencido dicho término, y con las pruebas que hubiere recabado, el Ministerio de Educación
emitirá resolución.
Si el Ministerio de Educación, encontrare justificadas las afirmaciones del denunciante,
ordenará a la institución reparar los daños causados al estudiante, e impondrá a cada uno
de sus funcionarios directivos responsables, una multa equivalente, entre uno a treinta
salarios mínimos mensuales, de conformidad a la gravedad de la infracción; sin perjuicio de
las responsabilidades penales, si las hubiere.
DISPOSICIONES COMUNES A LOS ARTÍCULOS ANTERIORES
Art. 58. La falta de pago de las multas impuestas de conformidad a los Artículos anteriores,
en el plazo señalado para ello por el Ministerio de Educación, será causal de suspensión de
las actividades de la institución de educación superior a la que pertenezcan los funcionarios
culpables.
La certificación de la resolución que imponga las multas tendrá fuerza ejecutiva.
SANCIONES
Art. 59. Las infracciones a la presente Ley y sus reglamentos, serán sancionadas por
el Ministerio de Educación, de acuerdo a la gravedad de las mismas, mediante:
a) Amonestación privada escrita;
b) Amonestación pública escrita;
c) Suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento de carreras;
d) Suspensión temporal de la autorización para funcionar como institución de educación
superior; y,

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e) Cancelación de la autorización de funcionamiento de la institución.
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SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN
Art. 60. Cuando proceda la suspensión de autorización de funcionamiento de una
institución de educación superior, o de cualquiera de sus carreras, sus actuaciones se limitarán
a aquellos actos indispensables para subsanar las anomalías que motivaron la suspensión.
Cuando proceda la cancelación de la autorización de funcionamiento de una institución
de educación superior, o de una de sus carreras, sus actuaciones se limitarán a concluir las
actividades pendientes y necesarias para la finalización total de las actividades académicas, y
para efectos de llevar a cabo la disolución y liquidación respectiva; debiendo cumplir con los
demás requisitos exigidos en el Reglamento General de la presente Ley.
Las instituciones estatales de educación superior solo podrán ser canceladas por un acto
de la misma naturaleza del que les dio origen.
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES
Art. 61. El procedimiento para imponer sanciones podrá ser iniciado por el Ministerio
de Educación de oficio, siempre que tuviere conocimiento de la infracción, o a petición de
cualquier interesado.
El Ministerio de Educación iniciará el informativo y mandará a oír al presunto infractor por
el término de tres días hábiles contados a partir de la notificación respectiva.
Transcurrido el término de la audiencia, habiendo comparecido el infractor, o en su rebeldía,
se abrirá el informativo a pruebas por el término de ocho días hábiles. Las pruebas podrán
recabarse de oficio y su valoración quedará sujeta a las reglas de la sana crítica.
Concluido el término probatorio, en el plazo de quince días hábiles se emitirá la resolución
correspondiente, que se notificará a la parte interesada.
RECURSOS
Art. 62. Todas las resoluciones de las dependencias del Ministerio de Educación en
aplicación del presente capítulo serán apelables, en el término de tres días contados a partir
del día siguiente de la notificación, para ante el titular del mismo.
Admitido el recurso el encargado del despacho señalará día y hora para que el apelante
concurra a manifestar su derecho. Si el apelante solicita apertura a pruebas, el titular o
quien haga sus veces la concederá por el término de ocho días hábiles, dentro de los cuales
se recibirán las que presente el recurrente y se recogerán las que el funcionario considere
pertinentes. Concluido el término de la audiencia o, en su caso, el término probatorio, dictará
la resolución que corresponda a derecho.
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CAPITULO IX
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
Sección Primera
Disposiciones Generales
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS
Art. 63. Los planes y programas de estudio deberán ser elaborados por cada institución
de educación superior, de acuerdo con sus estatutos, y en el caso de las instituciones privadas
deberán someterlos a la aprobación del Ministerio de Educación.
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA CARRERA DOCENTE
Art. 64. Los planes de estudio para formar profesores y licenciados en ciencias de la
educación, para el ejercicio de la docencia en los niveles de educación parvularia, básica y
media, y otros, para habilitar al ejercicio de la docencia en dichos niveles, serán determinados
por el Ministerio de Educación con la opinión del Consejo de Educación Superior.
El Ministerio de Educación determinará además, las exigencias académicas de los docentes
formadores, la forma de evaluación, requisitos de ingreso y egreso de los estudiantes y los
requerimientos mínimos que deban reunir las instituciones que ejecutan dichos planes y
programas.
Ninguna institución de educación superior podrá ofrecer los planes y programas oficiales
de formación a que se refiere este Artículo sin la autorización del Ministerio de Educación.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Art. 65. Las instituciones de educación superior se disolverán por Decreto Legislativo
o Ejecutivo, según hayan sido creadas.
La disolución de las instituciones privadas de educación superior procederá voluntariamente
por acuerdo tomado por sus autoridades de conformidad a sus estatutos; o forzosa, por Acuerdo
Ejecutivo, cuando sea ordenado por el Ministerio de Educación, por el incumplimiento de las
normas legales y reglamentarias a que esté sujeta o por la pérdida manifiesta de la calidad
académica, de la investigación científica, de la proyección social, dictaminada por el Ministerio
de Educación, con base a los resultados de las evaluaciones institucionales.
En cualquier caso de disolución, las autoridades de la institución serán responsables de
los perjuicios que se causen a sus estudiantes. La disolución forzosa de una institución de
educación superior podrá ser ordenada por el Ministerio de Educación; por denuncia o de oficio,
cuando de sus inspecciones y evaluaciones, resultare la comprobación de alguna de las causas
de cancelación indicadas en la presente Ley.

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EJECUCIÓN DEL ACUERDO
Art. 66. Recibido el Acuerdo Ejecutivo en el que se ordena la disolución y liquidación de
la institución, ésta deberá ejecutar lo resuelto en dicho acuerdo, procediendo a la disolución y
liquidación de la misma, mediante el otorgamiento de los instrumentos legales pertinentes.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN JUDICIAL
Art. 67. Cuando la institución de educación superior no cumpla con los plazos de
disolución y liquidación establecidos en el acuerdo de cancelación emitido por el Ministerio de
Educación, éste de oficio remitirá dichas diligencias al Fiscal General de la República para que
promueva la acción legal pertinente.
EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN
Art. 68. La institución de educación superior en liquidación conservará su personalidad
jurídica solo para efectos de concluir su liquidación. Durante este período, la institución de
educación superior deberá agregar a su denominación las palabras Aen liquidación”.
LIQUIDADORES
Art. 69. El nombramiento de los liquidadores, ya sea por vía voluntaria o forzosa, podrá
hacerse de entre las personas que conforman las autoridades de la institución y en el mismo
deberá establecerse un plazo máximo para proceder a la liquidación, el cual en ningún caso
podrá exceder a doce meses.
ATRIBUCIONES
Art. 70. A partir de la aceptación y juramentación del cargo, los liquidadores tendrán la
representación legal y la administración de la institución de educación superior y responderán
personalmente por los actos que ejecuten cuando excedan los límites de su cargo.
Los liquidadores tendrán las siguientes atribuciones:
a) Concluir las actividades que hubiesen quedado pendientes al momento de la
cancelación;
b) Efectuar los cobros y los pagos de créditos a cargo de la institución de educación
superior debidamente comprobados;
c) Traspasar los bienes remanentes a quienes corresponda de conformidad a los
Estatutos;
d) Elaborar y comunicar a los fundadores y patrocinadores de la institución de
educación superior, el Balance Final e inscribirlo en el Registro de Comercio; y,
e) Otorgar los instrumentos legales de liquidación.
Para el adecuado ejercicio de su función, los liquidadores tendrán acceso a todos los libros
y documentos de la institución de educación superior.
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NORMATIVA
Art. 71. La liquidación se realizará de acuerdo a las normas establecidas en los estatutos.
En todo caso, los fundadores tendrán derecho a vigilar la correcta aplicación del procedimiento
y de los actos de los liquidadores.
FINIQUITO
Art.72. En caso de tratarse de una institución de educación superior que haya manejado
fondos del Estado, será necesario contar con el finiquito de la Corte de Cuentas de la República
para que se apruebe la liquidación y el otorgamiento de la escritura pública de liquidación.
BIENES REMANENTES
Art. 73. Al ser liquidada una institución de educación superior, el remanente de los bienes
se transferirá a las personas o instituciones que señalen los Estatutos. Para tales efectos, deberá
consignarse claramente en los mismos, las personas o instituciones a quienes se destinarán
los bienes remanentes, o definir el mecanismo por el cual deberá hacerse la designación y
entrega; a excepción del Registro Académico de la institución, el cual pasará directamente al
Ministerio de Educación, que será el responsable de su custodia.
Los bienes remanentes de la institución de educación superior no podrán ser distribuidos
de manera tal que representen un beneficio económico directo o indirecto a sus fundadores.
NULIDAD
Art. 74. Será nula cualquier disposición o resolución que establezca que el patrimonio
de la institución de educación superior se distribuirá entre sus administradores y/o fundadores,
en caso de liquidación.
PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL
Art. 75. Los Acuerdos o Decretos de autorización provisional o definitiva, de disolución,
aprobación de estatutos, reglamentos internos y programas de estudio de las instituciones
de educación superior, deberán ser publicados en el Diario Oficial y entrarán en vigencia ocho
días después de su publicación.
Sección Segunda
Disposiciones Transitorias, Derogatoria y Vigencia
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
Art. 76. La Universidad de El Salvador, se regirá por su Ley Orgánica y demás disposiciones
internas, en todo lo que no contraríe la presente Ley.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
L e y e s
OTRAS INSTITUCIONES ESTATALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Art. 77. Las demás instituciones de educación superior estatales, se regirán por sus
estatutos y reglamentos vigentes.
RÉGIMEN TRANSITORIO
Art. 78. Las instituciones privadas de educación superior que al entrar en vigencia esta
ley se encuentren legalmente autorizadas por el Ministerio de Educación, deberán adecuar sus
estatutos y demás instrumentos legales, a lo preceptuado por esta ley, en el término de seis
meses contados a partir de su vigencia.
Los estudiantes que al entrar en vigencia la presente Ley, se encuentren desarrollando sus
planes de estudio específicos, podrán continuar haciéndolo hasta su conclusión sin modificación
alguna.
INSTITUCIONES EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
Art. 79. Las personas naturales o jurídicas que a la vigencia de esta ley, tengan en
trámite solicitudes de autorización para la creación de una institución de educación superior,
deberán apegarse a lo establecido en esta ley.
REGLAMENTOS
Art. 80. El Reglamento General de la presente Ley deberá ser emitido por el Presidente
de la República, en un plazo de noventa días contados a partir de su vigencia.
DEROGATORIA
Art. 81. Derógase la Ley de Educación Superior, emitida mediante Decreto Legislativo
No. 522, de fecha 30 de noviembre de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 236, Tomo No.
329, de fecha 20 de diciembre del mismo año, y cualquiera otra disposición, que contraríe lo
dispuesto por la presente Ley.
VIGENCIA
Art. 82. La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce días días del mes
de octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 216, Tomo N° 365, Fecha: 19 de noviembre de 2004.
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DECRETO No. 498
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que los últimos acontecimientos naturales nacionales y económicos internacionales
acaecidos en los últimos tres años, han debilitado la disponibilidad de recursos económicos
de la generalidad de sujetos pasivos de impuestos, lo cual los ha ubicado en una situación
de insolvencia económica, inclusive respecto de los tributos que le corresponde pagar
al Estado.
II. Que con el propósito de estimular el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de
tales sujetos pasivos, es necesario otorgar un plazo y facilidades de manera transitoria,
para que éstos regularicen su situación tributaria.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados: José Antonio
Almendáriz Rivas, Luis Roberto Angulo Samayoa, José Orlando Arévalo Pineda, Miguel Francisco
Bennett Escobar, Isidro Antonio Caballero Caballero, Elizardo González Lovo, Noé Orlando
González, José Rafael Machuca Zelaya, Alejandro Dagoberto Marroquín, José Francisco Merino
López, Rubén Orellana, Mario Antonio Ponce López, Juan de Jesús Sorto Espinoza y Ciro Cruz
Zepeda Peña.
DECRETA la siguiente:
LEY TRANSITORIA DE ESTÍMULO AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Art. 1. Se concede un plazo de tres meses contados a partir del día siguiente a la
entrada en vigencia del presente Decreto, a efecto que los sujetos pasivos de los tributos
administrados por la Dirección General de Impuestos Internos y por la Dirección General de
la Renta de Aduanas, efectúen el pago de los impuestos originales o complementarios que
adeuden al Fisco de la República, correspondientes a períodos o ejercicios anteriores a la
vigencia del mismo.
La realización del pago de las obligaciones tributarias dentro del plazo referido en el inciso
anterior, no hará incurrir a quienes lo efectúen en el pago de intereses, recargos, ni multas,
en los términos y bajo los alcances establecidos en los artículos 3 y 4 de esta Ley, según
corresponda.
Art. 2.Podrán acogerse a los beneficios que establece este Decreto, los sujetos pasivos
que se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:

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L e y e s
a) Que hayan presentado sus declaraciones tributarias y no hayan pagado el impuesto
liquidado en ellas.
b) Que no hayan presentado una o más declaraciones tributarias y no hayan pagado
el impuesto respectivo, pese ha haber realizado operaciones sujetas al pago de
impuestos.
c) Que hayan presentado declaraciones tributarias reflejando cero valores.
d) Que hayan presentado declaraciones tributarias reflejando saldos a favor.
e) Que habiendo presentado declaraciones originales o modificatorias, no hayan
liquidado la totalidad del impuesto que les correspondería pagar.
f) Que se encuentren en proceso de fiscalización, iniciado antes o durante la vigencia
del presente Decreto.
g) Que se encuentren en el proceso de audiencia y apertura a pruebas.
Cuando los plazo legales referentes a la audiencia y apertura a pruebas venzan con
posterioridad a la vigencia de este Decreto, el plazo para efectuar el pago gozando
de los beneficios que establece el mismo, se extenderán hasta la finalización del
plazo de la apertura a pruebas.
h) Que habiendo finalizado el proceso de audiencia y apertura a pruebas se encuentre
en proceso de tasación de impuestos y/o multas y no se haya notificado aún la
resolución respectiva.
i) Que se encuentren dentro del plazo para impugnar las resoluciones de tasación
de impuestos y/o multas y no hayan interpuesto el recurso respectivo.
j) Que hayan interpuesto recursos y éstos se encuentren en trámite. Para ese efecto
deberán desistir ante el tribunal o instancia que está conociendo el caso, y presentar
la prueba de dicha petición al momento de realizar el pago a la Administración
Tributaria.
k) Que las deudas se encuentren firmes, líquidas y exigibles.
l) Que tengan resolución de pago a plazos. En este caso, únicamente gozarán de
los beneficios establecidos en este Decreto las cuotas pendientes de pago a la
fecha de entrada en vigencia del mismo.
m) Que hayan retenido o percibido impuestos y no los hayan enterado.
n) Que hayan enterado impuestos retenidos o percibidos por cantidades inferiores
a las que realmente correspondía pagar.
o) Las que haya liquidado la Dirección General de la Renta de Aduanas, sea que hayan
sido impugnadas, que se encuentren en trámite los recursos o que se encuentren
líquidas, firmes o exigibles.
Art. 3. Los beneficios que gozarán los sujetos pasivos que efectúen el pago de sus
obligaciones tributarias, dentro del plazo establecido en esta Ley, atenderán a la situación
en la que se encuentran de acuerdo a lo dispuesto en los literales contenidos en el artículo
anterior, siendo éstos los siguientes:
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a) Para las situaciones previstas en los literales comprendidos del a) a la j), no se
generarán los intereses respectivos y no se impondrán las multas respectivas,
según sea el caso.
b) Para las situaciones previstas en los literales k) y l) no se generarán intereses.
c) Para las situaciones contempladas en los literales m) y n), no se les impondrá
las multas respectivas. En el caso de retenciones o percepciones el Impuesto a
la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, además no se
generarán intereses.
d) Para la situación prevista en el literal o), no se generarán intereses, ni se impondrán
multas.
En todos los casos previstos en los literales anteriores, cuando la deuda provenga
exclusivamente de multas y éstas se encuentren firmes, líquidas y exigibles, no le serán
aplicables los beneficios establecidos en esta Ley.
Art. 4. Los sujetos pasivos que antes de la vigencia del presente Decreto hubieren
presentado declaraciones determinando remanentes o excedentes de impuestos, podrán
presentar dentro del plazo establecido en el Art. 1 de este Decreto, declaración modificatoria,
mediante la cual disminuyan el remanente o excedente declarado, con el beneficio de no
imposición de la multa establecida en el Art. 258 del Código Tributario.
Art. 5. Los sujetos pasivos que antes de la vigencia de este Decreto tuvieren cuentas
bancarias que no se encuentren registradas en la contabilidad y que provengan de valores
que no han sido declarados para la correcta determinación de sus obligaciones tributarias,
deberán regularizar o ajustar los saldos de cuentas de su contabilidad o registros especiales,
presentar las declaraciones tributarias correspondientes y efectuar los pagos respectivos dentro
del plazo establecido en el Art. 1.
Art. 6. El pago de las obligaciones tributarias comprendidas en el presente Decreto,
deberá hacerse en efectivo y presentando las correspondientes declaraciones tributarias en
las situaciones que corresponda hacerlo.
Para aquellos contribuyentes que necesiten un lapso de tiempo para su pago, se darán 6
meses máximo, posteriores a la fijación del pago respectivo para su cancelación.
El ajuste de saldos a favor deberá realizarse por medio de las declaraciones respectivas.
Art. 7. Para el goce de los beneficios fiscales concedidos por el presente Decreto, las
declaraciones presentadas se considerarán de manera individual e independiente, para cada
clase de impuesto, ejercicio o período declarado.
Art. 8. Las declaraciones que incluyen pago junto con sus mandamientos, deberán
presentarse a la Dirección General de Tesorería, y demás instituciones que fueren autorizadas
al efecto por la Dirección General.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
L e y e s
Aquellas declaraciones que no contengan valor a pagar sino que disminución de remanentes
o excedentes, deberán ser presentadas en la Dirección General de Impuestos Internos.
El Ministerio de Hacienda tendrá las facultades para establecer las normas administrativas,
por medio de las Direcciones Generales respectivas, para un mejor control de las declaraciones
que se presenten y pagos que se efectúen al amparo del presente Decreto.
Art. 9. La exigencia de presentar solvencias o autorizaciones tributarias en el sistema
financiero o entidades crediticias no será aplicable a los sujetos pasivos que se ubiquen en
cualquiera de los supuestos previstos en el Art. 3 de este Decreto, durante el plazo de vigencia
del mismo, exclusivamente a los efectos de acceder a financiamientos para cancelación de
deudas tributarias, relacionadas con períodos o ejercicios anteriores a la entrada en vigor del
presente Decreto.
Para asegurar el pago de tales deudas tributarias, la Administración Tributaria podrá suscribir
convenios con las instituciones referidas en el inciso anterior, con el propósito de garantizar
que los fondos provenientes del financiamiento, sean destinados efectivamente para el pago
de las obligaciones tributarias.
Art. 10. Transcurrido el plazo que establece el Art. 1 de esta Ley, los efectos de este
Decreto caducarán.
Art. 11. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 217, Tomo N° 365, Fecha: 22 de noviembre de 2004
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DECRETO No. 528
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el Artículo 101 de la Constitución de la República, exige al Estado la promoción
del desarrollo económico y social, mediante el incremento de la producción, la
productividad, la racional utilización de los recursos, así como la defensa del interés de
los consumidores;
II. Que el Artículo 102 de la Constitución de la República, garantiza la libertad económica,
en lo que no se oponga al interés social, fomentando y protegiendo la iniciativa privada
dentro de las condiciones que acrecienten la riqueza nacional, pero que aseguren sus
beneficios al mayor número de habitantes del país;
III. Que el Artículo 110 de la Constitución de la República, establece que no podrán autorizarse
monopolios, sino a favor del Estado o de los Municipios, cuando el interés social lo haga
imprescindible; y que se prohíben las prácticas monopolísticas para garantizar la libertad
empresarial y proteger el interés de los consumidores;
IV. Que para poner en práctica las normas constitucionales anteriores y en reconocimiento
a la necesidad de lograr una economía más competitiva y eficiente, promoviendo
su transparencia y accesibilidad, fomentando el dinamismo y el crecimiento de la
misma para beneficiar al consumidor, es necesario dictar las disposiciones legales
correspondientes;
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Juan Miguel
Bolaños, Manuel Vicente Menjívar, Roberto José d´Aubuisson, Julio Antonio Gamero, Ernesto
Iraheta, Mario Marroquín Mejía, Olga Ortiz, Orlando Arévalo, Alejandro Dagoberto Marroquín
y Noé Orlando González.
DECRETA, la siguiente:
LEY DE COMPETENCIA
TITULO I
CAPITULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- El objeto de la presente ley es el de promover, proteger y garantizar la competencia,
mediante la prevención y eliminación de prácticas anticompetitivas que, manifestadas bajo

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L e y e s
cualquier forma limiten o restrinjan la competencia o impidan el acceso al mercado a cualquier
agente económico, a efecto de incrementar la eficiencia económica y el bienestar de los
consumidores.
Se prohíben los acuerdos, pactos, convenios, contratos entre competidores y no competidores,
así como los actos entre competidores y no competidores cuyo objeto sea limitar o restringir
la competencia o impedir el acceso al mercado a cualquier agente económico, en los términos
y condiciones establecidos en la presente ley.
Art. 2.- Quedan sujetos a las disposiciones de esta ley todos los agentes económicos,
sean personas naturales, jurídicas, entidades estatales, municipales, empresas de participación
estatal, asociaciones cooperativas, o cualquier otro organismo que tenga participación en las
actividades económicas.
No obstante lo anterior, esta Ley no aplicará a las actividades económicas que la Constitución
y las leyes reserven exclusivamente al Estado y los Municipios. En lo que no concierne a tales
actividades, las instituciones y dependencias del Estado y los Municipios están obligados a
acatar las disposiciones contenidas en la presente Ley.
Para los efectos de esta ley se considera agente económico toda persona natural o jurídica,
pública o privada, dedicada directa o indirectamente a una actividad económica lucrativa o
no.
TITULO II
CAPITULO I
DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA
Art. 3.- Créase la Superintendencia de Competencia como una Institución de Derecho
Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, con autonomía
administrativa y presupuestaria para el ejercicio de las atribuciones y deberes que se estipulan
en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables.
La Superintendencia, tendrá su domicilio en la capital de la República y estará facultada
para establecer oficinas en cualquier lugar del territorio nacional. La Superintendencia se
relacionará con el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía.
Art. 4.- La Superintendencia de Competencia, que en el texto de la presente Ley se
denominará “la Superintendencia”, tiene como finalidad velar por el cumplimiento de la Ley
de Competencia, en adelante “la Ley”, mediante un sistema de análisis técnico, jurídico y
económico que deberá complementarse con los estudios de apoyo y demás pertinentes para
efectuar todas estas actividades en forma óptima.
Art. 5.- La Superintendencia contará con las unidades que se establezcan en el reglamento
respectivo.
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Art. 6.- La máxima autoridad de la Superintendencia será el Consejo Directivo, que en
lo sucesivo podrá denominarse “el Consejo”, el cual estará conformado por el Superintendente
y dos Directores, nombrados por el Presidente de la República.
El Superintendente presidirá el Consejo.
Habrá tres Directores suplentes designados en la misma forma que los propietarios, quienes
asistirán al Consejo Directivo con voz pero sin voto, salvo cuando actúen en sustitución de los
Directores propietarios.
En cualquier caso que por excusa o recusación no pudiere conocer ni el Superintendente
propietario ni su respectivo suplente, los Directores llamarán al resto de los suplentes para
conformar Consejo; el Consejo así integrado designará mediante resolución, a uno de los
Directores propietario o suplente para conocer del asunto de que se trate, en defecto del
Superintendente.
Para que las sesiones del Consejo se consideren válidas será necesaria la asistencia de
los tres miembros propietarios o de quienes hagan sus veces.
Las resoluciones de la Superintendencia, serán tomadas por la mayoría de sus
miembros.
El Consejo Directivo se reunirá al menos una vez al mes o cuando las circunstancias lo
hagan necesario, previa convocatoria del Superintendente o de quien haga sus veces.
Con excepción del Superintendente, los miembros propietarios y suplentes que asistan a
las sesiones tendrán derecho a percibir las dietas fijadas para tal efecto.
Art. 7.- El Superintendente será un funcionario a tiempo completo y no podrá ejercer
ninguna actividad profesional a excepción de la docencia universitaria, siempre y cuando ésta
no vaya en menoscabo del desarrollo de sus funciones.
Corresponderá al Superintendente la Representación Legal de la Superintendencia y estará
a cargo de la Dirección superior y la supervisión de las actividades de la Superintendencia.
El Superintendente podrá otorgar los poderes que sean necesarios con la previa autorización
del Consejo.
Art. 8.- El Superintendente y los directores durarán cinco años en sus funciones y podrán
ser reelectos en sus cargos.
Art. 9.- El Superintendente y los Directores deberán ser salvadoreños, mayores de treinta
años de edad, con grado universitario en economía, derecho, administración de empresas u
otras profesiones afines, de reconocida honorabilidad, probidad notoria, con conocimientos
y experiencias en las materias relacionas con sus atribuciones y estar en posesión de los
derechos de ciudadano y no haberlos perdido en los cinco años anteriores al nombramiento.
Los Directores no podrán tener entre sí vínculos de parentesco dentro del cuarto grado de
consanguinidad ni segundo de afinidad.

Art. 10.- Son inhábiles para ser miembros del Consejo:
a) Los que fueren legalmente incapaces;
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L e y e s
b) Los funcionarios mencionados en el Art. 236 de la Constitución de la República,
así como sus cónyuges y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad
y primero de afinidad;
c) Los insolventes, o con juicios pendientes en materia de quiebra o concurso y los
quebrados, mientras no hayan sido rehabilitados;
d) Los que hubieren sido condenados por delitos dolosos; y
e) Los Directores, funcionarios, administradores, apoderados y demás representantes
legales de los agentes económicos sujetos a las disposiciones de esta Ley.
Art. 11.- Son causales de remoción de los miembros del Consejo, las siguientes:
a) Incurrir en causal de incompatibilidad en el ejercicio del cargo después de su
nombramiento;
b) Incumplimiento grave de las obligaciones y funciones inherentes al cargo, incluyendo
el incumplimiento del plazo señalado en el caso del Art. 35 inciso primero de la
presente ley;
c) Negligencia o impericia en sus actuaciones, debidamente comprobadas;
d) Cuando por su conducta pueda comprometer la seriedad e imparcialidad del
ejercicio de la Superintendencia;
e) Incapacidad física o mental que imposibilite el ejercicio del cargo; y
f) Cuando por causa no justificada, dejase de asistir a cuatro sesiones
consecutivas.
Cuando exista o sobrevenga alguna de las causales de remoción mencionadas, caducará la
gestión del respectivo miembro del Consejo, y se procederá a su reemplazo. Corresponderá al
Presidente de la República, de oficio o a petición de cualquier interesado, previa audiencia del
afectado, y siguiendo el debido proceso de conformidad al Art. 11 de la Constitución, declarar
la suspensión en el cargo y proceder sin dilación alguna con expresión de causa a calificar o
declarar la remoción y sustitución del mismo.
Los actos autorizados por el miembro del Consejo, no se invalidarán con respecto a la
institución y a terceros, excepto en el caso de incapacidad mental o cuando la causal de
remoción se origine en un acto que beneficie directa o indirectamente al funcionario.
Art. 12.- Los miembros del Consejo y el personal a su cargo deberán excusarse de
conocer en aquellos asuntos en los que puedan obtener un beneficio directo o indirecto. Se
entenderá que existe interés respecto de un asunto, cuando se tenga una vinculación personal,
la tenga su cónyuge o se derive de un nexo de parentesco comprendido dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con personas relacionadas con el mencionado
asunto.
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Los funcionarios de la Superintendencia podrán ser recusados mediante escrito motivado,
en cualquier estado de los procedimientos establecidos en esta Ley.
Desde la fecha en que se presente el escrito de recusación, dicho funcionario no podrá
intervenir ni en la decisión del incidente ni en el procedimiento de que se trate, pero serán
válidos los actos realizados con anterioridad.
El conocimiento y decisión sobre la procedencia de la recusación corresponderá al
Consejo.
Art. 13.- Son atribuciones del Superintendente:
a) Conocer de oficio o por denuncia, aquellas situaciones en que pueda ser afectada
la competencia en el mercado, realizando las investigaciones y ordenando la
instrucción del expediente que corresponda en su caso;
b) Declarar la admisibilidad, inadmisibilidad o improcedencia de las denuncias
presentadas;
c) Ordenar y contratar la realización de estudios de mercado y consultorías específicas
sobre aspectos técnicos que sean necesarios para cumplir con el objetivo de la
presente ley;
d) Coordinar el trabajo de la Superintendencia;
e) Mantener un archivo de todos los documentos oficiales de la Superintendencia;
f) Proteger la confidencialidad de la información empresarial, comercial u oficial
contenida en el archivo de la Superintendencia;
g) Solicitar a cualquier autoridad del país o del extranjero la información necesaria
para investigar posibles violaciones a la ley;
h) Nombrar y remover al personal de la Superintendencia, incluyendo los Intendentes
que se establezcan en el Reglamento Interno de Trabajo, en quienes podrá delegar
las atribuciones que le confiere esta Ley;
i) Tramitar las denuncias por violaciones a la ley;
j) Compilar las resoluciones y publicarlas;
k) Publicar un informe anual de los resultados de su gestión;
l) Establecer los mecanismos de coordinación con los Entes Reguladores para prevenir
y combatir las prácticas anticompetitivas a que se refiere la Ley;
m) Participar en la negociación y discusión de Tratados o Convenios Internacionales
en materia de Políticas de Competencia;
n) Llevar a cabo un programa de educación pública para promover la cultura de la
competencia;
o) Informar y solicitar la intervención del Fiscal General de la República, según el
caso, cuando la situación lo amerite;
p) Representar al país ante Organismos Internacionales relacionados con Políticas
de Competencia;

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L e y e s
q) Elaborar el Proyecto de Presupuesto Anual de Gastos de Funcionamiento, para la
aprobación del Consejo; y
r) Ejercer las demás funciones y facultades que le corresponden de acuerdo a la Ley
y demás disposiciones aplicables.
Art. 14.- Son atribuciones del Consejo:
a) Imponer sanciones conforme a esta Ley;
b) Ordenar y contratar la realización de estudios de mercado y consultorías específicas
sobre aspectos técnicos que sean necesarios para cumplir con el objetivo de la
presente ley, siempre y cuando dichos estudios sirvan para ampliar o suplir los
realizados por el Superintendente durante la instrucción de los expedientes;
c) Instruir al Superintendente para que inicie investigaciones de oficio;
d) Ordenar el cese de las prácticas anticompetitivas de conformidad a los términos
establecidos en esta ley;
e) Autorizar, denegar o condicionar las solicitudes de concentración económica de
conformidad a la Ley;
f) Conocer y resolver sobre el recurso de revisión interpuesto contra sus resoluciones
de conformidad a esta Ley;
g) Resolver los casos de su competencia y aplicar las sanciones correspondientes;
h) Informar a los Entes Reguladores, cuando producto de la investigación de una
práctica anticompetitiva se determine que la causa o el problema tenga su
origen en las regulaciones de dichos entes, a efecto que tomen las medidas
correspondientes;
i) Estudiar y someter a consideración del Órgano Ejecutivo, a través del Ramo de
Economía, propuestas de reformas a la Ley, reglamentos y demás normativa
aplicable;
j) Emitir un glosario de términos utilizados para la aplicación de la Ley; y
k) Aprobar el Presupuesto Anual de Gastos de Funcionamiento.
CAPITULO II
DEL PERSONAL
Art. 15.- El personal de la Superintendencia se regirá por las disposiciones del Reglamento
Interno de Trabajo, el cual será emitido por el Superintendente.
Art. 16.- No podrán ser funcionarios ni empleados de la Superintendencia el cónyuge,
ni los parientes hasta dentro del cuarto de grado de consanguinidad o segundo de afinidad
del Superintendente.
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Art. 17.- Todo funcionario, empleado, delegado, agente, que a cualquier título preste
servicios a la Superintendencia deberá declarar bajo juramento, por escrito al Superintendente,
los cargos que ocupe o haya ocupado y de cualquier actividad económica o comercial en que
se encuentre involucrado o se haya encontrado durante los últimos tres años.
Art. 18.- Se prohíbe a los funcionarios, empleados, delegados, peritos, agentes o
personas que a cualquier título presten servicios a la Superintendencia, revelar cualquier
información que hayan obtenido producto del desempeño de su cargo o aprovecharse de tal
información para fines personales o de terceros, sin perjuicio de la responsabilidad penal a
que hubiere lugar.
En los contratos que se celebren para la prestación de servicios deberá incluirse una
cláusula de confidencialidad y penalidad por incumplimiento a la misma.
Los que infrinjan esta disposición serán destituidos de su cargo, sancionados de acuerdo a la
Ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
Art. 19.- Se prohíbe a los funcionarios, empleados, delegados, peritos, agentes o personas
que a cualquier título presten servicios a la Superintendencia, recibir directa o indirectamente
dinero y otros efectos que en concepto de obsequio, dádiva u otra forma proceda de los agentes
económicos sujetos a las disposiciones de la presente Ley, ya sean éstos sus Directores,
funcionarios, administradores, apoderados, representantes legales, jefes o empleados.
CAPITULO III
DEL PATRIMONIO PRESUPUESTARIO
Art. 20.- El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por:
a) Los recursos que el Estado le confiera en su inicio;
b) Las asignaciones que se le determinen en su presupuesto;
c) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el desarrollo de sus
funciones;
d) Las subvenciones y aportes que le confiera el Estado, y previa autorización de
éste, las que le otorguen entidades nacionales y extranjeras;
e) Los ingresos provenientes de la venta de las publicaciones; y
f) Otros ingresos que legalmente pueda obtener.
Art. 21.- La Superintendencia presentará su presupuesto y régimen de salarios al
Ministerio de Hacienda por medio del Ministerio de Economía, de acuerdo a sus necesidades
y objetivos, para que aquel Ministerio lo someta a la aprobación del Órgano Legislativo.
El presupuesto deberá contemplar gastos de funcionamiento y de inversión, así como
la estimación de los recursos que espera obtener la Superintendencia en el correspondiente
ejercicio, en razón de los ingresos a que se refiere la letra e) del Art. 20 de esta Ley.

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Art. 22.- El período presupuestario de la Superintendencia estará comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.
Art. 23.- La inspección y vigilancia de las operaciones y de la contabilidad de la
Superintendencia estará a cargo de un auditor interno nombrado por el Consejo Directivo, el
cual deberá ser contador público autorizado para ejercer esa profesión.
Art. 24.- La Superintendencia estará sujeta a la inspección y vigilancia de una firma
de auditores externos que durará un año en sus funciones, pudiendo ser designada para
nuevos períodos, la cual rendirá sus informes al Consejo.
También estará sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República.
TITULO III
DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS
CAPITULO I
DE LOS ACUERDOS ENTRE COMPETIDORES
Art. 25.- Se prohíben las prácticas anticompetitivas realizadas entre competidores las
cuales, entre otras, adopten las siguientes modalidades:
a) Establecer acuerdos para fijar precios u otras condiciones de compra o venta bajo
cualquier forma;
b) Fijación o limitación de cantidades de producción;
c) Fijación o limitación de precios en subastas o en cualquier otra forma de licitación
pública o privada, nacional o internacional, a excepción de la oferta presentada
conjuntamente por agentes económicos que claramente; sea identificada como
tal en el documento presentado por los oferentes; y
d) División del mercado, ya sea por territorio, por volumen de ventas o compras,
por tipo de productos vendidos, por clientes o vendedores, o por cualquier otro
medio.
CAPITULO II
DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS ENTRE NO COMPETIDORES
Art. 26.- Siempre y cuando se comprueben los supuestos del Artículo 29 de la presente
Ley, se considerarán prácticas anticompetitivas no permitidas, entre otras, las siguientes:
a) Venta condicionada, cuando un proveedor venda un producto bajo condición que
el comprador adquiera otros productos del proveedor o empresas asociadas al
proveedor;
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b) La venta o la transacción sujeta a la condición de no usar, ni adquirir, ni vender ni
proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros
o por terceros; y
c) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos para ejercer
dicha práctica.
Art. 27.- Para que las prácticas a que se refiere el artículo anterior se consideren
violatorias de esta Ley, deberá comprobarse:
a) Que el infractor o infractores, actuando individual o conjuntamente, tengan una
posición dominante en el mercado relevante;
b) Que se realicen respecto de bienes o servicios que correspondan al mercado
relevante de que se trate; y
c) Que dichas prácticas han producido o pudieran producir el efecto de limitar la
competencia, impedir o limitar el acceso o desplazar competidores al mercado
y, en todo caso, que se ha producido un perjuicio a los intereses de los
consumidores.
Art. 28.- Para la determinación del mercado relevante deberán considerarse los siguientes
criterios:
a) Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de
origen nacional como extranjero, considerando los medios tecnológicos, en qué
medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal
sustitución;
b) Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus
complementos y de sustitutos dentro del territorio nacional o desde el extranjero,
teniendo en cuenta sus fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias,
las restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones,
así como el tiempo requerido para abastecer el mercado relevante;
c) Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir
a otros mercados; y
d) Las restricciones normativas que limiten el acceso de consumidores a fuentes
de abastecimiento alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes
alternativos.
Art. 29.- Para determinar si un agente económico tiene una posición dominante en el
mercado relevante deberá considerarse:
a) Su participación en dicho mercado y la posibilidad de fijar precios unilateralmente
o restringir el abastecimiento en el mercado relevante sin que los agentes
competidores puedan real o potencialmente contrarrestar dicho poder;
b) La existencia de barreras a la entrada y a los elementos que previsiblemente
puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores;

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c) La existencia y poder de sus competidores; y
d) Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a fuentes
de insumos.
CAPITULO III
DEL ABUSO DE LA POSICIÓN DOMINANTE
Art. 30.- Se prohíben las acciones que constituyan abusos de la posición dominante de
un agente económico en un mercado, entre otros, los siguientes casos:
a) La creación de obstáculos a la entrada de competidores o a la expansión de
competidores existentes;
b) Cuando la acción tenga por finalidad limitar, impedir o desplazar en forma
significativa de la competencia dentro del mercado;
c) La disminución de precios en forma sistemática, por debajo de los costos, cuando
tenga por objeto eliminar uno o varios competidores, o evitar la entrada o expansión
de éstos; y
d) La venta o prestación de servicios en alguna parte del territorio del país a un precio
diferente a aquél al que se ofrece en otra parte del mismo territorio, cuando la
intención o el efecto sea disminuir, eliminar o desplazar competencia en esa parte
del país.
CAPITULO IV
DE LAS CONCENTRACIONES
Art. 31.- Para efectos de esta Ley se considera que existe concentración:
a) Cuando agentes económicos que han sido independientes entre sí realicen entre
otros: actos, contratos, acuerdos, convenios, que tengan como finalidad la fusión,
adquisición, consolidación, integración o combinación de sus negocios en todo o
en partes; y
b) Cuando uno o más agentes económicos que ya controlan por lo menos otro agente
económico adquieran por cualquier medio el control directo o indirecto de todo o
de parte de más agentes económicos.
Art. 32.- Para los efectos de esta ley se entenderá por control, la capacidad de un
agente económico de influenciar a otro a través del ejercicio de los derechos de propiedad o
el derecho de uso, de la totalidad o parte de los activos del agente económico o mediante los
acuerdos que confieren influencia sustancial en la composición, votación o decisiones de los
organismos directivos, administrativos o representantes legales del agente económico.
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Art. 33.- Las concentraciones que impliquen la combinación de activos totales que
excedan a cincuenta mil salarios mínimos anuales urbanos en la industria o que los ingresos
totales de las mismas excedan a sesenta mil salarios mínimos anuales urbanos en la industria
deberán solicitar autorización previamente a la Superintendencia.
Los agentes económicos interesados presentarán solicitud escrita ante la Superintendencia
señalando los nombres, denominaciones o razones sociales de las partes involucradas, la
naturaleza de la transacción que desean llevar a efecto, acompañando los estados financieros
de los agentes involucrados correspondientes al último ejercicio fiscal y los demás datos que
sean necesarios para conocer de la transacción.
Art. 34.- Para determinar si una concentración provocará una limitación significativa
de la competencia, la Superintendencia, deberá tomar en cuenta, además de los criterios
establecidos en los artículos 28 y 29 de esta Ley, los siguientes:
a) Eficiencia económica; y
b) Cualquier otro elemento relevante.
La Superintendencia no podrá denegar los casos de fusiones, consolidación, integración o
adquisición del control de empresas que le sean sometidos a su consideración, en los términos
establecidos en esta Ley, cuando los interesados demuestren que puede haber ganancias
significativas en eficiencia, de manera que resulte en ahorro de costos y beneficios directos al
consumidor que no puedan alcanzarse por otros medios y que se garantice que no resultará
en una reducción de la oferta en el mercado.
Art. 35.- Para emitir resolución sobre una concentración, la Superintendencia contará con
un plazo no mayor de noventa días calendario a partir del día siguiente al de la presentación
de la solicitud.
En caso que la Superintendencia de Competencia, requiera información adicional o que
considere que es insuficiente la presentada, deberá requerirla en el plazo de quince días
después de presentada la solicitud. En este caso el plazo establecido en el inciso anterior
comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la presentación de la información adicional
requerida.
A falta de resolución de la Superintendencia de Competencia, dentro del plazo establecido,
se entenderá que la fusión puede llevarse a cabo.
Art. 36.- Cuando se trate de concentraciones que son llevadas a cabo por agentes
económicos sujetos a la fiscalización de cualquiera otra entidad fiscalizadora: Superintendencia
del Sistema Financiero, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Valores,
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones; Autoridad de Aviación Civil,
Autoridad Marítima Portuaria, la Superintendencia, deberá emitir opinión sobre su procedencia
de conformidad a esta Ley. Esta opinión tendrá carácter vinculante para el ente fiscalizador.

TITULO IV
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INFRACCIONES, SANCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS
CAPITULO I
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Art. 37.- Para imponer sanciones, la Superintendencia tendrá en cuenta la gravedad de la
infracción, el daño causado, el efecto sobre terceros, la duración de la práctica anticompetitiva,
las dimensiones del mercado y la reincidencia.
Art. 38.- Las infracciones a la presente ley serán sancionadas con multa, cuyo monto
se determinará de conformidad a los criterios establecidos en el artículo anterior y que tendrá
un máximo de cinco mil salarios mínimos mensuales urbanos en la industria.
La Superintendencia podrá imponer multas de hasta diez salarios mínimos mensuales
urbanos en la industria por cada día de atraso, a las personas que deliberadamente o por
negligencia no suministren la colaboración requerida o que haciéndolo lo hagan de manera
incompleta o inexacta.
La Superintendencia podrá imponer una multa hasta por el monto que hubiera correspondido
de haberse comprobado la infracción, a aquellos denunciantes cuyas peticiones hubiesen sido
declaradas improcedentes por la Superintendencia y se hubiese comprobado que la intención
de las mismas hubiese sido limitar la competencia, el acceso de competidores al mercado o
promover la salida de él.
La Superintendencia dará aviso a las Instituciones del Estado, de las sanciones impuestas
por infracciones al Art. 25 letra c) para que éstas resuelvan de conformidad al Art. 148 de la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
Art. 39.- Durante los trámites de la investigación, el Superintendente podrá ordenar la
suspensión o terminación de la misma cuando el presunto infractor brinde garantías suficientes
de que suspenderá o modificará la presunta práctica anticompetitiva por la cual se le investiga.
En este caso no habrá imposición de sanciones. Lo anterior no será aplicable cuando el infractor
sea reincidente.
CAPITULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS
Art. 40.- El procedimiento ante el Superintendente se iniciará de oficio o por
denuncia.
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Art. 41.- El Superintendente podrá efectuar, con anterioridad a la iniciación del procedimiento
sancionatorio, actuaciones previas por parte de funcionarios de la Superintendencia, con
facultades para investigar, averiguar, inspeccionar en materia de prácticas anticompetitivas,
con el propósito de determinar con carácter preliminar la concurrencia de posibles violaciones
a la Ley.
En ningún caso el resultado de las actuaciones previas podrá constituir prueba dentro
del procedimiento.
Art. 42.- Cualquier persona, en el caso de las prácticas anticompetitivas a que se refiere la
ley, podrá denunciar por escrito ante el Superintendente al presunto responsable indicando
en qué consiste dicha práctica.
El denunciante deberá expresar en su denuncia los hechos que configuran las prácticas
anticompetitivas.
Art. 43.- La instrucción del procedimiento se ordenará mediante resolución motivada,
en la que se indique lo siguiente:
a) El funcionario que ordena la instrucción con expresión de lugar y fecha de
resolución;
b) Nombramiento del instructor del procedimiento que actuará por delegación y del
secretario de actuaciones que tendrá asimismo las atribuciones de notificador;
c) Exposición suscinta de los hechos que justifiquen la investigación, la clase de
infracción que se constituye y la sanción a que pudiere dar lugar; y
d) Indicación del derecho de vista de las actuaciones, de alegar e invocar las leyes y
demás motivaciones jurídicas que justifiquen lo actuado por el presunto infractor, a
aportar pruebas de descargo, a hacer uso de la audiencia y de las demás garantías
que conforman el debido proceso legal.
Art. 44.- El Superintendente, en el ejercicio de sus atribuciones, podrá requerir los
informes o documentación relevante para realizar sus investigaciones, así como citar a declarar
a quienes tengan relación con los casos de que se trata.
El Superintendente podrá realizar las investigaciones necesarias para la debida aplicación
de esta Ley. En el curso de las inspecciones podrá examinar, ordenar compulsas o realizar
extractos de los libros, documentos, incluso de carácter contable, y si procediere a retenerlos
por un plazo máximo de diez días. En sus inspecciones podrá ir acompañado de peritos en las
materias en que versen las investigaciones.
Art. 45.- La resolución que ordene la investigación se notificará al presunto infractor,
observando las formalidades que establece el Art. 220 inciso tercero del Código de Procedimientos
Civiles. En el acto de la notificación se le entregará al presunto infractor copia del acta que al
efecto se levante y de las actuaciones previas, si las hubiere. En el caso de denuncia, también
se le entregará así mismo copia de la denuncia.

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El presunto infractor dispondrá de un plazo de treinta días, a contar de la notificación a
que se refiere el inciso anterior para aportar las alegaciones, documentos e informaciones
que estimen convenientes y propondrá los medios probatorios de los que pretenda hacer valer
y señalará los hechos que pretenden probar.
Precluido el período de alegaciones se abrirá a pruebas el procedimiento por el plazo de
veinte días hábiles.
La prueba se evaluará conforme las reglas de la sana crítica.
Una vez integrado el expediente, el Superintendente deberá concluir sus investigaciones
y remitir el mismo al Consejo Directivo, el cual deberá emitir resolución dentro de un plazo
no mayor de doce meses contados a partir de iniciada la investigación o hecha la denuncia;
este plazo podrá ser ampliado por resolución motivada del Consejo, hasta por un plazo no
mayor a doce meses y por una sola vez, cuando las circunstancias lo ameriten.
Art. 46.- Todas las resoluciones que emita la Superintendencia en que se afecten derechos,
se establezcan sanciones o que dicten sobreseimientos o suspensiones de investigación,
deberán emitirse en forma razonada.
Así mismo, cuando la Superintendencia estime la ocurrencia de una nueva modalidad
de prácticas prohibidas que atenten contra la competencia, distintas de las enunciadas en
el Título III de las Prácticas Anticompetitivas de esta Ley, deberá motivar suficientemente la
respectiva resolución y de manera especial deberá consignar en la misma, según sea el caso,
el grado de incidencia o gravedad de la infracción, el daño causado, el efecto sobre terceros,
la duración de la práctica anticompetitiva, las dimensiones del mercado o la reincidencia.
Art. 47.- El Superintendente podrá declarar sin lugar aquellas denuncias notoriamente
improcedentes, cuando las situaciones que se invoquen no constituyan violaciones a la presente
ley.
Art. 48.- El acto que resuelve definitivamente el procedimiento admitirá recurso de
revisión, interpuesto en tiempo y forma, y en el mismo recurso podrán alegarse todas las
ilegalidades de trámite.
Dicho recurso deberá interponerse por escrito ante el Consejo Directivo de la Superintendencia
dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación.
Si transcurrido dicho plazo no se interpusiere recurso alguno, la resolución por medio del cual
se dictó el acto quedará firme.
El recurso será resuelto en el plazo máximo de diez días hábiles posteriores a la admisión
del mismo.
El recurso de revisión tendrá carácter optativo para efectos de la acción contencioso
administrativa.
En el escrito de interposición del recurso, el recurrente deberá señalar dentro del radio
urbano de San Salvador, lugar para recibir notificaciones y demás diligencias.
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Art. 49.- Si el recurso no fuere presentado en tiempo y forma, será declarado inadmisible
mediante resolución razonada, contra la que no habrá recurso.
TITULO V
CAPITULO ÚNICO
DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y VIGENCIA
Art. 50.- Todos los organismos gubernamentales y demás autoridades en general, así
como cualquier persona están en la obligación de dar el apoyo y colaboración necesaria a la
Superintendencia, proporcionando toda clase de información y documentación requerida en
la investigación por la violación a los preceptos de esta Ley.
Art. 51.- La Superintendencia deberá recopilar y publicar el texto de sus resoluciones
firmes a fin de crear un registro.
Art. 52.- Las acciones y derechos conferidos por esta Ley caducarán en cinco años.
Art. 53.- El Presidente de la República emitirá los Reglamentos necesarios dentro de
los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 54.- En lo no previsto en esta Ley, se sujetará a lo dispuesto por el derecho
común.
Art. 55.- Los procedimientos iniciados ante las distintas autoridades con facultades para
dilucidar asuntos relacionados con el objeto de esta Ley, antes de la entrada en vigencia de la
misma, se tramitarán de acuerdo con las normas sustantivas y procesales antes vigentes.
Art. 56.- Las disposiciones de esta Ley, por su especialidad, prevalecerán sobre
cualquiera otra que con carácter general o especial regule la misma materia. Para su derogatoria
o modificación se le deberá mencionar expresamente.
Art. 57.- Deróganse las siguientes disposiciones:
a) Los Artículos 489, 490 y el numeral III del Art. 491 del Código de Comercio;
b) El Artículo 232 del Código Penal;
c) Los Artículos 7 numeral 20); 10 numeral 15); 13 numeral 22); 194 inciso 2°;
212 y 248 de la Ley General Marítima Portuaria y cualquier disposición contenida
en la referida ley que contraríe la presente;

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d) Los Artículos 7 numerales 11) y 13); 11 numeral 8); 14 numeral 47); 21 inciso
primero; 22; 77; 89 inciso primero; 90 y 218 de la Ley Orgánica de Aviación Civil
y cualquier disposición contenida en la referida ley que contraríe la presente;
e) Los artículos 3 literales b), d) y g); 105- bis y 106 inciso 2° de la Ley General
de Electricidad, y cualquier disposición contenida en la referida ley que contraríe
la presente;
f) El Art. 111 de la Ley de Telecomunicaciones y cualquier disposición contenida en
la referida ley que contraríe la presente;
g) El Art. 8 de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos
de Petróleo y cualquier disposición contenida en la referida ley que contraríe la
presente.
Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se opongan
a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 58.- El presente Decreto entrará en vigencia el día uno de enero del 2006, previa
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiséis de noviembre del
dos mil cuatro.
D. O. N° 240, Tomo N° 365, Fecha: 23 de diciembre de 2004
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DECRETO No. 538
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad con el Artículo 65 de la Constitución, la salud de los habitantes
de la República constituye un bien público, correspondiendo al Estado velar por su
conservación y restablecimiento.
II. Que la salud de las personas es un elemento determinante y fundamental para alcanzar
el desarrollo económico y social del país.
III. Que es necesario acelerar el cumplimiento de las metas del milenio, especialmente las
relacionadas con la prestación de servicios de salud, en condiciones adecuadas de forma
que permitan continuar reduciendo la tasa de mortalidad infantil y ampliar la cobertura
para mujeres embarazadas.
IV. Que es necesario contar con medidas que contribuyan a prevenir el uso y consumo de
sustancias nocivas para los seres humanos, así como contar con recursos adecuados
para atender las enfermedades y emergencias médicas causadas por el consumo o uso
excesivo de productos nocivos y peligrosos para la salud de la población.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda y del Ministro de Salud Pública y Asistencia Social.
DECRETA la siguiente:
LEY ESPECIAL PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPITULO ÚNICO
ASPECTOS GENERALES
Objeto de la Ley
Art. 1. La presente Ley tiene como objeto establecer los mecanismos legales para el
financiamiento y gestión de programas especiales para la conservación de la salud pública
y asistencia social, con énfasis en atender lo relacionado con la extensión de la cobertura en

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servicios esenciales de salud en las áreas rural y urbana, así como la atención de urgencias y
emergencias médicas en todos sus aspectos.
TÍTULO II
DEL FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
CAPÍTULO I
CREACIÓN Y RESPONSABILIDADES
Creación del Fondo Solidario para la Salud
Art. 2. Créase el Fondo Solidario para la Salud que en adelante podrá denominarse
FOSALUD, como una entidad de derecho público, de carácter técnico, de utilidad pública, de
duración indefinida y con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía en el
ejercicio de sus funciones, tanto en lo financiero como en lo administrativo y presupuestario,
el cual estará adscrito al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Responsabilidad
Art. 3. El FOSALUD tendrá como responsabilidad administrar eficientemente los recursos
que le corresponden, dándole estricto cumplimiento a lo que la presente Ley señala en su
artículo 1; sin perjuicio de la responsabilidad de dar cuenta pública de sus acciones al menos
una vez al año.
CAPÍTULO II
OBJETIVOS
Objetivos Fundamentales
Art. 4. Los objetivos fundamentales del FOSALUD son:
a) Velar por su sostenibilidad financiera, así como por la eficiencia y eficacia
institucional;
b) Propiciar la creación de programas especiales para ampliar la cobertura en los
servicios de salud para la atención al usuario y de los habitantes en general; y en
particular de aquellas que aún no tienen acceso a los servicios básicos de salud,
buscando ampliar la cobertura a mujeres, niños y discapacitados;
c) Formular y ejecutar programas integrales que atiendan las necesidades básicas de
salud de la población más vulnerable del país; en coordinación con el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social, priorizando la atención en aquellas locaciones
geográficas estratégicas, en donde se encuentren asentamientos que se vieren
amenazados o pudieren ser objeto de catástrofes provenientes de la acción de la
naturaleza o de la acción del hombre;
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d) Fomentar campañas de educación de salud, a fin de prevenir enfermedades
derivadas del uso y consumo de substancias nocivas y peligrosas para la salud
de las personas; y,
e) Cualquier otra acción que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos
anteriormente señalados.
CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES
Estructura Orgánica
Art. 5. El FOSALUD tendrá como ente de administración y dirección a un Consejo
Directivo, el cual estará integrado, elegido y representado de acuerdo a lo que señala la
presente Ley.
Además contará con un Director Ejecutivo.
Integración del Consejo Directivo
Art. 6. El Consejo Directivo del FOSALUD estará integrado por:
a) El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, quien será el Presidente, y ejercerá
la representación legal del FOSALUD;
b) Un representante del Coordinador Nacional del Programa Social del Gobierno;
c) Un representante del Ministerio de Hacienda;
d) Un representante de la Cruz Roja Salvadoreña; y,
e) Un representante del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Los representantes que integren el Consejo Directivo del FOSALUD no podrán delegar sus
funciones.
Miembros Suplentes
Art. 7. Por cada miembro propietario del Consejo Directivo habrá un suplente que
sustituirá a éste en su ausencia con los mismos derechos y facultades.
Nombramiento del Consejo Directivo
Art. 8. El nombramiento de los representantes propietarios y suplentes del Consejo Directivo
se hará, según el caso, por el Coordinador Nacional del Programa Social del Gobierno, por el
titular de la Cartera del Ramo que representa, por el Director General del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social y por el Presidente de la Cruz Roja Salvadoreña, respectivamente.
El Director Ejecutivo será nombrado por el Consejo Directivo del FOSALUD.

Atribuciones del Consejo Directivo de FOSALUD
Art. 9. Son atribuciones del Consejo Directivo de FOSALUD:
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a) Establecer los programas especiales que se consideren necesarios y estratégicos,
para complementar los esfuerzos del Ministerio de Salud en materia de salud
preventiva y curativa así como en atención de emergencias, que lleven a ampliar
la cobertura de los servicios de salud a nivel nacional;
b) Velar por que ingresen oportunamente al FOSALUD los recursos que le corresponden
y ejercer las acciones conducentes para ello;
c) Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto para cada ejercicio financiero
fiscal correspondiente a los ingresos y egresos de la Institución, y remitirlo al
Ministerio de Hacienda para que sea presentado a la Asamblea Legislativa para
su aprobación;
d) Administrar los recursos que le sean asignados;
e) Elaborar la memoria de labores del año anterior y presentarla a la Asamblea
Legislativa por medio del Ministro de Salud Pública y Asistencia Social para su
aprobación;
f) Garantizar que las auditorías se practiquen oportunamente y correspondan a los
períodos indicados;
g) Ejecutar las políticas, programas y lineamientos del FOSALUD en concordancia
con las políticas que al respecto emanen del ente rector;
h) Establecer sistemas de información gerencial que permitan un monitoreo objetivo
y transparente de los proyectos, recursos y gestión del FOSALUD;
i) Diseñar y operar un sistema de información, servicio y relaciones con los usuarios,
que permita a éstos conocer las actividades y programas desarrollados con los
recursos del FOSALUD;
j) Adquirir y contratar los recursos, bienes y servicios que para el logro de sus
programas de trabajo sean necesarios; y,
k) Establecer convenios de cooperación para el cumplimiento de sus objetivos.
Comunicaciones y Capacitación
Art. 10. El FOSALUD incluirá en su presupuesto de cada año la partida correspondiente
para financiar programas de divulgación, capacitación, promoción, educación y comunicación,
en todos los aspectos propios de su competencia.
CAPÍTULO IV
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO
Patrimonio
Art. 11. El patrimonio del FOSALUD estará constituido por:
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a) Un aporte inicial proveniente del Presupuesto General del Estado en concepto
de capital fundacional, el cual podrá ascender hasta un millón de dólares de los
Estados Unidos de América ($1,000,000.00);
b) Las transferencias de recursos que anualmente se deberán consignar en el
Presupuesto General del Estado;
c) Aportes extraordinarios que por cualquier concepto le otorgue el Estado;
d) Herencias, legados y donaciones nacionales o extranjeras destinadas a la
consecución de los objetivos del FOSALUD;
e) Los bienes muebles, inmuebles y valores adquiridos a cualquier título al inicio de
sus funciones o durante su operación; y,
f) Donaciones de Organismos Internacionales.
Los recursos destinados a financiar los gastos a que se refiere el artículo 10 de esta Ley
y gastos administrativos del FOSALUD, no podrá superar el 5% del total de los ingresos
corrientes que dicho fondo perciba en cada ejercicio fiscal.
CAPÍTULO V
RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A FOSALUD
Fuente de financiamiento
Art. 12. La fuente de financiamiento para el FOSALUD tendrá su origen en aquellos
recursos que el Ministerio de Hacienda deberá incorporar en las correspondientes leyes de
presupuesto que sean aprobadas en cada ejercicio fiscal.
El monto de los recursos con que deberá financiarse FOSALUD incluirá el total del incremento
anual de los ingresos que por concepto de recaudación se perciban en lo que se refiere a
producción y comercialización de alcohol y de bebidas alcohólicas; productos del tabaco; armas
de fuego, municiones, explosivos y artículos similares.
Para la determinación del incremento en la recaudación de los impuestos a los que se
refieren los bienes indicados en el inciso anterior, se tomará como referencia los ingresos
percibidos en el ejercicio fiscal inmediato anterior, a partir del ejercicio dos mil cuatro.
Para los subsiguientes ejercicios fiscales, la asignación presupuestaria para financiar el
FOSALUD no podrá ser inferior a la que el Ministerio de Hacienda haya previsto para el ejercicio
fiscal 2005.
CAPÍTULO VI
FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
Fiscalización
Art. 13. El FOSALUD estará sujeto a la fiscalización de la Corte de Cuentas de la
República.

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Auditorías
Art. 14. El FOSALUD contará con los controles financieros que sean necesarios para
garantizar el adecuado uso de los recursos que constituyen su patrimonio, para cuyo efecto
contará con una Auditoría Interna, la cual será nombrada por el Consejo Directivo, pudiendo
asistir al Director Ejecutivo cuando el Consejo así lo determine.
El FOSALUD estará sujeto a una auditoría externa anual de sus estados financieros,
desempeñada por una firma especializada, contratada de acuerdo a los procedimientos de ley;
así como a una auditoría integral cada dos años, en la cual estarán inhibidas de participación las
firmas que hayan realizado auditorías anuales. Los informes de todas las auditorías externas e
integrales se publicarán al menos en dos medios de circulación nacional y estarán a disposición
de quien lo solicite.
CAPÍTULO VII
PROHIBICIONES
Prohibición de Transferencias o Contrataciones
Art. 15. El FOSALUD no podrá transferir a ninguna entidad, ni bajo ningún título, recursos
financieros que por esta ley forman parte de su patrimonio.
Carácter Especial de la Ley
Art. 16. La presente Ley es de carácter especial y prevalecerá sobre cualquier disposición
que la contraríe.
Reglamento
Art. 17. El Presidente de la República, deberá emitir el Reglamento de la presente Ley
dentro del plazo de 120 días contados a partir de su vigencia.
Vigencia de la Ley
Art. 18. La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 236, Tomo N° 365, Fecha: 17 de diciembre de 2004
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DECRETO No. 539
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 3122 de fecha 29 de agosto de 1960, publicado en el
Diario Oficial No. 169, Tomo No.188 del 13 de septiembre del mismo año, se emitió la
Ley de Impuesto de Cigarrillos.
II. Que la Constitución de la República de El Salvador, en su artículo 1, establece para el
Estado la obligación de asegurar a los habitantes de la República el goce de la salud.
III. Que los impuestos que gravan los productos del tabaco tienen como propósito fundamental
desalentar el consumo de los mismos por el daño que producen a la salud.
IV. Que es imperativo obtener recursos adicionales para sufragar los gastos de atención de
la salud de la población por el consumo de ese tipo de productos, por lo que, se hace
necesario establecer además de un impuesto ad-valorem un impuesto específico para
tales productos, a fin de lograr los fondos necesarios para sufragar los costos sociales
de salud.
V. Que de conformidad a lo antes expresado, es necesario emitir una nueva ley, a efecto
de garantizar la recaudación de ingresos adicionales que puedan ser destinados para la
ejecución de proyectos de salud.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda,
DECRETA la siguiente:
LEY DE IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DEL TABACO
Objeto
Art.1. Los cigarros, cigarrillos, cigarritos y cualquier otro producto elaborado de tabaco,
en lo sucesivo denominados en la presente ley productos del tabaco, de fabricación nacional o
importados, estarán gravados con los impuestos que establece la presente ley. Dichos impuestos
se causarán una sola vez y se pagarán en la forma y cuantía determinados en esta Ley.
También estarán gravados con los impuestos que establece esta Ley los productos que
contengan mezclas de tabaco y sucedáneos del mismo, sin tener en cuenta las proporciones
presentes en la mezcla, excepto aquellos cuya introducción al país no sea permitida.
Dentro de los productos denominados cigarros se encuentran comprendidos entre otros los
que genéricamente se conocen como puros.

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Sujetos Pasivos
Art. 2. Son sujetos pasivos del pago de los impuestos establecidos en esta Ley,
los fabricantes y los importadores de los productos del tabaco a que se refiere el artículo
anterior.
Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, no se consideran sujetos pasivos, quienes
fabriquen o elaboren artesanalmente tales productos en el país y que no lleguen a los límites
establecidos en el artículo 28 de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a
la Prestación de Servicios.
Hechos Generadores
Art. 3. Constituyen hechos generadores del impuesto específico e impuesto ad-valorem,
la producción e importación de los productos del tabaco a que se refiere el artículo 1 de esta
Ley, así como el retiro o desafectación del inventario de los mismos, destinados para uso o
consumo personal del productor o de terceros.
También se consideran retirados o desafectados, todos los productos que faltaren en los
inventarios y cuya salida de la empresa no se debiere a caso fortuito o fuerza mayor.
Base Imponible y Alícuota
Art. 4. Se establecen los impuestos específico y ad-valorem sobre la producción e
importación de los productos del tabaco, de la manera siguiente:
A) Impuesto específico
Se establece un impuesto específico de medio centavo de dólar de los Estados Unidos
de América ($0.005) por cada cigarro, cigarrillo, cigarrito o cualquier otro producto elaborado
del tabaco.
Las muestras a las que no se les asigne valor económico también estarán gravadas con
el impuesto específico a que refiere esta Ley.
B) Impuesto Ad-valorem
El impuesto ad-valorem se calculará aplicando una tasa de 39% sobre el precio sugerido de
venta al consumidor declarado, excluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles
y a la Prestación de Servicios.
El precio sugerido de venta al consumidor, deberá incluir todas las cantidades o valores
que integran la contraprestación y se carguen o se cobren adicionalmente en la operación,
además de los costos y gastos de toda clase imputables al producto, aunque se facturen o
contabilicen separadamente, incluyendo: embalajes, fletes, y los márgenes de utilidad de los
agentes económicos hasta que llegue el producto al consumidor final.
Además de lo anterior, para los productos importados el precio de venta al consumidor
deberá incluir el precio CIF real o estimado por la Dirección General de la Renta de Aduanas;
los impuestos, gravámenes, tasas, derechos o recargos y accesorios que sean liquidados en
la póliza de importación, formulario aduanero o documento análogo. No podrá efectuarse
importación de los productos del tabaco a que se refiere esta Ley, si no se hubiere presentado
y aprobado la declaración de la lista de precios correspondiente.
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Las muestras a las que no se les asigne valor económico también estarán gravadas con el
impuesto ad-valorem, constituyendo la base imponible el precio de venta sugerido al consumidor
que los mismos productos tienen cuando se comercializan.
Momento en que se causa el impuesto
Art. 5. La fabricación de los productos del tabaco, como hecho generador se entiende
ocurrido y causado el impuesto, al momento de la salida de la fábrica, de las bodegas, centros
de almacenamiento o de acopio, o de cualquier otro establecimiento de los referidos productos,
en el que el productor los almacene.
La importación de los productos aludidos en el inciso anterior se entenderá ocurrida y causado
el impuesto al momento que tenga lugar su importación. Los productos importados deberán
llevar en cada cajetilla, recipiente, envoltorio u otro tipo de empaque la leyenda siguiente:
“Importación a El Salvador” y el nombre del importador; de no llevarlos no se permitirá la
importación del producto. Los productos del tabaco que circulen, se almacenen o comercialicen
en el mercado local que no cumplan con esos requisitos serán objeto de decomiso por parte
de la Dirección General de la Renta de Aduanas en conjunto con la Policía Nacional Civil y de
destrucción por parte de la autoridad judicial correspondiente, siguiendo el trámite que las
leyes aduaneras o penales establezcan sobre el particular. La misma medida se aplicará para
los productos que teniendo las leyendas en mención, no hayan sido importados por el sujeto
a quien acreditan como importador y éste no se encuentre registrado como tal en la Dirección
General de Impuestos Internos.
En el caso del retiro o desafectación de tales bienes, se entiende causado el impuesto
en la fecha de su retiro o desafectación. De no poder determinarse la fecha de su retiro o
desafectación, la Dirección General de Impuestos Internos estará facultada para aplicar lo
dispuesto en el artículo 193 del Código Tributario en cuanto a la determinación del faltante o
sobrante de inventarios y el artículo 16 de esta Ley.
Obligación de Registrarse
Art. 6. Los productores de tabaco, los fabricantes de productos del tabaco, así como los
importadores de los productos referidos, se encuentran obligados a registrarse como tales ante
la Dirección General de Impuestos Internos en el Registro Especial de Productores, Fabricantes
e Importadores de Tabaco y Productos del Tabaco que al efecto llevará la Dirección General
de Impuestos Internos.
La obligación de registrarse deberán cumplirla los sujetos a que se refiere este artículo,
dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes al inicio de sus operaciones. Aquellos sujetos
que ya se encontraren operando, deberán registrarse dentro del plazo de 10 días hábiles
siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley.
Para ese efecto, se adoptará como número de registro el que corresponda al Número de
Registro de Contribuyente (NRC), al que se agregará un distintivo que permita identificar la
calidad que ostenta el sujeto pasivo.
Cuando por cualquier circunstancia, un sujeto inscrito en el Registro Especial a que se
refiere este artículo, cese operaciones o actividades, deberá informar mediante formulario a

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la Dirección General de Impuestos Internos, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
fecha en que cese operaciones o actividades, a fin de que se cancele dicho registro.
Período Tributario. Obligación de Presentar Declaración. Contenido.
Modificación
Art. 7. Para efectos de esta Ley, el período tributario será de un mes calendario, en
consecuencia, los fabricantes sujetos al pago de los impuestos a que se refiere esta Ley,
deberán presentar mensualmente una declaración jurada que contenga la información de
las operaciones gravadas y exentas realizadas en cada periodo tributario, en la cual dejarán
constancia de las operaciones realizadas, consignando en los formularios que la Dirección
General de Impuestos Internos proporcione para tal efecto los datos e información que tales
formularios requieran.
Dicha declaración también puede ser presentada por medios magnéticos o electrónicos
cumpliendo las especificaciones técnicas que la Dirección General de Impuestos Internos
disponga.
La obligación de presentar la declaración a que hace referencia este artículo subsiste,
aunque no se hayan realizado operaciones durante el periodo tributario.
Las declaraciones modificatorias se regirán por lo dispuesto en el Código Tributario.
Asimismo, los productores en referencia deberán adjuntar a la declaración jurada mensual
un informe en formulario físico, o a través de medios magnéticos o electrónicos según lo
disponga la Dirección General de Impuestos Internos, que contenga los datos siguientes:
a) La marca o denominación del producto;
b) Precio de venta al consumidor final sugerido sin IVA;
c) Inventario inicial;
d) Producción del mes;
e) Disponibilidad;
f) Exportaciones;
g) Ventas internas;
h) Retiros o desafectaciones;
i) Devoluciones sobre ventas;
j) Inventario final;
k) Unidades sujetas al pago de impuestos;
l) Base imponible del impuesto específico;
m) Impuesto específico;
n) Base imponible del impuesto ad-valorem;
o) Impuesto ad-valorem;
p) Impuesto a pagar.
Para los productos importados, los impuestos establecidos en la presente Ley se liquidarán
en la declaración de mercancías, formulario aduanero o documento análogo, en el momento
de su importación. Los importadores deberán llevar un registro que contenga la información
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relativa a los literales a), b), k), l),m), n), o) antes mencionados y el impuesto pagado,
debiendo ponerlos a disposición de la Dirección General de Impuestos Internos cuando ésta
lo requiera.
Lugar, Plazo y Requisitos de la Declaración y Pago
Art. 8. La declaración jurada incluirá el pago de los impuestos y deberá ser presentada
en la Dirección General de Impuestos Internos, en la Dirección General de Tesorería o en
los Bancos y otras instituciones financieras autorizadas por el Ministerio de Hacienda, en los
primeros diez días hábiles del mes siguiente al periodo tributario correspondiente.
Los impuestos sobre las importaciones deberán ser liquidados ante la Dirección General
de la Renta de Aduanas en el mismo acto en que se determinen los derechos aduaneros y
el pago deberá ser realizado en las Colecturías de la Dirección General de Tesorería, en los
Bancos o en cualquier otra institución financiera autorizada por el Ministerio de Hacienda.
El pago de los impuestos contenidos en esta ley no constituye para los sujetos obligados
a su pago renta gravable, ni costo o gasto deducible para efectos del Impuesto sobre la
Renta.
Declaración Jurada de la Lista de Precios
Art. 9. Los fabricantes de los bienes gravados a que se refiere esta Ley, deberán
presentar a la Dirección General de Impuestos Internos en el mes de enero de cada año, una
lista de precios sugeridos de venta al consumidor final vigentes a la fecha de presentación de
dicha lista, mediante formularios, o a través de medios magnéticos o electrónicos y con los
requisitos e información que la referida Dirección General disponga.
Los importadores de los productos del tabaco deberán presentar a la Dirección General
de la Renta de Aduanas una lista de precios sugeridos de venta al consumidor final por cada
importación, que incluya las marcas de tales productos.
En todos los casos, las listas de precios tendrán carácter de declaración jurada y serán
aplicables para los impuestos, específico y ad-valorem.
Las listas de precios deberán modificarse cuando se produzca o importe una nueva marca
o cuando exista modificación en el precio sugerido de venta al consumidor final informado
previamente a la Dirección General de Impuestos Internos. Dicha modificación deberá ser
informada ocho días hábiles antes de la entrada en vigencia de los precios.
Para los bienes a que se refiere esta ley, producidos en el país, el precio de venta sugerido
al consumidor deberá hacerse constar en forma impresa en las cajetillas, recipientes, envoltorios
u otro tipo de empaques que los contengan. En el caso de los productos del tabaco importados
el precio de venta deberá ser colocado mediante etiqueta en cada cajetilla, recipiente, envoltorio
u otro tipo de empaque que los contengan.
Exención
Art. 10. La fabricación nacional de los bienes objeto del gravamen que establece la
presente ley que sean exportados, estará exenta de los impuestos establecidos en esta ley.

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Obligación en Materia de Registros y Documentos
Art. 11. Estarán obligados a llevar registro especial de control de inventarios de manera
permanente, independientemente del sistema de control de inventarios que hayan adoptado,
las personas siguientes:
a) Los productores e importadores de tabaco; y
b) Los productores e importadores de los bienes gravados por la presente Ley.
El registro de control de inventarios a que se refiere este artículo deberá cumplir en todo
caso con las especificaciones mínimas que a continuación se enuncian:
Para quienes se encuentran comprendidos en el literal a) de este artículo:
1) Fecha de la operación.
2) Descripción de las operaciones, detallando si la operación consiste en producción,
importación, exportación, compra, consumo, venta, retiro o desafectación.
3) Número del documento que respalda las entradas y salidas del tabaco.
4) Nombre del proveedor del tabaco, en el caso de la importación.
5) Saldo de tabaco al inicio del período.
6) Cantidades de tabaco comprado, producido, exportado o importado.
7) Producción exportada.
8) Identificación de los documentos legales que amparen las exportaciones y el lote
al que corresponden.
9) Cantidades de tabaco utilizadas, vendidas o retiradas.
10) Saldo al final del período de cantidad de tabaco.
Para quienes se encuentran comprendidos en el literal b) de este artículo:
1) Los mismos requisitos de los numerales 1, 2 y 3 del inciso anterior, respecto de
los productos del tabaco a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, así como
las devoluciones de los productos gravados por esta Ley.
2) Identificación del lote de producción, en el caso de productores.
3) Nombre del proveedor, en caso de productos importados.
4) Saldo al inicio del período, de unidades producidas o importadas.
5) Unidades producidas o importadas.
6) Producción exportada.
7) Identificación de los documentos legales que amparen la exportación y del lote
de producción al que corresponden.
8) Unidades vendidas de los bienes producidos o importados, retiradas o desafectadas
de los inventarios por cualquier causa.
9) Saldo de unidades al final del período, producidas o importadas.
10) El impuesto específico y el impuesto ad-valorem que corresponde a cada
operación.
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El registro especial a que se refiere este artículo deberá llevarse como parte del registro
especial de control de inventarios que estipula el artículo 142 del Código Tributario.
Dicho registro deberá reflejar en cualquier momento la existencia actualizada del
inventario.
Obligación de Informar Ventas a Productores, Distribuidores y
Detallistas
Art. 12. Los productores e importadores de tabaco o de los productos a que se refiere
el artículo 1 de esta ley, que transfieran tales bienes a productores, distribuidores o detallistas,
deberán informar a la Dirección General de Impuestos Internos por medio de los formularios
que ésta proporcione, dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente a aquel en
el que las realizaron, los datos que a continuación se mencionan:
1) Nombre, denominación o razón social y NIT de los productores, detallistas o
distribuidores;
2) Unidades o Cantidades Vendidas, según se trate de venta de los productos a que
se refiere el artículo 1 de esta Ley o de tabaco, respectivamente; y,
3) Monto de las operaciones.
Utilización de Documentos de Control
Art. 13. Los productores de tabaco y de los bienes gravados por esta Ley, deberán
utilizar documentos internos consistentes en hojas de costos de producción y comprobantes de
requisición para el control de las unidades, de sus costos de producción y del tabaco utilizado
como materia prima.
Las hojas de costos y comprobantes de requisición en mención, deberán ser numeradas
correlativamente, consignar la identificación del lote de producción con el cual se relacionan
y guardar correspondencia con las anotaciones efectuadas en la contabilidad.
Determinación de Base Imponible por Presentación Extemporánea de Lista
de Precios
Art. 14. Cuando el contribuyente no presente dentro del plazo legal la modificación de la
lista de precios a la Dirección General de Impuestos Internos y dichos precios sean informados
posteriormente pero antes de dar inicio al proceso de fiscalización y sean superiores a los que
ha venido utilizando, la referida Dirección General podrá utilizarlos como base imponible para
establecer los impuestos, ad-valorem y específico.
Determinación de la Base Imponible del Impuesto Ad-valorem por Falta de
Información de Lista de Precios
Art.15. Se faculta a la Dirección General de Impuestos Internos para determinar la base
imponible del impuesto ad-valorem cuando no fuera presentada la lista de precios sugeridos
al consumidor, tomando de referencia los precios de mercado al consumidor final vigentes
durante el período en el que se realizaron las operaciones.

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Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se tendrá por no presentada una lista
de precios, cuando no lo estuviere al momento de dar inicio un proceso de fiscalización.
El precio de mercado a que se refiere el inciso primero de este artículo se determinará
promediando los precios que le tengan asignados cualesquiera dos establecimientos comerciales
que vendan esos productos al consumidor final, en los mismos períodos tributarios.
Presunción Fundada en Diferencias de Inventarios
Art. 16. Las diferencias de inventarios que se determinen de conformidad a lo establecido
en el Artículo 193 del Código Tributario, se presumirán, salvo prueba en contrario, que
constituyen:
a) En el caso de faltantes, unidades producidas que han salido de las fábricas, bodegas,
centros de almacenamiento o acopio de los contribuyentes productores, que han
sido omitidas de registrar y declarar. Para imputar las unidades no declaradas se
realizará el siguiente procedimiento:
1) Se dividirán las unidades no declaradas entre las unidades producidas
declaradas, registradas o documentadas en el ejercicio o período de imposición,
por tipo de producto, obteniendo como resultado un factor por tipo de producto
para imputar las unidades no declaradas.
2) El factor por tipo de producto se aplicará a las unidades producidas que han
salido de las fábricas, bodegas, centros de almacenamiento o acopio declaradas,
registradas o documentadas por período tributario mensual, imputándose de
esta manera las unidades no declaradas a los períodos tributarios mensuales
respectivos.
b) En el caso de sobrantes, unidades producidas o importadas que han sido omitidas
de registrar por el contribuyente productor o importador, en el período o ejercicio
de imposición o períodos tributarios mensuales incluidos en el ejercicio comercial
en que se determinó el sobrante y que reflejan la existencia de un negocio oculto.
Para determinar e imputar las unidades producidas no declaradas que han salido
de las fábricas, bodegas, centros de almacenamiento o acopio, así como de las
unidades importadas no declaradas, se realizará el siguiente procedimiento:
1) Las unidades no declaradas por tipo de producto, se determinarán aplicando a
las unidades sobrantes el índice de rotación de inventarios por tipo de producto.
El índice en referencia se calculará dividiendo las unidades producidas que
han salido de las fábricas, bodegas, centros de almacenamiento o acopio,
declaradas, registradas o documentadas entre el promedio de las unidades
del inventario inicial y final por tipo de producto en el ejercicio comercial o
en el período tributario mensual en que se aplicó el procedimiento. En el caso
de las importaciones el índice se calculará de igual manera dividiendo las
unidades importadas entre el promedio de las unidades del inventario inicial
y final.
2) Las unidades no declaradas se imputarán a los períodos tributarios incluidos
en el ejercicio comercial en que se aplicó el procedimiento, en caso que no
fuera posible establecer a que período imputar o atribuir las unidades por
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abarcar el procedimiento un año calendario, éstas se imputarán con base a
un factor que se obtendrá de dividir las unidades no declaradas entre las
unidades producidas declaradas, registradas o documentadas en el período o
ejercicio de imposición, por tipo de producto. En el caso de las importaciones
el factor se obtendrá de idéntica forma, dividiendo las unidades no declaradas
entre las unidades importadas en el período o ejercicio comercial, por tipo de
producto.
3) El factor por tipo de producto se aplicará a las unidades producidas que
han salido de las fábricas, bodegas, centros de almacenamiento o acopio
declaradas, registradas o documentadas o a las unidades importadas por
período tributario mensual, imputándose de esta manera las unidades no
declaradas a los períodos tributarios mensuales respectivos. Para el caso del
sujeto pasivo importador las unidades no declaradas imputadas se considerarán
importadas en los primeros cinco días del período tributario mensual al que
se imputan.
A las unidades no declaradas determinadas conforme al procedimiento establecido en este
artículo, se calculará la base imponible para el impuesto específico y ad-valorem y se aplicará
la alícuota correspondiente, de conformidad a lo establecido en esta Ley.
La Dirección General de la Renta de Aduanas podrá aplicar el procedimiento establecido
en este artículo y utilizará para efectos de determinar los impuestos a que se refiere esta Ley,
la última lista de precios informada en cada período tributario a que se le atribuye el faltante
o sobrante y en su defecto podrá utilizar las presunciones establecidas en esta Ley.
Cuando se trate de impuestos que corresponda liquidarlos a la Dirección General de la
Renta de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos remitirá a la primera Dirección
General citada la información y documentación pertinente, para que ésta en el ejercicio de
sus facultades realice la liquidación de impuestos a que haya lugar.
Incumplimiento a la Obligación de Presentar la Declaración Jurada de Lista
de Precios
Art. 17. Constituyen incumplimientos a la obligación de declarar la lista de precios
sugeridos de venta a consumidor final:
a) No presentar o presentar fuera de plazo la declaración jurada de lista de precios
sugeridos de venta a consumidor final. Sanción: Multa equivalente al cero punto
cinco por ciento sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance
general menos el superávit por revalúo de activo no realizado, la que no podrá
ser inferior a cuatro salarios mínimos mensuales.
b) No presentar o presentar fuera de plazo legal la modificación a la declaración
jurada de lista de precios sugeridos de venta a consumidor final. Sanción: Multa
equivalente al cero punto cinco por ciento sobre el patrimonio o capital contable
que figure en el balance general menos el superávit por revalúo de activo no
realizado, la que no podrá ser inferior a dos salarios mínimos mensuales.
El balance general del que se tomará el patrimonio o capital contable, a que aluden los
literales a) y b) anteriores, corresponderá al del cierre del año calendario inmediato anterior,

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al del año en que debió presentarse la declaración jurada de lista de precios sugeridos de
venta a consumidor final.
El patrimonio o capital contable, se tomará del balance general que obtenga, disponga,
establezca o determine por cualquier medio la Dirección General de Impuestos Internos con
base a las facultades que le otorga el Código Tributario. Cuando no exista balance general
o no sea posible establecer el patrimonio o capital contable, se aplicará la sanción de nueve
salarios mínimos.
Incumplimiento a la Obligación en Materia de Registros
Art. 18. Constituyen incumplimientos a la obligación en materia de registros:
a) Omitir llevar registro especial de control de inventarios de tabaco o registro
especial de control de inventarios de los productos del tabaco a que se refiere el
artículo 1 de esta ley: El incumplimiento anterior será sancionado de acuerdo al
Artículo 243 literal a) del Código Tributario.
b) No llevar registro especial de control de inventarios de tabaco o registro especial
de control de inventarios de los productos del tabaco en la forma prescrita en
esta Ley y artículo 142 del Código Tributario. El incumplimiento anterior será
sancionado de acuerdo al Artículo 243 literal b) del Código Tributario.
Lo dispuesto en los incisos penúltimo y últimos del artículo anterior también será aplicable
al presente artículo.
Incumplimiento a la Obligación de Utilizar Documentos de Control
Art. 19. Constituyen incumplimientos a la obligación de utilizar documentos de
control:
a) No utilizar documentos internos de hojas de costos de producción y comprobantes
de requisición para el control de las unidades y sus costos de producción. Sanción:
Multa equivalente a diez salarios mínimos por período tributario mensual en que
no se ha utilizado hojas de costos o comprobantes de requisición.
b) Utilizar documentos internos de hojas de costos de producción y comprobantes
de requisición para el control de las unidades y sus costos de producción, sin
cumplir los requisitos prescritos en esta Ley. Sanción: Multa equivalente a un
medio de salario mínimo mensual por hoja de costos o de un cuarto de salario
mínimo mensual por periodo tributario, cuando dichas hojas no cumplan los
requisitos de numeración correlativa, de identificación de lote de producción o que
no guarde correspondencia con las anotaciones en contabilidad del contribuyente
productor.
Incumplimiento a la Obligación de Informar
Art. 20. Constituyen infracciones a la obligación de informar:
No informar, informar fuera del plazo legal, informar conteniendo información incorrecta o
inexistente o presentar por un medio distinto, el informe que contiene los datos prescritos en
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el Artículo 7 inciso quinto de la presente Ley. Sanción: Multa equivalente del cero punto uno
por ciento sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance general menos el
superávit por revalúo de activos no realizado, la que no podrá ser inferior a un salario mínimo
mensual.
Lo dispuesto en los incisos penúltimo y último del artículo 17 de esta Ley será aplicable
a lo dispuesto en este artículo.
Aplicación del Código Tributario
Art. 21. El Código Tributario será aplicable en todo lo que no estuviere previsto en la
presente Ley.
Cuando se mencione en el contexto de esta Ley a salarios mínimos, se entenderá que se
refieren a los del comercio.
Derogatoria
Art. 22. Derógase la Ley de Impuesto de Cigarrillos emitida por Decreto Legislativo
número 3122 de fecha 29 de agosto de 1960, publicada en el Diario Oficial número 169, Tomo
188, del 13 de septiembre de 1960.
Vigencia
Art. 23. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 239, Tomo N° 365, Fecha: 22 de diciembre de 2004

DECRETO No. 540
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
L e y e s
I. Que la Ley de Derechos Fiscales para el Otorgamiento de Licencias y Permisos para el
Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, fue emitida por
Decreto Legislativo No. 19, de fecha 9 de junio de 1994, publicado en el Diario Oficial
No. 127, Tomo No. 324 del 8 de julio del mismo año.
II. Que ante las modificaciones en la normativa en materia de regulación y control de
armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares, es necesario sustituir
dicha ley, con la finalidad de armonizarla, en su condición complementaria en materia
tributaria, con la Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos
y Artículos Similares, emitida por Decreto Legislativo No. 655, de fecha 1 de julio de
1999, publicado en el Diario Oficial No. 139, Tomo No. 344 del 26 del mismo mes y año,
readecuando los derechos fiscales a cobrar por la tramitación, expedición y registro de
las licencias, matrículas y permisos especiales; asimismo, estableciendo un impuesto
ad-valorem sobre la importación y producción de armas de fuego, partes y accesorios
de éstas, municiones e insumos para recargarlas, y productos pirotécnicos.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio de los Ministros de Hacienda y de la Defensa Nacional,
DECRETA la siguiente:
LEY DE GRAVÁMENES RELACIONADOS CON EL CONTROL Y REGULACIÓN DE
ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ARTÍCULOS SIMILARES
TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO I
Objeto de la Ley
Art.1. La presente Ley tiene por objeto regular el establecimiento y aplicación de los
derechos fiscales e impuestos relacionados con el uso, fabricación, importación, exportación y
comercialización de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares; su almacenaje,
transporte, transferencia de propiedad, portación o tenencia; la reparación y modificación de
armas de fuego; la recarga de municiones; y el funcionamiento de polígonos de tiro.
Asimismo, regula el impuesto a las armas de fuego, partes y accesorios de éstas,
municiones e insumos para recargarlas, productos pirotécnicos y materia prima para elaborar
estos productos.
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CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS FISCALES
Hechos Generadores
Art.2. Constituyen Hechos Generadores de los derechos fiscales establecidos en la
presente ley, la tramitación, expedición y registro de licencias, matrículas, permisos especiales
y traspasos.
Sujetos Pasivos
Art. 3.Son sujetos pasivos de los derechos fiscales establecidos por esta Ley:
a) Las personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras legítimas de las
armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares.
b) Las personas naturales o jurídicas, autorizadas por el Ministerio de la Defensa
Nacional para realizar las actividades de fabricación, importación, exportación y
comercialización de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares;
su almacenaje, transporte, portación o tenencia; la reparación y modificación de
armas de fuego; la recarga de municiones; y el funcionamiento de polígonos de
tiro.
c) Igual calidad ostentarán las Instituciones, Organismos y Empresas estatales,
municipales y las Instituciones Públicas, Descentralizadas o Autónomas, que
realicen o se dediquen a las actividades antes indicadas.
Sujetos Excluidos del Pago
Art. 4. Quedan excluidos como sujetos al pago de los derechos fiscales establecidos en
la presente Ley:
a) La Fuerza Armada;
b) La Policía Nacional Civil;
c) La Academia Nacional de Seguridad Pública;
d) El Cuerpo Diplomático y Consular Extranjero, acreditado en el país, y los Organismos
e Instituciones que por Convenios o Tratados Internacionales, ratificados por El
Salvador, disfruten de tales beneficios; únicamente en cuanto a la tenencia o
portación de armas de fuego y municiones;
e) Los cuerpos de agentes municipales;
f) Federación Salvadoreña de Tiro;
g) Dirección de Centros Penales; y,
h) Sección de traslado de reos de la Corte Suprema de Justicia.

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Competencia
Art. 5. Las licencias, matrículas y permisos especiales, relacionados con las actividades
a que hace referencia el Art. 1 de esta ley, serán extendidos por las Oficinas de Registro,
Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares de la
Dirección de Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, previa comprobación del pago de
los derechos fiscales correspondientes.
Dichas Oficinas tendrán competencia en todas aquellas actividades relacionadas con la
expedición de Licencias, Matrículas y Permisos Especiales.
Su numeración constituye el asiento en el Registro que para efectos de control deberá
llevar dicho Ministerio.
De las Licencias
Art. 6. Habrá cuatro clases de Licencias y los derechos fiscales a pagar serán las
siguientes:
a) Licencia para el uso de armas de fuego
Derechos fiscales
$ 11.43
b) Licencia para la reparación de armas de fuego $ 11.43
c) Licencia para recargar munición $ 11.43
d) Licencia para manejo de explosivos con fines industriales o de
obra civil
$ 22.86
Las citadas Licencias se renovarán cada tres años, de conformidad a los artículos 3 y
23 de la Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos
Similares.
De las Matrículas
Art. 7. Habrá tres tipos de matrículas para armas de fuego con sus correspondientes
derechos fiscales como sigue:
A) Matrícula para tenencia y conducción
Derechos fiscales
A.1) Fusiles, carabinas y escopetas $ 40.00
A.2) Revólveres y pistolas $ 20.00
B) Matrícula para portación
B.1) Fusiles, carabinas y escopetas $ 40.00
B.2) Revólveres y pistolas $ 20.00
C) Matrícula para colección $ 11.43
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Las referidas matrículas se renovarán, para tenencia y conducción cada cinco años, para
portación cada tres años, a excepción de la matrícula para colección que será obtenida por
una vez y no tendrá vencimiento, de conformidad a la Ley de Control y Regulación de Armas
de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares.
De los Traspasos
Art. 8. Los traspasos de dominio a cualquier título de las armas de fuego serán objeto
de pago de un derecho fiscal de treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América
($35.00).
De los Permisos Especiales
Art. 9. Los derechos fiscales para toda clase de permiso especial están sujetos a la
actividad que se vaya a realizar así:
Derechos fiscales
a) Fabricación de armas, municiones y explosivos $ 1,142.86
b) Importación de armas, municiones y explosivos $ 1,142.86
c) Exportación de armas, municiones y explosivos $ 1,142.86
d) Comercialización de armas, municiones y explosivos $ 1,142.86
e) Empresa de Seguridad $ 1,142.86
f) Funcionamiento de armerías $ 1,142.86
g) Detonación de explosivos, con fines comerciales $ 1,142.86
h) Importación de pólvora o fulminantes para munición $ 114.29
i) Funcionamiento de empresas recargadoras de munición $ 114.29
j) Funcionamiento de polígonos de tiro abiertos o cerrados $ 114.29
k) Instructores de Tiro $ 22.86
l) Conductores dedicados a transportar materias peligrosas $ 22.86
m) Ingreso Temporal de Armamento al país $ 11.43
Por cada uno de los permisos especiales para realizar las actividades de fabricación,
importación, exportación y comercialización de artículos similares, se pagará un derecho fiscal
de $571.43 en forma independiente por cada actividad. Excepto, los fabricantes artesanales y
comerciantes de productos pirotécnicos, que no lleguen a los límites establecidos en el artículo
28 de la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios,
quienes pagarán $22.86 y $11.43, respectivamente.
Los permisos especiales antes relacionados tendrán un período de vigencia de un año
contado a partir de su emisión, los cuales serán renovables por igual período.

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Por el depósito de armas de fuego, municiones y explosivos, dentro de los diversos
almacenes de la Fuerza Armada, se pagará mensualmente la suma de $8.00 por metro cuadrado
utilizado.
CAPÍTULO III
DEL IMPUESTO AD-VALOREM
Hecho Generador
Art. 10. Constituyen hechos generadores del impuesto ad-valorem, la venta o cualquier
otra forma de transferencia de propiedad que después de la producción o importación, efectúen
los productores o importadores de los siguientes bienes:
a) Armas de fuego, partes y accesorios de éstas;
b) Municiones e insumos para recargarlas; y,
c) Productos pirotécnicos.
También constituyen hechos generadores:
a) La importación, en el caso de personas naturales o jurídicas que importen
directamente para su propio uso o consumo.
b) El retiro o desafectación de los inventarios de los citados productos, destinados
para uso o consumo personal del productor, importador o de terceros.
Además, se consideran retirados o desafectados, todos los productos que faltaren
en los inventarios y cuya salida de la empresa no se debiere a caso fortuito o
fuerza mayor.
c) La transferencia a cualquier título que realicen los productores e importadores
de materia prima para la elaboración de productos pirotécnicos, a personas que
fabriquen o elaboren artesanalmente tales productos en el país y que no lleguen a
los límites establecidos en el artículo 28 de la Ley de Impuesto a la Transferencia
de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios o a cualquier persona natural o
jurídica que no tenga como giro o actividad la fabricación o elaboración de productos
pirotécnicos, dicho giro o actividad deberá probarse mediante la tarjeta que lo
acredita como contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles
y a la Prestación de Servicios.
Por producto pirotécnico se entenderá cualquier composición, mezcla química o dispositivo
que tenga el propósito de producir un efecto visible o audible por combustión o detonación;
por materia prima para la elaboración de productos pirotécnicos se entenderá cualquiera de
las sustancias o mezcla de sustancias explosivas o incendiarias que se emplean para diversos
usos que causan explosión, deflagración o luces. Mientras que respecto a las definiciones
sobre armas de fuego, partes y accesorios de éstas, municiones e insumos para recargarlas,
se considerarán las comprendidas en la Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y Artículos Similares y su Reglamento.
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Momento en que se Causa el Impuesto
Art.11. En la venta o cualquier otra forma de transferencia de propiedad, se causará
el impuesto cuando se emite el documento que da constancia de la operación.
Si se pagare el precio o se entregaren real o simbólicamente los bienes antes de la emisión
del documento respectivo, o si por la naturaleza del acto o por otra causa, no correspondiere
dicha emisión, la transferencia de dominio y el impuesto se causará cuando tales hechos
tengan lugar.
El impuesto se causa aún cuando haya omisión o mora en el pago del precio o que este
no haya sido fijado en forma definitiva por las partes.
En la importación a que se refiere el literal a) inciso segundo del artículo anterior, el
impuesto se causará cuando el referido hecho generador tenga lugar de acuerdo a la normativa
aduanera.
En el caso de retiro o desafectación de tales bienes, se entiende causado el impuesto
en la fecha de su retiro o desafectación. De no poder determinarse la fecha de su retiro o
desafectación la Dirección General de Impuestos Internos estará facultada para aplicar lo
dispuesto en el artículo 193 del Código Tributario en cuanto a la determinación del faltante o
sobrante de inventarios.
Base Imponible y Alícuota
Art. 12. Se establece un impuesto ad-valorem del 30% sobre el precio fijado en la
operación de venta, excluyendo de dicho precio el Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios.
El precio de venta, referido como la base del impuesto ad-valorem, deberá incluir todas las
cantidades o valores que integran la contraprestación y se carguen o se cobren adicionalmente
en la operación, además de los costos y gastos de toda clase imputables al producto, aunque
se facturen o contabilicen separadamente, incluyendo: embalajes, fletes y los márgenes de
utilidad.
En los casos de importación para uso o consumo propio, la base imponible deberá incluir
el precio CIF, los impuestos, gravámenes, tasas, derechos o recargos y accesorios que sean
liquidados en la póliza de importación, formulario aduanero o documento análogo.
En el retiro o desafectación o cualquier otra forma de transferencia de propiedad a título
oneroso o gratuito, es el valor que el sujeto pasivo les tenga asignado como precio de venta
según sus documentos y registros contables, y a falta de éstos, el precio de mercado.
Sujetos Pasivos. Obligación de Registrarse.
Art. 13. Son sujetos pasivos del impuesto los productores y los importadores, de armas
de fuego, partes y accesorios de éstas, municiones, insumos para recargarlas, productos
pirotécnicos y materia prima para elaborar los productos pirotécnicos, que realicen los hechos
generados del impuesto.
Los referidos sujetos pasivos se encuentran obligados a registrarse como tales ante la
Dirección General de Impuestos Internos en el Registro Especial de Productores e Importadores

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de armas de fuego, municiones y productos pirotécnicos que al efecto llevará la Dirección
General de Impuestos Internos.
La obligación de registrarse deberán cumplirla los sujetos a que se refiere este artículo,
dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes al inicio de sus operaciones. Aquellos sujetos
que ya se encontraren operando, deberán registrarse dentro del plazo de 10 días hábiles
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.
Para ese efecto, se adoptará como número de registro el que corresponda al Número de
Registro de Contribuyente (NRC), al que se agregará un distintivo que permita identificar la
calidad que ostenta el sujeto pasivo.
Cuando por cualquier circunstancia, un sujeto inscrito en el Registro Especial a que se
refiere este artículo, cese operaciones o actividades, deberá informar mediante formulario a
la Dirección General de Impuestos Internos, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
fecha en que cese operaciones o actividades, a fin de que se cancele dicho registro.
Sujetos Excluidos
Art. 14. Quedan excluidos como sujetos al pago del impuesto establecido en la presente
Ley:
a) La Fuerza Armada;
b) La Policía Nacional Civil;
c) La Academia Nacional de Seguridad Pública.
Exención
Art. 15. La producción nacional de los bienes objeto del impuesto que establece la
presente ley que sean exportados, estará exenta del impuesto establecido en esta Ley.
Período Tributario. Obligación de Presentar Declaración. Contenido.
Modificación
Art. 16. Para efectos de esta Ley, el período tributario será de un mes calendario, en
consecuencia, los productores e importadores sujetos al pago del impuesto a que se refiere
esta ley, deberán presentar mensualmente una declaración jurada que contenga la información
de las operaciones gravadas y exentas realizadas en cada periodo tributario, en la cual dejarán
constancia de las operaciones realizadas, consignando en los formularios que la Dirección
General de Impuestos Internos proporcione para tal efecto los datos e información que tales
formularios requieran.
Dicha declaración también puede ser presentada por medios magnéticos o electrónicos
cumpliendo las especificaciones técnicas que la Dirección General de Impuestos Internos
disponga.
La obligación de presentar la declaración a que hace referencia este artículo subsiste,
aunque no se hayan realizado operaciones durante el periodo tributario.
Las declaraciones modificatorias se regirán por lo dispuesto en el Código Tributario.
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Asimismo, los productores e importadores deberán adjuntar a la declaración jurada
mensual un informe en formulario físico, o a través de medios magnéticos o electrónicos según
lo disponga la Dirección General de Impuestos Internos, que contenga los datos siguientes:
a) La marca o denominación del producto;
b) Tipo de producto;
c) Inventario inicial;
d) Compras, importaciones y producción del mes;
e) Disponibilidad;
f) Exportaciones;
g) Ventas internas;
h) Retiros o desafectaciones;
i) Devoluciones sobre ventas;
j) Inventario final;
k) Monto en dólares de las ventas de los productos afectos; y,
l) Impuesto a pagar.
El impuesto por la importación a que se refiere el artículo 10 inciso segundo literal a) se
liquidará en la declaración de mercancías, formulario aduanero o documento análogo.
Lugar, Plazo y Requisitos de la Declaración y Pago del Impuesto
Art. 17. La declaración jurada incluirá el pago del impuesto y deberá ser presentada
en la Dirección General de Impuestos Internos, en la Dirección General de Tesorería o en
los Bancos y otras instituciones financieras autorizadas por el Ministerio de Hacienda, en los
primeros diez días hábiles del mes siguiente al periodo tributario correspondiente.
El pago del impuesto contenido en esta Ley no constituye para los sujetos obligados a su
pago renta gravable, ni costo o gasto deducible para efectos del Impuesto sobre la Renta.
Obligación en Materia de Registros y Documentos
Art. 18. Estarán obligados a llevar registro especial de control de inventarios de manera
permanente, independientemente del sistema de control de inventarios que hayan adoptado
las personas siguientes:
a) Los productores e importadores de materias primas para elaborar los bienes
afectos al impuesto; y,
b) Los productores e importadores de los bienes gravados por la presente Ley.
El registro de control de inventarios a que se refiere este artículo deberá cumplir en todo
caso con las especificaciones mínimas que a continuación se enuncian:
Para quienes se encuentran comprendidos en el literal a) de este artículo:
1. Fecha de las operaciones.

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2. Descripción de las operaciones, detallando si la operación consiste en producción,
importación, exportación, compra, consumo, venta, retiro o desafectación.
3. Número del documento que respalda las entradas y salidas de la materia
prima.
4. Nombre del proveedor de la materia prima, en el caso de la importación.
5. Saldo de la materia prima al inicio del período.
6. Cantidades de materia prima comprada, producida, exportada o importada.
7. Producción exportada.
8. Identificación de los documentos legales que amparen las exportaciones y el lote
al que corresponden.
9. Cantidades de materia prima utilizadas, vendidas o retiradas.
10. Saldo al final del período de matera prima.
Para quienes se encuentren comprendidos en el literal b) de este artículo:
1. Los mismos requisitos de los numerales 1, 2 y 3 del inciso anterior, respecto de
los bienes gravados con el impuesto, así como las devoluciones de los productos
gravados con dicho impuesto.
2. Identificación del lote de producción, en el caso de productores.
3. Nombre del proveedor, en caso de productos importados.
4. Saldo al inicio del período, de unidades producidas o importadas.
5. Unidades producidas o importadas.
6. Producción exportada.
7. Identificación de los documentos legales que amparen la exportación y del lote
de producción al que corresponden.
8. Unidades vendidas de los bienes producidos o importados, retiradas o desafectadas
de los inventarios por cualquier causa.
9. Saldo de unidades al final del período, producidas o importadas.
10. El impuesto que corresponde a cada operación.
El registro especial a que se refiere este artículo deberá llevarse como parte del registro
especial de control de inventarios que estipula el artículo 142 del Código Tributario.
Dicho registro deberá reflejar en cualquier momento la existencia actualizada del
inventario.
Utilización de Documentos de Control
Art. 19. Los productores de la materia prima y de los bienes gravados por esta Ley,
deberán utilizar documentos internos consistentes en hojas de costos de producción y
comprobantes de requisición para el control de las unidades, de sus costos de producción y
de la cantidad de materia prima utilizada.
Las hojas de costos y comprobantes de requisición en mención, deberán ser numeradas
correlativamente, consignar la identificación del lote de producción con el cual se relacionan
y guardar correspondencia con las anotaciones efectuadas en la contabilidad.
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Determinación de la Base Imponible
Art. 20. Se faculta a la Dirección General de Impuestos Internos para determinar la base
imponible del impuesto ad-valorem, si por cualquier razón el precio de la venta o transferencia
de los bienes no fueren fidedignos o resultaren inferiores o superiores al corriente de mercado
o no se hubieren emitido los documentos respectivos o el valor de la operación no estuviere
determinado o no fuere o no pudiere ser conocido.
El precio de mercado a que se refiere el inciso primero de este artículo y el artículo 12
inciso final se determinará promediando los precios que le tengan asignados cualesquiera dos
establecimientos comerciales que vendan esos productos al consumidor final, en los mismos
periodos tributarios.
Presunción Fundada en Diferencias de Inventarios
Art. 21. La presunción que se determine de conformidad a lo establecido en el Artículo
193 del Código Tributario será aplicable al presente impuesto.
CAPÍTULO IV
INFRACCIONES Y SANCIONES
Incumplimiento a la Obligación en Materia de Registros
Art. 22. Constituyen incumplimientos a la obligación en materia de registros:
a) Omitir llevar registro especial de control de inventarios de materia prima o registro
especial de control de inventarios de los productos a que se refiere el artículo 10
de esta ley: El incumplimiento anterior será sancionado de acuerdo al Artículo
243 literal a) del Código Tributario.
b) No llevar registro especial de control de inventarios de materia prima o registro
especial de control de inventarios de los bienes gravados con el impuesto
en la forma prescrita en esta Ley y el artículo 142 del Código Tributario. El
incumplimiento anterior será sancionado de acuerdo al Artículo 243 literal b) del
Código Tributario.
El patrimonio o capital contable a que alude el artículo 243 del Código Tributario, se tomará
del balance general que obtenga, disponga, establezca o determine por cualquier medio la
Dirección General de Impuestos Internos con base a las facultades que le otorga el Código
Tributario. Cuando no exista balance general o no sea posible establecer el patrimonio o capital
contable, se aplicará la sanción de nueve salarios mínimos.
Incumplimiento a la Obligación de Utilizar Documentos de Control
Art. 23. Constituyen incumplimientos a la obligación de utilizar documentos de
control:
a) No utilizar documentos internos de hojas de costos de producción y comprobantes
de requisición para el control de las unidades y sus costos de producción. Sanción:

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Multa equivalente a diez salarios mínimos por período tributario mensual en que
no se han utilizado hojas de costos o comprobantes de requisición.
b) Utilizar documentos internos de hojas de costos de producción y comprobantes de
requisición para el control de las unidades y sus costos de producción, sin cumplir
los requisitos prescritos en esta Ley. Sanción: Multa equivalente a un medio de
salario mínimo mensual por hoja de costos o de un cuarto de salario mínimo
mensual por periodo tributario, cuando dichas hojas no cumplan los requisitos
de numeración correlativa, de identificación de lote de producción o que no
guarde correspondencia con las anotaciones en la contabilidad del contribuyente
productor.
Incumplimiento a la Obligación de Informar
Art. 24. Constituyen infracciones a la obligación de informar:
No informar, informar fuera del plazo legal, presentar información incorrecta o datos
inexistentes o presentar por un medio distinto al establecido en la ley, el informe que contiene
los datos prescritos en el Artículo 16 inciso quinto de la presente Ley. Sanción: Multa equivalente
del cero punto uno por ciento sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance
general menos el superávit por revalúo de activos no realizados, la que no podrá ser inferior
a un salario mínimo mensual.
Lo dispuesto en el último inciso del artículo 22 de esta Ley será aplicable a lo dispuesto
en este artículo.
Aplicación del Código Tributario
Art. 25. El Código Tributario será aplicable en todo lo que no estuviere previsto en la
presente Ley, salvo en lo referido a importaciones. Cuando se mencione en el contexto de
esta Ley a salarios mínimos, se entenderá que se refieren a los del comercio.
Pago de Derechos Fiscales, Impuesto y Multas
Art. 26. El pago de los derechos fiscales e impuesto establecidos en la presente Ley, así
como de las multas provenientes de infracciones a la misma y a la Ley de Control y Regulación
de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares o a su respectivo Reglamento,
corresponderá recaudarlo al Ministerio de Hacienda por medio de las Colecturías de la Dirección
General de Tesorería o Agencias Bancarias del Sistema Financiero, autorizadas para ello.
Para el pago de los derechos fiscales para la obtención de licencias, matrículas y permisos
especiales, se presentará el respectivo mandamiento de pago, extendido por el Ministerio de
la Defensa Nacional.
Las personas naturales, jurídicas y demás sujetos pasivos que estando obligados al pago
de los derechos fiscales prescritos en esta Ley, no lo hicieren dentro del plazo de treinta
días, contados a partir de la emisión del respectivo mandamiento de pago, si se tratare de
obtención de licencia, matrícula o permiso especial por primera vez; o a partir de la fecha de
su vencimiento, en el caso de renovaciones; serán sancionados con una multa equivalente al
cincuenta por ciento del valor de los derechos fiscales correspondientes.
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Disposiciones Transitorias
Art. 27. Las licencias, matrículas o permisos especiales que se hubieren otorgado antes
de la vigencia de la presente Ley, conservarán su validez hasta la fecha de su vencimiento.
Derogatoria
Art. 28. Derógase la Ley de Derechos Fiscales para el Otorgamiento de Licencias y
Permisos para el Control de Armas de Fuego, Municiones Explosivos y Artículos Similares,
contenida en el Decreto Legislativo No. 19, de fecha 9 de junio de 1994 y publicada en el
Diario Oficial No. 127, Tomo No. 324, de fecha 8 de julio de 1994, y sus reformas.
Vigencia
Art. 29. La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 239, Tomo N° 365, Fecha: 22 de diciembre de 2004

DECRETO No. 550
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
L e y e s
I. Que el Órgano Judicial se encuentra realizando un proceso de modernización, el cual
requiere cambios en el marco de su estructura de organización administrativa que le
permitan mejorar su aparato administrativo y jurisdiccional.
II. Que la reestructuración y reordenamiento administrativo a que se hace referencia,
conlleva la jubilación de personal que cumple los requisitos para poder optar a una
pensión o jubilación, y que están excluidos de la Ley de la Carrera Judicial, quienes han
manifestado su voluntad de retirarse de la Institución, lo cual creará oportunidades de
implementar tal reestructuración y reordenamiento administrativo de una forma más
ágil.
III. Que por aspectos técnicos la Corte Suprema de Justicia ha determinado que los servidores
del Órgano Judicial no pueden ampararse a lo establecido en el Art. 30 de la Ley del
Servicio Civil, ya que la finalidad intrínseca del proyecto de modernización no implica la
supresión de plazas, sino la renovación del personal, con el fin de incrementar los niveles
de calidad en todas las áreas de servicio, logrando con ello mayor eficiencia y eficacia
en el desarrollo de las actividades, y consecuentemente otorgar la compensación a los
servidores de la institución por los servicios prestados, tomando en cuenta el tiempo y
edad.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministro de Hacienda y de los Diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, José Manuel
Melgar Henríquez, José Francisco Merino López, Marta Lilian Coto de Cuellar, José Antonio
Almendáriz Rivas, Elvia Violeta Menjívar Escalante, Rene Napoleón Aguiluz Carranza, Douglas
Alejandro Alas García, Elizardo González Lovo, Salomé Roberto Alvarado Flores, Rolando
Alvarenga Argueta, Irma Segunda Amaya Echeverría, José Orlando Arévalo Pineda, José
Salvador Arias Peñate, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Roger Alberto Blandino Nerio, Juan Miguel
Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Blanca Flor América Bonilla Bonilla, Isidro Antonio
Caballero Caballero, Carmen Elena Calderón de Escalón, Carlos Alfredo Castaneda Magaña,
José Ernesto Castellanos Campos, Elías Romero, Humberto Centeno Najarro, Héctor David
Córdova Arteaga, Luis Alberto Corvera Rivas, José Ricardo Cruz, Héctor Miguel Antonio Dada
Hirezi, Agustín Díaz Saravia, Manuel Ernesto Iraheta, Walter Eduardo Durán Martínez, Jorge
Antonio Escobar Rosa, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Vilma
Celina García de Monterrosa, César Humberto García Aguilera, Nelson Napoleón García
Rodríguez, Nicolás Antonio García Alfaro, Ricardo Bladimir González, Santos Fernando González
Gutiérrez, Noé Orlando González, Jesús Grande, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos
Walter Guzmán Coto, Schafik Jorge Handal, Mariella Peña Pinto, Santiago Flores, Mauricio
Hernández Pérez, Mario Marroquín Mejía, Félix Agreda Chachagua, Marco Tulio Mejía Palma,
Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana, Rodolfo
Antonio Parker Soto, William Rizziery Pichinte, Teodoro Pineda Osorio, Mario Antonio Ponce
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López, Gaspar Armando Portillo Benítez, Francisco Antonio Prudencio, Zoila Beatriz Quijada
Solís, José Mauricio Quinteros Cubías, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, Óscar Edgardo Mixco
Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Víctor Manuel Melgar,
Salvador Sánchez Cerén, Héctor Ricardo Silva Argûello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto
Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas,
María Patricia Vásquez de Amaya, Ernesto Antonio Dueñas, Saúl Alfonso Monzón, Dora Alicia
Portillo, Blanca Coto, Rigoberto Trinidad, Immar Reyes, Máximo Madriz, Alex Aguirre e Hipólito
Rodríguez.
DECRETA la siguiente:
LEY DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL
ÓRGANO JUDICIAL
Art. 1. La presente Ley tiene por objeto garantizar una compensación económica para
los funcionarios y empleados del Órgano Judicial que se encuentren bajo los regímenes de Ley
de Salarios o por Contrato, y que a la fecha de entrar en vigencia ésta tengan la edad para
jubilarse o el tiempo de servicio con el Estado que exige la Ley, y cumplan con los requisitos
para poder optar a una pensión por vejez o jubilación.
Art. 2. Los funcionarios y empleados del Órgano Judicial, que deseen retirarse y
cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, tendrán derecho a los beneficios de la
compensación económica que ésta regula. Para lo cual deberán presentar su renuncia al cargo
que desempeñan.
La compensación económica estará exenta del pago del Impuesto sobre la Renta.
Art. 3. Para efectos del cálculo del monto de la compensación, el funcionario y empleado
interesado, deberá comprobar el tiempo de servicio prestado en el Órgano Judicial, mediante
certificación extendida por la Dirección de Recursos Humanos o la Unidad Técnica del citado
Órgano del Estado.
Art. 4. Los Funcionarios y empleados que se acojan a los beneficios que otorga la
presente Ley, tendrán derecho a una compensación económica de un salario por cada año
y fracción de seis meses o más de servicio, que se tomará en cuenta como equivalente a un
año de servicio, de acuerdo con los rangos establecidos en el siguiente artículo.
Art. 5. El monto de las erogaciones que genere la presente Ley, será financiado por el
Órgano Judicial con sus propias asignaciones presupuestarias, con las economías que se generen
en la ejecución presupuestaria del presente ejercicio fiscal como resultado de la aplicación de
las políticas de austeridad, de conformidad con los rangos que a continuación se detalla:

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RANGOS SALARIALES COMPENSACIÓN ECONÓMICA
L e y e s
1. Hasta $685.71 Un mes de salario, por cada año de servicio, hasta
un máximo de doce meses de salario.
2. De más $685.71 a $1,142.85 Un mes de salario, por cada año de servicio, hasta
un máximo de doce meses de salario, y hasta un
límite de $11,428.57.
3. De $1,142.85 en adelante Un mes de salario, por cada año de servicio, hasta
un máximo de diez meses de salario, y hasta un
límite de $11,428.57
Art. 6. Los fondos para financiar la presente Ley, se tomarán del presupuesto asignado
al Órgano Judicial para el ejercicio fiscal 2004.
Art. 7. La presente Ley entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 240, Tomo N° 365, Fecha: 23 de diciembre de 2004
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DECRETO No. 579
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
I. Que la Constitución declara de interés social y establece como deber del Estado proteger
los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para
garantizar el desarrollo sostenible;
II. Que el conocimiento, protección y uso sostenible de la biodiversidad representada en
las áreas naturales es fundamental para lograr el desarrollo social y económico del
país, siendo necesario un régimen especial de conservación y mejoramiento de dichas
áreas;
III. Que la poca cobertura boscosa original con que cuenta el país se encuentra en continuo
deterioro y contiene diversas especies de vida silvestre en proceso de extinción local y
que ésta, en su mayor parte, está representada en las áreas naturales que contribuyen
a la conservación de suelos, recarga de acuíferos, protección de la biodiversidad y otros
beneficios ambientales para la sociedad;
IV. Que por Decreto Legislativo N° 233 de fecha 2 de marzo de 1998, publicado en el Diario
Oficial N° 79, Tomo N° 339 de fecha 4 de mayo del mismo año, se emitió la Ley del
Medio Ambiente, mediante la cual se creó el Sistema de Áreas Naturales Protegidas y
se definen sus objetivos, y en cumplimiento de los Convenios Internacionales ratificados
por El Salvador, es necesario emitir una Ley especial que tenga por finalidad establecer
y determinar el manejo de dichas áreas, a fin de perpetuar los bienes y servicios
ambientales que éstas prestan a la sociedad salvadoreña;
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por
medio del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de los Diputados Elvia Violeta
Menjívar Escalante, Norman Noel Quijano González, Miguel Francisco Bennett Escobar, Roger
Alberto Blandino Nerio, Enrique Valdés Soto, Jorge Antonio Escobar Rosa, Donato Eugenio
Vaquerano Rivas, Zoila Beatriz Quijada Solís, Héctor Ricardo Silva Arguello.
DECRETA la siguiente:
LEY DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
CAPITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Objeto
Art. 1. La presente Ley tiene por objeto regular el establecimiento del régimen legal,
administración, manejo e incremento de las Áreas Naturales Protegidas, con el fin de conservar
la diversidad biológica, asegurar el funcionamiento de los procesos ecológicos esenciales y

I n d i c e L e g i s l a t i v o
L e y e s
garantizar la perpetuidad de los sistemas naturales, a través de un manejo sostenible para
beneficio de los habitantes del país.
Ámbito de Aplicación
Art. 2. La presente Ley es aplicable en todo el territorio nacional, especialmente en las
Áreas Naturales Protegidas, declaradas y establecidas como tales con anterioridad a la vigencia
de esta Ley y las que posteriormente se establezcan.
Declaratoria de Interés Social
Art. 3. Declárase de interés social el establecimiento, manejo y desarrollo de las Áreas
Naturales Protegidas que forman parte del Patrimonio Natural del país.
Definiciones
Art. 4.Para la mejor interpretación y aplicación de la presente Ley se entenderá por:
ACANTILADO: Formación geológica constituida por un corte vertical, usualmente en
zonas costeras.
ARRECIFE CORALINO: Masa compacta de carbonato de calcio, de poca profundidad
en el mar, formada por una acumulación de exoesqueletos calcáreos de coral y algas calcáreas
rojas.
ARRECIFE ROCOSO: Masa rocosa compacta de poca profundidad en un cuerpo de
agua, usualmente el mar, con presencia de corales.
AGROQUÍMICO: Sustancia usada en agricultura para el control de plagas, enfermedades
y fertilización.
ÁREA DE CONSERVACIÓN :Es el espacio territorial que contiene Áreas Naturales
Protegidas, zonas de amortiguamiento, corredores biológicos y zonas de influencia, funcionando
en forma integral y administrada a través de la aplicación del Enfoque por Ecosistemas, a fin
de promover su desarrollo sostenible.
ÁREA NATURAL PROTEGIDA: Parte del territorio nacional de propiedad del Estado,
del Municipio, de entes autónomos o de propietarios privados, legalmente establecida con el
objeto de posibilitar la conservación, el manejo sostenible y restauración de la flora y fauna
silvestre, recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales, que tenga alta significación
por su función o por sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y
protectores, de tal manera que preserve el estado natural de las comunidades bióticas y los
fenómenos geomorfológicos únicos.
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ÁREA NATURAL PROTEGIDA PRIORITARIA: Área del Sistema de Áreas Naturales
Protegidas, que tiene una extensión relativamente considerable, que forma un continuo con
otras áreas, que tiene representatividad de ecosistemas o comunidades únicas a nivel nacional,
regional o internacional no afectados significativamente por la actividad humana, que posee
diversidad biológica sobresaliente y que aporta bienes y servicios ambientales.
AUTORIZACIÓN: Acto administrativo otorgado de conformidad a la presente Ley por
medio del cual la autoridad competente, faculta la realización de actividades, obras o proyectos,
dentro de las Áreas Naturales Protegidas, sujetas al cumplimiento de las condiciones que dicho
acto establezca.
BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES: Son aquellas condiciones y procesos naturales
de los ecosistemas, incluyendo las provenientes de las especies y los genes, por medio de las
cuales el ser humano obtiene beneficios.
BOSQUE HIDROHALOFILO O BOSQUE SALADO: Es el ecosistema formado por la
vegetación, el suelo, los canales y la vida silvestre asociada que habita en el área que el agua
de mar, en sus más altas mareas, ocupa y desocupa alternativamente por causas naturales,
incluyendo los terrenos que se encuentren dentro del área amojonada por la autoridad
competente.
CATEGORÍA DE MANEJO: Grado que se asigna a las Áreas Naturales Protegidas para
clasificarlas según el tipo de gestión que han de recibir, el que se debe realizar de acuerdo al
cumplimiento de los objetivos de manejo.
CONSERVACIÓN: Conjunto de actividades humanas para garantizar el uso sostenible
del ambiente, incluyendo las medidas para la protección, el mantenimiento, la rehabilitación,
la restauración, el manejo y el mejoramiento de los recursos naturales y el ecosistema.
CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO: Sistema de ordenamiento territorial
compuesto de áreas naturales bajo regímenes de administración especial, zonas núcleo,
de amortiguamiento, de usos múltiples y áreas de interconexión, organizado y consolidado
que brinda un conjunto de bienes y servicios ambientales a la sociedad mesoamericana y
mundial, proporcionando los espacios de concertación social para promover la inversión en la
conservación y uso sostenible de los recursos naturales, con el fin de contribuir a mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la región mesoamericana.
CORREDOR BIOLÓGICO NACIONAL: Conjunto de áreas naturales y zonas de
interconexión del territorio nacional, de propiedad pública y privada, respetando en este caso
los derechos del propietario a disponer sobre el uso de la tierra, en las cuales se promoverán
actividades de manejo sostenible de los recursos naturales, a fin de generar bienes y servicios
ambientales a la sociedad.

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L e y e s
CRÁTER: Depresión topográfica más o menos circular formada por explosión volcánica y por
la cual sale humo, ceniza, lava, fango u otras materias, cuando el volcán está en actividad.
DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN: Acto del Estado en el cual se establecen alianzas
con instituciones autónomas, organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones del
sector privado, organismos empresariales e instituciones del sector académico, con el fin de
desarrollar conjuntamente las acciones, proyectos y programas establecidos mediante un Plan
de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas.
DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos
los ecosistemas terrestres y marinos, otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos
de los que forman parte. Comprende la diversidad de genes, especies y ecosistemas.
ECOSISTEMA: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional, mediante
el uso de energía.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: Proceso de formación ambiental ciudadana, formal y no
formal, para la toma de conciencia y el desarrollo de valores, conceptos y actitudes frente
a la protección, conservación, restauración y el uso sostenible de los recursos naturales y el
medio ambiente.
ESPECIE EXÓTICA INVASORA: Especie no nativa de El Salvador, introducida a un
ecosistema, que por su capacidad de diseminación es una amenaza para la estabilidad del
mismo.
FARALLÓN: Formación rocosa alta y cortada que sobresale en el mar y algunas veces
en tierra firme.
GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: Todas las actividades que se
realizan dirigidas a la administración, manejo y desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas,
para la conservación de las mismas, su diversidad biológica y demás recursos naturales.
HÁBITAT: Lugar o tipo de ambiente en el que existe naturalmente un organismo o una
población.
HUMEDALES: Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas
de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o
corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad
en marea baja no exceda de seis metros.
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LAGO: Gran masa permanente de agua depositada en depresiones del terreno.
LAGUNA: Depósito natural de agua, generalmente dulce y de menores dimensiones que
el lago.
LAVA: Magma ígnea en fusión existente en el interior de la tierra que sale a la superficie
a través de grietas y de fisuras, en particular durante la erupción de un volcán.
MANEJO SOSTENIBLE: Acciones políticas, legales, de planificación, administración,
usos, educación, interpretación de la naturaleza, investigación y monitoreo que deben realizarse
en un sitio para alcanzar su aprovechamiento adecuado, la permanencia de sus características,
satisfaciendo las necesidades y aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.
PATRIMONIO NATURAL: Bienes y recursos biológicos y físicos que se encuentran en
los ecosistemas de un país, los cuales son de gran valor económico, social y ambiental para
sus habitantes.
PLAN DE MANEJO: Documento técnico, aprobado por el Ministerio, para el manejo de
las áreas naturales protegidas que debe contener objetivos, normativa de uso, programas,
gestiones administrativas, financieras y evaluación del manejo. Este instrumento, en cuya
formación participan los sectores de la sociedad relacionadas con las áreas, es el que define
la categoría de manejo de las mismas.
PLAN OPERATIVO: Documento basado en el Plan de Manejo que comprende los aspectos
operativos, guía la ejecución de programas, define metas cuantificables y responsabilidades,
de acuerdo a los recursos financieros y humanos disponibles y permite evaluar la gestión de
corto a mediano plazo.
PROGRAMA DE PLAN DE MANEJO: Elemento de planificación contenido en el Plan
de Manejo de un Área Natural Protegida, entendiéndose como el conjunto de instrucciones
priorizadas para el desarrollo de actividades a corto, mediano y largo plazo, enmarcadas en
el mismo.
PROCESOS ECOLÓGICOS: Rutas de interacción de los elementos que constituyen
los ecosistemas naturales permitiendo el equilibrio de los mismos y el funcionamiento de la
naturaleza.
RESTAURACIÓN: Proceso de recuperación de ecosistemas a su estructura y funciones
originales.

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L e y e s
RESERVA DE LA BIOSFERA: Son áreas terrestres o marinas cuyo modelo de gestión
persigue integrar hombre y naturaleza para conservar los recursos naturales, promover el
desarrollo sostenible de las comunidades y apoyar la investigación científica y la educación
ambiental a nivel nacional, regional y mundial.
VEDA: Prohibición o restricción en tiempo y espacio del derecho de caza, pesca, tala de
árboles, acceso y otras actividades humanas durante ciertos períodos, con el propósito de asegurar
la reproducción de determinadas especies sensibles a la presencia del hombre. Así también
permitir la recuperación de otros recursos naturales de importancia ecológica o económica
SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: Conjunto de Áreas Naturales
Protegidas de importancia ecológica relevante, bajo régimen de protección en las que a través de
su conservación se garantiza la provisión de bienes y servicios ambientales a la sociedad.
VIDA SILVESTRE: Especies de la diversidad biológica que viven y se reproducen
independientemente de la mano del hombre, así como aquellas especies introducidas al país
que logren establecer poblaciones reproductivas libres, ya sean éstas terrestres, acuáticas
o aéreas, residentes o migratorias y las partes y productos derivados de ellas, excepto las
especies de animales o plantas, domésticos y agrícolas, ganaderos o pesqueros, siempre que
éstas dependan del hombre para su subsistencia.
ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO: Áreas frágiles colindantes y de incidencia directa
a las Áreas Naturales Protegidas, sujetas a promoción de actividades amigables con los
recursos naturales, que apoyen los objetivos de manejo y minimicen los impactos negativos
hacia adentro y afuera de las mismas.
CAPITULO II
DE LA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES
Autoridad Competente
Art. 5. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en adelante denominado El
Ministerio, es la autoridad competente para conocer y resolver sobre toda actividad relacionada
con las Áreas Naturales Protegidas y los recursos que éstas contienen, aplicando las disposiciones
de esta Ley y su Reglamento prevaleciendo sobre otras leyes que la contraríen.
El Ministerio podrá delegar determinadas facultades para la aplicación de la presente
Ley.
Atribuciones y Responsabilidades
Art. 6. En su papel de rector del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, corresponde
al Ministerio:
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a) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, sus Reglamentos y los Convenios
Internacionales ratificados sobre la materia, dentro de las áreas que conforman
el Sistema de Áreas Naturales Protegidas;
b) Realizar la gestión de las Áreas Naturales Protegidas que conforman el
Sistema;
c) Promover y desarrollar actividades de protección, conservación, restauración y
manejo sostenible de los recursos naturales contenidas en las áreas, incluyendo
la biodiversidad y la riqueza genética;
d) Emitir acuerdos ejecutivos para la delegación de la gestión de las Áreas Naturales
Protegidas, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente
Ley y su Reglamento;
e) Suscribir convenios con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, para la investigación científica, obtención de recursos,
realizar actividades de protección, ampliación, conservación, restauración y manejo
sostenible de las áreas;
f) Elaborar políticas y sus instrumentos sobre las Áreas Naturales Protegidas;
g) Ejercer control a los entes relacionados en el literal d) de este artículo, en la
planificación, ejecución y seguimiento de proyectos de investigación, conservación,
uso sostenible, desarrollo, educación ambiental, capacitación, divulgación y todos
aquellos relacionados con las Áreas Naturales Protegidas;
h) Otorgar las autorizaciones previstas en esta Ley y su reglamento, suspenderlas
o cancelarlas, por causa justificada;
i) Generar, recopilar, actualizar y publicar información sobre el Sistema de Áreas
Naturales Protegidas e incorporar ésta en el informe que establece la Ley de Medio
Ambiente, enmarcado en el Sistema de Información Ambiental;
j) Emitir normas para la elaboración de los Planes de Manejo y Planes Operativos
de las Áreas Naturales Protegidas;
k) Promover la elaboración, mantenimiento, actualización de los inventarios y valoración
de los recursos naturales contenidos en las áreas naturales protegidas;
l) Promover la conexión ecológica y conectividad entre Áreas Naturales Protegidas
para la consolidación del Corredor Biológico Nacional;
m) Declarar vedas para la conservación de los recursos contenidos en las Áreas
Naturales Protegidas;
n) Autorizar, modificar, supervisar y dar seguimiento a los Planes de Manejo y Planes
Operativos de las Áreas Naturales Protegidas;
o) Garantizar la conservación de la diversidad biológica;
p) Promover y divulgar todo lo concerniente al Sistema de Área Natural Protegida,
a nivel nacional e internacional;
q) Identificar y hacer gestiones para incorporar al Sistema de Áreas Naturales
Protegidas, áreas representativas de ecosistemas de alto valor ecológico para el
país;

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L e y e s
r) Combatir la biopiratería en las áreas naturales protegidas a fin de proteger el
patrimonio natural;
s) Las demás atribuciones que por Ley o reglamento le corresponde.
Para el cumplimiento de las funciones, atribuciones y responsabilidades establecidas en
la presente ley, el Ministerio deberá contar con una Unidad especializada, pudiendo participar
las municipalidades y entes privados que posean bienes incorporados al Sistema de Áreas
Naturales Protegidas.
Obligatoriedad Institucional
Art. 7. Todas las instituciones de la administración pública y las municipalidades, están
obligadas a prestar su colaboración a la autoridad competente a fin de lograr una mejor y
eficiente gestión de las Áreas Naturales Protegidas del país.
Gestión de las Áreas Naturales Protegidas
Art. 8. La gestión de las Áreas Naturales Protegidas estará organizada en tres niveles,
que son:
a) Un nivel estratégico de carácter nacional, con función consultiva y participativa. Para tal
efecto se creará un Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que será el principal
Foro Consultivo y de debate en todo lo concerniente al Sistema de Áreas Naturales
Protegidas, que podrá llamarse en el curso de la presente ley, El Consejo.
El Consejo estará integrado por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales
o la persona que éste designe, quien lo presidirá; por un representante de cada uno
de los Ministerios: De la Defensa Nacional, Educación, Agricultura y Ganadería; por
un representante de cada una de las siguientes instituciones: Policía Nacional Civil,
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Universidades que tengan la
carrera de Ingeniería Agronómica o Biología; un representante de organizaciones no
gubernamentales legalmente establecidas, que trabajen en el tema de áreas naturales
y un representante de las comunidades de las zonas de amortiguamiento aledañas a
las áreas protegidas.
b) Un nivel gerencial constituido por la Gerencia de Áreas Naturales Protegidas y Corredor
Biológico, con funciones organizativas, administrativas, ejecutivas y de planificación,
que dependerá de la Dirección General de Patrimonio Natural.
c) Un nivel local a través de los Comités Asesores Locales, como el principal instrumento de
participación y coordinación entre el área natural protegida y su espacio social aledaño.
Los comités locales contarán con una composición específica para cada área protegida,
integrandose los Concejos Municipales respectivos.
Los comités asesores locales deberán estar integrados por un representante de la Gerencia
de las Áreas Naturales Protegidas, un representante de las comunidades aledañas al área, un
representante de los Concejos municipales respectivos, un representante de las organizaciones
no gubernamentales legalmente establecidas, que trabajen en el tema de áreas naturales y un
representante de las asociaciones de desarrollo comunal que tengan personalidad jurídica.
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Los representantes gubernamentales y municipales, serán nombrados mediante acuerdo
del Órgano Ejecutivo en el ramo correspondiente o de la municipalidad según el caso; el
procedimiento para la elección de los representantes de las organizaciones no gubernamentales
y de las asociaciones de desarrollo comunal, así como las funciones de los niveles anteriores,
se establecerán en el reglamento de la presente Ley.
CAPITULO III
DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Constitución del Sistema
Art. 9. El Sistema de Áreas Naturales Protegidas, en adelante denominado el Sistema,
estará constituido por áreas de propiedad del Estado, de las municipalidades y de entidades
autónomas.
Podrán formar parte del Sistema las propiedades privadas, de interés para la conservación,
de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la presente ley.
Los bosques salados son bienes nacionales y forman parte del patrimonio natural del
Estado.
Los humedales continentales y artificiales, cráteres, lavas, farallones, lagos y lagunas,
arrecifes coralinos y rocosos naturales o artificiales y acantilados forman parte del patrimonio
natural del Estado, y mientras no se demuestre titularidad privada, se consideran bienes
nacionales. Por lo tanto, el Ministerio calificará y determinará su incorporación al Sistema.
Establecimiento de Área Natural Protegida
Art. 10. Las Áreas Naturales Protegidas, se establecerán por Decreto del Órgano Ejecutivo
en el Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales, considerandose sus características y
estudios técnicos para definir la prioridad en su establecimiento de conformidad a lo dispuesto
en la presente Ley y su reglamento.
Las áreas naturales protegidas declaradas y establecidas con anterioridad a la vigencia
de esta Ley y las que se establecieren posteriormente, serán administradas y manejadas bajo
las normas y directrices que para tal efecto se emitan.
Áreas Naturales Privadas, Municipales y de Entidades Autónomas
Art. 11. Los particulares, las municipalidades y las entidades autónomas podrán solicitar
que inmuebles de su propiedad se establezcan como Áreas Naturales Protegidas o se adhieran
a una ya establecida, cuando reúnan las siguientes condiciones:
a) Que contengan ecosistemas no afectados significativamente por la actividad
humana, diversidad biológica significativa o aporte beneficios ambientales a una
comunidad o municipio.
b) Contar con un dictamen técnico de los valores naturales del área y las aptitudes
de la misma.

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c) Que cumplan con lo establecido en esta Ley, su Reglamento y el convenio que
para tal efecto se suscriba entre el Ministerio y el interesado.
Las áreas naturales privadas, municipales y de entidades autónomas que se establezcan
como protegidas, previa calificación del Ministerio, serán manejadas por sus propietarios de
acuerdo a la normativa correspondiente, manteniendo su derecho de propiedad y la libre
disposición de los ingresos y beneficios que genere el área.
El establecimiento del área natural se realizará de conformidad a lo prescrito en la presente
Ley y su reglamento.
Registro de Establecimiento
Art. 12. La declaratoria de un Área Natural Protegida deberá inscribirse en el
correspondiente Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas a petición del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, lo cual no causará ningún derecho.
Para efectos de cancelar la inscripción del establecimiento de un área natural en propiedades
privadas, municipales y de entidades autónomas, el propietario solicitará al Ministerio la
autorización respectiva.
Registro Interno y su Objeto
Art. 13. El Ministerio llevará un registro de Áreas Naturales Protegidas, en lo sucesivo
denominado el “Registro”.
El Registro tiene por objeto catalogar e incorporar la información relativa de las áreas
naturales protegidas del país; su organización y funcionamiento se determinará en el reglamento
de la presente Ley.
Categorías de Manejo
Art. 14. Dentro del proceso de formulación de los planes de manejo de las Áreas Naturales
Protegidas, se asignará la respectiva categoría con base al cumplimiento de los objetivos de
las mismas y de acuerdo a la siguiente clasificación:
Reserva Natural
Son áreas terrestres o marinas que poseen algún ecosistema, característica biológica o
geológica o especies destacadas en función de criterios de singularidad, representatividad o
rareza, destinadas principalmente a actividades de conservación, investigación, educación y
monitoreo del área.
Parque Nacional
Área protegida manejada principalmente para la conservación de ecosistemas y
proporcionar un marco para actividades culturales y con fines de recreación. Debe contener
ejemplos representativos de importantes regiones, características o escenarios naturales,
en las cuales las especies de animales y plantas, los hábitats y los sitios geomorfológicos,
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revistan especial importancia ecológica, científica, educativa, cultural, recreativa y turística.
Debe cubrir una extensión tal que incluya uno o más ecosistemas que no hayan sido alterados
significativamente.
Monumento Natural
Área protegida manejada principalmente para la conservación de características naturales
específicas o por su importancia cultural. Debe contener uno o más rasgos de importancia
notable, como cataratas espectaculares, cavernas, cuevas, cráteres, fósiles, farallones, dunas
y formaciones marinas, junto con especímenes únicos o representativos de la diversidad
biológica y sitios arqueológicos o naturales. Debe ser suficientemente amplia para proteger
la integridad de sus características naturales y las zonas inmediatamente circundantes.
Área de Manejo de Hábitat
Área protegida manejada principalmente para la conservación, con intervención a nivel
de gestión. Debe desempeñar una función importante en la protección de la naturaleza y la
supervivencia de especies comprendiendo zonas de reproducción, humedales, arrecifes de
coral, estuarios, praderas y pastizales, bosques o zonas de reproducción, incluidos los herbarios
marinos.
Paisaje Terrestre o Marino Protegido
Área protegida principalmente para la conservación de paisajes terrestres o marinos,
según el caso, en la cual las interacciones del ser humano y la naturaleza a lo largo de los
años ha producido una zona de carácter definido con importantes valores estéticos, ecológicos
o culturales, y que a menudo alberga una rica diversidad biológica.
Área Protegida con Recursos Manejados
Área protegida manejada principalmente para la utilización sostenible de los recursos
naturales. Parte de su superficie debe estar en condiciones naturales, aunque el área también
puede contener zonas limitadas de ecosistemas modificados. Debe tener capacidad para poder
tolerar la utilización sostenible de sus recursos.
Área de Protección y Restauración
Es una categoría transitoria destinada principalmente a Área Protegida manejada
principalmente hacia proteger, recuperar y restaurar los ecosistemas que muestra signos de
estar o haber sido sometida a fuertes presiones, reales o potenciales, de sobreexplotación de
los recursos que contienen.
Parque Ecológico
Son áreas que por sus características carecen de aptitudes para pertenecer a algunas de
las categorías de manejo contempladas anteriormente, pero mantienen valores ambientales
significativos para el interés público.

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Cambio de Categoría de Manejo
Art. 15. El Ministerio podrá cambiar la categoría de manejo previamente asignada a una
determinada Área Natural Protegida, o agregar nuevas categorías, basándose en la evaluación,
análisis y ajuste de los objetivos del manejo. El cambio de categoría o asignación se efectuará
cumpliendo con los procedimientos definidos en el reglamento de la presente Ley, dicho cambio
no podrá ser en detrimento de la actual categoría, excepto en casos de desastre ambiental u
otra contingencia que así lo amerite.
CAPITULO IV
DEL MANEJO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Objetivos de Manejo de las Categorías
Art. 16. Los objetivos de manejo de las categorías de Áreas Naturales Protegidas son
los siguientes:
a) Proteger los ecosistemas originales de El Salvador
b) Proteger los espacios naturales y los paisajes de importancia local
c) Mantener los bienes y servicios ambientales
d) Promover la Investigación científica
e) Preservar las especies y la diversidad genética
f) Proteger las características naturales y culturales específicas
g) Contribuir al ecoturismo y la recreación
h) Fomentar la educación ambiental e interpretación de la naturaleza
i) Utilizar sosteniblemente los recursos derivados de ecosistemas naturales
j) Mantener los atributos culturales y tradicionales
k) Recuperar y restaurar los recursos naturales
l) Contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones aledañas
m) Contribuir al desarrollo nacional y local
n) Armonizar la interacción entre la naturaleza y las actividades humanas
o) Disminuir la vulnerabilidad ante la ocurrencia de fenómenos naturales
Planes de Manejo y Planes Operativos
Art. 17. El Ministerio, de conformidad al reglamento de la presente Ley, emitirá las
normas correspondientes para la formulación y aprobación de los planes de manejo y planes
operativos para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.
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Eficiencia del Manejo de las Áreas Naturales Protegidas
Art. 18. Para dar seguimiento y evaluar la eficiencia del manejo de las Áreas Naturales
Protegidas, el Ministerio las monitoreará con instrumentos de medición con una frecuencia mínima
de una vez por año. La metodología a emplear deberá ser única para todo el Sistema.
Zonas de Amortiguamiento
Art. 19. Las áreas de amortiguamiento en terrenos públicos o privados se determinarán en
el Plan de Manejo del Área Natural Protegida, definirá su extensión y regulando las actividades
productivas de tal manera que sean compatibles con el objetivo de conservación del área.
El Ministerio autorizará las zonas de amortiguamiento y en las regiones de influencia de
propiedad privada, el desarrollo de actividades que sean compatibles con los objetivos de las
Áreas Naturales Protegidas, tomando en consideración lo establecido en el literal c) del artículo
8.
Deslinde y Amojonamiento
Art. 20. Con el fin de garantizar la conservación e integridad de los bosques salados o
de otros bienes nacionales que formen parte del Patrimonio Natural de la nación, el Ministerio
efectuará el deslinde y amojonamiento respectivo.
El procedimiento se determinará en el reglamento de la presente ley, tomando como base
el informe del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas correspondiente. El derecho de la
parte interesada para dirimir judicialmente la propiedad en caso de conflicto, prescribirá en
un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la suspensión del deslinde.
Prevención de Incendios
Art. 21. A fin de prevenir incendios en las Áreas Naturales Protegidas, el Ministerio
dictará las medidas correspondientes y desarrollará campañas educativas a nivel nacional,
capacitaciones para las comunidades aledañas, guarda recursos y demás personal que labora
o habite en tales áreas.
Los propietarios, usufructuarios, arrendatarios, comodatarios, encargados y ocupantes de
los terrenos colindantes a las áreas naturales protegidas, están en la obligación de establecer
rondas corta fuego a fin de prevenir incendios.
Para cumplir con lo estipulado en el inciso anterior el Ministerio deberá proporcionar los
recursos necesarios.
Control de Incendios
Art. 22. En caso de producirse un incendio dentro de las Áreas Naturales Protegidas
y zonas de amortiguamiento, la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Cuerpo de Bomberos,
las autoridades municipales y demás entidades públicas, deberán contribuir a la extinción
del mismo, facilitando y colaborando con personal, medios de transporte y otros recursos
necesarios.

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L e y e s
Las comunidades aledañas deberán colaborar para hacer efectivas las medidas combativas
que se consideren necesarias al efecto, así como otras instituciones u organizaciones privadas
de servicios.
Toda persona que tenga conocimiento de haberse originado un incendio está obligada a
comunicar inmediatamente el hecho a la autoridad más próxima.
Colaboración de los Propietarios
Art. 23. Los propietarios y poseedores de inmuebles a cualquier título, colindantes a las
Áreas Naturales Protegidas, tienen la obligación de dar acceso y permitir la permanencia dentro
de sus inmuebles al personal que esté desarrollando actividades de combate de incendios y
colaborar con los medios a su alcance para su extinción.
Delegación de la Gestión de Áreas Naturales Protegidas
Art. 24. Se faculta al Ministerio, en su calidad de autoridad competente para conocer
y resolver sobre toda actividad relacionada con las áreas naturales protegidas estatales, para
que mediante Acuerdo Ejecutivo, pueda delegar algunas actividades de gestión de éstas,
establecidas en el plan de manejo, a instituciones autónomas, a las municipalidades o a
organizaciones no gubernamentales legalmente establecidas relacionadas con esta materia.
Los sectores interesados presentarán al Ministerio una propuesta de ejecución de actividades,
lo cual se avalará de acuerdo a los procedimientos y normativa requerida.
Los Acuerdos de delegación de la gestión entre el Ministerio y los sectores de la sociedad
facilitarán el acceso a diferentes fuentes de financiamiento para la ejecución de programas y
proyectos para fortalecer el manejo de las Áreas Naturales Protegidas, Corredores Biológicos
y a las comunidades locales aledañas.
Corredor Biológico Nacional
Art. 25. El Sistema de Áreas Naturales Protegidas servirá de punto de referencia
para el establecimiento del Corredor Biológico Nacional, a fin de que las actividades que
en él se realicen, garanticen la conservación del Patrimonio Natural del Estado a través de
actividades productivas sostenibles, contribuyendo al establecimiento del Corredor Biológico
Mesoamericano.
Administración Integrada
Art. 26. Considerada la proximidad geográfica y la relación e interdependencia ecológica
entre Áreas Naturales Protegidas, éstas podrán manejarse en forma conjunta y coordinada a
través de una sola administración como Áreas de Conservación, con la finalidad de contribuir
al establecimiento del Corredor Biológico Nacional, corredores locales y promover el desarrollo
social y económico.
Reserva de la Biósfera
Art. 27. Las Áreas Naturales Protegidas, independientemente de su categoría de manejo,
podrán formar parte, de manera aislada o conjunta, del modelo de gestión establecido como
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Reserva de la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO).
Bienes Culturales
Art. 28. El manejo, conservación y restauración de los bienes culturales en las Áreas
Naturales Protegidas, se regirá por lo establecido en la presente Ley y su reglamento; no
obstante lo anterior, se respetará lo dispuesto en la Ley Especial de Protección al Patrimonio
Cultural de El Salvador y su Reglamento y otras normativas vigentes sobre la materia, siempre
que no contraríen los objetivos establecidos en la presente ley.
Asentamientos Humanos
Art. 29. En las Áreas Naturales Protegidas no se permitirá el establecimiento de nuevos
asentamientos humanos ni el crecimiento de infraestructura en los ya existentes. El Ministerio,
a través del Plan de Manejo incluirá normativas específicas para cada asentamiento existente,
de acuerdo a los objetivos y directrices de la categoría de manejo.
En caso de que la presencia de asentamientos humanos existentes en un área natural
protegida, contraríe los objetivos de la misma, el Ministerio agotará medidas correctivas para
modificar las prácticas nocivas a los objetivos de manejo. Como último recurso se gestionará
en conjunto con las autoridades y los asentamientos humanos y dentro de un plazo establecido,
la reubicación en las condiciones en que se ocasione la menor perturbación a su población.
Si alguna de las situaciones indicadas en los incisos anteriores constituyen delito, éstas
se tramitarán de conformidad a la norma penal correspondiente.
Uso Público en Áreas Naturales Protegidas
Art. 30. El uso público de las Áreas Naturales Protegidas es un derecho de la ciudadanía,
lo cual estará encauzado a través de las correspondientes medidas de regulación y manejo
enmarcado en los planes operativos o los planes de manejo respectivos. Dichas actividades
estarán reguladas a través de un instructivo.
Investigación
Art. 31. La investigación técnica y científica es prioritaria en las Áreas Naturales Protegidas.
Dichas investigaciones no pueden ir en detrimento de los mismos y deberán contar con la
correspondiente autorización.
Educación Ambiental
Art. 32. La educación ambiental en las Áreas Naturales Protegidas y sus Zonas de
Amortiguamiento, deberá ser enfocada en los sectores de la educación formal, no formal e
informal, dentro de un Programa especial que propicie cambios en la conducta de la población
para la conservación de los recursos naturales y culturales.

CAPITULO V
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES
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Autorizaciones
Art. 33. El Ministerio podrá autorizar a personas naturales o jurídicas para realizar
actividades, obras o proyectos, compatibles con los objetivos de las Áreas Naturales Protegidas,
sin perjuicio de cumplir previamente con los requerimientos establecidos en la Ley del Medio
Ambiente.
Suspensión
Art. 34. El Ministerio podrá suspender las autorizaciones relacionadas en el artículo
anterior por las siguientes causas:
a) Incumplir las condiciones establecidas en los Planes de Manejo o en Planes
Operativas
b) Incumplir las condiciones establecidas en las autorizaciones, emitidas de
conformidad a la presente Ley; y
c) Incurrir en infracciones menos graves o leves, según lo establecido en la Ley del
Medio Ambiente y la presente Ley.
La suspensión quedará sin efecto cuando desaparezcan las causas que la motivaron, previa
resolución de la autoridad competente o se haya cumplido con los plazos establecidos.
Cancelación
Art. 35. El Ministerio podrá cancelar las autorizaciones emitidas de conformidad a la
presente Ley por las siguientes causas:
a) Incurrir en infracciones graves, según lo establecido en la presente Ley, y haber sido
sancionado de conformidad al procedimiento administrativo correspondiente;
b) Ceder la autorización sin previo consentimiento escrito de la autoridad
competente;
c) Aportar información falsa para obtener la autorización;
d) Persistir las circunstancias que motivaron la suspensión después del plazo concedido
para corregirlas; y
e) Destinar los productos o subproductos, partes o derivados para fines distintos de
aquellos para los cuales se hayan autorizado.
Procedimiento de Suspensión y Cancelación
Art. 36. Para la suspensión o cancelación de las autorizaciones a que se refiere la presente
Ley, se mandará a oír al titular dentro del plazo de tres días hábiles para que comparezca
personalmente o por medio de Apoderado, a presentar las pruebas de descargo y, con su
presencia o no, la autoridad competente emitirá la resolución definitiva dentro de un plazo de
cinco días hábiles siguientes.
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Las notificaciones dentro del procedimiento de suspensión o cancelación se harán cumpliendo
con lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles.
Autorizaciones en Bosques Salados
Art. 37. El Ministerio podrá otorgar autorizaciones para la ejecución de actividades,
obras o proyectos en los bosques salados, siempre que no se contraríen las medidas de
conservación y el respectivo plan de manejo, previo al pago correspondiente establecido en
la tarifa aprobada por el Ministerio de Hacienda. Los pagos realizados ingresarán al Fondo
General de la Nación.
Concesiones en Bosques Salados
Art. 38. Las concesiones para el establecimiento de salineras, proyectos de acuicultura
y cualquier otra actividad, obra o proyecto, serán otorgadas por el Ministerio, siempre que
éstas no contraríen las medidas de conservación y al respectivo plan de manejo o que no se
hayan establecido vedas en la zona solicitada, previo pago de los derechos correspondientes,
sujetándose a la presente Ley, su reglamento y demás legislación relacionada con la
materia.
Las concesiones podrán ser suspendidas o canceladas siguiendo las regulaciones y
procedimientos establecidos en los artículos 33, 34, 35 y 36 de la presente Ley.
Las concesiones otorgadas previo a la vigencia de esta Ley estarán sujetas a las disposiciones
establecidas en el reglamento respectivo.
CAPITULO VI
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO
Mercado de Servicios Ambientales
Art. 39. Las áreas del Sistema, públicas o privadas, municipales y de instituciones
autónomas podrán participar en mercados de servicios ambientales y sus propietarios gozarán
de los beneficios que de ellos se deriven.
Mecanismos Financieros
Art. 40. Podrá crearse Fideicomisos o programas financieros con fondos públicos o
privados, municipales o autónomos específicamente para la gestión del Sistema, generados por:
ingresos de entrada, donaciones, aportaciones voluntarias, pago por servicios ambientales,
mercadeo de productos de divulgación del Área Natural Protegida y otros contemplados en el
reglamento.

CAPITULO VII
INFRACCIONES Y SANCIONES
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Autoridad Competente
Art. 41. El titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales o sus delegados,
es la autoridad competente para conocer de las infracciones establecidas en la presente Ley
y sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar si los hechos constituyen delito o falta.
Clasificación de las Infracciones
Art. 42. Las infracciones a la presente Ley se clasifican en leves, graves, y muy graves.
Las multas se calcularán en salarios mínimos mensuales, tomando de base el establecido para
el comercio e industria en la ciudad de San Salvador.
En toda sanción que se imponga se evaluará el grado de la infracción, considerando la
alteración, daño o destrucción de los recursos contenidos en el área natural protegida, las
implicaciones de restauración y la capacidad económica del infractor.
En todo caso, siempre que se sancione una infracción de las establecidas en la presente
ley, se ordenará al infractor la restauración o reparación del daño causado, señalando un plazo
para que se realicen las obras necesarias.
Infracciones Leves
Art. 43. Son Infracciones Leves las siguientes:
a) Introducir de manera temporal animales domésticos o ganado de cualquier
especie;
b) Ingresar o acampar sin contar con la autorización correspondiente;
c) Irrespetar al personal autorizado para el resguardo del lugar;
d) Negarse a presentar al personal autorizado la correspondiente autorización;
e) Extraer madera o leña sin la respectiva autorización; y
f) Incumplir la normativa interna del lugar.
Quien incurriere en cualquiera de las infracciones indicadas, será sancionado con multa
de uno a diez salarios mínimos mensuales.
Infracciones Graves
Art. 44. Se consideran Infracciones Graves las siguientes:
a) Podar árboles, arbustos o cualquier otro tipo de vegetación representativa, sin
autorización;
b) Desarrollar actividades agrícolas no autorizadas;
c) Realizar cualquier tipo de actividad comercial, sin contar con la respectiva
autorización;
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d) Infringir las medidas que se hayan ordenado para prevenir o combatir los incendios
en las áreas naturales protegidas o en sus zonas de amortiguamiento;
e) Extraer organismos completos o parte de éstos como: hongos, bejucos, lianas,
helechos, orquídeas, bromelias, musgos, líquenes, hepáticas y otras especies
vegetales; y
f) Reincidir en al menos una falta leve dentro de un mismo año.
Quienes incurrieren en cualquiera de las infracciones señaladas, serán sancionados con
multa de once a cincuenta salarios mínimos mensuales, más la reparación del daño si fuere
posible y los gastos en que se incurriere durante el proceso sancionatorio.
Infracciones Muy Graves
Art. 45. Son infracciones Muy Graves las siguientes:
a) Destruir o dañar los recursos naturales existentes en el lugar;
b) Arrojar o depositar cualquier producto inflamable o contaminante;
c) Talar árboles, arbustos o cualquier otro tipo de vegetación, sin la correspondiente
autorización;
d) Utilizar en el área o en la zona de amortiguamiento, agroquímicos que no estén
autorizados por la autoridad responsable;
e) Recolectar, capturar, cazar, pescar o comercializar especímenes de la vida silvestre
o sus partes, sin la autorización correspondiente. Se considera agravante cuando la
especie estuviere protegida de conformidad a la ley, o en peligro de extinción;
f) Recolectar o extraer objetos de valor histórico o arqueológico;
g) Introducir o liberar cualquier especie exótica invasora;
h) Recolectar o extraer rocas, minerales o fósiles, arrecifes de coral, arena,
sedimentos de fondos marinos o estuarios o cualquier otro producto, sin la debida
autorización;
i) Obstruir cauces naturales que impidan el flujo de las aguas;
j) Realizar modificaciones en el ambiente o causar daño a la diversidad biológica,
el paisaje y la captación de agua;
k) Drenar o desecar humedales;
l) Alterar, ceder o hacer uso indebido de las autorizaciones extendidas por la autoridad
competente;
m) Ocasionar incendios;
n) Ocupar o permanecer dentro de un área natural protegida con fines habitacionales
u otros que alteren el estado natural del área;
o) Tener o pastar ganado de cualquier especie sin la correspondiente autorización;
p) Dañar las instalaciones del área, equipos, materiales u otros bienes propios de
la administración;
q) Utilizar sin la autorización la denominación de AÁrea Natural Protegida”;

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r) Realizar actividades de investigación científica sin el permiso correspondiente;
y
s) Reincidir en una falta grave en un mismo año.
Quien incurriere en cualquiera de las infracciones indicadas será sancionado con multa
de cincuenta y uno a dos mil salarios mínimos mensuales, más la reparación del daño si fuere
posible y deberá pagar los gastos en que se incurren durante el proceso sancionatorio.
Reincidencia
Art. 46. La reincidencia establecida en los literales f) y s) de los artículos 44 y 45,
se sancionará con el doble de la multa señalada en cada caso y además se procederá a la
cancelación definitiva de la autorización o concesión otorgada de conformidad a la presente
Ley, si la hubiere.
Decomiso
Art. 47. El Ministerio procederá al secuestro de los productos, partes, derivados o
especies obtenidas ilícitamente, así como de los medios utilizados para cometer la presunta
infracción y a resolver sobre el destino de éstos, con base en la presente Ley, su reglamento
y otra legislación pertinente.
Los bienes relacionados en el inciso anterior podrán ser devueltos a sus propietarios, o en
su caso, decomisados previo dictamen de la autoridad competente en el proceso administrativo
sancionatorio correspondiente.
Delitos
Art. 48. En caso que la infracción constituya delito, el Ministerio se abstendrá de seguir
conociendo del asunto, debiendo remitir los autos a la Fiscalía General de la República para
que inicie la acción correspondiente.
El Juez al dictar sentencia, además de la pena privativa de libertad, deberá imponer la
multa que corresponda al caso.
CAPITULO VIII
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Procedimiento
Art. 49. El procedimiento administrativo sancionatorio se iniciará de oficio, por denuncia
o por aviso ante el Ministerio.
Cuando los funcionarios y empleados del Ministerio, Inspectores de pesca, Guarda recursos,
Agentes de la Policía Nacional Civil, Agentes de la Fiscalía General de la República, elementos
de la Fuerza Armada o cualquier otra autoridad que tuviere conocimiento por cualquier medio
de una infracción a la presente Ley y su reglamento, procederán de inmediato a inspeccionar
el área donde se hubiese cometido la infracción. El acta que al efecto se levante, constituirá
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prueba del cometimiento de la misma, y deberá ser remitida por cualquier medio directamente
al Ministerio en un plazo no mayor de tres días hábiles, contados después de realizada la
inspección.
Actos Previos
Art. 50. Recibida el acta relacionada en el artículo anterior, el Ministerio calificará
la procedencia de iniciar el proceso administrativo sancionatorio. Para ello, podrá efectuar
diligencias previas con el objeto de determinar con carácter preliminar la concurrencia de
circunstancias que lo fundamente.
Instrucción y Sustanciación del Procedimiento
Art. 51. La instrucción del procedimiento se ordenará mediante resolución motivada en
la que se indique, por lo menos, lo siguiente:
a) El funcionario que ordena la instrucción, expresando lugar y fecha de la
resolución;
b) Exposición suscinta de los hechos que justifican la instrucción, la clase de infracción
que constituye y la sanción que puede corresponder;
c) Indicación del derecho de vista de las actuaciones, de alegar e invocar las Leyes y
demás motivaciones jurídicas que justifiquen lo actuado por el presunto infractor, a
aportar pruebas de descargo, a hacer uso de la audiencia y de las demás garantías
que conforman el debido proceso legal; y
d) Las medidas de carácter provisional que se hayan adoptado.
La resolución será suscrita por el Ministro o el funcionario delegado que ordene la
instrucción, nombrando un Secretario de Actuaciones y se notificará al presunto infractor,
observando las formalidades que establece el Código de Procedimientos Civiles. En el acto
de la notificación se entregará copia del acta que al efecto se levante y de las actuaciones
previas, si las hubiere.
Los inculpados dispondrán del plazo de cinco días hábiles, a contar del siguiente de la
notificación citada en el inciso anterior para aportar las alegaciones, documentos e informaciones
que estimen convenientes y propondrán los medios probatorios que pretendan hacerse valer
y señalarán los hechos que pretendan probar. Precluido el período de alegaciones se abrirá a
pruebas el procedimiento por el plazo de cinco días hábiles.
En caso que el presunto infractor no compareciere a ejercer su derecho de defensa, se le
declarará rebelde, se le notificará la declaratoria de rebeldía y se pronunciará la sentencia sin
más trámite ni diligencia.
La sentencia se pronunciará cumpliendo con los requisitos establecidos en el inciso segundo
del presente artículo en un plazo máximo de diez días hábiles.
Valoración de la Prueba
Art. 52. Los informes de los funcionarios del Ministerio y las actas relacionadas en el
artículo 49 constituyen medios probatorios. La prueba se valorará de conformidad a las reglas
de la sana crítica.

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Motivación de la Resolución
Art. 53. La resolución que decida la procedencia o improcedencia de las sanciones
administrativas, será debidamente motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas por
las partes dentro del término de diez días hábiles.
Valúo del Daño al Área Natural Protegida
Art. 54. Siempre que se imponga una sanción administrativa se ordenará al infractor
la restitución o reparación del daño causado a los recursos naturales contenidos en el área,
concediéndole un plazo prudencial para hacerlo. Para tal efecto se procederá a determinar el
valúo por peritos nombrados por el Ministerio.
La certificación del valúo y de la resolución que ordena la restitución o reparación del daño
tendrá fuerza ejecutiva contra el infractor.
Recurso de Revisión
Art. 55. Toda resolución pronunciada en la fase administrativa admitirá el recurso de
revisión. El plazo para interponerlo será de cinco días hábiles contados a partir de la notificación
y tendrá carácter optativo para efectos de la acción Contenciosa Administrativa, el recurso
deberá ser resuelto con vista de autos dentro del plazo de diez días hábiles.
Pago de Multa
Art. 56. La multa impuesta deberá enterarse en la Receptoría Fiscal respectiva e ingresará
al Fondo General de la Nación.
Al quedar ejecutoriada la resolución deberá cumplirse dentro del término de quince días,
contados a partir del siguiente a la notificación respectiva, y su certificación tendrá fuerza
ejecutiva.
CAPITULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Incorporación de las Áreas al Sistema
Art. 57. Las áreas naturales protegidas que se encuentren en proceso de asignación de
conformidad a la Ley del Régimen Especial de la Tierra en Propiedades de las Asociaciones
Cooperativas, Comunales y Comunitarias Campesinas y Beneficiarios de la Reforma Agraria y
su Reglamento, estarán sujetas a los lineamientos emanados del Ministerio a fin de garantizar
la conservación e integridad de las mismas.
Validez de Concesiones Otorgadas
Art. 58. Las concesiones otorgadas para la ejecución de actividades, obras o proyectos
en los bosque salados, con anterioridad a la vigencia de la presente ley, continuaran vigentes,
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siempre que no se contraríen las medidas de conservación y los demás requisitos establecidos
en el artículo 38 de este decreto, pero los concesionarios deberán presentar al Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales en el plazo de dos años, contados a partir de su vigencia,
el plan de manejo y el correspondiente diagnóstico ambiental.
Calificación de inmuebles
Art. 59. El Ministerio deberá calificar los inmuebles a que se refiere el inciso cuarto del
artículo 9 de la presente Ley.
Transferencia al Estado
Art. 60. Los inmuebles identificados como potenciales áreas naturales protegidas
registradas a favor del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, por constituir patrimonio
especial propiedad estatal, por ministerio de ley quedan incorporadas al Sistema.
Instrumentos Contractuales
Art. 61. Los convenios, acuerdos, cartas de entendimiento y otros instrumentos
relacionados con áreas naturales protegidas, suscritos por el Ministerio o el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, con instituciones públicas, privadas o con personas naturales antes
de la vigencia de la presente Ley, serán revisados para adecuarlos a las normas de ésta y
su Reglamento. Dicha revisión y adecuación se realizará en el plazo de dos años, contados a
partir de la vigencia de este Decreto.
Protección del Bosque Salado
Art. 62.- Con el propósito de garantizar la conservación e integridad de los bosques
salados, el Ministerio en un plazo de dos años, contados a partir de la vigencia de la presente
Ley, deberá realizar el deslinde y amojonamiento de éstos.
Tenencia de Parcelas en Bosques Salados
Art. 63.- En un plazo máximo de dos años, contados a partir de la vigencia de la presente
ley, deberá definirse la tenencia existente antes de la vigencia de esta ley de las parcelas
ubicadas dentro del área de los bosques salados, dentro del marco del Art. 57 de esta ley y
de acuerdo a lo que establecen las demás leyes vigentes.
No obstante lo anterior, la vigencia de esta ley, no afectará la titularidad legalmente
comprobada, de las parcelas ubicadas en las áreas mencionadas en el inciso que antecede,
respetandose en todo caso la normativa de las áreas naturales protegidas.
La tenencia a la que se refiere este artículo podrá admitir prueba testimonial.
Instrumentos de Planificación
Art. 64. Las actividades dentro de un Área Natural Protegida, deberán ser congruentes
con el manejo de la misma hasta alcanzar la formulación del Plan de Manejo.

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L e y e s
Definición de Acciones
Art. 65. Mientras no se emita el reglamento de la presente Ley, el Ministerio definirá, por
Acuerdo Ejecutivo o Resolución, las acciones necesarias para cumplir con el objeto de la misma.
CAPITULO X
DISPOSICIONES FINALES, DEROGATORIAS Y VIGENCIAS
Autorización de Resoluciones
Art.66. Para la aplicación de la presente Ley, todas las resoluciones que emita el Ministerio,
serán autorizadas por su titular, por quien haga sus veces o por quién aquel designe.
Guarda Recursos
Art. 67. Créase la Unidad de Guarda Recursos, cuya finalidad será la custodia, vigilancia
y control de las Áreas Naturales Protegidas y estará integrada por empleados públicos pagados
por el Estado o por sectores no gubernamentales, autorizados por el Ministerio, quienes
desarrollarán sus funciones en las Áreas Naturales Protegidas que forman parte del Sistema
o que tienen potencial para integrarlo; la estructura y funcionamiento de dicha unidad se
determinará en el reglamento de la presente Ley.
La Unidad de Guarda Recursos estará integrada por hombres o mujeres en condiciones de
equidad y serán capacitados y formados por el Ministerio para el ejercicio de sus funciones,
para cumplir con tal fin podrá auxiliarse de organizaciones no gubernamentales y locales.
Siempre y cuando sea posible se procurará que los Guarda Recursos pertenezcan a las
comunidades aledañas al área natural protegida, para vincular ésta con su entorno social.
Funciones Protectivas
Art. 68. Los funcionarios y empleados mencionados en el segundo inciso del Artículo 49
de la presente Ley tienen la facultad, dentro de las Áreas Naturales Protegidas, para detener
a los transgresores sorprendidos in fraganti, juntamente con los productos que se hubieren
obtenido o abandonado y entregarlos de forma inmediata a la autoridad competente.
Comités de Vigilancia
Art. 69. Las comunidades aledañas a un área natural protegida podrán integrar comités
con funciones de vigilancia y conservación de los recursos de dichas áreas; así como también
denunciar ante las autoridades del área, cualquier hecho o acto que contraríe lo dispuesto por
la presente Ley y su reglamento.
Portación de Armas
Art. 70. Los guarda recursos podrán portar armas de conformidad a la Ley de Control y
Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares y su Reglamento,
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cuando le sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones dentro de las Áreas Naturales
Protegidas.
Derogatorias
Art. 71. Deróganse los artículos 28, 29, 30, 31, 77, 78 y 79 todos de la Ley Forestal
contenida en el Decreto Legislativo No. 268, del 8 de febrero de 1973, publicado en el Diario
Oficial No. 50, Tomo 238 del 13 de marzo del mismo año; Decreto Legislativo N° 885 del 13
de abril del 2000, publicado en el Diario Oficial N° 79, Tomo 347, de fecha 28 del mismo mes
y año, así como cualquier otra disposición que contraríe la presente Ley.
Medidas
Art. 72. El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
dictará las medidas necesarias a fin de darle la debida difusión y aplicación a esta Ley y su
Reglamento.
Carácter Especial
Art. 73. La presente Ley por su carácter especial prevalecerá sobre cualquier otra que
la contraríe.
Vigencia
Art. 74. La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador a los
trece días del mes de enero del año dos mil cinco.
D. O. N° 32, Tomo N° 366, Fecha: 15 de febrero de 2005

DECRETO No. 627
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
L e y e s
I. Que el sistema político de nuestro país, de conformidad a la Constitución, es pluralista,
y se expresa por medio de los partidos políticos que son el único instrumento para el
ejercicio de la representación del pueblo.
II. Que un Estado democrático y representativo, debe crear los mecanismos necesarios para
fortalecer dichas condiciones, siendo uno de ellos, el establecimiento de un mecanismos
ágil y viable para constituir e inscribir nuevos partidos políticos.
III. Que es necesario brindar las herramientas legales para hacer valer y fomentar el derecho
de asociación que la constitución reconoce a sus ciudadanos, aplicado a la formación
de partidos políticos.
IV. Que las circunstancias apuntadas en los Considerandos anteriores, requiere la emisión
de leyes que procuren tales propósitos, principalmente para las próximas elecciones de
Diputados y Concejos Municipales programadas para el año 2006.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Ciro Cruz Zepeda
Peña, Luis Roberto Angulo Samayoa, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Salomé Roberto Alvarado
Flores, René Napoleón Aguiluz y Agustín Díaz Saravia.
DECRETA la siguiente:
LEY ESPECIAL TRANSITORIA PARA LEGALIZAR NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS
Objeto
Art. 1. La presente Ley tiene por objeto crear un mecanismo expedito para la constitución
y trámite de legalización de nuevos partidos políticos, a efecto de que puedan participar en
las elecciones para Diputados y Concejos Municipales a celebrarse el año dos mil seis.
Normativa Aplicable
Art. 2. La constitución e inscripción de los partidos políticos que inicien por primera
vez su trámite, o que el mismo se encuentre inconcluso al momento de entrar en vigencia la
presente Ley, se sujetará a lo dispuesto en los capítulos I y II del Título VII del Código Electoral,
con las modificaciones contenidas en esta ley especial transitoria.
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Denominaciones
Art. 3.- En el texto de la presente Ley, el Tribunal Supremo Electoral podrá denominarse
“El Tribunal”; el Documento Único de Identidad “el DUI”; y el partido político en organización
“PPO”.
Solicitud
Art. 4.- Una vez constituido un partido político, los directivos provisionales o los
fundadores, por medio de delegados especiales, deberán presentar solicitud escrita al Tribunal,
a efecto de ser autorizados a realizar proselitismo.
Proselitismo
Art. 5.- El Tribunal, dentro de los quince días posteriores a la presentación de la respectiva
petición, debe autorizar al PPO la realización de campaña de proselitismo tendente a afiliar a
la cantidad de ciudadanos indispensables para su inscripción.
Notificada la decisión a la que se refiere el inciso anterior, o transcurrido el plazo establecido
en el mismo sin que el Tribunal se haya pronunciado, el Secretario General del Tribunal debe
devolver los libros de registro de afiliados debidamente sellados para los efectos correspondientes,
y extender la credencial a los solicitantes.
Los PPO pueden hacer campaña de proselitismo para afiliar a sus correligionarios, en el
lapso de noventa días, posteriores a la devolución de los libros que para tal efecto autorice el
Tribunal.
Registro de Afiliados:
Art. 6.- Los libros de afiliados deben contener, como mínimo, los datos siguientes:
nombre, edad, sexo, profesión u oficio, domicilio, número de DUI y firma del afiliado; los
cuales deben ser conformes con los que aparecen en dicho documento.
Si por alguna circunstancia el afiliado no puede firmar, debe dejar estampada su huella
del dedo pulgar de alguna de sus manos, o el que sea posible estampar y, en cualquiera de
estos casos, otra persona debe firmar a ruego, debiendo quedar establecida en la respectiva
afiliación dicha circunstancia, y las razones que impiden al afiliado estampar su firma.
Los libros de afiliados deben ser devueltos al Tribunal dentro los tres días posteriores al
vencimiento del plazo para realizar proselitismo, so pena de declarar inadmisible la solicitud
de legalización por extemporánea.
Además, en dicho plazo debe presentarse al Tribunal la hoja de afiliación. Dicha hoja
deberá contener la identificación del ciudadano, y la manifestación expresa de adherirse a los
principios doctrinarios del PPO.
Verificación
Art. 7.- Presentados los libros a los que se refiere el artículo anterior, el Tribunal verificará
el contenido de los mismos, constatándolos con sus propios registros. Tal actividad se efectuará
en el plazo de treinta días posteriores a su presentación.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
L e y e s
Si de la verificación a la que se refiere el inciso anterior apareciere que el número de
afiliados presentados por el PPO es inferior al requerido para su inscripción, el Tribunal podrá
otorgar oficiosamente treinta días adicionales para que se completen las afiliaciones que
faltaren.
Inscripción
Art. 8.- Para que proceda la inscripción de un partido político en el Registro que para
tal efecto lleva el Tribunal, es necesario que el mismo cuente con un número de afiliados
equivalentes al tres por ciento (3%) de los votos válidos en la elección de Diputados celebrada
en el año dos mil tres y, además, haber cumplido, en tiempo y forma, los requisitos establecidos
en el presente decreto y en el Código Electoral, en lo que sea aplicable.
Art. 9.- Dentro de los cinco días posteriores a la aprobación por el Tribunal, de las
afiliaciones presentadas por el PPO, los delegados especiales del mismo deben presentar la
solicitud de inscripción con los requisitos señalados en el artículo 160 del Código Electoral.
Art. 10.- Presentada la solicitud de inscripción, con la documentación correspondiente,
el Tribunal debe resolver dentro de quince días hábiles admitiéndola, o previniendo que se
subsanen los errores que existieren.
En el segundo supuesto del inciso anterior, la prevención debe subsanarse dentro de los
tres días posteriores a su notificación, con el contendido requerido en la resolución. La falta
de aclaración o corrección oportuna de tales datos ocasionará que la petición sea declarada
inadmisible, debiéndose en este caso razonar los motivos de la decisión.
Art. 11.- Admitida la solicitud de inscripción, el Tribunal ordenará la publicación de los
aspectos esenciales de la resolución, junto con la nómina completa de los afiliados del PPO, en
dos periódicos de circulación nacional. El costo de la publicación correrá por cuenta de dicho
partido, y la forma de la misma será determinada en la respectiva resolución.
La publicación antes dicha tiene por objeto que cualquier persona formule ante el Tribunal,
en el plazo de tres días, las observaciones pertinentes sobre la legalidad o procedencia de la
solicitud de inscripción.
Si las observaciones efectuadas por alguna persona consistieren en una oposición a la
inscripción solicitada, el Tribunal resolverá de manera razonada lo que conforme a derecho
corresponda, dentro del plazo de tres días.
En defecto del supuesto anterior, se debe pronunciar resolución ordenando la inscripción
del partido político.
Art. 12.- La presente Ley no será aplicable a los partidos políticos o fuerzas políticas
que se encuentren en el supuesto de hecho establecido en el Decreto Legislativo No. 586 del
diecinueve de enero del corriente año, en cuanto al número de afiliados que deben acreditar
para inscribirse.
139
Parte I

Parte I
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
140
Los que gestionen su inscripción amparándose en el Decreto Legislativo No. 586 del
diecinueve de enero del corriente año, aún cuando se trata de nuevos partidos políticos, no
se les debe exigir nueva acta o escritura de constitución, ni de nuevos estatutos.
El requisito de la presentación de los documentos referidos en el inciso anterior debe
suplirse por el Tribunal Supremo Electoral, tomando en cuenta sus propios registros. Además,
este debe asumir como autoridades del partido relacionado, a aquellas personas que figuraban
como tal al momento en que se canceló su inscripción.
Art. 13.- El presente Decreto entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el
Diario Oficial y durará hasta el día quince de junio del presente año. Sin embargo, los trámites
que se hubieren iniciado durante su vigencia, continuarán sustanciándose conforme a esta
normativa.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los tres días del mes de marzo del
año dos mil cinco.
D. O. N° 52, Tomo N° 366, Fecha: 15 de marzo de 2005

Reformas,
Interpretaciones Auténticas,
Prórrogas y Derogatorias
Parte II

DECRETO N° 330.-
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que actualmente los empresarios del transporte en general, no son sujetos de crédito
para la adquisición de unidades de transporte que les permita modernizar su parque
vehicular, por la falta del establecimiento del plazo con que contaran para poder explotar
la concesión a ellos otorgada por el Estado;
II.- Que la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ni su Reglamento establecen
el plazo mencionado en el considerando anterior;
III.- Que con el fin de facilitar la adquisición de unidades de transporte modernas y de
garantizarle a los usuarios un mejor servicio se vuelve urgente adoptar las medidas
necesarias para incentivar y reactivar la industria del transporte, en beneficio de los
empresarios dedicados a ese rubro;
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Nelson Napoleón
García Rodríguez, Carlos Armando Reyes Ramos, Gaspar Armando Portillo Benítez, Marco Tulio
Mejía Palma, José Ricardo Cruz, Roberto José D’Aubuisson Munguía, José Ernesto Castellanos
Campos, Santos Fernando González Gutiérrez, Agustín Díaz Saravia, José Orlando Arévalo
Pineda, Ciro Cruz Zepeda Peña, Miguel Francisco Bennet Escobar, Rubén Orellana, Juan de
Jesús Sorto Espinoza, Juan Francisco Villatoro, Alexander Higinio Melchor López, José Vidal
Carrillo Delgado, Félix Agreda Chachagua, Wilfredo Díaz Vásquez, José Wiliam Argueta Canales,
Victoria de Amaya, Gustavo Chiquillo y Alex Aguirre, Juan Miguel Bolaños Torres, Manuel
Vicente Menjivar Esquivel, José Mauricio Quinteros Cubías.
DECRETA:
La siguiente reforma al Art. 47 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, emitida por el Decreto Legislativo N° 477 del 19 de octubre de
1995, publicado en el Diario Oficial No. 212, Tomo 329 de fecha 16 de noviembre
del mismo año, así:
Art. 1.- Refórmase el Art. 47 de la siguiente manera:
“ Art. 47.- Toda persona natural o jurídica, que pretenda prestar el servicio de transporte
colectivo de pasajeros, servicio de transporte de escolares u otros servicios públicos colectivos
especiales de pasajeros, así como de transporte selectivo de pasajeros, deberá contar con la
concesión respectiva para la prestación del servicio específico, la cual será otorgada por el
Viceministerio de Transporte para un período de diez años, prorrogables en iguales condiciones,
siempre que, para tal efecto el concesionario cumpla con lo establecido en la Ley.”
143
Parte II

Parte II
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144
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil cuatro.
D. O. N° 126, Tomo N° 364, Fecha: 7 de julio de 2004.

DECRETO N° 333
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que, por Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, publicado en
el Diario Oficial No. 243, Tomo No. 333 del 23 del mismo mes y año, se emitió la Ley
del Sistema de Ahorro para Pensiones.
II.- Que en la referida Ley no existe una definición de lo que debe de entenderse por Cuenta
Individual, lo cual crea confusión en los encargados de aplicar la Ley y los beneficiarios
de ésta, por lo que es conveniente definir en el contexto de la Ley el concepto de la
misma.
III.- Que asimismo, en la actualidad existen cotizantes que, no obstante cumplir la edad para
pensionarse por vejez, no reúnen el mínimo de años cotizados registrados para poder
optar a una jubilación.
IV.- Que en tal circunstancia se hace necesario reformar la Ley del Sistema de Ahorro para
Pensiones, a fin de que cuando el cotizante se encuentre en la circunstancia mencionada
en el considerando anterior, se le devuelva el saldo de la cuenta individual.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Alejandro
Dagoberto Marroquín, Calixto Mejía Hernández, Rodolfo Parker, Héctor Córdova, Walter Eduardo
Durán, Juan Miguel Bolaños, José Mauricio Quinteros, Noé Orlando González y Jorge Alberto
Villacorta.
DECRETA:
LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY DEL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES,
EMITIDA POR DECRETO LEGISLATIVO No. 927, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE
1996, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL No. 243, TOMO No. 333 DEL 23 DEL
MISMO MES Y AÑO.
Art. 1. Adiciónase un inciso primero al Art. 18 de la siguiente manera:
“Para efectos de esta Ley, deberá entenderse por Cuenta Individual de Ahorro para
Pensiones, la sumatoria de los aportes obligatorios del trabajador y empleador, así como los
aportes voluntarios de éstos, los rendimientos que se acrediten; además, formarán parte de
la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones, cualquier otro aporte que esté establecido,
para casos específicos, siempre que cumplan los requisitos de la Ley.”
145
Parte II

Parte II
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146
Art. 2. Refórmase el Art. 126 así:
“Art. 126. El afiliado que cumpla la edad para pensionarse por vejez y no reúne los
requisitos establecidos en los Artículos 104 y 202 de esta Ley, se le devolverá el saldo de la
Cuenta Individual en un sólo monto y en un plazo máximo de 120 días.
No obstante lo establecido en el inciso anterior, el afiliado que así lo desee podrá mantener
su saldo en su Cuenta Individual y continuar cotizando, con el objeto de cumplir los requisitos
para acceder a pensión mínima por vejez, de conformidad con el Art. 147 de esta Ley.”
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil cuatro.
D. O. N° 124, Tomo N° 364, Fecha: 5 de julio de 2004.

DECRETO N° 336
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que, por Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, publicado en
el Diario Oficial No. 243, Tomo No. 333 del 23 del mismo mes y año, se emitió la Ley
del Sistema de Ahorro para Pensiones.
II. Que el Art. 18-A del referido marco legal define lo que se debe entender por Historial
Laboral, así como los parámetros técnicos y los mecanismos para complementar la
información que, por diversas razones no fuere posible localizar o digitalizar.
III. Que la forma en que está redactada dicha disposición da lugar a que las instituciones
competentes apliquen a su discreción el contenido de la misma, principalmente lo que
respecta a la documentación admisible para comprobar tiempos de servicio y salario
cotizados por las personas que trabajaron en el sector público y privado.
IV. Que por las razones antes expuestas, se hace necesario reformar la disposición a que
se refiere el considerando segundo de este Decreto, a efecto de incluir en la misma
la Declaración Jurada como medio para poder probar el tiempo de servicio y salario
realizados; comprobación que no podrá exceder de dos años continuos o discuntinuos
y que no esté comprendido en los últimos diez años cotizados.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Alejandro
Dagoberto Marroquín, Calixto Mejía Hernández, Rodolfo Antonio Parker, Héctor Córdova, Walter
Eduardo Durán, Juan Miguel Bolaños, José Mauricio Quinteros, Noé González y Jorge Alberto
Villacorta.
DECRETA:
LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY DEL SISTEMA DE AHORRO PARA
PENSIONES, EMITIDA POR DECRETO LEGISLATIVO No. 927, DE FECHA
20 DE DICIEMBRE DE 1996, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL No. 243,
TOMO No. 333 DEL 23 DEL MISMO MES Y AÑO.
Art. 1. Refórmase el Art. 18-A así:
“Art. 18-A. Se entenderá por Historial Laboral a la información laboral histórica de los
trabajadores incorporados al sistema, sustentada por las cotizaciones realizadas en el Sistema
de Ahorro para Pensiones, así como las cotizaciones realizadas y los tiempos de servicio
reconocidos por la Ley del Sistema de Pensiones Público, que se define en el artículo 183.
El Historial Laboral servirá de base para el cálculo de los tiempos necesarios para acceder
a los beneficios contemplados en esta Ley.
147
Parte II

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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
148
Para la reconstrucción del Historial Laboral de las cotizaciones realizadas en el Sistema
de Pensiones Público, así como los tiempos reconocidos por esta Ley, se construirá una base
de datos relacional que permita la sistematización de dicha información. La responsabilidad
sobre la administración de dicha base, así como los parámetros técnicos y los mecanismos para
complementar la información que, por diversas razones no fuera posible localizar o digitalizar,
serán establecidos por medio del Reglamento respectivo.
No obstante lo establecido en el inciso anterior, la comprobación de tiempos de servicio
y salario cotizados por las personas que trabajaron en el sector público, podrán comprobarse
con cualquiera de la documentación siguiente, en el orden que sigue:
a) Fotocopia de las planillas, certificada por el funcionario competente de la
Institución.
b) Informe de tiempos de servicio, emitidos y certificados por la Corte de Cuentas
de la República.
c) Informe sobre cotizaciones, emitido y certificado por el Departamento de Archivo
y Microfilm del INPEP.
d) Copia de la tarjeta de tiempo de servicio de los empleados públicos, certificada por
el Departamento de Archivo y Microfilm del INPEP o por la Corte de Cuentas de la
República; se aceptarán además aquellas tarjetas emitidas por otras Instituciones
del sector público, certificadas por los funcionarios competentes.
e) Constancia de períodos de trabajo extendida por las Instituciones Públicas en
donde laboró el afiliado, emitida por el funcionario competente para tal efecto.
En caso que la Institución Pública a que alude el literal anterior y que no exista,
corresponderá emitir la constancia a la Institución que conserve la documentación
relacionada con los tiempos de servicio.
Dicha constancia deberá especificar períodos laborados, salarios y licencias sin
goce de sueldo.
f) Certificado de Derechos y Cotizaciones extendido por el ISSS, en el que aparezcan
los días y salarios cotizados al Régimen de Salud.
g) Ejemplares originales de Diarios Oficiales o fotocopias de los mismos, en los que
aparezcan publicados los acuerdos de nombramientos, aumentos, traslados y, en
general, el acto administrativo que quiere comprobarse.
En caso de no encontrarse ninguno de los documentos mencionados en los literales
anteriores, la comprobación de tiempo de servicio y salarios cotizados, podrá realizarse
mediante Declaración Jurada.
No obstante lo establecido en el inciso anterior, dicha comprobación no podrá exceder de
dos años, continuos o discuntinuos y no deberá estar comprendido en los últimos diez años
cotizados.
Asimismo, la documentación admisible para comprobar días y salarios cotizados por
las personas que trabajaron en el sector privado, podrán comprobarse con cualquiera de la
documentación siguiente, en el orden que sigue:
a) Fotocopia de planilla de cotización previsional, documental o resumen, en la que
conste que ha sido cancelada.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Cuando la planilla consista en más de dos hojas, podrá admitirse la hoja en la
que fue reportado el afiliado, más la hoja de la planilla en la que conste que ha
sido cancelada.
b) Análisis de Cuenta Individual, emitido por la División de Prestaciones Económicas
del ISSS.
c) Certificado de Derechos y Cotizaciones extendido por el ISSS, en el que aparezcan
los días y salarios cotizados al Régimen de IVM hasta abril de 1998.
d) Constancia extendida por funcionario competente del ISSS o comprobante de
pago, de los subsidios por incapacidad temporal, correspondientes al período que
se trata de comprobar.
e) Informes de Inspección del ISSS, en los que se haya establecido la relación laboral,
salarios y períodos cotizados.
En caso de no encontrarse ninguno de los documentos mencionados en los literales
anteriores, la comprobación de tiempo de servicio y salarios cotizados, podrá realizarse
mediante Declaración Jurada.
No obstante lo establecido en el inciso anterior, dicha comprobación no podrá exceder de
dos años, continuos o discuntinuos y no deberá estar comprendido en los últimos diez años
cotizados.
Los Institutos Previsionales están en la obligación de trasladar a las Instituciones
Administradoras de Fondos de Pensiones, la información correspondiente al Historial Laboral
de los afiliados, contemplados en los artículos 184 y 185 de la presente Ley, de acuerdo a las
disposiciones que contemple el Reglamento respectivo.”
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 126, Tomo N° 364, Fecha: 7 de julio de 2004.
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Parte II

Parte II
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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DECRETO No. 347
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que, por Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, publicado en
el Diario Oficial No. 243, Tomo No. 333, del 23 del mismo mes y año, se emitió la Ley
del Sistema de Ahorro para Pensiones.
II.- Que el Artículo 104, literal b) del referido marco legal, establece que los afiliados al
sistema tendrán derecho a pensión de vejez cuando el cotizante hubiere cotizado durante
30 años continuos o discontinuos, independientemente de la edad.
III.- Que asimismo, el Artículo 200, literal b) de la referida Ley, regula que los asegurados al
Sistema de Pensiones Público tendrán derecho a pensión de vejez cuando el cotizante
hubiere registrado un período de 30 años de cotizaciones, continuas o discontinuas en
el ISSS o el INPEP, independientemente de la edad.
IV.- Que a la vez, es necesario mejorar las pensiones actuales, así como revalorizar las
pensiones, situación que requiere una sostenibilidad económica en el tiempo, por lo
que es necesario buscar fuentes de financiamiento que permitan hacerle frente a tales
obligaciones, por lo que al derogar las disposiciones mencionadas en los considerandos
anteriores, permitirá al Estado obtener recursos para su financiamiento.
V.- Que por las razones antes expuestas, se hace necesario derogar las referidas disposiciones,
a efecto de que los cotizantes puedan jubilarse cuando cumplan con el resto de los
requisitos establecidos en los Artículos 104 y 200 de la Ley del Sistema de Ahorro para
Pensiones.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Ciro Cruz Zepeda
Peña, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Carmen Elena Calderón de Escalón, José Mauricio
Quinteros Cubías, Jorge Alberto Villacorta, Alejandro Dagoberto Marroquín, Mauricio Hernández,
Manuel Menjívar y Víctor Melgar.
DECRETA:
Art. 1. Derógase el literal b) del Artículo 104 y el literal b) e inciso segundo del Artículo
200.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 11 de enero del año 2005,
previa publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los quince días del mes de junio
del año dos mil cuatro. D. O. N° 128, Tomo N° 364, Fecha: 9 de julio de 2004.

DECRETO N° 348
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que, por Decreto Legislativo N° 74, de fecha 8 de septiembre de 1988, publicado en
el Diario Oficial No. 176, Tomo No. 300, del 23 de septiembre del mismo año, se emitió
la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios.
II.- Que el Art. 1 de la citada Ley, establece que el FODES estará constituido por un aporte
anual del Estado igual al 6% de los ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado
a partir del ejercicio fiscal de 1998, y que el mismo deberá consignarse en cada ejercicio
fiscal y entregado en forma mensual, de conformidad a los procedimientos establecidos
en dicha Ley.
III.- Que los recursos destinados para los municipios siguen siendo insuficientes para atender
las crecientes necesidades de los mismos, por lo que se hace necesario incrementar los
aportes del Estado en favor de los municipios, a fin de que éstos puedan satisfacer las
necesidades de la población, por lo que se hace necesario reformar la referida Ley del
FODES.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Ciro Cruz Zepeda
Peña, José Manuel Melgar Henríquez, Gerson Martínez, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Carmen
Elena Calderón de Escalón, José Francisco Merino López, Alejandro Dagoberto Marroquín, Héctor
Ricardo Silva Argüello, René Napoleón Aguiluz Carranza, Vilma Celina García de Monterrosa,
Rodolfo Antonio Parker, Humberto Centeno Najarro, Blanca Nohemí Coto Estrada y Mauricio
Hernández Pérez.
DECRETA:
Art. 1. Refórmase el Art. 1 de la siguiente manera:
Art. 1. Créase el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El
Salvador, que podrá denominarse “FODES”, el cual estará constituido por:
Un aporte anual del Estado igual al siete por ciento de los ingresos corrientes netos del
presupuesto del Estado, a partir del ejercicio fiscal del año 2005, que deberá consignarse en
el mismo en cada ejercicio fiscal, y entregado en forma mensual y de acuerdo a lo establecido
en los Artículos 4 y 4-A de esta Ley, el cual podrá financiarse con:
A) LOS SUBSIDIOS Y APORTES QUE POSTERIORMENTE LE OTORGUE EL ESTADO
B) APORTES Y DONACIONES
C) PRÉSTAMOS EXTERNOS E INTERNOS
D) BONOS U OTROS INGRESOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO RECIBA
151
Parte II

Parte II
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
152
TRANSITORIO
Art. 2. Para el ejercicio fiscal 2004, se hace una transferencia adicional al 6% de los
ingresos corrientes netos, por la cantidad de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL DOLARES
($9.500.000.00), los cuales deberán ser distribuidos de conformidad a los criterios establecidos
en los Artículos 4 y 4-A de la Ley del FODES.
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los diecisiete días del mes de junio del
año dos mil cuatro.
D. O. N° 112, Tomo N° 363, Fecha: 17 de junio de 2004.

DECRETO N° 357.-
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que mediante Decreto Legislativo No. 1125, de fecha 16 de enero de 2003, publicado
en el Diario Oficial No. 29, Tomo 358, del 13 de febrero de ese mismo año, reformado
mediante Decreto Legislativo No. 64, de fecha 10 de julio de 2003, publicado en el
Diario Oficial No. 148, Tomo 360, del 14 de agosto de ese mismo año, se establecieron
las Disposiciones Especiales de Opción de Pago para las Personas que Obtuvieron
Financiamiento para Adquirir Acciones de las Distintas Sociedades de los Ingenios
Privatizados, según lo establecido en la Ley de Privatización de Ingenios y Plantas de
Alcohol;
II. Que para optar a cualquiera de las formas de pago establecidas en el Decreto relacionado
anteriormente, se concedió un plazo que expira el día 30 de junio de 2004;
III. Que ha quedado demostrado que las opciones de pago contenidas en este instrumento
son adecuadas para que los beneficiarios solventen los problemas de morosidad en
los créditos que les fueron otorgados para la adquisición de acciones de los ingenios
privatizados;
IV. Que el plazo fijado para acogerse a los beneficios concedidos en el Decreto Legislativo No.
1125 el cual fue ampliado a la fecha que alude el Considerando II, mediante el Decreto
Legislativo No. 231 de fecha 11 de diciembre de 2003, ha resultado insuficiente para
garantizar que los deudores logren resolver su situación; siendo necesario introducir
las pertinentes reformas que posibiliten los beneficios antes referidos.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República
por medio de la Ministra de Economía y de los diputados José Manuel Melgar Henríquez,
José Francisco Merino López, Marta Lilian Coto Vda. de Cuéllar , Elizardo González Lovo,
René Napoleón Aguiluz Carranza, Douglas Alejandro Alas García, José Antonio Almendáriz
Rivas, Jesús Guillermo Pérez Zarco, Irma Segunda Amaya Echeverría, José Salvador Arias
Peñate, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Roger Alberto Blandino Nerio, Juan Miguel Bolaños
Torres, Blanca Flor América Bonilla Bonilla, Isidro Antonio Caballero Caballero, Carlos Alfredo
Castaneda Magaña, Salvador Rafael Morales, Roberto Eduardo Castillo Batlle, Héctor David
Córdova Arteaga, José Ricardo Cruz, Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi, Agustín Díaz Saravia,
Roberto José d’Aubuisson Munguía, Walter Eduardo Durán Martínez, Jorge Antonio Escobar
Rosa, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, César Humberto García
Aguilera, Immar Reyes, Ricardo Bladimir González, Santos Fernando González Gutiérrez, Noé
Orlando González, Rigoberto Trinidad, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter
Guzmán Coto, Schafik Jorge Handal Handal, Mariela Peña Pinto, Gabino Ricardo Hernández
Alvarado, Alejandro Dagoberto Marroquín, Calixto Mejía Hernández, Marco Tulio Mejía Palma,
Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana, Rodolfo
Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte, Félix Ágreda Chachagua,
Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías,
Manuel Orlando Quinteros Aguilar, Óscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos,
Dolores Alberto Rivas Echeverría, Ileana Argentina Rogel Cruz, Víctor Manuel Melgar, Salvador
Sánchez Cerén, Héctor Ricardo Silva Argüello, Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto
153
Parte II

Parte II
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Juan
Francisco Villatoro, Alexander Higinio Melchor, Alba Teresa de Dueñas, Fernando de Jesús
Gutiérrez, Lourdes Palacios, Adilson Noel Henríquez, Nelson Orlando López, Silvia Cartagena,
Hipólito Baltasar Rodríguez, Manuel de Jesús Aguilar y José Máximo Madríz,
DECRETA las siguientes:
REFORMAS AL DECRETO LEGISLATIVO N°. 1125 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2003
QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES DE OPCIÓN DE PAGO PARA
LAS PERSONAS QUE OBTUVIERON FINANCIAMIENTO PARA ADQUIRIR ACCIONES
DE LAS DISTINTAS SOCIEDADES DE LOS INGENIOS PRIVATIZADOS, SEGÚN
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PRIVATIZACIÓN DE INGENIOS Y PLANTAS DE
ALCOHOL.
Art. 1. Sustitúyase el inciso primero del Art. 3 y adiciónase el inciso cuarto, de la
siguiente manera:
“Art. 3. El plazo para elegir cualquiera de las tres opciones de pago contenidas en el
presente Decreto será hasta el 30 de junio del año 2006, período dentro del cual CORSAIN
deberá abstenerse de realizar cualquier acción judicial tendiente al cobro de obligaciones a
su favor.”
“Los deudores que haciendo uso de los beneficios que otorgó el Decreto Legislativo No.
928, de fecha 18 de julio del año 2002, publicado en el Diario Oficial No. 153, Tomo 356, del
21 de agosto de ese mismo año, cuya vigencia finalizó el día 18 de noviembre del año 2002,
optaron por el beneficio regulado en el Art. 2, letra a) del citado Decreto; y aquellos que
han elegido la opción de pago establecida en el Art. 2, letra a) del presente Decreto, cuyos
créditos se encuentren en mora, no podrán ser objeto de cobro judicial durante la vigencia
del presente Decreto.”
Art. 2. Sustitúyese el Art. 6, por el siguiente:
“Art. 6. Durante la vigencia del presente Decreto las distintas Sociedades de los Ingenios
Privatizados, según lo establecido en la Ley de Privatización de Ingenios y Plantas de Alcohol,
estarán obligadas a transferir directamente a CORSAIN y al BFA los montos provenientes de
dividendos de los ejercicios fiscales de los años 2004 y 2005 que cubran las cuotas de capital e
intereses normales y moratorios de las obligaciones crediticias que los accionistas han contraído
a favor de CORSAIN y BFA, teniendo dichas entidades la facultad de imputar dichos abonos
primeramente a intereses y en su caso a capital, e ir liberando las acciones respectivas, que
sean canceladas.”
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de
junio del año dos mil cuatro. D. O. N° 118, Tomo N° 363, Fecha: 25 de junio de 2004.

DECRETO No. 365
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que, por Decreto Legislativo No. 142, de fecha 21 de septiembre del 2000, publicado
en el Diario Oficial No. 183, Tomo No. 349 del 2 de octubre del mismo año, se aprobó el
Presupuesto Especial Extraordinario para la realización de los “XIX JUEGOS DEPORTIVOS
CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2002”, para el período 2000 al 2003.
II. Que, por Decreto Legislativo No. 270, de fecha 11 de febrero del 2004, publicado en
el Diario Oficial No. 53, Tomo No. 362, del 17 de marzo del mismo año, se aprobó el
Presupuesto Especial Extraordinario para la finalización de las obras pendientes de los
“XIX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2002”, para el período
1 de enero al 30 de junio del 2004.
III. Que por el corto período de la vigencia del Decreto No. 270, referido en el considerando
anterior y por retrasos en el proceso de firma de los contratos para la adquisición de
los equipos académicos de la Universidad de El Salvador, debido a que no se contaba
con el referido Decreto y por problemas presentados en los proyectos en ejecución que
atrasaron la finalización de los mismos, no fue posible finalizar la ejecución y liquidación
del mencionado Presupuesto.
IV. Que por las razones antes expuestas, y por la importancia que representa para la
Universidad de El Salvador y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES),
finalizar las obras incluidas en el referido Presupuesto Especial Extraordinario, se hace
necesario ampliar los efectos del Decreto Legislativo No. 270, hasta el 31 de diciembre
del 2004, con el fin de finalizar la ejecución y liquidación del mismo.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA:
Art. 1. Amplíase hasta el 31 de diciembre del presente año, los efectos del Decreto
Legislativo No. 270, de fecha 11 de febrero del 2004, publicado en el Diario Oficial No. 53, Tomo
No. 362, del 17 de marzo del mismo año, por medio del cual se votó el Presupuesto Especial
Extraordinario para la finalización de las obras pendientes de los “XIX JUEGOS DEPORTIVOS
CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2002”.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, uno de julio del año dos mil
cuatro.
D. O. N° 141, Tomo N° 364, Fecha: 28 de julio de 2004.
155
Parte II

Parte II
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
156
DECRETO N° 373
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo N° 703, de fecha 9 de septiembre de 1999, publicado en
el Diario Oficial N° 183, Tomo 345, de fecha 4 de octubre del mismo año, se reformó el
Código Penal, en el sentido de incorporar el Art. 263-A, estableciendo condiciones objetivas
de procesabilidad, con el propósito que la acción proveniente de cada uno de los delitos
relativos a la naturaleza y al medio ambiente, solamente podrá promoverse después de
que la autoridad competente haya concluido los procedimientos correspondientes de
conformidad con la Ley del Medio Ambiente.
II. Que la condición objetiva de procesabilidad, constituye un presupuesto jurídico válido,
solo para aquellos tipos delictivos que requieren ser promovidos a instancia de parte
agraviada, donde en el fondo hay dos intereses o bienes jurídicos que valorar y el
ofendido sería vulnerado doblemente; por lo que los delitos relativos a la naturaleza
y el medio ambiente no son el caso de estos eventos mencionados, ni entran en tales
presupuestos.
III. Que en razón a lo establecido en el considerando que antecede, se hace necesario y
procedente derogar el Art. 263-A del Código Penal, para que sea la Fiscalía General de
la República, quien determine a través de la investigación si ejercita o no la acción penal
pertinente de los delitos relativos a la naturaleza y el medio ambiente.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Elvia Violeta
Mejívar, Walter Eduardo Durán Martínez, Miguel Francisco Benett, Isolina de Marín, Fernando
González y Roger Blandino Nerio.
DECRETA:
Art. 1.- Derógase el Art. 263-A del Código Penal, emitido mediante Decreto Legislativo
No. 703, de fecha 9 de septiembre de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 183, Tomo 345,
de fecha 4 de octubre del mismo año.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia un año después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los ocho días del mes de julio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 157, Tomo N° 364, Fecha: 26 de agosto de 2004

DECRETO N° 374
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo N° 307, de fecha 15 de abril del 2004, publicado en el Diario
Oficial N° 69, Tomo 363 del 16 del mismo mes y año, fue ampliado en 90 días más el
plazo establecido en el Art. 3, del Decreto Legislativo N° 212, de fecha 25 de noviembre
del 2003, publicado en el Diario Oficial N° 4, Tomo 362, del 8 de enero del presente
año, para que la Procuraduría General de la República, implemente el sistema indicado
en el Art. 253-A del Código de Familia, para extender las solvencias de prestaciones
de pensiones alimenticias.
II. Que a esta fecha la Procuraduría General de la República no ha sido dotada del
financiamiento necesario que le permita la adquisición de la infraestructura tecnológica
necesaria para dar tratamiento y actualización a una base de datos precisa y confiable
sobre la población obligada a la prestación de alimentos y que propicie la disponibilidad
y acceso, en condiciones de seguridad, en el manejo y comportamiento electrónico de la
información con las entidades públicas y concesionarias que extienden los documentos
personales a que se refiere el Art. 253-A del Código de Familia.
III. Que la ampliación del plazo de 90 días al originalmente establecido en el Art. 3 del citado
Decreto Legislativo N° 212, introducida por el referido Decreto Legislativo N° 307,
concluye el 14 de julio del corriente año; en razón de lo expuesto en el Considerando
anterior, es necesario prorrogarlo por ciento ochenta días más, para que la Procuraduría
General de la República, previo el financiamiento necesario, implemente el sistema
indicado en el Art. 253-A del Código de Familia.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Rubén Orellana,
Carlos Armando Reyes Ramos, Irma Segunda Amaya Echeverría, Vilma Celina García de
Monterrosa, Óscar Edgardo Mixco Sol, Miguel Francisco Bennett Escobar y Mauricio Hernández
Pérez.
DECRETA:
Art. 1.- Prorrógase por ciento ochenta días más, contados a partir del 15 de julio del
presente año, el plazo establecido en el Art. 3 del Decreto Legislativo No. 212, de fecha 25 de
noviembre del 2003, publicado en el Diario Oficial No. 4, Tomo 362, del 8 de enero del corriente
año, para que la Procuraduría General de la República, implemente el sistema indicado en el
Art. 253-A del Código de Familia.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los ocho días del mes de julio
del año dos mil cuatro. D. O. N° 132, Tomo N° 364, Fecha: 15 de julio de 2004.
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Parte II

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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
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DECRETO N° 393
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el Código Penal fue aprobado por medio del Decreto Legislativo No. 1030, de fecha
26 de abril de 1997, publicado en el Diario Oficial No 105, Tomo 335, del 10 de junio
del mismo año.
II. Que es necesario modificar algunas disposiciones legales del Código Penal para estructurar
en mejor forma algunos delitos, así como incorporar nuevas figuras delictivas que se
consideran necesarias para tutelar la libertad de locomoción de los ciudadanos, la
propiedad pública y privada y la seguridad personal, todo de conformidad al Art. 2 de
la Constitución.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Gobernación,
DECRETA: las siguientes:
REFORMAS AL CÓDIGO PENAL
Art. 1.- Incorpórase como numeral 19) del Art. 30 el siguiente:
“CONCURRENCIA DE AGRUPACIÓN ILÍCITA O DE CRIMEN ORGANIZADO
19) Cuando el delito se ejecutare mediante el concurso de los integrantes de una
agrupación ilícita o de crimen organizado.”
Art. 2.- Refórmase el inciso segundo del Art. 112 de la manera siguiente:
“El registro de las sentencias caduca en todos sus efectos al año de extinguida la pena.
Art. 3.- En el Libro Segundo, Título II, Capítulo II, DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA
Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, se incorpora el Art. 147-E de la siguiente manera:
“CONDUCCIÓN TEMERARIA DE VEHÍCULO DE MOTOR
Art. 147-E.- El que mediante la conducción temeraria de vehículo de motor transgrediere
las normas de seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas,
será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, e inhabilitación al derecho de conducir
vehículos por igual tiempo.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Para los efectos del inciso anterior, se considerará conducción temeraria: manejar en
estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas que limiten la capacidad de conducir;
disputar la vía entre vehículos; realizar competencias de velocidad en la vía pública, sin previo
permiso de la autoridad competente.
Esta sanción se agravará hasta en una tercera parte del máximo establecido, cuando se
realizare mediante la conducción de vehículos de transporte colectivo o de carga pesada.”
Art. 4.- Incorpórase un inciso segundo al Art. 220 de la siguiente manera:
“Si la conducta descrita en el inciso anterior fuere realizada por dos o más personas, será
sancionado con prisión de uno a tres años.”
Art. 5.- Refórmase el numeral 5) del Art. 222 de la siguiente manera:
“5) Cuando el daño fuere ejecutado por dos o más personas.”
Art. 6.- Refórmase el Art. 345 de la siguiente manera:
“AGRUPACIONES ILÍCITAS
Art. 345.- El que tomare parte en una agrupación, asociación u organización ilícita, será
sancionado con prisión de tres a cinco años. Los organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas,
serán sancionados con prisión de seis a nueve años.
Serán consideradas ilícitas las agrupaciones, asociaciones u organizaciones temporales o
permanentes, de dos o más personas que posean algún grado de organización, cuyo objetivo o
uno de ellos sea la comisión de delitos, así como aquellas que realicen actos o utilicen medios
violentos para el ingreso de sus miembros, permanencia o salida de los mismos.
Si el autor o partícipe fuera autoridad pública, agente de autoridad, funcionario o empleado
público, la pena se agravará hasta la tercera parte del máximo e inhabilitación absoluta del
cargo, por igual tiempo.
Los que promovieren, cooperaren, facilitaren o favorecieren la conformación o permanencia
de la agrupación, asociación u organización ilícita, serán sancionados con una pena de uno a
tres años de prisión.
La proposición y conspiración para cometer este delito, será sancionado con prisión de
seis meses a dos años.”
Art. 7.- Adiciónase en el Capítulo II DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PAZ PÚBLICA,
el Art. 345-A, de la siguiente manera:
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Parte II

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“UTILIZACIÓN U OCUPACIÓN ILEGAL DE INMUEBLES
Art. 345-A.- La utilización u ocupación de bienes inmuebles, lugares deshabitados o
abandonados, con la finalidad de realizar las conductas descritas en el artículo anterior, serán
sancionadas con prisión de uno a tres años.”
Art. 8.- Reformase Art. 348, de la siguiente manera:
“DESÓRDENES PÚBLICOS
Art. 348.- Los que actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública
alteraren el orden público, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas o
invadieren instalaciones o edificios a fin de provocar desórdenes públicos serán sancionados
con prisión de dos a cuatro años.”
Art. 9.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de
julio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 143, Tomo N° 364, Fecha: 30 de julio de 2004.

DECRETO N° 394
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el Código Procesal Penal fue aprobado por medio del Decreto Legislativo No. 904,
de fecha 4 de diciembre de 1996, publicado en el Diario Oficial No 11, Tomo 334, del
20 de enero de 1997.
II. Que habiéndose incorporado nuevas figuras delictivas al Código Penal, para tutelar la
libertad de locomoción de los ciudadanos, la propiedad pública y privada y la seguridad
personal, es necesario asimismo, incluir al Código Procesal Penal las herramientas
suficientes que permitan sancionar dichos hechos punibles, así como garantizar los
derechos de las víctimas, ampliando los mismos y creando mecanismos de simplificación
en los procedimientos penales.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Gobernación,
DECRETA: las siguientes:
REFORMAS AL CÓDIGO PROCESAL PENAL
Art. 1.- Refórmase el Art. 13 de la siguiente manera:
“Derechos de la Víctima
Art. 13.- La víctima tendrá derecho:
1) A intervenir y tener conocimiento de todas las actuaciones ante la Policía Nacional
Civil, la Fiscalía General de la República, cualquier tribunal y conocer el resultado
de las mismas;
2) A ser informada de sus derechos y a ser asistida por un abogado de la Fiscalía
General de la República cuando fuere procedente o por el apoderado especial en
su caso;
3) A que se le nombre traductor o interprete cuando sea necesario;
4) A ser oída previamente ante cualquier solicitud favorable al imputado, salvo los
casos en que habiéndose citado no comparezca a la audiencia;
5) A impugnar las resoluciones favorables al acusado aunque no haya intervenido
en el procedimiento;
161
Parte II

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A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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6) A ser escuchada en la fase ejecutiva de la pena antes de conceder permiso de
salida de los condenados, libertad condicional o la suspensión condicional de la
ejecución de la pena;
7) A ser notificada del abandono o desistimiento de la querella o de la acusación;
8) A ofrecer pruebas personalmente en las etapas procesales determinadas para
tal fin en este Código, sin perjuicio de las facultades conferidas al fiscal o al
querellante;
9) A ser indemnizada por los perjuicios derivados del hecho punible, a que se le
reparen los daños ocasionados por el mismo o a que se le restituya el objeto
reclamado;
10) A que no se revele su identidad, ni de la de sus familiares:
a) Cuando fuere menor de edad;
b) Cuando tal revelación implicare un peligro evidente para la misma; y
c) Cuando la víctima lo solicite.
11) A recibir protección en albergues especiales tanto su persona como su entorno
familiar, en los casos que la policía, el fiscal o el juez lo estimen conveniente por
la complejidad de las circunstancias o se presuma riesgo para sus personas. Todo
de conformidad a la ley especial;
12) A recibir apoyo psicológico o psiquiátrico, cuando sea necesario;
13) Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años de edad:
a) A que se le brinden facilidades para la rendición de su testimonio en
ambientes no formales, ni hostiles y que se grabe su testimonio para
facilitar su reproducción en la vista pública cuando sea necesario; y,
b) A que se de aviso de inmediato a la Fiscalía General de la República;
14) Los demás establecidos en este Código, en Tratados vigentes y en otras leyes.”
Art. 2.- Incorpórase un inciso final al Art. 32 de la siguiente manera:
“La conciliación podrá realizarse en sede fiscal, siempre que la víctima, el imputado, sus
representantes, el civilmente responsable o cualquier interesado en satisfacer el perjuicio
causado, lo soliciten por escrito y los acuerdos sean satisfechos en su totalidad por las partes
en el mismo acto de la conciliación, debiendo, en su caso, cesar la detención del imputado
por parte de la Fiscalía General de la República.”
Art. 3.- Incorpórase a continuación del numeral 11) del Art. 241, el siguiente inciso:
“En el caso del numeral 8), cuando no sea posible identificar a una persona sospechosa
de la comisión de un delito, porque éste no porta documento de identificación, los agentes
de autoridad podrán retener a dicha persona para el solo efecto de identificarla, por un plazo
que no exceda de seis horas. En este caso no se podrá esposar al investigado.”

Art. 4.- Refórmase el Art. 249 de la siguiente manera:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
“Desestimación
Art. 249.- Si en el hecho investigado no es posible proceder, el fiscal deberá resolver
con fundamento el envío al archivo de las actuaciones, debiendo en su caso, cesar la detención
del imputado por parte de la Fiscalía General de la República.
La resolución será debidamente notificada a las partes, y en caso de inconformidad de
alguna de ellas, el fiscal presentará el requerimiento respectivo solicitando al juez competente
la desestimación o el sobreseimiento en su caso.
La solicitud de desestimación no eximirá al fiscal y al juez del deber de practicar los actos
de investigación que no admitan demora.
Si el hecho es constitutivo de falta, se estará a lo prescrito en el inciso final del Art. 391
de este Código.”
Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes julio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 143, Tomo N° 364, Fecha: 30 de julio de 2004.
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DECRETO N° 395
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que conforme al artículo 35 de la Constitución, la conducta antisocial de los menores
de edad que constituya delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial.
II. Que uno de los cuerpos normativos principales que forman parte de dicho régimen
jurídico especial, es la Ley del Menor Infractor Contenida en el Decreto Legislativo No.
863, de fecha 27 de abril de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 106, Tomo 323,
del 8 de junio de 1994.
III.- Que el fenómeno social de la delincuencia obliga a realizar revisiones periódicas,
integrales y técnicas de la normativa punitiva para adaptarla a las exigencias actuales;
en razón de ello y en atención a la demanda social de mayor seguridad y represión de
los comportamientos socialmente disvaliosos, resulta necesario efectuar las reformas
correspondientes a la Ley del Menor Infractor, para dar una respuesta más severa a
las conductas antisociales que cometan las personas menores de edad y ampliar los
derechos de las víctimas de hechos delictivos.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por
medio del Ministro de Gobernación,
DECRETA las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DEL MENOR INFRACTOR
Art. 1.- Modifícase la denominación de la Ley del Menor Infractor por la siguiente:
“LEY PENAL JUVENIL”.
Art. 2.- Refórmase el literal b) del Art. 5, así:
“b) A que su intimidad personal sea respetada; consecuentemente, no deberá ser objeto
de publicación ningún dato que directa o indirectamente posibilite su identidad; salvo la
excepción establecida en el Art. 25 de esta Ley.”
Art. 3.- Incorpórase como cuarto y quinto incisos del Art. 25 el texto siguiente:
“No obstante, lo manifestado en los incisos anteriores, el Juez competente podrá, de oficio
o a petición de parte y mediante resolución fundada, autorizar que sea pública la información
sobre la imagen o la identidad del menor que facilite su localización respetando su dignidad

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
e intimidad, en los casos en que se evada la justicia y que exista objetivamente grave riesgo
para la seguridad de las víctimas, los testigos o cualquier otra persona.
La medida judicial se suspenderá una vez localizado el menor y puesto a la disposición
de la autoridad competente.”
Art. 4.- Modifícase el primer inciso del Art. 27, de la siguiente manera:
“Art. 27.- Cuando el hecho investigado fuere atribuido a un menor ausente, se recabarán
los indicios y evidencias, y si procede se promoverá la acción. Iniciada ésta, el Juez ordenará
la realización de las demás diligencias para concluir la etapa preparatoria de la vista de la
causa y la localización del menor para su comparecencia al proceso, y si ello no fuere posible
dentro de un plazo que no exceda de sesenta días, contados a partir de la fecha en que se
dictó dicha orden, se decretará la suspensión del proceso. Una vez localizado el menor, se
realizará la audiencia, para los únicos efectos de imposición de la medida respectiva si fuere
procedente.”
Art. 5.- Refórmase el Art. 30, así:
“Registro
Art. 30.- Queda prohibido a la Policía Nacional Civil llevar antecedentes sobre los
delitos atribuidos a menores, excepto en aquellos casos que determine la Fiscalía General de
la República o el juez competente.
Este registro será confidencial para fines estrictamente procesales, no podrá ser consultado
por terceras personas y no se utilizará en procesos de adultos relativos a casos subsiguientes
en los que esté implicada la misma persona.
Sólo tendrán acceso al mismo las personas debidamente autorizadas, que participen
directamente en la tramitación de un procedimiento en curso.”
Art. 6.- Sustitúyase el Art. 39 por el siguiente:
“Información para protección
Art. 39.- En cualquier estado del procedimiento, en que el Juez o el Fiscal, percibieren
que al menor se le amenaza o vulnera algún derecho de aquellos que requieren protección por
parte del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, se
informará o remitirá a esta institución según el caso. Asimismo se dará aviso a la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos para el seguimiento respectivo.
La aplicación de medidas que en forma provisional o definitiva decrete el Juez, dejará sin
efecto la ordenada por el Instituto, cuando fueren incompatibles.
El aviso a que se refiere el inciso primero de este artículo, también procederá cuando se
haya efectuado la conciliación, la renuncia al ejercicio de la acción penal o la remisión. En
todo caso el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
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Parte II

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determinará, previa investigación, las medidas de protección social que corresponde aplicar
para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos del menor.
Si fuere procedente el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y
la Adolescencia, dará aviso al Juez de Familia competente o a la Procuraduría General de
la República, para que se inicie el proceso de protección de los derechos del menor que
corresponda.”
Art. 7.- Sustitúyase el Art. 51 por el siguiente:
“Víctima u ofendido
Art. 51.- La persona directamente ofendida tendrá los siguientes derechos:
a) A ser informada de los resultados del procedimiento y de los posteriores a la
resolución definitiva, independientemente que haya o no intervenido en los
mismos;
b) A participar en la conciliación, el desistimiento y la vista de la causa, así como en
cualquiera otra audiencia que afecte su interés, conforme a lo establecido en la
presente ley;
c) A impugnar el sobreseimiento, la absolución o la cesación del proceso, aun cuando
no haya intervenido en el procedimiento;
d) A que no se revele su identidad, ni la de sus familiares:
I. Cuando la víctima fuere menor de edad;
II. Cuando tal revelación implicare un peligro evidente para la misma; y
III. Cuando la víctima lo solicite.
e) A que se le brinden medidas de protección; y,
f) A recibir asistencia médica o sicológica, cuando la necesite.
Iguales derechos tendrán el cónyuge o conviviente, los parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad y el adoptante o adoptado del ofendido cuando la
infracción haya provocado la muerte de éste.
Para el ejercicio de los derechos señalados en los literales b) y c) de este artículo, excepto
en la conciliación, la víctima podrá designar mediante escrito que dirigirá al tribunal respectivo,
un abogado para que la represente, sin perjuicio de que pueda hacerlo a través de mandatario.
Además, la víctima podrá nombrar a una persona de su confianza en calidad de acompañante
en todas las fases del proceso.”
Art. 8.- Refórmase el último inciso del Art. 53, así:
“Si concurriere alguna de las circunstancias establecidas para la privación de libertad por
orden judicial, ordenará el resguardo del menor para que se le practique un diagnóstico preliminar
por especialistas, dentro de las setenta y dos horas siguientes, incluidas las indicadas en el
inciso anterior, lo remitirá al Juez, con certificación de la resolución fundada de las diligencias
instruidas y continuará la investigación, la que servirá como base para la discusión sobre la
imposición de la medida provisional que corresponda en la audiencia.”

Art. 9.- Refórmase el Art. 55, de la siguiente manera:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
“Aviso de privación de libertad
Art. 55.- Cuando un menor sea privado de su libertad deberá darse aviso de inmediato
a sus padres, tutores o responsables del menor, a la Procuraduría General de la República, a la
Fiscalía General de la República y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos,
sobre el motivo de la detención, el lugar donde se encuentra o el sitio donde será conducido.
En el caso de menores extranjeros deberá darse también aviso a las autoridades consulares
de su país de origen.”
Art. 10.- Refórmase el Art. 58, así:
“Resguardo del menor
Art. 58.- Cuando el menor se encontrare privado de su libertad, la Fiscalía General de
la República o el Tribunal, en su caso, deberá de inmediato ordenar su traslado al resguardo
que corresponda.
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia administrará
los resguardos y velará porque los mismos sean accesibles y cumplan con los fines para los
que fueron creados.”
Art. 11.- Refórmase el Art. 59, de la manera siguiente:
“Procedencia
Art. 59.- Admiten conciliación todos los delitos o faltas, excepto los siguientes:
a) Los delitos de homicidio simple y agravado;
b) La extorsión;
c) Los delitos de privación de libertad, secuestro y atentados contra la libertad
individual agravados;
d) Los delitos relativos a la libertad sexual;
e) Los delitos que afecten intereses difusos de la sociedad; y,
f) Los delitos cometidos por menores que hayan conciliado la misma clase de delitos
dolosos;
El arreglo conciliatorio procede a petición de parte, de ofendido, víctima o a propuesta
del juez, siempre que existan indicios o evidencias de autoría o participación del menor y no
concurran causales excluyentes de responsabilidad; sin que ello implique aceptación de la
comisión del hecho por parte del menor. En todo caso propiciará la educación en responsabilidad
del menor.
La conciliación procede ante la Fiscalía General de la República o ante el Juez de menores,
mientras no se haya pronunciado la resolución que aplique medidas en forma definitiva al
menor.”
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Art. 12.- Modifícase el primer inciso del Art. 68, así:
“Art. 68.- El término para realizar las diligencias de investigación no podrá exceder
de sesenta días y se investigará tanto lo favorable como lo desfavorable a los intereses del
menor y de las demás partes.”
Art. 13.- Modifícase los incisos segundo y tercero del Art. 72 de la manera siguiente:
“Vistas las diligencias, si el Juez considera que lo dispuesto por el Fiscal está conforme
a derecho, así lo declarará y lo notificará al que lo solicitó, caso contrario, requerirá al Fiscal
para que promueva la acción. Si no lo hiciere, el Juez ordenará que se remitan las actuaciones
a la Fiscalía General de la República para que se amplíe la investigación, la que deberá ser
realizada por un Fiscal diferente al que la practicó inicialmente, en un periodo adicional que
no podrá exceder de treinta días.
Si ampliada la investigación se ratificare la resolución inicial, el Juez deberá resolver
según lo dispuesto por la Fiscalía General de la Republica. Si el fiscal no promueve la acción
no obstante los requerimientos judiciales para hacerlo, el juez informará tal situación para
efectos de las sanciones disciplinarias o penales a que hubiere lugar.”
Art. 14.- Refórmase el segundo inciso del Art. 73, así:
“Si resuelve iniciar el trámite judicial ordenará el estudio sicosocial y podrá citar a
conciliación; si no es procedente iniciarlo por cualquier causa legal, ordenará la cesación del
proceso y archivará las diligencias de investigación.”
Art. 15.- Modifícase el Art. 74 de la manera siguiente:
“Término
Art. 74.-El término del tramite judicial no excederá de treinta días y se contarán a partir
del día en que se promovió la acción o a partir del día en que se haga efectiva la localización
del menor cuando éste fuere ausente.”
Art. 16.- Incorpórase como tercer inciso del Art. 79 el texto siguiente:
“Cuando el Juez rechace la solicitud, el peticionante podrá acudir directamente a la Cámara
de Menores, solicitando que ordene la realización del acto. La Cámara resolverá dentro de las
veinticuatro horas.”
Art. 17.- Refórmase el Art. 80, así:
“Audiencia Preparatoria
Art. 80.- Iniciado el trámite judicial se convocará a una audiencia preparatoria, la cual
tendrá por objeto que las partes se manifiesten sobre los siguientes puntos:

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
a) Ratificar, modificar o retirar los cargos por la Fiscalía General de la República;
b) Indicar las personas cuya presencia soliciten y el lugar en que deberán ser citados;
y
c) Ofrecer las pruebas que se presenten en la vista de la causa.
Si la Fiscalía General de la República ampliare los cargos, se cumplirá lo dispuesto para
ello en la vista de la causa.
En la misma audiencia el Juez señalará día y hora para la celebración de la vista de la
causa, la que se efectuará en un plazo no inferior a cinco días, ni superior a diez y en el acto
quedarán notificadas las partes para ese efecto.
La inasistencia de una de las partes a la audiencia preparatoria, no impedirá el señalamiento
para la celebración de la vista de la causa y se notificará personalmente del señalamiento a
la parte que no asistió.”
Art. 18.- Refórmase el Art. 81, de la manera siguiente:
“Auto de Mérito
Art. 81.- Concluida la audiencia preparatoria, si fuere procedente, el juez emitirá el Auto
de Mérito, en el cual señalará el día y la hora para la celebración de la Vista de la Causa, la
que se celebrará en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez de emitido dicho auto,
previa citación a las partes.
Si no hubiere mérito se procederá de conformidad a lo dispuesto para la cesación del
proceso.”
Art. 19.- Refórmase el Art. 88, así:
“Recepción de dictámenes
Art. 88.- El Juez ordenará la lectura de las conclusiones de los dictámenes presentados
por los peritos, las que se podrán ampliar o aclarar en la audiencia.
El Juez podrá disponer que los peritos permanezcan en la audiencia.”
Art. 20.- Refórmase el Art. 90, de la manera siguiente:
“Interrogatorio
Art. 90.-El Juez preguntará al testigo o perito sobre sus generales y concederá la palabra
a la parte que lo presentó para que formule su primer interrogatorio; si la parte contraria
manifiesta que desea contrainterrogar al testigo, le concederá para tal efecto la palabra. La
parte que sometió al testigo o perito al primer interrogatorio podrá interrogarlo nuevamente,
después del contrainterrogatorio; así también, la parte contraria podrá someterlo a un segundo
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contrainterrogatorio, a continuación del precedente. Estas dos últimas intervenciones habrán
de limitarse a preguntas sobre materias nuevas procedentes del interrogatorio inmediato
anterior.
El Juez moderará el examen del testigo o perito y evitará que conteste a preguntas capciosas
e impertinentes, procurando que el interrogador no ejerza presiones indebidas ni ofenda la
dignidad del declarante. En el interrogatorio directo, por regla general, estarán prohibidas
además las preguntas sugestivas; sin embargo, será permitida la sugestividad cuando se
interrogue a testigos o peritos de la parte contraria y en el interrogatorio directo, cuando el
testigo se identifique con aquella, se vuelva hostil, cuando se interrogue a una persona que
por su mayor edad, limitada instrucción o causa similar, se le dificulte expresarse o que por
razones de pudor esté renuente a declarar libremente. En todo caso se deberá respetar la
dignidad del testigo.
Las respuestas de los testigos deben ser directas y concretas a las preguntas que se les
formulen.
El Juez podrá autorizar al testigo o perito la consulta de documentos, notas escritas o
publicaciones, cuando por la naturaleza de la pregunta sea necesario, sin que por éste solo
hecho, tales documentos puedan incorporarse como prueba en la Vista de la Causa.
Las partes podrán interponer revocatoria de las decisiones del juez de menores que limiten
sus interrogatorios y objetar las preguntas que se formulen por las otras partes.
El Juez podrá interrogar al testigo o perito luego de las partes, mediante preguntas
aclaratorias o complementarias que no comprometan su deber de imparcialidad.
El interrogatorio de un menor será conducido por el Juez, cuando lo estime necesario,
con base en las preguntas presentadas por las partes. El Juez, podrá valerse del auxilio de los
padres y en su defecto del representante legal del menor o de un experto en sicología u otra
ciencia de la conducta.”
Art. 21.- Refórmase el Art. 93, de la manera siguiente:
“Discusión Final y Clausura
Art. 93.- Terminada la recepción de las pruebas, el Juez ordenará la lectura de las
conclusiones de los dictámenes de los especialistas que realizaron el estudio sicosocial del
menor, conclusiones que se deberán ratificar, ampliar o aclarar en la misma audiencia.
El Juez deberá conceder sucesivamente la palabra por un término máximo de treinta
minutos a cada uno, al fiscal de menores, al defensor particular si lo hubiere y al procurador de
menores, para que en este orden emitan sus conclusiones finales; salvo, que por la naturaleza
de los hechos, las pruebas recibidas y las cuestiones a resolver deba concederse un término
mayor.
Las partes podrán replicar por un término de quince minutos cada una, siempre que se
limiten a refutar los argumentos adversos que no hayan sido discutidos.
Si la víctima u ofendido desea exponer, se le debe conceder la palabra.
En caso de manifiesto abuso de la palabra, el Juez llamará la atención a la persona que
interviene.

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
El menor tendrá derecho a decir la ultima palabra, e inmediatamente después el Juez
deberá declarar finalizada la vista de la causa y dictará la resolución definitiva en la misma
audiencia. Excepcionalmente, cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora
sea necesario diferir la redacción de la resolución definitiva, en este caso el Juez leerá tan
sólo su parte dispositiva y relatará sintéticamente los fundamentos que motivaron la decisión;
asimismo, anunciará día y hora de la audiencia para la lectura integral, la que se llevará a cabo
en el plazo máximo de los cinco días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva.”
Art. 22.- Modifícase el último inciso del Art. 100 de la manera siguiente:
“Todo recurso se resolverá previa celebración de audiencia, bajo pena de nulidad.”
Art. 23.- Refórmase los literales c), e), f) y g) del Art. 103, así:
“c) La que imponga o deniegue una medida en forma provisional;
e) La que ordene o deniegue la acumulación de procesos;
f) La que imponga una multa por infracción a la presente ley;
g) La que ordene que hay mérito o deniegue la celebración de la vista de la
causa.”
Art. 24.- Modifícase el Art. 114, así:
“Incumplimiento del funcionario
Art. 114.- Cuando el funcionario o empleado público, autoridad pública o agente de
autoridad encargado de la aplicación y cumplimiento de esta Ley, no respetare los derechos y
garantías del menor, no cumpliere sus funciones y deberes dentro de los términos establecidos en
la misma, infringiere la prohibición de llevar antecedentes o sometiere al menor a interrogatorio
no autorizado por la Ley, será sancionado con el equivalente de uno a diez días de salario, sin
perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria a que hubiere lugar.”
Art. 25.- Refórmase el Art. 117, de la manera siguiente:
“Imposición de multas
Art. 117.- Para la imposición de multas a que se refiere esta Ley se seguirá el procedimiento
siguiente:
a) El Juez competente, al tener conocimiento de la infracción, citará a la persona
supuestamente responsable para intimarla y hacerle saber sobre su derecho de
defensa, convocándole a una audiencia oral, con la presencia de las partes, donde
se alegarán y presentarán las pruebas que se estimen pertinentes. La audiencia
se celebrará en un plazo mínimo de tres días;
b) Si el Juez lo considera conveniente, solicitará a la Fiscalía General de la República
que recabe toda posible información sobre los hechos;
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c) El Juez resolverá de manera motivada en la misma audiencia conforme a las
pruebas recabadas o presentadas, ya sea dictando absolución o imponiendo la
multa entre los mínimos y máximos establecidos en la ley;
d) Si los hechos atribuidos fueren constitutivos de infracción penal se remitirá
certificación al funcionario que corresponda;
e) La resolución que imponga la multa admitirá el recurso de apelación especial.
La investigación sobre los hechos y la celebración de la audiencia oral para la imposición
de la multa, se hará dentro de un plazo que no exceda los treinta días de la supuesta comisión
de la infracción.”
Art. 26.- Incorpórase como último inciso del Art. 119 el texto siguiente:
“Habrá centros intermedios para el cumplimiento de la medida de internamiento en los
casos de personas que hayan cumplido los dieciocho años de edad, que requieran un tratamiento
especializado o que su permanencia en el centro implique un perjuicio para los menores de
edad. Dichos centros dependerán del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la
Niñez y la Adolescencia.”
Art. 27.- Intercálase entre el Art. 132 y el Art. 133, como Art. 132-A, lo siguiente:
“Disposiciones reglamentarias sobre el registro de hechos delictivos atribuidos
a menores de edad
Art. 132-A.- En cuanto al registro de hechos delictivos atribuidos a menores de edad,
a que se refiere el Art. 30 de la presente ley, el Órgano Ejecutivo, en un plazo de noventa
días, emitirá las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional
Civil de El Salvador para regular el funcionamiento, características y fines de dicho registro.”
Art. 28.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de
julio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 143, Tomo N° 364, Fecha: 30 de julio de 2004.

DECRETO No. 396
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que conforme al artículo 35 de la Constitución, la conducta antisocial de los menores
de edad que constituya delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial.
II. Que mediante Decreto Legislativo No. 361, de fecha 7 de junio de 1995, publicado en
el Diario Oficial No. 114, Tomo 327 del 21 del mismo mes y año, se emitió la Ley de
Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor Infractor.
III. Que el fenómeno social de la delincuencia obliga a realizar revisiones periódicas,
integrales y técnicas de la normativa punitiva para adaptarla a las exigencias actuales;
en razón de ello y en atención a la demanda social de mayor seguridad y represión de
los comportamientos socialmente disvaliosos, resulta necesario efectuar las reformas
correspondientes a la Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor
Infractor. Con el objeto de dotar a las instituciones correspondientes de herramientas
que propendan una eficaz aplicación del sistema de justicia penal juvenil.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por
medio del Ministro de Gobernación,
DECRETA las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DE VIGILANCIA Y CONTROL DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS AL
MENOR INFRACTOR
Art. 1.- Modifícase la denominación de la Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de
Medidas al Menor Infractor por la siguiente:
“Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor sometido a la Ley Penal
Juvenil”
Art. 2.- Modifícase el primer inciso del Art. 10, así:
“Art. 10.- Durante la ejecución de las medidas el menor y su defensor si lo hubiere,
los padres, tutores o responsables de él, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, el Fiscal de Menores, el Procurador de Menores o el Director del Centro respectivo,
podrán promover incidentes ante el Juez de Ejecución de Medidas al Menor competente, para
que decida sobre la modificación, sustitución, revocación, cesación o extinción de la medida
o sobre la ubicación de los internos en las etapas o centros que correspondan, de acuerdo a
la Ley y al reglamento de los Centros de Internamiento. Dichos incidentes podrá solicitarse
por escrito o verbalmente expresándose claramente los motivos en que se fundamentan y las
pruebas que se acompañen u ofrecen.”
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Art. 3.- Refórmase el primer inciso del Art. 13, de la manera siguiente:
“Art. 13.- Cuando el Juez de Ejecución de Medidas al Menor, tuviere conocimiento de que
un funcionario o empleado público, autoridad pública o agente de autoridad encargado de la
ejecución de las medidas, por acción u omisión, hubiere vulnerado o amenazado los derechos de
los menores, recabará toda la información posible sobre los hechos y si lo considera conveniente
solicitará a la Fiscalía General de la República que realice la investigación pertinente. Una vez
realizado lo anterior el Juez convocará al funcionario involucrado a una audiencia oral, en la
cual éste alegará lo que convenga a su defensa. Si el Juez estimase que no existen elementos
de juicio suficientes para comprobar la vulneración o amenaza de los derechos del menor
dictará sobreseimiento, y si encontrase méritos para sancionar al funcionario lo hará con multa
equivalente a su salario de uno a diez días. En todo caso la resolución deberá motivarse.”
Art. 4.- Modifícase el numeral 3) del Art. 16, así:
“3) Las que establezcan sanciones impuestas a funcionario o empleado público, autoridad
pública o agente de autoridad que haya vulnerado o amenazado los derechos del menor.”
Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de
julio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 143, Tomo N° 364, Fecha: 30 de julio de 2004.

DECRETO N° 403
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el artículo 32 de la Constitución de la República establece que la familia es la base
fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación
necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar
y desarrollo social, cultural y económico;
II. Que mediante Decreto Legislativo No. 902, de fecha 28 de noviembre de 1996, publicado
en el Diario Oficial No. 241, Tomo 333 del 20 de diciembre del mismo año, se emitió la
Ley contra la Violencia Intrafamiliar;
III. Que la Violencia Intrafamiliar es un fenómeno social complejo que sigue persistiendo
en nuestra sociedad, convirtiendo la violencia cometida por o contra alguno de los
miembros de la familia en una agresión constante al derecho a la vida libre de temor,
a la integridad física, psíquica, moral y sexual de la persona humana y de su dignidad
y seguridad;
IV. Que en la aplicación de la referida Ley, se ha comprobado que la intervención de los
equipos multidisciplinarios en las actuaciones de los Tribunales de Familia y de Paz,
especialmente en el conocimiento y tratamiento de los casos de violencia intrafamiliar,
es de suma importancia, ya que los elementos que recaban constituyen un gran aporte
para la decisión judicial correspondiente, pues a pesar de que la inmediación del Juez
es imperativa en este tipo de actuaciones, se requiere el apoyo de profesionales de
diversas disciplinas sociales, con el propósito de dar un tratamiento integral a cada caso
concreto que se plantea en la practica;
V. Que por las razones antes expuestas, se hace necesario reformar la Ley aludida,
a fin de facilitar la aplicación de la misma, y de poder incorporar expresamente en
las actuaciones de los Tribunales de Familia y de Paz, la intervención de los equipos
multidisciplinarios;
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las Diputadas y los Diputados
Rodolfo Antonio Parker Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Blanca Flor América Bonilla
Bonilla, Irma Segunda Amaya Echeverría, Zoila Beatriz Quijada Solis, Mariella Peña Pinto, María
Patricia Vásquez de Amaya, Ileana Argentina Rogel Cruz, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Luis
Roberto Ángulo y Santos Fernando González.
DECRETA:
las siguientes reformas a la Ley contra la Violencia Intrafamiliar.
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Art. 1.- Refórmase el Art. 24, así:
“Exámenes Periciales
Art. 24.- El funcionario judicial ordenará inmediatamente cuando el caso lo requiera,
los exámenes médico forenses por golpes externos, internos o daño psicosocial a la víctima.
Para llevarlos a cabo se auxiliará del Instituto de Medicina Legal o cualquier organismo
gubernamental, no gubernamental o del equipo multidisciplinario adscrito al Tribunal de Familia
o a los organismos señalados en este artículo. Y cuando lo considere necesario, también podrá
ordenar el peritaje psicosocial de la persona agresora y de los niños y niñas.”
Art. 2.- Refórmase el literal f) del Art. 28, así:
“f) Imponer al agresor o agresora tratamiento psicosocial, psiquiátrico o de grupos
de auto ayuda especializados en violencia intrafamiliar, a través de la asistencia
a terapias sobre violencia intrafamiliar, utilizando los diversos programas que
desarrollan las instituciones de protección a la familia. Esta medida también podrá
aplicarse desde el inicio del procedimiento y en todo caso se le dará seguimiento
psicosocial.”
Art. 3.- Refórmase el Art. 29, así:
“Señalamiento de la Audiencia Pública
Art. 29.- Si el denunciado o denunciada no se allanare a los hechos que requieran
prueba, señalará audiencia para recibirla, en un plazo que no excederá de diez días hábiles
después de la audiencia preliminar, dentro del cual se practicará la inspección e investigación
psicosocial o cualquier otra diligencia.”
Art. 4.- Refórmase el Art. 33, así:
“Control de la Ejecución de la Sentencia
Art. 33.- Durante el transcurso del proceso y después del mismo, el juez o jueza controlará
por el tiempo que juzgue conveniente el resultado de las medidas y decisiones adoptadas e
impuestas en la sentencia por intermedio del equipo multidisciplinario adscrito al Tribunal de
Familia, quien dará informes con la periodicidad que el juez o jueza le señale.”
Art. 5.- Agrégase un tercer inciso al Art. 40, así:
“La víctima igualmente tendrá derecho a ser asistida técnicamente por el equipo
multidisciplinario adscrito al Tribunal de Familia, por el período establecido por éste.”

Art. 6.- Refórmase el inciso tercero del Art. 42, así:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
“A dicha resolución podrá dársele seguimiento con el apoyo de los Centros de Atención
Psicosocial del Órgano Judicial, los Equipos Multidisciplinarios adscritos a los Tribunales
de Familia y de aquellas instituciones públicas y privadas; así como de organizaciones no
gubernamentales que brinden atención a las personas en violencia intrafamiliar.”
Art. 7.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los doce días del mes de agosto
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 178, Tomo N° 364, Fecha: 27 de septiembre de 2004.
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DECRETO N° 438
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo N° 381, de fecha 15 de julio de 2004, publicado en el Diario
Oficial N° 156, Tomo 364 del 25 de agosto del 2004, el Órgano Legislativo aprobó la
Ley Transitoria para la Agilización de Diligencias de Partición de Inmuebles Rústicos del
Programa de Transferencias de Tierras;
II. Que por una omisión involuntaria no se especificó que Institución sería la responsable
de la aplicación del Decreto relacionado en el considerando que antecede, siendo ésta
el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA;
III. Que para corregir dicho error y dejar claramente establecido que será el ISTA el ente
ejecutante de realizar la partición de derechos pro-indivisos a que hace alusión el
Decreto Legislativo N° 381 arriba señalado, se hace necesario reformar el Art. 1 de este
decreto en la forma indicada.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Roberto José
d’Aubuisson.
DECRETA la siguiente:
REFORMA A LA LEY TRANSITORIA PARA LA AGILIZACIÓN DE DILIGENCIAS DE
PARTICIÓN DE INMUEBLES RÚSTICOS DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE
TIERRAS, CONTENIDA EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 381, DEL 15 DE JULIO DE
2004.
Art. 1.- Refórmase el Art. 1 así:
OBJETO:
Art. 1.- La presente ley tiene por objeto establecer un régimen jurídico especial que
permita ejecutar, en forma ágil y expedita, las diligencias de partición extrajudicial y judicial
de los inmuebles rústicos transferidos en virtud del Programa de Transferencia de Tierras.
El régimen jurídico establecido en el inciso primero de esta disposición, también será
aplicable a todas las transferencias de inmuebles rústicos, realizadas en forma proindivisa por
la extinta Financiera Nacional de Tierras Agrícolas y el Instituto Salvadoreño de Transformación
Agraria, ISTA, en aplicación de cualesquiera de sus programas de transferencia de tierras.
El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, será la institución encargada de realizar
la partición de los derechos proindivisos en los casos a que se refiere el inciso anterior.

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
septiembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 196, Tomo N° 365, Fecha: 21 de octubre de 2004.
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DECRETO No. 439
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que es obligación del Estado y sus autoridades garantizar la continuidad de la prestación
del servicio público del transporte colectivo, procurando con ello el normal desenvolvimiento
de la actividad productiva de nuestro país;
II. Que con la finalidad de corregir el año de emisión y publicación del Decreto Legislativo
N° 739, establecido en el Considerando III y Art 1 del Decreto Legislativo N° 287
emitido el 10 de marzo del 2004, publicado en el Diario Oficial No. 63, Tomo 362 del
31 de marzo del mismo año, se vuelve necesario reformar el considerando III y el Art.
1 del citado Decreto Legislativo 287;
POR TANTO,
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: José Francisco
Merino López, José Rafael Machuca Zelaya e Isidro Antonio Caballero Caballero;
DECRETA:
Art. 1.- Refórmase el Considerando III del Decreto Legislativo No. 287 de fecha 10 de
marzo del 2004, publicado en el Diario Oficial No. 63, Tomo 362 del 31 de marzo de ese mismo
año, así:
“ III.- Que así mismo, por Decreto Legislativo No. 739 de fecha 15 de febrero del año
2002, publicado en el Diario Oficial No. 48, Tomo 354, del 11 de marzo de ese mismo año,
se emitieron disposiciones transitorias a la Ley que se menciona en el considerando anterior,
en el sentido de incorporarle el Art. 122 - A, que regula la autorización, para que unidades
de autobuses y microbuses de más de 15 años de antigüedad, sigan prestando el servicio de
transporte colectivo de manera temporal por un período de dos años, contados a partir de la
vigencia de dicho decreto;”
Art. 2.- Refórmase el Art. 1 del Decreto Legislativo citado en el Artículo anterior así:
“Art. 1.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre del presente año, los efectos del Decreto
Legislativo No. 739 de fecha 15 de febrero del año 2002, publicado en el Diario Oficial No.
48, Tomo 354, del 11 de marzo de ese mismo año, reformado por el Decreto Legislativo No.
810, del 11 de abril del año 2002, publicado en el Diario Oficial No. 83, Tomo 355, de fecha
8 de mayo del año 2002, en el sentido que las unidades de autobuses y microbuses de más
de 15 años de antigüedad, sigan prestando el servicio de transporte colectivo, hasta el 31 de
diciembre del año 2004.”

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial y sus efectos, se retrotraen a la fecha en que entró en vigencia el Decreto Legislativo
287, a que se hace referencia en el Art. 1 del presente Decreto.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, San Salvador a los diecisiete días del mes de
septiembre del 2004.
D. O. N° 196, Tomo N° 365, Fecha: 21 de octubre de 2004.
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DECRETO No. 448
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad con el ordinal 3° del Art. 133 de la Constitución y con la atribución
6ª del Art. 51 de la Ley Orgánica Judicial, corresponde a la Corte Suprema de Justicia,
remitir al Órgano Legislativo iniciativas relativas a la jurisdicción y competencia de los
tribunales, a la organización de los mismos, referidas a su creación, unión, separación,
conversión, supresión y demás que se requieran para una pronta y cumplida administración
de justicia.
II. Que por Decreto Legislativo No. 249, de fecha 16 de enero del 2004, publicado en el
Diario Oficial No. 31, Tomo 362, de fecha 16 de febrero del mismo año, se convirtió
el Juzgado Quinto de lo Civil de este Municipio, en Juzgado Quinto de lo Laboral, con
residencia en esta misma ciudad capital.
III. Que el Decreto a que hace referencia el considerando que antecede, adolece de omisiones
que es necesario subsanar, a fin de potenciar la correcta aplicación del mismo, por lo
que se hace necesario e indispensable, complementar el referido Decreto Legislativo, a
fin de llenar los vacíos a que se referirá este Decreto.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia,
DECRETA:
Art. 1.- Los procesos que al entrar en vigencia este Decreto se encontraren en tramitación
en el Juzgado Quinto de lo Civil, convertido en Juzgado Quinto de lo Laboral, referentes a
la materia en que éste conocía, serán finalizados por dicho tribunal de acuerdo a las reglas
aplicables.
Art. 2.- La jurisdicción que antes tenía el tribunal convertido, se distribuye así: El
Juzgado tercero de lo Civil, conocerá de los asuntos pertenecientes al Municipio de Rosario de
Mora y el Juzgado Cuarto de lo Civil, conocerá de los asuntos originados en el Municipio de
Panchimalco.
Art. 3.- Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá incorporado en el citado
Decreto No. 249, por lo que se aplicará a partir de la vigencia del mismo.
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta días del mes de septiembre
del año dos mil cuatro. D. O. N° 196, Tomo N° 365, Fecha: 21 de octubre de 2004

DECRETO N° 457
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que mediante Decreto Legislativo No. 1030, de fecha 26 de abril de 1997, publicado en
el Diario Oficial No. 105, Tomo 335 del 10 de junio del mismo año, se aprobó el Código
Penal vigente.
II. Que mediante Decreto Legislativo No. 164, de fecha 16 de octubre del 2003, publicado
en el Diario Oficial No. 211, Tomo 361, del 12 de noviembre de ese mismo año, se ratificó
la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional
y sus Protocolos; mediante los Decretos Legislativos Nos. 165 y 166, ambos de fecha
16 de octubre del 2003, publicados en los Diarios Oficiales Nos. 214 y 215, Tomo 361,
del 17 y 18 de noviembre de ese mismo año, se ratificaron: el Protocolo contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y el Protocolo para Prevenir, Reprimir
y Sancionar la Trata de Personas, respectivamente.
III. Que los Tratados Internacionales a los que se hace referencia en el Considerando anterior,
contienen medidas para prevenir la trata de personas, sancionar a los tratantes y proteger
a las víctimas que son objeto de esta clase de delito, especialmente mujeres, niños y
niñas, ello conlleva a armonizar dicha normativa internacional con la ley secundaria.
IV. Que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es una violación de sus
derechos fundamentales, y constituye en sí misma una forma moderna de esclavitud, que
tiene graves repercusiones sociales y personales; por lo que la comunidad internacional,
en la búsqueda de erradicar este flagelo ha emitido convenios internacionales de los
cuales el Estado salvadoreño es parte.
V. Que el Estado es garante de la protección integral de la niñez, de conformidad a la
Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado mediante Decreto Legislativo No.
487, de fecha 27 de abril de 1990, publicado en el Diario Oficial No. 108, Tomo 307 del
9 de mayo de ese mismo año.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las Diputadas y Diputados
Rodolfo Antonio Parker Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Blanca Flor América Bonilla
Bonilla, Zoila Beatriz Quijada Solis, Irma Segunda Amaya Echeverría, Ileana Argentina Rogel
Cruz, María Patricia Vásquez de Amaya, Mariella Peña Pinto, Juan de Jesús Sorto Espinoza,
Luis Roberto Angulo Samayoa, Santos Fernando González, Carmen Elena Calderón de Escalón,
Mauricio Hernández Pérez, Héctor Ricardo Silva Argüello, Nelson de la Cruz Alvarado y Jesús
Guillermo Pérez Zarco.
DECRETA:
LAS SIGUIENTES REFORMAS AL CÓDIGO PENAL:
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Art. 1.- Refórmase el inciso segundo del Art. 22-A, de la siguiente manera:
“También se considerará crimen organizado aquellas conductas que por sí o unidas a
otras, cometidas por dos o más personas, tienen como fin o resultado cometer los delitos de
homicidio, homicidio agravado, privación de libertad, secuestro, pornografía, utilización de
personas menores de dieciocho años de edad e incapaces o deficientes mentales en pornografía,
robo, robo agravado, extorsión, asociaciones ilícitas, falsificación o alteración de moneda,
actos de terrorismo, comercio de personas, tráfico ilegal de personas, trata de personas,
contrabando, lavado de dinero y activos, tráfico, fabricación y comercio ilegal de armas de
fuego, y los comprendidos en el Capítulo IV de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas
a las Drogas.”
Art. 2.- Derógase el inciso segundo del Art. 367-B.
Art. 3.- Agrégase el Art. 367-C, así:
“AGRAVANTES AL DELITO DE TRATA DE PERSONAS.
Art. 367-C.- El delito al que se refiere el Art. 367-B del presente Código, será
sancionado con la pena máxima correspondiente aumentada hasta en una tercera parte del
máximo e inhabilitación del ejercicio de su profesión durante el tiempo que dure la condena,
en los siguientes casos:
1.- Si fuere realizado por funcionarios, empleados públicos y municipales, autoridad
pública, agente de autoridad y los agentes de la Policía Nacional Civil.
2.- Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o incapaz.
3.- Si fuere realizado por personas prevaleciéndose de la superioridad originada
por relaciones de confianza, doméstica, educativa, de trabajo o cualquier otra
relación.
4.- Si como consecuencia de la comisión del delito anterior los sujetos pasivos sufren
privaciones de libertad en el extranjero, fueren víctimas de delitos de cualquier
orden o fallecieren por causas de naturaleza dolosa o culposa.”
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete días del mes de octubre
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 207, Tomo N° 365, Fecha: 8 de noviembre de 2004

DECRETO N° 458
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que mediante Decreto Legislativo No. 904, de fecha 4 de diciembre de 1996, publicado
en el Diario Oficial No. 11, Tomo 334, del 20 de enero de 1997, se aprobó el Código
Procesal Penal.
II. Que mediante Decreto Legislativo No. 164, de fecha 16 de octubre del 2003, publicado
en el Diario Oficial No. 211, Tomo 361, del 12 de noviembre ese mismo año, se ratifico
la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional
y sus Protocolos; mediante los Decretos Legislativos Nos. 165 y 166, ambos de fecha
16 de octubre del 2003, publicados en los Diarios Oficiales Nos. 214 y 215, Tomo 361,
del 17 y 18 de noviembre de ese mismo año, se ratificaron: el Protocolo contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y el Protocolo para Prevenir, Reprimir
y Sancionar la Trata de Personas, respectivamente.
III. Que en los delitos de comercio de personas, tráfico ilegal de personas, trata de personas
y delitos contra la libertad sexual, su forma de ser juzgado actualmente posibilita que en
muchos de los casos éstos queden impunes, producto de factores sociales, económicos
y culturales que prevalecen en la sociedad salvadoreña que en su momento juzga como
jurado los mismos, problemas tales como: la afinidad del jurado de conciencia con los
agresores o delincuentes; la valorización social positiva hacia el traficante o tratante y
la tolerancia frente a los delitos contra la libertad sexual, especialmente en los menores
de edad, por lo que se ve la necesidad de que el juzgamiento de los mismos sea ante
un tribunal colegiado y no ante jurado.
IV. Que para mayor protección de las víctimas y testigos, y una eficaz investigación, así
como también para evitar la revictimización y facilitar que este tipo de delincuencia por
la forma organizada en que opera, obstaculice la investigación, es necesario que en los
delitos contra la libertad sexual, comercio de personas, tráfico ilegal de personas y trata
de personas, se imponga como medida cautelar la detención provisional a traficantes
y tratantes.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las Diputadas y Diputados
Rodolfo Antonio Parker Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Blanca Flor América Bonilla
Bonilla, Zoila Beatriz Quijada Solis, Irma Segunda Amaya Echeverría, Ileana Argentina Rogel
Cruz, María Patricia Vásquez de Amaya, Mariella Peña Pinto, Juan de Jesús Sorto Espinoza,
Luis Roberto Angulo Samayoa, Santos Fernando González, Carmen Elena Calderón de Escalón,
Mauricio Hernández Pérez, Héctor Ricardo Silva Argüello, Nelson de la Cruz Alvarado y Jesús
Guillermo Pérez Zarco.
DECRETA:
LAS SIGUIENTES REFORMAS AL CÓDIGO PROCESAL PENAL
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Art. 1.- Modifícase el numeral 3, agrégase un numeral 15 y el actual numeral 15 pasa
a ser el numeral 16 del Art. 53, de la siguiente manera:
“3) Delitos contra la libertad sexual;
15) Comercio de personas, tráfico ilegal de personas y trata de Personas.
16) Delitos conexos con los señalados en los numerales anteriores.”
Art. 2.- Refórmase el inciso segundo del Art. 294, de la siguiente manera:
“No procederá la sustitución por otra medida cautelar, en los delitos siguientes: homicidio
simple, homicidio agravado, secuestro, delitos contra la libertad sexual, robo agravado, extorsión,
defraudación a la economía pública, comercio de personas, tráfico ilegal de personas, trata de
personas, delitos contemplados en la Ley Reguladora de las actividades Relativas a las Drogas
y los delitos contemplados en la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos.”
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete días del mes de octubre
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 207, Tomo N° 365, Fecha: 8 de noviembre de 2004

DECRETO No 471
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el Estado de El Salvador ha suscrito la Convención sobre la prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su
Destrucción, ratificada por Decreto Legislativo No. 489 de fecha 25 de noviembre de
1998, publicado en el Diario Oficial No. 239, Tomo 341, de fecha 22 de diciembre del
mismo año.
II. Que el Art. 9 de la Convención, establece las medidas de aplicación a nivel nacional, tanto
administrativas como de otra índole, incluyendo la imposición de sanciones penales para
prevenir o reprimir cualquier actividad prohibida a los Estados conforme a la misma.
III. Que es necesario adecuar la legislación interna para cumplir con las obligaciones contraídas,
por lo cual es procedente reformar el Código Penal incorporando dicha normativa.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por
medio del Ministro de Gobernación,
DECRETA la siguiente:
REFORMA AL CÓDIGO PENAL
Art. 1.- Adiciónase el Art. 346-C de la siguiente manera:
“EMPLEO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN, ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO,
CONSERVACIÓN O TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONALES”
Art. 346-C.- El que empleare, desarrollare, produjere, adquiriere, almacenare,
conservare o transfiriere una o más minas antipersonales, será sancionado con prisión de
cinco a diez años.
También será sancionado con prisión de dos a cuatro años, el que indujere o ayudare a
otro a participar con cualquiera de las conductas señaladas en el inciso anterior.
No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, la Fuerza Armada está autorizada a
retener o transferir una cantidad mínima de minas antipersonales, necesarias para el desarrollo
de técnicas de detección, limpieza o destrucción y de adiestramiento.
La transferencia de minas antipersonales queda autorizada para el propósito de su
destrucción. El Reglamento de la Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones,
Explosivos y Artículos Similares regulará el procedimiento para ello.
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Se entiende por mina antipersonal todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado
debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebido para
explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona y que incapacite,
hiera o mate a una o más personas.
Para la aplicación del presente artículo se atenderá lo dispuesto en la Convención sobre la
Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales
y sobre su destrucción, del 18 de septiembre de 1997”.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 217, Tomo N° 365, Fecha: 22 de noviembre de 2004.

DECRETO No. 478
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No.410 de fecha 4 de mayo del 2001, publicado en el Diario
Oficial No. 98, Tomo 351, del 28 del mismo mes y año, se prohibió realizar construcciones
en los inmuebles que constituyen el Cerro de Las Pavas, ubicado en la jurisdicción de
Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, mientras no se establezca un plan de manejo
ambiental.
II. Que la disposición mencionada en el considerando anterior, fue prorrogada hasta el uno
de diciembre del año 2004, mediante Decreto Legislativo 1044 de fecha 7 de noviembre
del año 2002, publicado en el Diario Oficial No. 226, Tomo 357, del 2 de diciembre de
ese mismo año, por haber sido insuficiente el plazo para cumplir con la elaboración del
expresado plan de manejo ambiental.
III. Que la elaboración del Plan de Manejo Ambiental que se menciona en los considerando
anteriores tiene como finalidad proteger y evitar tragedias a los habitantes de los
inmuebles que se encuentran en el expresado Cerro de Las Pavas, pues a consecuencia
de los terremotos del año 2001 fueron desestabilizados y dicha área por su inclinación,
se considera extremadamente frágil; por consiguiente es necesario prorrogar los efectos
del Decreto mencionado en el Considerando primero.
POR TANTO,
en uso de sus facultades y a iniciativa del Diputado Mario Antonio Ponce López.
DECRETA:
Art. 1.- Prorrógase por tres años más, contados a partir del dos de diciembre próximo,
los efectos del Decreto Legislativo No. 410 de fecha 4 de mayo del año 2001, publicado en el
Diario Oficial No. 98, Tomo 351, del 28 del mismo mes y año.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial y sus efectos fenecerán el uno de diciembre del año dos mil siete.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintisiete días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 224, Tomo N° 365, Fecha: 1 de diciembre de 2004.
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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
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DECRETO No. 487
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 1030, de fecha 26 de abril de 1997, publicado en el
Diario Oficial No. 105, Tomo No. 335, del 10 de junio del mismo año, se emitió el Código
Penal.
II. Que las disposiciones que regulan los delitos contra la Hacienda Pública no responden a
las conductas actuales exteriorizadas por los contribuyentes, que causan daño al Estado
en la percepción de los impuestos.
III. Que asimismo, el agotamiento de la vía administrativa para el ejercicio de la acción
penal en ciertos delitos contra la Hacienda Pública, vuelve inocuas las pretensiones
del Estado de combatir las conductas delictivas relacionadas con la defraudación de
impuestos internos, lo cual induce al incumplimiento de obligaciones tributarias.
IV. Que por las razones expuestas es necesario reformar el Código Penal, con el objetivo de
dotar al Estado de las herramientas legales que permitan aplicar medidas sancionatorias
disuasivas que desestimulen la evasión de impuestos internos.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio de los Ministros de Gobernación, Hacienda y de los diputados: Ciro Cruz Zepeda
Peña, José Francisco Merino López, Elizardo González Lovo, René Napoleón Aguiluz Carranza,
Salvador Rafael Morales, José Antonio Almendáriz Rivas, Rolando Alvarenga Argueta, Luis
Roberto Angulo Samayoa, José Orlando Arévalo Pineda, Miguel Francisco Bennett Escobar,
Juan Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Ernesto Antonio Dueñas, Agustín
Díaz Saravia, Roberto José d´Aubuisson Munguía, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio
Gamero Quintanilla, César Humberto García Aguilera, Santos Fernando González Gutiérrez, Noé
Orlando González, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mauricio
Hernández Pérez, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Marco Tulio Mejía
Palma, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato
Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte, Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano
González, José Mauricio Quinteros Cubías, Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes
Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Víctor Manuel Melgar, Héctor Ricardo Silva Argüello,
Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto,
Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Jorge Alberto Villacorta
Muñoz, Armando López, Mario Tenorio, Alba Teresa de Dueñas, José Vidal Carrillo y Sigfredo
Campos Fernández.
DECRETA las siguientes:
REFORMAS AL CÓDIGO PENAL

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art. 1. Refórmase el Art. 249 del Código Penal, en la forma siguiente:
DEFRAUDACIÓN AL FISCO
Art. 249. Son delitos de Defraudación al Fisco los siguientes:
a) Evasión de Impuestos;
b) Apropiación indebida de Retenciones o Percepciones Tributarias;
c) Reintegros, Devoluciones, Compensaciones o Acreditamientos Indebidos;
d) La falsificación en la impresión, emisión, entrega u otorgamiento de documentos
que soportan operaciones tributarias, así como la tenencia o la circulación de los
mismos, a que se refieren los artículos 283, 284 y 287, y;
e) La proposición y conspiración para cometer cualquiera de los delitos anteriores.
Los hechos punibles a que se refiere el literal d) de este artículo, se juzgarán de manera
independiente a los demás delitos de Defraudación al Fisco, bajo la caracterización propia de
los Delitos contra la Fe Pública.
La investigación de los delitos a que hace referencia este artículo podrá realizarse con la
participación de agentes encubiertos, previa autorización por escrito del Fiscal General de la
República.
Art. 2. Intercálase entre los Artículos 249 y 250 del Código Penal, el artículo 249-A de
la forma siguiente:
EVASIÓN DE IMPUESTOS
Art. 249-A. El que omitiere declarar hechos generadores, o declarare costos, gastos,
compras o créditos fiscales inexistentes, con el propósito de evadir impuestos, utilizando
cualquiera de los medios siguientes:
1) No llevando libros o registros contables, especiales, auxiliares o legales que exigen
las leyes tributarias;
2) Llevando doble o múltiple contabilidad o doble o múltiple facturación;
3) Declarando información falsa o inexacta;
4) Excluyendo u omitiendo declarar hechos generadores estando obligado a ello;
5) Destruyendo u ocultando documentos necesarios para la determinación de
obligaciones tributarias;
6) No presentando tres o más declaraciones tributarias, habiendo realizado operaciones
gravadas;
7) Declarando costos o gastos, compras, créditos fiscales u otras deducciones, hechos
o circunstancias que no han acontecido;
8) Respaldando sus costos, gastos o compras en contratos falsos o inexistentes.
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Parte II

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Será sancionado con prisión de cuatro a seis años, cuando el impuesto evadido corresponda
al Impuesto sobre la Renta y la suma evadida fuere de trescientos mil a quinientos mil colones;
y con prisión de seis a ocho años, si la evasión de impuestos excediere de quinientos mil
colones.
Cuando el Impuesto evadido corresponda a impuestos que se declaran mensualmente y
el monto evadido en dicho período tributario fuere de cien mil a trescientos mil colones será
sancionado con prisión de cuatro a seis años.
Si la evasión de los impuestos de carácter mensual excediere de trescientos mil colones
en el período tributario, la pena será de seis a ocho años de prisión.
En el caso de contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestación de Servicios, que se encuentren obligados a aplicar proporcionalidad del crédito
fiscal, el monto evadido se establecerá tomando como base doce períodos tributarios y para
la aplicación de la sanción se atenderá a los mismos montos y penas establecidas para el
Impuesto sobre la Renta. La regla anterior también será aplicable cuando existan remanentes
de crédito fiscal en uno o más períodos tributarios que incidan en otros en los que se ha
suscitado evasión de impuestos.
Art. 3. Refórmase el artículo 250 por el siguiente:
APROPIACIÓN INDEBIDA DE RETENCIONES O PERCEPCIONES TRIBUTARIAS
Art. 250. El que retenga o perciba impuesto estando designado para tal efecto por virtud
de la ley o por la Administración Tributaria, no enterándolo al Fisco en el plazo legal estipulado
para tal efecto, y las sumas apropiadas indebidamente excedieren en total de veinticinco mil
colones por mes, será sancionado con prisión de cuatro a seis años.
La misma pena será aplicable para quien sin tener la designación u obligación legal de
retener o percibir, retengan o perciban impuesto total superior a veinticinco mil colones por
mes y no lo enteren al Fisco.
Art. 4. Intercálase entre los artículos 250 y 251 el artículo 250-A de la manera
siguiente:
REINTEGROS, DEVOLUCIONES, COMPENSACIONES O ACREDITAMIENTOS
INDEBIDOS
Art. 250-A. El que obtuviere para sí o para otro en perjuicio del Fisco, un provecho
económico al que no tiene derecho o lo obtuviere en exceso al que le correspondiere por medio
de devoluciones, reintegros, compensaciones o acreditamientos de carácter tributario, será
sancionado con prisión de cuatro a seis años, si la defraudación excediere de veinticinco mil
colones.
El delito por la obtención indebida de reintegros, devoluciones, compensaciones o
acreditamientos, será sancionado con prisión de seis a ocho años, si el provecho se obtuviere
por cualquiera de los medios siguientes:

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
a) Utilizando documentos que previamente han motivado reintegros, devoluciones,
acreditamientos o compensaciones;
b) Documentos obtenidos en forma fraudulenta;
c) Documentos que reflejen actos u operaciones que realmente no han ocurrido o
que no ha realizado;
d) Excluyendo u omitiendo declarar ingresos;
e) Declarando valores provenientes de operaciones inexistentes;
f) Aumentando las operaciones efectivamente realizadas, empleando valores o
precios superiores o inferiores a los que corresponden.
Art. 5. Refórmase el artículo 251 de la siguiente forma:
PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN
Art. 251. La proposición o conspiración para cometer cualquiera de los delitos de
Defraudación al Fisco, serán sancionadas con pena de prisión de dos a cuatro años.
Cuando la proposición o conspiración de cualquiera de los delitos de Defraudación al Fisco
sea cometido por un funcionario o empleado público, la sanción será de cuatro a seis años.
Art. 6. Intercálase entre los artículos 251y 252 el artículo 251-A de la siguiente
forma:
MODO DE PROCEDER
Art. 251-A. Será requisito indispensable para proceder en los casos de conductas
delincuenciales constitutivas de delitos de Defraudación al Fisco señaladas a continuación, que
hubieren concluido las diligencias administrativas de tasación de los impuestos respectivos y que
no existieren juicios o recursos pendientes en relación con tales diligencias administrativas.
Los casos a que se refiere este inciso son:
a) Numerales 3) cuando la declaración es inexacta, 4) y 7) todos del Art. 249-A;
b) Literales d) y f) del inciso segundo, ambos del Art. 250-A; y;
c) Inciso tercero del Art. 284, cuando se refiere a hacer constar cuantías y datos
diferentes a los reales.
En los demás casos, cuando la Administración Tributaria, en el ejercicio de la facultad
de fiscalización, tenga conocimiento del cometimiento de Delitos de Defraudación al Fisco,
en atención al principio de prejudicialidad, se abstendrá de continuar con el procedimiento
administrativo, elaborará el informe respectivo y comunicará dicha situación a la Fiscalía General
de la República. Dicho informe deberá comprender todos los hechos detectados durante el o
los períodos comprendidos en el auto de designación de auditores para la verificación de la
fiscalización.
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Parte II

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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
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El aviso de la existencia del delito lo realizará la Administración Tributaria por medio de
informe debidamente razonado, avalado por el Director General y el Subdirector General
de Impuestos Internos, al cual se acompañará la documentación e información a que haya
lugar, indicando el monto de impuestos evadidos, de retenciones o percepciones apropiadas
indebidamente, de reintegros, devoluciones, compensaciones o acreditamiento indebidos; y
la indicación de los documentos falsos, según cual sea el delito que se suscite.
En el supuesto de condenatoria, no habrá lugar a la prosecución del procedimiento
administrativo.
Cuando por cualquier circunstancia dentro del proceso judicial el Juez de la Causa
estableciera que el monto defraudado es inferior a los montos que este Código establece para
la configuración de los delitos de Defraudación al Fisco, o que la conducta del procesado no es
constitutiva de delito, no se liberará al sujeto pasivo de la responsabilidad tributaria sustantiva.
El Juez correspondiente deberá certificar lo conducente y librar oficio a la Administración
Tributaria en el que haga del conocimiento las citadas circunstancias.
El pronunciamiento del Juez que declare la inexistencia de responsabilidad penal, no inhibe la
facultad de la Administración Tributaria para determinar la responsabilidad tributaria sustantiva
del contribuyente en sede administrativa, liquidando el impuesto y accesorios respectivos.
Art. 7. Adiciónense al Art. 283, los incisos siguientes:
El que estando autorizado por la Administración Tributaria para imprimir los documentos
relativos al control del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
Servicios, elaborare, facilitare, hiciere circular o pusiera a disposición cualquiera de los referidos
documentos a nombre de persona no inscrita en el Registro de Contribuyentes de la Dirección
General de Impuestos Internos, o que contenga datos o información que no corresponden al
contribuyente con el que se vinculan, será sancionado con prisión de cuatro a seis años.
Cuando el que incurriere en las conductas establecidas precedentemente no estuviera
autorizado por la Administración Tributaria para imprimir los documentos relativos al control
del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, la sanción
a imponer se incrementará en dos terceras partes de la pena máxima estipulada.
Art. 8. Adiciónense al artículo 284 los incisos siguientes:
El que emitiere o entregare documentos relativos al control del Impuesto a la Transferencia
de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, haciendo constar una operación que no se
realizó o que habiéndose realizado se hagan constar cuantías y datos diferentes a los reales,
será sancionado con prisión de cuatro a seis años.
Si los documentos referidos en el inciso anterior acreditaren como emisores a sujetos que
no se encuentran inscritos en el registro de contribuyentes de la Administración Tributaria;
contengan datos o información que no corresponden al contribuyente con el que se vinculan
en él, la sanción se incrementará hasta en una tercera parte del máximo señalado en el inciso
anterior.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art. 9. Adiciónense al artículo 287 los incisos siguientes:
El que con conocimiento de la falsedad y sin haber intervenido en ella, tuviere en su poder
o hubiere utilizado documentos relativos al control del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios que acrediten como emisor a un contribuyente inscrito
en el Registro que lleva la Administración Tributaria, y se comprobare que los documentos
no han sido emitidos u ordenada su impresión por el contribuyente a quien acreditan tales
documentos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años.
Igual sanción se aplicará a quien comercializare con documentos relativos al control
del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, sin tener
autorización de la Administración Tributaria para imprimirlos o que teniéndola se comprobare
que no han sido solicitados por los contribuyentes a quienes acreditan.
En ambos casos, cuando el documento acredite como emisor a un sujeto no inscrito como
contribuyente en el Registro de la Administración Tributaria o contenga datos o información
que no corresponde al contribuyente que acreditan, la sanción se incrementará hasta en una
tercera parte del máximo señalado en el inciso anterior.
Art. 10. Refórmase el artículo 321 de la manera siguiente:
Art. 321. El funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un
servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de
su función, será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el
desempeño del cargo por igual período.
Cuando el incumplimiento del deber dé lugar a un hecho delictivo, o sea motivo de otro,
la sanción se incrementará en una tercera parte del máximo establecido e inhabilitación del
cargo por igual período.
Art. 11. Refórmase el inciso primero del artículo 324 de la manera siguiente:
El funcionario o empleado público que revelare o divulgare hechos, actuaciones, información
o documentación que debieren permanecer en reserva o facilitare de alguna manera el
conocimiento de los mismos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años.
Art. 12. Refórmase el artículo 325 de la manera siguiente:
PECULADO
Art. 325. El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que
se apropiare en beneficio propio o ajeno, de dinero, valores, especies fiscales o municipales u
otra cosa mueble de cuya administración, recaudación, custodia o venta estuviere encargado
en virtud de su función o empleo o diere ocasión a que se cometiere el hecho será sancionado
con pena de prisión de acuerdo a las reglas siguientes:
Si el peculado fuere hasta cien mil colones, la sanción será de seis a ocho años.
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Parte II

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Cuando fuere superior a cien mil colones pero inferior o igual a quinientos mil colones, la
sanción será prisión de ocho a diez años.
Si el peculado fuere superior a quinientos mil colones, la sanción será prisión de doce a
quince años.
Art. 13. Refórmase el artículo 326 de la manera siguiente:
PECULADO POR CULPA
Art. 326. El funcionario o empleado público que, por su culpa, diere ocasión a que se
cometiere por otra persona el peculado de que trata el artículo anterior, será sancionado con
pena de prisión de dos a tres años si el peculado fuere inferior o igual a cien mil colones; y
con prisión de tres a cinco años si supera esta cantidad.
Art. 14. El presente Decreto entrará en vigencia, ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintisiete días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 217, Tomo N° 365, Fecha: 22 de noviembre de 2004

DECRETO No. 488
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 904, de fecha 4 de diciembre de 1996, publicado en
el Diario Oficial No. 11, Tomo No. 334, del 20 de enero de 1997, se emitió el Código
Procesal Penal.
II. Que las disposiciones que regulan los delitos contra la Hacienda Pública no responden a
las conductas actuales exteriorizadas por los contribuyentes, que causan daño al Estado
en la percepción de los impuestos.
III. Que la gravedad de dichas conductas implica un perjuicio en los intereses de la colectividad
y afecta el cumplimiento de los fines del Estado, por lo que, para la investigación de las
mismas se requiere la utilización de métodos no convencionales que permitan detectar,
investigar y probar las conductas delincuenciales punibles.
IV. Que por las razones expuestas es necesario reformar el Código Procesal Penal, con el
objetivo de dotar al Estado de las herramientas legales que necesita para el combate
de los delitos de defraudación al Fisco.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio de los Ministros de Gobernación, Hacienda y de los diputados: Ciro Cruz Zepeda
Peña, José Francisco Merino López, Elizardo González Lovo, René Napoleón Aguiluz Carranza,
Salvador Rafael Morales, José Antonio Almendáriz Rivas, Rolando Alvarenga Argueta, Luis
Roberto Angulo Samayoa, José Orlando Arévalo Pineda, Miguel Francisco Bennett Escobar,
Juan Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Ernesto Antonio Dueñas, Agustín
Díaz Saravia, Roberto José d´Aubuisson Munguía, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio
Gamero Quintanilla, César Humberto García Aguilera, Santos Fernando González Gutiérrez, Noé
Orlando González, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mauricio
Hernández Pérez, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Marco Tulio Mejía
Palma, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato
Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte, Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano
González, José Mauricio Quinteros Cubías, Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes
Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Víctor Manuel Melgar, Héctor Ricardo Silva Argüello,
Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto,
Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Jorge Alberto Villacorta
Muñoz, Armando López, Mario Tenorio, Alba Teresa de Dueñas, José Vidal Carrillo y Sigfredo
Campos Fernández.
DECRETA las siguientes:
REFORMAS AL CÓDIGO PROCESAL PENAL
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Art. 1. Refórmase el inciso quinto del artículo 15 de la manera siguiente:
No obstante, tratándose de operaciones encubiertas practicadas por la Policía Nacional
Civil, se permitirá el uso de medios engañosos con el exclusivo objeto de detectar, investigar
y probar conductas delincuenciales del crimen organizado, delitos de defraudación al fisco y
delitos contenidos en la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, previa autorización
por escrito del Fiscal General de la República.
Art. 2. Intercálase entre el numeral 2) y el inciso final del artículo 38 un inciso de la
manera siguiente:
La prescripción también se interrumpirá en los delitos de defraudación al Fisco por la
notificación de la resolución de tasación de impuestos, o por notificación de la resolución
final que emita la Administración Tributaria en los casos que sea requisito el agotamiento de
la vía administrativa, y que no existan juicios o recursos pendientes en relación con tales
diligencias administrativas.
Art. 3. Refórmase el numeral 8 del artículo 53, de la manera siguiente:
8) Delitos previstos en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas,
Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, Ley de Bancos, Ley Especial para
Sancionar Infracciones Aduaneras.
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia, ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintisiete días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 217, Tomo N° 365, Fecha: 22 de noviembre de 2004

DECRETO No. 489
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 43, de fecha 7 de mayo de 1936, publicado en el Diario
Oficial No. 104, Tomo No. 120, del 12 de mayo del mismo año, se emitió la Ley de
Creación de la Dirección General de la Renta de Aduanas.
II. Que la referida Ley no establece con claridad facultades para el combate del contrabando
por medio del establecimiento de controles fronterizos, marítimos y aéreos por medio
del personal idóneo.
III. Que asimismo, no establece la delegación de facultades por parte del Director General,
lo cual resta agilidad al trabajo operativo de dicha Institución.
IV. Que por las razones expuestas en los considerandos anteriores, se hace necesario
reformar la Ley antes citada.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda y de los diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, José Francisco Merino
López, Elizardo González Lovo, René Napoleón Aguiluz Carranza, Salvador Rafael Morales, José
Antonio Almendáriz Rivas, Rolando Alvarenga Argueta, Luis Roberto Angulo Samayoa, José
Orlando Arévalo Pineda, Miguel Francisco Bennett Escobar, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel
Abilio Bonilla Bonilla, Ernesto Antonio Dueñas, Agustín Díaz Saravia, Roberto José d´Aubuisson
Munguía, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, César Humberto García
Aguilera, Santos Fernando González Gutiérrez, Noé Orlando González, Manuel de Jesús Gutiérrez
Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mauricio Hernández Pérez, Mario Marroquín Mejía,
Alejandro Dagoberto Marroquín, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente Menjívar Esquivel,
Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte,
Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías,
Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría,
Víctor Manuel Melgar, Héctor Ricardo Silva Argüello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto
Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María
Patricia Vásquez de Amaya, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Armando López, Mario Tenorio,
Alba Teresa de Dueñas, José Vidal Carrillo y Sigfredo Campos Fernández.
DECRETA la siguiente:
REFORMA A LA LEY DE CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA RENTA DE
ADUANAS
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Art. 1. Adiciónanse los literales k) y l) al artículo 41 y un inciso al final de dicho artículo
de la manera siguiente:
k) Fiscalizar las liquidaciones presentadas, liquidar oficiosamente el impuesto y
aplicar las sanciones a que hubiere lugar;
l) Establecer controles fronterizos, internos y en carreteras, marítimos y aéreos para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras respectivas. Para ese
efecto, el Órgano Ejecutivo deberá dotarla de los recursos necesarios, así como
del personal técnico, policial o militar capacitado que se requiera para el control
del contrabando.
El Director General de la Renta de Aduanas, conservando siempre las responsabilidades
inherentes a su cargo, podrá delegar a cualquiera de sus funcionarios, técnicos y demás
empleados, una o más de las facultades que establece este artículo y aquellas que las leyes
aduaneras correspondientes le confieran.
VIGENCIA
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintisiete días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 217, Tomo N° 365, Fecha: 22 de noviembre de 2004

DECRETO No. 490
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 529, de fecha 13 de enero de 1999, publicado en el
Diario Oficial No. 23, Tomo No. 342, del 3 de febrero del mismo año, se emitió la Ley
de Simplificación Aduanera.
II. Que actualmente la Dirección General de la Renta de Aduanas únicamente cuenta con
la facultad de archivar la declaración de mercancías y la documentación de respaldo en
los casos de verificación inmediata, no así en los casos de levante automático en los
que son los contribuyentes quienes las archivan, siendo necesario que en todo caso,
para efectos de una posterior fiscalización, la Dirección General en referencia, cuente
en sus registros con los documentos de respaldo de las importaciones o internaciones
realizadas.
III. Que asimismo, los plazos para emitir y notificar las resoluciones que resuelve de
recursos y otras actuaciones que se ventilan ante la Dirección General de la Renta de
Aduanas contenido en la ley mencionada en el romano anterior, es exiguo en relación
al número de casos que se ventilan en sede aduanera y la trascendencia del resultado
de la pretensión impugnativa y de tales actos administrativos.
IV. Que por las razones expuestas en los considerandos anteriores, es necesario reformar
la Ley antes citada.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda y de los diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, José Francisco Merino
López, Elizardo González Lovo, René Napoleón Aguiluz Carranza, Salvador Rafael Morales, José
Antonio Almendáriz Rivas, Rolando Alvarenga Argueta, Luis Roberto Angulo Samayoa, José
Orlando Arévalo Pineda, Miguel Francisco Bennett Escobar, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel
Abilio Bonilla Bonilla, Ernesto Antonio Dueñas, Agustín Díaz Saravia, Roberto José d´Aubuisson
Munguía, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, César Humberto García
Aguilera, Santos Fernando González Gutiérrez, Noé Orlando González, Manuel de Jesús Gutiérrez
Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mauricio Hernández Pérez, Mario Marroquín Mejía,
Alejandro Dagoberto Marroquín, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente Menjívar Esquivel,
Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte,
Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías,
Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría,
Víctor Manuel Melgar, Héctor Ricardo Silva Argüello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto
Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María
Patricia Vásquez de Amaya, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Armando López, Mario Tenorio,
Alba Teresa de Dueñas, José Vidal Carrillo y Sigfredo Campos Fernández.
DECRETA las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADUANERA
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Parte II

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Art. 1. Refórmase el artículo 13 de la manera siguiente:
Artículo 13. Cuando el sistema informático determine que debe efectuarse una verificación
inmediata de lo declarado, la autoridad aduanera deberá disponer la práctica de dicha diligencia
dentro del mismo día de tal determinación.
La declaración de mercancías y los documentos que la sustentan serán archivados por la
Autoridad Aduanera, sea que haya operado verificación inmediata de lo declarado o el levante
automático de la mercancía.
Art. 2. Refórmase el literal c) del artículo 17 de la manera siguiente:
c) Vencido dicho plazo, la Dirección General dictará la resolución que proceda dentro
del plazo de veinte días hábiles. La notificación de dicha resolución se hará dentro
del plazo de veinte días hábiles posteriores a la fecha de su emisión, la cual
deberá contener el texto íntegro de la misma.
VIGENCIA
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintisiete días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 217, Tomo N° 365, Fecha: 22 de noviembre de 2004.

DECRETO No. 491
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 551, de fecha 20 de septiembre del 2001, publicado
en el Diario Oficial No. 204, Tomo No. 353, del 29 de octubre del mismo año, se emitió
la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras.
II. Que en la Ley aludida en el considerando anterior, existe duplicidad de sanciones para
un mismo hecho, lo cual ocasiona incertidumbre en la aplicación de la normativa.
III. Que asimismo, existen sanciones que no son acordes al daño causado al Fisco y otras
regulaciones que viabilizan que las conductas que trascienden a la esfera penal no le
sean aplicables medidas disuasivas y correctivas que desestimulen el contrabando.
IV. Que por las razones antes expuestas, se hace necesario emitir las reformas correspondientes
a la Ley mencionada en el considerando primero de este Decreto.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda y de los diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, José Francisco Merino
López, Elizardo González Lovo, René Napoleón Aguiluz Carranza, Salvador Rafael Morales, José
Antonio Almendáriz Rivas, Rolando Alvarenga Argueta, Luis Roberto Angulo Samayoa, José
Orlando Arévalo Pineda, Miguel Francisco Bennett Escobar, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel
Abilio Bonilla Bonilla, Ernesto Antonio Dueñas, Agustín Díaz Saravia, Roberto José d´Aubuisson
Munguía, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, César Humberto García
Aguilera, Santos Fernando González Gutiérrez, Noé Orlando González, Manuel de Jesús Gutiérrez
Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mauricio Hernández Pérez, Mario Marroquín Mejía,
Alejandro Dagoberto Marroquín, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente Menjívar Esquivel,
Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte,
Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías,
Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría,
Víctor Manuel Melgar, Héctor Ricardo Silva Argüello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto
Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María
Patricia Vásquez de Amaya, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Armando López, Mario Tenorio,
Alba Teresa de Dueñas, José Vidal Carrillo y Sigfredo Campos Fernández.
DECRETA las siguientes:
REFORMAS A LA LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR INFRACCIONES ADUANERAS
Art. 1. Intercálase entre los incisos segundo y tercero del artículo 6, seis incisos de la
manera siguiente:
Las infracciones tipificadas en el literal a) del artículo 5 de esta Ley se sancionarán con
multa equivalente a seis salarios mínimos mensuales asignados al sector comercio.
203
Parte II

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A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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La reincidencia en el cometimiento de cualquiera de las infracciones a que se refiere el
inciso anterior, incrementará la multa en un cincuenta por ciento.
Cuando se reincida en el cometimiento de las infracciones estipuladas en el literal a) del
artículo precedente, además de la aplicación de la sanción por la reincidencia, deberá rendirse
fianza anual para los siguientes tránsitos que realice en el territorio nacional, la cual será
equivalente al valor total de la mercadería transportada en el año anterior a la fecha en la
que reincidió, más los correspondientes derechos e impuestos que pudieran causarse en caso
de ser nacionalizada. Lo anterior sin perjuicio de que la conducta asumida sea constitutiva de
contrabando, caso en el cual se procederá conforme a las reglas previstas para el trámite y
resolución de ese delito.
Dicha garantía deberá reunir los requisitos que la Dirección General establezca
administrativamente, la cual será ejecutada ante incumplimiento a lo dispuesto en el literal
a) del artículo 5 de esta Ley.
Rendida la fianza por el reincidente si éste no incurre en infracción durante el plazo de
un año contado desde la fecha de su otorgamiento, la Dirección General podrá liberarlo de no
presentarla en futuros tránsitos, pero podrá exigírsela nuevamente en los mismos términos
expuestos en este artículo, si éste incurre en el cometimiento de la infracción que dio lugar a
la aplicación de esa medida cautelar.
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, es reincidente la empresa transportista o el
titular de la misma, según se trate de persona jurídica o de persona natural, que habiendo
sido sancionado con anterioridad por cualquiera de las infracciones previstas en el literal a) del
artículo anterior incurra nuevamente en esas infracciones. Es responsable de la infracción
el sujeto pasivo de las obligaciones establecidas en las leyes aduaneras respectivas, que no
las cumpla en el tiempo y forma debida.
Art. 2. Refórmanse los incisos primero y segundo del articulo 16 de la manera
siguiente:
Los autores del delito de contrabando de mercancías serán sancionados con prisión de seis
a ocho años y responderán por lo defraudado al fisco con su propio patrimonio, en ningún
caso el Juez de la causa podrá poner a disposición del imputado o de tercera persona en
calidad de depósito la mercadería u objeto del contrabando. En ningún caso, podrán disponer
de las mercancías objeto de contrabando en tanto no se haya dictado sentencia definitiva de
sobreseimiento; estos delitos serán conocidos en vista pública por los Tribunales de Sentencia
una vez agotadas las fases procesales previas que establece la legislación procesal penal. Por
su carácter especial, las disposiciones relacionadas con el delito de contrabando establecidas
en esta Ley, se aplicarán de manera preferente a las establecidas en cualquier otra ley.
No obstante, si alguno de los imputados en cualquier estado del proceso, aun antes de
la vista pública respectiva, paga al fisco los derechos e impuestos evadidos más una multa
equivalente al 300% del valor en aduanas de las mercancías, la pena impuesta será atenuada
en una tercera parte de la pena mínima establecida para el delito de contrabando. El beneficio
que establece este inciso no será aplicable en caso de reincidencia en la comisión de este
delito.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art. 3. Refórmase el primer inciso del artículo 31 de la manera siguiente:
A quien se le atribuya la comisión de una infracción administrativa o tributaria, o el
auxiliar de la función pública aduanera a quien se le impute haber incurrido en una causal
de suspensión o cancelación de su autorización para operar, tendrá derecho a controvertir la
imputación en una audiencia ante el funcionario o empleado de aduanas a quien corresponda
imponer la sanción, la cual deberá realizarse de acuerdo al procedimiento establecido en
los literales a) y b) del articulo 17 de la Ley de Simplificación Aduanera y con sujeción a las
normas y principios establecidos en esta Ley. Para tales efectos el funcionario de aduanas
deberá notificar al supuesto infractor conforme a las reglas establecidas en el artículo 34 de
la presente Ley, la transgresión que se le imputa, así como el día, hora y lugar de realización
de la audiencia, a través de una Hoja de Discrepancias o de un Informe de Fiscalización o de
Investigación, según el caso.
Art. 4. Refórmase el inciso primero del artículo 34 de la manera siguiente:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, inciso primero de esta Ley, la resolución
mediante la cual se imponga una sanción, deberá emitirse dentro del plazo de veinte días hábiles
siguientes a la finalización de los plazos de audiencia y aportación de pruebas y notificarse
dentro del plazo de veinte días hábiles posteriores a la fecha de su emisión, conforme con las
reglas siguientes:
Art. 5. Refórmanse los incisos primero y segundo del artículo 48 de la manera
siguiente:
Una vez admitido el recurso de reconsideración, deberá ser resuelto dentro de los veinte
días hábiles siguientes a la fecha de notificación al recurrente del auto de admisión.
Emitida la resolución, se notificará al recurrente dentro del plazo de veinte días hábiles
siguientes a la fecha de emisión de la resolución, a efecto que si la misma le causa agravios,
haga uso de los medios de impugnación que estime convenientes.
Art. 6. Refórmase el inciso tercero del artículo 49 de la manera siguiente:
Dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la recepción del expediente administrativo,
el Director General deberá resolver el recurso de revisión; y se notificará al recurrente dentro
del plazo de veinte días hábiles siguientes a la fecha de emisión de dicha resolución, a efecto
que si la misma le causa agravios haga uso de los medios impugnativos conferidos por la
ley.
DEROGATORIAS
Art. 7. Deróganse el literal k) del artículo 5 y los incisos segundo y tercero del artículo
52 de esta Ley.
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Parte II

Parte II
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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VIGENCIA
Art. 8. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintisiete días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 217, Tomo N° 365, Fecha: 22 de noviembre de 2004

DECRETO No. 492
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 697, de fecha 2 de septiembre de 1999, publicado en
el Diario Oficial No. 181, Tomo No. 344, del 30 del mismo mes y año, se emitió la Ley
de Bancos.
II. Que la citada Ley, establece restricciones para el acceso a información que se demanda
a ser utilizada en materia de impuestos, lo cual, en algunos casos, imposibilita la
determinación de la verdadera capacidad contributiva de ciertos contribuyentes.
III. Que las legislaciones tributarias imperantes en otras latitudes, propugnan por adoptar
normativas que garanticen la transparencia fiscal orientada a facilitar el acceso a
información bancaria y financiera de aquellos contribuyentes, que conforme su estatus
impositivo, pudieran estar revelando una situación irregular en atención a sus obligaciones
con la Administración Tributaria.
IV. Que al facilitar a la Administración Tributaria el poder acceder a información financiera
muy puntual, trasciende a un estrato de confidencialidad que permite utilizar la misma
únicamente para fines tributarios.
V. Que por las razones expuestas, se vuelve necesario introducir reformas a la Ley de
Bancos, con el fin de que la Administración Tributaria pueda disponer de la información
financiera de los administrados en poder de los bancos y con ello coadyuvar en los
esfuerzos encaminados, a que todos los sujetos obligados por ministerio de ley al pago
de sus impuestos lo hagan en una forma legal, justa, general y equitativa en atención
a su capacidad contributiva.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio de la Ministra de Economía y de los diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, José Francisco
Merino López, Elizardo González Lovo, René Napoleón Aguiluz Carranza, Salvador Rafael
Morales, José Antonio Almendáriz Rivas, Rolando Alvarenga Argueta, Luis Roberto Angulo
Samayoa, José Orlando Arévalo Pineda, Miguel Francisco Bennett Escobar, Juan Miguel Bolaños
Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Ernesto Antonio Dueñas, Agustín Díaz Saravia, Roberto José
d´Aubuisson Munguía, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, César
Humberto García Aguilera, Santos Fernando González Gutiérrez, Noé Orlando González, Manuel
de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mauricio Hernández Pérez, Mario
Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente
Menjívar Esquivel, Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, William
Rizziery Pichinte, Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio
Quinteros Cubías, Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas
Echeverría, Víctor Manuel Melgar, Héctor Ricardo Silva Argüello, Juan de Jesús Sorto Espinoza,
Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano
Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Armando López, Mario
Tenorio, Alba Teresa de Dueñas, José Vidal Carrillo y Sigfredo Campos Fernández.
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Parte II

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DECRETA las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DE BANCOS
Art. 1. Refórmase el inciso primero del Art. 59, de la siguiente manera:
Art. 59. Los bancos deberán sustentar la concesión de los financiamientos en un análisis
de las respectivas solicitudes, que les permitan apreciar el riesgo de recuperación de los fondos.
Para ello deberán considerar la capacidad de pago y empresarial de los solicitantes; su solvencia
moral, su situación económica y financiera presente y futura, para lo cual deberán requerir
obligatoriamente sus estados financieros, los cuales deberán ser auditados cuando lo requiera
la ley; las garantías que, en su caso, fueren necesarias; la nómina de socios o accionistas
con participación en el capital social y demás elementos e información que se considere
pertinente. Además, deberán solicitar la declaración de Impuesto sobre la Renta del ejercicio
o período de imposición inmediato anterior a la solicitud de financiamiento y los Estados
Financieros presentados a la Administración Tributaria correspondientes a dicha declaración.
También podrá solicitar otros elementos que consideren necesarios. El refinanciamiento, deberá
ser sustentado de la misma manera que el financiamiento. La Superintendencia del Sistema
Financiero deberá normar para el fiel cumplimiento de lo dispuesto anteriormente para la
calificación de los financiamientos.
Art. 2. Refórmase el inciso tercero del Art. 201, de la siguiente manera:
No están comprendidas en el inciso anterior las informaciones que requieran los tribunales
judiciales, la Fiscalía General de la República, la Dirección General de Impuestos Internos cuando
lo requiera en procesos de fiscalización, así como las demás autoridades en el ejercicio de sus
atribuciones legales, ni el intercambio de datos confidenciales entre bancos con el objeto de
proteger la veracidad y seguridad de sus operaciones, ni las informaciones que corresponda
entregar al público según lo dispone esta Ley y las que se proporcionen a la Superintendencia
en relación al servicio de información de crédito bancario.
Art. 3. Refórmase el Art. 232, de la siguiente manera:
Secreto Bancario
Art. 232. Los depósitos y captaciones que reciben los bancos están sujetas a secreto y
podrá proporcionarse informaciones sobre esas operaciones sólo a su titular, a la persona que
lo represente legalmente y a la Dirección General de Impuestos Internos cuando lo requiera
en procesos de fiscalización.
Las demás operaciones quedan sujetas a reserva y sólo podrán darse a conocer a las autoridades
a que se refiere el artículo 201 de esta Ley, y a quien demuestre un interés legítimo, previa
autorización de la Superintendencia, salvo cuando sea solicitada por la Dirección General de
Impuestos Internos cuando lo requiera en procesos de fiscalización.
Lo establecido en este artículo es sin perjuicio de la información que debe solicitar
la Superintendencia para cumplir con lo dispuesto en el Artículo 61 de esta Ley, y con la

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
información detallada que debe dar a conocer al público en virtud del literal f) del Artículo
21 de su Ley Orgánica, así como la que solicite la Dirección General de Impuestos Internos
cuando lo requiera en procesos de fiscalización.
El secreto bancario no será obstáculo para esclarecer delitos, para la fiscalización,
determinación de impuestos o cobro de obligaciones tributarias, ni para impedir el embargo
sobre bienes.
Art. 4. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintisiete días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 217, Tomo N° 365, Fecha: 22 de noviembre de 2004.
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DECRETO No. 493
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 849, de fecha 23 de febrero del 2000, publicado en el
Diario Oficial No. 65, Tomo No. 346, del 31 de marzo del mismo año, se emitió la Ley
de Intermediarios Financieros no Bancarios.
II. Que la Ley mencionada en el considerando anterior, establece limitantes para el intercambio
de información en materia de impuestos, lo cual impide tener conocimiento pleno de
las operaciones realizadas por los contribuyentes.
III. Que históricamente las legislaciones que limitan el actuar de las Administraciones
Tributarias en cuanto al acceso a la información financiera de los administrados, han
propiciado el nacimiento y proliferación de conductas evasivas de la responsabilidad
tributaria.
IV. Que las prácticas tributarias internacionales propugnan por adoptar medidas de
transparencia fiscal en las que pueda conocerse la información bancaria y financiera,
para efectos impositivos por parte de la Administración Tributaria.
V. Que al trasladarse la información financiera a la Administración Tributaria, la cual
tiene reserva de información, por virtud de lo dispuesto en el Código Tributario, dicha
información trasciende a un estrato de confidencialidad que permite utilizar la información
únicamente para fines tributarios.
VI. Por las razones expuestas, se vuelve un imperativo ético introducir reformas a la Ley de
Intermediarios Financieros no Bancarios, con el fin de que la Administración Tributaria
pueda disponer de la información financiera de los administrados, en poder de las
instituciones financieras no bancarias y con ello coadyuvar en los esfuerzos que realiza
dicha Administración para disminuir la brecha de evasión de impuestos.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio de la Ministra de Economía y de los diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, José Francisco
Merino López, Elizardo González Lovo, René Napoleón Aguiluz Carranza, Salvador Rafael
Morales, José Antonio Almendáriz Rivas, Rolando Alvarenga Argueta, Luis Roberto Angulo
Samayoa, José Orlando Arévalo Pineda, Miguel Francisco Bennett Escobar, Juan Miguel Bolaños
Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Ernesto Antonio Dueñas, Agustín Díaz Saravia, Roberto José
d´Aubuisson Munguía, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, César
Humberto García Aguilera, Santos Fernando González Gutiérrez, Noé Orlando González, Manuel
de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mauricio Hernández Pérez, Mario
Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente
Menjívar Esquivel, Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, William
Rizziery Pichinte, Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio
Quinteros Cubías, Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas
Echeverría, Víctor Manuel Melgar, Héctor Ricardo Silva Argüello, Juan de Jesús Sorto Espinoza,
Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Armando López, Mario
Tenorio, Alba Teresa de Dueñas, José Vidal Carrillo y Sigfredo Campos Fernández.
DECRETA las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS
Art. 1. Refórmase el inciso cuarto del artículo 123 de la manera siguiente:
No están comprendidas en el inciso anterior las informaciones que requieran los tribunales
judiciales, la Fiscalía General de la República, la Dirección General de Impuestos Internos cuando
lo requiera en procesos de fiscalización, así como las demás autoridades en el ejercicio de sus
atribuciones legales, ni el intercambio de datos confidenciales entre bancos con el objeto de
proteger la veracidad y seguridad de sus operaciones, ni las informaciones que corresponda
entregar al público según lo dispone esta Ley y las que se proporcionen a la Superintendencia
en relación al servicio de información de crédito.
Art. 2. Refórmase el Artículo 143, de la siguiente manera:
Secreto Bancario
Art. 143. Los depósitos y captaciones que reciben las cooperativas están sujetos a
secreto y podrá proporcionarse informaciones sobre esas operaciones sólo a su titular, a la
persona que lo represente legalmente y a la Dirección General de Impuestos Internos cuando
lo requiera en procesos de fiscalización.
Las demás operaciones quedan sujetas a reserva y sólo podrán darse a conocer a las
autoridades a que se refiere el artículo 123 de esta Ley, y a quien demuestre un interés legítimo,
previa autorización de la Superintendencia, salvo cuando sea solicitada por la Dirección General
de Impuestos Internos cuando lo requiera en procesos de fiscalización.
Lo establecido en este artículo es sin perjuicio de la información que debe solicitar la
Superintendencia, para cumplir con lo dispuesto en esta Ley y con la información detallada
que debe dar a conocer al público en virtud de su Ley Orgánica, así como la que solicite la
Dirección General de Impuestos Internos, cuando lo requiera en procesos de fiscalización.
El secreto bancario no será obstáculo para esclarecer delitos, para la fiscalización,
determinación de impuestos o cobro de obligaciones tributarias, ni para impedir el embargo
sobre bienes.
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintisiete días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 217, Tomo N° 365, Fecha: 22 de noviembre de 2004.
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Parte II

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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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DECRETO No. 494
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 135, de fecha 18 de diciembre de 1991, publicado
en el Diario Oficial No. 242, Tomo No. 313, del 21 del mismo mes y año, se emitió la
Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos
Internos.
II. Que la referida Ley no posee un limite de tiempo en el que deban sustanciarse y resolverse
los recursos que se interpongan ante dicho Tribunal.
III. Que además la Ley en referencia no estipula disposiciones que señalen la responsabilidad
de los funcionarios por las actuaciones y resoluciones que emitan, ni establece limites
en el ejercicio de sus funciones por incompatibilidad en el ejercicio de sus actividades
técnicas o profesionales.
IV. Que por las razones antes expuestas, se hace necesario reformar la Ley mencionada
en el considerando primero de este Decreto.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda y de los diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, José Francisco Merino
López, Elizardo González Lovo, René Napoleón Aguiluz Carranza, Salvador Rafael Morales, José
Antonio Almendáriz Rivas, Rolando Alvarenga Argueta, Luis Roberto Angulo Samayoa, José
Orlando Arévalo Pineda, Miguel Francisco Bennett Escobar, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel
Abilio Bonilla Bonilla, Ernesto Antonio Dueñas, Agustín Díaz Saravia, Roberto José d´Aubuisson
Munguía, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, César Humberto García
Aguilera, Santos Fernando González Gutiérrez, Noé Orlando González, Manuel de Jesús Gutiérrez
Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mauricio Hernández Pérez, Mario Marroquín Mejía,
Alejandro Dagoberto Marroquín, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente Menjívar Esquivel,
Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte,
Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías,
Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría,
Víctor Manuel Melgar, Héctor Ricardo Silva Argüello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto
Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María
Patricia Vásquez de Amaya, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Armando López, Mario Tenorio,
Alba Teresa de Dueñas, José Vidal Carrillo y Sigfredo Campos Fernández.
DECRETA las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE
APELACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art. 1. Refórmase el inciso final del artículo 4 de la manera siguiente:
En todo caso, el plazo para resolver el recurso de apelación y notificar la sentencia no podrá
exceder de nueve meses contados a partir de la fecha de interposición de dicho recurso.
Art. 2. Refórmase el artículo 10 e intercálase entre los artículos 10 y 11 el artículo 10-A
de la siguiente manera:
Artículo 10. El presidente, los vocales, los suplentes de éstos y demás personal del Tribunal,
no podrán bajo ninguna circunstancia realizar por su cuenta o por interpósita persona trámites,
gestiones o funciones particulares de carácter tributario, tales como brindar asesoría tributaria,
llevar contabilidades, realizar auditorías internas, externas, financieras, operativas, colaborar o
participar en despachos o con profesionales con título universitario o no, que presten servicios
de carácter tributario.
Asimismo, los miembros del Tribunal a que se refiere el inciso anterior deberán cumplir lo
referente a la reserva de información regulada en el inciso tercero del artículo 28 del Código
Tributario, respecto de toda la información y documentación de carácter tributario a la que
tengan acceso.
Art. 10-A. El presidente, los vocales, los suplentes de éstos y demás personal del Tribunal,
serán responsables civilmente por los perjuicios que ocasionaren al Fisco o a los contribuyentes,
por los errores que cometieren por impericia o negligencia en sus dictámenes y resoluciones, o
por violación a las disposiciones que rigen sus actuaciones. Si se determinare que la actuación de
los miembros del Tribunal antes referidos fuere maliciosa, se procederá por parte de la autoridad
correspondiente a la imposición de las sanciones de orden administrativo, sin perjuicio a la
responsabilidad penal a que hubiere lugar.
VIGENCIA
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintisiete días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 231, Tomo N° 365, Fecha: 10 de diciembre de 2004
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Parte II

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DECRETO No. 495
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 296, de fecha 24 de julio de 1992, publicado en el
Diario Oficial No. 143, Tomo No. 316, del 31 del mismo mes y año, se emitió la Ley de
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
II. Que la Administración Tributaria en el ejercicio de sus facultades de control y de
fiscalización ha detectado una creciente práctica orientada a la deducción indebida de
créditos fiscales.
III. Asimismo, la Administración Tributaria ha detectado la utilización de otras prácticas
fiscales orientadas a obtener beneficios tributarios o a disminuir o eludir el pago de
impuestos.
IV. Que las disposiciones que contiene la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles
y a la Prestación de Servicios no posee regulaciones que contrarresten esas prácticas
fiscales, lo cual impide ejercer un control efectivo sobre las conductas manifestadas lo
cual afecta los ingresos del Estado.
V. Que los comportamientos indicados en los considerandos II y III, demandan la necesidad
de establecer regulaciones que eviten las prácticas fiscales indebidas.
VI. Por tal razón, es indispensable introducir reformas a la Ley de Impuesto a la Transferencia
de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, con el objeto de fortalecer los
mecanismos de control del cumplimiento tributario de los contribuyentes, a efecto de
evitar un menoscabo en las arcas del Estado.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda y de los diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, José Francisco Merino
López, Elizardo González Lovo, René Napoleón Aguiluz Carranza, Salvador Rafael Morales, José
Antonio Almendáriz Rivas, Rolando Alvarenga Argueta, Luis Roberto Angulo Samayoa, José
Orlando Arévalo Pineda, Miguel Francisco Bennett Escobar, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel
Abilio Bonilla Bonilla, Ernesto Antonio Dueñas, Agustín Díaz Saravia, Roberto José d´Aubuisson
Munguía, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, César Humberto García
Aguilera, Santos Fernando González Gutiérrez, Noé Orlando González, Manuel de Jesús Gutiérrez
Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mauricio Hernández Pérez, Mario Marroquín Mejía,
Alejandro Dagoberto Marroquín, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente Menjívar Esquivel,
Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte,
Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías,
Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría,
Víctor Manuel Melgar, Héctor Ricardo Silva Argüello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto
Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María
Patricia Vásquez de Amaya, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Armando López, Mario Tenorio,
Alba Teresa de Dueñas, José Vidal Carrillo y Sigfredo Campos Fernández.

DECRETA las siguientes:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
REFORMAS A LA LEY DE IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Art. 1. Refórmase el artículo 5 de la manera siguiente:
Concepto de bienes muebles corporales
Artículo 5. En el concepto de bienes muebles corporales se comprende cualquier bien
tangible que sea transportable de un lugar a otro por sí mismo o por una fuerza o energía
externa.
Los títulos valores y otros instrumentos financieros se consideran bienes muebles incorpóreos,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7 literal d) de esta ley.
Para efectos de lo dispuesto en esta ley, los mutuos dinerarios, créditos en dinero o
cualquier forma de financiamiento se considera prestación de servicios.
Art. 2. Refórmase el inciso primero del artículo 15 e intercalase entre el inciso primero
y segundo de dicho artículo, un inciso, así como los literales a), b) y c), de la manera
siguiente:
La importación e internación definitiva de bienes muebles corporales se entenderá ocurrida
y causado el impuesto en el momento que tenga lugar su importación o internación.
La importación e internación de servicios se entenderá ocurrida y causado el impuesto,
según cualquiera de las circunstancias que se mencionan a continuación, ocurra primero:
a) Cuando se emita el documento que dé constancia de la operación por parte del
prestador del servicio;
b) Cuando se realice el pago; o
c) Cuando se dé término a la prestación.
Art. 3. Refórmase el inciso primero del artículo 16 de la manera siguiente:
Constituye hecho generador del Impuesto las prestaciones de servicios provenientes de
actos, convenciones o contratos en que una parte se obliga a prestarlos y la otra se obliga a
pagar como contraprestación una renta, honorario, comisión, interés, prima, regalía, así como
cualquier otra forma de remuneración. También lo constituye la utilización de los servicios
producidos por el contribuyente, destinados para el uso o consumo propio, de los socios,
directivos, apoderados o personal de la empresa, al grupo familiar de cualquiera de ellos o a
terceros.
Art. 4. Refórmanse los literales c) y d) del artículo 17 y adiciónase a dicho artículo el
literal o) de la manera siguiente:
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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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c) Arrendamientos de bienes muebles corporales con o sin promesa de venta u opción
de compra, subarrendamientos, concesión o cualquier otra forma de cesión del
uso o goce de bienes muebles corporales;
d) Arrendamiento, subarrendamiento de inmuebles destinados a actividades
comerciales, industriales, de servicios o de cualquier otra actividad, con o sin
promesa de venta u opción de compra, usufructo, concesión o cualquier otra
forma de cesión del uso o goce de todo tipo de inmuebles, establecimientos y
empresas mercantiles; y,
o) El arrendamiento, subarrendamiento, concesión o cualquier otra forma de cesión
del uso o goce de marcas, patentes de invención, procedimientos o fórmulas
industriales y otras prestaciones de servicios similares.
Art. 5. Refórmase el literal e) del artículo 18, de la siguiente manera:
e) Cuando se pague totalmente el valor de la contraprestación o precio convenido,
o por cada pago parcial del mismo, según sea el caso; se acredite en cuenta
o se ponga a disposición del prestador de los servicios, ya sea en forma total o
parcial, aunque sea con anticipación a la prestación de ellos.
Art. 6. Refórmase el literal f) del artículo 46 de la manera siguiente:
f) Operaciones de depósito, de otras formas de captación y de préstamos de dinero,
en lo que se refiere al pago o devengo de intereses, realizadas por Bancos,
Intermediarios Financieros no Bancarios, cualquier otra institución de carácter
financiero que se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia del Sistema
Financiero o registradas en el Banco Central de Reserva, empresas de arrendamiento
financiero o de factoraje, las Asociaciones Cooperativas o Sociedades Cooperativas
de Ahorro y Crédito, Corporaciones y Fundaciones de Derecho Público o de Utilidad
Pública, que se dediquen a la concesión de financiamiento.
Art. 7. Refórmase el inciso primero del artículo 48 sin afectar sus literales los
cuales permanecen inalterables, de la manera siguiente:
Artículo 48. Sin perjuicio de la regla general establecida en el artículo anterior y de
la contenida en el artículo 199-A del Código Tributario, la base imponible específica de las
operaciones que constituyen los diferentes hechos generadores del impuesto es la que a
continuación se señala:
Art. 8. Refórmase el artículo 65, de la siguiente manera:
Requisitos para deducir el Crédito Fiscal. Impuestos Retenidos
Artículo 65. Únicamente será deducible el crédito fiscal trasladado en los comprobantes
de crédito fiscal en la forma indicada en el artículo 64 de esta ley, en los casos siguientes:

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
1. Adquisiciones de bienes muebles corporales destinados al activo realizable;
2. Adquisiciones de bienes muebles corporales destinados al activo fijo, cuando en
éste conserven su individualidad y no se incorporen a un bien inmueble.
3. Desembolsos efectuados para la utilización de servicios, siempre que no se destinen
a la construcción o edificación de bienes inmuebles nuevos, sea por precio alzado
o por administración de obra o cualquier otra modalidad de contratación.
4. Gastos generales destinados exclusivamente a los fines de la realización del
objeto, giro o actividad del contribuyente, tales como fletes o acarreos, energía
eléctrica, teléfono o agua.
Las operaciones mencionadas en los numerales anteriores deberán ser indispensables para
el objeto, giro o actividad del contribuyente y para la generación de operaciones gravadas
con este impuesto y que por lo tanto generen débito fiscal, o de operaciones gravadas con
tasa cero por ciento, caso contrario no será deducible el crédito fiscal.
Las adquisiciones de bienes o de servicios que no se enmarquen y no cumplan lo dispuesto
en los incisos precedentes deberán ser documentadas por medio de Factura. Para ese efecto,
los contribuyentes adquirentes de bienes o de servicios, no deberán solicitar la emisión o la
entrega de Comprobante de Crédito Fiscal sino que de Factura y los proveedores de bienes o
de servicios estarán obligados a emitirla y entregarla.
Para efectos de la deducibilidad a que se refiere este artículo se requerirá en todo caso,
que la operación que origina el crédito fiscal esté documentada con el Comprobante de Crédito
Fiscal original y que figure la cantidad trasladada como crédito fiscal en forma separada del
precio de los bienes o remuneración de los servicios, o se compruebe documentalmente el
monto del impuesto pagado en la importación o internación de los bienes o de los servicios.
Además, todo ello debe estar debidamente registrado en el libro de compras que establece el
artículo 141 del Código Tributario y en la contabilidad formal o en libros especiales, en este
último caso, según se trate de contribuyentes obligados o no a llevar contabilidad formal.
Los impuestos retenidos por los agentes de retención, de conformidad a lo establecido en
el artículo 162 del Código Tributario, constituirán crédito fiscal para el agente, en el mismo
período que corresponda a la fecha de emisión del Comprobante de Retención a que se refiere
el artículo 112 del Código Tributario. Asimismo, las cantidades retenidas de conformidad al
artículo 161 del Código Tributario, constituirán crédito fiscal para los agentes de retención,
amparados por el mandamiento de ingreso donde conste el pago del impuesto. En ambos casos
se reconocerá dicho crédito, siempre y cuando se declare y entere íntegramente en el mismo
período de emisión de los referidos documentos y se registre separadamente el impuesto
retenido de los comprobantes de crédito fiscal recibidos de los proveedores.
Los valores que no sean deducibles en concepto de crédito fiscal, formarán parte del valor
de los bienes y serán deducibles para efectos de Impuesto sobre la Renta, siempre que los
bienes o servicios adquiridos cumplan con los presupuestos establecidos en la Ley que rige
ese tributo para su deducción.
Dentro del término adquisiciones a que se refiere este artículo deberá entenderse
comprendidos las compras locales, las importaciones y las internaciones.
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Art. 9. Intercálase entre los artículos 65 y 66, el artículo 65-A de la manera
siguiente:
Créditos Fiscales no deducibles
Artículo 65 A. No será deducible el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles
y a la Prestación de Servicios soportado o pagado por los contribuyentes en la adquisición de
bienes o de servicios que no cumplan los requisitos que establece el artículo 65 de esta ley,
en casos como los que se mencionan a continuación:
a) Adquisición de víveres o de alimentos si su giro ordinario no es la venta de víveres
o alimentos.
En este caso los proveedores deberán emitir Factura.
b) Importación o internación de víveres o de alimentos si su giro ordinario no es la
venta de comida o alimentos.
c) Adquisición, importación o internación, arrendamiento, mantenimiento, mejoras
o reparación de vehículos nuevos o usados, tales como: automotores, aviones,
helicópteros, barcos, yates, motos acuáticas, lanchas y otros similares, que por
su naturaleza no sean estrictamente indispensables para la realización del giro
ordinario del contribuyente. Tampoco será deducible la adquisición, importación
o internación de combustible para los bienes mencionados en este inciso.
d) Utilización de cualquier tipo de servicios en hoteles, así como el arrendamiento
o subarrendamiento de inmuebles o la utilización de cualquier otro servicio en el
que adquiera el uso o goce de tales bienes, cuando el contribuyente no demuestre
que los servicios han sido utilizados en actividades propias del negocio o que
corresponden al giro o actividad del mismo.
e) Adquisición de boletos aéreos, salvo aquellos estrictamente vinculados con viajes
propios del negocio, cuando el viajero sea el contribuyente, su representante legal
o empleados de éste, cuyo vínculo laboral pueda ser comprobado.
f) Adquisición, importación o internación de prendas de vestir, joyería o calzado, si
su giro ordinario no es la venta de dichos productos.
g) Adquisiciones, importaciones o internaciones de bienes muebles corporales o de
servicios destinados a ser utilizados a la satisfacción de necesidades personales
o particulares del contribuyente, cónyuge, compañero o compañera de vida, sus
familiares, del representante legal, directivos, socios, accionistas o familiares de
cualquiera de ellos, así como empleados o terceros.
h) Adquisición, importación o internación de bebidas alcohólicas, inclusive cerveza
y cigarrillos, si su giro ordinario no es la venta de dichos productos.
i) La suma trasladada en concepto de crédito fiscal, en lo que exceda a la tasa o
alícuota legalmente establecida.
j) En general la adquisición, importación o internación de cualquier bien o servicio
que no sea indispensable para la realización del objeto, giro o actividad del
contribuyente.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Sin perjuicio de lo establecido en el literal c) de este artículo, el Impuesto a la Transferencia
de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios pagado por personas naturales contribuyentes
del referido impuesto en la adquisición de su automóvil, únicamente será deducible en un
50% cuando dicho vehículo sea utilizado en su giro o actividad y en actividades ajenas al giro
del negocio. El mismo porcentaje será aplicable a la compra de combustible de los vehículos
referidos en este inciso.
Tampoco será deducible el crédito fiscal consignado en Comprobantes de Crédito Fiscal
que posean numeraciones que no hayan sido autorizadas por la Administración Tributaria.
No constituye crédito fiscal y en consecuencia no serán deducibles los valores documentados
en Comprobantes de Crédito Fiscal, Comprobantes de Retención o Notas de Débito, cuando
ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes:
1) Que el sujeto que consta como emisor del documento no se encuentre inscrito
como contribuyente.
2) Que aún estando inscrito como contribuyente el emisor del documento, el adquirente
de los bienes o prestatario de los servicios no compruebe la existencia efectiva
de la operación.
3) Que los documentos correspondan a sujetos desinscritos por la Administración
Tributaria de la calidad de contribuyentes, publicados por medio de Internet, Diario
Oficial o cualquiera de los medios de comunicación de circulación nacional.
Lo dispuesto en los numerales anteriores es sin perjuicio de la acción penal a que haya
lugar, contra el autor, coautor, cómplice o partícipes del ilícito.
Para efectos de lo dispuesto en los artículos 65 y 65- A de esta ley, el objeto, giro o
actividad del contribuyente lo constituye, aquel registrado en la Administración Tributaria y
que se indique en la tarjeta de contribuyente. La calidad de contribuyente y el objeto, giro
o actividad del mismo, deberá acreditarse en las adquisiciones de bienes o de servicios por
medio de la tarjeta de contribuyente respectiva.
Art. 10. Refórmase el artículo 66 por el siguiente:
Deducción del Crédito Fiscal en operaciones gravadas, exentas y no sujetas.
Artículo 66. Si las operaciones realizadas en un periodo tributario son en parte
gravadas, en parte exentas o en parte no sujetas; el crédito fiscal a deducirse del débito fiscal,
se establecerá con base a un factor que se determinará dividiendo las operaciones gravadas
realizadas en el período tributario entre la sumatoria de las operaciones gravadas, exentas
y las no sujetas realizadas en dicho período, debiendo deducirse únicamente la proporción
resultante de aplicar dicho factor al crédito fiscal del período tributario.
En los períodos tributarios siguientes la proporción del crédito fiscal se determinará aplicando
el procedimiento anterior sobre la base de las operaciones acumuladas desde el primer período
en que se aplicó la proporcionalidad, aún cuando sólo tuviere operaciones gravadas, y hasta
el término del ejercicio comercial.
Cuando esta norma se haya aplicado durante un ejercicio comercial, en el primer mes
del ejercicio comercial siguiente, se deberá hacer un recálculo de la proporcionalidad con
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los valores acumulativos de las operaciones gravadas, exentas y no sujetas realizadas en el
ejercicio comercial anterior, y se redistribuirá el crédito fiscal.
Si el crédito fiscal que debió deducirse resulta ser superior al efectivamente deducido, la
diferencia se sumará al crédito fiscal correspondiente al primer período tributario del ejercicio
comercial siguiente y si resultare inferior, se restará del crédito fiscal de ese período.
El contribuyente deberá conservar durante el plazo que establece el Código Tributario,
los registros que sirvieron de base para realizar el recálculo de la proporcionalidad, los cuales
deberán exhibirse o presentarse a la Dirección General de Impuestos Internos cuando esta lo
requiera.
Si no existen créditos fiscales atribuibles a las operaciones no sujetas al pago del
impuesto y éstas provienen de actividades no habituales del contribuyente, no se incluirá tales
operaciones en el cálculo de la proporcionalidad. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de
otras obligaciones tributarias que esta ley o el Código Tributario establezcan respecto de las
operaciones no sujetas.
Se consideran operaciones no sujetas al pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios, aquellas que, no estando expresamente previstas en la
ley como exenciones, no se enmarcan dentro de los hechos generadores establecidos en esta
ley, así como aquellas que dicha ley les atribuya expresamente el carácter de no sujetas.
La proporción del crédito fiscal que corresponda a las operaciones exentas y no sujetas
formará parte del costo o gasto, según corresponda.
Art. 11. Refórmase el artículo 93 inciso primero, de acuerdo a lo siguiente:
Artículo 93. Para efectos de esta ley, el período tributario será de un mes calendario.
En consecuencia, los contribuyentes y, en su caso, los responsables del impuesto, deberán
presentar mensualmente una declaración jurada sobre las operaciones gravadas, exentas y
no sujetas realizadas en el período tributario, en la cual dejarán constancia tanto del débito
fiscal mensual como del crédito fiscal del mismo período, así como de los remanentes de éste
traspasados de períodos tributarios anteriores.
Art. 12. Refórmase el artículo 94 de la manera siguiente:
LUGAR, PLAZO Y REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN Y PAGO
Artículo 94. La declaración jurada incluirá el pago y deberá ser presentada en la Dirección
General de Impuestos Internos, en la Dirección General de Tesorería, en los Bancos y otras
instituciones financieras autorizadas por el Ministerio de Hacienda, en cualquiera de las oficinas
que estas instituciones tengan en el país, dentro de los diez primeros días hábiles del
mes siguiente al periodo tributario correspondiente. En este mismo lapso deben ingresarse
los impuestos retenidos o percibidos por los agentes de retención o de percepción.
El impuesto sobre las importaciones e internaciones de bienes será liquidado ante la
Dirección General de la Renta de Aduanas, en el mismo acto en que se liquiden los impuestos
aduaneros. La constancia del pago de este impuesto constituirá el comprobante de crédito
fiscal.

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
La liquidación de oficio del impuesto sobre las importaciones e internaciones de bienes
corresponderá efectuarla a la Dirección General de la Renta de Aduanas.
En los casos, previstos en los incisos anteriores el impuesto deberá pagarse ante la
Dirección General de Tesorería.
El impuesto sobre importaciones e internaciones de servicios se liquidará ante la Dirección
General de Impuestos Internos y se pagará ante la Dirección General de Tesorería. La competencia
para liquidar de oficio el impuesto sobre la importación e internación de servicios no liquidado
corresponderá a la Dirección General de Impuestos Internos.
TRANSITORIO
Art. 13. Las resoluciones emitidas por la Dirección General de Impuestos Internos, por
medio de las cuales hubiere autorizado a contribuyentes la aplicación de otro sistema para
la determinación del crédito fiscal proporcional a que se refiere el artículo 66 de la Ley de
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, cesarán sus
efectos el día treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, quedando tales contribuyentes
supeditados a las nuevas disposiciones que sobre el particular establezca el presente decreto
a partir del uno de enero de dos mil cinco.
Art. 14. Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al financiamiento de dinero,
que se hayan amparado en lo dispuesto en el artículo 46 literal f) de la Ley de Impuesto a
la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, y ello sea comprobable
en los registros que al efecto lleva la Administración Tributaria, continuarán bajo ese mismo
régimen.
DEROGATORIA
Art. 15. Derógase el artículo 50 de esta Ley.
VIGENCIA
Art. 16. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 217, Tomo N° 365, Fecha: 22 de noviembre de 2004.
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DECRETO No. 496
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 134, de fecha 18 de diciembre de 1991, publicado en
el Diario Oficial No. 242, Tomo No. 313, del 21 del mismo mes y año, se emitió la Ley
de Impuesto sobre la Renta.
II. Que desde la fecha de entrada en vigencia de dicha ley, los negocios jurídicos a nivel
nacional e internacional han ido evolucionando, de tal suerte que, la legislación nacional
en materia de Impuesto sobre la Renta, ha ido quedando desactualizada para el control de
los mismos, lo cual genera posibilidades de elusión fiscal por parte de los contribuyentes
que los adoptan, afectando con ello, los ingresos de las arcas del Estado.
III. Que el principio de generalidad en la tributación conduce a que todos los contribuyentes
con capacidad contributiva participen en el sostenimiento del gasto público, en virtud de
lo cual, los sistemas impositivos modernos deben orientarse a controlar el cumplimiento
tributario de todos los contribuyentes, a efecto que el deber de contribuir se concretice
en los sujetos que poseen capacidad contributiva.
IV. Que por las razones expuestas, es necesario introducir reformas a la Ley de Impuesto
sobre la Renta, que posibiliten el control de esas nuevas formas de hacer negocios y que
produzcan la participación tributaria de segmentos de contribuyentes que han venido
utilizando la carencia regulatoria de ciertas situaciones como una modalidad para reducir
su participación impositiva.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por
medio del Ministro de Hacienda y de los diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, José Francisco Merino
López, Elizardo González Lovo, René Napoleón Aguiluz Carranza, Salvador Rafael Morales, José
Antonio Almendáriz Rivas, Rolando Alvarenga Argueta, Luis Roberto Angulo Samayoa, José
Orlando Arévalo Pineda, Miguel Francisco Bennett Escobar, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel
Abilio Bonilla Bonilla, Ernesto Antonio Dueñas, Agustín Díaz Saravia, Roberto José d´Aubuisson
Munguía, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, César Humberto García
Aguilera, Santos Fernando González Gutiérrez, Noé Orlando González, Manuel de Jesús Gutiérrez
Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mauricio Hernández Pérez, Mario Marroquín Mejía,
Alejandro Dagoberto Marroquín, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente Menjívar Esquivel,
Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte,
Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías,
Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría,
Víctor Manuel Melgar, Héctor Ricardo Silva Argüello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto
Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María
Patricia Vásquez de Amaya, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Armando López, Mario Tenorio,
Alba Teresa de Dueñas, José Vidal Carrillo y Sigfredo Campos Fernández,

DECRETA las siguientes:
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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
REFORMAS A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Art. 1.- Refórmase el literal d) del artículo 2 de la manera siguiente:
d) Toda clase de productos, ganancias, beneficios o utilidades cualquiera que sea su
origen, deudas condonadas, pasivos no documentados o provisiones de pasivos en
exceso, así como incrementos de patrimonio no justificado y gastos efectuados por
el sujeto pasivo sin justificar el origen de los recursos a que se refiere el artículo
195 del Código Tributario.
En el caso de pasivos no documentados y provisiones de pasivos en exceso, la renta
obtenida se imputará en el periodo o ejercicio de imposición respectivo.
Art. 2.- Refórmase el numeral 1) del artículo 3 de la manera siguiente:
1) Los valores recibidos por el trabajador ya sea en dinero o en especie del patrono
en concepto de viáticos necesarios para transporte, alimentación y estadía en
una cuantía razonable, herramientas de trabajo, equipo de oficina, siempre que
las actividades a las que se destinen dichos valores o bienes sean productoras
de renta gravable para el patrono.
Los gastos efectuados por el contribuyente en los conceptos referidos en el
inciso anterior, con los valores o bienes asignados al trabajador, deberán estar
respaldados con los documentos que establecen los artículos 107 o 119 del Código
Tributario según sea el caso, y comprobarse que sirvieron para cumplir con sus
obligaciones laborales.
Los valores o bienes recibidos por los trabajadores con finalidades distintas a las
estipuladas en este numeral constituyen renta obtenida para ellos, y en consecuencia
estarán sujetas a la retención respectiva junto con la remuneración percibida.
Art. 3.- Refórmanse los numerales 7 y 12 del artículo 4 de la manera siguiente:
7) Las cantidades que por cualquier concepto y en razón de contratos de seguros,
perciba el contribuyente como asegurado o beneficiario. En el caso del seguro
dotal u otro tipo de seguro, cuando no se suscite el riesgo cubierto o el plazo
estipulado sea inferior o igual a 10 años, el valor que se recibe constituirá renta
gravable. En ese caso, deberán practicarse las retenciones correspondientes en
un porcentaje del 10% de las sumas acreditadas o pagadas y enterarse dentro
del plazo legal respectivo.
12) El producto, ganancia, beneficio o utilidad obtenido por una persona natural o
jurídica, sucesión o fideicomiso, que no se dedique habitualmente a la compraventa
o permuta de bienes inmuebles, cuando realice el valor de dichos bienes en un
plazo mayor a seis años a partir de la fecha de adquisición.
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Art. 4. Refórmase el numeral 2) del artículo 14 y adiciónase un inciso al final de dicho
artículo de la manera siguiente:
2) La pérdida de capital proveniente de las transacciones a que se refiere el inciso
primero de este artículo será deducible de la ganancia de capital. Si la ganancia
excede a la pérdida, el excedente, o sea la ganancia neta de capital, se gravará
con el impuesto de acuerdo con el artículo 42 de esta Ley. En caso de que la
pérdida exceda a la ganancia, el saldo podrá ser usado dentro de los cinco años
siguientes contra futuras ganancias de capital, siempre que se declare en el
formulario que para tal efecto proporcione la Administración Tributaria. En ningún
caso será deducible de la ganancia de capital, las pérdidas de capital provenientes
de operaciones distintas a la reguladas en este artículo.
La liquidación de activos extraordinarios a que se refiere la Ley de Bancos deberá gravarse
como renta ordinaria en el mismo ejercicio impositivo de su realización. El mismo tratamiento
tendrán los bienes que realicen las Compañías de Seguros, Instituciones Oficiales de Crédito
y los Intermediarios Financieros no Bancarios.
Art. 5. Refórmase el artículo 16 de la ley, por el siguiente:
Rentas obtenidas en El Salvador
Art. 16. Se reputan rentas obtenidas en El Salvador, las que provengan de bienes
situados en el país, así como de actividades efectuadas o de capitales invertidos en el mismo,
y de servicios prestados o utilizados en el territorio nacional, aunque se reciban o paguen
fuera de la República.
La renta proveniente de servicios que se utilicen en el país, constituirán renta obtenida en
El Salvador para el prestador del servicio, independientemente que la actividad que lo origina
se realice en el exterior.
Constituirán rentas obtenidas en El Salvador las que provengan de la propiedad industrial,
intelectual y los demás derechos análogos y de naturaleza económica que autoricen el ejercicio
de ciertas actividades acordadas por la ley, si se encuentran registrados oficialmente en el
país o si son utilizados en él.
Asimismo, se reputan rentas obtenidas en el país, las remuneraciones del Gobierno, las
Municipalidades y las demás entidades oficiales que paguen a sus funcionarios o empleados
salvadoreños en el extranjero.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las rentas no gravables, exentas o
no sujetas que obtengan en otro país, Estado o territorio, personas, fideicomisos y sucesiones,
salvadoreñas domiciliadas en El Salvador por créditos o financiamientos otorgados a personas,
fideicomisos o sucesiones ubicados en el exterior, se reputará renta gravada en el país, y la
renta neta resultante de esa renta, deberá sumarse a la renta neta o imponible obtenida en
el territorio de la República de El Salvador y pagar el impuesto respectivo.

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art. 6.- Refórmase el artículo 24 de la manera siguiente:
Personas Jurídicas
Art. 24.- Las personas jurídicas utilizarán el sistema de acumulación, o sea, determinarán
sus rentas tomando en cuenta las devengadas en el ejercicio, aunque no estén percibidas,
y los costos o gastos incurridos aunque no hayan sido pagados, en éste último caso,
debiendo observarse siempre, lo dispuesto en las leyes tributarias para la procedencia de su
deducibilidad.
Art. 7. Refórmase el artículo 28 de la manera siguiente:
Renta Neta
Art. 28.- La renta neta se determinará deduciendo de la renta obtenida los costos y
gastos necesarios para la producción de la renta y para la conservación de su fuente que esta
ley determine, así como las deducciones que la misma establezca.
En todo caso, los costos y gastos y demás deducciones deberán cumplir con todos los
requisitos que esta ley y el Código Tributario estipulan para su deducibilidad.
No serán deducibles en ningún caso los costos y gastos realizados en relación con actividades
generadoras de rentas no gravadas o que no constituyan renta para los efectos de esta Ley.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los costos y gastos que incidan en la
actividad generadora de rentas gravadas, así como aquellos que afectan las rentas no gravadas,
y las que no constituyan renta de conformidad a la Ley deberán proporcionarse, con base a
un factor que se determinará dividiendo las rentas gravadas entre la sumatoria de las rentas
gravadas, no gravadas, o que no constituyan renta de acuerdo a la ley, debiendo deducirse
únicamente la proporción correspondiente a lo gravado.
Art. 8.- Refórmase el artículo 29 por el siguiente:
Deducciones Generales
Art. 29.- Son deducibles de la renta obtenida:
Gastos del negocio
1) Los gastos necesarios y propios del negocio, destinados exclusivamente a los fines
del mismo, como los fletes y acarreos no comprendidos en el costo, la propaganda,
libros, impresos, avisos, correspondencia, gastos de escritorio, energía eléctrica,
teléfono y demás similares.
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Remuneraciones
2) Las cantidades pagadas a título de salarios, sueldos, sobresueldos, dietas, honorarios
comisiones, aguinaldos, gratificaciones, y otras remuneraciones o compensaciones
por los servicios prestados directamente en la producción de la renta gravada,
toda vez que se hayan realizado y enterado las correspondientes retenciones de
seguridad social, previsionales y de Impuesto sobre la Renta cuando se encuentren
sujetas a ello conforme a la ley respectiva.
Las cantidades pagadas por indemnizaciones laborales por despido y las
bonificaciones por retiro voluntario, cumpliendo con lo establecido en el artículo
4 numeral 3) inciso segundo de esta ley; así como las indemnizaciones por causa
de muerte, accidente, incapacidad o enfermedad.
Cuando los pagos sean realizados en cualquiera de los conceptos citados en este
numeral a parientes del contribuyente dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad, a su cónyuge, compañero o compañera de vida, además
de los requisitos antes referidos y los que la ley tributaria establezca para la
procedencia de la deducción, se requerirá que el contribuyente compruebe que el
trabajo realizado ha sido necesario para la generación de la renta o conservación
de la fuente y que ha sido efectivamente efectuado.
Lo estipulado en el inciso anterior también es aplicable a los pagos realizados
a los representantes legales, directores, asesores, apoderados y accionistas de
personas jurídicas, así como a los miembros de sociedades de personas.
Gastos de viaje al exterior y viáticos al interior del país
3) El costo de los pasajes, más el valor de los impuestos y derechos portuarios
correspondientes pagados por el patrono, así como los gastos de alimentación y
hospedaje comprobables documentalmente, estrictamente vinculados con viajes
realizados en actividades propias del negocio.
Arrendamientos
La deducción a que se refiere este numeral únicamente es procedente cuando el
viajero sea el contribuyente, su representante legal o empleados del contribuyente,
cuyo vínculo de dependencia laboral en la actividad propia del negocio pueda ser
comprobado.
También son deducibles los pagos efectuados en concepto de viáticos en los
términos y bajo los alcances previstos en el artículo 3 numeral 1) de esta ley,
por viajes realizados dentro del territorio de la República de El Salvador.
4) El precio del arrendamiento de los bienes muebles o inmuebles, utilizados
directamente en la producción de ingresos computables, como herramientas,
maquinaria, local para oficina, almacenaje, bodegas, fábricas, tierras, bosques,
y otros arrendamientos destinados directamente a la producción de ingresos
computables.

Primas de seguros
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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
5) Las primas de seguros tomados contra riesgos de los bienes de su propiedad,
utilizados para la producción de la renta gravable, tales como seguro de mercadería,
de transporte, de lucro cesante del negocio.
Tributos y cotizaciones de seguridad social
6) Los impuestos, tasas y contribuciones especiales, fiscales y municipales que
recaigan sobre la importación de los bienes y servicios prestados por la empresa
o que graven la fuente productora de la renta, siempre que hayan sido causados y
pagados durante el ejercicio impositivo correspondiente, salvo los que correspondan
al mes de diciembre de cada año respecto de los cuales además de haberse causado
deberá comprobarse por parte del contribuyente el pago efectuado dentro del
plazo que las leyes establezcan.
No quedan comprendidos en esta disposición el Impuesto Sobre la Renta, el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Art. 70 de la Ley que regula el último impuesto
citado, el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces y las multas, recargos
e intereses incurridos respecto de cualquier contribución fiscal o municipal.
Deducción para asalariados que liquidan o no el impuesto
7) Las personas naturales cuya renta obtenida provenga exclusivamente de salarios y
cuyo monto no exceda de ¢ 50,000.00, no estarán obligadas a presentar liquidación
y tendrán derecho a una deducción fija de ¢ 12,000.00, la cual va incorporada
en la cuota de retención a que están afectas.
Combustible
Las personas naturales asalariadas, con rentas mayores de ¢ 50,000.00, no
tendrán derecho a la deducción fija a que se refiere el inciso anterior.
8) El monto de lo erogado en combustible para maquinaria, transporte de carga y
equipo de trabajo que por su naturaleza no forme parte del costo según lo dispuesto
en el numeral 11 de este artículo, vehículos de reparto, de transporte colectivo de
personal, los que utilicen sus vendedores, vehículos del activo realizable, siempre
que tales bienes sean utilizados directamente en la generación de la renta y que las
erogaciones estén debidamente comprobadas mediante la Factura o Comprobante
de Crédito Fiscal a nombre del contribuyente.
Mantenimiento
9) Los gastos por concepto de reparaciones ordinarias, o sea los que se eroguen
para mantener en buenas condiciones de trabajo, de servicio o producción los
bienes del contribuyente empleados directamente en la obtención de la renta
obtenida.
Estos gastos serán deducibles siempre que no impliquen una remodelación, o
una ampliación de la estructura original de los bienes, incrementen su valor o
prolonguen la vida de los mismos.
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Intereses
Costos
10) Los intereses pagados o incurridos, según sea el caso, por las cantidades
tomadas en préstamo toda vez que sean invertidas en la fuente generadora de
la renta gravable, así como los gastos incurridos en la constitución, renovación o
cancelación de dichos préstamos, los cuales deberán deducirse en proporción al
plazo convenido para el pago del financiamiento.
No serán deducibles los intereses que se computen sobre el capital o sobre
utilidades invertidas en el negocio con el objeto de determinar costos o con otros
propósitos cuando no representen cargos a favor de terceros.
Tampoco serán deducibles los intereses en tanto el activo con el que se vinculan
no sea productor de renta gravable, caso en el cual, los intereses incurridos en
ese lapso deberán ser capitalizados como parte del costo de adquisición de los
activos y ser deducidos únicamente vía depreciación.
Cuando el termino “intereses” sea aplicado a asignaciones o pagos hechos a
poseedores de acciones preferidas y constituyan en realidad dividendos, o
representen distribución de utilidades, dichos intereses no son deducibles.
Cuando se adquiera un financiamiento y se utilicen esos fondos, para otorgar
financiamientos totales o parciales, pactando un porcentaje de interés más
bajo que el asumido en el financiamiento fuente de esos fondos, únicamente
serán deducibles los intereses asumidos en el financiamiento fuente, hasta el
monto del porcentaje de interés mas bajo convenido en el o los financiamientos
otorgados.
11) El costo de las mercaderías y de los productos vendidos, que se determinará de
la siguiente manera:
Al importe de las existencias al principio del ejercicio o periodo de imposición de
que se trate, se sumará el valor del costo de producción, fabricación construcción,
o manufactura, de bienes terminados y el costo de las mercancías u otros bienes
adquiridos o extraídos durante el ejercicio, y de esta suma se restará el importe
de las existencias al fin del mismo ejercicio.
Para efectos de lo dispuesto en este numeral, el costo de producción es el integrado
por la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación,
siendo deducible de la renta obtenida únicamente el costo de producción
correspondiente a los bienes que se hayan vendido en el ejercicio o periodo de
imposición respectivo.
Gastos agropecuarios
12) Los gastos indispensables para la obtención de ingresos computables, provenientes
de explotaciones agropecuarias, tales como los efectuados por concepto de
jornales, siembras, resiembras, adquisición de forrajes, plantas, semillas y
abonos o fertilizantes de toda clase, pastaje pagado a terceros, terrajes o censos,
conservación de cercas, podas, limpias, y otros gastos agropecuarios similares.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Los gastos de alimentación y crianza del ganado son deducibles en la medida
que representen una erogación real, excluyendo, por consiguiente, el valor de
los productos que se cosechan en la misma explotación agropecuaria, así como
el del trabajo del propio contribuyente.
Art. 9.- Refórmanse los numerales 2 y 10 del artículo 29-A y adiciónanse a continuación
del numeral 11, los numerales del 12 al 20 de la siguiente manera:
2) Las remuneraciones por servicios ajenos a la producción de ingresos computables.
Lo anterior no libera a quien realiza el pago, de la obligación de retener el impuesto
respectivo y de enterar tales sumas en los plazos previstos por la ley.
10) Las pérdidas de capital, sea que éstas provengan de las transacciones a que se
refieren los artículos 14 y 42 de esta ley, así como todas aquellas que provengan
de transacciones distintas a las antes citadas.
12) Los costos y gastos relacionados con rentas sujetas a retención cuando se haya
efectuado el pago y no se hubiere cumplido con la obligación de retener y
enterar el impuesto retenido.
13) Los costos o gastos incurridos relacionados con rentas sujetas a retención,
salvo que el agente de retención entere en el ejercicio o periodo de imposición
respectivo, el valor que corresponde pagar en concepto de retenciones. Los
valores que correspondería pagar en concepto de retenciones relativas al mes
de diciembre, deberán ser enteradas de conformidad a la regla establecida en el
artículo 62 inciso segundo de esta ley. En todo caso, también deberá cumplirse
con todos los demás requisitos de deducibilidad estipulados.
14) Los costos y gastos provenientes de la adquisición o de la utilización de bienes
o de servicios en el exterior, efectuados en países o territorios que aparezcan
clasificados como paraísos fiscales por cualquiera de las organizaciones siguientes:
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Grupo
de Acción Financiera (GAFI) y en el Foro de Estabilidad Financiera (FEF) o en
el Reglamento de esta ley, salvo cuando éstos provengan de países, estados o
territorios que aún estando en esas listas, hayan suscrito, ratificado y cumplan
efectivamente Convenios de Intercambio de Información y documentación de
carácter tributario con El Salvador, que permita comprobar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, o cuando se hayan efectuado las retenciones de Impuesto
sobre la Renta a que se refiere el artículo 158 del Código Tributario y se hayan
enterado al Fisco de la República.
Cuando los costos o gastos provengan de bienes o de servicios adquiridos y
utilizados en el exterior, en países que no se encuentren clasificados como paraísos
fiscales y generen renta o conserven la fuente generadora de la renta en el
territorio de la República, la Administración Tributaria salvadoreña podrá informar
a la Administración Tributaria del país de origen de tales costos y gastos, a efecto
que esta última compruebe la correcta y oportuna declaración de los ingresos
respectivos por parte del tradente de los bienes o del prestador de servicios, y
serán deducibles en el país toda vez que cumplan con todos los requisitos que
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esta ley y el Código Tributario estipulen. La Administración Tributaria salvadoreña
podrá objetar los costos y gastos en referencia, si recibe información de la
Administración Tributaria del país de origen de los mismos, en la que se indique
que los ingresos o rentas generados por el pago de tales costos y gastos no han
sido declarados.
15) Los valores amparados en documentos relativos al control del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios cuando ocurra
cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Que el sujeto que consta como emisor del documento no se encuentre
inscrito como contribuyente de dicho impuesto;
b) Que aún estando inscrito el emisor del documento como contribuyente de
dicho impuesto, el adquirente de los bienes o prestatario de los servicios
no compruebe la existencia efectiva de la operación, ni la realización de
ésta por parte del supuesto tradente;
c) Los valores amparados en documentos relativos al control del Impuesto
a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios cuyas
numeraciones no hayan sido asignadas y autorizadas por la Administración
Tributaria;
d) Que los documentos no se encuentren a nombre del adquirente de los
bienes muebles corporales o de los servicios, o que estándolo no compruebe
haber soportado el impacto económico del gasto.
16) Los costos o gastos realizados a nombre de personas jurídicas generados por la
adquisición de bienes o de servicios que no sean utilizados directamente por ellas
en la producción de la renta gravable o en la conservación de la fuente.
17) Las donaciones que no hayan sido informadas por los donatarios, las que se
encuentren soportadas en comprobantes cuya numeración no haya sido asignada
y autorizada por la Administración Tributaria, las que excedan del porcentaje
legalmente admitido, o aquellas que el contribuyente no compruebe efectivamente
haber realizado.
18) Los costos o gastos que no se encuentren debidamente documentados y registrados
contablemente.
19) La amortización o la depreciación de derechos de llave, marcas y otros activos
intangibles similares.
20) Las deducciones que no se encuentren estipuladas expresamente en esta ley.
Art. 10.- Refórmase el inciso tercero numerales 1 y 3 del artículo 30, modificase el
numeral 8) del referido artículo y adiciónase a dicho artículo los numerales 9) y 10) de la
manera siguiente:
En los bienes cuyo uso o empleo en la producción de la renta, se extienda por un período
mayor de doce meses, se determinará una cuota anual o una proporción de ésta, según
corresponda, deducible de la renta obtenida, de conformidad a las reglas siguientes:
1) La deducción procede por la pérdida de valor que sufren los bienes e instalaciones
por el uso en la fuente productora de renta gravada.

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
En los bienes cuyo uso o empleo en la producción de la renta gravada no comprenda
un ejercicio de imposición completo, será deducible únicamente la parte de la
cuota anual que proporcionalmente corresponda en función del tiempo en que el
bien ha estado en uso en la generación de la renta o conservación de la fuente
en el período o ejercicio de imposición.
En el caso que los bienes se empleen en la producción, construcción, manufactura,
o extracción de otros bienes, asimismo en la lotificación de bienes inmuebles, el
valor de la cuota de depreciación anual o proporción correspondiente, formará
parte del costo de dichos bienes. En este caso únicamente se tendrá derecho a
deducirse de la renta obtenida el valor de la depreciación que corresponda a los
bienes vendidos en el ejercicio o período de imposición respectivo.
3) El contribuyente determinará el monto de la depreciación que corresponde al
ejercicio o período de imposición de la manera siguiente:
Aplicará un porcentaje fijo y constante sobre el valor sujeto a depreciación. Los
porcentajes máximos de depreciación permitidos serán:
Edificaciones 5%
Maquinaria 20%
Vehículos 25%
Otros Bienes Muebles 50%
Determinado el valor de depreciación de la manera que lo establece este numeral se aplicará
a dicho valor las reglas establecidas en el numeral 1) del inciso tercero de este artículo para
determinar el valor de depreciación deducible.
Una vez que el contribuyente haya adoptado un porcentaje para determinado bien, no
podrá cambiarlo sin autorización de la Dirección General de Impuestos Internos, en caso de
hacerlo no será deducible la depreciación.
Las erogaciones realmente realizadas para la adquisición, creación, elaboración o construcción
de los bienes a que se refiere éste artículo deberán demostrarse por medio de documentos
de pago idóneos.
En ningún caso, el Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces se considerará parte
del costo de adquisición de los bienes inmuebles, para efectos del cálculo y deducción de la
depreciación de tales bienes.
8) No son depreciables las mercaderías o existencias del inventario del contribuyente,
ni los predios rústicos o urbanos, excepto lo construido sobre ellos; en este
último caso que se refiere a las edificaciones, para efectos de la procedencia de
la deducibilidad, el contribuyente deberá separar en su contabilidad el valor del
terreno y el valor de la edificación.
9) Cuando el bien se utilice al mismo tiempo en la producción de ingresos gravables
y no gravables o que no constituyan renta, la deducción de la depreciación se
admitirá únicamente en la proporción que corresponda a los ingresos gravables
en la forma prevista en el artículo 28 inciso final de esta ley; y
10) El bien depreciable será redimido para efectos tributarios dentro del plazo que
resulte de la aplicación del porcentaje fijo. No podrá hacerse deducción alguna
por depreciación sobre bienes que fiscalmente hayan quedado redimidos.
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Parte II

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Art. 11. Refórmase el numeral 3) del artículo 31 y adiciónase al final de dicho artículo
un inciso de la manera siguiente:
3) La reserva de cuentas incobrables constituida sobre el capital, por parte de
Bancos, Compañías de Seguro, Instituciones Oficiales de Crédito e Intermediarios
Financieros no Bancarios, de acuerdo a las reglas establecidas en los literales
siguientes:
a) Para el ejercicio impositivo de dos mil cinco, la proveniente del cincuenta
por ciento de la categoría “C”; y el cien por ciento de la proveniente de
las categorías “D” y “E”.
b) Para el ejercicio impositivo de dos mil seis, la proveniente del cincuenta
por ciento de la categoría “D” y el cien por ciento de la proveniente de
la categoría “E”.
c) Para el ejercicio impositivo de dos mil siete y siguientes, sólo será deducible
el cien por ciento de la reserva constituida sobre la categoría “E”.
La reserva constituida sobre el capital, correspondiente a la categoría de riesgo AB”, no
será deducible en porcentaje alguno a partir del ejercicio dos mil cinco, sino únicamente la
proveniente de intereses y comisiones.
Para los ejercicios fiscales de dos mil cinco, dos mil seis y dos mil siete, además de la
reserva proveniente del capital a que se aluden los literales precedentes, será deducible para las
Instituciones referidas en el inciso primero de este numeral, la reserva de cuentas incobrables
constituida sobre los intereses y comisiones por el monto que represente el porcentaje según
la categoría de la cuenta por cobrar que corresponda.
A partir del ejercicio de dos mil siete, únicamente será deducible para las categorías de
riesgo comprendidas de la “A” a la “D”, la reserva por cuentas incobrables proveniente de
intereses y comisiones en el monto que estipula el inciso anterior, y para la categoría “E” será
deducible el cien por ciento de la reserva constituida por cuentas incobrables proveniente del
capital y la proveniente de intereses y comisiones.
Para efectos tributarios, las categorías de riesgos para las reservas de saneamiento se
clasificarán de acuerdo a lo dispuesto en el cuadro que a continuación se establece y los
porcentajes establecidos en los literales del a) al c) anteriores y los valores determinados
conforme al inciso cuarto de este numeral, se aplicarán al monto de la reserva calculada según
los porcentajes estipulados en el cuadro siguiente:
Categoría de
Riesgo
Descripción
Porcentaje
de Reserva
A Créditos normales 0%
B Créditos subnormales 1%
C Créditos deficientes 10%
D Créditos de difícil recuperación 50%
E Créditos irrecuperables 100%

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Los criterios y plazos de morosidad para constituir y calcular la reserva de la cuenta
por cobrar que servirá de base para el cálculo de la reserva a deducir serán propuestos por
la Superintendencia del Sistema Financiero a la Dirección General de Impuestos Internos,
quedando sujeta su aprobación como facultad privativa de la referida Dirección General.
En ningún caso será deducible las reservas de cuentas incobrables que hayan sido deducidas
en ejercicios anteriores, ni tampoco será acumulable lo calculado en una categoría con lo
calculado en otra categoría, cuando la cuenta fuere reclasificada en categorías superiores.
Si se recobraren total o parcialmente las cantidades que fueron sujetas a provisión,
deberán incluirse como renta gravable del ejercicio en que se reciban, en la cuantía deducida,
ya sea que la recuperación se haya efectuado en efectivo o mediante bienes en especie, la
inclusión como renta gravable lo será por el monto total deducido en lo que respecta al crédito
recuperado.
Cualquier variación o modificación que realice la Superintendencia del Sistema Financiero
a las Categorías de Riesgo en su clasificación, porcentaje o monto de reservas a constituir,
quedará siempre sujeta a las reglas de deducción única de la reserva constituida sobre intereses
y comisiones por el monto que represente el porcentaje según la categoría de la cuenta por
cobrar que corresponda.
Para efectos de lo dispuesto en los numerales 2) y 3) de este artículo, cuando se transfiera
la cartera de cuenta por cobrar a otro sujeto o la cuenta por cobrar se reclasifique en una
categoría más baja, el valor de la deducción o reserva en su caso que haya sido reclamado
fiscalmente, deberá ser declarada por el tradente de dicha cartera en el ejercicio en el que se
realizó la transferencia, como renta gravable en la cuantía deducida.
Art. 12. Refórmase el numeral 4) del artículo 32 de la manera siguiente:
4) Las donaciones a las entidades a que se refiere el artículo 6 de esta ley, hasta
un límite máximo del veinte por ciento del valor resultante de restar a la renta
neta del donante en el periodo o ejercicio de imposición respectivo, el valor de
la donación.
En las donaciones de servicios o en especie el valor sujeto a deducción en concepto
de donación será el costo de los bienes o de los servicios objeto de donación en
que haya incurrido el donante. En el caso de bienes que hayan sido objeto de
depreciación será deducible el costo menos la depreciación deducida.
En todo caso, las donaciones deberán ser gratuitas y de carácter irrevocable.
Para que proceda la deducción de las donaciones efectuadas a las Fundaciones y
Corporaciones de Utilidad Pública, además de los requisitos que esta ley señala
para esos efectos se requerirá siempre, que la institución donataria se encuentre
calificada por la Administración Tributaria como sujeto excluido de la obligación
tributaria sustantiva a que se refiere el artículo 6 de esta ley, con antelación a la
donación.
No serán deducibles de la renta obtenida las donaciones que se efectúen a entidades
que beneficien directa o indirectamente al donante, a la familia de éste hasta el
cuarto grado de consanguinidad o cónyuge, compañero o compañera de vida.
Si el donante es una persona jurídica, la referida deducción no será aplicable
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cuando los beneficiados sean los socios o accionistas, directivos, representante
legal, apoderado, asesores, los familiares de cualquiera de ellos hasta el cuarto
grado de consanguinidad, el cónyuge, compañero o compañera de vida.
La Administración Tributaria asignará y autorizará las numeraciones de los
documentos en los que se respalden las donaciones. Para ese efecto las entidades
donatarias deberán solicitar a la Administración Tributaria la autorización
respectiva.
Art. 13. Refórmase el Artículo 42 de la Ley por el siguiente:
Art. 42. El impuesto sobre la renta a pagar por la ganancia neta de capital de una o
varias transacciones determinada conforme el artículo 14 de esta Ley, será el equivalente al
diez por ciento (10%) de dichas ganancias, salvo cuando el bien se realice dentro de los doce
meses siguientes a la fecha de su adquisición, en cuyo caso la ganancia neta de capital deberá
sumarse a la renta neta imponible ordinaria y calcularse el impuesto como renta ordinaria,
adjuntándose a la declaración de Impuesto sobre la Renta del ejercicio de imposición respectivo,
el formulario de cálculo de la ganancia de capital.
En caso que exista saldo de pérdida de capital de ejercicios o períodos de imposición
anteriores, que no se hubiere aplicado a ganancias de capital, podrá restarse a la ganancia
neta de capital calculada en el ejercicio o período de imposición actual, el resultado positivo
será sujeto al impuesto referido en el inciso anterior.
El impuesto a pagar por la ganancia de capital cuando la transferencia se realice transcurridos
los doce meses siguientes a la adquisición del bien se sumará al impuesto calculado sobre la
renta imponible ordinaria y se pagará en el mismo plazo en que el contribuyente deba presentar
la declaración jurada del Impuesto sobre la Renta del correspondiente ejercicio anual o período
de imposición, adjuntándose a dicha declaración el formulario de cálculo de ganancia de capital
o de la pérdida en su caso, que deberá llenarse con los requisitos que disponga la Dirección
General.
Art. 14. Adiciónase un inciso segundo al artículo 62 de la manera siguiente:
En los casos que, conforme a esta ley el agente de retención pueda enterar el valor
equivalente al impuesto sobre la renta retenido que le correspondería pagar al sujeto de
retención respecto del mes de diciembre de cada año, los agentes de retención deberán enterar
ese valor dentro del plazo legal respectivo en la declaración del mes de diciembre del año en
el que se incurrió el costo o gasto, según corresponda.
TRANSITORIOS
Art. 15. Los Bancos, Financieras, Compañías de Seguro e Instituciones Oficiales de
Crédito que hayan constituido reservas de cuentas incobrables en ejercicios de imposición
precedentes al de la vigencia de este decreto, deberán darle el siguiente tratamiento:
Si se recobraren total o parcialmente las cantidades a que se refiere el inciso anterior,
deberán incluirse como utilidades del ejercicio en que se reciban, en la cuantía deducida. Si

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la recuperación se efectuara mediante la adquisición de bienes en especie, la inclusión como
utilidades lo será por el monto total deducido en lo que respecta al crédito recuperado, debiendo
afectarse al momento de la recuperación del bien, como ganancia o pérdida de capital, según
fuere el caso, conforme al valor líquido recuperado en definitiva. Lo anterior no será aplicable
en el caso de los activos extraordinarios inmuebles, a que se refiere la Ley de Bancos, debiendo
gravarse como renta ordinaria en el mismo ejercicio impositivo de su realización.
Art. 16. Los contribuyentes que en los ejercicios precedentes al de la vigencia de este
decreto hubieren comenzado a utilizar el método de depreciación acelerada de porcentaje fijo
y constante sobre el saldo decreciente del valor sujeto a depreciación, continuarán con dicho
método hasta que se agote la vida útil del bien. Los vehículos que a la entrada en vigencia del
presente decreto se encuentren depreciando bajo las reglas de la ley precedente continuarán
haciéndolo en sujeción a las mismas.
DEROGATORIAS
Art. 17. Deróganse los artículos 15, 58, 59, 66, 67, 68, 69, 70 de esta Ley.
VIGENCIA
Art. 18. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del uno de enero de dos mil
cinco.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 231, Tomo N° 365, Fecha: 10 de diciembre de 2004
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DECRETO No. 497
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 230, de fecha 14 de diciembre del 2000, publicado en el
Diario Oficial No. 241, Tomo No. 349, del 22 del mismo mes y año, se emitió el Código
Tributario.
II. El referido Código ha dotado a la Administración Tributaria de herramientas de control
y de fiscalización que han coadyuvado de manera significativa en el notable avance
de la eficiencia administrativa, lo cual ha incidido en el incremento de la recaudación
tributaria.
III. La puesta a disposición de la Administración Tributaria por medio de dicho Código, de
mecanismos de control y cumplimiento tributario acordes a los avances tecnológicos
igualmente ha facilitado y vuelto expedito a los contribuyentes el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
IV. No obstante, la evolución permanente del comportamiento y necesidades de los
contribuyentes destaca el imperativo de adecuar los controles tributarios a esas nuevas
manifestaciones de exteriorización de la conducta de los contribuyentes, así como a
proponer nuevos mecanismos que faciliten aún más las formas de controlar y reportar
sus operaciones.
V. Por las razones expuestas, se vuelve necesario introducir reformas al Código Tributario,
con el fin de establecer mecanismos de control acordes a las situaciones y necesidades
actuales.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda y de los diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, José Francisco Merino
López, Elizardo González Lovo, René Napoleón Aguiluz Carranza, Salvador Rafael Morales, José
Antonio Almendáriz Rivas, Rolando Alvarenga Argueta, Luis Roberto Angulo Samayoa, José
Orlando Arévalo Pineda, Miguel Francisco Bennett Escobar, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel
Abilio Bonilla Bonilla, Ernesto Antonio Dueñas, Agustín Díaz Saravia, Roberto José d´Aubuisson
Munguía, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, César Humberto García
Aguilera, Santos Fernando González Gutiérrez, Noé Orlando González, Manuel de Jesús Gutiérrez
Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mauricio Hernández Pérez, Mario Marroquín Mejía,
Alejandro Dagoberto Marroquín, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente Menjívar Esquivel,
Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte,
Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías,
Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría,
Víctor Manuel Melgar, Héctor Ricardo Silva Argüello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto
Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María
Patricia Vásquez de Amaya, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Armando López, Mario Tenorio,
Alba Teresa de Dueñas, José Vidal Carrillo y Sigfredo Campos Fernández,

DECRETA las siguientes:
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REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO
Art. 1. Refórmase el literal a) del artículo 23 y adiciónanse al final de dicho artículo,
cuatro incisos de la manera siguiente:
a) El registro, control y clasificación de los sujetos pasivos en función de su nivel
de ingresos, actividad económica y cualquier otro criterio que permita a la
Administración cumplir eficazmente con su gestión.
En los casos que no sea necesario el agotamiento de la vía administrativa que sean
remitidos a la Fiscalía General de la República para la investigación de delitos de Evasión
de Impuestos, Apropiación Indebida de Retenciones o Percepciones Tributarias y obtención
indebida de reintegros, devoluciones, compensaciones o acreditamientos, el monto de los
impuestos evadidos, retenciones, percepciones apropiadas indebidamente y de reintegros,
compensaciones o acreditamientos indebidos se harán constar en el correspondiente informe
de auditoria, y el Juez establecerá la existencia o no del delito y se pronunciará sobre el monto
de los sumas evadidas o apropiadas indebidamente, imponiendo la pena que corresponda
cuando hubiere lugar a ello. En los delitos de falsedad se hará constar en el informe de auditoria
los documentos que la contienen.
Para ese efecto, la Administración Tributaria cuando en el ejercicio de la facultad de
fiscalización, tenga conocimiento del cometimiento de Delitos de Defraudación al Fisco, en
atención al principio de prejudicialidad, se abstendrá de continuar con el procedimiento
administrativo, elaborará el informe respectivo y comunicará dicha situación a la Fiscalía
General de la República, para que ésta inicie la investigación del delito y ejerza la acción
judicial respectiva.
El pronunciamiento del Juez que declare la inexistencia de responsabilidad penal no
inhibe la facultad de la Administración Tributaria para determinar la responsabilidad tributaria
sustantiva del contribuyente en sede administrativa, liquidando el impuesto y accesorios
respectivos, reiniciando el computo del plazo de caducidad a que se refiere el artículo 175 de
este Código el día de la notificación de la resolución que decreta el sobreseimiento en materia
penal.
En los casos que no sea requisito el agotamiento de la vía administrativa se estará a lo
dispuesto en el Código Penal.
Art. 2. Refórmase el artículo 44, de la siguiente manera:
Responsabilidad solidaria por deudas u obligaciones pendientes de cumplir
por anteriores propietarios
Artículo 44. Son solidariamente responsables con los anteriores propietarios, por el
cumplimiento de las deudas tributarias pendientes de pago y de las obligaciones tributarias
no cumplidas por los anteriores propietarios:
a) Los donatarios y los legatarios por los impuestos adeudados correspondientes en
proporción de la donación o legado.
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b) Los adquirientes de empresas propiedad de personas naturales, de personas jurídicas
o de entes colectivos sin personalidad jurídica, norma que será aplicable a cualquier
supuesto de cesión global del activo y pasivo. En todo caso la responsabilidad de
los adquirentes o cesionarios se limitará hasta la concurrencia del valor de los
bienes adquiridos.
En ambos casos, hasta la concurrencia de los bienes o activos, según sea el caso.
c) Los sucesores de personas naturales titulares de empresas, hasta la concurrencia
del valor de los activos de la empresa cuya titularidad se ha adquirido por
sucesión.
d) Los destinatarios, los partícipes o cotitulares de bienes o derechos de las asociaciones
o entes sin personalidad jurídica, sociedades nulas, irregulares o de hecho, cuando
cualquiera de dichas entidades se disuelvan, liquiden o se vuelvan insolventes.
En todos los casos anteriores, el hecho que la deuda no esté determinada o tasada, o
se encuentre en proceso de impugnación ante cualquier Tribunal o Instancia, no libera a los
responsables solidarios mencionados en los incisos anteriores de su cumplimiento, lo cual
deberán hacer efectivo una vez que la deuda tributaria se encuentre firme.
Art. 3. Refórmase el literal e) del artículo 53, de la siguiente manera:
e) Las personas jurídicas con domicilio en el extranjero, inscritas en el Registro
de Comercio, que posean sucursales, agencias o establecimientos que operen
permanentemente en el país. Para estos efectos, se entenderá que las sucursales,
agencias o establecimientos operan de manera permanente en el país, cuando
tengan un lugar fijo de negocios, con infraestructura instalada, propia o arrendada,
con personal contratado en el país, y que el contribuyente realice su actividad
económica en el mismo de manera material y perceptible; y,
Art. 4. Adiciónase al final del artículo 68 un inciso de la manera siguiente:
En ningún caso, el impuesto pagado al Fisco o autoridad tributaria de otros países, estados
o territorios, constituirá crédito contra el impuesto a pagar en El Salvador.
Art. 5. Refórmase el inciso segundo del Artículo 82, y adiciónese un inciso a dicho
artículo, en el orden y de la siguiente manera:
La prescripción a que se refiere este artículo no opera en los casos de agentes de retención
y de percepción que no han enterado las cantidades retenidas o percibidas.
La prescripción se interrumpirá con la notificación del requerimiento de cobro administrativo
efectuada al sujeto pasivo o responsable solidario por la Administración Tributaria, de conformidad
a las disposiciones de este Código.
Art. 6. Refórmase el artículo 85, de la siguiente manera:
Artículo 85. Son obligados formales los contribuyentes, responsables y demás sujetos
que por disposición de la ley deban dar, hacer o no hacer algo encaminado a asegurar el
cumplimiento de la obligación tributaria sustantiva o sea del pago del impuesto.

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art. 7. Refórmase el artículo 90 de la siguiente manera:
Obligación de señalar lugar, actualizar dirección e informar cambio de dirección
para recibir notificaciones.
Artículo 90. Todo sujeto pasivo está obligado a fijar dentro del territorio de la República
para todo efecto tributario en el acto del registro, por medio del formulario respectivo, lugar
para recibir notificaciones, el que en ningún caso podrá ser un apartado postal.
Los sujetos pasivos, se encuentran obligados a actualizar la información correspondiente
a su dirección para recibir notificaciones, los primeros diez días hábiles de cada año, por
medio del formulario respectivo, que deberán presentar en dicho plazo a la Administración
Tributaria; de no actualizar la citada información, se tendrá como lugar válido para recibir
notificaciones el que se encuentra en los registros de la Administración Tributaria, informado
de conformidad a las reglas del presente artículo.
Los sujetos pasivos, también se encuentran obligados a informar cualquier cambio en el
lugar para recibir notificaciones mediante el formulario correspondiente, dentro del plazo de
cinco días hábiles siguientes de suscitado el cambio.
El formulario en el que se informe la dirección para recibir notificaciones, la actualización
de ésta o cualquier cambio a la misma, deberá ser firmado únicamente por el sujeto pasivo en
caso de ser persona natural; por el representante legal o apoderado debidamente acreditado
y facultado para tal efecto, cuando se trate de personas jurídicas, sucesiones, fideicomisos o
entes colectivos con personalidad jurídica; y por cualquiera de los socios o administradores,
cuando se refiere a entes colectivos o asociación de sujetos pasivos sin personalidad jurídica,
debiendo anexar la documentación mediante la cual compruebe la calidad respectiva.
La dirección señalada para recibir notificaciones por los sujetos pasivos, la actualización
de ésta, o cambio a la misma, informados por un medio y forma distinta a la enunciada en los
incisos anteriores no surtirá ningún efecto legal ante la Administración Tributaria, pero ésta
podrá prevenir al sujeto pasivo para que la señale por el medio o de la forma idónea; de no
cumplir la prevención, se considerará subsistente la dirección anterior mientras su cambio no
sea comunicado a la Administración Tributaria por el medio y forma establecida en los incisos
precedentes; pero a la vez las actuaciones se podrán comunicar al sujeto pasivo en el lugar
señalado, actualizado o nuevo, que ha sido informado por un medio y forma distinta a los
requisitos legales establecidos.
En aquellos casos que la Administración Tributaria haya notificado la iniciación de una
fiscalización o haya iniciado el procedimiento de cobranza administrativa, el sujeto pasivo
deberá mantener el lugar señalado para recibir notificaciones hasta que dicha Administración,
en el caso de la fiscalización notifique la resolución de tasación de impuestos o de imposición
de multas y en el caso del procedimiento de cobranza administrativa hasta que dichos trámites
concluyan, salvo que exista cambio efectivo de domicilio.
El cambio efectivo del lugar para recibir notificaciones, lo deberá informar el sujeto pasivo
por medio del respectivo formulario, dentro de los cinco días hábiles de suscitado el cambio,
debiendo ser firmado de la forma prescrita en el inciso cuarto de este artículo, agregando a
dicho formulario escrito en el que exprese las razones del cambio y las pruebas que demuestren
el mismo.
Cuando el sujeto pasivo designe apoderado para que lo represente en el procedimiento
de fiscalización, de audiencia y apertura a pruebas o en el cobro, deberá informarlo a la
Administración Tributaria por medio de escrito.
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Posteriormente a la designación regulada en el inciso anterior, el apoderado deberá presentar
escrito ante dicha oficina mostrándose parte, debiendo en el mismo acto, señalar lugar para
recibir notificaciones, adjuntando al escrito de mérito poder judicial o administrativo, ambos
con cláusula especial, en el que conste de manera específica las facultades para actuar que
se le confieren, entre las cuales debe señalarse la de recibir notificaciones.
El lugar señalado para recibir notificaciones informado por el apoderado será válido, hasta
que el sujeto pasivo informe que ha operado la terminación del mandato, de conformidad a
las reglas del derecho común.
El apoderado no podrá cambiar lugar señalado para recibir notificaciones, salvo cuando se
deba a cambio efectivo de dirección, caso en el cual deberá cumplir con las mismas exigencias
previstas en este artículo para el sujeto pasivo.
De no cumplir con la obligación de señalar lugar para recibir notificaciones o no informar el
cambio suscitado, o el lugar señalado es inexistente, se efectuaran las notificaciones respectivas
al sujeto pasivo, en el lugar señalado por éste, observando las reglas de la notificación que
correspondan al mismo.
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta que no se encuentren inscritos como
contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios
y los contribuyentes del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces, deberán informar el
lugar para recibir notificaciones en la declaración que presenten del correspondiente impuesto.
El cambio de la dirección para recibir notificaciones que consta en dichas declaraciones, deberá
ser informado por tales contribuyentes por medio del formulario establecido para tal efecto,
dentro del plazo de cinco días siguientes de suscitado el cambio.
El señalamiento del lugar para recibir notificaciones por medio de la declaración respectiva,
realizada por los contribuyentes del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces, no los
libera de la obligación de informar y actualizar la dirección para recibir notificaciones, así como
el cambio de la misma por medio del formulario respectivo, cuando sean contribuyentes de
otros impuestos internos.
Cuando los sujetos pasivos comisionen personas para recibir notificaciones, deberán
expresarlo por escrito a la Administración Tributaria, señalando los actos administrativos de los
cuales puede recibir notificaciones. El lugar en el que puede ser notificado del acto respectivo
dicho comisionado, debe ser el señalado para recibir notificaciones por el sujeto pasivo; caso
contrario, no será válida la dirección señalada para tal efecto, debiendo efectuarse la notificación
al sujeto pasivo.
La Administración Tributaria deberá llevar un registro de las direcciones para recibir
notificaciones de los sujetos pasivos y sus apoderados.
El sujeto pasivo o el apoderado que salga del país conservarán la dirección que conste en
los registros de la Administración Tributaria.
Los sujetos pasivos deberán informar su dirección electrónica para recibir notificaciones,
su actualización o cualquier modificación de ella, de la misma forma o por medio del registro
de direcciones electrónicas de la Administración Tributaria y en los plazos previstos en este
artículo, a efecto de recibir notificaciones de las actuaciones que este Código permite notificar
por medio electrónico.

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art. 8. Adiciónense al artículo 91 cuatro incisos de la manera siguiente:
Los contribuyentes de Impuesto sobre la Renta deberán presentar dentro del plazo que la
ley prevé para la presentación de la declaración del referido impuesto, el balance general del
cierre del ejercicio o período de imposición respectivo, el estado de resultados o en su caso
el estado de ingresos y gastos, así como las conciliaciones fiscales o justificaciones de los
rubros consignados en la declaración y en el balance general. Se excluyen de esta obligación
los sujetos pasivos cuyas rentas provengan exclusivamente de salarios y aquellos que se estén
obligados a nombrar auditor fiscal.
La información antes citada deberá presentarse por medio de los formularios que disponga
la Dirección General de Impuestos Internos la cual se circunscribirá a la especificada en el
inciso anterior.
Los estados financieros en referencia deberán contener las mismas cifras de los estados
financieros que se presenten a instituciones financieras públicas o privadas para la obtención
de financiamientos o créditos y las que contengan los balances presentados para su inscripción
en registros públicos.
Los rubros del balance general, del estado de resultados o estado de ingresos y gastos,
deberán coincidir con las anotaciones efectuadas en los libros legales, auxiliares o especiales,
y con los comprobantes o justificantes legales que respaldan los asientos, del sujeto obligado
a presentar la declaración de Impuesto sobre la Renta del correspondiente ejercicio o período
de imposición.
Art. 9. Refórmase el artículo 99, de la siguiente manera:
Artículo 99. Las declaraciones tributarias originales o modificatorias que fueren
presentadas con posterioridad a la fecha de notificación del auto que ordene la fiscalización
se considerarán como no presentadas, salvo cuando se presenten en el procedimiento de
fiscalización voluntariamente para pagar impuesto, retenciones o percepciones o disminuir
el saldo a favor o se presenten con ese mismo propósito en el procedimiento de audiencia
y apertura a pruebas ante requerimiento de la Administración Tributaria. En ambos casos, de
ocurrir la subsanación de los incumplimientos, les será aplicable a las sanciones respectivas,
la atenuante establecida en el numeral 2) del artículo 261 de este Código.
Art. 10. Refórmase el artículo 104 de la manera siguiente:
Correcciones que disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a favor
Artículo 104. El sujeto pasivo podrá presentar ante la Administración Tributaria declaración
modificatoria en la que disminuya el valor del impuesto a pagar o aumente el saldo a favor.
Tal corrección deberá efectuarse dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo
para declarar, siempre que no se hubiere notificado el auto que ordena la fiscalización.
Para tener por presentadas las declaraciones modificatorias a que se refiere éste artículo se
practicará verificación por medio de auditores de la Administración Tributaria, para establecer
la procedencia o no de tales modificatorias. En tanto no exista pronunciamiento favorable
por parte de la Administración Tributaria sobre la procedencia de la modificatoria, dichas
declaraciones no surtirán efecto alguno ni sustituirán a las que pretenden modificar.
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Cuando las declaraciones modificatorias presenten saldos a favor, se suspenderá el cómputo
del plazo de caducidad de la acción de devolución a que se refieren los artículos 212 y 213 de
este Código, durante el lapso que la Administración Tributaria practique las comprobaciones
correspondientes hasta que se pronuncie sobre la procedencia o no de las declaraciones
modificatorias. Si el resultado de la verificación es favorable a los intereses del contribuyente
y éste realiza por escrito la solicitud del saldo a favor a la Administración Tributaria y dicho
saldo es de aquellos que la ley tributaria permite devolver, la Administración Tributaria deberá
adoptar el resultado de dicha verificación y emitir la resolución correspondiente sin que se
requiera nueva verificación. En todo caso, se verificará si no existen deudas tributarias con
las que deba compensarse el saldo a favor establecido.
Las constataciones que en virtud de lo dispuesto en este artículo realice la Administración
Tributaria serán sin perjuicio de la facultad de fiscalización que conforme a la ley le asiste.
Art. 11. Refórmase el inciso primero del artículo 106, de la forma siguiente:
Artículo 106. Si el sujeto pasivo hubiere dejado de presentar una o más declaraciones,
la Administración Tributaria podrá emplazarlo para que en el plazo de diez días hábiles y
perentorios contados a partir del día siguiente al de la notificación correspondiente cumpla con
la obligación de presentar las declaraciones omitidas y de pagar el impuesto que corresponda
o las retenciones o percepciones no enteradas, según corresponda, previniéndole que de no
hacerlo en ese plazo procederá a emplazarlo públicamente. Dichos emplazamientos podrán
realizarse siempre que no haya dado inicio el procedimiento de fiscalización. Si los sujetos pasivos
no atendieren el emplazamiento dentro del plazo concedido o lo atendieren sin cumplir con
cualquiera de sus obligaciones tributarias, la Administración Tributaria procederá a emplazarlos
públicamente a través de cualquier medio de comunicación y en el sitio electrónico del Ministerio
de Hacienda, indicando todos o algunos de los datos siguientes: nombre, denominación o
razón social, número de identificación tributaria, número de registro de contribuyente, tipo
de impuesto u obligaciones, periodos o ejercicios omisos. Los emplazamientos aludidos en
el presente artículo también son aplicables a los contribuyentes obligados a nombrar auditor
para emitir dictamen e informe fiscal, así como a los auditores nombrados para dictaminar
fiscalmente, que no hayan cumplido con las obligaciones previstas en los artículos 131 y 134
de este Código, respectivamente. Para efectos de lo dispuesto en este inciso no será aplicable
la reserva de información a que se refiere el artículo 28 de este Código.
Art. 12. Refórmanse los incisos primero y segundo del artículo 107, asimismo intercálese
entre los incisos tercero y cuarto dos incisos, modifícase el inciso cuarto del referido artículo
y adiciónanse al final de dicho artículo dos incisos de la manera siguiente:
Artículo 107. Los contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y
a la Prestación de Servicios están obligados a emitir y entregar, por cada operación, a otros
contribuyentes un documento que, para los efectos de este Código, se denominará “Comprobante
de Crédito Fiscal”, que podrá ser emitido en forma manual, mecánica o computarizada, tanto
por las transferencias de dominio de bienes muebles corporales como por las prestaciones de
servicios que ellos realicen, sean operaciones gravadas o exentas, salvo en los casos previstos
en los artículos 65 y 65-A de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestación de Servicios, en los que deberán emitir y entregar Factura.

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Cuando se trate de operaciones realizadas con consumidores finales, deberán emitir y
entregar, por cada operación, un documento que se denominará “Factura”, la que podrá ser
sustituida por otros documentos o comprobantes equivalentes, autorizados por la Administración
Tributaria. Los contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación
de Servicios, en ningún caso deberán tener en sus establecimientos para documentar las
transferencias de bienes o prestaciones de servicios que realicen, Facturas Comerciales u otro
documento distinto a los previstos en este Código. Se faculta a la Administración Tributaria
para proceder al decomiso y destrucción de los mismos.
Las personas naturales inscritas como contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de
Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, cuyas transferencias de bienes o prestaciones de
servicios en el año anterior sean iguales o inferiores a cincuenta mil dólares deberán emitir
y entregar en operaciones que realice con consumidores finales Factura de venta simplificada,
únicamente respecto de las transferencias de bienes muebles corporales o prestaciones de
servicios gravadas o exentas, cuyo monto total de la operación sea menor o igual a doce
dólares, dicha Factura deberá cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 114 de este
Código. Los contribuyentes a que se refiere este inciso que inicien actividades, podrán utilizar
el primer año de operaciones la referida Factura de venta simplificada.
Lo anterior no es aplicable a los contribuyentes que se encuentren o sean autorizados por
la Administración Tributaria para el uso de máquinas registradoras o sistemas computarizados,
para la emisión de tiquetes en sustitución de Facturas, ni para los contribuyentes que posean
autorización o sean autorizados para emitir formulario único o documentos electrónicos.
Los contribuyentes deberán emitir y entregar los documentos señalados en el presente
artículo en todo caso, cuando se cause el impuesto de conformidad a lo estipulado en los
artículos 8, 12 y 18 de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación
de Servicios.
Los contribuyentes que lleven sistemas computarizados o electrónicos de facturación,
estarán obligados a transmitir en línea o electrónicamente hacia el servidor de la Administración
Tributaria, la información de los montos de cada transferencia de bienes o prestación de servicios
que realicen, en la medida que se vayan realizando; en ningún momento se incorporarán
nombres de clientes de la base de datos del contribuyente; así como la que corresponda a las
anotaciones en los registros contables y los Libros de control del Impuesto a la Transferencia
de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Asimismo, las imprentas autorizadas para
elaboración de los documentos a que se refiere esta Sección están obligadas a transmitir bajo esa
misma modalidad todos los aspectos relacionados con la impresión de tales documentos.
Las obligaciones reguladas en el inciso anterior deberán cumplirse en la forma, plazo, bajo
los alcances y a partir de la fecha que establezca la Administración Tributaria.
Art. 13. Adiciónanse al final del artículo 112 dos incisos de la manera siguiente:
En los casos de percepción del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestación de Servicios, los productores, fabricantes, importadores, industriales o comerciantes
mayoristas, deberán emitir y entregar un Comprobante de Crédito Fiscal, en el que además
de los requisitos establecidos en este Código, deberá especificarse el impuesto percibido y el
valor total a cobrar al sujeto de la percepción.
Los agentes perceptores del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación
de Servicios, a que se refiere el Artículo 162-A de este Código, están obligados a emitir y
entregar en el momento que efectúan la percepción un documento contable de liquidación, el
cual deberá contener los siguientes requisitos:
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a) Correlativo del documento
b) Número de Identificación Tributaria, Número de Registro de Contribuyente y
Nombres del agente perceptor y del afiliado.
c) Fecha de la Liquidación
d) Período al que corresponde la liquidación de acuerdo al convenio o contrato
pactado
e) Monto sujeto a percepción
f) Valor del impuesto percibido
g) Valor líquido a pagar al afiliado
h) Emitirse en triplicado, debiéndose entregar el original para el sujeto de percepción,
primera copia para ser proporcionada a la Administración en caso lo requiera, y
segunda copia para control del agente de percepción.
i) Firma del Responsable de efectuar las liquidaciones a los afiliados por parte del
agente perceptor.
Art. 14. Adiciónase al final del artículo 113 un inciso de la manera siguiente:
La autorización de uso de medios electrónicos para la emisión de documentos relativos al
control del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios estará
condicionada a que la información correspondiente a cada operación sea transmitida en línea
a la Administración Tributaria, en la forma, plazo y bajo los alcances que ésta disponga.
Art. 15. Refórmase el numeral 11) del literal a) del artículo 114, el numeral 7) del literal
b) y adiciónase a dicho artículo el literal d), así como los numerales del 1) al 6) del referido
literal d), más tres incisos al final de ese artículo, de la manera siguiente:
11) Pie de Imprenta: Nombre, Número de Identificación Tributaria, denominación o
razón social, domicilio, número de registro de contribuyente del propietario de la
imprenta, número y fecha de autorización de imprenta, tiraje de documentos y
fecha de impresión.
7) El nombre, denominación o razón social y número de identificación tributaria o
en su defecto, el número del documento único de identidad del adquirente de los
bienes o del prestatario de los servicios;
d) Factura de venta simplificada.
1) Deben elaborarse por medio de imprenta en talonarios preimpresos y estar
prenumerados en forma correlativa; asimismo, podrán imprimirse en talonarios
por series en forma correlativa e independiente para cada establecimiento, negocio
u oficina;
2) Indicar de manera preimpresa el nombre del contribuyente emisor, giro o actividad
económico, dirección del establecimiento u oficina, y de las sucursales si las hubiere,
número de identificación tributaria y número de registro de contribuyente;
3) Fecha de emisión del documento;

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4) Pie de imprenta: Nombre, Número de Identificación Tributaria, denominación o
razón social, domicilio, número de registro de contribuyente del propietario de la
imprenta, número y fecha de autorización de imprenta, tiraje de documentos y
fecha de impresión;
5) Se emitirá en duplicado en forma correlativa, debiendo entregarse la copia al
adquirente del bien o prestatario de los servicios;
6) Valor total de la operación, en el que deberá incluirse el impuesto respectivo de
las operaciones gravadas.
Los requisitos de la Factura de Venta Simplificada que deberán ser impresos por la imprenta
son los contenidos en los numerales 1, 2 y 4 antes referidos, y los restantes requisitos deberán
ser cumplidos por el contribuyente al momento de su emisión y entrega.
Todos los documentos a que se refiere esta Sección, que deban ser impresos por imprenta
autorizada, además de los requisitos establecidos en este artículo deberán contener de manera
preimpresa el número de autorización de asignación de numeración correlativa otorgado por
la Administración Tributaria. En el caso de documentos electrónicos deberá hacerse constar
dicho número en cada documento por medio del sistema que se utiliza para emitirlos, así como
el rango autorizado al que corresponden y el número y fecha de autorización de la numeración
correlativa.
Los valores consignados por los contribuyentes en los documentos que emitan y entreguen
a los adquirientes de bienes o prestatarios de servicios, deberán coincidir con los que consten
en los documentos que dichos contribuyentes conserven para revisión de la Administración
Tributaria.
Art. 16. Intercálase el artículo 115-A entre los artículos 115 y 116, de la siguiente
manera:
AUTORIZACIÓN DEL CORRELATIVO DE DOCUMENTOS LEGALES A IMPRIMIR
Artículo 115-A. La facultad de asignar y autorizar los números correlativos de los
documentos a que se refieren los artículos 107, 108, 109, 110 y 112 de este Código, que
deban elaborarse por imprenta, así como los que se expidan por medio de formularios únicos,
por medios electrónicos, Factura de venta simplificada y tiquetes en sustitución de Facturas,
corresponde exclusivamente a la Administración Tributaria. Asimismo, le asiste la facultad de
establecer a que año corresponde cada documento.
Los contribuyentes previo a solicitar a la Imprenta respectiva la elaboración de los documentos
referidos, deben solicitar a la Administración Tributaria la asignación y autorización de la
numeración correlativa y de la serie cuando corresponda, de los documentos que pretenden
imprimir. Dicha solicitud podrá realizarse por medios manuales o electrónicos.
En el caso de documentos electrónicos, máquinas registradoras o sistemas computarizados,
la solicitud de asignación y autorización de la numeración correlativa deberá ser efectuada a
la Administración Tributaria los primeros diez días hábiles de los meses de enero y de junio
de cada año. Los contribuyentes que inicien operaciones deberán solicitar la autorización de
la numeración en referencia dentro de los diez días hábiles siguientes a la finalización del mes
en el que dieron inicio a sus actividades.
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Parte II

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La referida autorización será extendida y comunicada a los contribuyentes por los mismos
medios en los que fue solicitada.
La autorización en mención, se concederá a más tardar en el plazo de diez días hábiles
siguientes al de la presentación de la solicitud.
La Administración Tributaria identificará cada autorización con un número determinado,
el cual deberá consignarse de manera preimpresa en los documentos que se elaboren.
Se faculta a la Administración Tributaria para que habilite la consulta individualizada por
medio del sitio electrónico del Ministerio de Hacienda o por cualquier otro medio, de los números
correlativos autorizados, número de autorización, nombre, denominación o razón social de
los contribuyentes a los que se les haya asignado y autorizado números correlativos, nombre,
denominación o razón social, Número de Identificación Tributaria, Número de Registro de
Contribuyente y número de registro de la Imprenta autorizada que le imprimió los documentos,
para que puedan ser consultados por sus clientes y por las imprentas.
Los contribuyentes que posean autorización por parte de la Administración Tributaria para
utilizar formulario único, solicitarán la asignación y autorización de la numeración correlativa
preimpresa del referido formulario.
Cuando la emisión de documentos a que se refiere este artículo se efectúe por medios
electrónicos, los contribuyentes deberán solicitar a la Administración Tributaria la asignación y
autorización de los números correlativos a emitir y no podrán emitir ni entregar documentos
cuyas numeraciones no hayan sido autorizadas por la Administración Tributaria. En este
caso no se requerirá la participación de las imprentas autorizadas para la elaboración de los
documentos.
La solicitud de asignación y autorización de correlativos de los documentos a que se
refiere este artículo, deberá realizarse por medio de los formularios físicos o electrónicos que
proporcione la Administración Tributaria y contener los siguientes datos:
a) Nombre, denominación o razón social, Número de Identificación Tributaria y
Número de Registro de Contribuyente del solicitante.
b) Detalle por tipo de documento del rango correlativo anterior a la numeración que
solicita autorización y en su caso las series correspondientes. Cuando se trate
de formulario único, detalle por tipo de documento del rango correlativo anterior
de los números preimpresos por imprenta, al que se solicita autorización.
c) Señalar claramente por tipo de documento el rango de numeración correlativa y
en su caso, series a imprimir que solicita autorización.
d) Detalle por tipo de documento del último número emitido, al cierre del periodo
tributario anterior al que se presenta la solicitud de autorización.
e) Nombre, denominación o razón social, Número de Identificación Tributaria, Número
de Registro de Contribuyente y número de registro de la Imprenta autorizada que
le imprimirá los documentos, cuando ésta sea una persona jurídica; y cuando no
lo sea, esos mismos datos, referentes al propietario de la imprenta inscrito como
contribuyente y nombre comercial de la Imprenta.
f) Firma del contribuyente, representante legal o apoderado debidamente
acreditados.

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g) Otra información que la Administración Tributaria disponga y estime conveniente
para ejercer su facultad de control.
Los contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
Servicios, deberán consignar cada mes en la declaración del referido impuesto, los rangos de
los documentos de venta emitidos en el periodo tributario que se liquida, identificandolos por
numeración correlativa y cuando sea el caso, por series; así como el nombre, denominación o
razón social, Número de Identificación Tributaria y Número de autorización de la Imprenta que
le imprimió tales documentos, cuando ésta sea una persona jurídica; y cuando no lo sea, esos
mismos datos, referentes al propietario de la imprenta inscrito como contribuyente y nombre
comercial de la Imprenta. Asimismo, deberán consignar el detalle de documentos anulados y
extraviados durante el mismo periodo, en este último caso, sin perjuicio de lo establecido en
otras disposiciones de este Código sobre los documentos extraviados.
Cuando se trate de contribuyentes que utilizan formulario único deberán consignar además
de la numeración preimpresa, el número de emisión de control interno por tipo de documento
asignado por el sistema y que corresponde a cada uno de los números preimpresos.
En ningún caso, los contribuyentes podrán emitir o entregar documentos cuyos números
correlativos no hayan sido asignados y autorizados por la Administración Tributaria.
Las numeraciones de los documentos a asignar a que se refiere este artículo reiniciarán
cada año para cada tipo de documentos. Si al finalizar el año existen documentos del año
anterior pendientes de uso éstos podrán ser utilizados por el contribuyente al que corresponden
hasta su agotamiento.
Los documentos relativos al control del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y
a la Prestación de Servicios que por cualquier razón ya no deban utilizarse, tendrán que ser
presentados a la Administración Tributaria para su anulación y destrucción.
Art. 17. Refórmase el inciso primero del artículo 116 y refórmanse los literales d) y e)
del mismo artículo de la siguiente manera:
Todas las personas naturales o jurídicas autorizadas por la Administración Tributaria para
imprimir los documentos señalados en los artículos 107,108,109,110, 111 y 112 de esté Código,
están obligadas a solicitar a los contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles
y a la Prestación de Servicios, previo a tomar la orden de impresión de los documentos, la
autorización de la numeración correlativa a imprimir emitida por la Administración Tributaria,
la cual deberá ser confirmada por la Imprenta en el sitio web del Ministerio de Hacienda o
por cualquier otro medio que defina la Administración Tributaria. En ningún caso podrán
imprimirse documentos cuya numeración correlativa no esté autorizada por la Administración
Tributaria, caso contrario se procederá a revocar la autorización de imprenta otorgada por la
Dirección General de Impuestos Internos. Las personas naturales o jurídicas autorizadas por
la Administración Tributaria para imprimir los documentos a que hace referencia este inciso,
además estarán obligadas:
d) Anexar a la copia referida en el literal anterior, la solicitud o pedido del cliente al
que le imprimió los documentos, la que deberá constar por escrito, contener el
nombre, denominación o razón social, número de identificación tributaria y número
de registro de contribuyente de la persona natural o jurídica, o entidad que contrató
el servicio y estar debidamente firmada por el Representante Legal, Apoderado o
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persona autorizada para tal efecto, así como la copia de la autorización emitida
por la Administración Tributaria para la impresión de documentos.
e) A consignar en los documentos que imprima, todos los requisitos que establece
este Código para cada tipo de ellos, y el número de autorización de la numeración
correlativa emitido por la Administración Tributaria.
Art. 18. Adiciónase dos incisos al artículo 117, en el orden y de la manera siguiente:
La falta de exigencia de los documentos referidos en el inciso anterior por parte de los
adquirentes de bienes o usuarios de servicios, no exonera a los contribuyentes del Impuesto
a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios de la obligación de emitirlos
y entregarlos de acuerdo a lo establecido en este Código.
La obligación establecida en el inciso primero de este artículo no es aplicable a los
representantes de la Administración Tributaria que en calidad de Fedatarios verifiquen el
cumplimiento de la obligación relacionada con la emisión y entrega de facturas o documentos
equivalentes, así como del cumplimiento de los requisitos de tales documentos.
Art. 19. Intercálase entre los artículos 120 y 121, los artículos 120-A y 120-B, de la
siguiente manera:
Obligación de exigir estados financieros
Artículo 120-A. Los Bancos, las Asociaciones, Cooperativas de Ahorro y Crédito, los
Intermediarios Financieros no Bancarios, y cualquier otra entidad financiera, pública o privada,
deberán exigir a sus clientes o usuarios para sustentar la concesión u otorgamiento de préstamos,
créditos o financiamientos, la declaración de Impuesto sobre la Renta y el Balance General y
Estado de Resultados presentados a la Administración Tributaria, correspondientes al ejercicio
o periodo impositivo anterior a la solicitud de concesión de cualquiera de los financiamientos
antes enunciados.
Cuando el plazo para presentar la declaración respectiva aún no haya vencido y el
contribuyente no haya presentado la declaración, los documentos a que se refiere el inciso
precedente deberán corresponder al ejercicio o periodo impositivo inmediato anterior.
Las Bolsas de Valores también estarán obligadas a solicitar la misma información y
documentación prevista en los incisos anteriores a quienes deseen inscribirse en el Registro
Público Bursátil, así como para la emisión de títulos valores a efectos de dar cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo siguiente de este Código.
Obligación de informar diferencias sobre declaraciones y estados financieros
Artículo 120-B. Los Bancos, las Asociaciones, Cooperativas de Ahorro y Crédito,
los Intermediarios Financieros no Bancarios, y cualquier otra entidad financiera, pública o
privada, deberán informar por medios electrónicos a la Administración Tributaria dentro de
los meses de enero y febrero de cada año, sobre las diferencias que se presenten en los
rubros de costos, gastos e ingresos, superiores o iguales a $10,000.00, entre el Estados de

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Resultados y declaración de Impuesto sobre la Renta presentada a la Administración Tributaria
a que se refiere el artículo anterior, y los estados financieros auditados o no, que hayan sido
proporcionados por sus clientes o usuarios para sustentar la concesión o el otorgamiento de
préstamos, créditos o financiamientos.
Para los efectos del inciso anterior, las diferencias en ingresos se determinarán comparando
las sumatorias de rentas gravadas y no gravadas declaradas en el ejercicio o periodo de
imposición, y los ingresos que reflejen el estado de resultados auditado.
Igual obligación de informar en el mismo plazo tendrá la Bolsa de Valores, sobre las diferencias
determinadas al comparar con los estados financieros auditados de entidades emisoras de
títulos valores, por las cuales solicitan a la Superintendencia de Valores el asentamiento en el
Registro Público Bursátil.
Art. 20. Intercálase entre los artículos 123 y 124 el artículo 123-A, de la manera
siguiente:
Informe de retenciones y de percepción de impuesto a la transferencia de bienes
muebles y a la prestación de servicios
Artículo 123-A. Los agentes de retención o de percepción de Impuesto a la Transferencia
de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios a que se refieren los artículos 162, 162-A y
163 de este Código, tienen la obligación de remitir dentro de los diez primeros días hábiles del
mes siguiente al período tributario en el cual se efectuaron las retenciones o percepciones junto
con la declaración del referido impuesto, un informe por medios manuales, magnéticos o
electrónicos de los contribuyentes a quiénes se les efectuó retenciones o percepciones, bajo
las especificaciones técnicas y en los formularios que la Administración Tributaria proporcione.
Dicho informe deberá contener los datos e información de los sujetos de retención o de
percepción que se mencionan a continuación:
a) Nombre, denominación o razón social;
b) Número de Identificación Tributaria;
c) Monto sujeto a retención o percepción;
d) Monto de Ia retención o de la percepción, y
e) Firma del agente de retención o de percepción, su Representante Legal o
Apoderado.
Asimismo, los contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestación de Servicios que hubieren sido sujetos de retenciones o de percepciones, tienen
la obligación de presentar junto con la declaración del mencionado impuesto, un informe
por medios manuales, magnéticos o electrónicos, de las retenciones o percepciones que les
efectuaron, con las especificaciones técnicas y en los formularios que la Administración Tributaria
establezca. Dicho informe deberá contener el Número de Identificación Tributaria, Nombre
y Firma del contribuyente sujeto de retención o de percepción, y los datos de los literales a)
y b) respecto de los agentes de retención o de percepción y los datos a que se refieren los
literales c) y d) del inciso anterior.
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Art. 21. Adiciónanse tres incisos al Artículo 131 de la siguiente manera:
El nombramiento de Auditor deberá ser informado por el contribuyente, representante
legal o apoderado, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes de haberse nombrado,
mediante formularios y bajo las especificaciones que disponga la Administración Tributaria, el
cual deberá ser firmado por el contribuyente y el Auditor nombrado. La renuncia del auditor
fiscal deberá ser informada por el contribuyente dentro de los cinco días hábiles siguientes de
ocurrida.
En caso de renuncia del auditor, el contribuyente estará obligado a nombrar nuevo auditor
fiscal dentro de diez días hábiles siguientes de suscitada la renuncia, debiendo informar dicho
nombramiento a la Administración Tributaria en la forma prevista en el inciso anterior, dentro
del plazo de cinco días hábiles de ocurrido el nombramiento.
Cuando el sujeto a dictaminarse sea una persona jurídica, deberá adjuntarse a la información
referida en los incisos precedentes como prueba del nombramiento del auditor fiscal, la
certificación del acta de junta general de accionistas, socios o asociados, o de consejo directivo,
según sea el caso. En el caso de personas naturales, sucursales extranjeras, fideicomisos y
sucesiones el documento que deberá agregarse para ese mismo efecto es el que compruebe
el nombramiento. En el caso de personas jurídicas extranjeras no domiciliadas para efectos
tributarios, bastará con la comunicación dirigida a la Administración Tributaria en la que se
informe del nombramiento del auditor fiscal.
Art. 22. Refórmase el inciso primero del Artículo 133, de la siguiente manera:
Artículo 133. Los contribuyentes que nombren Auditor, deberán suministrarle los
estados financieros con sus respectivas notas, las conciliaciones tributarias e información
suplementaria que establezca el Reglamento de este Código, así como toda la información,
registros y demás documentos que el Auditor requiera para la emisión del dictamen e informe
fiscal.
Art. 23. Refórmase el artículo 134, por el siguiente:
Artículo 134. El Auditor nombrado deberá presentar a la Administración Tributaria el
dictamen fiscal conjuntamente con el informe fiscal, los estados financieros, las conciliaciones
tributarias e información suplementaria que establece el reglamento de éste Código, a más
tardar el treinta y uno de mayo del año siguiente al período que se dictamina.
En el caso de fusión, disolución y liquidación de sociedades el Auditor deberá presentar
el dictamen e informe fiscal y la documentación a que se refiere el inciso anterior, según
cual sea la circunstancia de las que se describen a continuación se presente, en los plazos
siguientes:
a) Para las sociedades que han tomado acuerdo de fusión, dentro de los dos meses
siguientes al del cierre del ejercicio en que se tomó el acuerdo de fusión.
b) Para la sociedad resultante o subsistente de la fusión, dentro de los dos meses
siguientes al del cierre del ejercicio en que se inscribió en el Registro la escritura de
fusión. El dictamen fiscal del ejercicio siguiente al de la inscripción de la escritura,
se presentara en el plazo que establece el inciso primero de este artículo.
Para el caso de sociedades subsistentes si la adopción del acuerdo de fusión y la inscripción
de dicho acuerdo se realizan en el mismo ejercicio fiscal, dichas sociedades únicamente
estarán obligadas a presentar un dictamen fiscal atinente a ese ejercicio, quedando obligada

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a dictaminarse los siguientes ejercicios si se suscita cualquiera de las circunstancias previstas
en los literales a) y b) del artículo 131 de este Código.
Cuando la obligación para dictaminarse fiscalmente provenga originalmente de la
concurrencia de cualquiera de los requisitos previstos en los literales a) y b) del artículo 131
de este Código y se suscite cualquiera de las situaciones previstas en los literales a) y b) de
este artículo, el dictamen e informe fiscal deberá presentarse en el plazo estipulado en estos
dos últimos literales referidos.
c) Para la sociedad que ha tomado acuerdo de disolución o aquellas cuya disolución
se haya decretado judicialmente, dentro de los dos meses siguientes al del cierre
del ejercicio en que se tomó el acuerdo de disolución o se notificó la sentencia de
disolución. En los ejercicios siguientes se presentarán en el plazo que establece
el inciso primero de este artículo.
d) Para la sociedad en liquidación, dentro de los dos meses siguientes al del cierre
del ejercicio en que se inscribió en el Registro la escritura de disolución. En los
ejercicios siguientes al de la inscripción de la escritura, se presentarán en el
plazo que estipula el inciso primero de este artículo. El dictamen e informe fiscal
y el balance de liquidación del período en que se apruebe el balance final, se
presentarán dentro del mes siguiente de la fecha de la aprobación por la junta
general del balance final de liquidación.
Art. 24. Refórmanse los literales b) y e) del Artículo 135 de la siguiente manera:
b) Guardar la más absoluta independencia de criterio con respecto al sujeto pasivo
que lo ha nombrado, cumplir con las normas que el Reglamento de Aplicación de
este Código establecen respecto de la ejecución técnica de su trabajo;
e) Atender los requerimientos que formule la Administración Tributaria, suministrando
dentro de los plazos que esta le señale, los datos, ampliaciones, justificaciones,
explicaciones e informes relativos a los periodos o ejercicios a los que corresponde
el dictamen e informe fiscal y los que se vinculen con ellos, así como los papeles
de trabajo que soportan la auditoría, o en su caso la presentación del dictamen
e informe fiscal.
Art. 25. Adiciónanse al artículo 142 dos incisos de la manera siguiente:
El registro de inventarios a que se refiere el inciso primero de este artículo debe llevarse
de manera permanente y constituye un registro especial e independiente de los demás
registros.
Los contribuyentes que vendan o distribuyan por cuenta propia o de un tercero tarjetas
de prepago de servicios deberán llevar el registro de control de inventarios permanente antes
referido y cumplir con las demás obligaciones que establece este artículo.
Art. 26. Refórmase el inciso final del artículo 145 de la manera siguiente:
Dichas constancias deberán expresar el concepto del pago, su monto, la cantidad retenida
y los datos relativos al cálculo en efectivo, este último dato, cuando se trate de rentas en
especie; asimismo deberá hacerse constar el nombre, número de identificación tributaria y
domicilio del sujeto de retención; y el nombre, número de identificación tributaria y firma del
agente de retención, representante legal o apoderado.
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Art. 27. Adiciónanse dos incisos al final del artículo 146 de la manera siguiente:
Las Corporaciones y Fundaciones de Derecho o de Utilidad Pública, están obligadas a
presentar a la Administración Tributaria los primeros diez días hábiles de los meses de enero,
abril, junio y septiembre de cada año, un estado de origen y aplicación de fondos, mediante
formulario, bajo las especificaciones y requisitos que disponga la Administración Tributaria.
En el caso de los partidos políticos se estará en lo regulado en una ley especial.
Art. 28. Intercálase entre los artículos 149 y 150 el artículo 149-A, de la siguiente
manera:
Artículo 149-A. Los destinatarios y receptores de los actos de comunicación de la
Administración Tributaria están obligados a exhibir y presentar su documento de identidad a
los auditores, Fedatarios, notificadores o a cualquier delegado de la Administración Tributaria,
cuando sean solicitados por éstos en el desempeño de sus funciones.
Los auditores y delegados de la Administración Tributaria en el ejercicio de las facultades
administrativas deberán identificarse al iniciar su cometido.
Quienes realicen notificaciones deberán identificarse antes de proceder a realizar dicho
acto.
Los Fedatarios deberán identificarse en el momento que las disposiciones especiales que
regulan dicha figura lo estipulan.
La identificación se acreditará por medio del carnet que expida la Administración
Tributaria.
Art. 29. Refórmase el inciso segundo del artículo 150 de la manera siguiente:
A falta de liquidación por parte del contribuyente o de liquidación parcial por parte del
contribuyente, la Administración liquidará el impuesto de manera oficiosa, salvo en los casos
que no requieran del agotamiento de la vía administrativa, que sean remitidos a la Fiscalía
General de la República para que se investigue la comisión de delitos de defraudación al fisco,
en los que el impuesto evadido será establecido por el Juez de la causa.
Art. 30. Refórmase el inciso primero del artículo 151 y adiciónase al final de dicho
artículo dos incisos de la manera siguiente:
El sistema de recaudación del Impuesto sobre la Renta por medio del anticipo a cuenta,
consiste en enteros obligatorios hechos por personas naturales titulares de empresas mercantiles
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta, sucesiones, fideicomisos, transportistas y por
personas jurídicas de derecho privado y público, domiciliadas para efectos tributarios, con
excepción de las que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas y ganaderas, aunque
para el ejercicio próximo anterior, no hayan computado impuesto en su liquidación de impuesto
sobre la renta.
Para efectos de lo dispuesto en esta Sección, se entenderá como persona natural titular
de empresa mercantil quien ejerce el comercio transfiriendo bienes o mercaderías, tenga o
no matrícula de comerciante individual.

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Los profesionales liberales también estarán obligados al sistema de pago o anticipo a
cuenta en los términos y bajo los alcances previstos en éste y los subsecuentes dos artículos,
únicamente respecto de aquellas rentas que no hayan sido sujetas al sistema de retención en
la fuente.
Art. 31. Refórmase el artículo 153 de la manera siguiente:
Compensación del Anticipo o Pago a Cuenta
Artículo 153. Las personas naturales titulares de empresas mercantiles a que se refiere
el artículo 151 de este Código, sucesiones, fideicomisos, transportistas y las personas jurídicas
sujetas al sistema de recaudación de pago a cuenta, podrán compensar el remanente a favor
resultante en su declaración de Impuesto sobre la Renta contra impuestos, multas e intereses,
firmes, líquidos y exigibles, al efecto se procederá de conformidad al orden de imputación de
pagos contenido en este Código.
Art. 32. Refórmase el artículo 156 de la manera siguiente:
Artículo 156. Las personas jurídicas, las personas naturales titulares de empresas,
las sucesiones, los fideicomisos, los Órganos del Estado, las Dependencias del Gobierno, las
Municipalidades y las Instituciones Oficiales Autónomas que paguen o acrediten sumas en
concepto de pagos por prestación de servicios a personas naturales que no tengan relación de
dependencia laboral con quien recibe el servicio, están obligadas a retener el 10% de dichas
sumas en concepto de anticipo del Impuesto sobre la Renta independientemente del monto
de lo pagado.
La retención a que se refiere el inciso anterior también es aplicable, cuando se trate de
anticipos por tales pagos en la ejecución de contratos o servicios convenidos.
La Administración Tributaria podrá autorizar un porcentaje de retención superior al
estipulado en este artículo a solicitud del sujeto pasivo.
Art. 33. Intercálase entre el artículo 156 y 157, el artículo 156-A de la manera
siguiente:
Retención por transferencia de intangibles
Artículo 156-A. Las personas jurídicas, las personas naturales titulares de empresas,
las sucesiones, los fideicomisos, los Órganos del Estado y las Dependencias del Gobierno, las
Municipalidades y las Instituciones Oficiales Autónomas que paguen o acrediten a las personas
naturales o jurídicas, sucesiones o fideicomisos domiciliados en el país, sumas en concepto de
adquisición de bienes intangibles, deberán retener en concepto de Impuesto sobre la Renta
el 10% de la suma pagada o acreditada.
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Art. 34. Refórmase el inciso primero del artículo 158 e intercálanse dos incisos entre
el inciso primero y segundo de dicho artículo, de la manera siguiente:
Artículo 158. Las personas naturales o jurídicas, sucesiones o fideicomisos domiciliados
en el país, que paguen o acrediten a una persona natural o jurídica, sucesión o fideicomiso no
domiciliado en la República, sumas provenientes de cualquier clase de renta obtenida en el
país, aunque se tratare de anticipos de tales pagos, están obligados a retenerle por concepto de
anticipo de Impuesto sobre la Renta, el 20% de dichas sumas. Se exceptúa de esta retención
los dividendos pagados o acreditados a personas jurídicas y naturales, siempre que quien
distribuye estas utilidades haya pagado el correspondiente impuesto.
También estarán sujetas a la retención que establece el inciso anterior en el mismo porcentaje
las sumas pagadas o acreditadas a los prestadores de servicios no domiciliados en el país,
por servicios procedentes del exterior utilizados en el territorio nacional, independientemente
que la actividad o servicio se realice fuera de El Salvador, así como las que provengan de la
transferencia a cualquier título de bienes intangibles.
Las filiales o sucursales deberán efectuar la retención a que se refiere el presente artículo,
en el porcentaje previsto en el mismo, por los pagos que realicen a sus casas matrices en
cualquier concepto, salvo que correspondan a la adquisición de bienes muebles corporales, la
cual deberán enterar en el plazo, forma y medios que las leyes tributarias estipulen.
Art. 35. Refórmase el Artículo 161, por el siguiente:
Artículo 161. El adquirente de los bienes y el prestatario o beneficiario de los servicios,
cuando quien transfiere el bien o el prestador de los servicios no tenga domicilio ni residencia
en el país es el obligado al pago del impuesto. Para este efecto deberán efectuar
las retenciones pertinentes y enterarlas mediante mandamiento de pago emitido por la
Administración Tributaria.
Art. 36. Refórmase el artículo 162, de la siguiente manera:
Agentes de Retención
Artículo 162. Todos los sujetos pasivos que conforme a la clasificación efectuada por
la Administración Tributaria ostenten la categoría de Grandes Contribuyentes y que adquieran
bienes muebles corporales o sean prestatarios o beneficiarios de servicios de otros contribuyentes
que no pertenezcan a esa clasificación, deberán retener en concepto de anticipo del Impuesto
a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios el uno por ciento sobre el
precio de venta de los bienes transferidos o de la remuneración de los servicios prestados,
la cual deberá ser enterada sin deducción alguna en el mismo periodo tributario en el que se
efectúe la adquisición de bienes o de servicios, dentro del plazo que establece el artículo 94
de la ley que regula dicho impuesto.
Para el cálculo de la retención en referencia, no deberá incluirse el valor que corresponda
al Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
La Administración Tributaria está facultada para designar como responsables, en carácter
de agentes de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación
de Servicios a otros contribuyentes distintos a los que se refiere el inciso primero de este
artículo, así como a los Órganos del Estado, las Dependencias del Gobierno, las Municipalidades
y las Instituciones Oficiales Autónomas aunque no sean contribuyentes de dicho impuesto,
o no sean los adquirentes de los bienes o prestatarios de los servicios; y para establecer un
porcentaje superior a retener hasta la concurrencia de la tasa o alícuota máxima vigente para
dicho impuesto.
Las retenciones se efectuarán en el momento en que según las reglas generales que
estipula la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios
se causa dicho impuesto y deberán enterarse al Fisco de la República aunque no se haya
realizado el pago respectivo al proveedor de los bienes o de los servicios.
Para efectos de lo dispuesto en este artículo la calidad de Gran Contribuyente se acreditará
por medio de la tarjeta de contribuyente que proporcione la Administración Tributaria, la cual
se distinguirá de las tarjetas que se emitan a las demás categorías de contribuyentes.
Art. 37. Intercálase entre los artículos 162 y 163, el artículo 162-A, de la siguiente
manera:
Anticipo a cuenta del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a
la Prestación de Servicios en operaciones con tarjeta de crédito o con tarjetas
de débito.
Artículo 162-A. Los contribuyentes que realicen transferencias de bienes o prestaciones
de servicios y reciban pagos por medio de tarjetas de crédito o de débito están obligados a
enterar en concepto de anticipo a cuenta del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles
y a la Prestación de Servicios el dos por ciento del importe del valor del bien o del servicio.
El anticipo a cuenta a que se refiere el inciso anterior será percibido por los sujetos pasivos
emisores o administradores de tarjetas de crédito o de débito.
Para efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, se designan como responsables
en carácter de agentes perceptores de dicho anticipo a cuenta a los sujetos pasivos emisores
o administradores de tarjetas de crédito o de débito.
La percepción deberán realizarla los emisores o administradores de tarjetas de crédito o
de débito al momento que paguen, acrediten o pongan a disposición por cualquier forma a sus
afiliados, sumas por las transferencias de bienes o prestaciones de servicios gravadas con el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios realizadas por
dichos afiliados a los tarjeta habientes en el país.
Para el cálculo del anticipo a cuenta a que se refiere este artículo, deberá excluirse el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. El anticipo a
cuenta constituirá para los afiliados un pago parcial del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios causado, el cual deberán acreditar contra el impuesto
determinado que corresponda al período tributario en que se efectuó el anticipo a cuenta.
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Las sumas que perciban los emisores o administradores de tarjetas de crédito o de débito
conforme a las reglas del presente artículo deberán enterarlas sin deducción alguna en la
Dirección General de Tesorería, en cualquiera de las oficinas que esta institución tenga en
el país y en los Bancos autorizados por el Ministerio de Hacienda, mediante los formularios
que disponga la Administración, dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente al
periodo tributario en que se hicieron las percepciones.
Para efectos de este artículo se entenderá por afiliado el contribuyente del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios que acepte pagos mediante el
sistema de tarjetas de crédito o débito.
Art. 38. Refórmase el Artículo 163 de la manera siguiente:
Agentes de Percepción
Artículo 163. Todos los sujetos pasivos que sean Importadores, productores o
distribuidores de bebidas alcohólicas inclusive cerveza, de cigarros o cigarrillos, habanos o
puros, de boquitas o frituras, de bebidas gaseosas o isotónicas, Importadores o distribuidores
de petróleo y sus derivados, importadores de repuestos, importadores de materiales de
construcción, importadores o productores de cemento, importadores o distribuidores de
productos de ferretería, que conforme a la clasificación efectuada por la Administración
Tributaria ostenten la categoría de Grandes Contribuyentes y que transfieran bienes muebles
corporales a otros contribuyentes que no pertenezcan a esa clasificación para ser destinados
al activo realizable de estos últimos, deberán percibir en concepto de anticipo del Impuesto
a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios el uno por ciento sobre
el precio neto de venta de los bienes transferidos, la cual deberá ser enterada sin deducción
alguna en el mismo periodo tributario en el que se efectúe la transferencia de bienes o de
servicios, dentro del plazo que establece el artículo 94 de la ley que regula dicho impuesto.
Para el cálculo de la percepción en referencia, no deberá incluirse el valor que corresponda
al Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
La percepción en referencia constituirá para los contribuyentes a quienes se les haya
practicado, un pago parcial del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación
de Servicios, el cual deberán acreditar contra el impuesto determinado que corresponda al
período tributario en el que se efectuó la percepción.
La Administración Tributaria está facultada para designar como responsables, en carácter
de agentes de percepción del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación
de Servicios a otros contribuyentes distintos a los que se refiere el inciso primero de este
artículo; así como para establecer un porcentaje superior a percibir hasta la concurrencia de
la tasa o alícuota máxima vigente para dicho impuesto.
Las percepciones se efectuarán en el momento en que según las reglas generales que
estipula la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios
se causa dicho impuesto y deberán enterarse al Fisco de la República aunque no se haya
realizado el pago respectivo al tradente de los bienes.
Para efectos de lo dispuesto en este artículo la calidad de Gran Contribuyente se acreditará
por medio de la tarjeta de contribuyente que proporcione la Administración Tributaria, la cual
se distinguirá de las tarjetas que se emitan a las demás categorías de contribuyentes.

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
También estarán sujetos a la percepción a que se refiere este artículo los importadores
de vehículos usados registrados de acuerdo a la Ley de Registro de Importadores, debiendo
liquidar el anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
Servicios que causarían en sus ventas posteriores que realice a sus clientes, por medio de la
declaración de mercancías, formulario aduanero u otro documento legal, el cual se aplicará
sobre el precio a valor C.I.F. documentado y deberán enterarlo en los mismos plazos en que se
liquiden los derechos aduaneros. La Dirección General de la Renta de Aduanas está facultada
para liquidar dicho anticipo a los importadores de vehículos que no lo consignaren o liquidaren
dentro de los plazos legales o utilizaren precios inferiores al valor C.I.F.
Art. 39. Refórmase el artículo 165 de la siguiente manera:
Reglas de la notificación
Artículo 165. Todas las actuaciones de la Administración Tributaria deberán notificarse.
Las notificaciones se realizarán por el Departamento de Notificaciones, o por cualquier
delegado, funcionario o empleado de la Administración Tributaria.
Los medios a través de los cuales pueden realizarse las notificaciones de las actuaciones
de la Administración Tributaria son:
a) Personalmente;
b) Por medio de esquela;
c) Por medio de Edicto;
d) Por medio de correo electrónico o Correo Certificado;
e) Otros medios tecnológicos de comunicación que dejen rastro perceptible;
f) Publicación en el Diario Oficial o en cualquiera de los periódicos de circulación
nacional.
Las notificaciones se realizarán de conformidad a las reglas siguientes:
Se efectuarán en la dirección señalada para recibir notificaciones al sujeto pasivo o deudor
tributario, cuando ésta haya sido informada.
La notificación al sujeto pasivo, representante legal, apoderado, curador o heredero podrá
efectuarse en dirección distinta al lugar señalado para tal efecto cuando se realice personalmente
a ellos.
Cuando los sujetos pasivos no hayan informado dirección para recibir notificaciones o
la dirección proporcionada sea falsa o inexistente, la notificación se realizará por medio de
edicto. Las notificaciones se realizarán por el mismo medio, cuando la dirección informada
sea incompleta y no se dieren las circunstancias para que la actuación quede legalmente
notificada.
La notificación por medio de edicto se sujetará a las formalidades siguientes: Se fijará
en el tablero de la Administración Tributaria o sus Dependencias en los Departamentos de la
República, un extracto breve y claro del auto o resolución correspondiente por un término de
setenta y dos horas, pasadas las cuales se tendrá por hecha la notificación. Los interesados
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estarán obligados a concurrir a la Administración Tributaria si desean conocer íntegramente
la providencia que se ha hecho saber en extracto. Los actos que este Código permita notificar
por medios electrónicos que deban de ser notificados por medio de edicto, se publicarán en
el tablero electrónico que para ese efecto llevará la Administración Tributaria.
Cuando exista dirección señalada para recibir notificaciones y el sujeto pasivo sea
persona natural y no se encontrare en dicho lugar, se le notificará por medio de persona que
hubiese comisionado ante la Administración Tributaria para recibir notificaciones, apoderado,
su cónyuge, compañera o compañero de vida, hijos mayores de edad, socio, dependiente o
sirviente doméstico a su servicio, o por medio de persona mayor de edad que esté al servicio
de la empresa u oficina establecida en el lugar señalado. La persona a quien se realice el
acto de comunicación deberá mostrar cualquiera de los documentos de identificación a que
alude este artículo y consignar su nombre y firma en constancia de su recibo.
Cuando se trate de una sociedad, la notificación se realizará por medio de cualquiera de
sus representantes, por medio de persona que hubiese comisionado ante la Administración
Tributaria para recibir notificaciones, su apoderado, persona mayor de edad que esté al servicio
de dicha sociedad o por medio de persona mayor de edad que esté al servicio de la empresa
u oficina establecida en el lugar señalado para recibir notificaciones. La persona a quien se
realice el acto de comunicación deberá mostrar cualquiera de los documentos de identificación
a que alude este artículo y estampar su nombre y firma en constancia de su recibo.
Cuando se trate de una sucesión, para que la actuación quede legalmente notificada bastará
con notificar a cualquiera de los representantes de la sucesión, determinados de conformidad a
las reglas dispuestas en el Capitulo II, del Titulo VII, del Libro Tercero del Código Civil, según
el estado en que se encuentre la sucesión; debiendo observarse además, cuando proceda, lo
regulado en el inciso segundo del artículo 165-A de este Código.
En caso de las sociedades nulas, irregulares o de hecho, se realizará a cualquiera de sus
integrantes.
Cuando se trate de un fideicomiso se hará por medio de su representante legal o apoderado,
según corresponda.
En el caso de contribuyentes que sean sujetos de verificación por parte de fedatario,
la Administración Tributaria podrá notificar al sujeto pasivo, de no encontrarse se notificará
a la persona que realiza la respectiva venta de bienes o servicios, en el lugar en el que se
constate el incumplimiento, sin que se requiera que en el acta de notificación se cite el orden
de prelación previsto en el presente artículo para las personas naturales o para cualquier otro
sujeto pasivo; de tal forma, bastará con citar el orden previsto en este inciso.
En cualquiera de los casos referidos en este artículo, si no se encontrare ninguna de las
personas señaladas para cada caso especifico, en la dirección indicada, o encontrándose se
negaren a recibirla, a identificarse o a firmar la notificación respectiva, se hará constar dicha
circunstancia en el acta de notificación y se fijará en la puerta de la casa una esquela con el
texto y formalidades que el Reglamento de este Código determine. Cuando la persona a quien
se notifica el acto respectivo, se negare a estampar su nombre en el acta o no pudiera escribir
el mismo o firmar, se hará constar tal circunstancia en la respectiva acta y ello no afecta la
validez de la notificación; sin perjuicio de las sanciones que procedan por la negativa citada.
La notificación por medio de correo certificado, correo electrónico y otros medios tecnológicos
de comunicación que dejen rastro perceptible, así como, a través de la publicación en el diario

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oficial o en cualquiera de los periódicos de circulación nacional, procederá realizarla en los
casos expresamente previstos en las leyes tributarias o cuando los actos administrativos a
notificar no involucren ejercicio de la función fiscalizadora, de determinación de impuestos,
imposición de multas y devolución de impuestos; en cuyo caso la notificación se entenderá
realizada en la fecha que haya sido entregada o publicada la comunicación del respectivo acto,
según corresponda.
Los documentos que servirán para identificarse a efectos de recibir notificaciones de
carácter tributario podrán ser cualquiera de los siguientes: Documento Único de Identidad,
Pasaporte, Licencia de Conducir, Tarjeta de Afiliación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
y para los extranjeros Pasaporte o Carné de residente, cualquier documento que a futuro sea
el documento de identificación personal oficial.
La notificación por medio del Diario Oficial o por cualquiera de los periódicos de circulación
nacional, se efectuará en los casos expresamente previstos por las leyes tributarias y podrá
realizarse también en aquellos casos que se requiera hacer del conocimiento de los sujetos
pasivos, informaciones generales, resoluciones de carácter general de inscripción o desinscripción
masiva de contribuyentes o de cualquier otra índole, así como guías de orientación, publicación
de omisos o de deudores, o cualquier otra actuación de carácter colectivo.
Art. 40. Intercálase entre el artículo 165 y 166, el artículo 165-A con el texto
siguiente:
Notificación por medio de curador, heredero o apoderado.
Artículo 165-A. En caso que la notificación haya de practicarse por medio de curador,
heredero o apoderado se observarán las siguientes formalidades:
Cuando la notificación haya de realizarse por medio de curador o heredero se efectuará
en la dirección para recibir notificación señalada por estos. En caso de no encontrarse éstos
en dicho lugar, se efectuará por medio de su cónyuge, compañera o compañero de vida, hijos
mayores de edad, dependiente o empleada o empleado de oficios domésticos a su servicio.
Si no se encontrare ninguna de las personas señaladas en el inciso precedente, en la
dirección indicada, o encontrándose se negaren a recibirla, a identificarse o a firmar la
notificación respectiva, se hará constar dicha circunstancia en acta y se fijará en la puerta de la
casa una esquela con el texto y formalidades que el Reglamento de este Código determine.
En el caso que, para notificar las actuaciones a los curadores y herederos, no hayan informado
dirección para recibir notificaciones o la dirección proporcionada sea falsa o inexistente, la
notificación se realizará por medio de edicto. Las notificaciones se realizarán por el mismo
medio, cuando la dirección informada sea incompleta y no se dieren las circunstancias para
que la actuación quede legalmente notificada.
La notificación por medio de edicto a que se refiere el inciso anterior, se sujetará a lo
regulado para ese efecto en el artículo 165 de este Código.
En el caso del apoderado, si la dirección señalada por éste, fuere el mismo lugar señalado
para recibir notificaciones por el sujeto pasivo que lo ha designado, y no se encontrare al
apoderado, la notificación se realizará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre al
servicio de dicho apoderado o que se encuentre al servicio del sujeto pasivo o de la empresa,
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oficina o dependencia establecida en el lugar señalado para recibir notificaciones por el apoderado.
Si en dicho lugar las personas que se encuentran al servicio del apoderado, del sujeto pasivo
o al servicio de la empresa, oficina o dependencia establecida en el lugar señalado para
recibir notificaciones, se negaren a recibir la notificación, el acto de comunicación se realizará
por medio de esquela.
Si la dirección indicada por el apoderado fuere un lugar diferente al señalado para recibir
notificaciones por el sujeto pasivo al que representa, y no se encontrare al apoderado, la
notificación se realizará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre al servicio de dicho
apoderado. Si en dicho lugar no hubieren personas al servicio del apoderado o habiéndolas se
negaren a recibir la notificación, el acto de comunicación se realizará por medio de esquela,
sin que ello obste para que la Administración Tributaria en aras de salvaguardar los derechos
y garantías del sujeto pasivo pueda hacer del conocimiento de éste, el acto a notificar en
el lugar para recibir notificaciones de dicho sujeto pasivo, siguiendo las reglas que le sean
aplicadas estipuladas en el artículo anterior, indicándole las circunstancias por las que se lo
realiza. Todo ello deberá hacerse constar en el acta de notificación.
De persistir cualquiera de las circunstancias señaladas en el inciso anterior en la siguiente
actuación a notificar al apoderado respectivo, se considerará ánimo de evadir la notificación
por parte del apoderado; consecuentemente esa notificación se efectuará siguiendo la regla
prevista en el inciso anterior, pero las notificaciones siguientes se realizarán únicamente al
sujeto pasivo, en el lugar para recibir notificaciones indicado por éste, siguiendo las reglas
previstas en el artículo anterior que le sean aplicables, haciendo constar en el acta respectiva
las circunstancias que motivan efectuar la notificación al sujeto pasivo.
Si la dirección para recibir notificaciones señalada por el apoderado fuese su casa de
habitación y no se encontrare al apoderado, se le notificará por medio de su cónyuge, compañera
o compañero de vida, hijos mayores de edad, dependiente o empleada o empleado de oficios
domésticos a su servicio. La persona a quien se realice el acto de comunicación deberá mostrar
cualquiera de los documentos de identificación a que alude el artículo anterior y estampar su
nombre y firma en constancia de su recibo.
Si no se encontrare ninguna de las personas señaladas en el inciso precedente, en la
dirección indicada, o encontrándose se negaren a recibirla, a identificarse o a firmar la
notificación respectiva, se hará constar dicha circunstancia en el acta de notificación respectiva
y se fijará en la puerta de la casa una esquela con el texto y formalidades que el Reglamento
de este Código determine.
Cuando el apoderado no cumpla con la obligación de señalar lugar para recibir notificaciones,
no informe el cambio suscitado o el lugar señalado es inexistente, se estará a lo regulado en
el inciso décimo segundo del artículo 90 de este Código.
En los casos no previstos en este artículo, en los que se susciten circunstancias establecidas
en el artículo anterior que conducen a la notificación por medio de esquela o de edicto, la
Administración Tributaria podrá hacer uso de tales medios legales para notificar las actuaciones
a los apoderados, curadores o herederos.

Art. 41. Refórmase el artículo 171 por el siguiente:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Notificación por conducta concluyente
Artículo 171. Para todos los efectos, la notificación se entenderá válidamente efectuada
aunque carezca de alguna formalidad, cuando el sujeto pasivo, dé cumplimiento a la misma,
intervenga después de su realización o interponga los recursos procedentes.
La ausencia de formalidades en la notificación se subsanará por ratificación tácita, que
consiste en intervenir o actuar posteriormente a la realización de la misma sin alegar esa
ausencia de formalidades. Cuando éstas sean alegadas deberá indicarse puntualmente cuáles
son las formalidades que se estiman ausentes.
Art. 42. Refórmanse los incisos primero y cuarto del artículo 172, en el orden y de la
manera siguiente:
Artículo 172. Las notificaciones deberán practicarse en horas y días hábiles, salvo
disposición en contrario. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá por
horas y días hábiles las que comprendan de ocho de la mañana a seis de la tarde de lunes a
viernes.
La Administración Tributaria se encuentra facultada para notificar en horas y días no
hábiles las actuaciones que realice mediante Fedatario, las que se realicen en el ejercicio de
las facultades de control, así como para el control de ingresos por transferencias de bienes
o prestaciones de servicios en el lugar en el que se realicen las operaciones, las relativas al
control y confección de inventarios y las que realice en función de lo dispuesto en los literales
c) y g) del artículo 173 y artículo 173-A de este Código, independientemente de la naturaleza
o de la actividad del negocio o establecimiento, siempre que se realicen en días y horas en
las cuales el contribuyente está realizando la actividad económica.
Art. 43. Refórmanse los literales c), g), y n) del Artículo 173 y adiciónase al literal k)
de dicho artículo un inciso de la siguiente manera:
c) Realizar inspecciones en locales, establecimientos, bodegas, oficinas y cualquier
otro lugar en el que el contribuyente realice su actividad económica o que esté
vinculada con ella, o en aquellos de terceros con los que tengan o han tenido
relaciones económicas. Cuando la inspección hubiere de practicarse en horas
fuera de la actividad de los contribuyentes, la Administración Tributaria solicitará
la orden de allanamiento al juez con competencia en lo civil correspondiente, la
cual deberá ser decidida dentro de las veinticuatro horas de solicitada y ejecutada
por la Administración Tributaria junto con la Policía Nacional Civil. Para ese efecto,
la Administración Tributaria solicitará la aplicación de dicha medida cautelar por
medio de la Fiscalía General de la República, indicando las razones que la motivan.
El Juez establecerá la procedencia o no de la medida y al ejecutarla la hará del
conocimiento del contribuyente, practicándola con apoyo de la Fiscalía General
de la República, de la Policía Nacional Civil y representantes de la Administración
Tributaria.
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g) Verificar que los bienes en tránsito estén respaldados por los documentos exigidos
por las respectivas leyes tributarias. Igual facultad podrá ejercerse en locales,
establecimientos, bodegas, oficinas o en cualquier otro lugar utilizado a cualquier
título para efectuar actividades económicas, en todos los casos, independientemente
que quienes realizan dichas actividades no sean contribuyentes inscritos del
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
Además verificar en todas sus etapas el proceso de producción y comercialización
de bienes y servicios, y que tales bienes cuenten con la documentación legal de
respaldo respectiva. Cuando no se presente la documentación legal correspondiente
que ampare el pago del impuesto, se procederá al decomiso de la mercadería;
La Administración Tributaria podrá desplegar las facultades que este Código y las leyes
tributarias le confieren en horas y días de actividad económica del contribuyente, aunque no
correspondan a los horarios de actividad administrativa, independientemente de la naturaleza
o de la actividad del negocio o establecimiento.
k) Asimismo, la Administración Tributaria se encuentra facultada para acceder en
el proceso o procedimiento de fiscalización a las bases de datos o tablas de los
registros y controles informáticos de los sujetos pasivos, independientemente al
giro o actividad a la que se dediquen y para obtener por medios magnéticos la
información correspondiente, los sujetos pasivos por su parte están obligados
a permitir dicho acceso y a proporcionar por tales medios la información
requerida;
n) Requerir a los auditores nombrados para emitir dictamen e informe fiscal, la
presentación de los mismos; los datos, ampliaciones, justificaciones, explicaciones
e informes relacionados a los dictámenes e informes fiscales presentados, así
como los papeles de trabajo que soportan la auditoría, inclusive en el desarrollo
de la misma;
Art. 44. Intercálase entre el artículo 173 y 174, el artículo 173-A de la manera
siguiente:
DECOMISO DE MERCADERIAS
Artículo 173 A. En los casos que sea procedente realizar el decomiso de mercadería,
se levantará un acta en la cual conste una relación de los hechos y el detalle de la mercadería
decomisada.
El acta deberá ser firmada por el delegado de la Administración Tributaria, el Agente
responsable de la misión por parte de la Policía Nacional Civil y la persona mayor de edad a
quien se le haya decomisado la mercadería, sea o no el propietario de la misma; en caso de
existir negativa para firmar el acta por parte de la persona a quien se le haya efectuado el
decomiso, o que ésta sea menor de edad, no sepa firmar o no pueda hacerlo por cualquier
circunstancia, se hará constar esa situación en el acta sin que ello afecte la validez de la prueba
documental de la misma.
Acto seguido, la Administración Tributaria a través de su delegado concederá audiencia por
el plazo de tres días y abrirá a pruebas por el plazo de ocho días siguientes al de la finalización

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de la audiencia, ambos plazos hábiles y perentorios, notificándole a la persona a quien se le
decomisó la mercadería el auto de audiencia y apertura a pruebas y entregándole copia del
acta en la que consta la infracción, haciendo constar tal entrega en el acta de notificación de
dicho auto.
La mercadería decomisada deberá ser remitida por los funcionarios actuantes a los lugares
que la Administración Tributaria designe.
La Administración Tributaria podrá dejar en depósito la mercadería objeto de decomiso, en
las instalaciones en las que la persona a quien se le ha decomisado la mercadería usualmente
la almacena, toda vez que ésta sea custodiada por la Policía Nacional Civil. Para esos efectos,
la División de Finanzas de la Policía Nacional Civil deberá proporcionar el apoyo que la
Administración Tributaria le solicite.
Cuando por cualquier medio y en cualquier fase del procedimiento se establezca que
los impuestos dejados de pagar corresponden a tributos bajo la competencia de la Dirección
General de la Renta de Aduanas, se remitirá la mercadería decomisada a dicha Institución a
efecto que ésta realice el trámite legal administrativo o penal que corresponda.
Si en la etapa de audiencia o de aportación de pruebas la persona a quien se le han decomisado
bienes, presenta el documento que ampara la adquisición de los bienes y el pago de los
impuestos respectivos, la Dirección General de Impuestos Internos emitirá la resolución
ordenando la devolución de los bienes decomisados. De la misma manera se procederá
cuando el contribuyente no sea la persona que transportaba o disponía de la mercadería al
momento del decomiso, pero en la fase de audiencia y aportación de pruebas presenta el
documento legal de respaldo. En todo caso, el documento que ampare la adquisición de los
bienes debe corresponder a los documentos relativos al control del Impuesto a la Transferencia
de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios que estipula este Código para documentar
las transferencias de bienes muebles corporales o su circulación, según sea el caso.
Si las pruebas presentadas fueran idóneas y conducentes se resolverá la devolución de la
mercadería. Si no lo fueren, la Administración Tributaria dictará resolución correspondiente.
La sanción a imponer será de carácter pecuniario y equivaldrá al sesenta y cinco por ciento
del valor de la mercadería determinado por la Administración Tributaria.
El contribuyente podrá pagar la multa determinada dentro del plazo de cinco días hábiles
siguientes a la notificación de la resolución.
Una vez satisfecha la multa se devolverá la mercadería decomisada.
De no realizarse el pago dentro plazo otorgado y una vez firme la resolución respectiva,
se procederá a la venta en pública subasta, la cual de suscitarse, los valores que se obtengan
se acreditarán al valor de la multa a pagar hasta su concurrencia.
Para establecer la cuantía de la multa, el valor de la mercadería se establecerá al precio
corriente de mercado. Si por cualquier razón el precio de mercado no pudiere determinarse
se aplicarán las reglas de determinación de precios de mercado establecidas en este Código
que resulten aplicables.
Para efectos de lo dispuesto en este artículo se entenderá como precio de mercado el que
tengan los bienes en negocios o establecimientos que vendan bienes de la misma especie en
el país.
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Los ingresos generados por la venta de los bienes decomisados pasarán al Fondo General
del Estado.
La Administración Tributaria establecerá las disposiciones administrativas encaminadas a
salvaguardar los bienes decomisados.
Art. 45. Refórmase el inciso tercero del artículo 174 y adiciónanse al final de dicho
artículo dos incisos de la manera siguiente:
Los auditores, al concluir su comisión, deberán formular un informe dirigido a la Administración
Tributaria. En los casos constitutivos de delitos de defraudación al fisco, se atenderá a lo
dispuesto en el Código Penal.
El proceso o procedimiento de fiscalización es el conjunto de actuaciones que la Administración
Tributaria realiza con el propósito de establecer la auténtica situación tributaria de los sujetos
pasivos, tanto de aquellos que han presentado su correspondiente declaración tributaria como
de aquellos que no lo han hecho.
Dicho proceso inicia, con la notificación de la orden de fiscalización firmada por el funcionario
competente, la cual se denomina auto de designación de auditor, en el que se indica entre
otras cosas la identidad del sujeto pasivo, los periodos, ejercicios, impuestos, y obligaciones
a fiscalizar, así como el nombre del auditor o auditores que realizarán ese cometido, y finaliza,
con la emisión del correspondiente informe de auditoria por parte del auditor o auditores
designados al caso.
Art. 46. Refórmase el inciso segundo del artículo 175 de la manera siguiente:
La caducidad a que se refiere este artículo no opera respecto de los agentes de retención
y percepción que no han enterado las cantidades retenidas o percibidas ni para la imposición
de sanciones a que hubiere lugar respecto de los actos ilícitos incurridos por ellos. Tampoco
opera, cuando los contribuyentes invoquen o realicen actos en los que reclamen beneficios,
deducciones, saldos a favor, remanentes de crédito fiscal o cualquier otro derecho, respecto de
los periodos o ejercicios en los que éstos se originan, ni de aquellos posteriores a los que afecta.
En los casos que sean enviados a la Fiscalía General de la República para que se investigue
la existencia de delitos de defraudación al Fisco el cómputo del plazo de la caducidad a que
se refiere este artículo, se suspenderá desde la fecha en que la Administración Tributaria
presente la denuncia ante la Fiscalía General de la República y se reanudará hasta el día en
que la Administración Tributaria reciba la notificación que contenga el resultado judicial de la
acción penal incoada.
Art. 47. Refórmase el literal f) del artículo 181 por el siguiente:
f) Firma, nombre y número del documento único de identidad, o en su defecto el
de la Licencia de Conducir o del Carnet de Afiliado del Seguro Social y para los
extranjeros el número de Pasaporte o Carnet de residentes; u otro documento
de identificación que establezca el Reglamento de Aplicación de este Código,
del sujeto pasivo o persona mayor de edad que realiza las ventas o presta los
servicios en los locales, establecimientos u oficinas, según corresponda. Si por
cualquier razón, no fuere posible obtener los datos o documentos detallados en

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
este literal, existiere negativa para firmar, o no se aceptare recibir la copia del
acta de comprobación, bastará con asentar en el acta tales circunstancias, sin
que esto afecte la validez y valor probatorio de ella; y,
Art. 48. Refórmase el artículo 182 por el siguiente:
CONTRIBUYENTES A VERIFICAR POR MEDIO DE FEDATARIO
Artículo 182. Serán sujetos a verificación por medio de Fedatario, los contribuyentes
inscritos y los sujetos no inscritos en el registro de contribuyentes del Impuesto a la Transferencia
de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
La Administración Tributaria podrá efectuar dichas verificaciones por medio de Fedatario
en las horas, días y lugares en que los contribuyentes realicen sus actividades económicas.
Art. 49. Adiciónase al final del artículo 183 un inciso de la manera siguiente:
La liquidación oficiosa a que se refiere este artículo no será practicada por la Administración
Tributaria en sede administrativa en aquellos casos que sean remitidos a la Fiscalía General de
la República para que se investigue la comisión de delitos de Defraudación al Fisco en los que
no sea requisito el agotamiento de la vía administrativa, en los cuales el impuesto evadido lo
determinará el Juez de la causa.
Art. 50. Refórmase el artículo 185 de la manera siguiente:
Corrección de error en la declaración. Declaración Sustituta
Artículo 185. La Administración Tributaria procederá a proponer dentro del plazo de
caducidad, que se corrijan los errores en que haya incurrido el contribuyente en la declaración
tributaria respectiva.
La propuesta de corrección referida procederá efectuarla únicamente cuando como resultado
de la misma se aumente el valor de impuesto a pagar o se disminuya el saldo a favor.
Para ese efecto, la Administración Tributaria formulará propuesta de declaración sustituta,
en la que hará constar los datos e información que conforme a sus registros informativos sea
la correcta.
Dicha declaración sustituta la hará del conocimiento del contribuyente y la remitirá a
éste, junto a carta de exhorto en la que se detallen y expliquen las razones que motivan la
propuesta de declaración sustituta, los rubros declarados en los que se encuentra el error, y
las sumas complementarias principales y accesorias que resultan de los mismos, o el saldo a
favor declarado de más, según corresponda.
El contribuyente contará con el plazo de quince días hábiles y perentorios contados a
partir del día siguiente al de la recepción de la propuesta de la declaración sustituta y carta de
exhorto, para ser escuchado y presentar las pruebas que convengan a su derecho, o presentar
la declaración modificatoria respectiva.
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Vencido dicho plazo, la Administración Tributaria dejará constancia del resultado de dicho
proceso y lo hará del conocimiento del contribuyente.
La Administración Tributaria, podrá ejercer válidamente de manera posterior al procedimiento
de corrección de error, pero dentro del plazo de caducidad, sus facultades de fiscalización,
principalmente en aquellos casos en los que el contribuyente no se allanó a la propuesta.
Art. 51. Adiciónase al final del artículo 186 un inciso de la manera siguiente:
En los casos que no sea requisito el agotamiento de la vía administrativa, que sean
remitidos a la Fiscalía General de la República para que se investigue la comisión de delitos
de defraudación al Fisco y se ventilen en sede judicial, las garantías procesales de audiencia
y de defensa se concederán ante el Juez de la causa, en los términos y bajo los alcances que
la normativa Procesal Penal establezca.
Art. 52. Refórmase el Artículo 195, de la siguiente manera:
Artículo 195. Los incrementos patrimoniales no justificados y los gastos efectuados
por el sujeto pasivo sin justificar el origen de los recursos, constituyen renta obtenida para
efectos del Impuesto Sobre la Renta.
En materia de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios,
los incrementos patrimoniales no justificados y los gastos efectuados por el sujeto pasivo sin
justificar el origen de los recursos se presumirá que provienen de transferencias o prestaciones
de servicios gravadas omitidas de declarar en los períodos tributarios incluidos en el ejercicio
comercial, cuando el contribuyente tenga por giro o actividad la transferencia de bienes o
prestación de servicios afectos a dicho impuesto, en razón de lo cual la Administración Tributaria
podrá liquidar de oficio el impuesto original o complementario correspondiente.
Para los impuestos cuyo hecho generador es la producción, se presumirá que los incrementos
patrimoniales no justificados y los gastos efectuados por el sujeto pasivo sin justificar el origen
de los recursos constituyen producción dejada de declarar que ha sido vendida, en la que se
ha omitido pagar el impuesto ad-valorem y específico, según corresponda.
La atribución de los hechos generadores como resultado del incremento patrimonial se
efectuará de la siguiente manera:
a) Para el Impuesto Sobre la Renta se atribuirá, en el ejercicio o período de imposición
en que se determine.
b) Para el Impuesto a la Transferencia de Bienes y a la Prestación de Servicios, se
atribuirá para cada uno de los períodos tributarios mensuales que formen parte
del periodo o ejercicio comercial en que se determine, en forma proporcional a
las transferencias o prestaciones de servicios gravadas declaradas, registradas
o documentados por período tributario, para lo cual se aplicará un factor que
se obtendrá dividiendo las transferencias o prestaciones de servicios gravadas
omitidas entre la sumatoria de las transferencias o prestaciones de servicios
gravadas declaradas, registradas o documentadas por el contribuyente en el año
calendario en el que se identificó el incremento patrimonial injustificado.

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c) Para los Impuestos a las Bebidas Alcohólicas, Bebidas Gaseosas Simples o Endulzadas
y Cigarrillos, se atribuirá para cada uno de los períodos tributarios mensuales que
formen parte del ejercicio comercial o período en el cual se determine, en forma
proporcional, de acuerdo a los procedimientos siguientes:
1) Se determinarán los precios promedios de venta por tipo de producto en
el ejercicio o período de imposición, los cuales se obtendrán dividiendo
los montos de venta sin incluir IVA documentados o registrados, entre las
unidades por tipo de producto vendidas, registradas o documentadas.
2) Se establecerá un factor que resultará de la división de los valores de
incremento patrimonial o gastos no justificados entre el total de las ventas
netas de IVA de los diferentes tipos de productos del ejercicio comercial
o período.
3) Se aplicará el factor a que se refiere el numeral anterior, sobre las ventas
netas de IVA por tipo de producto declaradas, registradas o documentadas
en el ejercicio comercial o período, el resultado constituirá el monto de
la producción no declarada por tipo de producto que ha sido vendida.
4) Se obtendrán las unidades no declaradas por tipo de producto, dividiendo
el resultado del numeral 3 entre los precios promedios de venta por tipo
de producto del ejercicio comercial o periodo.
5) Se dividirán las unidades no declaradas entre las unidades producidas
declaradas, registradas o documentadas en el ejercicio o período de
imposición, por tipo de producto, obteniendo como resultado factor por
tipo de producto para imputar las unidades no declaradas. En el caso que
el sujeto pasivo sea importador el factor se obtendrá de igual manera,
dividiendo las unidades no declaradas entre las unidades importadas en
el ejercicio comercial o período, por tipo de producto.
6) El factor por tipo de producto se aplicará para las unidades importadas o
producidas declaradas, registradas o documentadas por período tributario
mensual, imputándose de esta manera las unidades no declaradas a
los períodos tributarios mensuales respectivos. Para el caso de sujeto
pasivo importador las unidades no declaradas imputadas se considerarán
importadas en los primeros cinco días del período tributario mensual al
que se imputan.
7) A las unidades no declaradas determinadas conforme al procedimiento
establecido en este artículo se calculará la base imponible y se aplicará
la tasa o alícuota correspondiente, de conformidad a lo que establecen
las leyes de los Impuestos a las Bebidas Alcohólicas, Bebidas Gaseosas
Simples o Endulzadas y Cigarrillos, según el caso.
Cuando se trate de impuestos que corresponda liquidarlos a la Dirección General de la
Renta de Aduanas, la Administración Tributaria remitirá a dicha Dirección la información y
documentación pertinente, para que ésta en el ejercicio de sus facultades realice la liquidación
de impuestos a que haya lugar.
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Concluidas las diligencias administrativas de tasación de impuestos sin que haya sido
justificado el incremento patrimonial, se informará dicha circunstancia a la Unidad de Investigación
Financiera de la Fiscalía General de la República.
Art. 53. Intercálase entre el artículo 199 y el artículo 200, dos artículos, el 199-A y
el 199-B de la manera siguiente:
ESTIMACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE
Artículo 199-A. Se faculta a la Administración Tributaria para efectuar la estimación
de la base imponible del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
Servicios, si por cualquier razón el precio de la transferencia de bienes muebles corporales o
el monto de la remuneración de la prestación de servicios no fueren fidedignos o resultaren
inferiores o superiores al corriente de mercado, sea que se trate de bienes gravados, exentos
o no afectos al referido impuesto, respectivamente, o no se hubieran emitido los documentos a
que se refiere este Código o las leyes tributarias correspondientes, o el valor de las operaciones
no estuviere determinado o no fuere o no pudiere ser conocido.
La misma facultad tendrá la Administración Tributaria para establecer el crédito fiscal,
cuando el precio de la adquisición de los bienes o contraprestación de los servicios recibidos,
sea superior al corriente de mercado.
Para efectos del Impuesto sobre la Renta, la Administración Tributaria podrá valorar a
precios de mercado las operaciones para determinar la renta y deducciones, cuando éstas
resulten ser inferiores o superiores a los precios de mercado.
Lo dispuesto en este artículo será aplicable cuando los valores establecidos por los
contribuyentes resulten inferiores o superiores al valor de mercado, o no se hubieran emitido
los documentos a que se refiere este Código o las leyes tributarias correspondientes, o el valor
de las operaciones no estuviere determinado o no fuere o no pudiere ser conocido, originando
impago de impuestos, un saldo a favor superior al que le corresponde, una tributación inferior,
un diferimiento en la tributación, o la reclamación de un beneficio o incentivo fiscal superior
al que corresponde.
PRECIO DE MERCADO
Artículo 199-B. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior se entenderá por
precio de mercado en las operaciones locales, el precio de venta que tengan los bienes o
servicios, en negocios o establecimientos ubicados en el país no relacionados con el fiscalizado,
que transfieran bienes o presten servicios de la misma especie.
En transferencias de bienes o prestaciones de servicios al exterior el precio de mercado
lo constituirá, el precio al que otros sujetos distintos al fiscalizado y no relacionados con éste
hayan transferido bienes o prestado servicios de la misma especie, desde El Salvador al mismo
país de destino.
En el caso de las importaciones el precio de mercado lo constituirá, el precio que tengan
los bienes o servicios de la misma especie en negocios o establecimientos no relacionados
con el sujeto fiscalizado, en el país en el que haya sido adquirido el bien o el servicio, más los
costos o gastos de transporte, cuando proceda.

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Para establecer el precio de mercado, cuando haya más de tres oferentes de los bienes
o servicios, bastará para efectos determinativos, la información de precios de tres oferentes,
de los cuales se adoptará para esos fines un precio promedio.
Cuando en el mercado nacional o internacional, según sea el caso, existieren menos de
tres oferentes de esos bienes o servicios, bastará para efectos determinativos la información
de precios de los oferentes existentes, o por lo menos uno de ellos. En el primer caso citado
se adoptará el precio promedio y en el segundo, el del único oferente.
En ningún caso, podrá incluirse al sujeto fiscalizado ni a sujetos relacionados con éste,
entre los oferentes cuyos precios se adoptaran como base de la determinación del precio de
mercado; de hacerse, por no haber podido apreciarse la relación con el sujeto fiscalizado, no
se invalidará la actuación de la Administración Tributaria.
Si por cualquier razón, el precio de mercado no pudiere determinarse, la Administración
Tributaria lo establecerá adoptando el precio o el monto de las contraprestaciones que el
contribuyente fiscalizado haya recibido de adquirentes de bienes o prestatarios de servicios
no relacionados distintos a aquellos a los que transfirió bienes o prestó servicios a un precio
inferior o superior al de mercado.
Para efectos de lo dispuesto en este artículo se entenderá como sujetos relacionados aquellos
que tienen vinculación económica mediante una relación de dirección, subordinación, control,
societaria, empresarial o accionaria, exista o no participación en el capital entre ellos.
Art. 54. Refórmase el artículo 218 de la manera siguiente:
Actos que requieren constancia de solvencia del contribuyente o autorización
Artículo 218. Se requiere estar solvente o autorizado previamente por la Administración
Tributaria para:
a) La inscripción en el Registro de Comercio de los acuerdos y las escrituras públicas
de fusión o de liquidación de sociedades así como la Inscripción de la modificación,
disolución o liquidación de sociedades;
b) La participación en licitaciones para el suministro de mercaderías o servicios al
Gobierno Central, Municipalidades y Entidades Autónomas;
c) Optar a desempeñarse como funcionario público. El reglamento determinará qué
debe entenderse por funcionario público para los efectos de este artículo.
d) Inscribir en cualquier registro público de inmuebles o de derechos reales constituidos
sobre ellos, así como para el registro de marcas, patentes u otros derechos de
propiedad intelectual;
e) Solicitar créditos bancarios, tarjetas de crédito o cualquier modalidad de
financiamiento que otorguen las instituciones sujetas a supervisión de la
Superintendencia del Sistema Financiero;
f) Hacer efectivas las devoluciones tributarias autorizadas;
Cuando la solvencia a que hace referencia esta disposición sea requerida para fusión,
disolución o liquidación de sociedades, previa a su emisión, la Administración Tributaria
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ejercerá su facultad de fiscalización a fin de establecer si la contribuyente social ha pagado
correctamente sus impuestos. Si del ejercicio de las facultades de fiscalización de conformidad
a éste Código resultare impago de impuesto, no se emitirá solvencia si éste no es pagado o
debidamente garantizado.
Art. 55. Refórmase el inciso segundo del artículo 219, de la manera siguiente:
La constancia de solvencia se expedirá, cuando no existan declaraciones pendientes de
presentar a la Administración Tributaria y no exista deuda tributaria pendiente de pago. En
los casos de declaraciones presentadas que no reporten operaciones, que presenten saldos a
favor o que contengan pago de impuesto desproporcional al flujo normal de operaciones del
contribuyente, la Administración Tributaria previo a la emisión de la constancia de solvencia o
de la autorización, tendrá la facultad para comprobar la veracidad de la información contenida
en las declaraciones, para efectos de determinar la procedencia o no de la solicitud formulada.
Lo anterior sin perjuicio del derecho de fiscalización que le compete a la Administración
Tributaria.
Art. 56. Refórmase el artículo 220 de la manera siguiente:
Artículo 220. En los actos y contratos que impliquen, a cualquier título, la transferencia
de dominio o la constitución de derechos reales sobre inmuebles y en las escrituras públicas
de constitución, modificación, transformación, fusión, disolución y liquidación de sociedades de
cualquier clase, el funcionario ante quien se otorguen deberá relacionar en dicho instrumento
la solvencia de toda deuda tributaria por parte del vendedor o quien transfiere los bienes,
extendida por la Administración Tributaria.
Art. 57. Refórmase el inciso segundo del artículo 228 de la manera siguiente:
Cuando las disposiciones legales contenidas en la Sección Tercera de este Capítulo hagan
referencia a la expresión salario mínimo o salario mínimo mensual, como base para la imposición
de sanciones, cualquiera que sea la actividad económica del sujeto pasivo y su ubicación en
el territorio de la República, se entenderá que se hace referencia al valor que corresponda al
equivalente a treinta días del salario mínimo por jornada ordinaria de trabajo diario diurno
fijado mediante decreto emitido por el Órgano Ejecutivo para los trabajadores del comercio.
Art. 58. Refórmase el Artículo 237, de la siguiente manera:
Artículo 237. Constituyen incumplimiento con relación a la obligación de informar,
actualizar dirección e informar cambio de dirección para recibir notificaciones:
a) No fijar o no informar lugar para recibir notificaciones por medio de formulario
respectivo o en declaración de Impuesto Sobre la Renta o de Impuesto Sobre
Transferencia de Bienes Raíces. Sanción: Multa de nueve salarios mínimos
mensuales;
b) No informar o Informar fuera del plazo correspondiente, el cambio o actualización
de lugar o dirección para recibir notificaciones mediante formulario respectivo.
Sanción: Multa de nueve salarios mínimos mensuales;

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c) No informar o informar fuera del plazo correspondiente, el cambio de lugar o
dirección para recibir notificaciones, por el apoderado designado para tal efecto,
por medio de escrito. Sanción: Multa de cinco salarios mínimos mensuales;
d) No informar el cambio efectivo de domicilio, lugar o dirección para recibir
notificaciones. Sanción: Multa de nueve salarios mínimos mensuales; y,
e) Fijar o informar un lugar, dirección o domicilio para recibir notificaciones,
falso, inexistente o incompleto. Sanción: Multa de nueve salarios mínimos
mensuales.
Art. 59. Refórmanse los literales e) y f) del Artículo 238 de la siguiente manera:
e) Presentar la declaración tributaria sin consignar datos o información, establecida
en los literales a), b), c), d) y g) del Artículo 95 de este Código o consignarla en
forma inexacta o incompleta. Sanción: Multa de dos salarios mínimos mensuales;
y,
f) Presentar la declaración tributaria del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios, sin consignar los datos o información
establecida en el Artículo 115-A, o consignarla en forma inexacta o incompleta.
Sanción: Multa de cuatro salarios mínimos mensuales.
Art. 60. Intercálase entre el artículo 238 y el artículo 239 el Artículo 238-A, de la manera
siguiente:
Artículo 238-A. Constituyen incumplimientos con relación a la obligación de presentar
el balance general, estado de resultados o estado de ingresos y gastos, correspondiente al
ejercicio o período de imposición relativo a la declaración de Impuesto Sobre la Renta:
a) Omitir presentar el balance general, estado de resultados o estado de ingresos
y gastos, las conciliaciones o justificantes. Sanción: Multa del cero punto cinco
por ciento sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance general
menos el superávit por revalúo de activos no realizado, la que no podrá ser inferior
a un salario mínimo mensual.
b) No presentar dentro del plazo legal establecido el balance general, estado de
resultados o estado de ingresos y gastos, las conciliaciones o justificantes. Sanción:
Multa del cero punto dos por ciento sobre el patrimonio o capital contable que
figure en el balance general menos el superávit por revalúo de activos no realizado,
la que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual.
c) Presentar con datos incompletos o sin los requisitos que disponga la Administración
Tributaria en los formularios, el balance general, estado de resultados o estado de
ingresos y gastos, las conciliaciones o justificantes. Sanción: Multa del cero punto
dos por ciento sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance
general menos el superávit por revalúo de activos no realizado, la que no podrá
ser inferior a un salario mínimo mensual.
d) No coincidir los rubros de la declaración de Impuesto Sobre la Renta o del Balance
General, con las anotaciones efectuadas en los libros legales, auxiliares o especiales
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y con los comprobantes o justificantes legales que respaldan los asientos. Sanción:
Multa del cero punto dos por ciento sobre el patrimonio o capital contable que
figure en el balance general menos el superávit por revalúo de activos no realizado,
la que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual.
e) Presentar el balance general, estado de resultados o estado de ingresos y gastos,
a instituciones financieras o a registros públicos con cifras diferentes total o
parcialmente de los presentados a la Administración Tributaria. Sanción: Multa
del cero punto dos por ciento sobre el patrimonio o capital contable que figure
en el balance general menos el superávit por revalúo de activos no realizado, la
que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual.
El patrimonio o capital contable a que alude este artículo, se tomara del balance general
que obtenga, disponga, establezca o determine por cualquier medio la Administración Tributaria
con base a las disposiciones del presente Código o las leyes tributarias. Cuando no exista
balance general o no sea posible establecer el patrimonio, se aplicará la Sanción de nueve
salarios mínimos.
Art. 61. Adiciónase al literal a) del artículo 239 un inciso, y reformase el literal f) de
dicho artículo, de la siguiente manera:
Igual sanción se aplicará cuando los valores consignados en los documentos emitidos por
los contribuyentes no coincidan con los documentos en poder de los adquirentes de bienes o
prestatarios de servicios.
f) Mantener Máquinas Registradoras o Sistemas para control interno en los
establecimientos en que tengan Máquinas Registradoras autorizadas, o emitir
Factura Simplificada en establecimientos o negocios sin estar obligado por este
Código para su utilización. Sanción: Multa de cinco salarios mínimos mensuales
por cada Máquina registradora o Sistema no autorizado. Lo anterior sin perjuicio
de la sanción a que hubiere lugar por emitir documentos sin cumplir los requisitos
establecidos por este Código.
Art. 62. Refórmanse los literales a) y c) del Artículo 240 de la siguiente manera:
a) Emitir el comprobante de crédito fiscal que respalde la contratación del servicio
de impresión de los documentos legales relativos al control del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, sin consignar en
dicho comprobante los requisitos y especificaciones previstos en los literales a),
b) y d), del Artículo 116 de este Código; así como no conservar el comprobante
de crédito fiscal con la documentación establecida en el literal d) del Artículo
116, por el plazo establecido en el Artículo 147 de este Código. Sanción: Multa
de cuatro salarios mínimos mensuales;
c) No remitir, remitir fuera del plazo estipulado, remitir en forma incompleta mediante
medios físicos, magnéticos o transmisión en línea o electrónica hacia el servidor
de la Administración Tributaria, el listado de clientes de contribuyentes inscritos
del Impuesto a la Transferencia de Bienes y a la Prestación de Servicios a quienes
hubiere elaborado los documentos legales a que se refiere este Código o las leyes
tributarias, y los demás datos o aspectos relacionados con la impresión de dichos
documentos. Sanción: Multa de cuatro salarios mínimos mensuales.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art. 63. Refórmase el artículo 241 de la manera siguiente:
Incumplimiento de la obligación de informar
Artículo 241. Constituye incumplimiento con relación a la obligación de informar:
a) Negarse a proporcionar, no proporcionar u ocultar los datos, informes, antecedentes
o justificantes que sean requeridos por la Administración Tributaria sobre hechos
que esté obligado a conocer, sea con relación a sus propias actividades o de terceros
relacionados con las operaciones realizadas con los sujetos pasivos. Sanción: Multa
del cero punto cinco por ciento sobre el patrimonio o capital contable que figure
en el balance general menos el superávit por revalúo de activos no realizado, la
que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual;
b) Presentar o proporcionar fuera del plazo legal o de los plazos otorgados por
la Administración en sus requerimientos los datos, informes, antecedentes o
justificantes. Sanción: Multa del cero punto cinco por ciento sobre el patrimonio o
capital contable que figure en el balance general menos el superávit por revalúo de
activos no realizado, la que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual;
c) Presentar o proporcionar los datos, informes, antecedentes o justificantes sin
cumplir con los requisitos y especificaciones establecidas por el presente Código
y las leyes tributarias o requeridas por la Administración Tributaria o suministrarla
por medios distintos de los establecidos por ellas. Sanción: Multa del cero punto
cinco por ciento sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance
general menos el superávit por revalúo de activos no realizado, la que no podrá
ser inferior a un salario mínimo mensual;
d) Presentar o proporcionar a la Administración Tributaria los datos, informes,
antecedentes o justificantes falsos, inexistentes, incompletos, alterados o
simulados. Sanción: Multa del cero punto cinco por ciento sobre el patrimonio o
capital contable que figure en el balance general menos el superávit por revalúo de
activos no realizado, la que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual;
e) No remitir, remitir en forma extemporánea o remitir sin las especificaciones
contenidas en este Código o que disponga la Administración Tributaria en sus
formularios, el informe de sujetos de retención del Impuesto Sobre la Renta o el
informe de sujetos a retención, anticipo o percepción del Impuesto a la Transferencia
de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, ya sea por medios manuales,
magnéticos o electrónicos. Sanción: Multa del cero punto uno por ciento sobre el
patrimonio o capital contable que figure en el balance general menos el superávit
por revalúo de activos no realizado, la que no podrá ser inferior a un salario mínimo
mensual. Igual Sanción aplicará para los contribuyentes que no remitan, remitan
en forma extemporánea o remitan sin las especificaciones establecidas en este
Código el informe de los sujetos que le aplicaron retenciones, percepciones o
anticipos del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
Servicios;
f) No dar aviso, o presentar aviso fuera del plazo legal, de la pérdida o inutilización
de los libros de contabilidad, registros especiales, archivos, documentación de
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Parte II

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respaldo, libros o registros del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y
a la Prestación de Servicios, documentos legales que establece este Código; así
como no presentar o presentar fuera del plazo establecido por la Administración
Tributaria los documentos legales que no se utilizarán, para su destrucción y
anulación. Sanción: Multa de cuatro salarios mínimos mensuales;
g) No transmitir, transmitir fuera del plazo establecido por la Administración o la
ley, Transmitir incompleto o sin cumplir la forma o alcances establecidos por la
Administración, en línea o electrónicamente hacia el servidor de la Administración,
la información de cada transferencia de bienes o prestación de servicios que
realicen, la información de las anotaciones de los registros contables o de los libros
de control del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación
de Servicios. Sanción: Multa equivalente al cero punto cinco por ciento sobre el
patrimonio o capital contable que figure en el balance general menos el superávit
por revalúo de activo no realizado y la revocatoria de la resolución emitida por
la Administración para los sujetos a quienes hubiere autorizado la emisión de
documentos electrónicos;
h) No remitir, remitir en forma extemporánea, o remitir sin cumplir con las
especificaciones contenidas en el Artículo 124 de este Código a la Administración
Tributaria, el informe sobre distribución de utilidades o el listado de las personas
que tengan la calidad de socio, accionista o cooperado. Sanción: Multa del cero
punto uno por ciento sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance
general menos el superávit por revalúo de activos no realizado, la que no podrá
ser inferior a un salario mínimo mensual; e,
i) No remitir, remitir en forma extemporánea o remitir sin las especificaciones
contenidas en este Código o que disponga la Administración Tributaria en sus
formularios, el informe sobre las diferencias que se presenten entre el Estado
de Resultados y declaración de Impuesto Sobre la Renta, a que se refiere el
Artículo 120-B de este Código. Sanción: Multa del cero punto uno por ciento
sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance general menos el
superávit por revalúo de activos no realizado, la que no podrá ser inferior a un
salario mínimo mensual. Igual sanción se aplicará a lo sujetos que incumplan la
obligación establecida en el Artículo 120-A de este Código.
El Balance General del que se tomará el patrimonio o capital contable, a que aluden los
literales a), b), c), d), e), g), h), así como del literal i) de este artículo deberá corresponder
al efectuado al cierre del año, así:
1) Cuando la obligación, esté relacionada con datos, informes, antecedentes o
justificantes, de períodos tributarios mensuales o de períodos o ejercicios de
imposición, ya sean totales o parciales de un año calendario concluido, el balance
que se tomará para el cálculo de la sanción corresponderá al del cierre de dicho
año calendario.
2) Cuando la obligación, esté relacionada con datos, informes, antecedentes o
justificantes, de períodos tributarios mensuales, ya sean totales o parciales de
un año calendario no concluido, el balance que se tomará para el cálculo de la
sanción corresponderá al del cierre del año calendario inmediato anterior.

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
El patrimonio o capital contable, se tomara del balance general que obtenga, disponga,
establezca o determine por cualquier medio la Administración Tributaria con base a las
disposiciones del presente Código o las leyes tributarias. Cuando no exista balance general
o no sea posible establecer el patrimonio o capital contable, se aplicará la sanción de nueve
salarios mínimos.
Art. 64. Adiciónense los literales i), j) y k) al artículo 244 de la siguiente manera:
i) No solicitar asignación y autorización de la numeración correlativa y series, en su
caso, de la impresión de documentos señalados en los artículos 107, 108, 109,
110, 112 y 113 de este Código; no presentar, presentar fuera del plazo o
en forma incompleta el estado de origen y aplicación de fondos. Sanción: Multa
equivalente al cero punto cinco por ciento sobre el patrimonio o capital contable
que figure en el balance general menos el superávit por revalúo de activo no
realizado, la que no podrá ser inferior a cuatro salarios mínimos mensuales. En
cuanto al Balance General a que alude este literal, también le será aplicable lo
dispuesto en el inciso final de este artículo.
j) No entregar, entregar fuera del plazo establecido en este Código, entregar sin
cumplir requisitos legales o con datos incompletos, constancia de retención del
Impuesto Sobre la Renta. Sanción: Multa de un salario mínimo mensual por
constancia de retención de Impuesto Sobre la Renta.
k) No relacionar la solvencia de impuestos en los instrumentos públicos en que
corresponda; no solicitar la asignación y autorización de la numeración correlativa
señalada en el artículo 32 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta; no presentar,
presentar fuera del plazo o en forma incompleta el informe de donaciones. Sanción:
Multa de cuatro salarios mínimos mensuales.
Art. 65. Adiciónase al Artículo 245 el literal f) de la manera siguiente:
f) No exhibir o presentar ante los auditores, notificadores, fedatarios o ante cualquier
delegado de la Administración Tributaria el documento de identificación respectivo.
Sanción: arresto por un lapso de hasta 5 días con participación de la Policía
Nacional Civil.
Art. 66. Refórmanse los literales a) y b) del Artículo 248, de la siguiente manera:
a) Omitir presentar el Dictamen e Informe Fiscal, los estados financieros,
conciliaciones tributarias e información suplementaria, habiendo sido nombrado
por el contribuyente. Se considera no presentado el Dictamen e Informe Fiscal
después de haber transcurrido un año contado partir el día siguiente del plazo
legal para su presentación. Sanción: Multa de doce salarios mínimos mensuales.
Sin perjuicio de presentar tales documentos dentro del plazo que establezca la
Administración.
b) Presentar el Dictamen e Informe Fiscal, los estados financieros, conciliaciones
tributarias e información suplementaria, fuera del plazo legal o del establecido
por la Administración Tributaria en su requerimiento. Sanción: Multa de nueve
salarios mínimos mensuales.
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Art. 67. Refórmase el Artículo 249 de la siguiente manera:
Incumplimientos a la Obligación de nombrar, informar nombramiento y
proporcionar información al auditor para emitir dictamen e informe fiscal.
Artículo 249. Constituyen incumplimientos con relación a la obligación de nombrar,
informar nombramiento y proporcionar información al Auditor para emitir dictamen e informe
fiscal:
a) No nombrar Auditor para emitir dictamen e informe fiscal o nombrarlo fuera del
plazo legal. Sanción: Multa del cero punto cinco por ciento sobre el patrimonio o
capital contable menos el superávit por revalúo no realizado, la que no podrá ser
inferior a cuatro salarios mínimos mensuales;
b) No informar el nombramiento o renuncia del Auditor, o informarlo fuera del plazo
legal. Sanción: Multa del cero punto uno por ciento sobre el patrimonio o capital
contable menos el superávit por revalúo no realizado, la que no podrá ser inferior
a cuatro salarios mínimos mensuales; y,
c) No suministrar, suministrar en forma incompleta, la Información que establece el
Artículo 133 de este Código al Auditor nombrado para emitir dictamen e informe
fiscal. Sanción: Multa del cero punto uno por ciento sobre el patrimonio o capital
contable menos el superávit por revalúo no realizado, la que no podrá ser inferior
a cuatro salarios mínimos mensuales.
El valor del patrimonio o capital contable a que alude este artículo, corresponderá al
del balance general del cierre del año inmediato anterior al del período que está obligado el
contribuyente a nombrar auditor, que obtenga, disponga, establezca o determine por cualquier
medio la Administración Tributaria con base a las disposiciones del presente Código o las leyes
tributarias. Cuando no exista balance general o no sea posible establecer el patrimonio, se
aplicará la Sanción de nueve salarios mínimos mensuales.
Art. 68. Refórmase el inciso final del artículo 254 de la manera siguiente:
Las conductas que deriven en el cometimiento del delito de evasión de impuestos en los que
no sea requisito agotar la vía administrativa, serán sancionadas judicialmente atendiendo a lo
previsto en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. Los casos que no sean constitutivos
de delitos se tramitarán conforme a las reglas establecidas en este Código.
Art. 69. Refórmase el artículo 256 de la manera siguiente:
Sanción
Artículo 256.La ocurrencia de la infracción señalada en el numeral 1) del artículo
anterior será sancionada con la multa que establece el artículo 173-A de este Código. Las
infracciones señaladas en los numerales 2) y 3) serán sancionadas por la autoridad competente
con decomiso de la mercadería, productos y demás efectos utilizados en la comisión de la
infracción.

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Art. 70. Refórmanse los incisos tercero y cuarto del artículo 257 e intercalase entre los
incisos sexto y séptimo de dicho artículo un inciso, de la manera siguiente:
Cuando la infracción se haya cometido en una o más de las empresas, establecimientos,
locales, negocios u oficinas del contribuyente, la sanción se aplicará únicamente en aquella
o aquellas en que se haya cometido la infracción, salvo cuando por cualquier causa, no
pudiere ejecutarse la sanción de cierre decretada por el Juez en el lugar en el que se cometió
la infracción, caso en el cual, a solicitud de la Fiscalía General de la República, el Juez de
la causa podrá ordenar el cierre de cualquier otro negocio o establecimiento en el que el
contribuyente infractor realice actividades económicas, sin que ello requiera que el proceso
se inicie nuevamente.
En caso de reincidencia la Administración Tributaria certificará los antecedentes y las
pruebas que amparen la reincidencia, lo remitirá a la Fiscalía General de la República, para que
ésta solicite al Juez de lo Civil o en su defecto al Juez que tenga competencia en materia civil
de la jurisdicción en la que se cometió la infracción, que proceda a la imposición de la sanción
del cierre temporal del establecimiento, empresa, local, negocio u oficina. El juez dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la certificación de los antecedentes, las
pruebas que sustenten la reincidencia y la solicitud de cierre, fijará audiencia para escuchar a
las partes y recibir las pruebas pertinentes, al finalizar la audiencia el juez dictará de manera
inmediata la resolución respectiva.
Si con posterioridad a la imposición y ejecución de la sanción de cierre temporal, la Administración
Tributaria constata que dicho contribuyente ha incurrido nuevamente en la infracción de no
emitir o de no entregar factura o documento equivalente legal autorizado, la sanción de cierre se
decretará por un plazo de veinte a treinta días continuos, cada vez que se compruebe un nuevo
incumplimiento. El trámite a seguir en estos casos para la Administración Tributaria, Fiscalía
General de la República y Juez competente será el mismo aplicado para proceder a la sanción de
cierre en casos de reincidencia, previsto en el inciso cuarto de este artículo.
Art. 71. Refórmase el inciso primero del artículo 260 de la siguiente manera:
Las sanciones aisladas que por infracciones a las normas contenidas en este Código y
demás leyes tributarias deba imponer la Administración Tributaria, se decretarán previo el
cumplimiento del procedimiento establecido en esta disposición, salvo la sanción de arresto en
que se aplicará la Ley de Procedimiento para la Imposición del Arresto o Multa Administrativos,
contenida en el Decreto Legislativo No. 457, de fecha uno de marzo de 1990, publicado en el
Diario Oficial No. 70, Tomo No. 306 del 21 de marzo de 1990.
Art. 72. Refórmanse el numeral 1) del artículo 262, de la siguiente manera:
1) Cuando exista reincidencia. Se entenderá que hay reincidencia cuando el infractor
sancionado por sentencia o resolución firme, incurre nuevamente en infracción
respecto de la misma obligación dentro del plazo de tres años contado a partir del
día siguiente a aquel en que adquiera estado de firmeza la resolución mediante
la cual la Administración Tributaria impuso la primera sanción. En los casos de
sanciones pecuniarias que no tengan señalada una sanción específica por razones
de reincidencia, la sanción se incrementará en un setenta y cinco por ciento y en el
caso de incumplimientos constatados por Fedatario se aplicará por la reincidencia
la sanción de cierre; y,
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Art. 73. Intercálase entre el artículo 262 y 263 el artículo 262-A con el texto
siguiente:
Reglas para la imposición de sanciones por cumplimiento extemporáneo
Artículo 262-A. Las obligaciones legales que no sean cumplidas dentro de los plazos
concedidos por la Administración Tributaria o en los establecidos en las leyes tributarias
respectivas y cuya sanción corresponda imponer a la Administración Tributaria se regirán por
las reglas siguientes:
1) Cuando el retardo no sea mayor a diez días, la sanción a aplicar corresponderá
al treinta y cinco por ciento del monto de la multa estipulada para la infracción;
2) Si se presenta con retardo de mas de diez días, pero no mayor de veinte días,
se aplicará el cincuenta por ciento del monto de la multa establecida para la
infracción;
3) Si el retardo es superior a veinte días, pero no mayor de treinta días, se aplicará
el setenta y cinco por ciento del monto de la multa establecida para la infracción;
y,
4) Si el retardo es mayor de treinta días, se aplicará el cien por ciento de la multa
establecida para la infracción.
En ningún caso la sanción a imponer podrá ser inferior a cinco salarios mínimos mensuales.
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 261 de este Código.
Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a la presentación de declaraciones
extemporáneas, las cuales se regirán por lo dispuesto en el artículo 238 de este Código.
Art. 74. Refórmase el Artículo 267, de la siguiente manera:
Artículo 267. Transcurridos los términos señalados por las Leyes correspondientes para
el pago del impuesto y accesorios, sin que el mismo se hubiere efectuado, la Administración
Tributaria por medio de la Dirección General de Tesorería procederá al cobro de las deudas
tributarias de acuerdo a lo establecido en este Título.
Los mandamientos de pago deberán ser emitidos y enviados a la Dirección General de
Tesorería por la Dirección General de Impuestos Internos dentro del plazo de quince días
hábiles siguientes de haber adquirido firmeza la deuda tributaria respectiva.
Art. 75. Refórmase el inciso primero del Artículo 268, de la siguiente manera:
Artículo 268. Los créditos tributarios podrán satisfacerse sobre todos los bienes del
deudor o responsable solidario y tendrán carácter de crédito preferente en cuanto concurra
con otros acreedores, con excepción de las pensiones alimenticias determinadas por sentencia
ejecutoriada, los salarios y prestaciones sociales, prenda, hipoteca u otro derecho real
debidamente inscrito en el Registro Público correspondiente con anterioridad a la fecha en que
se haga constar en el mismo el derecho del Fisco.

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art. 76. Adiciónese un literal f) al Artículo 269 de la siguiente manera:
f) Las certificaciones de cuenta corriente tributaria que sobre la existencia y cuantía
de la deuda expida la Administración Tributaria.
Art. 77. Refórmase el Artículo 270 por el siguiente:
Procedimiento para el cobro de la mora
Artículo 270. Verificado que se han incumplido los términos o plazos señalados en
las leyes correspondientes para el pago de las obligaciones o deudas tributarias, se deberá
realizar el procedimiento de cobro, de la manera siguiente:
a) La Administración Tributaria por medio de la Dirección General de Tesorería requerirá
al deudor o responsable solidario, el pago de la deuda tributaria otorgándole para
tal efecto un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de
la notificación del respectivo requerimiento.
Para efectos de notificar el requerimiento anterior se observarán las reglas de notificación
que resulten aplicables establecidas en los artículos 90, 165 y 165-A de este Código.
Si el sujeto pasivo o el responsable solidario en el plazo concedido no puede hacer efectivo
el pago de la totalidad de la deuda, pero manifiesta su voluntad de cumplir con su obligación
tributaria y dicha deuda corresponde al Impuesto sobre la Renta, contará con el plazo de 5
días hábiles adicionales a los 10 originalmente concedidos, para solicitar a la Administración
Tributaria le autorice mediante resolución pagar de la manera siguiente:
Por medio de resolución de pago a plazos. En este caso el plazo para realizar el pago no
podrá exceder de 6 meses continuos y cuando la deuda del ejercicio o periodo de imposición
sea igual o superior a cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá
rendirse fianza por ese mismo plazo, conforme a lo establecido en los artículos 221 y 222 de
este Código.
En todo caso, la concesión de esta medida únicamente podrá ser autorizada una vez por
ejercicio fiscal y no podrá comprender más de un ejercicio o periodo de imposición. Tampoco
podrá prorrogarse.
En tanto no hayan sido pagadas las deudas u obligaciones tributarias garantizadas, no podrá
concederse autorización de pago a plazos para otros periodos o ejercicios de imposición.
La modalidad de pago a plazos, es aplicable únicamente a las deudas autoliquidadas o
liquidadas oficiosamente, provenientes del Impuesto sobre la Renta.
Para efectos de lo dispuesto en este numeral únicamente serán admisibles las garantías
a que se refiere el literal e) del artículo 221 de este Código.
b) Si transcurrido el plazo del requerimiento establecido en el literal anterior, el deudor
o responsable solidario no hubiesen atendido el requerimiento, ni establecido
garantías o asumido por medio de resolución plazos para su pago, la Administración
Tributaria por medio de la Dirección General de Tesorería procederá a solicitar
dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo concedido,
la aplicación de las medidas cautelares que estipula este Código y a certificar la
deuda respectiva, la cual remitirá a la Fiscalía General de la República, para que
ésta inicie el cobro ejecutivo de la misma.
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c) La Administración Tributaria por medio de la Dirección General de Tesorería remitirá
a la Fiscalía General de la República la certificación de la deuda, acompañada de
la siguiente información:
1) Certificación del requerimiento notificado al deudor o responsable solidario
para el pago de la deuda.
2) Certificación de la Resolución o documento mediante el cual se determinó
la obligación tributaria o se impuso la sanción.
3) Certificación de la declaración del correspondiente impuesto en el cual
conste la deuda.
4) Documentación sobre la existencia y situación de los bienes y derechos
del deudor o responsable solidario, que consten en los expedientes y
registros que maneje la Administración, si la hubiere.
5) Lugar señalado, para recibir notificaciones, así como información de otras
direcciones donde se pueda localizar al deudor o responsable solidario,
cuando las haya.
d) La Fiscalía General de la República a más tardar dentro del plazo de tres meses
contados a partir del día siguiente de recibida la información del literal anterior,
deberá investigar y comprobar sobre la existencia y situación de los bienes o
derechos del deudor y responsables solidarios, solicitar las medidas cautelares
correspondientes, e interponer la demanda de juicio ejecutivo ante los tribunales
competentes del país.
La Fiscalía General de la República estará exenta de toda clase derechos o tasas por las
certificaciones o servicios que solicite al Centro Nacional de Registros, u otros Registros Públicos
y a las Municipalidades, para una realización efectiva de sus atribuciones.
Podrá asimismo solicitar a los jueces que nombren como ejecutores de embargo a abogados
empleados de la Administración Tributaria, los cuales bastará para su nombramiento que
acrediten ser abogados debidamente autorizados por la Corte Suprema de Justicia y empleados
de la Administración Tributaria.
La Fiscalía General de la República podrá designar como Fiscales Especiales abogados
empleados de la Administración Tributaria, para el ejercicio de la acción de cobro ejecutivo de
deudas tributarias.
Durante el proceso ejecutivo y antes de haberse decretado embargo, los pagos de las
obligaciones a favor del Estado se efectuarán por mandamiento de pago, emitido por la
Fiscalía General de la República, para que el pago sea realizado en la Dirección General de
Tesorería.
Para facilitar las diligencias en el proceso de cobro ejecutivo la Fiscalía General de la
República podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública por medio de la Policía Nacional Civil
con la sola exhibición de la resolución o diligencia que no haya podido efectuarse por oposición
del deudor, responsables solidarios o de terceros.
Los datos, informes y documentación perteneciente a la Administración Tributaria tiene
carácter de reservada, por lo que las autoridades, funcionarios o empleados que en el
ejercicio de sus cargos tengan conocimiento de la misma deberán guardar estricta reserva,
so pena de ser responsabilizados civil y penalmente conforme a lo dispuesto en este Código
y demás leyes.

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art. 78. Adiciónese el Artículo 270-A, de la siguiente manera:
Acciones a favor del Fisco
Artículo 270-A. Si notificado que fuera el deudor o responsable solidario del requerimiento
para el pago de las obligaciones tributarias en mora, realizare actos y contratos a cualquier
título, colocándose en una situación de insolvencia, dará derecho a que el Fisco, mediante la
Fiscalía General de la República solicite que se rescindan dichos actos y contratos ante el Juez
competente en lo civil o el que la ley establezca competente para conocer de dichos trámites,
en juicio sumario, de conformidad a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles y
lo que este Código establezca.
Se presumirá que el deudor o responsable se coloca en situación de insolvencia cuando
realice enajenaciones de bienes o cesiones de derechos a cualquier título, a favor de su
cónyuge, compañera de vida, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad.
Emitida sentencia por el juez en la que se declaren nulos los actos y contratos, se procederá
inmediatamente al cobro forzoso de las deudas mediante embargo en juicio ejecutivo.
Art. 79. Intercálase entre los artículos 272 y 273 el artículo 273-A de la manera
siguiente:
Acciones de Cobro
Artículo 273-A. La Administración Tributaria para ejercer la acción de cobro de
las deudas tributarias líquidas, firmes y exigibles, podrá realizar cualquiera de las acciones
siguientes:
a) La retención de un porcentaje de hasta el diez por ciento del monto adeudado,
sobre los pagos que los pagadores de las instituciones públicas, municipales y
Órganos del Estado, así como a las personas naturales o jurídicas de carácter
privados, deban realizar a contratistas o subcontratistas, por la ejecución de
obras o prestación de servicios correspondientes, en la parte que corresponda a
las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación.
b) La retención de un porcentaje de hasta el diez por ciento del monto adeudado
sobre los pagos que los pagadores de las instituciones públicas, municipales y
Órganos del Estado, así como a las personas naturales o jurídicas de carácter
privado, deban realizar a profesionales o personas independientes, funcionarios,
directivos o empleados, por el trabajo desarrollado, servicios prestados o ventas
efectuadas, en garantía de las obligaciones tributarias adeudadas al Fisco.
Para efectos de lo dispuesto en este Capítulo la Dirección General de Impuestos Internos
deberá proporcionar la información que la Dirección General de Tesorería requiera.
La obligación de retener la establecerá la Dirección General de Tesorería por medio de
resolución.
Los sujetos a quienes mediante resolución se les ordene efectuar retenciones sobre los pagos
que efectúen, a deudores del Fisco, responderán solidariamente por sus incumplimientos.
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Art. 80. Refórmase el Artículo 274 por el siguiente:
Medidas Cautelares
Artículo 274. La Fiscalía General de la República en la fase de cobro judicial de las
deudas firmes, líquidas y exigibles, podrá solicitar medidas cautelares para asegurar el cobro
de las mismas.
Las medidas cautelares que puede aplicar son las siguientes:
a) Anotación Preventiva de bienes en registros públicos;
b) Inamovilidad de las Cuentas Bancarias; y
c) Cualquier otra que el Código Civil o el Código de Procedimientos Civiles
establezcan.
Dichas medidas se solicitarán ante el Juez con competencia en materia civil, el cual
resolverá sobre la aplicación de la medida, siguiendo las reglas del juicio sumario.
El Fiscal General de la República deberá informar semestralmente a la Administración
Tributaria, los casos correspondientes a deudas tributarias que tiene en proceso, sea que
haya iniciado juicio ejecutivo o no. Dicha información deberá remitirla los primeros quince
días hábiles siguientes a la finalización de los meses de enero y junio de cada año, y deberá
contener cuanto menos la información siguiente: nombre y número de identificación tributaria
del contribuyente, tipo de impuesto adeudado, monto de la deuda, fecha de inicio del
juicio y juzgado en el que se tramita, etapa en la que se encuentra y resultados cuando ya
los hubiere.
Art. 81. Refórmase el Artículo 275, de la siguiente manera:
Ejecución de Garantías
Artículo 275. Vencido el plazo para el cual se constituyó la fianza sin que el pago haya
sido efectuado, la Administración Tributaria, procederá a ejecutarla o hacerla efectiva.
Los funcionarios y empleados de la Administración Tributaria encargada del cobro y
recaudación de impuestos, serán responsables civil y penalmente por la no ejecución de las
garantías, por el incumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 270 literales a) y
b) de este Código y de lo estipulado en los mismos, o cuando dejen prescribir las deudas
tributarias. Asimismo, los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la República serán
responsables civil y penalmente cuando no inicien la acción de cobro respectiva en el plazo
que este Código establece o no realicen el trámite legal para el cobro de las deudas hasta su
finalización.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los funcionarios y empleados de la Fiscalía
General de la República y la Administración Tributaria encargados del cobro de los tributos,
están obligados a realizar trimestralmente un inventario debidamente documentado de los
casos relativos al cobro de deudas tributarias que se encuentren en trámite en las oficinas
bajo su dependencia, lo cual será supervisado por la Corte de Cuentas de la República para
los efectos pertinentes. En caso de cesar en el cargo, será obligación de dichos funcionarios y
empleados entregar a los funcionarios o empleados que les sustituyan un inventario actualizado
con el objeto de dar continuidad a los trámites pendientes.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art. 82. Adiciónense los Artículos 275-A, 275-B y 275-C, de la siguiente manera:
Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria
Artículo 275-A. El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los
casos, será el siguiente:
a) La Administración Tributaria competente en materia de cobro y recaudación,
emitirá acto de declaración de responsabilidad solidaria, en el cual se identificará
al sujeto o sujetos responsables, el presupuesto de hecho y jurídico sobre el cual
se basa, los períodos tributarios mensuales, ejercicios o períodos de imposición
que abarcan la responsabilidad, el importe de la deuda u obligación exigida.
b) Se notificará el acto anterior al o los responsables, entregando copia del acto de
declaración de responsabilidad, y otorgando audiencia y apertura a pruebas
de conformidad al procedimiento establecido en el Artículo 260 de este Código,
dictando la resolución correspondiente. Contra el acto de declaración podrá
impugnarse el presupuesto de hecho y los períodos tributarios mensuales,
ejercicios o períodos de imposición que abarcan la responsabilidad, y el importe
de la obligación o deuda, sin que puedan ser sujetas de revisión las liquidaciones
de oficio o autoliquidaciones que hubieran adquirido firmeza.
c) Una vez notificada la resolución en la que se declare la responsabilidad, en la
misma se requerirá el pago del importe de la deuda u obligación por la que se
declara responsable, de acuerdo al procedimiento establecido en Artículo 270 del
presente Código.
Procedimiento para exigir la responsabilidad subsidiaria
Art. 275-B. El procedimiento para exigir la responsabilidad subsidiaria, según los
casos, será el siguiente:
a) Una vez el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, no se les
haya podido cobrar en juicio ejecutivo, por no poseer bienes, haber fallecidos o no
haberse encontrado, la Administración Tributaria competente en materia de cobro
y recaudación, emitirá acto de declaración de responsabilidad, que se notificará
al responsable subsidiario, siguiendo los procedimientos de los literales a) y b)
de conformidad al artículo anterior.
b) Se le notificará requerimiento para el pago del importe de la deuda u obligación
por la que se declara responsable, de acuerdo al procedimiento del Artículo 270
de este Código.
Procedimiento de cobro a los sucesores
Artículo 275-C. Se procederá al cobro de la mora tributaria a los sucesores en los
casos siguientes:
a) Fallecido cualquier obligado al pago de la deuda tributaria, el procedimiento de
cobro se continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios, sin más trámites
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Parte II

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que la constancia del fallecimiento de aquél, la notificación a los sucesores del
requerimiento del pago de la deuda tributaria si aún no se había iniciado el juicio
ejecutivo en vida del causante, o en su caso con la continuación del juicio ejecutivo
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 270 de este Código. La participación
de herederos o legatarios en este trámite, no compromete en medida alguna
patrimonios que les fueren propios distintos al del obligado fallecido.
Mientras la herencia se encuentre yacente, el procedimiento de cobro de las
deudas tributarias pendientes podrá continuar dirigiéndose contra sus bienes y
derechos, a cuyo efecto se deberán entender las actuaciones con quien ostente
su administración o representación.
b) Fusionadas las personas jurídicas, el procedimiento de cobro continuará con el
nuevo ente jurídico o con el ente absorbente, como sucesores en la deuda, por
las obligaciones tributarias pendientes de pago al momento de la fusión.
TRANSITORIO
Artículo 83. Los contribuyentes que a la fecha de entrada en vigencia de este decreto
tengan en existencia documentos relativos al control de Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios pendientes de utilizar, podrán continuar emitiéndolos
hasta su agotamiento siempre que informen a la Administración Tributaria por medio de los
formularios que ésta proporcione, los números correlativos por tipo de documento que poseen
en existencia y anexen a esa información la orden de pedido de tales documentos y la fotocopia
del Comprobante de Crédito Fiscal emitido por la Imprenta por el servicio prestado.
Los contribuyentes a que se refiere el inciso anterior deberán remitir la información y
documentación a que se refiere el inciso anterior dentro del plazo de treinta días contados a
partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente decreto.
DEROGATORIAS
Art. 84. Deróganse el inciso final del artículo 74, el inciso final del artículo 151, el
artículo 187, los artículos 224 y 225, el inciso final del artículo 246 y los literales a) y e) del
numeral 6 del artículo 251 del Código Tributario, y los artículos 66 y 67, inciso segundo de la
Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.
VIGENCIA
Art. 85. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 231, Tomo N° 365, Fecha: 10 de diciembre de 2004.

DECRETO No. 499
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No.1030, de fecha 26 de abril de 1997, publicado en el
Diario Oficial No. 105, Tomo 335, de fecha 10 de junio de 1997, se emitió el Código
Penal.
II. Que en los capítulos I y II del Título VI, Libro Segundo del Código Penal, se encuentran
regulados los Delitos Relativos al Honor y la Intimidad.
III. Que el Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, goza de protección
constitucional e internacional por medio de los Arts. 6 de nuestra Carta Magna y 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y tiene como contenido no sólo el
derecho y la libertad de expresar el pensamiento, sino también el derecho y la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas de toda índole, lo que
conlleva a la concepción de una dimensión individual y una dimensión social.
IV. Que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones
entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otros sus puntos de
vista, e implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias.
V. Que los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el
ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática,
razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y
opiniones.
VI. Que por las razones expuestas es necesario reformar el Código Penal con el objetivo de
garantizar la libre expresión y difusión del pensamiento en beneficio de la colectividad,
sin restricción alguna, en sus dos dimensiones antes expresadas.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Rodolfo Antonio
Parker Soto y Mauricio Hernández Pérez,
DECRETA la siguiente:
REFORMA AL CÓDIGO PENAL
Art. 1.- Refórmase el Art. 191 del Código Penal, en la forma siguiente:
“INEXISTENCIA DE DELITOS
Art. 191.- No son punibles los juicios desfavorables de la crítica política, literaria,
artística, histórica, científica, religiosa o profesional, ni los conceptos desfavorables expresados
por cualquier medio por particulares en el ejercicio del derecho de la Libertad de Expresión,
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Parte II

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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
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286
siempre que en el modo de proceder no demuestren un propósito calumnioso, injurioso o de
ataque a la intimidad o a la propia imagen de una persona.
De igual manera, no son punibles los juicios desfavorables de la crítica política, literaria,
artística, histórica, científica, religiosa o profesional ni los conceptos desfavorables expresados
o difundidos por quienes ejerzan el periodismo mediante noticias, reportajes, investigaciones
periodísticas, artículos, opiniones, editoriales, caricaturas y notas periodísticas en general,
publicados en medios periodísticos escritos, radiales, televisivos e informáticos, en cumplimiento
del deber de informar, en virtud del derecho de información o en ejercicio de su cargo o
función.
En cualquiera de las situaciones reguladas en los dos incisos anteriores, no incurrirán en
ningún tipo de responsabilidad penal, los medios escritos, radiales, televisivos e informáticos
en que se publiquen los juicios o conceptos antes expresados, ni los propietarios, directores,
editores, gerentes del medio de comunicación social o encargados del programa en su
caso”.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 217, Tomo N° 365, Fecha: 22 de noviembre de 2004

DECRETO No. 500
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 904, de fecha 4 de diciembre de 1996, publicado en
el Diario Oficial No. 11, Tomo 334, de fecha 20 de enero de 1997, se emitió el Código
Procesal Penal.
II. Que corresponde asegurar la defensa de la intimidad de la persona, cuando ésta pone
en poder de periodista o persona que ejerza el periodismo, conocimientos que interesan
a la opinión pública.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Rodolfo Antonio
Parker Soto y Mauricio Hernández Pérez,
DECRETA la siguiente:
REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL PENAL
Art. 1.- Adiciónase un artículo que será el 187-A de la siguiente manera:
“DERECHO DE ABSTENCIÓN
Art. 187-A. Tendrán derecho a abstenerse de declarar sobre los hechos que han
llegado a su conocimiento en razón del ejercicio de su profesión u oficio bajo pena de nulidad,
los periodistas de profesión y aquellas personas que aun siendo otra su profesión ejerzan el
periodismo.
De igual manera, los periodistas de profesión y aquellas personas que aun siendo otra su
profesión ejerzan el periodismo, tendrán derecho a abstenerse de revelar a cualquier autoridad
policial, funcionario público o funcionario judicial; la fuente de donde proviene la información
que nutre las noticias, opiniones, reportajes, editoriales, que publiquen en ejercicio legítimo
de su derecho a informar.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 217, Tomo N° 365, Fecha: 22 de noviembre de 2004.
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Parte II

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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
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288
DECRETO No. 501
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 779, de fecha 25 de julio de 1996, publicado en el Diario
Oficial No. 156, Tomo 332, del 23 de agosto del mismo año, fue creada la Corporación
Salvadoreña de Turismo, como una entidad autónoma de derecho público quien se
relacionaría con cualquier entidad pública a través del Ministerio de Economía.
II. Que por Decreto Ley No. 469 de fecha 13 de diciembre de 1961, publicado en el Diario
Oficial No. 235, Tomo 193, del 21 del mismo mes y año, el Directorio Cívico Militar emitió
la Ley del Instituto Salvadoreño de Turismo; mediante la cual se creó dicho Instituto
como una entidad de utilidad pública, quien se relacionaría con los órganos públicos a
través del Ministerio de Economía.
III. Que por Decreto Ejecutivo No. 1 de fecha 1 de junio de 2004, publicado en el Diario
Oficial No. 100, Tomo 363, de la misma fecha, el Consejo de Ministros, decretó reformas
al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en el sentido de crear para la gestión de
los negocios públicos, como Secretaría de Estado o Ministerio, al Ministerio de Turismo,
estableciendo entre otras, dentro de sus competencias la de atender las cuestiones
atinentes al turismo y lo que se relaciona con ello en materias atribuidas a otros
Ministerios, así como de actuar como ente coordinador del turismo.
IV. Que es necesario armonizar en las leyes a que se refieren los considerandos primero y
segundo, confiriéndole al Ministerio de Turismo y a su Titular de todas las atribuciones
y roles que dichas leyes confirieron al Ministerio de Economía y a su titular.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por
medio de los Ministros de Turismo y Economía,
DECRETA:
Art. 1.- Sustitúyese en la Ley de la Corporación Salvadoreña de Turismo, emitida por
Decreto Legislativo No. 779, de fecha 25 de julio de 1996, publicado en el Diario Oficial No.
156, Tomo 332, del 23 de agosto del mismo año, los términos Ministerio de Economía, Ministro
de Economía o Ramo de Economía, por Ministerio de Turismo, Ministro de Turismo o Ramo de
Turismo, según corresponda.
Art. 2.- Sustitúyese en la Ley del Instituto Salvadoreño de Turismo, emitida por Directorio
Cívico Militar, mediante Decreto Ley No. 469 de fecha 13 de diciembre de 1961, publicado en
el Diario Oficial No. 235, Tomo 193, del 21 del mismo mes y año, los términos Ministerio de
Economía, Ministro de Economía o Ramo de Economía, por Ministerio de Turismo, Ministro de
Turismo o Ramo de Turismo, según corresponda.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art . 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cinco días del mes de
noviembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 232, Tomo N° 365, Fecha: 13 de diciembre de 2004.
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290
DECRETO N° 503
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que la Junta Revolucionaria de Gobierno por Decreto No. 536, de fecha 22 de diciembre
de 1980, publicada en el Diario Oficial N° 241, Tomo 269 de la misma fecha, emitió la
Tarifa General de Arbitrios de la Municipalidad de Ahuachapán, departamento del mismo
nombre, la cual ha sufrido diferentes reformas y una interpretación auténtica.
II. Que en dicha Tarifa, el Artículo 3 numeral 21, que se refiere a los comerciantes sociales
o individuales, indica que el impuesto allí establecido se aplica a diferentes negocios,
empresas o actividades, incluyendo a compañías o empresas eléctricas.
III. Dicha Tarifa, en el numeral 21 del Art. 3, grava el activo de cada una de esas empresas
cuando excede de ¢10.000.00 colones, con un impuesto de ¢10.00 colones, más un
colon por cada millar o fracción sobre el excedente de ¢10.000.00 colones, pero, en la
misma Tarifa, de acuerdo al número 31 del mismo artículo 3, se grava a las fábricas o
empresas industriales de cualquier denominación, cuando usan maquinaria, si excede
su activo de ¢1.000.000.00 colones, con un impuesto de ¢285.00 colones, más ¢0.10
centavos de colón por cada millar o fracción, sobre el excedente de ¢1.000.000.00 de
colones.
IV. Que esa ambigua redacción de la tarifa ha suscitado dudas objetivas sobre cuál
de los dos gravámenes se aplica a las empresas generadoras de electricidad; pero
independientemente de cual sea su verdadera interpretación, resulta que en ambos
casos se aplican a las empresas generadoras de energía eléctrica impuestos sobre los
activos, lo cual no es congruente con los principios de equidad y comodidad que deben
aplicarse en materia de impuestos; por ello y a fin de tomar en cuenta criterios objetivos
y razonables que demuestren una real capacidad económica y tributaria, que en el caso
de las empresas productoras de electricidad debe ser la generación y no el valor de sus
activos, es del caso reformar la tarifa a fin de establecer un impuesto justo.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales, a iniciativa del Concejo Municipal de la ciudad
de Ahuachapán y de los Diputados Víctor Manuel Melgar, Carlos Walter Guzmán, Humberto
Centeno,
DECRETA:
Art. 1. Adiciónase el artículo 3-B, a la Tarifa de Arbitrios Municipales de Ahuachapán,
así:
“Art. 3-B. No. 65. EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA,. Por la generación
de energía eléctrica, las empresas que se dediquen a tal actividad y que posean instalaciones
dentro del ámbito del municipio de Ahuachapán, pagarán la suma de $5.000.00 CINCO MIL
DOLARES AMERICANOS al mes, más quince centavos de dólar por cada megavatio hora

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
generado, conforme al reporte mensual, extendido por la Unidad de Transacciones, S. A., que
los contribuyentes deberán presentar a la Municipalidad.
Las empresas generadoras de electricidad que posean instalaciones dentro del ámbito del
municipio de Ahuachapán únicamente pagarán, en concepto de Impuesto Municipal y a partir
de la vigencia del presente artículo, el impuesto por generación de energía eléctrica.
Art. 2. La adición contenida en el presente decreto entrará en vigencia ocho días después
de su publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cinco días del mes de
noviembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 232, Tomo N° 365, Fecha: 13 de diciembre de 2004.
291
Parte II

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292
DECRETO N° 504
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 655, de fecha 1 de julio de 1999, publicado en el Diario
Oficial No. 39, Tomo No. 344, del 26 del mismo mes y año, se emitió la Ley de Control
y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares.
II. Que el artículo 56 de la ley enunciada en el considerando anterior establece que será la
Comisión Técnica de Evaluación y Control de Artículos Similares y Explosivos, conformada
por diferentes instituciones del Estado, la que determinará si las personas dedicadas a
la producción y comercialización importación y exportación de productos pirotécnicos
cumplen con los requisitos para ejercer dicha actividad.
III. Que en nuestro país existen buena cantidad de personas naturales o jurídicas que se
dedican a la producción, comercialización, exportación, importación y transporte de
productos pirotécnicos, permitiendo con ello la generación de una buena cantidad de
empleo y de movilización de capital, tan necesarios en este momento que las condiciones
del país lo requieren, para el desarrollo y movimiento del aparato estatal.
IV. Que es parte de nuestra idiosincrasia que la población utilice dichos productos para
la celebración de fiestas, tanto comunitarias como nacionales, entre ellas las fiestas
navideñas y de fin de año, lo cual permite, siempre y cuando la población observe las
medidas mínimas necesarias de seguridad, la celebración de dichas festividades.
V. Que la ley que regula esta actividad, ha establecido una serie de requisitos que por la
complejidad de los mismos, las personas dedicadas a la producción y comercialización
de productos pirotécnicos no han podido cumplirlos, situación que ha dado lugar a ir
posponiendo el fiel cumplimiento de dicha normativa mediante decretos transitorios,
situación que se complica actualmente por la aprobación tardía del reglamento de
aplicación de la ley, el cual establece una serie de medidas que para los pirotécnicos
les es difícil e imposible cumplir, por la inversión a que se verán sujetos realizar.
VI. Que en razón de lo expuesto en el considerando que antecede y debido a que la fiesta
navideña y de fin de año están próximas a celebrarse, de exigirse el cumplimiento de
lo que el reglamento establece, muchas personas dedicadas a esta actividad no podrán
realizarla, con el consecuente perjuicio económico de las familias que de ello dependen,
así como de la posibilidad que los consumidores no puedan contar con dichos productos
para la celebración de estas festividades, debiendose en tal sentido conceder un plazo
prudencial para que los pirotécnicos puedan irse adecuando poco a poco a las exigencias
establecidas tanto en la ley como en el reglamento mismo.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados, Miguel Francisco
Bennett Escobar, Mario Ponce, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Félix Ágreda y César García.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
DECRETA:
Art. 1.- Concédese un plazo de quince meses, a partir de la entrada en vigencia de
este decreto para que las personas dedicadas actualmente a la producción, almacenamiento,
comercialización, importación y exportación de productos pirotécnicos puedan realizar esta
actividad, omitiendo los requisitos establecidos en el Art. 116, del Código de Salud; 19, 28 y
32, del Reglamento Especial para el Control y Regulación de Artículos Similares a Explosivos,
Sustancias Químicas y Productos Pirotécnicos.
Las personas señaladas en el inciso anterior, deberán durante el referido plazo adecuarse
a los requisitos que la Ley establece.
Art. 2.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los establecimientos destinados
para realizar la actividad señalada en dicha disposición, deberán reunir las condiciones y medidas
de seguridad y de prevención de accidentes, las cuales deberán ser supervisadas por el Cuerpo
de Bomberos de El Salvador, institución que emitirá la certificación correspondiente.
Art. 3.- La determinación de la ubicación de los lugares destinados temporalmente para
la comercialización, estará a cargo del Cuerpo de Bomberos y de los Concejos Municipales.
La comercialización de cualquier tipo de producto pirotécnico, deberá hacerse únicamente
a personas mayores de edad; en el caso de los menores de edad, a éstos se les hará siempre
y cuando se hagan acompañar de un adulto.
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALÓN AZUL. San Salvador, a los cinco días del mes de noviembre del año
dos mil cuatro.
D. O. N° 226, Tomo N° 365, Fecha: 3 de diciembre de 2004.
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Parte II

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DECRETO No. 512
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el Art. 574 del Código Civil vigente desde 1860, de conformidad con el derecho de
la época señala que el mar adyacente hasta la distancia de una legua marina es mar
territorial y de dominio nacional, pero que el derecho de policía se extiende hasta la
distancia de cuatro leguas marinas.
II. Que el Art. 84 de la Constitución de la República determina que la soberanía y jurisdicción
del Estado en la zona de doscientas millas marinas del mar adyacente se conformará a
lo establecido en el Derecho Internacional.
III. Que el nuevo derecho del mar, codificado en 1982, en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, así como el correspondiente Derecho Internacional
Consuetudinario, han ampliado y desarrollado el régimen de los espacios marítimos.
IV. Que es conveniente y de interés nacional adecuar al nuevo Derecho del Mar los contenidos
del indicado Art. 574 del Código Civil.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Relaciones Exteriores,
DECRETA la siguiente reforma al Código Civil:
Art. 1.- Refórmase el Art. 574 de la siguiente manera:
“Art. 574. El mar adyacente, hasta la distancia de doce millas marinas, medidas desde
la línea de base, es mar territorial y de dominio nacional y la soberanía se extiende al espacio
aéreo suprayacente, así como al lecho y el subsuelo de ese mar; pero para objetos concernientes
a la prevención y sanción de las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales,
de inmigración o sanitarios, El Salvador ejerce su jurisdicción sobre la zona contigua, que se
extiende hasta la distancia de veinticuatro millas marinas, medidas de la misma manera.
La zona de mar adyacente que se extiende más alla del mar territorial hasta las doscientas
millas marinas contadas desde la línea de base, se denomina zona económica exclusiva, en la
cual El Salvador ejerce derechos de soberanía para explorar, explotar, conservar y administrar
los recursos naturales vivos y no vivos de las aguas supra yacentes al lecho, del lecho y del
subsuelo del mar y para desarrollar cualesquiera otras actividades con miras a la exploración
y la explotación económica de esa zona.
El Estado ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental e insular para
fines de la conservación, exploración y explotación de sus recursos naturales; la plataforma
continental salvadoreña se extiende hasta las doscientas millas marinas de conformidad con
el derecho internacional.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Además a El Salvador le corresponde toda otra jurisdicción y derechos previstos en el
derecho internacional con relación a la zona económica exclusiva y a la plataforma continental
e insular.
Las aguas del Golfo de Fonseca son aguas territoriales y su régimen jurídico especial es el
de una bahía histórica con caracteres de mar cerrado de conformidad al derecho internacional,
la práctica y acuerdos entre los Estados.
Cualquier delimitación de aguas sólo podrá llevarse a cabo por medio de tratado celebrado
entre los Estados ribereños de las zonas concernientes.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once días del mes de noviembre
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 236, Tomo N° 365, Fecha: 17 de diciembre de 2004.
295
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DECRETO No. 514
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que, por Decreto Legislativo No. 680, de fecha 20 de octubre de 1993, publicado en el
Diario Oficial No. 6, Tomo No. 322 del 10 de enero de 1994, se emitió la Ley de Equipajes
de Viajeros Procedentes del Exterior.
II. Que el Art. 4 de la referida Ley establece que el viajero puede introducir exento de
impuestos, bienes cuyo valor total en aduana sea de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA ($1,000.00).
III. Que en la época de navidad y año nuevo, retornan a nuestro país muchos compatriotas
que viven en el extranjero, con el propósito de compartir con sus familias dichas
festividades, ocasión que aprovechan para traer regalos, enseres de uso familiar y otros
diferentes artículos.
IV. Que estos salvadoreños han emigrado en busca de trabajo, con lo cual nuestro país se
ha visto favorecido por el ingreso de divisas provenientes de remesas familiares, que
constituyen uno de los mayores rubros para la captación de tales divisas.
V. Que es procedente retribuirles en parte su aporte a la economía del país, permitiéndoles
introducir equipaje libre de gravámenes por un monto superior a lo establecido en la
citada Ley y por un tiempo limitado.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Ciro Cruz Zepeda
Peña, José Manuel Melgar Henríquez, Marta Lilian Coto vda. de Cuéllar, José Antonio Almendáriz
Rivas, René Napoleón Aguiluz Carranza, Douglas Alejandro Alas García, Rolando Alvarenga
Argueta, Irma Segunda Amaya Echeverría, Miguel Francisco Bennett Escobar, Efrén Arnoldo
Bernal Chévez, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Blanca Flor América
Bonilla, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, Humberto
Centeno Najarro, Luis Alberto Corvera Rivas, José Ricardo Cruz, Héctor Miguel Antonio Dada
Hirezi, Agustín Díaz Saravia, Walter Eduardo Durán Martínez, Julio Antonio Gamero Quintanilla,
Vilma Celina García de Monterrosa, César Humberto García Aguilera, Nelson Napoleón García
Rodríguez, Nicolás Antonio García Alfaro, Ricardo Bladimir González, Santos Fernando González
Gutiérrez, Noé Orlando González, Jesús Grande, Carlos Walter Guzmán Coto, Mariela Peña
Pinto, Gabino Ricardo Hernández Alvarado, Mauricio Hernández Pérez, Mario Marroquín Mejía,
Alejandro Dagoberto Marroquín, Calixto Mejía Hernández, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel
Vicente Menjívar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete, Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto,
Renato Antonio Pérez, Teodoro Pineda Osorio, Mario Antonio Ponce López, Gaspar Armando
Portillo Benítez, Francisco Antonio Prudencio, José Mauricio Quinteros Cubías, Manuel Orlando
Quinteros Aguilar, Óscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto
Rivas Echeverría, Víctor Manuel Melgar, Salvador Sánchez Cerén, Héctor Ricardo Silva Argüello,
Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano
Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Immar Reyes, Victoria
Ruiz de Amaya, Gustavo Chiquillo, Juan Enrique Perla, Blanca Estela Barahona, Carlos Mauricio

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Arias, Raquel Hernández, Alex René Aguirre Guevara, Rigoberto Trinidad, Marta Elena de
Rodríguez, Hipólito Baltazar Rodríguez, Jesús Guillermo Pérez Zarco, Elías Romero, Alexander
Melchor, Mercedes de Rovira, Alberto Armando Romero, Dora Alicia Portillo, Adilson Henríquez,
Dina Acuña, Alba Teresa de Dueñas, Félix Agreda Chachagua y Leopoldo Chavarría.
DECRETA:
Art. 1. Modifícase temporalmente a partir del 11 de diciembre del 2004 al 31 de enero
del año 2005, el Art. 4 de la Ley de Equipajes de Viajeros Procedentes del Exterior, así:
“Art. 4. El viajero podrá introducir también con exención del pago de derechos e
impuestos, bienes nuevos cuyo valor total en aduana no sea superior al equivalente a TRES
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,000.00).”
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 224, Tomo N° 365, Fecha: 1 de diciembre de 2004.
297
Parte II

Parte II
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
298
DECRETO No. 518
LAS ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I. Que por medio del Decreto Legislativo No. 142, de fecha 6 de noviembre de 1997,
publicado en el Diario Oficial No. 218, Tomo 337, de fecha 21 del mismo mes y año, se
emitió la Ley de Telecomunicaciones;
II. Que con dicha Ley fue establecido un marco legal que fomenta la participación del
sector privado y promueve la competencia y el desarrollo en la industria de las
telecomunicaciones;
III. Que las empresas que prestan servicios comerciales de Radiocomunicación se
encuentran en desventaja competitiva frente a otros comercializadores de servicios de
telecomunicaciones, dados los costos de la tasa anual por la administración, gestión y
vigilancia del espectro;
IV. Que para favorecer el desarrollo de esta industria, promover la competencia en el sector
de las telecomunicaciones y beneficiar a un mayor número de usuarios, es procedente
reducir el factor de servicio correspondiente a los servicios de radiocomunicaciones
comerciales, lo cual derivará en la reducción de la tasa a cobrar;
V. Que la tabla de factores de servicio que contiene el artículo 13 de la Ley de
Telecomunicaciones, incorpora tan sólo las bandas de frecuencia más utilizadas al momento
de la promulgación de dicha Ley, no incluyendo en ella algunos servicios atribuidos a
bandas de frecuencia contenidas en el Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencia.
Asimismo, existen servicios y derechos relacionados con el plan de numeración cuyos
costos no fueron considerados previamente y que deben quedar establecidos, ya que
constituyen un insumo bajo la forma de un bien escaso, imprescindible para la prestación
del servicio de telefonía;
VI. Que actualmente el factor de servicio de los sistemas satelitales es considerablemente
bajo, lo cual no está acorde con la dimensión de sus operaciones;
VII. Que es conveniente que las concesiones para la explotación de sistemas satelitales sean
otorgadas por el plazo que se estipule en el contrato entre el operador del satélite y
el usuario final; además, se considere que en el período de este contrato, por razones
técnicas, el operador satelital pueda cambiar de frecuencia al usuario final.
POR TANTO,
En uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de los diputados, Efrén Arnoldo
Bernal, René Napoleón Aguiluz, José Antonio Almendariz, Roberto Castillo Batlle, Juan Miguel
Bolaños Torres, Ileana Argentina Rogel Cruz, Noé Orlando González, Héctor David Córdova
Arteaga, Gaspar Armando Portillo Benítez, Roberto José d´Abuisson Munguía, Mario Marroquín
Mejía, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, José Salvador Arias Peñate, José Orlando Arévalo
Pineda, Santos Fernando González Gutiérrez y Agustín Díaz Saravia.

DECRETA:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Las siguientes Reformas a la Ley de Telecomunicaciones, contenida en el Decreto Legislativo
No. 142 de fecha 06 de noviembre de 1997, publicado en el Diario Oficial N° 218, Tomo 337,
de fecha 21 del mismo mes y año.
Art. 1. Sustitúyase el Art. 13 por el siguiente:
“Art. 13.- Para la explotación del espectro de uso libre, no se requerirá de concesión
ni autorización. Sin embargo, la SIGET calificará, por razones técnicas o de ordenamiento,
que bandas de frecuencia de uso libre deberán contar con una licencia otorgada por ésta para
su uso. Tratándose de radioaficionados, estos podrán utilizar el espectro de uso libre, previa
calificación por la SIGET e inscripción en el Registro.
Para la explotación del espectro de uso oficial, las instituciones gubernamentales deberán
solicitar la autorización correspondiente.
Cualquier persona que desee explotar una parte del espectro de uso regulado, deberá
solicitar a la SIGET la respectiva concesión.
Las autorizaciones, concesiones y licencias para el uso del espectro causarán tasas cuyo
importe se deberá pagar anualmente a la SIGET al inicio de cada año, para cubrir los costos
de la administración, gestión y vigilancia del espectro. La tasa también podrá pagarse por
medio de cuatro cuotas trimestrales, en tal caso el interesado deberá reconocer el interés legal
correspondiente, tomando para su determinación como base, el período transcurrido desde
la fecha en que debió pagarse la obligación y los saldos insolutos de la misma. Dichas tasas
serán expresadas, ya sea en colones o dólares de los Estados Unidos de América por mes y
serán igual al producto del costo unitario del espectro, de ocho colones con cuarenta y ocho
centavos o su equivalente en dólares por MegaHertz, por vatio de potencia nominal por mes
de uso, multiplicado por el ancho de banda del equipo transmisor expresado en MegaHertz,
multiplicado por la potencia nominal del transmisor expresada en vatios, multiplicado por un
factor de servicio, según se indica a continuación:
BANDAS DE
FRECUENCIA
9 a 525 KHz
SERVICIO FACTOR DE
SERVICIO
Fijo- Móvil
Radionavegación Aeronáutica
Radionavegación Marítima
Móvil Marítimo
20.7
0.04
21.9
21.9
525 a 1705 KHz Radionavegación Aeronáutica 0.04
299
Parte II

Parte II
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
300
BANDAS DE
FRECUENCIA
1.705 a 108 MHz
108 a 470 MHz
470 a 960 MHz
SERVICIO
Fijo-Móvil
Radiolocalización
Radionavegación Aeronáutica
Móvil Marítimo
Móvil Aeronáutico
Radioastronomía
Investigación Espacial
Meteorología
Fijo-Móvil
Radiocomunicación Privada
Fijo Móvil Comercial
Repetidoras compartidas comerciales
Sistemas Troncalizados comerciales
Radionavegación Aeronáutica
Radionavegación por satélite
Radionavegación
Móvil Aeronáutico
Móvil Marítimo
Móvil por Satélite
Meteorología por Satélite
Investigación Espacial
Radiolocalización
Radioastronomía
Fijo - Móvil ( Telefonía Celular )
Radiocomunicación Privada
Fijo Móvil, comercial
Repetidoras compartidas comerciales
Sistemas Troncalizados comerciales
Radioastronomía
Radiolocalización
Móvil por Satélite
FACTOR DE
SERVICIO
20.7
21.9
0.04
21.9
21.9
21.9
21.9
21.9
21.9
21.9
10.5
10.5
10.5
0.04
8.2
21.9
21.9
21.9
8.2
21.9
21.9
21.9
21.9
21.9
21.9
10.5
10.5
10.5
21.9
21.9
8.2

Banda de
Frecuencia
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
SERVICIO
FACTOR DE
SERVICIO
960 a 1215 MHz Radionavegación Aeronáutica 0.004
1215 a 1427 MHz Radiolocalización
1427 a 1535 MHz
1535 a 1710 MHz
1710 a 2484 MHz
Radionavegación por Satélite
Radionavegación Aeronáutica
Radioastronomía
Investigación Espacial
Fijo-Móvil
Móvil por Satélite
Móvil Marítimo por Satélite
Móvil Terrestre por Satélite
Fijo - Móvil
Móvil por Satélite
Móvil Marítimo por Satélite
Móvil Aeronáutico por Satélite
Móvil Terrestre por Satélite
Radionavegación Aeronáutica
Radionavegación por Satélite
Radioastronomía
Meteorología
Investigación espacial
Fijo
Móvil, (Telefonía Celular )
Móvil por Satélite
Investigación Espacial
0.04
8.2
0.004
0.04
0.04
17.00
8.2
8.2
8.2
17.00
8.2
8.2
8.2
8.2
0.004
8.2
0.04
0.04
0.04
17.00
21.9
8.2
0.04
301
Parte II

Parte II
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
302
Banda de
Frecuencia
2484 a 3600 MHz
3600 a 9200 MHz
9200 a 40000 MHz
Arriba de 40000
SERVICIO
Fijo - Móvil
Móvil por Satélite
Radiolocalización
Radionavegación
Radioastronomía
Radionavegación Aeronáutica
Investigación Espacial
Fijo por Satélite
Fijo - Móvil
Fijo por Satélite
Radionavegación Aeronáutica
Radionavegación Marítima
Radiolocalización
Radioastronomía
Meteorología
Investigación Espacial
Fijo - Móvil
Fijo por Satélite
Móvil por Satélite
Radiolocalización
Radioastronomía
Radionavegación Aeronáutica
Investigación Espacial
Fijo - Móvil
Fijo por Satélite
Móvil por Satélite
Radionavegación
Radioastronomía
Radionavegación por Satélite
Investigación Espacial
FACTOR DE
SERVICIO
1.7
8.2
0.04
0.04
0.04
0.004
0.04
8.2
1.7
8.2
0.004
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
1.7
8.2
0.2
0.04
0.04
0.004
0.04
1.7
8.2
8.2
0.04
0.04
8.2
0.04

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Para todo servicio no contemplado en la presente tabla, el factor de servicio será de
0.2.
En el caso de aquellas bandas de frecuencia, comprendidas dentro del cuadro nacional
de atribuciones de frecuencia, en el rubro servicio e identificadas en la categoría de fijo
móvil comercial, repetidoras compartidas comerciales y sistemas troncalizados comerciales,
que fueren utilizadas para el uso de telefonía, a éstas deberá aplicárseles el factor servicio
establecido para la telefonía.
El costo unitario del espectro de ocho colones con cuarenta y ocho centavos de colón o su
equivalente en dólares, se reajustará anualmente en el mes de enero, en el mismo porcentaje
del IPC del año anterior.
Si el monto recaudado al aplicar este método de cálculo genera un ingreso de más de
once millones seiscientos catorce mil doscientos sesenta y cuatro colones con tres centavos
o su equivalente en dólares al año, la SIGET deberá transferir la cantidad en exceso del
monto anterior al Fondo General de la Nación. Este límite se ajustará anualmente en la forma
establecida en el inciso anterior.
Se faculta a la SIGET para otorgar concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico
de uso regulado, por un plazo de hasta sesenta días, para usos experimentales, de investigación
científica o eventos especiales. La SIGET en su resolución deberá justificar el otorgamiento
de dicha concesión y publicarla de acuerdo a lo establecido en esta Ley. Dichas concesiones
no podrán ser renovadas ni prorrogadas y estarán sujetas al pago previo de una tasa, que se
calculará basándose en el monto de las tasas establecidas para la administración, gestión y
vigilancia del espectro, multiplicado por un factor de dos.
Art. 2.- Adiciónase al Art. 14 un tercer inciso de la siguiente manera:
“Cuando por caso fortuito o fuerza mayor un satélite que transmita hacia el territorio
nacional salga de operación, la SIGET podrá conceder a los operadores afectados, el cambio
a una nueva frecuencia sin necesidad de la obtención de una nueva concesión para el uso del
espectro.”
Art. 3.- Adiciónase al Art. 16 el siguiente inciso:
“Las concesiones para la explotación de sistemas satelitales serán otorgadas por el plazo
que se estipule en el contrato entre el operador del satélite y el usuario final. Así también, si
durante el período del contrato, el operador satelital realiza un cambio de frecuencia central al
usuario final por razones técnicas justificables, la concesión podrá ser modificada, respetando
el período del contrato, si se cambia otro parámetro técnico como el ancho de banda o potencia
nominal del transmisor, tendrá que solicitar una nueva concesión. Además, si el contrato es
renovado sin modificar las condiciones técnicas, la SIGET podrá renovar la concesión para
el período del nuevo contrato, si se modifican las condiciones técnicas deberá de someterse
nuevamente al proceso de concesión que establece la ley.”
303
Parte II

Parte II
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
304
Art. 4.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 235, Tomo N° 365, Fecha: 16 de diciembre de 2004.

DECRETO No. 523
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 927, de fecha 20 de diciembre de 1996, publicado en
el Diario Oficial No. 243,Tomo No. 333 del 23 del mismo mes y año, se emitió la Ley
del Sistema de Ahorro para Pensiones.
II. Que por Decreto Legislativo No. 347, de fecha 15 de junio del 2004, publicado en el
Diario Oficial No. 128, Tomo No. 364 del 9 de julio del mismo año, se derogó el literal
b) del Artículo 104 y el literal b) e inciso segundo del Artículo 200 de la Ley mencionada
en el considerando anterior.
III. Que los literales e inciso derogados, permitían acceder a pensión de vejez, a las personas
que registran un período de treinta años de cotizaciones o que a la fecha de entrada en
operaciones el Sistema de Ahorro para Pensiones registrará treinta años de cotizaciones
o más, en ambos casos, independientemente de la edad.
IV. Que el Decreto mencionado en el considerando segundo de este Decreto, entrará en
vigencia el 11 de enero del año 2005. Sin embargo, el mismo está siendo interpretado
por las diferentes instituciones encargadas de hacerlo efectivo con criterios diferentes, lo
cual está creando incertidumbre en los afiliados del Sistema de Pensiones que cumplen
con los requisitos de 30 años de servicios, y que pretenden jubilarse.
V. Que el espíritu de esta Asamblea fue que las personas que cumplan con los requisitos antes
del 11 de enero del 2005, de conformidad a la ley vigente, no será necesario que ejerzan
tal derecho antes del 31 de diciembre del 2004.
VI. Que en razón de lo antes expuesto, se hace necesario interpretar auténticamente
lo establecido en el Artículo 1 del Decreto Legislativo No. 347 antes relacionado, a
efecto de establecer que las personas que reúnan los requisitos para pensionarse por
vejez independientemente de la edad al 31 de diciembre del 2004, pueden ejercer tal
derecho.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Alejandro
Dagoberto Marroquín, Juan Miguel Bolaños y José Mauricio Quinteros.
DECRETA:
LA SIGUIENTE INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA AL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO
LEGISLATIVO No. 347, DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2004, PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL No. 128, TOMO No. 364 DEL 9 DE JULIO DEL MISMO AÑO, ASÍ.
305
Parte II

Parte II
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
306
Art. 1. Deberá entenderse que los afiliados que al 31 de diciembre del 2004 reúnan los
requisitos para pensionarse por vejez independientemente de la edad, de conformidad a lo
establecido en el literal b) del Artículo 104 y literal b) e inciso segundo del Artículo 200 de la
Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones pueden ejercer tal derecho, aún después del 31 de
diciembre del 2004.
Esta interpretación auténtica queda incorporada al texto de la Ley del Sistema de Ahorro
para Pensiones.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 240, Tomo N° 365, Fecha: 23 de diciembre de 2004

DECRETO N° 532
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que mediante Decreto Legislativo N° 293 de fecha 27 de diciembre de 1984, publicado
en el Diario Oficial N° 16, Tomo N° 286 del 23 de enero de 1985, se ratificó el Convenio
sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, dentro del cual se encuentra
el “Anexo A” que comprende el Arancel Centroamericano de Importación;
II. Que el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, define las
características de las tres partes que conforman el “Anexo A”, y faculta para que cada
país signatario adopte y modifique los Derechos Arancelarios a la importación de los
rubros comprendidos en la Parte III del Arancel Centroamericano de Importación;
III. Que mediante Decreto Legislativo N° 647 de fecha 6 de diciembre de 1990, publicado en
el Diario Oficial N° 286, Tomo 309 de fecha 20 de ese mismo mes y año, se establecieron
los derechos arancelarios a la importación de mercancías al territorio nacional, que
corresponden a la Parte III del Arancel Centroamericano de Importación;
IV. Que el referido Decreto Legislativo N° 647, ha sido modificado por medio de los Decretos
Legislativos N° 193 de fecha 09 de marzo de 1992, publicado en el Diario Oficial N° 47,
Tomo 314 de fecha 10 de marzo de 1992, Decreto Legislativo N° 481 de fecha 31 de
marzo de 1993, Decreto Legislativo N° 717 de fecha 30 de mayo de 1996, publicado en
el Diario Oficial N° 108, Tomo 331 de fecha 12 de junio de 1996 y Decreto Legislativo
N° 738, de fecha 21 de junio de 1996, publicado en el Diario Oficial N° 132, Tomo 332
de fecha 16 julio de 1996;
V. Que por medio de la Resolución 123-2004 del Consejo de Ministros de Integración
Económica Centroamericana ( COMIECO ) publicada en el Diario Oficial N° 200, Tomo
365 de fecha 26 de octubre de 2004, se acordó para El Salvador trasladar a la Parte
III del Arancel Centroamericano de Importación, la fracción arancelaria 1005.90.30
correspondiente al “maíz blanco”;
VI. Que por medio de la Resolución 127-2004 del Consejo de Ministros de Integración
Económica Centroamericana ( COMIECO ) publicada en el Diario Oficial N° 203, Tomo 365
de fecha 29 de octubre, se acordó reducir el Derecho Arancelario a la Importación para
la fracción arancelaria 2713.11.00 correspondiente al Coque de Petróleo Asin calcinar”,
la cual en el caso de El Salvador, se encuentra comprendida en la Parte III del Arancel
Centroamericano de Importación;
VII. Que el maíz blanco se encuentra sujeto al mecanismo de contingentes arancelarios y a
su vez, se ampara en un Convenio entre productores y agroindustriales, el cual garantiza
el adecuado suministro de dicho producto, así como la compra de la producción nacional
bajo condiciones de equidad y transparencia;
VIII. Que el Convenio citado en el considerando anterior, permitirá el establecimiento de un
fondo privado para financiar actividades que fomenten la competitividad y el proceso
de reconversión productiva de productores y agroindustriales, de tal manera que éstos
se preparen para enfrentar con éxito los retos derivados de los procesos de apertura
comercial;
307
Parte II

Parte II
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
308
IX. Que la modificación a los Derechos Arancelarios a la Importación de los rubros
comprendidos en la Parte III, del Arancel Centroamericano de Importación compete
a las Asambleas Legislativas de cada uno de los países de la región, de acuerdo a los
procedimientos legales internos de cada Estado; por lo que es necesario modificar los
Derechos Arancelarios a la importación aplicables al maíz blanco, fracción arancelaria
1005.90.30 y coque de petróleo, fracción arancelaria 2713.11.00;
POR TANTO,
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio de los Ministros de Hacienda y de Economía.
DECRETA:
Art. 1.- Adiciónase al artículo 2 del Decreto Legislativo N° 647, en la parte correspondiente
al Capitulo 10 lo siguiente:
CAPITULO 10
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DAI
1005.90.30 Maíz blanco 0/20 1/
1/ Aplica 0% dentro de Contingente y 20% fuera del mismo.
El otorgamiento de las licencias de importación para gozar del 0% del arancel preferencial
dentro del contingente de maíz blanco, estará condicionado al establecimiento de un fondo
privado para el fomento de la competitividad de los actores de la cadena del maíz, participantes
en el Convenio de Siembra y Comercialización de Maíz Blanco, el cual no podrá ser menor al
2.0% del valor CIF de las importaciones de maíz blanco que la agroindustria realice dentro
del referido contingente y el cual será administrado por los propios beneficiarios de dicho
mecanismo.
El volumen del contingente estará determinado por las necesidades de consumo doméstico
que no alcance a satisfacer la producción nacional y se regirá por el Reglamento sobre la
Apertura y Administración de Contingentes.
Art. 2.- Modificase el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 647 en la parte correspondiente
al Capítulo 27 de la manera siguiente:
CAPITULO 27
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DAI
2713.11.00
( Coque de petróleo )
- Sin calcinar
0

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dos días del mes de diciembre
del dos mil cuatro.
D. O. N° 240, Tomo N° 365, Fecha: 23 de diciembre de 2004.
309
Parte II

Parte II
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
310
DECRETO No. 541
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 655, de fecha 1 de julio de 1999, publicado en el Diario
Oficial No. 139, Tomo No. 344 del 26 del mismo mes y año, se emitió la Ley de Control
y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares.
II. Que la Ley antes mencionada establece en sus artículos 23 y 25 los plazos para renovar
las licencias para el uso, reparación de armas de fuego, recarga de munición o para
manejo de explosivos para fines industriales o de obra civil, en cinco años y la matricula
para la tenencia y conducción de armas de fuego, en seis, los cuales es necesario unificar
en el plazo de tres años para licencias y establecer para dicha matrícula el plazo de
cinco años, a efectos de garantizar un mejor control.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio de los Ministros de Hacienda y de la Defensa Nacional.
DECRETA las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DE CONTROL Y REGULACIÓN DE ARMAS, MUNICIONES,
EXPLOSIVOS Y ARTÍCULOS SIMILARES
Art. 1.Refórmase el inciso final del Art. 23 de la siguiente manera:
La licencia será renovada cada tres años, para lo cual deberá presentar a la respectiva
Oficina de Registro y Control de Armas de Fuego la licencia vencida y cancelación de los
derechos fiscales correspondiente, sin más trámite, salvo por inhabilitaciones a lo dispuesto
en la presente Ley y su Reglamento.
Art. 2. Refórmase el literal a) del Art. 25 de la siguiente manera:
a) Tenencia y conducción cada 5 años.
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 239, Tomo N° 365, Fecha: 22 de diciembre de 2004

DECRETO No. 542
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por medio de Decreto Legislativo No. 551, de fecha 20 de septiembre del 2001,
publicado en el Diario Oficial No. 204, Tomo No. 353 del 29 de octubre del mismo año,
se emitió la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras.
II. Que actualmente dicha normativa legal no establece conductas recurrentes constitutivas
de ilícito penal, relacionadas con diferencias en inventarios determinadas a los beneficiarios
del Régimen Aduanero de Tiendas Libres.
III. Que de conformidad a lo antes expresado, es necesario realizar las reformas respectivas,
a fin de que dichas conductas sean objeto de regulación penal, a efecto de desmotivar
que las mismas sean practicadas.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA las siguientes:
REFORMAS A LA LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR INFRACCIONES ADUANERAS
Art. 1. Refórmase el inciso primero del Art. 9 de esta Ley de la siguiente manera:
Las conductas tipificadas en los literales a), b), c), d) y e) del artículo anterior, solamente
constituirán infracción tributaria cuando el perjuicio fiscal provocado no sobrepase la cantidad
de doscientos dieciocho mil setecientos cincuenta colones (¢218,750.00) o su equivalente
en dólares de los Estados Unidos de América. Cuando el perjuicio fiscal sea superior a dicha
suma, se estará a lo dispuesto en el Art. 22 de esta Ley.
Art. 2. Refórmase el inciso primero del Art. 22 de la siguiente manera:
Cuando las conductas contempladas en los literales a), b), c), d) y e) del Art. 8 de esta
Ley, provoquen un perjuicio fiscal superior a doscientos dieciocho mil setecientos cincuenta
colones (¢218,750.00) o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, dichas
conductas constituirán delito de defraudación de la renta de aduanas, el cual se sancionará
con una pena de uno a tres años de prisión.
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro. D. O. N° 239, Tomo N° 365, Fecha: 22 de diciembre
de 2004
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DECRETO No. 543
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por medio de Decreto Legislativo No. 640, de fecha 22 de febrero de 1996,
se emitió la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las
Bebidas Alcohólicas, la cual fue publicada en el Diario Oficial No. 47, Tomo No. 330,
de fecha 7 de marzo del mismo año.
II. Que actualmente dicha normativa legal contiene vacíos que permiten la elusión en el
pago de los impuestos, principalmente en lo relacionado con el cálculo de los impuestos
que gravan las bebidas alcohólicas y su base imponible.
III. Que los impuestos especiales que gravan ese tipo de productos tienen como propósito
fundamental desalentar el consumo de tales bebidas por el daño que producen a la
salud.
IV. Que es imperativo obtener recursos adicionales para sufragar los gastos de atención
de la salud de la población por el consumo de tales bebidas alcohólicas, por lo que, se
hace necesario realizar ajustes en las tasas de impuestos específicos, a fin de lograr los
fondos necesarios para sufragar los costos sociales de salud.
V. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 1 inciso final de la Constitución de la República
de El Salvador, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el
goce de la salud.
VI. Que de conformidad a lo antes expresado, es necesario reformar la referida ley a efecto
de garantizar la recaudación de ingresos adicionales que puedan ser destinados para la
ejecución de proyectos de salud.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por
medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA las siguientes:
REFORMAS A LA LEY REGULADORA DE LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DEL ALCOHOL Y DE LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS
Artículo 1. Refórmase el Artículo 1, de la siguiente manera:
Art. 1. La presente Ley tiene por objeto regular aspectos relativos al funcionamiento,
registros sanitarios, controles de calidad, pago de impuestos y garantía al consumidor,
relacionados con la producción, elaboración, y venta de alcohol etílico o industrial, de
alcohol metílico, isopropílico, butílico, bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras bebidas
fermentadas, tanto nacionales como importados, sin perjuicio de las demás disposiciones
relativas a esas materias que les sean aplicables.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Para los efectos de la presente Ley, las bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras
bebidas alcohólicas fermentadas, en lo sucesivo se les denominará bebidas alcohólicas. Y cuando
se refieren a salarios mínimos mensuales, se entenderá que se refieren a los del comercio.
Los productos que contengan alcohol etílico y que sean considerados como medicamento
por la autoridad competente serán regulados por el Consejo Superior de Salud Pública.
Artículo 2. Refórmase el inciso segundo del Artículo 2, de la siguiente manera:
La aplicación de la presente Ley será competencia de los Ministerios de Salud Pública y
Asistencia Social, de Hacienda, de los Concejos Municipales y el Consejo Superior de Salud
Pública, según lo establecido en la presente Ley, de manera individual o conjuntamente según
sea el caso.
Las instituciones a que se refiere el inciso anterior, podrán en el ejercicio de sus facultades,
solicitar el apoyo de la Policía Nacional Civil y ésta deberá proporcionarlo. La Policía Nacional
Civil se encuentra facultada para actuar como órgano auxiliar, en las inspecciones, operativos
o fiscalizaciones que éstas realicen.
La fiscalización, inspección, investigación y control del cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias, así como la liquidación y recaudación de impuestos y derechos
fiscales será competencia del Ministerio de Hacienda por medio de las Direcciones Generales
de Impuestos Internos, de la Renta de Aduanas y de Tesorería, conforme a las atribuciones,
facultades y competencias legales que correspondan a cada una de ellas.
Artículo 3. Refórmase el Artículo 3 de la siguiente manera:
Art. 3. Para efectos de esta Ley, se considerarán bebidas alcohólicas aquellas que
contengan alcohol etílico potable en una proporción mayor del cero punto cinco por ciento
(0.5%) en volumen.
Artículo 4. Refórmanse los incisos segundo, cuarto, quinto y final del Artículo 5, de la
siguiente manera:
El alcohol potable considerado apto para el consumo humano, es aquel que puede utilizarse
para la elaboración de bebidas alcohólicas y medicamentos propios por ingestión directa o
para análisis de laboratorio utilizado para reactivos químicos y asepsia.
El Reglamento de la presente Ley especificará los requisitos, que serán exigidos para los
propósitos del control de calidad de los alcoholes destilados y las bebidas alcohólicas. Los tipos
de impurezas, así como sus contenidos máximos y mínimos se establecerán en las Normas
Salvadoreñas Obligatorias (NSO) que emita el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT).
Alcohol no potable es aquel alcohol que por su naturaleza no puede ser para consumo
humano.
Alcohol desnaturalizado es aquel alcohol etílico al que se le han agregado sustancias
denominadas desnaturalizantes para convertirlo en un producto no apto para el consumo
humano.
Se consideran no potables el alcohol etílico desnaturalizado, además los alcoholes tales
como el metílico, isopropílico y butílico.
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Artículo 5. Refórmase el Artículo 6 de la siguiente manera:
Art. 6. El proceso de desnaturalización deberá ser realizado por el fabricante de alcohol
en sus instalaciones y no podrá venderse ningún producto de alcohol para fines medicinales
de uso externo o industriales, sin que se haya cumplido con este requisito.
Los productos desnaturalizantes deberán reunir las condiciones y requisitos técnicos
establecidos en las Normas Salvadoreñas Obligatorias (NSO). Tales productos desnaturalizados
se encuentran especificados en las Normas antes referidas.
El importador de alcohol desnaturalizado, deberá cumplir con los requisitos que establece
esta Ley que le sean aplicables.
Artículo 6. Refórmase el Artículo 10 de la siguiente manera:
Art. 10. Una vez aceptada la solicitud y subsanadas las recomendaciones del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social, éste concederá el permiso de instalación solicitado, en un
plazo no mayor de 30 días contados a partir de la fecha en que se haya cumplido los requisitos
y asignará un número de registro al fabricante que lo facultará para operar.
Si vencido dicho plazo no se ha dado respuesta a la solicitud, se aplicará sanción
administrativa al responsable.
En caso que las instalaciones de la fábrica se trasladen, así como cuando existan
modificaciones o agregados en las materias primas que se utilizarán o en los productos que
se fabricarán, deberá solicitarse nuevamente el permiso a que se refiere el Art. 8 de esta Ley,
para lo cual se adjuntará la información siguiente:
a) En el caso de traslado de la fábrica, la nueva información correspondiente a los
números 2, 3, 4, 5 y 6 a que se refiere el Art. 8 de la presente Ley, y cualquier
otra información que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social estime
pertinente.
b) En el caso de modificaciones o agregados en las materias primas, se deberá
agregar la información relativa a los números 3, 4 y 5 a que se refiere el Art.
8 de la presente Ley, que guarden correspondencia con los nuevos procesos o
procedimientos respecto a las materias agregadas a los productos que se fabricarán,
además cualquier otra información que el referido Ministerio estime pertinente.
Artículo 7. Refórmase el Artículo 11 de la siguiente manera:
Art. 11. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social llevará un Registro de las
fábricas e importadores de alcohol potable o no potable y bebidas alcohólicas autorizadas en
el país, en el cual se hará constar lo siguiente:
a) El nombre del fabricante o importador;
b) La dirección del establecimiento;
c) La producción o importación y venta mensual de la misma;
d) El tipo de productos y sus respectivos contenidos alcohólicos; y,

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
e) Cualquier otra información que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
estime pertinente.
Para los efectos del presente artículo, los fabricantes e importadores deberán enviar en el
mes de enero de cada año al citado Ministerio, un informe que actualice los datos contenidos
en su registro, y especialmente en lo referente a su producción, importación y ventas.
Artículo 8. Refórmase la denominación del acápite correspondiente al Capítulo II del
Título I y los literales a), c) y d) del Art. 13. Asimismo, adiciónense tres incisos al final del
Art. 13, en el orden y de la siguiente manera:
CAPÍTULO II
CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALCOHOLES POTABLES Y
DESNATURALIZADOS
a) Fiscalizar el cumplimiento de las normas de control de calidad que establece la
presente Ley, su Reglamento y las Normas Salvadoreñas Obligatorias (NSO);
c) Autorizar las sustancias que deben utilizarse en la desnaturalización del alcohol,
de acuerdo a las Normas Salvadoreñas Obligatorias (NSO) o el reglamento de la
presente Ley;
d) Realizar las inspecciones que sean necesarias y aplicar las sanciones tanto a
fabricantes e importadores como a vendedores y usuarios de alcohol por las
violaciones a la presente ley relacionadas con la calidad del producto;
Sin perjuicio de las facultades otorgadas al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
la Dirección General de la Renta de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, en
el ejercicio de las facultades de fiscalización podrán verificar el contenido del grado alcohólico
al momento del ingreso del producto al país, en las aduanas correspondientes, en las fábricas,
bodegas, centros de almacenamiento, acopio o cualquier otro establecimiento, sea que se
trate de alcohol o bebidas alcohólicas, conforme a la competencia que corresponde a una u
otra Dirección General.
Las diferencias que determinen los delegados o auditores de las Direcciones referidas,
entre el grado alcohólico señalado en las declaraciones de mercancías, demás documentos
aduanales o etiquetas de los productos, registros, facturas y demás comprobantes, con el
constatado por ellos, servirán para determinar de oficio los impuestos que correspondan en
atención a la competencia de cada Dirección y se harán de conocimiento del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social para que dicho Ministerio ejerza las acciones legales que
correspondan. En el caso anterior no aplica la reserva de información establecida en el Art.
28 del Código Tributario.
En caso que sean los inspectores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social los que
determinen las diferencias citadas, el Ministerio en referencia deberá informar a la Dirección
General de Impuestos Internos cinco días hábiles después de determinar las mismas, a
efecto que dicha Dirección realice las comprobaciones pertinentes para verificar el correcto
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias.
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Artículo 9. Adiciónase un inciso entre los incisos primero y segundo del Artículo 14 de
la siguiente manera:
Los análisis realizados por los laboratorios de la Dirección General de la Renta de Aduanas,
serán válidos para los efectos de la liquidación del impuesto de que trata esta Ley. La
Dirección General de Impuestos Internos podrá solicitar a cualquiera de las autoridades antes
referidas análisis de laboratorio en el ejercicio de sus facultades y funciones, para lo cual
estará exenta del pago de cualquier tasa, precio o costo.
Artículo 10. Refórmase el inciso primero del Artículo 17 de la manera siguiente:
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social podrá realizar las inspecciones que
considere convenientes en las fábricas y bodegas de los productores de alcohol y productores,
distribuidores y detallistas de bebidas alcohólicas, así como en los lugares en que los importadores
tengan los aludidos productos.
Artículo 11. Refórmase el Artículo 18 de la siguiente manera:
Art. 18. El productor, importador, distribuidor o detallista de alcohol y/o bebidas
alcohólicas que se negare a permitir la inspección mencionada en el artículo anterior, o no
prestare la colaboración necesaria se hará acreedor a una suspensión temporal del permiso
o licencia, que durará hasta que la inspección referida sea realizada.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informará al Concejo Municipal respectivo
sobre la negativa a permitir la inspección por parte del distribuidor o detallista, para que proceda
a la suspensión temporal de la licencia y a la aplicación de la sanción correspondiente.
Para efectos de una aplicación efectiva de esta disposición, debe existir colaboración entre
las instituciones e intercambio de información.
Artículo 12. Refórmase el Artículo 19 de la manera siguiente:
Art. 19. Los inspectores seleccionarán directamente muestras de los envases que se
encuentran herméticamente sellados o de los recipientes que contengan el producto, en el
volumen requerido para efectuar el análisis.
En el análisis de los referidos productos los inspectores del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social podrán especialmente practicar las diligencias siguientes:
a) En el lugar del detallista: Verificar el producto envasado y sellado para conocer el
contenido del producto, el volumen requerido y si se encuentra herméticamente
sellado con su respectivo cierre de seguridad.
b) En las fábricas de bebidas alcohólicas: Verificar el producto envasado, sellado
herméticamente con cierre de seguridad y enviñetado, para conocer el volumen
requerido, el porcentaje de alcohol volumétrico y el contenido del mismo.
c) Fábricas de alcohol: Verificar muestras de alcohol etílico o desnaturalizado para
conocer su contenido y si cumple los requisitos que las Normas Salvadoreñas
Obligatorias o el Reglamento de esta Ley establecen.

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
d) Droguerías, laboratorios, empresas industriales u otros usuarios de alcohol: Verificar
muestras de alcohol etílico potable o no y desnaturalizado para conocer si cumple
los requisitos que las Normas Salvadoreñas Obligatorias o el Reglamento de esta
Ley establecen.
Las muestras serán captadas para efectos de registro sanitario, controles de calidad y
contenido, denuncia o por cualquier otra circunstancia justificable, la que se hará constar en
el acta respectiva. En el caso de la denuncia, la identidad del denunciante se reservará de
forma confidencial.
Artículo 13. Intercálase entre los incisos primero y segundo del Artículo 22 el inciso
siguiente:
En el caso del análisis a que se refiere el inciso anterior, si las diferencias en el contenido
alcohólico se encontraran en un porcentaje inferior o superior al señalado en la etiqueta hasta
en cero punto cinco por ciento, no procederá el decomiso y destrucción del producto, salvo
cuando existieren deficiencias de calidad.
Artículo 14. Adiciónanse dos incisos al Artículo 23, de la siguiente manera:
Igualmente en la etiqueta deberá consignarse la denominación del tipo o clase de bebida
alcohólica, tales como aguardiente, vodka, vino o whisky. Las dimensiones de la letra que se
consigne en la etiqueta deben ser como mínimo de cinco milímetros de altura y el ancho no
menor a un tercio de las dimensiones de su altura.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley sobre los requisitos de la etiqueta en los
envases de las bebidas alcohólicas, el productor, importador y distribuidor deberán cumplir
con lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor y su Reglamento, así como con las
Normas Salvadoreñas Obligatorias que en materia de etiquetado emita el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología sobre los productos en referencia.
Artículo 15. Adiciónase un inciso al final del Artículo 26 de la siguiente manera:
El alcohol no potable deberá cumplir además con los requisitos establecidos en las Normas
Salvadoreñas Obligatorias que emita el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Artículo 16. Refórmase el numeral 3 del Artículo 27 y adiciónase un numeral 7 a dicho
artículo, en el orden y de la siguiente manera:
3. El volumen del producto deberá expresarse en sistema métrico decimal corregido
a una temperatura de 20° y la graduación alcohólica en por ciento en volumen.
7. Las bebidas alcohólicas destiladas serán envasadas para su comercialización al
consumidor en envases no mayores de un mil setecientos cincuenta mililitros
(1750ml).
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Artículo 17. Refórmase el Artículo 28 de la siguiente manera:
Art. 28. La venta y comercialización del alcohol etílico no potable, de carácter industrial,
será libre siempre que se cumplan con los requisitos de la presente ley y las Normas Salvadoreñas
Obligatorias y el que se ocupe para fines medicinales deberá comercializarse únicamente en
lugares autorizados y supeditarse asimismo a las regulaciones establecidas en el Código de
Salud y las Leyes respectivas.
Artículo 18. Adiciónase un número 6 en el primer inciso del Artículo 30, de la siguiente
manera:
6. Indicar el Número de Identificación Tributaria (NIT), además en su caso el Número
de Registro de Contribuyente, otorgados por la Dirección General de Impuestos
Internos.
Artículo 19. Refórmase el inciso segundo del Artículo 33 y adiciónanse tres incisos al
final de dicho artículo, en el orden y de la siguiente manera:
Se establecen derechos anuales de las licencias referidas en el inciso anterior en el
equivalente a un salario mínimo mensual asignado al sector comercio por cada puesto de
distribución o venta anual.
Se prohíbe a cualquier persona que posea licencia para la comercialización o venta de
bebidas alcohólicas envasadas o fraccionadas, tener en los locales o establecimientos en los
que se venden o se comercializan las referidas bebidas, o en cualquier otro lugar, existencia
de alcohol etílico, viñetas o etiquetas y cierres de tapón para bebidas alcohólicas.
Asimismo se prohíbe a cualquier persona natural o persona jurídica, poseer alcohol
etílico potable sin que haya obtenido la debida autorización por parte de la autoridad
correspondiente.
La Policía Nacional Civil verificará y garantizará que se dé cumplimiento a las disposiciones
contenidas en los dos incisos anteriores y realizará los decomisos y destrucción del producto
correspondiente cuando se presenten esas circunstancias.
Artículo 20. Refórmase el acápite del Capítulo III, del Título III, y refórmase el Artículo
34 de la manera siguiente:
CAPÍTULO III
DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ALCOHOL Y DE LAS
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Art. 34. Los importadores de alcohol y de bebidas alcohólicas deberán cumplir con los
requisitos siguientes:
a) Cuando se trate de importaciones de bebidas alcohólicas:
1. Presentar la declaración de mercancía o formulario aduanero respectivo,
cumplir con los requisitos aduanales, pagar los aranceles respectivos y

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
los impuestos correspondientes que se causen en la importación inclusive
el establecido en esta Ley.
2. Acompañar al producto de un certificado de libre venta y pureza del país
de origen, extendido por la autoridad oficial competente.
3. Registrar previamente en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
las bebidas alcohólicas a importar y cumplir con todos los requisitos que
esta Ley y el Código de Salud exigen a los productos nacionales.
b) Cuando se trate de importaciones de alcohol etílico, alcohol puro o desnaturalizado,
así como de alcohol metílico, isopropílico u otros alcoholes no potables que se
utilicen para fines industriales:
1. Estar registrado en el Ministerio de Hacienda, tener autorizada la
importación de cuota de alcohol etílico por la Dirección General de
Impuestos Internos y previamente autorizado por el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social para importar el alcohol.
2. En el caso del alcohol puro o desnaturalizado, deberá venir acompañado
de la certificación que ha sido desnaturalizado en el país de origen por
el fabricante de alcohol.
3. En el caso del alcohol etílico para la elaboración de medicinas, bebidas
alcohólicas y para otros fines industriales, deberá acompañarse de la
certificación de análisis de control de calidad del país de origen. Igual
requisito aplicará para la importación de alcohol metílico e isopropílico u
otros alcoholes no potables que se utilicen para fines industriales.
4. Al ingresar el alcohol metílico, isopropílico u otros alcoholes no potables,
así como el alcohol puro o desnaturalizado a las fronteras de nuestro
país, será trasladado a la aduana central de San Bartolo o en su caso
hasta las instalaciones del importador, para lo cual el Administrador
de Aduanas designará el custodio respectivo o dispondrá en su caso la
colocación de sellos de seguridad. El costo del servicio de custodia hasta
las instalaciones del importador, correrá a cargo de éste.
5. Previo al desalmacenaje de los alcoholes, la Dirección General de la
Renta de Aduanas, por medio de sus delegados verificará que cumple
con las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y la Norma Salvadoreña
Obligatoria, sin perjuicio del pago de aranceles y de los impuestos que
legalmente correspondan.
6. Si como resultado de la verificación se detecta que el alcohol que ingresa
al país no se encuentra desnaturalizado según su destino final; no se
encuentra puro o no ostenta la calidad de no potable de conformidad a
la documentación aduanal, la Dirección General de la Renta de Aduanas
impondrá las sanciones administrativas que correspondan, o en su caso
al constituir infracciones aduaneras penales, dicha Dirección deberá dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley Especial para Sancionar Infracciones
Aduaneras.
Artículo 21. Refórmase el Artículo 37 de la siguiente manera:
Art. 37. Las exportaciones de bebidas alcohólicas producidas en el país serán libres, y
no pagarán el impuesto establecido en esta Ley.
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Los beneficiarios del régimen aduanero de tiendas libres están obligados a adherir en el
envase de las bebidas alcohólicas que se comercialicen en sus establecimientos, una etiqueta
que ostente la leyenda siguiente: “Para comercialización exclusiva en tiendas libres”.
Los viajeros y transeúntes que ingresen al país por vía terrestre tendrán derecho a ingresar
libre de impuestos por una sola vez, en un mismo mes, un máximo de dos litros de bebidas
alcohólicas.
Artículo 22. Adiciónase, refórmase e intercálese al Título IV, los Artículos que a
continuación se indican, así:
CAPÍTULO I
HECHO GENERADOR, MOMENTO EN EL QUE SE CAUSA EL IMPUESTO, IMPUESTO,
TASA O ALICUOTA
Art. 42-A. Constituyen hechos generadores del impuesto que establece esta ley, la
producción y la importación de bebidas alcohólicas, así como el retiro o desafectación de los
inventarios de los productos en mención para uso o consumo personal del productor, socios,
accionistas, directivos, apoderados, asesores, funcionarios o personal de la empresa, grupo
familiar de cualquiera de ellos o de terceros.
Se consideran retiradas o desafectadas, todas las bebidas alcohólicas que faltaren en los
inventarios y cuya salida de la empresa no se debiere a caso fortuito o fuerza mayor o a causas
inherentes a las operaciones, modalidades de trabajo o actividades normales del negocio.
No se reputan retirados o desafectados de la empresas los productos que faltaren en los
inventarios, que el sujeto pasivo justificare o comprobare como atribuibles a caso fortuito,
fuerza mayor o a causas inherentes a las operaciones, modalidades o actividades normales del
negocio y que no excedan en ningún caso del 1.5% de las unidades producidas en el mes.
Art. 42-B. En el caso de la producción de bebidas alcohólicas, el hecho generador
gravado se entiende ocurrido y causado el impuesto, al momento de la salida de la fábrica,
de las bodegas, centros de almacenamiento o de acopio, o de cualquier otro establecimiento
de los referidos productos, en el que el productor los almacene.
En el caso de la importación de los productos aludidos en el inciso anterior, se entenderá
ocurrido y causado el impuesto al momento que tenga lugar su importación.
En el caso del retiro o desafectación de tales bienes, se entiende causado el impuesto
en la fecha de su retiro o desafectación. De no poder determinarse la fecha de su retiro o
desafectación, la Administración Tributaria estará facultada para aplicar lo dispuesto en el
artículo 193 del Código Tributario.
Art. 43. Para todas las bebidas alcohólicas producidas en el país o importadas, se
establece un impuesto sobre el contenido alcohólico en dólares de los Estados Unidos de
América o su equivalente en colones salvadoreños, tomando como referencia la clasificación
arancelaria de acuerdo al detalle siguiente:

PARTIDA
ARANCELARIA
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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
DESCRIPCIÓN
ALÍCUOTA A APLICAR
POR CADA UNO POR
CIENTO EN VOLUMEN
DE ALCOHOL POR
LITRO DE BEBIDA ($)
22.03.00.00 Cerveza de Malta 0.0825
22.04
Vino de Uvas Frescas, incluso encabezado; Mosto
de uva excepto de la partida 20.09:
22.04.10.00 Vino Espumoso 0.07
22.04.20
22.04.21.00
Los demás vinos; mosto de uva en el que la
fermentación se ha impedido o cortado añadiendo
alcohol:
En recipientes con capacidad igual o inferior a 2
litros
0.07
22.04.29.00 Los demás 0.07
22.04.30.00 Los demás mostos de uva 0.07
22.05.
22.05.10.00
Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados
con plantas o sustancias aromáticas:
En recipientes con capacidad inferior o igual a 2
litros
0.07
22.05.90.00 Los demás 0.07
22.06.00.00
22.08
Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo:
Sidra, Perada, agua miel); mezclas de bebidas
fermentadas y bebidas no alcohólicas no expresadas
ni comprendidas en otra parte
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico
volumétrico inferior a 80% vol; aguardientes, licores
y demás bebidas espirituosas
22.08.20 Aguardiente de vino o de orujo de uvas:
22.08.20.10
Con grado alcohólico volumétrico superior o igual
a 60% vol
0.0825
0.04
22.08.20.90 Otros 0.04
22.08.30 Whisky:
22.08.30.10
Con grado alcohólico volumétrico superior a 60%
vol
0.15
22.08.30.90 Otros 0.15
321
Parte II

Parte II
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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22.08.40 Ron y demás aguardientes de caña:
22.08.40.10 Ron 0.05
22.08.40.90 Otros 0.015
22.08.50.00 Gin y Ginebra 0.14
22.08.60 Vodka:
22.08.60.10
Con grado alcohólico volumétrico superior a 60%
vol
0.0325
22.08.60.90 Otros 0.0325
22.08.70.00 Licores 0.14
22.08.90 Los demás:
Aguardientes obtenidos por fermentación y
22.08.90.20 destilación de mostos de cereales, con grado
alcohólico volumétrico superior a 60%
0.04
22.08.90.90 Otros 0.08
El impuesto especifico a que se refiere esta Ley se determinará aplicando la
alícuota que corresponda a cada uno por ciento en volumen de alcohol por litro de bebida o
por la proporción de bebida correspondiente.
Las bebidas alcohólicas estarán sujetas al pago de la tasa máxima de impuesto que
establece este artículo, cuando no exista clasificación arancelaria que la identifique. La regla
anterior también es aplicable cuando se cree una nueva partida arancelaria.
Los productores o importadores de bebidas alcohólicas, son sujetos pasivos del impuesto,
y deberán consignar de manera separada en los comprobantes de crédito fiscal que emitan,
el monto del impuesto sobre el contenido alcohólico correspondiente.
CAPÍTULO II
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Art. 44. Los productores o fabricantes de alcohol, de bebidas alcohólicas, así como los
importadores de los productos referidos se encuentran obligados a registrarse como tales
ante la Dirección General de Impuestos Internos en el Registro Especial de Fabricantes e
Importadores de Alcoholes y bebidas alcohólicas que al efecto llevará la Dirección General de
Impuestos Internos.
La obligación a que se refiere el inciso anterior también es aplicable a los expendedores,
distribuidores o detallistas de los mencionados productos, así como a las empresas industriales,
farmacéuticas o laboratorios usuarias de alcohol etílico como materia prima.
La obligación de registrarse deberán cumplirla los sujetos a que se refiere este artículo,
dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha en la que fueron concedidos los
permisos o licencias respectivas según sea el caso, por parte del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social o de la Municipalidad.

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Para ese efecto, se adoptará como número de registro el que corresponda al Número de
Registro de Contribuyente (NRC), al que se agregará un distintivo que permita identificar la
calidad que ostenta el sujeto pasivo.
Cuando por cualquier circunstancia, un sujeto inscrito en el Registro Especial a que se
refiere este artículo, cese operaciones o actividades, deberá informar mediante formulario a
la Dirección General de Impuestos Internos, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
fecha en que cese operaciones o actividades, a fin de que se desinscriba de dicho Registro.
Art. 45. Para efectos de esta Ley, el período tributario será de un mes calendario, en
consecuencia, los productores de bebidas alcohólicas sujetos al pago del impuesto a que se
refiere esta ley, deberán presentar mensualmente una declaración jurada que contenga la
información de las operaciones gravadas y exentas realizadas en cada periodo tributario, en
la cual dejarán constancia de las operaciones realizadas.
La referida declaración jurada, deberá presentarse consignando además de las operaciones
antes citadas, los datos que requiera la Dirección General de Impuestos Internos, en los
formularios que proporcionará para tal efecto, en medios físicos, magnéticos o electrónicos.
Asimismo los productores de bebidas alcohólicas, deberán presentar junto a la declaración
jurada mensual un informe en formulario físico, o a través de medios magnéticos o electrónicos
según lo disponga la Dirección General de Impuestos Internos, que contenga los datos
siguientes:
a) La marca o denominación;
b) Contenido de grado alcohólico en porcentaje de volumen y corregido a 20E;
c) N° de partida arancelaria a que corresponde el producto;
d) Volumen en mililitros;
e) Inventario inicial;
f) Producción del mes;
g) Disponibilidad;
h) Exportaciones;
i) Ventas internas;
j) Retiros o desafectaciones;
k) Devoluciones sobre ventas;
l) Inventario final;
m) Unidades sujetas;
n) Base imponible;
o) Impuesto específico.
Los importadores también deberán presentar un informe dentro de los primeros diez
días hábiles del mes siguiente de las realizadas importaciones respectivas, conteniendo la
información relativa a los literales a), b), c), d), n) y o) del inciso anterior y las unidades
importadas; en formulario físico, o a través de medios magnéticos o electrónicos según lo
disponga la Dirección General de Impuestos Internos.
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Parte II

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La obligación de presentar la declaración a que hace referencia el inciso primero subsiste
aunque no se hayan realizado operaciones durante el periodo tributario.
Las declaraciones modificatorias se regirán por lo dispuesto en el Código Tributario.
Art. 45-A. La declaración jurada incluirá el pago del impuesto y deberá ser presentada
en la Dirección General de Impuestos Internos, en la Dirección General de Tesorería o en
los Bancos y otras instituciones financieras autorizadas por el Ministerio de Hacienda, en los
primeros diez días hábiles del mes siguiente al periodo tributario correspondiente.
El impuesto sobre las importaciones deberá ser liquidado ante la Dirección General de la
Renta de Aduanas en el mismo acto en que se determinen los derechos aduaneros y el pago
realizado en las Colecturías de la Dirección General de Tesorería, en los Bancos o en cualquier
otra institución financiera autorizada por el Ministerio de Hacienda.
El pago del impuesto contenido en esta Ley, por los sujetos pasivos, no constituye renta
gravable ni costo o gasto deducible para efectos del Impuesto sobre la Renta.
La omisión en el pago del impuesto a que se refiere esta Ley en dos o más períodos
tributarios sucesivos o alternos durante un año calendario dará lugar a la suspensión definitiva
de la licencia o permiso que concede el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o la
Municipalidad. La Dirección General de Impuestos Internos informará al Ministerio en referencia
de tal situación. En este caso no aplicará la Reserva del Art. 28 del Código Tributario.
Art. 45-B. Los importadores, las empresas industriales, farmacéuticas o laboratorios
usuarios de alcohol etílico, deberán solicitar anualmente dentro del mes de enero de cada año,
a la Dirección General de Impuestos Internos, autorización de la respectiva cuota de alcohol
a importar o adquirir.
Dichas solicitudes deberán efectuarse por medio de los formularios que la referida Dirección
General proporcione y serán resueltas dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud.
La autorización a que se refiere este artículo deberá ser presentada al momento de
la importación o de ser realizada la compra del producto, según cual sea el caso que se
presente.
Tanto los productores de alcohol, como la Dirección General de la Renta de Aduanas, se
encuentran obligados a solicitar a los usuarios o importadores de alcohol, la referida autorización
y confirmar su existencia en la página electrónica de Internet del Ministerio de Hacienda o en
cualquier otro medio que la Dirección General de Impuestos Internos establezca.
Los productores de alcohol o importadores de alcohol etílico, así como los importadores de
alcohol metílico, isopropílico o butílico, deberán anotar en el original y copias del Comprobante
de Crédito Fiscal que emitan por las ventas que realicen, el Número de Autorización otorgado
por la Dirección General de Impuestos Internos y el Número de Registro otorgado por el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

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Art. 45-C. Estarán obligados a llevar registro especial de control de inventarios de
manera permanente independientemente del sistema de control de inventarios que hayan
adoptado, las personas siguientes:
a) Los productores de alcohol etílico, importadores de alcohol etílico, metílico,
isopropílico o butílico, los productores de bebidas alcohólicas, las empresas
industriales, farmacéuticas o laboratorios usuarios de tales alcoholes; y
b) Los productores e importadores de bebidas alcohólicas.
El registro de control de inventarios a que se refiere este artículo deberá cumplir en todo
caso, con las especificaciones mínimas que a continuación se enuncian:
Para quienes se encuentren comprendidos en el literal a) de este artículo:
1. Fecha de la operación;
2. Descripción de las operaciones, detallando si la operación consiste en producción,
importación, compra, consumo, venta, retiro o desafectación;
3. Número de documento que respalda las entradas y salidas de alcohol;
4. Nombre del proveedor local o extranjero del alcohol y Número de Identificación
Tributaria en caso de ser proveedor local;
5. Saldo al inicio del periodo de unidades de alcohol a un grado de alcohol en volumen
equivalente en sistema métrico y corregido a una temperatura de 20° C;
6. Unidades de alcohol comprado, producido o importado a un grado de alcohol en
volumen equivalente en sistema métrico y corregido a una temperatura de 20° C.
7. Unidades de alcohol utilizadas, vendidas o retiradas a un grado de alcohol en volumen
equivalente en sistema métrico y corregido a una temperatura de 20° C;
8. Saldo al final del periodo, de unidades de alcohol a un grado de alcohol en volumen
equivalente en sistema métrico y corregido a una temperatura de 20° C,
Para quienes se encuentren comprendidos en el literal b) de este artículo:
I. Los mismos requisitos de los numerales 1, 2 y 3, establecidos en el inciso anterior,
así como las devoluciones respecto de las bebidas alcohólicas;
II. Identificación del lote de producción;
III. Nombre del proveedor, en caso de las bebidas importadas;
IV. Saldo al inicio del periodo de unidades de bebidas producidas o importadas, según
su presentación y a un grado de alcohol en volumen equivalente en sistema
métrico y corregido a una temperatura de 20° C;
V. Unidades producidas o importadas según su presentación y a un grado de alcohol
en volumen equivalente en sistema métrico y corregido a una temperatura de
20° C;
VI. Unidades vendidas de bebidas producidas o importadas, retiradas o desafectadas de
los inventarios por cualquier causa, a un grado de alcohol en volumen equivalente
en sistema métrico y corregido a una temperatura de 20° C;
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Parte II

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VII. Saldo de unidades de bebidas al final del periodo producidas o importadas según
su presentación a un grado de alcohol en volumen equivalente en sistema métrico
y corregido a una temperatura de 20° C;
VIII. El impuesto específico que corresponde a cada operación.
El registro especial a que se refiere este artículo deberá llevarse como parte del registro
especial de control de inventarios que estipula el artículo 142 del Código Tributario.
Dicho registro deberá reflejar en cualquier momento la existencia actualizada del
inventario.
Art. 45-D. Los productores de alcohol y de bebidas alcohólicas destiladas y otras
bebidas fermentadas, así como las empresas industriales, farmacéuticas y laboratorios
deberán utilizar documentos de control interno consistentes en hojas de costos de producción
y comprobantes de requisición para el control de las unidades, de sus costos de producción,
y del alcohol utilizado como materia prima a un grado de alcohol en volumen equivalente en
sistema métrico y corregido a una temperatura de 20° C.
Las hojas de costos y comprobantes de requisición en mención, deberán ser numeradas
correlativamente, consignar la identificación del lote de producción con el cual se relacionan
y guardar correspondencia con las anotaciones efectuadas en la contabilidad.
Art. 45-E. Las Municipalidades deberán presentar a la Dirección General de Impuestos
Internos, cuando ésta lo requiera, un detalle de los establecimientos comerciales que han
autorizado para vender bebidas alcohólicas, con los requisitos y formas que ésta disponga,
dicha información deberá ser proporcionada dentro del plazo de cinco días hábiles contados
a partir del día siguiente de notificado el requerimiento.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cuando la Dirección General de Impuestos
Internos lo requiera, estará obligado a informar de los usuarios de alcohol etílico, metílico,
butílico e isopropílico, así como de las fábricas de alcohol y bebidas alcohólicas autorizadas y
de los importadores que han registrado bebidas alcohólicas importadas en dicho Ministerio o
cualquier otra información que dicha Dirección General solicite relacionada con los registros o
autorizaciones sobre alcohol o bebidas alcohólicas, debiendo proporcionarla con los requisitos
y formas que ésta disponga, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día
siguiente de notificado el requerimiento.
Art. 45-F. Los productores de alcohol etílico, así como los importadores de alcohol
etílico, metílico, isopropílico y butílico deberán presentar durante el mes de febrero de cada
año, un informe en formulario físico, o a través de medios magnéticos o electrónicos con los
requisitos que la Dirección General disponga, que contenga un detalle de las ventas efectuadas
a los usuarios de alcohol etílico, metílico, isopropílico y butílico en el año inmediato anterior;
debiendo contener los siguientes datos:
a) Numero de Identificación Tributaria;
b) Número de Registro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social;
c) Nombre del usuario;

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d) Volumen vendido de alcohol etílico potable o no potable a un grado de alcohol en
volumen equivalente en sistema métrico decimal y corregido a una temperatura
de 20° C.
En el caso de cese de operaciones o actividades, los datos del inciso anterior que deberán
informarse corresponderán a los del año del cese.
Para efectos de esta ley se comprenderán por usuarios de alcohol etílico, los productores
de bebidas alcohólicas sujetas a los impuestos de que trata esta ley, las empresas industriales,
farmacéuticas o laboratorios, que utilizan como materia prima el alcohol etílico.
CAPÍTULO III
DE LAS FACULTADES
Art. 47-A. Se faculta a la Dirección General de la Renta de Aduanas para que, previo
a la liquidación de los derechos e impuestos a la importación de bebidas alcohólicas, efectúe
en forma selectiva, la verificación del grado alcohólico que se consigna en las etiquetas y el
contenido en los envases de tales bebidas respecto de las consignadas en el formulario del
declarante importador.
Si de la verificación efectuada se determinare que el grado alcohólico declarado es inferior
al determinado en la verificación física realizada, se procederá a determinar la correcta base
imponible y liquidar el impuesto específico que conforme a derecho corresponde.
Para tales efectos podrá efectuar mediciones de forma selectiva del contenido alcohólico
de las bebidas declaradas por el importador.
La Dirección General de Impuestos Internos tendrá la misma facultad respecto de las
bebidas alcohólicas producidas en el país.
Art. 47-B. Las diferencias de inventarios que se determinen de conformidad a lo
establecido en el Artículo 193 del Código Tributario, se presumirán, salvo prueba en contrario,
que constituyen:
a) En el caso de faltantes, unidades producidas que han salido de las fábricas, bodegas,
centros de almacenamiento o acopio de los contribuyentes productores, que han
sido omitidas de registrar y declarar. Para imputar las unidades no declaradas se
realizará el siguiente procedimiento:
1) Se dividirán las unidades no declaradas entre las unidades producidas
declaradas, registradas o documentadas en el período o ejercicio de
imposición, por tipo de producto, obteniendo como resultado un factor
por tipo de producto para imputar las unidades no declaradas.
2) El factor por tipo de producto se aplicará a las unidades producidas que
han salido de las fábricas, bodegas, centros de almacenamiento o acopio
declaradas, registradas o documentadas por período tributario mensual,
imputándose de esta manera las unidades no declaradas a los períodos
tributarios mensuales respectivos.
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b) En el caso de sobrantes, unidades producidas o importadas que han sido omitidas
de registrar por el contribuyente productor o importador, en el período o ejercicio
de imposición o períodos tributarios mensuales incluidos en el ejercicio comercial
en que se determinó el sobrante y que reflejan el manejo de un negocio oculto.
Para determinar e imputar las unidades producidas que han salido de las fábricas,
bodegas, centros de almacenamiento o acopio no declaradas, así como de las
unidades importadas no declaradas, se realizará el siguiente procedimiento:
1) Las unidades no declaradas por tipo de producto, se determinarán
aplicando a las unidades sobrantes el índice de rotación de inventarios
por tipo de producto. El índice en referencia se calculará dividiendo las
unidades producidas que han salido de las fábricas, bodegas, centros
de almacenamiento o acopio, declaradas, registradas o documentadas
entre el promedio de las unidades del inventario inicial y final por tipo de
producto en el ejercicio comercial o en el período tributario mensual en
que se aplicó el procedimiento. En el caso de las importaciones el índice
se calculará de igual manera dividiendo las unidades importadas entre
el promedio de las unidades del inventario inicial y final.
2) Las unidades no declaradas se imputarán a los períodos tributarios incluidos
en el ejercicio comercial en que se aplicó el procedimiento, en caso que
no fuera posible establecer a que período imputar o atribuir las unidades
por abarcar el procedimiento un año calendario, éstas se imputarán con
base a un factor que se obtendrá de dividir las unidades no declaradas
entre las unidades producidas declaradas, registradas o documentadas
en el período o ejercicio de imposición, por tipo de producto. En el caso
de las importaciones el factor se obtendrá de idéntica forma, dividiendo
las unidades no declaradas entre las unidades importadas en el período
o ejercicio comercial, por tipo de producto.
3) El factor por tipo de producto se aplicará a las unidades producidas que
han salido de las fábricas, bodegas, centros de almacenamiento o acopio
declaradas, registradas o documentadas o a las unidades importadas por
período tributario mensual, imputándose de esta manera las unidades no
declaradas a los períodos tributarios mensuales respectivos. Para el caso
del sujeto pasivo importador las unidades no declaradas imputadas se
considerarán importadas en los primeros cinco días del período tributario
mensual al que se imputan.
A las unidades no declaradas determinadas conforme al procedimiento establecido en este
artículo, se calculará la base imponible para el impuesto específico y se aplicará la alícuota
correspondiente, de conformidad a lo establecido en esta Ley.
Cuando se trate de impuestos que corresponda liquidarlos a la Dirección General de la
Renta de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos remitirá a dicha Dirección la
información y documentación correspondiente, para que aquella en el ejercicio de sus facultades
realice la liquidación de impuestos a que haya lugar.

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CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTOS
Art. 47-C. Los importadores de alcohol puro y desnaturalizado deberán cumplir con
el procedimiento siguiente:
a) Al ingresar el alcohol a las fronteras será trasladado a la aduana central de San
Bartolo bajo custodia y debidamente marchamado.
b) Previo al desalmacenaje, la Dirección General de la Renta de Aduanas, por medio
de sus delegados verificará que cumple con las disposiciones de esta Ley, su
Reglamento y la Norma Salvadoreña Obligatoria, sin perjuicio del pago de aranceles
y de los impuestos que legalmente correspondan.
c) Si como resultado de la verificación se detecta que el alcohol que ingresa al país
no se encuentra desnaturalizado según su destino final o no se encuentra puro, la
Dirección General de la Renta de Aduanas impondrá las sanciones administrativas
que correspondan, o en su caso al constituir infracciones aduaneras penales,
dicha Dirección deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Especial para
Sancionar Infracciones Aduaneras.
Art. 47-D. En caso de infracción a las obligaciones establecidas en la presente Ley,
cuya naturaleza no sea de carácter tributario, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
a través de la dependencia correspondiente, ordenará de inmediato el inicio del procedimiento,
concediendo audiencia al interesado por el plazo de tres días contados a partir del día siguiente
al de la notificación de la resolución respectiva, entregándosele una copia del informe de
infracción en el que se le atribuyen los incumplimientos constatados.
En el mismo acto se abrirá a pruebas por el plazo de ocho días, que se contaran desde el
día siguiente al vencimiento del plazo concedido para la audiencia, debiendo aportar en ese
lapso mediante escrito, aquellas pruebas que fueren idóneas y conducentes que amparen la
razón de su inconformidad con el contenido del informe de infracción.
Concluido el término probatorio, se dictará la resolución que corresponda, con fundamento
en las pruebas y disposiciones legales aplicables.
Los plazos a que se refiere este artículo son perentorios y únicamente comprenderán días
hábiles.
Las acciones que le corresponde ejecutar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
derivadas de la presente Ley, caducarán en un plazo de tres años contados a partir de la fecha
en que se cometió la supuesta infracción.
La acción para el cobro de las multas prescribirá en el plazo de diez años contados a partir
del día siguiente que la deuda se encuentre firme.
La prescripción requiere de alegación de la parte interesada y será dicho Ministerio quien
la declare.
En cuanto a las infracciones a las obligaciones formales y sustantivas de carácter tributario
establecidas en la presente Ley, en materia de caducidad, prescripción y procedimientos, se
estará a lo regulado en el Código Tributario.
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CAPÍTULO V
INFRACCIONES Y SANCIONES
Sección Uno
Infracciones y Sanciones relativas a Economía y Salud Pública
Art. 50. Los fabricantes, importadores, distribuidores o comerciantes que realizaren
cualquiera de las actividades reguladas por esta Ley sin haberse inscrito en el respectivo
registro que llevará el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y las Alcaldías respectivas
y sin haber recibido la autorización o licencia respectiva, serán sancionados con una multa de
siete salarios mínimos por semana o fracción de incumplimiento, y si no comunicara cualquier
cambio de los datos básicos para el registro, la multa por mes o fracción de incumplimiento
será de cuatro salarios mínimos.
En caso de reincidencia, además de las sanciones señaladas en el inciso anterior, se
procederá a la cancelación definitiva de la respectiva licencia y el decomiso de los productos
elaborados, envasados o comercializados con infracción a la presente Ley.
El suministro de información errónea al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o a
las Direcciones Generales de Impuestos Internos o de la Renta de Aduanas del Ministerio de
Hacienda se sancionará con una multa de trece salarios mínimos. Igual sanción se aplicará
a quien utilice una constancia de inscripción falsa sin perjuicio de la responsabilidad penal en
que incurriere.
Sección Dos
Infracciones y Sanciones Relativas a Obligaciones Tributarias
Art. 55-A. Constituyen incumplimiento a la obligación de inscribirse:
a) No inscribirse o inscribirse fuera del plazo en el Registro Especial que lleve la
Dirección General de Impuestos Internos, de los obligados formales productores
o importadores de alcohol etílico, y en su caso de los expendedores, distribuidores
o detallistas, así como de las empresas industriales, farmacéuticas o laboratorios
usuarias de alcohol etílico como materia prima. Sanción: Multa de tres salarios
mínimos mensuales.
b) No informar, informar fuera del plazo o informar en un medio distinto al establecido
por la Dirección General de Impuestos Internos, el cese de operaciones o actividades.
Sanción: Multa de tres salarios mínimos mensuales.
Art. 55-B. Constituyen incumplimiento a la obligación de consignar el Impuesto Sobre
el Contenido Alcohólico y la identificación del lote de producción:
a) Emitir, los productores o importadores de bebidas alcohólicas, comprobantes de
crédito fiscal sin detallar el Impuesto Sobre el Contenido Alcohólico. Sanción:

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Multa equivalente a un medio del salario mínimo mensual por cada documento
emitido.
b) Emitir, los productores o importadores de bebidas alcohólicas, los documentos
legales que amparen la exportación de las referidas bebidas sin consignar la
identificación del lote de producción o importación correspondiente. Sanción:
Multa equivalente a un medio del salario mínimo mensual por cada documento
emitido.
Art. 55-C. Los incumplimientos a la obligación de declarar el impuesto, serán sancionados
de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 238 del Código Tributario.
Art. 55-D. Constituyen incumplimientos a la obligación de consignar datos en las
etiquetas de los envases de los productos:
a) No consignar, consignar en forma incompleta o inexacta, en las etiquetas de los
envases de los productos sujetos al impuesto establecido en la presente Ley, la
fecha de producción, la identificación del número de lote de producción y la clase
o tipo de bebida alcohólica. Sanción: Multa equivalente a un cuarto del salario
mínimo mensual de comercio por etiqueta en los envases de los productos sujetos
a impuestos, sin perjuicio de las sanciones que correspondiere aplicar por el
Ministerio de Economía o el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de
conformidad a sus atribuciones legales.
b) No cumplir con las dimensiones reguladas para la letra que debe constar en las
etiquetas de los envases de los productos sujetos al impuesto establecido en la
presente ley. Sanción: Multa equivalente a un cuarto del salario mínimo mensual
por etiqueta en los envases de los productos sujetos a impuestos, sin perjuicio
de las sanciones que correspondiere aplicar por el Ministerio de Economía o el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de conformidad a sus atribuciones
legales.
Art. 55-E. Constituyen incumplimientos a la obligación en materia de registros:
a) Omitir llevar registro especial de control de inventarios de alcohol etílico, metílico,
isopropílico o butílico o registro especial de control de inventarios de bebidas
alcohólicas. El incumplimiento anterior será sancionado de acuerdo al Artículo
243 literal a) del Código Tributario.
b) No Llevar el registro especial de control de inventario de alcohol etílico, metílico,
isopropílico o bútilico o registro especial de control de inventarios de bebidas
alcohólicas, en la forma prescrita en esta Ley y Artículo 142 del Código Tributario.
El incumplimiento anterior será sancionado de acuerdo al Artículo 243 literal b)
del Código Tributario.
El patrimonio o capital contable que es base para la imposición de la sanción de que trata
el Artículo 243 del Código Tributario, se tomará del balance general que obtenga, disponga,
establezca o determine por cualquier medio la Dirección General de Impuestos Internos con
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base en las facultades que le otorga el Código Tributario. Cuando no exista balance general
o no sea posible establecer el patrimonio o capital contable, se aplicará la sanción de nueve
salarios mínimos mensuales.
Art. 55-F. Constituyen incumplimientos a la obligación de utilizar documentos de
control:
a) No utilizar documentos internos de hojas de costos de producción y comprobantes
de requisición para el control de las unidades y sus costos de producción. Sanción:
Multa equivalente a diez salarios mínimos por período tributario mensual en que
no se ha utilizado hojas de costos o comprobantes de requisición.
b) Utilizar documentos internos de hojas de costos de producción y comprobantes
de requisición para el control de las unidades y sus costos de producción, sin
cumplir los requisitos prescritos en esta Ley. Sanción: Multa equivalente a un
medio de salario mínimo mensual por hoja de costos o de un cuarto de salario
mínimo mensual por comprobante de requisición, que no cumpla los requisitos de
numeración correlativa, de identificación de lote de producción o que no guarde
correspondencia con las anotaciones en contabilidad del contribuyente productor
de alcohol etílico o de bebidas alcohólicas.
Art. 55-G. Constituyen infracciones a la obligación de informar:
a) No informar, informar fuera del plazo legal, informar por un medio distinto al
dispuesto en sus formularios por la Dirección General de Impuestos Internos, el
informe mensual que contiene los datos prescritos en el Art. 45 de la presente Ley.
Sanción: Multa equivalente del cero punto uno por ciento sobre el patrimonio o
capital contable que figure en el balance general menos el superávit por revalúo de
activos no realizado, la que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual.
b) No informar, informar en medios distintos a los requeridos por la Dirección General
de Impuestos Internos o informar fuera del plazo legal una vez requerido por la
Dirección General, el detalle de los establecimientos comerciales autorizados para
vender bebidas alcohólicas por las Municipalidades. Sanción: Multa equivalente
de dos salarios mínimos al funcionario responsable.
c) No informar, informar en medios distintos a los requeridos por la Dirección
General de Impuestos Internos o informar fuera del plazo legal una vez requerido
por la Dirección General, el detalle de los usuarios de alcohol etílico no potable,
fabricas de alcohol y bebidas alcohólicas autorizadas y de los importadores que
han registrado bebidas alcohólicas importadas por el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social. Sanción: Multa equivalente de dos salarios mínimos al funcionario
responsable.
d) No informar, informar fuera del plazo legal, informar por un medio distinto al
dispuesto en sus formularios por la Dirección General de Impuestos Internos, el
informe que contenga el detalle de las ventas efectuadas a los usuarios de alcohol
etílico con los datos prescritos en la presente Ley. Sanción: Multa equivalente del
cero punto uno por ciento sobre el patrimonio o capital contable que figure en el

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balance general menos el superávit por revalúo de activos no realizado, la que
no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual.
El balance general del que se tomará el patrimonio o capital contable, a que aluden los
literales a) y e) anteriores, corresponderá al del cierre del año, así:
1) Para el caso del literal a) el balance general que se tomará para el cálculo de la
sanción corresponderá al del cierre del año calendario inmediato anterior, al del
año en que se debieron presentar los informes mensuales.
2) Para el caso del literal e) el balance general que se tomará para el cálculo de la
sanción corresponderá al del cierre del año calendario inmediato anterior, al del
año en que se debió presentar el informe anual.
El patrimonio o capital contable, se tomará del balance general que obtenga, disponga,
establezca o determine por cualquier medio la Dirección General de Impuestos Internos en
base a las facultades que le otorga el Código Tributario. Cuando no exista balance general
o no sea posible establecer el patrimonio o capital contable, se aplicará la sanción de nueve
salarios mínimos.
Art. 55-H. Constituyen incumplimientos a la obligación de solicitar cuota de
alcohol:
a) No solicitar, solicitar fuera del plazo legal o solicitar sin estar registrado en el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la autorización de la respectiva
cuota de alcohol etílico, que utilizarán en el año emitida por la Dirección General
de Impuestos Internos.
Sanción: Multa de nueve salario mínimos mensuales.
b) No anotar en el comprobante de crédito fiscal que emitan los productores de alcohol
etílico a los usuarios de dicho alcohol, el Número de Autorización de la cuota de
alcohol que otorga la Dirección General de Impuestos Internos o el Número de
Registro de Salud. Multa equivalente a un salario mínimo mensual por copia de
comprobante de crédito fiscal emitido sin contener el Número de Autorización de
la cuota de alcohol que otorga la Dirección General o el Número de Registro de
Salud.
c) Anotar en el comprobante de crédito fiscal que emitan los productores de alcohol
etílico a los usuarios de dicho alcohol, el Número de Autorización de la cuota
de alcohol otorgada por la Dirección General de Impuestos Internos de forma
inexacta, o dicho número de autorización no conste como emitido en los archivos
informáticos de la Dirección General. Multa equivalente a medio salario mínimo
mensual por copia de comprobante de crédito fiscal emitido en el que conste las
circunstancias referidas.
Artículo 23. Adiciónase un artículo en el TÍTULO V CAPÍTULO I, de la siguiente
manera:
Art. 66-A. Cuando se haya realizado análisis de laboratorios a un mismo producto
objeto de la presente Ley, por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y por la
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Dirección General de la Renta de Aduanas, y exista discrepancia en los resultados, prevalecerá
el análisis realizado por los laboratorios del Ministerio referido.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y VIGENCIA
Art. 24. Las normas tributarias de esta Ley se regirán de conformidad con las siguientes
reglas:
a) Las normas sustantivas, regirán a partir del período tributario mensual siguiente
al de la fecha de entrada en vigencia.
b) Las normas relativas a facultades y procedimientos serán aplicables de manera
inmediata una vez vigentes, pero los procedimientos en trámite culminarán o
concluirán aplicando la Ley precedente.
Art. 25. Los sujetos que antes de la entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren
operando como productores o importadores de alcohol y de bebidas alcohólicas deberán
inscribirse en tal calidad, en el registro especial a que alude el presente decreto.
Quienes antes de la vigencia de este decreto no se encontraban obligados a solicitar
permiso o licencia ante al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o ante la Municipalidad
respectiva y conforme a lo dispuesto en el presente decreto resultaren obligados a hacerlo,
también estarán obligados a registrarse en el aludido registro especial que lleve la Dirección
General de Impuestos Internos.
Dicha obligación deberán cumplirla dentro de treinta días hábiles siguientes a la fecha de
entrada en vigencia de este decreto.
Los productores o importadores de alcohol etílico, así como los productores o importadores
de bebidas alcohólicas, estarán obligados a presentar a la Dirección General de Impuestos
Internos un informe que contenga el detalle del inventario del referido alcohol y de las bebidas
alcohólicas que posean en existencia al cierre del período tributario mensual inmediato anterior,
al período siguiente de entrada en vigencia del presente decreto. El informe deberá presentarse
dentro de los primeros veinte días hábiles siguientes de finalizado el período tributario mensual
al que corresponde el inventario del cierre, mediante los formularios que proporcionará para
tal efecto la Dirección General, a través de medios físicos, magnéticos o electrónicos.
Dicho informe deberá contener:
a) Unidades de alcohol etílico a un grado de alcohol en volumen equivalente en
sistema métrico decimal a una temperatura de 20° C.
b) Detalle de unidades de bebidas alcohólicas según su presentación a un grado de
alcohol en volumen equivalente en sistema métrico decimal a una temperatura
de 20° C.
c) Partida arancelaria a la que corresponde las unidades de bebidas alcohólicas.
d) Los datos de identificación necesarios que disponga el formulario.
Los Contribuyentes que no cumplan con la obligación de informar el detalle del inventario
del alcohol y de las bebidas alcohólicas que posean en existencia al cierre del período tributario,
dentro del plazo legal establecido, serán sancionados por el Ministerio de Salud Pública y

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Asistencia Social con la cancelación de los registros sanitarios, previo informe de la Dirección
General de Impuestos Internos del referido incumplimiento.
Vigencia
Artículo 26. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 239, Tomo N° 365, Fecha: 22 de diciembre de 2004
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DECRETO No. 547
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPULICA DE EL SALVADOR,
I. Que mediante Decreto Legislativo No. 477, de fecha 19 de octubre de 1995, publicado
en el Diario Oficial No. 212, Tomo No. 329, del 16 de noviembre de ese mismo año, se
emitió la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;
II. Que es obligación del Estado garantizar la continuidad de la prestación del servicio
colectivo público de transporte de pasajeros, así como la seguridad de los usuarios y
de esa manera llevar a cabo el normal desenvolvimiento de la actividad productiva del
país;
III. Que el servicio colectivo público de transporte de pasajeros, constituye una actividad
económica de interés general, a cuya realización concurren el Estado y los particulares,
de conformidad con la Ley citada en el primer considerando;
IV. Que actualmente, los autobuses y microbuses cuya antigüedad es mayor a los quince
años, están autorizados para prestar servicio hasta el treinta y uno de diciembre de dos
mil cuatro;
V. Que con el propósito de que no se produzca un vacío en la continuidad del servicio,
derivado del retiro abrupto de las unidades que no cumplen con el requisito de quince
años de antigüedad, se hace necesario introducir las normas de carácter transitorio
pertinentes a la Ley a que se refiere el primer considerando;
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República
por medio del Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano y de los
Diputados: Rolando Alvarenga Argueta, Carlos Armando Reyes Ramos, Óscar Edgardo Mixco
Sol, Douglas Alejandro Alas García, Juan Miguel Bolaños Torres, Norman Noel Quijano González,
Willian Rizziery Pichinte Chávez, Renato Antonio Pérez y Donato Eugenio Vaquerano Rivas,
DECRETA las siguientes:
REFORMAS A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Art.1.- Adiciónase el Art. 122-A, así:
“Art: 122-A.- Las unidades de autobuses y microbuses de más de quince años de
antigüedad que a la vigencia de esta disposición, estén autorizadas para prestar el servicio,
podrán ser utilizadas para la prestación del servicio de transporte colectivo de manera temporal,
mientras se realiza la sustitución de las mismas, para ello, deberá atenderse, en primer lugar
a la capacidad técnica de cada ruta y posteriormente, a los siguientes criterios:
1) Las unidades de veinticinco años de antigüedad o más, durante el primer semestre
del año dos mil cinco;

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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
3) Las unidades de quince y menores de veinte años hasta el treinta de junio del
año dos mil seis.
Para cada caso en particular, la antigüedad de las unidades se cuenta a partir del año de
fabricación.”
Art. 2.- Adiciónase el Art. 122-B, así:
“Art. 122-B.- Las unidades de autobuses y microbuses de más de quince años de
antigüedad deberán llenar, además de los requisitos establecidos en el resto del ordenamiento
jurídico para la concesión para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros,
los siguientes requisitos:
1) Someterse a la inspección mecánica vehicular que efectuará el Viceministerio o
quien designe, para verificar que la unidad está en perfecto estado mecánico, o
que ha superado las fallas detectadas, después de someterse a una subsiguiente
inspección, cumpliendo entre otros, con los requisitos de revisión de suspensión,
frenos, sistema eléctrico, asientos, puertas, motor, llantas, carrocería, limpia
parabrisas, mofle, escape, mecanismo de dirección y demás piezas necesarias
para el correcto funcionamiento de la unidad; así como la emisión de gases;
2) Los documentos que certifiquen la aprobación de las inspecciones indicadas en
el numeral anterior, siempre deberán portarse en las unidades y deberán ser
presentados a las autoridades cada vez que éstos sean requeridos.”
Art. 3.- Adiciónase el Art. 122-C, así:
“Art. 122-C.- Para las unidades de microbuses legalmente autorizadas, serán exigibles
las puertas específicas y separadas para el abordaje y descenso de la unidad, a partir del
treinta de junio del año dos mil seis.”
Art. 4.- Adiciónase el Art. 122-D, así:
“Art. 122-D.- El Viceministerio de Transporte, será encargado de realizar las inspecciones
mecánicas vehiculares, directamente o por medio de terceros, para constatar el buen estado de
la unidad y de esa manera, acreditárlos entonces como aptos para el transporte de pasajeros.
Esta aprobación será un requisito para matricular la unidad. El Viceministerio de Transporte
realizará revisiones periódicas del estado de las unidades que presten el servicio, con el fin
de que éstas se mantengan en condiciones que garanticen la seguridad de los usuarios.”
Art. 5.- Adiciónase el Artículo 122-E, así:
“Art. 122-E.- Las unidades antiguas que sean sustituidas del servicio, no podrán ser
autorizadas para transportar personas en ninguna otra modalidad de transporte colectivo,
debiéndose de anular en la categoría de Autobús o Microbús en el Registro Público de Vehículos
Automotores.”
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Art. 6.- El presente Decreto entrará en vigencia el día uno de enero de dos mil cinco,
previa su publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 236, Tomo N° 365, Fecha: 17 de diciembre de 2004.

DECRETO No. 554
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 665, de fecha 7 de marzo de 1996, publicado en el Diario
Oficial No. 58, Tomo No. 330, del día 22 del mismo mes y año, se emitió la Ley de la
Carrera Docente, la que estableció en su Artículo 108, un plazo de cuatro años para que
regularizaran su situación aquellas personas que, al momento de entrar en vigencia la
referida Ley, ejercían la docencia sin estar inscritas en el escalafón correspondiente; y
quienes no lo hicieran, al vencer el mencionado plazo, quedarían por lo mismo, separadas
de sus cargos.
II. Que mediante Decreto Legislativo No. 1003, de fecha 3 de octubre del año 2002, publicado
en el Diario Oficial No. 205, Tomo No. 357, del 1 de noviembre de ese mismo año;
se prorrogó el referido plazo hasta el 31 de diciembre del año 2004; por considerarse
necesario que los maestros idóneos finalizaran su respectiva carrera universitaria, para
obtener el correspondiente escalafón en su nivel de docencia.
III. Que la mayoría de personas que ejercen la docencia, actualmente, en forma idónea,
desempeñan sus funciones en las áreas técnicas vocacionales, en los diferentes niveles
del sistema educativo nacional, público y privado; idoneidad que representa un capital
de trabajo necesario para la formación técnológica en El Salvador.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Mariella Peña Pinto,
Salvador Morales y Mario Tenorio; y el respaldo de los Diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, José
Manuel Melgar Henríquez, José Francisco Merino López, Marta Lilian Coto Vda. de Cuéllar, José
Antonio Almendáriz Rivas, Elvia Violeta Menjivar Escalante, René Napoleón Aguiluz Carranza,
Douglas Alejandro Alas García, Rolando Alvarenga Argueta, Irma Segunda Amaya Echeverría,
José Orlando Arévalo Pineda, José Salvador Arias Peñate, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Roger
Alberto Blandino Nerio, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Blanca Flor
América Bonilla, Carmen Elena Calderón de Escalón, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, José
Ernesto Castellanos Campos, Elías Romero, Humberto Centeno Najarro, Héctor David Córdova
Arteaga, Luis Alberto Corvera Rivas, José Ricardo Cruz, Héctor Dada Hirezi , Roberto José d
Abuisson Munguía, Walter Eduardo Durán Martínez, Jorge Antonio Escobar Rosa, Guillermo
Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Vilma Celina García de Monterrosa, César
Humberto García Aguilera, Nelson Napoleón García Rodríguez, Nicolás Antonio García Alfaro,
Ricardo Bladimir González, Noé Orlando González, Jesús Grande, Manuel de Jesús Gutiérrez
Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Schafik Jorge Handal Handal, Santiago Flores, Mauricio
Hernández Pérez, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Hugo Roger Martínez
Bonilla, Calixto Mejía Hernández, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente Menjivar Esquivel,
Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana Mendoza, Rodolfo Antonio Parker Soto,
William Rizziery Pichinte, Teodoro Pineda Osorio, Mario Antonio Ponce López, Gaspar Armando
Portillo Benítez, Francisco Antonio Prudencio, Zoila Beatriz Quijada Solís, Norman Noel Quijano
González, José Mauricio Quinteros, Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos,
Dolores Alberto Rivas Echeverría, Ileana Argentina Rogel Cruz, Víctor Manuel Melgar, Salvador
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Sánchez Cerén, Héctor Ricardo Silva Argüello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio
Angulo Milla, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Saúl Alfonso
Monzón y Dora Alicia Portillo.
DECRETA:
Art. 1. Refórmase el inciso primero del Art. 108 de la Ley de la Carrera Docente, de la
siguiente manera:
“Art. 108. Las personas que, sin estar inscritas en el escalafón, estén ejerciendo la
docencia a la fecha de la vigencia de esta ley, continuarán desempeñando su cargo y tendrán los
derechos y obligaciones establecidos; pero el Ministerio de Educación dictará las disposiciones
necesarias que obliguen a aquéllas a regularizar su situación, antes del 31 de diciembre del
año 2005.”
Art. 2. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador a los dieciséis días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 240, Tomo N° 365, Fecha: 23 de diciembre de 2004.

DECRETO No. 557
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 800, de fecha 5 de abril del 2002, publicado en el Diario
Oficial No. 73, Tomo 355, del 23 del mismo mes y año, se publicó la Ley Transitoria
para Agilizar Diligencias de Legalización del Derecho de Propiedad o Posesión a favor
de Personas Afectadas por los Terremotos de enero y febrero del 2001.
II. Que la referida Ley tiene por objeto establecer un régimen jurídico especial que permita
ejecutar, en forma ágil y expedita diligencias de legalización de la propiedad o posesión
que sean necesarias, para garantizar la seguridad jurídica respecto a sus derechos de
propiedad o posesión a las personas afectadas por dichos terremotos.
III. Que por Decreto Legislativo No. 220 de fecha 4 de diciembre del 2003, publicado en el
Diario Oficial No. 237, Tomo 361 del 18 del mismo mes y año, se prorrogó la vigencia
de la expresada Ley Transitoria al 31 de diciembre del 2004.
IV. Que existiendo personas afectadas por los terremotos de enero y febrero del 2001
pendientes de atender dentro de los proyectos que desarrolla el Instituto Libertad y
Progreso, se hace necesario conceder otra prórroga de la vigencia de la Ley Transitoria
mencionada al 31 de diciembre del 2005, con el fin de lograr que el mayor número de
familias salvadoreñas sean propietarias de su vivienda, de conformidad a lo establecido
en el Art. 119 de la Constitución.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por
medio del Ministro de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano.
DECRETA:
Art. 1.- Prorrógase al 31 de diciembre del año 2005, la vigencia de la Ley Transitoria para
Agilizar Diligencias de Legalización del Derecho de Propiedad o Posesión a favor de Personas
Afectadas por los Terremotos de Enero y Febrero del 2001, dada por Decreto Legislativo No.
800 de fecha 5 de abril del 2002, publicada en el Diario Oficial No. 73, Tomo 355 del 23 del
mismo año.
Art . 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN SAN SALVADOR, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil
cuatro.
D. O. N° 240, Tomo N° 365, Fecha: 23 de diciembre de 2004.
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DECRETO No. 560
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 994 de fecha 19 de septiembre de 2002, publicado en el
Diario Oficial No. 182, Tomo No. 357 del 1 de octubre del mismo año, se aprobó la Ley
General Marítimo Portuaria, con la finalidad de regular con amplitud todo lo relacionado
con los servicios de navegación marítima y con los servicios de los puertos nacionales
en general, e efecto de normar con efectividad la explotación de ambos servicios.
II. Que por Decreto Legislativo No. 406, de fecha 19 de agosto de 2004, publicado en el
Diario Oficial No. 166, Tomo No. 364 de fecha 08 de septiembre del mismo año, se
aprobó el Presupuesto Especial de la Autoridad Marítima Portuaria, incorporándolo a la
Ley de Presupuesto para el ejercicio financiero fiscal 2004.
III. Que el período de ejecución presupuestaria del ejercicio financiero fiscal 2004 del que
dispone la Autoridad Marítima Portuaria no es suficiente, por lo que se hace necesario
dotarla de procedimientos legales que faciliten su labor y garanticen el uso eficiente de
los recursos.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Señor Presidente de la República,
a través de los Ministros de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano y
de Hacienda.
DECRETA:
Art. 1. En la Ley General Marítimo Portuaria, TÍTULO VI, CAPÍTULO ÚNICO, DISPOSICIONES
TRANSITORIAS, adiciónase el Art. 245-A, en la forma siguiente:
LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PRIMEROS DOS EJERCICIOS FISCALES
Artículo 245-A
“Para el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero fiscal 2004 aprobado para la
Autoridad Marítima Portuaria, en caso que hubieren excedentes financieros al final del mismo,
las asignaciones de la parte de egresos del siguiente ejercicio fiscal, se consideraran ampliadas
automáticamente con dicho excedente financiero que se perciba en las respectivas fuentes
específicas de la parte de ingresos.”
Art.2 El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN SAN SALVADOR, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil
cuatro.
D. O. N° 240, Tomo N° 365, Fecha: 23 de diciembre de 2004

DECRETO No. 564
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 230, de fecha 14 de diciembre del 2000, publicado en
el Diario Oficial No. 241, Tomo No. 349 del 22 del mismo mes y año, se emitió el Código
Tributario.
II. Que por Decreto Legislativo No. 497, de fecha 28 de octubre del 2004, el cual fue
observado y aprobadas dichas observaciones con fecha 25 de noviembre del mismo
año, publicado en el Diario Oficial No. 231, Tomo No. 365 del 10 de diciembre de dicho
año, se reformó el Código Tributario.
III. Que en el inciso segundo del Art. 91 se consignó de manera incorrecta el concepto de
resultado de ingresos y gastos, debiendo haber utilizado el concepto estado de ingresos
y gastos, porque el concepto de resultado es la conclusión de una operación financiera
y el estado muestra la estructura financiera completa.
IV. Que al reformar el Art. 270, en su primer inciso se omitió el plazo con el que cuenta la
Administración Tributaria para iniciar el procedimiento de cobro.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA las siguientes:
REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO
Art. 1. Refórmase en el Art. 91, su inciso segundo de la siguiente manera:
“Los contribuyentes de Impuesto sobre la Renta deberán presentar dentro del plazo que
la Ley prevé para la presentación de la declaración del referido impuesto, el balance general
del cierre del ejercicio o período de imposición respectivo, el estado de resultados o en su
caso el estado de ingresos y gastos, así como las conciliaciones fiscales o justificaciones de los
rubros consignados en la declaración y en el balance general. Se excluyen de esta obligación
los sujetos pasivos cuyas rentas provengan exclusivamente de salarios y aquellos que estén
obligados a nombrar auditor fiscal.”
Art. 2. Refórmase en el Art. 270, su inciso primero de la siguiente manera:
“Verificado que se han incumplido los términos o plazos señalados en las leyes
correspondientes para el pago de las obligaciones o deudas tributarias en el caso de deudas
liquidadas oficiosamente o vencido el plazo para la emisión de los mandamientos de ingreso, en
el caso de deudas auto liquidadas, se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes
de haber acontecido tales eventos, el procedimiento de cobro, de la manera siguiente.”
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Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN SAN SALVADOR, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil
cuatro.
D. O. N° 240, Tomo N° 365, Fecha: 23 de diciembre de 2004.

DECRETO No. 566
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 230, de fecha 14 de diciembre de 2000, publicado en el
Diario Oficial No. 241, Tomo No. 349, del 22 del mismo mes y año, se emitió el Código
Tributario.
II. Que por Decreto Legislativo No. 497, de fecha 28 de octubre del presente año, publicado
en el Diario Oficial No. 231, Tomo No. 365, del 10 de diciembre del presente año, se
emitieron reformas al referido marco legal, por medio de las cuales se estableció, entre
otros, que se requiere estar solvente o autorizado previamente por la Administración
Tributaria para solicitar créditos bancarios, tarjetas de crédito o cualquier modalidad de
financiamiento que otorguen las instituciones sujetas a supervisión de la Superintendencia
del Sistema Financiero.
III. Que por las razones antes expuestas, se hace necesario ampliar por 90 días la aplicación
de lo establecido en el considerando anterior.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Ciro Cruz Zepeda
Peña, José Francisco Merino López, José Antonio Almendáriz Rivas, Rene Napoleón Aguiluz
Carranza, Douglas Alejandro Alas García, Elizardo González Lovo, Salomé Roberto Alvarado
Flores, Rolando Alvarenga Argueta, José Orlando Arévalo Pineda, Juan Miguel Bolaños Torres,
Noel Abilio Bonilla Bonilla, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, José Ernesto Castellanos
Campos, Roberto José D´Aubuisson Munguía, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio
Gamero Quintanilla, Cesar Humberto García Aguilera, Noé Orlando González, Jesús Grande,
Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mariela Peña Pinto, Mario
Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Miguel
Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato Antonio
Pérez, William Rizziery Pichinte, Mario Antonio Ponce López, Francisco Antonio Prudencio,
Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías, Oscar Edgardo Mixco Sol,
Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echevería, Victor Manuel Melgar, Juan
de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto,
Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Alex Aguirre, Nelson de
la Cruz Alvardo, Victoria Ruiz de Amaya, Wilfredo Díaz, Sigfredo Antonio Campos e Hipólito
Baltazar,
DECRETA:
TRANSITORIO
Art. 1. Suspéndase por un período de 90 días, contados a partir de la fecha de vigencia
de este Decreto, el requerimiento de las constancias de solvencias o autorizaciones a que se
refiere el Art. 218, literales d) y e) del Código Tributario.
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Art. 2. Todos los actos, contratos, declaraciones de voluntad, créditos bancarios, tarjetas
de crédito o cualquier modalidad de financiamiento otorgados entre la fecha de entrada en
vigencia del Decreto No. 497, de fecha 28 de octubre del año en curso, y la entrada en vigencia
del presente Decreto, no requerirán de la mencionada solvencia ni para su validez, ni para
su inscripción en los registros competentes; por lo tanto, los actos, contratos, declaraciones
de voluntad, créditos bancarios, tarjetas de crédito o cualquier modalidad de financiamiento
otorgados sin cumplir con las obligaciones señaladas por el Art. 220 del Código Tributario, no
harán incurrir en sanción alguna ni a los otorgantes ni a los funcionarios autorizantes.
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN SAN SALVADOR, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil
cuatro.
D. O. N° 240, Tomo N° 365, Fecha: 23 de diciembre de 2004

DECRETO No. 569
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo N° 516, de fecha 23 de noviembre de 1995, publicado en
el Diario Oficial N° 7, Tomo No. 330 del 11 de enero de 1996, se emitió la Ley Orgánica
de Administración Financiera del Estado.
II. Que con la finalidad de garantizar un correcto y adecuado cumplimiento a lo que
establece el Art. 227, inciso final de la Constitución de la República, es necesario aclarar
y desarrollar en la legislación pertinente el citado mandato constitucional.
III. Que con el propósito de contar con herramientas de naturaleza financiera y con el
sustento legal correspondiente, que respalden una gestión de las finanzas públicas, en
una forma más eficiente, y con el suficiente y necesario margen de maniobra amparado
en un marco legal que permita tomar decisiones óptimas, es necesario introducir las
reformas pertinentes.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA la siguiente:
REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
Art. 1. Sustitúyese el Art. 38 por el siguiente:
Art. 38. Le corresponde al Consejo de Ministros, por medio del Ministro de Hacienda,
presentar los proyectos de Ley de Presupuesto General del Estado y de los Presupuestos
Especiales, así como la correspondiente Ley de Salarios, a la Asamblea Legislativa, por lo
menos con tres meses de anticipación al inicio del nuevo ejercicio financiero fiscal.
Si al cierre de un ejercicio financiero fiscal no se hubiesen aprobado las Leyes del Presupuesto
General del Estado y de los Presupuestos Especiales y la respectiva Ley de Salarios, en tanto
se da la aprobación del Ejercicio entrante, se iniciará aplicando las respectivas Leyes de
Presupuesto tanto General como Especial y la correspondiente Ley de Salarios vigentes en el
ejercicio fiscal inmediato anterior, incorporando todas las reformas realizadas a estos cuerpos
de Ley en dicho ejercicio fiscal.
Una vez iniciado el ejercicio fiscal correspondiente sin la aprobación de los cuerpos de
Ley a que se refiere esta disposición, el Ministerio de Hacienda, deberá emitir la normativa
pertinente en la que se indicará la modalidad de ejecución de las Leyes prorrogadas.
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Con el propósito de garantizar la correcta y efectiva aplicación de los prescrito en esta
disposición, el Ministerio de Hacienda esta facultado para aplicar toda la legislación vigente
para el cumplimiento del proceso presupuestario.
Se faculta al Ministerio de Hacienda, para que autorice contrataciones temporales, de
personal profesional o técnico que sea imprescindible, y cuyas plazas estén pendientes de
autorización en el proyecto de la Ley de Salarios que vaya a ser aprobado.
El Ministerio de Hacienda, emitirá la normativa necesaria e indispensable, en la que instruirá
la forma de hacer los ajustes necesarios de acuerdo a la ejecución ya realizada.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN SAN SALVADOR, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil
cuatro.
D. O. N° 240, Tomo N° 365, Fecha: 23 de diciembre de 2004

DECRETO No. 570
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por medio del Decreto Legislativo N° 528, de fecha 26 de noviembre de 2004,
publicado en el Diario Oficial N° 240, Tomo 365 de fecha 23 de diciembre del 2004, se
emitió la Ley de Competencia;
II. Que la citada Ley considera dentro del término concentración, las fusiones de Sociedades
Mercantiles, y obliga a éstas, en ciertos casos, a notificar a la Superintendencia de
Competencia la intención de llevar a cabo la misma;
III. Que el Art. 319 del Código de Comercio establece que toda fusión deberá inscribirse en
el Registro de Comercio;
IV. Que es necesario armonizar las reglas del Código de Comercio, para un efectivo
cumplimiento de la Ley de Competencia.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Julio Gamero,
Roberto José d’Aubuisson, Manuel Vicente Menjívar, Mario Marroquín Mejía y Juan Miguel
Bolaños Torres.
DECRETA las siguientes :
REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO
Art. 1.- Sustitúyese el inciso tercero del Art. 319 por el siguiente:
“La Fusión se hará constar en escritura matriz y el testimonio de la misma se inscribirá
en el Registro de Comercio y surtirá efectos a partir de la fecha de su inscripción. Para efectos
de inscripción, el Registrador deberá comprobar, según el caso:
a) Que no se trata de una fusión sujeta a notificación, según la Ley de
Competencia;
b) Que cuenta con la aprobación de la Superintendencia de Competencia;
c) Que se ha realizado la notificación de Ley a la Superintendencia de Competencia,
sin que esta hubiese emitido resolución alguna en el plazo estipulado en la Ley
de Competencia.
En consecuencia, mientras la inscripción no se verifique, las sociedades fusionantes
conservarán su personería jurídica, como si la misma no se hubiese llevado a cabo.”
Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia el uno de enero del año 2006.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los seis días del mes de enero del
dos mil cinco. D. O. N° 28, Tomo N° 366, Fecha: 9 de febrero de 2005
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Parte II

Parte II
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A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
350
DECRETO No. 571
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo N° 528, de fecha 26 de noviembre de 2004, publicado en
el Diario Oficial N° 240, Tomo 365 de fecha 23 de diciembre de 2004; se emitió la Ley
de Competencia;
II. Que así mismo mediante Decreto Legislativo N° 868, de fecha 5 de abril de 2000,
publicado en el Diario Oficial N° 88, Tomo 347 del 15 de mayo del mismo año, se emitió
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública;
III. Que es necesario armonizar la Ley a que se refiere el considerando anterior con la Ley
de Competencia, en el sentido de incluir dentro del Título VII, Capitulo Prohibiciones,
Infracciones y Sanciones, en su Capítulo II, Sanciones a Particulares, de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la exclusión de contrataciones
por infracción, a aquellos contratistas que hubieren sido sancionados por violación al
Art. 25, letra c) de la Ley de Competencia;
IV. Que en razón de lo expuesto, es necesario reformar la Ley a que alude el segundo
considerando, a fin de adecuarla con la Ley de Competencia.
POR TANTO;
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Julio Gamero,
Roberto José d’Aubuisson, Manuel Vicente Menjívar, Mario Marroquín Mejía Y Juan Miguel
Bolaños Torres.
DECRETA la siguiente:
REFORMA A LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Art. 1.- Adiciónase al Art. 158, la letra j) de la siguiente manera:
“j) Haber sido sancionado de conformidad al Art. 25 letra c) de la Ley de
Competencia”.
Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia el uno de enero del 2006.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador a los seis días del mes de enero
del dos mil cinco.
D. O. N° 28, Tomo N° 366, Fecha: 9 de febrero de 2005

DECRETO N° 575
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo N° 374, de fecha 8 de julio del 2004, publicado en el Diario
Oficial N° 132, Tomo 364 del 15 del mismo mes y año, fue ampliado, por segunda vez,
en 180 días más el plazo establecido en el Art. 3, del Decreto Legislativo N° 212, de
fecha 25 de noviembre del 2003, publicado en el Diario Oficial N° 4, Tomo 362, del 8
de enero del 2004, para que la Procuraduría General de la República, implemente el
Sistema indicado en el Art. 253-A del Código de Familia, para extender las solvencias
de prestaciones de pensiones alimenticias.
II. Que a ésta fecha la Procuraduría General de la República, aún no ha sido dotada del
financiamiento necesario que le permita la adquisición de la infraestructura tecnológica
necesaria para dar tratamiento y actualización a una base de datos precisa y confiable
sobre la población obligada a la prestación de alimentos y que propicie la disponibilidad
y acceso, en condiciones de seguridad, en el manejo y comportamiento electrónico de la
información de las entidades públicas y concesionarias que extienden los documentos
personales a que se refiere el Art. 253-A del Código de Familia.
III. Que los 180 días de la vigente prórroga del plazo establecido en el Art. 3 del Decreto
Legislativo N° 212, introducida por el referido Decreto Legislativo N° 374, concluye
el 10 de enero del 2005; siendo, en razón de lo expuesto en el Considerando anterior,
necesario prorrogarlo por 180 días más, para que la Procuraduría General de la República,
previo el financiamiento respectivo, implemente el sistema indicado en el Art. 253-A del
Código de Familia.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Efrén Arnoldo Bernal
Chévez.
DECRETA:
Art. 1.- Prorrógase por ciento ochenta días más, contados a partir del 11 de enero del
dos mil cinco, el plazo establecido en el Art. 3 del Decreto Legislativo N° 212, de fecha 25 de
noviembre del 2003, publicado en el Diario Oficial N° 4, Tomo 362, del 8 de enero del 2004,
para que la Procuraduría General de la República, implemente el sistema indicado en el Art.
253-A del Código de Familia.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los seis días del mes de enero
del año dos mil cinco.
D. O. N° 26, Tomo N° 366, Fecha: 7 de febrero de 2005
351
Parte II

Parte II
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
352
DECRETO No. 593
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 665, de fecha 7 de marzo de 1996, publicado en el Diario
Oficial No. 58, Tomo No. 330, del día 22 del mismo mes y año, se emitió la Ley de la
Carrera Docente, con el objeto de regular las relaciones del Estado y de la comunidad
educativa con los educadores al servicio del primero, de las instituciones autónomas, de
las municipalidades y de las privadas; así como valorar sistemáticamente el escalafón,
tanto en su formación académica, como en su antigüedad.
II. Que en virtud de la mencionada Ley, se estructuran los cargos dentro de la carrera
docente de acuerdo con la formación académica de los educadores.
III. Que el inciso primero del Art. 16 de la referida Ley, establece que para el ejercicio de la
docencia por otros profesionales con título universitario distinto al de Profesor, Licenciado
en Ciencias de la Educación, Master y Doctor en Educación, se requiere cursar y aprobar
estudios pedagógicos.
IV. Que el inciso cuarto del Art. 20 de la misma Ley, establece que los títulos de Profesor,
Licenciado en Ciencias de la Ecuación, Master y Doctor en Educación, deberán expresar
la especialidad de los estudios.
V. Que la disposición mencionada en el considerando anterior ha sido objeto de tres reformas,
con las cuales se ha tratado de resolver las dificultades que en el establecimiento de los
niveles del escalafonamiento implica la misma con respecto a la exigencia de que tales
títulos expresen la especialidad de los estudios, debido a que hay títulos pedagógicos
que, aun cuando no la expresen pero que atendiendo a la naturaleza de su pensum,
son elegibles para ser escalafonados.
VI. Que a pesar de haberse hecho las reformas correspondientes, continúan persistiendo
las dificultades antes mencionadas, por lo que se hace necesario introducir las reformas
siguientes a las disposiciones enunciadas en los considerandos anteriores.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Gaspar Armando
Portillo Benítez y José Ricardo Cruz.
DECRETA,
las siguientes reformas a la Ley de la Carrera Docente:
Art. 1. Sustitúyese el inciso primero del Art. 16 de la Ley de la Carrera Docente, así:
“Las personas que posean título universitario distinto al de Profesor, Licenciado, Master o
Doctor en Educación, podrán ejercer la docencia según el nivel educativo a que se asimile su

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
título en el área de su especialidad o en un área afín, cursando y aprobando estudios pedagógicos
con una duración no menor de un año académico. Se exceptúan de cursar dichos estudios
pedagógicos, y podrán ejercer la docencia de la manera antes prescrita, los Licenciados, Master
y Doctor, cuyo pensum de estudios contenga una carga académica en formación pedagógica
no menor de treinta y dos unidades valorativas”
Art. 2. Sustitúyese el inciso penúltimo del Art. 20 de la Ley de la Carrera Docente, en
los términos siguientes:
“Los títulos de Profesor, Licenciado en Ciencias de la Educación, Master y Doctor en Educación,
deberán expresar la especialidad de los estudios en educación parvularia, educación básica
o en áreas del currículo de educación media. Los poseedores de dichos títulos obtenidos sin
especialidad o que los obtuvieren sin ella, con excepción del de profesor, que los acrediten como
tales y que quieran ejercer la docencia, podrán hacerlo aprobando la prueba de suficiencia en
las especialidades del currículo por ellos escogida, la cual deberá consignarse en su solicitud
de inscripción en el Registro Escalafonario.”
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiséis días del mes de
enero del año dos mil cinco.
D. O. N° 37, Tomo N° 366, Fecha: 22 de febrero de 2005
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Parte II

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DECRETO No. 599
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que mediante Decreto Legislativo No. 927, del 20 de diciembre de 1996, publicado en
el Diario Oficial No. 243, Tomo No. 333, del 23 del mismo mes y año, se emitió la Ley
del Sistema de Ahorro para Pensiones.
II. Que la referida Ley establece en el Artículo 214, la cotización que deben pagar los
pensionados al programa de salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, para
financiar la cobertura de éstos y su grupo familiar.
III. Que de igual manera la Ley del Seguro Social establece en el Artículo 29, las cuotas
que aportarán tanto los patronos, los trabajadores y el Estado, para financiar el
costo de las prestaciones y la administración de los beneficios que se brindarán a los
derechohabientes.
IV. Que el trabajador al formar parte de la clase pasiva, cotiza de su pensión el porcentaje
que le corresponde al Seguro Social, quien al reincorporarse a laborar también cotiza de
su salario en la misma forma que mandan los Artículos 214 y 29 de la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones y Ley del Seguro Social, respectivamente ya mencionadas,
lo que lo hace incurrir en un doble pago por un mismo servicio, en atención a ello se
hace necesario emitir la reforma correspondiente.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Julio Antonio
Gamero Quintanilla, Dolores Alberto Rivas, Juan Miguel Bolaños, Alejandro Dagoberto Marroquín,
Mario Marroquín y José Mauricio Quinteros.
DECRETA la siguiente:
REFORMA A LA LEY DEL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES, EMITIDA
MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO No. 927, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1996,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL No. 243, TOMO No. 333 DEL 23 DEL MISMO
MES Y AÑO.
Art. 1. Adiciónase al Art. 214 un inciso que será el último de la manera siguiente:
“Cuando un pensionado por vejez o invalidez, se encuentre trabajando o se reincorpore
a un trabajo remunerado, los salarios que percibiere derivados de dicha actividad, no serán
sujetos de cotización al régimen de salud, maternidad y riesgos profesionales del ISSS.”
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dos días del mes de febrero
del año dos mil cinco. D. O. N° 40, Tomo N° 366, Fecha: 25 de febrero de 2005

DECRETO No. 604
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
I. Que mediante Decreto Legislativo No. 547, de fecha 17 de diciembre del 2004, publicado
en el Diario Oficial No. 236, Tomo 365, de esta misma fecha, se reformó la Ley de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, emitida ésta última mediante Decreto
Legislativo No. 477, de fecha 19 de octubre de 1995, publicado en el Diario Oficial No.
212, Tomo No. 329, del 16 de noviembre de este mismo año;
II. Que mediante dicha reforma, la voluntad del legislador fue adicionar a la Ley de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial los artículos 122-A con dos incisos, conteniendo el
primero tres numerales; el 122-B con un inciso, el cual a su vez contiene dos numerales;
el 122-C con un inciso; el 122-D con un inciso; y el 122-E con un inciso;
III. Que erróneamente en el Diario Oficial no se publicó el numeral 2 del inciso primero del
artículo 122-A, a que se refiere a que las unidades de autobuses y microbuses de más
de quince años de antigüedad autorizadas para prestar el servicio, podrán prestarlo
temporalmente según el criterio siguiente: Las unidades de veinte y menores de veinticinco
años durante el segundo semestre del año dos mil cinco;
IV. Que habiendo transcurrido el plazo de diez días que establece la Constitución de la
República en el artículo 141, el cual establece que dentro de dicho plazo y en caso de
evidente error en la impresión del texto de la ley, se volverá a publicar el respectivo
texto, se hace necesario reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, con el propósito de incorporar el número 2° del inciso primero del artículo 122-A
relacionado en el considerando anterior.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Carlos Armando
Reyes Ramos, Douglas Alejandro Alas, Oscar Edgardo Mixco Sol y William Riziery Pichinte;
DECRETA la siguiente:
REFORMA A LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Art. 1. Adiciónese en el artículo 122-A, en su inciso primero, el numeral 2 de la siguiente
manera:
“2) Las unidades de veinte y menores de veinticinco años durante el segundo semestre
del año dos mil cinco; y,”.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los nueve días del mes de febrero
del año dos mil cinco. D. O. N° 48, Tomo N° 366, Fecha: 9 de marzo de 2005
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Parte II

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356
DECRETO No. 606
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por medio del Decreto Legislativo No. 440, de fecha 22 de septiembre del 2004,
publicado en Diario Oficial No. 201, Tomo 365, de fecha 27 de octubre del 2004, se ratificó
en todas sus partes las Enmiendas No. 1 al Convenio para la Donación de Productos
Agrícolas, Bajo la Sección (416 B) suscrita entre el Gobierno de los Estados Unidos de
América y el Gobierno de El Salvador, correspondientes al año fiscal 2001 y 2002.
II. Que por medio del Decreto Legislativo No. 533, de fecha 2 de diciembre del 2004, publicado
en el Diario Oficial No. 240, Tomo 365, de fecha 23 de diciembre del 2004, se ratifico
en todas sus partes el Canje de Notas Constitutivo de un Acuerdo entre los Gobiernos
de los Estados Unidos de América y la República de El Salvador, para la Ejecución de
Ejercicios de Entrenamiento Médico, Dental y Veterinario (MEDRETES); Intercambios
de Capacitación Conjuntos y Combinados (JCETS); Intercambios de Pequeñas Unidades,
y otros Ejercicios Militares y Actividades de Entrenamiento que podrán ser de mutuo
acuerdo.
III. Que en el caso del Decreto Legislativo No. 440, relacionado en el Considerando “I”;
no fue publicada la parte correspondiente al año fiscal 2001; así mismo, en el caso del
Decreto Legislativo No. 533, relacionado en el Considerando “II”, no fue publicada la
versión en castellano.
IV. Que para subsanar las omisiones antes mencionadas, y que los anexos de los referidos
instrumentos se publiquen en forma completa, es menester, adicionar en las publicaciones
los textos pertinentes.
POR TANTO:
En ejercicio de la potestad establecida en el Art. 131 ordinal 5° de la Constitución y a
iniciativa del Diputado Rolando Alvarenga,
DECRETA:
Art. 1. Incorpórese al Decreto Legislativo No. 440, de fecha 22 de septiembre del 2004,
publicado en Diario Oficial No. 201, Tomo 365, de fecha 27 de octubre del 2004; el texto
correspondiente al año fiscal 2001.
Art. 2. Incorpórese al Decreto Legislativo No. 533, de fecha 2 de diciembre del 2004,
publicado en el Diario Oficial No. 240, Tomo 365, de fecha 23 de diciembre del 2004; la versión
en castellano.
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial y sus efectos se retrotraerán a las respectivas fechas de publicación de los
Decretos Legislativos Nos. 440 y 533, antes relacionados.
DADO EN PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los nueve días del mes de febrero
del año dos mil cinco. D. O. N° 48, Tomo N° 366, Fecha: 9 de marzo de 2005

DECRETO No. 611
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que por Decreto Legislativo No. 15 del 23 de junio de 1972, publicado en el Diario Oficial
No. 142, Tomo 236 del 31 de julio de 1972, se emitió el Código de Trabajo.
II.- Que el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida es un flagelo que azota a la sociedad
en general, que por sus características y los estragos que causa en los portadores,
puede provocar conductas que conlleven discriminación hacia quienes la padecen,
principalmente en los centros de trabajo.
III.- Que para prevenir tales conductas es necesario emitir disposiciones tendientes a proteger
en sus derechos laborales, a aquellas personas que por su condición de ser portadores
del VIH/SIDA puedan sufrir algún tipo de discriminación, restricción o impedírseles el
acceso al empleo.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Calixto Mejía
Hernández, Fernando González Gutiérrez, Luis Alberto Corvera Rivas, Alba Teresa Dueñas,
William Rizziery Pichinte, José Manuel Melgar Henríquez, Marta Lilian Coto de Cuéllar, Irma
Segunda Amaya Echeverría, José Salvador Arias Peñate, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Blanca
Flor América Bonilla Bonilla, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, Roberto Eduardo Castillo Batlle,
Humberto Centeno Najarro, Héctor David Córdova Arteaga, Jorge Antonio Escobar Rosa, Vilma
Celina García de Monterrosa, Nelson Napoléon García Rodríguez, Ricardo Bladimir González,
Schafik Jorge Handal Handal, Gabino Ricardo Hernández Alvarado, Immar Rolando Reyes,
Emma Julia Fabián, Zoila Beatriz Quijada Solís, Manuel Orlando Quinteros Aguilar y Salvador
Sánchez Cerén.
DECRETA:
LAS SIGUIENTES REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO
Art. 1.- Refórmase el ordinal 10° del artículo 29 de la siguiente manera:
“10°.- Todas las que impongan este Código, la Ley de Prevención y Control de la Infección
provocada por el virus de Inmunodeficiencia Humana, y demás fuentes de obligaciones
laborales.”
Art. 2.- Adiciónase los ordinales 14° y 15° al artículo 30, de la siguiente manera:
“14°.- Exigir a las personas que solicitan empleo la prueba del VIH como requisito para
su contratación, y durante la vigencia del contrato de trabajo.”
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Parte II

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“15°.- Realizar por medios directos o indirectos cualquier distinción, exclusión y/o
restricción entre los trabajadores, por su condición de VIH/SIDA, así como divulgar su
diagnóstico.”
Art. 3.- Refórmase el artículo 79 de la siguiente manera:
“Art. 79.- El patrono podrá exigir al trabajador antes de iniciar las labores, y cuando
lo considere necesario, salvo lo dispuesto en el ordinal 14 del artículo 30, los comprobantes
relativos a su buena salud y la presentación de su respectivo Documento Único de Identidad,
cuando la persona esté obligada a tenerlo.”
Art. 4.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis días del mes de
febrero del año dos mil cinco.
D. O. N° 55, Tomo N° 366, Fecha: 18 de marzo de 2005

DECRETO No. 613
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 498, de fecha 28 de octubre del 2004, publicado en el
Diario Oficial No. 217, Tomo No. 365, del 22 de noviembre del mismo año, se emitió la
Ley Transitoria de Estímulo al Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, la cual tiene
un plazo de vigencia de 3 meses contados a partir del día 22 de noviembre del año
2004.
II. Que en la actualidad tanto la administración tributaria como los contribuyentes, no han
podido concluir con los procesos necesarios para poder hacer efectivo el pago de los
impuestos que los sujetos pasivos adeudan al fisco.
III. Que por las razones antes expuestas, se hace necesario emitir una prorroga de 60 días,
a la Ley a que se refiere el considerando primero de este Decreto.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Ciro Cruz Zepeda
Peña, José Antonio Almendariz Rivas, Elizardo González Lovo, Luis Roberto Angulo Samayoa,
Alejandro Dagoberto Marroquín, José Rafael Machuca, Félix Agreda Chachagua, Miguel Francisco
Bennett Escobar, Alex René Aguirre, Noé Orlando González, Rubén Orellana, Mario Antonio
Ponce, Isidro Antonio Caballero y Carmen Elena Calderón de Escalón.
DECRETA:
Art. 1. Prorrógase por 60 días, los efectos emitidos por la Ley Transitoria de Estímulo
al Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, emitida por Decreto Legislativo No. 498, de
fecha 28 de octubre del 2004, publicado en el Diario Oficial No. 217, Tomo No. 365, del 22 de
noviembre del mismo año.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, San Salvador, a los dieciséis días del mes de
febrero del año dos mil cinco.
D. O. N° 36, Tomo N° 366, Fecha: 21 de febrero de 2005
359
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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
360
DECRETO No. 616
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 405, de fecha 3 de septiembre de 1998, publicado en
el Diario Oficial No. 176, Tomo No. 340, de fecha 23 de septiembre del mismo año, se
emitió la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización; la cual fue reformada
mediante Decretos Legislativos No. 464, de fecha 22 de octubre de 1998, publicado en
el Diario Oficial No. 215, Tomo No. 341 del 18 de noviembre del mismo año y No. 130
de fecha 18 de septiembre del 2003, publicado en el Diario Oficial No.15, Tomo No. 362
del 23 de enero del 2004.
II. Que el objetivo prioritario del Gobierno de crear más y mejores empleos demanda la
consistencia de promover el desarrollo de aquellos sectores estratégicos que coadyuven
al desarrollo económico y social del país.
III. Que la promoción de las actividades a ser beneficiadas por la Ley de Zonas Francas
Industriales y de Comercialización debe responder tanto a la estrategia sectorial de
atracción de inversiones como a la política fiscal del Gobierno, por lo que se hace
necesario modificar la lista de actividades no sujetas a los beneficios e incentivos fiscales
que otorga dicha Ley.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado José Mauricio
Quinteros.
DECRETA las siguientes,
REFORMAS A LA LEY DE ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES Y DE
COMERCIALIZACIÓN
Art. 1. Adiciónase al Art. 2 el literal g), de la siguiente manera:
g) Centro Internacional de Llamadas, conocido en el comercio internacional como
Call Center: Es todo aquel servicio de suministro de información prestado por
personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país, a usuarios domiciliados en el
extranjero, tal como: la recepción de pedidos, atención de quejas, reservaciones,
saldos de cuentas, telemercadeo y venta de productos o servicios.
Art. 2. Sustitúyese el Art. 6 por el siguiente:
Art. 6. No gozarán de los beneficios e incentivos fiscales de esta Ley, las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se dediquen entre otras, a las actividades
siguientes:
a) Hoteles;
b) Agencias de viaje, courriers, tiendas libres y líneas aéreas;

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
c) Transporte aéreo, marítimo y terrestre,
d) Actividades que se rijan por las leyes bancarias y financieras del país;
e) Exploración, explotación, procesamiento y comercialización de gas natural, petróleo
y sus derivados combustibles, así como aceites, grasas y lubricantes;
f) Producción y comercialización de cementos y clincker;
g) Productos minerales metálicos y no metálicos provenientes de la explotación del
subsuelo salvadoreño;
h) La generación, suministro y distribución de energía eléctrica;
i) Servicios de comunicaciones y telecomunicaciones, excepto los servicios de
información prestados por Centros Internacionales de Llamadas, conocidos en el
comercio internacional como call centers;
j) Pesca de especies marítimas o de agua dulce, a excepción de los túnidos cuando
sean sometidos a procesos de procesamientos o transformación;
k) Cultivo, procesamiento y comercialización de especies de flora y fauna prohibidas
o protegidas por convenios o Leyes especiales. En el caso de especies protegidas,
se exceptuarán los casos de operaciones en cautiverio que cuenten con la debida
autorización del Ministerio de Agricultura y Ganadería;
l) Las que impliquen procesamiento y manejo de explosivos y materiales
radioactivos;
m) La producción o almacenamiento de mercancías que causen contaminación, daños
a la salud o al medio ambiente;
n) Servicios de reparación, adecuación, mantenimiento de medios de transporte
terrestre, tales como vehículos, camiones, autobuses, cabezales, motos y bicicletas;
así como de partes, accesorios y repuestos de los mismos;
o) Servicios no vinculados con el comercio internacional de conformidad con lo que
indique el Reglamento General de la Ley;
p) Producción, ensamble o maquila, manufactura, procesamiento, transformación,
comercialización de azúcar, sus sustitutos, derivados y subproductos, así como
cualquier bien que incorpore directa o indirectamente azúcar, sus sustitutos,
derivados y subproductos;
q) Producción, ensamble o maquila, Manufactura, procesamiento o transformación
de alcohol de cualquier origen, así como de cualquier bien que incorpore directa
o indirectamente alcohol de cualquier origen, a excepción de aquellas dedicadas
exclusivamente a la deshidratación de alcohol etílico;
r) Producción, ensamble o maquila, manufactura, procesamiento, transformación
o comercialización de bienes empacados en bolsas, sacos o costales, de fibras
textiles naturales, sintéticas o artificiales.
Asimismo, no gozarán de los beneficios e incentivos de la presente Ley:
1) Las personas naturales que se les haya suspendido o revocado los beneficios
conferidos por la Ley;
361
Parte II

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2) Las sociedades en las que figuren como Directores o Accionistas, personas que
fueron Directores o Accionistas, en otras sociedades a las cuales les fueron
suspendidos o revocados los beneficios conferidos por la misma.
Lo dispuesto en los numerales anteriores, no será aplicable, cuando la suspensión o
revocatoria haya sido solicitada voluntariamente, por el beneficiario de la Ley, y no sea
consecuencia de infracciones a la presente Ley.
Art. 3. Incorpórase en las Disposiciones Transitorias después del Art. 54, el Art. 54-A
Art. 54-A. Los titulares de empresas a que se refiere el Art. 2 del presente Decreto en
el cual se sustituye el Art. 6 de la Ley, y que a la entrada en vigencia del mismo, se encuentren
gozando de los beneficios e incentivos fiscales que otorga la Ley de Zonas Francas Industriales
y de Comercialización podrán continuar gozando de los mismos hasta el 31 de diciembre del
2005.
Art. 4. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis días del mes de
febrero del año dos mil cinco.
D. O. N° 53, Tomo N° 366, Fecha: 16 de marzo de 2005

DECRETO No. 618
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 230, de fecha 14 de diciembre de 2000, publicado en el
Diario Oficial No. 241, Tomo No. 349, del 22 del mismo mes y año, se emitió el Código
Tributario.
II. Que por Decreto Legislativo No. 497, de fecha 28 de octubre del 2004, publicado en el
Diario Oficial No. 231,Tomo No. 365, del 10 de diciembre del mismo año, se emitieron
reformas al referido marco legal, por medio de las cuales se estableció, entre otros, que
se requiere estar solvente o autorizado previamente por la Administración Tributaria para
solicitar créditos bancarios, tarjetas de crédito o cualquier modalidad de financiamiento
que otorguen las instituciones sujetas a supervisión de la Superintendencia del Sistema
Financiero.
III. Que en razón de que los contribuyentes y la Administración Tributaria aún no habían
actualizado la base de datos, se hizo necesario a través del Decreto Legislativo No. 566,
de fecha 22 de diciembre del 2004, publicado en el Diario Oficial No. 240, Tomo No. 365
del 23 del mismo mes y año, suspender por un período de 90 días, el requerimiento
de constancias y solvencias a que se refiere el Art. 218, literales d) y e) del Código
Tributario.
IV. Que a la fecha todavía se encuentran actualizando la base de datos, y el plazo de 90 días
está próximo a vencerse, por lo que es conveniente prorrogar por 90 días, lo establecido
en el Decreto mencionado en el considerando anterior.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Gerson Martínez,
Humberto Centeno Najarro, Calixto Mejía Hernández, Vilma Celina García de Monterrosa, Julio
Antonio Gamero Quintanilla, José Mauricio Quinteros Cubías, Carmen Elena Calderón de Escalón,
Juan Miguel Bolaños, Alejandro Dagoberto Marroquín, José Francisco Merino López, Ciro Cruz
Zepeda Peña, Jorge Alberto Villacorta, René Napoleón Aguiluz Carranza, Noé González y Jesús
Guillermo Pérez Zarco.
DECRETA:
Art. 1. Prorrógase por 90 días, a partir del día 23 de marzo del presente año, el Decreto
Legislativo No. 566, de fecha 22 de diciembre del 2004, publicado en el Diario Oficial No. 240,
Tomo No. 365 del 23 del mismo mes y año.
Art.2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de
febrero del año dos mil cinco.
D. O. N° 55, Tomo N° 366, Fecha: 18 de marzo de 2005
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DECRETO No. 620
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I- Que por Decreto Legislativo N° 1030, de fecha 26 de abril de 1997, publicado en el
Diario Oficial N° 105, Tomo 335 del 10 de Junio de 1997, se emitió el Código Penal.
II- Que se ha incrementado la violencia social, la tenencia de armas de fuego y la comisión
de delitos utilizando dichas armas, por lo que se torna imperante reformar el Código
Penal para evitar la proliferación de las mismas en la sociedad salvadoreña, fomentar
una cultura de paz y castigar la tenencia, portación y conducción irresponsable de
armas de fuego.
POR TANTO,
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Gobernación.
DECRETA:
LA SIGUIENTE REFORMA AL CODIGO PENAL
Art. 1.- Refórmase el Artículo 346-B, de la siguiente manera:
“TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMA
DE FUEGO
Art. 346-B.- Será sancionado con prisión de tres a cinco años, el que realizare
cualquiera de las conductas siguientes:
a) El que tuviere, portare o condujere un arma de fuego sin licencia para su uso o
matrícula correspondiente de la autoridad competente;
b) El que portare un arma de fuego en los lugares prohibidos legalmente, en estado
de ebriedad o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas;
c) El que entregare o proporcionare un arma de fuego a menores de edad, sin ejercer
vigilancia, ni tomar las medidas de seguridad necesarias, o fuera de los lugares
y casos permitidos por la ley.
Si el tenedor, portador o conductor reincidiere o tuviere antecedentes penales vigentes,
será sancionado con prisión de cinco a ocho años.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de
febrero del dos mil cinco. D. O. N° 67, Tomo N° 367, Fecha: 12 de abril de 2005.

DECRETO No. 621
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I- Que por Decreto Legislativo N° 655, de fecha 1 de julio de 1999, publicado en el Diario
Oficial N° 139, Tomo 344 del 26 del mismo mes y año, se emitió la Ley de Control y
Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares.
II- Que se ha incrementado la violencia social, la tenencia de armas de fuego y la comisión
de delitos utilizando dichas armas, por lo que se torna imperante reformar la Ley
mencionada, a fin de evitar la proliferación de las mismas en la sociedad salvadoreña
y fomentar una cultura de paz.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio de los Ministros de Gobernación y de la Defensa Nacional.
DECRETA:
LAS SIGUIENTES REFORMAS A LA LEY DE CONTROL Y REGULACIÓN DE ARMAS
DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ARTÍCULOS SIMILARES
Art. 1.- Modifícase el inciso segundo del Art. 2 de la siguiente manera:
“El Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil tendrá la función de
prevenir y combatir las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, a efecto de garantizar
la Seguridad Pública.”
Art. 2.- Adiciónase los literales e) y f) al Art. 3, de la siguiente manera:
“e) LICENCIA PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PIROTECNICOS.
f) LICENCIA PARA COMERCIALIZAR PRODUCTOS REGULADOS EN LA PRESENTE
LEY.”
Art. 3.- Refórmase el Art. 6 de la siguiente manera:
“Art. 6.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por armas de guerra, las
pistolas, fusiles y carabinas que poseen cadencia de fuego para disparo automático; así como
las clasificadas como de apoyo liviano, pesado, explosivos, minas y granadas de uso militar,
como también las armas especiales y granadas de uso policial, las que serán reguladas por
el reglamento respectivo.”
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Art. 4.- Refórmase el literal c) del Art. 7, de la siguiente manera:
“c) Escopetas: de acción mecánica o semiautomática, es decir tiro a tiro, de los calibres desde
cero punto cuatrocientos diez hasta cero punto setecientos setenta y cinco de pulgada; siempre
que el cañón no sea menor de dieciocho pulgadas o su equivalente en centímetros;”
Art. 5.- Refórmase el Art. 10, de la siguiente manera:
“Art. 10.- Los miembros de la Fuerza Armada, la Policia Nacional Civil, y la Academia
Nacional de Seguridad Publica, cuando se encuentren fuera de servicio, deberán regirse
por lo establecido en esta Ley, como también en lo dispuesto en sus respectivas leyes y
reglamentos.”
Art. 6.- Refórmase el Art. 11, de la siguiente manera:
“Art. 11.- El Ministerio de la Defensa Nacional, mantendrá coordinación permanente
con la Policía Nacional Civil, propiciando el acceso irrestricto a toda la información necesaria
para el cumplimiento de las responsabilidades que le corresponden a dicho cuerpo policial, a
su vez, la Policía Nacional Civil trasladará al Ministerio de la Defensa Nacional, la información
sobre el resultado de sus diligencias en materia de esta ley.”
Art. 7.- Refórmase el primer inciso y los literales e) y f) del Art. 12, de la manera
siguiente:
“Art. 12.- Las actividades en las que dentro de sus respectivas esferas de competencia,
intervendrán el Ministerio de la Defensa Nacional a través de la Dirección de Logística y el
Ministerio de Gobernación a través de la Policia Nacional Civil, son las siguientes:
e) Las licencias establecidas en esta ley;
f) Las matrículas establecidas en esta ley.”
Art. 8.- Refórmase el Art. 21 de la siguiente manera:
“Art. 21.- El reglamento de esta ley determinará los limites de las cantidades de armas
y municiones a ser compradas. No podrán comprarse más de un arma de fuego por persona
natural o jurídica cada dos años, excepto:
a) Las personas naturales calificadas de alto riesgo, por las autoridades
competentes;
b) Los tiradores deportivos debidamente federados o acreditados respecto de sus
armas para práctica, en estos casos previa autorización del Ministerio de la Defensa
Nacional;
c) Las personas jurídicas contempladas en la Ley de Servicios Privados de Seguridad
que justificaren dicha adquisición.
El Reglamento determinará además la forma en que el vendedor llevará control para ello,
sin perjuicio de los demás controles que correspondan.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Para la importación de armas y municiones en cantidad mayor del limite establecido,
el Ministerio de la Defensa Nacional, extenderá autorización especial para que las personas
naturales o jurídicas interesadas en la adquisición de las mismas, puedan importarlas a través
de cualquiera de las empresas autorizadas para este comercio.”
Art. 9.- Refórmase el inciso primero del Art. 23, y agrégase un inciso después del literal
e), de la siguiente manera:
“Art. 23 Todo salvadoreño o extranjero con residencia definitiva, mayor de veintiún años
de edad, podrá obtener licencia para uso, reparación de armas de fuego, recarga de munición
o para manejo de explosivos para fines industriales o de obra civil, para la fabricación de
productos pirotécnicos y para comercializar productos regulados en la presente ley, siempre
que no tuvieren alguna de las incapacidades contempladas en la misma y previo cumplimiento
de los requisitos siguientes:”
“Los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, Policía Nacional Civil, Academia Nacional
de Seguridad Pública, y las personas que hubieren prestado su Servicio Militar podrán obtener
las licencias establecidas en esta ley, a los dieciocho años de edad.”
Art. 10.- Refórmase el literal e) del Art. 24, de la siguiente manera:
“e) Ser mayor de veintiún años para las matrículas de colección, tenencia y conducción;
y de veinticuatro años para la portación.”
Art. 11.- Refórmase los incisos primero y tercero y a continuación de éste se adiciona
un inciso que pasaría a ser cuarto, en el Art. 62, de la siguiente manera:
“Art. 62.- Se prohíbe la portación de armas de fuego, en instituciones públicas, centros
sociales, culturales y educativos, restaurantes, hoteles, pensiones, bares, barras show,
expendios de bebidas alcohólicas, cervecerías, billares, parques ecológicos o áreas naturales
protegidas, así como cuando participare durante la realización de espectáculos públicos,
desfiles, manifestaciones o protestas públicas, reuniones cívicas, religiosas y deportivas.”
“De igual forma se prohíbe aceptar en depósito armas de fuego en bares, barras
show, expendios de bebidas alcohólicas, cervecerías o cualquier otro sitio de similares
características.”
“Asimismo se prohíbe la portación de armas automáticas y semiautomáticas, revólveres
y pistolas semiautomáticas, fusiles y carabinas de acción mecánica o semiautomáticos y
escopetas, dentro de vehículos del transporte público de pasajeros en servicio, limitándose
a la conducción de éstas debidamente descargadas.”
Art. 12.- Refórmase el literal a) del Art. 63, de la siguiente manera:
“a) A los menores de veintiún años, licencia para uso de armas de fuego, matrículas
de colección, tenencia y conducción; a los menores de veinticuatro años, matrículas
de portacion. Se exceptúa de lo anterior, a los miembros de la Fuerza Armada
de El Salvador, Policía Nacional Civil, Academia de Seguridad Pública, y a las
personas que hubieren prestado su servicio militar, que podrán obtenerlas a los
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Parte II

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dieciocho años. De igual forma, podrán obtenerlas las personas a que se refiere
la Ley de los Servicios Privados de Seguridad; las que obtuvieron lícitamente la
licencia o matrícula, para efectos de refrenda; y los tiradores deportivos federados
o debidamente acreditados, en este último caso, solo podrán otorgárseles licencia
para usos de armas de fuego y matricula de tenencia y conducción, respecto de
las armas especificas para las practicas deportivas;”
Art. 13.- Adiciónase a continuación del Art. 63, el Artículo 63-A, de la manera
siguiente:
“Art. 63-A.- Se prohíbe la publicidad y ofertas de armas de fuego y municiones,
excepto en publicaciones especializadas en materia deportiva o de seguridad.”
Art. 14.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de
febrero del dos mil cinco.
D. O. N° 83, Tomo N° 367, Fecha: 4 de mayo de 2005.

DECRETO No. 625
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad con el Art. 2 de la Constitución toda persona tiene derecho, entre
otros, a la vida y a la integridad física y moral, así como a ser protegida en la conservación
y defensa de los mismos.
II. Que debido a las constantes amenazas y atentados ocurridos en el personal penitenciario
que se dedica a cumplir con lo previsto en la Ley Penitenciaria, es necesario reformar
el Código Penal para agravar las penas que deberán imponerse a las personas, por
las acciones delictivas que pudieran ejecutarse en contra de miembros del personal
penitenciario.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Guillermo Antonio
Gallegos Navarrete,
DECRETA las siguientes:
REFORMAS AL CÓDIGO PENAL
Art. 1.- Refórmase el Acápite y el numeral 18 del Art. 30 de la siguiente manera:
“IRRESPETO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS, AUTORIDAD PÚBLICA, AGENTE DE
AUTORIDAD Y PERSONAL PENITENCIARIO
18) Ejecutar el delito contra un funcionario público o autoridad pública, agente de
autoridad, o en contra de miembros del personal penitenciario, en atención a su
calidad de servidores públicos, sea que se encuentren o no en el ejercicio de sus
funciones.”
Art. 2.- Refórmase el número 10 del Art. 129, de la siguiente manera:
“10) Cuando fuere ejecutado en la persona de un funcionario público, autoridad pública,
agente de autoridad, o en miembros del personal penitenciario, sea que se
encuentren o no en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas.”
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres días del mes de marzo
del año dos mil cinco. D. O. N° 71, Tomo N° 367, Fecha: 18 de abril de 2005.
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DECRETO No. 632
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I- Que por Decreto Legislativo No. 417, de fecha 14 de diciembre de 1992, publicado en el
Diario Oficial No.16, Tomo No.318, de fecha 25 de enero de 1993, se emitió el Código
Electoral.
II- Que la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el proceso
constitucional 28-2002, declaró que el artículo 13 del Código Electoral, reformado por el
Decreto Legislativo No. 845 del 22 de mayo de 2002, es inconstitucional, pues comete
infracción al artículo 78 de la Constitución, el cual establece que el voto será libre,
directo, igualitario y secreto.
III- Que el artículo 79 de la Constitución, determina que el territorio de la República, se
establecerán las circunscripciones electorales que determinará la Ley y que el sistema
de representación proporcional es la forma que garantiza el pluralismo político, de modo
que la representación en la Asamblea Legislativa sea reflejo de los votos obtenidos por
los diferentes partidos políticos o coaliciones contendientes y que esto se logre de la
forma más igualitaria posible.
IV- Que el artículo 85 de la Constitución determina que el Gobierno es Republicano,
Democrático y Representativo, además que el sistema político es pluralista y se expresa
por medio de los partidos políticos.
V- Que el artículo 200 de la Constitución, establece que el territorio de la República se
divide en Departamentos para la administración política, por lo que es conveniente que
las circunscripciones electorales coincidan con los Departamentos.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados José Manuel
Melgar Henríquez, José Francisco Merino López, Marta Lilian Coto de Cuéllar, José Antonio
Almendáriz Rivas, Félix Agreda Chachagua, Douglas Alejandro Alas García, Alex René Aguirre,
Guillermo Pérez Zarco, Salomé Roberto Alvarado Flores, Irma Segunda Amaya Echeverría,
Mario Alberto Tenorio, Emma Julia Fabian, Ciro Alexis Zepeda, José Orlando Arévalo Pineda,
José Salvador Arias Peñate, Nelson Orlando López Vaquerano, Efrén Arnoldo Bernal Chévez,
Roger Alberto Blandino Nerio, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Blanca
Flor América Bonilla Bonilla, Isidro Antonio Caballero Caballero, Carmen Elena Calderón Sol
de Escalón, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, José Ernesto Castellanos Campos, Mercedes de
Rovira, Humberto Centeno Najarro, Héctor David Córdova Arteaga, Luis Alberto Corvera Rivas,
José Ricardo Cruz, Manuel de Jesús Aguilar, Agustín Díaz Saravia, Olga Elizabeth Ortíz, Walter
Eduardo Durán Martínez, Jorge Antonio Escobar Rosa, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio
Gamero Quintanilla, Irma Lourdes Palacios Vásquez, César Humberto García Aguilera, Nelson
Napoleón García Rodríguez, Nicolás Antonio García Alfaro, Ricardo Bladimir González, Ernesto
Antonio Dueñas, Noé Orlando González, Jesús Grande, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez,
Carlos Walter Guzmán Coto, Schafik Jorge Handal Handal, Mariela Peña Pinto, Gabino Ricardo
Hernández Alvarado, Hipólito Baltazar Rodríguez Contreras, Immar Reyes, Nelson de la Cruz
Alvarado, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Hugo Roger Martínez Bonilla,
Marco Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete,
Gustavo Chiquillo, Juana Isolina Alas de Marín, Renato Antonio Pérez, Carlos Mauricio Arias
Torres, Teodoro Pineda Osorio, Mario Antonio Ponce López, Garpar Armando Portillo Benítez,

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Francisco Antonio Prudencio, Zoila Beatriz Quijada Solís, Norman Noel Quijano González, José
Mauricio Quinteros Cubías, Alba Teresa González de Dueñas, Carlos Armando Reyes Ramos,
Dolores Alberto Rivas Eheverría, Elías Romero, Federico Guillermo Ávila Quehl, Salvador
Sánchez Cerén, Héctor Ricardo Silva Arguello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio
Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia
Vásquez de Amaya, y Jorge Alberto Villacorta Muñoz.
DECRETA las siguientes reformas al Código Electoral, así:
Art. 1.- Incorpórase un segundo inciso al artículo 10 como sigue:
“La Circunscripción Nacional será utilizada para la elección de Presidente y Vicepresidente
de la República, así como para la elección de los Diputados al Parlamento Centroamericano.”
Art. 2.- Incorpórase como artículo 13, lo siguiente:
“Art. 13.- La Asamblea Legislativa estará compuesta por ochenta y cuatro Diputados
propietarios e igual número de suplentes.
Habrá tantas circunscripciones electorales, como Departamentos, en que se divide el
territorio de la República para la administración política.
Cada circunscripción se integrará con al menos tres Diputados propietarios e igual número
de suplentes.
Se establecerá un cociente nacional de población, resultante de dividir el número de
habitantes, según el último censo nacional de población, entre el número de Diputados que
conformarán la Asamblea Legislativa.
Para establecer el número de Diputados por circunscripción, se dividirá el número de
habitantes de cada circunscripción, entre el cociente nacional de población.
Si faltare una o más Diputaciones que asignar del total de los componentes de la Asamblea
Legislativa, estos se asignarán a las circunscripciones electorales de mayor residuo de
población, hasta completar el número de ochenta y cuatro Diputados. El Tribunal velara por
el fiel cumplimiento de lo regulado en el inciso tercero del presente artículo.
Según este método y en base al último censo nacional de población, las circunscripciones
electorales quedarán conformadas de la siguiente manera:
1) San Salvador, veinticinco Diputados
2) Santa Ana, siete Diputados
3) San Miguel, seis Diputados
4) La Libertad, ocho Diputados
5) Sonsonate, seis Diputados
6) Usulután, cinco Diputados
7) Ahuachapán, cuatro Diputados
8) La Paz, cuatro Diputados
9) La Unión, cuatro Diputados
10) Cuscatlán, tres Diputados
371
Parte II

Parte II
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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11) Chalatenango, tres Diputados
12) Morazán, tres Diputados
13) San Vicente, tres Diputados
14) Cabañas, tres Diputados.”
Art. 3.- Refórmase el artículo 262, así:
“Art. 262.- Los Diputados a que se refiere el Artículo 13 de este Código, se elegirán de
la manera siguiente: El total de votos válidos para Diputados obtenidos en cada circunscripción
electoral, se dividirá entre el número de Diputados propietarios que corresponda a la misma
circunscripción, obteniendo así el cociente electoral.
Determinado este, los partidos políticos o coaliciones, tendrán tantos Diputados, como
veces este contenido el cociente electoral en el número de votos que haya obtenido el partido
político o coalición en la circunscripción de que se trate.
Si faltare un Diputado por asignar, lo ganará el partido político o coalición que hubiere
obtenido el mayor residuo; si faltaren dos, el segundo lo ganará el partido político o coalición
que siga con mayor residuo y así sucesivamente hasta complementar el número de Diputados
que corresponda a la circunscripción.
Si uno o más partidos políticos o coaliciones no alcanzaren el cociente electoral, se tomarán
sus votos como residuos. Si ningún partido político o coalición alcanzare el cociente electoral, se
adjudicará un Diputado a cada partido político o coalición por el orden de mayoría de voto.
Cuando hubiere empate, en los casos de los dos incisos anteriores, el Diputado lo ganará
el partido político o coalición que haya obtenido mayoría en el total de residuos generales de
toda la República.
Cuando un partido político o coalición obtenga uno o más Diputados, se entenderán electos
los inscritos por orden de precedencia en la planilla.
Por cada Diputado propietario que ganare un partido político o coalición, tendrá derecho a
que se le asigne el respectivo suplente, siguiendo el orden establecido para los propietarios.
De todo lo actuado, el Tribunal levantará un acta, en la que se harán constar todas las
circunstancias atinentes a la elección.
Los Diputados al Parlamento Centroamericano, se elegirán de la manera siguiente: el
total de votos válidos obtenidos en todo el país para la elección de Diputados a la Asamblea
Legislativa, se dividirá entre veinte, obteniéndose así el cociente electoral para este caso; y
se aplicarán las reglas contempladas en los incisos segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo
de este mismo artículo.”
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los nueve días del mes de marzo
del dos mil cinco.
D. O. N° 67, Tomo N° 367, Fecha:12 de abril de 2005.

DECRETO No. 634
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad a la Constitución, el Estado debe ser el promotor del desarrollo
económico y social del país, mediante el incremento de la producción, la productividad
y la racional utilización de los recursos.
II. Que mediante Decreto Legislativo No. 627, de fecha 22 de noviembre de 1990, publicado
en el Diario Oficial No. 276, Tomo 309, del 6 de diciembre de ese mismo año, se emitió
la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de
Ahorro y Préstamo.
III. Que las necesidades de la economía han requerido para su desarrollo que las instituciones
bancarias y de crédito incrementen considerablemente el otorgamiento de créditos,
canalizando así responsablemente los fondos captados del público en concepto de
depósitos, lo cual ha exigido la emisión de leyes especiales.
IV. Que es interés del Estado proporcionar el ordenamiento legal que propicie el empleo eficaz
de los fondos captados del público; así como su adecuada recuperación, considerando
que la función de intermediación realizada por las instituciones bancarias y de crédito
sustenta el sistema de pagos del país y facilita la destinación de recursos hacia las
actividades productivas que generan el crecimiento económico y potencian el progreso
social del país, redundando en beneficio de todos sus habitantes.
V. Que dado que los créditos que otorgan los bancos e instituciones de crédito provienen
primariamente de depósitos del público, es deber del Estado legislar para garantizar
la seguridad patrimonial de los depositantes que en su conjunto es de interés general;
conservando y protegiendo a la vez, los derechos de audiencia y de defensa de las
personas a las que deben cobrárseles los montos recibidos en crédito.
VI. Que es deber del Estado asegurar el interés general, creando un marco legal basado en
principios internacionales de regulación y supervisión bancaria, para crear las condiciones
favorables que propicien un sistema financiero confiable, solido, competitivo y solvente,
sustentado en dicho marco legal que dé seguridad jurídica y de esta manera, incentivar
el ahorro de los depositantes, condición fundamental para potenciar el desarrollo
nacional.
VII. Que consecuentemente, es necesario reformar la Ley a la que se hace referencia en
el Considerando II, a efecto de posibilitar una recuperación rápida y eficiente de los
recursos del público, armonizando de esta manera, con la legislación mercantil, las
disposiciones de cuerpos legales comerciales como el aludido y los de carácter financiero
que coadyuven a este fin, respetando así la reciente jurisprudencia constitucional que
se ha emitido al respecto.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de Ciro Cruz Zepeda Peña, José
Manuel Melgar Henríquez, José Francisco Merino López, Marta Lilian Coto Vda. de Cuéllar, José
Antonio Almendáriz Rivas, Elvia Violeta Menjivar Escalante, René Napoleón Aguiluz Carranza,
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Parte II

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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
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Douglas Alejandro Alas García, Elizardo González Lovo, Rolando Alvarenga Argueta, Irma
Segunda Amaya Echevarría, Juan Francisco Villatoro, José Salvador Arias Peñate, Miguel
Francisco Bennett Escobar, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Roger Alberto Blandino Nerio, Juan
Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Blanca Flor América Bonilla Bonilla, Isidro
Antonio Caballero Caballero, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, José Ernesto Castellanos
Campos, Roberto Eduardo Castillo Batlle, Humberto Centeno Najarro, Héctor David Córdova
Arteaga, Luis Alberto Corvera Rivas, José Ricardo Cruz, Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi,
Walter Eduardo Durán Martínez, Jorge Antonio Escobar Rosa, Julio Antonio Gamero Quintanilla,
Vilma Celina García de Monterrosa, Cesar Humberto García Aguilera, Nelson Napoleón García
Rodríguez, Nicolás Antonio García Alfaro, Ricardo Bladimir González, Noé Orlando González,
Jesús Grande, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Schafik
Jorge Handal Handal, Mariela Peña Pinto, Gabino Ricardo Hernández Alvarado, Nelson de
la Cruz Alvarado, José Rafael Machuca Zelaya, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto
Marroquín, Hugo Roger Martínez Bonilla, Calixto Mejía Hernández, Marco Tulio Mejía Palma,
Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana, Rodolfo
Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte, Teodoro Pineda Osorio,
Mario Antonio Ponce López, Gaspar Armando Portillo Benitez, Francisco Antonio Prudencio,
Zoila Beatriz Quijada Solís, Norman Noel Quijano González, Manuel Orlando Quinteros Aguilar,
Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echevería, Ileana
Argentina Rogel Cruz, Federico Guillermo Ávila Quehl, Salvador Sánchez Ceren, Héctor Ricardo
Silva Arguello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto
Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Jorge
Alberto Villacorta Muñoz, Sigfredo Antonio Campos Fernández, Alba teresa de Dueñas, Ernesto
Antonio Dueñas, Mario Alberto Tenorio, Olga Elizabeth Ortiz e Hipólito Baltazar Rodríguez.
DECRETA la siguiente:
REFORMA A LA LEY DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE BANCOS
COMERCIALES Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO
Art. 1.- Intercálase entre los Arts. 24-B y 25, el Art. 24-C, de la siguiente manera:
“Art. 24-C.- Los créditos adquiridos por el Fondo en el proceso de saneamiento y
por aportes recibidos que hayan sido otorgados originalmente por instituciones bancarias,
mantendrán su naturaleza bancaria.
Esta misma condición se mantendrá respecto de los refinanciamientos a créditos que
originalmente se otorgaron como de naturaleza bancaria o en otras restructuraciones crediticias
que éste otorgue para la recuperación de la cartera.
Lo dispuesto en el Art. 231 de la Ley de Bancos será aplicable a las operaciones que realice
el Fondo.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
marzo de dos mil cinco.
D. O. N° 74, Tomo N° 367, Fecha: 21 de abril de 2005

DECRETO No. 635
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad a la Constitución, el Estado debe ser el promotor del desarrollo
económico y social del país mediante el incremento de la producción, la productividad
y la racional utilización de los recursos.
II. Que por Decreto Legislativo No. 671, de fecha 8 de mayo de 1970, publicado en el
Diario Oficial No. 140, Tomo 228, del 31 de julio de ese mismo año, se emitió el Código
de Comercio.
III. Que las necesidades de la economía han requerido para su desarrollo que las instituciones
bancarias y de crédito incrementen considerablemente el otorgamiento de créditos,
canalizando así responsablemente los fondos captados del público en concepto de
depósitos, lo cual ha exigido la emisión de leyes especiales.
IV. Que es interés del Estado proporcionar el ordenamiento legal que propicie el empleo eficaz
de los fondos captados del público; así como su adecuada recuperación, considerando
que la función de intermediación realizada por las instituciones bancarias y de crédito
sustenta el sistema de pagos del país y facilita la destinación de recursos hacia las
actividades productivas que generan el crecimiento económico y potencian el progreso
social del país, redundando en beneficio de todos sus habitantes.
V. Que dado que los créditos que otorgan los bancos e instituciones de crédito provienen
primariamente de depósitos del público es deber del Estado legislar para garantizar la
seguridad patrimonial de los depositantes que en su conjunto es de interés general;
conservando y protegiendo a la vez, los derechos de audiencia y defensa de las personas
a las que deben cobrárseles los montos recibidos en crédito.
VI. Que es deber del Estado asegurar el interés general, creando un marco legal basado en
principios internacionales de regulación y supervisión bancaria, para crear las condiciones
favorables que propicien un sistema financiero confiable, solido, competitivo y solvente,
sustentado en dicho marco legal que dé seguridad jurídica y de esta manera, incentivar
el ahorro de los depositantes, condición fundamental para potenciar el desarrollo
nacional.
VII. Que, en razón de lo anterior, se vuelve necesario reformar algunas disposiciones legales
del Código al que se ha hecho referencia en el Considerando II, a efecto de posibilitar,
junto con otros cuerpos normativos relativos a esta materia una recuperación rápida
y eficiente de los recursos del público, armonizando con este Código las disposiciones
de cuerpos legales comerciales y financieros que coadyuven a este fin, respetando así
la reciente jurisprudencia constitucional que se ha emitido al respecto.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de Ciro Cruz Zepeda Peña, José
Manuel Melgar Henríquez, José Francisco Merino López, Marta Lilian Coto Vda. de Cuéllar, José
Antonio Almendáriz Rivas, Elvia Violeta Menjivar Escalante, René Napoleón Aguiluz Carranza,
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Parte II

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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
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Douglas Alejandro Alas García, Elizardo González Lovo, Rolando Alvarenga Argueta, Irma
Segunda Amaya Echevarría, Juan Francisco Villatoro, José Salvador Arias Peñate, Miguel
Francisco Bennett Escobar, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Roger Alberto Blandino Nerio, Juan
Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Blanca Flor América Bonilla Bonilla, Isidro
Antonio Caballero Caballero, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, José Ernesto Castellanos
Campos, Roberto Eduardo Castillo Batlle, Humberto Centeno Najarro, Héctor David Córdova
Arteaga, Luis Alberto Corvera Rivas, José Ricardo Cruz, Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi,
Walter Eduardo Durán Martínez, Jorge Antonio Escobar Rosa, Julio Antonio Gamero Quintanilla,
Vilma Celina García de Monterrosa, Cesar Humberto García Aguilera, Nelson Napoleón García
Rodríguez, Nicolás Antonio García Alfaro, Ricardo Bladimir González, Noé Orlando González,
Jesús Grande, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Schafik
Jorge Handal Handal, Mariela Peña Pinto, Gabino Ricardo Hernández Alvarado, Nelson de
la Cruz Alvarado, José Rafael Machuca Zelaya, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto
Marroquín, Hugo Roger Martínez Bonilla, Calixto Mejía Hernández, Marco Tulio Mejía Palma,
Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana, Rodolfo
Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte, Teodoro Pineda Osorio,
Mario Antonio Ponce López, Gaspar Armando Portillo Benitez, Francisco Antonio Prudencio,
Zoila Beatriz Quijada Solís, Norman Noel Quijano González, Manuel Orlando Quinteros Aguilar,
Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echevería, Ileana
Argentina Rogel Cruz, Federico Guillermo Ávila Quehl, Salvador Sánchez Ceren, Héctor Ricardo
Silva Arguello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto
Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Jorge
Alberto Villacorta Muñoz, Sigfredo Antonio Campos Fernández, Alba Teresa de Dueñas, Ernesto
Antonio Dueñas, Mario Alberto Tenorio, Olga Elizabeth Ortiz e Hipólito Baltazar Rodríguez.
DECRETA las siguientes:
REFORMAS AL CODIGO DE COMERCIO
Art. 1.- Sustitúyese el Art. 995, de la siguiente manera:
“Art. 995.- Los plazos de la prescripción mercantil son los siguientes:
I. Prescribirán a los seis meses las acciones de rectificación de los saldos de las
cuentas corrientes.
II. Prescribirán en un año las siguientes acciones: la nulidad de los acuerdos de las
asambleas sociales o de las celebraciones de los mismos; la de enriquecimiento
indebido con motivo del giro de títulos valores; las derivadas del cheque; las de
regreso de la letra de cambio; las de reclamación por vicios de la cosa vendida;
las concernientes al contrato de transporte y las de reclamación de responsabilidad
a los administradores, auditores e interventores de sociedades.
III. Prescriben en dos años, salvo las excepciones señaladas en los ordinales anteriores,
las acciones derivadas de los siguientes contratos: de sociedad, de compraventa,
de suministro, de depósito, de comisión, estimatorio, de edición, de hospedaje,
de participación, de garantía y demás que no tuvieren plazos distintos previstos
en este Código o en leyes especiales.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
IV. Prescribirán en cinco años las acciones derivadas de los contratos de crédito,
contados a partir de la fecha del último reconocimiento de la obligación por parte
del deudor; en el mismo plazo prescribirán los otros derechos mercantiles.”
Art. 2.- Intercálase entre el Art. 1554 y Art. 1555, el Art. 1554-A, de la siguiente
manera:
“Art. 1554-A.- Cuando existan hipotecas inscritas a favor de las instituciones de
crédito, bancarias o empresas mercantiles, no se inscribirá en los Registros respectivos ningún
instrumento que contenga derechos que de cualquier manera afecten, graven, transfieran
o enajenen total o parcialmente los bienes objeto de la garantía o que constituya sobre los
mismos cualquier derecho a favor de terceros, a menos que exista acuerdo escrito entre el
hipotecante y el acreedor.
Cuando se trate de hipotecas inscritas a favor de bancos, la Superintendencia del Sistema
Financiero dictará las normas que permitan la aplicación del presente artículo.”
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
marzo de dos mil cinco.
D. O. N° 74,Tomo N° 367, Fecha: 21 de abril de 2005
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Parte II

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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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DECRETO No. 636
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad a la Constitución, el Estado debe ser el promotor del desarrollo
económico y social del país mediante el incremento de la producción, la productividad
y la racional utilización de los recursos.
II. Que mediante Decreto Legislativo No. 697, de fecha 2 de septiembre de 1999, publicado
en el Diario Oficial No. 181, Tomo 344, del 30 de ese mismo mes y año, se emitió la
Ley de Bancos.
III. Que las necesidades de la economía han requerido para su desarrollo que las instituciones
bancarias y de crédito incrementen considerablemente el otorgamiento de créditos,
canalizando así responsablemente los fondos captados del público en conceptos de
depósitos, lo cual ha exigido la emisión de leyes especiales.
IV. Que es interés del Estado proporcionar el ordenamiento legal que propicie el empleo eficaz
de los fondos captados del público; así como su adecuada recuperación, considerando
que la función de intermediación realizada por las instituciones bancarias y de crédito
sustenta el sistema de pagos del país y facilita la destinación de recursos hacia las
actividades productivas que generan el crecimiento económico y potencian el progreso
social del país, redundando en beneficio de todos sus habitantes.
V. Que dado que los créditos que otorgan los bancos e instituciones de crédito provienen
primariamente de depósitos del público es deber del Estado legislar para garantizar la
seguridad patrimonial de los depositantes que en su conjunto es de interés general;
conservando y protegiendo a la vez, los derechos de audiencia y de defensa de las
personas a las que deben cobrárseles los montos recibidos en crédito.
VI. Que es deber del Estado asegurar el interés general, creando un marco legal basado en
principios internacionales de regulación y supervisión bancaria, para crear las condiciones
favorables que propicien un sistema financiero confiable, solido, competitivo y solvente,
sustentado en dicho marco legal que dé seguridad jurídica y de esta manera, incentivar
el ahorro de los depositantes, condición fundamental para potenciar el desarrollo
nacional.
VII. Que, por lo antes expuesto, es necesario reformar algunas disposiciones de la Ley de
Bancos a la que se hace referencia en el Considerando II, que posibiliten una recuperación
rápida y eficiente de los recursos del público, armonizando con la legislación mercantil,
las disposiciones de cuerpos legales comerciales y financieros que coadyuven a este fin,
respetando así la reciente jurisprudencia constitucional que se ha emitido al respecto.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de Ciro Cruz Zepeda Peña, José
Manuel Melgar Henríquez, José Francisco Merino López, Marta Lilian Coto Vda. de Cuéllar, José
Antonio Almendáriz Rivas, Elvia Violeta Menjivar Escalante, René Napoleón Aguiluz Carranza,
Douglas Alejandro Alas García, Elizardo González Lovo, Rolando Alvarenga Argueta, Irma

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Segunda Amaya Echevarría, Juan Francisco Villatoro, José Salvador Arias Peñate, Miguel
Francisco Bennett Escobar, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Roger Alberto Blandino Nerio, Juan
Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Blanca Flor América Bonilla Bonilla, Isidro
Antonio Caballero Caballero, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, José Ernesto Castellanos
Campos, Roberto Eduardo Castillo Batlle, Humberto Centeno Najarro, Héctor David Córdova
Arteaga, Luis Alberto Corvera Rivas, José Ricardo Cruz, Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi,
Walter Eduardo Durán Martínez, Jorge Antonio Escobar Rosa, Julio Antonio Gamero Quintanilla,
Vilma Celina García de Monterrosa, Cesar Humberto García Aguilera, Nelson Napoleón García
Rodríguez, Nicolás Antonio García Alfaro, Ricardo Bladimir González, Noé Orlando González,
Jesús Grande, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Schafik
Jorge Handal Handal, Mariela Peña Pinto, Gabino Ricardo Hernández Alvarado, Nelson de
la Cruz Alvarado, José Rafael Machuca Zelaya, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto
Marroquín, Hugo Roger Martínez Bonilla, Calixto Mejía Hernández, Marco Tulio Mejía Palma,
Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana, Rodolfo
Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte, Teodoro Pineda Osorio,
Mario Antonio Ponce López, Gaspar Armando Portillo Benitez, Francisco Antonio Prudencio,
Zoila Beatriz Quijada Solís, Norman Noel Quijano González, Manuel Orlando Quinteros Aguilar,
Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echevería, Ileana
Argentina Rogel Cruz, Federico Guillermo Ávila Quehl, Salvador Sánchez Ceren, Héctor Ricardo
Silva Arguello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto
Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Jorge
Alberto Villacorta Muñoz, Sigfredo Antonio Campos Fernández, Alba Teresa de Dueñas, Ernesto
Antonio Dueñas, Mario Alberto Tenorio, Olga Elizabeth Ortiz e Hipólito Baltazar Rodríguez.
DECRETA las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DE BANCOS
Art. 1.- Sustitúyense en el inciso primero del Art. 217, su primer párrafo y el literal a),
por los siguientes:
“Art. 217.- La tramitación del juicio ejecutivo que promueve un banco contemplará
las garantías de audiencia y defensa de los demandados, quienes podrán interponer en la
oportunidad procesal correspondiente todas las excepciones pertinentes. Los juicios ejecutivos
a los que se refiere esta disposición se tramitarán de conformidad a las reglas comunes con
las modificaciones siguientes:
a) El término de prueba será de ocho días.”
Art. 2.- Sustitúyese el Art. 221, por el siguiente:
“Art. 221.- Vencido el plazo de un préstamo con garantía prendaria consistente en bienes
muebles de cualquier clase entregados a un banco, éste podrá pedir al Juez que autorice la
venta de los bienes pignorados por medio de dos corredores autorizados y en su defecto, de
dos comerciantes establecidos en la plaza y al precio de mercado, previa audiencia del deudor
y del constituyente de la prenda.
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Parte II

Parte II
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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La audiencia concedida al deudor y al constituyente de la prenda, en su caso, será por
tres días comunes a ambos y dentro de dicho plazo, deberán manifestar su conformidad o
su oposición a la venta de los bienes empeñados. En caso de allanamiento, se pronunciará
inmediatamente la sentencia, ordenando la venta y el pago de la deuda y sus accesorios con
el producto de la misma. En el caso de que no comparecieren el deudor y el constituyente de
la prenda en su caso, o si asistiendo opusieren excepción, se seguirán los trámites del juicio
ejecutivo mercantil.
En caso de notoria urgencia, debidamente justificada ante el Juez, por correr peligro de
deterioro, de extravío o de pérdida de valor del bien pignorado, éste podrá, mediante resolución
motivada, ordenar la venta de los bienes pignorados bajo la responsabilidad del acreedor, aún
antes de hacer la notificación al deudor y al constituyente de la prenda. Efectuada dicha venta,
se notificará al deudor y al constituyente de la prenda en su caso, concediéndoles audiencia
por tres días comunes para que se pronuncien sobre el pago al acreedor del importe obtenido.
Si manifestaren su conformidad se pronunciará sentencia de inmediato ordenando el pago
al banco. En caso de no comparecencia u oposición de excepciones, se seguirán los trámites
del juicio ejecutivo mercantil.
En todo caso, el importe obtenido de la venta de los bienes pignorados y vendidos en
la forma prescrita en este artículo, se imputará al pago de lo siguiente: a) Gasto que haya
causado la venta; b) Expensas de custodia, si las hubiere; c) Primas de seguro sobre los bienes
dados en garantía, pagadas por cuenta del deudor; y d) Intereses e importe de la deuda. En
el caso que el producto obtenido de la venta no alcanzare a cubrir el valor de las obligaciones
relacionadas, el banco acreedor podrá proceder judicialmente contra el deudor, por la diferencia
que resultare contra él. Por el contrario, cuando una vez pagadas dichas obligaciones hubiere
un remanente, el banco entregara su valor al deudor.”
Art. 3.- Adiciónase al Art. 231, un nuevo inciso, de la siguiente manera:
“Constituido el gravamen hipotecario a favor de un banco sobre el inmueble objeto de
la garantía y desde la fecha de presentación de la anotación preventiva en cualquiera de los
registros respectivos, el inmueble no podrá ser objeto de afectaciones, gravámenes, embargos,
transferencias, enajenaciones o cualquier otro derecho que sobre el mismo se pretenda inscribir,
a menos que exista acuerdo escrito entre el hipotecante y el acreedor, de conformidad a los
efectos contemplados en este artículo. Tampoco será inscribible sin el referido acuerdo escrito,
ninguna afectación, gravamen, embargo, transferencia, enajenación o cualquier otro derecho
que se pretenda inscribir a favor de un tercero, sobre los elementos de una empresa que se
encuentre hipotecada a favor de un banco.
La Superintendencia dictará las normas que permitan la aplicación de este artículo para
garantizar la protección de los derechos del hipotecante y el acreedor.”
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
marzo de dos mil cinco. D. O. N° 74, Tomo N° 367, Fecha: 21 de abril de
2005.

DECRETO No. 643
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 539, de fecha 16 de diciembre del 2004, publicado en
el Diario Oficial No. 239, Tomo No. 365, del 22 del mismo mes y año, se emitió la Ley
de Impuesto Sobre Productos del Tabaco.
II. Que antes de la vigencia de la citada Ley, los productos del tabaco únicamente se
gravaban con el impuesto ad-valorem, y la base imponible se establecía de restar al
precio sugerido de venta al público el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y
a la Prestación de Servicios.
III. Que a partir de la vigencia de la Ley a que se refiere el considerando primero de este
Decreto, se adicionó además del impuesto ad-valorem un impuesto específico, para
financiar el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD).
IV. Que al momento de aprobar dicha Ley, se omitió excluir del cálculo de la base imponible
de los referidos productos, el impuesto específico en mención.
V. Que por las razones antes expuestas, se hace necesario reformar dicha Ley, a efecto
de dejar establecido sobre qué valores se establecerá la base imponible para calcular
el impuesto ad-valorem.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Julio Antonio
Gamero Quintanilla, José Mauricio Quinteros, Juan Miguel Bolaños, Carmen Elena Calderón
de Escalón, Enrique Valdés, Norman Noel Quijano, Patricia de Amaya, Mariela Peña Pinto y
Guillermo Avila Qüehl, Gerson Martínez, Vilma Celina García de Monterrosa, Humberto Centeno
Najarro, Calixto Mejía Hernández, Ciro Cruz Zepeda Peña, Alejandro Dagoberto Marroquín, José
Francisco Merino López, Jorge Alberto Villacorta Muñoz y René Napoleón Aguiluz Carranza.
DECRETA la siguiente:
REFORMA A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DEL TABACO
Art. 1. Refórmase el Art. 4, literal B), inciso primero así:
B) Impuesto Ad-valorem
El impuesto ad-valorem se calculará aplicando una tasa de 39% sobre el precio sugerido de
venta al consumidor declarado, excluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles
y a la Prestación de Servicios y el Impuesto específico establecido en esta Ley.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
marzo del año dos mil cinco. D. O. N° 55, Tomo N° 366, Fecha: 18 de marzo de 2005.
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Parte II

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A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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DECRETO No. 644
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 296, de fecha 24 de julio de 1992, publicado en el
Diario Oficial No. 143, Tomo No. 316, del 31 del mismo mes y año, se emitió la Ley de
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios.
II. Que por Decreto Legislativo No. 495, de fecha 28 de octubre del 2004, publicado en el
Diario Oficial No. 217, Tomo No. 365, del 22 de noviembre del mismo año, se emitieron
reformas a la Ley antes referida.
III. Que en la reforma en mención, se amplió la concepción del autoconsumo de servicios
en el artículo 16 de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestación de Servicios.
IV. Que conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 11 de la Ley de Impuesto a
la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, las donaciones de
bienes efectuadas a las entidades a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Impuesto
sobre la Renta no constituyen hechos generadores del referido impuesto.
V. Sin embargo, el artículo 16 de la Ley mencionada, no excluye de la consideración de
hecho generador a las donaciones de servicios generándose con ello disparidad de
tratamiento entre las donaciones de bienes y de servicios.
VI. Que en las leyes tributarias puede advertirse en el devenir del tiempo la voluntad del
legislador por excluir de todo gravamen las donaciones gratuitas que los contribuyentes
realicen a las entidades a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Impuesto sobre la
Renta.
VII. Que por las razones antes expuestas, se hace necesario reformar la Ley de Impuesto a
la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, a efecto de facilitar
su correcta aplicación.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Julio Antonio
Gamero Quintanilla, José Mauricio Quinteros, Juan Miguel Bolaños, Carmen Elena Calderón
de Escalón, Enrique Valdés, Norman Noel Quijano, Patricia de Amaya, Mariela Peña Pinto y
Guillermo Avila Qüehl.
DECRETA las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DE IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y
A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art. 1. Adiciónase al Art. 16, un inciso de la siguiente manera:
No constituye hecho generador las donaciones de servicios de carácter gratuito e irrevocables
producidos por el contribuyente, realizadas a las entidades a que se refiere el Art. 6 de la Ley
de Impuesto sobre la Renta, que hayan sido previamente calificadas por la Dirección General
de Impuestos Internos, y que no beneficien al contribuyente según lo establecido en el Art.
32 Num, 4) Inc. 5° de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
Art. 2. Refórmase el Art. 66, inciso sexto de la manera siguiente:
Si no existen créditos fiscales atribuibles a las operaciones no sujetas al pago del impuesto y
éstas provienen de actividades no habituales del contribuyente, no se incluirá tales operaciones
en el cálculo de la proporcionalidad. Tampoco se incluirán en el cálculo de la proporcionalidad,
las operaciones consistentes en donaciones de bienes o de servicios efectuadas por el
contribuyente en los términos previstos en los incisos finales de los artículos 11 y 16 de esta
Ley, a las instituciones a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de otras obligaciones tributarias que esta Ley o el
Código Tributario establezcan respecto de las operaciones no sujetas.
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
D. O. N° 55, Tomo N° 366, Fecha: 18 de marzo de 2005
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A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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DECRETO No. 645
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 296, de fecha 24 de julio de 1992, publicado en el
Diario Oficial No. 143, Tomo No. 316, del 31 del mismo mes y año, se emitió la Ley de
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios.
II. Que el inciso tercero del Art. 14 de dicha Ley, establece que existe importación o
internación de servicios cuando la actividad que generan los servicios se desarrolla
en el exterior y son prestados a un usuario domiciliado en el país que los utiliza en él,
tales como: asesorías o asistencias técnicas, marcas, patentes, modelos, informaciones,
programas de computación y arrendamiento de bienes muebles corporales.
III. Que la disposición legal a que se ha hecho referencia no tipifica claramente los hechos
generadores del tributo, por lo que es procedente interpretar auténticamente la misma,
con el objeto de respetar los principios de certeza y seguridad jurídica establecidos en
la Constitución de la República, y a la vez garantizar tanto al contribuyente como el
Estado tengan claramente establecido los hechos que generan el pago del impuesto del
IVA.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del diputado Rodolfo Antonio
Parker.
DECRETA:
Art. 1. Interprétese auténticamente el inciso tercero del Art. 14 de la Ley de Impuesto
a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en el sentido que, en la
importación e internación de servicios a que se refiere la Ley de Impuesto a la Transferencia
de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios como hecho generador gravado con dicho
impuesto, la utilización del servicio debe ocurrir de manera exclusiva en el territorio de la
República de El Salvador.
Art. 2. Esta interpretación auténtica queda incorporada al texto de la Ley de Impuesto
a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios desde su vigencia.
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
marzo del año dos mil cinco. D. O. N° 55, Tomo N° 366, Fecha: 18 de marzo de 2005.

DECRETO No. 646
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 134, de fecha 18 de diciembre de 1991, publicado en
el Diario Oficial No. 242, Tomo No. 313, del 21 del mismo mes y año, se emitió la Ley
de Impuesto sobre la Renta.
II. Que por Decreto Legislativo No. 496, de fecha 28 de octubre del 2004, publicado en el
Diario Oficial No. 231, Tomo No. 365, del 10 de diciembre del mismo año, se emitieron
reformas a la Ley de Impuesto sobre la Renta.
III. Que a efecto de establecer el alcance de aplicación de algunas disposiciones legales, es
necesario reformar el referido marco legal.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Julio Antonio
Gamero Quintanilla, José Mauricio Quinteros, Juan Miguel Bolaños, Carmen Elena Calderón
de Escalón, Enrique Valdés, Norman Noel Quijano, Patricia de Amaya, Mariela Peña Pinto y
Guillermo Avila Qüehl.
DECRETA las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Art. 1. Refórmase el Art. 3 numeral 1) inciso primero, de la siguiente manera:
Los valores recibidos por el trabajador ya sea en dinero o en especie del patrono en concepto
de viáticos para transporte, alimentación y estadía en una cuantía razonable, herramientas
de trabajo, uniformes, equipo de oficina, siempre que las actividades a las que se destinen
dichos valores o bienes sean necesarios para la producción de la renta del patrono o para
conservación de la fuente de dichas rentas. Asimismo, los valores o bienes recibidos por los
trabajadores en los conceptos y cuantías antes referidas no constituyen rentas para éstos,
cuando los patronos sean sujetos excluidos de conformidad a lo establecido en el Art. 6 de la
presente Ley, aunque no le generen renta a estos últimos.
Art. 2. Refórmase el Art. 4, numeral 7) de la siguiente manera:
7) Las cantidades que por cualquier concepto y en razón de contratos de seguros, perciba
el contribuyente como asegurado o beneficiario.
En el caso del seguro dotal u otro tipo de seguro, cuando no se suscite el riesgo cubierto
y el plazo estipulado sea inferior o igual a cinco años, el valor que se recibe constituirá renta
gravable.
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Parte II

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El mismo tratamiento de renta gravable estipulado en el inciso anterior se aplicará cuando
los contratos hayan sido pactados por un plazo mayor a cinco años y por cualquier razón se dejen
sin efecto antes de transcurrido el plazo de cinco años sin que haya sucedido el riesgo.
En los casos establecidos en los dos incisos anteriores, deberán practicarse las retenciones
correspondientes en un porcentaje del 10% de las sumas acreditadas o pagadas y enterarse
dentro del plazo legal respectivo.
Art. 3. Refórmase el Art. 29-A, numeral 14) inciso primero, e intercálase un inciso entre
el inciso primero y final de dicho numeral, de la siguiente manera:
14) Los costos y gastos provenientes de la adquisición o de la utilización de bienes
intangibles, entre otros, marcas, patentes y franquicias o de servicios en el exterior, efectuados
en países o territorios que aparezcan clasificados como paraísos fiscales por cualquiera de
las Organizaciones siguientes: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Fondo de Estabilidad Financiera (FEF) o en
el Reglamento de esta Ley.
Los costos y gastos provenientes de la adquisición de bienes intangibles o servicios a
que se refiere el inciso anterior, serán deducibles aunque provengan de países, estados o
territorios que aún estando en esas listas, hayan suscrito, ratificado y cumplan efectivamente
Convenios de Intercambio de información y documentación de carácter tributario con El
Salvador, que permita comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, o cuando
se hayan efectuado las retenciones del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el Art. 158
del Código Tributario y se hayan enterado al Fisco de la República.
Art. 4. Intercálase entre los Arts. 30 y 31, el Art. 30-A de la manera siguiente:
Amortización de programas informáticos o software
Art. 30-A. Es deducible de la renta obtenida mediante amortización, el costo de
adquisición o de producción de programas informáticos utilizados para la producción de la
renta gravable o conservación de su fuente, aplicando un porcentaje fijo y constante de un
máximo del 25% anual sobre el costo de producción o adquisición, todo sin perjuicio de lo
dispuesto en los siguientes literales:
a) En el caso de programas informáticos producidos por el propio contribuyente para
su uso, no será deducible el costo capitalizado cuando hayan sido deducidos con
anterioridad en un período o ejercicio de imposición las erogaciones que conforman
dicho costo.
b) Para efectos de esta deducción no es aplicable la valuación o revaluación de los
programas.
c) Cuando se adquiera un programa utilizado, el valor máximo sujeto a amortización
será el precio del programa nuevo al momento de su adquisición, ajustado de
acuerdo a los siguientes porcentajes:

AÑOS DE VIDA
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Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
PORCENTAJE DEL PRECIO DEL
PROGRAMA O SOFTWARE USADO
1 año 80%
2 años 60%
3 años 40%
4 años 20%
Los precios de los programas informáticos o software serán sujetos de fiscalización.
d) En el caso de los programas o software cuyo uso o empleo en la producción de la
renta gravada no comprenda un ejercicio de imposición completo, será deducible
únicamente la parte de la cuota anual que proporcionalmente corresponda en
función del tiempo en que el bien ha estado en uso de la generación de la renta
o conservación de la fuente en el período o ejercicio de imposición.
e) El contribuyente solamente podrá deducirse la amortización del programa o
software de su propiedad, y mientras se encuentren en uso en la producción de
ingresos gravables.
f) Cuando el software se utilice al mismo tiempo en la producción de ingresos gravables
y no gravables o que no constituyan renta, la deducción de la deprecación se
admitirá únicamente en la proporción que corresponda a los ingresos gravables
en la forma prevista en el Art. 28 inciso final de esta Ley.
g) Si el contribuyente hubiera dejado de descargar en años anteriores la partida
correspondiente de amortización del programa o software no tendrá derecho a
acumular esas deficiencias a las cuotas de los años posteriores.
h) No podrá cambiarse el porcentaje de amortización sin la autorización de la
Administración Tributaria.
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo establecido en los Arts. 156-A y 158
del Código Tributario.
Art. 5. Refórmase el Art. 31, numeral 3) por el siguiente:
3) El tratamiento para la constitución de reservas de saneamiento y de activos
extraordinarios de cuentas incobrables por parte de Bancos, Compañías de Seguro,
Instituciones Oficiales de Crédito e Intermediarios Financieros no bancarios, el
cual será propuesto por la Superintendencia del Sistema Financiero a la Dirección
General de Impuestos Internos, quedando su aprobación definitiva para efectos
tributarios como facultad privativa de dicha Dirección General.
Toda reserva de cuentas incobrables que dichos contribuyentes establezcan, que no haya
sido propuesta por la Superintendencia del Sistema Financiero y aprobada por la Dirección
General de Impuestos Internos, no será deducible.
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Parte II

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En ningún caso será deducible la reserva de cuentas incobrables, que haya sido deducida
en ejercicios anteriores, ni tampoco será acumulable lo calculado en una categoría con lo
calculado en otra categoría, cuando la cuenta fuere reclasificada en categorías superiores.
Si se recobraren total o parcialmente las cantidades a que se refiere el inciso primero de
este numeral, deberán incluirse como renta gravable del ejercicio en que se reciban, en la
cuantía deducida. Si la recuperación se efectuare mediante la adquisición de bienes en especie,
la inclusión como renta gravable lo será por el monto total deducido en lo que respecta al
crédito recuperado, debiendo afectarse al momento de la realización del bien, como ganancia
o pérdida de capital, según fuere el caso, conforme al valor líquido recuperado en definitiva. Lo
relativo a ser considerado como ganancia o pérdida de capital no será aplicable en el caso de
los activos extraordinarios a que se refiere el inciso final del artículo 14 de la Ley de Impuesto
sobre la Renta, por constituir renta ordinaria de acuerdo a lo previsto en dicha disposición
legal.
Cualquier variación o modificación que realice la Superintendencia del Sistema Financiero
a las Categorías de Riesgo en su clasificación, porcentaje o monto de reservas a constituir,
quedará siempre sujeta a las reglas de aprobación y de deducción del presente artículo.
Para efectos de lo dispuesto en los numerales 2) y 3) de este artículo, cuando se transfiera
la cartera de cuenta por cobrar a otro sujeto o la cuenta por cobrar se reclasifique en una
categoría de menor riesgo, el valor de la deducción o reserva en su caso que haya sido
reclamada fiscalmente, deberá ser declarada por el tradente de dicha cartera en el ejercicio
en el que se realizó la transferencia, como renta gravable en la cuantía deducida.
Art. 6. El presente Decreto entrará en vigencia el 1° de junio del año 2005, previa
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
D. O. N° 55, Tomo N° 366, Fecha: 18 de marzo de 2005.

DECRETO No. 647
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 884, de fecha 20 de junio del 2002, publicado en el
Diario Oficial No. 126, Tomo No. 356, del 09 de julio del mismo año, se emitió la Ley
de Arrendamiento Financiero.
II. Que dicha Ley fue aprobada con el propósito de fomentar la inversión y la accesibilidad
de las empresas y personas naturales salvadoreñas al sistema de financiamiento de
bienes, conocido como arrendamiento financiero.
III. Que con el propósito de no incrementar los costos y de fomentar a la industria de la
construcción, se hace necesario reformar el régimen fiscal contenido en la referida
Ley.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Julio Antonio
Gamero Quintanilla, José Mauricio Quinteros, Juan Miguel Bolaños, Carmen Elena Calderón
de Escalón, Enrique Valdés, Norman Noel Quijano, Patricia de Amaya, Mariela Peña Pinto y
Guillermo Avila Qüehl.
DECRETA las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Art. 1. Adiciónase al Art. 16, siete incisos de la siguiente manera:
Quienes importen maquinaria y equipo arrendados bajo la modalidad de arrendamiento
financiero, para la ejecución de obras del Estado adjudicadas mediante licitación deberán registrar
ante la Dirección General de la Renta de Aduanas del Ministerio de Hacienda la maquinaria y
equipo a internar al país para la ejecución de tales obras, indicando las características de la
misma y el período de tiempo a permanecer en el país.
Para efectos del registro de dicha maquinaria y equipo deberán pagar al Fisco de la
República el 4.95% del valor total convenido del arrendamiento financiero de dicha maquinaria
y equipo, derechos que deberán liquidar ante la Dirección General de la Renta de Aduanas y
pagar ante la Dirección General de Tesorería, según corresponda.
Al momento de su internación al país, deberán pagar el 5% correspondiente al total
del referido 4.95% y el pago del restante 95% del 4.95% del valor total del arrendamiento,
deberá efectuarse ante la Dirección General de Tesorería, en los bancos y otras instituciones
financieras autorizadas por el Ministerio de Hacienda, los primeros diez días hábiles de cada
mes en cuotas iguales y sucesivas, las cuales deberán ser distribuidas proporcionalmente por
cada mes del año, sin que en ningún caso pueda diferirse pagos de un año para el otro. El
pago de dichas cuotas deberá ser informado por el importador adjuntando copia certificada
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del mismo a la Dirección General de la Renta de Aduanas para que dicha Dirección lleve el
registro del valor total que se liquidó originalmente ante ella y pueda comprobar si dicha suma
ha sido totalmente pagada al momento de la salida de la maquinaria y equipo del país. Será
requisito para que la maquinaria y equipo salga del país el pago de la suma total liquidada.
El valor que inicialmente se pague al ingreso al país será registrado por la Dirección General
de la Renta de Aduanas como liquidación parcial y al haberse realizado la totalidad del pago
deberá registrar la liquidación definitiva.
El ingreso y salida del país de la maquinaria y equipo en referencia deberá ser objeto
de comprobación por parte de sus importadores cuando la Administración Tributaria lo
requiera.
En el caso previsto en los cinco incisos anteriores no será aplicable lo dispuesto en el
artículo 158 del Código Tributario.
La deducción de los costos o gastos correspondientes en materia de Impuesto Sobre la Renta
por los arrendatarios estará supeditada a la realización del pago de los correspondientes derechos
establecidos en este artículo y al cumplimiento de los requisitos generales de deducción estipulados
por las leyes tributarias; excepto lo relativo a la retención de impuesto sobre la renta.
Art. 2. TRANSITORIO
La maquinaria y equipo a que se refiere la reforma contenida en el presente Decreto,
y que haya sido introducida al país antes de la vigencia del mismo podrá ser registrada en
un plazo no mayor de treinta días a partir de su vigencia. El cumplimiento de este requisito
liberará para el año dos mil cinco a los importadores de la maquinaria que regula este Decreto
del pago de los derechos que estipula el mismo, así como de la retención a la que se refiere
el Art. 158 del Código Tributario; si dicha maquinaria y equipo no fuere registrada dentro de
dicho plazo, los importadores de la misma quedarán supeditadas a las regulaciones contenidas
en el Art. 1 de este Decreto.
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
D. O. N° 55, Tomo N° 366, Fecha: 18 de marzo de 2005.

DECRETO No. 648
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 230, de fecha 14 de diciembre del 2000, publicado en el
Diario Oficial No. 241, Tomo No. 349, del 22 del mismo mes y año, se emitió el Código
Tributario.
II. Que por Decreto Legislativo No. 497, de fecha 28 de octubre del 2004, publicado en el
Diario Oficial No. 231, Tomo No. 365, del 10 de diciembre del mismo año, se emitieron
reformas al referido marco legal.
III. Que al entrar en vigencia las referidas reformas se ha generado dudas y problemas
prácticos, respecto de la aplicación de ciertas disposiciones.
IV. Que por las razones expuestas, se vuelve necesario reformar dichas disposiciones, con
el fin de que permitan su correcta aplicación y se genere certeza jurídica en la relación
administrativa.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Julio Antonio
Gamero Quintanilla, José Mauricio Quinteros, Juan Miguel Bolaños, Carmen Elena Calderón
de Escalón, Enrique Valdés, Norman Noel Quijano, Patricia de Amaya, Mariela Peña Pinto y
Guillermo Avila Qüehl.
DECRETA las siguientes:
REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO
Art. 1. Refórmase el Art. 74, inciso final, así:
No podrán concederse prórrogas ni facilidades o plazos diferidos para el pago de impuestos,
salvo en el caso del Impuesto sobre la Renta, cuyos contribuyentes podrán solicitar pago a
plazo ante la Dirección General de Tesorería, al momento de la presentación de la declaración
del referido impuesto dentro del plazo estipulado en el Art. 48 de la Ley de Impuesto sobre la
Renta, pudiendo otorgárseles hasta un máximo de 6 meses continuos para su pago a través de
cuotas iguales y sucesivas, sin que pueda prorrogarse dicho plazo. En este caso, no antecederá
a la resolución de pago a plazo el requerimiento a que se refiere el literal a), incisos primero
y segundo del Art. 270 de este Código.
Art.2. Refórmase el Art. 91, inciso segundo, así:
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta que estén obligados a llevar contabilidad,
deberán presentar dentro del plazo que la ley prevé para la presentación de la declaración
del referido impuesto, el balance general del cierre del ejercicio o período de imposición
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respectivo, el estado de resultados, así como las conciliaciones fiscales o justificaciones de los
rubros consignados en la declaración y en el balance general; o en su caso, cuando se trate
de contribuyentes del referido impuesto que no estén obligados a llevar contabilidad formal
deberán presentar el estado de ingresos y gastos, en este último caso, dicha información se
proporcionará en el formulario de declaración respectivo en las casillas que la Administración
Tributaria disponga para ese efecto. Se excluyen de tales obligaciones los sujetos pasivos cuyas
rentas provengan exclusivamente de salarios, las personas naturales que obtengan rentas
diversas iguales o inferiores a treinta mil dólares en el ejercicio o periodo de imposición y aquéllos
que hayan cumplido con la obligación de nombrar e informar auditor para emitir dictamen e
informe fiscal, en el ejercicio o período impositivo correspondiente a la declaración.
Art. 3. Refórmase el Art. 112, inciso primero, así:
Art. 112. En los casos de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles
y a la Prestación de Servicios, los adquirentes de bienes y prestatarios de servicios deberán
emitir y entregar un documento que se denominará Comprobante de Retención, el cual deberá
contener los requisitos siguientes:
a) Detallar el valor sujeto de retención, el monto del impuesto retenido, consignar
la fecha, número correlativo y tipo de documento legal emitido por el sujeto de
la retención.
b) Cumplir los mismos requisitos exigidos en este Código para los Comprobantes
de Crédito Fiscal, excepto los requisitos establecidos en los numerales 7), 8), 9)
y 10) del Art. 114 de este Código.
c) En caso de varias operaciones sujetas a retención realizadas en el mismo período
tributario mensual con un mismo contribuyente, el comprobante de retención
podrá emitirse en forma consolidada detallando los documentos legales emitidos
al Agente en el período, de acuerdo al literal a) de este Artículo, a más tardar en
la fecha que finalice el referido período tributario.
Art. 4. Refórmase el Art. 114, literal b), numeral 7), y el inciso tercero de dicho Artículo,
de la siguiente manera:
7) En operaciones cuyo monto total sea igual o superior a doscientos dólares, se
deberá hacer constar en el original y copia de la factura el nombre, denominación
o razón social, número de identificación tributaria o en su defecto, el número del
documento único de identidad del adquirente de los bienes o del prestatario de
los servicios. En el caso de adquirentes extranjeros se hará constar el número de
pasaporte o el carnet de residencia.
Todos los documentos a que se refiere esta Sección, que deban ser impresos por imprenta
autorizada, además de los requisitos establecidos en este Artículo deberán contener de manera
preimpresa el número de autorización de asignación de numeración correlativo otorgado por la
Administración Tributaria. Lo anterior no es aplicable a los tiquetes de máquinas registradoras.
En el caso de documentos electrónicos deberá hacerse constar dicho número en cada documento
por medio del sistema que se utiliza para emitirlos, así como el rango autorizado al que
corresponden y el número y fecha de autorización de la numeración correlativa.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art. 5. Refórmase el Art. 115-A, inciso tercero, de la manera siguiente:
Los contribuyentes que inicien actividades, deberán solicitar en el acto del registro o de
su solicitud de inscripción, la asignación y autorización de la numeración correlativa de los
documentos a utilizar. Los contribuyentes que abran sucursales y que no hayan optado por
tener una sola numeración correlativa de documentos deberán realizar la petición de asignación
y autorización de la numeración correlativa por lo menos 15 días antes de la apertura.
Art. 6. Refórmase el Art. 120-A de la siguiente manera:
Obligación de exigir estados financieros
Art. 120-A. Los Bancos, las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito, los
Intermediarios Financieros no Bancarios, y cualquier otra entidad financiera, pública o privada,
deberá exigir a sus clientes o usuarios obligados a llevar contabilidad, para sustentar la
concesión u otorgamiento de préstamos, créditos o financiamientos, por montos solicitados
iguales o superiores a cuarenta mil dólares, el Balance General y Estado de resultados, los
cuales deberán ser auditados cuando lo requiera la ley, correspondientes al ejercicio o período
impositivo anterior a la solicitud de concesión de cualquiera de los financiamientos antes
enunciados. Cuando los solicitantes de los préstamos, créditos o financiamientos a que alude
este Artículo no se encuentren obligados a llevar contabilidad, las instituciones y entidades
financieras y crediticias referidas deberán exigir la presentación del Estado de Ingresos y
Gastos, correspondiente al ejercicio o período impositivo anterior a la solicitud de concesión
de cualquiera de los financiamientos antes enunciados.
Art. 7. Refórmase el Art. 120-B, de la siguiente manera:
Obligación de informar sobre datos de los estados financieros
Art. 120-B. Los Bancos, las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito, los
Intermediarios Financieros no Bancarios, y cualquier otra entidad financiera, pública o
privada, deberán presentar informe a la Administración Tributaria por medios electrónicos
con los requisitos y especificaciones técnicas que disponga por medio de formulario que ésta
establezca, en el mes de febrero de cada año, sobre los valores de ingresos, costos y gastos,
que se consignen en el Estado de Resultados o el Estado de Ingresos y Gastos, según el caso,
que hayan sido proporcionados por sus clientes o usuarios para sustentar la concesión o el
otorgamiento de préstamos, créditos o financiamientos a que se refiere el Artículo anterior.
Art. 8. Refórmase el Art. 123-A, de la siguiente manera:
Informe de retenciones, anticipos o percepciones de impuesto a la transferencia
de bienes muebles y a la prestación de servicios.
Art. 123-A. Los agentes de retención y de percepción del Impuesto a la Transferencia
de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios a que se refieren los Artículos 162 y 163 de
este Código, así como los perceptores del anticipo a cuenta de dicho impuesto a que se refiere
el Artículo 162-A de este Código, tienen la obligación de remitir dentro de los quince primeros
días hábiles del mes siguiente al período tributario en el cual se efectuaron las retenciones,
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anticipos o percepciones, un informe por medios manuales, magnéticos o electrónicos de
los contribuyentes a quiénes se les efectuó retenciones, anticipos o percepciones, bajo las
especificaciones técnicas y en los formularios que la Administración Tributaria proporcione.
Dicho informe deberá contener los datos e información de los sujetos de retención, anticipo
o de percepción que se mencionan a continuación:
a) Nombre, denominación o razón social;
b) Número de Identificación Tributaria;
c) Monto sujeto a retención, anticipo o percepción;
d) Monto de la retención, anticipo o percepción; y
e) Firma del agente de retención o percepción o del perceptor, su Representante
Legal o Apoderado.
Asimismo, los contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestación de Servicios que hubieren sido sujetos de retenciones, de percepciones o de anticipos
del mencionado impuesto, tienen la obligación de remitir dentro del mismo plazo establecido
en el inciso anterior, un informe por medios manuales, magnéticos o electrónicos, con las
especificaciones técnicas y en los formularios que la Administración Tributaria establezca.
Dicho informe deberá contener el Número de Identificación Tributaria, Nombre y Firma del
contribuyente sujeto de retención, anticipo o de percepción, y los datos de los literales a) y
b) respecto de los agentes de retención y percepción, o del perceptor y los datos a que se
refieren los literales c) y d) del inciso anterior.
Art. 9. Adiciónase un inciso entre los incisos tercero y cuarto del Artículo 151 y un inciso
final a dicho Artículo de la siguiente manera:
Las personas naturales titulares de empresas mercantiles distribuidores de bebidas,
productos comestibles o artículos para la higiene personal, a quienes su proveedor les asigne
precios sugeridos de venta al público o el margen de utilidad, estarán obligadas a enterar
mensualmente en concepto de pago o anticipo a cuenta el 0.3% sobre sus ingresos brutos
mensuales. Los ingresos de tales personas provenientes de transacciones de productos diferentes
a los enunciados en este inciso estarán sujetas al porcentaje de pago a cuenta mensual del
1.5% sobre sus ingresos brutos mensuales. Las personas autorizadas para prestar servicio
de transporte al público de pasajeros, también estarán supeditados al pago de el referido
0.3%.
No estarán sujetos al pago a cuenta, los ingresos brutos que obtengan personas naturales
titulares de empresas por la venta de gasolina y diesel. No obstante, subsistirá para ellos la
obligación de reportar mensualmente sus ingresos brutos por medio de la declaración de pago
a cuenta respectiva y de pagar el Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio de
imposición. Para mantener la exclusión a que se refiere este inciso los contribuyentes referidos
deberán emitir y entregar facturas o comprobantes de crédito fiscal, según sea el caso, por cada
operación que realicen. De constatarse por la Administración Tributaria mediante Fedatario el
incumplimiento de la obligación de emitir o de entregar tales documentos, los contribuyentes
en mención asumirán la calidad de obligados a realizar el pago a cuenta a partir del periodo
tributario siguiente de haberse constatado tal incumplimiento. Lo anterior sin perjuicio de la
imposición de las sanciones a que haya lugar.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Art. 10. Adiciónase al Art. 156, un inciso final, de la siguiente manera:
No están sujetas a la retención establecida en este Artículo, las remuneraciones de carácter
temporal o eventual que obtengan las personas naturales por la recolección de productos
agrícolas de temporada.
Art. 11. Refórmase el Art. 158, inciso segundo, así:
También estarán sujetas a la retención que establece el inciso anterior en el mismo porcentaje,
las sumas pagadas o acreditadas a los prestadores de servicios no domiciliados en el país,
por servicios procedentes del exterior utilizados en el territorio nacional, independientemente
que la actividad o servicio se realice fuera de El Salvador, así como las que provengan de la
transferencia a cualquier título de bienes intangibles. Se exceptúan de la retención establecida en
este inciso los valores que paguen o acrediten personas naturales o jurídicas que se encuentren
gozando de la exención del Impuesto sobre la Renta que establece la Ley de Zonas Francas
Industriales y de Comercialización, así como el transporte internacional de carga prestado en
el exterior y los servicios prestados por Reaseguradoras y Corredores de Reaseguro, en ambos
casos no domiciliados.
Art. 12. Refórmanse los incisos segundo y tercero y adiciónase un inciso al Art. 162,
así:
Para el cálculo de la retención en referencia, no deberá incluirse el valor que corresponda
al Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. La retención a
que se refiere este Artículo será aplicable en operaciones en que el precio de venta de los bienes
transferidos o de los servicios prestados sea igual o superior a cien dólares. Los contribuyentes
que sean sujetos de la retención del Impuesto deberán consignar en los documentos legales
que emitan el valor del impuesto retenido.
La Administración Tributaria está facultada para designar como responsables, en carácter
de agentes de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
Servicios a otros contribuyentes distintos a los que se refiere el inciso primero de este Artículo,
así como a los Órganos del Estado, las Dependencias del Gobierno, las Municipalidades y las
Instituciones Oficiales Autónomas aunque no sean contribuyentes de dicho impuesto, o no
sean los adquirentes de los bienes o prestatarios de los servicios. En este caso, el porcentaje
a retener corresponderá al uno por ciento sobre el precio de venta de los bienes transferidos
o de los servicios prestados.
Deberán documentarse mediante Notas de Débito o Crédito, según corresponda, los ajustes
por aumentos o disminuciones a las retenciones del impuesto que hayan sido realizadas en su
oportunidad, por las mismas circunstancias a que se refiere el primer inciso del Artículo 110
de este Código.
Art. 13. Refórmanse los incisos segundo y cuarto, y adiciónase un inciso al Art. 163,
así:
Para el cálculo de la percepción en referencia, no deberá incluirse el valor que corresponda
al Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. La percepción
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Parte II

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a que se refiere este Artículo será aplicable en operaciones cuyo valor de precio de venta sea
igual o superior a cien dólares.
La Administración Tributaria está facultada para designar como responsables, en carácter
de agentes de percepción del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación
de Servicios a otros contribuyentes distintos a los que se refiere el inciso primero de este
artículo. En este caso, el porcentaje a percibir corresponderá al uno por ciento sobre el precio
de venta de los bienes transferidos.
Deberán documentarse mediante Notas de Débito o Crédito, según corresponda, los ajustes
por aumentos o disminuciones a las percepciones del impuesto que hayan sido realizadas en
su oportunidad, por las mismas circunstancias referidas en el primer inciso del Artículo 110
de este Código.
Art. 14. Adiciónase al Art. 199-B, un inciso final, de la manera siguiente:
Para la determinación del precio de mercado se tomará en cuenta circunstancias de cantidad
y calidad, forma de pago, temporada y estacionalidad y marca, según sea el caso.
Art. 15. Refórmase el acápite e inciso primero del Art. 217, de la siguiente manera:
Necesidad de Solvencia o Constancia de no contribuyente para la inscripción
de Instrumentos en el Registro Público
Art. 217. En ningún registro público se inscribirá un instrumento en que se consigne
alguno de los actos o contratos mencionados en el Artículo siguiente si los contratantes no
se encuentran solventes de sus tributos o en su caso no se demuestra la condición de no
contribuyente. Para comprobar tales situaciones la Administración Tributaria proporcionará
a los registros públicos en los que haya de inscribirse los actos o contratos aludidos, acceso
al sistema de consulta electrónica del estado de cuenta de los contribuyentes. El Registrador
deberá realizar la comprobación en referencia y hacer relación en el acto por el cual ordena
la inscripción, de la fecha y número de orden del documento electrónico proporcionado por la
Administración, que compruebe la solvencia, insolvencia o la condición de no contribuyente
de los otorgantes, e imprimirlo previamente para efectuar la relación en el acto referido. En el
caso de adjudicaciones y daciones en pago, no se requerirá que el Registrador haga relación
al estado de solvencia, insolvencia o de no contribuyente del tradente de los bienes, sino
únicamente del adquirente de los mismos. Para efectos de inscripción de los actos o contratos
aludidos, la Administración Tributaria podrá extender autorización a contribuyentes no solventes
para la realización de ciertos actos, siempre que a su criterio exista suficiente garantía para
el fisco.
Art. 16. Refórmase el inciso primero y los literales a) y e) y adiciónanse dos incisos al
Art. 218, así:

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
Actos que requieren de solvencia del contribuyente o autorización, y constancia
de no contribuyente.
Art. 218. Se requiere estar solvente o autorizado previamente y en su caso comprobar
la condición de no contribuyente para:
a) Las inscripciones en el registro de comercio de los acuerdos y las escrituras públicas
de fusión, transformación, modificación, disolución o liquidación de sociedades;
e) Solicitar créditos bancarios, tarjetas de crédito o cualquier modalidad de
financiamiento que otorguen las instituciones sujetas a supervisión de la
Superintendencia del Sistema Financiero. Se exceptúan de esta obligación las
solicitudes de tarjeta de crédito por montos iguales o inferiores a tres mil quinientos
dólares, así como las solicitudes de préstamo, crédito o financiamientos por
montos iguales o inferiores a veinte mil dólares. Para efectos de la comprobación
del estado de solvencia, insolvencia, o de no contribuyente en los casos a que se
refiere este literal, la Administración Tributaria podrá autorizar a las instituciones
en mención, el acceso al sistema de consulta electrónica del estado de cuenta de
los sujetos pasivos;
Los estados de solvencia, insolvencia o de no contribuyente se establecerán por cualquier
medio físico o electrónico que la Administración Tributaria disponga.
El sistema de consulta electrónica del estado de cuenta de los sujetos pasivos únicamente
hará referencia si un sujeto pasivo está o no solvente y si no es contribuyente de impuestos,
así como de sus atributos de identificación individual, sin que en ningún caso pueda revelar
información adicional del contribuyente contenida en las bases de datos o registros de la
Administración Tributaria.
Art. 17. Refórmase el inciso primero y adiciónanse dos incisos finales al Art. 219,
así:
Art. 219. La Administración Tributaria, a petición del contribuyente, de los responsables del
cumplimiento de la obligación tributaria o de cualquier persona autorizada, expedirá constancia
de solvencia o autorización según proceda y en su caso constancia de no contribuyente.
La constancia de no contribuyente se expedirá, cuando el solicitante no se encuentre
inscrito como contribuyente en ninguno de los registros que lleve la Administración Tributaria
o en su caso no esté obligado a presentar declaraciones impositivas, según lo establecido en
las leyes tributarias y este Código.
La Administración Tributaria podrá proporcionar el estado de solvencia, insolvencia o de
no contribuyente mediante redes de comunicación electrónicas tales como Internet u otro
medio de transmisión electrónico de datos, bajo las especificaciones o medidas de seguridad
que garanticen la integridad de los flujos de información y que aseguren la autenticidad,
confidencialidad, integridad y no repudiación de la información transmitida. La impresión en
soporte de papel, de los documentos electrónicos contenidos en un soporte magnético, digital
o electrónico proporcionados por la Administración, producirán los mismos efectos jurídicos que
los escritos en un soporte de papel con firma autógrafa emitidos por funcionarios autorizados
por ella; en caso se detectare una disconformidad entre los datos que figuren en las impresiones
en soporte de papel y los datos registrados o archivados en la Administración prevalecerán
estos últimos.
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Parte II

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A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
398
Art. 18. Refórmase el Art. 220 así:
Art. 220. En los actos y contratos que impliquen, a cualquier título, la transferencia
de dominio o la constitución de derechos reales sobre inmuebles y en las escrituras públicas
de constitución, modificación, transformación, fusión, disolución y liquidación de sociedades
de cualquier clase, el funcionario ante quien se otorguen deberá advertir a los otorgantes y
relacionarlo en el documento o instrumento, que para la inscripción de tales actos se requiere
estar solvente o autorizado, según corresponda, por la Administración Tributaria.
Art. 19. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los diecisiete días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
D. O. N° 55, Tomo N° 366, Fecha:18 de marzo de 2005.

DECRETO No. 650
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DEL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 498, de fecha 28 de octubre del 2004, publicado en el
Diario Oficial No. 217, Tomo No. 365, del 22 de noviembre del mismo año, se emitió la
Ley Transitoria de Estímulo al Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, la cual tenía
un plazo de vigencia de 3 meses.
II. Que en razón de que tanto la Administración Tributaria como los contribuyentes, aún no
habían concluido con los procesos necesarios para poder hacer efectivo el pago de los
impuestos que los sujetos pasivos adeudan al fisco; se hizo necesario emitir el Decreto
Legislativo No. 613, de fecha 16 de febrero del 2005, publicado en el Diario Oficial No.
36, Tomo No. 366, del 21 del mismo mes y año, por medio del cual se prorrogó por 60
días el plazo para el pago de dichos impuestos.
III. Que el plazo a que se refiere el considerando anterior, aún no ha sido suficiente para
poder hacer efectivo el pago de los impuestos que los sujetos pasivos adeudan al fisco,
por lo que se hace necesario prorrogar hasta el 31 de mayo del año 2005, la Ley a que
se refiere el considerando primero de este Decreto.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Alejandro Dagoberto
Marroquín, José Rafael Machuca, Miguel Francisco Bennett y Rubén Orellana.
DECRETA:
Art. 1. Prorrógase hasta el 31 de mayo del año 2005, los efectos emitidos por la Ley
Transitoria de Estímulo al Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, emitida por Decreto
Legislativo No. 498, de fecha 28 de octubre del 2004, publicado en el Diario Oficial No. 217,
Tomo No. 365, del 22 de noviembre del mismo año.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los diecisiete días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
D. O. N° 74, Tomo N° 367, Fecha: 21 de abril de 2005.
399
Parte II

Parte II
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
400
DECRETO No. 663
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 671, de fecha 8 de mayo de 1970, publicado en el Diario
Oficial No. 140, Tomo No. 228, del 31 de julio del mismo año, se emitió el Código de
Comercio.
II. Que por Decreto Legislativo No. 826, de fecha 26 de enero del 2000, publicado en el
Diario Oficial No. 40, Tomo No. 346, del 25 de febrero del mismo año, se emitieron
reformas al referido Código, dentro de las cuales se encuentra el Art. 103, que establece
que el capital social no puede ser inferior a CIEN MIL COLONES..
III. Que por Decreto Legislativo No. 1198, de fecha 27 de marzo del 2003, publicado en el
Diario Oficial No. 61, Tomo No. 358, del 31 del mismo mes y año, se prorrogó por un
año la reforma adicionada al Art. 1566, como disposición transitoria, en la que establece
que las sociedades mercantiles que tengan un capital social inferior al señalado en el
considerando anterior, tendrán un plazo de 3 años a partir de la vigencia del mismo,
para adecuar su capital mínimo y reformar sus respectivas escrituras de modificación
social conforme a los requerimientos de la nueva normativa.
IV. Que por Decreto Legislativo No. 298, de fecha 31 de marzo del 2004, publicado en el
Diario Oficial No. 65, Tomo No. 363, del 2 de abril del mismo año, se prorrogó por un
año más a partir del 3 de abril del 2004 el plazo para la adecuación del capital, plazo
que ha sido insuficiente para dichos objetivos, por lo que es conveniente prorrogar por
un año más, a efecto de que las sociedades logren su adecuación.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Julio Antonio
Gamero Quintanilla, Guillermo Avila Qüehl y Noé González.
DECRETA:
Art. 1. Prorrógase por un año, contado a partir del 4 de abril del presente año, el plazo
establecido en el Art. 1566 del Código de Comercio, emitido por Decreto Legislativo No. 671,
de fecha 8 de mayo de 1970, publicado en el Diario Oficial No. 140, Tomo No. 228, del 31 de
julio del mismo año.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a uno de abril del año dos mil
cinco.
D. O. N° 80, Tomo N° 367, Fecha: 29 de abril de 2005.

Elecciones, Renuncias y
Exoneración de Funcionarios
Parte III

DECRETO N° 362
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Elecciones, Renuncias y Exoneración de Funcionarios
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
de conformidad con el Art. 131, Ordinal 19° de la Constitución,
DECRETA:
ARTICULO ÚNICO.- Declárase electa Procuradora para la Defensa de los Derechos
Humanos, a la DOCTORA BEATRICE ALAMANNI DE CARRILLO, para el período de 3 años, que
señala el Art. 192 de la Constitución, que inicia el 6 de julio del corriente año y concluye el 5
de julio del año dos mil siete.
La Doctora Beatrice Alamanni de Carrillo, deberá rendir ante esta Asamblea la protesta
de Ley correspondiente, antes de tomar posesión de su cargo.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de
junio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 122, Tomo N° 364, Fecha: 1 de julio de 2004.
403
Parte III

Parte III
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
404
DECRETO N° 383
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
De conformidad a los Artículos 131, Ordinal 19° y 208 de la Constitución,
DECRETA:
ARTICULO ÚNICO:
Decláranse electos Magistrados Propietarios y Suplentes del Tribunal Supremo Electoral,
para el período constitucional que inicia el 1° de Agosto del corriente año y concluye el 31 de
julio del 2009, a las personas siguientes:
PROPIETARIOS:
Presidente: Walter René Araujo Morales
Magistrado: Julio Eduardo Moreno Niños
SUPLENTES:
Magistrado: Selim Ernesto Alabí
Magistrado: Juan Pablo Durán Escobar
Las personas mencionadas en el inciso anterior, deberán rendir ante esta Asamblea la
protesta de ley correspondiente, antes de tomar posesión de sus cargos.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós días del mes de
julio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 147,Tomo N° 364, Fecha: 12 de agosto de 2004.

DECRETO N° 409
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Elecciones, Renuncias y Exoneración de Funcionarios
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
De conformidad a los Artículos 131, Ordinal 19° y 208 de la Constitución,
DECRETA:
ARTICULO ÚNICO:
Decláranse electos Magistrados Propietarios y Suplentes del Tribunal Supremo Electoral,
para el período constitucional que inicia el 1° de Agosto del corriente año y concluye el 31 de
julio del 2009, a las personas siguientes:
PROPIETARIOS:
Eduardo Antonio Urquilla Bermúdez
Mario Alberto Salamanca Burgos
Eugenio Chicas Martínez
SUPLENTES:
Carlos Mauricio Molina Fonseca
José Antonio Hernández
Silvia Idalia Cartagena
Las personas mencionadas en el inciso anterior, deberán rendir ante esta Asamblea la
protesta de ley correspondiente, antes de tomar posesión de sus cargos.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil cuatro.
D. O. N° 158, Tomo N° 364, Fecha: 27 de agosto de 2004
405
Parte III

Parte III
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
406
DECRETO N° 410
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo N° 888, de fecha 27 de junio del año 2002, publicado en el
Diario Oficial N° 119, Tomo 355, del 28 del mismo mes y año, se eligió en el cargo de
Miembro Propietario del Consejo Nacional de la Judicatura, al Abogado Carlos Mauricio
Molina Fonseca;
II. Que por Decreto Legislativo N° 409, de esta misma fecha, se eligió para el cargo de
Magistrado Suplente del Tribunal Supremo Electoral al referido profesional Carlos Mauricio
Molina Fonseca;
III. Que en razón de lo anterior, el Abogado Molina Fonseca, presentó solicitud de exoneración
del cargo mencionado en el considerando uno de este decreto.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales,
DECRETA:
ARTICULO ÚNICO:
Aceptase, a partir de esta fecha, la exoneración del cargo de Miembro Propietario del
Consejo Nacional de la Judicatura, al Abogado Carlos Mauricio Molina Fonseca.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil cuatro.
D. O. N° 158, Tomo N° 364, Fecha: 27 de agosto de 2004

DECRETO N° 451
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Elecciones, Renuncias y Exoneración de Funcionarios
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
De conformidad con el Artículo 131 ordinal 17°, en relación con el Art. 168 ordinal 16°,
ambos de la Constitución,
DECRETA:
ARTICULO ÚNICO.- Decláranse electos Designados a la Presidencia de la República, para
el actual período Presidencial, a las personas siguientes:
PRIMER DESIGNADO:
Señor Elías Jorge Bahaia Samour
SEGUNDO DESIGNADO:
Señora María Alicia Morataya de Steiner
Las personas electas deberán rendir, ante esta Asamblea Legislativa, la protesta de Ley
correspondiente.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete días del mes de octubre
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 187, Tomo N° 365, Fecha: 8 de octubre de 2004.
407
Parte III

Parte III
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
408
DECRETO N° 667
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No.383, de fecha 22 de julio del año 2004, publicado en el
Diario Oficial No.147, Tomo 364, del 12 de agosto del 2004, se eligió para el cargo de
Magistrado Suplente del Tribunal Supremo Electoral, al Licenciado Selim Ernesto Alabí,
para el periodo de cinco años, que vencería el 31 de julio del 2009;
II. Que el Licenciado Selim Ernesto Alabí, ha presentado solicitud de exoneración del cargo
mencionado en el considerando anterior.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales,
DECRETA:
ARTICULO ÚNICO:
Acéptase, a partir de esta fecha, la exoneración del cargo de Magistrado Suplente del
Tribunal Supremo Electoral, al Licenciado Selim Ernesto Alabí.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a un día del mes de abril del año
dos mil cinco.
D. O. N° 67, Tomo N° 367, Fecha: 12 de abril de 2005.

DECRETO N° 668
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Elecciones, Renuncias y Exoneración de Funcionarios
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que por Decreto Legislativo No.667, de esta misma fecha, se exoneró del cargo de
Magistrado Suplente del Tribunal Supremo Electoral, al Licenciado Selím Ernesto Alabí,
quien había sido electo en el referido cargo, para el periodo que concluiría el 31 de julio
del año 2009;
II.- Que en razón de lo anterior, y de conformidad a lo establecido en la Constitución, se
presentó la terna de candidatos para llenar la vacante en el mencionado cargo.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales,
DECRETA:
ARTICULO ÚNICO:
Declárese electo Magistrado Suplente del Tribunal Supremo Electoral, al Licenciado Francisco
Edgardo Monge Galdámez, a partir de esta fecha, para concluir el período constitucional,
que vence el 31 de julio del 2009.
La persona mencionada en el inciso anterior, rindió la protesta de Constitucional en esta
misma fecha.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a un día del mes de abril del año
dos mil cinco.
D. O. N° 67, Tomo N° 367, Fecha: 12 de abril de 2005.
409
Parte III

Aprobaciones y
Autorizaciones
Legislativas
Parte IV

DECRETO No. 324
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que, por Decreto Legislativo No. 312, de fecha 10 de abril de 1973, publicado en el
Diario Oficial No. 75, Tomo No. 239 del 25 del mismo mes y año, se emitió la Ley del
Banco de Fomento Agropecuario.
II. Que, por Decreto Legislativo No. 68, de fecha 20 de julio del 2000, publicado en el Diario
Oficial No. 146, Tomo No. 348 del 9 de agosto del mismo año, se creó el Fideicomiso
Especial del Sector Agropecuario (FIDEAGRO), el cual tiene por objeto entre otros,
administrar la cartera de créditos que adquiera y colocar en préstamos al sector
agropecuario el producto de sus recuperaciones.
III. Que, por Decreto Legislativo No. 449, de fecha 14 de junio del 2001, publicado en el
Diario Oficial No. 122, Tomo No. 351 del 29 del mismo mes y año, se constituyó el
Fideicomiso Especial para Financiar el Pago de la Deuda Agraria (FEPADA).
IV. Que el Banco de Fomento Agropecuario requiere contar con mayores recursos económicos,
con el propósito de aumentar su capital y poder así ampliar sus programas de apoyo
crediticio al Sector Agropecuario, y atender prioritariamente a los medianos y pequeños
productores, y a los microempresarios del Sector Rural.
V. Que en razón de lo antes expuesto, se hace necesario fortalecer el patrimonio del Banco
de Fomento Agropecuario y el del FIDEAGRO, por lo que es conveniente autorizar la
transferencia de fondos por la cantidad de CINCO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (US$5,000,000.00), que serán tomados del patrimonio fideicomitido
del FEPADA, los cuales serán transferidos UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (US $1,000.000.00) al Banco de Fomento Agropecuario y CUATRO
MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$4,000,000.00) al
FIDEAGRO.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA:
Art. 1. Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por medio
de su Titular o la persona que él designe, suscriba con el Banco de Fomento Agropecuario
modificación al Fideicomiso Especial para Financiar el Pago de la Deuda Agraria (FEPADA),
creado de conformidad a lo establecido en el Art. 5 del Decreto Legislativo No. 449, de fecha
14 de junio del 2001, publicado en el Diario Oficial No. 122, Tomo No. 351 del 29 del mismo
mes y año, en el sentido de reducir el monto del capital fideicomitido en la cantidad de CINCO
MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $5,000,000.00), y de
ese monto transferir la cantidad de UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
413
Parte IV

Parte IV
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
414
AMÉRICA (US $1,000,000.00), al Banco de Fomento Agropecuario para aumentar su capital,
para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 36 de la Ley de Bancos, y CUATRO MILLONES
DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $4,000,000.00), para aumentar el
patrimonio del Fideicomiso Especial del Sector Agropecuario (FIDEAGRO).
Art. 2. Los recursos transferidos, serán destinados por el Banco de Fomento Agropecuario
para continuar atendiendo la demanda de créditos del Programa Especial de Asistencia Crediticia
al Microempresario del Sector Agropecuario.
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte días del mes de mayo
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 117, Tomo N° 363, Fecha: 24 de junio de 2004.

DECRETO N° 344
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que según inscripción número Treinta y Siete del Libro Un Mil Doscientos Diecisiete,
que lleva el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca de la primera sección del centro,
el Estado de El Salvador en el Ramo de Educación, es dueño y actual poseedor de
cinco lotes los cuales se desmembraron de la construcción de la Colonia ASanta Lucía”,
Jurisdicción de Ilopango, Departamento de San Salvador; dicha parcela denominada
como LOTE NÚMERO DOS, en su antecedente, es de la extensión superficial de UN MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PUNTO TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS.
II.- Que la “ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES DE SESENTA AÑOS” ASAM-60 y la Asociación
Distrital de Clubes de Leones, Distrito D-2 El Salvador, denominado “CLUB DE LEONES DE
ILOPANGO”, ambos del domicilio de Ilopango, Departamento de San Salvador; solicitan
que se autorice al Estado y Gobierno de El Salvador les conceda a título de COMODATO
el LOTE NÚMERO DOS, para compartirlo ambas Asociaciones, con el fin de llevar a cabo
programas de salud en beneficio de la comunidad y hacer mejoras en las instalaciones
de dicho inmueble.
III.- Que al dar en Comodato el inmueble antes referido, se beneficiará a la población del
mencionado lugar, en el sentido de contar con un espacio apropiado para llevar a cabo
actos sociales.
IV.- Que la Constitución establece, que los bienes raíces de la Hacienda Pública y los de
uso público sólo podrán donarse o darse en usufructo, comadato o arrendamiento, con
autorización del Órgano Legislativo a entidades de utilidad general.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Educación,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Educación para que conceda en
COMODATO por el término de DIEZ AÑOS y en forma adjunta, a las Asociaciones siguientes:
AAsociación de Adultos Mayores de Sesenta Años” (ASAM-60), y al Club de Leones de Ilopango,
un inmueble denominado LOTE NÚMERO DOS de la capacidad superficial de UN MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PUNTO TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS equivalente a UN MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PUNTO SETENTA Y DOS VARAS CUADRADAS situado en la
Colonia Santa Lucía, Jurisdicción de Ilopango, Departamento de San Salvador, y se encuentra
inscrito bajo el número treinta y siete del libro UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE de la Primera
Sección del Centro, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del Departamento de San
Salvador, cuya descripción es la siguiente Noroeste; AL NORTE, con rumbo Norte Sesenta y siete
grados cuarenta y siete minutos Este, mide cincuenta y nueve metros cincuenta centímetros
pasaje “I” de cinco metros de ancho de por medio entre cordones; AL ORIENTE, con rumbo
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Sur cero dos grados cincuenta y siete minutos Este, mide veinticuatro metros noventa y nueve
centímetros; AL SUR, sesenta y siete grados cuarenta y seis minutos Oeste, mide cincuenta y
un metro, Pasaje “A” de cinco metros de ancho de por medio entre cordones y AL PONIENTE,
con rumbo Norte veintidós grados catorce minutos Oeste, mide veintitrés metros cincuenta
centímetros, Calle Principal de por medio; los lotes colindantes son de propiedad del Instituto
de Vivienda Urbana (hoy FONAVIPO) y antes fueron de don Miguel Palomo Sevilla.
Art. 2.- El inmueble relacionado deberá ser utilizado por los comodatarios para que
lleven a cabo programas de salud y tengan un lugar apropiado para efectuar actos sociales
en beneficio de la Comunidad del lugar.
Art. 3.- Facúltase al Fiscal General de la República para que en nombre y representación
del Estado de El Salvador, comparezca ante Notario a otorgar la correspondiente escritura de
Comodato.
Art. 4.- El presente Decreto entrara en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once días del mes de junio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 128, Tomo N° 364, Fecha: 9 de julio de 2004.

DECRETO N° 345
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, en sesión celebrada el 26 de
febrero del presente año, autorizó otorgar en calidad de donación, un inmueble de una
extensión de 52.16m2 equivalente a 74.63 v2 que se desmembra de otro de mayor
extensión a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Obras Públicas,
Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano.
II. Que el inmueble al que se hace referencia en el considerando que antecede, será utilizado
como derecho de vía, de la carretera (CA:1) entre (CA:4) Troncal de Norte y Calle a
Tonacatepeque.
III. Que la Constitución establece, que los bienes raíces de la Hacienda Pública y los de
uso público sólo podrán donarse o darse en usufructo, comodato o arrendamiento, con
autorización del Órgano Legislativo a entidades de utilidad general.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Gerardo Antonio
Suvillaga,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), para
que desmembre del lote No. 16 del Block C de la Parcela No. 1164, una porción de 52.26 m2,
equivalente a 74.63 v2; y que la otorgue en calidad de Donación gratuita e irrevocable a favor
del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y
Desarrollo Urbano, identificado como Lote No. 152 de la linea a 115 KV Nejapa- San Martín,
ubicado en el punto llamado El Tempisque, hoy Lotificación Linda Vista, municipio de Ciudad
Delgado, departamento de San Salvador, para ser utilizado como derecho de vía, de la carretera
CA:1 entre (CA:4) Troncal del Norte y la calle a Tonacatepeque, cuya DESCRIPCIÓN TÉCNICA
AMARRE es la siguiente: partiendo del estacionamiento 7+443.93 sobre el eje proyectado
de CONSTRUCCIÓN CARRETARA (CA:1), ENTRE (CA:4) TRONCAL DEL NORTE Y CALLE A
TONACATEPEQUE (PAQUETE III), y con un rumbo Norte ochenta y un grados cero dos minutos
diez segundos Este, se miden cuarenta y dos puntos veinticuatro metros (42.24m), para llegar al
vértice Sur Oriente (1) de la porción de terreno ubicada en la jurisdicción de CIUDAD DELGADO
del departamento de SAN SALVADOR y que a continuación se describe LADO SUR Línea 1-2:
tramo recto de ocho puntos dieciocho con rumbo Norte ochenta y cinco grados cuarenta y
nueve minutos veinticinco segundos Oeste, colindando con JOSÉ DAMIAN TORRES, con calle
de por medio; AL LADO PONIENTE, Línea 2-3: tramo recto de ocho puntos cincuenta metros
con rumbo Norte cero cuatro grados diez minutos treinta y cinco segundos Este colindado con
TITO MARTÍNEZ, con calle de por medio; Al LADO NORTE, Línea 3-4: tramo recto de cuatro
punto cero nueve metros con rumbo Sur ochenta y cinco grados cuarenta y nueve minutos
veinticinco segundos Este, colindando con BERTA LORENZA CALLES TRUJILLO, con cerco de
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púas y AL LADO ORIENTE, Línea 4-1: tramo recto de nueve punto cuarenta y tres metros con
rumbo Sur veintiún grados treinta y un minutos treinta y dos segundos Este colindando con
RESTO DE LA PROPIEDAD; llegando con esta última distancia y rumbo al vértice (1) donde se
inició esta descripción. Dicho inmueble se encuentra inscrito en Registro de la Propiedad Raíz
e Hipoteca de la Primera Sección del Centro bajo No. 60063216-00000 en asiento No. 2.
Art. 2.- Facúltase a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, para que
otorgue ante Notario la correspondiente escritura Pública de Donación.
Art. 3.- El presente Decreto entrara en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once días del mes de junio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 126, Tomo N° 364, Fecha: 7 de julio de 2004.

DECRETO N° 349
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que, por Decreto Legislativo N° 516, de fecha 23 de noviembre de 1995, publicado en
el Diario Oficial N° 234, Tomo N° 329 del 18 de diciembre del mismo año, se emitió la
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.
II.- Que el Art. 97 del referido marco legal, establece que es atribución del Ministerio de
Hacienda, en representación del Estado colocar Títulos valores en mercados de capitales
previa autorización de la Asamblea Legislativa.
III.- Que el ahorro corriente estimado para el ejercicio presupuestario del año 2004, es
insuficiente para dar cobertura a los diferentes compromisos de capital del Gobierno,
por lo que se hace necesario complementarlo con otras fuentes de financiamiento.
IV.- Que en razón de lo antes expuesto, es conveniente autorizar al Órgano Ejecutivo en el
Ramo de Hacienda para que emita Títulos Valores de Crédito.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA:
Art. 1. Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que emita Títulos Valores
de Crédito en Dólares de los Estados Unidos de América, hasta por la suma de DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $286,458,350.00), a ser
colocados indistintamente en el Mercado Nacional o Internacional.
Art. 2. Los Títulos Valores de Crédito cuya emisión se autoriza se emitirán conforme a
las siguientes condiciones:
a. El rendimiento de los Títulos Valores de Crédito será el de la tasa de los Bonos del
Tesoro de los Estados Unidos de América, más un margen a ser determinado por
el mercado al momento de la transacción. Los Títulos Valores de Crédito podrán
tener un descuento o premio de acuerdo a la práctica de mercado.
b. Los Títulos Valores de Crédito podrán colocarse a plazos de entre 5 y 30 años. El
valor nominal que representan, podrá amortizarse mediante cuotas periódicas o
al final del plazo.
Art. 3. Los recursos generados por la Colocación de los Títulos Valores serán utilizados
de la siguiente forma: NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL DÓLARES (US
$97,104,000.00), para complementar el pago de la Deuda Previsional; NOVENTA MILLONES
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE DÓLARES (US $90,177,520.00), para
financiar la infraestructura y el pago de contrapartidas de proyectos de inversión del Ramo de
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Relaciones Exteriores, Gobernación, Educación, Salud Pública, Agricultura y Ganadería, Obras
Públicas, Medio Ambiente, Órgano Judicial, ISNA, FISDL, ISTU, FONAVIPO y CONCULTURA;
TREINTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DIEZ DÓLARES (US $30,740,010.00), para
financiar otros gastos de capital asignados al Órgano Legislativo, Órgano Judicial, Corte de
Cuentas de la República, Presidencia de la República, Ramo de Hacienda, Defensa Nacional,
Gobernación, Educación (UES), Economía, Obras Públicas, Medio Ambiente, Consejo Nacional
de la Judicatura, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República; y
SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE
DÓLARES (US$68,436,820.00), para complementar el pago de amortización del servicio de
la deuda pública.
Art. 4. El Banco Central de Reserva de El Salvador actuará como Agente Financiero
del Gobierno, y en el Contrato de Agencia Fiscal que al efecto se suscriba con el Ministerio de
Hacienda, se regularán los procedimientos relacionados con la colocación.
Art. 5. Para la colocación de los Títulos Valores de Crédito, el Ministerio de Hacienda
en coordinación con su Agente Financiero, seleccionará el mecanismo correspondiente a la
emisión.
Art. 6. Autorízase al Ministerio de Hacienda a cancelar los costos que demande la
operación autorizada mediante el presente Decreto.
Art. 7. El valor nominal y los rendimientos de los Títulos Valores de Crédito que serán
emitidos conforme al presente Decreto estarán exentos de toda clase de impuestos, tasas y
contribuciones.
Art. 8. Por la naturaleza de las obligaciones contenidas en el presente Decreto y con la
finalidad de darle cumplimiento a las formalidades contenidas en el Art. 148 de la Constitución
de la República, tiénese por autorizado y aprobado el presente Decreto en los términos que
el mismo consigna.
Art. 9. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
junio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 112, Tomo N° 363, Fecha: 17 de junio de 2004.

DECRETO No. 360
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que el Viceministro de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho, ha solicitado
autorización para que el buque Maurice Ewing, con bandera de los Estados Unidos de
América, propiedad de la Fundación Nacional de Ciencias y operado por la Universidad
de Columbia, pueda realizar investigaciones científicas en aguas territoriales de El
Salvador, en los días comprendidos entre el 16 al 20 de noviembre del presente año.
II.- Que es procedente aprobar la solicitud a la que se refiere el considerando anterior.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República
por medio del Ramo de Relaciones Exteriores y en virtud del Art. 131 ordinal 24° de la
Constitución,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase el ingreso al país del buque Maurice Ewing, cuyas especificaciones
técnicas son 1978 toneladas, 72.7 metros de eslora y una calada de 5.3 metros, con bandera
de los Estados Unidos de América, propiedad de la Fundación Nacional de Ciencias y operado
por la Universidad de Columbia, para que pueda realizar investigaciones científicas en aguas
territoriales de El Salvador en los días comprendidos entre el 16 al 20 de noviembre del
presente año, las cuales serán realizadas por un equipo de científicos; quienes tienen como
objetivo probar la hipótesis de que la eutasia y los efectos tectónicos pueden ser identificados
y distinguidos y evaluar la historia de eventos tectónicos en forma de discordancias locales.
Una vez concluida la investigación, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá presentar
a esta Asamblea, copia del reporte final de la misma, tanto en la lengua vernácula de los
investigadores como en castellano, de conformidad al Art. 62 inciso 1° de la Constitución de
la República.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de
junio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 137, Tomo N° 364, Fecha: 22 de julio de 2004.
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DECRETO No. 371
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que, por Decreto Legislativo No. 1167, de fecha 19 de febrero del 2003, publicado en
el Diario Oficial No. 48, Tomo No. 358 del 12 de marzo del mismo año, esta Asamblea
ratificó el Convenio de Cooperación Financiera suscrito entre el Gobierno de la República
Federal de Alemania y el Estado y Gobierno de la República de El Salvador, por medio del
cual el Gobierno de Alemania pone a disposición del Gobierno de El Salvador, recursos
económicos por la cantidad de DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA
Y SIETE 52/100 EUROS (EUR 2,045,167.52), en condiciones concesionales favorables al
país. Asimismo, de conformidad al Decreto Legislativo No. 1165, de fecha 19 de febrero
del 2003, publicado en el Diario Oficial No. 48, Tomo No. 358 del 12 de marzo de ese
año, el mismo Gobierno de Alemania efectuará un Aporte Financiero no Reembolsable
por la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y
TRES 17/100 EUROS (EUR 3,579,043.17).
II. Que los fondos a que se refiere el considerando anterior, serán destinados para la ejecución
del proyecto denominado Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL III),
que comprende la ejecución de proyectos en los Departamentos de Ahuachapán y La
Paz afectados por los terremotos del 2001, a ser ejecutados por el Fondo de Inversión
Social para el Desarrollo Local (FISDL).
III. Que en razón de lo antes expuesto, y de conformidad a lo establecido en el Art. 148 de
la Constitución de la República, es conveniente autorizar al Órgano Ejecutivo en el Ramo
de Hacienda, para que suscriba el Contrato de Préstamo a que se refiere el considerando
primero de este Decreto.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA:
Art. 1. Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por medio de
su Titular o del Representante que él designe, suscriba en nombre del Estado y Gobierno de
la República de El Salvador, el Contrato de Préstamo, de Aporte Financiero y de Ejecución del
Programa, bajo las condiciones esenciales siguientes:

PRÉSTAMO
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
MONTO : DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA
Y SIETE 52/100 EUROS (EUR 2,045,167.52).
PLAZO DE AMORTIZACIÓN : Veinte (20) años.
PERÍODO DE GRACIA : Diez (10) años.
INTERESES : La tasa de interés será del dos por ciento (2%) anual
sobre saldos desembolsados.
INTERESES POR MORA : El tres (3%) por ciento anual sobre el tipo de la tasa
básica, válido en la fecha del respectivo vencimiento.
COMISIÓN DE COMPROMISO : 1/4% sobre el saldo no desembolsado del préstamo,
la cual se calculará a partir de los tres meses después
de la firma del presente Contrato y hasta la fecha del
cargo de los desembolsos.
DESEMBOLSOS : Los desembolsos se efectuarán de acuerdo con el avance
del Proyecto y a solicitud de la Entidad Ejecutora.
AMORTIZACIÓN : El préstamo será amortizado mediante cuarenta y un
(41) cuotas de capital e intereses semestrales, sucesivas
y en lo posible iguales, hasta extinguir la deuda dentro
del plazo establecido, debiendo pagarse la primera seis
meses después de vencido el período de gracia.
APORTE FINANCIERO NO REEMBOLSABLE
MONTO : TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUARENTA Y TRES 17/100 EUROS (EUR 3,579,043.17).
PROGRAMA DE EJECUCIÓN
Reconstrucción y Desarrollo Local (FISDL III).
Art. 2. El Contrato de Préstamo, de Aporte Financiero y de Ejecución del Programa que
suscriba el Gobierno de conformidad con el presente Decreto, deberá someterse a la aprobación
de esta Asamblea Legislativa para su validez.
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los ocho días del mes de julio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 148, Tomo N° 364, Fecha: 13 de agosto de 2004.
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DECRETO No. 392
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que según el Artículo 233 de la Constitución, establece que los bienes raíces de la
Hacienda Pública y los de uso público, sólo podrán donarse o darse en usufructo,
comodato o arrendamiento a entidades de utilidad general, con previa autorización del
Órgano Legislativo.
II. Que por medio del Decreto Legislativo No. 207 de fecha 15 de enero de 1998, publicado
en el Diario Oficial No. 28, Tomo 338, de fecha 11 de febrero del mismo año, la Asamblea
Legislativa ratificó en todas sus partes el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América
Central.
III. Que por medio del Tratado mencionado en el considerando anterior, se creó el Ente
Operador Regional, organismo internacional de derecho público con personalidad jurídica,
que tiene por finalidad operar el mercado eléctrico regional.
IV. Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 29 del citado Tratado, los recursos
requeridos para el funcionamiento del Ente Operador Regional, provendrán entre otros
de donaciones y transferencias de organismos públicos o internacionales, fondos o
recursos asignados por leyes, reglamentos, bienes y derechos que adquiera a título
oneroso o gratuito.
V. Que El Salvador en la XIII Reunión del Grupo Director del Proyecto Sistema de
Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), ha sido designado
como sede definitiva del Ente Operador Regional.
VI. Que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, es propietaria de un inmueble
compuesto de dos porciones que forman un solo cuerpo, de una capacidad de UN MIL
NOVECIENTOS VEINTISÉIS PUNTO CERO UNO METROS CUADRADOS (1,926.01 m 2 ),
ubicado en la Diagonal Universitaria y 19 Avenida Norte, San Salvador, inscrita al No.
52 del Libro 4712, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del Departamento de
San Salvador, el que desea donar al EOR para la instalación de su sede.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Economía,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), para donar
de manera revocable al Ente Operador Regional (EOR), un inmueble urbano compuesto de dos
porciones que forman un solo cuerpo, de una capacidad de UN MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS
PUNTO CERO UNO METROS CUADRADOS (1,926.01m 2 ), y con un valor de CUATROCIENTOS
VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 65/100 DÓLARES (US$422,774.65),
ubicado en la Diagonal Universitaria y 19 Avenida Norte, de la Ciudad de San Salvador. Dicho

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Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
inmueble se encuentra inscrito al No. 52 del Libro 4712 del Registro de la Propiedad Raíz e
Hipotecas del Departamento de San Salvador.
Art. 2.- La donación será revocada, si el Ente Operador Regional utiliza el inmueble
donado para otro fin que no sea la instalación de sus oficinas.
Art. 3.- Facultase a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa - CEL-. Para que
otorgue la correspondiente Escritura Pública de donación.
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós días del mes de
julio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 166, Tomo N° 364, Fecha: 8 de septiembre de 2004.
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DECRETO No. 443
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 353, de fecha 19 de octubre de 1989, publicado en el
Diario Oficial No. 200, Tomo No. 305 del 30 del mismo mes y año, se emitió la Ley del
Consejo Salvadoreño del Café.
II. Que la referida Ley, entre otros, establece que la Asamblea Legislativa a propuesta del
Ministerio de Hacienda, deberá establecer cada año la tasa del Registro de los Contratos
de Exportación de Café, debiendo ser recaudada dicha tasa por esa Secretaría de
Estado.
III. Que en cumplimiento a lo establecido en el considerando anterior, se hace necesario
establecer la tasa de registro para la cosecha 2004/2005, recursos que se destinarán
para financiar el presupuesto anual de gastos de funcionamiento e inversión del Consejo
Salvadoreño del Café y el régimen de salarios y remuneraciones del personal de dicho
Consejo.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio de los Ministros de Economía y Hacienda.
DECRETA:
Art. 1. Establécese en TREINTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA ($0.35), por quintal de café oro de 46 kilogramos, la tasa de registro
de los contratos de exportación correspondiente a la cosecha 2004/2005.
El Exportador deberá pagar dicha tasa de registro dentro de los cuarenta y cinco días
siguientes a la fecha en que el correspondiente permiso de exportación sea refrendado por
el Delegado del Ministerio de Hacienda, bajo pena de no refrendarle futuros permisos de
exportación, mientras la tasa no sea pagada.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós días del mes de
septiembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 206, Tomo N° 365, Fecha: 5 de noviembre de 2004

DECRETO No. 462
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 371, de fecha 8 de julio del 2004, publicado en el
Diario Oficial No. 148, Tomo No. 364 del 13 de agosto del mismo año, esta Asamblea
Legislativa autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que por medio
de su Titular o del Representante que él designare, suscribiera en nombre del Estado y
Gobierno de la República de El Salvador el Contrato de Préstamo, de Aporte Financiero y
de Ejecución del Programa con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), por un monto de
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ 69/100 EUROS
(EUR 5,624,210.69), de los cuales DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO
SESENTA Y SIETE 52/100 EUROS (EUR2,045,167.52), son en calidad de préstamo y
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES 17/100 EUROS
(EUR 3,579,043.17), en carácter no reembolsable, que constituye el aporte financiero,
recursos que serán destinados para financiar el Programa AReconstrucción y Desarrollo
Local (FISDL III)”, a ser ejecutado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo
Local (FISDL).
II. Que el referido Contrato de Préstamo, de Aporte Financiero y de Ejecución del referido
Programa fue suscrito el 23 de septiembre del presente año, en correspondencia a la
autorización conferida por el Decreto Legislativo No. 371 antes relacionado.
III. Que procede aprobar en todas sus partes el Contrato de Préstamo, de Aporte Financiero
y de Ejecución del Programa que ha sido sometido a esta Asamblea Legislativa, para
lo cual se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 148 de la Constitución de la
República.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales,
DECRETA:
Art. 1. Apruébase en todas sus partes el Contrato de Préstamo, de Aporte Financiero
y de Ejecución del Programa, suscrito el 23 de septiembre del 2004, entre la República de
El Salvador y el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) de la República Federal de Alemania,
por un monto de CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ
69/100 EUROS (EUR 5,624,210.69), de los cuales DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL
CIENTO SESENTA Y SIETE 52/100 EUROS (EUR 2,045,167.52), son en calidad de préstamo y
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES 17/100 EUROS (EUR
3,579,043.17), en carácter no reembolsable, que constituye el aporte financiero, recursos que
serán destinados para financiar el Programa AReconstrucción y Desarrollo Local (FISDL III)”,
a ser ejecutado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).
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Parte IV

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A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 217, Tomo N° 365, Fecha: 22 de noviembre de 2004

DECRETO N° 502
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad con el Artículo 233 de la Constitución de la República, establece
que los bienes raíces de la Hacienda Pública y los de uso público, sólo podrán donarse
o darse en usufructo, comodato o arrendamiento a entidades de utilidad general, con
previa autorización del Órgano Legislativo, a entidades de utilidad general.
II. Que el Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Agricultura y Ganadería es dueño
y actual poseedor de dos porciones de terreno que forman parte de un inmueble que
según sus antecedentes es de naturaleza rústica, hoy urbana, de una extensión superficial
de DIEZ HECTÁREAS, NOVENTA Y SIETE ÁREAS, SESENTA CENTIÁREAS, conocido con
el nombre de Finca “San José”, hoy situado al final de la Primera Avenida Norte del
Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, inscrito en el número cincuenta
y siete del Libro ciento setenta y dos del Registro de la Propiedad del Departamento
antes citado.
III. Que las dos porciones del inmueble antes relacionado en el considerando anterior, opera,
funciona y mantiene su sede la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café
-PROCAFÉ-.
IV. Que en Sesión número cuarenta y uno del Consejo de Ministros, celebrada el día treinta
de abril de dos mil cuatro, se acordó dar en comodato para un plazo de cincuenta años
a la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café -PROCAFÉ- las dos porciones
a que se hace referencia en el considerando que antecede.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por
medio del Ministro de Agricultura y Ganadería,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería para
que, por medio del Fiscal General de la República, entregue en comodato para un plazo
de cincuenta años, a la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café -PROCAFÉ- dos
porciones de terreno que forman parte de un inmueble de naturaleza rústica, hoy urbana,
propiedad del Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Agricultura y Ganadería,
conocido con el nombre de Finca “San José”, hoy situado al final de la Primera Avenida Norte
de la Ciudad de Santa Tecla, del Departamento de La Libertad de una extensión superficial de
DIEZ HECTÁREAS NOVENTA Y SIETE ÁREAS, SESENTA CENTIÁREAS; LA PRIMERA PORCIÓN
comprende las instalaciones donde están ubicadas las oficinas de la Fundación Salvadoreña
para Investigaciones del Café -PROCAFÉ- con una extensión superficial de CINCUENTA Y
NUEVE ÁREAS CUARENTA Y TRES PUNTO VEINTIÚN CENTIÁREAS EQUIVALENTES A OCHO MIL
QUINIENTAS TRES PUNTO CINCUENTA Y CUATRO VARAS CUADRADAS; LA SEGUNDA PORCIÓN
comprende el área utilizada por el Laboratorio de Servicios Analíticos, con una extensión
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superficial de SEIS ÁREAS TREINTA Y SIETE PUNTO CERO SEIS CENTIÁREAS EQUIVALENTES
A NOVECIENTOS ONCE PUNTO CINCUENTA Y UNA VARAS CUADRADAS. El inmueble general
del cual forman parte las dos porciones antes descritas, está inscrito a favor del Estado de la
República de El Salvador en el Ramo de Agricultura y Ganadería en el número cincuenta y siete
del Libro ciento setenta y dos del Registro de la Propiedad del Departamento de La Libertad.
Art. 2.- Autorízase al Fiscal General de la República, o al Funcionario que él delegue,
para que comparezca en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador a
otorgar la correspondiente escritura pública de comodato.
Art. 3.- En las dos porciones de terreno objeto del comodato, opera, funciona y tiene
su sede la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café -PROCAFÉ-, y las cuales
deberán de ser utilizadas, por dicha Fundación, con esa misma finalidad por todo el plazo del
comodato.
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cinco días del mes de
noviembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 232, Tomo N° 365, Fecha: 13 de diciembre de 2004

DECRETO No. 520
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
I . Que de conformidad con el Art. 233 de la Constitución de la República, los bienes de
la Hacienda Pública y los de uso público sólo podrán donarse o darse en usufructo,
comodato o arrendamiento, con autorización del Órgano Legislativo, a entidades de
utilidad general.
II. Que según escritura de remedición de inmuebles inscrita en el número ciento treinta y
cuatro del libro doscientos catorce del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la
Tercera Sección del Centro, Zacatecoluca, el Estado de El Salvador en el Ramo de Educación
es dueño y actual poseedor de dos inmuebles de naturaleza rústica, situados en el lugar
denominado “Cuesta de la Hera”, jurisdicción de San Miguel Tepezontes, Departamento de
La Paz; el primero de una extensión superficial de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
OCHO METROS CUADRADOS CINCUENTA Y CINCO CENTÉSIMOS DE METRO CUADRADO,
y el segundo de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE METROS CUADRADOS
NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS DE METRO CUADRADO, ambos inmuebles forman un
solo cuerpo, sumando en total TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS METROS CUADRADOS
CUARENTA Y NUEVE DECÍMETROS DE METRO CUADRADO.
III. Que el Concejo Municipal de San Miguel Tepezontes, Departamento de La Paz, ha
realizado gestiones ante el Ministerio de Educación para que se le den en comodato los
inmuebles mencionados en el considerando anterior, con la finalidad de construir en
dicho inmueble un complejo deportivo, que vendría a constituir un lugar apropiado para
el sano esparcimiento de dicho lugar.
IV. Que mediante el Punto Cinco, de la Sesión Número Tres del Consejo de Ministros,
celebrada el día veintinueve de julio del año dos mil cuatro, se autorizó al Ministerio
de Educación para que entregue en comodato a la Alcaldía Municipal de San Miguel
Tepezontes, Departamento de La Paz, los inmuebles en referencia, para el plazo de
veinticinco años, a fin de llevar un sano esparcimiento a los habitantes de dicha población
y especialmente a los alumnos del Centro Escolar de San Miguel Tepezontes.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por
medio de la Ministra de Educación,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Educación para que por medio del
Fiscal General de la República, entregue en comodato, para un plazo de veinticinco años, a la
Alcaldía Municipal de San Miguel Tepezontes, Departamento de La Paz, dos inmuebles, situados en
el lugar denominado “Cuesta de la Hera”, jurisdicción de San Miguel Tepezontes, Departamento
de La Paz; el primero de una extensión superficial de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
OCHO METROS CUADRADOS CINCUENTA Y CINCO CENTÉSIMOS DE METRO CUADRADO, y el
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segundo de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE METROS CUADRADOS NOVENTA
Y CUATRO DECÍMETROS DE METRO CUADRADO, ambos inmuebles forman un solo cuerpo,
sumando en total TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS METROS CUADRADOS CUARENTA Y
NUEVE DECÍMETROS DE METRO CUADRADO; inscritos a favor del Ministerio de Educación en
el número ciento treinta y cuatro del libro doscientos catorce del Registro de la Propiedad Raíz
e Hipotecas de la Tercera Sección del Centro, Zacatecoluca.
Art. 2.- Autorízase al Fiscal General de la República, o al funcionario que él delegue,
para que comparezca en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador a
otorgar la correspondiente escritura pública de comodato.
Art. 3.- Los inmuebles objeto del comodato los destinará la Alcaldía Municipal de San
Miguel Tepezontes, Departamento de La Paz, para construir el complejo deportivo de dicha
jurisdicción, y así sus habitantes, y especialmente los alumnos del Centro Escolar, cuenten
con un lugar de sano esparcimiento.
Art . 4.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 239, Tomo N° 365, Fecha: 22 de diciembre de 2004

DECRETO No. 536
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 750, de fecha 15 de diciembre de 1993, publicado en
el Diario Oficial No. 11, Tomo No. 322 del 17 de enero de 1994, se aprobó en todas sus
partes el Contrato de Préstamo denominado “Ayuda en Mercancías V”, suscrito el 24
de noviembre de 1993 entre el Estado y Gobierno de la República de El Salvador y el
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), por un monto de NUEVE MILLONES DE MARCOS
ALEMANES (DM 9,000,000.00) equivalentes a CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $5,500,000.00).
II. Que los recursos del Préstamo antes mencionado fueron destinados para financiar
costos en divisas por adquisición de bienes y servicios de uso civil y cuya moneda local
generada se utilizó para financiar proyectos específicos, ejecutados por la Secretaría
Técnica de Financiamiento Externo (SETEFE), cuyo monto total fue incorporado al
Presupuesto Extraordinario de Reactivación Económica, de conformidad a lo establecido
en el Acuerdo No. 748 del 28 de agosto de 1994, emitido por el Órgano Ejecutivo en el
Ramo de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social.
III. Que los objetivos para los cuales se destinó los recursos del Préstamo se han cumplido,
habiendo quedado un remanente de QUINIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $521,318.50),
los cuales deben ser reorientados para la ejecución de proyectos de desarrollo social
que financiará la misma Secretaría Técnica de Financiamiento Externo.
IV. Que es conveniente reformar el Decreto Legislativo No. 750 antes relacionado, a fin de
autorizar a SETEFE para que utilice los remanentes del Préstamo para financiar proyectos
de desarrollo social.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA la siguiente reforma al Decreto Legislativo No. 750, de fecha 15 de diciembre de
1993, publicado en el Diario Oficial No. 11, Tomo No. 322 del 17 de enero de 1994, así:
Art. 1. Incorpórase entre los Arts. 1 y 2 el Art. 1-A de la siguiente manera:
“Art. 1-A. Autorízase a la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo (SETEFE),
para que el saldo remanente de los recursos provenientes de la moneda generada por la
adquisición de bienes y servicios de uso civil, provenientes del Préstamo “Ayuda en Mercancías
V” suscrito con el Kreditanstalt für Wiederaufbau, por un monto de QUINIENTOS VEINTIÚN
MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US
$521,318.50), se destinen para financiar los Proyectos siguientes: 1) Adquisición de Equipo
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para el Establecimiento de la Red de Información del Hospital Nacional Rosales, por un monto
de US $93,730.00, a ejecutarse por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS);
2) Reparación del Hogar Fray Felipe de Jesús Moraga, por un monto de US$225,000.00, a
ejecutarse por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
(ISNA); 3) Drenaje y Control de Inundaciones en el Bajo Lempa, II Etapa, por un monto de
US $72,508.50, a ejecutarse por la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del
MAG; y 4) Vivienda Segura, por un monto de US $130,080.00, a ejecutarse por la Secretaría
Nacional de la Familia.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los ocho días del mes de diciembre
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 240, Tomo N° 365, Fecha: 23 de diciembre de 2004

DECRETO No. 537
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 627, de fecha 22 de noviembre de 1990, publicado en
el Diario Oficial No. 276, Tomo No. 309 del 6 de diciembre del mismo año, se creó el
Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, habiéndosele otorgado la función
de llevar a cabo el saneamiento de los Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro
y Préstamo, proceso que fue agotado en su momento con relación a la mayoría de
entidades comprendidas dentro de dicho propósito, quedando en su momento pendiente
el saneamiento del Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.
II. Que por Decreto Legislativo No. 771, de fecha 25 de abril de 1991, publicado en el Diario
Oficial No. 97, Tomo No. 311 del 29 de mayo del mismo año, se incorporó al Banco
Hipotecario de El Salvador, S.A., a la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos
Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo.
III. Que el Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., ha desempeñado un rol importante
apoyando a los sectores productivos del país, financiando particularmente a la pequeña y
mediana empresa, por lo que es importante que continúe desarrollando esa función.
IV. Que por lo antes expuesto, y para que el Banco continúe apoyando el financiamiento de
la pequeña y mediana empresa, es necesario separarle aquellos activos que le pudieran
imponer riesgos significativos, para que pueda fortalecer su solvencia y preparar su
adaptación a las nuevas recomendaciones internacionales sobre práctica bancaria.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Juan Miguel
Bolaños Torres, Juan Enrique Perla, Mario Marroquín Mejía, Noé Orlando González, José Orlando
Arévalo Pineda, Ciro Cruz Zepeda Peña, José Antonio Almendáriz Rivas, Douglas Alejandro Alas
García, Rolando Alvarenga Argueta, Nelson Orlando López, Miguel Francisco Bennett Escobar,
Isidro Antonio Caballero, Carmen Elena Calderón de Escalón, Manuel Ernesto Iraheta, Salvador
Rafael Morales, Julio Antonio Gamero Quintanilla, César Humberto García Aguilera, Manuel de
Jesús Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mariela Peña Pinto, Francisco Antonio Prudencio,
Norman Noel Quijano, José Mauricio Quinteros Cubías, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores
Alberto Rivas Echeverría, Víctor Manuel Melgar, Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto
Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Hipólito
Baltazar Rodríguez, Ana Julia Lainfiesta, Juan Francisco Villacorta, Rigoberto Trinidad, Félix
Agreda Chachagua, Guillermo Ávila Quehl, José Vidal Carrillo, José Máximo Madriz, Alex Aguirre,
Wil Salgado y Alba Teresa de Dueñas,
DECRETA:
Art. 1. El Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI) deberá mediante
permuta, adquirir activos propiedad del Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., en un plazo no
mayor del 31 de diciembre del presente año, y por un monto de hasta DIECIOCHO MILLONES
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DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, debiendo el primero entregar a cambio,
a dicha Institución, bonos u otros títulos valores de su propiedad.
Los activos a que se refiere el inciso anterior, consistirán en créditos categoría “C” y
“D”, los cuales se transferirán a su valor neto de provisiones de saneamiento a la fecha de
transferencia, e inmuebles ya sean activos fijos o extraordinarios, a su valor de mercado.
Art. 2. No obstante lo dispuesto en la Ley de Bancos, con el propósito de resguardar su
patrimonio, el Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., estará sujeto a las siguientes limitaciones
y regulaciones:
a) No podrá conceder créditos ni asumir riesgos por más del 5% de su fondo
patrimonial con relación a una misma persona natural o jurídica incluyendo las
instituciones y empresas estatales de carácter autónomo. Para calcular este límite,
se acumularán las responsabilidades directas y contingentes de una persona o grupo
de personas de la forma en que el artículo 197 de la Ley de Bancos lo establece
y con las facultades que la misma disposición le confiere a la Superintendencia
del Sistema Financiero.
b) En los casos que un crédito esté mostrando signos de deterioro, y que la Junta
Directiva del Banco, por unanimidad, considere que el deudor tenga potencial de
mejorar su situación financiera con nuevos recursos, y que con ello se mejore la
probabilidad de recuperar el referido crédito, el Banco podrá facilitárselos, pero
con un límite de un 10% sobre el riesgo asumido a la fecha. El desempeño de
estos créditos debe informarse periódicamente a la Junta Directiva.
c) Los créditos que sean de un plazo de 3 años o más deberán tener garantía
hipotecaria, aval del Estado, prenda con desplazamiento sobre valores emitidos
o garantizados por el Estado o el Banco Central de Reserva de El Salvador, o
garantías otorgadas por las sociedades de garantía recíproca.
d) El Banco deberá procurar mantener diferentes fuentes de fondos; para estos
efectos, se considerarán como fuentes de fondos; las siguientes:
I) Préstamos;
II) Depósitos;
III) Emisiones de obligaciones; y,
IV) Cualquier otra forma de captación de fondos del público.
La suma de las fuentes consideradas en los romanos II, III y IV no deberá
representar más del 50% del total de las fuentes de fondos del Banco. El Banco
no deberá incrementar el saldo que de dicha suma tuviere al 31 de diciembre del
2004, debiendo además disminuirlo gradualmente hasta que alcance el porcentaje
antes referido de sus fuentes de fondos, lo cual deberá realizar en un plazo que
no exceda al 31 de diciembre del 2006.
e) El Banco deberá remitir al Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero,
y al Banco Central de Reserva de El Salvador, sus políticas de otorgamiento de

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
créditos y de diversificación de riesgos, debidamente autorizadas por su Junta
Directiva, así como las respectivas modificaciones.
f) Deberá presentar informes trimestrales de gestión al Fondo de Saneamiento y
Fortalecimiento Financiero, y al Banco Central de Reserva de El Salvador, con fechas
de referencia al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre
de cada año, en un plazo que no exceda de 30 días de la respectiva fecha.
Art. 3. Adiciónase un inciso segundo al Art. 2-A de la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento
de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, de la siguiente manera:
“Para los efectos del inciso anterior, se entenderán comprendidos los aportes que hubiere
recibido el Fondo por parte del Banco Central de Reserva de El Salvador, desde su creación;
quedando además facultadas ambas entidades para realizar los ajustes financieros y contables
que fueren necesarios para dar cumplimiento a la presente disposición.”
Vigencia
Art. 4. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los ocho días del mes de diciembre
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 233, Tomo N° 365, Fecha: 14 de diciembre de 2004
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DECRETO No. 565
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al Art. 37 de la Constitución, es obligación del Estado emplear
todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador,
manual o intelectual y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de
una existencia digna.
II. Que en el Art. 101, la misma Constitución también establece la obligación del Estado
de promover el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción,
la productividad y la racional utilización de los recursos, para lo cual, fomentará los
diversos sectores de la producción.
III. Que se ha comprobado que los esfuerzos de promoción de inversión extranjera directa,
requieren de la existencia de una reserva de personas calificadas, como elemento clave
para la atracción de inversión a nuestro país.
IV. Que por las razones expuestas, el Gobierno de la República ha decidido constituir
un Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos
Estratégicos.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio de los Ministros de Hacienda y de Economía,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Economía para que por medio de
su titular o del funcionario que él designe, suscriba con el Banco Multisectorial de Inversiones,
BMI, el Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos,
en adelante FECEPE.
Desígnase y facúltase expresamente al Banco Multisectorial de Inversiones para
desempeñarse como ente Fiduciario del FECEPE, con el fin de administrar tal Fideicomiso con
las necesarias y plenas facultades de gestión. Asimismo, se entenderán atribuidas a dicha
entidad las facultades que sobre esta materia establece el Código de Comercio.
Art. 2.- El Fideicomiso que por medio de este Decreto se faculta constituir, tendrá por
objeto el brindar apoyo temporal para asegurar el establecimiento e inicio de operaciones de
inversiones en sectores productivos estratégicos que tengan como consecuencia inmediata la
generación de la mayor cantidad y calidad de empleos, orientados a coadyuvar el desarrollo
económico y social del país.
Para efectos de cumplir con el objeto establecido en el inciso anterior, el Banco Multisectorial
de Inversiones, en su calidad de Fiduciario, hará las correspondientes transferencias directas de

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
recursos a los eventuales beneficiarios, siempre y cuando éstos cumplan con las obligaciones
y condiciones que establezca el Ministerio de Economía en el respectivo reglamento de la
presente ley que a tal efecto emitirá el Presidente de la República.
Art. 3.- El Fideicomiso se regulará de conformidad al Reglamento mencionado en el
artículo anterior y al instrumento constitutivo del mismo, el cual deberá otorgarse en un plazo
que no exceda de treinta días contados a partir de la vigencia del presente Decreto.
El Reglamento que al efecto se emita, deberá regular aspectos tales como: definición del
objeto del mismo, indicación expresa de los instrumentos financieros en los cuales se podrán
invertir los recursos que de acuerdo a disponibilidad patrimonial del Fideicomiso y en atención
al cumplimiento de los objetivos del mismo puedan ser objeto de estas operaciones, reiteración
del plazo de su existencia, condiciones para el uso de los fondos fideicomitidos, obligaciones
y atribuciones del Fideicomitente y Fiduciario, obligaciones y condiciones a cumplir por los
eventuales beneficiarios y cualesquiera otros aspectos que sean necesarios para cumplir a
satisfacción con el objeto del Fideicomiso.
Para el otorgamiento de aquellas modificaciones necesarias e indispensables que deban
introducirse al instrumento constitutivo del Fideicomiso, deberá preceder la emisión de un
Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Economía, en el que se consignarán los aspectos a modificarse,
otorgándose posteriormente el instrumento pertinente.
Tanto el instrumento que contenga la constitución del Fideicomiso, así como, las modificaciones
que se autoricen introducir, deberán de inscribirse en el Registro correspondiente.
Art. 4.- Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que efectúe las
modificaciones presupuestarias pertinentes según el detalle siguiente:
A) En la Ley de Presupuesto vigente, Sección A -Presupuesto General del Estado, en el
apartado III- GASTOS, en la parte correspondiente al 4100 Ramo de Economía, se
adiciona la Unidad Presupuestaria 11 Programa para el Desarrollo de Sectores Productivos
Estratégicos, y la Línea de Trabajo 01 Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en
Sectores Productivos Estratégicos, con un monto de US $500,000 conforme al siguiente
detalle:
A. Marco Institucional
3. Objetivo
Transferir recursos financieros al Banco Multisectorial de Inversiones, BMI, para la
operatividad del Fideicomiso Especial, a fin de compensar el financiamiento de proyectos
de atracción de inversiones que contribuyan a generar mayor cantidad y calidad de
Empleos en Sectores Productivos Estratégicos.
B. Asignación de Recursos.
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3. Relación Propósitos con Recursos Asignados
Unidad Presupuestaria y Línea
de Trabajo
11 Programa para el Desarrollo
d e S e c t o r e s P r o d u c t i vos
Estratégicos.
01 Fideicomiso Especial para
la Creación de Empleos
en Sectores
Productivos Estratégicos.
Propósitos Costo
Transferir recursos al Banco Multisectorial de
Inversiones (BMI) para la operatividad del
Fideicomiso Especial para apoyar el Programa
para el Desarrollo de Sectores Productivos
Estratégicos. 500,000
4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino
Económico.
Unidad Presupuestaria y Cifrado
Presupuestario
11 Programa para el Desarrollo de Sectores
Productivos Estratégicos.
2004-4100-4-11-01-22-1 Fondo General
Línea de Trabajo
Fideicomiso Especial para
la Creación de Empleos
en Sectores Productivos
Estratégicos
62
Transferencias
de Capital
500,000
B) El financiamiento será con cargo al Fondo General y asciende a US $500,000 el cual será
tomado de la Unidad Presupuestaria 10 Provisión para Atender Gastos Imprevistos, Línea
de Trabajo 01 Atención de Gastos Imprevistos, Gastos Corrientes, Rubro de Agrupación
99 Asignaciones por Aplicar, del Ramo de Hacienda.
Art. 5.- El plazo de existencia del Fideicomiso caducará el día 31 de mayo del año 2009,
y se procederá a su correspondiente liquidación.
Con el fin de cumplir con el mandato indicado en el inciso que antecede, el Fiduciario
deberá de practicar la liquidación del Fideicomiso, en un plazo que no exceda los ciento veinte
días contados a partir de la fecha indicada en el inciso anterior.
La liquidación así practicada deberá ser notificada al Ministerio de Economía, entregando
a su vez un ejemplar de dicha actuación a la citada Secretaría de Estado, debiendo a su vez,
conservar en sus archivos un ejemplar de dicha liquidación.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
Una vez practicada la liquidación del Fideicomiso, si de la misma resulta un remanente de
fondos no utilizado, el mismo deberá ser transferido de inmediato al Fondo General del Estado.
Art. 6.- Facúltase a la Dirección General de Tesorería y Dirección General de Contabilidad
Gubernamental para que efectúen los registros contables y legalicen las operaciones que se
deriven relativos a la correcta aplicación del presente Decreto.
Art. 7.- El Reglamento de la presente Ley deberá emitirse en un plazo de 15 días hábiles
contados a partir de la vigencia del presente Decreto.
Art. 8.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN SAN SALVADOR, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil
cuatro.
D. O. N° 240, Tomo N° 365, Fecha: 23 de diciembre de 2004
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DECRETO No. 585
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el Art. 97 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, establece que
es atribución del Ministerio de Hacienda, en representación del Estado colocar Títulos
Valores en mercados de capitales previa autorización de la Asamblea Legislativa.
II. Que el ahorro corriente estimado para el ejercicio presupuestario del año 2005, es
insuficiente para dar cobertura a los diferentes compromisos de capital del Gobierno,
por lo que se hace necesario complementarlo con otras fuentes de financiamiento.
III. Que en razón de lo antes expuesto, es conveniente autorizar al Órgano Ejecutivo en el
Ramo de Hacienda para que emita Títulos Valores de Crédito.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA:
Art. 1. Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que emita Títulos
Valores de Crédito en Dólares de los Estados Unidos de América, hasta por la suma de
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (US$541,800,000.00), a ser colocados indistintamente en el Mercado
Nacional o Internacional.
Art. 2. Los Títulos Valores de Crédito cuya emisión se autoriza se emitirán conforme a
las siguientes condiciones:
a) El rendimiento de los Títulos Valores de Crédito será el de la tasa de los Bonos
del Tesoro de los Estados Unidos de América, más un margen a ser determinado
por el mercado al momento de la transacción. Los Títulos Valores de Crédito,
podrán tener un descuento o premio de acuerdo a la práctica de mercado.
b) Los Títulos Valores de Crédito, podrán colocarse a plazos de entre 5 y 30 años.
El valor nominal que representan, podrá amortizarse mediante cuotas periódicas
o al final del plazo.
Art. 3. Los recursos generados por la Colocación de los Títulos Valores de Crédito serán
utilizados de la siguiente manera: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL
DÓLARES (US$353,100,000.00), para el pago de la deuda previsional; OCHENTA MILLONES
NOVECIENTOS MIL DÓLARES (US $80,900,000.00), para financiar el pago de contrapartidas
de proyectos de inversión; TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL DÓLARES (US
$33,700,000.00), para financiar otros gastos de capital; y SETENTA Y CUATRO MILLONES
CIEN MIL DÓLARES (US $74,100,000.00), para complementar el pago de amortización del
servicio de la deuda pública.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
Art. 4. El Banco Central de Reserva de El Salvador actuará como Agente Financiero
del Gobierno, y en el Contrato de Agencia Fiscal que al efecto se suscriba con el Ministerio de
Hacienda, se regularán los procedimientos relacionados con la colocación.
Art. 5. Para la colocación de los Títulos Valores de Crédito, el Ministerio de Hacienda
en coordinación con su Agente Financiero, seleccionará el mecanismo correspondiente a la
emisión.
Art. 6. Autorízase al Ministerio de Hacienda a cancelar los costos que demande la
operación autorizada mediante el presente Decreto.
Art. 7. El valor nominal y los rendimientos de los Títulos Valores de Crédito, que serán
emitidos conforme al presente Decreto estarán exentos de toda clase de impuestos, tasas y
contribuciones.
Art. 8. El total del monto de Títulos Valores que mediante este Decreto se autoriza
emitir al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para ser colocados, tanto en mercados
nacionales o internacionales, la citada cantidad deberá disminuirse en el monto que representen
aquellos desembolsos provenientes de empréstitos que el Gobierno de la República suscriba
con el BID y el Banco Mundial. Indicando que los citados desembolsos serán por las cantidades
de US $40.0 y US$100.0 millones, respectivamente.
Una vez materializadas las operaciones de desembolsos a que se refiere el inciso anterior,
implicarán una disminución inmediata y efectiva en la colocación de los citados Títulos Valores
por el total de dichos desembolsos, es decir, US $140.0 millones que deberán percibirse durante
el ejercicio fiscal 2005.
En caso de no tener la aprobación de los préstamos a que se refiere el inciso anterior, la
facultad de colocar la totalidad de la emisión de bonos aquí autorizada podrá materializarse
sin ningún tipo de restricción.
Art. 9. En caso de concretarse las operaciones establecidas en el artículo anterior, el
nuevo destino del financiamiento sería: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIEN
MIL DÓLARES (US$353,100,000.00), para el pago de la deuda previsional; QUINCE MILLONES
DE DÓLARES (US$15,000,000.00), para financiar el pago de contrapartidas de proyectos de
inversión y TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL DÓLARES (US $33,700,000.00),
para financiar otros gastos de capital.
Art. 10. Por la naturaleza de las obligaciones contenidas en el presente Decreto y con la
finalidad de darle cumplimiento a las formalidades contenidas en el Art. 148 de la Constitución
de la República, tiénese por autorizado y aprobado el presente Decreto en los términos que
el mismo consigna.
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Parte IV

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Art. 11. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecinueve días del mes de
enero del año dos mil cinco.
D. O. N° 18, Tomo N° 366, Fecha: 26 de enero de 2005

DECRETO N° 596
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 502, de fecha 5 de noviembre de 2004, publicado en el
Diario Oficial No. 232, Tomo No. 365, del 13 de diciembre del mismo año, se autorizó al
Órgano Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería para que entregara en comodato
para un plazo de cincuenta años, a la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del
Café, PROCAFÉ, dos porciones de terreno que forman parte de un inmueble de naturaleza
rústica, hoy urbana, propiedad del Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de
Agricultura y Ganadería, situado al final de la Primera Avenida Norte de la Ciudad de
Santa Tecla, Departamento de La Libertad, inscrito al número cincuenta y siete del Libro
ciento sesenta y dos del Registro de la Propiedad del Departamento de La Libertad.
II. Que por un error involuntario se relacionó en el segundo considerando y en el Art. 1
del referido Decreto Legislativo, que el Libro de Inscripción del mencionado inmueble
es número CIENTO SETENTA Y DOS, cuando lo correcto es CIENTO SESENTA Y DOS;
por lo que es necesario hacer la reforma pertinente.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Agricultura y Ganadería,
DECRETA la siguiente:
Reforma al Decreto Legislativo No. 502, de fecha 5 de noviembre de 2004, publicado en
el Diario Oficial No. 232, Tomo No. 365, del 13 de diciembre del mismo año
Art. 1.- Refórmase el Art. 1, así:
“Art. 1.- Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería
para que, por medio del Fiscal General de la República, entregue en comodato para un
plazo de cincuenta años, a la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café -PROCAFÉ-
dos porciones de terreno que forman parte de un inmueble de naturaleza rústica, hoy urbana,
propiedad del Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Agricultura y Ganadería,
conocido con el nombre de Finca “San José”, hoy situado al final de la Primera Avenida Norte
de la Ciudad de Santa Tecla, del Departamento de La Libertad de una extensión superficial de
DIEZ HECTÁREAS NOVENTA Y SIETE ÁREAS, SESENTA CENTIÁREAS; LA PRIMERA PORCIÓN
comprende las instalaciones donde están ubicadas las oficinas de la Fundación Salvadoreña
para Investigaciones del Café -PROCAFÉ- con una extensión superficial de CINCUENTA Y
NUEVE ÁREAS CUARENTA Y TRES PUNTO VEINTIÚN CENTIÁREAS EQUIVALENTES A OCHO MIL
QUINIENTAS TRES PUNTO CINCUENTA Y CUATRO VARAS CUADRADAS; LA SEGUNDA PORCIÓN
comprende el área utilizada por el Laboratorio de Servicios Analíticos, con una extensión
superficial de SEIS ÁREAS TREINTA Y SIETE PUNTO CERO SEIS CENTIÁREAS EQUIVALENTES
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A NOVECIENTOS ONCE PUNTO CINCUENTA Y UNA VARAS CUADRADAS. El inmueble general
del cual forman parte las dos porciones antes descritas, está inscrito a favor del Estado de
la República de El Salvador en el Ramo de Agricultura y Ganadería en el número cincuenta
y siete del Libro ciento sesenta y dos del Registro de la Propiedad del Departamento de La
Libertad.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dos días del mes de febrero
del año dos mil cinco.
D. O. N° 40, Tomo N° 366, Fecha: 25 de febrero de 2005

DECRETO N° 623
CONSIDERANDO
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
I. Que mediante Decreto Legislativo No. 165 de fecha 19 de octubre del año 2000, publicado
en el Diario Oficial No. 229, Tomo 349 del 6 de diciembre del mismo año, se declaró
Reserva Ecológica con Vocación Recreativa, una porción de terreno de propiedad privada,
de naturaleza rústica, ubicado sobre la Carretera Panamericana, a la altura del kilómetro
131, en el Cantón El Obrajuelo, jurisdicción de Quelepa y San Miguel, Departamento
del mismo nombre.
II. Que mediante Decreto Legislativo No. 579 de fecha 13 de enero del año en curso, publicado
en el Diario Oficial No. 32, Tomo 366, del 15 de febrero del mismo año, se emitió la
Ley de Áreas Naturales Protegidas, la cual contempla la posibilidad de establecer áreas
naturales protegidas de propiedad privada, para lo cual el propietario debe manifestar
voluntariamente su interés de formar parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas.
III. Que para hacer la declaratoria referida en el considerando primero de este Decreto, se
obvió consultar con los propietarios del fundo, por lo que a fin de resolver tal omisión se
hace necesario tomar las providencias del caso, evitando con ello que la parte afectada
inicie acciones legales en contra de este Órgano de Estado, por lo que es procedente
derogar el Decreto que se menciona anteriormente.
POR TANTO
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados José Antonio
Almendáriz Rivas, Mauricio Hernández Pérez, Óscar Edgardo Mixco Sol y Manuel Vicente
Menjívar Esquivel.
DECRETA
Art. 1. Derógase en todas sus partes el Decreto Legislativo No. 165, de fecha 19 de
octubre del año 2000, publicado en el Diario Oficial No. 229, Tomo 349 del 6 de diciembre del
mismo año, mediante el cual se declaró Reserva Ecológica con Vocación Recreativa una porción
del inmueble de naturaleza rústica, ubicado sobre la Carretera Panamericana, a la altura del
kilómetro 131, en el Cantón El Obrajuelo, jurisdicción de Quelepa y San Miguel, Departamento
del mismo nombre, en aquella época inscrito al número TREINTA Y CUATRO del Libro MIL
DIECINUEVE de Propiedad del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del Departamento de
San Miguel.
Art. 2. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres días del mes de marzo
del año dos mil cinco. D. O. N° 67, Tomo N° 367, Fecha: 12 de abril de 2005.
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DECRETO No. 626
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que según Art. 105 inciso último de la Constitución de la República, el Estado fomentará
el desarrollo de la agroindustria en los distintos departamentos de la República, a fin de
garantizar el empleo de mano de obra y la transformación de materias primas producidas
por el sector agropecuario nacional.
II. Que según certificación de la sesión número 7 del día veintinueve de noviembre del año
2004, el Consejo de Ministros, autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda,
conceder en calidad de comodato a la Asociación Conjunta para el Desarrollo Integral,
Ahuachapán en Marcha, que se abrevia ACDIAM, por el plazo de cincuenta años, una
parcela rústica conocida como Planta de Procesamiento de Guaymango, sobre la carretera
del Litoral, Guaymango jurisdicción del Departamento de Ahuachapán.
III. Que de conformidad al Art. 233 de la Constitución de la República, los bienes raíces
de la Hacienda Pública y los de uso público, sólo podrán donarse o darse en usufructo,
comodato o arrendamiento, con autorización de la Asamblea Legislativa, a entidades
de utilidad general.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por
medio del Ministro de Hacienda,
DECRETA:
Art. 1.- Que el Estado de El Salvador, en el Ramo de Hacienda, recibió en concepto de
dación en pago, el día 20 de diciembre del 2002, del Instituto Regulador de Abastecimientos
(IRA), como abono al saldo de la deuda por prestamos otorgados, según convenio firmado
entre el Estado de El Salvador y el Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA), el día 24
de febrero del año 1994, una parcela rústica marcada en el plano general de la parcelación
con los números cinco y seis de la parcelación dieciocho Altamira Guaymango, Ahuachapán,
Departamento del mismo nombre, las cuales forman un solo cuerpo de una extensión
superficial según antecedente inscrito de NUEVE MANZANAS SIETE MIL DOSCIENTAS TREINTA
Y SIETE VARAS CUADRADAS O SEAN SEIS HECTÁREAS SETENTA Y NUEVE ÁREAS SESENTA
CENTIÁREAS.
Art. 2.- El inmueble en referencia se encuentra inscrito a favor del Estado de El Salvador
en el Ramo de Hacienda, en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Segunda Sección
de Occidente bajo el Asiento Número doce del Libro novecientos noventa de propiedad del
Departamento de Ahuachapán, y valuado por la Dirección General del Presupuesto según
oficio número mil setecientos noventa, de fecha ocho de octubre de dos mil cuatro, en
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA, cuyo valor comprende el terreno, construcciones civiles, silos y equipo
de manejo de granos.

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Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
Art. 3.- Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para entregar en calidad
de comodato a la Asociación Conjunta para el Desarrollo Integral, Ahuachapán en Marcha, que
se abrevia ACDIAM, el terreno, juntamente con sus construcciones, silos y equipo de manejo
de granos, relacionado en el Art. 1 de este Decreto, el cual será destinado para llevar a cabo
entre otros los siguientes proyectos: Montaje de una fábrica de harina, una de concentrado
para consumo animal, fábrica pasteurizadora de lácteos y centro de acopio, para un plazo de 50
años, contados a partir de la fecha de la escritura correspondiente, la que tiene la descripción
técnica registral siguiente:
LINDERO ORIENTE: Se mide una distancia de doscientos veinticuatro metros con rumbo
sur, veintiún grados treinta y tres minutos Oeste, linda calle de servidumbre de diez metros
de ancho, propia de la parcelación de por medio con terrenos de Isabel García Guerra, antes
de Parcelaciones Rurales de Desarrollo, S. A.
LINDERO SUR: Línea recta de doscientos noventa y dos metros, con rumbo Norte sesenta
y un grados catorce minutos Oeste; linda con terreno de Rosario Lovo de Alvarenga, y Pedro
Lovo Lara, antes de Parcelaciones Rurales de Desarrollo, S. A.
LINDERO PONIENTE: Línea recta de doscientos sesenta y siete metros con rumbo Norte,
veintiocho grados cuarenta y seis minutos Este, linda con terrenos de José Antonio Durán
Monroy, antes de Parcelaciones Rurales de Desarrollo S. A.
LINDERO NORTE: Se mide una distancia de doscientos setenta metros, con rumbo Sur Este
y se llega al esquinero Nor Este o punto de partida de la descripción; linda con la Carretera del
Litoral de por medio con el resto del terreno del cual se desmembró, propiedad de Parcelaciones
Rurales de Desarrollo S. A.
Art. 4.- Facúltase al Fiscal General de la República o al funcionario que él delegue, para que
en nombre y representación del Estado, otorgue la Escritura Pública de Comodato correspondiente,
y para que comparezca a iniciar, seguir y fenecer las diligencias de remedición del inmueble
que se entrega en comodato, por ser de mayor extensión a la establecida registralmente, lo
que deberá realizarse previo a la formalización de la escritura de Comodato.
Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres días del mes de marzo
del año dos mil cinco.
D. O. N° 65, Tomo N° 367, Fecha: 8 de abril de 2005
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Parte IV

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DECRETO No. 631
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el Gobierno de la República está comprometido en implementar medidas dirigidas
a incrementar la competitividad de las empresas nacionales, mediante el mejoramiento
de la productividad de los factores y el acceso a los mercados, dentro de un marco de
estabilidad macro económica y de crecimiento sostenible.
II. Que para la consecución de lo antes mencionado, se ha gestionado ante el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el otorgamiento de un préstamo hasta por un
monto de CIEN MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US
$100,000,000.00), recursos que se utilizarán para financiar la ejecución del “Programa
de Apoyo a la Competitividad”.
III. Que en atención a lo antes expuesto y con base a lo establecido en el Art. 148 de la
Constitución de la República, es conveniente autorizar al Órgano Ejecutivo en el Ramo
de Hacienda, para que suscriba con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un
Convenio de Préstamo para los fines antes relacionados.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA:
Art. 1. Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por medio de
su Titular o del Representante que él designe, suscriba en nombre del Estado y Gobierno de
la República, un Convenio de Préstamo hasta por un monto de CIEN MILLONES DE DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $100,000,000.00), con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), que estará sujeto a las condiciones siguientes:
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA : CIEN MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (US $100,000,000.00).
MONTO DEL PRÉSTAMO : CIEN MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (US $100,000,000.00).
PLAZO : Veinte (20) años.
PERÍODO DE GRACIA : Cinco (5) años.

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Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
INTERESES CAPITAL ORDINARIO : Los intereses se devengarán sobre los saldos deudores
diarios del Préstamo a una tasa anual para cada
trimestre determinada por el Banco en una fecha
de determinación de la Tasa de Interés basada en el
LIBOR para cada trimestre.
INTERESES FONDO ESPECIAL : Se han asignado hasta SETENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (US $77,900,000.00), de la
cuenta de la Facilidad de Financiamiento Intermedio
(FFI), el cual tiene una tasa estimada de interés del
3.38% anual.
FORMA DE PAGO : Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en
lo posible iguales, hasta la total cancelación del
mismo.
COMISIÓN DE CRÉDITO :
Cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%) sobre
saldo no desembolsado del financiamiento, que
comenzará a devengarse a los sesenta (60) días
después de la fecha del Contrato.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA : Hasta UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (US $1,000,000.00).
DESTINO : Financiar la ejecución del “Programa de Apoyo a la
Competitividad”.
Art. 2. El Convenio de Préstamo que suscriba el Gobierno de la República de El Salvador,
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de conformidad con el presente Decreto,
deberá someterse a la aprobación de esta Asamblea Legislativa, para su validez.
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los nueve días del mes de marzo
del año dos mil cinco.
D. O. N° 71, Tomo N° 367, Fecha: 18 de abril de 2005.
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DECRETO No. 664
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el Art. 187 incisos 1 y 2 de la Constitución, establece que el Consejo Nacional de la
Judicatura es una institución independiente, encargada de proponer candidatos para los
cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Cámaras de Segunda Instancia,
Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz, así como la organización y funcionamiento
de la Escuela de Capacitación Judicial, cuyo objeto es asegurar el mejoramiento en la
formación profesional de los jueces y demás funcionarios judiciales, lo que vuelve a
dicha institución de interés general.
II. Que actualmente el Consejo Nacional de la Judicatura, tiene construida una parte del
edificio que alberga su sede principal en un inmueble de naturaleza urbana, de propiedad
del Estado de El Salvador, en el Ramo de Hacienda marcado como lote número Ocho,
del polígono Uno de la Urbanización San Francisco de la ciudad de San Salvador.
III. Que el Art. 233 de la Constitución, establece que los bienes raíces de la Hacienda Pública
y los de uso público, solo podrán donarse, darse en usufructo, comodato o arrendamiento,
con autorización del Órgano Legislativo a entidades de interés general.
IV. Que con el fin de que el Consejo Nacional de la Judicatura obtenga un inmueble propio
para su sede principal es necesario legalizar la situación mencionada autorizando la
donación del inmueble mencionado en el considerando II, a favor de dicha institución.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Elizardo González
Lovo.
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Ministerio de Hacienda, para que otorgue en calidad de donación al
Consejo Nacional de la Judicatura un inmueble propiedad del Estado en el Ramo de Hacienda,
de naturaleza urbana marcado como lote número Ocho del Polígono Uno de la Urbanización
San Francisco, situado en esta ciudad, con las medidas y linderos siguientes: Partiendo de la
intersección de los ejes de la Calle El Manguito y Avenida Las Gardenias y sobre el eje de esta
última se mide con rumbo Norte, veintisiete grados, cinco minutos, un décimo de minuto Este,
una distancia de ciento treinta y nueve metros con treinta y cinco centímetros, llegando a un
punto del cual se mide con rumbo Norte, sesenta y dos grados, cincuenta y cuatro minutos,
nueve décimos de minuto Oeste, una distancia de siete metros con ochenta y un centímetros,
llegando al mojón Sur-Este, del lote que se describe el cual tiene las siguientes medidas y
linderos: AL SUR, línea recta de setenta y un metros con siete centímetros de longitud y rumbo
Norte, sesenta y dos grados, cincuenta y cuatro minutos, nueve décimos de minuto Oeste,
linda por este rumbo con el lote número siete del mismo Polígono Uno en la Urbanización San
Francisco, propiedad del señor Amado Arias, que antes fue propiedad de Inversiones, Sociedad

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
Anónima, AL PONIENTE, Línea recta de dieciocho metros con dos centímetros de longitud y
rumbo Norte veinticinco grados, siete minutos, tres décimos de minutos Este, linda por este
rumbo con terrenos nacionales, calle de por medio que de San Salvador conducía a Santa
Tecla; AL NORTE, línea recta de setenta y cinco metros con cincuenta centímetros de longitud y
rumbo SUR, setenta y dos grados, cincuenta y cuatro minutos, nueve décimos de minutos Este,
linda por este rumbo con el lote número nueve del mismo Polígono Uno de la Urbanización San
Francisco, propiedad señor Alvaro Leopoldo Sánchez, que antes fue propiedad de Inversiones,
Sociedad Anónima; y AL ORIENTE, línea curva de deflexión izquierda de dieciocho metros con
cuarenta y cuatro centímetros de longitud, linda por este rumbo con el lote número treinta
y siete del Polígono cinco de la Urbanización San Francisco, propiedad de los señores Mario
Echeverría y Rosa Diana Haydée Rais de Echeverría, que antes fue propiedad de Inversiones,
Sociedad Anónima, Avenida Las Gardenias de por medio de dieciséis metros de derecho de
vía. El lote así descrito tiene un área de un mil trescientos trece metros cuadrados con diez
decímetros cuadrados, equivalentes a un mil ochocientas setenta y ocho varas cuadradas con
setenta y ocho décimos de vara cuadrada.
Art. 2.- Facúltase al Fiscal General de la República para que en nombre y representación
del Estado de El Salvador, comparezca a otorgar la Escritura Pública de donación.
Art. 3.- Previa a la formalización de la Escritura Pública correspondiente, el Ministerio de
Hacienda deberá realizar el valúo del inmueble antes citado, para efectos de poder descargarlo
contablemente y demás efectos legales.
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a uno de abril del año dos mil
cinco.
D. O. N° 80, Tomo N° 367, Fecha: 29 de abril de 2005.
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DECRETO No. 665
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el Estado de El Salvador en el Ramo de Agricultura y Ganadería, es actualmente
propietario de un inmueble ubicado sobre el kilómetro 82 1 /2 de la Carretera que de
Santa Ana conduce a Metapán, en el Cantón Chilcuyo, jurisdicción de Texistepeque,
Departamento de Santa Ana, y que según su antecedente es de naturaleza rústica,
compuesto de dos porciones que forman un solo cuerpo, inscrito a favor del Estado bajo
el número 113 del Libro 417 de propiedad del mismo Departamento.
II. Que el Consejo de Ministros en el Punto de Acta número seis de la Sesión número ocho
celebrada el día 23 de diciembre del año 2004, autorizó al Ministerio de Agricultura y
Ganadería entregar en calidad de comodato para un período de cincuenta años a favor
de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Texistepeque, una porción de terreno
equivalente a cero punto ochenta y dos manzanas que forma parte de un inmueble
de mayor extensión, el cual contiene construcciones permanentes de ruedo, corrales,
tribuna, graderías con techo, pabellón de exhibición de ganado, entre otros, y será
utilizada por la referida Asociación para la realización de ferias ganaderas y jaripeos.
III.- Que a fin de cumplir con lo establecido en el Art. 233 de la Constitución, es necesario
que se autorice la entrega en comodato de la relacionada porción de terreno a que hace
referencia el considerando que antecede a favor de dicha Asociación de Ganaderos.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Agricultura y Ganadería,
DECRETA:
Art. 1.- Autorizase al Ministerio de Agricultura y Ganadería entregar en calidad de
comodato a favor de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Texistepeque, para un período
de cincuenta años, una porción de terreno de Cero Punto Ochenta y Dos manzanas, que forma
parte de un inmueble de mayor extensión, ubicado sobre el kilómetro 82 1 /2 de la Carretera
que de Santa Ana conduce a Metapán, en el Cantón Chilcuyo, jurisdicción de Texistepeque,
Departamento de Santa Ana y que según su antecedente es de naturaleza rústica, compuesto
de dos porciones que forman un solo cuerpo, inscrito a favor del Estado de El Salvador bajo el
número 113 del Tomo 417 de propiedad del mismo departamento. Dicha porción de terreno se
encuentra estimada en un valor de Setenta y Ocho mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Dólares
de los Estados de América, y será entregado a la Asociación de Ganaderos y Agricultores de
Texistepeque, para la realización de ferias ganaderas y jaripeos.
Art. 2.- Facúltase al Fiscal General de la República para que en nombre y representación
del Estado de El Salvador, otorgue la Escritura Pública correspondiente.

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Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
Art. 3.- La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Texistepeque, deberán pagar
cualquier impuesto u otro tipo de gastos que este acto genere.
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a uno de abril del año dos mil
cinco.
D. O. N° 80, Tomo N° 367, Fecha: 29 de abril de 2005
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Parte IV

Parte IV
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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DECRETO No. 666
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería, ejecutó durante el
período comprendido de enero a abril de 1999, el Proyecto denominado “Construcción de
Agromercado” o “Mercado Mayorista de Frutas y Hortalizas Las Pilas”, con una inversión
de siete millones de colones, realizado en una porción de terreno de cinco manzanas,
ubicadas propiamente en el Sector Sur de la Subporción Primera de la Primera Porción
de un inmueble de naturaleza rústica, de mayor extensión, propiedad del Fondo Social
para la Vivienda, denominado “Finca La Bretaña”, situada en el kilómetro 17 1 /2 sobre el
nuevo tramo de la Carretera Panamericana en la jurisdicción de San Martín, Departamento
de San Salvador inscrita a su favor en el Registro Social de Inmuebles con la Matrícula
M01117505.
II. Que el Fondo Social para la Vivienda en sesiones de Junta Directiva números JD-16/1999
del día 29 de septiembre de 1999, y su ampliación acordada en la sesión JD-14/2000 de
fecha 7 de julio de 2000, así como en la Sesión JD-19/2004 del día 16 de abril de 2004,
ratificada el día 21 del mismo mes, autorizó la concesión en comodato para un período
de 50 años, de un área de cinco manzanas de terreno utilizadas en la construcción del
mencionado Agromercado denominado “San Martín” o “Mercado Mayorista de Frutas y
Hortalizas Las Pilas”, a favor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pudiendo éste
darlo en administración al organismo privado o público que se estime conveniente.
III.- Que en sesiones números 16 y 5, celebradas los días 22 de diciembre del año 2000 y 29
de septiembre de 2004, respectivamente, el Consejo de Ministros autorizó al Fondo Social
para la Vivienda entregar en comodato para un período de 50 años a favor del Ministerio
de Agricultura y Ganadería, la porción de terreno relacionada en los considerandos que
anteceden.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Agricultura y Ganadería,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Fondo Social para la Vivienda para que otorgue en calidad de
comodato para un período de 50 años, a favor del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y
Ganadería, una porción de terreno de una extensión de Cinco manzanas, ubicadas propiamente
en el Sector Sur de la Subporción Primera de la Primera Porción, que forma parte de un
inmueble de naturaleza rústica de mayor extensión, conocida como Finca “La Bretaña”, ubicada
en el kilómetro 17 1 /2 sobre el nuevo tramo de la Carretera Panamericana en la jurisdicción
de San Martín, departamento de San Salvador, inscrita a favor del mencionado Fondo con la
Matrícula M01117505 del Registro Social de Inmuebles, y estimada en un valor de un millón
doscientos noventa y cinco mil ciento cuarenta dólares de los Estados Unidos de América,

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
la cual será entregada para que funcione en ella el Agromercado “San Martín” o “Mercado
Mayorista de Frutas y Hortalizas Las Pilas”, facultando a la misma Secretaría de Estado para
que pueda darla en administración al organismo privado o público que estime conveniente.
Art. 2.- Facúltase al Fiscal General de la República para que en nombre y representación
del Estado de El Salvador, comparezca en el otorgamiento de la escritura pública
correspondiente.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a uno de abril del año dos mil
cinco.
D. O. N° 80, Tomo N° 367, Fecha: 29 de abril de 2005
457
Parte IV

Parte IV
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
458
DECRETO No. 679
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el Gobierno de la República tiene dentro de su Plan de Gobierno objetivos y políticas
diseñadas para promover el crecimiento y mantener la estabilidad macroeconómicas.
II. Que para la consecución de lo antes mencionado, se ha gestionado ante el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el otorgamiento de un préstamo
hasta por un monto de CIEN MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US $100,000,000.00), recursos que se destinarán para financiar la ejecución
del “Programa de Políticas de Crecimiento y Desarrollo en El Salvador”.
III. Que por Decreto Legislativo No. 585, de fecha 19 de enero del 2005, publicado en
el Diario Oficial No. 18, Tomo No. 366 del 26 del mismo mes y año, se autoriza al
Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que emita Títulos Valores de Crédito
en dólares de los Estados Unidos de América, estableciendo que el monto autorizado
en dicho Decreto podrá ser disminuido al concretarse la aprobación de un préstamo a
suscribirse con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) hasta por
la suma de CIEN MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US
$100,000,000.00).
IV. Que en atención a lo antes expuesto y con base a lo establecido en el Art. 148 de la
Constitución de la República, es conveniente autorizar al Órgano Ejecutivo en el Ramo
de Hacienda, para que suscriba con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), el Convenio de Préstamo antes relacionado.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA:
Art. 1. Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por medio de
su Titular o del Representante que él designe, suscriba en nombre del Estado y Gobierno de
la República, un Convenio de Préstamo hasta por un monto de CIEN MILLONES DE DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $100,000,000.00), con el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que estará sujeto a las condiciones siguientes:
MONTO TOTAL DEL PRESTAMO : H ASTA C I E N M I L LONES D E D Ó L A R E S
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US$100,000,000.00).
PLAZO DE AMORTIZACIÓN : Veinte (20) años.

PERÍODO DE GRACIA : Un (1) año.
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Aprobaciones y Autorizaciones Legislativas
INTERESES : La tasa de interés que se aplica será igual a la
tasa variable LIBOR a seis (6) meses en dólares,
más un margen fijo, menos cualquier exención
aplicable.
FORMA DE PAGO : Mediante cuarenta (40) cuotas semestrales
consecutivas y en lo posible iguales, hasta la total
cancelación del mismo.
COMISIÓN INICIAL : Cero punto cincuenta por ciento (0.50%) sobre el
monto del préstamo.
COMISIÓN DE COMPROMISO : Cero punto ochenta y cinco del uno por
ciento (0.85% del 1%) anual sobre saldos no
desembolsados del financiamiento, a partir de
sesenta (60) días después de la fecha del Convenio
de Préstamo durante los primeros cuatro (4) años,
y cero punto setenta y cinco del uno por ciento
(0.75% del 1%), a partir del quinto año en adelante
hasta la finalización de los desembolsos.
DESTINO : Financiar la ejecución del “Programa de Políticas
de Crecimiento y Desarrollo en El Salvador”.
Art. 2. El Convenio de Préstamo que suscriba el Gobierno de la República de El Salvador,
con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), de conformidad con el presente
Decreto, deberá someterse a la aprobación de esta Asamblea Legislativa, para su validez.
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintisiete días del mes de
abril del año dos mil cinco.
D. O. N° 86, Tomo N° 367, Fecha: 7 de mayo de 2005.
459
Parte IV

Ratificaciones a
Convenios
Parte V

DECRETO No. 325
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el 10 de diciembre de 2003, se suscribió en Mérida, Yucatán, Estados Unidos
Mexicanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual consta
de Un Preámbulo y Setenta y Un Artículos, en nombre y representación del Gobierno
de la República de El Salvador, por la señora Ministra de Relaciones Exteriores, María
Eugenia Brizuela de Ávila.
II. Que la referida Convención, fue aprobada por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de
Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo No. 84 de fecha 27 de febrero del presente
año y sometida a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para su validez.
III.- Que la Convención a la que se hace referencia en los Considerandos anteriores, no
contiene ninguna disposición contraria a la Constitución, por lo que es procedente su
ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio de la Ministra de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción, la cual consta de Un Preámbulo y Setenta y Un Artículos, suscrita en Mérida,
Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, el 10 de diciembre de 2003, en nombre y representación
del Gobierno de la República de El Salvador, por la señora Ministra de Relaciones Exteriores,
María Eugenia Brizuela de Ávila; aprobada por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones
Exteriores, por medio del Acuerdo No. 84 de fecha 27 de febrero del presente año; siendo
procedente hacer las siguientes DECLARACIONES: a) Con relación a lo establecido en el
Artículo 44, la República de El Salvador no considera la Convención antes relacionada como
la base jurídica de cooperación en materia de extradición; b) Con relación al Artículo 46
numerales 13 y 14, notifica que la Autoridad Central por parte de El Salvador es el Ministerio
de Relaciones Exteriores y en cuanto al idioma aceptable, es el castellano y c) Con relación
al Artículo 66, el Gobierno de la República de El Salvador manifiesta que no se considera
vinculado con lo establecido en el párrafo 2 de este artículo, en virtud de lo consagrado en el
párrafo 3 del mismo, por no reconocer la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de
Justicia. Lo anterior, enmarcado exclusivamente dentro del contexto del proceso de solución
de controversias establecido en el artículo relacionado.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte días del mes de mayo
del año dos mil cuatro. D. O. N° 119, Tomo N° 363, Fecha: 28 de junio de 2004.
463
Parte V

Parte V
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
464
DECRETO N° 326
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 3 de febrero del año 2004, fue suscrito en Ginebra, Suiza, el Protocolo
de adhesión de la República de El Salvador al Acuerdo por el que se establece el Centro
de Asesoría Legal en Asuntos de la Organización Internacional del Comercio (OMC),
adoptado en Seattle, Washington, el 30 de noviembre de 1999, el cual Consta de un
preámbulo y dos partes; en nombre y representación del Gobierno de la República
de El Salvador, por el Señor Embajador acreditado ante la Organización Mundial del
Comercio, en Ginebra, Suiza, Licenciado Francisco Alberto Lima Mena, y en nombre y
representación del Centro de Asesoría Legal de la OMC, por el Director Ejecutivo Frieder
Roessler.
II. Que el Protocolo antes mencionado, ha sido aprobado en todas sus partes por el Órgano
Ejecutivo en el ramo de Relaciones Exteriores, mediante Acuerdo N°182 de fecha 20
de abril del 2004 y sometido a consideración de esta Asamblea Legislativa para su
ratificación.
III. Que el Protocolo de Adhesión relacionado, no contraviene el marco Constitucional
Salvadoreño, por lo que es procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ramo de Relaciones Exteriores, de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes el Protocolo de Adhesión de la República de
El Salvador al Acuerdo por el que se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la
Organización Internacional del Comercio (OMC), adoptado en Seattle, Washington, el 30 de
noviembre de 1999, el cual Consta de un preámbulo y dos partes; suscrito el 3 de febrero
del año 2004 en Ginebra, Suiza, en nombre y representación del Gobierno de la República de
El Salvador, por el Señor Embajador acreditado ante la Organización Mundial del Comercio,
Licenciado Francisco Alberto Lima Mena, y en nombre y representación del Centro de Asesoría
Legal de la OMC, por el Director Ejecutivo Frieder Roessler, aprobado por el Órgano Ejecutivo en
el ramo de Relaciones Exteriores, mediante Acuerdo N°182 de fecha 20 de abril del 2004.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte días del mes de mayo
del año dos mil cuatro. D. O. N° 122, Tomo N° 364, Fecha: 1 de julio de 2004.

DECRETO N° 329
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), establece que
podrá facilitar asistencia y asesoramiento técnico a los países miembros, en ese sentido
ha otorgado a la República de El Salvador, la Cooperación Técnica No Reembolsable
No. ATN/SF-8552-ES, suscrita con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
por un monto de CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMÉRICA
(US$150,000.00), recursos destinados para financiar la contratación de Servicios de
Consultoría necesarios para la realización del Programa “Desarrollo de la Estrategia de
Sistemas de Agua Potable Rural”, la cual será ejecutada por la Administración Nacional
de Acueductos y Alcantarrillados (ANDA);
II. Que la Carta Convenio a la que se hace referencia en el Considerando anterior, fue
suscrita el 11 de febrero de 2004, por el Ingeniero Philippe Dewez Representante del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en El Salvador, y por el Doctor Juan José
Daboub Abdala, en su calidad de Secretario Técnico de la Presidencia y Gobernador de
El Salvador ante el BID, en representación del Estado y Gobierno de la República de El
Salvador;
III. Que para completar el financiamiento para el desarrollo del Programa, el Gobierno de
la República de El Salvador, tendrá que aportar en especie la cantidad de VEINTE MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$20,000.00), y
IV.- Que la Carta Convenio a la que se hace referencia en los considerandos anteriores,
no contiene ninguna disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su
ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministro de Hacienda, y de conformidad al Art. 131, Ordinal 7° de la Norma
Fundamental, en relación con el Art. 168, Ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, la Carta Convenio de Cooperación Técnica,
No Reembolsable No. ATN/SF-8552-ES, suscrita con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), por un monto de CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US$150,000.00), recursos destinados para financiar la contratación de servicios de
consultoría necesarios para la realización del Programa “Desarrollo de la Estrategia de Sistema
de Agua Potable Rural”, la cual será ejecutada por la Administración Nacional de Acueductos
y Alcantarrillados (ANDA), suscrita el 11 de febrero del 2004, por el Ing. Philippe Dewez,
Representante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID en El Salvador, y por el Doctor
Juan José Daboub Abdala, en su calidad de Secretario Técnico de la Presidencia y Gobernador
de El Salvador ante el BID, en Representación del Estado y Gobierno de la República de El
Salvador.
465
Parte V

Parte V
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
466
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil cuatro.
D. O. N° 118, Tomo N° 363, Fecha: 25 de junio de 2004.

DECRETO N° 361
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el 26 de enero del presente año, se suscribió en esta Ciudad, el Convenio de
Cooperación Cultural y Educativa entre la República de El Salvador y la República de
Nicaragua.
II. Que el referido Convenio, ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo N° 255, de fecha 4 de junio del presente
año y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para su validez.
III. Que el Convenio al que se hace referencia en los Considerandos anteriores, no
contiene ninguna disposición contraria a la Constitución, por lo que es procedente su
ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministro de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Norma Fundamental, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa
entre la República de El Salvador y la República de Nicaragua, el cual consta de Un Preámbulo y
Dieciocho Artículos, suscrito en esta Ciudad, el 26 de enero del 2004, en nombre y representación
del Gobierno de la República de El Salvador, por la entonces señora Ministra de Relaciones
Exteriores, Licenciada María Eugenia Brizuela de Ávila; aprobado por el Órgano Ejecutivo
en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo No. 255 de fecha 4 de junio del
presente año.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de
junio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 137, Tomo N° 364, Fecha: 22 de julio de 2004.
467
Parte V

Parte V
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
468
DECRETO N° 377
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el 28 de abril del presente año, se suscribió en esta Ciudad, la Enmienda No. 10 al
Convenio de Donación de Objetivo Estratégico entre el Gobierno de los Estados Unidos
de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
y el Gobierno de la República de El Salvador para el Objetivo Estratégico No. 519-002
Procesos Democráticos más Inclusivos y Efectivos, Actividad No. 519-0436 “Consolidación
Democrática y Gobernabilidad”, el cual consta de Un Preámbulo, Tres Numerales y los
Adjuntos 1, 2 y 3; en nombre y representación de El Salvador, por la entonces Ministra
de Relaciones Exteriores, María Eugenia Brizuela de Ávila.
II. Que la referida Enmienda No. 10 al Convenio de Donación, ha sido aprobada por el
Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Acuerdo No.
303, de fecha 1 de julio del corriente año y sometido a ratificación de esta Asamblea
Legislativa, para su validez.
III. Que la Enmienda No. 10 al Convenio de Donación a la que se hace referencia en los
Considerandos anteriores, no contiene ninguna disposición contraria a la Constitución,
siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio de la Ministra de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, la Enmienda No. 10 al Convenio de Donación
de Objetivo Estratégico entre el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Gobierno de la República
de El Salvador para el Objetivo Estratégico No. 519-002 Procesos Democráticos más Inclusivos
y Efectivos, Actividad No. 519-0436 “Consolidación Democrática y Gobernabilidad”, el cual
consta de Un Preámbulo, Tres Numerales y los Adjuntos 1, 2 y 3, suscrita en San Salvador, el
28 de abril de 2004 por la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, María Eugenia Brizuela
de Ávila; aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio
del Acuerdo No. 303, de fecha 1 de julio del corriente año.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los quince días del mes de julio
del año dos mil cuatro. D. O. N° 157, Tomo N° 364, Fecha: 26 de agosto de 2004

DECRETO No. 378
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que mediante Decreto Legislativo No. 214, de fecha 7 de diciembre de 2000, publicado
en el Diario Oficial No. 240, tomo No. 349, del 21 de ese mismo mes y año, la Asamblea
Legislativa ratificó el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y
las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras.
II. Que de conformidad al Artículo 3-04 Desgravación Arancelaria, párrafo 6 y 7 del Tratado,
las Partes están facultadas para acelerar la eliminación de aranceles aduaneros prevista
en el Programa de Desgravación Arancelaria.
III. Que el Artículo 18-01 del Tratado crea la Comisión Administradora del mismo, la cual
tiene dentro de sus principales funciones, las de velar por el cumplimiento y correcta
aplicación de las disposiciones del Tratado, proponer medidas encaminadas a la correcta
administración y desarrollo del Tratado y sus anexos y recomendar a las Partes la
adopción de medidas necesarias para implementar sus decisiones.
IV. Que según Decisión Número 7, adoptada por la Comisión Administradora del Tratado, en
fecha 29 de julio de 2003, se acordó acelerar la desgravación establecida en el Anexo al
Artículo 3-04 (5) (Programa de Desgravación Arancelaria), para las partidas arancelarias
6401.92.01, 6402.99.01, 6401.92.00 y 6402.99.00, correspondiente a productos de
calzado de plástico, dentro del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras.
V. Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3-04,párrafo 7 del Tratado, el acuerdo
adoptado prevalecerá sobre cualquier arancel o categoría de desgravación señalado
en la lista de desgravación de cada Parte en el Anexo al mencionado Artículo 3-04 del
Tratado.
VI. Que es necesario dictar las disposiciones legales correspondientes para asegurar la
correcta aplicación de la Decisión Número 7, adoptada por la Comisión Administradora
del Tratado de Libre Comercio a que este Decreto se refiere.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por
medio del Ramo de Economía y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la Constitución,
DECRETA:
Art. 1.- Ratíficase en todas sus partes la Decisión No. 7 “Trato Nacional y Acceso de
Bienes al Mercado”, acordada por la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio
entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, por
medio de la cual los Estados Unidos Mexicanos y El Salvador acuerdan acelerar la desgravación
arancelaria para las siguientes fracciones arancelarias:
469
Parte V

Parte V
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
470
Fracciones Arancelarias en las que los Estados Unidos Mexicanos aceleran la desgravación
con el Salvador:
Fracción Descripción Tasa Base
6401.92.01 Con suela y parte superior recubierta (incluidos los accesorios
o refuerzos) de poli (cloruro de vinilo) (P.V.C.) en más del 90%
incluso con soporte o forro de poli (cloruro de vinilo) (P.V.C.),
pero con exclusión de cualquier otro soporte o forro.
6402.99.01 Sandalias y artículos similares de plástico, cuya suela haya
sido moldeada en una sola pieza.
Fracciones arancelarias en las que El Salvador acelera la desgravación con los Estados
Unidos Mexicanos:
Fracción Descripción Tasa Base
6401.92.00 Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla L
6402.99.00 Los demás L
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los quince días del mes de julio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 162, Tomo N° 364, Fecha: 2 de septiembre de 2004
L
L

DECRETO N° 379
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que del 13 al 17 de noviembre del 2000, en la ciudad de Washington D.C., se celebro
la Vigésima Quinta reunión de la Asamblea de Partes de la Organización Internacional
de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT), y se aprobaron Enmiendas al Acuerdo
relativo a INTELSAT.
II. Que la referida Enmienda, ha sido aprobada por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, mediante Acuerdo No. 221, de fecha 17 de mayo del corriente
año y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para su validez.
III. Que la Enmienda, a la que se hace referencia en los Considerandos anteriores, no contiene
ninguna disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio de la Ministra de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, las Enmiendas al Acuerdo relativo a la Organización
Internacional de Telecomunicaciones por Satélite “INTELSAT”, las cuales constan de Un
Preámbulo, Veintidós Artículos, el enunciado de Un nuevo Artículo e Instrucciones generales
para todos los artículos; aprobada en la Vigésimo Quinta Asamblea de Partes de INTELSAT,
llevado a cabo en Washington D.C., del 13 al 17 de noviembre de 2000 y aprobado por el
Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo No. 221, de
fecha 17 de mayo del corriente año.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días despues de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los quince días del mes de julio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 158, Tomo N° 364, Fecha: 27 de agosto de 2004
471
Parte V

Parte V
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
472
DECRETO N° 380
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el 9 y 10 de noviembre del 2000, en la ciudad de Washington D.C., se celebró la
Trigésima Primera Reunión de Signatarios del Acuerdo Operativo, relativo a la Organización
Internacional de Telecomunicaciones por Satélite “INTELSAT” y se aprobó la Enmienda
del Artículo 23 del Acuerdo Operativo a INTELSAT.
II. Que la referida Enmienda del Artículo 23, ha sido aprobada por el Órgano Ejecutivo a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Acuerdo No. 222, de fecha 17
de mayo del corriente año y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para
su validez.
III. Que la Enmienda del Artículo 23, relacionada en los Considerandos anteriores, no contiene
ninguna disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio de la Ministra de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, la Enmienda del Artículo 23 del Acuerdo Operativo
relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite “INTELSAT”, la
cual consta de Tres Párrafos; aprobada en la Trigésima Primera Reunión de Signatarios del
Acuerdo Operativo de INTELSAT, llevada a cabo en Washington D.C., el 9 y 10 de noviembre
de 2000; aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio
del Acuerdo No. 222, de fecha 17 de mayo del corriente año.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los quince días del mes de julio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 158, Tomo N° 364, Fecha: 27 de agosto de 2004

DECRETO No. 422
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el 15 de diciembre del 2003, fue adoptado en Roma, Italia, el Acuerdo de Diálogo
Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una
parte; y las Repúblicas de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá, por otra parte.
II. Que el referido Acuerdo de Diálogo, ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Acuerdo No. 353, de fecha 13 de
agosto del corriente año y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para
su inclusión en el ordenamiento jurídico salvadoreño vigente y positivo.
III. Que el Acuerdo de Diálogo al que se refieren los Considerandos anteriores, no contiene
ninguna disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministro de Relaciones Exteriores, de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una Parte; y las Repúblicas de El
Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, por otra Parte; adoptado
en Roma, Italia, el 15 de diciembre de 2003 y que consta de Un Preámbulo, 60 Artículos y Un
Anexo; aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio del
Acuerdo No. 353, de fecha 13 de agosto del corriente año.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres días del mes de septiembre
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 193, Tomo N° 365, Fecha: 18 de octubre de 2004
473
Parte V

Parte V
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
474
DECRETO N° 435
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el 13 de mayo del presente año, fue suscrita en Washington D.C, por la Ministra
Consejera de la Embajada de la República de El Salvador en los Estados Unidos de
América, Licenciada Carmen Tobar Sandoval, la Convención para el Fortalecimiento de la
Comisión Interamericana del Atún Tropical establecida por la Convención de 1949 entre
los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica “Convención de Antigua”;
la cual consta de Un Preámbulo, Treinta Artículos y Cuatro Anexo.
II. Que la referida Convención, ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Acuerdo No. 355, de fecha 18 de agosto
del corriente año y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para su inclusión
en el ordenamiento jurídico salvadoreño vigente y positivo.
III. Que la Convención a la que se refieren los Considerandos anteriores, no contiene ninguna
disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministro de Relaciones Exteriores, de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, la Convención para el Fortalecimiento de la
Comisión Interamericana del Atún Tropical establecida por la Convención de 1949 entre los
Estados Unidos de América y la República de Costa Rica “Convención de Antigua”, suscrita en
Washington D.C., Estados Unidos de América el 13 de mayo de 2004 por la Ministra Consejera
de la Embajada de la República de El Salvador en los Estados Unidos de América, Licenciada
Carmen Tobar Sandoval, la cual consta de Un Preámbulo, Treinta Artículos y Cuatro Anexo;
aprobada por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo
No. 355, de fecha 18 de agosto del corriente año.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
septiembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 195, Tomo N° 365, Fecha: 20 de octubre de 2004

DECRETO No. 440
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el 3 de junio del presente año, fueron suscritas las Enmiendas I al Convenio para
la Donación de Productos Agrícolas bajo la Sección 416 (B) entre el Gobierno de los
Estados Unidos de América y el Gobierno de El Salvador, correspondiente al año fiscal
2001 y 2002, suscrita el 3 de junio de 2004 y que consta de Cuatro Numerales y Tres
Numerales respectivamente.
II. Que la referida Enmiendas al Convenio, ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Acuerdo No. 415, de fecha 9
de septiembre del corriente año y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa,
para su inclusión en el ordenamiento jurídico salvadoreño vigente y positivo.
III. Que las Enmiendas al Convenio a la que se refieren los Considerandos anteriores,
no contiene ninguna disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su
ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministro de Relaciones Exteriores, de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, las Enmiendas I al Convenio para la Donación
de Productos Agrícolas bajo la Sección 416 (B) entre el Gobierno de los Estados Unidos de
América y el Gobierno de El Salvador, correspondiente al año fiscal 2001 y 2002, suscrita el
3 de junio de 2004 y que consta de Cuatro Numerales y Tres Numerales respectivamente;
aprobada por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo
No. 415, de fecha 9 de septiembre del corriente año.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós días del mes de
septiembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 201, Tomo N° 365, Fecha: 27 de octubre de 2004
475
Parte V

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DECRETO No. 467
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que el 23 de marzo del presente año, se suscribió en esta ciudad, el Addendum No.
2 al Contrato de Aporte Financiero y de Ejecución del Programa de Agua Potable y
Saneamiento Básico Rural II; en nombre y representación del Gobierno de la República
de El Salvador, por la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, Licenciada María
Eugenia Brizuela de Ávila, y el Presidente de la Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA), Licenciado Manuel Enrique Arrieta y en nombre y representación
de la República Federal de Alemania, a través del Instituto Alemán de Crédito para la
Reconstrucción (KFW), por su los Señores Dieter Neuhaus y Wolfgang Wendrich.
II.- Que el referido Addendum No. 2, ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo N° 439, de fecha 30 de
septiembre del 2004 y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para su
inclusión en el ordenamiento jurídico salvadoreño vigente y positivo.
III- Que el Addendum No. 2, a la que se refiere los Considerandos anteriores, no contiene
ninguna disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio de la Ministra de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, el Addendum No. 2 al Contrato de Aporte Financiero
y de Ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II, Contrato de Aporte
Financiero y de Ejecución del 19 de diciembre de 2001 en la versión de Addendum No. 1 del
29.05/06.09.2002, por el valor de EUR 10.225.837, 62-No. 2000 65 672 entre la República
de El Salvador y la República Federal de Alemania, a través del Instituto Alemán de Crédito
para Reconstrucción (KFW), el cual consta de Un Preámbulo, la modificación al Artículo 7.1 i)
y un nuevo Artículo 7.1 j) del Contrato de Aporte Financiero y de Ejecución del Programa del
19.12.2001; suscrito en esta ciudad el 23 de marzo de 2004, en nombre y representación del
Gobierno de la República de El Salvador, por la entonces Ministra de Relaciones Exteriores,
Licenciada María Eugenia Brizuela de Ávila, y el Presidente de la Administración Nacional
de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Licenciado Manuel Enrique Arrieta y en nombre y
representación de la República Federal de Alemania, a través del Instituto Alemán de Crédito
para la Reconstrucción (KFW), por los Señores Dieter Neuhaus y Wolfgang Wendrich; aprobado
por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo No. 439,
de fecha 30 de septiembre del 2004.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 225, Tomo N° 365, Fecha: 2 de diciembre de 2004
477
Parte V

Parte V
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
478
DECRETO No. 472
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPuBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que el 3 de septiembre del presente año, se suscribió en la ciudad de Bogotá D.C,
Colombia, el Acuerdo entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno
de la República de Colombia sobre el Ejercicio de Actividades Remuneradas por parte
de Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico; en
representación de la República de El Salvador, por el Ministro de Relaciones Exteriores,
Licenciado Francisco Esteban Laínez Rivas y en nombre y representación de la República
de Colombia, por la Señora Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco.
II.- Que el referido Acuerdo, ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo N° 444, de fecha 5 de octubre de 2004 y
sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para su inclusión en el ordenamiento
jurídico salvadoreño vigente y positivo.
III- Que el Acuerdo, al que se refiere los Considerandos anteriores, no contiene ninguna
disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio de la Ministra de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, el Acuerdo entre el Gobierno de la República
de El Salvador y el Gobierno de la República de Colombia sobre el Ejercicio de Actividades
Remuneradas por parte de Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo
y Técnico, el cual consta de un Preámbulo y Cuatro Artículos; Instrumento Internacional que
fue suscrito en la ciudad de Bogotá, D.C., Colombia, el día 3 de septiembre del presente año,
en representación de la República de El Salvador, por el Ministro de Relaciones Exteriores,
Licenciado Francisco Esteban Laínez Rivas y en nombre y representación de la República de
Colombia, por la Señora Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco; aprobado por el
Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo No. 444, de
fecha 5 de octubre de 2004.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 225, Tomo N° 365, Fecha: 2 de diciembre de 2004

DECRETO No. 479
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que el Addendum No. 1, al Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y
la República de El Salvador al Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en El
Salvador”, fue suscrito en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 20 de diciembre del año 2002,
en nombre y representación de la Comunidad Europea por el Señor Director de América
Latina de EuropAid, Fernando Cardesa y el día 15 de mayo del año 2003, en esta ciudad,
en nombre y representación de la República de El Salvador, por el entonces Viceministro
de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Ingeniero Roberto Interiano.
II.- Que el referido Addendum No. 1, ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo N° 443, de fecha 5 de octubre
de 2004 y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para su inclusión en el
ordenamiento jurídico salvadoreño vigente y positivo.
III.- Que el Instrumento al que se refieren los Considerandos anteriores, no contiene ninguna
disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministro de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, el Addendum No. 1 al Convenio de Financiación
entre la Comunidad Europea y la República de El Salvador del Proyecto “Fortalecimiento de la
Gestión Ambiental de El Salvador” SLV/B7-3100/98/0232, el cual consta de Un Preámbulo, una
justificación y las modificaciones al Artículo 2: Objeto, Artículo 3: Financiación de la Comunidad,
Anexo 2: Disposiciones Técnicas y Administrativas, dentro del cual se modifica el literal E
ACoordinación Interinstitucional” del Componente II 3-2 “Actividades Principales”, el Título
V: Medios Previstos y Modos de Realización, específicamente los numerales V.2, V.5, V.7 y el
romano VI: Financiación; Instrumento Internacional que fue suscrito en la ciudad de Bruselas,
Bélgica, el día 20 de diciembre del año 2002, en nombre y representación de la Comunidad
Europea, por el Señor Director de América Latina de EuropAid, Fernando Cardesa y el día
15 de mayo del año 2003, en esta ciudad, en nombre y representación de la República de El
Salvador, por el entonces Viceministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional,
Ingeniero Roberto Interiano; aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones
Exteriores, por medio del Acuerdo No. 443, de fecha 5 de octubre de 2004.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintisiete días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 226, Tomo N° 365, Fecha: 3 de diciembre de 2004
479
Parte V

Parte V
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
480
DECRETO No. 480
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que en la 510 Sesión Plenaria de la Asamblea Mundial de la Salud, se resolvió la
modificación de los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), reformas que deben ser aceptadas por los miembros de la misma, de
conformidad con el Art. 73 de la Constitución de la OMS.
II.- Que la modificación a los Artículos antes referidos, ha sido aprobada por el Órgano
Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo N° 451,
de fecha 12 de octubre de 2004 y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa,
para su inclusión en el ordenamiento jurídico salvadoreño vigente y positivo.
III.- Que el Instrumento Internacional, al que se refieren los Considerandos anteriores,
no contiene ninguna disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su
ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministro de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, la modificación de los Artículos 24 y 25 de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS),que consta de Tres Numerales;
aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo
No. 451, de fecha 12 de octubre de 2004.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintisiete días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 226, Tomo N° 365, Fecha: 3 de diciembre de 2004

DECRETO No. 481
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que el 26 de febrero del presente año, se suscribió en la ciudad de Guatemala, República
de Guatemala, el Cuarto Protocolo al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano
y Otras Instancias Políticas; en nombre y representación de la República de El Salvador,
por el entonces Señor Presidente de la República, Francisco Guillermo Flores Pérez;
en nombre y representación de la República de Guatemala, por el Señor Presidente
de la República, Oscar Berger Perdomo; en nombre y Representación de la República
de Honduras, por el Señor Presidente de la República, Ricardo Maduro; en nombre y
representación de la República de Nicaragua, por el Señor Presidente de la República,
Enrique Bolaños Geyer; y en nombre y representación de la República de Panamá, por
la Señora Presidenta de la República, Mireya Moscoso Rodríguez.
II.- Que el referido Cuarto Protocolo, ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo N° 446, de fecha 8 de octubre
de 2004 y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para su inclusión en el
ordenamiento jurídico salvadoreño vigente y positivo.
III.- Que el Instrumento Internacional, al que se refiere los Considerandos anteriores,
no contiene ninguna disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su
ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministro de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, el Cuarto Protocolo al Tratado Constitutivo del
Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, el cual consta de Un Preámbulo
y Cuatro Artículos; Instrumento Internacional que fue suscrito en la ciudad de Guatemala,
República de Guatemala, el día 26 de febrero del presente año, en nombre y representación
de la República de El Salvador, por el entonces Señor Presidente de la República, Francisco
Guillermo Flores Pérez; en nombre y representación de la República de Guatemala, por el
Señor Presidente de la República, Oscar Berger Perdomo; en nombre y Representación de la
República de Honduras, por el Señor Presidente de la República, Ricardo Maduro; en nombre y
representación de la República de Nicaragua, por el Señor Presidente de la República, Enrique
Bolaños Geyer; y en nombre y representación de la República de Panamá, por la Señora
Presidenta de la República, Mireya Moscoso Rodríguez; aprobado por el Órgano Ejecutivo en
el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo No. 446, de fecha 8 de octubre de
2004.
481
Parte V

Parte V
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
482
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintisiete días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 228, Tomo N° 365, Fecha: 7 de diciembre de 2004

DECRETO No. 507
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que el 3 de septiembre del presente año, se suscribió en esta Ciudad, el Convenio
para la Donación de Productos Agrícolas bajo el Acta de Alimentos para el Progreso,
entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de El
Salvador.
II.- Que el Convenio para la Donación de Productos Agrícolas, ha sido aprobado por el
Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo
N° 509, de fecha 4 de noviembre del presente año y sometido a ratificación de esta
Asamblea Legislativa, para su inclusión en el ordenamiento jurídico salvadoreño vigente
y positivo.
III.- Que el Convenio de Donación, al que se refiere los Considerandos anteriores, no contiene
ninguna disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ramo de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, el Convenio entre el Gobierno de los Estados
Unidos de América y el Gobierno de la República de El Salvador para la Donación de Productos
Agrícolas bajo el Acta de Alimentos para el Progreso, Instrumento Internacional que fue suscrito
en esta ciudad el 3 de septiembre de 2004, en nombre y representación de la República de
El Salvador, por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho, Señor
Eduardo Cálix; el 8 de septiembre de 2004, por el Gerente General de Ventas y Vicepresidente
de la Commodity Credit Corporation, Señor W. Kira Millar, y el 17 de septiembre de 2004,
por el Señor Embajador de los Estados Unidos de América acreditado en al República de El
Salvador, Señor H. Douglas Barclay, ambos en nombre y representación de los Estados Unidos
de América; aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio
del Acuerdo No. 509, de fecha 4 de noviembre de 2004.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil cuatro. D. O. N° 226, Tomo N° 365, Fecha: 3 de diciembre de 2004
483
Parte V

Parte V
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
484
DECRETO No. 508
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que el 14 de septiembre del presente año, se suscribió en esta Ciudad, el Convenio de
Donación de Objetivo Estratégico No. 519-021 Gobernando con Justicia: Gobernabilidad
más Transparente y con Mayor Capacidad de Respuesta, Actividad de USAID No. 519-
0461 “Justicia y Gobernabilidad con Transparencia”, entre el Gobierno de los Estados
Unidos de América por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional y el Gobierno de la República de El Salvador.
II.- Que el Convenio para la Donación de Objetivo Estratégico, ha sido aprobado por el
Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo
N° 505, de fecha 3 de noviembre del presente año y sometido a ratificación de esta
Asamblea Legislativa, para su inclusión en el ordenamiento jurídico salvadoreño vigente
y positivo.
III.- Que el Convenio de Donación, al que se refiere los Considerandos anteriores, no contiene
ninguna disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ramo de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, el Convenio de Donación de Objetivo Estratégico
entre el Gobierno de los Estados Unidos de América por medio de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional y el Gobierno de la República de El Salvador para el Objetivo
Estratégico No. 519-021 Gobernando con Justicia: Gobernabilidad más Transparente y con
Mayor Capacidad de Respuesta, Actividad de USAID No. 519-0461 “Justicia y Gobernabilidad con
Transparencia”, suscrito en esta ciudad el 14 de septiembre de 2004, en nombre y representación
de la República de El Salvador por el Ministro de Relaciones Exteriores, Licenciado Francisco
Esteban Laínez Rivas, y en nombre y representación de los Estados Unidos de América, por
el Señor Director de la Misión a.i., Señor Tully R. Cornick; y que consta de Un Preámbulo y
Siete Artículos, Anexo 1 con Ocho Numerales y Un Adjunto AA” conteniendo el Plan Financiero
Ilustrativo y Anexo 2 con Seis Artículos; aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de
Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo No. 505, de fecha 3 de noviembre de 2004.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cinco días del mes de
noviembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 227, Tomo N° 365, Fecha: 6 de diciembre de 2004

DECRETO No. 509
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que el 16 de septiembre del presente año, se suscribió en esta Ciudad, el Convenio de
Donación de Objetivo Estratégico No. 519-022 Libertad Económica: Economías Abiertas,
Diversificadas y en Expansión, Actividad No. 519-0462 Crecimiento Económico para el
Siglo 21 (CRECER 21), entre el Gobierno de los Estados Unidos de América por medio
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Gobierno de
la República de El Salvador.
II.- Que el Convenio para la Donación de Objetivo Estratégico, ha sido aprobado por el
Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo
N° 508, de fecha 4 de noviembre del presente año y sometido a ratificación de esta
Asamblea Legislativa, para su inclusión en el ordenamiento jurídico salvadoreño vigente
y positivo.
III- Que el Convenio de Donación, al que se refiere los Considerandos anteriores, no contiene
ninguna disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ramo de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, el Convenio de Donación de Objetivo Estratégico
entre el Gobierno de los Estados Unidos de América por medio de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional y el Gobierno de la República de El Salvador para el
Objetivo Estratégico No. 519-022 Libertad Económica: Economías Abiertas, Diversificadas y
en Expansión, Actividad No. 519-0462 Crecimiento Económico para el Siglo 21 (CRECER 21),
suscrito en esta ciudad el 16 de septiembre de 2004, en nombre y representación de la República
de El Salvador, por el Ministro de Relaciones Exteriores, Licenciado Francisco Esteban Laínez
Rivas, y en nombre y representación de los Estados Unidos de América, por el Señor Director
de la Misión a.i., Señor Tully R. Cornick; y que consta de Un Preámbulo y Siete Artículos, Anexo
1 con Ocho Numerales y Un Adjunto “A”, conteniendo el Plan Financiero Ilustrativo y Anexo
2 con Seis Artículos; aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores,
por medio del Acuerdo No. 508, de fecha 4 de noviembre de 2004.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cinco días del mes de
noviembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 227, Tomo N° 365, Fecha: 6 de diciembre de 2004
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DECRETO No. 516
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el 9 de agosto del presente año, se adhirió el Gobierno de El Salvador por medio
del Acuerdo Ejecutivo N° 345, a la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes
Nucleares, aprobada en Viena, el 26 de septiembre de 1986.
II. Que la referida adhesión, ha sido aprobada por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo Ejecutivo N° 464, de fecha 19 de octubre
del corriente año y sometida a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para su validez;
y,
III. Que el Instrumento al que se ha hecho referencia en los Considerandos anteriores,
no contiene ninguna disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su
ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de
la Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, la Convención sobre la Pronta Notificación de
Accidentes Nucleares, aprobada en Viena el 26 de septiembre de 1986 y que consta de Un
Preámbulo y Diecisiete Artículos; a la cual el Gobierno de El Salvador se adhirió por medio del
Acuerdo Ejecutivo No. 345 de fecha 9 de agosto del presente año; aprobada por el Órgano
Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo Ejecutivo No. 464, de
fecha 19 de octubre del corriente año.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 236, Tomo N° 365, Fecha: 17 de diciembre de 2004

DECRETO No. 533
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que mediante Decreto Legislativo No. 386, de fecha 20 de abril del 2001, publicado en
el Diario Oficial No. 82, Tomo No. 351 del 3 de mayo de ese mismo año, se ratificó en
todas sus partes el Canje de Notas Constitutivo de un Acuerdo, suscrito entre el Gobierno
de El Salvador y el Gobierno de los Estados Unidos de América, para varios ejercicios de
entrenamiento militar, permaneciendo en vigencia hasta el 31 de diciembre del 2001.
Posteriormente, mediante Decreto Legislativo No. 476, de fecha 11 de julio del 2001,
publicado en el Diario Oficial No. 150, Tomo 352 del 14 de agosto de ese mismo año,
se ratificó un Canje de Notas Constitutivo de una Enmienda al Acuerdo anteriormente
referido, prolongándose sus efectos hasta el 31 diciembre de 2004.
II. Que el 27 de octubre del presente año, se suscribió en esta Ciudad, el Canje de Notas
Constitutivo de un Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el
Gobierno de la República de El Salvador para prorrogar hasta el 31 de diciembre del
año 2006, los efectos de los de los ejercicios de entrenamiento militar relacionados en
el considerando anterior.
III. Que dicho instrumento internacional, ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo N° 545, de fecha 29 de
noviembre del presente año y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para
su inclusión en el ordenamiento jurídico salvadoreño vigente y positivo.
IV. Que el Canje de Notas, al que se refiere los Considerandos anteriores, no contiene
ninguna disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ramo de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, el Canje de Notas Constitutivo de un Acuerdo
entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de El Salvador
para la Ejecución de Ejercicios de Entrenamiento Médico, Dental y Veterinario (MEDRETEs);
Intercambios de Capacitación Conjuntos y Combinados (JCETs); Intercambios de Pequeñas
Unidades, y otros Ejercicios Militares y Actividades de Entrenamiento que podrán ser de muto
acuerdo, celebrado en esta ciudad el 27 de octubre del presente año, en nombre y representación
del Gobierno de los Estados Unidos de América, por el Señor Embajador de los Estados Unidos
de América acreditado en el país, Señor H. Douglas Barclay, y en nombre y representación
del Gobierno de la República de El Salvador, por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores,
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Licenciado Francisco Esteban Laínez Rivas; aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de
Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo No. 545, de fecha 29 de noviembre de 2004.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 240, Tomo N° 365, Fecha: 23 de diciembre de 2004

DECRETO No. 555
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que el 5 de agosto de 2004, se suscribió en la ciudad de Washington, Distrito de
Columbia, Estados Unidos de América, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica
- República Dominicana y los Estados Unidos de América.
II.- Que el referido Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica B República Dominicana
y los Estados Unidos de América, es un paso histórico para el protagonismo de la nación
dentro del concierto hemisférico, convirtiéndose en un instrumento que promueve
el desarrollo, no solamente dentro del territorio nacional, sino que en toda la región
centroamericana.
III. Que el Tratado de Libre Comercio Centroamérica B República Dominicana y los Estados
Unidos de América otorga acceso preferencial al mercado más grande del mundo y
nuestro principal socio comercial, generando las condiciones y oportunidades para el
establecimiento de nuevas inversiones, posibilitando la generación de más y mejores
fuentes de empleo para los salvadoreños.
IV. Que dicho instrumento se constituye en una herramienta importante para propiciar
el aprovechamiento de oportunidades para El Salvador en una economía cada vez
más globalizada; permitiendo ventajas comerciales para nuestro país que ayudarán a
enfrentar la competencia de otros países en el mercado norteamericano, sobre todo,
frente a la eliminación de las cuotas para productos textiles y de confección al amparo
de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
V. Que el Instrumento relacionado en los Considerandos que anteceden fue aprobado por
el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio de Acuerdo No.
550 de fecha 1 de diciembre de 2004 y no contiene disposición alguna contraria a la
Constitución, por lo que es procedente su ratificación:
POR TANTO,
En uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministro de Relaciones Exteriores de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica
- República Dominicana y los Estados Unidos de América, suscrito en la ciudad de Washington,
Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, el 5 de agosto de 2004, en nombre y
representación del Gobierno de los Estados Unidos de América, por el Representante Comercial
de Estados Unidos de América, Señor Robert Zoellick; en nombre y representación del
Gobierno de El Salvador, por el Señor Viceministro de Economía, Licenciado Eduardo Ayala
Grimaldi; en nombre y representación del Gobierno de Costa Rica, por el Señor Ministro de
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Comercio Exterior, Alberto Trejos; en nombre y representación del Gobierno de Guatemala,
por el Señor Viceministro de Economía Eduardo Sperinsen; en nombre y representación de la
República de Honduras, por el Secretario de Industria y Comercio, Norman García y en nombre
y representación de la República de Nicaragua, por el Señor Ministro de Industria, Fomento y
Mario Arana Sevilla; el cual consta de un Preámbulo, Capítulo Uno “Disposiciones Iniciales”;
Capítulo Dos “Definiciones Generales”; Capítulo Tres “Trato Nacional y Acceso de Mercancía
al Mercado”; Capítulo Cuatro “Reglas de Origen y Procedimientos de Origen”; Capítulo Cinco
“Administración Aduanera y Facilitación del Comercio”; Capítulo Seis “Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias”; Capítulo Siete “Obstáculos Técnicos al Comercio”; Capítulo Ocho “Defensa
Comercial”; Capítulo Nueve “Contratación Pública”; Capítulo Diez “Inversión”; Capítulo Once
“Comercio Transfronterizo de Servicios”; Capítulo Doce “Servicios Financieros”; Capítulo Trece
“Telecomunicaciones”; Capítulo Catorce “Comercio Electrónico”; Capitulo Quince “Derechos de
Propiedad Intelectual”; Capítulo Dieciséis “Laboral”; Capítulo Diecisiete “Ambiental”; Capítulo
Dieciocho “Transparencia”; Capítulo Diecinueve “Administración del Tratado y Creación de
Capacidades Relacionadas con el Comercio”; Capítulo Veinte “Solución de Controversias”;
Capítulo Veintiuno “Excepciones”; Capítulo Veintidós “Disposiciones Finales”; Apéndice 3.3.6
“Sobre Reglas de Origen Especiales”; Anexo 4.1 “Sobre Reglas de Origen Específicas”; Anexos
I, II y III; Lista de Costa Rica al Anexo 3.3; Lista de República Dominicana al Anexo 3.3;
Lista de Nicaragua al Anexo 3.3; Lista de Estados Unidos de América al Anexo 3.3; Carta de
Confirmación entre el Viceministro de Economía de la República de El Salvador, Licenciado
Eduardo Ayala Grimaldi y el Representante Comercial de Estados Unidos de América, Señor
Robert B. Zoellick, por medio de la cual expresan que las notas firmadas entre ambas partes
de fecha 28 de mayo de 2004 son igualmente válidas y aplicables para el presente Tratado,
dichas Cartas sobre Productos Avícolas, sobre el Código de Trabajo y sobre Servicios Públicos;
Carta entre el Viceministro de Economía de la República de El Salvador, Licenciado Eduardo
Ayala Grimaldi y el Representante Comercial de Estados Unidos de América, Señor Robert
Zoellick, sobre Telecomunicaciones; Carta entre el Viceministro de Economía de la República de
El Salvador, Licenciado Eduardo Ayala Grimaldi y el Representante Comercial de Estados Unidos
de América, Señor Robert Zoellick, sobre el Tratamiento Arancelario que será aplicado por los
Estados Unidos a ciertos Productos de Confitería, bajo este Tratado; Entendimiento entre los
Gobiernos de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Estados Unidos de América, relativo a algunas Medidas de Salud Pública y Entendimiento
entre los Gobiernos de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Estados Unidos de América, respecto a Medidas Migratorias; todo lo cual comprende
Diez Tomos.
Art. 2.- El presente Decreto deberá ser publicado en el Diario Oficial y entrará en vigencia
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22.5 (Entrada en Vigor) del Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica - República Dominicana y los Estados Unidos de América.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 17, Tomo N° 366, Fecha: 25 de enero de 2005

DECRETO No. 580
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el 17 de agosto de 2004, se suscribió en La Paz, Bolivia, el Convenio de Santa Cruz
de la Sierra Constitutivo de la Secretaria General Iberoamericana.
II. Que dicho instrumento internacional, ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo N° 549, de fecha 1 de
diciembre de 2004 y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para su
inclusión en el ordenamiento jurídico salvadoreño vigente y positivo.
III. Que el Convenio al que se refiere los Considerandos anteriores, no contiene ninguna
disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministro de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratificase en todas sus partes, el Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo
de la Secretaria General Iberoamericana, el cual consta de un Preámbulo, Catorce Artículos
y Dos Disposiciones Transitorias, Instrumento Internacional que fue suscrito en la ciudad de
La Paz, Bolivia, el día 17 de agosto de 2004, en nombre y representación del Gobierno de
la República de El Salvador, por el Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Licenciado
Eduardo Cálix; aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por
medio del Acuerdo No. 549, de fecha 1 de diciembre de 2004.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los trece días del mes de enero
del año dos mil cinco.
D. O. N° 29, Tomo N° 366, Fecha: 10 de febrero de 2005
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492
DECRETO No. 581
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el 14 de julio de 2004, el Gobierno de El Salvador se adhirió por medio de Acuerdo N°
314, al Convenio por el que se establece el Consejo de Cooperación Aduanera (OMA).
II. Que dicho instrumento internacional, ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo N° 561, de fecha 9 de
diciembre de 2004 y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para su
inclusión en el ordenamiento jurídico salvadoreño vigente y positivo.
III. Que el Convenio al que se refiere los Considerandos anteriores, no contiene ninguna
disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Relaciones y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la Constitución,
en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratificase en todas sus partes, el Convenio por el que se establece el Consejo
de Cooperación Aduanera (OMA), adoptado en Bruselas el 15 de diciembre de 1950 y que
consta de un Preámbulo, Veinte Artículos y Un Anexo de Diez Artículos; al cual el Gobierno de
El Salvador se adhirió por medio de acuerdo N° 314 de fecha 14 de julio de 2004; aprobado
por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo No. 561,
de fecha 9 de diciembre de 2004.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los trece días del mes de enero
del año dos mil cinco.
D. O. N° 29, Tomo N° 366, Fecha: 10 de febrero de 2005

DECRETO No. 582
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el 27 de agosto de 2004, se suscribió en esta Ciudad, el Acuerdo entre las Repúblicas
de El Salvador y Nicaragua, representadas por sus respectivos Ministros de Relaciones
Exteriores, relativo a los Mecanismos de Solución de Diferencias de los Conflictos o
Situaciones que puedan suscitarse entre ambos Estados.
II. Que dicho instrumento internacional, ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo N° 572, de fecha 14
de diciembre de 2004 y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para su
inclusión en el ordenamiento jurídico salvadoreño vigente y positivo.
III. Que el Acuerdo al que se refiere los Considerandos anteriores, no contiene ninguna
disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministro de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA :
Art. 1.- Ratificase en todas sus partes, el Acuerdo entre las Repúblicas de El Salvador y
Nicaragua, relativo a los Mecanismos de Solución de Diferencias de los Conflictos o Situaciones
que puedan suscitarse entre ambos Estados, Instrumento Internacional que consta de un
Preámbulo y Seis Artículos y que fue suscrito en esta ciudad, el día 27 de agosto de 2004;
en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, por el Ministro de
Relaciones Exteriores, Francisco Esteban Laínez Rivas y en nombre y representación de la
República de Nicaragua, por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República de
Nicaragua, Norman Caldera Cardenal; aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de
Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo No. 572, de fecha 14 de diciembre de 2004.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los trece días del mes de enero
del año dos mil cinco.
D. O. N° 29, Tomo N° 366, Fecha: 10 de febrero de 2005
493
Parte V

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A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
494
DECRETO No. 601
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el 23 de julio de 2004, se suscribió en esta Ciudad, el Acuerdo de Sede entre
la Comisión Ejecutiva del Plan Puebla Panamá y el Gobierno de la República de El
Salvador.
II. Que dicho instrumento internacional, ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo N° 31, de fecha 13 de
enero de 2005 y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para su inclusión
en el ordenamiento jurídico salvadoreño vigente y positivo.
III. Que el Acuerdo al que se refiere los Considerandos anteriores, no contiene ninguna
disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministro de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratificase en todas sus partes, el Acuerdo de Sede entre la Comisión Ejecutiva
del Plan Puebla Panamá y el Gobierno de la República de El Salvador, Instrumento Internacional
que consta de Un Preámbulo y Nueve Artículos y que fue suscrito en esta ciudad, el día
veintitrés de julio de dos mil cuatro; en nombre y representación del Gobierno de la República
de El Salvador, por el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Esteban Laínez Rivas y en
nombre y representación de la Comisión Ejecutiva del Plan Puebla Panamá, por el Presidente
Pro-Témpore, Eduardo Cálix y como testigo de Honor, el Comisionado Adjunto de México, Co-
Presidente del Plan Puebla Panamá, Herbert Taylor Arthur; aprobado por el Órgano Ejecutivo
en el Ramo de Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo No. 31, de fecha 13 de enero del
presente año.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los nueve días del mes de febrero
del año dos mil cinco.
D. O. N° 48, Tomo N° 366, Fecha: 9 de marzo de 2005

DECRETO No. 651
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el 12 de agosto del 2004, el Gobierno de la República de El Salvador se adhirió a
la Convención Interamericana Sobre el Tráfico Internacional de Menores.
II. Que dicho instrumento internacional, ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo No. 188, de fecha 3 de
marzo del presente año y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para su
inclusión en el ordenamiento jurídico salvadoreño vigente y positivo.
III. Que la Convención a la que se refiere los Considerandos anteriores, no contiene ninguna
disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministro de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes, la Convención sobre Tráfico Internacional de
Menores, la cual consta de Un Preámbulo y Treinta y Cinco Artículos; aprobada por el Órgano
Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo No. 188, de
fecha 3 de marzo del presente año; designando como Autoridad Central para la Convención
al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA).
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
D. O. N° 77, Tomo N° 367, Fecha: 26 de abril de 2005.
495
Parte V

Parte V
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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DECRETO No. 652
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el 22 de septiembre de 2004, el Gobierno de El Salvador se adhirió a la Convención
sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica.
II. Que dicho instrumento internacional, ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo No. 189, de fecha 3 de
marzo del presente año.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministro de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase la Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o
Emergencia Radiológica, la cual consta de Un Preámbulo y Diecinueve Artículos, aprobada por
el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del Acuerdo
No. 189, de fecha 3 de marzo del presente año; con las siguientes DECLARACIONES: 1°) En
relación al Art. 4 se designa como autoridad competente o punto de contacto, al Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social; 2°) En virtud del Art. 10 numeral 5, el Estado de la República
de El Salvador, declara que no se considera obligado en todo lo relacionado en el numeral 2
del mismo artículo y 3°) En virtud del Art. 13 numeral 3, el Gobierno de la República de El
Salvador, declara que no se considera obligado por el procedimiento estipulado en el numeral
2 del mismo Artículo.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
D. O. N° 78, Tomo N° 367, Fecha: 27 de abril de 2005.

DECRETO N° 677
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
R a t i f i c a c i o n e s a C o n v e n i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el 6 de enero del presente año, se suscribió en esta Ciudad, el Acuerdo de Sede
entre el Ente Operador Regional del Mercado Eléctrico de América Central y el Gobierno
de la República de El Salvador.
II. Que dicho instrumento internacional, ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Acuerdo N° 115, de fecha 2 de
febrero del presente año y sometido a ratificación de esta Asamblea Legislativa, para
su inclusión en el ordenamiento jurídico salvadoreño vigente y positivo.
III. Que el Acuerdo al que se refiere los Considerandos anteriores, no contiene ninguna
disposición contraria a la Constitución, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República,
por medio del Ministro de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7° de la
Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma,
DECRETA:
Art. 1.- Ratificase en todas sus partes, el Acuerdo de Sede entre el Ente Operador
Regional del Mercado Eléctrico de América Central y la República de El Salvador, instrumento
Internacional que consta de Un Preámbulo y Ocho Artículos y que fue suscrito en esta ciudad,
el día seis de enero de dos mil cinco, en nombre y representación del Gobierno de la República
de El Salvador, por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Cálix y en nombre y
representación del Ente Operador Regional, por el Director y Apoderado Especial, Alfredo
Borgonovo Ávila; aprobado por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores, por medio del Acuerdo No. 115, de fecha 2 de febrero del presente año.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiún días del mes de abril
del año dos mil cinco.
D. O. N° 94, Tomo N° 367, Fecha: 24 de mayo de 2005.
497
Parte V

Títulos a Poblaciones y
Fechas Conmemorativas
Parte VI

DECRETO N° 343
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Títulos a Poblaciones y Fechas Conmemorativas
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que de conformidad al Art. 131 ordinal 22 de la Constitución, corresponde a la Asamblea
Legislativa la facultad de conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones
honoríficas y gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida.
II.- Que la localidad de Nahulingo, Departamento de Sonsonate, en la actualidad ha alcanzado
notable progreso, debido a que cuenta con los servicios públicos, necesarios para el
bienestar y el desarrollo de sus habitantes.
III.- Que por lo anterior, la localidad de Nahulingo, Departamento de Sonsonate, reúne las
condiciones para mejorar su actual categoría, por la de Villa.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado César Humberto
García Aguilera,
DECRETA:
Art. 1. Otórgase el Título de Villa a la localidad de Nahulingo, Departamento de
Sonsonate.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once días del mes de junio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 120, Tomo N° 363, Fecha: 29 de junio de 2004.
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DECRETO No. 358
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el Artículo 131, ordinal 5° de la Constitución establece, que corresponde a la
Asamblea Legislativa decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes
secundarias.
II. Que el 8 de agosto próximo, se conmemora el Centésimo Quincuagésimo Aniversario
de la histórica fundación de “Ciudad de Santa Tecla”; suceso que según se espera,
deberá celebrarse con inusitado entusiasmo por las máximas autoridades locales y sus
habitantes.
III. Que a fin de reconocer el entusiasmo y laboriosidad de los habitantes de tan importante
cabecera departamental, y para contribuir a que dicha efemérides obtenga un carácter
nacional es procedente declarar, en forma simbólica, a la Ciudad de Santa Tecla, “Capital
de la República de El Salvador por un Día”, el 8 de agosto del corriente año.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Roberto José
d´Aubuisson Munguía, José Mauricio Quinteros Cubías, José Máximo Madriz y Olga Ortiz; con el
apoyo de: José Manuel Melgar Henríquez, José Francisco Merino López, Marta Lilian Coto vda.
de Cuéllar, Elizardo González Lovo, Elvia Violeta Menjivar Escalante, René Napoleón Aguiluz
Carranza, José Antonio Almendáriz Rivas, Jesús Guillermo Pérez Zarco, Irma Segunda Amaya
Echeverría, Luis Roberto Angulo Samayoa, José Salvador Arias Peñate, Efrén Arnoldo Bernal
Chévez, Roger Alberto Blandino Nerio, Juan Miguel Bolaños Torres, Isidro Antonio Caballero
Caballero, Carmen Elena Calderón de Escalón, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, Salvador
Rafael Morales, Roberto Eduardo Castillo Batlle, Héctor David Córdova Arteaga, José Ricardo
Cruz, Agustín Díaz Saravia, Jorge Antonio Escobar Rosa, Guillermo Antonio Gallegos, Vilma
Celina García de Monterrosa, César Humberto García Aguilera, Immar Reyes, Ricardo Bladimir
González, Santos Fernando González Gutiérrez, Noé Orlando González, Rigoberto Trinidad,
Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Shafik Jorge Handal Handal,
Mariella Peña Pinto, Gabino Ricardo Hernández Alvarado, Alejandro Dagoberto Marroquín, Hugo
Roger Martínez Bonilla, Calixto Mejía Hernández, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente
Menjivar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana Mendoza, Renato Antonio
Pérez, William Rizziery Pichinte, Félix Ágreda Chachagua, Francisco Antonio Prudencio, José
Mauricio Quinteros Cubías, Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores
Alberto Rivas Echeverría, Víctor Manuel Melgar, Salvador Sánchez Cerén, Héctor Ricardo
Silva Argüello, Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, María Patricia
Vásquez de Amaya, Juan Francisco Villatoro, Alba Teresa de Dueñas, Mercedes de Rovira,
Lourdes Palacios, Dora Alicia Portillo, Adilson Noel Henríquez, Nelson Orlando López, Silvia
Cartagena, Raquel Hernández, Hipólito Baltazar Rodríguez, Manuel de Jesús Aguilar, William
Argueta, Ernesto Antonio Dueñas, Leopoldo Chavarría, Nelson de la Cruz,

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Títulos a Poblaciones y Fechas Conmemorativas
DECRETA:
Art. 1. Declárase, simbólicamente, “CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
POR UN DÍA”, la Ciudad de Santa Tecla, el ocho de agosto del presente año, en ocasión de
conmemorarse el Centésimo Quincuagésimo Aniversario de su fundación.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de
junio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 133, Tomo N° 364, Fecha: 16 de julio de 2004.
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DECRETO N° 375
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al Art. 131 ordinal 22 de la Constitución, corresponde a la Asamblea
Legislativa la facultad de conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones
honoríficas y gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida.
II. Que la Villa de San Lorenzo, Departamento de San Vicente, en la actualidad ha alcanzado
notable progreso, debido a que cuenta con los servicios públicos, necesarios para el
bienestar y el desarrollo de sus habitantes.
III. Que por lo anterior, la localidad de San Lorenzo, Departamento de San Vicente, reúne
las condiciones para mejorar su actual categoría, por la de Ciudad.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Donato Eugenio
Vaquerano Rivas, José Manuel Melgar Henríquez, Marta Lilian Coto Vda. de Cuellar, Elizardo
González Lovo, Elvia Violeta Menjívar Escalante, René Napoleón Aguiluz Carranza, Douglas
Alejandro Alas García, José Antonio Almendáriz Rivas, Salomé Roberto Alvarado Flores, Irma
Segunda Amaya Echeverría, Luis Roberto Angulo Samayoa, José Orlando Arévalo Pineda, Miguel
Francisco Bennett Escobar, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Roger Alberto Blandino Nerio, Juan
Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, Carlos
Alfredo Castaneda Magaña, José Ernesto Castellanos Campos, Roberto Eduardo Castillo Batlle,
Humberto Centeno Najarro, Héctor David Córdova Arteaga, Luis Alberto Corvera Rivas, José
Ricardo Cruz, Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi, Agustín Díaz Saravia, Jorge Antonio Escobar
Rosa, Ernesto Iraheta, Vilma Celina García de Monterrosa, César Humberto García Aguilera,
Nelson Napoleón García Rodríguez, Nicolás Antonio García Alfaro, Ricardo Bladimir González,
Santos Fernando González Gutiérrez, Jesús Grande, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez,
Carlos Walter Guzmán Coto, Schafik Jorge Handal Handal, Mariela Peña Pinto, Gabino Ricardo
Hernández Alvarado, Mauricio Hernández Pérez, Félix Ágreda Chachagua, Mario Marroquín
Mejía, José William Argueta, Emma Julia Fabián Hernández, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel
Vicente Menjívar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana Mendoza, Jesús
Guillermo Pérez Zarco, Renato Antonio Pérez, Mario Antonio Ponce López, Gaspar Armando
Portillo Benítez, Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio
Quinteros Cubías, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, Óscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando
Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Héctor Ricardo Silva Argüello, Juan de Jesús
Sorto Espinoza, Ernesto Antonio Angulo Milla, María Patricia Vásquez Amaya, Jorge Alberto
Villacorta Muñoz, Victoria Ruiz de Amaya, Gustavo Chiquillo, José Máximo Madriz, Immar
Reyes, Dora Alicia Portillo, Juan Enrique Perla Ruiz y Alberto Armando Romero,
DECRETA:
Art. 1. Otórgase el Título de Ciudad a la Villa de San Lorenzo, Departamento de San
Vicente.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Títulos a Poblaciones y Fechas Conmemorativas
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los ocho días del mes de julio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 144, Tomo N° 364, Fecha: 9 de agosto de 2004.
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506
DECRETO N° 450
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al Art. 131 ordinal 22 de la Constitución, corresponde a la Asamblea
Legislativa la facultad de conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones
honoríficas y gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida.
II. Que la Villa de San Bartolomé Perulapía, Departamento de Cuscatlán, en la actualidad ha
alcanzado notable progreso, debido a que cuenta con los servicios públicos, necesarios
para el bienestar y el desarrollo de sus habitantes.
III. Que por lo anterior, la localidad de San Bartolomé Perulapía, Departamento de Cuscatlán,
reúne las condiciones para mejorar su actual categoría, por la de Ciudad.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados José Manuel Melgar
Henríquez, Marta Lilian Coto Vda. de Cuellar, Elizardo González Lovo, Jesús Guillermo Pérez
Zarco, José William Argueta, Salomé Roberto Alvarado Flores, Irma Segunda Amaya Echeverría,
Luis Roberto Angulo Samayoa, Juan Francisco Villatoro, Miguel Francisco Bennett Escobar, Efrén
Arnoldo Bernal Chévez, Roger Alberto Blandino Nerio, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio
Bonilla Bonilla, Blanca Flor América Bonilla Bonilla, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón,
Carlos Alfredo Castaneda Magaña, Roberto Eduardo Castillo Batlle, Rubén Alvarado, Héctor
David Córdova Arteaga, Luis Alberto Corvera Rivas, José Ricardo Cruz, Héctor Miguel Antonio
Dada Hirezi, Agustín Díaz Saravia, Roberto José d´Aubuisson Munguía, Walter Eduardo Durán
Martínez, Raquel Hernández, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla,
César Humberto García Aguilera, Nicolás Antonio García Alfaro, Ricardo Bladimir González,
Santos Fernando González Gutiérrez, Jesús Grande, Carlos Walter Guzmán Coto, Schafik Jorge
Handal Handal, Gabino Ricardo Hernández Alvarado, Félix Ágreda Chachagua, Mario Marroquín
Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Hugo Roger Martínez Bonilla, Calixto Mejía Hernández,
Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, William Rizziery Pichinte,
Mario Antonio Ponce López, Óscar del Cid, Francisco Antonio Prudencio, Rosibel Flores, Norman
Noel Quijano González, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, Óscar Edgardo Mixto Sol, Dolores
Alberto Rivas Echeverría, Ileana Argentina Rogel Cruz, Víctor Manuel Melgar, Salvador Sánchez
Cerén, Héctor Ricardo Silva Arguello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio Angulo
Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Federico Ávila Quehl,
Jorge Alberto Villacorta Muñoz, José Vidal Carrillo, Nelson Orlando López, Lourdes Palacios,
Olga Ortiz, Hipólito Baltasar Rodríguez, Marta Elena de Rodríguez, Victoria Rosario Ruiz de
Amaya, Nelson de la Cruz Alvarado, Ciro Alexis Zepeda Menjívar, Juana Isolina Alas de Marín,
Manuel de Jesús Aguilar Sosa y José Máximo Madriz.
DECRETA:
Art. 1. Otórgase el Título de Ciudad a la Villa de San Bartolomé Perulapía, Departamento
de Cuscatlán.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Títulos a Poblaciones y Fechas Conmemorativas
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta días del mes de
septiembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 196, Tomo N° 365, Fecha: 21 de octubre de 2004
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508
DECRETO No. 588
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el Artículo 131, ordinal 5° de la Constitución establece, que corresponde a la
Asamblea Legislativa decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes
secundarias.
II. Que el 6 de abril próximo, se conmemora el Primer Centenario de la haberse fundado
como Ciudad, a la Villa de Quezaltepeque; evento histórico que se celebrará con gran
alegría por las autoridades locales y sus habitantes.
III. Que con el propósito de reconocer el empeño y laboriosidad de los pobladores de esa
localidad, y a fin de contribuir a que esa conmemoración se revista de importancia
nacional; es procedente declarar, en forma simbólica, a la Ciudad de Quezaltepeque,
“Capital de la República de El Salvador por un Día”, el 6 de abril del corriente año.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: José Mauricio
Quinteros Cubías, Hugo Roger Martínez Bonilla, Salvador Sánchez Cerén, Irma Segunda Amaya
Echeverría, Calixto Mejía Hernández, René Napoleón Aguiluz Carranza, Efrén Arnoldo Bernal
Chévez, José Orlando Arévalo Pineda, Ciro Cruz Zepeda Peña, José Manuel Melgar Henríquez,
José Francisco Merino López, Marta Lilian Coto Vda. de Cuéllar, José Antonio Almendáriz Rivas,
Elvia Violeta Menjivar Escalante, Douglas Alejandro Alas García, Elizardo González Lovo,
Rolando Alvarenga Argueta, Miguel Francisco Bennett Escobar, Roger Alberto Blandino Nerio,
Juan Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Isidro Antonio Caballero Caballero,
Carlos Alfredo Castaneda Magaña, Roberto Eduardo Castillo Batlle, José Ernesto Castellanos
Campos, Humberto Centeno Najarro, Luis Alberto Corvera Rivas, Héctor David Córdova Arteaga,
José Ricardo Cruz, Walter Eduardo Durán Martínez, Alberto Armando Romero, Jorge Antonio
Escobar Rosa, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Vilma
Celina García de Monterrosa, Nelson Napoleón García Rodríguez, Nicolás Antonio García Alfaro,
Ricardo Bladimir González, Santos Fernando González Gutiérrez, Felix Ágreda Chachagua,
Jesús Grande, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Schafik Jorge
Handal Handal, Mauricio Hernández Pérez, José Rafael Machuca Zelaya, Mario Marroquín Mejía,
Alejandro Dagoberto Marroquín, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente Menjivar Esquivel,
Edgardo Mixco Sol, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana Mendoza, Mariella Peña
Pinto, Rodolfo Antonio Parker Soto, William Rizziery Pichinte, Teodoro Pineda Osorio, Mario
Antonio Ponce López, Gaspar Armando Portillo Benítez, Francisco Antonio Prudencio, Zoila
Beatriz Quijada Solís, Norman Noel Quijano González, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores
Alberto Rivas Echeverría, Ileana Argentina Rogel Cruz, Víctor Manuel Melgar, Héctor Ricardo
Silva Argüello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto
Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Jorge Alberto
Villacorta Muñoz, Mercedes de Rovira, Juan Enrique Perla, Fernando de Jesús Gutiérrez, Hipólito
Baltazar Rodríguez, José María Portillo, Inmar Reyes, Ernesto Dueñas, Blanca Coto y Mario
Alberto Tenorio.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Títulos a Poblaciones y Fechas Conmemorativas
DECRETA:
Art. 1.- Declárase, simbólicamente, “CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR POR UN
DÍA”, la Ciudad de Quezaltepeque, el 6 de abril del presente año, en ocasión de conmemorarse
el Primer Centenario de haberse fundado como Ciudad.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecinueve días del mes de
enero del año dos mil cinco.
D. O. N° 29, Tomo N° 366, Fecha: 10 de febrero de 2005
509
Parte VI

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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
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DECRETO No. 589
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad con el Art. 131, ordinal 11° de la Constitución de la República, es
facultad de esta Asamblea Legislativa decretar, de una manera general, beneficios e
incentivos fiscales o de cualquier naturaleza, para la promoción de actividades culturales,
científicas y de cualquier otra índole.
II. Que el trabajo desempeñado por los profesionales en Radiología e Imágenes Diagnósticas,
data desde el año 1935, actividad que es de gran utilidad y beneficio para la salud del
pueblo salvadoreño.
III. Que el día 8 de noviembre de 1895, el científico alemán Wihelm Honrad Röntgen,
descubrió los rayos “X”, por lo que se hizo acreedor al Premio Nobel.
IV. Que en consideración a lo anterior, es procedente que exista en el Calendario Cívico
una fecha en la que se reconozca el importante trabajo realizado por los profesionales
de esta área de la salud.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado José Francisco Merino
López.
DECRETA:
Art. 1. Declárase el 8 de noviembre de cada año, sin asueto, “DÍA DEL PROFESIONAL
EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS”, como un reconocimiento a la destacada labor
realizada, en favor de la salud de El Salvador.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecinueve días del mes de
enero del año dos mil cinco.
D. O. N° 29, Tomo N° 366, Fecha: 10 de febrero de 2005

DECRETO No 598
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Títulos a Poblaciones y Fechas Conmemorativas
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al Art. 131 ordinal 22 de la Constitución, corresponde a la Asamblea
Legislativa la facultad de conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones
honoríficas y gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida.
II. Que la localidad de Paraíso de Osorio, Departamento de La Paz, en la actualidad ha
alcanzado notable progreso, debido a que cuenta con los servicios públicos, necesarios
para el bienestar y el desarrollo de sus habitantes.
III. Que por lo anterior, la localidad de Paraíso de Osorio, Departamento de La Paz, reúne
las condiciones para mejorar su actual categoría, por la de Villa.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Ciro Cruz Zepeda
Peña, Mario Tenorio, José Ernesto Castellanos Campos, Mario Antonio Ponce López, Elvia
Violeta Menjívar, José Manuel Melgar Henríquez, José Francisco Merino López, Marta Lilian
Coto Vda. de Cuellar, Jesús Grande, César Humberto García Aguilera, Rubén Orellana, José
Antonio Almendáriz Rivas, René Napoleón Aguiluz Carranza, Douglas Alejandro Alas García,
Rolando Alvarenga Argueta, Irma Segunda Amaya Echeverría, Luis Roberto Angulo Samayoa,
José Orlando Arévalo Pineda, José Salvador Arias Peñate, Miguel Francisco Bennett Escobar,
Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Juan Miguel Bolaños Torres, Alba Teresa de Dueñas, Wilfredo Díaz
Vásquez, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, Roberto
Eduardo Castillo Batlle, Humberto Centeno Najarro, Héctor David Córdova Arteaga, Luis Alberto
Corvera Rivas, José Ricardo Cruz, Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi, Agustín Díaz Saravia,
Roberto José d´Aubuisson Munguía, Walter Eduardo Durán Martínez, Jorge Antonio Escobar
Rosa, Guillermo Antonio Gallegos, Luis Arturo Fernández, Nelson Napoleón García Rodríguez,
Ricardo Bladimir González, Santos Fernando González Gutiérrez, Noé Orlando González,
Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mariela Peña Pinto, Gabino
Ricardo Hernández Alvarado, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Calixto
Mejía Hernández, Marco Tulio Mejía Palma, José Madriz, Miguel Ángel Navarrete Navarrete,
Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte, Teodoro Pineda Osorio, Gaspar Armando
Portillo Benítez, Francisco Antonio Prudencio, Zoila Beatriz Quijada Solís, Norman Noel Quijano
González, José Mauricio Quinteros Cubías, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, Oscar Edgardo
Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Ileana Argentina
Rogel Cruz, Víctor Manuel Melgar, Héctor Ricardo Silva Arguello, Juan de Jesús Sorto Espinoza,
Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano
Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Manuel de Jesús Aguilar, Alexander Higinio Melchor,
Isolina de Marín, Juan Enrique Perla y Wilfredo Serrano.
DECRETA:
Art. 1. Otórgase el Título de Villa a la localidad de Paraíso de Osorio, Departamento de
La Paz.
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Parte VI

Parte VI
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dos días del mes de febrero
del año dos mil cinco.
D. O. N° 40, Tomo N° 366, Fecha: 25 de febrero de 2005

DECRETO No. 609
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Títulos a Poblaciones y Fechas Conmemorativas
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad con el Art. 131, ordinal 11° de la Constitución de la República, es
facultad de esta Asamblea Legislativa decretar, de una manera general, beneficios e
incentivos fiscales o de cualquier naturaleza, para la promoción de actividades culturales,
científicas y de cualquier otra índole.
II. Que el 23 de febrero del año 2005 “Rotary International” estará celebrando un siglo
de labor humanitaria en todo el planeta, período durante el cual ha sido destacable su
campaña internacional hasta lograr la erradicación de la poliomielitis a nivel mundial; y
sus aportes en la fundación de la Organización de Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
III. Que, a nivel nacional, los diferentes Clubes Rotarios del país, también han demostrado el
carácter altruista de sus actuaciones y aportes a la sociedad salvadoreña, evidenciadas
en sus reiteradas campañas de vacunación contra la poliomielitis, hasta lograr la
inmunización de más de 2 millones de niños, en 1997, cuando El Salvador fue declarado
libre de tan cruel enfermedad.
IV. Que, así mismo, son conocidas del pueblo salvadoreño, las actuaciones rotarias en
diferentes campañas de alfabetización de adultos, recolección de juguetes, donación
de equipos y suministros médicos, intervenciones quirúrgicas de corazón abierto y toda
clase de asistencia humanitaria dirigida especialmente a la niñez salvadoreña.
V. Que, a nivel nacional, es procedente adherirse al reconocimiento internacional de
la gigantesca labor humanitaria realizada por “Rotary International”; en ocasión de
celebrarse, este 23 de febrero de 2005, sus primeros 100 años de existencia mundial;
declarando la referida fecha, “Día de Rotary International en El Salvador.”
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: José Francisco
Merino López, Miguel Francisco Bennet Escobar y Mario Antonio Ponce López.
DECRETA:
Art. 1. Declárase el 23 de febrero del año 2005, “Día de Rotary Internacional en El
Salvador”, por conmemorarse el primer centenario de la fundación de tan importante entidad
a nivel mundial.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis días del mes de
febrero del año dos mil cinco. D. O. N° 53, Tomo N° 366, Fecha: 16 de marzo de
2005
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Parte VI

Parte VI
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
514
DECRETO No. 628
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad con el Art. 131, ordinal 11° de la Constitución de la República, es
facultad de esta Asamblea Legislativa decretar, de una manera general, beneficios e
incentivos fiscales o de cualquier naturaleza, para la promoción de actividades culturales,
científicas y de cualquier otra índole.
II. Que, en El Salvador, se ha desarrollado un importante sector de músicos y artistas,
dedicados al fomento de la diversión popular mediante las formas de tríos, mariachis,
combos, orquestas, marimbas, grupos norteños y solistas, en cuyo esfuerzo y sacrificio
cotidiano se apoya gran parte el turismo y el esparcimiento interno de nuestro país.
III. Que, con el propósito de incentivar esta importante actividad social en nuestro país,
y en consonancia con las tradiciones religiosas y culturales del pueblo salvadoreño, es
procedente decretar el 22 de noviembre de cada año, en la festividad eclesiástica de
Santa Cecilia, Patrona de los Músicos, “Día Nacional del Músico Salvadoreño”.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Gabino Ricardo
Hernández Alvarado
DECRETA:
Art. 1. Declárase el 22 de noviembre de cada año, “DÍA NACIONAL DEL MÚSICO
SALVADOREÑO”; como un estímulo al fomento de la música popular y el folclore
salvadoreños.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los nueve días del mes de marzo
del año dos mil cinco.
D. O. N° 65, Tomo N° 367, Fecha: 8 de abril de 2005

DECRETO No. 655
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Títulos a Poblaciones y Fechas Conmemorativas
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad con el Art. 131, ordinal 11° de la Constitución de la República, es
facultad de esta Asamblea Legislativa decretar, de una manera general, beneficios e
incentivos fiscales o de cualquier naturaleza, para la promoción de actividades culturales,
científicas y de cualquier otra índole.
II. Que, desde tiempos inmemoriales, el pueblo salvadoreño ha forjado sus tradiciones
culinarias en torno a una de las herencias ancestrales mesoamericanas más apetecidas:
el maíz; producto del que se elaboran los tamales, los atoles, las enchiladas, las tortillas,
las riguas, los totopostes y con mayor arraigo todavía, las singulares pupusas.
III. Que, entre los cuzcatlecos de hoy en día, el delicioso bocadillo de las pupusas ha logrado
tal aceptación, que ha trascendido las fronteras nacionales en la gran variedad que se
estila en nuestro suelo nacional; y tal como ha dicho un destacado poeta salvadoreño,
“(Ardientes, perfumadas con loroco, con queso, chicharrón y con frijoles!...Pan vehemente,
horneado con aplausos, que candente a las manos del pueblo fiel acudes”
IV. Que, debido a la adicción salvadoreña por las pupusas, éstas se han constituido en
nuestros días, como una de las actividades micro empresariales más difundida, productiva
y salvadora para la condición económica de miles de hogares salvadoreños; al grado
que, en todas las ciudades, pueblos, villas y cantones, en todas las cuadras, siempre
habrá una pupusería a la orden del día, para el deleite de nacionales y extranjeros.
V. Que las pupusas son, para los salvadoreños, lo que las hamburguesas, para los
estadounidenses; los tacos, para los mejicanos; la paella, para los españoles; con lo
cual, es procedente identificar la más popular de nuestras comidas típicas, como el plato
nacional de El Salvador; a la vez que, dedicar un día de nuestro calendario cívico nacional,
para festejar, entre salvadoreños, la propiedad de tan exquisito invento culinario.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Douglas Alejandro
Alas García, Ernesto Antonio Angulo Milla, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Roberto Eduardo Castillo
Batlle, Marta Lilian Coto Vda. de Cuéllar, César Humberto García Aguilera, Oscar Edgardo Mixco
Sol, Rubén Orellana Mendoza, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echevería,
Teodoro Pineda Osorio y María Patricia Vásquez de Amaya.
DECRETA:
Art. 1. Declárase el conocido bocadillo típico salvadoreño, denominado “pupusas”, como
“PLATO NACIONAL DE EL SALVADOR”; en razón de su procedencia autóctona y aceptación
popular.
Con el propósito de festejar la pertenencia de este invento culinario, a la cultura del
pueblo salvadoreño, declárase el segundo domingo del mes de noviembre de cada año, “DÍA
NACIONAL DE LAS PUPUSAS”.
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Parte VI

Parte VI
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a un día del mes de abril del año
dos mil cinco.
D. O. N° 73,Tomo N° 367, Fecha: 20 de abril de 2005

DECRETO No 658
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Títulos a Poblaciones y Fechas Conmemorativas
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I. Que de conformidad al Art. 131 ordinal 22 de la Constitución, corresponde a la Asamblea
Legislativa la facultad de conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones
honoríficas y gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida.
II. Que el municipio de Sacacoyo, Departamento de La Libertad, en la actualidad ha
alcanzado notable progreso, debido a que cuenta con los servicios públicos, necesarios
para el bienestar y el desarrollo de sus habitantes.
III. Que por lo anterior, el municipio de Sacacoyo, Departamento de La Libertad, reúne las
condiciones para mejorar su actual categoría, por la de Villa.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Mauricio Quinteros,
Roberto José d´Aubuisson Munguía y Manuel Vicente Menjívar, Santos Fernando González, José
Orlando Arévalo Pineda, Calixto Mejía, Irma Segunda Amaya, René Aguiluz Aguiluz, Sigfredo
Campos, Agustín Díaz Saravia, Nelson de la Cruz Alvarado, Isolina de Marín, Douglas Alejandro
Alas García, Rolando Alvarenga Argueta, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla,
Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, José Ernesto Castellanos Campos, Guillermo Antonio
Gallegos, Julio Antonio Gomero Quintanilla, César Humberto García Aguilera, Jesús Grande,
Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mariela Peña Pinto, Mario
Marroquín Mejía, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Renato Antonio Pérez, William Rizziery
Pichinte, Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, Oscar Edgardo Mixco
Sol, Dolores Alberto Rivas Echeverría, José Antonio Jesús Salaverría, Ernesto Antonio Angulo
Milla, Enrique Alberto Luis Valdez Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez
de Amaya.
DECRETA:
Art. 1. Otórgase el Título de Villa al municipio de Sacacoyo, Departamento de La
Libertad.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a un día del mes de abril del año
dos mil cinco.
D. O. N° 73, Tomo N° 367, Fecha: 20 de abril de 2005
517
Parte VI

Distinciones Honoríficas y
Reconocimientos
Parte VII

DECRETO N° 334
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Distinciones Honoríficas y Reconocimientos
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al Artículo 131, ordinal 22 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, igualmente, el Artículo 6, literal a), inciso segundo de la Ley de Distinciones
Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, establece que este Órgano del Estado otorgará la
máxima distinción de “Noble Amigo de El Salvador”, a personas extranjeras, por relevantes
hechos que constituyan un significativo beneficio para el Estado de El Salvador o para
la población en general.
III. Que el señor Juan Antonio Ruiz, conocido torero español, de seudónimo “Espartaco”,
ha promovido, con inusitado éxito, dos importantes Festivales Taurinos en Zaragoza,
España, reuniendo los mejores toreros del momento para recaudar fondos a favor de la
Fundación Padre Arrupe de El Salvador, entidad de proyección social en el área educativa
del país.
IV. Que la labor altruista del mencionado ciudadano español, ha recaudado considerables
fondos económicos para darle continuidad a los proyectos sociales de la Fundación Padre
Arrupe, y a la vez, ha difundido en tierra española esta importante labor educativa en
favor de muchos jóvenes salvadoreños.
V. Que es procedente reconocer los méritos altruistas del famoso torero español Juan Antonio
Ruiz, “Espartaco”, en favor del pueblo salvadoreño, otorgándole una de las máximas
distinciones que este Órgano del Estado puede conferir a personas extranjeras.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Ciro Cruz
Zepeda Peña, Elizardo González Lovo, José Rafael Machuca Zelaya y Alejandro Dagoberto
Marroquín,
DECRETA:
Art. 1. Declárase al ciudadano español Juan Antonio Ruiz, conocido en las lides taurinas
como “Espartaco”, la Distinción Honorífica de “NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR”, por sus
relevantes servicios prestados a la patria.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil cuatro. D. O. N° 120, Tomo N° 363, Fecha: 29 de junio de 2004.
521
Parte VII

Parte VII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
522
DECRETO No. 335
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al Artículo 131, ordinal 22 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal a), inciso segundo de la Ley de Distinciones
Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, establece que se otorgará la máxima distinción de
“Noble Amigo de El Salvador”, cuando tratándose de personas extranjeras, los hechos
que se pretenda galardonar, constituyan un significativo beneficio para el Estado de El
Salvador o para la población en general.
III. Que el Doctor Giorgio Mamberto, de nacionalidad italiana, ha desempeñado el cargo
de Jefe de la Delegación de la Comisión Europea, acreditado para El Salvador, desde
1999 hasta la fecha, periodo durante el cual ha gestionado importantes beneficios en
los campos económico, científico y cultural del país.
IV. Que en razón de concluir sus funciones diplomáticas el próximo 15 de junio, es oportuno
reconocer los aportes brindados en favor de la población salvadoreña, otorgando al
Doctor Giorgio Mamberto, una de las máximas distinciones honoríficas que este Órgano
del Estado puede conferir a personas extranjeras.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Ciro Cruz Zepeda
Peña, José Manuel Melgar Henríquez, Carmen Elena Calderón de Escalón y Alejandro Dagoberto
Marroquín,
DECRETA:
Art. 1. Declárase al Doctor Giorgio Mamberto, de nacionalidad italiana, “Noble Amigo
de El Salvador”, por sus importantes gestiones diplomáticas en favor del país.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 120, Tomo N° 363, Fecha: 29 de junio de 2004.

DECRETO No. 353
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Distinciones Honoríficas y Reconocimientos
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al Artículo 131, ordinal 22 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal b), inciso primero de la Ley de Distinciones
Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, establece que se otorgará la distinción honorífica
de Distinguido, cuando los servicios o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén
relacionados con la difusión y el aprovechamiento de la ciencia, el arte, la cultura, la
educación o cualesquiera otra forma de servicio altruista o colectivo; de un modo tal
que represente un innegable beneficio para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III. Que el Profesor José Antonio Meregildo Ángel Ayala,quien falleció el 6 de agosto del año
2000, inició su carrera como docente, en el año 1967, dedicándose con gran esmero
a la formación integral de varias generaciones, especialmente en los ámbitos: cívico,
deportivo, cultural, benéfico y de desarrollo comunitario.
IV. Que la amplia y sobresaliente labor docente del Profesor José Antonio Meregildo Ángel
Ayala, merece el reconocimiento de este Primer Órgano del Estado, por lo que es
procedente otorgarle la distinción honorífica de “Distinguido Profesor Salvadoreño”.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Rubén Orellana
Mendoza y José Rafael Machuca Zelaya,
DECRETA:
Art. 1.- Declárase al Profesor José Antonio Meregildo Ángel Ayala, de forma póstuma,
“DISTINGUIDO PROFESOR SALVADOREÑO”, por su amplia y destacada labor en beneficio de
la educación de nuestro país.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
junio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 118, Tomo N° 363, Fecha: 25 de junio de 2004.
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Parte VII

Parte VII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
524
DECRETO No. 354
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al Artículo 131, ordinal 22 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal b), inciso primero de la Ley de Distinciones
Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, establece que se otorgará la distinción honorífica
de Meritísimo, cuando los servicios o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén
relacionados con la difusión y el aprovechamiento de la ciencia, el arte, la cultura, la
educación o cualesquiera otra forma de servicio altruista o colectivo; de un modo tal
que represente un innegable beneficio para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III. Que el Profesor y Licenciado Sarbelio Campos Benavides ha dedicado más de cincuenta
años de su vida, a impartir el sagrado “Pan del Saber”, entre la juventud y la niñez
salvadoreña con resultados prominentes, gracias a su entrega y sacrificio.
IV. Que a los méritos de educador e intelectual salvadoreño se añaden sus dotes de orador
y prestigiado historiador que lo hacen digno ejemplo para el desarrollo integral de las
presentes y futuras generaciones; por lo que es procedente reconocer su larga trayectoria
educativa, mediante la distinción honorífica que este Órgano del Estado le confiere.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Abilio Bonilla,
DECRETA:
Art. 1. Declárase al Profesor y Licenciado, Don Sarbelio Campos Benavides, “MAESTRO
MERITÍSIMO DE EL SALVADOR”, por su encomiable labor educativa en favor de la juventud
salvadoreña y por sus relevantes méritos humanistas.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
junio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 118, Tomo N° 363, Fecha: 25 de junio de 2004.

DECRETO No. 355
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Distinciones Honoríficas y Reconocimientos
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al Artículo 131, ordinal 22 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal b), inciso primero de la Ley de Distinciones
Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, establece que se otorgará la distinción honorífica
de Meritísimo, cuando los servicios o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén
relacionados con la difusión y el aprovechamiento de la ciencia, el arte, la cultura, la
educación o cualesquiera otra forma de servicio altruista o colectivo; de un modo tal
que represente un innegable beneficio para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III. Que el Profesor y Contador Público Certificado, Don Francisco Merino González ha
realizado una destacada labor educativa, en los niveles de educación media y superior,
beneficiando con ello, especialmente, a la juventud migueleña y de la zona oriental del
país.
IV. Que así mismo, el mencionado ciudadano salvadoreño ha dedicado gran parte de su vida
a una encomiable labor social a través del Club de Leones de San Miguel y de otros cargos
vinculados con el servicio comunitario, por lo que es procedente reconocer su entrega
y sacrifico mediante distinción honorífica otorgada por este Órgano del Estado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Abilio Bonilla, y con
el respaldo de los Diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, José Manuel Melgar Henríquez, José
Francisco Merino López, Marta Lilian Coto de Cuéllar, Elizardo González Lovo, Elvia Violeta
Menjivar Escalante, René Napoléon Aguiluz Carranza, Douglas Alejandro Alas García, José
Antonio Almendáriz Rivas, Salomé Roberto Alvarado Flores, Irma Segunda Amaya Echeverría,
Nelson Orlando López, Roger Alberto Blandino Nerio, Isidro Antonio Caballero Caballero,
Carmen Elena Calderón de Escalón, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, José Ernesto Castellanos
Campos, David Fernando Rauda, Humberto Centeno Najarro, Héctor David Córdova Arteaga,
Luis Alberto Corvera Rivas, José Ricardo Cruz, Agustín Díaz Saravia, Roberto José d´Aubuisson
Munguía, Walter Eduardo Durán Martínez, Jorge Antonio Escobar Rosa, Guillermo Antonio
Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Vilma Celina García de Monterrosa, César Humberto
García Aguilera, Nelson Napoleón García Rodríguez, Santos Fernando González Gutiérrez, Noé
Orlando González, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Shafick Jorge Handal, Mariella Peña
Pinto, Gabino Ricardo Hernández Alvarado, Mauricio Hernández Pérez, José Vidal Carrillo,
Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Hugo Roger Martínez Bonilla, Marco
Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén
Orellana Mendoza, Rodolfo Antonio Parker Soto, Mario Antonio Ponce López, Gaspar Armando
Portillo Benitez, Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio
Quinteros Cubías, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando
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Parte VII

Parte VII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
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Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Ileana Argentina Rogel Cruz, Víctor Manuel
Melgar, Salvador Sánchez Cerén, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio Angulo Milla,
María Patricia Vásquez de Amaya, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Alba Teresa de Dueñas,
Immar Reyes, Rolando Casamalhuapa, Mario Tenorio, Juan Perla, Rigoberto Trinidad, Silvia
Cartagena, Dina Acuña, Blanca Coto, José Madriz, Gustavo Chiquillo, Ernesto Dueñas, Carlos
Mauricio Arias, Alex Aguirre, Leopoldo Chavarría y Lourdes Palacios.
DECRETA:
Art. 1. Declárase al Profesor y Contador Público Certificado, Don Francisco Merino
González, “MAESTRO MERITÍSIMO DE EL SALVADOR”, por sus relevantes méritos en el campo
educativo nacional y su desempeño en los ámbitos del servicio a la comunidad.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
junio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 118, Tomo N° 363, Fecha: 25 de junio de 2004.

DECRETO N° 356
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Distinciones Honoríficas y Reconocimientos
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al Artículo 131, ordinal 22 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal b), inciso primero de la Ley de Distinciones
Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, establece que se otorgará la distinción honorífica
de Eminente, cuando los servicios o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén
relacionados con la difusión y el aprovechamiento de la ciencia, el arte, la cultura, la
educación o cualesquiera otra forma de servicio altruista o colectivo; de un modo tal
que represente un innegable beneficio para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III. Que el Hermano Marista, Julián Goñi, nacido en Navarra, España, el 27 de junio de
1909, tiene 72 años de pertenecer a la hermandad marista, 40 de los cuales ha dedicado,
con mucho empeño y perseverancia, a la formación educativa de niños y jóvenes en El
Salvador.
IV. Que su amplia trayectoria como educador, le ha permitido ganarse el cariño y aprecio
de muchos alumnos, exalumnos, padres de familia y de la comunidad en general que
se han beneficiado de sus enseñanzas, razón por la cual es procedente otorgarle la
distinción honorífica de “Educador Eminente de El Salvador”.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Mario Marroquín
Mejía,
DECRETA:
Art. 1. Declárase al Hermano Marista, Julián Goñi, de nacionalidad española, “EDUCADOR
EMINENTE DE EL SALVADOR”, por su empeño y perseverancia, durante su extensa carrera
como docente, en favor de la educación de niños y jóvenes.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
junio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 118, Tomo N° 363, Fecha: 25 de junio de 2004.
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Parte VII

Parte VII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
528
DECRETO N° 359
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al Artículo 131, ordinal 22 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal a), inciso segundo de la Ley de Distinciones
Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, establece que se otorgará la distinción honorífica
de “Amigo Meritísimo de El Salvador”, cuando, tratándose de personas extranjeras, los
hechos que se pretenda galardonar, constituyan un significativo beneficio para el Estado
de El Salvador o para la población en general.
III. Que el Expresidente de los Estados Unidos de América, Ronald Reagan, fallecido el
pasado 5 de junio en Bel Air, Estado de California, fue un reconocido estadista, defensor
de las democracias del mundo e incansable promotor de las libertades.
IV. Que el Señor Expresidente, Ronald Reagan, durante su mandato, de 1981 a 1989,
demostró ser un verdadero aliado, amigo y defensor de la democracia en nuestro país;
por lo que es procedente reconocerle, en forma póstuma, su meritoria labor como
estadista, otorgándole la máxima distinción honorífica de nuestro país, conferida a
personas extranjeras.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Ciro Cruz Zepeda
Peña, José Francisco Merino López, Elizardo González Lovo, Miguel Bennet, Ciro Alexis Zepeda,
Mario Antonio Ponce, Roberto Angulo, Rubén Orellana Mendoza, Saúl Monzón, Nelson López,
Félix Ágreda Chachagua, Wilfredo Díaz y Gustavo Chiquillo; y con el apoyo de: Juan Miguel
Bolaños Torres, Carmen Elena Calderón de Escalón, Salvador Rafael Morales, Roberto José
d´Aubuisson Munguía, Guillermo Antonio Gallegos, César Humberto García Aguilera, Rigoberto
Trinidad, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mariella Peña Pinto,
Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte, Francisco
Antonio Prudencio, José Mauricio Quinteros Cubías, Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando
Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Víctor Manuel Melgar, Ernesto Antonio Angulo
Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez
de Amaya, Alba Teresa de Dueñas y José Máximo Madriz,
DECRETA:
Art. 1. Declárase, de manera póstuma, al Señor Expresidente de los Estados Unidos de
América, Ronald Reagan, “AMIGO MERITÍSIMO DE EL SALVADOR”, como adecuado reconocimiento
por el apoyo otorgado a nuestro país en momentos difíciles de nuestra historia.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de
junio del año dos mil cuatro. D. O. N° 133, Tomo N° 364, Fecha: 16 de julio de 2004.

VDECRETO No. 401
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Distinciones Honoríficas y Reconocimientos
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al Artículo 131, ordinal 22 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal b), inciso primero de la Ley de Distinciones
Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, establece que se otorgará la distinción honorífica
de Meritísimo, cuando los servicios o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén
relacionados con la difusión y el aprovechamiento de la ciencia, el arte, la cultura, la
educación o cualesquiera otra forma de servicio altruista o colectivo; de un modo tal
que represente un innegable beneficio para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III. Que el Doctor Fabio Castillo Figueroa ha sido Rector de la Universidad de El Salvador
en dos importantes periodos: de 1963 a 1967 y de 1991 a 1995; en los que realizó
una destacada labor educativa y, particularmente, durante el primero, dirigió la más
importante reforma universitaria a nivel nacional.
IV. Que siendo del conocimiento público, los relevante servicios prestados a la Patria por el
Doctor Castillo Figueroa, especialmente en los campos de de la medicina, la educación,
la política y la integración centroamericana; es procedente reconocer su abnegada labor
profesional, otorgándole la distinción honorífica pertinente.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: José Manuel
Melgar Henríquez y Marta Lilian Coto de Cuéllar,
DECRETA:
Art. 1. Declárase al Doctor Fabio Castillo Figueroa, “EDUCADOR MERITÍSIMO DE EL
SALVADOR”, por su destacada labor educativa al frente de la Universidad de El Salvador y en
otros campos humanistas.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de
julio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 162, Tomo N° 364, Fecha: 2 de septiembre de 2004.
529
Parte VII

Parte VII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
530
DECRETO No. 405
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al Artículo 131, ordinal 22 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal b) de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establece que se otorgará la distinción honorífica de Notable, cuando los
servicios o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén relacionados con la difusión
y el aprovechamiento de la ciencia, el arte, la cultura, la educación o cualquier otra forma
de servicio altruista o colectivo; de un modo tal que represente un innegable beneficio
para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III. Que el Doctor Juan Romagoza es un médico salvadoreño, originario de la Ciudad de
Usulután; que actualmente reside en la Ciudad de Washington, Estados Unidos de
América, donde efectúa una encomiable labor humanitaria, prestando un prominente
servicio en el área de la salud, especialmente a los salvadoreños residentes en aquel
lugar, trabajo que le ha merecido el reconocimiento generalizado por la calidad humana
con que lo desempeña.
IV. Que la destacada labor del Doctor Romagoza ha despertado la atención de importantes
instituciones norteamericanas, al grado de reconocerle como uno de los personajes de
la historia reciente que han puesto en alto el nombre latino, en los Estados Unidos;
reconocimiento que, a su vez, enaltece el prestigio salvadoreño en aquel país.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Héctor Ricardo
Silva Argüello, Santos Fernando González Gutiérrez, Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi, Jorge
Alberto Villacorta Muñoz, Salomé Roberto Alvarado Flores, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, José
Orlando Arévalo Pineda, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, Blanca Flor América Bonilla
Bonilla, Rodolfo Antonio Parker Soto, José Ernesto Castellanos Campos y Jesús Guillermo Pérez
Zarco; y con el respaldo de los Diputados: José Francisco Merino López, Elizardo González
Lovo, René Napoleón Aguiluz, Douglas Alejandro Alas García, José Antonio Almendáriz Rivas,
Luis Roberto Angulo Samayoa, Miguel Francisco Bennett Escobar, Juan Miguel Bolaños Torres,
Noel Abilio Bonilla Bonilla, Isidro Antonio Caballero Caballero, José Ricardo Cruz, Roberto
José d´Aubuisson Munguía, Agustín Díaz Saravia, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio
Gamero Quintanilla, César Humberto García Aguilera, Nelson Napoleón García Rodríguez, Noé
Orlando González, Jesús Grande, Manuel de Jesús Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto,
Mariela Peña Pinto, Mauricio Hernández Pérez, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto
Marroquín, Hugo Roger Martínez Bonilla, Calixto Mejía Hernández, Marco Tulio Mejía Palma,
Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana Mendoza,
Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte, Teodoro Pineda Osorio, Mario Antonio Ponce
López, Gaspar Armando Portillo Benitez, Francisco Antonio Prudencio, José Mauricio Quinteros

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Distinciones Honoríficas y Reconocimientos
Cubías, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echevería, Víctor Manuel Melgar,
Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio Angulo Milla, María Patricia Vásquez de Amaya,
Edgar Leopoldo Chavarría, Dina Angélica Acuña Guzmán, Dora Alicia Portillo, Marta Elena García
de Rodríguez, Adilson Noel Henríquez Mendoza, Mercedes de Rovira, Manuel de Jesús Aguilar,
Blanca Estela Barahona, Máximo Madriz, Juan Enrique Perla, Mario Alberto Tenorio, Enma Julia
Fabián, Raquel Hernández, Silvia Cartagena, Inmar Reyes, Félix Chachagua, Victoria Ruiz de
Amaya y Carlos Mauricio Arias.
DECRETA:
Art. 1. Declárase al médico salvadoreño, Doctor Juan Romagoza, “NOTABLE HUMANISTA
SALVADOREÑO”; por su alto espíritu de servicio humanitario, manifestado entre la comunidad
salvadoreña residente en los Estados Unidos de América.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecinueve días del mes de
agosto del año dos mil cuatro.
D. O. N° 171, Tomo N° 364, Fecha: 16 de septiembre de 2004.
531
Parte VII

Parte VII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
532
DECRETO No. 424
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al ordinal 22, Artículo 131 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal b) de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establece que se otorgará la distinción honorífica de Distinguido, cuando los
servicios o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén relacionados con la difusión
y el aprovechamiento de la ciencia, el arte, la cultura, la educación o cualquier otra forma
de servicio altruista o colectivo; de un modo tal que represente un innegable beneficio
para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III. Que el señor Vicente Aguiluz, conocido artísticamente como “El Indio de Cuscatlán”,
dedicó toda su vida, desde los 12 años de edad, a fomentar y difundir el arte escénico
de la danza folklórica, al grado de constituirse como un bailarín representativo de los
valores autóctonos salvadoreños.
IV. Que la importante obra escénica realizada por el señor Aguiluz, trascendió las fronteras
patrias y obtuvo para El Salvador el conocimiento y la difusión de nuestra identidad
cultural; por lo que es procedente, en los años de su vejez, que le reconozca el Estado
salvadoreño tan importante servicio prestado a nuestra Patria.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Rubén Orellana
Mendoza, Salomé Roberto Alvarado Flores, Gabino Ricardo Hernández, Marta Lilian Coto de
Cuéllar, Roberto Eduardo Castillo Batlle, Mario Alberto Tenorio y Rolando Casamalhuapa.
DECRETA:
Art. 1. Declárase al señor Vicente Aguiluz, conocido artísticamente como “El Indio de
Cuscatlán”, “DISTINGUIDO ARTISTA DE EL SALVADOR”, por su contribución al fomento de
nuestra identidad cultural, a través de la danza folklórica.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres días del mes de septiembre
del año dos mil cuatro. D. O. N° 183, Tomo N° 365, Fecha: 4 de octubre de 2004

DECRETO No. 425
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Distinciones Honoríficas y Reconocimientos
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al ordinal 22, Artículo 131 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal b) de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establece que se otorgará la distinción honorífica de Distinguido, cuando los
servicios o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén relacionados con la difusión
y el aprovechamiento de la ciencia, el arte, la cultura, la educación o cualquier otra forma
de servicio altruista o colectivo; de un modo tal que represente un innegable beneficio
para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III. Que el profesor José Ángel Castillo, desde el año 1948, ha dedicado gran parte de su
vida, con vocación y esmero, a las actividades docentes en el Departamento de Cabañas;
por lo que goza del reconocimiento general en la Ciudad de Sensuntepeque, lugar donde
todavía presta sus valiosos servicios en diferentes aspectos culturales.
IV. Que el reconocimiento general de su pueblo, le ha valido para ocupar importantes cargos
públicos y obtener numerosos galardones, entre ellos la nominación de un centro escolar
y la Plaza Cívica del parque central, con su nombre; por lo que es procedente que este
Órgano del Estado pondere los méritos de tan distinguido maestro.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Carlos Reyes y
Patricia de Amaya.
DECRETA:
Art. 1. Declárase al profesor José Ángel Castillo, “DISTINGUIDO MAESTRO DE EL
SALVADOR”, por su destacada labor docente y su alto espíritu de servicio a la comunidad de
Sensuntepeque.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres días del mes de septiembre
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 183, Tomo N° 365, Fecha: 4 de octubre de 2004
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Parte VII

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A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
534
DECRETO No. 436
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al ordinal 22, Artículo 131 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal a), de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establece que se otorgará la distinción honorífica de Noble Amigo de El Salvador,
cuando, tratándose de personas extranjeras, los hechos que se pretendan galardonar
constituyan un significativo beneficio para el Estado de El Salvador o para la población
en general.
III. Que los esposos estadounidenses, Loris John Bueno y Loyda Lebeck Bueno, conocidos
en nuestro medio como Juan Bueno y Loyda Bueno, se establecieron como misioneros
en El Salvador, desde 1961, como pastores del Centro Evangelístico de las Asambleas
de Dios; y dos años más tarde, fundaron el primero de los cuarenta Liceos Cristianos
que funcionan actualmente.
IV. Que desde su fundación, los referidos centros educativos, se han caracterizado por facilitar
educación formal y espiritual a muchos niños y jóvenes de nuestro país, especialmente de
familias con recursos limitados; y que muchos de los beneficiados, son ahora personas
profesionales, útiles a la Patria por su alto espíritu de responsabilidad y amplia convicción
de sus valores morales.
V. Que esta obra de formación integral en El Salvador, iniciada por los esposos Bueno,
hace más de cuarenta años, ha sido modelo educativo para muchos países en América,
multiplicándose por fe, en beneficio de nuestro sistema educativo nacional; por lo que
es procedente reconocer los frutos evangelizadores, que con el paso de tiempo, han
brotado de la semilla cultivada en El Salvador por los esposos Bueno.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Héctor Ricardo
Silva Argüello, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Oscar Abrahan Kattan, Guillermo Antonio
Gallegos Navarrete y José Antonio Almendáriz Rivas.
DECRETA:
Art. 1. Decláranse, al Reverendo Loris John Bueno y a su esposa Loyda Lebeck Bueno,
conocidos en nuestra sociedad como Juan Bueno y Loyda Bueno, “NOBLES AMIGOS DE EL
SALVADOR”, por su encomiable obra humanística, en beneficio de la educación integral de la
niñez y la juventud de nuestro país.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
septiembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 197, Tomo N° 365, Fecha: 22 de octubre de 2004.

DECRETO No. 437
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Distinciones Honoríficas y Reconocimientos
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al ordinal 22, Artículo 131 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal a), de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establece que se otorgará la distinción honorífica de Noble Amigo de El Salvador,
cuando, tratándose de personas extranjeras, los hechos que se pretendan galardonar
constituyan un significativo beneficio para el Estado de El Salvador o para la población
en general.
III. Que la ciudadana estadounidense, Doctora Patricia Gehret, desde 1982 visita periódicamente
nuestro país, para realizar importantes obras humanitarias, en beneficio de la formación
cristiana; propiciando con ello, el amor y la unidad de la familia salvadoreña.
IV. Que su desinteresada labor y elevado espíritu altruista, han beneficiado amplios sectores
de la población salvadoreña; por lo que es procedente, reconocer los méritos de tan
ilustre extranjera.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Mario Antonio
Ponce López, Manuel Alfonso Rodríguez y Félix Ágreda.
DECRETA:
Art. 1. Declárase a la ciudadana estadounidense, Doctora Patricia Gehret, “NOBLE
AMIGA DE EL SALVADOR”, por su abnegada labor humanitaria en favor de la población
salvadoreña.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
septiembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 197 , Tomo N° 365, Fecha: 22 de octubre de 2004.
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536
DECRETO No. 456
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al ordinal 22, Artículo 131 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal b) de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establece que se otorgará la distinción honorífica de Meritísimo, cuando los
servicios o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén relacionados con la difusión
y el aprovechamiento de la ciencia, el arte, la cultura, la educación o cualquiera otra
forma de servicio altruista o colectivo; de un modo tal que represente un innegable
beneficio para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III. Que el Doctor Héctor Antonio Hernández Flores ha sido maestro de pediatría en la
Universidad de El Salvador y en el Hospital Nacional de Niños, “Benjamín Bloom”; desde
donde ha desarrollado una meritísima obra humanitaria a favor de la niñez salvadoreña,
formando pediatras y realizando investigaciones científicas que ennoblecen su larga
trayectoria dedicada a la medicina pediátrica.
IV. Que en el presente año el Doctor Hernández ha iniciado las gestiones para su digno
retiro por lo que, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
sus colegas y amigos, alumnos y demás personas que conocen su trayectoria, le hacen
objeto de múltiples reconocimientos y felicitaciones por su dedicación profesional; razón
por la cual, es procedente que este Órgano del Estado también reconozca sus relevantes
méritos y servicios, otorgándole la distinción honorífica correspondiente.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Enrique Valdés
Soto.
DECRETA:
Art. 1. Declárase al Doctor Héctor Antonio Hernández Flores, “PEDIATRA MERITÍSIMO
DE EL SALVADOR”, por sus relevantes servicios prestados a la niñez salvadoreña, en la rama
médica de su especialidad.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete días del mes de octubre
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 207, Tomo N° 365, Fecha: 8 de noviembre de 2004

DECRETO N° 469
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Distinciones Honoríficas y Reconocimientos
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al ordinal 22, Artículo 131 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones, compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal a) de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establece que se otorgará la distinción honorífica de “Noble Amigo de El
Salvador”, cuando tratándose de personas extranjeras, los hechos que se pretendan
galardonar constituyan un significativo beneficio para el Estado salvadoreño o la población
en general.
III. Que el Excelentísimo Señor Embajador de España, Don Juan Francisco Montalbán Carrasco,
ha fungido como tal en nuestro país, durante más de tres años; tiempo durante el cual
ha realizado una encomiable labor diplomática, buscando el acercamiento cultural y
el incremento de relaciones comerciales y de cooperación multisectorial entre ambas
naciones.
IV. Que, así mismo, durante los años de su servicio, El Salvador ha obtenido un importante
apoyo en programas de cooperación, para hacer frente a los desastres naturales ocurridos
en el territorio nacional; especialmente, propiciando el financiamiento adecuado para
preservar nuestro patrimonio artístico, histórico y cultural.
V. Que el referido diplomático concluirá próximamente sus funciones en nuestro país; por
lo que es procedente, que este Órgano del Estado le patentice su reconocimiento por
tan destacada labor.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Ciro Cruz Zepeda
Peña, José Manuel Melgar Henríquez, José Francisco Merino López, Marta Lilian Coto de
Cuéllar, Elizardo González Lovo y Elvia Violeta Menjivar; y el respaldo de los Diputados: René
Napoleón Aguiluz Carranza, Douglas Alejandro Alas García, Rolando Alvarenga Argueta, Miguel
Francisco Bennett Escobar, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Roger Alberto Blandino Nerio, Juan
Miguel Bolaños Torres, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, José Ernesto Castellanos Campos,
Humberto Centeno Najarro, Luis Alberto Corvera Rivas, José Ricardo Cruz, Héctor Miguel
Antonio Dada Hirezi, Walter Eduardo Durán Martínez, Jorge Antonio Escobar Rosa, Guillermo
Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Vilma Celina García de Monterrosa, César
Humberto García Aguilera, Nicolás Antonio García Alfaro, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez,
Carlos Walter Guzmán Coto, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Marco
Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén
Orellana, Renato Antonio Pérez, Teodoro Pineda Osorio, Gaspar Armando Portillo Benítez,
Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías,
Carlos Armando Reyes, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Víctor Manuel Melgar, Juan de Jesús
Sorto Espinoza, Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Valdés Soto, María Patricia
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Parte VII

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Vásquez de Amaya, Sigfredo Antonio Campos, Adilson Henríquez, Mario Tenorio, Marta Elena
García, Elías Romero, Alexander Higinio Melchor, Blanca Estela Barahona, Mercedes de Rovira,
Salvador Rafael Morales, Juan Francisco Villatoro, Félix Ágreda Chachagua, Ernesto Antonio
Dueñas, Oscar Del Cid y Juan Enrique Perla.
DECRETA:
Art. 1. Otórgase al Excelentísimo Señor Embajador de España, Don Juan Francisco
Montalbán Carrasco, la distinción honorífica de “Noble Amigo de El Salvador”, por su contribución al
fortalecimiento de la amistad, solidaridad y cooperación con el pueblo y Gobierno Español.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 194, Tomo N° 365, Fecha: 19 de octubre de 2004

DECRETO No. 519
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Distinciones Honoríficas y Reconocimientos
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al ordinal 22, Artículo 131 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal a) de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establece que se otorgará la distinción honorífica de Noble Amigo de El Salvador,
cuando tratándose de personas extranjeras, los hechos que se pretenda galardonar
constituyan un significativo beneficio para el Estado de El Salvador o para la población
en general.
III. Que el conocido industrial, Don Pablo Tesak Hecht, originario de Checoslovaquia y
salvadoreño por naturalización; ha dedicado su vida, desde 1951, al fomento de la
industria nacional, logrando con ello un significativo éxito empresarial, que ha beneficiado
a miles de empleados salvadoreños y sus respectivas familias, mediante el otorgamiento
de prestaciones sociales más allá del mínimo exigido por las leyes laborales del país.
IV. Que, además de la solidaridad con sus trabajadores, Don Pablo Tesak Hecht ha demostrado
un alto espíritu de servicio público, con vocación especial en los ámbitos de la salud
y la educación, caracterizado por sus constantes donaciones en materiales y equipos
médicos a diferentes instituciones de beneficencia pública; y, últimamente, por el donativo
al sistema educativo nacional de un instituto tecnológico, debidamente equipado, a
inaugurarse próximamente en la Isla de Méndez, Bahía de Jiquilisco, Departamento de
Usulután.
V. Que los hechos antes relacionados, constituyen el fruto de una personalidad virtuosa,
digna de ser ponderada, por lo que es procedente otorgar, a este singular empresario
salvadoreño, la máxima distinción que este Órgano del Estado confiere a un ciudadano
de origen extranjero.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Héctor Ricardo
Silva Argüello, Roberto Alvarado Flores, Shafick Jorge Handal, José Rafael Machuca Zelaya e
Hipólito Baltazar Rodríguez.
DECRETA:
Art. 1. Otórgase a Don Pablo Tesak Hecht, la distinción honorífica de “NOBLE AMIGO
DE EL SALVADOR”, por su alto espíritu de servicio social al pueblo salvadoreño, en los ámbitos
de la salud y la educación.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 232, Tomo N° 365, Fecha: 13 de diciembre de 2004
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540
DECRETO No. 590
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al ordinal 22°, Artículo 131 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal a) de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establece que la Distinción de Hijo Meritísimo de El Salvador, constituye la
máxima distinción y se otorgará a las personas salvadoreñas que se dediquen o hayan
dedicado, a la realización del humanismo y del altruismo; o por sus trascendentales
aportes o servicios al conocimiento humano, de un modo tal, que dicho aporte represente
un beneficio general, regional o universal.
III. Que el Doctor Juan Mateu Llort cuenta con una destacada trayectoria profesional,
tanto en el ámbito médico como en el área deportiva, dado que ha sido fundador de
los Institutos de Medicina Legal y de la Unidad Técnica Médica Antidoping; así mismo,
durante su juventud, representó a nuestro país en múltiples torneos deportivos, en los
que puso en alto el nombre de El Salvador.
IV. Que la dedicación del Doctor Juan Mateu Llort es merecedora del reconocimiento de
este Órgano del Estado, por lo que es procedente otorgarle la Distinción Honorífica de
“Hijo Meritísimo de El Salvador”.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Norman Noel
Quijano González, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete y Renato Antonio Pérez.
DECRETA:
Art. 1. Otórgase al Doctor Juan Mateu Llort, la Distinción Honorífica de “HIJO MERITÍSIMO
DE EL SALVADOR”, por su destacada trayectoria profesional y humanista a favor de la salud
y el deporte de nuestro país.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecinueve días del mes de
enero del año dos mil cinco.
D. O. N° 29, Tomo N° 366, Fecha:10 de febrero de 2005

DECRETO No. 608
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Distinciones Honoríficas y Reconocimientos
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al ordinal 3°, Artículo 92 de la Constitución de la República, podrán
adquirir la calidad de salvadoreños por naturalización, los extranjeros que, por servicios
notables prestados a la República, obtengan ese atributo de este Órgano del Estado.
II. Que, así mismo, los Artículos 11 y 12 de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establecen los procedimientos necesarios para la obtención de la nacionalidad
salvadoreña, como un reconocimiento a personas extranjeras que, por sus actuaciones,
obras o servicios, demuestren una especial consideración e identificación con el pueblo
salvadoreño.
III. Que los señores Yitzhak Ben Ayoun y Oded Ovadia Yoonis, ambos de nacionalidad
israelita, residentes en El Salvador, han desarrollado, como iniciativa propia, importantes
donaciones en materiales y equipo de construcción, a favor de distintas entidades civiles
y religiosas de los Departamentos de Cuscatlán y La Libertad, beneficiando con ello, a
muchas personas y comunidades salvadoreñas.
IV. Que, por los méritos indicados, es procedente conferir la calidad de salvadoreños por
naturalización, a los señores Yitzhak Ben Ayoun y Oded Ovadia Yoonis, ambos de
nacionalidad israelita, por los notables servicios prestados a la República; para que surta
efecto, previa aceptación expresa de los galardonados.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: José Antonio
Almendáriz Rivas, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Mario Antonio Ponce López y Miguel Francisco
Bennett Escobar.
DECRETA:
Art. 1. Otórgase a los señores Yitzhak Ben Ayoun y Oded Ovadia Yoonis, ambos de
nacionalidad israelita, la calidad de salvadoreños por naturalización, en reconocimiento a
sus actuaciones, obras y servicios relevantes, con los cuales han demostrado una especial
consideración e identificación con el pueblo salvadoreño.
Art. 2. Para los efectos legales pertinentes, los galardonados deberán manifestar su
aceptación expresa ante el Pleno Legislativo, o certificarla ante éste, por cualquiera de los
medios legales, dentro del plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la
presente disposición.
Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis días del mes de febrero
del año dos mil cinco. D. O. N° 53, Tomo N° 366, Fecha: 16 de marzo de 2005
541
Parte VII

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A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
542
DECRETO No. 610
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al ordinal 22°, Artículo 131 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal a) de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establece que la nominación de Hijo Meritísimo de El Salvador, constituye la
máxima distinción honorífica que confiere este Órgano del Estado; y se otorgará a las
personas salvadoreñas que se dediquen o hayan dedicado, a la realización del humanismo
y del altruismo; o por sus trascendentales aportes o servicios al conocimiento humano, de
un modo tal, que dicho aporte represente un beneficio general, regional o universal.
III. Que la venerable religiosa salvadoreña, Clara María de Jesús Quirós López, más conocida
como “Madre Clarita”, cuyo nombre de pila fue Clara del Carmen Quirós López, nacida
en la Ciudad de San Miguel, el 12 de agosto de 1857, y fallecida a los 71 años de edad,
el 8 de diciembre de 1928, en la Ciudad de Santa Tecla; lugar donde desarrolló toda
una vida de entrega y amor preferencial por los pobres, los desamparados y los que
sufren; al grado de conocerse proverbialmente su imponderable caridad con toda clase
de personas necesitadas.
IV. Que, adelantándose a su tiempo, la Madre Clarita se constituye en una incansable
defensora y promotora de los derechos de la mujer; sobre todo, de las niñas abandonadas,
de las jóvenes en peligro de corrupción moral y de las mujeres con graves problemas
matrimoniales; lo que la convierte en una auténtica promotora de los valores espirituales
y morales, digna de ser ejemplo para la sociedad de nuestros tiempos, necesitada del
conocimiento espiritual.
V. Que, como fundadora de la Congregación de Carmelitas de San José, la salvadoreña
Madre Clarita, ha alcanzado connotaciones universales, ya que su obra a favor de los
pobres y de la mujer, abarca en la actualidad a millares de personas en América, Europa
y África, lugares donde se han instituido filiales de su congregación; además, para honra
y gloria del pueblo salvadoreño, existen grandes posibilidades de que se constituya en
la primera mujer salvadoreña en alcanzar la canonización.
VI. Que, por las razones antes indicadas, y como un reconocimiento impostergable a su
trascendental obra humanitaria y espiritual; y con el propósito de mostrar, con altos
relieves en nuestra historia Patria, la heroica santidad de vida, de tan ilustre salvadoreña,
es de justicia otorgar, en este caso de manera póstuma, la máxima distinción honorífica,
que este Órgano del Estado puede conferir, a personas nacidas en El Salvador.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: José Manuel
Melgar Henríquez, Marta Lilian Coto Vda. de Cuéllar, William Rizziery Pichinte, Roberto José

I n d i c e L e g i s l a t i v o
Distinciones Honoríficas y Reconocimientos
d´Abuisson Munguía, José Ernesto Castellanos Campos, Carmen Elena Calderón de Escalón,
Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, José Mauricio Quinteros Cubías, Donato Eugenio Vaquerano
Rivas, Jesús Grande, Carlos Armando Reyes, Renato Antonio Pérez, María Patricia Vásquez de
Amaya, Mariella Peña Pinto, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Dolores Alberto Rivas Echevería, César
Humberto García Aguilera, Francisco Antonio Prudencio, Oscar Edgardo Mixto Sol, Alba Teresa
de Dueñas, Víctor Manuel Melgar, Enma de Cañas, Juan Enrique Perla, Mario Alberto Tenorio,
José Rafael Machuca Zelaya, Douglas Alejandro Alas García, Elizardo González Lovo, Salomé
Roberto Alvarado Flores, Rolando Alvarenga Argueta, Irma Segunda Amaya Echevería, Félix
Ágreda Chachagua, José Salvador Arias Peñate, Miguel Francisco Bennett Escobar, Efrén Arnoldo
Bernal Chévez, Rigoberto Trinidad, Blanca Flor América Bonilla, Carlos Alfredo Castaneda
Magaña, Roberto Eduardo Castillo Batlle, Humberto Centeno Najarro, Héctor David Córdova
Arteaga, Luis Alberto Corvera Rivas, Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi, Jorge Antonio Escobar
Rosa, Vilma Celina García de Monterrosa, Nelson Napoleón García Rodríguez, Nicolás Antonio
García Alfaro, Ricardo Bladimir González, Manuel Aguilar, Noé Orlando González, Manuel de
Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Schafik Jorge Handal Handal, Gabino
Ricardo Hernández Alvarado, Mario Marroquín Mejía, Juan Francisco Villatoro, Immar Rolando
Reyes, Calixto Mejía Hernández, Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete
Navarrete, Rubén Orellana Mendoza, Teodoro Pineda Osorio, Emma Julia Fabián, Zoila Beatriz
Quijada Solís, Norman Noel Quijano González, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, Federico
Guillermo Ávila Qüehl, Salvador Sánchez Cerén, Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto
Luis Valdés Soto, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, José Vidal Carillo, Oscar Abraham Kattan,
Romeo Gustavo Chiquillo, Juana Isolina Alas de Marín, Lourdes Palacios, Dora Alicia Portillo,
Blanca Coto, Nelson de la Cruz Alvarado, Victoria Ruiz de Amaya, Luis Fernández, Karina Sosa,
Raquel Hernández, Francisco Villatoro, Sigfredo Campos y Wilfredo Díaz Vásquez.
DECRETA:
Art. 1. Otórgase, de manera póstuma, a la religiosa salvadoreña, Clara María de Jesús
Quirós López, más conocida como “Madre Clarita”, la distinción honorífica de “HIJA MERITÍSIMA
DE EL SALVADOR”; por su extraordinario ejemplo de vida dedicada al amor preferencial por los
pobres y los desamparados; así como, por su incansable promoción y defensa de los derechos
de la mujer en su época.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis días del mes de
febrero del año dos mil cinco.
D. O. N° 53, Tomo N° 366, Fecha: 16 de marzo de 2005
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Parte VII

Parte VII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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DECRETO No. 619
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al ordinal 22°, Artículo 131 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal b) de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establece que la nominación de Distinguido será otorgada cuando los servicios
o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén relacionados con la difusión y el
aprovechamiento de la ciencia, el arte, la cultura, la educación o cualquiera otra forma
de servicio altruista o colectivo; de un modo tal que represente un innegable beneficio
para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III. Que el pintor salvadoreño, Don Pedro Acosta García, nacido en la Ciudad de San Salvador,
el 10 de agosto de 1930, ha realizado sus estudios oficiales de pintura en la Academia
del Maestro Valero Lecha; y en 1956, fue becado por el Gobierno de El Salvador para
efectuar estudios en la Ciudad de Madrid, España, donde ha logrado una especialización
artística que honra, extraordinariamente, la plástica salvadoreña.
IV. Que en virtud de sus méritos artísticos, también ha efectuado grandes aportes al
desarrollo pictórico nacional, como catedrático de la Dirección General de Bellas Artes
y del Centro Nacional de Artes, así como, de las más prestigiosas universidad del país;
igualmente, figura en muchas publicaciones nacionales e internacionales, como uno de
los artistas más consagrados de la pintura salvadoreña.
V. Que, en razón de los múltiples logros que su capacidad creativa ha traído al arte
salvadoreño, es procedente reconocer sus aportes relevantes para el engrandecimiento
de la cultura salvadoreña, otorgándole la distinción honorífica correspondiente.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Alejandro Dagoberto
Marroquín.
DECRETA:
Art. 1. Otórgase a Don Pedro Acosta García, el reconocimiento de “DISTINGUIDO PINTOR
SALVADOREÑO”; por su rica trayectoria en las artes plásticas de nuestro país.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de
febrero del año dos mil cinco.
D. O. N° 58,Tomo N° 366, Fecha: 31 de marzo de 2005.

DECRETO No. 638
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Distinciones Honoríficas y Reconocimientos
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al ordinal 22°, Artículo 131 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal b) de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establece que la nominación de Distinguido será otorgada cuando los servicios
o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén relacionados con la difusión y el
aprovechamiento de la ciencia, el arte, la cultura, la educación o cualquiera otra forma
de servicio altruista o colectivo; de un modo tal que represente un innegable beneficio
para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III. Que el Doctor José Rutilio Quezada, originario de la Ciudad de Quezaltepeque, es un
destacado investigador científico, dedicado a la conservación del equilibrio ecológico,
como una forma de preservar las riquezas naturales de El Salvador; en cuyo trabajo ha
empleado, como herramienta de difusión social para sus conocimientos científicos, el
recurso literario de la novela sociopolítica.
IV. Que las obras literarias del Doctor José Rutilio Quezada han alcanzado una profusa
difusión a nivel nacional e internacional, dado el gran contenido en paisajes y estampas
bucólicas de gran contenido afectivo, que revelan su amor entrañable por la tierra y su
protesta ante la destrucción del hábitat de la fauna salvadoreña.
V. Que es procedente reconocer los méritos de tan distinguido literato y científico salvadoreño,
otorgándole la Distinción Honorífica correspondiente a sus cualidades.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: José Mauricio
Quinteros Cubías, José Rafael Machuca Zelaya, Salvador Sánchez Cerén, Irma Segunda Amaya
Echeverría, José Orlando Arévalo Pineda y Emma Julia Fabián Hernández.
DECRETA:
Art. 1. Declárase al Doctor y Escritor, José Rutilio Quezada, “DISTINGUIDO POETA E
INVESTIGADOR SALVADOREÑO”; por sus esfuerzos literarios para evitar la destrucción de las
riquezas naturales de nuestro país.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
marzo del año dos mil cinco. D. O. N° 73, Tomo N° 367, Fecha: 20 de abril de 2005
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Parte VII

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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
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546
DECRETO No. 639
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al ordinal 22°, Artículo 131 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal b) de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establece que la nominación de Distinguido será otorgada cuando los servicios
o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén relacionados con la difusión y el
aprovechamiento de la ciencia, el arte, la cultura, la educación o cualquiera otra forma
de servicio altruista o colectivo; de un modo tal que represente un innegable beneficio
para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III. Que el recordado escritor Joaquín Castro Canizález, quien adoptó el seudónimo de “Quino
Caso”, en el ámbito periodístico nacional, nacido en la Ciudad de Quezaltepeque, en
el año 1902 y fallecido en 1993, es una de las figuras prominentes de la historia del
periodismo salvadoreño.
IV. Que resulta imposible resumir, en pocas palabras, la elocuente trayectoria de tan
distinguido escritor y periodista salvadoreño, del que los historiadores han dicho y
seguirán diciendo, todo cuanto corresponde a su pródiga vida dedicada a la difusión del
pensamiento; por lo que es procedente reconocer, de manera póstuma, los relevantes
méritos de este singular salvadoreño.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: José Mauricio
Quinteros Cubías, José Rafael Machuca Zelaya, Salvador Sánchez Cerén, Irma Segunda Amaya
Echeverría, José Orlando Arévalo Pineda y Emma Julia Fabián Hernández.
DECRETA:
Art. 1. Declárase, de forma póstuma, al señor Joaquín Castro Canizález, conocido en los
medios de difusión social como “Quino Caso”, “DISTINGUIDO PERIODISTA SALVADOREÑO”;
por toda una vida dedicada a la libre expresión del pensamiento.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
D. O. N° 73, Tomo N° 367, Fecha: 20 de abril de 2005

DECRETO No. 640
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Distinciones Honoríficas y Reconocimientos
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al ordinal 22°, Artículo 131 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal b) de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establece que la nominación de Notable será otorgada cuando los servicios
o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén relacionados con la difusión y el
aprovechamiento de la ciencia, el arte, la cultura, la educación o cualquiera otra forma
de servicio altruista o colectivo; de un modo tal que represente un innegable beneficio
para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III. Que la Profesora Ketty Azucena Alfaro de Muñoz, originaria de la Ciudad de Quezaltepeque,
dedicada a la educación parvularia desde 1927 y fundadora del Kindergarten Nacional
en 1948; ha ofrendado toda su vida, con devoción y espíritu de servicio, al cuidado y
formación de la niñez salvadoreña.
IV. Que la referida educadora salvadoreña, ha recibido diferentes reconocimientos por su
abnegada labor en beneficio de niñas y niños, trayectoria que le ha merecido celebrar,
recientemente, sus bodas de oro profesionales; por lo que es procedente enaltecer su
dedicación a tan delicada especialidad.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: José Mauricio
Quinteros Cubías, José Rafael Machuca Zelaya, Salvador Sánchez Cerén, Irma Segunda Amaya
Echeverría, José Orlando Arévalo Pineda y Emma Julia Fabián Hernández.
DECRETA:
Art. 1. Declárase a la señora Ketty Azucena Alfaro de Muñoz, “NOTABLE EDUCADORA
SALVADOREÑA”; por sus cincuenta años de vida profesional, dedicados a la educación
parvularia.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
D. O. N° 73, Tomo N° 367, Fecha: 20 de abril de 2005
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Parte VII

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548
DECRETO No. 641
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al ordinal 22°, Artículo 131 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal b) de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establece que la nominación de Notable será otorgada cuando los servicios
o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén relacionados con la difusión y el
aprovechamiento de la ciencia, el arte, la cultura, la educación o cualquiera otra forma
de servicio altruista o colectivo; de un modo tal que represente un innegable beneficio
para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III. Que la Profesora Coronado del Carmen Villeda Vda. de Santos, conocida socialmente
como Carmen Villeda Vda. de Santos, nacida en el Departamento de Sonsonate el
4 de marzo de 1912, domiciliada en la Ciudad de Quezaltepeque; lugar donde se ha
desempeñado, al frente de una guardería infantil, durante más de 40 años, por lo que
es ampliamente conocida como fundadora de la Guardería Infantil de dicha localidad.
IV. Que la referida maestra de diferentes generaciones, ha demostrado bondad y altruismo
para la niñez salvadoreña, y por esa condición humana recientemente se ha nominado la
Guardería Infantil de Quezaltepeque con el nombre de Doña Carmen Villeda Vda. de Santos;
méritos que son suficientes para conferirle la distinción honorífica correspondiente.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: José Mauricio
Quinteros Cubías, José Rafael Machuca Zelaya, Salvador Sánchez Cerén, Irma Segunda Amaya
Echeverría, José Orlando Arévalo Pineda y Emma Julia Fabián Hernández.
DECRETA:
Art. 1. Declárase a la Profesora Carmen Villeda Vda. de Santos, “NOTABLE EDUCADORA
SALVADOREÑA”; por sus más de cuarenta años de vida profesional, dedicados a la formación
de la niñez de Quezaltepeque.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
marzo del año dos mil cinco.
D. O. N° 73, Tomo N° 367, Fecha: 20 de abril de 2005

DECRETO No. 656
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Distinciones Honoríficas y Reconocimientos
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que de conformidad al ordinal 22°, Artículo 131 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal a) de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establece que la nominación de Noble Amigo de El Salvador será otorgada
cuando, tratándose de personas extranjeras, los hechos que se pretendan galardonar
constituyan un significativo beneficio para el Estado de El Salvador o para la población
en general.
III. Que en el mes de julio del presente año, se realizará en nuestro país, la II Cumbre
Iberoamericana por la Descentralización del Estado y el Desarrollo Local, auspiciada
por la Diputación de Barcelona, que preside el Excelentísimo señor Celestino Corbacho
Cháves; evento de gran significado para el futuro desarrollo de los gobiernos municipales
de nuestro país.
IV. Que, asimismo, desde 1995, la Diputación de Barcelona ha contribuido en el fortalecimiento
de la democracia en El Salvador, mediante una sostenida cooperación económica en
importantes áreas como la salud, la alfabetización campesina, la consolidación de
programas ambientales, los centros de capacitación agrícola, el ecoturismo en la zona de
Montecristo, el soporte a la producción agrícola, la reforestación en áreas comunitarias y
muchos otros programas de infraestructura, formación técnica, y capacitación social.
V. Que mediante la cooperación técnica y económica, procedente de la Diputación de
Barcelona, nuestro país ha logrado importantes avances en el fortalecimiento institucional
y la alta gerencia para el desarrollo local; lo que representa un relevante servicio
prestado a la Patria, por lo que es procedente conferir a la mencionada representación
parlamentaria de Barcelona, a través de su Presidente, el Excelentísimo señor Celestino
Corbacho Cháves, la máxima distinción honorífica de este Órgano del Estado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Mario Antonio
Ponce López, José Orlando Arévalo Pineda, Hipólito Baltazar Rodríguez Contreras, Ciro Cruz
Zepeda Peña, José Manuel Melgar Henríquez, José Francisco Merino López, Marta Lilian Coto
Vda. de Cuéllar, José Antonio Almendáriz Rivas, Elvia Violeta Menjívar Escalante, Douglas
Alejandro Alas García, Elizardo González Lovo, Rolando Alvarenga Argueta, Irma Segunda
Amaya Echeverría, José Salvador Arias Peñate, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Roger Alberto
Blandino Nerio, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Carmen Elena Calderón
de Escalón, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, José Ernesto Castellanos Campos, Roberto
Eduardo Castillo Batlle, Humberto Centeno Najarro, Luis Alberto Corvera Rivas, José Ricardo
Cruz, Walter Eduardo Durán Martínez, Jorge Antonio Escobar Rosa, Guillermo Antonio Gallegos
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Parte VII

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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
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Navarrete, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Vilma Celina García de Monterrosa, César Humberto
García Aguilera, Nelson Napoleón García Rodríguez, Nicolás Antonio García Alfaro, Ricardo
Bladimir González, Noé Orlando González, Jesús Grande, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez,
Carlos Walter Guzmán Coto, Mariela Peña Pinto, Gabino Ricardo Hernández Alvarado, José
Rafael Machuca Zelaya, Mario Marroquín Mejía, Hugo Roger Martínez Bonilla, Marco Tulio Mejía
Palma, Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana,
Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte, Gaspar Armando Portillo Benítez, Francisco
Antonio Prudencio, Zoila Beatriz Quijada Solís, Norman Noel Quijano González, José Mauricio
Quinteros Cubías, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, Oscar Edgardo Mixco Sol, Dolores Alberto
Rivas Echeverría, Ileana Argentina Rogel Cruz, Federico Guillermo Ávila Qüehl, Ernesto Antonio
Angulo Milla, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Juan Enrique
Perla Ruiz, Alba Teresa González de Dueñas, Alex René Aguirre Guevara, Blanca Nohemí Coto
Estrada, Gloria Mercedes González de Rovira, Luis Arturo Fernández Peña, José Vidal Carrillo,
José Máximo Madriz Serrano, Mario Alberto Tenorio Guerrero, Saúl Alfonso Monzón Molina y
Guillermo Antonio Olivo Méndez.
DECRETA:
Art. 1. Otórgase a la Honorable Diputación de Barcelona, a través de su Presidente, el
Excelentísimo señor Celestino Corbacho Cháves, la Distinción Honorífica de “NOBLE AMIGA
DE EL SALVADOR”; por su valiosa cooperación en el fortalecimiento de la democracia y el
desarrollo de los gobiernos locales de nuestro país.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a un día del mes de abril del año
dos mil cinco.
D. O. N° 73, Tomo N° 367, Fecha: 20 de abril de 2005

DECRETO No. 657
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
Distinciones Honoríficas y Reconocimientos
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I Que de conformidad al ordinal 22°, Artículo 131 de la Constitución, es facultad de este
Órgano del Estado, conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes
prestados a la Patria.
II. Que, así mismo, el Artículo 6, literal a) de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones
y Títulos, establece que la nominación de Noble Amigo de El Salvador será otorgada
cuando, tratándose de personas extranjeras, los hechos que se pretendan galardonar
constituyan un significativo beneficio para el Estado de El Salvador o para la población
en general.
III. Que la Fundación Interamericana de los Estados Unidos fue creada por el Congreso en
el año 1969, con el mandato de explorar y generar vías alternativas en el campo del
desarrollo.
IV. Que, en los últimos 30 años, la referida Fundación ha concedido 185 donaciones en El
Salvador, con un total de 29 millones de dólares, a fin de llevar a cabo proyectos de
beneficio social en áreas como la agricultura, la educación, entre otras; que, asimismo,
ha contribuido al desarrollo y gestión empresarial, servicios comunitarios, ecodesarrollo,
expresión cultural, investigación y divulgación.
V. Que en virtud de los méritos antes mencionados, es procedente que esta Asamblea
Legislativa otorgue a la Fundación Interamericana de los Estados Unidos, la distinción
honorífica de “Noble Amiga de El Salvador”.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Mario Antonio
Ponce López, José Orlando Arévalo Pineda, Hipólito Baltazar Rodríguez Contreras, Ciro Cruz
Zepeda Peña, José Francisco Merino López, José Antonio Almendáriz Rivas, Douglas Alejandro
Alas García, Elizardo González Lovo, Rolando Alvarenga Argueta, Juan Miguel Bolaños Torres,
Noel Abilio Bonilla Bonilla, Carmen Elena Calderón de Escalón, José Ernesto Castellanos Campos,
Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Julio Antonio Gamero Quintanilla, César Humberto García
Aguilera, Nicolás Antonio García Alfaro, Noé Orlando González, Jesús Grande, Manuel de Jesús
Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mariela Peña Pinto, José Rafael Machuca
Zelaya, Mario Marroquín Mejía, Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete
Navarrete, Rubén Orellana, Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte, Francisco Antonio
Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías, Oscar Edgardo
Mixco Sol, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Federico Guillermo Ávila Qüehl, Ernesto Antonio
Angulo Milla, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Juan Enrique
Perla Ruiz, Alba Teresa González de Dueñas, Alex René Aguirre Guevara, José Vidal Carrillo,
José Máximo Madriz Serrano, Mario Alberto Tenorio Guerrero y Saúl Alfonso Monzón Molina.
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Parte VII

Parte VII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
552
DECRETA:
Art. 1. Otórgase a la Fundación Interamericana de los Estados Unidos, la Distinción
Honorífica de “NOBLE AMIGA DE EL SALVADOR”; por sus múltiples aportes en la realización
de proyectos de beneficio social.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a un día del mes de abril del año
dos mil cinco.
D. O. N° 73, Tomo N° 367, Fecha: 20 de abril de 2005

Condecoraciones
Parte VIII

DECRETO N° 320
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
C o n d e c o r a c i o n e s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 29 de abril del corriente año, el Pleno Legislativo, conoció la solicitud del
Subdirector General de Protocolo y Órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, en
el sentido se conceda permiso al señor Vidal Sorto Rubio, Cónsul General de El Salvador
en Bahía, Brasil, en el sentido se le conceda permiso para aceptar la Insignia “MEDALLA
DEL MERITO MARECHAL ARGOLO-VIZCONTE DE ITAPARICA”, que le ha conferido el
Gobernador del Estado de Bahía, Brasil;
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado;
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de la Diputada Carmen Elena
Calderón de Escalón, de conformidad al Art. 133 ordinal 1° de la Constitución,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano salvadoreño Vidal Sorto Rubio, para recibir
la Insignia “MEDALLA DEL MÉRITO MARECHAL ARGOLO-VIZCONTE DE ITAPARICA”, que el
Gobernador del Estado de Bahía, Brasil, le ha conferido, de conformidad con lo establecido en
el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cinco días del mes de mayo
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 100, Tomo N° 363, Fecha: 1 de junio de 2004.
555
Parte VIII

Parte VIII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
556
DECRETO N° 327
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 20 de mayo del presente año, el Pleno Legislativo, conoció la solicitud
del Subdirector General de Protocolo y Ordenes, en el sentido se conceda permiso a la
Ministra de Relaciones Exteriores, Licenciada María Eugenia Brizuela de Avila, para que
pueda aceptar la Condecoración Pontificia de Dama de Gran Cruz de la “ORDEN PIANA”,
que la Honorable Nunciatura Apostólica le ha otorgado;
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de la Diputada Carmen Elena
Calderón de Escalón y de conformidad al Art. 133 ordinal 1° de la Constitución,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso a la Ministra de Relaciones Exteriores, Licenciada María
Eugenia Brizuela de Avila, para que pueda aceptar la Condecoración Pontificia de Dama de
Gran Cruz de la “ORDEN PIANA”, que la Honorable Nunciatura Apostólica le ha otorgado, de
conformidad con lo establecido en el Ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte días del mes de mayo
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 110, Tomo N° 363, Fecha: 15 de junio de 2004.

DECRETO N° 328
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
C o n d e c o r a c i o n e s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 20 de mayo del corriente año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud
de la Diputada Carmen Elena Calderón de Escalón, en nombre del Subdirector General
de Protocolo y Ordenes, en el sentido se conceda permiso al señor Alfredo F. Ungo,
Embajador de El Salvador, en la República de Corea, para que pueda aceptar el título
de “Ciudadano Honorario”, que el Alcalde de la Ciudad de Seúl le ha otorgado;
II. Que de conformidad a lo establecido en el Ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de la Diputada Carmen Elena
Calderón de Escalón, de conformidad al Art. 133 Ordinal 1° de la Constitución,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano Salvadoreño Alfredo F. Ungo, para que pueda
aceptar el Título de “CIUDADANO HONORARIO”, que el Alcalde de la Ciudad de Seúl le ha
otorgado, en virtud de lo consagrado en el Ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de
mayo del año dos mil cuatro.
D. O. N° 120, Tomo N° 363, Fecha: 29 de junio de 2004.
557
Parte VIII

Parte VIII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
558
DECRETO N° 342
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 28 de mayo del presente año, el Pleno Legislativo, conoció la solicitud del
Subdirector General de Protocolo y Ordenes, en el sentido se conceda permiso a miembros
de las Fuerzas Armadas de El Salvador, los cuales se detallan en la parte normativa de
este Decreto, para que puedan aceptar la Condecoración “CRUZ DEL MERITO MILITAR,
CON DISTINTIVO BLANCO”, que el Honorable Ejercito Español les ha conferido;
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de la Diputada Carmen Elena
Calderón de Escalón, de conformidad al Art. 133 ordinal 1° de la Constitución,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso a los Miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador:
Cnel. DEM. Omar Orellana Caledonio, Ttecnel. DEM. Francisco Javier Flores Hernández, Cap.
DEM. Nilton Santos Gálvez, Tte. DEM Walter Antonio Morales Menjivar y Tte. DEM. Marvin
Alexis Lavayo Jovel, para que puedan aceptar la condecoración “Cruz del Mérito Militar, con
Distintivo Blanco”, que el Honorable Ejército Español les ha otorgado, de conformidad con lo
establecido en el Ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once días del mes de junio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 118, Tomo N° 363, Fecha: 25 de junio de 2004.

DECRETO N° 384
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
C o n d e c o r a c i o n e s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 15 de julio del corriente año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud de
la Diputada Carmen Elena Calderón de Escalón, en nombre del ciudadano David Escobar
Galindo, en el sentido se le conceda permiso para aceptar la Distinción “MEDALLA
CONMEMORATIVA DEL PRIMER CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL POETA PABLO
NERUDA”, que le ha otorgado el Gobierno de la República de Chile.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de la Diputada Carmen Elena
Calderón de Escalón, de conformidad al Art. 133 ordinal 1° de la Constitución,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano salvadoreño David Escobar Galindo, para
recibir la distinción “MEDALLA CONMEMORATIVA DEL PRIMER CENTENARIO DEL NACIMIENTO
DEL POETA PABLO NERUDA”, que le ha otorgado el Gobierno de la República de Chile, de
conformidad con lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós días del mes de
julio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 158, Tomo N° 364, Fecha: 27 de agosto de 2004
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Parte VIII

Parte VIII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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DECRETO N° 385
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 15 de julio del corriente año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud
de la Diputada Carmen Elena Calderón de Escalón, en nombre del Director General de
Protocolo y Órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el sentido se conceda
permiso al ciudadano Enrique Altamirano Madriz, para aceptar la Condecoración en el
“GRADO DE COMENDADOR DE LA ESTRELLA DE LA SOLIDARIDAD ITALIANA”, que le
ha conferido el Gobierno de Italia.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de la Diputada Carmen Elena
Calderón de Escalón, de conformidad al Art. 133 ordinal 1° de la Constitución,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano salvadoreño Enrique Altamirano Madriz, para
recibir la condecoración en el “GRADO DE COMENDADOR DE LA ESTRELLA DE LA SOLIDARIDAD
ITALIANA”, que le ha conferido el Gobierno de Italia, de conformidad con lo establecido en el
ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós días del mes de
julio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 158, Tomo N° 364, Fecha: 27 de agosto de 2004

DECRETO No. 397
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
C o n d e c o r a c i o n e s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 28 de julio del corriente año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud del
Diputado Manuel Vicente Menjivar, en nombre subdirector General de Protocolo y Órdenes,
en el sentido se le conceda permiso al Presidente de la República, Don Elías Antonio
Saca; Ministro de Relaciones Exteriores, Don Francisco Laínez; Secretario Privado de la
Presidencia, Don Elmer Charláis; y al Director General de Protocolo y Órdenes del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Don José Francisco Merino, para aceptar las condecoraciones,
que les ha otorgado el Gobierno de la República de China.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa del Diputado Manuel Vicente
Menjivar, de conformidad al Art. 133 ordinal 1° de la Constitución,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al Presidente de la República, Don Elías Antonio Saca;
Ministro de Relaciones Exteriores, Don Francisco Laínez; Secretario Privado de la Presidencia,
Don Elmer Charláis; y Director General de Protocolo y Órdenes del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Don José Francisco Merino para recibir, respectivamente, las Condecoraciones
“ORDEN DEL JADE BRILLANTE CON GRAN CORDÓN”, “ORDEN DE LA ESTRELLA BRILLANTE
CON GRAN CORDÓN”, “ORDEN DE LA ESTRELLA BRILLANTE CON GRAN CORDÓN” Y “ORDEN
DE LA ESTRELLA BRILLANTE CON GRAN CORDÓN VIOLETA”, que le ha otorgado el Gobierno
de la República de China, de conformidad con lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de
la Constitución.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de
julio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 148, Tomo N° 364, Fecha: 13 de agosto de 2004.
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Parte VIII

Parte VIII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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DECRETO N° 411
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que, en la Asamblea Plenaria número 163 del Parlamento Centroamericano (PARLACEN),
celebrada el 11 de Julio del año 2004, fue aprobada la resolución AP/2-CLXIII-2004, por
medio de la cual se le otorga al Excelentísimo Señor Presidente de la Asamblea Legislativa
de la República de El Salvador, Lic. Ciro Cruz Zepeda Peña, la Orden y Condecoración
“PARLAMENTO CENTROAMERICANO, FRANCISCO MORAZÁN.”
II. Que con fecha 25 de agosto del corriente año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud
del Licenciado Ciro Cruz Zepeda Peña, Presidente de este Órgano Legislativo, en el
sentido se le conceda permiso para aceptar la Orden y Condecoración “PARLAMENTO
CENTROAMERICANO, FRANCISCO MORAZÁN”, que el PARLACEN le ha conferido.
III. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en ejercicio de la facultad constitucional consagrada en el Art.131 Ord.23° de la Norma
Fundamental.
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano salvadoreño, y Presidente de esta
Asamblea Legislativa, Lic. Ciro Cruz Zepeda Peña, para recibir la Orden y Condecoración
“PARLAMENTO CENTROAMERICANO, FRANCISCO MORAZÁN”, que le ha otorgado el Parlamento
Centroamericano.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil cuatro.
D. O. N° 157, Tomo N° 364, Fecha: 26 de agosto de 2004

DECRETO N° 420
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
C o n d e c o r a c i o n e s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que con fecha 12 de agosto del presente año, el Pleno Legislativo, conoció la solicitud
del Director de Inmunidades y Privilegios, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en
el sentido de conceder permiso al ciudadano salvadoreño Luis Antonio Castillo Rivas,
para que pueda ejercer el cargo de Cónsul Honorario del Gobierno de Suecia, en El
Salvador.
II.- Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 28° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en ejercicio de la potestad constitucional establecida en el Art. 131 ordinal 28° de la Norma
Fundamental,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano salvadoreño, Luis Antonio Castillo Rivas, para
que pueda ejercer el cargo de Cónsul Honorario del Gobierno de Suecia, en El Salvador.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres días del mes de septiembre
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 183, Tomo N° 365, Fecha: 4 de octubre de 2004
563
Parte VIII

Parte VIII
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DECRETO N° 421
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 19 de agosto del corriente año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud
del Licenciado Alfonso Quiñónez Meza, en el sentido se le conceda permiso para aceptar
la Condecoración de la “ORDEN DE SAN MARTÍN EN EL GRADO DE GRAN CRUZ”, que
le ha otorgado el Gobierno de la República de Argentina.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en ejercicio de la potestad constitucional establecida en el Art. 131 ordinal 23° de la Norma
Fundamental,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano salvadoreño Alfonso Quiñónez Meza, para
recibir la condecoración de la “ORDEN DE SAN MARTÍN EN EL GRADO DE GRAN CRUZ”, que
le ha otorgado el Gobierno de la República de Argentina.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres días del mes de septiembre
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 183, Tomo N° 365, Fecha: 4 de octubre de 2004

DECRETO No. 423
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
C o n d e c o r a c i o n e s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 3 de septiembre del corriente año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud
del Director General de Protocolo y Órdenes, en el sentido se le conceda permiso al
Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Esteban Laínez Rivas, para recibir la “ORDEN
DE SAN CARLOS EN EL GRADO DE GRAN CRUZ”, que le ha otorgado el Gobierno de la
República de Colombia.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en ejercicio de la potestad constitucional establecida en el Art. 131 ordinal 23° de la
Norma Fundamental,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano salvadoreño y Ministro de Relaciones Exteriores,
Francisco Esteban Laínez Rivas, para que pueda recibir la “ORDEN DE SAN CARLOS EN EL
GRADO DE GRAN CRUZ”, que le ha otorgado el Gobierno de la República de Colombia.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres días del mes de septiembre
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 183, Tomo N° 365, Fecha: 4 de octubre de 2004
565
Parte VIII

Parte VIII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
566
DECRETO No. 506
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 05 del presente mes y año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud del
Director General de Protocolo y Órdenes, en el sentido se conceda permiso al Presidente
de la República, Don Elías Antonio Saca González, en el sentido se le conceda permiso
para aceptar la Condecoración de la “ORDEN RUBÉN DARÍO EN EL GRADO DE COLLAR”,
que le ha otorgado el Gobierno de la República de Nicaragua.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en ejercicio de la potestad constitucional establecida en el Art. 131 ordinal 23° de la Norma
Fundamental,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano salvadoreño y Presidente de la República, Don
Elías Antonio Saca González, para recibir la condecoración de la “ORDEN RUBÉN DARÍO EN
EL GRADO DE COLLAR”, que le ha otorgado el Gobierno de la República de Nicaragua.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cinco días del mes de
noviembre año dos mil cuatro.
D. O. N° 213, Tomo N° 365, Fecha: 16 de noviembre de 2004.

DECRETO No. 517
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
C o n d e c o r a c i o n e s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 18 de noviembre del presente año, el Pleno Legislativo, conoció la solicitud
del Subdirector General de Protocolo y Ordenes del Ministerio de Relaciones Exteriores,
en el sentido se conceda permiso a los señores miembros de la Fuerza Armada de El
Salvador: Sargento Primero Fredy Adolfo Castro Urbina, Subsargento Carlos Enrique
Echeverría Vides, Subsargento Víctor Manuel González Chanta, Cabo José Daniel Oporto
y Soldado Juan Francisco Córdova Sánchez, para que puedan aceptar la Condecoración
“MEDALLA ESTRELLA DE BRONCE”, que el Honorable Ejercito de los Estados Unidos de
América les ha conferido;
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de la Diputada Carmen Elena
Calderón de Escalón, de conformidad al Art. 133 ordinal 1° de la Constitución,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso a los señores: Sargento Primero Fredy Adolfo Castro Urbina,
Subsargento Carlos Enrique Echeverría Vides, Subsargento Víctor Manuel González Chanta,
Cabo José Daniel Oporto y Soldado Juan Francisco Córdova Sánchez, para que puedan aceptar
la condecoración “Medalla Estrella de Bronce”, que el Honorable Ejército de los Estados Unidos
de América les ha otorgado, de conformidad con lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131
de la Constitución.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 232, Tomo N° 365, Fecha: 13 de diciembre de 2004
567
Parte VIII

Parte VIII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
568
DECRETO No. 558
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 17 del presente mes y año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud
del Director General de Protocolo y Órdenes, en el sentido se conceda permiso al
Ministro de la Defensa Nacional, General de División Otto Alejandro Romero Orellana
y al Teniente Coronel de Infantería DEM José Héctor Alejandro Hernández Argueta,
representantes de la Fuerza Armada de El Salvador ante la Conferencia de las Fuerzas
Armadas Centroamericanas (CFAC), en el sentido se les conceda permiso para aceptar,
respectivamente, las Condecoraciones “CRUZ DE ORO” y “CRUZ DE PLATA”, que les ha
otorgado la CFAC.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO:
en ejercicio de la potestad constitucional establecida en el Art. 131 ordinal 23° de la Norma
Fundamental.
DECRETA:
Art. 1. Concédase permiso a los ciudadanos salvadoreños; Ministro de la Defensa Nacional,
General de División Otto Alejandro Romero Orellana y al Teniente Coronel de Infantería DEM
José Héctor Alejandro Hernández Argueta, para recibir, respectivamente, las condecoraciones:
“CRUZ DE ORO” y “CRUZ DE PLATA”, que les ha otorgado la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC).
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN SAN SALVADOR, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil
cuatro.
D. O. N° 11, Tomo N° 366, Fecha: 17 de enero de 2005

DECRETO No. 559
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
C o n d e c o r a c i o n e s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 17 del presente mes y año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud del
Director General de Protocolo y Ordenes, en el sentido se conceda permiso a la Ministra
de Educación, Licenciada Darlyn Meza, en el sentido se le conceda permiso para aceptar
la condecoración de la Orden al Merito Docente y Cultural “GABRIELA MISTRAL”, en el
Grado de Gran Oficial, que le ha otorgado el Ministerio de Educación de la República de
Chile.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23 del Art. 131 de la Constitución, es
procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO:
En ejercicio de la potestad constitucional establecida en el Art. 131 ordinal 23 de la norma
fundamental,
DECRETA:
Art. 1. Concédase permiso a la ciudadana salvadoreña y Ministra de Educación, Darlyn
Meza, para recibir la condecoración de la Orden al Mérito Docente y Cultural “GABRIELA
MISTRAL”, en el Grado de Gran Oficial, que le ha otorgado el Ministerio de Educación del
Gobierno de la República de Chile.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los veintidós días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 11, Tomo N° 366, Fecha: 17 de enero de 2005
569
Parte VIII

Parte VIII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
570
DECRETO No. 591
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 13 del presente mes y año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud del
Director General de Protocolo y Órdenes, en el sentido se conceda permiso al Señor
Manuel Flores, Cónsul Honorario de Corea en El Salvador, para que pueda aceptar la
Condecoración “ORDER OF DIPLOMATIC SERVICE MERIT SUNGYE MEDAL”, que le ha
otorgado EL Gobierno de la República de Corea.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO:
En ejercicio de la potestad establecida en el Art. 131 ordinal 23° de la Constitución.
DECRETA:
Art. 1. Concédase permiso al ciudadano salvadoreño y Cónsul Honorario de Corea en
El Salvador; Manuel Flores, para recibir, la condecoración “ORDER OF DIPLOMATIC SERVICE
MERIT SUNGYE MEDAL”, que le ha otorgado el Gobierno de la República de Corea.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN El PALACIO LEGISLATIVO, a los diecisiete días del mes de enero del año
dos mil cinco.
D. O. N° 29, Tomo N° 366, Fecha: 10 de febrero de 2005

DECRETO No. 592
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
C o n d e c o r a c i o n e s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 13 del presente mes y año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud del
Director General de Protocolo y Órdenes, en el sentido se conceda permiso al Coronel
Roberto Artiga, Comandante de Batallón, por su servicio en la División Multinacional
en Iraq, en el sentido se le conceda permiso para aceptar, la Condecoración “CRUZ DE
BRONCE DEL EJERCITO POLACO”, que le ha otorgado EL Ministro de la Defensa Nacional
de la República de Polonia.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO:
En ejercicio de la potestad establecida en el Art. 131 ordinal 23 de la Constitución.
DECRETA:
Art. 1. Concédase permiso al ciudadano salvadoreño; Coronel Roberto Artiga, para
recibir, la condecoración “CRUZ DE BRONCE DEL EJERCITO POLACO”, que le ha otorgado el
Ministro de la Defensa Nacional de la República de Polonia.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, a los diecisiete días del mes de enero del año
dos mil cinco.
D. O. N° 29, Tomo N° 366, Fecha: 10 de febrero de 2005
571
Parte VIII

Parte VIII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
572
DECRETO No. 600
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 2 del presente mes y año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud del
Director General de la Academia Nacional de Seguridad Pública, en el sentido se le
conceda permiso para aceptar la Condecoración “Alferes JOAQUIM JOSÉ DA SILVA
XAVIER” ATiradentes”, que le ha conferido el Gobierno de Brasil.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23 del Art. 131 de la Constitución, es
procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO:
En ejercicio de la potestad establecida en el Art. 131 ordinal 23 de la Constitución de la
República,
DECRETA:
Art. 1. Concédase permiso al ciudadano salvadoreño y Director General de la Academia
Nacional de Seguridad Pública, Jaime Francisco Vigil Recinos, para recibir la condecoración
“Alferes JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER” “Tiradentes”, que le ha otorgado el Gobierno de la
República de Brasil.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los nueve días del mes de febrero
del año dos mil cinco.
D. O. N° 48, Tomo N° 366, Fecha: 9 de marzo de 2005

DECRETO No. 605
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
C o n d e c o r a c i o n e s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 9 del presente mes y año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud del
Director General de Protocolo y Órdenes, en el sentido se le conceda permiso al Señor
Gerardo Antonio Sol Mixco, Embajador de El Salvador en Nicaragua, para que pueda
aceptar la Condecoración “Medalla Conmemorativa del XXV Aniversario de Constitución
del Ejercito de Nicaragua”, que le ha otorgado la Fuerza Armada de la República de
Nicaragua.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23 del Art. 131 de la Constitución, es
procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO:
En ejercicio de la potestad establecida en el Art. 131 ordinal 23 de la Constitución de la
República,
DECRETA:
Art. 1. Concédase permiso al ciudadano salvadoreño y Embajador de Nicaragua, Don
Gerardo Antonio Sol Mixco, para recibir la condecoración “Medalla Conmemorativa del XXV
Aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua”, que le ha otorgado la Fuerza Armada
de la República de Nicaragua.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los nueve días del mes de febrero
del año dos mil cinco.
D. O. N° 48, Tomo N° 366, Fecha: 9 de marzo de 2005
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Parte VIII

Parte VIII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
574
DECRETO No. 607
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 9 del presente mes y año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud del
Director General de Protocolo y Órdenes, en el sentido se conceda permiso a Don Miguel
Ángel Salaverría Alcaine, Exembajador de El Salvador en España, para que pueda
aceptar la condecoración “GRAN CRUZ DE LA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA”, que le
ha otorgado el Gobierno de España.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO:
En ejercicio de la potestad establecida en el Art. 131 ordinal 23° de la Constitución.
DECRETA:
Art. 1. Concédase permiso al ciudadano salvadoreño; Miguel Ángel Salaverría Alcaine,
para recibir, la condecoración “GRAN CRUZ DE LA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA”, que le ha
otorgado el Gobierno de España.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, a los dieciséis días del mes de febrero del año
dos mil cinco.
D. O. N° 53, Tomo N° 366, Fecha: 16 de marzo de 2005

DECRETO No. 633
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
C o n d e c o r a c i o n e s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 9 del presente mes y año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud del Director
General de Protocolo y Órdenes, en el sentido se conceda permiso a la Vicepresidenta
de la República, Ana Vilma Albanez de Escobar, para que pueda aceptar “ORDEN DE LAS
NUBES PROPICIAS CON GRAN CORDÓN ESPECIAL”, que le ha otorgado el Gobierno de
la República de China.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO:
En ejercicio de la potestad establecida en el Art. 131 ordinal 23° de la Constitución.
DECRETA:
Art. 1. Concédase permiso a la ciudadana Vicepresidenta de la República; Ana Vilma
Albanez de Escobar, para que pueda aceptar la “ORDEN DE LAS NUBES PROPICIAS CON GRAN
CORDÓN ESPECIAL”, que le ha conferido el Gobierno de la República de China.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN El PALACIO LEGISLATIVO, a los nueve días del mes de marzo del año dos
mil cinco.
D. O. N° 65, Tomo N° 367, Fecha: 8 de abril de 2005
575
Parte VIII

Parte VIII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
576
DECRETO No. 653
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 17 del presente mes y año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud del
Director General de Protocolo y Órdenes, en el sentido se conceda permiso al Señor
Guillermo Rubio Funes, Embajador de El Salvador en la República de Colombia, para
que pueda aceptar la “ORDEN DE BOYACÁ EN EL GRADO DE GRAN CRUZ”, que le ha
otorgado el Gobierno de la República de Colombia.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO:
En ejercicio de la potestad establecida en el Art. 131 ordinal 23° de la Constitución.
DECRETA:
Art. 1. Concédase permiso al ciudadano salvadoreño; Guillermo Rubio Funes, para recibir,
la “ORDEN DE BOYACÁ EN EL GRADO DE GRAN CRUZ”, que le ha otorgado el Gobierno de la
República de Colombia.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, a los diecisietes días del mes de marzo del año
dos mil cinco.
D. O. N° 73, Tomo N° 367, Fecha: 20 de abril de 2005

DECRETO No. 654
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
C o n d e c o r a c i o n e s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 17 del presente mes y año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud del
Director General de Protocolo y Órdenes, en el sentido se conceda permiso al Señor
Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Esteban Laínez Rivas, para que pueda aceptar
la condecoración “JUAN MORA FERNÁNDEZ EN EL GRADO DE GRAN CRUZ PLACA DE
PLATA”, que le ha otorgado el Gobierno de la República de Costa Rica.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO:
En ejercicio de la potestad establecida en el Art. 131 ordinal 23° de la Constitución.
DECRETA:
Art. 1. Concédase permiso al ciudadano salvadoreño; Francisco Esteban Laínez Rivas,
para recibir la Condecoración “JUAN MORA FERNÁNDEZ EN EL GRADO DE GRAN CRUZ PLACA
DE PLATA”, que le ha otorgado el Gobierno de la República de Costa Rica.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, a los diecisiete días del mes de marzo del año
dos mil cinco.
D. O. N° 73, Tomo N° 367, Fecha: 20 de abril de 2005
577
Parte VIII

Parte VIII
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
578
DECRETO No. 670
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 17 de marzo del presente año, el Pleno Legislativo conoció la moción de
varios Diputados, en nombre del Señor Vidal Sorto Rubio, Cónsul General de El Salvador
en el Estado de Bahía, República Federal de Brasil, en el sentido se le conceda permiso
para aceptar el Título “CIUDADANO DISTINGUIDO SERGIPANO”, que le ha sido otorgado
por la Asamblea Legislativa del Estado de Sergipe de la República de Brasil.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO:
En ejercicio de la potestad establecida en el Art. 131 ordinal 23° de la Constitución, y a
iniciativa de los Diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, José Francisco Merino López, José Antonio
Almendáriz Rivas, Elizardo González Lovo, José Orlando Arévalo Pineda, Miguel Francisco Bennett
Escobar, Isidro Antonio Caballero Caballero, Noé Orlando González, José Rafael Machuca Zelaya,
Juan Francisco Villatoro, Alejandro Dagoberto Marroquín, Rubén Orellana, Mario Antonio Ponce
López, Juan de Jesús Sorto Espinoza, José Vidal Carrillo y Humberto Centeno Najarro,
DECRETA:
Art. 1. Concédase permiso al ciudadano salvadoreño; Vidal Sorto Rubio, para recibir, el
Título “CIUDADANO DISTINGUIDO SERGIPANO”, que le ha otorgado la Asamblea Legislativa
del Estado de Sergipe de la República de Brasil.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, a los siete días del mes de abril del año dos mil
cinco.
D. O. N° 82, Tomo N° 367, Fecha: 3 de mayo de 2005.

DECRETO No. 675
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
C o n d e c o r a c i o n e s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que con fecha 7 del presente mes y año, el Pleno Legislativo conoció la solicitud del
Subdirector General de Protocolo y Órdenes, en el sentido se conceda permiso al
Licenciado Hugo Roberto Carrillo, para que pueda aceptar la condecoración “JUAN MORA
FERNÁNDEZ” en el grado de Gran Cruz Placa de Plata”, que le ha otorgado el Gobierno
de la República de Costa Rica.
II. Que de conformidad a lo establecido en el ordinal 23° del Art. 131 de la Constitución,
es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO:
En ejercicio de la potestad establecida en el Art. 131 ordinal 23° de la Constitución.
DECRETA:
Art. 1. Concédase permiso al ciudadano salvadoreño; Hugo Roberto Carrillo, para recibir
la Condecoración “JUAN MORA FERNÁNDEZ” en el grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le
ha otorgado el Gobierno de la República de Costa Rica.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, a los quince días del mes de abril del año dos
mil cinco.
D. O. N° 93, Tomo N° 367, Fecha: 23 de mayo de 2005.
579
Parte VIII

Decretos Varios
Parte IX

DECRETO N° 346
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s V a r i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que el Artículo 131, ordinal 5° de la Constitución establece, que corresponde a la
Asamblea Legislativa decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes
secundarias.
II.- Que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los
Empleados Públicos, los educadores que prestan sus servicios como tales en el sector
público, gozarán de asueto remunerado el día 22 de junio, Día del Maestro.
III.- Que, para el presente año, el 22 de junio será día martes; por lo que se considera
conveniente que los educadores al servicio del sector público gocen de licencia el día
anterior, o sea el lunes 21 de junio y compensen dicho asueto el día sábado 19 de junio
de este mismo año.
IV.- Que la presente disposición transitoria tiene como objetivo, ampliar el periodo de asueto
remunerado que corresponderá a los educadores, en ocasión de celebrarse el “Día del
Maestro Salvadoreño”, de tal modo que se extienda del domingo 20 al martes 22 de
junio del corriente año, ambas fechas inclusive.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Norman Noel
Quijano González, Carmen Elena Calderón de Escalón, Marta Lilian Coto de Cuéllar, Elizardo
González Lovo, Agustín Díaz Saravia, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Alba Teresa de Dueñas,
María Patricia Vásquez de Amaya, Ciro Cruz Zepeda Peña, José Manuel Melgar Henríquez, Douglas
Alejandro Alas García, Salomé Roberto Alvarado Flores, Irma Segunda Amaya Echeverría,
José Orlando Arévalo Pineda, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Roger Alberto Blandino Nerio, Noel
Abilio Bonilla Bonilla, Blanca Flor América Bonilla Bonilla, Carlos Alfredo Castaneda Magaña,
José Ernesto Castellanos Campos, Roberto Eduardo Catillo Batlle, Luis Alberto Corvera Rivas,
José Ricardo Cruz, Roberto José d´Abuisson Munguía, Walter Eduardo Durán Martínez, Jorge
Antonio Escobar Rosa, Guillermo Antonio Gallegos, César Humberto García Aguilera, Nicolás
Antonio García Alfaro, Ricardo Bladimir González, Santos Fernando González Gutiérrez, Jesús
Grande, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Mariella Peña Pinto,
Mauricio Hernández Pérez, José Vidal Carrillo, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto
Marroquín, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete
Navarrete, Rubén Orellana Mendoza, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez,
William Rizziery Pichinte, Teodoro Pineda Osorio, Gaspar Armando Portillo Benitez, Francisco
Antonio Prudencio, Oscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto
Rivas Echeverría, José Antonio Jesús Salaverría, Salvador Sánchez Cerén, Héctor Ricardo
Silva Argüello, Ernesto Antonio Angulo Milla, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Oscar Del Cid,
Victoria Rosario Ruiz de Amaya, Saúl Monzón, William Argueta, Blanca Estela Barahona, Marta
Elena García de Rodríguez, Adilson Noel Henríquez Mendoza, Gustavo Chiquillo, Dora Alicia
Portillo, Dina Angélica Acuña Guzmán, Silvia Idalia Cartagena Martínez, Mario Tenorio, Félix
Ágreda Chachagua, Santiago Flores Alfaro, Carlos Mauricio Arias, Rolando Casamalhuapa, Edgar
583
Parte IX

Parte IX
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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Leopoldo Chavarría, Raquel Hernández, Wilber Serrano, Juan Francisco Villatoro, Alex Aguirre,
Sigfredo Campos, Alberto Romero, Fernando de Jesús Gutiérrez y José Máximo Madriz.
DECRETA:
Art. 1. Los educadores que, de conformidad con la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias
de los Empleados Públicos, prestan sus servicios como tales en el sector público, gozarán de
asueto el día 21 de junio; debiendo, en compensación, laborar en jornada ordinaria el día
sábado 19 de junio del corriente año.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once días del mes de junio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 113, Tomo N° 363, Fecha: 18 de junio de 2004.

DECRETO N° 352
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s V a r i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que el Presidente de la República, Señor Elías Antonio Saca González, en cumplimiento
de lo establecido en los artículos 131 ordinal 15o. y 158 de la Constitución, ha
solicitado a esta Asamblea se le conceda permiso para salir del país, durante el periodo
comprendido del 1 de junio del 2004 al 31 de enero del 2005, para visitar cualquier país
de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y del Caribe, así como cualquier país del
Continente Asiático;
II.- Que la licencia solicitada por el Presidente de la República ha sido ratificada personalmente,
ante esta Asamblea, durante la Sesión Plenaria celebrada en esta misma fecha.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales, y de conformidad a lo dispuesto en el ordinal
15o. de artículo 131 de la Constitución,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese licencia al Presidente de la República, Señor Elías Antonio Saca
González, para que, en ese carácter, pueda salir del territorio nacional, para realizar visita
a cualquier país de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y del Caribe, así como del
Continente Asiático, durante el periodo comprendido del 1 de junio del 2004 al 31 de enero
del 2005.
Art. 2.- Durante la ausencia del Presidente de la República, será sustituido en su cargo
de conformidad a lo que preceptúa el artículo 155 de la Constitución.
Art.3.- El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
junio del año dos mil cuatro.
D. O. N° 114, Tomo N° 363, Fecha: 21 de junio de 2004.
585
Parte IX

Parte IX
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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DECRETO No. 369
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que, por Decreto Legislativo No. 353, de fecha 19 de octubre de 1989, publicado en el
Diario Oficial No. 200, Tomo No. 305 del 30 del mismo mes y año, se emitió la Ley del
Consejo Salvadoreño del Café.
II.- Que la referida Ley, entre otros, establece que la Asamblea Legislativa a propuesta del
Ministerio de Hacienda, deberá establecer cada año la tasa del Registro de los Contratos
de Exportación de Café; debiendo ser recaudada dicha tasa por esa Secretaría de
Estado.
III.- Que en cumplimiento a lo establecido en el considerando anterior, se hace necesario
establecer la tasa de registro para la cosecha 2003/2004, recursos que se destinarán
para financiar el presupuesto anual de gastos de funcionamiento e inversión del Consejo
Salvadoreño del Café y el régimen de salarios y remuneraciones del personal de dicho
Consejo.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio de los Ministros de Economía y Hacienda.
DECRETA:
Art. 1. Establécese en TREINTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA ($0.35), por quintal de café oro de 46 kilogramos, la tasa de registro
de los contratos de exportación correspondiente a la cosecha 2003/2004.
El Exportador deberá pagar dicha tasa de registro dentro de los cuarenta y cinco días
siguientes a la fecha en que el correspondiente permiso de exportación sea refrendado por
el Delegado del Ministerio de Hacienda, bajo pena de no refrendarle futuros permisos de
exportación, mientras la tasa no sea pagada.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los ocho días del mes de julio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 150, Tomo N° 364, Fecha: 17 de agosto de 2004.

DECRETO N° 370
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s V a r i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que, por Decreto Legislativo No. 490, de fecha 26 de julio del 2001, publicado en el
Diario Oficial No. 153, Tomo No. 352 del 17 de agosto del mismo año, se emitió la Ley
de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de
El Salvador.
II. Que la referida Ley, en su Art. 16, regula que la Asamblea Legislativa a propuesta del
Ministerio de Hacienda, deberá establecer una contribución que deberán aportar los
productores de caña y las centrales azucareras o ingenios por libra de azúcar extraída,
debiendo ser recaudada dicha contribución por ese Ministerio.
III. Que en cumplimiento a lo establecido en el considerando anterior, se hace necesario
establecer la contribución que deberán aportar los productores de caña y las centrales
azucareras o ingenios por libra de azúcar extraída para la zafra 2003/2004, recursos que
se destinarán para cubrir el presupuesto de gastos e inversiones anuales del Consejo
Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera y el régimen de salarios y otras remuneraciones
del personal administrativo y demás trabajadores del Consejo.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA:
Art. 1. Establécese en QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONÉSIMAS DE DÓLAR
($0.000537) por libra de azúcar extraída; contribución que deberán aportar los productores de
caña y centrales azucareras o ingenios por libra de azúcar extraída durante la zafra 2003/2004;
para financiar el presupuesto de gastos e inversiones anuales del Consejo Salvadoreño de la
Agroindustria Azucarera para ejercicio fiscal 2004.
Esta aportación se hará en forma trimestral y anticipada dentro de los primeros ocho días
hábiles de cada trimestre. No se autorizarán a las centrales azucareras o ingenios los permisos
de exportación de azúcar, mientras éstas no cumplan con lo aquí establecido.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los ocho días del mes de julio
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 143, Tomo N° 364, Fecha: 30 de julio de 2004.
587
Parte IX

Parte IX
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
588
DECRETO No. 404
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que el día 14 de los corrientes, se suscitó un accidente de tránsito en la carretera que
conduce de Ciudad Barrios a Carolina, en el Departamento de San Miguel, en el cual
fallecieron más de cuarenta personas y resultaron lesionadas más de veinticinco;
II.- Que las circunstancias en las que se produjo el accidente y el número de fallecidos y
lesionados, han generado conmoción en la sociedad salvadoreña;
III.- Que con el fin de solidarizarse con los familiares de las victimas del citado accidente,
es procedente decretar duelo nacional;
POR TANTO,
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Carlos Armando
Reyes Ramos, Carmen Elena Calderón de Escalón, Noel Abilio Bonilla, Mariella Peña Pinto,
César Humberto García Aguilera y Francisco Antonio Prudencio,
DECRETA:
Art. 1. Decláranse Tres Días de Duelo Nacional, a partir del 21 de agosto del corriente
año, en demostración de pesar y solidaridad con las familias de las victimas que sufrieron
accidente de tránsito el pasado 14 de los corrientes, en la carretera que conduce de Ciudad
Barrios a Carolina, en el Departamento de San Miguel.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecinueve días del mes de
agosto del año dos mil cuatro.
D. O. N° 153, Tomo N° 364, Fecha: 20 de agosto de 2004.

DECRETO No. 470
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s V a r i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que según lo dispuesto en la Ley de Asuetos Vacaciones y Licencias de los Empleados
Públicos, el 2 de noviembre de cada año se goza de asueto remuerado, con motivo de
conmemorarse el “día de los Difuntos”.
II. Que dicha conmemoración es parte de la tradición común de los salvadoreños y en el
referido día se aprovecha, además de visitar los cementerios, para compartir, en los
lugares de origen, con familiares y amigos.
III. Que para el presente año, la citada fecha será día martes, por lo que es conveniente
que los empleados y trabajadores públicos y municipales gocen de licencia el día lunes
1 de noviembre, modificándose el período de trabajo de la semana laboral comprendida
del 18 al 22 de octubre del corriente año.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Jorge Escobar
Rosa,
DECRETA:
Art. 1. Los Empleados y Trabajadores de la Administración Pública y Municipal, así
como los que laboran en Instituciones Oficiales Autónomas, inclusive el Instituto Salvadoreño
del Seguro Social, gozarán de licencia el día lunes 1 de noviembre próximo, debiendo, en
compensación, laborar en jornada ordinaria el día sábado 23 de octubre del corriente año.
Las Instituciones que por la naturaleza de sus servicios no puedan interrumpir sus
funciones, deberán establecer los turnos correspondientes con el personal necesario a los
mismos, de conformidad con sus respectivas normas internas y otorgar las prestaciones
correspondientes.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce días del mes de
octubre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 194, Tomo N° 365, Fecha: 19 de octubre de 2004
589
Parte IX

Parte IX
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
590
DECRETO No. 477
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que la “XXI FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR”, se celebrará en nuestro país,
del 9 al 14 de noviembre del 2004, evento en el cual ingresaran al país mercancías que
podrán ser exhibidas o vendidas en el mismo.
II. Que con el objeto de incentivar a aquellos interesados a participar en el referido evento,
se hace necesario emitir un régimen de orden fiscal que permita brindar facilidades y
beneficios a los participantes.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio de los Ministros de Economía y Hacienda.
DECRETA:
El siguiente Régimen de Aplicación para las Mercancías que ingresen al país, con el
objeto de ser exhibidas y/o vendidas en la “XXI FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR”.
Art. 1. Las mercancías de origen Centroamericano sujetas a régimen especial
de importación que figuran en el anexo A del Tratado General de Integración Económica
Centroamericana y en el Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial suscrito por
El Salvador y la República de Panamá, estarán exentas de cuotas y controles de importación,
y de condiciones de previa equiparación de aforos que establecen esos instrumentos y sus
anexos.
Art. 2. La importación de materiales impresos de propoganda, tales como carteles,
catálogos, folletos y publicaciones con información técnica sobre alguna mercancía o
eminentemente turística, quedarán exenta del pago de los derechos e impuestos de importación
aplicables, excepto el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
Servicios; toda vez que los mismos sean introducidos por los expositores a la Feria.
Art. 3. Las mercancías que los expositores introduzcan al país para ser exhibidas en la
Feria, amparadas a este Decreto, no estarán sujetas a caución para responder por los derechos,
impuestos y demás gravámenes de importación que les fueren aplicables.
Art. 4. Todas las mercancías a las que se refiere el presente Decreto, deberán venir
consignadas a expositores inscritos como tales en las oficinas del Comité Ejecutivo de la Feria
Internacional de El Salvador y serán objeto de aforo, el cual deberá ser solicitado en debida
forma por los expositores y podrá efectuarse en las Aduanas de la República o en el propio
local de la Feria.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s V a r i o s
La internación o importación al país de estas mercancías, sólo podrá hacerse al amparo
del régimen específico previsto en este Decreto.
Los documentos de embarque y demás atestados necesarios para el registro de las
mercancías, deberán llenar las formalidades requeridas por la Ley, siendo exigible la presentación
de la lista de embarque correspondiente, salvo en los casos de mercancías amparadas en
formularios aduaneros Centroamericanos.
En el caso de mercancías que requieren permisos especiales para su importación, éstos
deberán obtenerse previamente y deberán presentarse a la Aduana respectiva. La importación
o internación de las mercancías destinadas a la Feria se efectuará bajo el amparo del
documento denominado: “DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS XXI FERIA INTERNACIONAL DE
EL SALVADOR”.
Art. 5. Las mercancías exhibidas en los recintos de la Feria podrán ser vendidas durante
el evento, pero en este caso, deberán cancelarse previamente los derechos de importación y
demás gravámenes correspondientes.
Art. 6. Las mercancías que no sean reexportadas dentro de un plazo de TREINTA
DÍAS contados a partir del día siguiente al de la clausura oficial de la Feria, se considerarán
importadas definitivamente y estarán afectadas al pago de todos los gravámenes aplicables.
Este plazo podrá ser prorrogado en forma prudencial por la Dirección General de la Renta
de Aduanas, a solicitud de la parte interesada, siempre que la prórroga sea justificable a juicio
de la expresada Dirección General y se haya pedido antes de vencerse el plazo inicial conferido,
salvo casos especiales calificados por la misma Dirección General.
En todo caso, las mercancías a que se refieren los dos incisos anteriores, deberán trasladarse
en un plazo que no exceda de quince días, a partir de la fecha antes mencionada, a los recintos
de la Aduana Terrestre de San Bartolo, Ilopango.
Art. 7. No se causará el pago de los derechos arancelarios a la importación y demás
gravámenes aplicables únicamente en los siguientes casos:
a) Las mercancías que se reexporten al exterior dentro del plazo señalado en el
artículo anterior, o de su prórroga, siempre que los funcionarios responsables del
control, certifiquen la operación.
b) Las mercancías destruidas y las que sufran averías que impidan su utilización,
cuando estos daños ocurrieren al ser trasladadas a la Feria o dentro del recinto de
la misma, debiendo constar este hecho en el acta respectiva, la cual será firmada
por los funcionarios responsables del control.
c) Las mercancías donadas al Gobierno Central.
Art. 8. Para efectos de control aduanero de las mercancías, se habilitan como recintos
fiscales durante el período de duración del evento, las bodegas, pabellones, puestos de
exhibición, patios, bazares y en general todos los terrenos e instalaciones de la Feria.
591
Parte IX

Parte IX
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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Art. 9. El Comité Ejecutivo de la Feria y los expositores estarán obligados a proporcionar
toda la información requerida por los funcionarios responsables de ejercer el control fiscal.
Asimismo, deberá proporcionarse a los citados funcionarios, un local adecuado para su ubicación
dentro de las instalaciones.
Art. 10. El Ministerio de Hacienda, queda facultado para emitir las instrucciones que
sean necesarias para la correcta aplicación de este Decreto.
Art. 11. Los representantes del Comité Ejecutivo de la Feria, deberán presentar a esta
Asamblea Legislativa un informe sobre los resultados del evento que ampara este Decreto.
Art. 12. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte días del mes de octubre
del año dos mil cuatro.
D. O. N° 226, Tomo N° 365, Fecha: 3 de diciembre de 2004

DECRETO No. 515
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s V a r i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que, por Decreto Legislativo No. 74, de fecha 8 de septiembre de 1988, publicado en
el Diario Oficial No. 176, Tomo No. 300 del 23 del mismo mes y año, se emitió la Ley
de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios.
II. Que el Art. 8 de la mencionada Ley, establece que los Municipios no podrán utilizar más
del 20% del Fondo de Desarrollo Económico Municipal, en gastos de funcionamiento.
III. Que el reglamento emitido para la aplicación de la Ley mencionada en el considerando
anterior, regula que, de ese 20% los Municipios sólo podrán utilizar hasta el 50% para
el pago de salarios, jornales, aguinaldos y viáticos.
IV. Que en la actualidad, las municipalidades del país atraviesan una crisis económica
que les imposibilita hacerle frente a las obligaciones que éstas tienen; por lo que
es necesario, emitir disposiciones que les permita utilizar la totalidad del 20% de la
cuota correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del presente ejercicio
fiscal, asignado por el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios
(FODES).
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Ciro Cruz Zepeda
Peña, José Manuel Melgar Henríquez, Marta Lilian Coto vda. de Cuéllar, José Antonio Almendáriz
Rivas, René Napoleón Aguiluz Carranza, Douglas Alejandro Alas García, Rolando Alvarenga
Argueta, Irma Segunda Amaya Echeverría, Miguel Francisco Bennett Escobar, Efrén Arnoldo
Bernal Chévez, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Blanca Flor América
Bonilla, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, Humberto
Centeno Najarro, Luis Alberto Corvera Rivas, José Ricardo Cruz, Héctor Miguel Antonio Dada
Hirezi, Agustín Díaz Saravia, Walter Eduardo Durán Martínez, Julio Antonio Gamero Quintanilla,
Vilma Celina García de Monterrosa, César Humberto García Aguilera, Nelson Napoleón García
Rodríguez, Nicolás Antonio García Alfaro, Ricardo Bladimir González, Santos Fernando González
Gutiérrez, Noé Orlando González, Jesús Grande, Carlos Walter Guzmán Coto, Mariela Peña
Pinto, Gabino Ricardo Hernández Alvarado, Mauricio Hernández Pérez, Mario Marroquín Mejía,
Alejandro Dagoberto Marroquín, Calixto Mejía Hernández, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel
Vicente Menjívar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete, Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto,
Renato Antonio Pérez, Teodoro Pineda Osorio, Mario Antonio Ponce López, Gaspar Armando
Portillo Benítez, Francisco Antonio Prudencio, José Mauricio Quinteros Cubías, Manuel Orlando
Quinteros Aguilar, Óscar Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto
Rivas Echeverría, Víctor Manuel Melgar, Salvador Sánchez Cerén, Héctor Ricardo Silva Argüello,
Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano
Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Immar Reyes, Victoria
Ruiz de Amaya, Gustavo Chiquillo, Juan Enrique Perla, Blanca Estela Barahona, Carlos Mauricio
Arias, Raquel Hernández, Alex René Aguirre Guevara, Rigoberto Trinidad, Marta Elena de
Rodríguez, Hipólito Baltazar Rodríguez, Jesús Guillermo Pérez Zarco, Elías Romero, Alexander
593
Parte IX

Parte IX
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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Melchor, Mercedes de Rovira, Alberto Armando Romero, Dora Alicia Portillo, Adilson Henríquez,
Dina Acuña, Alba Teresa de Dueñas, Félix Agreda Chachagua y Leopoldo Chavarría.
DECRETA:
Art. 1. Facúltase a las Municipalidades de la República, utilizar la totalidad del 20%
de la cuota correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del presente ejercicio
fiscal, asignado por la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los
Municipios, para el pago de salarios, aguinaldos, de deudas a instituciones públicas y privadas
y otros gastos de funcionamiento. Erogaciones que deberán ser fiscalizadas por la Corte de
Cuentas de la República.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 234, Tomo N° 365, Fecha: 15 de diciembre de 2004

DECRETO No. 521
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s V a r i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 490, de fecha 26 de julio del 2001, publicado en el
Diario Oficial No. 153, Tomo No. 352 del 17 de agosto del mismo año, se aprobó la Ley
de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de
El Salvador.
II. Que la referida Ley en el Artículo 16, regula que la Asamblea Legislativa a propuesta del
Ministerio de Hacienda, establecerá una contribución que deberán aportar los productores
de caña y las centrales azucareras o ingenios por libra de azúcar extraída, debiendo ser
recaudada dicha contribución por el citado Ministerio.
III. Que en cumplimiento a lo estipulado en el considerando anterior, se hace necesario
establecer la contribución que deberán aportar los productores de caña y las centrales
azucareras o ingenios por libra de azúcar extraída para la zafra 2004/2005, siendo que
los recursos que se perciban por dicha contribución, servirán para cubrir el presupuesto
de gastos e inversiones anuales del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera
y el régimen de salarios y otras remuneraciones del personal administrativo y demás
trabajadores del Consejo.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA:
Art. 1. Establécese en CUATROCIENTOS SETENTA MILLONESIMAS DE DÓLAR ($0.000470)
por libra de azúcar; la contribución que deberán aportar los productores de caña y centrales
azucareras o ingenios por libra de azúcar extraída durante la zafra 2004/2005; para financiar
el presupuesto de gastos e inversiones anuales del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria
Azucarera para el ejercicio financiero fiscal 2005.
Esta aportación se hará en forma trimestral y anticipada dentro de los primeros ocho días
hábiles de cada trimestre. No se autorizarán a las centrales azucareras o ingenios los permisos
de exportación de azúcar, mientras éstos no cumplan con lo aquí establecido.
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil cuatro.
D. O. N° 240, Tomo N° 365, Fecha: 23 de diciembre de 2004
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Parte IX

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DECRETO N° 556
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I.- Que el Presidente de la República, señor Elías Antonio Saca González, en cumplimiento
de lo establecido en los artículos 131 ordinal 15° y 158 de la Constitución, ha solicitado a
esta Asamblea se le conceda permiso para salir del país, durante el período comprendido
del 1 de febrero al 31 de diciembre del 2005, con el objeto de visitar cualquier país de
Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y del Caribe, así como cualquier país del
Continente Asiático y Europeo;
II.- Que la licencia solicitada por el Presidente de la República ha sido ratificada personalmente,
ante esta Asamblea, durante la Sesión Plenaria celebrada en esta misma fecha.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales, y de conformidad a los dispuesto en el ordinal
15° del artículo 131 de la Constitución,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese licencia al Presidente de la República, señor Elías Antonio Saca
González, para que en ese carácter, pueda salir del territorio nacional, con el objeto de realizar
visita a cualquier país de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y del Caribe, así como
del Continente Asiático y Europeo, durante el período comprendido del 1 de febrero al 31 de
diciembre del 2005; para atender invitación de Gobiernos amigos o visitas de Estado, así como
cualquier visita de carácter privado.
Art. 2.- Durante la ausencia del Presidente de la República, será sustituido en su cargo
de conformidad a lo que preceptúa el artículo 155 de la Constitución.
Art. 3.- El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN SAN SALVADOR: a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil
cuatro.
D. O. N° 239, Tomo N° 365, Fecha: 22 de diciembre de 2004

DECRETO No. 586
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s V a r i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 417, de fecha 14 de diciembre de 1992, publicado en
el Diario Oficial No. 16, Tomo 318, de fecha 25 de enero de 1993, se emitió el Código
Electoral, el cual su Art. 159, regulaba como requisito de inscripción de un partido
político, que debería contar con un número de tres mil afiliados por lo menos en toda
la República;
II. Que por Decreto Legislativo No. 898, del 22 de noviembre de 1996, publicado en el
Diario Oficial No. 226, Tomo No. 333, del 29 de ese mismo mes y año, se reformó, entre
otros, el Art. 159, del referido Código Electoral en el sentido de incrementar el requisito
para inscribir un partido político de tres mil afiliados al dos por ciento del total de los
votos emitidos en la última elección Presidencial;
III. Que por Decreto Legislativo No. 614, de fecha 13 de mayo de 1999, publicado en el
Diario Oficial No. 99, Tomo No. 343, del 28 de mayo de 1999, se reformó, nuevamente,
entre otros, el Art. 159, del Código Electoral, en el sentido de incrementar el requisito
para inscribir a un partido político, subiendo del dos al tres por ciento del total de los
votos emitidos de la última elección Presidencial;
IV. Que los resultados electorales presidenciales del 2004, arrojaron un total de dos millones
trescientos diecisiete mil novecientos ochenta y un votos emitidos, en un evento electoral
con una participación del electorado del 67.34%, evento sin precedentes en la historia
reciente del país;
V. Que en cumplimiento a la línea jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, referida al sistema político pluralista, corresponden adecuaciones
de la norma secundaria a la Constitución de la República, las cuales han sido adoptadas
por el Tribunal Supremo Electoral, a efecto de regular, por esta única vez, la situación
jurídica de los partidos políticos que participaron en la contienda electoral del día 21 de
marzo del 2004.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa de los Diputados Jorge Alberto
Villacorta Muñoz, Teodoro Pineda, Santos Fernando González Gutiérrez y Ernesto Antonio
Dueñas Azucena.
DECRETA:
Art. 1.- Las fuerzas políticas que a la fecha cuentan con representación legislativa y
municipal y que por los resultados electorales de la elección presidencial de marzo de 2004,
no alcanzaron los porcentajes regulados en los numerales tres y siete del Art. 182 del Código
Electoral, y que como consecuencia de ello hubiere sido cancelada su respectiva inscripción
como Partido Político por parte del Tribunal Supremo Electoral, podrán inscribirse nuevamente
contando con un número de tres mil afiliados y sus respectivas firmas, debiendo usar, durante
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598
el proceso de inscripción, los mismos nombres, divisas, emblemas, siglas y colores que les
identificaban como partidos políticos.
A los partidos políticos que participaron en la elección presidencial de marzo del 2004, no
les serán aplicables, los ordinales 3 y 7 del Art. 182 del Código Electoral, como efecto de los
resultados obtenidos en dicha elección.
Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecinueve días del mes de
enero del año dos mil cinco.
1° PUBLICACION
2° PUBLICACION
D. O. N° 23, Tomo N° 366, Fecha: 2 de febrero de 2005.
D. O. N° 34, Tomo N° 366, Fecha: 17 de febrero de 2005.

DECRETO No. 587
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s V a r i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que por Decreto Legislativo No. 665, de fecha 7 de marzo de 1996, publicado en el Diario
Oficial No. 58, Tomo No. 330, de fecha 22 de marzo de ese mismo año, se emitió la Ley
de la Carrera Docente, por la que fueron creados los Consejos Directivos Escolares, el
Tribunal Calificador y demás instituciones relacionadas con el proceso de selección de
docentes y adjudicación de plazas en el Sistema Educativo Nacional.
II. Que el Artículo 40 de la referida Ley establece que, en casos de vacantes generadas
por licencias y en los casos de suspensión, los Consejos Directivos Escolares podrán
nombrar docentes interinamente; por lo que es necesario ampliar esta facultad para
solventar otras circunstancias no previstas en la mencionada disposición legal.
III. Que al inicio del año escolar 2005 se han vuelto a generar muchas plazas vacantes, a
consecuencia de la selección de educadores, efectuada por el Tribunal de la Carrera Docente
en relación a la autorización de traslados y otras causas; así mismo, por las nuevas plazas
que el Ministerio de Educación ha programado para el presente año.
IV. Que, igualmente, el Tribunal Calificador de la Carrera Docente requiere de un plazo
extraordinario para evaluar y seleccionar este nuevo contingente de maestros que
ejercerán dichas plazas en forma permanente, a las que podrán aplicar todos los
educadores que llenen los requisitos establecidos en la Ley de la Carrera Docente; por
lo que es necesario decretar las medidas transitorias pertinentes a efecto de evitar
irregularidades en la prestación de estos servicios educativos.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Rubén Orellana
Mendoza, Salomé Roberto Alvarado Flores, Douglas Alejandro Alas García, Roberto Eduardo
Castillo Battle, Marta Lilian Coto de Cuéllar, Luis Alberto Corvera Rivas, Mariella Peña Pinto,
Mario Alberto Tenorio, Ciro Cruz Zepeda Peña, José Manuel Melgar Henríquez, José Francisco
Merino López, José Antonio Almendáriz Rivas, Elvia Violeta Menjivar Escalante, Elizardo
González Lovo, Rolando Alvarenga Argueta, Irma Segunda Amaya Echeverría, José Orlando
Arévalo Pineda, Miguel Francisco Bennett Escobar, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Roger Alberto
Blandino Nerio, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Isidro Antonio Caballero
Caballero, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, José Ernesto Castellanos Campos, Humberto
Centeno Najarro, Héctor David Córdova Arteaga, José Ricardo Cruz, Roberto José d´Abuisson
Munguía, Jorge Antonio Escobar Rosa, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Julio Antonio
Gamero Quintanilla, Vilma Celina García de Monterrosa, Nelson Napoleón García Rodríguez,
Nicolás Antonio García Alfaro, Ricardo Bladimir González, Santos Fernando González Gutiérrez,
Felix Ágreda Chachagua, Jesús Grande, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter
Guzmán Coto, Schafik Jorge Handal Handal, Mauricio Hernández Pérez, José Rafael Machuca
Zelaya, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Calixto Mejía Hernández, Marco
Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rodolfo
Antonio Parker Soto, William Rizziery Pichinte, Teodoro Pineda Osorio, Mario Antonio Ponce
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López, Gaspar Armando Portillo Benítez, Francisco Antonio Prudencio, Zoila Beatriz Quijada
Solís, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías, Carlos Armando Reyes
Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Víctor Manuel Melgar, Salvador Sánchez Cerén,
Héctor Ricardo Silva Argüello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio Angulo Milla,
Enrique Alberto Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de
Amaya, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Mercedes de Rovira, Juan Enrique Perla, Fernando de
Jesús Gutiérrez, Hipólito Baltazar Rodríguez, José María Portillo, Inmar Reyes, Ernesto Dueñas,
Guillermo Odir, Blanca Coto, Guillermo Olivo, Olga Elizabeth Ortiz y Karina Sosa.
DECRETA:
Art. 1. Se faculta a los Consejos Directivos Escolares para nombrar docentes interinos
en aquellas plazas que, para el presente año, se encontraren vacantes a consecuencia de los
traslados autorizados o por otras causales; así mismo, en las nuevas plazas que el Ministerio
de Educación ha programado crear para el presente año. Al efecto, el Consejo Directivo Escolar
deberá solicitar la autorización financiera a la respectiva Unidad de Recursos Humanos del
Ministerio de Educación.
Art. 2. Los docentes nombrados interinamente podrán permanecer en el desempeño
de sus funciones hasta el 30 de junio del año 2005. El período de trabajo para los interinos,
siempre que sea satisfactorio a criterio del Consejo Directivo Escolar, no podrá ser inferior a
noventa días calendario y el nombramiento para quien ocupare la plaza en forma permanente
no podrá surtir efectos antes del 1 de julio del año 2005.
Los Consejos Directivos Escolares efectuarán los nombramientos a que se refiere el presente
Artículo, de conformidad a los criterios aplicables, contenidos en el Artículo 18 de la Ley de la
Carrera Docente.
Art. 3. No obstante lo establecido en el Artículo 52 de la Ley de la Carrera Docente,
los procesos de selección y calificación de los expedientes y las pruebas sustentadas por los
aspirantes a las plazas vacantes a que se refiere el presente decreto, el Tribunal Calificador
de la Carrera Docente contará con un plazo máximo de noventa días a partir de la fecha de
recepción por el mismo, de las solicitudes correspondientes, para emitir el respectivo fallo.
En todo lo demás, dichos procesos deberán efectuarse de conformidad con la mencionada
ley.
Art. 4. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecinueve días del mes de
enero del año dos mil cinco.
D. O. N° 25, Tomo N° 366, Fecha: 4 de febrero de 2005

DECRETO No. 637
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s V a r i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el Art. 74 de la Ley de Bancos determinaba una regla especial de prescripción para
las acciones derivadas de los contratos de crédito otorgados por los Bancos y el Fondo
de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero.
II. Que, a partir del 10 de enero del presente año, por resolución de inconstitucionalidad
de la Corte Suprema de Justicia, la disposición relacionada en el Considerando anterior
dejó de surtir efectos jurídicos, lo que podría dar lugar a interpretaciones diversas,
tanto para los operadores de justicia como para los deudores y acreedores, causando
inseguridad jurídica.
III. Que es deber Constitucional del Estado emitir el ordenamiento legal que permita la
consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común, por lo que es
imperioso, por razones de orden público, emitir la regulación legal que posibilite el
ejercicio de los derechos adquiridos por los Bancos y el Fondo de Saneamiento y
Fortalecimiento Financiero, determinando de manera clara e inequívoca la forma cómo
deberá procederse en la recuperación judicial de los créditos otorgados por las referidas
instituciones, durante la vigencia del referido Art. 74.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Ciro Cruz Zepeda
Peña, José Manuel Melgar Henríquez, José Francisco Merino López, Marta Lilian Coto Vda. de
Cuéllar, José Antonio Almendáriz Rivas, Elvia Violeta Menjivar Escalante, René Napoleón Aguiluz
Carranza, Douglas Alejandro Alas García, Elizardo González Lovo, Rolando Alvarenga Argueta,
Irma Segunda Amaya Echevarría, Juan Francisco Villatoro, José Salvador Arias Peñate, Miguel
Francisco Bennett Escobar, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, Roger Alberto Blandino Nerio, Juan
Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Blanca Flor América Bonilla Bonilla, Isidro
Antonio Caballero Caballero, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, José Ernesto Castellanos
Campos, Roberto Eduardo Castillo Batlle, Humberto Centeno Najarro, Héctor David Córdova
Arteaga, Luis Alberto Corvera Rivas, José Ricardo Cruz, Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi,
Walter Eduardo Durán Martínez, Jorge Antonio Escobar Rosa, Julio Antonio Gamero Quintanilla,
Vilma Celina García de Monterrosa, Cesar Humberto García Aguilera, Nelson Napoleón García
Rodríguez, Nicolás Antonio García Alfaro, Ricardo Bladimir González, Noé Orlando González,
Jesús Grande, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Schafik
Jorge Handal Handal, Mariela Peña Pinto, Gabino Ricardo Hernández Alvarado, Nelson de
la Cruz Alvarado, José Rafael Machuca Zelaya, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto
Marroquín, Hugo Roger Martínez Bonilla, Calixto Mejía Hernández, Marco Tulio Mejía Palma,
Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana, Rodolfo
Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte, Teodoro Pineda Osorio,
Mario Antonio Ponce López, Gaspar Armando Portillo Benitez, Francisco Antonio Prudencio, Zoila
Beatriz Quijada Solís, Norman Noel Quijano González, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, Oscar
Edgardo Mixco Sol, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Ileana
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Argentina Rogel Cruz, Federico Guillermo Ávila Quehl, Salvador Sánchez Ceren, Héctor Ricardo
Silva Arguello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio Angulo Milla, Enrique Alberto
Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de Amaya, Jorge
Alberto Villacorta Muñoz, Sigfredo Antonio Campos Fernández, Alba Teresa de Dueñas, Ernesto
Antonio Dueñas, Mario Alberto Tenorio, Olga Elizabeth Ortiz e Hipólito Baltazar Rodríguez.
DECRETA:
Art. 1.- Los plazos de prescripción de las acciones derivadas de los contratos de
crédito otorgados por los Bancos y aquéllos adquiridos, refinanciados o reestructurados por
el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, que hayan comenzado a computarse
a partir del 10 de enero de 2005, se regirán, en lo que se refiere a la prescripción extintiva
de conformidad a lo establecido en el ordinal III del Art. 995 del Código de Comercio.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial y sus efectos se retrotraen al diez de enero del año dos mil cinco.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de
marzo del dos mil cinco.
D. O. N° 85,Tomo N° 367, Fecha: 6 de mayo de 2005.

DECRETO No. 669
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s V a r i o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
I. Que el 2 del presente mes y año, en la Ciudad del Vaticano, falleció el Sumo Pontífice
de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Su Santidad el Papa JUAN PABLO II.
II. Que tal acontecimiento constituye una inmensa pérdida para la Iglesia Católica en
particular y el mundo entero en general.
III. Que el Sumo Pontífice desde el inicio de su Papado hasta los últimos momentos, se
esforzó por llevar el evangelio del amor universal de Dios a todos los seres humanos,
sin distinción alguna.
IV. Que Su Santidad fue un vívido ejemplo para la humanidad y particularmente para los
políticos, demostrando que es posible aplicar la doctrina cristiana al accionar de los
Estados, siendo viable santificar las decisiones y directrices que orientan la vida de los
pueblos, tratando de lograr o por lo menos perseguir, un mundo en donde la equidad,
el bien común, la justicia social y el amor al prójimo, se consoliden cada vez mas.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Ciro Cruz
Zepeda Peña, José Manuel Melgar Henríquez, Marta Lilian Coto Vda. De Cuellar, José Antonio
Armendáriz Rivas, Elvia Violeta Menjívar Escalante, René Napoleón Aguiluz Carranza, Douglas
Alejandro Alas García, Elizardo González Lovo, Salomé Roberto Alvarado Flores, Rolando
Alvarenga Argueta, Irma Segunda Amaya Echeverría, Luis Roberto Angulo Samayoa, José
Orlando Arévalo Pineda, José Salvador Arias Peñate, Miguel Francisco Bennett Escobar, Efrén
Arnoldo Bernal Chévez, Roger Alberto Blandino Nerio, Juan Miguel Bolaños Torres, Blanca Flor
América Bonilla Bonilla, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, José Ernesto Castellanos Campos,
Roberto Eduardo Castillo Batlle, Humberto Centeno Najarro, Héctor David Córdova, Arteaga,
Luis Alberto Corvera Rivas, José Ricardo Cruz, Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi, Agustín Díaz
Saravia, Roberto José D´Aubuisson Munguía, Walter Eduardo Durán Martínez, Jorge Antonio
Escobar Rosa, Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Vilma Celina
García de Monterrosa, Cesar Humberto García Aguilera, Nelson Napoleón García Rodríguez,
Nicolás Antonio García Alfaro, Ricardo Bladimir González, Santos Fernando González Gutiérrez,
Noé Orlando González, Jesús Grande, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Walter
Guzmán Coto, Schafik Jorge Handal Handal, Mariela Peña Pinto, Gabino Ricardo Hernández
Alvarado, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín, Hugo Roger Martínez Bonilla,
Calixto Mejía Hernández, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel Vicente, Menjivar Esquivel, Miguel
Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana, Renato Antonio Pérez, William Rizziery Pichinte,
Teodoro Pineda Osorio, Mario Antonio Ponce López, Gaspar Armando Portillo Benitez, Francisco
Antonio Prudencio, Zoila Beatriz Quijada Solís, Norman Noel Quijano González, José Mauricio
Quinteros Cubías, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, Oscar Edgardo Mixco Sol, Salvador Rafael
Morales, Dolores Alberto Rivas Echevería, Ileana Argentina Rogel Cruz, Federico Guillermo Avila
Quehl, Salvador Sánchez Ceren, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio Angulo Milla,
Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez De
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Parte IX

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Amaya, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, José Vidal Carrillo, Rigoberto Trinidad, Juan Enrique
Perla, Nelson de la Cruz Alvarado, Isolina Alas de Marín, Oscar Abraham Kattan Milla, Gustavo
Chiquillo, Hipólito Baltazar Rodríguez.
DECRETA:
Art. 1. Declárense tres días de “Duelo Nacional”, a partir de la vigencia de este Decreto,
por el fallecimiento del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Su Santidad
el Papa JUAN PABLO II.
Art. 2. En consecuencia de lo establecido en el artículo anterior, la Bandera Nacional,
se izará a media asta en los edificios públicos.
Art. 3. El presente decreto entrará en vigencia, desde el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cuatro días del mes de abril
del año dos mil cinco.
D. O. N° 62, Tomo N° 367, Fecha: 5 de abril de 2005.

Decretos Observados
Apendice

DECRETO No 524
CONSIDERANDO:
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR.
I. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 133 numeral 4, 203 inciso 1° y 204 ordinal
5° de la Constitución de la República; artículo 3 numeral 6 del Código Municipal, en
relación con el inciso último del artículo 2 de la Ley General Tributaria Municipal, es
potestad de los municipios elaborar sus tarifas de impuestos para proponerlas como
Ley a la Asamblea Legislativa.
II. Que de conformidad a las disposiciones mencionadas en el Considerando anterior, los
impuestos municipales deberán fundamentarse en los principios de generalidad, igualdad,
equitativa distribución de la carga tributaria, de no confiscación y en la capacidad
económica de los contribuyentes.
III. Que la Tarifa General de Arbitrios Municipales emitida por Decreto Legislativo No. 57
del 11 de septiembre de 1950, publicada en el Diario Oficial No. 198, Tomo 149 del
11 de septiembre del mismo año, contiene los tributos que no responden a la realidad
socioeconómica del municipio.
IV. Que es conveniente a los intereses del Municipio de Mercedes Umaña, Departamento
de Usulután, decretar su Ley de Impuestos Municipales, a fin de que se obtenga una
mejor recaudación tributaria para atender con eficiencia las necesidades administrativas
y de los habitantes de este municipio.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Concejo Municipal de Mercedes
Umaña, del Departamento de Usulután.
DECRETA, la siguiente:
LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA,
DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.
TÍTULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO DE LA LEY Y DE LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA
RELACIÓN JURÍDICO TRIBUTARIO
OBJETO DE LA LEY
Art. 1. La presente Ley tiene por objeto establecer los impuestos municipales y regular
las relaciones jurídicas que se originan de su aplicación en el Municipio de Mercedes Umaña.
607
Apendice

Apendice
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
608
SUJETO ACTIVO
Art. 2. El sujeto activo de la obligación tributaria es el Municipio de Mercedes Umaña,
en adelante llamado “el Municipio”, en su carácter de acreedor de los respectivos tributos.
DEFINICIONES
Art. 3. Para efectos de esta Ley deberá entenderse:
a) Sujeto pasivo: Toda persona natural o jurídica, que se dedique a cualquier actividad
económica, quien deberá cumplir con las prestaciones pecuniarias de las que como
contribuyente sea responsable.
b) Contribuyente: Es el sujeto pasivo respecto al cual se verifica el hecho generador
de la obligación tributaria.
c) Responsable: La persona que sin ser contribuyente por mandato de Ley debe
cumplir con las obligaciones de éste.
d) Hecho Generador: Se entiende por hecho generador o hecho imponible, el supuesto
previsto en la Ley respectiva de Creación de Tributos Municipales, que cuando
ocurre en la realidad, da lugar al nacimiento de la obligación tributaria.
e) Base Imponible: Es la dimensión del hecho generador que sirve para cuantificar
el tributo, al aplicarle el porcentaje correspondiente.
f) Activo en Giro: Es la sumatoria de todos los activos corrientes, no corrientes y
diferidos de la empresa, menos las deducciones respectivas.
OTROS SUJETOS PASIVOS
Art. 4. Para los efectos de aplicación de esta Ley se consideran también sujetos
pasivos las comunidades de bienes, sucesiones, fideicomisos, sociedades de hecho u otros
entes colectivos, o patrimonios que aún cuando conforme al Derecho Común carezcan de
personalidad jurídica se les atribuye la calidad de sujetos de derechos y obligaciones; así como
las instituciones autónomas que realicen actividades financieras, industriales, comerciales o
de servicios, incluyendo EMPRESA ELÉCTRICA DE ORIENTE (EEO), ANDA y TETRALOGÍA SEM.
Se exceptúan las instituciones públicas de seguridad social.
DE LOS DEBERES FORMALES A CARGO DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLE
Y TERCEROS
Art. 5.Los contribuyentes, responsable y terceros deben cumplir con lo establecido
en el Art. 90 y demás disposiciones de la Ley General Tributaria Municipal, aplicables a los
impuestos sobre las actividades económicas realizadas dentro del municipio.

TÍTULO II
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
DEL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN JURÍDICO TRIBUTARIA,
SU CÁLCULO Y EL PROCEDIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN.
CAPÍTULO I
DEL HECHO GENERADOR Y LA BASE IMPONIBLE
DEL HECHO GENERADOR
Art. 6. Se establecen como Hechos Generadores del impuesto:
a) La rentabilidad sobre el patrimonio, para aquellas actividades económicas mayores
a CIEN MIL COLONES (¢100.000.00) u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100
dólares de los Estados Unidos de América ($11.428.57); y
b) El activo en giro, para actividades económicas menores de CIEN MIL COLONES
(¢100.00.00) u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 dólares de los Estados
Unidos de América ($11.428.57).
DE LA BASE IMPONIBLE
Art. 7. La base imponible, para las actividades económicas mayores de Cien Mil Colones
u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 dólares ($11.428.57) de la rentabilidad sobre el
patrimonio será el resultado de dividir las utilidades entre el patrimonio, correspondiente al
período contable del ejercicio anterior.
Determinada la base imponible, ésta se multiplicará por el 1.75% de impuesto, para
obtener el factor aplicable a las utilidades.
Una vez obtenido el factor aplicable, éste se multiplicará por el monto de las utilidades,
para obtener el monto del impuesto a pagar.
El resultado computado según el procedimiento anterior es mensual.
En todo caso la cantidad a pagar no podrá ser menor de cien colones (¢100.00) u once
dólares 43/100 de los Estados Unidos de América ($11.43).
DEL ACTIVO EN GIRO
Art. 8. Es obligación para todas las empresas o establecimientos dedicados a cualquier
actividad económica, pagar sus impuestos mensuales en el siguiente orden:
ACTIVO EN GIRO
IMPUESTO MENSUAL
(COLONES)
Hasta ¢1,000.00 ($114.28) Exento
De 1,001.00 ($114.40) hasta ¢100,000.00
($11.428.58)
0.1%
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Apendice

Apendice
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PAGO DE IMPUESTOS CUANDO UNA EMPRESA ESTÁ INICIANDO SU ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Art. 9. En el caso de personas naturales o jurídicas cuyos activos sean mayores de
(¢100,000.00) u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 dólares de los Estados Unidos de
América ($11.428.57), y por estar iniciando actividad económica no se les puede determinar
la rentabilidad sobre su patrimonio, pagarán cien colones (¢100.00) u once con cuarenta y
tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($11.43) mensuales hasta que se
complete el período contable o puedan establecer su Estado de Resultados.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA Y LLEVAR
CONTABILIDAD
Art.10. Para la aplicación del impuesto establecido en el Capítulo anterior, los contribuyentes
que no estén obligados por Ley a llevar contabilidad formal deberán presentar Declaración
Jurada.
Las personas naturales o jurídicas que estén obligadas por Ley a llevar contabilidad formal,
adjuntarán el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico
que resulte gravado y sus anexos, en los tres primeros meses del año, a excepción de cualquier
actividad que por ley tenga periodos contables distintos, en estos casos, la documentación
deberá presentarse dentro de los dos meses posteriores a la finalización de este período. El
Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, a que se refiere este artículo, deberá
estar debidamente auditados.
DETERMINACIÓN DE OFICIO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
Art.11. Cuando el contribuyente o responsable no presente en los primeros tres meses
del año, la Declaración Jurada o los Estados Financieros con sus anexos, la Administración
Tributaria Municipal procederá a determinar de oficio la obligación tributaria correspondiente,
de conformidad al procedimiento establecido en los Arts. 105 y 106 de la Ley General Tributaria
Municipal.
BASE PARA LA IMPOSICIÓN DEL IMPUESTO
Art.12. Para establecer el impuesto, la Administración Tributaria Municipal se basará en
la Declaración Jurada o los Estados Financieros mencionados en el Art. 11 de esta Ley. Para
tal efecto, las utilidades imponibles serán las utilidades netas.
Cuando una persona natural o jurídica estuviere dedicada a la misma actividad económica
en distintos Municipios, el impuesto se determinará con base en los Estados Financieros que
se refieren solamente a las actividades desarrolladas o activos existentes en el Municipio.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
OBLIGACIÓN DE DAR AVISO A LA MUNICIPALIDAD PARA EFECTOS DE
CALIFICACIÓN
Art.13. Todo propietario o representante legal de establecimientos dedicados a cualquier
actividad económica, está obligado a dar aviso por escrito a la Municipalidad, a más tardar quince
días después de la fecha de apertura, para efecto de su calificación. La falta de cumplimiento
de este requisito dará lugar a que el propietario o representante, dé por aceptada la fecha
que determina la calificación establecida por El Concejo Municipal y por consiguiente deberá
pagar los impuestos de conformidad a la misma.
REQUISITO QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRIBUYENTE PARA OBTENER
SOLVENCIA MUNICIPAL
Art.14. Para extender solvencia municipal es indispensable que el contribuyente esté
al día en el pago de los tributos municipales y sus accesorios.
Queda facultada la Administración Tributaria Municipal para cerrar cuentas a petición de
parte o de oficio cuando le conste fehacientemente que una persona natural o jurídica ha
dejado de ser sujeto de pago conforme a la presente Ley. Dicho cierre se hará a partir de la
fecha que determine el Concejo Municipal.
PAGO DE IMPUESTO POR CADA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Art.15. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dos o más actividades
económicas, pagarán el impuesto establecido para cada una de ellas.
TÍTULO III
DE LAS FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA MUNICIPALY LA MORA.
FORMAS DE EXTINCIÓN TRIBUTARIA
Art.16. Las formas de extinción de la obligación tributaria municipal, son:
a) El pago;
b) La compensación; y,
c) La prescripción extintiva.
CAPÍTULO I
DEL PAGO
DEFINICIÓN DEL PAGO
Art.17. Pago es el cumplimiento del tributo adeudado y tiene que ser efectuado por los
contribuyentes o los responsables.
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Apendice

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Este puede ser en moneda de curso legal o dación en pago, con el objeto de cumplir con
el tributo adeudado. Cuando se efectúe por dación en pago, se requerirá la autorización del
Concejo Municipal.
LOS QUE PUEDEN EFECTUAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS
Art.18. El pago puede ser efectuado por el contribuyente, por el representante legal
o por un tercero, en este último caso, hay subrogación legal del tercero en los derechos del
acreedor.
PLAZO PARA HACER EL PAGO
Art. 19. El pago deberá hacerse efectivo a más tardar treinta días después de realizado
el hecho generador de la obligación tributaria, ante la Administración Tributaria Municipal y
de conformidad a lo establecido en los Arts. 33 y 83 de la Ley General Tributaria Municipal.
FORMAS DEL PAGO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
Art. 20. Con respecto a las formas en que se llevará a cabo el pago, las facilidades de
éste, la caducidad del plazo extraordinario, la imputación y el pago en exceso se estará a lo
establecido en los Arts. 35 y siguientes de la Ley General Tributaria Municipal.
CAPÍTULO II
DE LA COMPENSACIÓN.
OPERACIÓN DE LA COMPENSACIÓN
Art. 21. Cuando este Municipio y un contribuyente del mismo, sean deudores recíprocos
uno del otro, podrá operar entre ellos, una compensación que extinga ambas deudas hasta
el límite de la menor en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 40 y 41 de la
Ley General Tributaria Municipal.
CAPÍTULO III
DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA O LIBERATORIA.
PRESCRIPCIÓN QUE EXTINGUE ACCIONES O DERECHOS
Art. 22.- La prescripción que extingue las acciones o derechos, exige solamente cierto
lapso de tiempo, durante el cual no se haya ejercido dichas acciones.
PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE LOS MUNICIPIOS PARA EXIGIR EL PAGO
DE IMPUESTO
Art. 23. El derecho de los Municipios para exigir el pago de los impuestos municipales y
accesorios, prescribirá por falta de iniciativa en el cobro judicial ejecutivo durante el término
de 15 años consecutivos.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
CÓMPUTO DEL PLAZO PARA INTERRUMPIR PRESCRIPCIÓN Y SUS EFECTOS
Art. 24. Con respecto al cómputo del plazo, la interrupción de la prescripción y los
efectos de la prescripción estará a lo dispuesto en los Arts. 43 y 44 de Ley General Tributaria
Municipal y Art. 2257 del Código Civil.
CAPÍTULO IV
DE LA MORA.
PLAZO PARA CAER EN SITUACIÓN DE MORA
Art. 25. Se entenderá que el sujeto pasivo cae en MORA en el pago de impuestos
cuando dejare transcurrir el plazo establecido en el Art. 19 de esta Ley.
Los impuestos no pagados causarán un interés moratorio equivalente al interés del mercado
para las deudas contraídas por el sector comercial.
Estos intereses se aplicarán desde el vencimiento del plazo en que debió pagarse el
impuesto, hasta el día de la extinción total de la obligación tributaria.
Los intereses se pagarán juntamente con el tributo sin necesidad de resolución o
requerimiento. En consecuencia, la obligación de pagarlos subsistirá aún cuando no hubiere
sido extinguidos por el Colector, Banco, Financieras o cualquier otra institución autorizada
para recibir dicho pago.
TÍTULO IV
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
MUNICIPALES
CAPÍTULO I
CONCEPTO DE INFRACCIÓN Y RÉGIMEN LEGAL APLICABLE
DE LA INFRACCIÓN TRIBUTARIA
Art. 26. Constituye infracción tributaria toda acción u omisión que implique violación de
normas tributarias sustantivas o adjetivas tipificadas y sancionadas en la Ley General Tributaria
Municipal, en esta Ley, en el Código Penal, o en las Leyes especiales.
CLASES DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS
Art. 27. Las infracciones tributarias, son:
a) El delito tributario, el cual es de naturaleza penal, siendo competencia del Órgano
Judicial dirimirlo.
b) Las contravenciones tributarias municipales, las cuales son de naturaleza
administrativa y compete al Concejo Municipal.
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CONCURRENCIA DEL DELITO Y LA CONTRAVENCIÓN TRIBUTARIA
Art. 28. El delito tributario y la contravención tributaria no son excluyentes uno del
otro, y ambas infracciones pueden ser sancionadas independientemente, de conformidad al
Art. 55 de la Ley General Tributaria Municipal.
REGULACIÓN DE PRINCIPIOS SANCIONATORIOS
Art. 29. Con respecto a los principios sancionatorios, la tipificación de las contravenciones
tributarias municipales y sus correspondientes sanciones, se estará a lo previsto en el TÍTULO
III, CAPÍTULO II DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA MUNICIPAL.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES POR CONTRAVENCIÓN
TRIBUTARIA
REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES POR
CONTRAVENCIÓN
Art. 30. En cuanto al procedimiento de la aplicación de sanciones por contravención
tributaria municipal se estará a lo consagrado en el TÍTULO IV, CAPÍTULO III, SECCIÓN III,
de la Ley General Tributaria Municipal.
TÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES.
RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES
EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Art. 31. La determinación, verificación, control y recaudación de los IMPUESTOS como
función básica de la Administración Tributaria Municipal, serán ejercidos por el Concejo Municipal
y sus organismos dependientes quienes estarán en la obligación de hacer cumplir lo que esta
Ley establece.
APLICACIÓN DE LEY SUPLETORIA CUANDO NO ESTÉ REGULADA UNA SITUACIÓN
EN LA PRESENTE LEY
Art. 32. En todo lo que no estuviere regulado por esta Ley se estará sujeto a lo que se
dispone en la Ley General Tributaria Municipal, en lo que fuere pertinente.
DEROGATORIA DE LEY VIGENTE Y SUS REFORMAS
Art. 33. Deróguese la Tarifa de Arbitrios Municipales vigentes para el Municipio de
Mercedes Umaña, sus reformas y adiciones.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY
Art. 34. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticinco
días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.
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Apendice

Apendice
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DECRETO No 525
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR.
I. Que el Art. 133 Numeral 4 de la Constitución de la República establece que los Concejos
Municipales tienen iniciativa de Ley para proponer Impuestos Municipales.
II. Que por Decreto Legislativo N°. 86 de fecha 17 de octubre de 1991, publicado en el
Diario Oficial N° 242, Tomo 313 del 21 de diciembre del mismo año, se emitió la Ley
General Tributaria Municipal, la cual prescribe en su Artículo 158, la obligación que tienen
los Municipios de la República, de actualizar sus ordenamientos tributarios con arreglo
a lo dispuesto en dicha Ley.
III. Que de conformidad con la Ley a que se refiere el Considerando anterior, los impuestos
municipales deberán fundamentarse en la capacidad económica de los contribuyentes y
en los principios de generalidad, igualdad, equitativa distribución de la carga tributaria
y de no confiscación.
IV. Que asimismo, la Ley General Tributaria Municipal establece que en la estructuración
de los impuestos municipales, deberá asegurarse la conservación del capital productivo
y de cualquier otra fuente generadora de ingresos, y además, debe permitir que los
Municipios obtengan los recursos que necesitan para cumplir satisfactoriamente con sus
fines.
V. Que la Tarifa de Arbitrios del Municipio de Nueva Guadalupe, del Departamento de
San Miguel, emitida por Decreto Legislativo N° 853, de fecha 6 de Noviembre de 1952
publicada en el Diario Oficial N° 227, Tomo 157, del 1 de diciembre de 1952, y sus
reformas vigentes, contiene tributos que ya no responden a las necesidades actuales
del Municipio, por lo que es conveniente simplificar y modernizar la estructura de sus
impuestos.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Concejo Municipal de Nueva
Guadalupe, del Departamento de San Miguel.
DECRETA, la siguiente:
LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO
DE NUEVA GUADALUPE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

TÍTULO I
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO DE LA LEY Y DE LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA
RELACIÓN JURÍDICO TRIBUTARIO
OBJETO DE LA LEY
Art. 1. La presente Ley tiene por objeto establecer los impuestos municipales y regular las
relaciones jurídicas que se originan de su aplicación en el Municipio de Nueva Guadalupe.
SUJETO ACTIVO
Art. 2. El sujeto activo de la obligación tributaria es el Municipio de Nueva Guadalupe,
en adelante llamado “el Municipio”, en su carácter de acreedor de los respectivos tributos.
DEFINICIONES
Art. 3. Para efectos de esta Ley deberá entenderse:
a) Sujeto pasivo: Toda persona natural o jurídica, que se dedique a cualquier actividad
económica, quien deberá cumplir con las prestaciones pecuniarias de las que como
contribuyente sea responsable.
b) Contribuyente: Es el sujeto pasivo respecto al cual se verifica el hecho generador
de la obligación tributaria.
c) Responsable: La persona que sin ser contribuyente por mandato de Ley debe
cumplir con las obligaciones de éste.
d) Hecho Generador: Se entiende por hecho generador o hecho imponible, el supuesto
previsto en la Ley respectiva de Creación de Tributos Municipales, que cuando
ocurre en la realidad, da lugar al nacimiento de la obligación tributaria.
e) Base Imponible: Es la dimensión del hecho generador que sirve para cuantificar
el tributo, al aplicarle el porcentaje correspondiente.
f) Activo en Giro: Es la sumatoria de todos los activos corrientes, no corrientes y
diferidos de la empresa, menos las deducciones respectivas.
OTROS SUJETOS PASIVOS
Art. 4. Para los efectos de aplicación de esta Ley se consideran también sujetos
pasivos las comunidades de bienes, sucesiones, fideicomisos, sociedades de hecho u otros
entes colectivos, o patrimonios que aún cuando conforme al Derecho Común carezcan de
personalidad jurídica se les atribuye la calidad de sujetos de derechos y obligaciones; así como
las instituciones autónomas que realicen actividades financieras, industriales, comerciales o
de servicios, incluyendo CEL y ANDA. Se exceptúan las instituciones públicas de seguridad
social.
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Apendice

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DE LOS DEBERES FORMALES A CARGO DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLE
Y TERCEROS
Art. 5. Los contribuyentes, responsable y terceros deben cumplir con lo establecido
en el Art. 90 y demás disposiciones de la Ley General Tributaria Municipal, aplicables a los
impuestos sobre las actividades económicas realizadas dentro del municipio.
TÍTULO II
DEL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN JURÍDICO TRIBUTARIA,
SU CÁLCULO Y EL PROCEDIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN.
CAPÍTULO I
DEL HECHO GENERADOR Y LA BASE IMPONIBLE
DEL HECHO GENERADOR
Art. 6. Se establecen como Hechos Generadores del impuesto:
a) La rentabilidad sobre el patrimonio, para aquellas actividades económicas mayores
a CIEN MIL COLONES (¢100.000.00) u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100
dólares de los Estados Unidos de América ($11.428.57); y
b) El activo en giro, para actividades económicas menores de CIEN MIL COLONES
(¢100.00.00) u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 dólares de los Estados
Unidos de América ($11.428.57).
DE LA BASE IMPONIBLE
Art. 7. La base imponible, para las actividades económicas mayores de Cien Mil Colones
u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 dólares ($11.428.57) de la rentabilidad sobre el
patrimonio, será el resultado de dividir las utilidades entre el patrimonio correspondiente al
período contable del ejercicio anterior.
Determinada la base imponible, ésta se multiplicará por el 1.75% de impuesto, para
obtener el factor aplicable a las utilidades.
Una vez obtenido el factor aplicable, éste se multiplicará por el monto de las utilidades,
para obtener el monto del impuesto a pagar.
El resultado computado según el procedimiento anterior es mensual.
En todo caso la cantidad a pagar no podrá ser menor de cien colones (¢100.00) u once
dólares 43/100 de los Estados Unidos de América ($11.43).
DEL ACTIVO EN GIRO
Art. 8. Es obligación para todas las empresas o establecimientos dedicados a cualquier
actividad económica, pagar sus impuestos mensuales en el siguiente orden:

ACTIVO EN GIRO
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
IMPUESTO MENSUAL
(COLONES)
Hasta ¢1,000.00 ($114.28) Exento
De 1,001.00 ($114.40) hasta ¢ 100,000.00 $11.428.58) 0.1%
PAGO DE IMPUESTOS CUANDO UNA EMPRESA ESTÁ INICIANDO SU ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Art. 9. En el caso de personas naturales o jurídicas cuyos activos sean mayores de
(¢100,000.00) u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 dólares de los Estados Unidos de
América ($11.428.57), y por estar iniciando actividad económica no se les puede determinar
la rentabilidad sobre su patrimonio, pagarán cien colones (¢100.00) u once con cuarenta y
tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($11.43) mensuales hasta que se
complete el período contable o puedan establecer su Estado de Resultados.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA Y LLEVAR
CONTABILIDAD
Art.10. Para la aplicación del impuesto establecido en el Capítulo anterior, los contribuyentes
que no estén obligados por Ley a llevar contabilidad formal deberán presentar Declaración
Jurada.
Las personas naturales o jurídicas que estén obligadas por Ley a llevar contabilidad formal,
adjuntarán el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico
que resulte gravado y sus anexos, en los tres primeros meses del año, a excepción de cualquier
actividad que por Ley tenga períodos contables distintos, en estos casos, la documentación
deberá presentarse dentro de los dos meses posteriores a la finalización de este período. El
Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, a que se refiere este artículo, deberá
estar debidamente auditados.
DETERMINACIÓN DE OFICIO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
Art.11. Cuando el contribuyente o responsable no presente en los primeros tres meses
del año, la Declaración Jurada o los Estados Financieros con sus anexos, la Administración
Tributaria Municipal procederá a determinar de oficio la obligación tributaria correspondiente,
de conformidad al procedimiento establecido en los Arts. 105 y 106 de la Ley General Tributaria
Municipal.
BASE PARA LA IMPOSICIÓN DEL IMPUESTO
Art.12. Para establecer el impuesto, la Administración Tributaria Municipal se basará
en la Declaración Jurada o los Estados Financieros mencionados en el Art. 11 de esta Ley. Para
tal efecto, las utilidades imponibles serán las utilidades netas.
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Cuando una persona natural o jurídica estuviere dedicada a la misma actividad económica
en distintos Municipios, el impuesto se determinará con base en los Estados Financieros que
se refieren solamente a las actividades desarrolladas o activos existentes en el Municipio.
OBLIGACIÓN DE DAR AVISO A LA MUNICIPALIDAD PARA EFECTOS DE
CALIFICACIÓN
Art.13. Todo propietario o representante legal de establecimientos dedicados a cualquier
actividad económica, está obligado a dar aviso por escrito a la Municipalidad, a más tardar quince
días después de la fecha de apertura, para efecto de su calificación. La falta de cumplimiento
de este requisito dará lugar a que el propietario o representante, dé por aceptada la fecha
que determina la calificación establecida por el Concejo Municipal y por consiguiente deberá
pagar los impuestos de conformidad a la misma.
REQUISITO QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRIBUYENTE PARA OBTENER
SOLVENCIA MUNICIPAL
Art.14. Para extender solvencia municipal es indispensable que el contribuyente esté
al día en el pago, de los tributos municipales y sus accesorios.
Queda facultada la Administración Tributaria Municipal para cerrar cuentas a petición de
parte o de oficio cuando le conste fehacientemente que una persona natural o jurídica ha
dejado de ser sujeto de pago conforme a la presente Ley. Dicho cierre se hará a partir de la
fecha que determine el Concejo Municipal.
PAGO DE IMPUESTO POR CADA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Art.15. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dos o más actividades
económicas, pagarán el impuesto establecido para cada una de ellas.
TÍTULO III
DE LAS FORMAS DE EXTINCION DE LA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA MUNICIPAL Y LA MORA.
FORMAS DE EXTINCIÓN TRIBUTARIA
Art.16. Las formas de extinción de la obligación tributaria municipal, son:
a) El pago;
b) La compensación; y,
c) La prescripción extintiva.
CAPÍTULO I
DEL PAGO
DEFINICIÓN DEL PAGO
Art.17. Pago es el cumplimiento del tributo adeudado y tiene que ser efectuado por los
contribuyentes o los responsables.

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D e c r e t o s O b s e r v a d o s
Este puede ser en moneda de curso legal o dación en pago, con el objeto de cumplir con
el tributo adeudado. Cuando se efectúe por dación en pago, se requerirá la autorización del
Concejo Municipal.
LOS QUE PUEDEN EFECTUAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS
Art.18. El pago puede ser efectuado por el contribuyente, por el representante legal
o por un tercero, en este último caso, hay subrogación legal del tercero en los derechos del
acreedor.
PLAZO PARA HACER EL PAGO
Art. 19. El pago deberá hacerse efectivo a más tardar treinta días después de realizado
el hecho generador de la obligación tributaria, ante la Administración Tributaria Municipal y
de conformidad a lo establecido en los Arts. 33 y 83 de la Ley General Tributaria Municipal.
FORMAS DEL PAGO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
Art. 20. Con respecto a las formas en que se llevará a cabo el pago, las facilidades de
éste, la caducidad del plazo extraordinario, la imputación y el pago en exceso se estará a lo
establecido en los Arts. 35 y siguientes de la Ley General Tributaria Municipal.
CAPÍTULO II
DE LA COMPENSACIÓN.
OPERACIÓN DE LA COMPENSACIÓN
Art. 21. Cuando este Municipio y un contribuyente del mismo, sean deudores recíprocos
uno del otro, podrá operar entre ellos, una compensación que extinga ambas deudas hasta
el límite de la menor en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 40 y 41 de la
Ley General Tributaria Municipal.
CAPÍTULO III
DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA O LIBERATORIA.
PRESCRIPCIÓN QUE EXTINGUE ACCIONES O DERECHOS
Art. 22. La prescripción que extingue las acciones o derechos, exige solamente cierto
lapso de tiempo, durante el cual no se haya ejercido dichas acciones.
PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE LOS MUNICIPIOS PARA EXIGIR EL PAGO
DE IMPUESTO
Art. 23. El derecho de los Municipios para exigir el pago de los impuestos municipales y
accesorios, prescribirá por falta de iniciativa en el cobro judicial ejecutivo durante el término
de 15 años consecutivos.
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CÓMPUTO DEL PLAZO PARA INTERRUMPIR PRESCRIPCIÓN Y SUS EFECTOS
Art. 24. Con respecto al cómputo del plazo, la interrupción de la prescripción y los
efectos de la prescripción estará a lo dispuesto en los Arts. 43 y 44 de Ley General Tributaria
Municipal y Art. 2257 del Código Civil.
CAPÍTULO IV
DE LA MORA.
PLAZO PARA CAER EN SITUACIÓN DE MORA
Art. 25. Se entenderá que el sujeto pasivo cae en MORA en el pago de impuestos
cuando dejare transcurrir el plazo establecido en el Art. 19 de esta Ley.
Los impuestos no pagados causarán un interés moratorio equivalente al interés del mercado
para las deudas contraídas por el sector comercial.
Estos intereses se aplicarán desde el vencimiento del plazo en que debió pagarse el
impuesto, hasta el día de la extinción total de la obligación tributaria.
Los intereses se pagarán juntamente con el tributo sin necesidad de resolución o
requerimiento. En consecuencia, la obligación de pagarlos subsistirá aún cuando no hubiere
sido extinguidos por el Colector, Banco, Financieras o cualquier otra institución autorizada
para recibir dicho pago.
TÍTULO IV
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
MUNICIPALES
CAPÍTULO I
CONCEPTO DE INFRACCIÓN Y RÉGIMEN LEGAL APLICABLE
DE LA INFRACCIÓN TRIBUTARIA
Art. 26. Constituye infracción tributaria toda acción u omisión que implique violación de
normas tributarias sustantivas o adjetivas tipificadas y sancionadas en la Ley General Tributaria
Municipal, en esta Ley, en el Código Penal, o en las Leyes especiales.
CLASES DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS
Art. 27. Las infracciones tributarias, son:
a) El delito tributario, el cual es de naturaleza penal, siendo competencia del Órgano
Judicial dirimirlo.
b) Las contravenciones tributarias municipales, las cuales son de naturaleza
administrativa y compete al Concejo Municipal.
CONCURRENCIA DEL DELITO Y LA CONTRAVENCIÓN TRIBUTARIA
Art. 28. El delito tributario y la contravención tributaria no son excluyentes uno del
otro, y ambas infracciones pueden ser sancionadas independientemente, de conformidad al
Art. 55 de la Ley General Tributaria Municipal.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
REGULACIÓN DE PRINCIPIOS SANCIONATORIOS
Art. 29. Con respecto a los principios sancionatorios, la tipificación de las contravenciones
tributarias municipales y sus correspondientes sanciones, se estará a lo previsto en el TÍTULO
III, CAPÍTULO II DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA MUNICIPAL.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES POR CONTRAVENCIÓN
TRIBUTARIA
REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES POR
CONTRAVENCIÓN
Art. 30. En cuanto al procedimiento de la aplicación de sanciones por contravención
tributaria municipal se estará a lo consagrado en el TÍTULO IV, CAPÍTULO III, SECCIÓN III,
de la Ley General Tributaria Municipal.
TÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES.
RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES
EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Art. 31. La determinación, verificación, control y recaudación de los IMPUESTOS como
función básica de la Administración Tributaria Municipal, serán ejercidos por el Concejo Municipal
y sus organismos dependientes quienes estarán en la obligación de hacer cumplir lo que esta
Ley establece.
APLICACIÓN DE LEY SUPLETORIA CUANDO NO ESTÉ REGULADA UNA SITUACIÓN
EN LA PRESENTE LEY
Art. 32. En todo lo que no estuviere regulado por esta Ley se estará sujeto a lo que se
dispone en la Ley General Tributaria Municipal, en lo que fuere pertinente.
DEROGATORIA DE LEY VIGENTE Y SUS REFORMAS
Art. 33. Deróguese la Tarifa de Arbitrios Municipales vigentes para el Municipio de Nueva
Guadalupe, sus reformas y adiciones.
VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY
Art. 34. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticinco
días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.
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Apendice

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DECRETO No 526
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR.
I. Que el Art. 133 Numeral 4 de la Constitución de la República establece que los Concejos
Municipales tienen iniciativa de Ley para proponer Impuestos Municipales.
II. Que por Decreto Legislativo N° 86 de fecha 17 de octubre de 1991, publicado en el Diario
Oficial N° 242, Tomo 313 del 21 de diciembre del mismo año, se emitió la Ley General
Tributaria Municipal, la cual prescribe en su Artículo 158, la obligación que tienen los
Municipios de la República, de actualizar sus ordenamientos tributarios con arreglo a lo
dispuesto en dicha Ley.
III. Que de conformidad con la Ley a que se refiere el Considerando anterior, los impuestos
municipales deberán fundamentarse en la capacidad económica de los contribuyentes y
en los principios de generalidad, igualdad, equitativa distribución de la carga tributaria
y de no confiscación.
IV. Que asimismo, la Ley General Tributaria Municipal establece que en la estructuración
de los impuestos municipales, deberá asegurarse la conservación del capital productivo
y de cualquier otra fuente generadora de ingresos, y además, debe permitir que los
Municipios obtengan los recursos que necesitan para cumplir satisfactoriamente con sus
fines.
V. Que la Tarifa de Arbitrios del Municipio de Tepetitán, del Departamento de San Vicente,
emitida por Decreto Legislativo N° 1241 de fecha 4 de diciembre de 1953, publicada
en el Diario Oficial N° 226 Tomo N° 161 del 11 de diciembre de 1953 y sus reformas
vigentes, contiene tributos que ya no responden a las necesidades actuales del Municipio,
por lo que es conveniente simplificar y modernizar la estructura de sus impuestos.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Concejo Municipal de Tepetitán,
del Departamento de San Vicente.
DECRETA, la siguiente:
LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TEPETITÁN,
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.
TÍTULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO DE LA LEY Y DE LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA
RELACIÓN JURÍDICO TRIBUTARIO
OBJETO DE LA LEY
Art. 1. La presente Ley tiene por objeto establecer los impuestos municipales y regular
las relaciones jurídicas que se originan de su aplicación en el Municipio de Tepetitán.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
SUJETO ACTIVO
Art. 2. El sujeto activo de la obligación tributaria es el Municipio de Tepetitán, en
adelante llamado “el Municipio”, en su carácter de acreedor de los respectivos tributos.
DEFINICIONES
Art. 3. Para efectos de esta Ley deberá entenderse:
a) Sujeto pasivo: Toda persona natural o jurídica, que se dedique a cualquier actividad
económica, quien deberá cumplir con las prestaciones pecuniarias de las que como
contribuyente sea responsable.
b) Contribuyente: Es el sujeto pasivo respecto al cual se verifica el hecho generador
de la obligación tributaria.
c) Responsable: La persona que sin ser contribuyente por mandato de Ley debe
cumplir con las obligaciones de éste.
d) Hecho Generador: Se entiende por hecho generador o hecho imponible, el supuesto
previsto en la Ley respectiva de Creación de Tributos Municipales, que cuando
ocurre en la realidad, da lugar al nacimiento de la obligación tributaria.
e) Base Imponible: Es la dimensión del hecho generador que sirve para cuantificar
el tributo, al aplicarle el porcentaje correspondiente.
f) Activo en Giro: Es la sumatoria de todos los activos corrientes, no corrientes y
diferidos de la empresa, menos las deducciones respectivas.
OTROS SUJETOS PASIVOS
Art. 4. Para los efectos de aplicación de esta ley se consideran también sujetos pasivos las
comunidades de bienes, sucesiones, fideicomisos, sociedades de hecho u otros entes colectivos,
o patrimonios que aún cuando conforme al Derecho Común carezcan de personalidad jurídica
se les atribuye la calidad de sujetos de derechos y obligaciones; así como las instituciones
autónomas que realicen actividades financieras, industriales, comerciales o de servicios,
incluyendo CEL y ANDA. Se exceptúan las instituciones públicas de seguridad social.
DE LOS DEBERES FORMALES A CARGO DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLE
Y TERCEROS
Art. 5. Los contribuyentes, responsable y terceros deben cumplir con lo establecido
en el Art. 90 y demás disposiciones de la Ley General Tributaria Municipal, aplicables a los
impuestos sobre las actividades económicas realizadas dentro del municipio.
TÍTULO II
DEL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN JURÍDICO TRIBUTARIA,
SU CÁLCULO Y EL PROCEDIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN.
CAPÍTULO I
DEL HECHO GENERADOR Y LA BASE IMPONIBLE
DEL HECHO GENERADOR
Art. 6. Se establecen como Hechos Generadores del impuesto:
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Apendice

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a) La rentabilidad sobre el patrimonio, para aquellas actividades económicas mayores
a CIEN MIL COLONES (¢100.000.00) u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100
dólares de los Estados Unidos de América ($11.428.57); y
b) El activo en giro, para actividades económicas menores de CIEN MIL COLONES
(¢100.00.00) u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 dólares de los Estados
Unidos de América ($11.428.57).
DE LA BASE IMPONIBLE
Art. 7. La base imponible, para las actividades económicas mayores de Cien Mil Colones
u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 dólares ($11.428.57) de la rentabilidad sobre el
patrimonio será el resultado de dividir las utilidades entre el patrimonio, correspondiente al
período contable del ejercicio anterior.
Determinada la base imponible, ésta se multiplicará por el 1.75% de impuesto, para
obtener el factor aplicable a las utilidades.
Una vez obtenido el factor aplicable, éste se multiplicará por el monto de las utilidades,
para obtener el monto del impuesto a pagar.
El resultado computado según el procedimiento anterior es mensual.
En todo caso la cantidad a pagar no podrá ser menor de cien colones (¢100.00) u once
dólares 43/100 de los Estados Unidos de América ($11.43).
DEL ACTIVO EN GIRO
Art. 8. Es obligación para todas las empresas o establecimientos dedicados a cualquier
actividad económica, pagar sus impuestos mensuales en el siguiente orden:
ACTIVO EN GIRO
IMPUESTO MENSUAL
(COLONES)
Hasta ¢1,000.00 ($114.28) Exento
De 1,001.00 ($114.40) hasta ¢ 100,000.00 ($11.428.58) 0.1%
PAGO DE IMPUESTOS CUANDO UNA EMPRESA ESTÁ INICIANDO SU ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Art. 9. En el caso de personas naturales o jurídicas cuyos activos sean mayores de
(¢100,000.00) u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 dólares de los Estados Unidos de
América ($11.428.57), y por estar iniciando actividad económica no se les puede determinar
la rentabilidad sobre su patrimonio, pagarán cien colones (¢100.00) u once con cuarenta y
tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($11.43) mensuales hasta que se
complete el período contable o puedan establecer su Estado de Resultados.

CAPÍTULO II
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA Y LLEVAR
CONTABILIDAD
Art.10. Para la aplicación del impuesto establecido en el capítulo anterior, los contribuyentes
que no estén obligados por Ley a llevar contabilidad formal deberán presentar Declaración
Jurada.
Las personas naturales o jurídicas que estén obligadas por Ley a llevar contabilidad formal,
adjuntarán el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico
que resulte gravado y sus anexos, en los tres primeros meses del año, a excepción de cualquier
actividad que por Ley tenga períodos contables distintos, en estos casos, la documentación
deberá presentarse dentro de los dos meses posteriores a la finalización de este período. El
Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, a que se refiere este artículo, deberá
estar debidamente auditados.
DETERMINACIÓN DE OFICIO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
Art.11. Cuando el contribuyente o responsable no presente en los primeros tres meses
del año, la Declaración Jurada o los Estados Financieros con sus anexos, la Administración
Tributaria Municipal procederá a determinar de oficio la obligación tributaria correspondiente,
de conformidad al procedimiento establecido en los Arts. 105 y 106 de la Ley General Tributaria
Municipal.
BASE PARA LA IMPOSICIÓN DEL IMPUESTO
Art.12. Para establecer el impuesto, la Administración Tributaria Municipal se basará en
la Declaración Jurada o los Estados Financieros mencionados en el Art. 11 de esta Ley. Para
tal efecto, las utilidades imponibles serán las utilidades netas.
Cuando una persona natural o jurídica estuviere dedicada a la misma actividad económica
en distintos Municipios, el impuesto se determinará con base en los Estados Financieros que
se refieren solamente a las actividades desarrolladas o activos existentes en el Municipio.
OBLIGACIÓN DE DAR AVISO A LA MUNICIPALIDAD PARA EFECTOS DE
CALIFICACIÓN
Art.13. Todo propietario o representante legal de establecimientos dedicados a cualquier
actividad económica, está obligado a dar aviso por escrito a la Municipalidad, a más tardar quince
días después de la fecha de apertura, para efecto de su calificación. La falta de cumplimiento
de este requisito dará lugar a que el propietario o representante, dé por aceptada la fecha
que determina la calificación establecida por el Concejo Municipal y por consiguiente deberá
pagar los impuestos de conformidad a la misma.
REQUISITO QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRIBUYENTE PARA OBTENER
SOLVENCIA MUNICIPAL
Art.14. Para extender solvencia municipal es indispensable que el contribuyente esté
al día en el pago de los tributos municipales y sus accesorios.
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Apendice

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Queda facultada la Administración Tributaria Municipal para cerrar cuentas a petición de
parte o de oficio cuando le conste fehacientemente que una persona natural o jurídica ha
dejado de ser sujeto de pago conforme a la presente Ley. Dicho cierre se hará a partir de la
fecha que determine el Concejo Municipal.
PAGO DE IMPUESTO POR CADA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Art.15. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dos o más actividades
económicas, pagarán el impuesto establecido para cada una de ellas.
TÍTULO III
DE LAS FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA MUNICIPAL Y LA MORA.
FORMAS DE EXTINCIÓN TRIBUTARIA
Art.16. Las formas de extinción de la obligación tributaria municipal, son:
a) El pago;
b) La compensación; y,
c) La prescripción extintiva.
CAPÍTULO I
DEL PAGO
DEFINICIÓN DEL PAGO
Art.17. Pago es el cumplimiento del tributo adeudado y tiene que ser efectuado por los
contribuyentes o los responsables.
Este puede ser en moneda de curso legal o dación en pago, con el objeto de cumplir con
el tributo adeudado. Cuando se efectúe por dación en pago, se requerirá la autorización del
Concejo Municipal.
LOS QUE PUEDEN EFECTUAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS
Art.18. El pago puede ser efectuado por el contribuyente, por el representante legal
o por un tercero, en este último caso, hay subrogación legal del tercero en los derechos del
acreedor.
PLAZO PARA HACER EL PAGO
Art. 19. El pago deberá hacerse efectivo a más tardar treinta días después de realizado
el hecho generador de la obligación tributaria, ante la Administración Tributaria Municipal y
de conformidad a lo establecido en los Arts. 33 y 83 de la Ley General Tributaria Municipal.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
FORMAS DEL PAGO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
Art. 20. Con respecto a las formas en que se llevará a cabo el pago, las facilidades de
éste, la caducidad del plazo extraordinario, la imputación y el pago en exceso se estará a lo
establecido en los Arts. 35 y siguientes de la Ley General Tributaria Municipal.
CAPÍTULO II
DE LA COMPENSACIÓN.
OPERACIÓN DE LA COMPENSACIÓN
Art. 21. Cuando este Municipio y un contribuyente del mismo, sean deudores recíprocos
uno del otro, podrá operar entre ellos, una compensación que extinga ambas deudas hasta
el límite de la menor en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 40 y 41 de la
Ley General Tributaria Municipal.
CAPÍTULO III
DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA O LIBERATORIA.
PRESCRIPCIÓN QUE EXTINGUE ACCIONES O DERECHOS
Art. 22. La prescripción que extingue las acciones o derechos, exige solamente cierto
lapso de tiempo, durante el cual no se haya ejercido dichas acciones.
PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE LOS MUNICIPIOS PARA EXIGIR EL PAGO
DE IMPUESTO
Art. 23. El derecho de los Municipios para exigir el pago de los impuestos municipales y
accesorios, prescribirá por falta de iniciativa en el cobro judicial ejecutivo durante el término
de 15 años consecutivos.
CÓMPUTO DEL PLAZO PARA INTERRUMPIR PRESCRIPCIÓN Y SUS EFECTOS
Art. 24. Con respecto al cómputo del plazo, la interrupción de la prescripción y los
efectos de la prescripción estará a lo dispuesto en los Arts. 43 y 44 de Ley General Tributaria
Municipal y Art. 2257 del Código Civil.
CAPÍTULO IV
DE LA MORA.
PLAZO PARA CAER EN SITUACIÓN DE MORA
Art. 25. Se entenderá que el sujeto pasivo cae en MORA en el pago de impuestos
cuando dejare transcurrir el plazo establecido en el Art. 19 de esta Ley.
Los impuestos no pagados causarán un interés moratorio equivalente al interés del mercado
para las deudas contraídas por el sector comercial.
Estos intereses se aplicarán desde el vencimiento del plazo en que debió pagarse el
impuesto, hasta el día de la extinción total de la obligación tributaria.
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Los intereses se pagarán juntamente con el tributo sin necesidad de resolución o
requerimiento. En consecuencia, la obligación de pagarlos subsistirá aún cuando no hubiere
sido extinguidos por el Colector, Banco, Financieras o cualquier otra institución autorizada
para recibir dicho pago.
TÍTULO IV
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
MUNICIPALES
CAPÍTULO I
CONCEPTO DE INFRACCIÓN Y REGIMEN LEGAL APLICABLE
DE LA INFRACCIÓN TRIBUTARIA
Art. 26. Constituye infracción tributaria toda acción u omisión que implique violación
de normas tributarias sustantivas o adjetivas tipificadas y sancionadas en la Ley General
Tributaria Municipal, en esta Ley, en el Código Penal, o en las Leyes especiales.
CLASES DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS
Art. 27. Las infracciones tributarias, son:
a) El delito tributario, el cual es de naturaleza penal, siendo competencia del Órgano
Judicial dirimirlo.
b) Las contravenciones tributarias municipales, las cuales son de naturaleza
administrativa y compete al Concejo Municipal.
CONCURRENCIA DEL DELITO Y LA CONTRAVENCIÓN TRIBUTARIA
Art. 28. El delito tributario y la contravención tributaria no son excluyentes uno del
otro, y ambas infracciones pueden ser sancionadas independientemente, de conformidad al
Art. 55 de la Ley General Tributaria Municipal.
REGULACIÓN DE PRINCIPIOS SANCIONATORIOS
Art. 29. Con respecto a los principios sancionatorios, la tipificación de las contravenciones
tributarias municipales y sus correspondientes sanciones, se estará a lo previsto en el TÍTULO
III, CAPÍTULO II DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA MUNICIPAL.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES POR CONTRAVENCIÓN
TRIBUTARIA
REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES POR
CONTRAVENCIÓN
Art. 30. En cuanto al procedimiento de la aplicación de sanciones por contravención
tributaria municipal se estará a lo consagrado en el TÍTULO IV, CAPÍTULO III, SECCIÓN III,
de la Ley General Tributaria Municipal.

TITULO V
DISPOSICIONES GENERALES.
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES
EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Art. 31. La determinación, verificación, control y recaudación de los IMPUESTOS como
función básica de la Administración Tributaria Municipal, serán ejercidos por el Concejo Municipal
y sus organismos dependientes quienes estarán en la obligación de hacer cumplir lo que esta
Ley establece.
APLICACIÓN DE LEY SUPLETORIA CUANDO NO ESTÉ REGULADA UNA SITUACIÓN
EN LA PRESENTE LEY
Art. 32. En todo lo que no estuviere regulado por esta Ley se estará sujeto a lo que se
dispone en la Ley General Tributaria Municipal, en lo que fuere pertinente.
DEROGATORIA DE LEY VIGENTE Y SUS REFORMAS
Art. 33. Deróguese la Tarifa de Arbitrios Municipales vigentes para el Municipio de
Tepetitán, sus reformas y adiciones.
VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY
Art. 34. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticinco
días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.
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Apendice
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DECRETO No 527
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR.
I. Que el Art. 133 Numeral 4 de la Constitución de la República establece que los Concejos
Municipales tienen iniciativa de Ley para proponer Impuestos Municipales.
II. Que por Decreto Legislativo N°. 86 de fecha 17 de octubre de 1991, publicado en el
Diario Oficial N° 242, Tomo 313 del 21 de diciembre del mismo año, se emitió la Ley
General Tributaria Municipal, la cual prescribe en su Artículo 158, la obligación que tienen
los Municipios de la República, de actualizar sus ordenamientos tributarios con arreglo
a lo dispuesto en dicha Ley.
III. Que de conformidad con la Ley a que se refiere el Considerando anterior, los impuestos
municipales deberán fundamentarse en la capacidad económica de los contribuyentes y
en los principios de generalidad, igualdad, equitativa distribución de la carga tributaria
y de no confiscación.
IV. Que asimismo, la Ley General Tributaria Municipal establece que en la estructuración de
los impuestos municipales, deberá asegurarse la conservación del capital productivo y de
cualquier otra fuente generadora de ingresos, y además, debe permitir que los Municipios
obtengan los recursos que necesitan para cumplir satisfactoriamente con sus fines.
V. Que la Tarifa de Arbitrios del Municipio de Meanguera del Golfo, del Departamento de
La Unión, emitida por Decreto Legislativo sin número, de fecha 15 de junio de 1919,
publicada en el Diario Oficial No. 279, Tomo 87, de fecha 10 de diciembre del mismo
año y sus reformas vigentes, contiene tributos que ya no responden a las necesidades
actuales del Municipio, por lo que es conveniente modificar dichas tarifas.
POR TANTO:
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Concejo Municipal de Meanguera
del Golfo, del Departamento de La Unión.
DECRETA, la siguiente:
LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA DEL GOLFO,
DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN.
TÍTULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO DE LA LEY Y DE LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA
RELACIÓN JURÍDICO TRIBUTARIO
OBJETO DE LA LEY
Art. 1. La presente Ley tiene por objeto establecer los impuestos municipales y regular
las relaciones jurídicas que se originan de su aplicación en el Municipio de Meanguera del
Golfo.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
SUJETO ACTIVO
Art. 2. El sujeto activo de la obligación tributaria es el Municipio de Meanguera del Golfo,
en adelante llamado “el Municipio”, en su carácter de acreedor de los respectivos tributos.
DEFINICIONES
Art. 3. Para efectos de esta Ley deberá entenderse:
a) Sujeto pasivo: Toda persona natural o jurídica, que se dedique a cualquier actividad
económica, quien deberá cumplir con las prestaciones pecuniarias de las que como
contribuyente sea responsable.
b) Contribuyente: Es el sujeto pasivo respecto al cual se verifica el hecho generador
de la obligación tributaria.
c) Responsable: La persona que sin ser contribuyente por mandato de Ley debe
cumplir con las obligaciones de éste.
d) Hecho Generador: Se entiende por hecho generador o hecho imponible, el supuesto
previsto en la Ley respectiva de Creación de Tributos Municipales, que cuando
ocurre en la realidad, da lugar al nacimiento de la obligación tributaria.
e) Base Imponible: Es la dimensión del hecho generador que sirve para cuantificar
el tributo, al aplicarle el porcentaje correspondiente.
f) Activo en Giro: Es la sumatoria de todos los activos corrientes, no corrientes y
diferidos de la empresa, menos las deducciones respectivas.
OTROS SUJETOS PASIVOS
Art. 4. Para los efectos de aplicación de esta Ley se consideran también sujetos pasivos las
comunidades de bienes, sucesiones, fideicomisos, sociedades de hecho u otros entes colectivos, o
patrimonios que aún cuando conforme al Derecho Común carezcan de personalidad jurídica se les
atribuye la calidad de sujetos de derechos y obligaciones; así como las instituciones autónomas
que realicen actividades financieras, industriales, comerciales o de servicios, incluyendo CEL y
ANDA. Se exceptúan las instituciones públicas de seguridad social.
DE LOS DEBERES FORMALES A CARGO DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLE
Y TERCEROS
Art. 5. Los contribuyentes, responsable y terceros deben cumplir con lo establecido
en el Art. 90 y demás disposiciones de la Ley General Tributaria Municipal, aplicables a los
impuestos sobre las actividades económicas realizadas dentro del municipio.
TÍTULO II
DEL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN JURIDICO TRIBUTARIA,
SU CÁLCULO Y EL PROCEDIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN.
CAPITULO I
DEL HECHO GENERADOR Y LA BASE IMPONIBLE
DEL HECHO GENERADOR
Art. 6. Se establecen como Hechos Generadores del impuesto:
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a) La rentabilidad sobre el patrimonio, para aquellas actividades económicas mayores
a CIEN MIL COLONES (¢100.000.00) u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100
dólares de los Estados Unidos de América ($11.428.57); y
b) El activo en giro, para actividades económicas menores de CIEN MIL COLONES
(¢100.00.00) u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 dólares de los Estados
Unidos de América ($11.428.57).
DE LA BASE IMPONIBLE
Art. 7. La base imponible, para las actividades económicas mayores de Cien Mil Colones
u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 dólares ($11.428.57) de la rentabilidad sobre el
patrimonio será el resultado de dividir las utilidades entre el patrimonio, correspondiente al
período contable del ejercicio anterior.
Determinada la base imponible, ésta se multiplicará por el 1.75% de impuesto, para
obtener el factor aplicable a las utilidades.
Una vez obtenido el factor aplicable, éste se multiplicará por el monto de las utilidades,
para obtener el monto del impuesto a pagar.
El resultado computado según el procedimiento anterior es mensual.
En todo caso la cantidad a pagar no podrá ser menor de cien colones (¢100.00) u once
dólares 43/100 de los Estados Unidos de América ($11.43).
DEL ACTIVO EN GIRO
Art. 8. Es obligación para todas las empresas o establecimientos dedicados a cualquier
actividad económica, pagar sus impuestos mensuales en el siguiente orden:
ACTIVO EN GIRO
IMPUESTO MENSUAL
(COLONES)
Hasta ¢1,000.00 ($114.28) Exento
De 1,001.00 ($114.40) hasta ¢ 100,000.00 ($11.428.58) 0.1%
PAGO DE IMPUESTOS CUANDO UNA EMPRESA ESTÁ INICIANDO SU ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Art. 9. En el caso de personas naturales o jurídicas cuyos activos sean mayores de
(¢100,000.00) u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 dólares de los Estados Unidos de
América ($11.428.57), y por estar iniciando actividad económica no se les puede determinar
la rentabilidad sobre su patrimonio, pagarán cien colones (¢100.00) u once con cuarenta y
tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($11.43) mensuales hasta que se
complete el período contable o puedan establecer su Estado de Resultados.

CAPITULO II
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA Y LLEVAR
CONTABILIDAD
Art.10. Para la aplicación del impuesto establecido en el Capítulo anterior, los contribuyentes
que no estén obligados por Ley a llevar contabilidad formal deberán presentar Declaración
Jurada.
Las personas naturales o jurídicas que estén obligadas por Ley a llevar contabilidad formal,
adjuntarán el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico
que resulte gravado y sus anexos, en los tres primeros meses del año, a excepción de cualquier
actividad que por Ley tenga periodos contables distintos, en estos casos, la documentación
deberá presentarse dentro de los dos meses posteriores a la finalización de este período. El
Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, a que se refiere este artículo, deberá
estar debidamente auditados.
DETERMINACIÓN DE OFICIO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
Art.11. Cuando el contribuyente o responsable no presente en los primeros tres meses
del año, la Declaración Jurada o los Estados Financieros con sus anexos, la Administración
Tributaria Municipal procederá a determinar de oficio la obligación tributaria correspondiente,
de conformidad al procedimiento establecido en los Arts. 105 y 106 de la Ley General Tributaria
Municipal.
BASE PARA LA IMPOSICIÓN DEL IMPUESTO
Art.12. Para establecer el impuesto, la Administración Tributaria Municipal se basará en
la Declaración Jurada o los Estados Financieros mencionados en el Art. 11 de esta Ley. Para
tal efecto, las utilidades imponibles serán las utilidades netas.
Cuando una persona natural o jurídica estuviere dedicada a la misma actividad económica
en distintos Municipios, el impuesto se determinará con base en los Estados Financieros que
se refieren solamente a las actividades desarrolladas o activos existentes en el Municipio.
OBLIGACIÓN DE DAR AVISO A LA MUNICIPALIDAD PARA EFECTOS DE
CALIFICACIÓN
Art.13. Todo propietario o representante legal de establecimientos dedicados a cualquier
actividad económica, está obligado a dar aviso por escrito a la Municipalidad, a más tardar quince
días después de la fecha de apertura, para efecto de su calificación. La falta de cumplimiento
de éste requisito dará lugar a que el propietario o representante, dé por aceptada la fecha
que determina la calificación establecida por el Concejo Municipal y por consiguiente deberá
pagar los impuestos de conformidad a la misma.
REQUISITO QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRIBUYENTE PARA OBTENER
SOLVENCIA MUNICIPAL
Art.14. Para extender solvencia municipal es indispensable que el contribuyente esté al
día en el pago de los tributos municipales y sus accesorios.
Queda facultada la Administración Tributaria Municipal para cerrar cuentas a petición de
parte o de oficio cuando le conste fehacientemente que una persona natural o jurídica ha
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Apendice

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dejado de ser sujeto de pago conforme a la presente Ley. Dicho cierre se hará a partir de la
fecha que determine el Concejo Municipal.
PAGO DE IMPUESTO POR CADA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Art.15. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dos o más actividades
económicas, pagarán el impuesto establecido para cada una de ellas.
TÍTULO III
DE LAS FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA MUNICIPAL Y LA MORA.
FORMAS DE EXTINCIÓN TRIBUTARIA
Art.16. Las formas de extinción de la obligación tributaria municipal, son:
a) El pago;
b) La compensación; y,
c) La prescripción extintiva.
CAPITULO I
DEL PAGO
DEFINICIÓN DEL PAGO
Art.17. Pago es el cumplimiento del tributo adeudado y tiene que ser efectuado por los
contribuyentes o los responsables.
Este puede ser en moneda de curso legal o dación en pago, con el objeto de cumplir con
el tributo adeudado. Cuando se efectúe por dación en pago, se requerirá la autorización del
Concejo Municipal.
LOS QUE PUEDEN EFECTUAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS
Art.18. El pago puede ser efectuado por el contribuyente, por el representante legal
o por un tercero, en este último caso, hay subrogación legal del tercero en los derechos del
acreedor.
PLAZO PARA HACER EL PAGO
Art. 19. El pago deberá hacerse efectivo a más tardar treinta días después de realizado
el hecho generador de la obligación tributaria, ante la Administración Tributaria Municipal y
de conformidad a lo establecido en los Arts. 33 y 83 de la Ley General Tributaria Municipal.
FORMAS DEL PAGO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
Art. 20. Con respecto a las formas en que se llevará a cabo el pago, las facilidades de
éste, la caducidad del plazo extraordinario, la imputación y el pago en exceso se estará a lo
establecido en los Arts. 35 y siguientes de la Ley General Tributaria Municipal.

CAPITULO II
DE LA COMPENSACIÓN.
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
OPERACIÓN DE LA COMPENSACIÓN
Art. 21. Cuando este Municipio y un contribuyente del mismo, sean deudores recíprocos
uno del otro, podrá operar entre ellos, una compensación que extinga ambas deudas hasta
el límite de la menor en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 40 y 41 de la
Ley General Tributaria Municipal.
CAPITULO III
DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA O LIBERATORIA.
PRESCRIPCIÓN QUE EXTINGUE ACCIONES O DERECHOS
Art. 22. La prescripción que extingue las acciones o derechos, exige solamente cierto
lapso de tiempo, durante el cual no se haya ejercido dichas acciones.
PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE LOS MUNICIPIOS PARA EXIGIR EL PAGO
DE IMPUESTO
Art. 23. El derecho de los Municipios para exigir el pago de los impuestos municipales y
accesorios, prescribirá por falta de iniciativa en el cobro judicial ejecutivo durante el término
de 15 años consecutivos.
CÓMPUTO DEL PLAZO PARA INTERRUMPIR PRESCRIPCIÓN Y SUS EFECTOS
Art. 24. Con respecto al cómputo del plazo, la interrupción de la prescripción y los
efectos de la prescripción estará a lo dispuesto en los Arts. 43 y 44 de Ley General Tributaria
Municipal y Art. 2257 del Código Civil.
CAPÍTULO IV
DE LA MORA.
PLAZO PARA CAER EN SITUACIÓN DE MORA
Art. 25. Se entenderá que el sujeto pasivo cae en MORA en el pago de impuestos
cuando dejare transcurrir el plazo establecido en el Art. 19 de esta Ley.
Los impuestos no pagados causarán un interés moratorio equivalente al interés del mercado
para las deudas contraídas por el sector comercial.
Estos intereses se aplicarán desde el vencimiento del plazo en que debió pagarse el
impuesto, hasta el día de la extinción total de la obligación tributaria.
Los intereses se pagarán juntamente con el tributo sin necesidad de resolución o
requerimiento. En consecuencia, la obligación de pagarlos subsistirá aún cuando no hubiere
sido extinguidos por el Colector, Banco, Financieras o cualquier otra institución autorizada
para recibir dicho pago.
637
Apendice

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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
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TÍTULO IV
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
MUNICIPALES
CAPÍTULO I
CONCEPTO DE INFRACCIÓN Y RÉGIMEN LEGAL APLICABLE
DE LA INFRACCIÓN TRIBUTARIA
Art. 26. Constituye infracción tributaria toda acción u omisión que implique violación
de normas tributarias sustantivas o adjetivas tipificadas y sancionadas en la Ley General
Tributaria Municipal, en esta Ley, en el Código Penal, o en las Leyes especiales.
CLASES DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS
Art. 27. Las infracciones tributarias, son:
a) El delito tributario, el cual es de naturaleza penal, siendo competencia del Órgano
Judicial dirimirlo.
b) Las contravenciones tributarias municipales, las cuales son de naturaleza
administrativa y compete al Concejo Municipal.
CONCURRENCIA DEL DELITO Y LA CONTRAVENCIÓN TRIBUTARIA
Art. 28. El delito tributario y la contravención tributaria no son excluyentes uno del
otro, y ambas infracciones pueden ser sancionadas independientemente, de conformidad al
Art. 55 de la Ley General Tributaria Municipal.
REGULACIÓN DE PRINCIPIOS SANCIONATORIOS
Art. 29. Con respecto a los principios sancionatorios, la tipificación de las contravenciones
tributarias municipales y sus correspondientes sanciones, se estará a lo previsto en el TÍTULO
III, CAPÍTULO II DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA MUNICIPAL.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES POR CONTRAVENCIÓN
TRIBUTARIA
REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES POR
CONTRAVENCIÓN
Art. 30. En cuanto al procedimiento de la aplicación de sanciones por contravención
tributaria municipal se estará a lo consagrado en el TÍTULO IV, CAPÍTULO III, SECCIÓN III,
de la Ley General Tributaria Municipal.

TÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES.
I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES
EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Art. 31. La determinación, verificación, control y recaudación de los IMPUESTOS como
función básica de la Administración Tributaria Municipal, serán ejercidos por el Concejo Municipal
y sus organismos dependientes quienes estarán en la obligación de hacer cumplir lo que esta
Ley establece.
APLICACIÓN DE LEY SUPLETORIA CUANDO NO ESTÉ REGULADA UNA SITUACIÓN
EN LA PRESENTE LEY
Art. 32. En todo lo que no estuviere regulado por esta Ley se estará sujeto a lo que se
dispone en la Ley General Tributaria Municipal, en lo que fuere pertinente.
DEROGATORIA DE LEY VIGENTE Y SUS REFORMAS
Art. 33. Deróguese la Tarifa de Arbitrios Municipales vigentes para el Municipio de
Meanguera del Golfo, sus reformas y adiciones.
VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY
Art. 34. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticinco
días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.
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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
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DECRETO No 531
CONSIDERANDO:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR.
I. Que el Art. 133 Numeral 4 de la Constitución de la República establece que los Concejos
Municipales tienen iniciativa de Ley para proponer Impuestos Municipales.
II. Que por Decreto Legislativo N°. 86 de fecha 17 de octubre de 1991, publicado en el
Diario Oficial N° 242, Tomo 313 del 21 de diciembre del mismo año, se emitió la Ley
General Tributaria Municipal, la cual prescribe en su Artículo 158, la obligación que tienen
los Municipios de la República, de actualizar sus ordenamientos tributarios con arreglo
a lo dispuesto en dicha Ley.
III. Que de conformidad con la Ley a que se refiere el Considerando anterior, los impuestos
municipales deberán fundamentarse en la capacidad económica de los contribuyentes y
en los principios de generalidad, igualdad, equitativa distribución de la carga tributaria
y de no confiscación.
IV. Que asimismo, la Ley General Tributaria Municipal establece que en la estructuración de
los impuestos municipales, deberá asegurarse la conservación del capital productivo y de
cualquier otra fuente generadora de ingresos, y además, debe permitir que los Municipios
obtengan los recursos que necesitan para cumplir satisfactoriamente con sus fines.
V. Que la Tarifa de Arbitrios del Municipio de Huizúcar del Departamento de La Libertad,
emitida por Decreto Legislativo N° 371, de fecha 29 de mayo de 1986, publicada en el
Diario Oficial N° 120, Tomo 292, del 1 de julio del mismo año, y sus reformas vigentes,
contiene tributos que ya no responden a las necesidades actuales del Municipio, por lo
que es conveniente simplificar y modernizar la estructura de sus impuestos.
POR TANTO:
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Concejo Municipal de Huizúcar,
del Departamento de La Libertad.
DECRETA, la siguiente:
LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE HUIZÚCAR,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
TÍTULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO DE LA LEY Y DE LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA
RELACIÓN JURÍDICO TRIBUTARIO
OBJETO DE LA LEY
Art. 1. La presente Ley tiene por objeto establecer los impuestos municipales y regular
las relaciones jurídicas que se originan de su aplicación en el Municipio de Huizúcar.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
SUJETO ACTIVO
Art. 2. El sujeto activo de la obligación tributaria es el Municipio de Huizúcar, en adelante
llamado “el Municipio”, en su carácter de acreedor de los respectivos tributos.
DEFINICIONES
Art. 3. Para efectos de esta Ley deberá entenderse:
a) Sujeto pasivo: Toda persona natural o jurídica, que se dedique a cualquier actividad
económica, quien deberá cumplir con las prestaciones pecuniarias de las que como
contribuyente sea responsable.
b) Contribuyente: Es el sujeto pasivo respecto al cual se verifica el hecho generador
de la obligación tributaria.
c) Responsable: La persona que sin ser contribuyente por mandato de Ley debe
cumplir con las obligaciones de éste.
d) Hecho Generador: Se entiende por hecho generador o hecho imponible, el supuesto
previsto en la Ley respectiva de Creación de Tributos Municipales, que cuando
ocurre en la realidad, da lugar al nacimiento de la obligación tributaria.
e) Base Imponible: Es la dimensión del hecho generador que sirve para cuantificar
el tributo, al aplicarle el porcentaje correspondiente.
f) Activo en Giro: Es la sumatoria de todos los activos corrientes, no corrientes y
diferidos de la empresa, menos las deducciones respectivas.
OTROS SUJETOS PASIVOS
Art. 4. Para los efectos de aplicación de esta Ley se consideran también sujetos
pasivos las comunidades de bienes, sucesiones, fideicomisos, sociedades de hecho u otros
entes colectivos, o patrimonios que aún cuando conforme al Derecho Común carezcan de
personalidad jurídica se les atribuye la calidad de sujetos de derechos y obligaciones; así como
las instituciones autónomas que realicen actividades financieras, industriales, comerciales o
de servicios, incluyendo ANDA, Distribuidoras de Energía Eléctrica y Empresas Telefónicas. Se
exceptúan las instituciones públicas de seguridad social.
DE LOS DEBERES FORMALES A CARGO DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLE
Y TERCEROS
Art. 5. Los contribuyentes, responsable y terceros deben cumplir con lo establecido
en el Art. 90 y demás disposiciones de la Ley General Tributaria Municipal, aplicables a los
impuestos sobre las actividades económicas realizadas dentro del municipio.
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Apendice

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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
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642
TÍTULO II
DEL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN JURÍDICO TRIBUTARIA,
SU CÁLCULO Y EL PROCEDIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN.
CAPÍTULO I
DEL HECHO GENERADOR Y LA BASE IMPONIBLE
DEL HECHO GENERADOR
Art. 6. Se establecen como Hechos Generadores del impuesto:
a) La rentabilidad sobre el patrimonio, para aquellas actividades económicas mayores
a CIEN MIL COLONES (¢100.000.00) u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100
dólares de los Estados Unidos de América ($11.428.57); y
b) El activo en giro, para actividades económicas menores de CIEN MIL COLONES
(¢100.00.00) u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 dólares de los Estados
Unidos de América ($11.428.57).
DE LA BASE IMPONIBLE
Art. 7. La base imponible, para las actividades económicas mayores de Cien Mil Colones
u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 dólares ($11.428.57) de la rentabilidad sobre el
patrimonio, será el resultado de dividir las utilidades entre el patrimonio correspondiente al
período contable del ejercicio anterior.
Determinada la base imponible, ésta se multiplicará por el 1.75% de impuesto, para
obtener el factor aplicable a las utilidades.
Una vez obtenido el factor aplicable, éste se multiplicará por el monto de las utilidades,
para obtener el monto del impuesto a pagar.
El resultado computado según el procedimiento anterior es anual, el cual será pagadero
en cuotas mensuales iguales.
En todo caso la cantidad a pagar no podrá ser menor de cien colones (¢100.00) u once
dólares 43/100 de los Estados Unidos de América ($11.43).
DEL ACTIVO EN GIRO
Art. 8. Es obligación para todas las empresas o establecimientos dedicados a cualquier
actividad económica, pagar sus impuestos mensuales en el siguiente orden:
ACTIVO EN GIRO
IMPUESTO MENSUAL
(COLONES)
Hasta ¢1,000.00 ($114.28) Exento
De 1,001.00 ($114.40) hasta ¢ 100,000.00 ($11.428.58) 0.1%

I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
PAGO DE IMPUESTOS CUANDO UNA EMPRESA ESTÁ INICIANDO SU ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Art. 9. En el caso de personas naturales o jurídicas cuyos activos sean mayores de
(¢100,000.00) u once mil cuatrocientos veintiocho 57/100 dólares de los Estados Unidos de
América ($11.428.57), y por estar iniciando actividad económica no se les puede determinar
la rentabilidad sobre su patrimonio, pagarán cien colones (¢100.00) u once con cuarenta y
tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($11.43) mensuales hasta que se
complete el período contable o puedan establecer su Estado de Resultados.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA Y LLEVAR
CONTABILIDAD
Art.10. Para la aplicación del impuesto establecido en el Capítulo anterior, los contribuyentes
que no estén obligados por Ley a llevar contabilidad formal deberán presentar Declaración
Jurada.
Las personas naturales o jurídicas que estén obligadas por Ley a llevar contabilidad formal,
adjuntarán el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico
que resulte gravado y sus anexos, en los tres primeros meses del año, a excepción de cualquier
actividad que por Ley tenga períodos contables distintos, en estos casos, la documentación
deberá presentarse dentro de los dos meses posteriores a la finalización de este período. El
Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, a que se refiere este artículo, deberá
estar debidamente auditados.
DETERMINACIÓN DE OFICIO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
Art.11. Cuando el contribuyente o responsable no presente en los primeros tres meses
del año, la Declaración Jurada o los Estados Financieros con sus anexos, la Administración
Tributaria Municipal procederá a determinar de oficio la obligación tributaria correspondiente,
de conformidad al procedimiento establecido en los Arts. 105 y 106 de la Ley General Tributaria
Municipal.
BASE PARA LA IMPOSICIÓN DEL IMPUESTO
Art.12. Para establecer el impuesto, la Administración Tributaria Municipal se basará en
la Declaración Jurada o los Estados Financieros mencionados en el Art. 11 de esta Ley. Para
tal efecto, las utilidades imponibles serán las utilidades netas.
Cuando una persona natural o jurídica estuviere dedicada a la misma actividad económica
en distintos Municipios, el impuesto se determinará con base en los Estados Financieros que
se refieren solamente a las actividades desarrolladas o activos existentes en el Municipio.
OBLIGACIÓN DE DAR AVISO A LA MUNICIPALIDAD PARA EFECTOS DE
CALIFICACIÓN
Art.13. Todo propietario o representante legal de establecimientos dedicados a cualquier
actividad económica, está obligado a dar aviso por escrito a la Municipalidad, a más tardar quince
días después de la fecha de apertura, para efecto de su calificación. La falta de cumplimiento
de este requisito dará lugar a que el propietario o representante, dé por aceptada la fecha
643
Apendice

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A s a m b l e a L e g i s l a t i v a
A n u a r i o L e g i s l a t i v o 2 0 0 4 - 2 0 0 5
644
que determina la calificación establecida por el Concejo Municipal y por consiguiente deberá
pagar los impuestos de conformidad a la misma.
REQUISITO QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRIBUYENTE PARA OBTENER
SOLVENCIA MUNICIPAL
Art.14. Para extender solvencia municipal es indispensable que el contribuyente esté
al día en el pago, de los tributos municipales y sus accesorios.
Queda facultada la Administración Tributaria Municipal para cerrar cuentas a petición de
parte o de oficio cuando le conste fehacientemente que una persona natural o jurídica ha
dejado de ser sujeto de pago conforme a la presente Ley. Dicho cierre se hará a partir de la
fecha que determine el Concejo Municipal.
PAGO DE IMPUESTO POR CADA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Art.15. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dos o más actividades
económicas, pagarán el impuesto establecido para cada una de ellas.
TÍTULO III
DE LAS FORMAS DE EXTINCION DE LA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA MUNICIPAL Y LA MORA.
FORMAS DE EXTINCIÓN TRIBUTARIA
Art.16. Las formas de extinción de la obligación tributaria municipal, son:
a) El pago;
b) La compensación; y,
c) La prescripción extintiva.
CAPÍTULO I
DEL PAGO
DEFINICIÓN DEL PAGO
Art.17. Pago es el cumplimiento del tributo adeudado y tiene que ser efectuado por los
contribuyentes o los responsables.
Este puede ser en moneda de curso legal o dación en pago, con el objeto de cumplir con
el tributo adeudado. Cuando se efectúe por dación en pago, se requerirá la autorización del
Concejo Municipal.
LOS QUE PUEDEN EFECTUAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS
Art.18. El pago puede ser efectuado por el contribuyente, por el representante legal
o por un tercero, en este último caso, hay subrogación legal del tercero en los derechos del
acreedor.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
PLAZO PARA HACER EL PAGO
Art. 19. El pago deberá hacerse efectivo a más tardar treinta días después de realizado
el hecho generador de la obligación tributaria, ante la Administración Tributaria Municipal y
de conformidad a lo establecido en los Arts. 33 y 83 de la Ley General Tributaria Municipal.
FORMAS DEL PAGO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
Art. 20. Con respecto a las formas en que se llevará a cabo el pago, las facilidades de
éste, la caducidad del plazo extraordinario, la imputación y el pago en exceso se estará a lo
establecido en los Arts. 35 y siguientes de la Ley General Tributaria Municipal.
CAPÍTULO II
DE LA COMPENSACIÓN.
OPERACIÓN DE LA COMPENSACIÓN
Art. 21. Cuando este Municipio y un contribuyente del mismo, sean deudores recíprocos
uno del otro, podrá operar entre ellos, una compensación que extinga ambas deudas hasta
el límite de la menor en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 40 y 41 de la
Ley General Tributaria Municipal.
CAPÍTULO III
DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA O LIBERATORIA.
PRESCRIPCIÓN QUE EXTINGUE ACCIONES O DERECHOS
Art. 22. La prescripción que extingue las acciones o derechos, exige solamente cierto
lapso de tiempo, durante el cual no se haya ejercido dichas acciones.
PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE LOS MUNICIPIOS PARA EXIGIR EL PAGO
DE IMPUESTO
Art. 23. El derecho de los Municipios para exigir el pago de los impuestos municipales y
accesorios, prescribirá por falta de iniciativa en el cobro judicial ejecutivo durante el término
de 15 años consecutivos.
CÓMPUTO DEL PLAZO PARA INTERRUMPIR PRESCRIPCIÓN Y SUS EFECTOS
Art. 24. Con respecto al cómputo del plazo, la interrupción de la prescripción y los
efectos de la prescripción estará a lo dispuesto en los Arts. 43 y 44 de Ley General Tributaria
Municipal y Art. 2257 del Código Civil.
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CAPÍTULO IV
DE LA MORA.
PLAZO PARA CAER EN SITUACIÓN DE MORA
Art. 25. Se entenderá que el sujeto pasivo cae en MORA en el pago de impuestos
cuando dejare transcurrir el plazo establecido en el Art. 19 de esta Ley.
Los impuestos no pagados causarán un interés moratorio equivalente al interés del mercado
para las deudas contraídas por el sector comercial.
Estos intereses se aplicarán desde el vencimiento del plazo en que debió pagarse el
impuesto, hasta el día de la extinción total de la obligación tributaria.
Los intereses se pagarán juntamente con el tributo sin necesidad de resolución o
requerimiento. En consecuencia, la obligación de pagarlos subsistirá aún cuando no hubiere
sido extinguidos por el Colector, Banco, Financieras o cualquier otra institución autorizada
para recibir dicho pago.
TÍTULO IV
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
MUNICIPALES
CAPÍTULO I
CONCEPTO DE INFRACCIÓN Y RÉGIMEN LEGAL APLICABLE
DE LA INFRACCIÓN TRIBUTARIA
Art. 26. Constituye infracción tributaria toda acción u omisión que implique violación
de normas tributarias sustantivas o adjetivas tipificadas y sancionadas en la Ley General
Tributaria Municipal, en esta Ley, en el Código Penal, o en las Leyes especiales.
CLASES DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS
Art. 27. Las infracciones tributarias, son:
a) El delito tributario, el cual es de naturaleza penal, siendo competencia del Órgano
Judicial dirimirlo.
b) Las contravenciones tributarias municipales, las cuales son de naturaleza
administrativa y compete al Concejo Municipal.
CONCURRENCIA DEL DELITO Y LA CONTRAVENCIÓN TRIBUTARIA
Art. 28. El delito tributario y la contravención tributaria no son excluyentes uno del
otro, y ambas infracciones pueden ser sancionadas independientemente, de conformidad al
Art. 55 de la Ley General Tributaria Municipal.

I n d i c e L e g i s l a t i v o
D e c r e t o s O b s e r v a d o s
REGULACIÓN DE PRINCIPIOS SANCIONATORIOS
Art. 29. Con respecto a los principios sancionatorios, la tipificación de las contravenciones
tributarias municipales y sus correspondientes sanciones, se estará a lo previsto en el TÍTULO
III, CAPÍTULO II DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA MUNICIPAL.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES POR CONTRAVENCIÓN
TRIBUTARIA
REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES POR
CONTRAVENCIÓN
Art. 30. En cuanto al procedimiento de la aplicación de sanciones por contravención
tributaria municipal se estará a lo consagrado en el TÍTULO IV, CAPÍTULO III, SECCIÓN III,
de la Ley General Tributaria Municipal.
TÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES.
RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES
EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Art. 31. La determinación, verificación, control y recaudación de los IMPUESTOS como
función básica de la Administración Tributaria Municipal, serán ejercidos por el Concejo Municipal
y sus organismos dependientes quienes estarán en la obligación de hacer cumplir lo que esta
Ley establece.
APLICACIÓN DE LEY SUPLETORIA CUANDO NO ESTÉ REGULADA UNA SITUACIÓN
EN LA PRESENTE LEY
Art. 32. En todo lo que no estuviere regulado por esta Ley se estará sujeto a lo que se
dispone en la Ley General Tributaria Municipal, en lo que fuere pertinente.
DEROGATORIA DE LEY VIGENTE Y SUS REFORMAS
Art. 33. Deróguese la Tarifa de Arbitrios Municipales vigentes para el Municipio de
Huizúcar, sus reformas y adiciones.
VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY
Art. 34. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dos días
del mes de diciembre del año dos mil cuatro.
647
Apendice

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR VIDAL SORTO RUBIO,
CÓNSUL GENERAL DE EL SALVADOR EN BAHIA, BRASIL,
PARA ACEPTAR LA INSIGNIA “MEDALLA DEL MERITO
MARECHAL ARGOLO-VIZCONTE DE ITAPARICA”, QUE LE HA
OTORGADO EL ESTADO DE BAHIA, BRASIL.
PRORROGASE EL D. L. N° 35/03, EL CUAL CONTIENE
FRANQUICIA DE IMPORTACION DE MEDICAMENTOS,
REACTIVOS, MATERIAL Y EQUIPO MEDICO, A FAVOR DE
LA FUNDACION AYUDAME A VIVIR.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTO LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN DONATIVO, A FAVOR DE LA IGLESIA APOSTOLES
Y PROFETAS DE EL SALVADOR, DEL CASERIO “LA BOMBA”,
CONCEPCION BATRES, USULUTAN.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN DONATIVO, CONTENIENDO MEDICAMENTOS,
A FAVOR DE LA ASOCIACION “MEDICUS MUNDI
ANDALUCIA”.*
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE
HACIENDA, MODIFICAR EL FIDEICOMISO ESPECIAL PARA
FINANCIAR EL PAGO DE LA DEUDA AGRARIA (FEPADA) Y
AUMENTAR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO ESPECIAL
DEL SECTOR AGROPECUARIO. (FIDEAGRO).
RATIFICASE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA CORRUPCION.
RATIFICASE PROTOCOLO DE ADHESION AL ACUERDO
POR EL QUE SE ESTABLECE EL CENTRO DE ASESORIA
LEGAL EN ASUNTOS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL
COMERCIO.
CONCEDESE PERMISO A LA MINISTRA DE RELACIONES
EXTERIORES, LICENCIADA MARIA EUGENIA BRIZUELA DE
AVILA, PARA ACEPTAR LA CONDECORACION “PONTIFICIA
DE DAMA DE GRAN CRUZ DE LA ORDEN PIANA”, QUE LA
NUNCIATURA APOSTOLICA LE HA OTORGADO.
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR ALFREDO F. UNGO,
EMBAJADOR DE EL SALVADOR EN LA REPUBLICA
DE COREA, PARA ACEPTAR LA CONDECORACION
“CIUDADANO HONORARIO”, QUE LA CIUDAD DE SEUL LE
HA OTORGADO.
RATIFICASE CARTA CONVENIO DE COOPERACION TECNICA
NO REEMBOLSABLE N° ATN/SF-8552-ES, SUSCRITA
CON EL BID, PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA
“DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE SISTEMAS DE AGUA
POTABLE RURAL”.
REFORMASE LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO
Y SEGURIDAD VIAL.
05 MAY 04 100 363 01 JUN 04
13 MAY 04 100 363 01 JUN 04
13 MAY 04 100 363 01 JUN 04
20 MAY 04 110 363 15 JUN 04
20 MAY 04 117 363 24 JUN 04
20 MAY 04 119 363 28 JUN 04
20 MAY 04 122 363 01 JUL 04
20 MAY 04 110 363
15 JUN 04
28 MAY 04 120 363 29 JUN 04
28 MAY 04 118 363 25 JUN 04
28 MAY 04 126 364 07 JUL 04

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS A LA FRATERNIDAD
INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS DEL
EVANGELIO COMPLETO, POR LA REALIZACION DE
LA XXI CONVENCION NACIONAL DE LA REFERIDA
FRATERNIDAD.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS A LA FUNDACION
PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER SALVADOREÑA, POR
LA PRESENTACION EN EL PAIS DEL ESPECTACULO “DISNEY
ON ICE”.*
REFORMASE LA LEY DEL SISTEMA DE AHORRO PARA
PENSIONES.
OTORGASE AL TORERO ESPAÑOL JUAN ANTONIO RUIZ
“ESPARTACO”, LA DISTINCION HONORIFICA DE “NOBLE
AMIGO DE EL SALVADOR”.
OTORGASE AL SEÑOR GIORGIO MAMBERTO, JEFE DE LA
DELEGACION DE LA COMISION EUROPEA, LA DISTINCION
HONORIFICA DE “NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR”.
REFORMASE LA LEY DEL SISTEMA DE AHORRO PARA
PENSIONES.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA FUNDACION
“CENTRO DE FORMACION HUMANA”.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN DONATIVO, A FAVOR DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA PRESENTACION
DEL TEATRO NEGRO DE PRAGA, CON LA OBRA
“PETER PAN”, A FAVOR DE LA ASOCIACION PARA LA
ORGANIZACION Y EDUCACION EMPRESARIAL FEMENINA
DE EL SALVADOR.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN DONATIVO, CONSISTENTE EN MATERIAL
DE ENFERMERIA, A FAVOR DE LA ASOCIACION NACIONAL
DE ENFERMERAS DE EL SALVADOR.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS QUE PUEDA CAUSAR
LA PRESENTACION DEL CANTANTE MEXICANO “JUAN
GABRIEL” A FAVOR DE COMANDOS DE SALVAMENTO DE
EL SALVADOR.*
CONCEDESE PERMISO A MIEMBROS DE LAS FUERZAS
ARMADAS DE EL SALVADOR, PARA ACEPTAR LA
CONDECORACION “CRUZ DEL MERITO MILITAR, CON
DISTINTIVO BLANCO”, QUE EL EJERCITO ESPAÑOL LES
HA CONFERIDO.
28 MAY 04 118 363 25 JUN 04
28 MAY 04 118 363 25 JUN 04
28 MAY 04 124 364 05 JUL 04
04 JUN 04 120 363 29 JUN 04
04 JUN 04 120 363 29 JUN 04
04 JUN 04 126 364 07 JUL 04
11 JUN 04 120 363 29 JUN 04
11 JUN 04 120 363 29 JUN 04
11 JUN 04 120 363 29 JUN 04
11 JUN 04 120 363 29 JUN 04
11 JUN 04 120 363 29 JUN 04
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OTORGASE TITULO DE VILLA, A LA LOCALIDAD DE
NAHUILINGO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO
DE EDUCACION PARA QUE DE EN COMODATO, A LAS
ASOCIACIONES DE ADULTOS MAYORES DE SESENTA
AÑOS Y AL CLUB DE LEONES DE ILOPANGO, UN INMUEBLE
SITUADO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, DE ILOPANGO,
PARA LLEVAR A CABO ACTOS SOCIALES EN BENEFICIO DE
LA COMUNIDAD DEL LUGAR.
AUTORIZASE LA DONACION DE UN TERRENO DE LA
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA,
UBICADO EN CIUDAD DELGADO, A FAVOR DEL RAMO DE
OBRAS PUBLICAS.
CONCEDESE LICENCIA A LOS EDUCADORES DEL SECTOR
PUBLICO EL DIA 21 DE JUNIO Y QUE COMPENSARAN AL
LABORAR EL SABADO 19 EN JORNADA ORDINARIA.
DEROGASE EL LITERAL B) DEL ART. 104 Y EL LITERAL B) E
INCISO SEGUNDO DEL ART. 200, DE LA LEY DEL SISTEMA
DE AHORRO PARA PENSIONES
REFORMASE LA LEY DE CREACION DEL FONDO PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS
(FODES)
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE
HACIENDA, PARA QUE PUEDA EMITIR TITULOS VALORES
POR $286,458,350.00
11 JUN 04 120 363 29 JUN 04
11 JUN 04 128 364 09 JUL 04
11 JUN 04 126 364 07 JUL 04
11 JUN 04 113 363 18 JUN 04
17 JUN 04 128 364 09 JUL 04
17 JUN 04 112 363 17 JUN 04
17 JUN 04 112 363 17 JUN 04
350 LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004 * 17 JUN 04 121 363 30 JUN 04
351 LEY DE SALARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004 * 17 JUN 04 121 363 30 JUN 04
352
353
354
355
CONCEDESE LICENCIA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
SEÑOR ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, PARA SALIR DEL
TERRITORIO NACIONAL, DEL 1 DE JUNIO DEL 2004 AL 31
DE ENERO DE 2005.
OTORGASE AL PROFESOR JOSE ANTONIO MEREGILDO ANGEL
AYALA, LA DISTINCION HONORIFICA DE “DISTINGUIDO
PROFESOR SALVADOREÑO”.
OTORGASE AL PROFESOR Y LICENCIADO, DON SARBELIO
CAMPOS BENAVIDES, LA DISTINCION HONORIFICA DE
“MAESTRO MERITISIMO DE EL SALVADOR”.
OTORGASE AL PROFESOR Y CONTADOR PUBLICO
CERTIFICADO, DON FRANCISCO MERINO GONZALEZ, LA
DISTINCION HONORIFICA DE “MAESTRO MERITISIMO DE
EL SALVADOR”.
17 JUN 04 114 363 21 JUN 04
17 JUN 04 118 363 25 JUN 04
17 JUN 04 118 363 25 JUN 04
17 JUN 04 118 363 25 JUN 04

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OTORGASE AL HERMANO MARISTA JULIAN GOÑI, DE
NACIONALIDAD ESPAÑOLA, LA DISTINCION HONORIFICA
DE “EDUCADOR EMINENTE DE EL SALVADOR.”
REFORMASE EL D. L. N° 1125/2003, QUE CONTIENE LAS
DISPOSICIONES ESPECIALES DE OPCION DE PAGO PARA
LAS PERSONAS QUE OBTUVIERON FINANCIAMIENTO PARA
ADQUIRIR ACCIONES DE LAS DISTINTAS SOCIEDADES DE
LOS INGENIOS PRIVATIZADOS
DECLARASE “CAPITAL POR UN DIA”, LA CIUDAD DE SANTA
TECLA, POR LA CELEBRACION DEL 150 ANIVERSARIO DE
SU FUNDACION.
OTORGASE AL SEÑOR EXPRESIDENTE DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA RONALD REAGAN, LA DISTINCION
HONORIFICA DE “AMIGO MERITISIMO DE EL SALVADOR.”
AUTORIZASE EL INGRESO DE UN BUQUE CON BANDERA
DE ESTADOS UNIDOS, PROPIEDAD DE LA FUNDACION
NACIONAL DE CIENCIAS Y OPERADO POR LA UNIVERSIDAD
DE COLUMBIA, PARA QUE PUEDA REALIZAR INVESTIGACION
CIENTIFICA EN AGUAS TERRITORIALES DE EL SALVADOR
RELATIVA A LOS EFECTOS TECTONICOS.
RATIFICASE CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL Y
EDUCATIVA, CON NICARAGUA.
DECLARASE REELECTA PROCURADORA PARA LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS, A LA DOCTORA BEATRICE
ALAMANNI DE CARRILLO.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, A FIN DE
INCORPORAR RECURSOS QUE SE DESTINARAN PARA
EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL
CONGRESO DE EL SALVADOR (GLIN).*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS QUE PUEDA CAUSAR
LA PRESENTACION DEL CANTANTE MEXICANO ARMANDO
INFANTE, A FAVOR DE FUSATE.*
AMPLIASE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE
AÑO, LOS EFECTOS DEL D. L. N° 270/04, EL CUAL
CONTIENE PRESUPUESTO ESPECIAL EXTRAORDINARIO
PARA LA FINALIZACION DE LAS OBRAS PENDIENTES DE
LOS “XIX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y
DEL CARIBE 2002”.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA ASOCIACION
EVANGELISTICA “SIERVOS DE DIOS EN EL SALVADOR”.*
17 JUN 04 118 363 25 JUN 04
24 JUN 04 118 363 25 JUN 04
24 JUN 04 133 364 16 JUL 04
24 JUN 04 133 364 16 JUL 04
24 JUN 04 137 364
22 JUL 04
24 JUN 04 137 364 22 JUL 04
28 JUN 04 122 364 01 JUL 04
01 JUL 04 123 364 02 JUL 04
01 JUL 04 144 364 09 AGO 04
01 JUL 04 141 364 28 JUL 04
08 JUL 04 156 364 25 AGO 04

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EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE NUEVE MIL SILLAS METALICAS, A FAVOR DE LA
MISION BAUTISTA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE DESPERDICIOS TEXTILES, QUE LA EMPRESA
INDUSTRIAL FARO DEL PACIFICO S. A. DE C. V., HA DONADO,
A FAVOR DE LA ASOCIACION EDUCACIONAL SALESIANA
DE LAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA.*
ESTABLECESE LA TASA DE REGISTRO DE LOS CONTRATOS
DE EXPORTACION DE CAFE ORO, COSECHA 2003/2004.
ESTABLECESE LA CONTRIBUCION QUE APORTARAN LOS
PRODUCTORES DE CAÑA Y LOS INGENIOS, EN LA ZAFRA
2003/2004.
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO
DE HACIENDA, PARA QUE SUSCRIBA CONTRATOS DE
PRESTAMOS, DE APORTE FINANCIERO Y DE EJECUCION
DEL PROGRAMA “FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL
DESARROLLO LOCAL (FISDLIII)”, SUSCRITO CON EL KFW.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO EN LA PARTE
QUE CORRESPONDE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA
INCORPORAR RECURSOS PROVINENTES DE CONTRATO
DE PRESTAMO, SUSCRITO CON EL BID, PARA EJECUTAR
EL PROYECTO MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.*
08 JUL 04 140 364 27 JUL 04
08 JUL 04 156 364 25 AGO 04
08 JUL 04 150 364 17 AGO 04
08 JUL 04 143 364 30 JUL 04
08 JUL 04 148 364 13 AGO 04
08 JUL 04 147 364 12 AGO 04
373 DEROGASE EL ART. 263-A DEL CODIGO PENAL 08 JUL 04 157 364 26 AGO 04
374
375
376
377
PRORROGASE POR 180 DIAS EL PLAZO ESTABLECIDO EN
EL D. L. N° 212/2003, PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA
DE SOLVENCIAS DE PRESTACIONES DE PENSIONES
ALIMENTICIAS.
OTORGASE TITULO DE CIUDAD A LA VILLA DE SAN
LORENZO, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.
LEY ESPECIAL TRANSITORIA PARA LA APLICACION DE LA
RESOLUCION 1546 (2004) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
DE LAS NACIONES UNIDAS, RELATIVA A LAS TAREAS
ESPECIALES DE PAZ PARA LA RECONSTRUCCION Y
ASISTENCIA HUMANITARIA.
RATIFICASE ENMIENDA N° 10 AL CONVENIO DE DONACION
DE OBJETIVO ESTRATEGICO CON ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA PARA EL OBJETIVO ESTRATEGICO N° 519-002
PROCESOS DEMOCRATICOS MAS INCLUSIVOS Y EFECTIVOS
ACTIVIDAD N° 519-1436 CONSOLIDACION DEMOCRATICA
Y GOBERNABILIDAD.
08 JUL 04 132 364 15 JUL 04
08 JUL 04 144 364 09 AGO 04
15 JUL 04 133 364 16 JUL 04
15 JUL 04 157 364 02 SEP 04

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RATÍFICASE LA DECISIÓN N° 7 “TRATO NACIONAL Y
ACCESO DE BIENES AL MERCADO”, ACORDADA POR LA
COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Y LAS REPÚBLICAS DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y
HONDURAS.
RATIFICASE ENMIENDA AL ACUERDO RELATIVO A
L A O R G A N I Z A C I O N I N T E R N A C I O N A L D E
TELECOMUNICACIONES POR SATELITE (INTELSAT).
RATIFICASE ENMIENDA DEL ARTICULO 23 DEL ACUERDO
OPERATIVO A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES POR SATELITE (INTELSAT)
LEY TRANSITORIA PARA LA AGILIZACION DE DILIGENCIAS
DE PARTICION DE INMUEBLES RUSTICOS DEL PROGRAMA
DE TRANSFERENCIAS DE TIERRAS
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN DONATIVO, QUE HA SIDO DONADO POR PARTE
DE LA EMPRESA THE SHOE COMPANY, IMPORT Y EXPORT,
S. A. DE C. V., A FAVOR DE LA FUNDACION SALVADOREÑA
EDUCACION Y TRABAJO.*
DECLARANSE ELECTOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, PROPIETARIOS: AL LIC. WALTER
RENE ARAUJO MORALES, Y LIC. JULIO EDUARDO MORENO
NIÑOS Y SUPLENTES: AL SR. SELIM ALABI Y LIC. JUAN
PABLO ESCOBAR.
CONCEDESE PERMISO AL DR. DAVID ESCOBAR GALINDO,
PARA RECIBIR LA DISTINCION “MEDALLA CONMEMORATIVA
DEL PRIMER CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL POETA
PABLO NERUDA”, QUE LE HA OTORGADO EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE CHILE.
CONCEDESE PERMISO AL ING. ENRIQUE ALTAMIRANO
MADRIZ, PARA RECIBIR LA CONDECORACION EN EL “GRADO
DE COMENDADOR DE LA ESTRELLA DE LA SOLIDARIDAD
ITALIANA”, QUE LE HA CONFERIDO EL GOBIERNO DE
ITALIA.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE 130 DOCENAS DE CAMISAS DE SEGUNDA
CALIDAD, QUE LA SOCIEDAD LIVNA LIMITADA, HA DONADO,
AL CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA REALIZACION
DE LA FERIA EXPOFERTA 2004, A FAVOR DE LA CAMARA
DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR, FILIAL
SAN MIGUEL.*
15 JUL 04 162 364 02 SEP 04
15 JUL 04 158 364 27 AGO 04
15 JUL 04 158 364 27 AGO 04
15 JUL 04 156 364 25 AGO 04
15 JUL 04 156 364 25 AGO 04
22 JUL 04 147 364 12 AGO 04
22 JUL 04 158 364 27 AGO 04
22 JUL 04 158 364 27 AGO 04
22 JUL 04 162 364 02 SEP 04
22 JUL 04 162 364 02 SEP 04

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EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN DONATIVO, A FAVOR DE LA ASOCIACION
BENEFICA DE DAMAS ITALIANAS.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DEL CLUB ROTARIO
DE SAN SALVADOR NOROESTE. *
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA PRESENTACION
EN EL PAIS DEL CIRCO DE LOS HERMANOS FUENTES, A
FAVOR DEL SINDICATO GREMIAL DE ARTISTAS CIRCENCES
DE EL SALVADOR.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA RIFA DE UN
VEHICULO, A FAVOR DE LA DIRECTIVA CENTRAL DE PADRES
Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO DE FATIMA, DE SANTA TECLA.*
AUTORIZASE A LA COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA
DEL RIO LEMPA, PARA DONAR DE MANERA REVOCABLE AL
ENTE OPERADOR REGIONAL, UN INMUEBLE URBANO.
22 JUL 04 162 364 02 SEP 04
22 JUL 04 162 364 02 SEP 04
22 JUL 04 162 364 02 SEP 04
22 JUL 04 162 364 02 SEP 04
22 JUL 04 166 364 08 SEP 04
393 REFORMASE EL CODIGO PENAL. 28 JUL 04 143 364 30 JUL 04
394 REFORMASE EL CODIGO PROCESAL PENAL. 28 JUL 04 143 364 30 JUL 04
395
396
397
REFORMASE LA LEY DEL MENOR INFRACTOR Y SE MODIFICA
LA DENOMINACION DE DICHA LEY POR LA SIGUIENTE:
LEY PENAL JUVENIL.
REFORMASE LA LEY DE VIGILANCIA Y CONTROL DE
EJECUCION DE MEDIDAS AL MENOR INFRACTOR Y SE
MODIFICA LA DENOMINACION DE DICHA LEY POR LA
SIGUIENTE: LEY DE VIGILANCIA Y CONTROL DE EJECUCION
DE MEDIDAS AL MENOR SOMETIDO A LA LEY PENAL
JUVENIL.
CONCEDESE PERMISO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
DON ELIAS ANTONIO SACA; MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES, DON FRANCISCO LAINEZ; SECRETARIO
PRIVADO DE LA PRESIDENCIA, DON ELMER CHARLAIS;
Y DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y ORDENES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, DON JOSE
FRANCISCO MERINO PARA RECIBIR, RESPECTIVAMENTE,
LAS CONDECORACIONES “ORDEN DEL JADE BRILLANTE
CON GRAN CORDON”, “ORDEN DE LA ESTRELLA BRILLANTE
CON GRAN CORDON”, “ORDEN DE LA ESTRELLA BRILLANTE
CON GRAN CORDON” Y ORDEN DE LA ESTRELLA BRILLANTE
CON GRAN CORDON VIOLETA”.
28 JUL 04 143 364 30 JUL 04
28 JUL 04 143 364 30 JUL 04
28 JUL 04 148 364 13 AGO 04

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EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTO LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN DONATIVO, A FAVOR DEL CASTILLO DEL
REY DE LA CONFERENCIA EVANGELICA DE LAS ASAMBLEAS
DE DIOS DE EL SALVADOR.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO Y LA RIFA DEL MISMO, A FAVOR
DE LUMEN 2000 DE EL SALVADOR.*
REFORMASE LA LEY DE SALARIOS, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE GOBERNACION.*
OTORGASE AL DOCTOR FABIO CASTILLO FIGUEROA, LA
DISTINCION HONORIFICA DE “EDUCADOR MERITISIMO
DE EL SALVADOR.”
REFORMASE LA LEY DE SALARIOS, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA
SOCIAL.*
R E F O R M ASE L A L E Y C O N T R A L A V I O L E N C I A
INTRAFAMILIAR.
DECLARASE TRES DIAS DE DUELO NACIONAL, EN
DEMOSTRACION DE PESAR Y SOLIDARIDAD CON FAMILIAS
DE VICTIMAS DE ACCIDENTE.
OTORGASE AL DOCTOR JUAN ROMAGOZA, LA
DISTINCION HONORIFICA DE “DISTINGUIDO PROFESOR
SALVADOREÑO.”
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, PARA INCORPORAR
EL PRESUPUESTO ESPECIAL DE LA AUTORIDAD MARITIMO
PORTUARIA.*
REFORMASE LA LEY DE SALARIOS, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE EDUCACION.*
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL PRESUPUESTO ESPECIAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE PERSONAS NATURALES.*
DECLARANSE ELECTOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, PROPIETARIOS: EDUARDO ANTONIO
URQUILLA BERMUDEZ, MARIO ALBERTO SALAMANCA
BURGOS Y EUGENIO CHICAS MARTINEZ Y SUPLENTES:
CARLOS MAURICIO MOLINA FONSECA, JOSÉ ANTONIO
HERNÁNDEZ Y SILVIA IDALIA CARTAGENA
EXONERASE DEL CARGO DE MIEMBRO PROPIETARIO DEL
CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA, AL ABOGADO
CARLOS MAURICIO MOLINA FONSECA.
28 JUL 04 163 364 03 SEP 04
28 JUL 04 163 364 03 SEP 04
28 JUL 04 162 364 02 SEP 04
28 JUL 04 162 364 02 SEP 04
12 AGO 04 166 364 08 SEP 04
12 AGO 04 178 364 27 SEP 04
19 AGO 04 153 364 20 SEP 04
19 AGO 04 171 364 16 SEP 04
19 AGO 04 166 364 08 SEP 04
19 AGO 04 168 364 10 SEP 04
19 AGO 04 158 364 27 AGO 04
25 AGO 04 158 364 27 AGO 04
25 AGO 04 158 364 27 AGO 04

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CONCEDESE PERMISO AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA, LIC. CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA, PARA
RECIBIR LA ORDEN Y CONDECORACION “PARLAMENTO
CENTROAMERICANO FRANCISCO MORAZAN”, QUE LE HA
OTORGADO EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO.
LEY DE COMPENSACION ECONOMICA POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS EN EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN DONATIVO, A FAVOR DE LA ASOCIACION
COOPERATIVA DE APROVISIONAMIENTO, SERVICIOS,
AHORRO Y CREDITO DE PORTEADORES DE EQUIPAJE DE
EL SALVADOR.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA ALDEA INFANTIL
SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE TRES VEHICULOS, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE
CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DEL MISMO NOMBRE.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE TRES VEHICULOS, A FAVOR DE LA ASOCIACION
DE MUNICIPALIDADES CIUDADES HERMANAS.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE JUEGOS RECREATIVOS, A FAVOR DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE SAN ILDEFONSO.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE DOS VEHICULOS, A FAVOR DE LA FUNDACION
“LOS AYUDANTES DE LOS NIÑOS EN ORFANDAD”.*
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, PARA INCORPORAR
RECURSOS PROVENIENTES DE DESEMBOLSO DEL
CONTRATO DE PRESTAMO SUSCRITO PARA LA EJECUCION
DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SISTEMA
DE JUSTICIA.*
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR LUIS ANTONIO CASTILLO
RIVAS, PARA EJERCER EL CARGO DE CONSUL HONORARIO
DE SUECIA EN EL SALVADOR.
CONCEDESE PERMISO AL LIC. ALFONSO QUIÑONEZ MEZA,
EMBAJADOR DE EL SALVADOR EN ARGENTINA, PARA
ACEPTAR LA CONDECORACION DE LA “ORDEN DE SAN
MARTIN EN EL GRADO DE GRAN CRUZ”, QUE EL GOBIERNO
DE ESA REPUBLICA LE HA CONFERIDO.
RATIFICASE ACUERDO DEL DIALOGO POLITICO Y
COOPERACION, SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA
Y LAS REPUBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR,
GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMA.
25 AGO 04 157 364 26 AGO 04
25 AGO 04 158 364 17 AGO 04
25 AGO 04 178 364 27 SEP 04
25 AGO 04 178 364 27 SEP 04
25 AGO 04 178 364 27 SEP 04
25 AGO 04 178 364 27 SEP 04
25 AGO 04 162 364 02 SEP 04
25 AGO 04 178 364 27 SEP 04
25 AGO 04 178 364 27 SEP 04
03 SEP 04 183 365 04 OCT 04
03 SEP 04 183 365 04 OCT 04
03 SEP 04 193 365 18 OCT 04

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CONCEDESE PERMISO AL MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES, FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS, PARA
RECIBIR LA “ORDEN DE SAN CARLOS EN EL GRADO DE
GRAN CRUZ”, QUE LE HA OTORGADO EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA.
OTORGASE AL SEÑOR VICENTE AGUILUZ, CONOCIDO
ARTISTICAMENTE COMO “EL INDIO DE CUSCATLAN”, LA
DISTINCION HONORIFICA DE “DISTINGUIDO ARTISTA DE
EL SALVADOR.”
OTORGASE AL PROFESOR JOSE ANGEL CASTILLO, LA
DISTINCION HONORIFICA DE “DISTINGUIDO MAESTRO
DE EL SALVADOR.”
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, ASI COMO LA RIFA DEL MISMO
A FAVOR DE LA PARROQUIA “LA TRANSFIGURACION” DE
SAN SALVADOR.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO A FAVOR DEL CLUB ROTARIO
SAN SALVADOR NORESTE.*
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE ECONOMIA, PARA INCORPORAR
EL APROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LAS ENCUESTAS
DE CONDICIONES DE VIDA.*
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO , EN LA PARTE
QUE CORRESPONDE A ANDA, PARA INCORPORAR
EL PROYECTO DENOMINADO “FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE ANDA PARA LA INVESTIGACION DE
AGUAS SUBTERRANEAS”.*
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, PARA INCORPORAR
EL PRESUPUESTO DEL CONSEJO SALVADOREÑO DE LA
AGROINDUSTRIA AZUCARERA.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTO LA INTRODUCCION
AL PAIS DE MATERIAL Y EQUIPO QUIRURGICO, QUE
SERAN UTILIZADOS EN LA “PRIMERA JORNADA MEDICO
QUIRURGICO DEL PIE”, DEL CLUB ROTARIO SAN MIGUEL
“CIUDAD JARDIN”.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS UN DONATIVO, A FAVOR DE LA ASOCIACION
EDUCACIONAL SALESIANAS DE LAS HIJAS DE MARIA
AUXILIADORA.*
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE
QUE CORRESPONDE AL RAMO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, PARA
INCORPORAR AL PRESUPUESTO DE DICHA SECRETARIA
DE ESTADO.*
03 SEP 04 183 365 04 OCT 04
03 SEP 04 183 365 04 OCT 04
03 SEP 04 183 365 04 OCT 04
09 SEP 04 188 365 11 OCT 04
09 SEP 04 188 365 11 OCT 04
09 SEP 04 188 365 11 OCT 04
09 SEP 04 188 365 11 OCT 04
09 SEP 04 174 364 21 SEP 04
09 SEP 04 188 365 11 OCT 04
17 SEP 04 196 365 21 OCT 04
17 SEP 04 192 365 15 OCT 04

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
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EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LAS PRESENTACIONES
DEL “BALLET NACIONAL DE GEORGIA”, A FAVOR DEL COMITE
DE APOYO INSTITUCIONAL DE LA POLICIA NACIONAL
CIVIL.*
RATIFICASE CONVENCION PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL,
ESTABLECIDA POR LA CONVENCION DE 1949 ENTRE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y LA REPUBLICA DE COSTA
RICA “CONVENCION DE ANTIGUA”.
OTORGASE AL REVERENDO LORIS JOHN BUENO Y A SU
ESPOSA LOYDA BUENO, LA DISTINCION HONORIFICA DE
“NOBLES AMIGOS DE EL SALVADOR”.
OTORGASE A LA CIUDADANA ESTADOUNIDENSE DOCTORA
PATRICIA GEHRET, LA DISTINCION HONIRIFICA DE “NOBLE
AMIGA DE EL SALVADOR”.
REFORMASE LA LEY TRANSITORIA PARA LA LEGALIZACION
DEL PROGRAMA DE DILIGENCIAS DE PARTICION DE
INMUEBLES RUSTICOS DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA
DE TIERRAS.
REFORMASE EL D. L. N° 287/2004, REFERENTE A LA
PRORROGA PARA CIRCULACION DE UNIDADES DE
TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE MAS DE 15 AÑOS.
RATIFICANSE ENMIENDAS AL CONVENIO PARA LA
DONACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS BAJO LA SECCION
416(B), CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA IGLESIA CRISTIANA
LA ATARRAYA, MINISTERIO INFANTIL-JUVENIL.*
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO EN LA PARTE
QUE CORRESPONDE AL RAMO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTE Y VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, PARA
INCORPORAR AL PRESUPUESTO DE DICHA SECRETARIA
DE ESTADO, RECURSOS QUE SE DESTINARAN PARA
FINANCIAR EL PROYECTO DE APOYO A LA REGULACION
DE UN NUEVO SISTEMA DE TRASPORTE PUBLICO PARA EL
GRAN SAN SALVADOR.*
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE
HACIENDA, PARA ESTABLECER LA TASA DE REGISTRO DE
LOS CONTRATOS DE EXPORTACION DE CAFE ORO, COSECHA
2004-2005 EN $0.35
PRORROGASE HASTA EL 4 DE OCTUBRE DEL 2004, LA
EXENCION DE IMPUESTOS A LAS PRESENTACIONES DEL
CIRCO DE LOS HERMANOS “FUENTES GASCA”, CONCEDIDA
POR D. L. N° 390/04.
17 SEP 04 196 365 21 OCT 04
17 SEP 04 195 365 20 OCT 04
17 SEP 04 197 365 22 OCT 04
17 SEP 04 197 365 22 OCT 04
17 SEP 04 196 365 21 OCT 04
17 SEP 04 196 365 21 OCT 04
22 SEP 04 201 365 27 OCT 04
22 SEP 04 201 365 27 OCT 04
22 SEP 04 201 365 27 OCT 04
22 SEP 04 206 365 05 NOV 04
22 SEP 04 201 365 27 OCT 04

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445
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456
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DEL INSTITUTO
SALVADOREÑO DE CONTADORES PUBLICOS.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN DONATIVO A FAVOR DE LA ASOCIACION
CRISTIANA DE JOVENES DE EL SALVADOR.*
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE
QUE CORRESPONDE AL MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y GANADERIA, PARA INCORPORAR RECURSOS QUE
SE DESTINARAN PARA CONTINUAR EN EL PROGRAMA
AMBIENTAL DE EL SALVADOR.*
REFORMASE EL D. L. N° 249/2004, POR EL CUAL SE
DISTRIBUYE JURISDICCION DEL AHORA JUZGADO QUINTO
DE LO LABORAL, ANTES QUINTO DE LO CIVIL, A LOS
JUZGADOS TERCERO Y CUARTO DE LO CIVIL.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, Y LA RIFA DEL MISMO, A FAVOR
DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO
“NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA”.*
OTORGASE TITULO DE CIUDAD A LA VILLA DE
SAN BARTOLOME PERULAPIA, DEPARTAMENTO DE
CUSCATLAN.
DECLARANSE ELECTOS DESIGNADOS A LA PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA, AL SEÑOR ELIAS JORGE BAHAIA SAMOUR Y
A LA SEÑORA MARIA ALICIA MORATAYA DE STEINER.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE DOS VEHICULOS, Y ARTICULOS VARIOS, A FAVOR
DE LA IGLESIA MINISTERIO EVANGELISTICO “GERIZIM” DE
SAN RAFAEL CEDROS, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.*
(SEGUNDA PUPLICACION)
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN DONATIVO, A FAVOR DEL MINISTERIO
CRISTIANO “AMIGOS PARA LATINOAMERICA”.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN AUTOBUS, A FAVOR DE LA IGLESIA DE
LA PROFECIA DE JESUCRISTO EN EL DESIERTO, DE SAN
BARTOLO, ILOPANGO.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LAS PRESENTACIONES
DEL GUITARRISTA ARGENTINO “NESTOR BENITO”, A
BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DEL “TEATRO DE LAS
RUINAS” DE SUCHITOTO.*
OTORGASE AL DOCTOR HECTOR ANTONIO HERNANDEZ
FLORES, LA DISTINCION HONORIFICA DE “PEDIATRA
MERITISIMO DE EL SALVADOR”
30 SEP 04 201 365 27 OCT 04
30 SEP 04 201 365 27 OCT 04
30 SEP 04 201 365 27 OCT 04
30 SEP 04 196 365 21 OCT 04
30 SEP 04 201 365 27 OCT 04
30 SEP 04 196 365 21 OCT 04
07 OCT 04 187 365 08 OCT 04
07 OCT 04
202
208
365
365
28 OCT 04
09 NOV 04
07 OCT 04 208 365 09 NOV 04
07 OCT 04 198 365 23 OCT 04
07 OCT 04 208 365 09 NOV 04
07 OCT 04 207 365 08 NOV 04

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
457 REFORMASE EL CODIGO PENAL 07 OCT 04 207 365 08 NOV 04
458 REFORMASE CODIGO PROCESAL PENAL 07 OCT 04 207 365 08 NOV 04
459
460
461
462
463
464
465
466
467
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE
CHALATENANGO.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA CONFERENCIA
EVANGELICA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS.*
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO Y LA LEY DE
SALARIOS PARA INCORPORAR EL PRESUPUESTO DEL RAMO
DE TURISMO.*
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Y DE APORTE
FINANCIERO SUSCRITO CON EL KFW, PARA FINANCIAR
EL PROGRAMA “RECONSTRUCCION Y DESARROLLO LOCAL
(FISDL III)”.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA PRESENTACION
DEL CANTANTE “DON OMAR”, A FAVOR DE LA ASOCIACION
LIBERAL BARRIOS.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA REALIZACION
DEL EVENTO DENOMINADO “7a MUESTRA CULTURAL DE
AGAPE”, A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES
CIUDADES HERMANAS.*
REFORMASE EL D. L. N° 416/04, POR MEDIO DEL CUAL SE
EXONERO DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE TRES VEHICULOS Y ARTICULOS VARIOS, A FAVOR
DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES CIUDADES
HERMANAS.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA REALIZACION
DE UN MEGA BINGO, A FAVOR DEL CLUB ROTARIO CIUDAD
MERLIOT Y SALVANATURA.*
RATIFICASE ENMIENDA N° 2, AL CONTRATO DE APORTE
FINANCIERO Y DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL II, SUSCRITO
CON LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, A TRAVES
DEL KFW.
14 OCT 04 207 365 08 NOV 04
14 OCT 04 214 365 17 NOV 04
14 OCT 04 214 365 17 NOV 04
14 OCT 04 217 365 22 NOV 04
14 OCT 04 214 365 17 NOV 04
14 OCT 04 214 365 17 NOV 04
14 OCT 04 220 365 25 NOV 04
14 OCT 04 214 365 17 NOV 04
14 OCT 04 225 365 02 DIC 04
468 LEY DE EDUCACION SUPERIOR. 14 OCT 04 216 365 19 NOV 04

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
469
470
OTORGASE AL SEÑOR EMBAJADOR DE ESPAÑA, DON JUAN
FRANCISCO MONTALBAN CARRASCO, LA DISTINCION
HONORIFICA DE “NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR”.
ESTABLECESE PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
MUNICIPAL, DIA LABORAL EN JORNADA ORDINARIA EL 23
DE OCTUBRE DE 2004 EN COMPENSACIÓN POR LICENCIA
CONCEDIDA PARA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2004.
14 OCT 04 194 365 19 OCT 04
14 OCT 04 194 365 19 OCT 04
471 REFORMASE EL CODIGO PENAL 14 OCT 04 217 365 22 NOV 04
472
473
474
475
476
477
478
479
RATIFICASE ACUERDO SOBRE EL EJERCICIO
DE ACTIVIDADES REMUNERADAS POR PARTE DE
DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMATICO, CONSULAR,
ADMINISTRATIVO Y TECNICO, CON EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN AUTOBUS, A FAVOR DEL MINISTERIO
CASTILLO DEL REY DE LA CONFERENCIA EVANGELISTICA
DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO Y LA RIFA DEL MISMO, A FAVOR
DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO
SAGRADO CORAZON.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO Y LA RIFA DEL MISMO A FAVOR
DEL COMITE PRO-RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE
SANTA ANA.*
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE
QUE CORRESPONDE AL RAMO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL.*
REGIMEN ESPECIAL PARA LAS MERCANCIAS QUE INGRESEN
AL PAIS, CON EL OBJETO DE SER EXHIBIDAS Y/O VENDIDAS
EN LA “XXI FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR”.
PRORROGASE POR 3 AÑOS LOS EFECTOS DEL D. L.
N° 410/ 01, A EFECTO DE PROHIBIR QUE SE REALICEN
CONSTRUCCIONES EN LOS INMUEBLES QUE CONSTITUYEN
EL CERRO DE LAS PAVAS, COJUTEPEQUE, CUSCATLAN.
RATIFICASE ADDENDUM N°1, AL CONVENIO DE
FINANCIACION SUSCRITO CON LA COMUNIDAD EUROPEA,
PROYECTO”FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL
EN EL SALVADOR”.
20 OCT 04 225 365 02 DIC 04
20 OCT 04 216 365 19 N0V 04
20 OCT 04 216 365 19 NOV 04
20 OCT 04 216 365 19 NOV 04
20 OCT 04 217 365 22 NOV 04
20 OCT 04 226 365 03 DIC 04
27 OCT 04 224 365 01 DIC 04
27 OCT 04 226 365 03 DIC 04

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
480
481
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483
484
485
486
RATIFICASE MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 24 Y 25
DE LA CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS).
RATIFICASE CUARTO PROTOCOLO AL TRATADO
CONSTITUTIVO CENTROAMERICANO Y OTRAS INSTANCIAS
POLITICAS.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA PARROQUIA
“SAN GERARDO MAYELA”, DE LA DIOCESIS DE SANTIAGO
DE MARIA, USULUTAN.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO Y LA RIFA DEL MISMO, A FAVOR DE
LA FUNDACION SALVADOREÑA DE LA TERCERA EDAD.*
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE
CORRESPONDIENTE AL RAMO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS.*
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL ORGANO JUDICIAL.*
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE A LOS HOSPITALES NACIONALES: ROSALES,
MATERNIDAD Y SENSUNTEPEQUE.*
27 OCT 04 226 365 03 DIC 04
27 OCT 04 228 365 07 DIC 04
27 OCT 04 228 365 24 NOV 04
27 OCT 04 228 365 07 DIC 04
27 OCT 04 226 365 03 DIC 04
27 OCT 04 224 365 01 DIC 04
27 OCT 04 228 365 07 DIC 04
487 REFORMASE EL CODIGO PENAL. 27 OCT 04 217 365 22 NOV 04
488 REFORMASE EL CODIGO PROCESAL PENAL 27 OCT 04 217 365 22 NOV 04
489
REFORMASE LA LEY DE CREACION DE LA DIRECCION
GENERAL DE LA RENTA DE ADUANAS .
27 OCT 04 217 365 22 NOV 04
490 REFORMASE LA LEY DE SIMPLIFICACION ADUANERA. 27 OCT 04 217 365 22 NOV 04
491
REFORMASE LA LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR
INFRACCIONES ADUANERAS.
27 OCT 04 217 365 22 NOV 04
492 REFORMASE LA LEY DE BANCOS. 27 OCT 04 217 365 22 NOV 04
493
494
REFORMASE LA LEY DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
NO BANCARIOS
REFORMASE LA LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DE LOS IMPUESTOS
INTERNOS.
27 OCT 04 217 365 22 NOV 04
27 OCT 04 231 365 10 DIC 04

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
495
REFORMASE LA LEY DE IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA
DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS
(IVA) .
28 OCT 04 217 365 22 NOV 04
496 REFORMASE LA LEY DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA . 28 OCT 04 231 365 10 DIC 04
497 REFORMASE EL CODIGO TRIBUTARIO. 28 OCT 04 231 365 10 DIC 04
498
LEY TRANSITORIA DE ESTIMULO AL CUMPLIMIENTO
VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
28 OCT 04 217 365 22 NOV 04
499 REFORMASE EL CODIGO PENAL . 28 OCT 04 217 365 22 NOV 04
500 REFORMASE EL CODIGO PROCESAL PENAL . 28 OCT 04 217 365 22 NOV 04
501
502
503
504
505
506
507
REFORMASE LA LEY DE LA CORPORACION SALVADOREÑA
DE TURISMO (CORSATUR) Y LA LEY DEL INSTITUTO
SALVADOREÑO DE TURISMO (ISTU) .
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO
DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA CONCEDER EN
COMODATO, UN INMUEBLE A FAVOR DE LA FUNDACION
SALVADOREÑA PARA INVESTIGACIONES DEL CAFE
(PROCAFE)
REFORMASE LA TARIFA GENERAL DE ARBITRIOS
MUNICIPALES DE AHUACHAPAN.
CONCEDESE PLAZO DE QUINCE MESES, PARA QUE LAS
PERSONAS DEDICADAS ACTUALMENTE A LA PRODUCCION,
ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACION, IMPORTACION
Y EXPORTACION DE PRODUCTOS PIROTECNICOS PUEDAN
REALIZAR ESTA ACTIVIDAD.
REFORMASE EL D. L. N° 441/04, POR MEDIO DEL CUAL SE
EXONERO DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION DE
UN VEHICULO, A FAVOR DE LA IGLESIA CRISTIANA CASA
LA ATARRAYA, MINISTERIO INFANTIL-JUVENIL.*
CONCEDESE PERMISO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
ELIAS ANTONIO SACA, PARA RECIBIR LA CONDECORACION
“ORDEN RUBEN DARIO EN EL GRADO DE COLLAR”, QUE LE
HA CONFERIDO LA REPUBLICA DE NICARAGUA.
RATIFICASE CONVENIO SUSCRITO CON EL GOBIERNO DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA LA DONACION
DE PRODUCTOS AGRICOLAS BAJO EL ACTA DE ALIMENTOS
PARA EL PROGRESO.
05 NOV 04 232 365 13 DIC 04
05 NOV 04 232 365 13 DIC 04
05 NOV 04 232 365 13 DIC 04
05 NOV 04 226 365 03 DIC 04
05 NOV 04 218 365 23 NOV 04
05 NOV 04 213 365 16 NOV 04
05 NOV 04 226 365 03 DIC 04

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
508
509
510
511
RATIFICASE CONVENIO DE DONACION SUSCRITO CON EL
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA
EL OBJETIVO ESTRATEGICO N° 519-021 GOBERNANDO
CON JUSTICIA: GOBERNABILIDAD MAS TRANSPARENTE
Y CON MAYOR CAPACIDAD DE RESPUESTA, ACTIVIDAD
USAID N° 519-0461 “JUSTICIA Y GOBERNABILIDAD CON
TRANSPARENCIA.”
RATIFICASE CONVENIO DE DONACION SUSCRITO CON EL
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL OBJETIVO
ESTRATEGICO N° 519-022 LIBERTAD ECONOMICA:
ECONOMIAS ABIERTAS, DIVERSIFICADAS Y EN EXPANSION,
ACTIVIDAD N° 519-0462 CRECIMIENTO ECONOMICO PARA
EL SIGLO 21 (CRECER21).
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE HACIENDA Y AL FONDO
DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL,
RECURSOS QUE SE DESTINARAN PARA FINANCIAR EL
PROYECTO DENOMINADO “PROGRAMA DE RECUPERACION
POR EL TERREMOTO”.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS, LA REALIZACION
DE LA FIESTA BAILABLE A FAVOR DEL CASINO DE LA
CIUDAD DE SAN MIGUEL.*
05 NOV 04 227 365 06 DIC 04
05 NOV 04 227 365 06 DIC 04
11 NOV 04 232 365 13 DIC 04
11 NOV 04 232 365 13 DIC 04
512 REFORMASE EL CODIGO CIVIL 11 NOV 04 236 365 17 DIC 04
513
514
515
516
517
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERIA,
PARA INCORPORAR AL PRESUPUESTO DE DICHA
SECRETARIA DE ESTADO, RECURSOS PROVENIENTES DEL
CONVENIO DE PRESTAMO PL-480/01.*
MODIFICASE TEMPORALMENTE LA LEY DE EQUIPAJES DE
VIAJEROS PROCEDENTES DEL EXTERIOR, EN EL PERIODO
DEL 1 DE DIC. DE 2004, AL 31 DE ENERO DE 2005.
FACULTASE A LAS MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA,
PARA UTILIZAR SIN NINGUNA RESTRICCION LA TOTALIDAD
DEL 20% DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL ULTIMO
TRIMESTRE DEL CORRIENTE EJERCICIO FISCAL.
RATIFICASE CONVENCION SOBRE PRONTA NOTIFICACION
DE ACCIDENTES NUCLEARES.
CONCEDESE PERMISO A LOS SEÑORES: SARGENTO
PRIMERO FREDY ADOLFO CASTRO URBINA, SUB-SARGENTO
VICTOR MANUEL GONZALEZ CHANTA, CABO JOSE DANIEL
OPORTO Y SOLDADO JUAN FRANCISCO CORDOVA SANCHEZ,
PARA ACEPTAR LA CONDECORACION “MEDALLA ESTRELLA
DE BRONCE”, QUE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA LES HA CONFERIDO.
18 NOV 04 232 365 13 DIC 04
18 NOV 04 224 365 02 DIC 04
18 NOV 04 234 365 15 DIC 04
18 NOV 04 236 365 17 DIC 04
18 NOV 04 232 365 13 DIC 04

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
518 REFORMASE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES 18 NOV 04 235 365 16 DIC 04
519
520
521
522
523
524
525
526
527
OTORGASE A DON PABLO TESAK HECHT, LA DISTINCION
HONORIFICA DE “NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR”.
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE
EDUCACION PARA QUE CONCEDA EN COMODATO, DOS
INMUEBLES, A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
MIGUEL TEPEZONTES, LA PAZ.
ESTABLECESE CONTRIBUCION QUE DEBERAN APORTAR
LOS PRODUCTORES DE CAÑA Y CENTRALES AZUCARERAS
O INGENIOS EN LA ZAFRA 2004/2005.
E X O N E R A S E D E L PA G O D E I M P U E S TO S , L A
INTRODUCCION AL PAIS DE UN VEHICULO A FAVOR DE
LA ARQUIDIOCESIS DE SAN SALVADOR, EL CUAL SERA
UTILIZANDO POR LA PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA,
JURISDICCION DE COJUTEPEQUE, CUSCATLAN.*
INTERPRETESE AUTENTICAMENTE EL DECRETO
LEGISLATIVO N° 347, DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2004,
PUBLICADO EN EL D.O. 128. TOMO 364 DEL 9 DE JULIO
DEL MISMO AÑO.
LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE MERCEDES UMAÑA,
USULUTÁN.*
LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE NUEVA GUADALUPE,
SAN MIGUEL.*
LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE TEPETITÁN, SAN
VICENTE.*
LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE MEANGUERA DEL
GOLFO, LA UNION.*
18 NOV 04 232 365 13 DIC 04
18 NOV 04 239 365 22 DIC 04
25 NOV 04 240 365 23 DIC 04
25 NOV 04 234 365 15 DIC 04
25 NOV 04 240 365 23 DIC 04
25 NOV 04 OBSERVADO
25 NOV 04 OBSERVADO
25 NOV 04 OBSERVADO
25 NOV 04 OBSERVADO
528 LEY DE COMPETENCIA. 25 NOV 04 240 365 23 DIC 04
530
531
532
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA REALIZACION
DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURALES QUE SE LLEVARAN
ACABO EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS, A FAVOR
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, LA
LIBERTAD.*
LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE HUIZUCAR, LA
LIBERTAD.*
REFORMASE EL D. L. N° 647/90, EN EL SENTIDO
DE MODIFICAR LOS DERECHOS ARANCELARIOS
COMPRENDIDOS EN LA PARTE III DEL ARANCEL
CENTROAMERICANO DE IMPORTACION.
02 DIC 04 240 365 23 DIC 04
02 DIC 04 OBSERVADO
02 DIC 04 240 365 23 DIC 04

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
533
534
535
536
537
538
RATIFICASE CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE UN
ACUERDO CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, PARA LA EJECUCION DE EJERCICIOS DE
ENTRENAMIENTO MEDICO DENTAL Y VETERINARIO;
INTERCAMBIOS DE CAPACITACION CONJUNTOS Y
COMBINADOS; INTERCAMBIOS DE PEQUEÑAS UNIDADES
Y OTROS EJERCICIOS MILITARES Y ACTIVIDADES
DE ENTRENAMIENTO QUE PODRAN SER DE MUTUO
ACUERDO.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO Y LA RIFA DEL MISMO, A FAVOR
DE LA DIOCESIS DE SAN MIGUEL.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LAS PRESENTACIONES
DEL ARTISTA INTERNACIONAL “ANICETO MOLINA”, A FAVOR
DE LA FUNDACION DE SOCIOS PARA EL DESARROLLO.*
REFORMASE EL D. L. N° 750/93, POR MEDIO DEL CUAL
SE APROBO EL CONTRATO DE PRESTAMO AYUDA EN
MERCANCIAS V, SUSCRITO CON EL KFW.
AUTORIZASE A FOSAFI, PARA QUE MEDIANTE PERMUTA,
PUEDA ADQUIRIR ACTIVOS PROPIEDAD DEL BANCO
HIPOTECARIO DE EL SALVADOR.
LEY ESPECIAL PARA LA CONSTITUCION DEL FONDO
SOLIDARIO PARA LA SALUD. (FOSALUD)
02 DIC 04 240 365 23 DIC 04
08 DIC 04 240 365 23 DIC 04
08 DIC 04 240 365 23 DIC 04
08 DIC 04 240 365 23 DIC 04
08 DIC 04 233 365 14 DIC 04
16 DIC 04 236 365 17 DIC 04
539 LEY DE IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DEL TABACO. 16 DIC 04 239 365 22 DIC 04
540
541
542
543
544
545
546
LEY DE GRAVÁMENES RELACIONADOS CON EL CONTROL
Y REGULACION DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES,
EXPLOSIVOS Y ARTICULOS SIMILARES.
REFORMASE LA LEY DE CONTROL Y REGULACION DE ARMAS,
MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ARTICULOS SIMILARES.
REFORMASE LA LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR
INFRACCIONES ADUANERAS.
REFORMASE LA LEY REGULADORA DE LA PRODUCCION
Y COMERCIALIZACION DEL ALCOHOL Y DE LAS BEBIDAS
ALCOHOLICAS.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, PARA LA APLICACION
DEL PRESUPUESTO ESPECIAL INSTITUCIONAL DEL CONSEJO
SALVADOREÑO DE LA AGRO-INDUSTRIA AZUCARERA.*
REFORMASE LA LEY DE SALARIOS, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE GOBERNACION.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO Y LA RIFA DEL MISMO, A FAVOR
DEL CLUB ROTARIO DE SANTA TECLA.*
16 DIC 04 239 365 22 DIC 04
16 DIC 04 239 365 22 DIC 04
16 DIC 04 239 365 22 DIC 04
16 DIC 04 239 365 22 DIC 04
17 DIC 04 240 365 23 DIC 04
17 DIC 04 240 365 23 DIC 04
17 DIC 04 240 365 23 DIC 04

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
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REFORMASE LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE,
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.
REFORMASE LA LEY DE SALARIOS, EN LA PARTE
CORRESPONDIENTE AL RAMO DE EDUCACION.*
REFORMASE LA LEY DE SALARIOS, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE RELACIONES EXTERIORES.*
LEY DE COMPENSACION ECONOMICA POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS EN EL ORGANO JUDICIAL.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE
CORRESPONDIENTE AL CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
AGROPECUARIA Y FORESTAL.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA PRESENTACION
DEL GRUPO MUSICAL “HERMANOS ROSARIO”, A FAVOR DE
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COJUTEPEQUE.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA IGLESIA DE
CRISTO DE SAN SALVADOR.*
PRORROGASE POR UN AÑO, EL D. L. N° 1003/ 02, POR
MEDIO DEL CUAL SER REFORMO EL INCISO PRIMERO DEL
ART. 108 DE LA LEY DE LA CARRERA DOCENTE.
RATIFICASE TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
CENTROAMERICA, REPUBLICA DOMINICANA Y LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.
CONCEDESE LICENCIA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
SEÑOR ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ, PARA QUE PUEDA
SALIR DEL TERRITORIO NACIONAL DEL 1 DE FEBRERO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2005.
PRORROGASE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005,
LA VIGENCIA DE LA LEY TRANSITORIA PARA AGILIZAR
DILIGENCIAS DE LEGALIZACION DEL DERECHO DE
LA PROPIEDAD O POSESION, A FAVOR DE PERSONAS
AFECTADAS POR LOS TERREMOTOS DE ENERO Y FEBRERO
DEL 2001
CONCEDESE PERMISO AL MINISTRO DE LA DEFENSA
NACIONAL, GENERAL DE DIVISION OTTO ALEJANDRO
ROMERO ORELLANA, Y AL TENIENTE CORONEL DE
INFANTERIA DEM JOSE HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ
ARGUETA, PARA RECIBIR, LAS CONDECORACIONES: “CRUZ
DE ORO” Y “CRUZ DE PLATA”, RESPECTIVAMENTE, QUE
LES HA OTORGADO LA CONFERENCIA DE LAS FUERZAS
ARMADAS CENTROAMERICANAS.
CONCEDESE PERMISO A LA MINISTRA DE EDUCACION,
DARLYN MEZA, PARA RECIBIR LA CONDECORACION DE
LA ORDEN AL MERITO DOCENTE Y CULTURAL “GABRIELA
MISTRAL”, EN EL GRADO DE GRAN OFICIAL, QUE LE HA
OTORGADO LA REPUBLICA DE CHILE.
17 DIC 04 236 365 17 DIC 04
17 DIC 04 240 365 23 DIC 04
17 DIC 04 240 365 23 DIC 04
17 DIC 04 240 365 23 DIC 04
17 DIC 04 240 365 23 DIC 04
17 DIC 04 240 365 23 DIC 04
17 DIC 04 240 365 23 DIC 04
17 DIC 04 240 365 23 DIC 04
17 DIC 04 17 366 25 ENE 05
22 DIC 04 239 365 22 DIC 04
22 DIC 04 240 365 23 DIC 04
22 DIC 04 11 366 17 ENE 05
22 DIC 04 11 366 17 ENE 05

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
560 REFORMASE LA LEY GENERAL MARITIMO PORTUARIA 22 DIC 04 240 365 23 DIC 04
561
562
REFORMASE LA LEY DE SALARIOS EN LA PARTE
QUE CORRESPONDE A LA ACADEMIA NACIONAL DE
SEGURIDAD.*
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE HACIENDA. *
22 DIC 04 240 365 23 DIC 04
22 DIC 04 240 365 23 DIC 04
563
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, Y LA RIFA DEL MISMO, A
FAVOR DEL COMITE PRO-CONSTRUCCION DEL MERCADO
MUNICIPAL DE CHALATENANGO.*
22 DIC 04 240 365 23 DIC 04
564 REFORMASE EL CODIGO TRIBUTARIO. 22 DIC 04 240 365 23 DIC 04
565
566
567
568
569
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE
ECONOMIA SUSCRIBIR CON EL BANCO MULTISECTORIAL
DE INVERSIONES, EL FIDEICOMISO ESPECIAL PARA LA
CREACION DE EMPLEOS EN SECTORES PRODUCTIVOS
ESTRATEGICOS,(FECEPE).
SUSPENDESE POR UN PERIODO DE 90 DIAS, EL
REQUERIMIENTO DE LAS CONSTANCIAS DE SOLVENCIAS O
AUTORIZACIONES A QUE SE REFIERE EL ART. 218, LITERAL
D) Y E) DEL CODIGO TRIBUTARIO.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA
SOCIAL.*
REFORMASE EL ART. 9 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, PARA
EMITIR DEUDA FLOTANTE.*
REFORMASE LA LEY ORGANICA DE ADMINISTRACION
FINANCIERA DEL ESTADO.
22 DIC 04 240 365 23 DIC 04
22 DIC 04 240 365 23 DIC 04
22 DIC 04 240 365 23 DIC 04
22 DIC 04 240 365 23 DIC 04
22 DIC 04 240 365 23 DIC 04
570 REFORMASE EL CODIGO DE COMERCIO. 06 ENE 05 28 366 09 FEB 05
571
572
573
574
575
REFORMASE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS EL EVENTO
DENOMINADO “REENCUENTRO SONSONATECO”, A FAVOR
DE LA ASOCIACION AGAPE DE EL SALVADOR.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA ASOCIACION
GENTE CON UN DESTINO MEJOR.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DEL MINISTERIO
EVANGELICO Y MISIONERO DE LAS ASAMBLEAS DE
DIOS.*
AMPLIASE POR 180 DIAS, EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL
ART. 3 DEL D. L. N° 212/03, PARA QUE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPUBLICA IMPLEMENTE EL SISTEMA
INDICADO EN EL ART. 253-A DEL CODIGO DE FAMILIA .
06 ENE 05 28 366 09 FEB 05
06 ENE 05 31 366 14 FEB 05
06 ENE 05 28 366 09 FEB 05
06 ENE 05 18 366 26 ENE 05
06 ENE 05 26 366 07 FEB 05

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
576
577
578
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS TODOS LOS EVENTOS
DE CARACTER CULTURAL, INCLUYENDO LA PARTICIPACION
DEL GRUPO “LOS GUARAGUAO” Y EL CANTA AUTOR
LUIS ENRIQUE MEJIA GODOY, QUE EN EL MARCO DE LA
CELEBRACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ, REALIZARA LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN HOSPITAL MOVIL, A FAVOR DE LA ASOCIACION
DE DESARROLLO COMUNAL “MEDICA SOLIDARIA DE EL
SALVADOR”.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE VINO DE CONSAGRAR, QUE SERA DISTRIBUIDO
A LAS DIFERENTES PARROQUIAS DEL PAIS, POR LA
CONFERENCIA EPISCOPAL DE EL SALVADOR.*
13 ENE 05 10 366 14 ENE 05
13 ENE 05 30 366 11 FEB 05
13 ENE 05 30 366 11 FEB 05
579 LEY DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 13 ENE 05 32 366 15 FEB 05
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
RATIFICASE CONVENIO DE SANTA CRUZ DE LA
SIERRA CONSTITUTIVO DE LA SECRETARIA GENERAL
IBEROAMERICANA.
RATIFICASE CONVENIO POR EL QUE SE ESTABLECE EL
CONSEJO DE COOPERACION ADUANERA (OMA).
RATIFICASE ACUERDO CON NICARAGUA, RELATIVA A LOS
MECANISMOS DE SOLUCION DE DIFERENCIAS DE LOS
CONFLICTOS O SITUACIONES QUE PUEDAN SUSCITARSE
ENTRE AMBOS PAISES.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE
SANTA ANA.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE 6 VEHICULOS, A FAVOR DE COMANDOS DE
SALVAMENTO.*
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE
HACIENDA, PARA EMITIR TITULOS VALORES DE CREDITO
POR $541,800,000.00
REGLAS PARA INSCRIPCION DE PARTIDOS POLITICOS
PARTICIPANTES EN ELECCIONES 2004.
(SEGUNDA PUBLICACION)
APRUEBASE DECRETO TRANSITORIO A FIN DE QUE LAS
PLAZAS VACANTES DE MAESTROS, PUEDAN SER OCUPADAS
POR DOCENTES INTERINOS AL INICIO DEL PRESENTE
AÑO ESCOLAR.
DECLARASE “CAPITAL POR UN DIA”, LA CIUDAD DE
QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
OTORGASE A LA FUNDACION INTERAMERICANA DE LOS
ESTADOS UNIDOS, LA DISTINCION HONORIFICA DE “NOBLE
AMIGA DE EL SALVADOR”.
13 ENE 05 29 366 10 FEB 05
13 ENE 05 29 366 10 FEB 05
13 ENE 05 29 366 10 FEB 05
19 ENE 05 37 366 22 FEB 05
19 ENE 05 37 366 22 FEB 05
19 ENE 05 18 366 26 ENE 05
19 ENE 05
23
34
366
366
02 FEB 05
17 FEB 05
19 ENE 05 25 366 04 FEB 05
19 ENE 05 29 366 10 FEB 05
19 ENE 05 29 366 10 FEB 05

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
590
591
592
OTORGASE AL DOCTOR JUAN MATEU LLORT, LA DISTINCION
HONORIFICA DE “HIJO MERITISIMO DE EL SALVADOR”.
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR MANUEL FLORES, CONSUL
HONORARIO DE COREA EN EL SALVADOR, PARA ACEPTAR LA
CONDECORACION “ORDEN OF DIPLOMATIC SERVICE MERIT
SUNGYE MEDAL”, QUE LE HA CONFERIDO EL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE COREA.
CONCEDESE PERMISO AL CORONEL ROBERTO ARTIGA,
PARA ACEPTAR LA CONDECORACION “CRUZ DE BRONCE
DEL EJERCITO POLACO”, QUE LE HA CONFERIDO LA
REPUBLICA DE POLONIA.
19 ENE 05 29 366 10 FEB 05
19 ENE 05 29 366 10 FEB 05
19 ENE 05 29 366 10 FEB 05
593 REFORMASE LA LEY DE LA CARRERA DOCENTE. 26 ENE 05 37 366 22 FEB 05
594 LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICICIO 2005.* 26 ENE 05 27 366 08 FEB 05
595 LEY DE SALARIO PARA EL EJERCICIO 2005.* 26 ENE 05 27 366 08 FEB 05
596
597
598
599
600
601
602
603
REFORMASE EL DECRETO LEGISLATIVO N° 502/04, POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZO AL RAMO DE AGRICULTURA
Y GANADERIA, OTORGAR EN COMODATO INMUEBLE A FAVOR
DE LA FUNDACION SALVADOREÑA PARA INVESTIGACIONES
DEL CAFE (PROCAFE).
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE
SANTIAGO DE MARIA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.*
OTORGASE TITULO DE VILLA, A LA LOCALIDAD DE PARAISO
DE OSORIO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
REFORMASE LA LEY DEL SISTEMA DE AHORRO PARA
PENSIONES.
CONCEDESE PERMISO AL COMISIONADO JAIME FRANCISCO
VIGIL RECINOS, PARA ACEPTAR LA CONDECORACION
“ALFERES JOAQUIM JOSE DA SILVA XAVIER” “TIRADENTES”,
QUE LE HA CONFERIDO EL GOBIERNO DE BRASIL.
RATIFICASE ACUERDO SEDE DE LA COMISION EJECUTIVA
DEL PLAN PUEBLA PANAMA.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS EL EVENTO
DENOMINADO “8° BANQUETE DEL AMOR” Y LOS
DONATIVOS QUE SE HAGAN AL MISMO, A FAVOR DE LA
ASOCIACION AGAPE DE EL SALVADOR.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS QUE PUEDAN CAUSAR
LAS PRESENTACIONES ARTISTICAS DE LOS GRUPOS
INTERNACIONALES “LOS GALOS” “LOS IRACUNDOS” Y
“BUDDY RICHARD”, A FAVOR DE RADIO NACIONAL DE EL
SALVADOR.*
02 FEB 05 40 366 25 FEB 05
02 FEB 05 48 366 09 MAR 05
02 FEB 05 40 366 25 FEB 05
02 FEB 05 40 366 25 FEB 05
09 FEB 05 48 366 09 MAR 05
09 FEB 05 48 366 09 MAR 05
09 FEB 05 59 367 01 ABR 05
09 FEB 05 59 367 01 ABR 05

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
604
605
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607
608
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610
REFORMASE LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE,
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA INCORPORAR EL
NUMERAL E) AL ART. 122-A.
CONCEDESE PERMISO AL EMBAJADOR DE EL SALVADOR EN
NICARAGUA, DON GERARDO ANTONIO SOL MIXCO, PARA
ACEPTAR LA CONDECORACION “MEDALLA CONMEMORATIVA
DEL XXV ANIVERSARIO DE CONSTITUCION DEL EJERCITO
DE NICARAGUA.”
REFORMENSE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N° 440/ 04,
Y N° 533/04, A EFECTO DE QUE SE PUBLIQUEN A ESTAS
RATIFICACIONES, LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES.
CONCEDESE PERMISO A DON MIGUEL ANGEL SALAVERIA
ALCAINE, EX-EMBAJADOR DE EL SALVADOR EN ESPAÑA,
PARA ACEPTAR LA CONDECORACION “GRAN CRUZ DE LA
ORDEN DE ISABEL LA CATOLICA”, QUE LE HA CONFERIDO
EL GOBIERNO DE ESPAÑA.
CONCEDESE LA CALIDAD DE SALVADOREÑO POR
NATURALIZACION, A LOS SEÑORES YITZHAK BEN AYOUN
Y ODED OVADIA YOONIS.
DECLARASE EL 23 DE FEBRERO DE 2005, “DIA DE ROTARY
INTERNACIONAL EN EL SALVADOR”.
OTORGASE A LA RELIGIOSA SALVADOREÑA, CLARA DEL
CARMEN QUIROZ LOPEZ, CONOCIDA COMO “MADRE
CLARITA” LA DISTINCION HONORIFICA DE “HIJA
MERITISIMA DE EL SALVADOR”.
09 FEB 05 48 366 09 MARZ 05
09 FEB 05 48 366 09 MAR 05
09 FEB 05 48 366 09 MAR 05
16 FEB 05 53 366 16 MAR 05
16 FEB 05 53 366 16 MAR 05
16 FEB 05 53 366 16 MAR 05
16 FEB 05 53 366 16 MAR 05
611 REFORMASE EL CODIGO DE TRABAJO. 16 FEB 05 55 366 18 MAR 05
612
613
614
615
616
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA IGLESIA DEL
EVANGELIO COMPLETO DE EL SALVADOR.*
PRORROGASE POR 60 DIAS, LOS EFECTOS DE LA LEY
TRANSITORIA DE ESTIMULO AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA PRESENTACION
EN EL PAIS DE LA OBRA DE TEATRO “MI CRISTO ROTO”,
A FAVOR DE LA FUNDACION CENTRO DE FORMACION
DE LA FE.*
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA PRESENTACION EN
EL PAIS DEL “BALLET FLAMENCO DE MARIA CARRASCO”, CON
SU OBRA “CARMEN DE BIZET”, A FAVOR DE LA FUNDACION
BIENESTAR POLICIAL.*
REFORMASE LA LEY DE ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES
Y DE COMERCIALIZACION.
16 FEB 05 59 367 01 ABR 05
16 FEB 05 36 366 21 FEB 05
16 FEB 05 35 366 18 FEB 05
16 FEB 05 33 366 16 FEB 05
16 FEB 05 53 366 16 MAR 05

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
617
618
619
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DEL MINISTERIO
CASTILLO DEL REY DE LA CONFERENCIA EVANGELICA DE
LAS ASAMBLEAS DE DIOS.*
PRORROGASE POR 90 DIAS, EL D. L. N° 566/04, POR MEDIO
DEL CUAL SE SUSPENDE POR UN PERIODO DE 90 DIAS
EL REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS DE SOLVENCIAS
O AUTORIZACIONES A QUE SE REFIERE EL ART. 218,
LITERALES D) Y E) DEL CODIGO TRIBUTARIO.
OTORGASE AL PINTOR PEDRO ACOSTA GARCIA LA
DISTINCION HONORIFICA DE “DISTINGUIDO PINTOR
SALVADOREÑO”.
24 FEB 05 65 367 08 ABR 05
24 FEB 05 55 366 18 MAR 05
24 FEB 05 58 366 31 MAR 05
620 REFORMASE EL CODIGO PENAL. 24 FEB 05 67 367 12 ABR 05
621
622
623
624
REFORMASE LA LEY DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS
Y ARTICULOS SIMILARES.
REFORMASE EL ART. 12 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, A FIN
DE QUE EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA
SOCIAL PUEDA APLICAR LA LEY DEL ESCALAFON.*
DEROGASE EL D. L. 165/00, POR EL CUAL SE DECLARO
“RESERVA ECOLOGICA CON VOCACION RECREATIVA”,
INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON EL OBRAJUELO, DE
QUELEPA Y SAN MIGUEL.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE DONATIVO, A FAVOR DE LA ASOCIACION PARA
LA ORGANIZACION Y EDUCACION EMPRESARIAL FEMENINA
DE EL SALVADOR.*
24 FEB 05 83 367 04 MAY 05
03 MAR 05 59 367 01 ABR 05
03 MAR 05 67 367 12 ABR 05
03 MAR 05 65 367 08 ABR 05
625 REFORMASE EL CODIGO PENAL 03 MAR 05 71 367 18 ABR 05
626
627
628
629
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO, EN EL RAMO DE
HACIENDA, PARA TRANSFERIR UN INMUEBLE EN COMODATO
A LA ASOCIACION CONJUNTA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL AHUACHAPAN EN MARCHA.
LEY ESPECIAL TRANSITORIA PARA LEGALIZAR NUEVOS
PARTIDOS POLITICOS.
DECLARASE EL 22 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, “DIA
NACIONAL DEL MUSICO SALVADOREÑO” .
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN DONATIVO DE MEDICINAS A FAVOR DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL OBRAJUELO, LA PAZ,
DONATIVO QUE SE UTILIZARA EN LA CLINICA PARROQUIAL
“MARIA SALUD DE LOS ENFERMOS”.*
03 MAR 05 65 367 08 ABR 05
03 MAR 05 52 366 15 MAR 05
09 MAR 05 65 367 08 ABR 05
09 MAR 05 73 367 20 ABR 05

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
630
631
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, DONADO A FAVOR DE LA
ASOCIACION SALESIANA.*
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE
HACIENDA, PARA SUSCRIBIR UN CONVENIO DE PRESTAMO
CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
PARA FINANCIAR EL “PROGRAMA DE APOYO A LA
COMPETITIVIDAD.”
09 MAR 05 73 367 20 ABR 05
09 MAR 05 71 367 18 ABR 05
632 REFORMASE EL CODIGO ELECTORAL 09 MAR 05 67 367 12 ABR 05
633
634
CONCEDESE PERMISO A LA VICEPRESIDENTA DE LA
REPUBLICA, ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, PARA
ACEPTAR LA CONDECORACION “ORDEN DE LAS NUBES
PROPICIAS CON GRAN CORDON ESPECIAL”, QUE LE HA
OTORGADO LA REPUBLICA DE CHINA.
REFORMASE LA LEY DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
DE BANCOS COMERCIALES Y ASOCIACIONES DE AHORRO
Y PRESTAMO.
09 MAR 05 65 367 08 ABR 05
17 MAR 05 74 367 21 ABR 05
635 REFORMASE EL CODIGO DE COMERCIO. 17 MAR 05 74 367 21 ABR 05
636 REFORMASE LA LEY DE BANCOS. 17 MAR 05 74 367 21 ABR 05
637
638
639
640
641
642
643
644
DISPOSICIONES QUE REGULAN EL PLAZO DE LA
PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES A EJERCER POR LAS
INSTITUCIONES BANCARIAS PARA LA RECUPERACIÓN
JUDICIAL DE CRÉDITOS, DE CONFORMIDAD AL ART. 74
DE LA LEY DE BANCOS.
OTORGASE AL DOCTOR RUTILIO QUEZADA, LA DISTINCION
HONORIFICA.DE “DISTINGUIDO POETA E INVESTIGADOR
SALVADOREÑO”
OTORGASE A DON JOAQUIN CASTRO CANIZALEZ EN FORMA
POSTUMA, LA DISTINCION HONORIFICA DE “DISTINGUIDO
PERIODISTA SALVADOREÑO”.
OTORGASE A LA SEÑORA KETTY AZUCENA DE MUÑOZ,
LA DISTINCION HONORIFICA DE “NOTABLE EDUCADORA
SALVADOREÑA”.
OTORGASE A LA SEÑORA CARMEN VILLEDA VIUDA DE
SANTOS, LA DISTINCION HONORIFICA DE “NOTABLE
EDUCADORA SALVADOREÑA”.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN DONATIVO, A FAVOR DE LA CRUZ ROJA
SALVADOREÑA.*
REFORMASE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS
DE TABACO.
REFORMASE LA LEY DE IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA
DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS
(IVA) .
17 MAR 05 85 367 06 MAY 05
17 MAR 05 73 367 20 ABR 05
17 MAR 05 73 367 20 ABR 05
17 MAR 05 73 367 20 ABR 05
17 MAR 05 73 367 20 ABR 05
17 MAR 05 74 367 21 ABR 05
17 MAR 05 55 366 18 MAR 05
17 MAR 05 55 366 18 MAR 05

D. L. N° CONTENIDO EMITIDO D. O. N° TOMO PUBLICADO
645
INTERPRETASE AUTENTICAMENTE EL INCISO TERCERO DEL
ART. 14 DE LA LEY DE IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE
BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS (IVA)
17 MAR 05 55 366 18 MAR 05
646 REFORMASE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 17 MAR 05 55 366 18 MAR 05
647 REFORMASE LA LEY DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 17 MAR 05 55 366 18 MAR 05
648 REFORMASE EL CODIGO TRIBUTARIO 17 MAR 05 55 366 18 MAR 05
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EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS EL EVENTO
ARTISTICO CULTURAL DENOMINADO “FESTIVAL VERDAD”,
A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA “JOSE
SIMEON CAÑAS”.*
PRORROGASE HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2005, LOS
EFECTOS DE LA LEY TRANSITORIA DE ESTIMULO AL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
RATIFICASE CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES.
RATIFICASE CONVENCION SOBRE LA ASISTENCIA EN CASO
DE ACCIDENTE NUCLEAR O EMERGENCIA RADIOLOGICA.
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR GUILLERMO RUBIO
FUNES, EMBAJADOR DE EL SALVADOR EN LA REPUBLICA
DE COLOMBIA, PARA ACEPTAR LA CONDECORACION
“ORDEN DE BOYACA EN EL GRADO DE GRAN CRUZ”, QUE
LE HA CONFERIDO EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA.
CONCEDESE PERMISO AL MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES, FRANCISCO ESTEBAN LAINEZ RIVAS, PARA
ACEPTAR LA CONDECORACION “JUAN MORA FERNANDEZ
EN EL GRADO DE GRAN CRUZ PLACA DE PLATA”, QUE
LE HA CONFERIDO EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
COSTA RICA.
DECLARASE EL SEGUNDO DOMINGO DEL MES DE
NOVIEMBRE DE CADA AÑO, “DIA NACIONAL DE LAS
PUPUSAS”.
OTORGASE A LA DIPUTACION DE BARCELONA LA DISTINCION
HONORIFICA DE “NOBLE AMIGA DE EL SALVADOR”.
OTORGASE A LA FUNDACION INTERAMERICANA DE LOS
ESTADOS UNIDOS, LA DISTINCION HONORIFICA DE “NOBLE
AMIGA DE EL SALVADOR”.
OTORGASE TITULO DE VILLA, AL MUNICIPIO DE SACACOYO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
REFORMASE LA LEY DE SALARIOS Y LA LEY DE
PRESUPUESTO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005, EN LA
PARTE QUE CORRESPONDE AL RAMO DE RELACIONES
EXTERIORES.*
17 MAR 05 82 367 03 MAY 05
17 MAR 05 74 367 21 ABR 05
17 MAR 05 77 367 26 ABR 05
17 MAR 05 78 367 27 ABR 05
17 MAR 05 73 367 20 ABR 05
17 MAR 05 73 367 20 ABR 05
01 ABR 05 73 367 20 ABR 05
01 ABR 05 73 367 20 ABR 05
01 ABR 05 73 367 20 ABR 05
01 ABR 05 73 367 20 ABR 05
01 ABR 05 69 367 14 ABR 05

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REFORMASE LA LEY DE SALARIOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2005, EN LA PARTE QUE CORRESPONDE AL RAMO
DE GOBERNACION.*
REFORMASE LA LEY DE SALARIOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2005, EN LA PARTE QUE CORRESPONDE A LA
ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA.*
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO PARA INCORPORAR
EL PRESUPUESTO ESPECIAL DEL CONSEJO SALVADOREÑO
DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA.*
PRORROGASE POR UN AÑO, EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL
ART. 1566, TRANSITORIO DEL CODIGO DE COMERCIO.
AUTORIZASE AL MINISTERIO DE HACIENDA PARA DONAR
INMUEBLE DE SU PROPIEDAD A FAVOR DEL CONSEJO
NACIONAL DE LA JUDICATURA.
AUTORIZASE AL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE
AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA DAR EN COMODATO
A LA ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE
TEXISTEPEQUE, UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRETERA
QUE CONDUCE DE ANTA ANA A METAPAN.
AUTORIZASE AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA PARA
OTORGAR EN COMODATO UN INMUEBLE DENOMINADO
“FINCA LA BRETAÑA” A FAVOR DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y GANADERIA,.
EXONERASE DEL CARGO DE MAGISTRADO SUPLENTE
DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL LIC. SELIM
ERNESTO ALABI.
DECLARASE ELECTO MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, AL LIC. FRANCISCO EDGARDO
MONGE GALDAMEZ.
DECLARASE TRES DIAS DE DUELO NACIONAL, POR EL
FALLECIMIENTO DEL PAPA JUAN PABLO II.
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR VIDAL SORTO RUBIO,
CONSUL GENERAL DE EL SALVADOR, EN EL ESTADO DE
BAHIA, REPÚBLICA DE BRASIL, PARA ACEPTAR EL TITULO
DE “CIUDADANO DISTINGUIDO SERGIPANO”, QUE LE HA
OTORGADO LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE
SERGIPE, BRASIL.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS QUE PUEDA CAUSAR
LA PRESENTACION DEL PRIMER BAILARIN DEL ROYAL BALLET
DE LONDRES, SEÑOR IÑAKI URLEZAGA Y LA COMPAÑIA
BALLET CONCIERTO, A FAVOR DE LA ASOCIACION MUSEO
DE LOS NIÑOS “TIN MARIN”.*
REFORMASE LA LEY DE SALARIOS, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2005, EN LA PARTE QUE CORRESPONDE AL RAMO
DE EDUCACION.*
01 ABR 05 80 367 29 ABR 05
01 ABR 05 80 367 29 ABR 05
01 ABR 05 80 367 29 ABR 05
01 ABR 05 80 367 29 ABR 05
01 ABR 05 80 367 29 ABR 05
01 ABR 05 80 367 29 ABR 05
01 ABR 05 80 367 29 ABR 05
01 ABR 05 67 367 12 ABR 05
01 ABR 05 67 367 12 ABR 05
04 ABR 05 62 367 05 ABR 05
07 ABR 05 82 367 03 MAY 05
07 ABR 05 93 367 23 MAY 05
15 ABR 05 88 367 12 MAY 05

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REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2005, EN LA PARTE QUE CORRESPONDE AL RAMO
DE AGRICULTURA Y GANADERIA.*
REFORMASE LA LEY DE SALARIOS, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2005, EN LA PARTE QUE CORRESPONDE AL RAMO
DE EDUCACION.*
CONCEDESE PERMISO AL LIC. HUGO ROBERTO CARRILLO,
EMBAJADOR DE EL SALVADOR EN LA REPUBLICA DE COSTA
RICA, PARA ACEPTAR LA CONDECORACION “JUAN MORA
FERNANDEZ, EN EL GRADO DE GRAN CRUZ PLACA DE
PLATA”, QUE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA
RICA LE HA CONFERIDO.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN AUTOBUS, A FAVOR DEL “SEMINARIO
INTRODUCTORIO SANTIAGO APOSTOL”, DE SANTIAGO DE
MARIA, USULUTAN.*
RATIFÍCASE EL ACUERDO SEDE ENTRE EL ENTE OPERADOR
REGIONAL DEL MERCADO DE AMÉRICA CENTRAL Y EL
GOBIERNO DE EL SALVADOR.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO Y LA RIFA DEL MISMO A FAVOR
DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DE LA CIUDAD DE
SAN MIGUEL.*
AUTORÍZASE AL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE
HACIENDA, SUSCRIBIR UN CONTRATO DE PRÉSTAMO,
CON EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN
Y FOMENTO, RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA
FINANCIAR LA EJECUCIÓN DEL “PROGRAMA DE POLÍTICAS
DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL SALVADOR”.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2005, EN LA PARTE QUE CORRESPONDE AL RAMO
DE HACIENDA Y EL PRESUPUESTO ESPECIAL DEL FONDO DE
INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL.*
15 ABR 05 85 367 06 MAY 05
15 ABR 05 88 367 12 MAY 05
15 ABR 05 93 367 23 MAY 05
21 ABR 05 95 367 25 MAY 05
21 ABR 05 94 367 24 MAY 05
27 ABR 05 95 367 25 MAY 05
27 ABR 05 86 367 07 MAY 05
27 ABR 05 99 367 31 MAY 05

Esta edición consta de 1,300 ejemplares
Impreso por la Imprenta Nacional
San Salvador, El Salvador
Enero 2006