EN NOMBRE DE LA LEY - Reporte Indigo

desprotegidos
en nombre de la ley
[No. 102 ] Del 10 al 16 De octubre De 2008

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volver a ver funDaDora
De refugios
Directora De
la asociación
maDre
amenazaDa
abogaDo
índigo • 1 de febrero 2008
1 de febrero
2008 • índigo

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Por Hugo gutiérrez
Es un caso sin precedentes. Una juez de lo Familiar
acudió a Alternativas Pacíficas acompañada de
policías armados para sacar a la directora de esa
asociación civil.
Con policías ministeriales y de Seguridad Pública,
forzó a la titular para que la llevara a un refugio contra víctimas
de violencia intrafamiliar.
Una vez ahí, obligó a la directora de la asociación, María del
Mar Álvarez, a entregar a dos niños que eran atendidos por psicólogos
debido al divorcio de sus padres.
Una asociación civil que durante años ha trabajado con el
Estado para crear los refugios fue violentada con fuerza pública.
Esta organización y sus refugios son protegidos por la ley
para abrigar a las mujeres y a los niños, pero fue víctima del
mismo enemigo contra el que lucha: la violencia.
Para Alicia Leal, fundadora de la organización y de los refugios
en todo el país, fue un ataque premeditado del sistema
de Estado contra una asociación civil que ha presionado para
obtener más recursos que les permitan proteger a quienes han
sido víctimas de violencia intrafamiliar.
En respuesta, Alternativas Pacíficas presentó una denuncia
por privación ilegal de la libertad contra la juez noveno de
esta carta fue firmada por la juez que hizo el operativo.
pero la confidencialidad del refugio ya había sido
violada. al menos una docena de policías estuvo ahí.
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aquí está registrada la hora y la fecha del ingreso de la juez luz maría guerrero Delgado a la oficina de alternativas Pacíficas. De ahí salió con la
directora de la asociación detenida hacia al refugio de víctimas de violencia intrafamiliar.
lo Familiar, Luz María Guerrero Delgado.
La querella fue entregada al Consejo de la
Judicatura.
Y es que Guerrero Delgado ha demostrado
un interés muy especial en el caso de
los dos menores que sacó del refugio.
UN iNterés sospechoso
El secuestro de la directora de la asociación
civil. La violación del acuerdo de
confidencialidad del refugio de mujeres y
niños. La amenaza del Ministerio Público
de desaparecer a los menores. Y todo
esto por un caso de convivencia de padres
divorciados con sus hijos.
El interés de la juez Guerrero Delgado en
este caso no tiene precedente.
El propio presidente del Tribunal Superior
de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero
Gutiérrez, estaba enterado del operativo el
mismo día que sucedió.
Así lo prueba una conversación que
sostuvo con la fundadora de Alternativas
Pacíficas, Alicia Leal, la tarde del 30 de septiembre
pasado.
Y Gustavo Adolfo Guerrero no sólo es
presidente del Tribunal, sino también del
Consejo de la Judicatura, órgano que juzgará
la privación ilegal de la libertad de la
directora de la asociación.
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Foto: Armando Arrambide
mónica alejandra manzo dice que ella y sus
hijos llevan dos años sufriendo amenazas y
agresiones de Javier cano sánchez.
Pareciera que este uso de la fuerza pública
contra Alternativas Pacíficas y dos niños
fue debidamente planeado.
No se justifica este despliegue policial
y judicial en torno a un caso familiar
que sólo busca resolver la convivencia
de los menores con sus padres
divorciados.
Se trata de los hijos de Javier Cano
Sánchez y Mónica Alejandra Manzo Baschwitz.
Por eso es que la asociación civil y
los abogados de la madre consideran
que el asunto no sólo tiene un móvil
legal.
Cano Sánchez y Manzo Baschwitz se
separaron hace dos años. Durante este
tiempo, la señora y su abogado, Ricardo
García Treviño, han sido víctimas
de amenazas por parte de Cano Sánchez.
Incluso, los ha amenazado de muerte.
El abogado García Treviño afirma que el
ex esposo de su cliente le ha dado los nombres
de delincuentes del crimen organizado
que podrían asesinarlo.
Agrega que muchos abogados defienden
los intereses de Cano Sánchez.
Entre ellos están el ex procurador
Rubén Zarazúa Rocha, Juan Gómez Jaime
y Alfonso Martínez Jasso.
García Treviño dice que las amenazas
de muerte han sido proferidas en presencia
de la misma juez Guerrero Delgado,
pero ésta ha negado tomar nota.
FUera de lo Familiar
María del Mar Álvarez estuvo en la oficina
de la juez el 30 de septiembre, cuando realizó
el operativo para privarla de su libertad.
Antes de esa cita, la directora de
Alternativas Pacíficas había tenido
comunicación con la juez porque ésta
había fijado el 26 de septiembre para
reiniciar la convivencia de los niños con
el padre.
Sin embargo, la titular de la asociación
presentó ese día un escrito ante el juzgado
porque no había sido posible que los niños
estuvieran en el lugar debido a cuestiones
de seguridad.
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Esto, porque las amenazas del padre,
Cano Sánchez, ponían en peligro la convivencia.
Luego, el 30 de septiembre, María del
Mar visitó a la juez para conversar sobre
el caso. Pero Guerrero Delgado le dijo que
estaba muy ocupada, así que le pospuso la
cita para las 15:00 horas en las oficinas de
Alternativas.
Sin embargo, la juez llegó con todo un
operativo. Era el argumento legal para
obligar a María del Mar a que los acompañara
y que sacara a los niños del refugio.
Arribó con 15 policías. Ocho entraron
a las oficinas y rodearon de mane-
ra intimidante a la directora de la asociación.
Le dijeron que tenían orden de
detenerla.
Un agente del Ministerio Público le
advirtió que ya sabían dónde estaba el
refugio. Y es que el DIF paga los servicios
del recinto, así que alguien violó el
acuerdo de confidencialidad y proporcionó
a la juez los datos de la ubicación del
lugar.
La juez también le dijo que si no los acompañaba,
“los niños podían perderse en el
camino”.
Ante estas amenazas, María del
Mar accedió. Los policías le prohibie-
ron usar teléfonos celulares y la subieron
a una camioneta, donde siempre
estuvo flanqueada por policías ministeriales.
La llevaron al refugio y ahí obligaron
a las psicólogas y al personal a entregar
a los niños Javier y Alejandro Cano
Manzo, de 11 y 6 años, respectivamente.
La juez Guerrero Delgado llevó policías
ministeriales a un lugar que ha atendido
a unas 60 mil madres e hijos desde hace
años.
Un refugio que ha brindado ayuda
psicológica a esposas e hijos de policías.
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Por eso, mantener en secreto la ubicación
del lugar es importante. Hay maridos
que buscan el lugar para seguir agrediendo
a su familia o para llevarse a los
niños.
Guerrero Delgado arrebató los niños
a la madre sin que ésta haya perdido la
patria potestad.
Todo este operativo con el fin de entregar
a los menores a Cano Sánchez.
La madre de los niños, Manzo Baschwitz,
dice que ambos menores están
en el DIF Nuevo León. Cuenta que ahí,
su hijo de 11 años le preguntó a una
empleada del lugar por qué estaba
ahí.
Y ella le respondió: “porque no quieres
ver a tu papá”. Como si el niño fuera el responsable
de todo lo sucedido.
Tal parece que en este ataque a una
asociación civil y de violación a los acuerdos
de confidencialidad para los refugios,
el Poder Judicial y el Estado pensaron
en todo. Hasta en recurrir a policías con
armas largas.
este es Javier cano sánchez. el abogado
ricardo garcía dice que este hombre los
amenazó de muerte.
Pero no han pensado en los niños,
como lo marca el Artículo 3 de la Convención
de los Derechos del Niño.
por qUé reFUgiarlos eN UNa a.c.
Alicia Leal explica que los ministerios
públicos y muchos jueces civiles familiares
no están capacitados para atender
a víctimas de violencia intrafamiliar.
Cuando sucede una agresión en el
hogar, comúnmente los afectados son la
madre y los hijos.
Salen de la casa en busca de ayuda
y se topan con agentes del Ministerio
Público que los tratan como si fueran
parte acusada. Con el maltrato psicológico
de la agresión, necesitan una terapia
psicológica. Pero son recibidos por
gente educada para investigar, no para
ayudar.
Leal cuenta que llegan con el trauma de
haber sido agredidos en su propio hogar
y permanecen ahí sentados o parados
durante horas, sin tener asesoría legal ni
atención psicológica.
Entonces, en lugar de sentir apoyo, las
víctimas perciben que el propio sistema de
justicia las rechaza.
Muchas veces ocurre lo mismo en
los juzgados civiles de lo Familiar,
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donde madre e hijos no conocen el
lenguaje jurídico, y los defensores
de oficio tampoco están preparados
para lidiar con víctimas de violencia
intrafamiliar.
Es por eso que el sistema de refugios
lo primero que hace es dar terapia a
madres e hijos.
Además, la ubicación de estos albergues
es secreta para que el agresor no
pueda encontrar a sus familiares, ya
que puede lastimarlos, si no físicamente,
al menos psicológicamente. Y los
golpes pueden sanar más rápido que el
daño psicológico.
Perjuicio mental que puede afectar a
un niño a tal grado, que vea la violencia
doméstica como una conducta aceptada.
Y que la admire como el camino
más rápido para conseguir lo que quiere.
En pocas palabras, si ese niño y esa
madre no son tratados con terapia, al
menos el pequeño puede llegar a convertirse
en un delincuente.
Es por eso que Leal defiende el sistema
con el que trabajan en Monterrey y
en los otros 54 refugios del país.
Sin embargo, el gobierno ha reducido
sus aportaciones. Abogadas y psicólogas
que trabajan en los albergues han
desertado porque no ven una mejoría
salarial.
Y es que el personal tampoco puede
recibir prestaciones porque el gobierno
prohíbe a las asociaciones civiles otorgar
ese tipo de beneficios.
En un Monterrey cada vez más violento,
que vive la peor oleada delincuencial
de su historia, esta área de atención
parece haber sido relegada a un segundo
plano.
Como una instancia que no tiene
nada que ver con la seguridad. Mientras,
el gobernador sigue promocionando
su imagen a través de spots televisivos.
si tienes un caso
que quieras comunicar
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reDucen PresuPuestos
alternativas Pacíficas ha encontrado en nuevo León a niños que planean asesinar a su padre porque
vieron y sufrieron la violencia intrafamiliar. ellos pueden convertirse en delincuentes si no reciben
ayuda. pero el estado recorta cada vez más los recursos para que sean atendidos en refugios.
Haz click en las fotos Para ver
abogaDa Psicóloga vÍctima
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Foto: Armando Arrambide
es Problema De saluD Pública
En la batalla contra la delincuencia,
el gobierno ha desatendido
la violencia intrafamiliar,
un problema de salud
pública que genera delincuentes.
En su presupuesto para 2008, tanto
el gobierno federal como el de Nuevo
León asignaron más recursos para la
seguridad, pero disminuyeron las partidas
para las víctimas de violencia intrafamiliar.
Pareciera que no han tomado en
cuenta que asesinos, asaltantes y hasta
secuestradores tuvieron una niñez en
común.
Una educación familiar en la que la
intimidación y el terror a los golpes en
casa les crearon patrones de vida marcados
por la violencia, que es aceptada
como una conducta aceptable.
Y si esos comportamientos familiares
persisten en la sociedad, lo más seguro
es que las actuales generaciones de
niños que conviven con la violencia en su
hogar sean el origen de los criminales
del mañana.
Steve D. Levitt y Stephen Dubner,
autores de “Freakonomics”, tienen la
teoría de que el ex alcalde de Nueva
York, Rudolph Giuliani, y su estrategia
de “cero tolerancia”, no fueron los únicos
factores que ayudaron a reducir la
violencia y la delincuencia en las calles
de la gran manzana.
Ambos consideran que la legalización
del aborto en esa ciudad en los 80 provocó
que miles de niños no nacieran.
Y al no venir al mundo, al no llegar a
ser hijos de parejas que no los deseaban,
se evitó que crecieran en medio de la violencia
intrafamiliar.
Es probable que también se haya evitado
que esos niños fueran lanzados a
las calles para crecer inmersos en vicios
y conflictos.
Por eso, cuando llegó Giuliani a
mediados de los 90 y estuvo al frente de
la alcaldía neoyorquina hasta 2001, tuvo
un factor a su favor.
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Sí, aquellos niños que no nacieron disminuyeron
también el número de adolescentes
y adultos jóvenes con patrones de
conducta violenta.
Gente que hubiera nacido y crecido
en familias donde las agresiones fueran
comúnmente aceptadas.
Por eso en Monterrey, al igual que en
todo el país, es necesario que el gobierno
ataque la delincuencia organizada, pero
también que atienda la violencia intrafamiliar,
este generador de posibles delincuentes.
Desgraciadamente, el gobierno de
Nuevo León y el federal han recortado en
los últimos dos años los presupuestos
asignados a los refugios de víctimas de
violencia intrafamiliar.
cada vez meNos diNero
En los últimos dos años, los gobiernos
estatal y federal han bajado hasta en 30
por ciento las partidas presupuestales que
destinan a los refugios de madres e hijos
que sufren agresiones en el hogar.
Esto sucede justo cuando está aumentando
la cantidad de personas que requieren
atención contra la violencia intrafamiliar.
También en un momento en que a nivel
Foto: Armando Arrambide
federal, la Secretaría de Salud ha hecho
“perdedizos” 140 millones de pesos que
habían sido asignados a los albergues por
la Comisión de Equidad y Género del Congreso
de la Unión.
Para la escritora y periodista Lydia
Cacho, existe toda una estrategia del
gobierno para reducir paulatinamente los
recursos económicos a las organizaciones
civiles.
Explica que esto no sólo afecta a los
refugios para víctimas de violencia intrafamiliar,
sino también a otras asociaciones
civiles.
Alicia Leal, fundadora de la Red de
Refugios para Víctimas de Violencia Intrafamiliar,
afirma que falta mucho apoyo de
parte del gobierno.
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Foto: Armando Arrambide
Esto a pesar de que el sistema adoptado
por los 56 albergues del país es el más eficiente.
Además de estar probado en Francia
y Estados Unidos, ha funcionado en
Monterrey y en las demás sedes.
La también fundadora de Alternativas
Pacíficas cuenta que la organización de los
refugios funciona gracias a la participación
de las agrupaciones civiles y el gobierno.
La cooperación entre ambos entes, el
público y el privado, es fundamental para
que los refugios puedan realizar una tarea
que va más allá de partidos políticos y de
la burocracia.
De hecho, quienes operan el sistema
son las organizaciones civiles.
Pero esto no quiere decir que el gobierno
se desentienda de la obligación de atender
la problemática de la violencia intrafamiliar.
Porque es un asunto público. Porque las
madres y los hijos que son golpeados son
un problema de salud pública.
Y además, los niños que crezcan en
medio de la violencia pueden ser los adolescentes
infractores o los delincuentes
adultos del futuro.
Entonces, también es un problema de
seguridad pública.
Dada la crisis de inseguridad que padecen
Monterrey y el país, la seguridad debe
ser atendida desde todos los frentes.
Pero la reducción presupuestal a los
refugios va acompañada de la indiferencia
de los dos niveles de gobierno.
Tal parece que consideran entes incómodos
a las organizaciones civiles que
operan los albergues.
Además de que les han recortado los
recursos económicos, tampoco atienden
sus requerimientos.
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¿Quién juzgará
a Madero?
Por Ángel PlasCenCia
La Comisión de Justicia responsabiliza a la
Procuraduría. La ley establece ambas instancias, pero
señala claramente que el congreso debe retirar el fuero
a un funcionario para que éste pueda ser citado a
declarar ante el Ministerio Público.

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¿Quién tiene la responsabilidad de juzgar
a Adalberto Madero? Según el presidente
de la Comisión de Justicia del
Congreso, Fernando Kuri, debe ser el
poder judicial.
Según la Constitución Política del Estado de
Nuevo León el Congreso debe desaforarlo para
que el servidor público pueda enfrentar la investigación
ministerial como cualquier ciudadano.
El Artículo 109 de la constitución del estado
establece este recurso como una “acción popular”.
Índigo MTY presentó en su Edición 99, cómo
Adalberto Madero violó la ley al extender una
serie de concesiones de puentes peatonales del
municipio a la empresa Publitop, S.A. de C.V.,
saltándose al Cabildo.
A pesar de que Red Cívica ya presentó las
pruebas al Congreso para iniciar el proceso de
desafuero, éstas ni siquiera han sido analizadas
por el pleno de la Comisión de Justicia.
Todo se entregó por escrito al legislativo. Los
elementos son contundentes y están fundamentados,
cómo se indica que deben presentarse
en el Artículo 109 de la Carta Magna.
Entonces, ¿qué es lo que se necesita para
que la resolución se pase a pleno y sea votada?
Según Fernando Kuri, que la Procuraduría
General de Justicia determine si se incurrió en un ilícito o no.
En el Artículo 112 se establece que el sujeto implicado -en este
caso el alcalde de Monterrey- “quedará a disposición de las autoridades
competentes (la Procuraduría de Justicia) para que actúen con
arreglo a la ley”, pero esto sólo sucederá si “el Congreso declara que
ha lugar a proceder”.
Lo anterior significa que si el Congreso no emite una resolución,
no se puede actuar penalmente en contra de Adalberto Madero.
índigo • 1 de febrero 2008 1 de febrero 2008 • índigo

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Pero miembros de la Comisión de Justicia
como Fernando Kuri y José Manuel
Guajardo no están de acuerdo con esa
interpretación de la ley.
Para ellos es necesario que antes se
determinen responsabilidades en la Procuraduría
para luego solicitar una orden
de aprehensión ante un juez.
Pero en ese supuesto, si un fiscal llama
a declarar a Madero, éste podría ignorarlo
categóricamente porque mientras tenga
fuero no está obligado a rendir su declaración
ministerial.
El vicepresidente de la comisión, el
priista Félix Coronado, al igual que el vocal
panista José Manuel Guajardo, dicen en
entrevista a Índigo MTY que no ha habido
todavía reuniones oficiales entre los
miembros para tratar el caso.
La lupa de red Cívica en el Congreso
El 8 de octubre, integrantes de la asociación
civil Red Cívica se presentaron en
las oficinas del PAN en el edificio del Congreso
local para hablar con los miembros
de la Comisión de Justicia y preguntarles
sobre el seguimiento al caso Madero
desde que entregaron las pruebas.
Salvador Benítez, abogado y vocero de
Red Cívica, dijo que la organización espera
que antes de que finalice el año se resuelva
el caso. Explicó que confía en que no se
vuelva un tema partidista.
La tardanza sólo podría dar lugar a sospechas.
Los cargos ya están en la mesa y
si no se actúa a la brevedad, El PAN y su
mayoría en el Congreso podría negociar
y limitar la justicia contra Madero a una
sanción partidista.
En los últimos días se tomó la resolución
de desintegrar la comisión dentro
del PAN local y turnarla directamente al
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.
El legislativo tendrá que juzgar y de ahí
turnar su resolución al poder judicial. En
manos de los diputados quedará que el
órgano que representa los intereses ciudadanos,
no sea visto como juez y parte en un
caso donde podrían pesar más los intereses
partidistas.
índigo • 1 de febrero 2008 1 de febrero 2008 • índigo

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Vs Madero
La ciudadanía de Nuevo León ya expresó su inconformidad en Facebook.
La red social se ha convertido en el “frente de guerra” de los grupos que acusan
al alcalde regio de corrupto y exigen su desafuero.
Índigo te presenta algunos de ellos.
haz cLick eN Las ímageNes
índigo • 1 de febrero 2008 1 de febrero 2008 • índigo

Lugares CLásiCos
se acerca la edición 87 del Clásico
regiomontano. en La Cabaña
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Tecnológico que, por una u otra causa,
son históricos en el duelo entre
Tigres y rayados.
lacabana@indigomedia.com

Lo peor que hacen los malos, es
obligarnos a dudar de los buenos”.
Jacinto benavente
1866-1954
Dramaturgo español