reseña de jurisprudencia - Colegio de Abogados de Pergamino

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
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Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
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COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
Palabras del Presidente del C.A.P.,
Dr. Guillermo Aiello
Hemos llegado al
segundo ejemplar de
lo que apunta a ser
una serie de publicaciones
de Reseña de
Jurisprudencia del
Colegio de Abogados
de Pergamino,
recopilada en un trabajo conjunto, por
los Institutos de Derecho Laboral, que coordina
la Dra. María I. Lapolla de Aiello
y de Derecho Previsional, que coordina
el Dr. Néstor Adamiec, ambos pertenecientes
a nuestra Area Académica.
En la primera mitad del año 2007, se
desarrolló una profusa actividad Académica,
propiciada por una férrea decisión
del Colegio y llevada adelante en estrecha
colaboración entre el Consejo Directivo
y el Coordinador del Area, Dr.
Ambrosio Bottarini y la Secretaria, Dra.
Alicia Luppi Barbella, adoptando un concepto
de capacitación permanente, con
una proyección a mediano y largo plazo.
Los Institutos de Derecho se encuentran
funcionando a pleno y se han efectuado
charlas y cursos de gran envergadura,
entre los que destacamos el de Fideicomiso
dictado por la Escuela de Graduados
de la Universidad Nacional de
Rosario, previéndose para la segunda
mitad un curso de similares características
de Sociedades y diversas actividades
en coordinación con la UNNOBA.
El presente trabajo, es un reflejo de
parte de la actividad de los institutos, está
destinado a ser una guía para el abogado
del foro local, ya que en él se evidencia
la manera en que los tribunales locales
han aplicado los actuales criterios
jurisprudenciales en el fuero laboral, así
como los principales lineamientos de un
novel Instituto como el de Derecho
Previsional, actividad en la que cada vez
incursionan más letrados.
En el mes de diciembre de 2007 cumplimos
nuestros primeros veinte años de
existencia. Es mucho lo que se ha hecho,
desde la Asociación de Abogados, pasando
por la sede prestada en la planta alta
de la Av. Roca hasta la casa propia de
calle Rivadavia y Pinto, con el edificio que
luego construímos, con cómodas dependencias
que son un orgullo para cualquier
Colegio Profesional y que nos permiten
desarrollar actividades interdisciplinarias,
en coordinación con otras
profesiones, para devolver a la sociedad
algo de lo que nos ha dado.
En éste punto, vale refrescar algunos
de los conceptos vertidos en ocasión del
último día del abogado: “Los Colegios
de Abogados constituyen, por acción
propia u omisión de las instituciones degradadas
de la República, el ámbito donde
se difunden las ideas de aquellos que
no se someten a la veneración de la mera
letra de la ley; adonde naturalmente nos
juntamos a discutir sobre el fin último de
la Justicia. Nuestra profunda formación
humanística es la que favorece que nos
agrupemos en forma casi natural. Y es a
su vez ésa misma formación la que aleja
a ésa agrupación de toda idea de corporación.
Porque un grupo dominado por
la mentalidad corporativa, está asentado
sobre el barro de meras conveniencias
mutuas y carece de una necesaria
comunidad de ideales.“
Vaya un saludo afectuoso para todos
los matriculados y amigos y desearles un
muy feliz día del abogado del año 2007
Dr. Guillermo Aiello · Presidente
Pergamino, Agosto de 2007
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Autoridades:
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COLEGIO DE ABOGADOS DEL
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE PERGAMINO
Presidente: Dr. Guillermo Sergio Aiello
Vice-Presidente 1 o : Dr. Eduardo Oscar Doddi
Vice-Presidente 2 o : Dr. Walter Ariel Giuliani
Secretario: Dr. Carlos Damián Pérez
Pro-Secretario: Dr. Mauricio Davreux
Tesorero: Dr. José Ignacio Maureso
Pro-Tesorero: Dr. Gustavo Abel Marino Aguirre
Vocales Titulares: Dr. Carlos Jorge Capriotti
Dr. Enrique Centron Mieres
Dr. Ernesto V. Di Stilio
Dra. Paola Gimenez
Dr. Marcelo Roberto Risso
Vocales Suplentes: Dra. Araceli E. Vaquer
Dr. Carlos E. Gorordo
Dr. Adalberto R. Zuccarini
Dr. Nicolás Guerrini
Dr. Aníbal Héctor Poracchia
Dr. Gerardo R. Van Becelaere
Delegado a la Caja de Previsión Social:
Titular: Dr. Carlos Vladimiro Sacoski
Suplente: Dr. Guillermo Del Casale
Revisor de Cuentas a la Caja de Previsión Social:
Titular: Dra. Stella Maris Perretta
Suplente: Dra. Juana María de la Fuente
Tribunal de Disciplina:
Presidente: Dr. Enrique Luis Trebino
Vicepresidente: Dra. Norma Volpi de Gorordo
Secretario: Dr. Hugo Luis Balduzzi
Vocales Titulares: Dra. Rosana Margarita Albisini
Dr. Juan Carlos Mery
Vocales Suplentes: Dra. Claudia M. Fumagalli
Dr. Jorge A. Martin
Dr. Luis Patricio Kehoe
Dr. Pedro Antonio Colabella
Dr. Rodolfo Migliaro
Delegado FACA:
Titular: Dr. Ambrosio Luis Bottarini
Suplente: Dra. Nora Elvia Sacoski
Delegados Jornadas Deportivas:
Titular: Dr. Eduardo Doddi
Suplente: Dr. Ignacio Carricart
Area Académica
Director:
Ambrosio Luis Bottarini
Secretaria:
Alicia Luppi Barbella
Instituto de Derecho Comercial:
Zorzi, José
Instituto de Derecho Civil:
Villalba, Horacio
Piaggio, Silvia Nélida
Instituto de Derecho Tributario:
Marino Aguirre, Gustavo
Instituto de Derecho Previsional
y Seguridad Social:
Adamiec, Néstor
Instituto de Derecho Procesal Civil:
Luppi Barbella, Alicia
Instituto de Derecho Consumidor:
Daut, Yanina
Instituto de Derecho Laboral:
Lapolla de Aiello, María
Instituto de Derecho de Familia
y Minoridad:
Conti, Carmen H.
Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal:
Belgrano, José María
Instituto de Derecho Administrativo:
Assaf, Daniel
Métodos Alternativos Resolución Conflictos:
Sacoski, Nora E.
Administración de Justicia:
Mosca, Carlos M. A.
Ateneo de Formación Profesional:
Guerrini, Nicolás
Giménez, Paola
Revista «El Tribuno», Director:
Carlos M. A. Mosca

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
Del Area Académica a los Matriculados
Desde su asunción el actual Consejo Directivo propuso una férrea intención de
jerarquizar el ejercicio profesional mediante la capacitación de sus matriculados
teniendo como premisa el principio de la capacitación continua. Para ello el Area
Académica se reestructuró en su funcionamiento a efectos de cumplir con el objetivo
propuesto por la dirigencia del colegio.
Los diversos Institutos que componen el Área han realizado talleres, conferencias,
seminarios, se ha participado en jornadas y congresos. Este segundo ejemplar de
reseña de Jurisprudencia es el fruto del trabajo de los mismos. Cada uno de los
números tendrá una temática específica y de elaboración del trabajo de cada sección
de especialización.
Además del curso de sociedades que se encuentra en marcha, en este cuatrimestre
se realizarán las Jornadas de Actualización de Derecho de Familia y Sucesiones, con
prestigiosos juristas.
Con motivo de los veinte años de nuestra institución se llevará a cabo en el mes
de noviembre dos importantes eventos, uno con el prestigioso constitucionalista
Dr. Daniel Sabsay y otro con la participación de entidades públicas y privadas donde
abordará un tema de candente actualidad como es la Bioética: aspectos médicos,
científicos, jurídicos y filosóficos.
Como es habitual estamos programando para el año entrante el tercer curso de
iniciación profesional para jóvenes abogados donde se tratarán todos los aspectos
prácticos de las diversas incumbencias profesionales.
Resaltamos que el 7 de septiembre de 2007, realizaremos en nuestra sede el 3º
Encuentro de Áreas Académicas de Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos
Aires, en dicha oportunidad en el marco de acuerdos intercolegiales disertarán
los Dres. Guillermo Aiello, Presidente del Colegio de Abogados de Pergamino sobre
la Escuela Judicial, el Dr. Guillermo Tamarit, Rector de la UNNOBA, sobre articulaciones
entre las universidades y los colegios profesionales, y el Dr. Tomás Hutchinson,
miembros del Comité Académico del CIJUSO, sobre Educación, Universidad y colegios
profesionales.
Por último el Instituto de Derecho Comercial, con el apoyo de los demás integrantes
del Área Académica realizará en el segundo cuatrimestre del año próximo el 3º
Congreso Bonaerense de Derecho Comercial.
Estamos en camino, y con la activa participación de los matriculados lograremos
tener un prestigioso foro, que en definitiva será en beneficio de todos los justiciables.
Área Académica Colegio de Abogados de Pergamino
Alicia Luppi Barbella Ambrosio L. Bottarini
Secretaria Director
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JORNADAS INTENSIVAS DE ACTUALIZACION
DERECHO SUCESORIO y FAMILIA
TEMARIO:
A) REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO:
1.-PRINCIPIOS GENERALES
2.- TEMAS ESPECIALES:
«Normas generales sobre calificación de bienes»
«El asentimiento conyugal requerido por el art. 1277 del Código Civil»
«La manifestación sobre el origen del dinero efectuada en la escritura pública de compra
de un inmueble”
DOCENTE: DR. EDUARDO SAMBRIZZI - (10 horas)
B) DERECHO SUCESORIO PROFUNDIZADO
DOCENTE: Dr. EDUARDO ROVEDA (20 horas)
Sucesiones: Parte General. El patrimonio y la transmisión de los bienes en el C.Civil.
Clases. Entre vivos y mortis causa. Título universal y título singular. Sucesión por causa
de muerte. Concepto y elementos. Fundamento. La sucesión en la persona y la sucesión
en los bienes. Clases. Herencia forzosa, testamentaria y ab-intestato. Pactos sobre herencias
futuras. El legatario de cuota y la nuera viuda. Contenido. Derechos y obligaciones
trasmisibles e intrasmisibles.
Ordenes Sucesorios. Sucesión de los descendientes, ascendientes, cónyuge, nuera viuda,
colaterales y Fisco. Derecho de representación. Sucesión del cónyuge. Separación de
hecho. Efectos sucesorios.
Posesión Hereditaria. Concepto, antecedentes históricos, forma de adquisición, efectos.
Declaratoria de herederos. Procedimiento. Caracteres y efectos. Modificación. Juicio Sucesorio.
Régimen procesal. Proyectos de reforma: la actuación notarial.
Acción de petición de herencia. Heredero Aparente.
Partición. Principio general y casos de indivisión forzosa. Forma. Partición privada, judicial
y mixta. Procedimiento. Efectos. Garantías. Acción de colación. Excepciones a la
partición. Derecho Real de Habitación del cónyuge supérstite.
Legítima. Concepto. Antecedentes históricos. Naturaleza Jurídica. Los legitimarios en
el derecho argentino. Modo de cálculo. Transmisión de bienes a los legitimarios por actos
entre vivos. Régimen del art. 3604 del C.Civil. Alcance de la presunción.
Acciones de Protección de la Legítima. Acción de preterición de herencia. Acciones de
complemento y reducción. Legitimados, condiciones de procedencia, efectos.
Fideicomiso y derecho sucesorio. El fideicomiso constituido por testamento. Antecedentes
romanos y franceses. La propiedad fiduciaria en el Código Civil. La ley 24.441.
Incidencia de las acciones de colación y de protección de la legítima.
TIEMPO DE DURACION: 6 jornadas de 5 horas cada una
DIAS Y HORARIOS DE CLASE: VIERNES de 15 a 20 hs y SABADOS de 8 a 13 hs.
COSTO:
1) Jovenes Abogados: $ 200
2) Matriculados con domicilio fuera de Pergamino: $ 225
3) Matriculados con domicilio en Pergamino: $ 250
4) Abogados no matriculados - Abogados con matricula no activa : $ 300
FECHAS
28 Y 29 DE SETIEMBRE - 5 Y 6 DE OCTUBRE - 25 Y 26 DE OCTUBRE

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
INTRODUCCION
El Instituto de Derecho Laboral y el Instituto de Derecho Previsional y Seguridad
Social del Colegio de Abogados de Pergamino, convocado a realizar una Reseña de
Jurisprudencia en éstas materias específicas, ha entendido que su máxima preocupación
ha de ser que la misma sea útil a los letrados para que puedan recurrir a ella
y resolver las dudas al plantear una demanda o al contestarla, en los asuntos que
hemos considerado más controvertidos.
No escapa a vuestra consideración que si hay rama del Derecho que está en constante
evolución es, precisamente, la materia laboral, en la que no poca influencia
tienen los vaivenes políticos que han sido una constante en nuestro país, lo cual
hace necesaria la permanente actualización.
Más aún después de la sanción de la controvertida Ley de Riesgos del Trabajo, que
ha sufrido como pocas pronunciamientos contradictorios no sólo en los tribunales
inferiores, sino en nuestro Superior Tribunal Nacional y en la Suprema Corte de
Justicia Provincial.
Encontraran muchas referencias a fallos tanto de la Corte Nacional como de la
Provincial, puesto que como los tribunales del trabajo son de instancia única, esos
precedentes son invalorables y se trató en todos los casos de ubicar aquellos en los
que se haya aplicado esa doctrina.
En definitiva se trata de trasmitir experiencias, en el entendimiento que la formación
profesional y la capacitación permanente es una de las metas más importantes
a las que debe aspirar un Colegio de Abogados, influyendo ello también en la formación
de los sentenciantes, porque en definitiva son las dos caras de la misma
moneda.
Y para completar este panorama no podían faltar artículos sobre la etapa posterior
del trabajo, como lo es el régimen jubilatorio.
Sabemos que la Seguridad Social es una realidad dinámica que se expresa a través
de distintas fuentes; se define como un derecho inalienable del hombre que debe
ser satisfecho por la sociedad organizada. Esta no se agota en su finalidad inmediata
sino que, por su estrecha vinculación con las políticas que convergen en el bienestar
general, se convierte en instrumento del desarrollo económico-social y posibilita
la distribución de la renta nacional.
Desde la sanción de la ley 24.241 y con la creación de las A.F.J.P., se produjo la
sanción indiscriminada de una serie de instrucciones dictadas por sus organismos
fiscalizadores y sucesivos decretos que tuvieron como consecuencia la modificación
y ampliación de varios capítulos de la ley señalada precedentemente.
A partir de la publicación de la ley, los trabajadores que no optaban dentro de los
90 días por uno de los dos regímenes (reparto o capitalización), se los consideraba
indecisos y, automáticamente, se los incorporaba a la A.F.J.P. que cobrara la menor
comisión del mercado.
Actualmente, con la sanción de la ley 26.222 ocurre lo contrario. Si bien abre la
posibilidad de la libre elección a ambos regímenes, el trabajador que dentro de los
90 días de ingresado a su trabajo no hace la opción, pasa automáticamente al sistema
de reparto.
Todo este cambio permanente lo demostramos con distintos fallos que publicamos
en nuestra revista, donde el colega podrá apreciar los vaivenes que tiene el
derecho provisional adaptado a la política vigente.
María Isabel Lapolla de Aiello · Néstor Adamiec
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Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
INDICE
Palabras del Presidente del C.A.P., Dr. Guillermo Aiello ........................................... 3
Del Área Académica a los Matriculados .................................................................... 5
Jornadas intensivas de actualización. Derecho sucesorio y familia ......................... 6
Introducción ................................................................................................................ 7
Ley de riesgos de trabajo ........................................................................................... 9
Aplicación de últimas normas laborales .................................................................. 17
Aseguradora ley de riesgos ...................................................................................... 23
Continuación de la ejecución de sentencia a quien
no ha sido condenado en autos............................................................................... 33
Ejecución de sentencia en caso de concursos y quiebras ....................................... 35
Inconstitucionalidad ex oficio .................................................................................. 37
Notificación de sentencia en estrados del tribunal ................................................ 41
Recursos extraordinarios .......................................................................................... 43
Relación laboral profesional médico ....................................................................... 49
Responsabilidad de la persona jurídica y de sus miembros ................................... 55
Responsabilidad en un caso de fideicomiso ............................................................ 57
Solidaridad en el régimen jurídico de la construcción ........................................... 59
Transferencia establecimiento ................................................................................. 61
Tasa de interés- no a la indexación- aplicabilidad ley 24.432 ................................ 63
Tope indemnizatorio en la indemnización por antigüedad .................................. 69
Extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador........................... 71
Invalidez-incapacidad a la afiliación........................................................................ 73
Pensión concubina .................................................................................................... 75
Pensión art. 43 de la ley 18.037 ............................................................................... 77
Reajuste de haberes.................................................................................................. 79
Separación de hecho. Derecho a pensión ............................................................... 81
El Instituto de Derecho Laboral y del Instituto Previsional agradece
a los siguientes profesionales el material aportado:
Grunale, María Fernanda; Lantella, Eduardo ,
Villagra, Mónica del Lujan ; Villanueva, Leonardo.
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LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO
Nota del Instituto: Desde antes de su puesta en vigencia la ley de Riesgos del
Trabajo ha merecido serios reparos sobre su constitucionalidad. El largo transitar
jurisprudencial y los permanentes vaivenes que tanto la Corte Suprema, como la
Suprema Corte Provincial, han recorrido sobre la mayoría de su articulado, nos obligan
a precisar aquellos artículos en que ya podríamos afirmar la cuestión ha sido
definitivamente zanjada, correlacionando cada caso con la doctrina sentada por el
tribunal local.
COMPETENCIA:
-Inconstitucionalidad del art. 46.
Los tribunales provinciales son competentes
para entender en las acciones por
indemnización de daños y perjuicios,
fundada en el Art. 1113 del Código Civil.
Entre la justicia civil y la laboral, la
Suprema Corte de Justicia Provincial ha
dictaminado en una cuestión de competencia,
autos Ac. 68.662 «Alcaraz José
Roberto c/ Fapiquin S.A.» del 30 de septiembre
de 1997 «Que, de conformidad
con reiterada doctrina de esta Corte,
cabe resolver que la demanda por indemnización
de daños y perjuicios que
invoca la existencia de un contrato de
trabajo es de competencia de los Tribunales
del Trabajo de acuerdo a lo dispuesto
por el art. 2 inc. a de la ley
11.653 ( conf. causas Ac 56.524, 56.432,
56.455, todas del 21-VI-94, Ac 56.664, 5-
VII-94 , Ac.56.623, 26-VII-94 entre otras),
no siendo obstáculo para ello el dictado
de la ley 24.557 (su aclaratoria) desde
que no se ha modificado la competencia
señalada» .Jurisprudencia que ha
reiterado en causa “Cardelli Hugo c/
Ente Administrador del Astillero Río Santiago.
Accidente de Trabajo” sent. del
6 de junio de 2001, con expresa mención
de la resolución precitada.
En autos “Quiroga, Juan Eduardo c.
Ciccone Calcográfica S.A. s/ enfermedad
accidente del 23 de abril de 2003, ( voto
del Dr. Hitters) confirmando la sentencia
del tribunal del trabajo interviniente
que declaró la inconstitucionalidad del
art. 46 de la ley 24.557 2 y la citada en
garantía dedujo recurso extraordinario
de inaplicabilidad de ley en el que objeta
dicha declaración.
“Dicho precepto dispone en su primer
párrafo que las resoluciones de las Comisiones
Médicas Provinciales son
recurribles y se deben sustanciar ante el
Juez Federal con competencia en cada
provincia, o ante la Comisión Médica
Central, a opción del trabajador. A su
vez el pronunciamiento que allí surja es
atacable ante la Cámara Federal de la
Seguridad Social. Se trata de un diseño
impugnativo llamado de doble vía
(double trac).
El cuerpo legal bajo análisis no puede
endilgarle competencia federal a estos
temas que deben ser resueltos por la
justicia provincial, ya que estamos en
presencia de conflictos atinentes a la
indemnización de infortunios laborales,
regidos por el derecho común, planteados
entre dos personas generalmente de
derecho privado, no tratándose de ninguno
de los supuestos en los que el art.
75 inc. 12 de la Constitución Nacional le
impone ese tipo de competencia.
Aunque por vía de hipótesis convinié-
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Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
ramos -lo que es discutible- que esta temática
corresponda al ámbito de la seguridad
social y considerando que la
norma supralegal aludida le manda al
Congreso Nacional dictar los códigos...
de trabajo y de seguridad social, no olvidemos
que el precepto añade... «sin
que tales códigos alteren las jurisdicciones
locales».
En consecuencia el citado art. 46 corroe
la Carta Magna del país rotando el
eje de las facultades no delegadas al
gobierno nacional por las provincias, y
de las expresamente reservadas por éstas,
al conferirle competencia federal a
dichas causas, que deben tramitar -como
antes dije- ante los jueces bonaerenses
(arts. 5, 75 inc. 12, 121, 122 y 123 de la
C.N.). Se modifica a través de una norma
de la Nación la ley provincial 11.653,
que le da competencia a los tribunales
del trabajo.
En tal orden de ideas señala la doctrina
que la solución que da la ley «no tiene
otra explicación que no sea la desconfianza
en el Poder Judicial provincial»,
ello así pues este traslado de competencia
no encuentra sustento en norma
alguna de la Constitución Nacional,
si se colige que las A.R.T no son entidades
administrativas nacionales, sino privadas,
con fines de lucro y sometidas al
sistema de las sociedades comerciales; y
además «los dictámenes médicos deben
ser considerados como meros informes
periciales y no como materia central del
juicio» (Kemelmajer de Carlucci, Aída,
«La Ley» sobre riegos del trabajo 24.557,
en Rev. de Derecho Privado y Comunitario,
núm. 15, págs. 265 en adelante).-
La Corte Nacional se ha expedido
oportunamente en relación a cuestiones
de competencia, y en este orden de
ideas ha resuelto -plegándose al dicta-
10
men del Procurador General- que si la
demanda se basa en el derecho común
-y no en la ley 24.557- el pleito debe tramitar
ante la justicia del trabajo
(«Jordán, Antonio V. y otro c Gobierno
de la Ciudad de Bs. As. y otro», del 30-
VI-1998; ídem, «Navarro, Ricardo J. y
otra c. Expreso Becar...», del 16-III-1999).
Competencia cuando el trabajador ha
transitado la vía administrativa:
La Suprema Corte en autos «BORTEL
RICARDO OSCAR C/ PRODUSEM S.A. S/
DAÑOS Y PERJUICIOS” revocando sentencia
del tribunal local que resolvió
“Declararse incompetente para intervenir
en autos por ser el planteo de
inconstitucionalidad interpuesto improcedente.
A cuyos efectos procede el archivo
de las presentes (Art.352 inc.1
C.P.C.)”.
En definitiva se había declarado incompetente
para intervenir en la presente
causa sin abordar el planteo de
inconstitucionalidad de la ley 24.557 en
cuanto consideró que el actor radica una
nueva pretensión sobre un mismo caso,
ya decidido y firme en sede administrativa,
de acuerdo a la ley vigente, aceptada
por él mismo. Por lo tanto -agregó-
no puede ahora repudiarla y solicitar
que se decida sobre su
constitucionalidad sin incurrir en violación
de la cosa juzgada (fs. 193 vta.). El
fallo, en definitiva, se sustentó asimismo
en la doctrina que predica sobre los
efectos vinculantes de los propios actos
anteriores, toda vez que estimó inaceptable
que el accionante hubiera de proponer
el actual reclamo luego de someterse
al trámite de la ley 24.557, aceptando
la plena operatividad de la misma.
Al respecto, denuncia violación de
la jurisprudencia de este Tribunal. (del
fallo de la Suprema Corte)

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Y tal como lo había dicho en el fallo L.
76.481, “Romero, José Antonio contra
Conarco Alambres y Soldaduras S.A. y/o
Boston Compañía Argentina de Seguros
S.A. Accidente de trabajo, despido, etc.”
del 24 de Septiembre de 2003, revocó el
fallo con los siguientes fundamentos:
“ Y ello es así aún cuando el actor
hubiere -como aconteció en el casopercibido
determinadas prestaciones de
parte de la aseguradora de riesgos del
trabajo, con arreglo al régimen de la ley
24.557 toda vez que cuestiona precisamente
el avasallamiento de sus derechos
a través del procedimiento contemplado
en la misma que resultó en el caso
manifiestamente ineficaz aún respecto
de los propios y declarados principales
objetivos propuestos, como lo atinente
a la reparación de los infortunios del
trabajo incluyendo la rehabilitación del
trabajador accidentado, como su
recalificación y recolocación (Mensaje de
elevación de la ley 24.557).
Y EN LOS MISMOS FALLOS INTER-
PRETA LA DOCTINA DE LOS ACTOS
PROPIOS PARA LOS CASOS COMO EL
QUE ESTAMOS TRATANDO.
No pocos cuestionamientos suscita la
delimitación de la “doctrina de los propios
actos” invocada por el tribunal a
quo como fundamento de su decisión,
pero considero que su aplicación no
puede llevar al absurdo de exigir actitudes
heroicas de parte de los trabajadores
accidentados, quienes se verían en
tal tesitura, ante la disyuntiva de aceptar
en el momento mismo del infortunio
las prestaciones que requiera la
atención inmediata de su caso y quedar
de tal modo atrapados en el engranaje
del procedimiento administrativo establecido
obligatoriamente por la Ley de
Riesgos del Trabajo o rechazar desde el
inicio tales prestaciones si es que pretenden
peticionar ante la justicia los
derechos eventualmente afectados.
La aplicación de la doctrina de los propios
actos que constituye indudablemente
“una derivación necesaria e inmediata
del principio general de obrar
con buena fe” (del voto del doctor San
Martín en Ac. 34.713, sent. del 8-IX-1987;
en “Acuerdos y Sentencias”, 1987-III-539
entre otros; L. 68.698, sent. del 18-IV-
2000) requiere una prudencial evaluación
de las circunstancias particulares del
caso en tanto supone el análisis de la
conducta observada por las partes (conf.
causas L. 70.197, sent. del 31-V-2000; L.
72.420, sent. del 16-V-2001). De manera
que la prescindencia del examen que
resulta menester reduce la aplicación de
la doctrina citada a una mera fórmula
instrumental vacía de contenido y por
lo tanto incompatible con un adecuado
servicio de justicia. Cabe por lo demás
extremar la prudencia y razonabilidad
en su invocación a fin de evitar que su
aplicación derive en la obtención de un
resultado disvalioso inconciliable con los
principios que la informan, ni se traduzca
en la exigencia de un comportamiento
que requiera del trabajador actitudes
que van más allá de lo que constituye
la obligación que le impone la ley
24.557 al momento del infortunio.
Por lo tanto y sin perjuicio de la solución
que en definitiva se adopte sobre
la inconstitucionalidad denunciada
como eventualmente respecto de la
contraprestación ya percibida por Romero,
lo cierto es que el tribunal a quo no
puede, sin incurrir en grave denegación
de justicia desprenderse, con invocación
de las propias normas objetadas, de la
tarea jurisdiccional que le incumbe en
el conflicto que le ha sido sometido a
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Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
conocimiento (arts. 1, 2, 47, ley 11.653).”
(Bortel)
“Sin embargo, en mi parecer, es precisamente
esa renuncia implícita que presupone
la doctrina en cuestión la que
en el caso de un trabajador, sujeto de
tutela preferente, resulta irrito en el
ordenamiento constitucional vigente,
conforme sostiene el doctor Negri y ha
señalado esta Corte haciendo suyo su
voto en los autos L. 76.481, «Romero»,
sent. del 24-IX-2003 que conformé [arts.
14 bis de la Constitución nacional y 39
inc. 3 de la local].
Estando en juego la indemnidad del
trabajador, frente a las consecuencias
disvaliosas de un siniestro laboral no se
puede presuponer la existencia de una
especie de «peaje» para entrar al régimen
especial de riesgos del trabajo, cual
sería renunciar tácitamente a impugnar
la validez constitucional de la ley 24.557
que lo sustenta, si el sistema cerrado a
la postre no da respuesta a la garantía
constitucional o la que brinda quiebra
la máxima de la razonabilidad (arts. 19
y 28, Constitución Nacional), causa L.
94.164, «Leal, Carlos Alberto contra
Wernicke, Raúl Néstor y otra. Acc., enf.
acc. civil. Cobro de pesos». Idem
Fernandez Elsa c/ Provincia Aseguradora
de Riesgos del Trabajo s/ Indemnización
por muerte” (Romero).
Inconstitucionalidad del art.39:
Tal vez el art. más controvertido de la
ley que veda al trabajador la vía civil
salvo el supuesto de dolo del
empleador.- «Las prestaciones de esta
ley eximen a los empleadores de toda
responsabilidad civil, frente a sus trabajadores
y a los derechohabientes de éstos,
con la sola excepción de la derivada
del artículo 1072 del Código Civil».-
En un primer momento la Corte Pro-
12
vincial se pronunció por la
inconstitucionalidad del art. 39 en causas
“Cardelli Hugo c/ Ente Administrador
del Astillero Río Santiago L 77503
de Junio/ 2001 y Brito Primitivo c/ Productos
Lipo S.A., sentencias revocadas
por la Corte Nacional, (en su anterior
composición) estableciéndose que debían
adecuarse a lo resuelto en
“Gorosito”, en que se había pronunciado
el 1/2/2001.-declara la
constitutucionalidad del art.39 .- algunos
dicen que según como se interprete
porque en realidad el fallo Gorosito
dice: Que, en virtud de lo precedentemente
expuesto, se advierte que no es
posible predicar en abstracto que el precepto
impugnado en la especie conduzca
inevitablemente a la concesión de reparaciones
menguadas con menoscabo
de derechos de raigambre constitucional.
Consecuentemente, al no haberse
acreditado violación a las garantías que
se dijeron conculcadas, no cabe sino concluir
en la validez constitucional del art.
39 de la ley 24.557.
A partir de allí la Suprema Corte, se
pronunció por la falta de acción del trabajador
para transitar por la vía del derecho
común.
Hasta que se resolvió en Castro c/
Dicasa “en aras de buscar una solución
posible dentro del espectro
interpretativo que brindaba el precedente
a aplicar, se manda a reconducir
la acción la que en adelante no sería por
responsabilidad civil, sino un test de
razonabilidad de la tarifa de la Ley de
Riesgos del Trabajo.
Hasta que llegamos al fallo “AQUINO”
de la Corte Suprema en que se pronuncia
por la inconstitucionalidad del art.39,
fallo que recomendamos leer en su integridad,
por su riqueza y para poder

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
internalizar el derecho laboral.
La interpretación que hace la Suprema
Corte de Justicia Pcial. del fallo
Aquino, es en una causa que tramita
ante el Tribunal del Trabajo local
«Abaca, José contra Cyanamid de Argentina
S.A. y/o Santoro, José Humberto
y/o quien resulte responsable. Daños y
perjuicios» sent.del Superior Tribunal del
7 de marzo de 2005, en la que se interpreta
que en el supuesto de que transitada
la causa resulte insuficiente la reparación
de la Ley de Riesgos, corresponde
declarar la inconstitucionalidad del
art.39.
Conforme la causa citada, el voto de
la Dra. Kogan que hace mayoría dice:
Independientemente de los diversos argumentos
desarrollados en cada uno de
los votos vertidos en la causa «Aquino»,
lo cierto es que en todos ellos se declaró
acreditado que las prestaciones de la
ley 24.557 no reparaban adecuadamente
el daño sufrido por el dependiente
como consecuencia del accidente de trabajo
padecido, lo cual tornaba a la norma
incompatible con el art. 19 de la
Constitución Nacional, que prohibe dañar
los derechos de un tercero y, consecuentemente,
impone la reparación de
los que se produjeran como consecuencia
de la violación de ese deber de no
dañar (conf. consid. 11º, 13º y 14º del
voto de los doctores Petracchi y
Zaffaroni; 6º, 8º y 9º del voto de los doctores
Belluscio y Maqueda; 4º del voto
del doctor Boggiano; 17º y 18º del voto
de la doctora Highton de Nolasco).
De lo expuesto se desprende que aún
cuando podría sostenerse que en el entendimiento
de alguno de los magistrados
del Alto Tribunal la
inconstitucionalidad del art. 39 es de
carácter absoluto y que, consecuente-
mente, no resultaría necesario realizar
comparación alguna entre distintos regímenes
reparatorios para resolver la
cuestión constitucional, no se advierte
una mayoría de opiniones en ese sentido.
Antes bien, de los votos de los doctores
Belluscio, Maqueda y Boggiano
surge nítida la idea de que resulta indispensable
verificar la lesión constitucional
en cada caso concreto para
desactivar la eximición de responsabilidad
civil consagrada en el art. 39 de la
ley 24.557 (ver especialmente consid. 3º,
4º, 5º, 8º y 9º del voto de Belluscio y
Maqueda y, por remisión al anterior,
consid. 4º del voto de Boggiano).
e. Definida entonces la necesidad de
efectuar en cada caso concreto si la norma
bajo análisis resulta compatible con
el art. 19 de la Constitución Nacional,
que prohibe dañar los derechos de un
tercero, resta determinar cuál es el
parámetro que debe utilizarse para verificar
si las prestaciones previstas en la
ley especial reparan adecuadamente el
daño eventualmente padecido por el
dependiente.
f. La Corte Suprema de Justicia ha zanjado
definitivamente esta cuestión en el
caso «Aquino», pues resulta incuestionable
que la comparación o cotejo ha
de llevarse a cabo según los términos de
la extensión del resarcimiento al que la
víctima accedería en el marco del régimen
común de responsabilidad civil
emergente por aplicación de los arts.
1109 y 1113 del Código Civil.
En efecto, teniendo en cuenta que la
ley 24.557 eliminó o desarraigó de los
accidentes o enfermedades laborales el
aludido régimen de responsabilidad establecido
en el Código Civil (cfr. consid.
10º, voto de los jueces Petracchi y
Zaffaroni; 5º, voto de los jueces Belluscio
13

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
y Maqueda; 12º, voto de la jueza
Highton de Nolasco), y que este último
-en tanto reglamenta el deber de no
dañar consagrado en el art. 19 de la
Constitución nacional- expresa un régimen
que regula cualquier disciplina jurídica
(«Fallos», 308:1118), aplicable a
todos los habitantes de la Nación (art.
1, Código Civil), resulta evidente que su
reemplazo por un régimen especial de
responsabilidad sólo puede ser constitucionalmente
válido en tanto el mismo
contenga, como mínimo, análogos
alcances al sistema reparatorio del derecho
común.
g. Finalmente, considero necesario
agregar que, aún cuando corresponde
comprobar en cada caso si el régimen
de la ley 24.557 es compatible con la
Constitución nacional, teniendo en
cuenta que se hallan en juego derechos
humanos fundamentales, de una categoría
de sujetos especialmente tutelada
-como ha sido puesto de manifiesto por
la Corte nacional en «Aquino»- es menester
que los jueces presten especial
atención frente a la posibilidad de que
los trabajadores experimenten menoscabos
en los mismos como consecuencia
de la aplicación del régimen legal
bajo análisis (cfr. consid. 9º del voto de
los ministros Belluscio y Maqueda y, por
remisión, consid. 4º del voto del ministro
Boggiano).
En este sentido, no resulta ocioso recordar
que la ley 24.557 no admite reparación
por ningún otro daño que no
sea la pérdida de capacidad de ganancias
del trabajador, la cual, a su vez, resulta
conmensurable de manera restringida
(conf. consid. 6º del voto de
Petracchi y Zaffaroni; 9º del voto de
Belluscio y Maqueda; 4 del voto de
Boggiano; 11º del voto de Highton de
14
Nolasco). Luego, en caso de verificarse
-en el caso concreto, tras el análisis de
las pruebas conducentes- que algunas
de las facetas del daño resarcible ha
quedado sin reparar, la inconstitucionalidad
del art. 39 de la ley 24.557 ha
de imponerse para garantizar la supremacía
constitucional.
7. En definitiva, por las consideraciones
expuestas, considero que una adecuada
interpretación de los principios y
conclusiones de la causa «Aquino», lleva
necesariamente a establecer que la
declaración de inconstitucionalidad del
art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo
pronunciada en la instancia de grado,
como cuestión previa, constituye un predicamento
en abstracto, como ha sido
sostenido por esta Corte en la causa
«Castro». Ello así pues el tribunal -al resolver
la cuestión constitucional prematuramente,
con anterioridad a la apertura
a prueba de las actuaciones- impidió
que se acreditaran los presupuestos
fácticos indispensables para la eventual
procedencia de la acción civil intentada
y luego, sobre esa base, que se demostrara
la eventual insuficiencia
reparatoria de las prestaciones que
hubiere correspondido percibir al
accionante de conformidad con la ley
especial, presupuestos todos indispensables
para el control de constitucionalidad
de la norma impugnada.
A la inconstitucionalidad del art
14, 2.b (renta períodica declarada por
el Tribunal local en causa “FACCIANO
DIEGO RAMON C/ BALMACEDA S.R.L.
JOSE CARLOS BORRAS Y CEREALES CEN-
TENARIO S.A.( EX JOSE BORRAS S.A.) S/
DAÑOS Y PERJUICIOS”. Estimo que el sistema
de pago fragmentado impide la
fragmentación que se cumpla con la finalidad
reparadora que establece la LRT.

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
Dado su carácter absoluto porque no
hace distinción de personas ni de circunstancias,
puede conducir a resultados
opuestos a los objetivos legales a los
que debe servir y a un apartamiento de
la tendencia a aproximarse a las efectivas
necesidades que experimentan los
damnificados. Reduce las opciones que
permitirían al trabajador reformular su
proyecto de vida debiendo escoger dentro
del marco más estrecho que le impone
la renta, en el presente a todas
luces exigua. Ello vulnera el principio
protectorio consagrado en el art.14 bis
de la Constitución Nacional….”
•••
SENTENCIA DEFINITIVA
Por último cabe agregar que que en
cualquier supuesto se declare la
constitucionalidad o inconstitucionalidad
de la ley de riesgos “ in totum”
o de algunos de sus artículos, y en cualquier
estado del proceso, es sentencia
definitiva y por en pasible de los recursos
extraordinarios previstos por la ley
del fuero (Sup. Corte Ac. 68.925 “Peiro
c/ ESEBA S.A. s/ Enf.acc. Recurso de queja;
Ac. 70708 Estay c/ T.U.Q.S.A s/ Daños
yPerj. Rec. Queja, entre otros.
15

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
16

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
APLICACIÓN DE ULTIMAS NORMAS LABORALES
Durante el transcurso de la historia el
ordenamiento laboral fue receptando
preceptos protectorios fundados en
nuestra Carta Magna.
Así es que dentro del plexo normativo
laboral encontramos la protección
contra el despido arbitrario traducido en
una indemnización por despido
incausadado (Art 245 LCT). Esta normativa
ha sufrido varias modificaciones y
alterado a partir de la sanción de la Ley
25013, la cual a su vez ha sido modificada
por la Ley 25.877 siendo esta la que
rige en la actualidad.
Asimismo y a fin de garantizar la fuente
de trabajo a los empleados el Poder
Legislativo sanciona en el año 1991 la
Ley Nacional de Empleo Nacional, la cual
que prevé sanciones para el caso de falta
o deficiente registración.
Así también como dicha ley tenía carencias
no abarcando todas las situaciones
fácticas posteriormente fue sancionada
la Ley 25323 el día 11 de Octubre
de 2000, comenzando a regir el 20 de
octubre del mismo año.
Como es de público y notorio conocimiento
la crisis económica que atravesó
nuestro país en el año 2001, obligó a
nuestro gobierno a tomar medidas drásticas
sancionando leyes de emergencia
naciendo de esa forma la Ley 25.561, la
cual prevé la suspensión de los despidos
incausados y/o arbitrarios, y en caso de
producirse estos prevé una sanción o
multa.
A continuación pasamos a detallar los
distintos supuestos de las Leyes mencionadas
analizando los distintos pensamientos
doctrinarios y jurisprudencias
actuales.
LAS MULTAS DE LA LEY 24013
A raíz de la situación atravesada por
nuestro país y siendo en su momento la
regla general el trabajo mal llamado “en
Negro” fue sancionada la Ley 24013 a
fin de combatir o disuadir el trabajo o
empleo no registrado.
La ley Nacional de Empleo, tuvo como
objetivo “...fomentar el empleo y atenuar
los efectos de la desocupación, sin
perjuicio de regularizar las situaciones
de empleo no registrado, procurando la
inscripción de todos los trabajadores
dependientes en un sistema único de
registro laboral, para evitar los posibles
fraudes y asegurarle los beneficios de
las leyes sociales.” Julio J. Martínez
Vivot, “ley Nacional de Empleo” Astrea,
1992, Pág.5 .
En su Art. 7º establece que la relación
o contrato de trabajo se entiende registrado
cuando el empleador ha inscripto
al trabajador en el libro especial del Art.
52 de la LCT o en su documentación laboral
que haga sus veces, según los regímenes
jurídicos particulares; o bien en
los registros que la misma ley de empleo
manifiesta.
En el Art. 8 dispone que el empleador
que no registrare una relación laboral
abonara al trabajador afectado una indemnización,
computadas a valores reajustados
de acuerdo a la normativa vigente.
Para que el empleador resulte acreedor
de la multa prevista en la Ley el Art.
11 de la ley 24.013 en el segundo párrafo
establece “...con la intimación el trabajador
deberá indicar la real fecha de
ingreso y las circunstancias verídicas que
permitan calificar a la inscripción como
17

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
defectuosa.....” El cumplimiento de lo
requerido en la intimación dentro del
plazo de los 30 días eximirá al
empleador del pago de la
indemnizaciones previstas.
Por lo tanto y conforme lo establece
la Ley en caso de existir una relación laboral
no registrada o en forma irregular,
el empleado debe intimar al
empleador para que en el plazo de 30
días normalice su situación laboral. Dicha
intimación para que sea válida debe
contener los siguientes requisitos:
a)Debe ser realizada por escrito.
b) Consignar en forma precisa las irregularidades
fácticas.
c)Que se encuentre vigente la relación
laboral.
La Ley 25345 Art. 47 modificó el art.
11 LNE introduciendo un requisito adicional
para la procedencia de las
indemnizaciones que prevé dicha ley,
esto es la COMUNICACIÓN A LA AFIP por
escrito y dentro de las 24 hs de cursada
la intimación al empleador de las irregularidades
fácticas.
El criterio del tribunal de Trabajo N1
del Departamento Judicial de Pergamino
recepta rígidamente este precepto
sosteniendo: ....”En autos se ha probado
que si bien la actora intimó a la demandada,
de acuerdo al art. 11 de la ley
24013, durante la vigencia de la relación
de trabajo para que procediera a su inscripción
(conforme decreto 2526/91 reglamentario
de la Ley 24013), denunciando
en su requerimiento la real fecha
de ingreso, no acreditó haber comunicado
a la Afip su situación no cumpliendo
de este modo con la normativa
del Art.11 inc b ley 24013 (reformado
por la Ley 25345) lo que torna inaplicable
la normativa del art.8 de la misma
Ley, correspondiendo por ende el recha-
18
zo de este pedimento. (Bazan Mirta
Gabriela C/Trillo Libertad estela s/Despido,
etc Expte 34979).
Con este criterio nuestro Tribunal aplica
la multa prevista en la 24013 a los
trabajadores comprendidos en la LCT,
conforme lo dispuesto por el art.1º del
decreto 2725/91 en cuanto aclara que
los trabajadores a los que se refiere el
Capítulo 1 del título 2 de la ley 24013
son los comprendidos en la LCT con excepción
del art.12 de esa Ley que será
aplicable también a los trabajadores regulados
por el régimen Nacional de Trabajo
Agrario.
En consecuencia conforme lo expuesto
quedan expresamente excluidos de
la aplicación de la Ley los trabajadores
regidos por estatutos especiales, criterio
receptado Jurisprudencialmente en
autos “Beron Cecilia C/Trotta Oscar s/
Despido” Expte 32.073 en trámite ante
el Tribunal de Trabajo de Pergamino, “lo
que opera un efecto de exclusión en
orden a la posibilidad de instar su
registración o de beneficiarse con las
indemnizaciones de los art.8 a 15....”
Continuando con el análisis del articulado
de la Ley LNE el art. 15 refiere a
otro supuesto que tiene también como
antecedente la intimación del Art. 11,
esto es cuando el trabajador es despedido
sin causa justificada dentro de los
años de que aquella hubiere sido cursada,
consagrando un derecho a doble
indemnización en tal supuesto.
Y hace extensiva la doble indemnización
en los casos en que el trabajador
hiciere denuncia del mismo fundado en
justa causa, salvo que la causa invocada
no tuviera vinculación con las previstas
en los Art. 8 , 9 y 10 de la ley 24.013, y
que el empleador acreditare de modo
fehaciente que su conducta no ha teni-

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
do por objeto inducir al trabajador a
colocarse en situación de despido. La
norma establece una protección contra
el despido arbitrario protegiendo la continuación
del vínculo laboral.
El criterio anteriormente analizado
(Art11 ley 24013) ha cambiando respecto
al art.15 LNE en virtud del fallo dictado
por la CSJN en autos. “Di Mauro José
Santo c/Ferrocarriles Metropolitanos SA
EL y Otro s/Despido, sosteniendo al respecto
nuestro tribunal que resulta de
mayor equidad modificar en orden al
carácter protectorio que impregna el
derecho laboral (art.9 LCT) ....”habiendo
la trabajadora cumplido: a) Con la
intimación a la empleadora vigente la
relación laboral otorgando en la misma
su fecha real de ingreso, b) habiendo
considerado justificado el auto despido
por la injuria ante la negativa del vinculo,
aún antes de transcurridos los 30 días
que el art. 11 de la Ley 24013 otorga al
empleador para que cumpla con la
resgitración, c) no habiendo probado la
accionada que su conducta no tuvo por
objeto colocar al trabajador su situación
de despido, considero siguiendo los
lineamiento del máximo tribunal respecto
de la comunicación a la AFIP, que se
encuentran cumplidos los extremos exigidos
para otorgar procedencia a la
multa prevista en el art.15 de la Ley
24013..”
INDEMNIZACIONES Arts. 1 y 2º
ley 25.323
El trabajador para conservar su fuente
de trabajo no realizaba la denuncia
referida a la falta o defectuosa registraron
de la relación laboral, reclamando
ello una vez extinguido el vínculo, sin
cumplir en consecuencia con los requisitos
impuestos por la Ley 24013, no
resultando en consecuencia acreedor de
las multas previstas en dicha normativa.
El Legislador a fin de suplir estas
falencias sanciona la Ley 25.323. El Art.
1 duplica el monto de la indemnización
prevista en el Art. 245 de la L.C.T., o 7
de la ley 25.013 para el caso de que la
relación laboral no estuviese registrada
o lo esté en forma deficiente.
La normativa del Art. 2 establece que
cuando el empleador, fehacientemente
intimado por el trabajador, no le
abonare las indemnizaciones previstas
en los Art. 232, 233 y 245 de la L.C.T. 6 y
7 de la ley 25.013, y lo obligare a iniciar
acciones judiciales o cualquier instancia
administrativa de carácter obligatorio
previa para lograr su pago, debe abonar
al trabajador el 50 % de la indemnización
indicadas precedentemente.
Esta normativa a diferencia de lo establecido
por la Ley 24013 establece que
en caso de que la relación laboral no esté
registrada o le esté de modo deficiente,
le otorga derecho al trabajador al pago
de la indemnización prevista en el art. 1
sin necesidad de Intimación previa no
resultando necesario que el vínculo laboral
esté vigente.
Nuestro tribunal otorga amplia procedencia
a los supuestos contemplados
en la normativa, pero exige que la petición
sea discriminada y no global ...”La
mencionada ley establece en dos artículos
distintos supuestos, sobre los cuales
en caso de acreditarse, corresponde
otórgale procedencia. En autos, el modo
en que el accionante introduce el reclamo,
pidiendo una cifra global, sin discriminar,
siendo que la normativa resulta
de aplicación si se demuestran los
presupuestos fácticos que la misma regula,
no solo puede afectar el derecho
de defensa de la contraparte (art.18 CN)
19

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
sino además no permite al sentenciante
juzgar la validez del pedimento (Bazan
Mirta Gabriela c/trillo libertad estela s/
despido), Expte 34.979.-
LEY DE EMERGENCIA 25.561
La normativa a la cual nos estamos
refiriendo suspendió los despidos sin
causa justificada, estableciendo que en
caso de producirse despidos en contravención
a su normativa, los empleadores
deberán abonar a los trabajadores perjudicados
el doble de la indemnización
que le corresponda, de conformidad con
la legislación laboral vigente.
El Art. 246 de la LCT dispone para el
despido indirecto que se aplique las mismas
indemnizaciones que para el despido
incausado, circunstancias que importa
considerar que “la ley pone al trabajador
que denuncia justificadamente
(por injuria del empleador) la relación,
en la misma posición en que aquél se
encuentra en caso de despido arbitrario
por su empleador por eso el uso corriente
y la misma ley habían de aquel
caso de despido indirecto; al trabajador
como si hubiese sido despedido arbitrariamente
por su empleador “ (López,
Centeno, Fernández, Madrid, ley de
Contrato de Trabajo, comentada, t. II,
1268).
Para la aplicación del Art. 16 de la ley
25.561, es requisito previo la existencia
de una situación de despido incausado,
directo o indirecto. ....”En el presente el
despido indirecto alegado por la actora
se estimó justificado y ha generado derecho
a indemnización por lo que aplicando
el mencionado precepto debe
otorgarse procedencia al reclamo de duplicación
de indemnización por despido
con la limitación del 80% impuesta
por el decreto 823/04...” Autos: “Cepeda
Noelia Vanesa c/Lazzari Leandro Osvaldo
20
y Otro s/despido, etc Expte N35.008.-
En necesario manifestar además que
dicha normativa es aplicable también a
los Trabajadores comprendidos en el
Decreto 326/56 Servicio Doméstico criterio
que surge implícitamente en la
causa “Beron Cecilia c/Trotta Oscar s/Despido,
etc, expte 32.073 ...”para la aplicación
del art. 16 de la Ley 25.561 es requisito
previo la existencia de una situación
de despido incausado, directo o
indirecto. En el presente el despido indirecto
alegado por la actora se estima
no configurado, por la que no ha generado
derecho a indemnización alguna y
en ausencia de la situación de despido
corresponde el rechazo del reclamo....”
CERTIFICACION DE SERVICIOS- SAN-
CION POR SU FALTA DE ENTREGA IN-
DEMNIZACION ART. 80 L.C.T.
El empleador una vez extinguido el
vínculo laboral tiene la obligación de
entregarle al trabajador la documentación
laboral necesaria (Certificación de
Servicios). Ante las reiteradas omisiones
de este deber por parte de los
empleadores el plexo normativo establece
una indemnización especial al
efecto.
El legislador ha modificado en reiterado
ocasiones al art.80 de la LCT, finalmente
la Ley 25.345, (publicada el 17/
11/00) dispuso agregar en el último párrafo
del mencionado artículo que...” si
el empleador no hiciera entrega del certificado
dentro de los dos días hábiles
computados a partir del día siguiente al
de la recepción del requerimiento que
a tal efecto le formulara el trabajador
de modo fehaciente, será sancionado
con una indemnización a favor del mismo
que equivaldrá a tres veces la mejor
remuneración normal y habitual

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
percibida por este en el ultimo año o en
el tiempo prestación de servicio si fuere
menor.
El decreto 146/01 reglamentario de
esta norma ha agregado un requisito
más para que proceda la sanción establecida:
“el trabajador quedara habilitado
para remitir el requerimiento fehaciente
a que se hace alusión en el artículo
que se reglamente, cuando el
empleador no hubiese hecho entrega
de las constancias o del certificado...
dentro de los treinta días corridos de
extinguido, por cualquier causa, el contrato
de trabajo.”
•••
Este requisito establecido por la Ley
es exigido por Nuestro Tribunal en forma
estricta sosteniendo que debe transcurrir
30 días corridos desde que se extinguió
la relación laboral por cualquier
motivo, rechazando el reclamo y posterior
indemnización si la intimación no
respeta dicho plazo así lo sostuvo en
autos: “Cepeda Noelia Vanesa c/Lazzari
Leandro Osvaldo y otro s/despido, etc
expte 35008 igual criterio en autos
Bazan Mirta Gabriela c/Trillo Libertad
Estela s/despido”
21

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22

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
ASEGURADORA DE LA LEY DE RIESGOS
La aseguradora de riesgos, que no estaba
ligada por un seguro de responsabilidad
civil ha sido condenada, en la
medida de lo que le hubiere correspondido
abonar por la ley de riesgos.
El Tribunal de Trabajo, así lo ha establecido
en causa “CASTELL HECTOR
ANTONIO C/ NUEVAS CARNES S.A. Y/O
OSCAR FROMAGET Y/O QUIEN RESUL-
TE RESPONSABLE S/ DAÑOS Y PERJUI-
CIOS” Expte No. 30.916 y FACCIANO
DIEGO RAMON C/ BALMACEDA S.R.L. S/
DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte No. 30.96,
entre otros.
Siguiendo la jurisprudencia de nuestro
Superior Tribunal, en causa «Abaca,
José contra Cyanamid de Argentina S.A.
y/o Santoro, José Humberto y/o quien
resulte responsable. Daños y perjuicios»
sent.del 7 de marzo de 2005, publicado
en «La Ley», suplemento especial del
27-IX-2004). Destaco de dicho fallo un
párrafo que ha hecho mayoría “En segundo
término, la solución alcanzada no
acarrea la frustración de los elevados
propósitos de automaticidad y celeridad
del otorgamiento de las prestaciones
perseguidos por la LRT. En efecto, es
manifiesto que del hecho de ser constitucionalmente
inválido que la mentada
prestación de la LRT origine la eximición
de responsabilidad civil del empleador
(art. 39, inc. 1), no se sigue que las Aseguradoras
de Riesgos del Trabajo queden
relevadas de satisfacer las obligaciones
que han contraído en el marco
de la citada ley. De tal suerte, este pronunciamiento
no sólo deja intactos los
mentados propósitos del legislador, sino
que, a la par, posibilita que el empleador
pueda encontrar protección en la me-
dida de su aseguramiento.”
Ya la Suprema Corte Pcial. en fallo
«Castro, Héctor Jesús contra Dycasa S.A.
y otros s/ reparación daños y perjuicios»
- SCBA - 22/10/2003 había establecido
que en lo esencial analizar caso por caso,
test de constitucionalidad mediante, si
las normas de resarcimiento de
infortunios laborales dadas por la ley
24.557 eran razonables o no y de allí en
más, de verificarse que no afectan
constitucionalmente el derecho del demandante,
el daño resarcible será atendido
dentro de los lÍmites del nuevo sistema
por quien resulta obligado a ello,
es decir la Aseguradora de Riesgos del
Trabajo y si, por el contrario, se demuestra
la irrazonabilidad por grave insuficiencia
del valor garantizado por ésta
ley como reparación del infortunio ( a
cargo de la ART), podrá obtener el trabajador
damnificado la diferencia directamente
del patrono.
“Que efectuado aquél cotejo con resultado
negativo a la proposición
impugnativa del régimen especial
incoada por el trabajador, el daño sufrido
será igualmente atendido, en los límites
ya del nuevo sistema por quien
resulta obligada a su pago, a saber, la
Aseguradora de Riesgo del Trabajo
(conf. apartado II, subpunto 6, tercer
párrafo, voto del doctor Salas; apartado
VII, voto del doctor Roncoroni). Es
en esta parcela, por lo expuesto y como
bien señala el doctor de Lázzari en el
apartado 9 de su voto, que la instancia
ordinaria oficiará de cauce para ventilar
un proceso cuyo objeto dejará de ser
el resarcimiento de los daños y perjuicios
con base en el derecho civil, y ad-
23

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
quirirá los contornos prestacionales previstos
en la L.R.T., bien que sustanciado
-conforme la doctrina sentada en la causa
«Quiroga» ya indicada, agrego- en
jurisdicción de los tribunales del trabajo
provinciales “ “Si, por el contrario, del
cotejo a efectuarse en el test de
razonabilidad que practiquen los órganos
judiciales de grado inferior surgiera
comprobada la afectación esencial al
bien jurídico protegido arriba
individualizado, entonces la reparación
podrá obtenerse, conforme a la prueba
rendida, y descontada la incidencia
reparatoria de la porción prestacional
garantizada por el sistema de la L.R.T.,
de quien resultó ser el empleador que
se benefició con el trabajo del dependiente
infortunado (cfr. solución similar
en el art. 39 inc. 4 de la ley). De existir,
pues, una grave insuficiencia en el valor
garantizado por el régimen de la L.R.T.
como reparación, el trabajador que
hubiere logrado acreditarla en el marco
de un proceso con amplitud de debate
y prueba como el diseñado por la
ley 11.653, podrá obtener del patrono
la diferencia del valor, según el quantum
que el Tribunal del Trabajo reputare suficiente
para resguardar los derechos
constitucionales inherentes al bien jurídico
protegido (Arts. 14, 14 bis, 17, 28,
33 y concs., Constitución nacional; doct.
C.S.J.N., Fallos 308:1160).-
ULTIMA JURISPRUDENCIA SOBRE
RESPONSABILIDAD ASEGURADORA
LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO
Nota del Instituto: En el próximo pasado
mes de abril la Corte Suprema Pcial
ha dictado dos fallos-que no dudamos
de calificar como preocupantes y nos
atreveríamos a decir que limitantes –y
que libera de responsabilidad a la ART
24
«Mapfre Aconcagua A.R.T. S.A.» por violación
del principio de congruencia
Y UN FALLO DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA NACIONAL EN QUE SE RE-
CHAZA LA QUEJA PLANTEADA POR QBE
Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.,
EN LA QUE SE RESUELVE SOBRE LA CON-
DENA DE LA MISMA.
Causa L. 82.874, «M. , A. contra
‘Massalin Particulares S.A.’. Despido.
Enfermedad profesional».
A la segunda cuestión planteada, la
señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal del trabajo declaró la
inconstitucionalidad de los arts. 39 y 49
de la ley 24.557 y condenó, en forma
solidaria, a Massalin Particulares S.A. y
a Mapfre Aconcagua Aseguradora de
Riesgos del Trabajo S.A., a pagar al actor
la suma que estableció en concepto
de daños y perjuicios por la incapacidad
derivada de la hipoacusia bilateral que
padece.
En lo que resulta de interés a los fines
del recurso interpuesto, el fundamento
de la responsabilidad atribuida a Mapfre
Aconcagua A.R.T. S.A. radicó en el incumplimiento
de las obligaciones a su
cargo impuestas por la ley 24.557.
Sostuvo así que la Ley de Riesgos del
Trabajo crea un novedoso sistema de
responsabilidades en la que la aseguradora
tiene un rol fundamental de
contralor a fin de evitar que se produzcan
daños al trabajador, por lo cual le
impone el deber de realizar «actividades
permanentes de prevención» y la
carga de «vigilar» el estricto cumplimiento
de las normas de seguridad.
En ese orden de ideas, afirmó que «no
existe prueba alguna por parte de la
aseguradora tendiente a demostrar que
ha cumplido o intentado cumplir con
esta norma, que ha requerido al asegu-

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
rado el cumplimiento de alguna medida
tendiente a evitar este daño o que
ha cumplido con la obligación legal de
denunciar incumplimientos», por lo que
determinó la responsabilidad solidaria
de la empleadora y la Aseguradora de
Riesgos del Trabajo en la producción de
la enfermedad discapacitante que padece
el actor (conf. sentencia a fs. 412
vta./413).
II. Contra este aspecto de la sentencia
se alza Mapfre Aconcagua A.R.T. S.A.
mediante el recuso extraordinario de
inaplicabilidad de ley en el que denuncia
infracción del principio de congruencia y
violación de la doctrina legal que cita.
Sostiene, en lo esencial, que la incongruencia
del fallo se manifiesta en que
tal supuesto incumplimiento no ha sido
imputado por el trabajador en su escrito
de demanda, ni menos aún por la
accionada en su responde, donde solicitó
su citación «en garantía» en virtud
del contrato de afiliación que suscribieran
con los alcances establecidos en la
ley 24.557.
Por otra parte, critica la valoración
probatoria efectuada por el tribunal
para endilgarle la referida responsabilidad,
a la par que alega que no ha existido
incumplimiento legal alguno de su
parte. Asimismo cuestiona la declaración
de inconstitucionalidad de los arts. 39 y
49 de la ley 24.557 y la imposición de
costas.
III. El recurso debe prosperar.
En razón de lo planteado en primer
término por el apelante, debo recordar
que en un precedente similar (causa L.
85.547, «Maldonado», sent. del
14-IV-2004) esta Corte sostuvo el criterio
-que acompañé con mi voto- de revocar
la decisión de grado que
responsabilizó solidariamente a la Ase-
guradora de Riesgos del Trabajo.
1. Con el objeto de precisar las circunstancias
del caso y en especial la conformación
de la traba de la litis, cabe señalar
que el actor demandó -con sustento
en el art. 1113 segunda parte del Código
Civil- la reparación de los daños en
la salud que denunció padecer exclusivamente
a su empleadora (ver a fs. 16
vta.; 34/36), quien al efectuar su responde
afirmó que tal circunstancia fáctica
debía juzgarse conforme a la normativa
de la ley 24.557 (ver a fs. 67 vta./70),
por lo que requirió la citación como tercero
de Mapfre Aconcagua Aseguradora
de Riesgos del Trabajo S.A. en los términos
del art. 94 del Código Procesal
Civil y Comercial y 118 de la ley 17.418
(ver a fs. 72 vta.).
Si bien el tribunal acogió este pedido
disponiendo la citación de la compañía
aseguradora, consideró que la controversia
le era común, por lo que fundó la
decisión en el art. 96 del Código ritual
referido (ver a fs. 75).
A su turno, la Aseguradora de Riesgos
del Trabajo rechazó su citación al proceso,
invocando falta de legitimación
pasiva, al sostener que la cobertura de
la póliza suscripta con la demandada se
encuentra limitada a las prestaciones de
la ley 24.557, no resultando comprensiva
de una reparación civil como la que
pretende el actor (ver a fs. 90 vta./94 vta.).
Cabe señalar que, respecto a esta presentación,
en oportunidad del responde
previsto por el art. 29 de la ley 11.653
la parte actora expresamente manifestó
que «es conveniente tener muy en
cuenta que MAPFRE ha sido traída a juicio
exclusivamente por la demandada,
viéndose esta parte compelida a contestar
la presentación en virtud del traslado
que se le ha corrido» (ver a fs. 113),
25

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
lo cual exhibe y ratifica su desinterés en
la intervención de aquélla en el proceso.
2. Conforme se desprende de los referidos
antecedentes entiendo que, no
obstante las circunstancias procesales en
que fue citada a juicio, el fundamento
de la condena quebrantó claramente el
principio de congruencia al que debe
ceñirse el tribunal (conf. arts. 34 inc. 4º
y 163 inc. 6º, C.P.C.C. y su doctrina).
Efectivamente, no se concretó en la
demanda -ni en la contestación de la
accionada- imputación de conducta alguna
a la Aseguradora de Riesgos del
Trabajo, que determine su responsabilidad
por el incumplimiento de las obligaciones
impuestas por la ley 24.557 y
que el mismo haya devenido en condición
necesaria para generar el daño que
por discapacidad padece M. .
En tal sentido no puede obviarse la
propia manifestación del actor, quien no
sólo no le atribuyó responsabilidad por
el evento dañoso a la Aseguradora de
Riesgos del Trabajo, sino que hasta se
ocupó de señalar que su citación al proceso
-pese a haberse efectuado- no había
sido requerida por su parte.
Por consiguiente, mal pudo valorarse
por parte del tribunal de grado una
eventual falta de cumplimiento de la
compañía aseguradora de los planes de
mejoramiento que la Ley de Riesgos del
Trabajo le impone, puesto que no fue
motivo de controversia.
Deseo recordar que si bien resulta indiscutible
que la citada en los términos
de los arts. 94 y 96 del Código Procesal
Civil y Comercial no reviste el carácter
de accionada, sino que participa en calidad
de tercero de intervención obligada
y que la eventual sentencia en su
contra puede producir los mismos efectos
que sobre los demandados «direc-
26
tos» (conf. causa B. 55.222, sent. del
20-VI-2001), de ello no puede colegirse
en cambio que la referida situación procesal
permita alterar los términos en que
la demanda fue propuesta sin
avasallamiento de la congruencia de la
decisión. La posibilidad de que la sentencia
afecte al tercero como a un litigante
principal, no significa que su actuación
en tales términos desplace la
vigencia y aplicabilidad de las restantes
normas del régimen jurídico, especialmente
en lo que concierne a la preservación
del derecho de defensa y de propiedad,
ambos con jerarquía supralegal
(conf. causa L. 78.925, sent. del
10-IX-2003).
Tiene dicho esta Corte al respecto que
el principio de congruencia importa conducir
el juicio en términos de razonable
equilibrio dentro de la bilateralidad del
contradictorio e importa que la sentencia
se muestre atenta a la pretensión
jurídica que forma el contenido de la
disputa y resulta violado cuando el fallo
valora y decide circunstancias ajenas
a la forma en que ha sido planteado el
reclamo (conf. arts. 18, Const. nac. y 163
inc. 6, C.P.C.C.; conf. causas Ac. 65.396,
sent del 5-IV-2000; Ac. 67.181, sent. del
21-III-2001; L. 71.273 sent. del 4-IV-2001)
de manera que las partes hayan podido
ejercer su plena y oportuna defensa. La
litis determina los límites de los poderes
del juez que debe pronunciarse sobre
todo lo que se reclama y sólo sobre
lo que se pide: el principio iuria novit
curia tiene como límite el de no alterar
la relación procesal (conf. causa L.
46.716, sent. del 26-XI-1996) y se quebranta
el principio de congruencia cuando
no media conformidad entre la sentencia
y el pedimento respecto de la
persona, el objeto o la causa (conf. cau-

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
sa Ac. 65.939, sent. del 18-V-1999).
En definitiva, ni el trabajador al reclamar
ni el empleador al contestar la demanda,
han imputado a la Aseguradora
de Riesgos del Trabajo el incumplimiento
de sus obligaciones en materia
de prevención de riesgos. Consecuentemente
no desplegó la citada como tercero
la defensa en tal aspecto, pues -reitero-
no ha sido objeto de debate el incumplimiento
que el juzgador de grado
le atribuye y que surge por vez primera
vez de la sentencia.
Por su parte, aun cuando se interprete
en sentido amplio la citación en garantía
efectuada por el demandado,
tampoco permite trasponer los términos
en que la misma fue propuesta, indagando
sobre elementos de responsabilidad
autónoma como los que el juzgador
de grado analizó en el caso. Por lo
tanto, el fallo, en este aspecto, excedió
claramente el marco del encuadramiento
legal, habida cuenta que para resolver
de la manera en que lo hizo el tribunal
del trabajo evaluó cuestiones de
hecho que no formaron parte de la estructura
de la litis planteada, por lo que
debe quedar sin efecto.
3. Finalmente, debo dejar en claro que
la solución a la que he arribado de manera
alguna puede llevar a acarrear la
frustración de los elevados propósitos de
automaticidad y celeridad del otorgamiento
de las prestaciones perseguidas
por la ley 24.557.
En efecto, sobre el tema la Corte Suprema
de Justicia de la Nación con fecha
21-IX-2004 en el caso A. 2652
XXXVIII «Recurso de hecho. Aquino,
Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.»
(ver «La Ley», suplemento especial del
27-IX-2004) puntualmente expresó que
las Aseguradoras de Riesgos del Traba-
jo no han de quedar relevadas de satisfacer
las obligaciones que han contraído
en el marco de la Ley de Riesgos del
Trabajo, posibilitando que el empleador
pueda encontrar protección en la medida
de su aseguramiento (conf. consid.
14 del voto de los doctores Petracchi y
Zaffaroni, consid. 11 del voto del doctor
Maqueda).
Cabe recordar que la accionada, para
el supuesto de que se determinara una
incapacidad del actor que le debe ser
indemnizada, requirió la citación de la
Aseguradora de Riesgos del Trabajo con
la que suscribió un «contrato de afiliación»
en los términos de la ley 24.557, a
fin de «hacer frente a las respectivas
prestaciones como obligada directa»
(ver a fs. 72 vta.).
El error de juzgamiento del tribunal
de grado, no ha permitido atender tal
petición de la parte interesada, la que
estimo debe ser considerada teniendo
en mira la existencia del principio de
utilidad de la sentencia, que se vincula
con otro preponderante que es el de
valor eficacia del servicio de justicia que
ha de servir verdaderamente para cumplimentar
el auténtico rol de la jurisdicción
de suprimir los conflictos y lograr
la paz social. El Alto Tribunal de la Nación
ha expresado al respecto que, las
formas a que deben ajustarse los procesos
han de ser expresadas en relación
con el fin último a que estos se enderezan,
o sea a contribuir a la más efectiva
realización del derecho («Fallos»,
306:738, o «La Ley», 1984-D, p. 691, J.
Agrup., caso 5296).
De ahí que resulte necesario precisar
la insuficiencia del régimen prestacional
contenido en la ley 24.557, a la que está
obligada a cumplir la Aseguradora de
Riesgos del Trabajo, para así poder es-
27

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
tar en condiciones de determinar el alcance
con que deberá responder el
empleador por el daño padecido por el
trabajador.
4. En razón de la solución aquí propiciada,
deviene irrelevante el tratamiento
de los restantes agravios vertidos por
el recurrente.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer
lugar al recurso deducido y revocar
la sentencia en cuanto dispuso la condena
solidaria de «Mapfre Aconcagua
A.R.T. S.A.» al pago de la indemnización
que, con sustento en el derecho civil,
estableció por la incapacidad laboral
que sufre el actor, la que deberá quedar
limitada al otorgamiento de las prestaciones
contempladas en la ley especial
de conformidad con lo precedentemente
manifestado (punto III, ap. 3).
Causa L. 85.547, “Maldonado, José
contra Supermercado de las Piedras
S.A. y Mapfre Aconcagua A.R.T. Enfermedad
accidente, daños y perjuicios”.
A la segunda cuestión planteada, el
señor Juez doctor Hitters dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente
consideró que la codemandada “Mapfre
Aconcagua A.R.T. S.A.”, en su carácter
de aseguradora de riesgos del trabajo,
no había dado cumplimiento a las obligaciones
legales que le están impuestas
por los arts. 4º apartados 1 y 4, y 31 apartado
1, inc. “a” de la Ley de Riesgos del
Trabajo, convirtiéndose de tal forma en
copartícipe del incumplimiento del deber
de prevención de riesgos de su afiliado,
por lo que también estimó debía
responder por los daños irrogados por
tales incumplimientos, en los términos
de los arts. 511, 512, 1079, 1109 y
concordantes del Código Civil.
Tuvo en cuenta el sentenciante de gra-
28
do que en el caso concreto de autos, la
aseguradora demandada, pese al total
incumplimiento por parte de la
empleadora de las normas de seguridad
e higiene, no había formulado niguna
observación ni recomendación expresa
relacionada con la entrega de elementos
de seguridad y protección ni con el
cumplimiento de los exámenes médicos
periódicos, como así tampoco que no
hubo ninguna denuncia a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Dispuso también el rechazo de la
excepción de falta de legitimación pasiva
(sent. 1ª cuestión, a fs. 705 vta./707).
II. Contra dicha decisión se alza la aseguradora
de riesgos del trabajo mediante
recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley en el que denuncia
violación de los arts. 44 inc. “d” y 47
de la ley 11.653, 34 inc. 4º y 163 inc. 6º
del Código Procesal Civil y Comercial y
de la doctrina de esta Corte que cita.
1. Alega que el tribunal a quo se extralimitó
en sus facultades decisorias al
introducir cuestiones ajenas y extrañas
a la demanda y a la contestación, vulnerando
el principio de congruencia.
En abono de su postura, señala que
en autos no se alegó una conducta ilícita
contra la aseguradora de riesgos del trabajo
y, consecuentemente, menos aún
tuvo la A.R.T. oportunidad de defenderse
de imputaciones de esta naturaleza
siendo alarmante que fuera del marco
de las cuestiones debatidas en la litis se
tenga por acreditada una conducta civilmente
ilícita de la recurrente, y a partir
de ello se la considere solidariamente
responsable por la reparación de los
daños irrogados al actor.
Señala que la incongruencia y arbitrariedad
del fallo consiste en que el supuesto
incumplimiento de los deberes

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
de seguridad e higiene no fue mencionado
por el actor en su escrito de inicio,
ni menos aún por la empleadora demandada.
Quiere decir -continúa- que ni el trabajador
al reclamar ni el empleador al
contestar la demanda, han imputado a
la aseguradora de riesgos del trabajo el
incumplimiento de sus obligaciones en
materia de prevención de riesgos. Consecuentemente
no desplegó la aseguradora
su defensa en tal aspecto ni ha producido
la prueba correspondiente. Mas
no por una mera omisión, sino porque
no ha sido objeto de debate el incumplimiento
que se le atribuye y que surge
por primera vez de la sentencia de
grado.
Por otra parte afirma que el
accionante no alegó cuál era la norma
incumplida y no demostró que de haberse
cumplimentado la misma, la contingencia
no se habría producido.
Señala el apelante que en caso de haberse
incumplido un deber legal debió
demostrarse la existencia de nexo de
causalidad suficiente en el mismo y las
afecciones reclamadas.
También afirma que no incurrió la aseguradora
en la comisión de un ilícito civil
en los términos del art. 1074 del Código
Civil, como lo pretendió el tribunal
de grado
2. Por último, defiende la validez constitucional
de las normas de la ley 24.557
descalificadas en la sentencia de grado.
III. El recurso debe prosperar.
En razón de lo planteado en primer
término por la quejosa, estimo que debe
revocarse la decisión de grado en cuanto
responsabilizó solidariamente a la
aseguradora de riesgos del trabajo.
a. En efecto, en el escrito de fs. 284/
291 vta. no se denunció incumplimien-
to alguno de la aseguradora de riesgos
del trabajo de las obligaciones impuestas
por el art. 4 de la ley 24.557 ni, obviamente,
se la vinculó con la incapacidad
padecida por Maldonado.
Sólo en forma genérica se señaló que
no se observaron las prescripciones del
decreto 717/1996 y la legislación respecto
de la higiene y seguridad industrial,
tema que -entendió el accionante- competía
a la aseguradora de riesgos del
trabajo, sin esgrimir razón alguna.
b. A su turno contestó, a fs. 318/332,
la codemandada “Mapfre Aconcagua
A.R.T. S.A.” oponiendo excepción de
falta de legitimación pasiva con sustento
en la falta de cumplimiento del procedimiento
de la ley 24.557, en la inexistencia
de póliza con cobertura por responsabilidad
civil, y en la falta de inclusión
de las dolencias en el listado que
prescribe el art. 6 del citado régimen
legal. Negó asimismo las afirmaciones
de la demanda en orden a las circunstancias
del accidente de marzo de 1998,
tareas y dolencias (fs. 322), alegando
que en el marco del derecho civil no
podía ser responsabilizado el
empleador, cuestionando los montos
indemnizatorios pretendidos y defendiendo
la validez constitucional de la ley
24.557.
c. Asiste razón al impugnante en cuanto
afirma que en autos el tribunal incurrió
en violación del principio de congruencia
(arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del
C.P.C.C.).
Efectivamente no se concretó en la
demanda imputación de conducta alguna
a la aseguradora que determine su
responsabilidad por el incumplimiento
de las obligaciones impuestas por la ley
24.557 y que el mismo haya devenido
en condición necesaria para generar la
29

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
incapacidad que padece Maldonado
como consecuencia de las labores desarrolladas
para su empleadora, o del episodio
ocurrido en marzo de 1998 (vered.
4ta. cuestión, a fs. 677/678).
Así, en primer lugar la falta de cumplimiento
de las prescripciones del decreto
717/1996 a la que se alude en demanda
y se recoge en la séptima cuestión
del veredicto, no permite sustentar
imputación de responsabilidad alguna
en tanto el referido cuerpo legal -
como lo señala el recurrente- sólo regula
el procedimiento administrativo ante
las comisiones médicas. Y la genérica
afirmación de incumplimientos de medidas
de higiene y seguridad sin aludir
a qué medida y en qué modo pudo incidir
en la incapacidad del actor, en modo
alguno puede fundamentar la responsabilidad
de la aseguradora.
Por consiguiente mal pudo merituarse
por parte del tribunal del trabajo una
eventual falta de control del cumplimiento
de los planes de mejoramiento, puesto
que no fue motivo de controversia.
Así cabe reiterar que frente a la ausencia
de una concreta impugnación, no
pudo el tribunal de grado condenar en
forma solidaria a la recurrente por no
cumplir con lo dispuesto por los arts. 4
aps. 1 y 4, y 31 ap. 1 inc. “a” de la ley
24.557 a partir de los incumplimientos de
la empleadora, puesto que en modo alguno
la aseguradora codemandada
pudo orientar su defensa en tal sentido.
Al respecto es oportuno recordar lo
dicho por este Tribunal en el sentido que
el principio de congruencia importa conducir
el juicio en términos de razonable
equilibrio dentro de la bilateralidad del
contradictorio e importa que la sentencia
se muestre atenta a la pretensión
jurídica que forma el contenido de la
30
disputa y resulta violado cuando el fallo
valora y decide circunstancias ajenas
a la forma en que ha sido planteado el
reclamo (conf. arts. 18, Constitución
nacional y 163 inc. 6°, Código Procesal
Civil y Comercial; causas Ac. 65.396, sent.
del 5-IV-2000; Ac. 67.181, sent. del 21-
III-2001; L. 71.273, sent. del 4-IV-2001)
de manera que las partes hayan podido
ejercer su plena y oportuna defensa.
Razón por la cual el fallo de grado
debe revocarse.
d. Atento lo precedentemente expuesto,
no corresponde la consideración del
restante planteo.
IV. Por lo expuesto, debe hacerse lugar
al recurso extraordinario traído y
revocar la sentencia en cuanto dispuso
condenar en forma solidaria a “Mapfre
A.R.T. S.A.” (arts. 47, ley 11.653 y 163
inc. 6°, C.P.C.C.).
FALLO DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION: B. 915. XLII.
Recurso de Hecho. «Busto, Juan Alberto
c/ QBE Aseguradora de Riesgos
del Trabajo S.A.»
ANTECEDENTES: la Sala VII de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo
confirmó en lo principal la sentencia
de primera instancia que había hecho
lugar al reclamo por accidente fundado
en el derecho común y, en lo que
al caso concierne, condenó solidariamente
a QBE Aseguradora de Riesgos
del Trabajo S.A. Contra dicho pronunciamiento
la aseguradora vencida interpuso
el recurso extraordinario cuya denegación
motivó la queja en examen.
La Cámara había dicho que el recurrente
no había efectuado una crítica
idónea respecto del incumplimiento de
los deberes de control que le incumbían,
pues el peritaje técnico, que no fue objetado,
daba cuenta de la inobservan-

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
cia en que incurrió al momento de
implementar un plan de mejoramiento
y contralor de las condiciones de trabajo,
por lo cual debía responder con arreglo
a lo dispuesto por los Artículos 512,
1074 y concordantes del Código Civil.
Y decidió que la omisión de la aseguradora
de riesgos del trabajo es, por
sí sola, suficiente para generar su responsabilidad
civil, y da por sentada la
existencia de un nexo adecuado de
causalidad.
A su turno el juez de primera instancia
la había responsabilizado en el enriquecimiento
que importó el haber percibido
la póliza y el daño ocasionado al
empleador que contrató el seguro y ha
solicitado ser mantenido indemne.
La sentencia cuya queja se rechaza
contó con la opinión en disidencia del
Dr. Lorenzetti.
-Esta Corte ha señalado con vigor que
la protección del trabajador y la igualdad
constitucional no pueden ser limitadas
de modo que el derecho se frustre,
y por esta razón es que se declaró la
inconstitucionalidad del Artículo 39.1 de
la ley de riesgos del trabajo y se habilitó
la acción civil (causa «Aquino» Fallos:
327:3753). Pero una vez que se opta por
esa acción, debe aplicarse el régimen del
Código Civil y no es admisible la acumulación
de un sistema basado en la seguridad
social con uno civil, en distintos
aspectos y según convenga en el caso.
El derecho vigente no permite esa vía y
la misma tampoco es razonable al fracturar
todo esquema de previsibilidad.
Que en el ejercicio de la acción civil el
actor debe probar los presupuestos de
la misma, que incluyen tanto el acto ilí-
•••
cito, la imputación, así como el nexo
causal con el daño. En el derecho civil
vigente se requiere la demostración de
un nexo adecuado de causalidad entre
la omisión y el daño, lo que, si bien puede
ser motivo de una amplia interpretación,
no puede ser ignorado, ya que
nadie puede ser juzgado conforme a
criterios que no sean los de la ley.
Que la regla mencionada es consistente
con el precedente de esta Corte
«Rivero» Fallos: 325:3265. En la mencionada
decisión se trató de un caso que
guarda analogía con el sub judice. La
alzada, al revocar la sentencia de primera
instancia, rechazó la demanda dirigida
contra «MAPFRE Aconcagua ART
S.A.» por considerar, en sustancia, que
el incumplimiento por parte de la aseguradora
de las obligaciones y cargas en
materia de prevención y vigilancia y la
omisión de efectuar recomendaciones -
en ese caso acerca del uso de cinturón
de seguridad- no alcanzaban para
responsabilizarla, toda vez que el siniestro
había ocurrido por causas eminentemente
físicas que no se hubieran evitado
con el despliegue de actividad cuya
falta se reprochaba. Máxime, cuando no
tenía el deber de vigilar cotidianamente
la labor durante toda la jornada, ni instruir
sobre el modo de realizarla careciendo
de la potestad de impedirlas en
hipótesis de riesgo. Como se observa, en
aquellas actuaciones se debatía el punto
primordial de la presente litis, esto
es, la responsabilidad de las aseguradoras
de riesgos del trabajo por el deficiente
ejercicio del deber de control en materia
de higiene y seguridad.
31

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
32

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
CONTINUACION DE LA EJECUCION DE SENTENCIA
A QUIEN NO HA SIDO CONDENADO EN AUTOS
Nota del Instituto: Autos: TELLAGO-
RRI JUAN ERNESTO C/ COOPERATIVA
AGRICOLA GANADERA LTDA DE SALTO
S/DESPIDO”
Antecedentes: en el proceso de ejecución
de sentencia al ordenarse la recaudación
diaria de un Supermercado ,
tarea a realizar por un perito contador,
este informa que el titular del establecimiento
es otra persona jurídica.-
Se resuelve:
“IV Adviértase que en el domicilio
donde se ha dado traslado de la demanda
y cursado todas las notificaciones que
procedían en el domicilio real, Rivadavia
117 de Salto- aparece funcionando otra
persona distinta , como lo es la Asociación
Mutual de Socios y Adherentes de
la Cooperativa de Ramallo.
El informe municipal refiere que en
dicho domicilio estaba habilitada la
Cooperatva Agrícola Ganadera de Salto
desde el 6 de diciembre de 1996 y que
•••
el 1 de febrero de 2000 al realizar la
transferencia con la Asociación Mutual,
automáticamente se dio la baja del contribuyente
anterior.-( fs. 480).
V) Respecto del crédito del ejecutante
cabe decir si ha habido transferencia
de fondo de comercio, ello presupone
dar cumplimiento en forma acabada con
las formalidades que prescribe la ley
11.867 y entre ellas es la de llevar conocimiento
de los acreedores y terceros,
es decir la publicación del acto.
-En el caso teniendo en cuenta el prolongado
trámite de ejecución y que no
ha demostrado la condenada atisbo de
voluntad de pago, no es admisible en
ésta instancia procesal, cuando se pretende
una medida cautelar más efectiva, que
intente eludir sus responsabilidades.
VI) Ello así corresponde continuar con
la medida ordenada-recaudación sobre
fondos-por no resultar la transferencia de
fondo de comercio oponible al actor.-“
33

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
34

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
EJECUCION DE SENTENCIA
EN CASO DE CONCURSOS Y QUIEBRAS
Nota del Instituto: A partir de la última
modificación de la ley de Concursos
y Quiebras la sentencia en que se condena
a la empleadora en concurso o
quiebra corresponde se continúe ejecutando
en el Tribunal del Trabajo.-Antecedentes
del caso autos Autos: FAVA,
RODOLFO c/ CLINICA CENTRO S.A. s/
despido, se hizo lugar a la demanda.-
Como la empleadora estaba en concurso,
la parte actora inicio incidente de
pronto pago en dicho concurso.-Declarado
procedente inició en el mismo Juzgado
Civil No. 2 el proceso de ejecución
en Autos: FAVA, Rodolfo c/ CLINICA
CENTRO S.A. S/ Ejecución de Sentencia
.- Expte. nº 58.280
En el se resolvio : AUTOS Y VISTOS:
De la lectura y documentación acompañada,
surge que en autos se persigue
el cobro de una acreencia laboral - declarada
de pronto pago - , por la vía de
ejecución de sentencia.
El título, base de la ejecución lo constituye
la sentencia dic tada por el Tribunal
Laboral y de conformidad a lo dispuesto
por el art. 6 inc. 1 del CPC., resulta
competente para su tratamiento
el Tribunal del proceso principal.
En el relato de inicio, la parte adjudica
•••
la competencia del Suscripto para entender
en función de lo normado por el art.
57 y cc. de la Ley Concursal ( fs. 39 vta.).
Empero - conforme los arts. 21, 132 y
133 de la ley 24.522 en su actual redacción
( textos sustituidos por los arts. 4º,
7º y 8º, ley 26.086, respectivamente ) -
quedan excluidos de la suspensión y
atracción producida por la apertura del
concurso preventivo o el decreto de
quiebra los procesos de conocimiento en
trámite y los juicios laborales, y aquellos
en los que el concursado o fallido
sea parte de un litis consorcio pasivo
necesario, en cuyo caso, corresponde
que dichos juicios prosigan ante el tribunal
de su radicación originaria.
Que dicha situación de excepción se
encuentra configurada en estos obrados,
- cuya naturaleza incidental lo hace
accesorio del principal - y por ello, en
orden a lo dispuesto por el art. 9 º de la
ley 26.086, corresponde remitir las presentes
actuaciones a sus efectos, al Tribunal
de Trabajo de este Departamento
Judicial.
Recibidos los autos por el Tribunal del
Trabajo, se libró sin más el mandamiento
ejecutivo.-
35

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
36

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
INCONSTITUCIONALIDAD-EX-OFICIO
Declarada en causa: Facciano Diego
Ramón c/ Balmaceda S.R.L., José Carlos
Borras y Cereales Centenario S.A. (ex
José Carlos Borras S.A.) s/ Daños y Perjuicios”
causa No. 30.965, sent. del 29
de agosto de 2006, en que se declaró la
inconstitucionalidad de oficio del art. 14
2 b de la ley 24.557 que dispone una
renta periódica, por entenderse que el
pago fragmentado impide que se cumpla
la finalidad reparadora que establece
la ART.-y controvierte el Art. 14 bis
de la C.N.
…y siguiendo los lineamientos expuesto
por éste cuerpo en los autos “De Miguel
María y otros c/ San Sebastián sentencia
S.A.C.I.F.I.A. Y A. s/ Despido” expediente
No. 32.833, Sentencia del 30
de junio de 2005 que se encuentra firma
y los lineamientos de la SCBA a partir
del fallo “ Zaniratto, Mabel B. c/ Dirección
General de Escuelas” L. 83781 ,
Sentencia del 22/12/04, está abierta para
el juzgador la facultad de examinar la
razonabilidad de aquellas normas que,
prima facie y conforme las circunstancias
fácticas de cada caso, pueden aparecer
repugnantes a nuestra Carta Fundamental,
aún de oficio. La doctrina ha
tenido respecto del tema distintos criterios:
a) Los que abogaron por la declaración
a pedido e parte (autores como
Joaquín Gonzáles, Carlos Sánchez
Viamonte, Segundo V. Linares Quintana)
corriente a la que suscribió la Corte
Suprema de la Nación hasta el año 1941;
b) La posición particular de Bielsa y
Padilla, que admitieron el control de
oficio cuando se trata de cuestiones de
orden público y la negaron cuando mediaba
en el pleito un asunto de índole
particular; c) La doctrina mayoritaria,
que se muestra favorable a reconocer a
los jueces dicha facultad, entre los que
se encuentran German Bidart Campos,
Augusto V. Morello, Juan C. Hitters, entre
otros doctrinarios.-.Se llega así al
caso “ Mill de Pereyra” sent.el 27 de septiembre
de 2001, de la C.S.J.N. el que
incorpora valiosos fundamentos que
abonan que abonan la posición de admitir
el control constitucional Y para
esclarecer el tema es dable considerar
la opinión de los Dres arlos S.Fayt y Augusto
C. Bellucio quienes replicando la
posición tradicional de otros ministros
de la Corte sobre el control de
constitucionalidad afirmar:”…Que si la
atribución de declarar la
inconstitucionalidad de las normas no
es en si negada, carece d consistencia
sostener que el avance sobre los otros
poderes no se produce cuando media
petición de parte y si cuando no la
hay…acotando el Dr.Boggiano “ … que
la declaración de inconstitucionalidad
de FICI no implica el avasallamiento del
Poder Judicial sobre los demás poderes,
pues dicha tarea no es de la esencia
de aquel, siendo una de sus funciones
específicas la de controlar la
constitucionalidad de la actividad desarrollada
por los poderes Ejecutivo y Legislativo
, a fin de mantener la supremacía
de la Constitución Nacional.-
Y no hay menoscabo del derecho de
defensa en juicio de las partes toda vez
que circunscribiéndonos a las cuestiones
de hecho planteadas, aplicamos el derecho
y controlamos su concordancia
con la Constitución Nacional, ello asó
efectuar el control de Constituciona-
37

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
lidad de una norma no significa fallar “
extra petita”, ni soslayar el principio de
congruencia”.-
Nota del Instituto:
La Corte Suprema de Justicia Provincial,
ha modificado su jurisprudencia sobre
el tema puesto se ha pronunciado
por la declaración de inconstitucionalidad
ex oficio, antes de ello el
voto del Sr.Juez doctor Ghione, era en
minoría expresado en causas P.
39.149 sent. del 29-IX-92; L.31.912;
L.32.116; L.32.748; L.33.261, sents. del 6-
VII-84; D.J.B.A.,t.128 nº9743 y 9744,
sents. del 4-II-85 y 5-II-85; P.33.842, sent.
del 1-XI-88- que amerita se recuerde .
Dentro de los límites en que se haya
trabado la litis los jueces tienen la obligación
jurídica de declarar la
inconstitucionalidad de las normas incompatibles
con la Constitución aunque
las partes no lo hubieran solicitado
expresamente. Tal declaración producirá
efectos, como es obvio, en el caso
concreto.
La doctrina contraria impondría a los
tribunales, mediando el silencio de las
partes, la aplicación de las leyes que
establecieran aduanas y ejércitos privados,
o prohibieran peticionar a las
autoridades, o consagran la esclavitud,
o implantaran títulos de nobleza
o la confiscación general de establecieran
aduanas y ejércitos privados, o prohibieran
peticionar a las autoridades,
o consagran la esclavitud , o implantaran
títulos de nobleza o la confiscación
general de bienes o la pena de
muerte por causas políticas o el tormento
como medio de interrogatorio
judicial o la aplicación de penas sin juicio
ni ley previos.
Pero nada de ello es posible, ya que la
Constitución encabeza el sistema jurí-
38
dico desde dentro y no desde fuera del
mismo. Consecuentemente, la sentencia
judicial debe asegurar el imperio de
la Constitución con independencia de
la voluntad de las partes. Sin perjuicio,
claro está, de las renuncias y demás comportamientos
de los litigantes que, a
su vez, tengan suficiente apoyo en la
propia Constitución.
Cuando el juzgador parece aplicar una
o varias normas determinadas en realidad
lo hace con el sistema jurídico como
tal. Entender que cada norma vive con
independencia del ordenamiento implicaría
negar la sistematicidad del derecho;
y dejar sin fundamento no sólo la
validez formal sino también el contenido
de las normas particulares, que resultan
de las que le son jerárquicamente
superiores, hasta llegar a la Constitución.
Y si las normas constitucionales
condicionan la materia de las de menor
jerarquía, es ontológicamente inadecuado
el intento de separar aquellas
de éstas. Siendo el ordenamiento
jurídico un sistema, la aplicación de la
norma particular sólo es concebible en
función de su armonía con las superiores
y si, por el contrario, ambos niveles
estuvieran en conflicto, el sistema impondría
el predominio de las de mayor
jerarquía. Porque para reconocer efectos
jurídicos a una norma inconstitucional
sería indispensable atribuirle un
fundamento superior también incompatible
con la Constitución el que, en consecuencia,
debería hallarse fuera del sistema
jurídico y en conflicto con éste, de
modo que así negaría el ordenamiento
mismo.
Lo antedicho evidencia que la mera
voluntad de las partes no puede corregir
la incompatibilidad de una norma no
constitucional con la fundamental, pri-

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
mera y mayor resultante de la voluntad
colectiva. Y que, en consecuencia,
los pronunciamientos judiciales no
pueden aplicar la ley sin asegurar, al
mismo tiempo, la preeminencia de la
Constitución.
Si el derecho es un sistema en el que
las normas de menor jerarquía se nutren
de las superiores no se advierte
cómo podría practicarse un corte horizontal
del ordenamiento inmedia-
•••
tamente por debajo de la Constitución
de modo que, ante el silencio de
las partes, los jueces resultaren aplicando
el en lugar de formularse la
cuestión como referida a si puede declararse
la inconstitucionalidad de leyes,
decretos, etc. sin petición de parte,
debería planteársela en términos
de si pueden las partes obligar a los
jueces a aplicar normas incompatibles
con la Constitución.-
39

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
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COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
NOTIFICACION DE SENTENCIA EN
LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL
Nota del Instituto:
Antecedentes: causa CASTELL HECTOR
ANTONIO C/ NUEVAS CARNES S.A Y
OSCAR FROMAGET Y/O QUIEN RESUL-
TE RESPONSABLE S/ INDEMNIZACIÓN
DESPIDO, ETC; Expte No. 31.589.- demandado
en rebeldía, se pidió notificación
en los estrados, de la sentencia dictada
en autos.La presidencia no hizo
lugar, planteándose revocatoria con alegación
de lo resuelto por la Suprema
Corte en autos Barbosa de Lamonega,
Elina contra Soc.Militar Seguros de Vida
.Cobro de Australes” del 19 de octubre
de 1993.-El tribunal resolvió
1) Hacer lugar a la revocatoria interpuesta
por el actor a fs. 136 y notificar
la sentencia dictada en autos en los
estrados del tribunal por cédula .- ( S.C.
Bs. As. Ac. 47.769 Subira de Brugnerotto
c/ Autelli de Pracilio del 27/04/93 CC0001
SM 50.182, RSD-228 -3; Maurino, Alberto
Luis, Notificaciones Procesales, 2o. ed.
Astrea , arts. 40,59,62 ccds. y su doctrina
del C.P.C.C. Y 16 Y 63 LEY 11.653-
•••
Que en los autos de la Suprema Corte
precitados se resuelve que y con referencia
de los autos Ac.35.347 res.del 10-
IX-85; Ac. 44.745. sent. del 5-XI-91 y
46.336 en autos “ Barbosa de Lamonega,
Elina contra Soc.Militar Seguros de Vida
.Cobro de Australes” del 19 de octubre
de 1993, “Cierto que hay precedentes
de otros tribunales en el sentido que
pregona el recurrente, pero la interpretación
en ellos realizados distorsiona el
texto legal al incorporarle una excepción
que el mismo no contiene. Por lo
tanto , si la parte tiene constituido domicilio
en los estrados del juzgado o tribunal
, allí le serán notificadas, en la
forma dispuesta por el art.133 del Código
procesal Civil y Comercial, las resoluciones
judiciales sobrevivientes incluyendo
la sentencia definitiva ( art 41 y 42
cod. cit.; conf.doc.causas Ac.35.347, res.
Del 10-IX-85; Ac. 44.745, sent.del 5-XI-
91) Como ha sido dicho, no cabe confundir
la forma con el lugar en que ella
debe practicarse.-“
41

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
42

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
RECURSOS EXTRAORDINARIOS
El recurso es en su esencia una facultad,
un derecho subjetivo del litigante.
Es un derecho, no un deber, que en algunos
casos puede transformarse en
obligación pero del mandatario o del legitimado
procesal.
Sabido es que los Tribunales del Trabajo
de la Pcia son de instancia única,
basados en tres principios esenciales:
oralidad, inmediación y concentración
de la prueba.
Atento a lo cual únicamente cabe contra
las sentencias definitivas -o las resoluciones
que se entiende como tales –
los recursos extraordinarios que prevé
el Art.55 y 56 de la ley 11.653, ante la
Corte Suprema Corte de Justicia Provincial,
con apoyatura en el Art. 161, secc.
VI, cap.II., de la Constitución Pcial. No
es por ende una segunda instancia.
Sabido es que éstos recursos son:
a)-Recurso de Nulidad Extraordinaria
(Art.278 a 297 C.P.C.).b)-
Recurso de Inconstitucionalidad
(299 a 303 C.P.C.).c)-
Recurso de Inaplicabilidad de ley
(Art.296 a 298 C.P.C.)
Los he mencionado en éste orden por
cuanto los dos primeros están
circunscriptos a condiciones muy acotadas,
en cambio el tercero tiene mayor
amplitud, cuyo objeto es mantener la
uniformidad de la jurisprudencia, por lo
cual puede considerarse como un verdadero
recurso de casación. En el cual
la Suprema Corte se aboca -en principio-solo
a cuestiones de derecho, quedando
fuera de consideración las cuestiones
de hecho, no da lugar a la revisión
de cuestiones de hecho, ni a un examen
y revalorización de las probanzas
allegadas al proceso.
Tienen en común que los tres recursos:
A)-tienen un triple control de
admisibilidad, el que realiza el tribunal
de trabajo al plantearse, el que realiza
la Secretaria de Actuación de la Corte al
llegar los autos y el que realiza la propia
Corte antes de su tratamiento, por
lo que ha dicho que no es obice para
rechazar su tratamiento el haberse puesto
a autos para resolverlo. Igual plazo
de interposición -diez días- que no se extiende
por aclaratoria rechazada.-Y que
no se pueden plantear promiscuamente
puesto que sus fundamentos son diversos.
B) Que debe tratarse de sentencia definitiva,
cuyo concepto en extenso no
es el caso de tratar en éste trabajo, y
que en principio se vincula con el efecto
de cancelar vías hábiles para lograr
la reparación de un derecho lesionado,
pues mientras la cuestión pueda renovarse
en otro juicio, o en otra oportunidad
procesal, no hay razón para concederlo.-He
manifestado en principio
puesto que se trata de un concepto
amorfo que depende en definitiva del
contenido cambiante y variado que le
va otorgando la jurisprudencia de la
Corte Pcial.-
Y en común los dos primeros que no
importa el valor del litigio.-
Por el contrario en el de
Inaplicabilidad de ley el valor del litigio
tiene que superar determinada suma, en
el caso $ 25.000. -
Monto mínimo que debe ser alcanzado
por cada actor, salvo en el caso de
“litis consorcio” en que basta que sea
procedente para uno, al menos de los
43

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
actores o demandados y versen sobre
similares puntos litigiosos.-
O que se trate del desalojo del trabajador,
o de cuestiones de valor indeterminado
o insusceptibles de apreciación
pecuniaria o que contraríe la doctrina
de la Corte Suprema de Justicia a la fecha
en que se dictó aquel.- Siendo solo
la doctrina legal de la Corte Provincial
la que da lugar a la excepción.-
RECURSO DE NULIDAD EXTRAORDI-
NARIA: sólo puede fundarse
a)- en la omisión de cuestiones esenciales,
no de cualquier cuestión que se
haya omitido sino que ésta debe ser
esencial, es decir cuando se trata de una
cuestión que puede resultar determinante
en la suerte final del pleito ( SCBA
L 71.939 S 8-6-1999), las que están constituidas
por temas de cuya decisión depende
la suerte final del pleito, los restantes
pueden subsanarse en la instancia
de grado mediante los remedios procésales
pertinentes (Art.166 inc.2 C.P.C.)
(SCBA L 65 770 S 9-2-1999) cuando el
juzgador ha excluido el tema por descuido,
pero no cuando la materia aparece
desplazada por el razonamiento
expuesto en la sentencia ( SCBA Ac.
74.224 I 15-8-99) no constituyendo cuestión
esencial en los términos del Art.168
Const. Pcial, los argumentos desarrollados
por las partes en apoyo de sus pretensiones,
o la falta de consideración de
un escrito, o cuando se expresa en sentencia
que la cuestión no puede o no
debe ser tratada( SCBA Ac.68935 I 12-5-
1998).b)
que el pronunciamiento carezca
de la debida fundamentación legal
(Art.168 y 171 de la Constitución Provincial).-
Es necesario que el fallo carezca
por completo de cita legal (SCBA L
63212 S 26-10-99) otras veces se ha re-
44
suelto que aunque falte la cita no procede
el recurso si a pesar de haberse
omitido resulta palmario en que disposición
se funda.c)
cuando falta el voto individual de
los jueces o no concurre mayoría de opiniones.-
No por la indebida constitución
del Tribunal.- Debiendo ser dictado por
los tres jueces que hayan estado presente
en la vista de causa.-Y por lo menos
dos de esos jueces, deben haber coincidido
en los hechos y en el derecho aplicable.-
No habiendo descalificación alguna
por el voto de adhesión.-
Por ende son ajena a su ámbito las
cuestiones relativas a la presunta existencia
de demasía decisoria o de decisión
ultra petitio toda vez que en su hipótesis,
configuraría una infracción a
normas procésales, subsanable por vía
del recurso de inaplicabilidad de ley.
(SCBA, Ac 71.302 S 23-3-2000).-O los presuntos
errores de juzgamiento (SCBA
Ac.73101 S 15-12-1999).-Le son ajenos
también los presupuestos errores en la
apreciación de la prueba y los agravios
concernientes a pretensos menoscabos
constitucionales ( SCBA L 45836 S 4-6-
1991).-O el que pretenda controvertir el
acierto jurídico de la decisión adversa
(SCBA Ac.73.467 S 15-12-1999).- O la invocación
de normas constitucionales
Nacionales o Provinciales ( SCBA L 64635
S 3-3-98) O el fraccionamiento de la vista
de causa y el muy distante posterior
dictado del veredicto.-( L 58.941 S 12-8-
97) o la arbitrariedad, ya que constituyen
una eventual infracción a la labor
axiológica del sentenciante (SCBA
Ac.73646 I 16-2-1999)
Debe tenerse en cuenta que cuando
la Suprema Corte declara la nulidad de
oficio de los fallos judiciales ejerce una
facultad que le es privativa y cuando

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
concurren los presupuestos señalados en
los Art.156 y 159 de la Constitución Provincial
viéndose impedida de conocer
cabalmente del recurso extraordinario
de inaplicabilidad de ley.-No cabe pues
que esto integre ningún pedido.-Es un instituto
distinto al recurso extraordinario de
nulidad ( SCBA L 58465 S 28-10-97).-
El RECURSO EXTRAORDINARIO DE
INCONSTITUCIONALIDAD: se abre en el
único supuesto en que en la instancia
ordinaria se haya controvertido y decidido
la constitucionalidad de leyes, decretos,
ordenanzas o reglamentos provinciales
confrontados con normas de la
Constitución local.-No constituye pues
ámbito adecuado para dilucidar presuntas
infracciones a la Constitución Nacional,
ya que su marco de referencia
está dado exclusiva y excluyentemente
por la Carta Provincial.
“Para que se disponga la apertura de
la competencia de la Suprema Corte por
vía del recurso extraordinario de
inconstitucionalidad, es preciso que la
parte interesada haya planteado el caso
constitucional oportunamente en el juicio
y que exista decisión del juzgador
de grado en contra de la pretensión del
apelante ( Conf. Doc. Art. 299, C.P.C.C.)”
( SCBA L 41189 S 27-3-90, L 55503 S del
14-11-95, L 55996 S 5-7-96 entre otros).-
Como se advierte estos dos recursos
están limitados a condiciones muy específicas.-
En cambio en el RECURSO EXTRAOR-
DINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY:
depende su procedencia de la demostración
por parte del recurrente-carga
específica-de que la sentencia haya violado
o aplicado erróneamente la ley o
la doctrina legal.-
El supuesto de violación de la ley se
produce cuando el juzgador ignora la
existencia de una norma vigente o considera
una que no está vigente o que
no lo ha estado nunca.-
Y la errónea interpretación se produce
cuando admitida la existencia y validez
de la norma, se interpreta erróneamente
en su alcance general y abstracto.-
También se puede invocar el absurdo
o arbitrariedad, en la apreciación de la
prueba para poder penetrar en el ámbito
de las cuestiones de hecho ajenas
por cierto a la casación.-Se trata de un
remedio último y excepcional y al decir
de Ibañez Frochman la Corte local descubrió
que solo podría prevalecer su
conciencia sobre los jueces de los hechos,
imputándolos absurdos
Cuando la Suprema Corte casa la sentencia
de un tribunal, lo hace con una
casación positiva, es decir dicta una nueva
sentencia de acuerdo con la ley o
doctrina que declara aplicable.-En cambio
en el de nulidad extraordinaria anula
la sentencia y la reenvía para un nuevo
dictado por jueces hábiles, es decir
que no hayan intervenido en la sentencia
anulada.-
Pero éste recurso tiene dos vallas infranqueables:
el valor del litigio y él
deposito previo.-
VALOR DEL LITIGIO
Si el valor del litigio no supera los $
25.000 no hay recurso.-Pero esa suma es
nada más que de capital, porque no
entran los intereses.-Y si hay varios actores
por lo menos uno de ellos deben
haber alcanzado dicha suma.-Y si por
efecto del litis consorcio el pleito resulta
de monto considerable y ninguno de
los actores alcanza esa suma, no hay recurso.-
Y es así que trabajadores y
empleadores serán privados de los recursos
y sometidos al juzgamiento por
45

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
una instancia verdaderamente única,
con todo el riesgo que ello comporta
para unos y otros.-
Y aunque ello se ha considerado constitucional
por la Corte Provincial, no
encuentro respuesta válida, que autorice
a considerar que porque la sentencia
condene a un capital de 24.500 o que
porque se haya rechazado un monto
reclamado de ese valor no puede
recurrirse una sentencia injusta.-
Y si se pudiese llegar a entender que
los recursos extraordinarios no están
para los pleitos de menos cuantía, contestaría
que el monto resulta excesivo.
La exclusión de los “pleitos pobre “
(como los llamaba un antiguo profesor
de derecho el Dr. Manuel Ibáñez
Frochman –ya citado-en su “Tratado de
los recursos en el proceso civil” desconoce
la finalidad de alta política que
persigue el Estado mediante la casación:
la uniformidad del derecho.-Y como en
nuestro país todos somos iguales ante
la ley, según la Constitución Nacional y
las provinciales, no nos parece constitucionalmente
válida la restricción que
comentamos, basadas en diferencia de
fortuna.-
DEPOSITO PREVIO:
El Art. 56 de la ley 11653 establece que
en caso de sentencia condenatoria, los
recursos extraordinarios previstos en la
Constitución Provincial se concederán
únicamente previo deposito de capital
e intereses y costas con la sola excepción
de los honorarios de los profesionales
representantes o patrocinen a la
parte recurrente.-Deposito que no será
exigible en los casos de quiebra o concurso
civil del demandado declarado
judicialmente y a su vez el tribunal podrá
autorizar a pedido de parte, que se
sustituya la cantidad en dinero que
46
correspondiere depositar por su equivalente
en títulos valores de la Nación o
de la provincia que quedarán depositados
bancariamente a la orden del mencionado
Tribunal, a las resultas del juicio.-
La Suprema Corte de Justicia Provincial
se ha pronunciado invariablemente
por la constitucionalidad de éste requisito
por estimar que no conculca derechos
o garantías constitucionales pues
constituye una razonable medida
precautoria impuesta en el interés colectivo
comprometido y de la celeridad
procesal sin mengua de la defensa en
juicio ni de la igualdad de las partes en
el litigio y a rechazado sistemáticamente
los recursos de queja ante la
no-concesión del recurso por los tribunales
del trabajo por falta de depósito.-
En algún momento se alegó un choque
jurídico entre el depósito previo y
la Convención Americana de los Derechos
Humanos suscripta en San José de
Costa Rica el 22 de noviembre de 1979,
aprobada por ley 23.054 e incorporada
a la Constitución Nacional con motivo
de la reforma de 1949, que establece
que toda persona tiene derecho a ser
oída con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable por un juez o tribunal
competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad
a la ley, criterio rechazado por la Suprema
Corte, señalando que de ninguna
manera se ha violado ello, con la exigencia
del depósito previo ( SCBA, 27-8-
91 “Cofaloza c/ Provincia de Buenos Aires”).
-
Y si bien es un requisito que data de
la vieja ley 5178 que en su art.57 prescribía
que la sentencia condenatoria se
concederán únicamente previo deposito
integro del capital, intereses y cos-

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
tas, la Suprema Corte Pcial autorizaba
la caución juratoria si se llega a mejor
fortuna, tanto al actor como al demandado
, con referencia al trabajador en
“For.Atl” , VII-28-1955, in re “Baranow
c/ Antip”: y al empleador en fallo
37.237en La Ley, julio 1955.-
Cabe recordar que si se hiciere un depósito
insuficiente no cabe rechazar el
recurso sino intimar a que se
contemplete.-
Pero ésta exigencia conculca o no derechos
constitucionales,?.-
Seguiré al Dr. Vazquez en el fallo
TROCHE quien nos dice que resultan
inconstitucionales al subordinar la posibilidad
de revisión de un fallo judicial a
la existencia de un depósito previo, toda
vez que afectan directivas insertas en el
Preámbulo de nuestra Carta Magna que
buscan afianzar la justicia al que corresponde
se ajusten tanto las leyes de forma
como las de forma, resultando inadmisible
que la procedencia de los recursos
judiciales pueda estar subordinados
a tal exigencia .- Que el acceso a la justicia
, natural derivación del derecho de
defensa en juicio , encierra una potestad
que se desarrolla en varios y sucesivos
momentos, a saber: derecho de acceder
al órgano jurisdiccional, de deducir
las pretensiones, de producir las pruebas,
de obtener un pronunciamiento
justo y, por ello, de recurrir aquel que
no lo sea ante instancias superiores.- El
servicio de justicia debe ser irrestricto.-
•••
Pero también se ha dicho que la defensa
en juicio impone una instancia
judicial, por lo menos cuando se trata
de controversia entre particulares y no
requiere la existencia de una doble instancia
judicial (Bidart Campos “Tratado
elemental de derecho constitucional
Argentino“ t.I p.442).-
Ahora bien, como compatibilizamos
éstos principios y al mismo tiempo que
no se convierta la Suprema Corte de Justicia
Provincial en una segunda instancia,
contrario al sistema de instancia
única, o que siendo en la mayoría de los
casos prestaciones de carácter
alimentario se procuren sin un real motivo
y con el sólo propósito de demorar
el pago de éste tipo de deudas.
Flexibilizando el sistema o bien adoptando
el del C.P.C. que parece más razonable,
más justo y más respetuoso de los
intereses económicos en juego o para
hipótesis especiales que deberán demostrarse
en cada caso ( Poclava Lafuente,
Juan” Recursos. Depósito previo. Excepciones.-La
Ley 1998-B-,776), es decir en
aquellos casos tal requisito ocasionaría
un perjuicio irreparable a la entidad
deudora, lo que lesionaría el derecho de
defensa (Sanatorio Otamendi y Miroli
S.A. sent. del 14-5-95 DT 1996-A-319.-
Corte Suprema)-
Por último , cabe recordar que se exige
la constitución de domicilio legal en
la ciudad de La Plata.-
47

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
48

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
RELACION LABORAL-PROFESIONAL MEDICO
Nota del Instituto: La Corte Suprema
en fallo reciente-Farini Duggan,Hector
Jorge c/ Swiss Medical Group S.A.-Recurso
de Hecho se ha pronunciado sobre
una cuestión muy debatida teóricamente
en el sentido de considerar aplicable
a las relaciones profesionales el art.23
de la L.C.T. al revocar la sentencia de la
la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo (Sala VIII),quien había rechazado
la demanda del profesional médico
con sustento en que el actor dirigía una
organización empresaria en los términos
del artículo 5° de la Ley de Contrato
de Trabajo (L.C.T.) y revocó la sentencia
de la anterior instancia que condenó a
la demandada a pagarle diversos rubros
laborales, entre otros, la indemnización
por despido y distintas multas de la Ley
Nacional de Empleo, así como a entregarle
el certificado de trabajo (v. fs. 952/
978).
Para así decidir, tras afirmar que la
controversia no giraba en torno de las
cuestiones de hecho planteadas, sino
sobre el significado asignado por el a
quo a la presunción del artículo 23 LCT,
las conductas de las partes y el rol del
pretensor en el modelo de contrato legislado,
explicó que aquélla operaba
cuando, no obstante verificarse la prestación
de servicios personales en el marco
de una organización empresaria ajena,
subsistía la indefinición sobre la existencia
del vínculo de empleo y, también,
en los supuestos en que se habían utilizado
figuras no laborales. Dejando de
lado su opinión referente a que, en principio,
tal presunción no opera cuando
el trabajador es un profesional universitario
y toda consideración teórica,
con_cluyó que el accionante, de hecho,
dirigía una organización empresaria
dotada de medios personales, materiales
e inmate_riales (art. 5°, LCT)-
La Corte Suprema al revocar el fallo
menciona que en causa G. 1531, L.
XXXVIII, con base en la doctrina de la
arbitrariedad, revocó la sentencia que
entendió inexistente el vínculo de empleo
entre un odontólogo y una obra
social, no obstante haber valorado, entre
otros puntos, el mantenimiento de
consultorio propio, fungibilidad de la
prestación; su contexto jurídico ley n°
23.660 y sistema de retribución por
cápita, variable mensualmente, pues
aquel pronunciamiento había prescindido
de considerar los agravios referidos
a la exclusividad y extre_mos temporales
de la atención de los pacientes, que
aunados al régimen remunerativo y de
contralor, juzgó a la par de otros conducentes
para determinar la existencia
de una sub_ordinación jurídica laboral
(v. ítem IV del dictamen del Ministerio
Público al que remite el fallo).
El Tribunal local en causa TAMER
HUGO EDUARDO C/ MONSANTO DE
ARGENTINA S.A. s/ despido, etc”
como en muchos otros, aplicó el mentado
art.23 de la L.C.T.
“Comenzaré por tener en cuenta que
el art.23 de la L.C.T. establece que « el
hecho de la prestación de servicios hace
presumir la existencia de un contrato de
trabajo, salvo que por las circunstancias,
las relaciones o causas que lo motiven
se demuestre lo contrario...Y si bien el
texto no califica la « prestación de servicios»
ni la ubica circunstancialmente
no cabe duda que presupone que se
49

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
refiere a servicios «prestados en relación
de dependencia y para « o en favor
de un tercero» Así lo ha dicho nuestra
Suprema Corte:Si bien es cierto que
la prestaci{on de servicios hace presumir
la existencia de un contrato de trabajo
no lo es menos que el art.23 de la
LCT se refiere a aquellos servicios prestados
en relación de dependencia” ( L
33320 S 21/9/84 y L 48193 S 8/9/92 entre
otros).
Ahora bien comenzare por analizar las
características de la relación de carácter
laboral. Y resulta en principio decisivo
de la misma la dependencia, tanto para
distinguir al trabajador en el sentido
del derecho del trabajo , de otros “ trabajadores
que precisamente a causa de
la falta de dependencia no se hallan
comprendido en este derecho ( autónomos)
como para diferenciar la relación
laboral de otras relaciones jurídicas
como la locación de servicios o de obra
del derecho común.-
Cabe recordar en este supuesto lo que
ha dicho la S.C.B.A.“…para resolver la
situación jurídica del profesional médico
que presta servicios en un establecimiento
es imprescindible tener en cuenta
los elementos de hecho presentes en
cada caso. Tales que aún permitiendo el
tránsito entre una típica relación de
dependencia hasta el libre ejercicio profesional,
se atraviesan zonas intermedias
en las que resulta desbrozar y despejar
con nitidez los perfiles que definan la
configuración del vínculo jurídico existente
entre las partes” L 50.579 S 8-6-
93, L 77.443 23-5-03)
Y entrando en el análisis del concepto
dependencia, el mismo comprende la
jurídica ( también personal o jerárquica)
económica( social) y técnica. Esta úl-
50
tima es muy relativa, según la categoría
del trabajador.
La dependencia jurídica personal consiste
en que el patrón puede dirigir el
trabajo del trabajador, en cuanto a tiempo,
modo, cantidad, etc-Este se somete
al plan y organización del trabajo ajenos,
renunciando a su dependencia. Hay
un “ patrono” que asume cierta superioridad
jerárquica dentro de la organización
de la empresa, aún teniendo en
cuenta las tareas o capacidades específicas
del trabajador.-Ahora bien, para
que tal dependencia pueda llegar a concretarse
debe haber una relación de cierta
duración ( estabilidad) entre las partes
ya que cuando las ejecuciones es única
e instantánea esta no se configura.
La dependencia económica consiste en
que el trabajador se realiza en servicio
de la empresa, esto por cuenta ajena .No
al trabajador existe en el trabajador fines
de lucro ( especulativos limitándose
a recibir una remuneración aunque en
el monto de la misma pueda influir elementos
vinculados al éxito económico
de la empresa. Es igualmente importante
el hecho que al trabajador le faltan
los bienes económicos adecuados para
ejecutar los bienes económicos adecuados
para ejecutar el trabajo por cuenta
propia ,quien solo dispone de su potencial
de trabajo ( Conf.Tratado Práctico
de derecho del trabajo Ernesto
Krotoschin -Vol I pag 98 y sstes).-
En cuantos hechos fácticos se había
dado por acreditado que concurría a la
sede de la empresa tres veces por semana
a una de las plantas de la accionada
y dos a otra. Que realizaba el control
médico del persona, que atendía en un
consultorio instalado al efecto en la misma
planta, solo a personal de la accionada,
que hacía los exámenes pero y

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
pos ocupacionales, controlaba la vacunación
y ausentismo de los trabajadores,
que viajaba a otras localidades y
provincias donde había planta de la misma,
que percibía una remuneración
mensual por los servicios que prestaba,
pese a que se facturaba y retenía impuestos,
que recibía órdenes sobre el
personal al cual prestaba servicios, lo
comisionaba para el control sanitario del
personal contratado para cosechas.-“
La jurisprudencia mencionada upsupra,
va de suyo que es aplicable a cualquier
profesional, que se desempeñe en
relación de dependencia.- FALLOS SCBA
relación de dependencia y profesión laboral.-
Relación laboral subordinada. Dependencia
jurídica, técnica y económica.-
Fallos Suprema Corte de Justicia
a) En autos: “BAMBILL WASHINGTON
C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
EDIFICIOS DE RENTA Y PROPIEDAD HO-
RIZONTAL DE LA REPUBLICA ARGENTI-
NA S/ ANTIGÜEDAD” la SCBA el día 03
de septiembre de 1991, fallo 47477 dijo:
“ …Asiste razón al recurrente en
cuanto a que con tal apreciación de las
cláusulas contractuales el tribunal a quo
incurrió en absurdo quebrantando el
art. 44 inc e del dec ley 7718/71, máxime
cuando las conclusiones señaladas a
las que atribuyó relevancia preponderante
no descartan por si la existencia
de una vinculación laboral entre las
partes…Va de suyo entonces que el tribunal
de origen equivocó el camino a
seguir para desentrañar la verdadera
naturaleza de la vinculación habida al
dirigir su análisis fundamentalmente a
las cláusula s escritas del contrato y no a
las reales circunstancias en que la relación
se desarrolló con independencias
de la calificación otorgada por las partes
Ahora bien , introducidos en la tarea
de desentrañar la naturaleza de la
vinculación existente entre el actor
Bambill con la Obra Social demandada
considero que las circunstancias objetivas
que resultan de la causa demuestran
la existencia de una relación laboral
subordinada que no logra desvirtuarse
por las circunstancias evaluadas por
el tribunal de origen.…El médico
accionante desempeñaba sus tareas diaria
y personalmente –circunstancias no
negadas- si bien sin sujeción horaria –
hecho al que ya se hizo referencia- resultando
en consecuencia definitorio
que Bambill pusiera diariamente su
fuerza de trabajo a disposición de la
entidad demandada en el ámbito físico
de esta última cumpliendo la jornada
que requerían las labores a ejecutar ,
debiendo destacarse que no surge de
autos cuánto tiempo le requería además
la visita y control de los afiliado
internados función también encomendada
al accionante…Como corolario de
lo expuesto , surge acreditada en mi
opinión la configuración de la subordinación
jurídica y técnica de Bambill a la
a la Obra Social accionada, caracterizada
por la posibilidad de esta última de
impartir órdenes e instrucciones sustituyendo
la voluntad o la libre disposición
de l trabajador que tiene la correlativa
obligación de acatarlas (conf. Causas L
33454 sent del 18/IX/84; L 38258 sent del
26/XI/ 87) aunque de hecho tal facultad
no se ejerza o se encuentre atenuada
por el carácter profesional del dependiente
y de la función encomendada. Sin
perjuicio de lo expuesto corresponde
indicar que el accionante recibía directivas
relativas al desempeño de sus labores,
por lo que aunque morigerada
51

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
aparece también verificada la subordinación
técnica que tipifica la relación
laboral. Finalmente medió en el caso
subordinación económica, desde que la
remuneración del médico reclamante,
aunque bajo la denominación de honorario
fue abonada en forma fija y mensual
por la demandada –remitida desde
la central- respetando por igual el incremento
de las retribuciones del personal
administrativo de la
entidad…Corresponde en ese sentido
aclarar asimismo que los derechos que
la ley laboral consagra son
irrenunciables para el trabajador y que
cualquier modalidad contractual que
tienda a encubrir la verdadera naturaleza
de la relación o a desconocer o a
suprimir los derechos previstos por aquella
deben reputarse nula, rigiendo en tal
caso las normas de la ley de contrato de
trabajo (arts. 12,13,14 LCT).-
b) En autos: “PONCE JOSEFINA C/ INS-
TITUTO MEDICO TRAUMATOLOGICO SA
S/ DESPIDO ” la SCBA el día 16 de agosto
de 2006, en el fallo Nro. 81266 dijo:
Del Voto en mayoría del Dr Soria: “La
existencia de vínculo de trabajo subordinado
es una cuestión que depende de
la configuración de ciertos presupuestos
fácticos que en su conjunto habilitan
al juzgador a decidir si entre las partes
medió o no un contrato de trabajo
(-doct. Causa L 72768 “De los Santos”
sent. De 3/10/2001). Tal determinación
según doctrina inveterada de esta Suprema
Corte , es privativa de los tribunales
de trabajo, siendo su decisión
irrevisable e esta sede extraordinaria
salvo que se demuestre absurdo en la
valoración de los hechos y pruebas supuesto
que habilitan a esta Corte el
conocimiento y revisión de las conclu-
52
siones fácticas del fallo……Para más
postular en esta instancia casatoria que
el uso sin cargo que hacía de las instalaciones
de la accionada es demostrativo
de la relación de subordinación que
denuncia, es un argumento que aunque
en principio convincente, constituye a
tenor del escrito de demanda el fruto
de una reflexión tardía (-cfr. CSJN Fallos
306:111; 307:770; 311:2247; 321:1052)
resultando por tanto ineficaz para habilitar
la vía intentada (-conf doct. L
87670 sent de 28/7/2004)…
Del voto en mayoria del Dr Roncoroni:
“La extensión de recibos constituye un
indicio representativo de una locación
de servicios y el hecho que fueran extendidos
para la accionada, en lugar
que para los usuarios, no enerva tal
prueba indiciaria, pues nada obsta a que
la locación de servicios a terceros que a su
vez facturan a nombre de la institución”
2) Relación dependencia. Carga de la
prueba.a)En
autos: “BENEDETTI CARLOS M.
CONTRA PETROQUIMICA GENERAL
MOSCONI SAIC Y OTROS S/
INDEMNIZAICION POR DESPIDO Y DIFE-
RENCIAS SLALARIALES” ” la SCBA el día
18 de diciembre de 2002, fallo 75821
dijo:
“…De tal modo, la solución del fallo
no se adecua a la doctrina de esta Corte
en cuanto tiene establecido que si la
parte demandada admitió el hecho de
la presentación de servicios, pero negó
la existencia de una relación laboral argumentando
una de distinta naturaleza
en el caso, locación de servicios a ella
incumbía la carga de la prueba de la alegada
vinculación en virtud de lo dispuesto
por el art. 375 del Código Procesal
Civil y Comercial y no habiéndolo concretado,
rige la presunción que las ta-

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
reas se efectuaron en relación de dependencia
(conf. causas L 32808 sent del 29/
V/1984; L 33119 sent. Del 10/8/1984; L
41849 sent de 28 XI 1989; L 50658 sent
del 10/12/1992).-
b) En autos: “SANSBERRO JUAN OSCAR
CONTRA CONSORCIO RUKA ATACHE S/
DESPIDO ” la SCBA el día 30 de noviembre
de 2005, en fallo 80781 dijo:
“…Asimismo no resulta en la especie
infringido los arts. 375 del Código Procesal
Civil y Comercial y 23 de la Ley de
Contrato de Trabajo al adjudicar la carga
probatoria a la parte actora pues si
bien ha sostenido este Tribunal que reconocida
por la accionada la prestación
de servicios pero aduciendo la existencia
de vínculo no laboral , a ella le corresponde
acreditar tal extremo (conf.
Causa L 55207, sent 09/V/1995) en la inteligencia
del juzgador de origen la
parte demandada demostró su afirmación
al desconocer la relación de dependencia
de que el actor contaba con
una empresa de limpieza con la que
realizaba sus tareas en forma autónoma
en distintos lugares , entre ellos el
Consorcio Ruka Atache V”.
c) En autos: “PONCE JOSEFINA C/ INS-
TITUTO MEDICO TRAUMATOLOGICO SA
S/ DESPIDO ” la SCBA el día 16 de agosto
de 2006, en el fallo Nro. 81266 dijo:
Del Voto minoritario de la Dra Kogan:
“…También es postura tradicional de
este Tribunal que: …La mera ejecución
de tareas no autoriza a que se tenga por
verificada la existencia de una relación
de linaje laboral con el accionado, si no
se acredita que lo fueron a favor de esa
persona y en forma subordinada (art. 23
LCT)… (entre otras en la causa L 79831
•••
sent 29-12-2003) En relación a esta última
doctrina estimo necesario precisar
algunas consideraciones que hacen a la
interpretación y alcance de la presunción
que emana del art. 23 de la Ley de
Contrato de Trabajo. Una de las aplicaciones
del principio protectorio que
emana del art. 14 bis de la Constitución
Nacional y del art, 39 de la Constitución
Provincial, lo constituye la regla de la
facilitación al trabajador de la prueba
en el proceso y l el principio de la realidad
expresado a través de distintas presunciones
contenidas en la Ley de Contrato
de Trabajo y en las leyes procesales,
con el firme propósito de excluir las
hipótesis de fraude y de constituir garantías
que refuercen los derechos sustanciales,
de allí que sobre dicha base,
deberá ser interpretado y analizado el
art. 23de la Ley de Contrato de Trabajo,
sin adiciones cuestiones que la ley no
impone para su aplicación. El art. 50 de
la ley de fondo en consonancia con esa
línea argumental, sostiene que el contrato
de trabajo se prueba por los modos
autorizados por las leyes procesales
y lo previsto en el art. 23 de esta ley,
fortaleciendo de ese modo la presunción
en estudio Por tanto, si claramente la
ley prevé que la prestación de servicios
hace presumir la existencia de una relación
laboral quien pretenda negarla
deberá ofrece y producir prueba que la
contradiga (art. 23 LCT) Exigir al trabajador,
en el caso demostrar que la prestación
de servicios fue bajo relación de
dependencia importaría desnaturalizar
la presunción y darle un alcance diferencia
a las normas que reglamentan las
garantías constitucionales de protección
laboral…”
53

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
54

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA
Y DE SUS MIEMBROS
Nota del Instituto: Marco normativo
de aplicación: arts. 19, 54 Párr.3ro.,
59, 157, 274y279,ley19.550.
Existe dos criterios plasmados en la jurisprudencia,
uno amplio que plantea la
inoponibilidad de la personalidad jurídica
en forma automática cuando existen
irregularidades en la registración
laboral, abarca tanto trabajo no registrado
como cuando la registración presenta
irregularidades parciales ( tal el
caso cuando no se registra el real sueldo
percibido por el trabajador, Criterio
sentado en la doctrina del fallo
.Delgadillo CNAT Sala III-11.4.97, o casos
en que se encuentra registrada por
una jornada inferior a la que desempeñara
el trabajador), y el restrictivo en el
cual se enrolan la SCBA y la CSJN, que
exige acreditar todos los requisitos señalados
en las normas societarias para
que se aplique el instituto del
disgregard, solo debe desestimarse la
personalidad societaria en situaciones
concretas, excepcionales y de suma gravedad
en cuanto a la actuación desviada
del ente.
El fallo “Delgadillo” seguido por los
fallos “Vidal Miguel c/ Mario Hugo
Azulay” ; “Duquelsi c/ Fuar S.A.” y
Luzardo c/ Instituto Oftalmológico
S.R.L.” todos de la C.N.A.T. SALA III, es
una corriente jurisprudencial minoritaria
que no ha merecido la apoyatura de
la Corte Suprema Nacional ni de nuestra
propia Suprema Corte.
La Corte Suprema en dos fallos recientes
“Yato Tazzoli Jorge Alberto c/
Fibracentro S.A y otros s/ despido” del
19 de septiembre de 2003 resolviendo
el recurso interpuesto por la parte
actora contra la sentencia de la Cámara
Laboral que hiciera lugar a la condena
por despido y rechazara la extensión de
la condena al presidente de las sociedades
demandadas, la confirma por considerar
que la desestimación de la personalidad
no resulta procedente por incumplir
obligaciones emergentes de la
ley 24.013. El Procurador General
Obarrio afirmó que “la falencia registral
sancionada en virtud de la ley 24.013 no
puede dar lugar a la desestimación de
la personalidad, ni a la aplicación de
nuevas sanciones a través de la ley
19.550, circunstancia que no resulta suficiente
para tildar su decisorio pasible
de ser tachado de arbitrario” (publicado
en Diario Judicial. com. el día 21 de
septiembre de 2003) .
En igual sentido se pronunció en la
causa “Recurso de hecho deducido por
Julio Jemci Kapolski en la causa
“Carballo Atiliano c/ Kanmar S.A. (en liquidación)
y otros. En el caso de la Sala
IX de la C.N.A.T. confirmó la sentencia
de 1era. Instancia en cuanto condenó al
pago de una indemnización laboral, en
forma solidaria con su presidente. Según
el Procurador Felipe Daniel Obarrio,
la sentencia de la Cámara “ha vulnerado
las garantías constitucionales invocadas
por el recurrente relativas al derecho
de propiedad y de defensa en juicio,
en tanto se ha extendido al director
de una sociedad anónima la condena
dictada contra la empresa subvirtiendo
las reglas sobre la carga probatoria aplicables
en la materia.” Según Obarrio los
jueces laborales han hecho una aplicación
de una disposición de la Ley de Sociedades
que no constituye una deriva-
55

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
ción razonada del derecho vigente, pues
se contrapone con principios esenciales
del derecho societario. Han prescindido
de considerar que la personalidad diferenciada
de la sociedad y sus administradores
constituye el eje sobre el que
se asienta la normativa sobre sociedades
anónimas y que ésta conforma un
régimen especial que se explica porque
aquellas constituyen una herramienta
que el orden jurídico provee al comercio
como uno de los principales motores
de la economía.”
Por su parte nuestra Corte Suprema
con un criterio que mantiene, estableció
en causa de éste Tribunal “Sacruch
Alberto c/ Cherta S.R.L. s/ Cobro de diferencias
salariales, causa L.42.181 publicada
en A y S 1989-II-200, al revocar parcialmente
la sentencia nos dice “viola el
art. 146 de la Ley 19.550 el fallo que
condena solidariamente con la S.R.L.
regularmente inscripta empleadora del
actor al socio representante de aquella.”
Solo hay un supuesto en que se pueda
condenar a la sociedad y a los socios
cuando se trate de una sociedad irregular
como lo estableció claramente en
causa “Caviglia Ana María c/ Argón de
Benavides Graciela s/ Despido” ( A y S
1988-I-15 ) por cuanto una sociedad irregular
tiene una personalidad precaria
pudiendo disolverse en cualquier mo-
56
•••
mento y limitada porque ciertos efectos
de esa sociedad al no estar inscripta
no se producen (conf. Art. 21 a 26 y 56
ley 19.550).
El Tribunal del Trabajo local, se ha
enrolado en la tesis amplia expresando
en las causa : MILLUZZO C. NUEVAS CAR-
NES S.A: Y OTRO S/DESPIDO, expte
nº30.927 de fecha 25 de septiembre de
2002 que: »En el presente caso se acreditó
que la registración de la actora por
la accionada refería a un desempeño
laboral de jornada inferior al que resultara
acreditado en autos, con la consiguiente
merma en la remuneración y
aportes previsionales, utilizándose recursos
encaminados a violar la ley (las
normas antedichas) el orden público (laboral,
expresado en los arts. 12 y 14 LCT)
y la buena fe (art. 63 LCT), para frustrar
derechos de terceros (la trabajadora, el
sistema previsional). Por ello es aplicable
al presente la norma transcripta
como lo resolvieron en supuestos similares
precedentes jurisprudenciales.
(CNAT, sala III, 17-12-98, Luzardo c/Instituto
Oftalmológico S.R.L. y otros, Sent.
78.009...)
Resultando alcanzado por las consecuencias
del presente el codemandado
.. como presidente del directorio de
...S.A. (art. 54 y 274 ley 19.550)”.

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
RESPONSABILIDAD EN UN CASO DE FIDEICOMISO
Nota del Instituto: Se trató en los autos
“ Castro Alejandro Marcelo y otros c/
Dresan S.A. y/ o quien resulte
laboralmente responsable y/o empleador
s/ despido” de un grupo de obreros de la
construcción que laboraron en un edifico
en nuestra ciudad a las órdenes de una
empresa constructora , que desapareció
del medio.-Que con posterioridad el Banco
Hipotecario S.A. entregó a otra firma
constructora un préstamo con sujeción a
las normado en su “Línea de Crédito para
la financiación de Emprendimientos
Constructivos con transmisión de Dominio
Fiduciario” .-
“El estatuto particular continúa en vigencia
y particularmente en cuanto al
ámbito de aplicación de sus normas, el
cual abarca el supuesto de concertación
de un fideicomiso para la realización de
una obra constructiva, tema regulado
por la ley 24.441 dentro de cuyo marcoen
palabras de Rodríguez Manzini-se
celebra un negocio para la construcción
consistente en que un sujeto propietario
de un terreno lo entrega a otro en
dominio fiduciario con el encargo de
supervisar fundamentalmente el avance
de la obra de acuerdo con planos
aprobados por las partes y el cumplimiento
de cronogramas de trabajo e
inversiones a que se comprometió un
constructor. Este trasmitirá en propiedad
fiduciaria los derechos sobre el proyecto
de obra y sobre las mejoras que introduzca
en el terreno. Finalizada la
obra, el fiduciario deberá realizar la subdivisión
del edificio en propiedad horizontal
y transferir el dominio pleno a
cada una de las partes del negocio en
•••
las proporciones que hubiesen estipulado.”
Desde el punto de vista de las
normas laborales resulta que el fiduciario
ha asumido la calidad del de propietario
de la obra que construye lo que
no constituye su vivienda familiar y por
lo tanto resulta incluido, en el ámbito
de aplicación de la ley 22.250 en los términos
que prevé el art.2 inc.b, del estatuto.
Dentro de éste esquema podría
determinarse un conjunto de responsabilidades
laborales directas y solidarias:
por un lado, obviamente, serán responsables
directos los contratistas o
subcontratistas que intervengan en la
obra respecto el personal que ocupen;
serán responsables en el marco del
art.30 de la LCT ( aplicable como se ha
visto al régimen de la industria de la
construcción ), la empresa principal constructora
y finalmente responsable directo
o solidario el propietario fiduciario
en los límites del art.16 de la ley 24.441
por haber contratado o subcontratado
la construcción a base de la incorporación
referida del art.2 inc.b, del estatuto.
A pesar de que la institución del fideicomiso
es fundamentalmente de naturaleza
real , la relación laboral que es
eminentemente personal se ve
involucrada en cuanto se liga la responsabilidad
propia del empleador a otros
sujetos alcanzados por la regla de la solidaridad,
entre los cuales aparece el titular
de la propiedad ( fiduciaria) a cuyo
respecto se realiza la prestación laboral”
Jorge Rodríguez Manzini,”Los alcances
del art.30 de la LCT” Revista de
Derecho laboral, 2001,1, Rubinzal-
Culzoni, p.157 y ss.”
57

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
58

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
SOLIDARIDAD EN EL REGIMEN JURIDICO
DE LA CONSTRUCCION
Nota del Instituto: Que en el estatuto
que rige a los trabajadores del régimen
jurídico de la industria de la construcción
–Ley 22.250-se crea una solidaridad
especial establecida en el art. 32
que establece que el empresario principal
no responde solidariamente por las
obligaciones del contratista y
subcontratista, respecto del personal
ocupado en la obra siempre y cuando
estos hayan acreditado ante aquel su
inscripción ante el Registro Nacional de
la Industria de la Construcción.-
En ese sentido la ratio legis era suficientemente
clara. En el supuesto de
actividades referibles a la construcción,
la específica norma del actual art. 32 de
la ley 22.250 contiene una solución propia
directamente relacionada con la aludida
industria, agotándose la regulación
del instituto en la cláusula legal especial.
Por consiguiente, la aplicación del sistema
instituido por el art. 30 de la Ley
de Contrato de Trabajo no rigía para la
industria de la construcción según lo
dispuesto por el art. 35 del Estatuto de
la ley 22.250, habida cuenta que por
todo lo dicho no resulta compatible y
se opone a la naturaleza y modalidades
de este especial régimen jurídico que es
de orden público y sus normas por tal
razón desplazan a las contenidas en ese
aspecto en la aludida Ley de Contrato
de Trabajo.
Así lo había interpretado la jurisprudencia
de la Exc. Corte Suprema de la
Provincia de Buenos Aires L. 47.443,
“Rodríguez, Eduardo Jesús contra
Granallado Arenado Pintado S.A. y otra.
Despido”.sent.del 8 de septiembre de
1992.-BASE JUBA.-entre otros.-
Pudiendo citar también el fallo “Silis
Ruiz Julio C. c/ Techint S.A y otros” del
17 de Julio de 1998 Derecho del Trabajo-1999-A-248,
salvo que el actor acreditara
la falta de de idoneidad del subcontratista
, “ hombres de paja sin solvencia
técnica o económica.-interpuesta
para lograr situaciones de fraude laboral.-
2)-Ahora bien este artículo ha sido
modificado por la nueva redacción del
art. 30 de la L.C.T.por la ley 25.013, al
agregarse que las disposiciones insertas
en este artículo resultan aplicables al
régimen de solidaridad específico previstos
en el art. 32 de la ley 22.250.-Es
decir que debe exigirse el número de
Código de Identificación Laboral de
cada uno de los trabajadores que presten
servicio , copia firmada de los comprobantes
de pago mensual al sistema
de seguridad social y una cuenta corriente
bancaria de la cual sea titular y una
cobertura por riesgos del trabajo.-
Así lo ha establecido el Tribunal
local en causa Castro Alejandro
Marcelo y otros c/ Dresan S.A. y/o
quien resulte laboralmente responsable
Y/o empleador s/ despido, etc”
Y si bien puede considerarse que es
mayor la exigencia con respecto a la Industria
de la Construcción, entendemos
que es limitativa con respecto a la solidaridad
establecida por el reformado
art. 30
Como se advierte hay una significativa
modificación de la norma anterior,
donde era claro que en todos los casos
en que la actividad era “normal y específica”
la responsabilidad del cedente y
cesionario era solidaria.-
59

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
Con la nueva redacción se pretende
dejar sin efecto dicha solidaridad, y dado
que en el mensaje del poder Ejecutivo
no hace referencia alguna a los fundamentos
de la modificación solo cabe un
examen al texto literal de la nueva norma.-
60
•••
Y si esta establece un sistema de
contralor sobre el cedente sobre el cumplimiento
de determinadas obligaciones
laborales y de la seguridad social , ello
implica que acreditando el cedente sobre
el cumplimiento con tal obligación
desaparece la solidaridad.-

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
TRANSFERENCIA ESTABLECIMIENTO
Nota del Instituto: el art. 225 regula
los efectos de la transferencia definitiva
o permanente por cualquier título
oneroso o gratuito de establecimientos
comerciales o industriales.-
Abarca dos supuestos: las obligaciones
existentes al tiempo de de la transferencia
por una parte y consecuencias de
las obligaciones originadas en la transferencia.-
Las primeras pasan al sucesor o
adquirente ( primera consecuencia); el
contrato de trabajo continúa vigente (
segunda consecuencia) el trabajador
conserva su antigüedad y todos los derechos
que de ello deriven.-
En cuanto a las obligaciones generadas
con motivo de la transferencia , es
decir un trabajador despedido CON
MOTIVO O CAUSA DE LA TRANSFEREN-
CIA, sea por despido directo o indirecto,
pasan al sucesor o adquirente ( art.225)
y responde éste solidariamente con el
trasmitente( art.228 primer párrafo).-
Autos CANAVERY MARCELO
EDUARDO Y OTROS C/ MOIS CHAMI
S.A.C.I. y/o CERTITEX S.A. S/ DESPI-
DO ,ETC , Expte No.32.231
Antecedentes: al pretenderse notificar
la demanda entablada en el lugar de
trabajo de los actores funcionaba otra
firma, se pide su citación como tercero
de la nueva firma, haciéndose lugar ,
quien plantea la falta de legitimación
pasiva.-La misma fue rechazada, hacién-
•••
dola responsable de la condena.-
“Surgió en el acuerdo sobre los hechos
que en mes de marzo de 2002 Mois
Chasis S.A.C.I. ( Casa Beige) con domicilio
en Avda.Roca 656 de Pergamino, cerró
el comercio ubicado en el referido
local . Que aproximadamente a los tres
meses, después de haber estado cerrado
por reformas según lo que se hacía
saber a los clientes mediante un cartel,
el referido comercio abrió sus puertas,
que continúa llamándose con el nombre
de fantasía Casa Beige, y que la firma
que explotó el comercio reabierto
es la excepcionante Certitex S.A..Cabe
entonces concluir como se dijo en el veredicto
, que la explotación comercial de
Casa Beige que efectuaba Mois Chasis
SACI fue continuada por Certitex S.A..
Así por ejemplo, la mencionada Certitex
S.A. desarrolló su actividad en el mismo
local que lo hacía Mois Chami S.A.C.I Av.
Roca 656 de Pergamino, conservó el
nombre de fantasía Casa Beige, los
muebles, reincorporó personal, vendió
los mismos artículos , mantuvo la distribución
de las secciones y de las cajas
.Todo ello implico en los hechos una
transferencia del establecimiento en los
términos de los arts. 225 y 228 y
concords. de la L.C.T. toda vez que los
elementos trascendentes que componían
la empresa Mois Chami S.A.C.I -art.5
L.C.T.-pasaron a la nueva sociedad
Certitex S.A.”
61

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
62

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
Nota del Instituto: Después de un corto
período en que se aplico la tasa activa
, el tribunal local, sigue lo establecido
por la Excma Corte Suprema de Justicia
Pcial , en el fallo B 49.193 BIS
«FABIANO, JULIO ESTEBAN C/Provincia
de Buenos Aires (P. EJEC.). INCIDENTE DE
DETERMINACION DE INDEMNIZACION»
de fecha 2 de octubre de 2.002 que en
su parte pertinente, dice: “Que la pretensión
de la accionante de que la suma
establecida en la liquidación se actualice
hasta la fecha del efectivo pago no
puede ser acogida en tanto, no obstante
las sustanciales modificaciones operadas
recientemente en los regímenes
financiero y cambiario, se ha decidido
ratificar expresamente el principio
nominalista consagrado en 1.991, una
de cuyas manifestaciones fue la prohibición
de la utilización de cualquier
mecanismo de actualización monetaria.
Así, la modificación introducida por la
ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la
redacción del artículo 7º de ésta, en el
que sólo cambió el término «australes»
por «pesos», estableciendo que el deudor
de una obligación de dar una suma
determinada de pesos cumple su obligación
dando el día de su vencimiento
la cantidad nominalmente expresada y
que en ningún caso se admitirá actualización
monetaria, indexación por precios,
variación de costos o
repotenciación de deudas, cualquiera
fuere su causa y, además, ratificó la derogación
dispuesta por su artículo 10,
con efecto a partir del 1º de abril de
1.991, de todas las normas legales o reglamentarias
que establecen o autoricen
la indexación por precios, actuali-
TASA DE INTERES
zación monetaria, variación de costos o
cualquier otra forma de repotenciación
de las deudas, impuestos, precios o tarifas
de los bienes, obras o servicios.” Y
continúa...“Aún cuando es de público y
notorio que en el transcurso del corriente
año se ha producido una acentuada
depreciación de nuestra moneda, entiende
este Tribunal que el acogimiento de
una pretensión como la expuesta por el
accionante, además de ser contraria a las
normas referenciadas en el párrafo anterior
-que justamente fueron dictadas
con la finalidad de evitar el envilecimiento
del signo monetario- no haría más que
contribuir a ese proceso”.
NO A LA INDEXACION
Autos : el tribunal local así lo resuelve
en autos“Tamer Hugo Eduardo c/
Monsanto S.A. s/ Despido, Expte No.
31.640
En el mismo fallo citado precedentemente
la Corte dice “Que la pretensión
de la accionante de que la suma establecida
en la liquidación se actualice
hasta la fecha del efectivo pago no puede
ser acogida en tanto, no obstante las
sustanciales modificaciones operadas
recientemente en los regímenes financiero
y cambiario, se ha decidido ratificar
expresamente el principio
nominalista consagrado en 1.991, una
de cuyas manifestaciones fue la prohibición
de la utilización de cualquier
mecanismo de actualización monetaria.
Así, la modificación introducida por la
ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la
redacción del artículo 7º de ésta, en el
que sólo cambió el término «australes»
por «pesos», estableciendo que el deudor
de una obligación de dar una suma
63

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
determinada de pesos cumple su obligación
dando el día de su vencimiento
la cantidad nominalmente expresada y
que en ningún caso se admitirá actualización
monetaria, indexación por precios,
variación de costos o
repotenciación de deudas, cualquiera
fuere su causa y, además, ratificó la derogación
dispuesta por su artículo 10,
con efecto a partir del 1º de abril de
1.991, de todas las normas legales o reglamentarias
que establecen o autoricen
la indexación por precios, actualización
monetaria, variación de costos o
cualquier otra forma de repotenciación
de las deudas, impuestos, precios o tarifas
de los bienes, obras o servicios.” Y
continúa...“Aún cuando es de público y
notorio que en el transcurso del corriente
año se ha producido una acentuada
depreciación de nuestra moneda, entiende
este Tribunal que el acogimiento
de una pretensión como la expuesta
por el accionante, además de ser contraria
a las normas referenciadas en el
párrafo anterior -que justamente fueron
dictadas con la finalidad de evitar
el envilecimiento del signo monetariono
haría más que contribuir a ese proceso”.
También agrego que”La declaración
de inconstitucionalidad de un precepto
de jerarquía legal constituye la más delicadas
de las funciones susceptibles de
encomendarse a un tribunal de justicia,
configurando un acto de suma gravedad
que debe ser considerado como
última ratio del orden jurídico.“ (CS,17/
3/98-Lavandera de Rizzi Silvia c/Instituto
Nacional de la Vivienda. “Fallos”
321:441, La Ley, 1999-D,149, idem.12/5/
92, Bruno Hnos.v A.N.A.-La Ley, 1992-E-
480,“Estado Nacional Ministerio de Cultura
y Educación c/ UNLU s/ aplic. Ley
64
24.521”, “Fallos”, t. 322, p. 843;
“Monges Analia c/ UNBA s/ res. 2314/
95”, “Fallos”, t. 319, p. 3148).-
“Se adopta en el caso una interpretación
dinámica del texto constitucional,
que por oposición a la hermenéutica
estática, sostiene que “no cabe invocar
la Constitución lo que significó en el
momento de su adopción, sino lo que
significa en el momento de su aplicación”
(Quiroga Lavié, Humberto;
Benedetti, Miguel Angel; Cenicacelaya,
María de las Nieves, “Derecho Constitucional
Argentino”, t. I, p. 833 y ss.
Rubinzal Culzoni, 2001) conforme la tendencia
más moderna en la materia, seguida
por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.-
“El art. 14 de la Constitución enuncia
los derechos de que gozan los habitantes
“conforme a las leyes que reglamenten
su ejercicio”, y el art. 28 impide que
los principios, derechos y garantías sean
alterados por las leyes que los reglamentan.
De ambas normas se desprende que
el Estado, a través de la actividad legislativa
o administrativa de reglamentación,
debe actuar razonablemente, esto
es, guardando un cierto límite, más allá
del cual se produce ya la modificación
de facto de la constitución escrita: si
conforme a los arts. 14 y 28, los poderes
constituidos tienen que reglamentar el
ejercicio de los derechos individuales,
cuidando de no alterarlos, es porque
razonablemente resulta inadmisible que
por vía de reglamentación los desvirtúen
(BIDART CAMPOS, “Derecho Constitucional,
Realidad, Normatividad y Justicia
en el Derecho Constitucional”, Ediar.
vol. I, págs. 228 y ss.). Fluye de ello que
se reglamenta el ejercicio de los principios,
derechos y garantías. Pero siendo
estos de rango constitucional, no son

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
competentes los poderes constituidos
para reformarlos dentro de la instancia
reglamentaria.”
“ Mas es característica fundamental de
los institutos de emergencia, y común a
todos ellos, alguna medida de restricción
de las libertades, derechos y garantías
consagrados en la primera parte de
la Constitución. Y las normas censuradas
satisfacen las condiciones de validez
constitucional desde que, en el marco
de la excepcional situación fáctica en
que fueron dictadas, responden a los
presupuestos requeridos para ello conforme
la sistematización doctrinaria y
jurisprudencial que caracteriza al estado
de emergencia: a) una real situación
de emergencia, constatada y declarada
por órgano competente y con control
judicial sobre su existencia y subsistencia;
b) un fin real de interés social y público;
c) transitoriedad de la regulación
excepcional; d) razonabilidad del medio
elegido, o sea, proporción y adecuación
entre la medida dispuesta, el fin perseguido,
y los motivos y causas que dan
origen a la emergencia (BIDART CAM-
POS, “Tratado elemental de Derecho
Constitucional Argentino”, Vol I, Pág. 305:
causa 90.489 del 25-6-2002 ya citada)... “
“Así entonces el Estado por razones
evidentes de emergencia cambió su política
económica cambiaria e interfirió
decididamente en las relaciones jurídicas
privadas. Es evidente que esta nueva
senda monetaria reviste suma trascendencia
para la vida socio económica
del país atento a su influencia directa
en la estructura y dinámica de las transacciones
de contenido patrimonial tanto
en el sector público como en el privado.
Afecta a todos los sectores sociales,
a los que adquirieron títulos de la deuda
pública, a quienes volcaron sus aho-
rros en dólares dentro y fuera del sistema
financiero, a todos aquellos que contrajeron
deudas en moneda extranjera
para compra de vivienda o perfeccionar
tecnológicamente a sus empresas y por
supuesto al conjunto de la población
que ha visto disminuido su salario, cuando
no perdido su empleo, y por ende
reducida drásticamente su capacidad
adquisitiva....”
“Es claro que el derecho de propiedad
no es absoluto y cede ante particulares
y excepcionales circunstancias pues la
limitación de los derechos individuales
es una necesidad derivada de la convivencia
social; la inviolabilidad de la propiedad
no significa que ésta tenga carácter
absoluto en el marco de la convivencia
social; debe ser regulada como
todos los demás derechos siempre que,
en definitiva no conduzca a su negación
o desnaturalización; el derecho de propiedad
es inviolable en tanto y en cuanto
su ejercicio no obste al bien común,
fundamento de todo derecho individual
y por ende anterior y superior a ellos
(C.S.J.N., 17-9-47, in re “Castellanos c/
Quintana”, en J.A. 1947-III, 686). Históricamente
se ha juzgado que las garantías
constitucionales pueden ser limitadas,
sin suprimirlas, cuando lo justifica
una razón de interés general...”
“Finalmente hemos de recordar también
que el “juicio de razonabilidad” en
la impugnación de las leyes por
inconstitucionalidad exige una “interpretación
previsora” es decir un análisis
y consideración de las consecuencias de
la decisión; en la verificación de los resultados
no puede omitirse el valor jurídico
“previsibilidad”. Vale decir, la interpretación
no puede ignorar la consideración
de las consecuencias ni la verificación
de los resultados a que ella
65

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
conduce; la exégesis “imprevisora” constituye
una interpretación temeraria y
disvaliosa..”.
“Cabe recordar también que en situaciones
de emergencia, es decir ante la
existencia de una crisis o bien de un grave
trastorno social originado por acontecimientos
físicos, políticos, económicos,
etc., la potestad reglamentaria del
Congreso a que se refiere el art. 14 de
la C.N. se hace más amplia y profunda y,
por lógica derivación, da origen a una
mayor ingerencia del Estado en el régimen
de los derechos individuales que la
que le asiste en periodos de sosiego y
normalidad; acontecimientos extraordinarios
justifican remedios extraordinarios
(Fallos, 200:450, 313-664, 313-1513,
321-1984) resultando constitucionalmente
válidos medios o procedimientos
que en circunstancias normales no lo
son, máxime en la actual crisis económica
que tiene –como ya dijera- ribetes
inéditos y terminales.”
“Con ese criterio ha admitido la Corte
Suprema de la Nación que, en la medida
que lo requiera la atención de los
superiores intereses y la situación de la
economía general lo imponga, resulta
lícita la sanción y aplicación de leyes con
alcance retroactivo, aun cuando de esa
manera se limite el derecho de propiedad
de los habitantes y aun los efectos
de las sentencias firmes, en tanto las
medidas adoptadas no eliminen el derecho
reconocido y no sean irrazonables
en relación a la causa que las ha hecho
necesaria (Fallos 171-349, 172:29,
263:83; “Peralta, Luis y otro c/Est. Nacional”,
27-12-90 L.L. 1991-C-158)... “.
“ La emergencia económica, como
creación del derecho pretoriano, ya que
ninguna norma constitucional la recibe
como parte del derecho positivo, tiene
66
su origen en la jurisprudencia de los Estados
Unidos de Norteamérica, partiendo
del conocido fallo dictado por el Juez
Marshall en los autos “Home Building
and Loan c/ Blaisdel”, que la define y
establece las bases para su aceptación.“
“A su vez la Suprema Corte Nacional
la ha aceptado, entre otros, en conocidos
fallos “Hileret”, (“Fallos”, 98:20), su
recepción definitiva con “Avico c/ De La
Pesa”, (“Fallos”, 172:21) y “Ercolano c/
Lanteri de Renshaw”, (“Fallos”,
126:161), la ampliación de sus límites y
contornos durante la década del 90
“Peralta”, (“Fallos”, 313:1513!), “Videla
Cuello”, (“Fallos”, 313:1638 y “Guida”,
(“Fallos”, 323:1566), hasta llegar al
abrupto final del 1º de febrero de 2002
con “Banco de Galicia y Buenos Aires s/
solicita intervención urgente en autos:
‘Smith, Carlos Antonio c/ Poder Ejecutivo
Nacional o Estado Nacional s/ sumarísimo“
“Esta misma Corte ha reconocido la
validez de estas normas en los fallos dictados
en las causas “Asociación de Maestros...”
y “Quintana”, con extensos argumentos.”
“Existen diversos justificativos jurídicos
que autorizan a aplicar la teoría de
la emergencia económica, con su consecuente
limitación de los derechos individuales.”
“Esta Corte es consciente de la dificultad
del tema. Se trata de casos de
litigación compleja, colectiva, que conmueve
a la comunidad y a la opinión
pública, con trascendencia económico
social, gravedad institucional, cuyo objeto
además resulta de ardua resolución,
por el carácter espinoso de la cuestión
que se lleva a juicio (Lorenzetti, Ricardo,
“El juez y las sentencias difíciles.
Colisión de derechos, principios y valo-

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
res”, “La Ley”, boletín 25 II1998).” Que
como recientemente se ha dicho “la
emergencia que hay que enfrentar es
un problema gravísimo y que no tiene
salida o solución que nos satisfaga”
(Gordillo, Agustín, “La Ley”, 12 X 2001).“
A LA APLICACIÓN DE LA LEY 24.432
Nota del Instituto: El Tribunal local
ha aplicado invariablemente la jurisprudencia
de la Suprema Corte en autos
:Ac.75.597 “ Ghibaudi Ana María c/
Municipalidad de Pinamar y
otros.Demanda ordinaria por demolición-
en que por mayoría resolvió que
•••
al establecer en la mencionada ley en
su art. 1 la incorporación de un nuevo
párrafo al art. 505 del Código Civil estableciendo
un tope del 25% del monto
fijado en la sentencia, laudo, transacción
o instrumento que ponga fin al
diferendo, en concepto de costas, por
el carácter que reviste en razón de la
sustancia de lo que regula -responsabilidad
en materia de costas por incumplimiento
de la obligación principal- no
requiere adhesión alguna, resultando
entonces aplicable en la Provincia, sin
que ello implique vulnerar en modo alguno
la autonomía local.-
67

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
68

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
TOPE INDEMNIZATORIO EN
LA INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD
Nota del Instituto: En principio tanto
la Corte Suprema de la Nación como la
de la Pcia ha mantenido el criterio de la
constitucionalidad del tope
La Corte Suprema de Justica de la Nación
a partir del fallo “ Villarreal c/
Roemers de fecha 10-12-97, así lo ha
declarado. Posteriores fallos de la Corte
remiten a los fundamentos de Villareal.
Se trata de los casos Campos Gónzalez,
Ruberti y Fabbro. Y en el caso Mastroiani
el Tribunal descalificó un fallo de la Cámara
de Apelaciones del Trabajo, entendiendo
que apoyar una sentencia en la
“proporcionalidad” entre la remuneración
y el tope no es materia judicial.
Consideró que dicho argumento no puede
avanzar sobre lo resuelto por el legislador,
dejando cerrados los caminos
para modificar y con pautas a considerar
en cada supuesto, el sistema establecido
por el legislador. Incluso en el último
fallo “VIZZOTTI “ dice en el considerando
6°) Que, por cierto, no hay
dudas en cuanto a la validez constitucional
de un régimen tarifado de
indemnizaciones por despido sin justa
causa, esto es, un sistema que resigne la
puntual estimación del daño en pos de
determinados objetivos, entre otros, la
celeridad, certeza y previsibilidad en la
cuantía de aquéllas. (El subrayado nos
pertenece).
Igualmente ha sido jurisprudencia
constante de la Suprema Corte Provincial
y cito: “Infringe el artículo 245 de la
L.C.T. el fallo que no respeta el tope previsto
por la aludida norma legal vigente
al tiempo de la desvinculación del
actor “ L 57934 S del 12-3-96 “Garcia
Jorge c/ ESEBA S.A. s/ Indemnización por
incapacidad “ entre otros .
Que es pues lo resuelto por la Corte
Suprema en el ya mencionado caso
“VIZZOTTI CARLOS ALBERTO C/ AMSA
S.A. S/ DESPIDO, del 14 de Septiembre
de 2004, abre la puerta para declarar su
inconstitucionalidad, en casos excepcionales
cuando la indemnización resultante
de la aplicación de ese tope es inferior
al 67 % ES DECIR CUANDO LA RE-
DUCCION SUPERA EL 33 % , por no resultar
ni razonable, ni justa, ni equitativa.
Como consecuencia práctica, cualquier
pretensión indemnizatoria que reduzca
en más de un 33 % la base salarial
referida en el art 245 primera parte será
susceptible de reproche constitucional.
Por lo tanto si existe un tope inferior,
deberá prescindirse de la aplicación del
tope y aplicar uno particular para el
caso, calculando el 67% de la mejor remuneración
normal y habitual del trabajador
para determinar así la base de
cálculo aplicable.
“Que, en suma, establecer una pauta
en el caso en examen, teniendo en cuenta
los principios que han venido siendo
enunciados, es cuestión que sólo puede
estar regida por la prudencia, y los imperativos
de justicia y equidad, antes
aludidos.” (...)
”En consecuencia, a juicio de esta Corte,
no resulta razonable, justo ni equitativo,
que la base salarial prevista en el
primer párrafo del citado art. 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo, vale decir,
«la mejor remuneración mensual normal
y habitual percibida durante el últi-
69

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
mo año o durante el tiempo de prestación
de servicios si éste fuera menor»,
pueda verse reducida en más de un 33%,
por imperio de su segundo y tercer párrafos.
De acuerdo con ellos, dicha remuneración
no podrá exceder el equivalente
de tres veces el importe mensual
de la suma que resulta del promedio
de todas las remuneraciones previstas
en el convenio colectivo de trabajo
aplicable. Esta pauta, por cierto, recuerda
conocida jurisprudencia del Tribunal,
relativa a que la confiscatoriedad se produce
cuando la presión fiscal excede el
señalado porcentaje (Fallos: 209:114,
125/126 y 210:310, 320, considerando 6°,
entre muchos otros).” (...)
”Permitir que el importe del salario
devengado regularmente por el trabajador
resulte disminuido en más de un
tercio, a los fines de determinar la indemnización
por despido sin justa causa,
significaría consentir un instituto jurídico
que termina incumpliendo con el
deber inexcusable enunciado en el cita-
70
•••
do art. 14 bis, acerca de que el trabajo
gozará de la protección de las leyes, y
que éstas asegurarán al trabajador protección
contra el despido arbitrario y
condiciones equitativas de labor. Significaría,
asimismo, un olvido del citado
art. 28 de la Constitución Nacional.”
“En el sub lite se ha configurado esta
grave situación según se sigue de los
guarismos y cálculos no controvertidos
que ya han sido expresados (considerando
2°). Entonces, corresponderá aplicar
la limitación a la base salarial prevista
en los párrafos segundo y tercero del
citado art. 245 de la Ley de Contrato de
Trabajo, sólo hasta el 33% de la mejor
remuneración mensual normal y habitual
computable.
Jurisprudencia aplicable por el tribunal
del trabajo local en autos”
“RAMIREZ MARGARITA ROSA C/ COO-
PERATIVA ELECTRICA DE SERVICIOS Y
ANEXOS DE VIVIENDA Y CREDITO DE
PERGAMINO LTDA. S/ INDEMNIZACION
POR FALLECIMIENTO”

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
POR JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR
En este tema puntual, muy consultado
tanto por particulares como por profesionales,
resultará de suma utilidad
efectuar un exhaustivo análisis para intentar,
de esta manera, evacuar las principales
dudas provocadas mayormente
por el artículo 252 de la ley de Contrato
de Trabajo, que ha dado lugar a distintas
interpretaciones.
Debemos comenzar teniendo en cuenta
como regla general y orientadora en
la materia que, para poder intimar a los
trabajadores a que inicien sus trámites
jubilatorios, tienen que estar reunidos
en la persona de ellos todos los requisitos
exigidos por la ley 24.241 para acceder
a los beneficios.
Empezaremos por analizar los aspectos
relevantes en lo concerniente a los
trabajadores varones; en estos casos,
para poder intimarlos a que inicien su
trámite jubilatorio, debemos saber que
el dependiente, además de cumplir con
el requisito de la edad (65 años cumplidos),
tiene que tener acreditado los 30
años de servicios que exige la ley y, dentro
de estos 30 años, podremos tomar
un año de declaración jurada que nos
faculta la legislación vigente.
Lo dicho es la norma general en el régimen
del Sistema Integrado, pero debemos
tener en cuenta que se nos pueden
presentar casos que, por revestir
ciertas particularidades en cuanto a las
labores desempeñadas (verbigracia: tareas
riesgosas, insalubres, peligrosas,
etc), dichas situaciones están contempladas
por otras regulaciones especiales en
las cuales se exigen menos edad y menos
años de servicio para jubilarse, a las
que habrá que evaluar en cada caso.
Entre el gran número de variantes a
considerar, debemos hacer especial mención,
dada la importancia que representa
a los fines del cómputo de los años
con servicio, de la posibilidad de aplicar,
en los supuestos en que proceda, la
compensación del exceso de edad con
años de servicio.
Pasamos a analizar a continuación la
situación de las trabajadoras mujeres. El
artículo 19 de la ley 24.241, en su párrafo
tercero, dice que las mismas se jubilan
con 60 años de edad y 30 años de
servicio. Pero agrega que, en cualquiera
de los regímenes previstos por la ley,
las mujeres tienen la posibilidad de optar
por continuar su actividad laboral
hasta los 65 años de edad; consecuentemente
debemos tener muy presente
este párrafo del artículo 19, cuando vayamos
a intimar a una trabajadora mujer.
Esta condición se encuentra ratificada
en el artículo 3 del decreto 679/95,
que viene a reglamentar dicho artículo
19, y expresa que “a los efectos de la
opción prevista por el párrafo segundo
del artículo que se reglamente, cuando
sean aplicables las escalas de los artículos
37 ó 128, a las edades consideradas
en las mismas, se adicionarán cinco
años.”
Asimismo, el artículo 5 del decreto
679/95, establece que “el empleador
podrá hacer uso de la facultad otorgada
por el artículo 252 del régimen del
contrato de trabajo (ley 20.744, t.o. decreto
390/76, y su modificatoria 24.747),
cuando el trabajador reuniere los requisitos
necesarios para acceder a la prestación
básica universal, salvo en el su-
71

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
puesto previsto en el segundo párrafo
del artículo 19 ley 24.241”.
De la interpretación del segundo párrafo
del artículo 19, no surge ninguna
exigencia formal de cómo debe ejercerse
la opción de los 5 años que tiene la
mujer trabajadora para continuar en sus
tareas; vale decir que puede ser hecha
por un medio escrito o aún en forma
tácita. Será tácita al no solicitar la trabajadora
el beneficio provisional, y será
expresa cuando la trabajadora rechazara
el telegrama de intimación enviado
por el empleador.
Hay un dictamen muy específico en
donde el Dr. Walter Arrigi afirma que el
artículo 252 de la LCT, en su anterior
redacción, no se compatibilizaba con los
principios de la nueva legislación provisional,
por lo que resultaba necesario
producir su adecuación; la misma se logra
con el dictado de la ley 24.347, que
en su artículo 6 textualmente prescribe:
“sustitúyase el primer párrafo del artículo
252 del régimen del contrato de
trabajo (ley 20.744, t.o. decreto 390/76)
por el siguiente: cuando el trabajador
72
•••
reuniere los requisitos necesarios para
obtener una de las prestaciones de la
ley 24.241, el empleador podrá intimarlo
a que inicie los trámites pertinentes extendiéndole
los certificados de servicio
y demás documentación necesaria a esos
fines. A partir de ese momento el
empleador deberá mantener la relación
de trabajo hasta que el trabajador obtenga
el beneficio y por un plazo máximo
de un año”.
A manera de conclusión, diremos que
para poder intimar al trabajador a que
inicie su expediente jubilatorio, el mismo
debe contar con todos los servicios
laborales probados que la ley exige.
Caso contrario, es obligación del
empleador mantenerlo en el empleo o,
en su defecto, dar por concluida la relación
laboral, indemnizándolo de acuerdo
con las pautas de la normativa laboral
vigente.
A la interpretación de este artículo,
además de la legislación que hemos
mencionado, debemos compatibilizarla
también con algunas resoluciones de la
Anses, como por ejemplo la 21/2007 y
concordantes.

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
INVALIDEZ. INCAPACIDAD A LA AFILIACIÓN
Centraremos nuestra atención en un
caso que versa sobre un pedido de jubilación
por invalidez formulado por un
trabajador ante la Administración Nacional
de la Seguridad Social. Dicho organismo
resuelve rechazar el beneficio,
por lo que el interesado, disconforme,
recurre a la Justicia Federal impugnando
tal decisión. Tanto el Juez Federal en
primera instancia, como la Cámara Federal
de la Seguridad Social, Sala I, confirmando
el fallo, revocan lo actuado
por Anses, por lo que el trabajador logra
el reconocimiento de su derecho a
la obtención del beneficio. Intentaremos
en el presente trabajo analizar las posturas
adoptadas por la administradora
y por la Justicia, acompañando una síntesis
de la normativa legal que regula la
materia.
Presentada la solicitud del beneficio
por el trabajador, la Anses resuelve denegar
el pedido argumentando que «si
bien a la fecha del cese el recurrente
reúne el porcentaje de incapacidad exigido
por la norma general aplicable,
dicha incapacidad ya existía a la fecha
de iniciación de la relación laboral, no
siendo por lo tanto acreedor al beneficio
gestionado, ya que la misma debe
sobrevenir durante la relación de trabajo”
(art. 33 ley 18.037).
De la lectura del informe pericial, se
aprecia que el perito no logra precisar
el porcentaje de incapacidad, como tampoco
establecer que la misma había alcanzado
jerarquía invalidante, en razón
de que no constan en el expediente administrativo
antecedentes médicos, exámenes
de ingreso, ni certificaciones, a
la fecha del ingreso laboral.
De hecho, la patología padecida, si
bien pudo haberse originado desde muy
temprana edad, no lo incapacitó para
ejercer una actividad laboral, ya que el
trabajador se desempeñó durante años
en relación de dependencia en el ámbito
de la construcción.
Por otra parte, dado que la propia
administración reconoce un porcentaje
del 70% de incapacidad al momento del
cese, y hay un reconocimiento de los
servicios prestados según consta en el
expediente administrativo, en el presente
caso se torna aplicable el último párrafo
del artículo 33 de la ley 18.037, el
cual textualmente dice que “cuando
estuviere acreditada la incapacidad a la
fecha de cesación en la actividad y el
afiliado hubiera prestado servicios ininterrumpidamente
durante los diez años
inmediatamente anteriores, se presume
que aquella se produjo durante la relación
de trabajo”.
Resulta claro en el caso traído a análisis,
que la patología padecida por el trabajador
recién alcanzó jerarquía
invalidante durante transcurso de la relación
laboral y, por lo tanto, el solicitante
tiene derecho al beneficio de jubilación
por invalidez a partir de la solicitud
de la reapertura del procedimiento
que en su momento formulara.
Consecuentemente y en perfecta
sintonía con la norma legal que regula
la situación comentada, el Juzgado Federal
de San Nicolás resuelve dejar sin
efecto la resolución de Anses, que fuera
impugnada mediante la pertinente
acción ante ese Juzgado, y ordena al
Organismo Previsional demandado que
dentro el plazo de 30 días dicte nuevo
73

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
pronunciamiento ajustándose a las pautas
vertidas en su sentencia.
Creemos que la Anses tuvo un criterio
equivocado al evaluar la invalidez, dado
que no tuvo en cuenta la gravedad de
la incapacidad del actor al cese de la
relación laboral y, sin pruebas mediante,
denegó el beneficio aduciendo que
74
•••
la incapacidad existía al momento de la
afiliación. Es por eso que coincidimos
plenamente con el criterio sustentado
por la Justicia Federal en el sentido de
que si no hay pruebas de la incapacidad
al momento de la afiliación, la misma
es sobreviviente al inicio de la relación
laboral.

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
La Administración Nacional de la Seguridad
Social deniega el beneficio de
Pensión de la actora, del cual se cree
acreedora con motivo del fallecimiento
de quien dice haber sido su concubino.
Dicha resolución se basa en considerar
inexistente el concubinato a la fecha del
fallecimiento del causante, tomando
como base el resultado que arrojó la
verificación ambiental previamente
practicada.
En la etapa judicial, la actora ofrece
como prueba las actuaciones administrativas
y, además, prueba testimonial.
Respecto de estas últimas, conforme
el artículo 5ª de la ley 23.570, a los fines
de acreditar convivencia, en principio,
no corresponde que sea por prueba testimonial
exclusivamente. Pero además
de ello, se advierten una serie de contradicciones
entre lo inicialmente manifestado
por la actora en sede administrativa
y lo declarado por los testigos en
esta causa judicial.
En la solicitud del beneficio la actora
consigna como domicilio del causante
el de la calle Straus 173 del barrio Las
Mellizas y como domicilio propio el de
calle Chacabuco 395. Se explica en la
causa que “la diferencia de domicilio
con la partida de defunción se debe a
que momentáneamente se encontraban
por problemas familiares, viviendo con
su hermana, que es el domicilio que
declaran en la partida de defunción”
(este es el domicilio de calle Straus 173
del Barrio las Mellizas). Además en la
declaración jurada de “Percepción de
haberes con posterioridad al fallecimiento
del titular” la actora identifica
como su domicilio a Chacabuco 395.
Es decir que, conforme a lo manifestado
por la propia actora, resulta claro
que de existir convivencia a la fecha de
PENSIÓN CONCUBINA
•••
fallecimiento entre ella y el causante, el
domicilio estable de la pareja sería el de
Chacabuco 395. Pero luego, en sede judicial,
la única testigo que declara en tal
sentido, dice que no recuerda bien el
número de la casa, pero que era calle
Chacabuco casi llegando a Lisandro de
la Torre. El resto de los testigos, si bien
dicen que ambos convivían a la fecha
de fallecimiento, señalan que lo hacían
en el Barrio de las Mellizas.
Por otro lado, otro testigo, con domicilio
en calle Chacabuco en frente
de la casa de la actora, judicialmente
declara que en frente de su hogar vive
la madre de la actora, pero el domicilio
de ella no lo sabe, y agrega desconocer
qué relación existía entre la
actora y el causante.
Por todo lo cual, dada las contradicciones
antes apuntadas y siendo que, tanto
en la causa como en las actuaciones administrativas,
no existe otra prueba más
allá de las testimoniales que hagan referencia
a la alegada convivencia al momento
de fallecimiento del causante, es
que tanto Anses como la Justicia bien
entienden a la misma como no probada.
Si bien consideramos que la Anses no
debe ser parte contradictoria en los
procesos administrativos, debemos
destacar, en el presente caso, la excelente
actuación del ente administrativo,
dado que la resolución no podía
haber sido dictada de otra manera debido
a las encontradas declaraciones
testimoniales.
(Expediente Nº 7522, sentencia 430/
2004, Juzgado Federal de San Nicolás,
Secretaría I, firmado por el Dr. José María
Acosta. Esta sentencia no está firme,
ya que el expediente se encuentra en la
Cámara Federal de la Seguridad Social
esperando resolución al día de la fecha).
75

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
76

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
PENSIÓN. ARTÍCULO 43 DE LA LEY 18.037
La actora requiere de la Anses el beneficio
de Pensión del cual se considera
acreedora a consecuencia del fallecimiento
de su esposo. Y siendo que no
existe ningún derecho pensionario sin
que previamente se haya configurado
un derecho jubilatorio, ejercido o no,
corresponde analizar, en primer término,
si el causante poseía derecho
jubilatorio alguno.
De las actuaciones administrativas surge
que el esposo de la hoy actora cesó
en su relación laboral el día 2 de agosto
de 1985. A dicha fecha se encontraba
vigente la ley 18.037, la que en su artículo
43 dispone que tiene derecho al
beneficio de jubilación por invalidez
aquel afiliado que se hubiese incapacitado,
siempre y cuando la incapacidad
se produjere dentro de los cinco años
siguientes al cese.
Es decir que, habiendo cesado el 2 de
agosto de 1985, el período sujeto a análisis
sería el comprendido desde dicha
fecha hasta el 2 de agosto de 1990.
Si bien el causante oportunamente
hace uso de este derecho y goza durante
varios años del beneficio de jubilación
por invalidez, el día 16 de enero de
1990 la administración emite resolución
declarando extinguido el beneficio al 19
de mayo de 1989.Esta resolución fue
consentida por el causante, en razón de
que él mismo no ejerció derecho
impugnatorio ninguno.
No obstante, advertimos que por la
disposición legal antes citada, hasta
agosto de 1990, el causante podría haber
solicitado nuevamente el análisis de
su probable derecho jubilatorio, en razón
de la imprescriptibilidad de los be-
neficios provisionales, principio consagrado
por el artículo 52 de la ley 18.037.
En otras palabras, pese a la extinción del
beneficio anterior, se abría un nuevo
período, superior a un año, posterior al
contemplado en la resolución extintiva
firme.
Si bien el causante no ejerció este derecho,
entendemos que esto no es obstáculo
alguno para considerar posteriormente
la invocación de un probable
derecho a pensión por parte de la viuda,
dado que, conforme al artículo 39
del citado cuerpo legal, la pensión es un
derecho que nace a consecuencia de la
muerte del “jubilado” o del “afiliado en
actividad” o con “derecho a jubilación”.
Es decir que esta última posibilidad contempla
claramente un caso como el traído
a consideración, en el que previo a
analizar el derecho pensionario, debe
ser analizada la probabilidad de un derecho
jubilatorio anterior dado que,
obviamente, dicho derecho no se encontraba
declarado a la fecha del fallecimiento.
Es por eso que se lleva a cabo una pericia
médica, a los efectos de analizar si
el causante, durante el período que va
desde el 19 de mayo de 1989 al 2 de
agosto de 1990, poseía derecho
jubilatorio alguno, y evaluar, por lo tanto,
si durante dicho período presentaba
un grado de incapacidad tal que lo
habilitara para poder haber accedido a
una jubilación por invalidez (artículo 33
de la ley 18.037).
Al respecto corresponde considerar
que, en la pericia médica llevada a cabo
por la profesional designada, luego de
haber analizado los antecedentes mé-
77

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
dicos del causante, se arriba a la conclusión
de que se encontraba incapacitado
dentro del período en análisis.
Si bien, en su oportunidad, la demandada
–Anses- impugnó la pericia médica
efectuada en autos, la perito contesta
dicha impugnación, manteniendo las
conclusiones de su dictamen por las
fundamentaciones en él vertidas, aclara
especialmente que, por tratarse de
una persona fallecida, obligatoriamente
debió basarse en las constancias ya
obrantes en autos.
Además de ello cabe destacar que,
como lo admite la misma demandada,
las afecciones que presentaba el causante
revestían carácter de crónicas y, obviamente,
fueron evolucionando hasta
desencadenar el deceso del mismo. Es
dable señalar que en el presente caso
revisten particular significado los estudios
y certificaciones acompañados por
la viuda al momento de solicitar el beneficio
de pensión, pudiendo citar a
modo de ejemplo el “estudio funcional
respiratorio”, que diagnostica una insuficiencia
ventilatoria obstructiva del tercer
grado.
Por todo ello, no habiendo elementos
que permitan apartarse del dictamen
78
•••
emitido por la perito médica y al reunir
el mismo los requisitos establecidos por
el artículo 472 de CPCN, mereciendo plena
eficacia probatoria en los términos
del artículo 477 del código, consideramos
lógicas las conclusiones arribadas y,
por ende, correcto que el causante presentara,
antes de la fecha de vencerse
el plazo de cinco años previsto por el
artículo 43 de la ley 18.037, un porcentaje
de disminución de la capacidad
laborativa del causante superior al 66%,
que confería el derecho al beneficio (artículo
33 de la ley 18.037).
En consecuencia el Tribunal resolvió
que la Anses deberá dejar sin efecto la
resolución denegatoria que fuera impugnada
mediante la acción judicial, se
ordenó al Organismo demandado que,
dentro del plazo de 90 días, dicte nuevo
pronunciamiento ajustándose a las
pautas vertidas en la sentencia comentada
en este trabajo.Causa número
4.212, sentencia 488/2003, del 11 de diciembre
de 2003, Juzgado Federal de
San Nicolás, Secretaría I, firmado por el
Dr. José María Acosta. Sentencia confirmada
por la Cámara Federal de la Seguridad
Social, Sala III, expediente número
7.463/2004, sentencia definitiva número
108.877 del 8 de julio del 2005).

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
REAJUSTE DE HABERES. LEYES ESPECIALES
La actora, en el caso traído a consideración
para el presente trabajo, realiza
un pedido de reajuste de su haber ante
la Anses, siendo el mismo desestimado
por dicho ente administrativo, motivo
por el cual procede a la impugnación
judicial de esa decisión, solicitando al
Juez que ordene la actualización de su
beneficio.
En su oportunidad, la Anses contesta
la demanda, negando que el haber liquidado
no coincida con los aportes ingresados
por la actora al sistema
jubilatorio de Reparto, y negando también
que los conceptos de solidaridad y
reparto no se hayan aplicado al caso
particular de la actora. Asimismo niega
que el haber inicial fijado sea menor al
que le correspondiera a la actora, y que
el haber jubilatorio no sea el resultante
de las normas vigentes al momento de
acceder al beneficio y de las dictadas con
posterioridad.
Actuando con suma prudencia, el Juzgado
Federal sostuvo que, con relación
a la movilidad solicitada, la clave radica
en determinar si el haber de inicio obtenido
como resultado de la aplicación
de la normativa correspondiente, habría
devenido, con el tiempo y como resultado
del proceso inflacionario, en
confiscatorio, tal como lo plantea el
accionante, con lo cual podría encontrarse
lesionada la garantía constitucional
contenida en el artículo 14 bis de
nuestra Carta Magna.
La actora oportunamente solicitó su
beneficio jubilatorio denunciando los
servicios prestados en el INTA hasta el
31 de marzo de 1993 (fecha de cese), lo
que acreditó con la correspondiente cer-
tificación de servicios. La misma administración
le otorgó el mencionado beneficio,
basándose en las previsiones
contenidas en la ley 22.929; por lo tanto
el presente caso corresponde ser analizado
teniendo en miras a dicha ley.
El artículo 5ª de la mencionada norma
textualmente establece que “el haber
de la jubilación ordinaria será equivalente
al 85% (ochenta y cinco por ciento)
de la remuneración total, correspondiente
al interesado por el desempeño
del cargo que ocupaba al momento de
la cesación definitiva en el servicio”, por
lo que a la actora, conforme lo supra
considerado, le asiste el derecho a un
haber jubilatorio equivalente al 85% de
la remuneración que corresponde a la
categoría que detentaba al cese laboral,
desde el 16 de diciembre de 1995
(fecha desde la cual debe abonarse el
retroactivo).
En razón de lo cual, la demandada
deberá abonar las diferencias que resulten
entre el haber que efectivamente
fue percibido por la interesada, y el que
habría correspondido percibir de conformidad,
según lo previamente
explicitado.
Deseamos dejar aclarado, en consonancia
con lo resuelto por la Justicia, que
lo antes dicho no se ve en nada modificado
por las disposiciones de la ley
24.241, en razón de que más allá de lo
dispuesto en el mencionado cuerpo por
el artículo 160, tercer párrafo, el decreto
2433/93, reglamentario de dicha norma,
expresamente establece que “se
mantienen en vigencia las movilidades
establecidas por las leyes … 22.929... y
cualquier otra ley anterior que contem-
79

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
plara una forma de movilidad distinta a
la contemplada en la ley 18.037”. En igual
sentido lo ha entendido la Corte Suprema
Nacional en el fallo “Chocobar Sixto
c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal
del Servicio Pùblico s/ reajuste por
movilidad” del 27 de diciembre de 1996.
El Juzgado también afirmó que tampoco
obsta al resultado de la acción la
sanción de la ley 24.463, toda vez que
el objetivo principal de ella, claramente,
fue reformar el régimen general del
sistema integrado de jubilaciones y pensiones,
establecido sobre la base de la
ley 24.241, que fijaba un sistema de
movilidad particular, pero no la afectación
de regímenes jubilatorios especiales.
En igual sentido se ha expedido la
Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad
Social en autos “Salmerón José
Luis y otros C/ Anses”, sentencia del 12
80
•••
de marzo de 1998.
Es por todo lo expuesto que la Justicia
Federal resolvió hacer lugar parcialmente
a la demanda presentada por la
actora y ordenar a la Anses que, dentro
del plazo de 90 días, determine los haberes
que hubiera debido percibir la
actora y presente la liquidación del expediente
judicial, debiendo liquidarse el
ajuste correspondiente a partir del 16
de diciembre de 1995 y hasta su efectivo
pago, de conformidad con lo dispuesto
por el Tribunal.(Expediente N° 7.545,
del Juzgado Federal San Nicolás, Secretaría
I, sentencia 391/2003, firmado por
el Dr. José María Acosta. Fallo confirmado
por la Cámara Federal de la Seguridad
Social, Sala I, sentencia definitiva N°
109.516, del 10 mayo 2004. A su vez confirmado
por la CSJN con sentencia Nª
01023 del 10 marzo del 2005).

COLEGIO DE ABOGADOS DE PERGAMINO · RESEÑA DE JURISPRUDENCIA N O 2
La Administración Nacional de la Seguridad
Social denegó el beneficio
previsional peticionado por la actora en
razón de considerar que, habiendo hecho
abandono voluntario del hogar, se
encontraba incursa en la causal de no
adquisición del derecho prevista en el
artículo 1ª de la ley 17.562, según constaba
en las actuaciones administrativas
número 024-27037745907-003-1.
En la etapa judicial, la actora intentó
hacer caer esto por considerar que la
separación se debió a la exclusiva culpa
del causante, derivada de la existencia
de una relación de concubinato, sin efectuar
argumentación alguna respecto al
abandono del hogar conyugal que le
imputa la administración, expresando
tan solo que “aún en el supuesto de que
hubiera existido culpa de ambos cónyuges,
también le correspondería el beneficio”.
El artículo 1ª de la ley 17.562 dispone
que “no tendrá derecho a pensión el
cónyuge que por su culpa o culpa de
ambos, estuviera divorciado o separado
de hecho al momento de la muerte del
SEPARACIÓN DE HECHO
•••
causante”.Es decir que, más allá de que
el causante pudiera haber tenido o no
culpa en la separación, lo cierto es que
la Anses imputa a la actora culpa derivada
de abandono del hogar conyugal,
basándose en el informe ambiental que
se practica en el expediente administrativo
de solicitud de pensión de la concubina.
Este hecho no es desvirtuado en
ningún momento por la actora.
En el caso traído a nuestro estudio,
quedó suficientemente claro que la
actora, por haber tenido al menos una
culpa concurrente en la separación, se
halla excluida del derecho al beneficio.
Por lo tanto el Juzgado Federal resolvió
rechazar la demanda entablada contra
la Anses por las consideraciones
explicitadas.(Causa N° 8.221, sentencia
N° 1.125 del 14 de septiembre del 2006,
dictada por el Juzgado Federal de San
Nicolás, firmado por el Dr. José María
Acosta. Esta sentencia todavía no está
firme, ya que el expediente se encuentra
en la Cámara Federal de la Seguridad
Social para su tratamiento al día de
la fecha).
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