en colombia

el registro mercantil
en colombia

El registro mercantil
en colombia

©Autores:
Rodrigo Puyo Vasco, Manuel Dorado, Agustín Madrid, Eduardo Caicedo
Escobar, Sandra Milena Montes Palacio, José David Martínez Cuervo,
Kristel Maritza Salazar Henao, José David Martínez Cuervo, Juan Antonio
Gaviria Gil, María Virginia Gaviria Gil, Ignacio Sanín, Esteban Sanín, Jorge
Hernán Gil Echeverri, Beatriz Elena Villegas, Adriana Melo White, Laura
Sanín Escobar, Erik Rincón Cárdenas, Álvaro Londoño, Álvaro Isaza, Jorge
Villegas Betancur.
CONTENIDO
©Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Derechos Reservados
Segunda Edición: Junio de 2016
ISBN: 978-958-58723-3-2
Medellín Colombia
Edición general:
Dirección:
Coordinación editorial:
Diseño y diagramación:
Impresión:
Coordinación de producción:
Comité editorial:
Presidente:
Primer vicepresidente:
Segundo vicepresidente:
Presidenta ejecutiva:
Rodrigo Puyo Vasco
Lina Vélez de Nicholls
Jorge Villegas Betancur
Julián Mesa Gil
Secretaría General
Tragaluz Editores
Artes y Rayados
Nathalia Figueroa Meza
Claudia Medina Lopera
Luisa Fernanda Díaz Crespo
Vicepresidencia de Comunicaciones
Corporativas
Junta Directiva, Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia
Gabriel Harry Hinestroza
Luis Fernando Hoyos Giraldo
Carlos Andrés Pineda Osorio
Lina Vélez de Nicholls
REPRESENTANTES DE LOS COMERCIANTES
Principales
Suplentes
Gabriel Harry Hinestroza
Carlos Mario Gaviria Quintero
Carlos Eduardo Loaiza Ortiz
Ignacio Amariles Valencia
Ignacio Restrepo Restrepo
Juan Manuel Gómez Roldán Mauricio Vélez Cadavid
Raúl Mario Echeverri Duque Diego Fernando Restrepo Echavarría
Carlos Andres Pineda Osorio Iván Darío Mejia Arroyave
Alejandro Restrepo Vélez
Carlos Mario Uribe Mejía
Ramón Enrique Gómez Giraldo Jaime Alberto Baena Toro
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO NACIONAL
Principales
Carlos Gilberto Uribe Correa
Rodrigo Puyo Vasco
Beatriz Eugenia Uribe de Uribe
Luis Fernando Hoyos Giraldo
Suplentes
Juan Martín González de Bedout
Juan Felipe Montoya Calle
Ana Cristina Bernal Pérez
Juan Camilo Ramírez López
Prólogo 21
Presentación Sobre los registros públicos,
la información y la ley 25
ÍNDICE DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 33
C a p í t u l o I
Aproximación a una historia del registro mercantil
en Colombia 37
Rodrigo Puyo Vasco
Introducción 39
1. Transición normativa al momento de la independencia
y primeros años de vida republicana 42
2. Primer Código de Comercio colombiano y régimen federal 46
3. Unificación legislativa 1887 49
4. Delegación de registro mercantil a las cámaras
de comercio 53
5. Registro mercantil etapa moderna 56
6. Etapa contemporánea 62
7. Tres reformas legales 68
7.1 Ley de Sociedades por Acciones Simplificadas 68
7.2 Nueva Ley de Garantías Mobiliarias 69
7.3 Registro Nacional de Turismo 69
8. Epílogo 72
8.1 Eclosión de registros públicos 72

6 el registro mercantil en colombia
Índice 7
8.2 Portal electrónico único 72
8.3 Normas constitucionales y legales 72
8.4 Trascendencia creciente de los registros públicos 74
9. Registros públicos 75
Bibliografía 91
C a p í t u l o I I
El registro mercantil español: de la matrícula de
comerciantes decimonónica al registro mercantil
electrónico del siglo xxi 93
Manuel Dorado
Agustín Madrid
Introducción 95
1. Principales hitos de la evolución histórico-normativa
del registro mercantil 99
2. Aspectos telemáticos actuales y perspectivas de futuro
en el registro mercantil español 106
Bibliografía 112
C a p í t u l o I I I
Teoría general de los registros públicos: registro
mercantil y registro inmobiliario 117
Eduardo Caicedo Escobar
1. Acepciones y génesis del registro 119
2. Derecho registral 121
3. Noción e importancia de la publicidad 123
3.1 Publicidad mercantil e inmobiliaria 124
3.2. Instrumentos de la publicidad 125
3.2.1 Como institución jurídica 126
3.2.2 Como oficina 126
3.2.3 Como conjunto de libros y elementos que hacen parte
del archivo 126
3.2.4 Como servicio público 126
4. Fines comunes a los registros públicos analizados 127
4.1 La publicidad de los derechos, los actos, los contratos, las personas,
los establecimientos y los documentos sometidos a registro 127
4.2 La seguridad jurídica 129
4.3 Fomento del crédito 129
4.4 Servir de medio probatorio 129
4.5 Fines secundarios 130
5. Clasificación de los registros 131
5.1 Según la materia registrable 131
5.1.1 Registros de hechos 131
5.1.2 Registros de derechos 132
5.1.3 Registros de títulos 132
5.1.4 Registros de contratos 132
5.2 Según su organización o procedimiento 132
5.2.1 Registros reservados 132
5.2.2 Registros publicitarios 132
5.2.3 Registros legitimadores 133
5.2.4 Registro personal 133
5.2.5 Registro real 133
5.2.6 Registro de transcripción 134
5.2.7 Registro de incorporación 134
5.2.8 Registro de inscripción 134
5.3 Según el papel que corresponde a la inscripción 134
5.3.1 Registros no convalidantes 134
5.3.2 Registros convalidantes 135
5.4 Según los efectos de la publicidad ofrecida 135
5.4.1 Registros administrativos 135
5.4.2 Registros jurídicos 135
5.5 Otras clasificaciones 136
5.5.1 En cuanto a la jerarquía de la cual depende la organización
del registro 136
5.5.2 En cuanto al sujeto encargado del registro 136
5.5.3 En cuanto a la materialidad donde se practica la inscripción 136
5.5.4 En cuanto a la obligatoriedad de la inscripción 136
6. Principios registrales 137
6.1 Principio de inscripción 137
6.1.1 Valor jurídico de la inscripción 138
6.1.2 Inscripción constitutiva 138
6.1.3 Inscripción declarativa 141

8 el registro mercantil en colombia
Índice 9
6.2 Principio de rogación 142
6.3 Principio de prioridad o rango 145
6.3.1 Prioridad sustancial o material 146
6.3.2 Prioridad formal 147
6.4 Principio de tracto sucesivo 148
6.5 Principio de legalidad 150
6.5.1 Homonimia 152
6.5.2 Autorización previa de la Superintendencia de Sociedades 153
6.5.3 Designación o revocación
de administradores o revisores fiscales 153
6.5.4 Cesión de cuotas sociales 153
6.5.5 Saneamiento formal de la escritura pública de constitución
de una sociedad 154
6.5.6 Omisiones en el acto de creación 154
6.6 Principio de especialidad o determinación 155
7. Características del acto registral 157
8. Cámaras de comercio y oficinas de registro
de instrumentos públicos 158
9. Vigilancia y control del registro mercantil y registro
inmobiliario 161
10. Personas, actos y bienes sujetos a registro 162
11. Reglas inherentes al registro mercantil y al registro
inmobiliario 166
12. Modo de hacer la inscripción 168
12.1 Matrícula mercantil y matrícula inmobiliaria 168
12.2 Escrituras de constitución, adición o reforma de sociedades
mercantiles, providencias judiciales y administrativas 170
12.3. Registro de libros de comercio 171
12.4. Registro Único Empresarial y Social, RUES 172
12.5 Registro de garantías mobiliarias 172
13. El Nuevo Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos 174
14. Registros públicos en el derecho comparado 177
Bibliografía 179
C a p í t u l o I V
El procedimiento registral de las cámaras de comercio
como procedimiento administrativo 181
Sandra Milena Montes Palacio
José David Martínez Cuervo
Introducción 183
1. EL PROCESO FORMATIVO DE LOS ACTOS DE REGISTRO 186
1.1 La solicitud de registro: ejercicio del derecho de petición,
en interés particular 186
1.1.1 Peticiones estandarizadas o en masa: formulario de Registro
Único Empresarial y Social 194
1.2 Otras peticiones (solicitudes distintas al acto de
inscripción directa) 196
1.3 Términos para decidir las distintas peticiones ante las
cámaras de comercio 202
1.3.1 Término para tramitar y decidir las peticiones de registro 202
1.3.2 Término para tramitar y decidir las peticiones de copias
de documentos 203
1.3.3 Término especial para expedir certificaciones 204
1.3.4 Término para responder consultas 204
1.3.5 Plazo para responder peticiones de información provenientes
de otras autoridades 204
1.3.6 Silencio negativo 205
1.4 Recepción y radicación en orden cronológico de las peticiones
de registro: expresión del derecho de turno y del principio de
prioridad o rango registral 205
1.4.1 Excepciones al derecho de turno: eventos de prelación legal 209
1.5 Peticiones incompletas, devolución de documentos
(requerimientos) y desistimiento 211
1.5.1 La insistencia 215
1.5.2 El desistimiento tácito 216
1.5.3 El desistimiento expreso de la petición de registro 217
1.5.4 Devoluciones de plano 218
1.6 Integración del interés, e intervención de terceros en el
procedimiento registral 218
1.7 La adopción de la decisión 224

10 el registro mercantil en colombia
Índice 11
1.8 Notificación de los actos de registro 227
1.8.1 Régimen de notificación de las demás decisiones registrales 230
2. EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS ACTOS DE REGISTRO 233
2.1 Anotaciones preliminares 233
2.2 Recursos administrativos 237
2.3 El efecto suspensivo de los recursos administrativos 243
2.4 Los certificados son medios de prueba que no ponen fin a la
actuación administrativa 248
2.5 Revocatoria directa 249
Bibliografía 253
C a p í t u l o V
El registro único empresarial y social, rues:
un aporte a la simplificación de trámites 257
Kristel Maritza Salazar Henao
José David Martínez Cuervo
Introducción 259
1. ORÍGENES 261
2. CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL SISTEMA 266
2.1 Trámites registrales desde y hacia cualquier cámara de
comercio del país 268
2.2 Consulta de información 269
2.3 Expedición de certificados de todos los registros que integran
el RUES 270
2.4 Control de homonimia 271
3. LOS REGISTROS PÚBLICOS QUE INTEGRAN EL RUES 274
4. EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO, RNT 280
4.1 Aproximación 280
4.2 Generalidades del Registro Nacional de Turismo 281
4.3 El Registro Nacional de Turismo y su estrecha vinculación
con el registro mercantil 287
4.4 Importancia del Registro Nacional de Turismo 289
5. EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, RUP 292
5.1 Concepto y elementos 292
5.2 Antecedentes: los registros de proponentes en los estatutos
contractuales de los entes públicos nacionales 294
5.3. El Estatuto General de la Contratación de la Administración
Pública (Ley 80 de 1993) y el Registro Único de Proponentes:
expresión del principio de la selección objetiva 297
5.4 La Ley 1150 de 2007: un giro copernicano en la administración
del Registro Único de Proponentes 302
5.5 La Ley 1150 de 2007 y el sistema del Registro Único
Empresarial, RUE. Creación del Secop e integración del RUE a
sus operaciones 305
5.6 El Decreto Ley 19 de 2012, la creación del RUES y la
reglamentación del RUP a través de los decretos 732 de 2012
y 1510 de 2013. 307
5.7 El Decreto 734 de 2012 308
5.8 El Decreto 1510 de 2013 310
6. El Registro Único Empresarial y Social, RUES 316
Conclusiones 319
Bibliografía 319
Normatividad 320
C a p í t u l o V I
Efectos del registro mercantil en Colombia 323
Juan Antonio Gaviria Gil
María Virginia Gaviria Gil
Introducción 325
1. EFECTOS DEL REGISTRO MERCANTIL EN COLOMBIA 326
1.1 El registro mercantil hace presumir la calidad de comerciante 326
1.2 El registro mercantil hace presumir como dueño de un
establecimiento de comercio a quien figure como tal en
el certificado expedido por la respectiva cámara de comercio 328
1.3 El registro mercantil determina el momento hasta el cual el
enajenante y el adquirente de un establecimiento de comercio
responden solidariamente por las obligaciones contraídas, en
desarrollo de las actividades a las que dicho establecimiento
está destinado 329
1.4 El registro mercantil protege la razón social del comerciante 330

12 el registro mercantil en colombia
Índice 13
1.5 El registro de la escritura de constitución hace oponible una
sociedad frente a terceros y, en algunos casos, hace que esta
sociedad sea una persona jurídica diferente de sus socios 332
1.6 Una sociedad beneficiaria de una escisión, creada en dicho
acto, existe como persona jurídica a partir de la fecha del
registro mercantil de la escritura pública de escisión 334
1.7 El registro mercantil de la escritura de constitución de una
sociedad subsana sus vicios de forma (artículo 115 del Código
de Comercio) 335
1.8 El registro mercantil es la base probatoria de la existencia y
representación de una sociedad 336
1.9 El registro mercantil otorga regularidad probatoria a los libros
y papeles de comercio 337
1.10 El registro mercantil hace oponibles frente a terceros
los actos jurídicos inscritos 339
1.11 Otros efectos 342
2. PRINCIPALES LIBROS, ACTOS Y DOCUMENTOS QUE DEBEN
INSCRIBIRSEEN EL REGISTRO PÚBLICO MERCANTIL 343
2.1 Generalidades 343
2.2 Modificaciones al Código de Comercio, relacionadas con
el registro mercantil 345
2.3 Normas de la Ley 1116 de 2006, relacionadas con el registro
mercantil 346
2.4 Normas de la Ley 1258 de 2008, relacionadas con el registro
mercantil 352
2.5 Normas de la Ley 1429 de 2010, relacionadas con el registro
mercantil 352
2.6 Normas de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)
relacionadas con el registro mercantil 354
2.7 Normas de la Ley 1676 de 2013 sobre garantías mobiliarias
relacionadas con el registro mercantil 355
Conclusiones 356
Bibliografía 358
Normas 359
Circulares 359
Otras 359
C a p í t u l o V I I
El registro mercantil y las sociedades 361
Ignacio Sanín Bernal (q. e. p. d.)
Juan Esteban Sanín Gómez
1. NATURALEZA DEL REGISTRO EN EL DERECHO SOCIETARIO 363
2. ACTOS SOCIETARIOS SUJETOS A REGISTRO 368
2.1 La constitución 368
2.2 La reforma 373
2.3 La sociedad de hecho 374
2.4 La participación 376
2.5 Los administradores y el revisor fiscal 378
2.6 La delegación y la cancelación 389
2.7 Los nombramientos 391
2.8 La renuncia 391
2.9 La remoción 392
2.10 Las sucursales y agencias 393
2.11 La cesión 393
2.12 La fusión 395
2.13 La escisión 397
2.14 La disminución de capital 399
2.15 La prenda 400
2.16 El embargo 401
2.17 La anticresis 405
2.18 La fiducia 407
2.19 El usufructo 408
2.20 La conversión 410
2.21 La disolución 411
2.22 La reconstitución 413
2.23 La extinción 414
2.24 El retiro 415
2.25 La exclusión 417
2.26 La liquidación 417
3. EL IMPUESTO DE REGISTRO 421
3.1 Antecedentes 421
3.2 Tipicidad del impuesto 425

14 el registro mercantil en colombia
Índice 15
3.3 El Impuesto Departamental de Registro en los distintos actos
societarios en el departamento de Antioquia 430
3.4 Algunos problemas jurídicos en la aplicación del impuesto
de registro a los actos societarios 433
3.4.1 Frente a la constitución de sociedades 433
3.4.2 Cesión de cuotas y traspaso de acciones 436
3.4.3 Aumento de capital social, capital autorizado, capital suscrito 437
3.4.4 Esquemas de reestructuración empresarial: escisión,
transformación y fusión 442
3.4.4.1 Escisión 444
3.4.4.1.1 En la escisión parcial 444
3.4.4.1.2 En la escisión total 445
3.4.4.1.3 En la escisión por creación 445
3.4.4.1.4 En la escisión por absorción 446
3.4.4.1.5 Escisiones especiales 447
3.4.4.1.6 Segregación o escisión impropia 449
3.4.4.1.7 Escisión múltiple 449
3.4.4.1.8 La escisión y la transferencia de inmuebles 450
3.4.4.2 Transformación 454
3.4.4.3 La fusión 455
3.4.4.3.1 Fusión por creación y fusión por absorción 455
3.4.4.3.2 Fusión entre sociedades nacionales y extranjeras 456
3.4.4.3.3 Fusión de empresas unipersonales 460
3.4.4.3.4 Fusión triangular 461
3.4.4.3.5 Fusión de sociedades de economía mixta y
sociedades con participación estatal 461
3.4.4.3.6 Fusión impropia 462
3.4.5 Disolución 463
3.4.6 Liquidación 465
3.4.7 Reconstituciones 467
3.4.8 Conversión 467
3.4.9 Nombramientos, remociones, revocaciones y otros actos
sin cuantía 468
3.4.10 Disminución de capital 469
Conclusión 470
Bibliografía 471
C a p í t u l o V I I I
La matrícula mercantil y la función certificadora 473
Jorge Hernán Gil Echeverry
1. LA MATRÍCULA 475
1.1 Introducción 475
1.2 Noción 475
1.3 Características de la matrícula 476
1.3.1 Es pública 476
1.3.2 Es una obligación del comerciante 477
1.3.3 Está sometida a renovación 477
1.3.4 Trámite único 477
1.4 Distinción entre matrícula e inscripción
del comerciante 478
1.4.1 Regulación diferente 478
1.4.2 Antecedente doctrinal 482
1.4.3 Problemática 483
1.4.4 La matrícula es la misma inscripción 484
1.4.5 Su regulación en derecho comparado 485
1.5 Quiénes deben matricularse 486
1.5.1 Principio general 486
1.5.2 El factor subjetivo 487
1.5.3 El factor objetivo 488
1.5.4 El caso especial de las sociedades sometidas al control y
vigilancia de la superintendencia financiera 489
1.6 Forma de efectuar la matrícula 493
1.6.1 Formulario 493
1.6.2 Término para formular la petición 494
1.6.2.1 Comerciante persona natural 494
1.6.2.2 Comerciante persona jurídica 494
1.6.2.3 Establecimientos de comercio 495
1.6.2.4 Las copropiedades y sociedades de hecho 495
1.6.3 Petición individual 495
1.7 Efectos de la matrícula 496
1.7.1 De presunción legal 496
1.7.2 Régimen sustantivo 498
1.7.3 Antecedente registral 499

16 el registro mercantil en colombia
Índice 17
1.7.4 Respecto a la capacidad negocial 500
1.7.5 La publicidad y oponibilidad 501
1.7.6 Regularización 502
1.7.7 Función declarativa 503
1.8 Control de legalidad sobre el nombre 504
1.9 El control de la información 506
1.10 Sanciones por falta de matrícula 508
1.11 La renovación de la matrícula 509
1.11.1 F inalidad 509
1.11.2 Sanción por falta de renovación 510
1.11.3 Renovación y cancelación de la matrícula 514
1.11.4 Revocatoria de la renovación 516
1.12 Cancelación de la matrícula 517
1.12.1 Cancelación a petición del interesado 517
1.12.2 Por orden de autoridad competente 522
2. LA FUNCIÓN CERTIFICADORA 524
2.1 Obligación pública y general 524
2.2 Publicidad formal y material 525
2.3 La fe pública certificadora 526
2.4 La fe pública registral en derecho comparado 534
2.5 Las formas de la certificación 536
2.5.1 Certificaciones nominadas 536
2.5.2 Certificaciones innominadas 538
2.5.3 Certificaciones positivas innominadas 539
2.5.4 Certificaciones negativas 540
2.5.5 Certificación documentaria 541
2.6 La prueba de la representación legal 542
2.6.1 Tarifa legal 542
2.6.2 Contenido de la certificación 546
2.7 Discordancias entre lo certificado y la realidad 547
2.8 La responsabilidad de la entidad certificadora 551
2.8.1 La certificación como acto administrativo 551
2.8.2 Responsabilidad respecto a lo certificado 553
2.8.3 Responsabilidad profesional 556
2.8.4 La certificación en firme 557
Bibliografía 559
C a p í t u l o I X
Principales cambios introducidos por la Ley 1607
de 2012 de Reforma Tributaria que inciden en la
legislación registral 561
Villegas Melo Abogados
Beatriz Elena Villegas y Adriana Melo White
Introducción 563
1. Concepto de establecimiento permanente 565
2. Definición de dividendos 570
2.1 Definición de dividendos en materia comercial 570
2.2 Definición de dividendos en materia tributaria 571
3. Aporte en especie y prima en colocación de acciones 573
3.1 Reglas tributarias aplicables a los aportes en especie 573
3.2 Aportes a sociedades con prima en colocación de acciones 575
3.2.1 Regulación fiscal de la prima: 575
3.3 Impuesto de registro en los incrementos
de capital con prima: 577
4. Organizaciones empresariales 582
Conclusión 586
Bibliografía 586
C a p í t u l o X
La virtualización de los servicios de registro de
las cámaras de comercio. Aproximación práctica 587
Erick Rincón Cárdenas
Introducción 589
1. RIESGOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS DE LA INFORMACIÓN
ELECTRÓNICA 590
2. PRINCIPIOS ASOCIADOS A LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 594
2.1 Equivalencia funcional 594
2.2 Neutralidad tecnológica 594
2.3 Inalterabilidad del derecho preexistente 595
3. MANIFESTACIONES DEL PRINCIPIO DE LA EQUIVALENCIA
FUNCIONAL 596
3.1 El equivalente funcional de escrito 597
3.2 El equivalente funcional de firma 597

18 el registro mercantil en colombia Índice 19
4. FIRMA DIGITAL 603
4.1 Atributos de seguridad jurídica 606
4.2 Presunción de legalidad del artículo 17 de la Ley 527 de 1999 608
4.3 Presunción de legalidad del artículo 28 de la Ley 527 de 1999 609
4.4 El equivalente funcional de original 609
4.5 El equivalente funcional de archivo y conservación 610
5. ANÁLISIS DE LA VIRTUALIZACIÓN DE ACTOS SOMETIDOS
A REGISTRO EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO 612
Bibliografía 627
C a p í t u l o X I
El proceso concursal y el registro mercantil 629
Álvaro Londoño Restrepo
Álvaro Isaza Upegui
1. Principios del régimende insolvencia 631
2. El proceso de reorganizacion 633
3. EL PROCESO DE LIQUIDACION 637
4. OTROS ACTOS SUJETOS A REGISTRO 639
5. LA INSOLVENCIA DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES 641
6. LA INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA 642
7. LA INSOLVENCIA DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE 643
8. OTROS ASUNTOS REGULADOS EN EL REGIMEN DE INSOLVENCIA 644
9. LA FIDUCIA EN GARANTÍA 646
10. LA LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS 648
Bibliografía 650
2.1 Registro en el Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes
Muebles 672
2.2 Articulación entre el registro general
y los especiales 673
2.2.1 Registro de garantías mobiliarias sobre derechos
patrimoniales sobre propiedad industrial 674
2.2.2 Registro de garantías mobiliarias sobre vehículos
automotores 675
2.2.3 Registro de garantías mobiliarias sobre bienes sometidos
a registros distintos del de propiedad industrial y del de
vehículos automotores 677
2.3 Naturaleza del registro de garantías mobiliarias 678
2.4 Definición de registro de garantías mobiliarias 679
2.5 Características del registro de garantías mobiliarias 680
2.6 Vigencia de la inscripción 686
2.7 Idioma de los formularios y de la información 687
2.8 Copia de los formularios de registro 687
2.9 Modificación de la inscripción de una garantía mobiliaria 688
2.10 Cancelación de la inscripción de una garantía mobiliaria 689
2.11 Procedimientos para la modificación o cancelación
obligatoria de la inscripción de una garantía mobiliaria 690
2.12 Registro de los formularios de ejecución y restitución de
la garantía 693
2.13 Registro de garantías surgidas por ministerio de la ley 694
Bibliografía 694
C a p í t u l o x i i
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
Una mirada desde el registro 651
Jorge Villegas Betancur
Introducción 653
1. El régimen de garantías mobiliarias en Colombia 659
2. El modelo de registros en Colombia y
la integración del régimen de garantías mobiliarias 669

21
Prólogo
Nota del editor:
Esta es la segunda edición revisada, corregida y actualizada de la obra Registro
Mercantil, publicada en papel impreso por la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia en 2005. Desde esa fecha hasta hoy (junio de 2015) se han proferido
distintas normas que han propiciado la actualización de la obra con la inclusión
de nuevos artículos. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia sugiere
al lector ver las nuevas circulares de la Superintendencia de Industria y Comercio
con respecto al registro público administrado por las cámaras de comercio, para
mantenerse actualizado.
Es para mí un gusto realizar el prólogo de la segunda edición de esta
importante obra, que es de por sí un referente obligado en materia de
registro mercantil y que se constituye hoy en una herramienta que contribuye
al fortalecimiento de la actividad de las cámaras de comercio, entidades
estas que simbolizan o encarnan el corazón empresarial y comercial
colombiano, y que contribuyen de manera efectiva al surgimiento y el desarrollo
de una actividad mercantil formal y sana; a la optimización de los
recursos económicos, jurídicos, sociales y culturales de las regiones, a través
del fomento de mejores prácticas empresariales y del impulso de sinergias
entre los sectores estratégicos del país, generando así, eficiencias que redundan
de forma directa en mayor y mejor satisfacción de las necesidades
de los ciudadanos y de la sociedad misma, a unos menores costos de transacción,
mejorando la calidad de vida de las personas, y aportando, de esta
forma, a la debida realización de los fines del Estado Social de Derecho y de
la Economía Social de Mercado.
Y es que se debe tomar en consideración que las funciones de las cámaras
de comercio en el país —hoy 57—, y especialmente en las regiones,
no reportan únicamente beneficios para el segmento empresarial sino que
su actividad irradia a toda la comunidad donde tienen asiento, generando
condiciones más equitativas de progreso, buscando soluciones a las problemáticas
sociales y económicas que afrontan, al brindar herramientas de progreso
a través del fomento de actividades productivas no solo generadoras
de renta sino de empleo, y haciendo del comerciante un actor fundamental
en la obtención de la paz con justicia social.
Por lo anterior, vemos que las entidades camerales encarnan en las regiones
un auténtico poder de autoridad, respeto, consideración y aprecio,

22 el registro mercantil en colombia Prólogo 23
equiparable al de sus gobernantes, y que nos recuerda, como ninguna otra
institución social, la «auctoritas» romana, en la medida en que su influencia
no deviene de un acto político, de fuerza o de poder, sino que emana del
valor y la repercusión de sus actos en el entorno en el que se encuentra. Es
decir, su prestigio lo dan sus efectivas ejecutorias y contribuciones al desarrollo
de las distintas regiones. Es por ello que las personas las reconocen
como gestoras de progreso, cambio y como las voceras encargadas de visibilizar
las necesidades, las realidades y las fortalezas en los contextos tanto
nacionales como internacionales.
Precisamente, al ser las cámaras de comercio entidades de comerciantes
y para comerciantes, y tomando en consideración que para el año en que
asumí la dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio (2012),
algunas de estas se encontraban alejadas del rol que debían asumir en su
respectiva jurisdicción, es que se hizo evidente la necesidad de tomar correctivos
que condujeran a la reivindicación de su papel y prestigio, de forma tal
que las políticas y el desarrollo de su gestión, no representara los intereses
de algunos sino que se encauzaran a la realización de los fines de la generalidad
de los empresarios y de la población productiva misma.
Por lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio, consciente
del rol transversal que cumplen las cámaras de comercio, y entendiendo que
complementan y respaldan de forma esencial la labor por ella realizada en
diversos sectores en época reciente, desplegó una enorme y ambiciosa labor,
tendiente al fortalecimiento de la gobernabilidad y la transparencia de las
cámaras de comercio, obteniendo como resultado, la expedición de la Ley
1727 de 2014 y su entonces Decreto Reglamentario 2042 de 2014, hoy compilado
en el capítulo 38 sección primera del Decreto 1074 del 2015.
Ahora bien, por la privilegiada posición que ocupan las cámaras de comercio
en el panorama nacional, y por su vocación de eficiencia y dinamismo,
la legislación les ha delegado la función de administrar el registro mercantil,
de forma tal que se dote de publicidad a personas, actos, documentos e información
de diversa índole, que resulta indispensable para el tráfico jurídico
y comercial, en la medida en que protege los derechos tanto del titular del
registro como de los terceros interesados en la información que allí figure.
Por lo anterior, la tarea emprendida hace poco más de diez años por la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y que hoy se vuelve a materializar
con la actualización de esta obra, se constituye en una herramienta
que reviste basilar importancia no solo en el cotidiano ejercicio de aquellos
que tiene a su cargo la administración de las actividades relacionadas con
el registro —entiéndase cámaras de comercio—, sino de todos aquellos que
intervienen en la actividad empresarial de Colombia, bien sea en calidad de
comerciantes empresarios o de consumidores, puesto que a través de este
registro público se brinda seguridad y transparencia, ejes indispensables para
el correcto funcionamiento de las relaciones que se transan en el mercado.
De esta forma, el libro cuyo prologo se me encomienda en esta ocasión,
está dirigido a estudiantes, docentes, asesores empresariales, jueces y funcionarios
públicos, toda vez que no solo se ocupa de las cuestiones actuales
del registro mercantil, sino que además vuelve dúctil y maleable los fundamentos
históricos y jurídicos sobre los cuales se alza esta institución, describiendo
los paradigmas por ella recorridos, iniciando en época de la independencia
hasta llegar al escenario actual, el cual consolida bajo el Registro
Único Empresarial y Social, RUES, la central de datos más grande del país.
Y es que como se verá en el presente libro, el camino recorrido por las
cámaras de comercio en materia de registro mercantil, ha estado marcado
por una actitud proactiva que tiende al fortalecimiento y a una eficiente
gestión en la administración del mismo, teniendo como principio de observancia
irrestricta el respeto por el usuario registral, lo cual llevó a que el
Gobierno le encomendara la administración de nuevos registros agrupados
en el ya citado RUES.
Ante dicho escenario, las entidades camerales, lejos de amilanarse ante
tan épica responsabilidad, aumentaron su capacidad y esfuerzos para asumir
con suficiencia dicha tarea, habilitando canales presenciales y no presenciales
—como call center y ambientes virtuales—, para adelantar servicios
de acompañamiento al usuario y tener una interacción más cercana y
clara con estos.
Precisamente, y como acertadamente se trata en la presente obra, para
garantizar la conectividad de las cámaras de comercio con la sociedad, se
impuso la necesidad de virtualizar a nivel nacional, los servicios que ellas
prestan, de forma tal que en ambientes totalmente electrónicos, se adelante
el procedimiento registral, reduciendo costos y tiempos de respuesta, y
facilitando el acceso de toda la población a dichos tramites.
Así, pues, y para ir terminando por la parte inicial del proyecto que presento,
este libro expone los características fundamentales que cualquier

24 el registro mercantil en colombia
25
registro público debe revestir, haciendo especial énfasis en el rol que cumplen
dentro del sistema económico y jurídico colombiano, a través de la función
certificadora, pilar que como se recordará, resulta indispensable para el
desarrollo de las relaciones en la sociedad.
Habiendo dado un somero recuento de los aspectos que se abordan
en la presente obra, y al evidenciarse un sistema cameral robusto, sensible
ante las realidades registrales y que está a la vanguardia de las necesidades
del país en materia de registro, no resulta descabellado pensar, que el
futuro paradigma del registro público colombiano, sea el paso a un sistema
integrado e integral de registro, que reúna la totalidad de actos, libros, bienes
y personas, cuya situación deba ser publicitada y certificada por un ente
especializado que no solo goce de honorabilidad sino que tenga la capacidad
y elocuencia para desempeñar vital tarea dentro del Estado.
Pablo Felipe Robledo
Superintendente de Industria y Comercio
Presentación
Sobre los registros públicos,
la información y la ley
Desde los roles misionales de las cámaras de comercio y en particular, considerando
las líneas estratégicas de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia, queremos entregar esta obra a los grupos de interés y a los
comerciantes, quienes muy seguramente podrán encontrar en ella la fundamentación
y explicación de muchos conceptos vinculados con el registro
público, una de las funciones que esta entidad viene desempeñando desde
hace más de ochenta años.
En el año de 2004 realizamos el primer ejercicio de edición de esta obra,
el entorno normativo de ese entonces y la necesidad creciente de hacer distintos
estudios sobre el sistema de registro nos motivó a llevarlo a cabo. Luego
de una década de cambios normativos cada vez más vertiginosa y la importancia
que han venido tomando los sistemas de información en la sociedad
contemporánea exigen que nuevamente se presente esta obra debidamente
actualizada con los cambios normativos y con las reflexiones que la dinámica
del comercio y de la circulación de la información exigen.
De esta manera, conceptos y enunciados como sociedades de la información,
empresas basadas en los datos como recurso esencial, el recurso que
propician estas fuentes para la toma de decisiones, para la realización de distintas
actividades empresariales; hacen parte del argot actual en la economía.
De hecho, la información ocupa un papel preponderante en cualquier escenario
al que se mire dentro del mundo de los negocios, y en particular del mercado,
y por ello vale la pena reflexionar y hacer estudios al respecto.
Considerando lo anterior, desde la óptica empresarial es fundamental
alinear las necesidades de este sector con la actividad legislativa, sin desconocer
que desde que el ser humano llega al mundo se realizan de manera
permanente registros públicos, iniciando con el registro que da cuenta del

26 el registro mercantil en colombia Presentación 27
nacimiento y la existencia de las personas y terminando con otro que indica
el momento de la muerte. Todo esto sin dejar por fuera los numerosos
registros que hay que realizar respecto de distintas actividades, dentro de
las que se destaca la actividad de los comerciantes, registros públicos en los
cuales se vierte información fundamental para el ejercicio de las actividades
comerciales que le dan dinámica, seguridad y eficiencia al mercado.
Más allá de las nuevas normas sobre protección de datos personales, el
ejercicio del habeas data, el acceso a la información y la transparencia, es necesario
establecer una línea teórica que se relaciona con una de las formas en
la que la información se produce, se procesa y se entrega al público; y en tal
sentido nos referimos a los distintos registros públicos que existen en el país,
en especial los que se vinculan con la actividad empresarial, varios de ellos
administrados por las cámaras de comercio desde hace más de ochenta años.
Desde las cámaras de comercio del país, como administradoras de los registros
públicos, se lleva a cabo una importante gestión con la información que
se inscribe o se reporta por parte de comerciantes, entidades sin ánimo de lucro
y proponentes; trabajo que consiste en la administración de los datos originados
en los registros públicos a través de herramientas, métodos y estrategias en
pro de la competitividad de empresarios y distintos sectores del mercado.
Para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia es fundamental
hacer un aporte académico desde los desarrollos teóricos y doctrinales
que se han llevado a cabo sobre registros públicos, para proceder a hacer
entrega de estos estudios a la comunidad académica y empresarial, y continuar
de este modo con el desarrollo de sus actividades misionales que se
materializan con este tipo de trabajos.
Para el año 2006 se realizó la primera edición del libro Registro Mercantil
en Colombia, hoy, casi diez años después entregamos esta segunda edición
en la cual hemos incluido todas las actualizaciones normativas que han entrado
en vigencia, integrando en un solo libro las posiciones y los planteamientos
de algunos de los juristas más calificados del país en estos temas,
además de la participación de juristas extranjeros que han colaborado con
su punto de vista en estos estudios de gran talla académica.
A modo de presentación del libro queremos manifestar la importancia
de este tipo de publicaciones que se enmarcan dentro del quehacer del registro
público administrado por las cámaras de comercio; en tal sentido, en
un primer lugar amerita hacer un análisis respecto de la calidad y función
que desempeña la información que reposa en estos registros, y en un segundo
lugar la forma en la que la ley interviene en estos procesos registrales en
aras de depurar y garantizar la accesibilidad, la calidad del dato y la seguridad
de la información que se tiene respecto de un mercado determinado;
situaciones que de igual manera han sido propiciadas y orientadas desde los
principios de la transparencia y el acceso a la información.
Como se expresó anteriormente, el sistema de cámaras de comercio administra
distintos tipos de registros públicos vinculados con el comercio y en
ellos se deposita por parte de los comerciantes información relacionada con
sus actividades. Cada uno de los registros se hacen para cumplir con exigencias
de la ley, bien sea como requisitos constitutivos, habilitantes, declarativos o en
atención de las normas jurídicas. Principalmente los datos que conforman los
registros públicos provienen de los comerciantes, son suministrados por estos
de acuerdo con cada uno de sus perfiles, actividades, recursos destinados a la
actividad y todos los demás datos que la ley exige para la formalización como
comerciante. En este sentido vale la pena precisar que, desde la ley, son los comerciantes
quienes de manera espontánea declaran o indican la información
para hacer el registro ante las cámaras de comercio. Adicional a esto se debe
considerar que desde la expedición del Código de Comercio en el año 1971, se
estableció la obligación de renovar la matrícula mercantil, buscando así facilitar
la labor de actualización del registro público, de tal manera que la información
que en él reposaba surtiera una actualización permanente, por lo menos
cada año; así mismo esta obligación fue establecida para los demás registros
que administran las cámaras de comercio a partir del Decreto 019 de 2012.
De acuerdo con las normas del Código de Comercio y las que se incluyeron
a partir del Decreto 019 de 2012, se entiende que el deber de renovar
la matrícula mercantil y los demás registros apunta a la finalidad principal
del registro público que es dar publicidad a la información que en él se encuentra,
información que va a adquirir un mayor valor o que podrá brindar
elementos fundamentales para el mercado y la economía en cuanto se encuentre
actualizada y pueda hablar a ciencia cierta sobre una realidad determinada
dentro del mercados, los distintos sectores, las cifras económicas
y todos aquellos datos que facilitan la proyección económica y estimulan la
creación de incentivos para promover diferentes sectores o diversas situaciones
dentro del sector empresarial desde distintos dispositivos normativos.

28 el registro mercantil en colombia Presentación 29
Ahora bien, la información que reposa en los registros públicos llega
a ser valiosa por dos razones principales, la primera es porque proviene de
todos los obligados desde los distintos registros en forma directa, son estas
personas quienes acuden ante las cámaras de comercio a declarar su situación
y a hacer la petición de inscripción en alguno de los registros, no hay
intermediarios y tampoco se captura información de otras fuentes, en tal
sentido se puede afirmar que el registro público que administran las cámaras
de comercio es fuente primaria de la información de los comerciantes.
En segundo lugar, la información que reposa en los registros públicos
es valiosa en cuanto que se mantiene actualizada y por lo tanto la información
que reposa en el registro es sumamente dinámica, adecuándose a la
realidad y la naturaleza misma del mercado.
De conformidad con lo dicho en los párrafos anteriores y considerando
la importancia de mantener la información del registro público actualizada,
podemos evidenciar cómo la ley ha propendido por solucionar una de las
principales fallas del mercado, que es la referente a la asimetría de la información,
entendida esta como la falta de información en el mercado para
poder tomar decisiones racionales respecto de asuntos económicos, tales
como la oferta de productos y servicios y la correspondiente demanda de los
mismos por parte de los actores que se encuentran en el mercado.
Al principio de esta presentación hicimos mención a la importancia de
la información en la sociedad moderna, sin embargo, para el tiempo que
transcurre actualmente, no cualquier información va a ser útil para solucionar
los problemas de asimetría que existen en el mercado; es por ello que
el Estado colombiano, a través de las herramientas legislativas, reguló de
manera más estricta lo que ya se había indicado en el Código de Comercio
respecto de la renovación de la matrícula mercantil y el decreto 019 de 2012
sobre los otros registros en lo que se refiere a esta obligación para entidades
diferentes a los comerciantes, personas naturales y sociedades comerciales.
A través de la ley 1727 de 2014 se realizó una reforma al Código de
Comercio; en esta ley se incluyeron distintas normas referentes a la sanción
por no efectuar la renovación de la matrícula mercantil y que se hicieron efectivas
o que tuvieron sus primeras aplicaciones para el periodo de renovación
del año 2015. Dentro de los tres primeros meses de este año se observó cómo
los comerciantes asumieron el compromiso de cumplir con la norma renovando
la matrícula mercantil oportunamente, facilitando la actualización del
registro público mercantil y al mismo tiempo evitando la aplicación de las
sanciones previstas por la ley en aquellas situaciones de no renovación.
La ley trató de ajustar la realidad de la información que reposa en los registros
públicos con la realidad económica de las ciudades, las regiones y el país,
sobre todo desde el punto de vista de la información, entendiendo la importancia
de esta para el mercado y la necesidad de superar la falla del mercado correspondiente
a la asimetría de la información como se observó anteriormente.
Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Ley 1727 se detectó que
para el 2015 el proceso de renovación llevado a cabo en esta cámara de comercio
tuvo cambios significativos, que pueden explicarse desde la información
que arrojaron nuestros registros para abril de 2015. En relación con el 2014 los
cambios en el número de trámites de renovación fueron los siguientes:
RENOVACIONES EFECTUADAS ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 2016 EN RELACIÓN
CON LAS EFECTUADAS EN EL AÑO 2015 y 2014 EN EL MISMO PERIODO
2014 2015 2016
VARIACIÓN
2015-2016
Registro mercantil 54.027 85.938 81.863(*) -4,98 %
Entidades sin ánimo de lucro 2.215 4.247 4.246 -0,001 %
Registro Único de Proponentes 1.266 1.699 1.742 0,97 %
Registro Nacional de Turismo activos 1.107 1.317 1.525 0,863 %
TOTAL 58.615 93.201 89.376
En relación con la ley en comento, puede afirmarse entonces que con
ella se cumple una de las funciones asignadas a la norma jurídica, que es la
de su eficacia material en relación con sus destinatarios. La eficacia se entiende
en este aspecto como la materialización de los efectos y resultados
proyectados por el legislador en la realidad, se trata de un análisis en el que
se evalúa la correspondencia entre lo regulado en la norma y los resultados
objetivos que se obtienen con dicha regulación, verificando de este modo si
los resultados se adecúan a los propósitos establecidos por los legisladores
al momento de crear la norma.
El ejercicio de la función de administrar los registros públicos a cargo
de las cámaras de comercio debe continuar, y gracias a instrumentos normativos
como el que hemos revisado en esta presentación se afianza el rol
de estas instituciones en el mercado y en la economía del país. Las cámaras
de comercio se constituyen cada vez más en un estamento indispensable

30 el registro mercantil en colombia Presentación 31
para los comerciantes, los cuales no solo cumplen con su obligación de matricularse
en estas sino también con la actualización, la renovación de su
información anualmente de acuerdo con las disposiciones legales que regulan
la materia. De este modo, el cumplimiento de estas obligaciones por parte
de los comerciantes de la manera que se ha venido dando, especialmente
en el año 2015, va a garantizar que la información que reposa en las cámaras
de comercio, además de contener un mayor número de datos públicos, va a
estar actualizada, permitiendo así una disminución en la brecha que existe
en el mercado en relación con la asimetría de la información.
Ahondando en la importancia de los registros públicos hemos emprendido
la tarea de retomar la publicación que se hiciere hace casi diez años,
la cual se ha actualizado y se ha puesto al día para que quede a disposición
de empresarios, juristas, académicos y estudiantes que de esta forma accedan
a una fuente de conocimiento especializada vinculada con los temas
del registro público que administran las cámaras de comercio, dentro de las
temáticas abordadas en esta edición se destacan las siguientes:
Esperamos así cumplir esta función primordial de la entidad, como lo
es divulgar la legislación mercantil y en particular la registral, y que los destinatarios
de la obra obtengan de ella la guía, los conceptos y la orientación
necesaria para comprender el mundo de los registros públicos.
Lina Vélez de Nicholls
Presidente ejecutiva
de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
• Historia del registro mercantil
• El registro mercantil español: de la matrícula de comerciantes decimonónica
al registro mercantil electrónico del siglo xxi.
• Teoría general de los registros públicos: registro mercantil-registro
inmobiliario.
• El procedimiento registral de las cámaras de comercio como procedimiento
administrativo.
• El Registro Único Empresarial y Social, RUES, un aporte a la simplificación
de trámites.
• Efectos del registro mercantil en Colombia.
• El registro mercantil y las sociedades. La matrícula mercantil y la función
certificadora.
• Principales cambios introducidos por la Ley 1607 de 2012 de reforma
tributaria que inciden en la legislación registral.
• La virtualización de los servicios de registro en las cámaras de comercio.
• El proceso concursal y el registro mercantil.
• El régimen de garantías mobiliarias en Colombia, una mirada desde
el registro.

33
ÍNDICE
DE ABREVIATURAS Y SIGLAS
AktG.
Ley de sociedades anónimas (Aktiengesetz)
Art.
Artículo
Arts.
Artículos
BID
Banco Interamericano de Desarrollo
C. C. Código Civil
C. C. A. Código Contencioso Administrativo
C. P. A. C. A. Código Procedimiento Administrativo
y Contencioso Administrativo
C. Co. Código de Comercio
Cía. S. C.
Sociedad en comandita simple
S. C. A. Sociedad en comandita por acciones
S. A. S. Sociedad por acciones simplificada
C. E. Circular externa
CEE
Comunidad Económica Europea
C. P. (gil: cpc) Consejero ponente
C. P. C. Código de Procedimiento Civil
C. G. P. Código General del Proceso
C. T. Código de Transmisión
C. U. Circular única
cfr.
Confrontar
Cinder
Centro Internacional de Derecho Registral
Conpes
Consejo Nacional de Política Económica y Social
COT
Código Orgánico de Tribunales
D. L. Decreto ley

34 el registro mercantil en colombia ÍNDICE DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 35
DNP
Departamento Nacional de Planeación
Dr.
Doctor
D. R. Decreto reglamentario
DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DUR
Decreto único reglamentario
EDI
Intercambio electrónico de datos
E. O. S. F. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
E. T. Estatuto tributario
E. U. Empresa unipersonal
Exp.
Expediente
Fogafín
Fondo de Garantías del Sector Financiero
fl.
Folio
fls.
Folios
GmbHG
Ley de sociedades de responsabilidad limitada
(GmbH-Gesetz)
ibíd.
Ibídem
inc.
Inciso
IVA
Impuesto al valor agregado
L. Ley
L. G. S Ley general de sociedades
L. S. A. Ley de sociedades anónimas
M. P. Magistrado ponente
M. S. (MG Sanín) Magistrado sustanciador
NIT
Número de identificación tributaria
num.
Numeral
ONG
Organización no gubernamental
op. cit . Obra citada
O. R. I. P Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
p. Página
pp.
Páginas
res.
Resolución
R. M. B. C. A. Revised Model Business Corporation Act
RUE
Registro único empresarial
RUP
Registro único de proponentes
RNT
Registro nacional de turismo
R. R. M. Reglamento del registro mercantil
RUNT
Registro único nacional de tránsito
R. R. P. Reglamento general de los registros públicos
R. R. S. Reglamento del registro de sociedades
SUGSBM
Sistema Unitario de Garantías Sobre los Bienes Muebles
S. A. Sociedad anónima
Ltda.
Sociedad de responsabilidad limitada
SIC
Superintendencia de Industria y Comercio
sic
trascripción exacta
Sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
Supersociedades
Superintendencia de Sociedades
Superfinanciera
Superintendencia Financiera
ss.
Siguientes
TIC
Tecnologías de la información y de la comunicación
E. C.: Estatuto Contable
PUC:
Plan Único de Cuentas
R. R. M.: Reglamento Registro Mercantil
BORME:
Boletín Oficial del Registro Mercantil
LSRL:
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada
BOE:
Boletín Oficial del Estado
NIF:
Normas de Información Financiera
DUE:
Documento Único Electrónico
DGRN:
Dirección General de los Registros y el Notariado
SUGSBM:
Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes Muebles
PUC:
Plan Único de Cuentas.
RGC:
Registro General de Comercio.
Vid. Vide (véase)

37
Capítulo I
Aproximación a una
historia del registro
mercantil en Colombia
Rodrigo Puyo Vasco
2016
Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 1969. Estudios de Tercer
Ciclo –Maestría Mercado y Derecho 2003-2004– y doctor Universidad Pablo de Olavide,
Sevilla, España. Ha ejercido como profesor de grado y posgrado (de Derecho Comercial)
en las universidades de Medellín, Pontificia Bolivariana, Externado de Colombia y
Javeriana. Es delegado del Presidente de la República en la Junta Directiva de la Cámara
de Comercio de Medellín para Antioquia 1982-1994 y 1998-2014, presidente de su
Comité Jurídico y del Comité Asesor del Centro de Arbitraje y Conciliación. Presidente
del Colegio de Abogados de Medellín, años 2000-2004 y 2011-2012; en la actualidad,
miembro de su Junta Directiva. Miembro correspondiente de la Academia Colombiana
de Jurisprudencia. Árbitro del Colegio de Abogados de Medellín y de la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia.

38 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 39
Este artículo es una versión revisada del original publicado en esta misma
compilación en el año 2005.
Resumen
El presente escrito se divide en ocho etapas en las que se pretenden resumir
los principales hitos que se han dado en la regulación normativa colombiana
en lo referente a los registros mercantiles. Se trata de etapas que
comienzan en la era de la Independencia de Colombia con el surgimiento de
los primeros códigos, continuando con la incorporación de las cámaras de
comercio, cuya función principal fue administrar el registro público mercantil
de acuerdo con el mandato legal. En la época siguiente se logra la consolidación
de registros en las cámaras de comercio, estos se agruparon a través
del Registro Único Empresarial y Social, RUES, para finalizar con el periodo
actual, en el que se ha dado origen a una verdadera eclosión de registros
públicos que rigen la vida y las actividades de los ciudadanos colombianos.
Abstract
This paper is divided in eight different stages in which we summarize the milestones
of the Colombian normative regulation regarding the commercial
registers. These stages begin in the Colombian Independence era with the appearance
of the first Codes. Later, with the incorporation of the chambers of
commerce whose main role was to manage the mercantile public registry according
with the legal mandate. In the next stage, the consolidation of the registries
in the Chambers of Commerce is achieved. These registries were grouped
together through the Registro Único Empresarial y Social, RUES (Business
and Social Single Record). The paper finishes with the current era, where we
are living a true emergence of Public Registries that regulate the life and the
activities of Colombian citizens.
Introducción
En nuestro medio la institución del Registro Mercantil participa de similares
antecedentes e influencias que en los demás países iberoamericanos,
cuyas legislaciones mercantiles fueron una continuidad de la normatividad
ibérica, posteriormente adaptándose, como también lo hizo la península, al
modelo napoleónico consagrado en el Código de Comercio Francés (De Solá
Cañizares, 1962). Escasos doscientos años comprenden las legislaciones independientes
hispanoamericanas, en el caso particular de las regulaciones
mercantiles estas surgen en una etapa de transición del antiguo modelo
regulador de un derecho profesional o corporativo de los mercaderes a una
nueva concepción impulsada, en buena parte por la Revolución Francesa,
que acoge un esquema de plena libertad para el ejercicio del comercio sin
las restricciones medievales, adoptando como gran criterio o guía la teoría
del Acto de Comercio.
Dentro de esta exposición, inicialmente se hará referencia al legado
hispánico registral, en el cual se destacan las nuevas Ordenanzas de Bilbao
de 1737, legislación positiva nacional hasta el inicio de la vigencia del primer
Código de Comercio en 1853 y que igualmente informó al Consulado de
Cartagena, máximo Tribunal Mercantil Nacional a partir de su erección en
1795 y que perduró con supresiones y restablecimientos, hasta comienzos de
la década del treinta del siglo xix. En esta primera etapa con una muy modesta
economía que apenas se asomaba al capitalismo, aparecen los primeros
indicios de un registro mercantil tanto para la inscripción de los comerciantes
como para la publicidad de algunos importantes actos mercantiles. Sin
embargo, se destaca desde los albores de la vida independiente republicana
como el legislador se adscribió a la teoría objetiva de los actos de comercio,
superando los criterios corporativistas o gremialistas que presidieron
la Edad Media 1 . Una segunda etapa se inicia a partir del Código Mercantil
1 Ley (10 de julio 1824) que establece el modo de conocer de las causas de comercio,
de sustanciarlas y de terminarlas
Artículo 3. Serán juzgados con arreglo a esta ley todos los pleitos y diferencias que
ocurran sobre actos de comercio entre cualesquiera individuos, aunque no sean
comerciantes, con tal de que no bajen la cantidad sobre que versen de cien pesos.
Artículo 4. La ley reputa actos de comercio las empresas y ventas de frutos y mercaderías;
los contratos de manufacturas, de comisiones por tierra o por agua; las

40 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 41
de 1853, que surgió como iniciativa del prolífico legislador panameño don
Justo Arosemena y que en buena parte reproducía el Código español de 1829
elaborado por don Pedro Sáinz de Andino, texto que igualmente se fundamentaba
en el mencionado Código de Comercio Napoleónico de 1807. Fue
efímera la vigencia nacional de este código por la llegada en 1858 de una
legislación federalista, cuya máxima expresión se plasmó en la Constitución
de Rionegro de 1863. En este modelo constitucional la expedición de la legislación
terrestre mercantil pasó a ser competencia de los Estados de la
Unión, conservándose como legislación naciónal lo atinente a la legislación
marítima mercantil. Dentro de este caos normativo, en el cual varios Estados
no alcanzaron a legislar, la misma desestabilización política que sufrió el
país y que se reveló en numerosas confrontaciones armadas, la orientación
ideológica del régimen que exaltaba la total libertad para el ejercicio de la
industria y el comercio, impidieron la consolidación de un sistema de registros
mercantiles.
Una tercera etapa surge con la conformación de la república unitaria y
centralista consagrada en la Constitución de 1886, fruto del régimen denominado
de la Regeneración, encabezado por don Rafael Núñez y don Miguel
Antonio Caro. Como desarrollo de este formidable cambio en el modelo político
de la República, se dictó la Ley 57 de 1887, la cual en su artículo primero
unificó la legislación nacional, adoptando como código en materia terrestre
mercantil el sancionado por el extinguido Estado de Panamá, el 12 de octubre
de 1869 y el nacional sobre la misma materia, edición de 1884, sobre comercio
marítimo. Este código que rigió hasta el año 1972, incorporó la obligación de
empresas de provisiones, agencias, tiendas o mostradores de efectos mercantiles;
establecimientos de ventas de almoneda pública, operaciones de cambio, banco
o corredurías; todas las obligaciones con respecto a las letras de cambio, vales o
pagarés, y remesas de dinero hechas de una plaza a otra para objetos de comercio;
toda empresa de construcción naval; y todas las compras, ventas y reventas de
embarcaciones, sus útiles y aparejos para la navegación interior y exterior; los contratos
sobre fletes de carretas y caballerías para transportes de efecto de comercio,
y todos los fletes de buques; el empréstito o préstamo a la gruesa; los seguros,
cuentas de compañía, factorías, quiebras, naufragios; la avería gruesa o sencilla;
los acuerdos y convenciones de salarios con las tripulaciones de los buques; los
conocimientos y contratos entre sus capitanes y los fletadores, y todos los demás
asuntos que se hayan designados en las ordenanzas de Bilbao y demás leyes vigentes
de la República o que en adelante rigieren.
registrar importantes actos mercantiles, en especial en las áreas de sociedades
y, además, ordenó el registro de algunas modalidades comerciales. Esta
codificación, en gran parte originaria de Chile, pero con clara influencia del
Código español de 1829 y, por tanto, del mismo Código Napoleónico de la
materia, sufrió una importante modificación por la Ley 28 de 1931, la cual se
califica como un cuarto período histórico del registro. Esta ley asignó a las
cámaras de comercio la responsabilidad de llevar un verdadero registro mercantil
para muchos actos que hasta esa fecha se inscribían en los juzgados y,
además, dio nacimiento a la matrícula mercantil de los comerciantes, denominada
en ese momento como registro público. Este sistema se consolidó en
1949, cuando las cámaras de comercio tuvieron competencia en todo el territorio
nacional, suprimiéndose así cualquier participación de los jueces, la cual
se había agotado en buena parte desde la expedición de la mencionada ley.
Una quinta etapa se inicia a partir del Decreto 410 de 1971 o Nuevo
Código de Comercio, que contiene una coherente normatividad sobre el
registro mercantil, que continuó en la esfera de las cámaras de comercio,
instituciones de orden legal, pero de naturaleza privada, que sin duda han
demostrado durante más de ochenta años la bondad de la privatización de
un servicio público que ha sido eficiente, transparente y a la vez ha impulsado
la formalización del comercio nacional.
Con posterioridad a la vigencia del Código de Comercio, las cámaras de
comercio han recibido el encargo de administrar los registros de las entidades
sin ánimo de lucro y el de contratistas. A partir del año 2005 se inició un
proceso de unificación nacional del registro, meta de mucha trascendencia
que ha servido para dotar el mercado de una más amplia información entre
los diferentes agentes del mismo e igualmente ha contribuido al desarrollo
de la internacionalización o globalización de la economía colombiana. Esta
sexta y última etapa se denomina contemporánea.
Seis serán entonces las etapas en las que se dividirá esta aproximación
a una historia del registro mercantil nacional.

42 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 43
-1-
Transición normativa
al momento de la
independencia y primeros
años de vida republicana
Al momento de la transición normativa con ocasión de la Independencia
del Nuevo Reino de Granada del imperio español, no existían unas codificaciones
jurídicas independientes especializadas por materias 2 . Además,
debe recordarse la vigencia del mandato constitucional no escrito conocido
como «se obedece, pero no se cumple», que imperó en buena parte de la
dominación española, y que buscaba una adaptación de la legislación a un
medio sensiblemente diferente pero cuyo ejercicio tornaba en imprecisa la
vigencia de las reglas jurídicas coloniales.
Bien podrían dividirse en dos grandes áreas las reglas jurídicas mercantiles
que regían en el Virreinato de la Nueva Granada en 1808-1810: las primeras
de carácter o naturaleza administrativa o de policía fiscal, las cuales
buscaban preservar un control permanente del reino sobre la actividad comercial,
tanto en el comercio marítimo como en los mercados internos que
padecían de una asfixiante reglamentación, y unas segundas que podrían
definirse como claramente mercantiles en cuanto regulaban propiamente
las relaciones entre comerciantes (Puyo Vasco, 2004, p. 94) 3 . Se presentaron
2 Normas vigentes al momento de la independencia: Ley de 10 de julio de 1824.
3 Como ejemplo de la fuerte intervención del Estado en los comercios locales, basta
revisar las dificultades para la apertura de simples establecimientos de comercio,
las llamadas «pulperías», para lo cual se exigían innumerables permisos y registros
de las autoridades municipales y que obedecían en gran medida a reglas particulares
de cada Cabildo.
variados esfuerzos para la modernización legislativa, la última por medio
del llamado Código Carolino para las provincias de ultramar, concluido a comienzos
del siglo xix y que nunca entró en vigencia
Para atenuar el rigor de las normas de comercio del Imperio, en 1778,
durante el reinado de Carlos III se dictó el llamado Reglamento de Libre
Comercio, que buscaba aliviar las restricciones del comercio con la metrópoli.
Este intento no tuvo un alcance suficiente para la época y fue desdibujado,
de un lado por la creación de nuevos impuestos y del otro por
la confrontación bélica que en esa época sufrió la península. Esta reglamentación
contenía normas de derecho administrativo y policivo, más que
normas mercantiles propiamente (MacFarlane, 1972). Para 1805 aparece la
Novísima Recopilación, que incluye reglas sobre los consulados, sobre cambios,
bancos, comerciantes, vendedores, corredores, ferias, mercados, comercio
marítimo, pesas y medidas, minas e incluso reglas sobre defectos
sobre los artículos vendidos, rescisiones, embarcaciones, etc. No obstante,
su vigencia fue muy corta al producirse el movimiento separatista. En sentido
estricto las normas clásicas de derecho mercantil en la colonia se encontraban
en las Siete Partidas de Alfonso X y en las Ordenanzas de Bilbao.
Por último, también debe reconocerse cómo el derecho de Castilla servía en
los territorios americanos como derecho supletorio y que además algunos
autores han considerado que también tuvo vigencia la costumbre mercantil
(Ots Capdequi, 1952, p. 130). Todas estas reglas coloniales hacían parte
del Derecho Indiano, denominación que corresponde a los territorios en los
que se aplicaba y no como derecho de los indios, tal como erróneamente
algunos lo han interpretado.
Dentro de esta legislación, sin duda la de mayor alcance y que bien
pueden asimilarse a un verdadero Código Mercantil, son las denominadas
Ordenanzas de Bilbao, las cuales fueron elaboradas en 1737 por encargo
del consulado de esa ciudad, por seis comerciantes locales. Seguramente,
como lo afirma Tomás y Valiente se utilizaron antecedentes tales como las
Primitivas Ordenanzas de (1459) y, particularmente, las Antiguas Ordenanzas
Bilbaínas, aprobadas en 1560 por Felipe II. Debe anotarse cómo a este consulado
se le había otorgado jurisdicción en 1511. Es probable que hubieran
sido tomadas en cuenta las Ordenanzas de Burgos, las de San Sebastián,

44 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 45
las de Sevilla y las expedidas por Luis XIV de Francia, elaboradas por Colbert
(Tomás y Valiente, 1987) 4 .
Debe tenerse presente que el cuerpo de las Ordenanzas Bilbaínas, contiene
normas de carácter general que se encuentran en los capítulos comprendidos
del ix al xxiv inclusive. Por el contrario, los primeros y los últimos
capítulos son propios o exclusivos del Consulado de Bilbao. Por tanto, cuando
se afirma en este texto la pervivencia de las Ordenanzas de Bilbao en el ordenamiento
nacional republicano de la Nueva Granada o de Colombia solo
se refiere a esas regulaciones de orden general. En lo relativo al Consulado
de Cartagena, de acuerdo con su Real Cédula de erección de 1795, este se
regía en su totalidad por las mencionadas ordenanzas, tanto en sus reglas
mercantiles como en su organización 5 .
En las mencionadas Ordenanzas de Bilbao se encuentran dos aspectos
fundamentales en lo atinente al registro mercantil:
El primero: relativo a los contratos mercantiles tales como los de seguro,
o los de las compañías comerciales, los cuales obligatoriamente deberían
registrarse dentro de los libros del consulado 6 .
El segundo: referido a la obligación de matricularse los comerciantes
en el Consulado, a fin de poder ejercer el comercio y utilizar los servicios de
la institución, privilegio que en la Nueva Granada, antes del establecimiento
del Consulado en Cartagena, era de exclusividad para los comerciantes
españoles 7 .
No sobra recordar cómo la antigua legislación peninsular fue incorporada
a la legislación nacional, mediante el artículo 192 de la Constitución de
la Villa del Rosario de Cúcuta, expedida en 1821 y cómo expresamente la Ley
de 10 de julio de 1824, que como atrás se ha expresado, había reconocido
el acto de comercio como factor determinante de la competencia mercantil,
adicionalmente incorporó en forma expresa a las Ordenanzas de Bilbao
como legislación obligatoria para la decisión de las causas mercantiles. Es de
destacarse en este período inicial de la República dos normas con específica
referencia al ejercicio del comercio y al registro de actos mercantiles. La primera
de ellas, la Ley de 30 de julio de 1824, mediante la cual se derogaron todas
las leyes y decretos que ordenaban «a los extranjeros la consignación de
sus mercancías a los colombianos, en consecuencia, los extranjeros podrán
por si mismos abrir almacenes en Colombia para vender por mayor o por
menor, y ejercer cualquiera clase de industria…». Y una segunda, expedida
en abril 28 de 1830, según la cual, a fin de evitar perjuicios a los acreedores
personales al momento de la quiebra o atraso de obligaciones privilegiadas
de conformidad con el número 53 capítulo 17 de las Ordenanzas de Bilbao,
sin que existiera certeza sobre su existencia anterior, se obligaba a anotarse
en un libro especialmente destinado para ello todo los negocios mercantiles
y de comercio que hubieren sido reducidos a escritura pública en los consulados
de Cartagena y Guayaquil 8 .
4 Manual de historia del derecho español. (4. a edición). Madrid: Editorial TECNO. S. A.
5 Real Cédula de erección del Consulado de Cartagena, expedida el 14 de julio de 1795.
6 «Capitulo 10 numeral 5: Todas las personas que actualmente están en Compañía,
y en adelante la formare en esta Villa, serán obligadas á poner en manos del Prior,
y Consules de esta Universidad y Casa de Contratación un Testimonio en relación
con las Escrituras, que á cerca de ellas otorgaren; y al pie de él han de poner los
compañeros la firmas de que han de usar durante el termino de dicha Compañía;
a fin de que conste por este medio al publico, todo lo que le sea conveniente para
su seguridad: Y el tal Testimonio se ha de poner en el Archivo del Consulado, para
manifestarle siempre que convenga». (Ordenanzas de Bilbao, 1769, p. 411).
7 «Capitulo segundo. De la elección de Prior, Cónsules, Consiliarios, y Sindico; y calidades
que deberán tener los Electores, y elegidos; y su posición» (Ordenanzas de
Bilbao, 1769, p. 411).
8 Decreto (abril 28). Por el cual se hacen ciertas prevenciones en asuntos mercantiles
y de comercio elevados a escritura pública en Cartagena y Guayaquil [...]
Artículo 1. Todos los negocios mercantiles y de comercio que se otorguen y reduzcan
a escritura pública en los distritos consulares de Cartagena y Guayaquil, se
presentarán al Consulado respectivo, en el perentorio termino de cinco días, a fin
de que se anoten en un libro que desde luego se destinará en ellos para este objeto
[…]
Artículo 4. Todo instrumento público que carezca de dicho reconocimiento en el
expresado término perderá el privilegio de la prelación, quedando como mero
personal.
Codificación Nacional, de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821, hecha
conforme a la Ley 13 de 1912. Tomo XV. Años 1852 y 1853. Bogotá. Imprenta Nacional.
1929, p. 792.

46 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 47
-2-
Primer Código de
Comercio colombiano
y régimen federal
En 1853, el Congreso de la Nueva Granada dictó el primer Código de Comercio
Nacional, el cual fue tomado casi en su totalidad del Código español de
1829. En esta legislación se distinguen varios aspectos de interés en el tema
registral:
Inicialmente en el Libro Primero, Título segundo, Sección Primera, se regularon
aspectos propios del registro en asuntos de comercio, para lo cual
funcionaría en cada cantón una oficina de registro, en la cual de conformidad
con los artículos 14 y 15 del Código, deberían registrarse las cartas dotales
y las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los comerciantes, los
poderes que se otorgaren a factores o dependientes y las escrituras de las
sociedades mercantiles. En relación con estas últimas, el registro debía incluir
las circunstancias prescritas en el artículo 257 de la codificación, entre
ellas las fechas de las escrituras, los nombres y los domicilios de los socios, su
razón o título comercial, los aportes y la duración de la sociedad. Además si
tuviere «casas de comercio», que podrían ser equivalentes en la actualidad a
los establecimientos de comercio o sucursales, al igual que las reformas del
contrato social, debían ser objeto de registro y para el caso de las sociedades
anónimas se incluirían los reglamentos acordados para su régimen y gobierno.
Se sancionaba el incumplimiento de estas obligaciones con la ineficacia
o la falta de acción entre los otorgantes, tal como lo predicaban los artículos
17, 18, 19 y 20, del código en mención.
Un segundo registro se llevaría en los tribunales o juzgados de comercio
y serviría para inscribir a los corredores y a los libros de los comerciantes,
siendo obligatorio, en este último caso, que juez y secretario rubricaran
todas las hojas, pudiendo ser reemplazados los jueces de comercio por los
jueces del circuito o parroquiales cuando no existieren los primeros. La omisión
del registro de los libros contables o defectos en los mismos originaba
sanciones pecuniarias y favorecimiento probatorio a quien los llevare ajustados
a la ley 9 .
Finalmente, como lo anota el profesor Gabino Pinzón (1985, p. 34), en
este código desapareció la matrícula mercantil incluida en la codificación
española de 1829, aunque sin duda debe resaltarse cómo en este primer
Código Nacional de Comercio por primera vez se reguló un registro de
comercio.
Una normatividad complementaria con esta primera reglamentación
mercantil y relacionada con asuntos de registro, se encontraba contenida en
la Ley de 16 de junio de 1853, que estaba referida a los Tribunales y Juicios de
Comercio. Allí se ordenaba la elaboración de listados de quienes conforme al
Código de Comercio tuvieran la calidad de comerciantes, que residieren en
la cabecera del circuito. Estos comerciantes tendrían como función designar
el Juez del Tribunal de Comercio en asamblea y mediante voto secreto por
período de dos años 10 .
Este Código tuvo su ley complementaria de organización judicial y
fue de efímera existencia, al adoptarse el modelo Federal en 1858 por la
Confederación Granadina, denominación que adquirió la República. A partir
9 Artículos 31, 32, 33, 34 y 35 Código de Comercio (de 1 de junio de 1853). Codificación
Nacional, de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821, hecha conforme a la
Ley 13 de 1912. Tomo XV. Años 1852 y 1853. Bogotá. Imprenta Nacional. 1929. p. 351.
10 «Ley (16 de junio) sobre tribunales y juicios de comercio […]
Artículo 2. Cada dos años, contados desde el 15 de diciembre, el juez de comercio
designará siete comerciantes que compondrán una junta calificadora, que forme
el registro de todos los individuos que son comerciantes conforme al Código de
Comercio, y que residen en la cabecera del circuito. Esta junta será presidida por
el comerciante que designe la mayoría de sus miembros, tomado del seno de la
misma junta.
Artículo 3. La lista o registro de que habla el artículo anterior será presentada al
juez de comercio por la junta calificadora, en los tres primeros días del mes de
enero siguiente, firmada por los miembros de la junta, y dicho juez hará que permanezca
expuesta al público en la puerta del tribunal, desde el 4 hasta el 8 del
mismo mes».
Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821, hecha
conforme a la Ley 13 de 1912. Tomo XV. Años 1852 y 1853. Bogotá. Imprenta Nacional.
1929, p. 792.

48 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 49
de ese momento se dio vía libre a la expedición de códigos por cada uno de
los Estados, no obstante solo ejercieron esa atribución los Estados de Panamá
en 1869, de Santander en 1870, del Cauca en 1871 y el de Cundinamarca que
continúo con el mismo Código de 1853, aunque con algunas modificaciones 11 .
Como atrás se expresó, en materia de legislación marítima mercantil,
continuó rigiendo para toda la República el mismo Código de Panamá, sancionado
el 12 de octubre de 1869.
En realidad esta etapa de gran dinámica política en el país en la cual se
pretendió instaurar un modelo federal radical, no trajo mayores progresos
en la legislación mercantil, caracterizándose esta por una anarquía normativa
y en cuanto al tema de los registros mercantiles, la precaria organización
de los Estados impidió su verdadero desarrollo.
-3-
Unificación legislativa
1887
Al volver a formas Centralistas la organización del Estado se tornaba indispensable
la unificación legislativa, lo cual sucedió con la expedición de la
Ley 57 de 1887, cuyo artículo primero ordenaba cuáles códigos regirían la
República. En relación con los de comercio se adoptó el del Estado de Panamá
sancionado el 12 de octubre de 1869 sobre materias terrestres y el nacional
expedido en 1884 sobre materias mercantiles marítimas 12 .
11 «Código de Comercio (De 1.° de junio de 1853):
[…]
Artículo 15. En la oficina de registro se tomará razón por orden de números i [sic]
fechas:
1.° De las cartas dotales y capitulares que se otorguen por los comerciantes, o tengan
otorgadas al tiempo de dedicarse al comercio, así como de las escrituras que
se celebren en el caso de restitución de dote.
2.° De las escrituras en las que se contrae sociedad mercantil, cualquiera que sea
su objeto i [sic] denominación.
3.° De los poderes que se otorguen por comerciantes a factores i dependientes
suyos, para dirijir [sic] i [sic] administrar sus negocios mercantiles.
Artículo 16. Todo comerciante está obligado a presentar en la Oficina de rejistro
[sic], para que se tome razón de ellos, las tres especies de documentos de que se
hace mención en el artículo 15.
Con respecto a las escrituras se [sic] sociedad, será suficiente para este efecto un
testimonio autorizado por el mismo notario ante quien pasaron, que contenga las
circunstancias que prescribe el artículo 257».
Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821, hecha
conforme a la Ley 13 de 1912. Tomo XV. Años 1852 y 1853. Bogotá. Imprenta Nacional.
1929» p. 792.
12 «Ley 57 de 1887.
Sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional.
El Consejo Nacional Legislativo.
Artículo 1.°. Regirá en la República, noventa días después de la publicación de esta
ley, con las adiciones y reformas de que ella trata, los códigos siguientes:
El Civil de la Nación, sancionado el 26 de mayo de 1873;
el de Comercio del extinguido Estado de Panamá, sancionado el 12 de octubre de
1869; y
el Nacional sobre la misma materia, edición de 1884, que versa únicamente sobre
comercio marítimo;
el Penal del extinguido Estado de Cundinamarca, sancionado el 15 de octubre de
1858;
el Judicial de la Nación, sancionado en 1872, y reformado por la Ley 76 de 1873, edición
de 1874;
el Fiscal de la Nación, y las leyes y decretos con fuerza de ley relativos a la organización
y administración de las rentas nacionales; y
el Militar Nacional y las leyes que lo adicionan y reforman.
Artículo 3.°. En el Código de Comercio de Panamá se entenderá República donde
se habla de Estado de Panamá, y las referencias que en dicho código se hacen
a las leyes del mismo Estado, se entenderán hechas a las correspondientes
disposiciones de los códigos nacionales».
Centenario de las Leyes 57 y 153 de 1887. Sobre adopción de códigos y unificación
de la legislación nacional. (1987). Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá. Fondo
Cámara de Comercio de Bogotá. Año XVIII, 63, pp. 11-80.

50 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 51
Este Código que rigió hasta 1972, traía obligaciones relativas al registro
mercantil referidas tanto a la inscripción de algunos comerciantes, como a
la de algunos actos de comercio, registro que se adelantaría ante los jueces
de comercio y del circuito.
Se distinguían reglas sobre las obligaciones registrales de los comerciantes
y las de los actos mercantiles que desarrollaban, en especial la constitución
de sociedades. En cuanto a las primeras o sea las de los comerciantes,
como tales, estos tenían el deber de registrarse o de inscribirse para ejercer
la actividad mercantil como corredores o agentes de cambio, igual que los
martilleros, o sea aquellos comerciantes con establecimientos dedicados a
la venta de mercaderías en licitación al mejor postor 13 . Otra de las obligaciones
mercantiles que debían cumplir los comerciantes era la de llevar la contabilidad
de sus negocios, a la cual se le otorgaba una categoría probatoria y
en caso de incumplimiento de este deber, se sancionaba con multa y con la
sola admisión como medio de prueba de los libros de quien los llevase conforme
a la ley. Estos libros de comercio, debían registrarse o rubricarse por el
juez de comercio y su secretario o por quien hiciere sus veces, de conformidad
con el artículo 31 de la codificación, el cual fue modificado por el artículo
único de la Ley 65 de 1890.
En materia de Sociedades, el artículo 470 del código, exigía como requisito
indispensable el registro, mediante entrega en la secretaría del juzgado,
del extracto de los estatutos certificado por el notario que lo hubiera autorizado,
acompañado de una publicación en un periódico del departamento
o por medio de carteles. Estos registros y publicaciones también deberían
hacerse en todo lugar donde se establecieren sucursales o casas de comercio.
El contenido del extracto era el siguiente: los nombres, los apellidos y el
domicilio de los socios, la razón o la firma social, los socios encargados de la
administración o del uso de la razón social, el capital que se aportaba y el
plazo de duración, o sea, su fecha de inicio y su fecha de terminación. El incumplimiento
de estos requisitos, entre ellos la omisión de las solemnidades
13 Ver artículos 68, 95 y 107 de la Ley de 1887, en Centenario de las Leyes 57 y 153
de 1887. Sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional. (1987).
Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá. Fondo Cámara de Comercio de Bogotá.
Año XVIII, 63, pp. 11-80.
Piedrahíta, Francisco. (1987). Bolsa de Medellín S. A. 25 años, 1961. Retazos de historia
(pp. 37-38).
de registro del extracto o de la respectiva publicación, de conformidad con
el artículo 472 de la codificación, eran causales de nulidad absoluta entre los
socios y su cumplimiento tardío no lo saneaba. Lo mismo podía predicarse
de las reformas de la sociedad, por medio de las cuales se disolviera antes
de tiempo o se prorrogara su plazo inicial o cuando ocurriese un cambio,
retiro o muerte de un socio 14 . Por último, aunque todos los socios tenían facultad
para administrar la sociedad, toda modificación mediante la cual la
administración se delegase en uno o más socios, o en un tercero debería registrarse,
al igual que el nombramiento del liquidador si este no se hubiese
designado en la escritura social.
En cuanto a las sociedades en comandita, los artículos 599 y 613 de la
Codificación de 1887 hacían remisión expresa a los artículos 469 y 470 relativos
al registro de los extractos de las sociedades colectivas, por lo cual
debería procederse en forma similar en cuanto a los registros.
Para las sociedades anónimas, también era obligatorio el registro del
extracto y se generaban iguales consecuencias por la omisión de tales solemnidades,
incluso, haciendo solidarios en las obligaciones de la sociedad
a aquellos accionistas que hubiesen tomado parte en la administración sin
haberse cumplido los requisitos de registros.
Al comparar este estatuto con la normatividad de 1853, es evidente que
hubo un retroceso, al haberse omitido un capítulo específico sobre un verdadero
registro público de comercio, tal como sí lo establecía la legislación
precedente.
Las disposiciones del código fueron complementadas por la Ley 124 de
1888, que obligaba a la protocolización de los documentos de fundación y de
sus estatutos a las compañías extranjeras. Posteriormente, la Ley 65 de 1890
reguló parcialmente la forma de llevar los libros de comercio e, igualmente,
la Ley 42 de 1898 estipuló la manera de registrar en las secretarías de los
juzgados los nombres de los gerentes o representantes de las sociedades
anónimas y la debida publicidad que tendría que dársele a estos cambios a
través del periódico oficial del departamento, modificándose así los artículos
552 y 582 del Código de Comercio. Una nueva norma sobre sociedades extranjeras
y requisitos para su funcionamiento en el país se dictó por medio
14 Artículo 480, Código de Comercio de 1887.

52 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 53
del Decreto Legislativo n.° 2 de 1906, que obligaba al registro de los extractos
en el juzgado respectivo y a la publicación en el periódico oficial. En este
decreto, y por primera, vez aparecieron las cámaras de comercio, ejerciendo
una función de registro para el caso específico de la rúbrica de los libros de
comercio a que estaban obligados a llevar los comerciantes según el artículo
27 del mencionado código de 1887 15 .
-4-
Delegación de registro
mercantil a las cámaras
de comercio
Las disposiciones del Código de Comercio fueron modificadas en forma trascendental
por la Ley 28 de 1931, que legisló sobre las cámaras de comercio,
instituciones cuya existencia ya había sido autorizada desde la Ley 111 de
1890, pero que a través de esta ley recibieron su primera reglamentación
o Estatuto Orgánico (Mantilla Suárez & Abello, 1982, p. 266). Como se lee
en el artículo 29 16 de dicha ley, se dictaron normas reguladoras del Registro
Público de Comercio, iniciándose una delegación de estas funciones públicas
en un ente privado, que aún subsiste, sustrayéndolas de la competencia
de los jueces de comercio o de cualquier autoridad estatal 17 . Sin embargo, al
no tener en ese momento las cámaras de comercio cobertura territorial en
toda la República, perduraron con funciones similares algunos juzgados en
aquellos lugares donde no existieran dichas cámaras. Este régimen de transición
concluyó con el Decreto 588 de 1949, que reconocía que para la época
ya no existía ningún municipio que no estuviere adscrito a una cámara de
15 «Decreto Legislativo 2 de 1906, por el cual se adiciona el Título VII del Libro 2 del
Código de Comercio, y se reforman las Leyes 62 de 1888 y 65 de 1890 […]
Artículo 7.°. Los libros enunciados en los tres primeros incisos del artículo 27 del
Código de Comercio serán rubricados en los lugares donde haya cámaras de comercio,
en cada una de sus hojas, por el secretario de dicha cámara, y en la primera
de ellas se pondrá una nota fecha y firmada por el presidente y el secretario de la
misma, que indique el número total de las hojas y la persona a quien pertenecen
los libros» (Ortega Torres, 1956, pp. 345-346).
16 Artículo 29. En los lugares en que haya cámara de comercio es obligatorio el registro
público de comercio. Parágrafo. El Gobierno podrá crear este registro en otros
lugares en que lo juzgue conveniente.
17 Esta descentralización o desconcentración de funciones administrativas en un particular
fue ratificada constitucionalmente en la Carta de 1991, en su artículo 210:
«Artículo 210. Las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios solo
pueden ser creadas por ley o por autorización de esta, con fundamento en los principios
que orientan la actividad administrativa.
Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que
señale la ley.
La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad
de sus presidentes, directores o gerentes».

54 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 55
comercio y, por tanto, de acuerdo con sus artículos 3 y 4, los libros de registro
de las sociedades mercantiles deberían remitirse o entregarse por los juzgados
a las cámaras de comercio respectivas y solo tendrían validez, a partir
de la vigencia del decreto, las certificaciones expedidas por las cámaras de
comercio 18 .
El Registro Público Mercantil consagrado en la Ley 28 de 1931, obligaba
en los tres primeros meses de cada año a realizar la inscripción o renovación
del registro de todos los comerciantes, industriales, agentes, comisionistas,
representantes de casas extranjeras establecidas, fueran personas naturales
o jurídicas. De esta forma se constituía la figura de la matrícula mercantil,
ampliándose la obligación de inscripción a todos aquellos que en sentido
amplio ejercían actividades de comercio.
También por primera vez se creaba la figura del comerciante afiliado
a la cámara, que surgía de una manifestación de voluntad de un comerciante
registrado, quien debería ser presentado por otros tres comerciantes
notables del lugar y cuya condición le generaba ventajas con la cámara respectiva,
tales como referencias comerciales y el acceso a los servicios que
la institución prestara. En la actualidad continua en la ley la categoría de
comerciante afiliado 19 .
De conformidad con el artículo 39 de la Ley 28 de 1931, se registrarían en
las cámaras de comercio los extractos o actas de las sociedades comerciales
que ordenaba el código y de este conjunto de información podía expedirse
un certificado por el presidente y por los secretarios de las cámaras de comercio
en los que constaren las principales características de la compañía, al
igual que se podía certificar quién ejercía la gerencia o representación legal
de la sociedad, constituyéndose en prueba para las autoridades judiciales o
administrativas. Es de innegable trascendencia esta regla jurídica que dio
lugar al nacimiento del documento denominado «certificado de existencia
y representación legal”, pues tan valioso instrumento sirvió y continúa prestando
invaluable contribución a la seguridad jurídica, a la transparencia de
los negocios y en general a la organización de la economía nacional 20 .
Por último, las cámaras de comercio continuaron con su función de registro
de los libros de los comerciantes, por lo que se establecieron algunas
normas especiales en los artículos 45 y siguientes de la Ley 28 de 1931, los
cuales fueron modificados por el artículo 57 de Ley 57 de 1931.
Sin duda, esta fue la reforma más trascendental en el Registro Público
de Comercio en Colombia y su verdadero paso hacia la modernidad, constituyéndose
de allí en adelante en fundamental e imprescindible herramienta
para la vida jurídica y económica de los negocios.
En 1950 fue reformado el régimen de las sociedades anónimas comprendido
en el Capítulo 2, Título 7, del Libro segundo del Código de Comercio.
En este cambio legislativo se incluyeron normas específicas de registro de
los extractos de las escrituras de constitución de las sociedades y la publicidad
de las mismas en el domicilio de la compañía y donde se establecieran
sucursales. La omisión de la escritura o del registro del extracto, dentro de
los quince días siguientes a la fecha del otorgamiento de la escritura o de
su publicación, producía nulidad absoluta entre los socios, y quienes participaren
en la administración serían considerados como socios colectivos. Las
reformas y la capitalización de la compañía exigían el registro en la respectivas
cámaras de comercio y la forma de acreditar la constitución y la existencia
de las sociedades anónimas y de sus representantes la certificarían el
presidente y el secretario de la respectiva cámara de comercio 21 .
18 De conformidad con el parágrafo del artículo 39 de la ley 28 de 1931, los Juzgados
del Circuito deberían remitir los originales de los libros de registro de sociedades
mercantiles a la Secretaría de las Cámaras de Comercio, tal como en efecto se hizo,
habiéndose integrado al Registro Mercantil y siendo posible en la actualidad su
consulta pública.
19 Artículo 92. Afiliación a la cámara. Modificado por el artículo 12, Ley 1727 de 2014.
Los comerciantes que hayan cumplido y estén cumpliendo los deberes de comerciante,
podrán ser afiliados de una cámara de comercio cuando así lo soliciten con
el apoyo de un banco local o de tres! que soliciten a la cámara.
20 Artículo 86. Funciones de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio ejercerán
las siguientes funciones:
3) Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos,
como se prevé en este Código.
21 Ver artículos 10, 11, 21, 22, 24, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 y 254 del Decreto 2521 de
1950. Ortega Torres, Jorge. Código de Comercio Terrestre. Quinta Edición. Bogotá.
Editorial Temis. 1956. 699 p.

56 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 57
-5-
Registro mercantil
etapa moderna
La quinta etapa del registro en Colombia, aparece con el Decreto 410 de 1971,
o sea, el llamado Nuevo Código de Comercio, que empezó a regir el primero
de enero de 1972. En dicho código existe un título específico sobre el registro
mercantil distinguido con el número iii del libro primero, cuyo contenido
principal es: objeto y publicidad del registro, las entidades encargadas de
llevarlo y supervisarlo, las personas y los actos sujetos de registro, sus reglas
y pruebas de las inscripciones, el registro de las escrituras sociales, reformas
y adiciones, la forma de registrar los libros de comercio, la matrícula mercantil,
las certificaciones que pueden expedirse, el registro de actuaciones
administrativas o judiciales, las reglas sobre homonimias o nombres comerciales
iguales, las sanciones por el incumplimiento de las normas registrales
y lo atinente al cambio de legislación. No excluye este título la existencia de
otras disposiciones en el mismo Código de Comercio y en leyes especiales
sobre la materia 22 .
Dentro de los múltiples cambios que trajo el nuevo Código de
Comercio, se anotan los siguientes: Se estableció la matrícula mercantil 23 ,
22 Artículo 26. Registro mercantil - Objeto - Calidad. El registro mercantil tendrá por
objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio,
así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los
cuales la ley exigiere esa formalidad.
El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y
archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener
copias de los mismos.
23 Artículo 32. Contenido de la solicitud de matrícula mercantil. La petición de matrícula
indicará:
1) El nombre del comerciante, documento de identidad, nacionalidad, actividad o
negocios a que se dedique, domicilio y dirección, lugar o lugares donde desarrolle
sus negocios de manera permanente, su patrimonio líquido, detalle de los bienes
que reemplazó al antiguo registro público de comercio e incluyó no solo a
las personas naturales o jurídicas dedicadas al comercio en su más amplio
sentido, sino que además obligó a los establecimientos de comercio a tener
su correspondiente matrícula, y que se encuentra en concordancia con la
institucionalización del establecimiento de comercio como bien mercantil,
tal como está definido en el artículo 515 del Nuevo Código de Comercio.
La matrícula deberá ser renovada anualmente y contendrá las características
y la identificación del comerciante o del establecimiento; sin embargo,
la sanción por el incumplimiento de esta obligación mercantil estaba establecida
en el artículo 37 de la codificación y era mínima y estaba asignada
a la Superintendencia de Industria y Comercio, razón por la cual era
una norma sin verdadera vigencia positiva. Recientemente esta norma ha
sido modificada en primer lugar mediante la Ley 1429 de 2010, que ordenó
en su artículo 50 la depuración del Registro Mercantil de las sociedades,
personas naturales o establecimientos de comercio que no renovarán su
registro y llevaren diez años o más sin cumplir esa obligación. Esta depuración
era temporal pues solo se refería esta cancelación a una sola vez.
Posteriormente, se dictó la Ley 1727 de 2014, que en sus artículos 30 y 31, de
un lado sancionó con multas rigurosas la extemporaneidad en el registro
de las matrículas correspondientes y, del otro, estableció una depuración
permanente del registro, rebajando a cinco años el plazo máximo de incumplimiento
en la obligación de registro que originaría esa cancelación 24 .
Esta depuración conlleva la cancelación del registro mercantil y se constituye
en una nueva causal de disolución social, lo anterior sin perjuicio de
los derechos de terceros. En el mencionado código se ampliaron los actos,
documentos y libros sujetos a registro, estableciéndose la obligatoriedad
raíces que posea, monto de las inversiones en la actividad mercantil, nombre de la
persona autorizada para administrar los negocios y sus facultades, entidades de
crédito con las cuales hubiere celebrado operaciones y referencias de dos comerciantes
inscritos, y
2) Tratándose de un establecimiento de comercio, su denominación, dirección y actividad
principal a que se dedique; nombre y dirección del propietario y del factor,
si lo hubiere, y si el local que ocupa es propio o ajeno. Se presumirá como propietario
del establecimiento quien así aparezca en el registro.
24 Artículo 50 Ley 1429 de 2010. Depuración del registro mercantil. Durante los seis
meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, los empresarios que renueven su

58 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 59
de inscribir un sinnúmero de actos y hechos jurídicos, entre ellos se enumeran
inicialmente los relativos al comerciante del cual deben inscribirse
sus incapacidades e inhabilidades, las autorizaciones o revocaciones que
se otorguen a menores para ejercer el comercio, los actos que confieran
modifican o revoquen la administración parcial de bienes del comerciante,
matrícula mercantil o la de sus establecimientos de comercio, sucursales y agencias
podrán pagar las renovaciones de años anteriores de la siguiente manera:
1. Las renovaciones cuyo plazo se venció antes del 2008 no tendrán costo alguno.
2. Las renovaciones correspondientes al año 2008 y 2009 tendrán un valor equivalente
al cincuenta por ciento (50%) de la tarifa aprobada para dichos años.
3. Las renovaciones correspondientes al año 2010 se pagarán de conformidad con
la tarifa aprobada para dicho año.
Parágrafo 1°. Las sociedades cuya última renovación se efectuó diez (10) años antes
a la vigencia de la presente ley, no incursas en proceso de liquidación, tendrán
un plazo de doce (12) meses para que cumplan con la mencionada obligación,
vencido este término, de no hacerlo, quedarán disueltas y en estado de liquidación
y cualquier persona que demuestre un interés legítimo podrá solicitar a la
Superintendencia de Sociedades que designe un liquidador en los términos previstos
en esta ley. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros debidamente
inscritos en el respectivo registro mercantil.
Parágrafo 2°. Las personas naturales y los establecimientos de comercio, sucursales
y agencias cuya última renovación se efectuó diez (10) atlas antes de la vigencia
de la presente ley, tendrán un plazo de doce (12) meses para ponerse al día en la
renovación de la matrícula mercantil. Vencido este término, de no hacerla, la cámara
cancelará la respectiva matricula, sin perjuicio de los derechos de terceros
debidamente inscritos en el respectivo registro mercantil.
Parágrafo 3°. Las cámaras de comercio informarán previamente las circunstancias
previstas en el presente artículo a los interesados mediante carta o correo electrónico
a la última dirección registrada, si la tuviere. Así mismo, publicarán al menos
un aviso en un periódico de circulación nacional y uno en su página web, 90 días
antes del 31 de diciembre en el que informen a sus inscritos del requerimiento para
cumplir con la obligación y las consecuencias de no hacerlo.
Parágrafo 4. Las pequeñas empresas que se encuentren inactivas, antes de la vigencia
de la presente Ley, y que renueven su matrícula mercantil, de acuerdo con
las tarifas y términos establecidos en el artículo, podrán acceder a los beneficios
consagrados en los articulas 4 y 5 de la presente ley.
Para el efecto, deberán ponerse al día en todas sus obligaciones de carácter legal y
tributario dentro de doce (12) meses siguientes contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Artículos 30 y 31 Ley 1727 de 2014.
Artículo 30. Extemporaneidad en la renovación de la matrícula mercantil. El comerciante
que incumpla con la obligación de renovar oportunamente su matrícula mercantil
estará sujeto a las sanciones previstas en el artículo 37 del Código de Comercio
para quienes ejercen profesionalmente el comercio, sin estar matriculado en el
las relativas a licencias de agentes vendedores, la pérdida de la calidad
de comerciante, las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de
sociedades conyugales de estos profesionales, los aspectos concúrsales
ya sean concordatos, hoy acuerdos de reestructuración empresarial, reestructuración
de pasivos, liquidaciones forzosas, etc. En cuanto a los bienes
mercantiles, deben registrarse los actos que afecten la propiedad del establecimiento
de comercio o su administración, los de reserva de dominio,
prenda 25 , embargo o demandas, los contratos de agencia comercial, etc.
En relación con las compañías mercantiles, es obligatorio el registro de su
constitución, modificación, liquidación, transformación, fusión y escisión.
Además deben inscribirse y rubricarse los libros obligatorios de contabiliregistro
mercantil. La sanción será impuesta por la Superintendencia de Industria y
Comercio, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes.
Las cámaras de comercio deberán remitir, dentro del mes siguiente al vencimiento
del plazo para la renovación de la matrícula mercantil, el listado de comerciantes
que incumplieron el deber de renovar la matrícula.
Artículo 31. Depuración del Registro Único Empresarial y Social (RUES). Las cámaras
de comercio deberán depurar anualmente la base de datos del Registro Único
Empresarial y Social (RUES), así:
1. Las sociedades comerciales y demás personas jurídicas que hayan incumplido la
obligación de renovar la matrícula mercantil o el registro, según sea el caso, en los
últimos cinco (5) años, quedarán disueltas y en estado de liquidación. Cualquier
persona que demuestre interés legítimo podrá solicitar a la Superintendencia de
Sociedades o a la autoridad competente que designe un liquidador para tal efecto.
Lo anterior, sin perjuicio de los derechos legalmente constituidos de terceros.
2. Cancelación de la matrícula mercantil de las personas naturales, los establecimientos
de comercio, sucursales y agencias que hayan incumplido la obligación de
renovar la matrícula mercantil en los últimos cinco (5) años.
Parágrafo 1.°. Los comerciantes, personas naturales o jurídicas y demás personas
jurídicas que no hayan renovado la matrícula mercantil en los términos antes
mencionados tendrán plazo de un (1) año contado a partir de la vigencia de la
presente ley para actualizar y renovar la matrícula mercantil. Vencido este plazo,
las cámaras de comercio procederán a efectuar la depuración de los registros.
Parágrafo 2.°. Las cámaras de comercio informarán, previamente, las condiciones
previstas en el presente artículo a los interesados, mediante carta o comunicación
remitida vía correo electrónico a la última dirección registrada, si la tuviere.
Así mismo, publicarán al menos un (1) aviso anual dentro de los tres (3) primeros
meses, en un diario de circulación nacional en el que se informe a los inscritos del
requerimiento para cumplir con la obligación y las consecuencias de no hacerlo.
25 En cuanto a las prendas mercantiles, y como adelante se expresará, en la actualidad
se inscriben en el Registro de Garantías Mobiliarias creado por la Ley 1676 de 2013.

60 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 61
dad, los de registro de accionistas y los de las actas de las juntas directivas
o de las asambleas. Respecto de los libros de comercio, el Decreto 019 de
2012, conocido como Estatuto Antitrámites, suprimió la obligación del registro
de los libros contables y solo dejó la obligación de registrar los libros
de actas de los órganos sociales y de registro de accionista 26 . Igualmente
se reglamentó la forma de registro, la que ya no será por extractos sino
con base en la copia de las escrituras notariales. También desaparecieron
los plazos para el registro que ocasionaban nulidades, sancionándose su
no inscripción con la figura de la inoponibilidad. Además se facilitaron los
procedimientos para la realización de estas tareas pudiendo utilizarse los
métodos que la tecnología suministra.
Otra de las novedosas funciones encomendadas al registro mercantil y,
por tanto, a las cámaras de comercio, se ha denominado el control de legalidad,
que consiste en la facultad que tienen estas instituciones de negarse a
registrar un acto si estimaren que tienen alguna deficiencia en su legalidad
formal 27 . Una más de las atribuciones concedidas para el manejo del registro
es el control de los nombres de los comerciantes o de los establecimientos
de comercio a fin de evitar la inscripción de nombres iguales; en los casos de
homonimia solo se permitirá la inscripción cuando se utilice algún distintivo.
En esta materia es evidente la falta de una integración normativa entre
el registro mercantil, las marcas o los nombres comerciales que se registran
en la Superintendencia de Industria y Comercio y, en la actualidad, con los
llamados nombres de dominio dentro de la web o internet, obligatoriamente
sujetos de registro cuando sean de origen colombiano y desarrollen actividades
económicas, comerciales, financieras o de prestación de servicios 28 .
Otra de las características que el código atribuyó al registro mercantil
de las cámaras de comercio consiste en la autenticidad que surge de la presentación
personal de los documentos por los otorgantes ante la respectiva
cámara.
26 Artículo 175. Registro de los libros de comercio. El numeral 7 del artículo 28 del
Código de Comercio, quedará así:
«7. Los libros de registro de socios o accionistas, y los de actas de asamblea y juntas
de socios».
27 Artículos 159, 163 y 367 de la Codificación Mercantil.
28 Ley 633 de 2000.
La Superintendencia de Industria y Comercio es el órgano que cumple
varias funciones en relación con el registro mercantil, entre ellas la de determinar
los libros necesarios para cumplir la finalidad registral. En la actualidad,
en relación con esta materia se encuentra vigente la llamada Circular
Única Externa Número 10 de 2001, expedida por la misma Superintendencia
de Industria y Comercio, la cual en forma permanente se actualiza la cual
contiene en su título viii, un primer capítulo sobre los registros públicos a
cargo de las cámaras de comercio, trámites y procedimientos de inscripción
y un segundo capítulo de aspectos generales en el que se tratan aspectos de
vigilancia y de formalidades sobre los registros y los certificados 29 .
Sin duda las funciones más esenciales y que justifican la historia pasada
y presente de la institución de los registros mercantiles, son de un lado,
la seguridad jurídica que imprimen a los actos inscritos y el servir como instrumento
de publicidad de estos mismos actos mercantiles y de las calidades
de los comerciantes con miras a obtener un máximo de transparencia y
competencia equilibrada en el mercado. En este sentido, el artículo 26 de la
legislación vigente realza el carácter público del registro mercantil y la facultad
universal para el examen de sus libros y archivos, para tomar anotaciones
de sus asientos o actos y obtener copia de los mismos. En igual dirección
se dictaron las normas de las reformas contenidas en la Ley 222 de 1995 y en
particular aquellas relativas al registro contenidas en sus artículos 30 y 41.
Por último, debe resaltarse cómo la tecnología, y en particular el mundo
digital, ha sido de plena aceptación en los aspectos registrales siguiendo
los preceptos de la Ley 527 de 1999, que consagra la equivalencia funcional
entre el documento escrito y el producido por medios electrónicos, cuando
cumplan los requisitos consagrados en la ley 30 .
29 Se está a la espera de una nueva circular que recopile la totalidad de los procedimientos
a seguir en materia de registro.
30 Ley 527. Articulo 6o. Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información
conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la
información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. Lo dispuesto
en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma
constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de
que la información no conste por escrito.

62 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 63
-6-
Etapa contemporánea
recordarse cómo la Ley 80 de 1993, conocida como la Ley Estatutaria de la
Contratación Estatal, había creado el Registro Único de Proponentes RUP,
al que se someterían todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a
celebrar con las entidades públicas, contratos de obra, consultoría, o compraventa
de bienes muebles 32 .
En la actualidad, el Estado colombiano, en el tema registral, desarrolla una
política pública ausente de precisas definiciones y, si bien ha reconocido la
trascendencia del sistema registral delegado en las cámaras de comercio,
delegándole, hasta el presente, ocho registros, unos netamente mercantiles
y otros de contratación pública o de entidades sin ánimo de lucro y de
algunos de sectores económicos especializados, no podría decirse que ello
obedezca a una meditada orientación en la organización del Estado o de las
relaciones de los ciudadanos con este.
Con posterioridad al Régimen Registral consagrado en el Código de
Comercio y en la Ley 222 de 1995 que lo reforma, se han presentado múltiples
reformas a los registros que son responsabilidad de las cámaras de comercio,
que si bien sirven para la información en el mundo de los negocios,
como atrás se anotó, se insiste, evidencian una falta de políticas públicas,
aunque se advierte que el Estado reconoce la utilidad jurídica, económica y
social de los registros por lo cual los impulsa y propicia.
En relación con el registro mercantil, la primera reforma que lo tornó
mixto se encuentra contenida en la Ley 590 del año 2000; esta, aunque dirigida
a micro, pequeñas y medianas empresas, Mipyme, reguló el registro
mercantil integrándolo con el Registro Único de Proponentes RUP, a fin de
reducir trámites ante el Estado y dar mayor seguridad jurídica en la contratación
pública 31 , creando así el Registro Único Empresarial, RUE. Debe
31 Artículo 11. Ley 590/2000. Registro único de las Mipymes. Con el propósito de reducir
los trámites ante el Estado, el registro mercantil y el registro único de proponentes
se integrarán en el Registro Único Empresarial, a cargo de las cámaras de
comercio, el cual tendrá validez general para todos los trámites, gestiones y obligaciones,
sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones especiales sobre materias
tributarias, arancelarias y sanitarias.
Atendiendo criterios de eficacia, economía, buena fe, simplificación y facilitación
de la actividad empresarial, la Superintendencia de Industria y Comercio, regulará
la organización y funcionamiento del Registro Unico Empresarial, garantizando
que, específicamente, se reduzcan los trámites, requisitos, e información a cargo
de las micro, pequeñas y medianas empresas, y que todas las gestiones se puedan
adelantar, además, por internet y otras formas electrónicas.
Parágrafo. La regulación que realice la Superintendencia de Industria y Comercio deberá,
en todo caso, hacerse en armonía con las disposiciones estatutarias y con las
contenidas en códigos, respecto de los registros de que trata el presente artículo.
32 Artículo 22 Ley 80 de 1993.De los Registros de Proponentes. Todas las personas naturales
o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos de
obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se inscribirán en
la cámara de comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y calificadas
de conformidad con lo previsto en este artículo. Ver Decreto Nacional 856 de 1994
El Gobierno nacional adoptará un formulario único y determinará los documentos
estrictamente indispensables que las Cámaras de Comercio podrán exigir para
realizar la inscripción. Así mismo, adoptará el formato de certificación que deberán
utilizar las cámaras de comercio. Con base en los formularios y en los documentos
presentados, las cámaras de comercio conformarán un registro especial de inscritos
clasificados por especialidades, grupos o clases de acuerdo con la naturaleza
de los bienes o servicios ofrecidos, y expedirán las certificaciones o informaciones
que en relación con el mismo se les solicite. La certificación servirá de prueba de
la existencia y representación del contratista y de las facultades de su representante
legal e incluirá la información relacionada con la clasificación y calificación
del inscrito. En relación con los contratos ejecutados incluirá la cuantía, expresada
en términos de valor actualizados, los respectivos plazos y adiciones. En la certificación
constarán. Igualmente los datos e informaciones sobre cumplimiento en
contratos anteriores, experiencia, capacidad técnica y administrativa, relación de
equipo y su disponibilidad, multas y sanciones impuestas y el término de su duración.
No se requerirá de este registro, ni de calificación, ni clasificación en los casos
de contratación de urgencia a que se refiere el artículo 42 de esta Ley; contratación
de menor cuantía a que se refiere el artículo 24 de esta Ley; contratación para el
desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas; contratos de prestación
de servicios y contratos de concesión de cualquier índole y cuando se trate de
adquisición de bienes cuyo precio se encuentre regulado por el Gobierno nacional.
El registro de proponentes será público y por tanto cualquier persona puede
solicitar que se le expidan certificaciones sobre las inscripciones, calificaciones y
clasificaciones que contenga.

64 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 65
Este Registro Único de Proponentes fue modificado posteriormente
por la Ley 1150 de 2007, en su artículo 6 33 , que lo hace más técnico. En este
registro las cámaras de comercio ejercen una especie de «verificación documental»,
o sea, un control formal de legalidad y expiden un certificado
de Registro Único de Proponentes, conocido como RUP. Este certificado es
plena prueba de los hechos o las circunstancias que allí se hacen constar.
Anteriormente los proponentes se autocalificaban y era mínima la actuación
y responsabilidad de las cámaras de comercio, en el presente las cámaras
deben constatar la realidad de la información. También se anota que
este registro es dinámico y es alimentado en forma permanente en su contenido
por las autoridades públicas, que envían información a las cámaras
sobre los proponentes del Estado.
Posteriormente, se creó un registro de entidades sin ánimo de lucro,
RESAL, por medio del Decreto 2150 de 1995. Este es el tercer gran registro
que se encomienda o delega a las cámaras de comercio. Se distinguen entre
las entidades obligadas al registro, las que pudieran llamarse entidades sin
ánimo de lucro del «sector real», o sea, corporaciones, asociaciones, fundaciones
de utilidad común regladas por el título xxxvi, del libro primero del
33 Ley 1150 de 2007. Artículo 6. De la verificación de las condiciones de los proponentes.
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas
o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades
estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único
Empresarial de la cámara de comercio con jurisdicción en su domicilio principal.
No se requerirá de este registro, ni de calificación ni de clasificación, en los casos de
contratación directa; contratos para la prestación de servicios de salud; contratos
cuyo valor no supere el diez por ciento (10 %) de la menor cuantía de la respectiva
entidad; enajenación de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto
la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan
en bolsas de productos legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan
por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas
industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y los
contratos de concesión de cualquier índole. En los casos anteriormente señalados,
corresponderá a las entidades contratantes cumplir con la labor de verificación de
las condiciones de los proponentes. En dicho registro constará la información relacionada
con la experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización del
proponente, que se establecerá de conformidad con los factores de calificación y
clasificación que defina el reglamento. El puntaje resultante de la calificación de estos
factores se entenderá como la capacidad máxima de contratación del inscrito.
Código Civil y por el Decreto 1529 de 1990 y las llamadas entidades del sector
solidario reglamentadas por la Ley 79 de 1988.
No sobra comentar cómo una de las asignaturas con menor elaboración
legislativa, jurisprudencial y académica en Colombia, es la relativa a las
entidades sin ánimo de lucro, que han adquirido una sin igual importancia
en la vida institucional, económica y social del país. A pesar de ello. sus
regulaciones son casi inexistentes, las sentencias o jurisprudencias sobre
esta materia son una rareza, al igual que son escasos los comentarios de
los tratadistas. En la parte normativa existe una remisión casi plena a la ley
mercantil societaria y la vigilancia y el control estatal es tan solo nominal.
Respecto de estas entidades sin ánimo de lucro, tanto el artículo 45 del
Decreto 2150 de 1995, como el artículo 3 del Decreto 427 de 1996, exceptuaron
del Registro ante la cámaras a algunas entidades, sin justificación legislativa
o institucional, generando un grave desorden en materia registral 34 .
Debe entenderse que las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones
mutuales están obligados al registro en las cámaras de comercio 35 .
El Decreto 019 de 2012, que modificó la Ley 454 de 1998, ordenó el registro
en las cámaras de comercio de todas las entidades de economía solidaria,
sin exclusiones 36 .
Por medio de este decreto denominado «Antitrámites», sin duda un
gran esfuerzo legal para rebajar, racionalizar y simplificar los trámites ante
34 El Decreto 2150 de 1995. Suprime la obligatoriedad de reconocer personerías jurídicas
para las corporaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro. De
conformidad con este decreto, en la actualidad la personalidad jurídica de estas
entidades surge a partir del registro en las Cámaras de Comercio.
35 Artículo 143, Decreto 2150 de 1995. Constitución de entidades de naturaleza cooperativa,
fondos de empleados y asociaciones mutuas. Las entidades de naturaleza
cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, así como sus
organismos de integración y las instituciones auxiliares del cooperativismo son
entidades sin ánimo de lucro y se constituirán por escritura pública o documento
privado, el cual deberá ser suscrito por todos los asociados fundadores y contener
constancia acerca de la aprobación de los estatutos de la empresa asociativa.
Ver el Decreto Nacional 427 de 1996 , Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C 77 de 1997, Ver la Ley 79 de 1988.
36 Respecto de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo asociado, fueron inicialmente
sustraídas de la obligación de registro ante las Cámara, trasladándolas a la
Superintendencia de Economía Solidaria, Decreto 4558 2006, pero posteriormente
mediante el Decreto legislativo 019 de 2012, regresaron al registro cameral.

66 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 67
el Estado, se amplió aún más el registro mercantil, que, como se expresó,
ya estaba unido al Registro de Único de Proponentes, creándose el Registro
Único Empresarial y Social, RUES, que comprende tanto el original registro
mercantil, como el de proponentes, al cual se integró el de entidades sin
ánimo de lucro y otros más como los de las veedurías ciudadanas, el de las
personas que desarrollan actividades de juego y azar, el de turismo y el de
los representantes de entidades extranjeras sin ánimo de lucro 37 .
37 Artículo 166 del Decreto 019 de 2012. Del Registro Único Empresarial y Social. Al
Registro Único Empresarial (RUE) de que trata el artículo 11 de la Ley 590 de 2000,
que integró el registro mercantil y el Registro Único de Proponentes, se incorporarán
e integrarán las operaciones del registro de entidades sin ánimo de lucro
creado por el Decreto 2150 de 1995, del registro nacional público de las personas
naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de juegos de suerte y
azar de que trata la Ley 643 de 2001, del registro público de veedurías ciudadanas
de que trata la Ley 850 de 2003, del Registro Nacional de Turismo de que trata la
Ley 1101 de 2006, del registro de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo
de lucro con domicilio en el exterior que establezcan negocios permanentes
en Colombia de que trata el Decreto 2893 de 2011, Y del Registro de la Economía
Solidaria de que trata la Ley 454 de 1998, que en lo sucesivo se denominará
Registro Único Empresarial y Social -RUES-, el cual será administrado por las cámaras
de comercio atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena fe, para
brindar al Estado, a la sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a
las entidades de economía solidaria y a las entidades sin ánimo de lucro una herramienta
confiable de información unificada tanto en el orden nacional como en el
internacional. Con el objeto de mantener la actualización del registro y garantizar
la eficacia del mismo, la inscripción en los registros que integran el Registro Único
Empresarial y Social, y el titular del registro renovará anualmente dentro de los
tres primeros meses de cada año. El organismo que ejerza el control y vigilancia
de las cámaras de comercio establecerá los formatos y la información requerida
para inscripción en el registro y la renovación de la misma. Los registros mercantil
y de proponentes continuarán renovándose de acuerdo con las reglas vigentes. El
organismo que ejerza el control y vigilancia de las cámaras de comercio regulará
la integración e implementación del Registro Único Empresarial y Social, garantizando
que, específicamente, se reduzcan los trámites, requisitos e información a
cargo de todos los usuarios de los registros públicos y que todas las gestiones se
puedan adelantar, además, por internet y otras formas electrónicas. La regulación
que realice la autoridad competente deberá, en todo caso, hacerse en armonía con
las disposiciones estatutarias y con las contenidas en códigos, respecto de los registros
de que trata el presente artículo. Los derechos por la prestación de los servicios
registrales serán los previstos por la ley para el registro mercantil, el registro
único de proponentes y el registro de entidades sin ánimo de lucro, según el caso.
Las cámaras de comercio no podrán cobrar derechos de inscripción y renovación
sobre los registros que se le trasladan en virtud del presente decreto-ley y que a
En resumen el mencionado Decreto 019 de 2012, en su artículo 166, integró
los siguientes registros:
1. Registro nacional de las personas naturales y jurídicas que ejerzan
la actividad de vendedores de juego de suerte y azar (Ley 164 de
2001).
2. Registro de las veedurías ciudadanas (Ley 850 de 2003).
3. Registro de turismo (Ley 1101 de 2006).
4. Registro de entidades extrajeras sin ánimo de lucro con domicilio
en el exterior que establezcan negocios en Colombia. En realidad
el registro es el de los apoderados judiciales. Este registro anteriormente
era llevado por la Oficina Asesora Judicial del Ministerio
del Interior (Decreto 2893 de 2011).
5. Registro de la economía solidaria de que trata la Ley 454 de 1998.
A estos registros se suman pues, anteriores registros que componían
el RUE:
6. Registro mercantil.
7. Registro Único de Proponentes (Ley 80 de 1993), Ley 115 de 2007).
8. Registro de entidades sin ánimo de lucro (Decreto 2150 de 1995).
Esta es la situación actual o contemporánea del registro mercantil en
Colombia, que, como se advierte, ha integrado a un conjunto de registros
agrupados en lo que la ley denomina como Registro Único Empresarial y
Social, RUES.
la vigencia del mismo no los causan. Los ingresos provenientes de los registros
públicos y los bienes adquiridos con éstos, continuarán afectos a las funciones
atribuidas a las cámaras de comercio por la ley o por el Gobierno nacional en aplicación
del numeral 12 del artículo 86 del Código de Comercio. En ningún caso los
recursos de origen público podrán destinarse para sufragar operaciones o gastos
privados de las Cámaras de Comercio. Los registros públicos que se le trasladan
a las Cámaras de Comercio serán asumidos por éstas a partir del primero (1.°) de
marzo de 2012.

68 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 69
-7-
Tres reformas legales
Capítulo especial merecen tres reformas legales que inciden en el registro
mercantil, a saber:
i. La Ley sobre Sociedad por Acciones Simplificadas S. A. S.
ii. La Ley sobre Garantías Mobiliarias.
iii. Registro Nacional de Turismo.
7.1 Ley de Sociedades por Acciones Simplificadas
Esta es una nueva modalidad societaria colombiana, consagrada en la Ley
1258 de 2008, la cual es de trascendental importancia y aceptación en los negocios
mercantiles, tal como lo ratifica el hecho de que más del noventa por
ciento de las recientes constituciones de sociedades adoptaron esta naturaleza.
Como lo ha explicado la doctrina, esta especie societaria se caracteriza,
de un lado, por blindar a los asociados de cualquier responsabilidad diferente
a la de su aporte social, al expresamente exceptuar a los accionistas de
obligaciones solidarias o subsidiarias de naturaleza laboral, tributaria o de
cualquiera otra índole en las que incurra la sociedad. En esta forma se diferencia
de las sociedades limitadas y aun de alguna clase de anónimas, en
las cuales por vía de interpretación jurisprudencial los socios han perdido su
nominal limitación en la responsabilidad. La segunda característica es la de
la primacía de la voluntad contractual, pudiendo pactarse condiciones dictadas
por la voluntad de los asociados, prohibidas en otras formas societarias.
En relación con el registro mercantil, es necesario precisar que la autoridad
registral de conformidad con la gran libertad contractual de este
tipo societario, en primer lugar, debe realizar, para el registro, examen de su
constitución, reformas o demás actos sociales susceptibles de inscripción,
su conformidad con las normas estatutarias y con la voluntad de los socios.
De otro lado, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1258 de 2008,
el registro mercantil es constitutivo de la persona jurídica, diferenciándose
de los demás tipos de sociedades, que, según el artículo 110 del Código de
Comercio, quedan constituidos por la formalización de la escritura pública,
o sea, por la suscripción entre los asociados, ejerciendo el registro mercantil
la sola función declarativa y de consagrar la oponibilidad a terceros.
7.2 Nueva Ley de Garantías Mobiliarias
La nueva Ley de Garantías Mobiliarias, Ley 1676 de 2013, ha modificado el
registro de los gravámenes sobre toda clase muebles, los cuales anteriormente
se inscribían en el Registro Mercantil.
Este nuevo registro, típicamente mercantil, será administrado por ley
por la Confederación de Cámaras de Comercio, Confecámaras, y goza de estas
especiales características:
i. El registro está referido al sujeto y no hacía el bien mueble mercantil.
En esto se diferencia de los otros registros, por tanto la titular
del registro es la persona natural o jurídica a la que se le inscriben
las garantías que ha otorgado.
ii. Este registro es un sistema de archivo y recoge la inscripción o la
constitución de la garantía, sus modificaciones, prorrogas, trasferencias
o cesiones y su ejecución en caso de ser necesaria.
iii. Todo el proceso de inscripción, modificación, prórroga se adelanta
en forma exclusiva por vía electrónica o internet.
iv. Este registro es de orden nacional.
7.3 Registro Nacional de Turismo
Al sector turístico se le ha ordenado llevar en forma específica un registro, el
cual tiene la categoría de requisito habilitante, pues, a diferencia de otras actividades
económicas, la falta de este requisito determina una violación directa
a la ley con consecuencias sancionatorias. Este registro originalmente

70 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 71
era llevado por el Ministerio de Industria y Turismo, en virtud del Decreto
019 de 2012, en su artículo 66, fue delegada esta función a las cámaras de
comercio y bajo la modalidad virtual 38 .
El objeto de este registro es llevar la inscripción de los prestadores de
servicios turísticos y su identificación, al igual que establecer un sistema de
información sobre este sector.
Los prestadores de servicios que deben inscribirse son los siguientes:
1. Hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turística y
otros tipos de hospedaje o permanente, excluidos los establecimiento
que prestan el servicio de alojamiento por horas.
2. Agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias
operadoras.
3. Oficinas de representaciones turísticas.
4. Guías de turismo.
5. Parques temáticos.
6. Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones.
7. Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional.
8. Usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas
turísticas.
9. Empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo
compartido y multipropiedad.
10. Establecimientos de gastronomía y bares, cuyos ingresos operacionales
netos sean superiores a los 500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
11. Empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos
prepagados.
12. Concesionarios de servicios turísticos en parque.
13. Demás que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
determine.
14. Empresas operadoras de chivas y de otros vehículos automotores
que presten servicio de transporte turístico.
Este registro, es dinámico pues debe ser actualizado en forma permanente
incluyéndose sus modificaciones, tales como renovaciones, suspensiones,
cancelaciones, no excluye la obligación del registro mercantil por
parte de los operadores turísticos. En la realidad, el registro turístico básicamente
se refiere a los establecimientos mercantiles que desarrollan esta
actividad, sin que se sustraigan las personas jurídicas o naturales de cumplir
las obligaciones generales del registro de todo comerciante.
Se hace referencia expresa a este registro, pues, por la importancia del
sector en la economía nacional, el Estado ha querido formalizarlo mediante
un registro especializado que le otorgue publicidad e información, el cual,
como ya se anotó es responsabilidad también de las cámaras de comercio.
38 Ver: Ley 1558 de 2012.
Ley 300 de 1996.
Ley 1101 de 1996.

72 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 73
-8-
Epílogo
8.1 Eclosión de registros públicos
En las páginas anteriores hemos visto la evolución de los registros públicos
nacionales que mediante delegación legal son administrados por las cámaras
de comercio. Hoy, ocho de ellos están agrupados en el Registro Único
Empresarial y Social, RUES. Tradicionalmente han existido otros registros
públicos, siendo los de mayor relevancia el registro inmobiliario, que contiene
la propiedad inmueble, sus titulares, gravámenes y embargos y el registro
civil de personas, que contiene desde el nacimiento hasta la muerte de los
ciudadanos. Como a continuación se presenta en una distribución temática,
se ha dado una explosión o eclosión de registros públicos, que, de un lado,
evidencia la trascendencia jurídica, social y económica de los mismos y, del
otro, se insiste, refleja la ausencia de unas políticas públicas sobre la materia,
al no haberse adoptado una forma estandarizada o única para los mismos.
8.2 Portal electrónico único
Hasta el presente no se ha creado un portal electrónico unificado de registros
para su consulta y se carece de una integración entre las diferentes
agencias del estado responsables de los mismos que sirva para su validación
y conformidad.
8.3 Normas constitucionales y legales
Es evidente, en esta materia, la ausencia de reglas jurídicas universales que
determinen los efectos o las consecuencias de los registros, sea que estos
tengan una función declarativa de derechos o constitutiva de ellos o, en
otros casos, como factores habilitantes o requisitos previos necesarios para
acceder a derechos o beneficios. De otro lado, también debe recordarse la
observancia obligatoria de postulados constitucionales como el consagrado
en el artículo 15 39 de la Carta, que preserva el derecho a la intimidad y
que se encuentra desarrollado en la Ley 1266 de 2008 o Ley de Habeas Data.
Lo anterior en concordancia con lo preceptuado en el artículo 20 40 de la
Constitución referente al derecho a la información. Igualmente, debe tenerse
presente el artículo 84 41 de la Carta, que prohíbe establecer requisitos,
permisos o licencias para ejercer derechos o actividades reglamentadas de
manera general. En la actualidad el Estado trabaja en la elaboración de un
proyecto denominado «carpeta ciudadana», del que trata la Ley 1753 de 2015,
o ley del Plan Nacional de Desarrollo de 2014-2018. En esta ley, en su artículo
45, parágrafo segundo, se incorporó la carpeta ciudadana como uno de los
propósitos estatales que buscan la gestión, el acceso, el uso y la apropiación
de las tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, y cuya noción
la define así «Parágrafo segundo. El Gobierno nacional, a través del MinTIC,
diseñará e implementará políticas, planes y programas que promuevan y optimicen
la gestión, el acceso, uso y apropiación de las TIC en el sector público,
39 Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y
a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo,
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad
y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás
formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas
o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca
la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección,
vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.
40 Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento
y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad
social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá
censura.
41 Artículo 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de
manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos,
licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.

74 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 75
cuya adopción será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades estatales
y conforme a la gradualidad que para el efecto establezca el MinTIC.
Tales políticas comportarán el desarrollo de, entre otros, los siguientes temas:
a) Carpeta ciudadana electrónica. Bajo la plena observancia del derecho fundamental
de habeas data, se podrá ofrecer a todo ciudadano una cuenta de
correo electrónico oficial y el acceso a una carpeta ciudadana electrónica que
le permitirá contar con un repositorio de información electrónica para almacenar
y compartir documentos públicos o privados, recibir comunicados de las
entidades públicas, y facilitar las actividades necesarias para interactuar con
el Estado. En esta carpeta podrá estar almacenada la historia clínica electrónica.
El MinTIC definirá el modelo de operación y los estándares técnicos y de seguridad
de la Carpeta Ciudadana Electrónica. Las entidades del Estado podrán
utilizar la Carpeta Ciudadana Electrónica para realizar notificaciones oficiales.
Todas las actuaciones que se adelanten a través de las herramientas de esta
carpeta tendrán plena validez y fuerza probatoria».
En esta forma se pretende vincular al ciudadano con el Estado y en particular
con los registros públicos.
8.4 Trascendencia creciente de los registros
públicos
En conclusión, estos registros son cada vez de mayor transcendencia para
la seguridad jurídica, para la formalización de la economía y de la sociedad
y el incremento de la riqueza y la productividad, para la eficacia y la transparencia
de las relaciones Estado-ciudadano, constituyéndose, sin duda, en
formidables herramientas para el progreso social y económico, pero que requieren
de una masiva, trasversal e integrada política pública.
-9-
Registros públicos
A continuación, a manera de información que evidencia la importancia y la
falta de una guía estatal en la materia, se presenta un cuadro de los principales
registros públicos nacionales, agrupados por sectores a los que están
adscritos:
Sectores Registros Observaciones
Presidencia de la
República
Sector
administrativo
del interior
Sector
administrativo
de relaciones
exteriores
Ministerio del Interior
Registro público de entidades religiosas
Ley 133 de 1994
Ministerio del Interior
Registro único de consejos comunitarios u
organizaciones de base de comunidades negras,
afrocolombianas, raizales, palenqueras
Ley 70 de 1993
Ministerio del Interior
Registro de constitución y novedades de asociaciones
de autoridades tradicionales y/o cabildos indígenas
Decreto 1088 de 1993; Ley 962 de 2005.
Cancillería
Registro Único de Retornados
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Registro de extranjeros (registro de visa)
Decreto Ley 019 de 2012
Esal de régimen
especial

76 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 77
Sectores Registros Observaciones
Sector
administrativo
de hacienda y
crédito público
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de
Libranza, RUNEOL
Ley 1527 de 2012
Superintendencia Financiera de Colombia
Registro Nacional de Valores y Emisores, RNVE
Resolución 400 de 1995; Decreto 3139 de 2006
Superintendencia Financiera de Colombia
Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores,
RNAMV
Resolución 400 de 1995; Ley 964 de 2005.
Superintendencia Financiera de Colombia
Registro Nacional de Profesionales del Mercado de
Valores
Resolución 400 de 1995; Ley 964 de 2005.
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP
Registro Único de Aportantes, RUA
Decreto 2128 de 2011
DIAN
Registro Único Tributario, RUT
Estatuto Tributario
DIAN
Registro de contratos de importación de tecnología
Decisión 291 de 1991; Decreto 259 de 199
DIAN
Registro de sociedades de comercialización
internacional
Ley 67 de 1979; Estatuto Tributario
Delegado a las
cámaras de comercio
Sectores Registros Observaciones
Sector
Administrativo
de Comercio,
Industria y
Turismo
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Registro de Productores de Bienes Nacionales
Decreto 2680 de 2009; Resolución 331 de 2010
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Registro de importación
Decreto 4406 de 2004; Decreto Ley 019 de 2012
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Registro de Productores de Bienes Nacionales
Decreto 2680 de 2009; Resolución 331 de 2010
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Parques Nacionales Naturales
Registro Nacional de Áreas Protegidas y Visor
Geográfico, RUNAP
Decreto 2372 de 2010
Superintendencia de Industria y Comercio
Registro de la Propiedad Industrial
Decisión 486 de 2000; Circular Única SIC.
Superintendencia de Industria y Comercio
Registro de marca de productos y servicios y lema
comercial
Decisión 486 de 2000; Circular Única SIC.
Superintendencia de Industria y Comercio
Depósito de nombre o enseña comercial
Decisión 486 de 2000; Circular Única SIC.
Superintendencia de Industria y Comercio
Registro de productores e importadores de productos
sometidos al cumplimiento de reglamentos técnicos
Ley 1480 de 2011; Circular Única SIC.
Superintendencia de Industria y Comercio
Registro nacional de bases de datos
Ley 1581 de 2012
Superintendencia de Industria y Comercio

78 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 79
Sectores Registros Observaciones
Sector
Administrativo
de Comercio,
Industria y
Turismo
Sistema de Información de Certificados de
Conformidad, Sicerco
Resolución 41713 de 2014 SIC.
Entidades Reconocidas de Autorregulación, ERA,
reconocidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio
Registro nacional de avaluadores
Ley 1673 de 2013
Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio,
Confecámaras.
Registro de garantías mobiliarias
Ley 1676 de 2013.
Cámaras de Comercio
Registro mercantil
Código de Comercio
Cámaras de Comercio
Registro Único de Proponentes, RUP
Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007.
Cámaras de Comercio
Registro de entidades sin ánimo de lucro
Decreto Ley 2150 de 1995.
Cámaras de Comercio
Registro nacional público de las personas naturales
y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de
juegos de suerte y azar
Ley 643 de 2001; Decreto Ley 019 de 2012.
Cámaras de Comercio
Registro Nacional de Turismo, RNT
Ley 1558 de 2012; Decreto Ley 019 de 2012.
Cámaras de Comercio
Registro público de veedurías ciudadanas
Ley 850 de 2003.
Sectores Registros Observaciones
Sector
Administrativo
de Comercio,
Industria y
Turismo
Sector
administrativo
de minas y
energía
Cámaras de Comercio
Registro de apoderados judiciales de entidades
extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro
con domicilio en el exterior que establezcan negocios
permanentes en Colombia.
Decreto 2893 de 2011; Decreto Ley 19 de 2012.
Cámaras de Comercio
Registro de la economía solidaria
Ley 454 de 1998; Decreto Ley 019 de 2012
Registro Único de Comercializadores de Minerales,
Rucom
Agencia Nacional de Minería
Decreto 2637 del 2012
Registro minero nacional
Agencia Nacional de Minería
Código de Minas – Ley 685 de 2001
Catastro minero
Agencia Nacional de Minería
Ley de Fomento de la Minería de 1977
Registro de compañías nacionales como prestadoras
de servicios inherentes al sector de hidrocarburos
Ministerio de Minas y Energía
Decreto 2058 De 1991
Registro de las personas que realicen la actividad de
barequeo
Alcaldías Municipales
Ley 685 de 2001
Trasladado desde
el Ministerio del
Interior.
Traslado de CTA
y PCTA desde
Supersolidaria.
Traslado de
cooperativas de
salud, de transporte
y de vigilancia desde
Superintendencia de
Puertos y Transporte,
Superintendencia
de Salud y
Superintendencia
de Vigilancia y
Seguridad Privada.

80 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 81
Sectores Registros Observaciones
Sector
administrativo
de ambiente
y desarrollo
sostenible
Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas, RNC
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt
Decreto 1376 de 2013 y Decreto 1375 de junio de 2013
Registro nacional de áreas protegidas y visor
geográfico
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Decreto 2372 de 2010
Registro Único Ambiental, RUA
Autoridades Ambientales y la Agencia Nacional de
Licencias Ambientales
Resolución No. 941 de 2009
Registro Único de Infractores Ambientales, RUIA
Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Resolución 415 del 1 de marzo de 2010
Registro único de auditores ambientales externos
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Resolución 320 del 7 de noviembre de 2006 y Artículo
216 Código de Minas – Ley 685 de 2001
Registro de perros potencialmente peligrosos
Alcaldías municipales
Ley 746 de 2002
Registro de generadores de residuos o desechos
peligrosos
Autoridades Ambientales
Decreto 4741 de 2005
Sectores Registros Observaciones
Sector
administrativo
de transporte
Sector
administrativo
de cultura
Sector vivienda,
ciudad y
territorio
Registro Nacional Despachos de Carga por Carretera,
RNDC
Ministerio de Transporte
Resolución 0000377 del 15 de febrero de 2013
Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT
Ministerio de Transporte
Código Nacional de Tránsito
Registro de astilleros y talleres fluviales
Ministerio de transporte
Resolución 665 de 1999
Registro de vehículos de organismos de seguridad del
Estado
Ministerio de transporte
Resolución 12379 de 2012
Registro de operadores de transporte multimodal
Ministerio de transporte
Ley 336 de 1996
Registro nacional de derecho de autor
Dirección Nacional de Derecho de Autor - Unidad
Administrativa Especial del Ministerio del Interior
Ley 23 de 1982 y Decisión Andina 351 de 1993
Registro De Productores De Espectáculos Públicos De
Las Artes Escénicas
Ministerio de Cultura
Ley 1493 de 2011
Sistema de Información y Registro Cinematográfico, Sirec
Ministerio de Cultura
Ley 814 de 2003
Registro de bienes inmuebles
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
Registro de tierras despojadas y abandonadas
forzosamente
Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas
Ley 1448 de 2011

82 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 83
Sectores Registros Observaciones
Sector
administrativo
del trabajo
Ministerio de Trabajo
Registro único de intermediarios (riesgos Laborales)
Decretos 1637 de 2013 y 060 de 2015
Ministerio de Trabajo
Registro sindical
Artículo 45, Ley 50 de 1990
Ministerio de Trabajo - Unidad Administrativa del
Servicio Público de Empleo.
Registro único de empleadores
Decreto 2852 de 2013 Ministerio de Trabajo
Ministerio de Trabajo - Unidad Administrativa del
Servicio Público de Empleo.
Registro de prestadores del servicio público de empleo
Decreto 2852 de 2013 Ministerio de Trabajo
Ministerio de Trabajo - Unidad Administrativa del
Servicio Público de Empleo.
Registro de oferentes
Decreto 2852 de 2013 Ministerio de Trabajo
Ministerio de Trabajo - Unidad Administrativa del
Servicio Público de Empleo.
Registro de beneficiarios
Decreto 2852 de 2013 Ministerio de Trabajo
Ministerio de Trabajo - Unidad Administrativa del
Servicio Público de Empleo.
Registro de vacantes
Decreto 2852 de 2013 Ministerio de Trabajo
Entidades vinculadas:
SENA
Colpensiones
Unidad
Administrativa
Especial de
Organizaciones
Solidarias
Superintendencia de
Subsidio
Red de Observatorios
de Mercado de
Trabajo
Sectores Registros Observaciones
Sector
administrativo
del trabajo
Sector
administrativo
de educación
Nacional
Ministerio de Trabajo
Registro de empresas de servicios temporales
Decreto 4369 de 2006
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Registro nacional de oferentes (Banco Nacional de
Oferentes)
Resolución 1100 de 2015 del ICBF
Ministerio de Educación Nacional
Registro calificado de programas de educación superior
Ley 1188 de 2008
Ministerio de Educación
Registro de instituciones de educación superior y
de programas académicos, representantes legales y
rectores de las instituciones de educación superior
Decreto 5012 de 2009
Registro de programas de educación para el trabajo y el
desarrollo humano
Decreto 2888 de 2007
Sistema de Información Nacional de Educación Básica,
SINEB (registro público de la información relativa
a las instituciones educativas, los estudiantes de la
educación formal, los docentes, directivos docentes y los
administrativos)
Decreto 1526 de 2002
Secretarías de Educación - Ministerio de Educación
Nacional
Sistema de Información de Evaluación Institucional
y Tarifas de Establecimientos Educativos Privados de
Preescolar, Básica y Media
Entidades vinculadas:
ICETEX
ICFES
FODESEP

84 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 85
Sectores Registros Observaciones
Sector
administrativo
de educación
Nacional
Resolución 11940 de 2012
Ministerio de Educación Nacional
Sistema Nacional de Información de la Contratación
Educativa, Since
Decreto 4313 de 2004
ICFES
Sectores Registros Observaciones
Sector
administrativo
de planeación
nacional
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Reporte de Estratificación y Coberturas, REC
Ley 505 de 1999
UAE Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente
Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop
Ley 1150 de 2007
Sistema de Evaluación de Resultados de la Calidad de
la Educación
Ley 1324 de 2009
Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, UARIV
Entidades vinculadas:
Sector
administrativo
de planeación
nacional
Departamento Nacional de Planeación
Sistema General de Regalías
Decreto Ley transitorio 4923 de 2011
Departamento Nacional de Planeación
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios
de Programas Sociales, Sisbén
Ley 1176 de 2007
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Sistema Único de Información de servicios Públicos
Domiciliarios, SUI
Entidades
Vinculadas:
Colombia Compra
Eficiente
Superintendencia
de Servicios Públicos
Domiciliarios
FONADE
Sector
administrativo
de inclusión
social y
reconciliación
Registro Único de Víctimas, RUV
Ley 1448 de 2011
La Red de Solidaridad Social
Único de Población Desplazada RUPD
Decreto 2569 de 2000
Registro
Agencia Nacional
para la Superación de
la Pobreza Extrema
ANSPE
Unidad de Atención y
Reparación Integral a
las Víctimas
Unidad
Administrativa
Especial para la
Consolidación
Territorial
ICBF
Centro de Memoria
Histórica
Ley 1176 de 2007
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Sector
Administrativo
de la función
pública
Comisión Nacional del Estado Civil
Entidad vinculada:
Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos,
RUPS
Leyes 142 de 1994 y 689 de 2001
Registro Público de Carrera Administrativa, RPCA
Escuela Superior
de Administración
Pública (ESAP)
Ley 909 de 2004

86 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 87
Sectores Registros Observaciones
Contraloría General de la República
Registro Público de Carrera Administrativa de la
Contraloría General de la República
Decreto 268 de 2000
Procuraduría General de la Nación
Registro Único de Inscripción en Carrera de la
Procuraduría General de la Nación
Decreto 262 de 2000 (febrero 22)
Fiscalía General de la Nación
Registro Público de Inscripción de Carrera Especial de la
Fiscalía General de la Nación
Sectores Registros Observaciones
Registro público de empleados inscritos en la carrera
penitenciaria y carcelaria (Inpec)
Decreto 407 de 1994
Comisión Nacional del Servicio Civil
Registro público del Sistema Específico de Carrera del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, DAPRE
Decreto 4080 de 2006
Comisión Nacional del Servicio Civil
Registro público del Sistema Específico de Carrera de
los Cuerpos Oficiales de Bomberos.
Decreto 20 de 2014 (09 de enero)
Decreto 246 de 2013
Sector
Administrativo
de la función
pública
Comisión Nacional del Servicio Civil
Registro público del sistema específico de carrera
de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN
Decreto 765 de 2005
Comisión Nacional del Servicio Civil
Sector
Administrativo
de la función
pública
Entidades y organismos de la administración pública
de los órdenes nacional y territorial
Registro público de peticiones
Circular Externa 001 de 2011 del Consejo Asesor del
Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de
las Entidades del Orden Nacional y Territorial
Registro público del Sistema Específico de Carrera
Aeronáutica, de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, Aerocivil
Decreto 790 de 2005
Comisión Nacional del Servicio Civil
Registro del Sistema Específico de Carrera
Administrativa de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP
Decreto 168 de 2008
Comisión Nacional del Servicio Civil
Cámara de Representantes de la República de
Colombia
Registro público de cabilderos de la Cámara de
Representantes
Resolución 2348 de 2011 - Ley 5 de 1992 (Reglamento
Interno del Congreso)
Comisión Nacional del Servicio Civil
Registro público de carrera docente y provisión de
empleos
Ley 909 de 2004
Registro público del Sistema Específico de Carrera
Administrativa de las Superintendencias.
Departamento Administrativo de la Función Pública,
DAFP
Decreto 775 de 2005
Comisión Nacional del Servicio Civil
Sistema Único de Información de Trámites, SUIT
Ley 962 de 2005 y Decreto 019 de 2012

88 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 89
Sectores Registros Observaciones
Sector
Administrativo
de la función
pública
Justicia y del
Derecho
Defensa
Nacional
Departamento Administrativo de la Función Pública,
DAFP
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público,
SIGEP, (Registro de información de servidores públicos,
contratistas e instituciones públicas)
Decreto 1409 de 2008
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
Registro de la propiedad inmueble
Ley 1579 de 2012
Notarias - Registraduría Nacional del Estado Civil
Registro civil de nacimiento, de matrimonios o de
defunciones
Decreto 1260 de 1970
Consejo Superior de la Judicatura
Registro nacional de abogados y auxiliares de la
justicia
Decreto 2150 de 1995
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Registro de equipos armados con que se presta el
servicio de vigilancia y seguridad privada
Decreto 2355 de 2006
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del
servicio de vigilancia y seguridad privada
Registro de organizaciones prestadoras del servicio de
vigilancia y seguridad privada
Decreto 2355 de 2006
Dirección de Investigación Criminal e Interpol - Policía
Nacional
Registros delictivos nacionales
Decreto 233 de 2012
Sectores Registros Observaciones
Defensa
Nacional
Agricultura y
desarrollo rural
Salud y
protección social
Archivo Nacional Sistematizado de Armas del
Departamento Control y Comercio de Armas
Municiones y Explosivos del Comando General de las
Fuerzas Militares
Registro de las armas de fuego
Decreto 2535 de 1993
División de Transporte Marítimo de la Dirección
General Marítima del Comando Armada Nacional
Registro de naves y compañías navieras.
Decreto 1561 de 2002
Dirección General Marítima del Comando Armada
Nacional
Registro de naves y artefactos navales
Ley 730 de 2001
INCODER
Registro único de predios y territorios abandonados
por la población en situación de desplazamiento
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP
Registro general de pesca y acuicultura
Decreto 4181 de 2011
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Registro de entidades prestadoras del servicio de
asistencia técnica agropecuaria
Resolución 129 de 2010 del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
INVIMA
Registro sanitario
Ley 100 de 1993
Todas las Entidades Prestadoras de Salud, EPS
Registro de independientes con bajos ingresos

90 el registro mercantil en colombia
Aproximación a una historia del registro mercantil en Colombia 91
Sectores Registros Observaciones
Sectores Registros Observaciones
Tecnologías de
la Información
y las
Comunicaciones
Banco de la
República
Registro de TIC
Instrumento público en línea a cargo del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en el que se consolida la información relevante de
redes, habilitaciones, autorizaciones y permisos
de los proveedores de redes o de servicios de
telecomunicaciones, incluida la información referente
a los concesionarios del servicio de radiodifusión
sonora y los titulares de permisos para el uso de
recursos escasos.
Artículo 15 de la Ley 1341 de 2009; Decreto 2433 de 2015
Agencia Nacional del Espectro, ANE
Registro de frecuencias para el servicio de
radiodifusión por televisión
Artículo 27 de la Ley 182 de 1995
Sistemas de Negociación y Registro de Divisas
De acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI de la
Resolución Externa 4 de 2009, los intermediarios del
mercado cambiario, IMC, señalados en los numerales 1
y 2 del artículo 59 de la Resolución Externa 8 del 2000,
están obligados a registrar, en un sistema de registro
de operaciones sobre divisas debidamente autorizado,
las operaciones sobre divisas que realicen en el
mercado mostrador. Adicionalmente, las entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, SFC, distintas de los IMC, podrán registrar
en un sistema de registro de operaciones sobre divisas
debidamente autorizado, las operaciones de derivados
sobre divisas que realicen en el mercado mostrador
con agentes del exterior autorizados para realizar
operaciones de derivados de manera profesional.
Circular Reglamentaria Externa DODM 317 del 31 de
julio de 2015.
Registro de inversiones internacionales
Banco de la
República
Registro de las inversiones internacionales de capital y
de las inversiones financieras y en activos en el exterior,
así como la información que debe reportarse al Banco
de la República
Decreto 1068 de 2015 y sus modificaciones; Resolución
Externa 8 del 2000, Junta Directiva del Banco de la
República; Circular Reglamentaria Externa DCIN 83
*Este cuadro se elaboró con la colaboración de funcionarios de registro de la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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Capítulo II
El registro mercantil español:
de la matrícula de comerciantes
decimonónica al registro mercantil
electrónico del siglo xxi
Manuel Dorado
Desde 1998 profesor colaborador de Derecho Mercantil en la U. Pablo de Olavide de
Sevilla. Fue abogado senior en Gómez-Acebo & Pombo Abogados (Madrid) 1995-2004.
Cursó el Doctorado en la U. de Sevilla. Licenciado en Derecho por la U. de Alcalá de
Henares (Madrid). Master en Asesoría Jurídica de Empresas y Curso de Especialista en
Comercio Exterior. Ha publicado temas de Derecho Mercantil.
Agustín Madrid
Catedrático de Derecho Mercantil en la U. Pablo de Olavide, Sevilla, España, y Rector
(2003-2007). Doctor en Derecho por la U. de Sevilla. Especialista en Derecho del Comercio
Electrónico y del Sistema Financiero. Mediador, árbitro e investigador. Elegido Presidente
del Grupo de Trabajo IV en octubre de 2011. También elegido Presidente del Grupo de
Trabajo III en noviembre de 2012.

94 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil español 95
Resumen
El presente artículo da cuenta de una serie de hechos que han permitido
el surgimiento y el afianzamiento del sistema de registro mercantil, en el
que la publicidad de la información de los comerciantes se convierte en un
pilar del sistema de mercado actual. Las necesidades a las que responde este
registro, las formalidades bajo las que se administra, el conjunto de actos y
bienes que son registrados, y las finalidades de este sistema de información
desde su función económica y legal son temas tratados en este estudio.
Abstract
This article acknowledges a series of facts which have helped the commercial
register to grow and consolidate itself, where the advertising of tradesman
information has become an essential pillar of the current market system. The
needs to which this registry responds, the formalities under which it is managed,
the set of actions and goods that it records, and the goals towards which
this system strives given its economic function and the law, are themes addressed
in this study.
Introducción
El registro mercantil constituye hoy uno de los pilares maestros del estatuto
del empresario. La institución tabular ha superado su razón de ser inicial –las
antiguas matrículas de comerciantes– para, en la actualidad, incorporar a la
disciplina registral un elenco, tanto de sujetos como de hechos, cada vez más
amplio. Por esto, con razón se afirma que el registro mercantil se ha convertido
en una institución de referencia tanto para los operadores que intervienen en
el tráfico económico como para el propio mercado (Menéndez, 1990, p. 1200).
El fin de toda esta información que accede al registro no es otro que
la publicidad. Así, el registro mercantil lo ha definido la doctrina, de forma
sencilla y certera, como «un instrumento de publicidad» (Garrigues, 1930, p.
658; Olivencia, 1959, p. 64; Menéndez, 1990).
Si bien la publicidad, en su sentido más básico, consiste en transmitir
información para atraer potenciales adquirentes de los bienes o servicios
que el empresario sitúa en el mercado, el punto de encuentro de comerciantes,
consumidores y mercancías (Olivencia, 2000), la publicidad denominada
registral reviste otro significado, bien distinto. El liberalismo económico
eliminó la figura de los gremios y con esto proclamó la libertad de comercio
y la libertad de profesión u oficio (Garrigues, 1978, p. 197). El acceso a la condición
de comerciante no estaba ya supeditado a la incorporación y al beneplácito
del sistema gremial. Desde la primera codificación mercantil, con su
«matrícula de comerciantes», hasta el actual sistema, basado en el principio
constitucional de libertad de empresa, para adquirir la condición de comerciante
solo se requiere de determinadas formalidades entre las que se destaca
el acceso al registro 1 . Esta incorporación conlleva determinadas cargas
para el sujeto que accede al registro, que se ve obligado a dar a conocer, ya
que se hace pública, determinada información de su ámbito organizativo
empresarial.
1 Sin entrar en la tradicional polémica sobre la condición de comerciante, a la que
también se accede por el simple ejercicio habitual del comercio, es claro que hoy,
si bien existen empresarios que están ajenos al registro mercantil, fundamentalmente
en el campo de los autónomos (empresarios persona física), la inmensa
mayoría de los empresarios son sujetos tabulares.

96 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil español 97
No obstante, como contrapartida a la carga de la inscripción o demás
operaciones registrales obligatorias, la norma ofrece también beneficios.
Así, la publicidad registral se dota, ex lege, de unas cualidades de presunción
de exactitud y validez 2 (Cabello de los Cobos, 1994, pp. 2311-2387; y Collazos,
1990) con las que se persigue, en última instancia, la tan mencionada y ansiada
«seguridad jurídica» 3 del tráfico mercantil. Pero, además, actualmente
los documentos que reflejan los principales hechos de la vida social han de
acceder al registro mercantil, no solo a fin de ser publicitados, sino que el
acceso tabular es conditio sine qua non de validez del propio acto. En estos
casos, la inscripción en el Registro Mercantil resulta de carácter constitutivo.
Por eso, el legislador, consciente de la importancia que reviste permitir
el acceso de determinada información al registro, estableció un procedimiento
que permitiese el control de la documentación que plasma la información
que pretende acceder al registro. El engranaje es el denominado
«procedimiento registral» que se extiende desde la petición que se cursa,
por el interesado, hasta el momento de la decisión del registrador mercantil,
favorable o desfavorable a la operación registral solicitada.
El desempeño de esta función corresponde al registrador mercantil, a
quien el Código de Comercio atribuyó hace dos siglos la llevanza del registro
mercantil 4 , y, con esto, la facultad de valorar los documentos que pretendían
acceder al registro. Era necesaria en su momento, y sigue siendo actualmente,
la atribución del poder de valorar el documento, esto es, la calificación, a
un sujeto ajeno e independiente de los intereses del sujeto registral. El examen
de la legalidad de la información que va a acceder al registro no puede,
obviamente, dejarse en manos del redactor del documento, incluso cuando
el documento es notarial 5 . Sería un contrasentido pretender que quien ela-
2 El artículo 20.1 C. Co., que contempla el principio de legitimación, afirma que el
contenido del registro se presume exacto y válido.
3 Sobre el concepto de seguridad jurídica existe una abundante literatura científica en
el campo registral mercantil. Vid., por todos, (Paz Ares, 1985; Lanzas Galvache, 1986).
4 El Código de Comercio de 1885, en su artículo 19, encomendó la llevanza del registro
a los registradores mercantiles, cargo que desempeñaron, en un primer momento
de forma interina y luego definitiva, los registradores de la propiedad. Labor
que siguen realizando hoy en virtud de lo establecido en el artículo 13.1, RRM, 1996.
5 La creciente complejidad del derecho societario impone, en la práctica, que la redacción
de la documentación social recaiga, en la mayoría de los casos, por no
bora el documento va a admitir que el título presenta algún impedimento
para su ingreso en el Registro Mercantil. Es más, incluso admitiendo, a título
dialéctico, que el documento hubiese nacido perfecto (como ha de suceder
con los documentos públicos), puede existir alguna circunstancia registral,
desconocida por el redactor, que trabe el acceso del título, válido por lo demás,
al registro mercantil 6 . Por esto, la seguridad jurídica, fin de esta institución
registral 7 , requiere que el título y su contenido se vean sometidos a un
control de legalidad externo al redactor del documento 8 .
Por esto, resulta de todo punto necesaria la presencia y la actuación
personal del registrador mercantil, y seguirá siéndolo aunque la evolución
decir en todos, en juristas. Por esto, la redacción u otorgamiento de todo documento,
incluso de orígen negocial privado, debe generar un mínimo control de legalidad,
que se da por supuesto en los documentos notariales, administrativos y
judiciales (en este sentido, vid. Rodríguez Adrados, A. 1997). En relación con los documentos
notariales, diversos autores (Roca Sastre y Roca-Sastre Muncunill, 1997;
Chico y Ortiz, 1989; García, 1995), cuestionan la procedencia de su calificación.
6 Cabe a este respecto poner como ejemplo la novedosa función encomendada a los
registradores por el RD 685/2005 de 10 de junio, sobre publicidad de resoluciones concursales,
que los obliga a calificar los títulos de nombramiento de cualquier persona
física o jurídica como administrador, liquidador o apoderado, comprobando que no
figura inscrito como incapacitado en un registro especial del Colegio de Registradores
(artículo 10 dos RD 685/2005 por el que se introduce un artículo 61 bis RRM).
7 La existencia del principio de legalidad va íntimamente unido al logro de la seguridad
jurídica (vid., en este sentido, Chico y Ortiz, 1994). No obstante, están surgiendo
posturas eclécticas al respecto, por todos, (Gómez Galligo, 1996).
8 Esta afirmación no pretende desvirtuar el control de legalidad llevado a cabo por
los notarios en los documentos que autorizan, si bien compartimos las opiniones
vertidas por diversos autores (vid., por todos, García García, J. M. 1994) acerca de la
paulatina «relativización» del meritado control en pos del mantenimiento o el incremento
de la clientela. Pero de lo que no cabe duda es de que para el redactor del
documento este siempre resulta acorde con la legalidad vigente al responder plenamente
a los intereses perseguidos por el sujeto que pretende la inscripción. Así,
diversos pronunciamientos de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
DGRN, negando el acceso al registro mercantil de ciertas peticiones que, si bien respondían
al deseo de hacer público una determinada situación con trascendencia
empresarial, no eran susceptibles de protección tabular, pues cabe recordar que los
asientos practicables en el registro mercantil están tasados. Como botón de muestra
de lo anteriormente dicho pueden verse las resoluciones de la Dirección General
de los registros y del notariado de 27 y 28 de diciembre de 1990 acerca de la negativa
del centro directivo, ratificando la decisión del registrador mercantil provincial
de permitir el acceso tabular a una sentencia de embargo de acciones.

98 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil español 99
de la informática y de las comunicaciones electrónicas haya puesto de manifiesto
la necesidad de adaptar los viejos esquemas organizativos del registro
a las nuevas necesidades de los operadores económicos con el fin de
incorporar una gestión telemática de la documentación en sede registral.
Así, en el registro mercantil español se viene sucediendo una serie de
normas que regulan aspectos relativos a la «electronificación», tanto respecto
de los títulos, esto es, los documentos públicos (notariales, administrativos
y judiciales) y privados que acceden al registro mercantil, como en
el ámbito de las funciones auxiliares de los registradores mercantiles. La necesidad
de incorporar trámites electrónicos también se ha hecho patente en
la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central, a cuyo cargo
está el registrador mercantil central, que gestiona las solicitudes de las denominaciones
sociales 9 .
9 Normalmente, las certificaciones que se solicitan al registrador mercantil central
son de las denominadas «negativas» en el sentido de que no están siendo utilizadas
por otro sujeto. No obstante, nada impediría que el registrador mercantil
central certificase que una denominación figura reservada, pero no por la vía de
solicitar una certificación positiva de denominación, sino mediante una certificación
del contenido del registro mercantil central respecto de esa denominación.
-1-
Principales hitos
de la evolución
histórico-normativa
del registro mercantil
En una aproximación a la evolución normativa del registro mercantil en
España resulta necesario detenerse en dos momentos concretos, por cuanto
representan, por un lado, la creación de dicha institución con la promulgación
del Código de Comercio de 1829, y, por otro, el cambio sustancial del sistema
que supuso la incorporación del Reino de España a la actual Unión Europea.
El Código de Comercio del 30 de mayo de 1829 (en adelante C. Co. 1829),
fruto del ingenio del jurista andaluz D. Pedro Sáinz de Andino, fue el punto
de confluencia de las dos fuentes de inspiración de su autor: el derecho tradicional
español (representado, entre otros, por las Ordenanzas de Bilbao de
1737) y el Code de Commerce napoleónico de 1807 10 . El C. Co. 1829, y por ende
su autor, ha recibido, desde distintos sectores doctrinales patrios e, incluso,
desde fuera de nuestras fronteras, merecidos elogios y alabanzas, tanto por
la calidad del texto legal como por sus innovaciones en derecho mercantil 11 .
La instauración del registro general de comercio también participó de
estos elogios, y supuso, según se ha indicado autorizadamente, «la introducción
en España de un registro mercantil de carácter general que carece de
precedentes legislativos en nuestro país» (Menéndez, 1990).
Esta última afirmación podría llevar a pensar que la institución registral
tuvo su origen en un instituto de semejante cuño propiciado por el derecho
10 Sobre el C. Co. 1829 y su autor, vid. Rubio, J. 1950; García Madaria, J. M. 1982; Toscano
de Puelles, F. (s. f.); Fornes Baigorri, A. 1968; Eizaguirre, J. M. 1987.
11 En este sentido, entre otros, (Langle y Rubio, E. 1950).

100 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil español 101
galo. La realidad fue, sin embargo, otra bien distinta. El país vecino no reguló
esta institución hasta la segunda década del siglo xx 12 . La presencia del registro
en el C. Co. 1829 fue una creación de su autor, en la que influyeron una
serie de factores de orden histórico y económico que lo llevaron a establecer
un registro general del comercio como elemento dinámico del crecimiento
y desarrollo de nuestra economía 13 .
12 Sobre la evolución del registro mercantil francés, vid. al respecto, el exhaustivo estudio
realizado por Sequeira Martin, 1995.
13 La creación del RGC responde a un triple condicionamiento. En primer lugar, su creador
pretendía conservar en manos del monarca un cierto control en la creación de
sociedades, sin llegar a ser el sistema de octroi o concesión real (sobre este particular,
vid. Garrigues. 1933 y recientemente Porfirio Carpio, 1995), la inscripción obligatoria en
un registro estatal, a cargo de un funcionario público, que podía denegar la inscripción
(artículo 13 C. Co. 1829), a petición del síndico (cuya figura histórica analiza García
de Valdeavellano, L. 1982, y en el que destaca su origen gremial) del municipio donde
pretendiese ejercer el comercio, no dejaba de ser una medida que no respondía del
todo a los postulados del liberalismo que promulgaban la libertad de comercio una
vez abolidos los sistemas gremiales que suponían una cortapisa a la libertad de elección
profesional y de establecimiento (como pone de manifiesto Olivencia, M. en El
derecho mercantil de la codificación, y Jiménez Sánchez, 1997). Sobre los gremios en
particular, vid. Alonso Olea, El trabajo en la ciudad medioeval y el gremio. La segunda
motivación que impulsó a Sáinz de Andino a promover el RGC residió en su firme
creencia del impulso que este registro, como instrumento de seguridad tanto para
los comerciantes como para los terceros, supondría en el desarrollo de las relaciones
comerciales. Finalmente, el tercer factor se concreta en la doble función que desempeñaba
el RGC como fuente de ingresos para la Hacienda Real y, al mismo tiempo,
como referente estadístico que permitiese conocer los aspectos concretos que reflejaba
de la evolución del comercio en nuestro país (efecto que, por cierto, perdura en
nuestros días a través de las estadísticas que publica de forma anual la DGRN sobre
los datos societarios que obran en su poder). Sobre estos dos últimos factores pueden
consultarse las recomendaciones elaboradas por el propio Sáinz de Andino el mismo
año de promulgación del C. Co. 1829, en Exposición al Rey N. S. sobre la situación política
del Reyno y medios de su restauración (recogida en García Madaria, 1982).
El código de Sáinz de Andino, como toda codificación mercantil, supone una nacionalización
del Derecho Mercantil (vid., sobre este particular, Jiménez Sánchez, 1993).
Esta norma, que supone el tránsito del sistema de la matrícula gremial al de control
estatal de la actividad empresarial, constituye un vivo ejemplo de la evolución que
ha marcado al derecho mercantil desde el Ius mercatorum bajomedieval, pasando
por su etapa de codificación-nacionalización hasta llegar a la época actual, en la
que asistimos a un resurgimiento del Ius mercatorum como derecho supranacional
(sobre el particular, puede verse, por todos, Olivencia, 1993). La materia registral,
y concretamente el principio de legalidad, también han pasado por estas distintas
fases. En un primer momento la inscripción en la matrícula del gremio revestía un
El registro público de comercio tenía un ámbito territorial provincial
y su llevanza le correspondía al Secretario de Intendencia de la Provincia 14 .
El artículo 11 C. Co. 1829 establecía la obligatoriedad de inscribirse en la matrícula
de comerciantes a toda persona, física o jurídica, que se dedicase al
comercio. Por su parte, el artículo 25 C. Co. 1829 establecía la inscripción obligatoria
de los documentos relativos al tráfico empresarial o al ejercicio del
comercio. Y, en ambos casos, la ausencia de inscripción conllevaba, por un
lado, la inoponibilidad de esos documentos a terceros (artículos 27 a 29 C. Co.
1829) y, por otro, una elevada sanción pecuniaria 15 .
El procedimiento de registro era distinto según se tratase de comerciantes
o de documentos. La inscripción de los comerciantes, como ha puesto de
manifiesto Menéndez (s. f.), se conseguía a través de un complicado sistema:
declaración por escrito ante la autoridad civil municipal de su domicilio,
con el visto bueno del síndico procurador del pueblo, seguida del envío de un
duplicado de la inscripción al intendente de la provincia, quien dispondría
posteriormente la anotación en la matrícula de comerciantes. (p. 20)
La inscripción de documentos, por su parte, resultaba mucho más sencilla
al revestir menos formalidades. Consistía, simplemente, en la presentación
carácter privado, y se alcanzaba previa superación de una serie de requisitos (antigüedad,
experiencia, etcétera), y la aceptación de los miembros de la cúpula gremial.
Esta incorporación facultaba para el ejercicio de la actividad concreta, así como para
ascender en los distintos escalafones del sistema gremial. Pero estos requisitos se
convirtieron, con el advenimiento del C. Co. 1829, y perduran hasta nuestros días, en
«formales» –con alguna excepción: recordemos el visto bueno del síndico–. La nueva
realidad supranacional a la que nuestro país pertenece desde mediados de los
años ochenta: la actualmente denominada Unión Europea, ha incidido o incide en
la existencia del principio de legalidad, recogiéndolo en diversas directivas: artículo
10, Primera Directiva del Consejo (68/151/CEE). (Vid., al respecto, Menéndez, 1990 y
Gimeno y Gómez Lafuente); artículo 16, Tercera Directiva del Consejo (78/855/CEE)
(puede verse, al respecto, por todos, Sequeira Martín, A. El control de legalidad y la
publicidad en la fusión según la Tercera Directriz (78/855/CEE) concerniente a la fusión
interna de sociedades por acciones. Dificultades que puede plantear una futura
adecuación de nuestra legislación. (1984). Revista Crítica de Derecho Inmobiliario,
n.° 560, pp. 83-127). Todo esto nos permite pensar que el control de legalidad se ha
elevado por encima de las normativas nacionales para entrar a formar parte integrante
de los elementos comunes jurídico-preventivos del perseguido espacio único
europeo.
14 Sobre la organización administrativa del Estado (vid. Sáinz de Andino).
15 La inscripción era obligatoria, pero no constitutiva de la condición de empresario.

102 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil español 103
de las escrituras, dentro de los quince días siguientes a su otorgamiento, para
que el intendente de la provincia tomase razón de las mismas.
Sin embargo, no debe entenderse que la toma de razón fuese consustancial
a la presentación del documento en el registro general de comercio. La
práctica del asiento de inscripción no era obligatoria. El C. Co. 1829 contenía, por
vez primera en nuestro derecho, el boceto de una norma relativa al control que
corresponde al titular del registro sobre la documentación que aspira a lograr
la protección tabular. Y esto puede colegirse de las distintas facetas en que se
manifestaba la actuación del intendente de la provincia a cargo del registro.
Así, de acuerdo con el artículo 23 C. Co. 1829, «el Secretario de la Intendencia
de cada provincia tendrá a su cargo el registro general, y será responsable de
la exactitud y legalidad de sus asientos». «Exactitud» y «legalidad» son dos
palabras que hoy configuran dos principios registrales básicos, como son los
de fe pública y legalidad. El titular del registro debía, pues, comprobar que los
documentos que pretendían acceder a la protección tabular eran merecedores
de obtener los beneficios de la publicidad registral 16 . La labor del registrador
se concretaba tanto en el aspecto externo del título, es decir, la necesidad
de que el título reuniese los requisitos formales que le marcaba su propia regulación,
como en su vertiente interna, en clara referencia al contenido substancial
del documento.
El C. Co. 1829, por lo tanto, apuntaba un mecanismo de filtro de los documentos
que se presentaban a registro porque el hecho de lograr la inscripción
les permitía gozar de unos efectos de oponibilidad frente a terceros.
La calificación, o examen y valoración del documento, se perfilaba como el
presupuesto básico de la publicidad registral 17 .
El otro gran hito histórico en el registro mercantil se sitúa en la última
década del siglo xx por suponer una evolución en la institución registral
y crear las bases de la actual, y sin duda de la futura, configuración del
16 En este sentido, Garrigues (1949) destaca como uno de los mayores logros de la
codificación en materia registral el otorgamiento de los efectos de oponibilidad a
la inscripción tabular.
17 Todo esto nos permite afirmar, en contra de la unánime doctrina hipotecarista
(vid., por todos, Gómez Galligo. Análisis histórico...), que la calificación tuvo su origen
en un texto mercantil y no en proyectos legislativos del Código Civil o de las
normas hipotecarias, como se viene afirmando hace ya más de un siglo.
registro mercantil. Coinciden los tratadistas 18 en señalar que el ingreso de
España en la CEE influyó de manera decisiva en la necesidad de revisar nuestra
regulación registral mercantil para adaptarla al nuevo marco normativo
al que nuestro país se adhirió a mediados de los años ochenta. Sin embargo,
no debe tampoco perderse de vista que las décadas que siguieron a la
promulgación del RRM 1956 fueron, sin duda, las más fecundas, hasta ese
momento, en cuanto al desarrollo de los estudios doctrinales sobre derecho
mercantil 19 . Y la materia registral, por su directa implicación en la regulación
societaria, se benefició de esa atención y dedicación científica, lo que originó
(fruto, en esencia, de los estudios acerca del derecho de sociedades) que la
doctrina científica pusiese de manifiesto las carencias del texto reglamentario
y, consecuentemente, que la regulación registral quedase anticuada al
no responder ya a las necesidades evolutivas del tráfico mercantil.
La reforma era, por lo tanto, ineludible, y quedó plasmada en la Ley 19 de
1989 de 25 de julio, de Reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil
a las directivas de la Comunidad Económica Europea.
La modificación de la normativa societaria, propiciada por la Ley 19 de
1989, llevó aparejada, como reforma global que era, la de su referente registral.
Las bases sentadas para la nueva regulación del registro mercantil,
como es conocido, pretendían aunar, por un lado, la incorporación de las
mejoras técnicas surgidas de nuestra propia experiencia, y, por otro, la necesidad
de adaptar ese mismo sistema a la normativa comunitaria, es decir,
incorporar a nuestro derecho el acervo comunitario 20 .
Así, el nuevo marco societario, plasmado en la Ley 19 de 1989, trajo consigo
tres grandes novedades en materia registral.
En primer lugar, la reforma del Código de Comercio, con una nueva redacción
de los artículos 16 a 24 C. Co., que insertaron en una norma de rango
legal, como venía reclamando la doctrina (Menéndez, 1990, p. 400), los principios
registrales contenidos hasta entonces en el texto reglamentario de 1956.
En segundo lugar, la Ley 19 de 1989 encomendó a los registradores mercantiles
nuevas funciones, algunas de ellas desconocidas en nuestro derecho,
18 (Vid., por todos, Menéndez, 1990).
19 Sobre este particular, Menéndez, (1993).
20 En este sentido, Girón Tena, 1989, y Fernández de la Gandara, 1987.

104 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil español 105
y otras asignadas tradicionalmente a órganos judiciales. Así, se establecía la
necesidad de depositar las cuentas anuales de las sociedades mercantiles
en el registro; se requería que las aportaciones no dinerarias realizadas al capital
de las sociedades anónimas se viesen verificadas por un experto independiente
nombrado por el registrador mercantil, para, de ese modo, preservar
el principio rector de integración del capital. Igualmente, correspondía a
estos funcionarios el nombramiento de expertos independientes y de auditores
de cuentas en los distintos supuestos en que se requería su actuación.
Y, finalmente, la Ley 19 de 1989 puso en práctica el funcionamiento del registro
mercantil central 21 , al que correspondía la doble función de centralizar la
información procedente de los diferentes registros mercantiles territoriales
para llevar a cabo su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
Borme, y la de otorgar y registrar las denominaciones sociales.
La tercera novedad consistió en ampliar la nómina de sujetos inscribibles
en el registro mercantil 22 .
La Ley 19 de 1989 habilitó al Gobierno para que en el plazo de seis meses
dictara y publicara un nuevo Reglamento del Registro Mercantil que
desarrollase, entre otros, los extremos que acabamos de señalar. El plazo
señalado no llegó a agotarse: un mes antes de la fecha límite se promulgó,
mediante Real Decreto 1597 de 1989, de 29 de diciembre, el nuevo texto reglamentario
(en lo sucesivo RRM 1989), que empezó a regir en el Reino de
España el 1 de enero de 1990.
La complejidad de la nueva normativa societaria engendraba, lógicamente,
que el texto reglamentario se convirtiese en un dédalo normativo,
pues a la mayor extensión de contenido y al mayor número de sujetos inscribibles
en el registro mercantil, debemos añadir el triunfo de la vocación
legislativa del texto reglamentario, iniciada en 1956, y que llevó a la doctrina
(Olivencia, 1959, pp. 1325-1343) a rebautizar al RRM 1989 como Ley y
Reglamento del Registro Mercantil.
Tan solo siete años después de la gran reforma societaria acaecida al amparo
de la Ley 19 de 1989 se produjo la publicación de un nuevo Reglamento
del Registro Mercantil, el actual, que tuvo una causa clara y determinante:
la promulgación de la Ley 2 de 1995, de 23 de marzo, de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, LSRL. Como factores menores pueden mencionarse
la necesidad de dar cobertura reglamentaria a la nueva figura de la
sociedad unipersonal y la reforma de determinados preceptos, fruto de su
insatisfactoria aplicación práctica durante la vigencia del RRM 1989 23 .
21 Vid., al respecto, Paz Ares, 1985, p. 64).
22 La inclusión en el registro mercantil, como sujetos inscribibles, de los fondos de
pensiones o de los fondos de inversión, frustró definitivamente la vieja reivindicación
doctrinal de convertir el registro rercantil en un registro de personas. Sobre el
particular vid., Uria, y Sánchez Calero.
23 Vid. E. de M. del RRM 1996.

106 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil español 107
-2-
Aspectos telemáticos
actuales y perspectivas
de futuro en el registro
mercantil español
El Real Decreto 1784 de 1996, de 19 de julio, aprobó el actual Reglamento del
Registro Mercantil 24 (en lo sucesivo RRM 1996) 25 . Con la excepción de algún
antecedente en materia de depósito de cuentas, no es hasta la promulgación
de la Ley 7 de 2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada Nueva Empresa cuando
asistimos al inicio del actual fenómeno de promulgación, sistemática, de
normas que regulan las particularidades telemáticas respecto de la documentación
que puede y debe acceder al registro mercantil y de los procedimientos
de ámbito electrónico de comunicación y calificación de dicha información.
Es significativa, a este respecto, la evolución normativa acaecida en materia
de depósito de los estados contables sobre la que nos vamos a detener.
La Ley 19 de 1989, de 25 de julio, de reforma y adaptación de la legislación
mercantil a las directivas comunitarias, muestra una especial dedicación
a las distintas vertientes de las cuentas anuales de las sociedades mercantiles.
La transposición al derecho español de la Cuarta Directiva 78/660/CEE
del Consejo, de 25 de julio de 1978, y en menor medida de la Séptima Directiva
83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, impuso la obligación de publicar
las cuentas anuales, para cuyo logro es paso previo e ineludible el depósito
de dichos documentos contables en el Registro Mercantil. Fruto de esta
exigencia, la Ley 19 de 1989 modificó la redacción del artículo 16 C. Co., dando
entrada, entre los cometidos tabulares, al depósito y publicidad de las cuentas
anuales de las sociedades anónimas, limitadas y comanditarias por acciones.
Esta nómina se amplió con la Ley 2 de 1995, que incorpora la reforma
de la Cuarta Directiva del Consejo 90/605/ CEE a las sociedades colectivas
y comanditarias simples cuyos socios sean sociedades al cierre del ejercicio.
Pero el incremento de sujetos no se detuvo ahí, la DA 4. a de la Ley 7 de 1996,
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y la DA 6. a de la Ley
50 de 2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, han extendido la obligación
de formular y depositar cuentas a, prácticamente, cualquier tipo de entidad.
Pero, a pesar de la heterogeneidad de sujetos obligados al depósito de
cuentas, el RRM 1996 establece un mismo procedimiento para todos ellos,
regulado en los artículos 365 a 378 RRM 1996. No obstante, inevitablemente,
el registro mercantil no podía dar la espalda a la realidad tecnológica en la
que vivimos. Pensar que la contabilidad de las sociedades se seguiría confeccionando
sobre los libros en soporte papel es, sin duda, vivir anclado en
concepciones decimonónicas acerca de la vida diaria de la empresa.
Al poco tiempo de la promulgación del RRM 1996, la Dirección General
de los Registros y del Notariado, a través de la Instrucción de 26 de mayo de
1999, recogiendo el mandato del artículo 366.2 RRM 1996, estableció la forma
de presentación de las cuentas en soporte informático. Posteriormente,
el Centro Directivo dictó otra instrucción, de 30 de diciembre de 1999, para
incorporar la presentación de cuentas a través de procedimientos telemáticos
26 . Los problemas propios de interpretación que presentaban estas
24 Se publicó en el BOE n.° 184, de 31 de julio de 1996, y empezó a regir a partir del 1 de
agosto de 1996.
25 El RRM 1996 consta de 428 artículos divididos en cinco títulos, uno de ellos preliminar,
nueve disposiciones adicionales, veintiuna disposiciones transitorias y dos
disposiciones finales. El sensible incremento de preceptos respecto del anterior
reglamento vino motivado por la entrada en el texto reglamentario del desarrollo
de la LSRL, así como por la regulación de los distintos aspectos de matiz reglamentario
de la sociedad unipersonal.
26 Cabe distinguir, desde este momento, las cuentas en soporte informático de aquellas
otras en soporte telemático. Las cuentas en soporte informático son aquellas
que se presentan en disco de 3,5 pulgadas (hoy en desuso) o en otro soporte autorizado
entre los habituales del mercado que deberá ajustarse a lo establecido en
el anexo i de la Instrucción de 30 de diciembre de 1999. Por su parte, las cuentas
en soporte telemático son aquellas que son remitidas en un fichero informático al
Registro Mercantil. La diferencia sustancial entre una y otra radica en su incorporación
o no a un soporte físico.

108 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil español 109
normas, y que comentaremos 27 junto con las alteraciones de la normativa
sobre firma electrónica, han supuesto una evolución constante en esta materia
con los reajustes necesarios, que se deben a los cambios legislativos
y a los problemas surgidos de la aplicación. Así, la Ley 24 de 2001, que incorporaba
técnicas de comunicación telemática en los registros, motivó la
promulgación de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, de 13 junio de 2003 (BOE 3 de julio 2003), que complementaba la
anterior instrucción de 30 de diciembre de 1999, fundamentalmente en lo
relativo a legitimación notarial de las firmas electrónicas del certificado del
acuerdo de aprobación de cuentas y de aplicación del resultado.
La Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado
de 30 de diciembre de 1999 regulaba el ámbito de calificación de las cuentas
presentadas en soporte informático. Las menciones hechas a la firma electrónica
deberán entenderse referidas a la Ley 59 de 2003 de 19 de diciembre,
que regula este particular y que vino a sustituir la normativa vigente en el
momento de dictarse dicha instrucción.
El artículo 5 de la Instrucción establecía que el registrador mercantil
debía calificar no solo el contenido de la certificación a la que se refiere el
artículo 366 RRM 1996, sino también «que el algoritmo MD5 generado por
el soporte magnético coincida con el que los administradores deben expresar
en aquella certificación». De acuerdo con el profesor Díaz Moreno, esta
norma es imprecisa en su formulación. Esto se debe, sin duda, y en nuestra
opinión, a la complejidad técnica de la materia. Así, cabe especificar que el
soporte magnético no genera el algoritmo, el algoritmo MD5 se ha generado
a la hora de cifrar el contenido del soporte lógico que se supone ha de contener
las cuentas anuales reflejadas en el modelo oportuno. Cuando se le aplica
el algoritmo MD5 a dicho texto se genera un valor hash expresado en sistema
hexadecimal que convierte al texto de las cuentas en una huella digital
(finger-print). Es importante recalcar que el documento, una vez generado el
algoritmo MD5, no está firmado digitalmente, la aplicación de dicho proceso
crea una huella digital que es la función hash, pero no se está firmando el
27 Sobre este particular seguiremos en nuestra exposición el detallado análisis que
desarrolla en el estudio de la Instrucción de 30 de diciembre de 1999 y su encaje
con la normativa sobre firma electrónica (en aquel entonces vigente Decreto-Ley
14/1999, de 17 septiembre, sobre firma electrónica) Díaz Moreno, 2001.
documento con firma digital a los efectos de lo que la ley entiende por tal. Por
esto, según indica el profesor Díaz Moreno:
[…] normalmente no se cifra el texto íntegro, sino, precisamente, el
message digest obtenido a partir de aquel mediante la aplicación
de un algoritmo hash. Es este digest –más breve y, por tanto, más
fácil de computar– el que se cifra con la clave privada del autor 28 . Y
esta versión cifrada del valor hash será, precisamente, lo que constituirá
la firma digital que se adjuntará al texto que pretende firmar.
El registrador, por lo tanto, de acuerdo con la Instrucción referida comprobará
que la certificación emitida por los administradores contiene una
referencia a un conjunto alfanumérico de 26 elementos 29 y que esta se corresponde
con el valor hash obtenido con la aplicación del MD5 a los datos
del disquete que incorpora, a su vez, los datos de las cuentas anuales. Con
esta comprobación podrá confirmar que las cuentas anuales referidas en la
certificación son las que contiene el soporte magnético.
Respecto de la calificación del resto de documentos se plantea hoy la
misma disyuntiva que a la fecha de la Instrucción. A saber: (a) en qué soporte
se pueden presentar estos documentos y (b) a quién corresponde presentarlos.
Lo primero que cabe decir es que en el estado actual de la legislación las
posibilidades son limitadas 30 . En este sentido, se ha de señalar que los documentos
indicados en el artículo 366 RRM que deben acompañar las cuentas
pueden ser en soporte papel, en cuyo caso nos remitimos a lo anteriormente
dicho sobre su ámbito de calificación. En este caso, cualquier interesado podrá
realizar por sí o por medio de representante la entrega de los documen-
28 La criptografía asimétrica se basa en el uso de dos claves: la pública (que se podrá
difundir sin ningún problema a todas las personas que necesiten enviar información
cifrada) y la privada (con la que el destinatario descifra el mensaje).
29 Cómo se llega a los 26 elementos alfanuméricos: Díaz Moreno, 2001, p. 11.
30 Díaz Moreno (2001) indicaba que «la posibilidad de presentación en soporte informático
de la certificación a la que hace referencia el artículo 3661.2.º RRM resulta, a mi
juicio, mucho más dudosa, al menos en el estado actual de nuestra legislación» (p. 19).
Y esto resultaba del todo cierto porque en aquel entonces la declaración del notario
acerca de la legitimación de las firmas tenía que constar en soporte papel. Hoy, a raíz
de la posibilidad de firmar electrónicamente el documento, el problema desaparece.

110 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil español 111
tos en el registro. También se pueden emitir los documentos en soporte informático,
pero, en este caso, su remisión a efectos de calificación requiere, de
acuerdo con el artículo 110 Ley 24 de 2001, que se realice a través de sistemas
telemáticos de comunicación en línea y la comunicación ha de realizarla necesariamente
un notario, es decir, no cabe ni que la presentación del resto de
documentos se realice en soporte informático ni que esta, cuando los documentos
sean telemáticos, la lleve a cabo el interesado u otra persona que lo
represente. Para superar estas dificultades, actualmente la presentación telemática
de cuentas se realiza mediante el programa facilitado por el Colegio
de Registradores, que puede consistir, bien en la presentación del depósito de
cuentas de forma mixta –mediante el portal web de Presentación Telemática
del Colegio de Registradores se envía al Registro Mercantil el fichero.zip que
contiene el depósito, y en un momento posterior se deberá enviar por correo
certificado o presentar en el Registro Mercantil el Certificado de Aprobación
de Cuentas (que debe incluir la/s firma/s manuscrita/s y la huella digital del
depósito), instancia de presentación, huella digital del depósito y el acuse
de recibo de presentación telemática emitido por el portal web–, o bien, la
tramitación de la presentación del depósito de cuentas se realiza de forma
íntegra mediante el portal web de Presentación Telemática del Colegio de
Registradores. Se envían al Registro Mercantil dos ficheros: el fichero.zip, que
contiene el depósito, y el fichero que contiene el Certificado de Aprobación
de Cuentas (que debe incluir la/s firma/s manuscrita/s y la huella digital del
depósito). La Presentación Telemática es firmada por el presentante mediante
firma electrónica.
Siguiendo con la estela de regular procedimientos telemáticos, en el BOE
de 29 de diciembre de 2007 se publica la Ley 56 de 2007 que, amén de diversas
cuestiones sobre firma electrónica y administración telemática, en su
Disposición Adicional Novena introduce una Disposición Final Tercera en la
Ley de sociedades de responsabilidad limitada que regula una bolsa de denominaciones
sociales, estatutos orientativos y plazo reducido de inscripción. Se
autoriza al Gobierno para regular una bolsa de denominaciones sociales con
reserva. Y, por Orden del Ministerio de Justicia (JUS/3185/2010) se aprobó un
modelo orientativo de estatutos para la sociedad de responsabilidad limitada.
Si la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada
contuviese íntegramente los estatutos orientativos a que hace referencia
el apartado anterior y no se efectuaran aportaciones no dinerarias,
el registrador mercantil deberá inscribirla en el plazo máximo de cuarenta
y ocho horas, salvo que no hubiera satisfecho el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en los términos previstos en
la normativa reguladora del mismo.
Finalmente, y sin duda de gran trascendencia en el futuro, la reforma
más reciente está en la Ley 14 de 2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización.
En su artículo 15, relativo a la constitución de sociedades de responsabilidad
limitada mediante escritura pública y estatutos tipo, se establece que
el registrador mercantil, una vez recibida del CIRCE copia electrónica de la escritura
de constitución junto con el NIF provisional asignado y la acreditación
de la exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, en su modalidad de Operaciones Societarias, procederá a la
calificación y la inscripción dentro del plazo de las seis horas hábiles siguientes
a la recepción telemática de la escritura, entendiéndose por horas hábiles
a estos efectos las que queden comprendidas dentro del horario de apertura
fijado para los registros. Cabe preguntarse si la calificación puede ser negativa,
pues, de lo contrario, si solo cabe la inscripción, seis horas es tiempo de sobra.
Igualmente, se vuelve a legislar sobre Documento Único Electrónico,
DUE, regulado en la Disposición Adicional Tercera el texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1 de
2010, de 2 de julio. Este documento ha sido de nuevo reglamentado, de forma
muy reciente, en el Real Decreto 44 de 2015, de 2 de febrero, por el que se
regulan las especificaciones y las condiciones para su empleo en la puesta
en marcha de sociedades cooperativas, sociedades civiles, comunidades de
bienes, sociedades limitadas laborales y emprendedores de responsabilidad
limitada mediante el sistema de tramitación telemática.
A su vez, el artículo 41, relativo a apoderamientos electrónicos, establece
que los mismos y sus revocaciones, otorgados por administradores o
apoderados de sociedades mercantiles o por emprendedores de responsabilidad
limitada, podrán también ser conferidos en documento electrónico,
siempre que el documento de apoderamiento sea suscrito con la firma electrónica
reconocida del poderdante. Dicho documento podrá ser remitido directamente
por medios electrónicos al registro que corresponda. Con esto
se plantean cuestiones sobre el ámbito de calificación de dichos documentos
electrónicos.

112 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil español 113
Y, finalmente, la Disposición Adicional Decimotercera, relativa a la llevanza
electrónica de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes
muebles, establece la obligación de llevanza en formato electrónico de dichos
registros, de conformidad con el artículo 19 de esta Ley, en el plazo de
un año desde su entrada en vigor.
Esto ocurrió el 28 de septiembre de 2014, sin que tengamos constancia
de su puesta en práctica al día de hoy. Pero es claro que la «electronificación»
es un hecho inevitable, que necesariamente ha de acontecer, y es, a diferencia
de otros, de los que se aguardan con anhelo.
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117
Capítulo IIi
Teoría general de los
registros públicos:
registro mercantil y
registro inmobiliario
Eduardo Caicedo Escobar
Abogado Universidad Libre, Bogotá. Administrador de Empresas, Universidad
Nacional, Bogotá. Maestría en Gobierno Municipal, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá. Especialista en Notariado y Registro, Universidad de Medellín.
Especialista en Derecho Laboral, Derecho Inmobiliario y Derecho Privado,
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Profesor de posgrados en Derecho, en
programas de especialización y maestría de la Universidad Externado de Colombia,
y en programas de especialización de la Universidad de Medellín. Actualmente es el
Notario 45 de Bogotá.

118 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 119
Resumen
Los objetivos del presente ensayo se concentran en delinear una teoría general
de los registros públicos con base en los caracteres generales de los
registros mercantil e inmobiliario, la doctrina y la legislación comparada.
El trabajo se desarrolla a partir de la noción del registro y del derecho
registral, la publicidad concedida por las inscripciones; los fines y las distintas
clasificaciones de los registros; los principios aplicables, que serán tratados
con cierto detalle.
Luego se hará referencia a algunas particularidades de los registros
inmobiliario y mercantil, tales como los organismos operadores de estos
servicios públicos, sus funciones, las personas, los actos y los bienes sujetos
a registro, las reglas que dominan las inscripciones y el modo de hacerlas.
Posteriormente se hará una síntesis de los aspectos novedosos de la Ley
1579 de 2012, estatuto de registro de instrumentos públicos, tomado de la
exposición de motivos del Proyecto de Ley 242 de 2011. Este ensayo concluye
con la visión del derecho comparado de algunos países que han optado por
unificar, desde el punto de vista jurídico u operativo, los registros públicos.
Abstract
The main objective of this essay is to describe a general theory about public
registries, based on the general characteristics of the mercantile and property
registries; and on the comparative doctrine and legislation.
The paper is developed around the idea of registry and registration law;
the publicity given by the inscriptions; the purpose and the different registry
classifications; and the applicable principles, which will be discussed in detail.
Afterwards, some special features of the property and mercantile registries
will be mentioned. Such as the operating organisms of this public services, their
role; the people, acts and properties that should be registered; the regulations
that control the inscriptions and how they are made. Later, there is a summary
of the new aspects of the Law 1579 of 2012, statute of public instruments registry,
taken from the explanatory memorandum of the draft bill 242 of 2011. This
essay concludes with the vision of comparative law of various countries that
have unified, from the legal and operational point of view, the public registries.
-1-
Acepciones y génesis
del registro
La etimología enseña que la palabra registro viene del latín, a diferencia del
término protocolo, su equivalente, que proviene del griego. Algunos la ubican
en el latín bárbaro: registrum (de res gestus: «hecho memorable»; «hecho registrado»,
del cual se guarda memoria). Otros afirman que procede del latín
moderno: regestum, singular de regesta, «acción y efecto de registrar» que
significa poner por escrito y reducir en orden (Diccionario de la RAE). También
lo relacionan con el participio pasivo de regere, que es «copiar», «trasladar».
Múltiples significados tiene la palabra registro. Sirven a nuestro estudio
los siguientes: la acción y el efecto de registrar, y el continente material donde
se consigna algo por escrito, de trascendencia jurídico-económica, con el
interés fundamental de perpetuarlo y de ser usado en cualquier momento
por los otorgantes, interesados iniciales o terceros.
También se identifica el término registro con la organización estructural
y la oficina encargada de las inscripciones; con los libros donde se anotan
los actos, contratos, hechos y derechos; y con los asientos, las anotaciones y
las inscripciones de los mismos.
Se tiene memoria de la utilización del vocablo registro por la Iglesia
católica en tiempos del papa Urbano II, que llevó un registro de las bulas
que concedió en el siglo xi. En Francia, a mediados del siglo xii, hubo registros
reales. En España, los registros datan de tiempo inmemorial: Jaime I, el
Conquistador, con motivo de la conquista de Valencia, extendió registros en
Aragón en 1238; y Alfonso X, el Sabio, en las Siete Partidas, terminadas entre
1263 y 1265, se ocupó del modo de hacer y conservar los registros, y de la responsabilidad
de sus encargados (Fueyo, 1982, pp. 2-6).
El registro mercantil tiene sus antecedentes en las ciudades italianas
de fines de la Edad Media. El libro mercantil, o Liber Mercatorum, se creó en
las ciudades del Mediterráneo, para matricular a los mercaderes, que con

120 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 121
su inscripción adquirían la calidad de comerciantes. Con ello se controló el
comercio y las personas que lo ejercían, desde el siglo xiii. En los pueblos hispánicos,
la matrícula de comerciantes se menciona en la Novísima recopilación,
de 1805, y se consolida en el Código de Comercio Español, de 1829
(Cabanellas, 1974, p. 519).
Dos posiciones contradictorias tratan de establecer el origen de la publicidad
inmobiliaria: para autores como Besson, la publicidad de las transferencias
es un hecho tan antiguo como la propiedad inmueble; otros tratadistas,
como Gianturco, consideran que la publicidad inmueble se remonta
a la Edad Moderna únicamente.
Estas posiciones extremas son entendibles, porque parten de apreciaciones
diferentes sobre la publicidad: el primero la entiende como la realización
de meros actos exteriorizantes del tráfico inmobiliario, es decir, la pubblicità
notizia, practicada por todos los pueblos de la Antigüedad, que en la compraventa
utilizaron algunas formas que superaban el mero consensualismo;
pero para quienes le dan al vocablo el sentido de la pubblicità essènziale, sin
la cual el acto permanece ineficaz, ya sea frente a terceros (sistema latino
de trascripción), o respecto de los propios contratantes (sistema germano de
inscripción), el origen de la publicidad es relativamente reciente.
En el derecho antiguo se distinguen dos tendencias: por un lado, la de
las comunidades greco-orientales, que dotaron a las transacciones inmobiliarias
de medios de publicidad, que en las etapas más avanzadas de algunos
pueblos previeron la institución del registro; por el otro, la del derecho
romano, que se mantuvo al margen de todo tipo de publicidad registral.
-2-
Derecho registral
Partiendo del neologismo registral, se ha dado nombre a una rama jurídica
que se denomina derecho registral, entendida como:
El conjunto de principios y normas que tienen por objeto reglar
los organismos encargados de registrar personas, hechos, actos,
documentos o derechos; así como también la forma como han de
practicarse las inscripciones, y los efectos y consecuencias jurídicas
que derivan de estas. (Molinario, 1971, pp. 40-41)
El derecho registral es el género, y algunas de sus especies son: registro
público mercantil, registro inmobiliario, registro del estado civil de las personas,
y registro de automotores, entre otras.
En la Declaración I de la Carta de Buenos Aires, con ocasión del I Congreso
Internacional de Derecho Registral, celebrado en la capital argentina en
1972, se expresó:
El derecho registral integra un sistema jurídico con normas y principios
propios, de derecho público y privado, que coexisten y funcionan
armónicamente, constituyendo una disciplina independiente,
de la cual el derecho registral inmobiliario es una de sus
principales ramas. ( 1988, pp. 35-36).
En el derecho registral coexisten normas de derecho público y de derecho
privado. En efecto, los principios y las normas del derecho administrativo
regulan la organización registral como organismo estatal, o por lo menos
paraestatal, en aquellos países donde el Estado delega a instituciones, organismos
o centros la tarea de cooperar en el ámbito del derecho registral, sin
que por ello sean organismos de la administración pública.

122 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 123
Por otra parte, existen principios y normas de derecho privado que regulan
los efectos y consecuencias jurídicas de las inscripciones, en la medida
en que estas interesan a las relaciones de los particulares entre sí y, naturalmente,
al Estado, como persona de derecho privado, en sus relaciones con
los habitantes.
Al derecho registral, a través de sus principios y normas, le corresponde
regular:
• Los organismos encargados del registro de derechos, hechos, actos,
contratos, documentos, títulos.
• La forma como deben llevarse esos registros.
• Y los efectos jurídicos inherentes a esos registros.
El fundamento del derecho registral se encuentra en el denominado
poder de policía, entendido como la potestad jurídica en virtud de la cual
el Estado –con el fin de asegurar libertad, convivencia armónica, seguridad,
orden público, moralidad, salud, y bienestar general de los habitantes– impone,
por medio de la ley, y de conformidad con los principios constitucionales,
limitaciones razonables al ejercicio de los derechos individuales. Desde
esta perspectiva, el derecho registral atañe a la seguridad y al orden público
(Caicedo, 2001, p. 13).
-3-
Noción e importancia
de la publicidad
Publicidad es la actividad orientada a difundir y hacer notorio un acontecimiento.
Es la exteriorización o divulgación de una situación, dirigida a provocar
su cognición general. La publicidad es contraria a la clandestinidad, lo
notorio se opone a lo secreto. Al ordenamiento legal no siempre le preocupa
que los hechos trasciendan a la comunidad. En ocasiones, y para garantizar
su reserva, legisla para evitar su difusión; verbigracia, la inviolabilidad de la
correspondencia, el secreto profesional y el industrial, entre otros.
La publicidad que importa a nuestro estudio es el sistema de divulgación
que permite, a quienes tienen algún interés, conocer determinadas situaciones,
para la tutela de los derechos y la seguridad jurídica. El cabal cumplimiento
de los fines expresados requiere mecanismos e instrumentos que
faciliten conocer hechos, situaciones y actos que inciden en la toma de decisiones
por parte de quienes están en vías de celebrar un negocio jurídico. En
la actualidad, la publicidad se organiza como una actividad administrativa
encaminada a dar apariencia a las situaciones jurídicas de los particulares.
Una situación, hecho o acto jurídico afecta solo a quien lo presenció,
lo efectuó o lo celebró. Si se trata de una acto jurídico, y de determinar sus
efectos, es viable afirmar que estos son inter partes. Cuando por su trascendencia
los efectos superan la órbita de las partes y atraen a los miembros de
una comunidad interesada –y cuyo conocimiento resulta fundamental para
la toma de decisiones–, es necesario crear un instrumento como la publicidad
de los registros públicos, para dar a conocer la información que confiere
seguridad jurídica y económica, permite que trascienda a las partes intervinientes,
sea oponible a terceros, y tenga efectos erga omnes.

124 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 125
3.1 Publicidad mercantil e inmobiliaria
Los registros públicos de comercio, e inmobiliarios, sirven para ilustrar la
importancia de la publicidad registral: los comerciantes se matriculan en
el Registro Mercantil e inscriben los actos y documentos que ordena la ley,
para que los terceros los conozcan y tengan acceso a dicha información. En
los negocios se deben conocer las circunstancias en que se desarrolla la actividad
comercial, la calidad y facultades de sus representantes, el estado
jurídico de sus bienes, las limitaciones y afectaciones, etc.
El Inciso segundo del artículo 26 del Código de Comercio establece que:
«El Registro Mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar
los libros y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones
de sus asientos o actos, y obtener copias de los mismos».
La publicidad que concede el registro mercantil de los actos favorece no
solo a los terceros, sino también a quienes hacen parte del acto inscrito, ya que
es oponible, e impide que cualquier persona alegue su desconocimiento para
evadir los efectos. Dicho en otros términos: lo inscrito se presume conocido
por todos; afirmación que no admite prueba en contrario (Leal, 1990, p. 10).
La publicidad en el registro inmobiliario se justifica por la complejidad
de la sociedad moderna, que dificulta a los ciudadanos enterarse de los cambios
surgidos en los derechos reales. Es en este momento –cuando surge la
necesidad de crear mecanismos que hagan públicas titularidades, transferencias,
afectaciones y limitaciones del derecho de propiedad inmueble– la
importancia de la publicidad es evidente. La mayor o menor seguridad del
tráfico jurídico-económico depende de la publicidad; así como la circulación
de la riqueza y del crédito territorial dependen también de la seguridad jurídica
de ese tráfico.
El adquiriente de un inmueble está seguro cuando constata que nadie
perturbará su derecho por motivos anteriores a su adquisición y debe tener
la certeza de que el transferente es el verdadero dueño. Necesita saber que
no hay limitaciones a la facultad dispositiva y que no tiene gravámenes diferentes
a los informados. Sin estas condiciones, el tráfico es inseguro, y la circulación
de la riqueza lenta y difícil. Quien concede un crédito garantizado
por un inmueble, requiere certeza sobre la eficacia de esa garantía. Por ello,
debe saber previamente si el constituyente es el verdadero dueño, si puede
disponer de él y si no existen gravámenes anteriores y preferentes.
Mientras las relaciones obligacionales quedan limitadas a las partes,
las relaciones jurídico-reales han de ser tenidas en cuenta por los terceros.
Para estos, conocer las titularidades es difícil; de ahí la necesidad de proteger
con una razonable confianza la apariencia jurídica. Quien confíe en una
situación aparente, merece protección. En los derechos reales la apariencia
está ligada a la publicidad, y cuenta con dos medios: la posesión, de gran
utilidad en los bienes muebles, pero ineficaz en el tráfico inmobiliario; y los
registros públicos, que por medio de la inscripción de las titularidades reales
ofrecen la publicidad suficiente (Díez-Picazo y Gillón, 1983, pp. 269-271).
Los argumentos expuestos en materia mercantil e inmobiliaria obligan
a la creación de formas públicas de apariencia erga omnes, cuyo medio es la
institución del registro. Su existencia y la publicidad que otorgan se justifican,
entre otras, por las siguientes razones:
• De orden social. Por cuanto es necesario que, en razón de la importancia
y los efectos que trascienden a las partes, exista la posibilidad
de que los hechos, las situaciones y los actos sean conocidos
por la comunidad.
• De carácter jurídico. Porque al ser conocidos por todos deben ser
respetados, de tal manera que quien lesione o viole el derecho no
puede alegar que ignoraba su existencia.
• De naturaleza jurídico-moral. Favorece la buena fe en las transacciones,
impidiendo el fraude y la clandestinidad.
• De índole jurídico-económica. Como respuesta a la necesidad de
facilitar el crédito y fortalecer la seguridad de las transacciones
(Sanz, 1947, pp. 37-39).
3.2. Instrumentos de la publicidad
El instrumento de la publicidad es el medio que materializa o crea formas
especiales, perceptibles por los sentidos, que facilitan el conocimiento
de una realidad jurídica ante terceros. El organismo que responde a las

126 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 127
necesidades descritas, en materia comercial, es el registro público mercantil
y, en el caso de los bienes inmuebles, el registro de la propiedad o registro
de instrumentos públicos.
Estos registros pueden estudiarse como: institución jurídica, oficina,
conjunto de libros, o servicio público.
3.2.1 Como institución jurídica
Es el instrumento de publicidad que tiene por objeto fundamental dotar de
forma pública los actos, los hechos y las situaciones, para dar seguridad jurídica
a las partes y a los terceros interesados, al garantizar que lo publicado
es cierto y que tiene la eficacia que le concede el ordenamiento legal.
-4-
Fines comunes a
los registros públicos
analizados
Se puede intentar establecer unos fines comunes a los registros públicos, sin
perjuicio de que cada uno de ellos tenga unos fines específicos. Esos fines son:
3.2.2 Como oficina
El registro público, para cumplir sus fines, requiere una organización y un
lugar donde reposen los libros y se hagan constar los asientos, hechos, actos
y situaciones de trascendencia jurídica.
3.2.3 Como conjunto de libros y elementos que hacen
parte del archivo
Hace referencia al contenido tangible, externo o gráfico de lo que se registró.
Desde esta perspectiva, es un catálogo jurídico, un índice público, una
historia con eficacia jurídica, que puede llevarse en libros, cartones y bases
de datos, entre otros.
3.2.4 Como servicio público
El destinario de cualquier registro es la sociedad –con fines de bienestar, seguridad
y orden–, cumpliendo con una necesidad pública: brindar publicidad
cierta y confiable de los derechos, los actos, los hechos y los contratos privados.
4.1 La publicidad de los derechos, los actos, los
contratos, las personas, los establecimientos y los
documentos sometidos a registro
Por ser públicos, se eliminan los peligros inherentes a la clandestinidad, permitiendo
a los terceros que tengan interés acceder a los distintos asientos.
Quien se afecta con una inscripción, no puede alegar el desconocimiento de
lo reflejado en las matrículas mercantil e inmobiliaria.
El registro mercantil sirve de medio de publicidad legal de los actos
y documentos para los cuales se exige inscripción. Con ello se presume
que todos conocen o pueden enterarse de las constancias inscritas, hasta
el punto de que, una vez inscrito un acto, es oponible a terceros; contrario
sensu: si no se encuentra registrado, y la ley exige esa solemnidad, es inoponible
a terceros, y solo tendrá efectos jurídicos entre las partes contratantes
(artículo 26 del C. Co.). Una vez inscrito el acto o el documento, el conglomerado
social no puede alegar desconocimiento. A todos les es permitido
conocer la situación jurídica, bien sea examinando los documentos que reposan
en los archivos, o bien estudiando el certificado que expida la cámara
de comercio respectiva.
El numeral 4 del artículo 29 del Código de Comercio preceptúa:

128 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 129
La inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, si la ley no fija
un término especial para ello; pero los actos y documentos sujetos
a registro, no producirán efectos respecto de terceros sino a partir
de la fecha se su inscripción.
Esta finalidad es reiterada por el artículo 901 en otros términos, al establecer
que «… será inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin
cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exige».
Varios artículos de la legislación mercantil hacen referencia a la inoponibilidad
a terceros de los actos no registrados. El artículo 112 del Código de
Comercio respecto de la escritura social. El artículo 366 establece que la cesión
de cuotas de la sociedad de responsabilidad limitada debe hacerse por
escritura pública, so pena de ineficacia, pero solo producirá efectos respecto
de terceros y de la sociedad a partir de la inscripción en el registro mercantil.
El registro inmobiliario comparte esta finalidad: con la inscripción se da
la publicidad a los actos y contratos que trasladan o mudan el dominio de
los bienes raíces, o se imponen gravámenes o limitaciones a su dominio. De
este modo, el estado o la situación de la propiedad inmueble queda al alcance
de los miembros de la sociedad. La publicidad divulga el acto, impide la
clandestinidad, y protege a los terceros interesados en el inmueble, quienes,
previamente a la celebración de cualquier negocio, pueden conocer su situación
jurídica. Los efectos de esa publicidad se identifican con los obtenidos
en el registro mercantil, por cuanto los interesados, al examinar la matrícula
inmobiliaria, o al obtener un certificado de tradición y libertad, conocen la
situación real del inmueble, y de los actos, los contratos y las providencias,
que surten efectos frente a terceros solo a partir de la inscripción.
El artículo 2 del Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, al señalar
los objetivos básicos del registro de la propiedad inmueble, consagra
el de «dar publicidad a los instrumentos públicos que trasladen, trasmitan,
muden, graven, limiten, declaren, afecten, modifiquen o extingan derechos
reales sobre bienes raíces».
El artículo 47 de la Ley 1579 de 2012, sirve de sustento jurídico a la finalidad
publicitaria del Registro Inmobiliario, al establecer que «por regla
general, ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá
efectos respecto a terceros, sino desde la fecha de su inscripción o registro».
4.2 La seguridad jurídica
Esta finalidad involucra a la comunidad en general y a la persona titular de
los derechos, en especial en la consolidación de la paz, la convivencia social
y el desarrollo económico. La seguridad, entendida como la motivación vital
del derecho positivo, o como uno de sus supremos fines, tiene en los registros
públicos un instrumento que lleva certeza y tranquilidad a las partes
intervinientes, a las personas que obtienen una posición en el registro y a la
comunidad en general, que cree en lo reflejado en los asientos.
4.3 Fomento del crédito
Tanto el registro público mercantil como el registro de la propiedad inmueble
facilitan el otorgamiento de crédito. La actividad comercial depende del
crédito, y para concederlo es necesario tener un conocimiento del comerciante;
si se trata de personas jurídicas, tener la certeza de su existencia, su
representación legal, las facultades de su representante, los bienes y el domicilio,
entre otros. Es decir, tener la información veraz y actualizada que
permita tomar decisiones en materia mercantil.
El registro de la propiedad es base del crédito territorial y procura capital
al propietario de la tierra, al facilitar la obtención de préstamos garantizados
con hipotecas. El registro, al publicar la verdadera situación jurídica de
la finca, facilita el crédito.
4.4 Servir de medio probatorio
El artículo 86-3 del Código de Comercio establece que las cámaras pueden
certificar sobre los actos y los documentos registrados. Dichas certificaciones
constituyen documentos auténticos, idóneos para probar lo que en ellos
consta. Otro tanto ocurre en el caso de pérdida o destrucción de un documento
registrado, que puede reemplazarse con certificación de la cámara
de comercio (artículo 44).

130 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 131
En el Estatuto de Registro Inmobiliario, el artículo 46 de la Ley 1579 de
2012 expresa que ninguno de los títulos sujetos a inscripción o registro tendrá
merito probatorio, si no ha sido registrado en la respectiva oficina. He
aquí otra finalidad común: la de servir de medio de prueba.
El artículo 53 de la Ley 1579 de 2012 establece que ante:
los documentos o títulos originales de los que no se tenga copia
auténtica, expedida por quien la guardaba, se tendrá como
prueba supletoria de la misma la copia que expida el Registrador
de Instrumentos Públicos, con base en la que conserva en su archivo,
siempre que la expedición sea decretada por autoridad
competente.
4.5 Fines secundarios
Los registros públicos objeto de análisis cumplen también con otros fines
instrumentales; entre otros, los fines informativos y estadísticos, fiscales y
tributarios.
-5-
Clasificación de
los registros
Con base en las características de los distintos registros, la doctrina internacional
ha ensayado una serie de clasificaciones (Fueyo, 1982, pp. 156-165).
Una de las más completas es la intentada por García Coni y Frontini (1993,
pp. 87-112), quienes hacen la salvedad de que entre unos y otros no hay diferencias
absolutas, pues muchos de ellos abarcan distintos aspectos o son de
configuración mixta. Los registros se clasifican:
5.1 Según la materia registrable
Los registros pueden ser de hechos o de derechos; y dentro de estos últimos
los hay de documentos, de contratos y de títulos. Algunos son reservados,
otros meramente publicitarios; algunos legitiman y otros convalidan, unos
constituyen el derecho real y otros declaran su preexistencia. Ciertos registros
parten de la causalidad y otros son abstractos; a veces comprenden los
derechos reales en general o se circunscriben a los creditarios, o a los derechos
intelectuales o industriales. Hay registros personales y reales, de transcripción,
de incorporación, y de inscripción propiamente dicha.
5.1.1 Registros de hechos
Estos registros consignan comprobaciones, acontecimientos –como el registro
civil, que anota el nacimiento–, muerte, la condición de comerciante,
el testamento, etc. Algunos de estos registros reciben documentos y los toman
como hechos.

132 el registro mercantil en colombia Teoría general de los registros públicos 133
5.1.2 Registros de derechos
El más conocido es el registro a cargo de los notarios, o protocolo.
invocan un interés legítimo. Los segundos proveen la publicidad pero producen
otros efectos; es el caso del registro de los derechos reales inmobiliarios,
y del registro público mercantil.
5.1.3 Registros de títulos
Si el título, en su doble aceptación (título causa y título instrumento), es reconocido
como tal por el registro, y del documento resulta el cumplimiento
del modo traditio, como sucede en Argentina, el registro es declarativo. No
obsta al concepto de registro declarativo la obligatoriedad de la inscripción,
pues, salvo contadas excepciones, la rogatoria no es espontánea sino forzosa,
por cuanto la misión del registrador no se limita a la protección del
solicitante, sino que tiene otros destinarios.
5.1.4 Registros de contratos
Lo son el notarial y el registro público mercantil, en cuanto a la inscripción
de los estatutos sociales.
5.2 Según su organización o procedimiento
5.2.1 Registros reservados
Que los registros sean públicos, en contraposición a los privados, no significa
necesariamente que sean publicitarios. Algunos tienen publicidad restringida,
como el testamento cerrado, del que se sabe su existencia pero no su contenido.
5.2.2 Registros publicitarios
Se clasifican en: registros meramente publicitarios, y de efectos registrales
ultrapublicitarios. Los primeros solo dan publicidad noticia, y nada añaden a
la mera información; el conocimiento de sus asientos es accesible a quienes
5.2.3 Registros legitimadores
La legitimación tiene dos facetas: la legitimación propiamente dicha o perfeccionadora,
basada en la presunción iuris tantum, que no convalida el título
nulo ni subsana los defectos de que adoleciere según las leyes; y la legitimación
convalidante, cuyo efecto es una presunción iuris et de iure.
5.2.4 Registro personal
En el sistema de registro personal, el elemento básico que se toma en consideración
es el del sujeto o titular de los respectivos derechos. Los asientos
se realizan, por lo general, siguiendo simplemente un orden cronológico; y
la búsqueda se efectúa por un sistema de índices, llevados con los nombres
de las partes en progresión alfabética.
De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 1676 del 2013, el registro de garantías
mobiliarias se organiza como un registro personal, en función de la
persona natural o jurídica garante, a quien corresponde un folio electrónico
en el que se inscriben en orden cronológico los datos contenidos en los
formularios.
5.2.5 Registro real
En los sistemas de registro reales, el elemento básico es la cosa objeto de
derecho. Cada inmueble se encuentra matriculado con un número de orden,
y le corresponde una ficha, hoja o matrícula especial, donde consta cuál es
el estado de su dominio o sus gravámenes, y allí se consignan todas las mutaciones
que puedan originarse en la titularidad de estos derechos. Así las
cosas, al revisar la hoja o el folio registral, el interesado conoce la historia jurídica
del bien objeto de registro. Así, por ejemplo, en el registro inmobiliario
los asientos tienen como módulo o base a la finca, que es el objeto de mayor
permanencia, y que origina la técnica del folio real.

134 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 135
5.2.6 Registro de transcripción
El documento contentivo de los derechos inscribibles se transcribe íntegramente
en los libros. Así funcionó el registro francés hasta 1921.
5.2.7 Registro de incorporación
Consiste en la incorporación o archivo sistematizado de un ejemplar del documento
portador del derecho inscribible.
5.2.8 Registro de inscripción
Cuando se parte de un documento auténtico, y rige el principio de matricidad,
los registros no necesitan una versión integral del documento presentado,
pues su texto ya figura in extenso en otro registro público (notarial),
o en un expediente judicial; o en actuaciones administrativas a
donde se remita el asiento (fe pública notarial, judicial o administrativa,
respectivamente).
5.3 Según el papel que corresponde a la inscripción
5.3.1 Registros no convalidantes
Son los sistemas que atribuyen a la publicidad registral una simple fuerza
negativa preclusiva (oponibilidad de lo inscrito). Este sistema ofrece dos
variantes: en la primera, los actos registrales no inscritos no pueden hacerse
valer contra nadie; en la segunda, no son oponibles contra quienes
perjudiquen.
En los registros no convalidantes rige la legitimación perfeccionadora o
de presunción iuris tantum. La inscripción tiene fuerza preclusiva. Los títulos
no son buenos porque se los inscriba, sino que se les inscribe porque son
buenos. La inscripción no convalida el título nulo, ni subsana los defectos de
que adolece según las leyes.
5.3.2 Registros convalidantes
Son aquellos en los cuales el asiento inscriptivo tiene la virtud de purgar los
vicios del derecho registrado. Estos pueden ser constitutivos o declarativos.
La legitimidad basada en la apariencia jurídica hace de la inscripción no ya
un escudo protector, como en el anterior sistema, sino un arma que agrede
al adversario. Así, en el caso de los registros no convalidantes se habla de
una eficacia defensiva de la inscripción, y en los convalidantes de una eficacia
ofensiva. Lo que figura en el asiento no admite prueba en contrario,
porque se apoya en una presunción iuris et de iure.
No siempre la inscripción, por sí sola, produce efectos convalidantes; a
veces deben concurrir otras condiciones, como la buena fe, la onerosidad del
acto, y que el derecho que se transmite haya sido inscrito. En otros casos, la
inscripción convalidante no está sujeta a condición, sino a plazo: mientras
transcurre el término previsto, el derecho está purificándose, hasta tanto se
cumpla la prescripción tabular.
5.4 Según los efectos de la publicidad ofrecida
5.4.1 Registros administrativos
Conceden la publicidad noticia. A él acuden los interesados, en busca de información
que presumen veraz, pero que de ningún modo otorga seguridad
jurídica. Están orientados solo a obtener que las personas conozcan determinados
hechos publicitados, pero no tienen efectos representados en derechos
y obligaciones, derivados de su conocimiento o ignorancia.
5.4.2 Registros jurídicos
Otorgan la publicidad efecto, donde la inscripción, o su falta, produce consecuencias
jurídicas distintas en cuanto a los derechos, las obligaciones, las
partes y los terceros. Los registros jurídicos caracterizados por la publicidad
efecto hacen parte del derecho registral; no sucede lo mismo con los administrativos,
que solo dan publicidad noticia.

136 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 137
5.5 Otras clasificaciones
Además de las clasificaciones anteriores, pueden mencionarse las siguientes:
5.5.1 En cuanto a la jerarquía de la cual
depende la organización del registro
Judicial, administrativa o privada.
5.5.2 En cuanto al sujeto encargado del registro
Puede ser un funcionario público, stricto sensu, que nombra, controla y remunera
la administración, o una persona que ejerce funciones públicas con
nombramiento o control del Estado, cuya remuneración propia y la de sus
empleados, más los gastos del servicio, los obtiene del cobro de un arancel
a los usuarios; o un sujeto de una organización privada –que puede perseguir
o no fines de lucro–, controlado y remunerado por dicha organización, la
cual responde ante los organismos del Estado por mandato de la ley.
5.5.3 En cuanto a la materialidad donde
se practica la inscripción
Registro con duplicado original, o registro por partida doble o sin ellos.
5.5.4 En cuanto a la obligatoriedad de la inscripción
Por último, la inscripción puede ser obligatoria o voluntaria, según se hubieren
establecido o no sanciones a quienes no lleven al registro los actos inscribibles.
-6-
Principios registrales
Los principios registrales son las reglas o ideas fundamentales que sirven de
base al sistema de registro de un país determinado. Son útiles como criterio
ordenador, y como medio para facilitar el estudio y la comprensión de esta
disciplina. Hacen parte de las reglas más generales de la legislación de un
país, formuladas directamente u obtenidas por inducción de sus preceptos;
dan a conocer los lineamientos o ideas fuerza de un ordenamiento registral.
Los principios son normas jurídicas cuya formulación ha sido convencionalmente
abreviada, de manera que una sola palabra o expresión da a
conocer determinada regulación. Los principios facilitan el trabajo del legislador,
del intérprete y de quien debe aplicar la norma. En la formulación de
una ley constituyen la espina dorsal, de tal forma que una vez acordados los
principios por quienes tienen la función de redactarla, basta con complementar
el texto legal.
Al estudiar la legislación aplicable a determinado registro público de
un país, deben determinarse los principios que orientan la función; de cuyo
análisis se podrá concluir el grado de desarrollo, por cuanto estos no son
universales (Lacruz, 1984, pp. 48-49).
6.1 Principio de inscripción
La intensidad con que la forma registral es establecida en las legislaciones (inscripción
voluntaria, forzosa, rogada, de oficio), y la eficacia que se le otorgue
en relación con el nacimiento de los derechos (inscripción constitutiva, declarativa
y convalidante), o con su efectividad y ejercicio, son los problemas que
los autores suelen estudiar desde la perspectiva del principio de inscripción.
La inscripción es voluntaria cuando la ley deja a los interesados la posibilidad
de inscribir o no sus derechos. Es forzada, obligatoria o necesaria
cuando la ley impone obligatoriamente la inscripción, so pena de una

138 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 139
sanción. La inscripción es rogada cuando se produce a instancia de los interesados,
y de oficio cuando se produce por decisión del registrador.
6.1.1 Valor jurídico de la inscripción
Desde esta perspectiva, el principio de inscripción hace relación al estudio del
valor que la anotación tiene en relación con la constitución, publicidad y ejercicio
de los derechos (aspecto positivo); y, a la inversa, al estudio de las repercusiones
que la falta de inscripción tiene en esos mismos aspectos, de constitución,
publicidad y ejercicio de los derechos no inscritos (aspecto negativo).
6.1.2 Inscripción constitutiva
La inscripción es constitutiva cuando produce el nacimiento, transmisión,
modificación o extinción de los derechos reales. El registro es la institución
que les da vida a los derechos reales, mediante formas esenciales para el nacimiento
de los mismos. La inscripción asume el valor de factor, elemento o
requisito indispensable para que el título traslativo o constitutivo produzca
ese efecto. El asiento no sirve únicamente para exteriorizar la existencia de
una transmisión o gravamen, sino que también concurre como un elemento
esencial para que el fenómeno traslativo o constitutivo tenga lugar en la
vida jurídica. Es decir, es requisito sine qua non para que se produzca el cambio
en derecho real.
Esta forma de inscripción es la propia de aquellos sistemas que, al exigir
formas especiales para adquirir los derechos reales, niegan este valor a la
tradición y lo centran en la forma registral de los mismos. El efecto típico de
la inscripción constitutiva, además de la publicidad, en los mismos términos
que los sistemas declarativos, es dar vida al derecho real. En este aspecto, la
inscripción cumple la misma función que en los ordenamientos legislativos
basados en la teoría del título y el modo, en lo que corresponde a la tradición.
El registro inmobiliario colombiano es constitutivo, porque de la inscripción
depende el nacimiento, la modificación y la extinción de los derechos
reales que recaen sobre bienes inmuebles. El artículo 756 del Código
Civil preceptúa:
Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la
inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos». A renglón seguido, señala: «De la misma manera se
efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituidos
en bienes raíces, y de los de habitación o hipoteca.
En el registro inmobiliario la inscripción solo es constitutiva cuando la
adquisición o gravamen se deriva del negocio jurídico ínter vivos, es decir,
aquellos que necesitan del complemento de la tradición. En los otros casos,
como en las adquisiciones por sucesiones hereditarias, accesión, ocupación
o prescripción, la inscripción del título es declarativa. Las legislaciones que
optan por la inscripción declarativa conceden por excepción el carácter
constitutivo a la inscripción de la hipoteca y a algunos derechos reales que
por definición no son poseídos por sus titulares; tal es el caso del derecho
español (Cano, 1982, pp. 45 y ss.).
En el registro público mercantil la única inscripción que tiene carácter
constitutivo es la de la escritura pública, que perfecciona el acuerdo de escisión
y contiene los estatutos de las nuevas sociedades, o las reformas que
se introducen en las sociedades existentes. El instrumento se registra en la
cámara de comercio correspondiente al domicilio social de cada una de las
sociedades participantes en el proceso de escisión.
También tienen valor constitutivo el registro de: (a) el acto de creación
de las empresas unipersonales (artículos 71, 72, Ley 222 de 1995); (b) la constitución
de sociedades calificadas como microempresas (artículo 22 Ley 1014
de 2006, modificado por el artículo 46 de la Ley 1258 de 2008), y (c) el documento
privado o escritura pública mediante el que se crea la sociedad por
acciones simplificada.
El registro constitutivo de la escritura de escisión se infiere del artículo
9 de la Ley 222 de 1995, que expresa:
Efectos de la escisión. Una vez inscrita en el Registro Mercantil
la escritura a que se refiere el artículo anterior, operará, entre
las sociedades intervinientes en la escisión y frente a terceros, la
transferencia en bloque de los activos y pasivos de la sociedad
escindente a los beneficiarios, sin perjuicio de los previsto en materia
contable.

140 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 141
A renglón seguido, el artículo 9 señala:
Para las modificaciones del derecho de dominio sobre inmuebles,
y demás bienes sujetos a registro, bastará con enumerarlos en la
respectiva escritura de escisión, indicando el número de folio de
la matrícula inmobiliaria, o el dato que identifique el registro del
bien o del derecho respectivo. Con la sola escritura de escisión deberá
procederse al registro correspondiente.
En sentencia de la sección cuarta del Consejo de Estado, de diciembre
11 de 1998 (expedientes 11001-03-27-000-1998-0049-01 y 8898 acumulados,
magistrado ponente Delio Gómez Leyva), se explica la necesidad del doble
registro de la escritura, en los siguientes términos:
El hecho de que a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Mercantil de la escritura de escisión opere entre las sociedades
intervinientes en dicho negocio y frente a terceros la transferencia
en bloque de activos y pasivos de la sociedad que se escinde a
las sociedades beneficiarias, y que no sea necesaria la enajenación
individualizada de cada bien y la subrogación de cada deuda, no
significa que se pueda desconocer que la transferencia en bloque
implica necesariamente la modificación del derecho de dominio
de ciertos bienes sujetos a registro, modificación que en tratándose
de inmuebles sólo se surte a partir del registro en instrumentos
públicos, que por tanto es de carácter constitutivo. Es decir, el
Registro Mercantil de la escritura de escisión, a partir de cuya fecha
se entiende que opera la transferencia en bloque, no implica
ipso jure la modificación del derecho de dominio de los bienes sujetos
a la formalidad del registro público, y, por el contrario, dicho
registro posterior es necesario para que tales modificaciones se
entiendan surtidas (Legis, 2013, p. 125).
La constitución de la empresa unipersonal, de responsabilidad limitada,
en la que una persona natural o jurídica que cumple los requisitos para
ejercer el comercio destina parte de sus activos para la realización de una o
varias actividades mercantiles. Una vez inscrito el documento privado que
crea la empresa, se forma una persona jurídica.
La creación de sociedades calificadas como microempresas, que tienen
una planta de personal no superior a diez trabajadores o activos totales por
valor inferior a quinientos salarios mínimos mensuales legales, se crean por
documento privado cuyo registro es constitutivo.
La constitución de la sociedad por acciones simplificada se hace por
documento privado autenticado por los intervinientes o su representante,
o por escritura pública si incluye bienes inmuebles cuyo perfeccionamiento
del contrato exige esta solemnidad. En este caso, debe ser inscrita la escritura
en el registro mercantil para que dé nacimiento a la sociedad, y en la oficina
de registro de instrumentos públicos para que se transfiera el dominio
de los inmuebles.
Mientras el acto de creación no se registra en la cámara de comercio
del domicilio principal, se entenderá para todos los efectos legales que la
sociedad es de hecho, si son varios los asociados. Si es una sola persona, esta
responde personalmente por todas las obligaciones.
6.1.3 Inscripción declarativa
Una inscripción es declarativa cuando no tiene más efecto que publicar una
alteración jurídica que se ha producido en la vida real antes de la inscripción.
Ella se limita a recoger los elementos jurídicos que dan vida al derecho,
sin añadir un valor especial por sí misma. El derecho nace y existe fuera del
registro, y las inscripciones que en él se practican se refieren a derechos ya
existentes, razón por la que carece de toda eficacia para el nacimiento, existencia
y validez del mismo. La inscripción asume el valor de simple medio
exteriorizador o de publicidad de una transferencia o gravamen ya operado
en la realidad jurídica, no hace más que declarar un cambio jurídico patrimonial
que ha ocurrido fuera del registro.
Esta clase de inscripción es utilizada por los sistemas de registro inmobiliario
que conciben el registro como un simple organismo de publicidad,
bien por no exigir ninguna forma externa para el nacimiento de los derechos
reales, bien por exigirla, pero con carácter extrarregistral. Es también
la propia de aquellos modos de adquirir que tienen por sí solos virtualidad

142 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 143
suficiente para provocar directamente la modificación real, como ocurre
con las adquisiciones derivadas de la ocupación, accesión, mortis causa y
prescripción.
Salvo la excepción comentada en el numeral anterior respecto de la
inscripción de la escritura de escisión que es constitutiva, las inscripciones
que se realizan en el Registro Público Mercantil son declarativas, su efecto se
orienta a dar publicidad u oponibilidad a terceros. Afirmación que tiene su
fundamento legal en el Inciso 2.° del artículo 26 del Código de Comercio ya
comentado. Por su parte, el artículo 29-4 (ibídem) determina que los actos y
documentos sujetos a registro solo producen efectos respecto de terceros a
partir de la fecha de inscripción.
6.2 Principio de rogación
El principio de rogación o instancia es de carácter formal. En virtud de este
principio, los asientos en el registro se practican a solicitud de la parte interesada
o por mandato de autoridad judicial o administrativa. La actuación
del registrador es rogada, de tal manera que si tiene conocimiento de que en
la realidad jurídica se ha producido un acto registrable, no podrá actuar de
oficio. El carácter rogado es requisito para iniciar el procedimiento de registro,
ya que una vez hecha la presentación los trámites ulteriores se efectúan
de oficio (Roca, 1948, pp. 666-674).
El fundamento de la rogación está en el hecho de que los registros con
efectos jurídicos son unas instituciones públicas, pero puestas al servicio del
interés inmediato de los particulares o de los entes públicos.
La petición de inscripción es una declaración de voluntad dirigida al registrador
para que practique los asientos en el registro. En ella se exterioriza
la voluntad de los particulares de acogerse al régimen, cuando la inscripción
es rigurosamente voluntaria, o de dar plena efectividad a sus derechos si la
inscripción es necesaria; o de constituir de un modo perfecto sus derechos,
si la inscripción es constitutiva.
La petición de inscripción no tiene por regla general carácter sustantivo.
Va dirigida exclusivamente a poner en marcha el procedimiento registral.
Por ello conviene precisar que la petición es diferente del consentimiento
dirigido a producir una modificación real, pues este último tiene carácter
sustantivo. Mientras que el consentimiento tiene por destinatario a la otra
parte interesada, la petición se dirige al registrador.
Una vez presentada la solicitud o petición de la inscripción, el procedimiento
que adelanta el registrador es automático, en virtud del carácter
de interés público de la institución del registro. El carácter privado de los
derechos sujetos a inscripción, y el carácter público del registro, se concilian,
y permiten así que este se ponga en marcha solo a petición de parte; pero,
presentada la petición, pasan a primer plano las consideraciones de orden e
interés público, y el procedimiento sigue en los términos taxativos determinados
por la ley, sin que sea dable al registrador alterar u omitir el trámite.
Si bien es cierto que hecha la solicitud los particulares no tienen mayor
influencia, salvo que consideren que la inscripción no es correcta, también
se reconoce a los interesados cierta injerencia en el procedimiento registral,
la cual se manifiesta principalmente en su derecho a retirar el título presentado,
desistiendo de la inscripción solicitada. Esta situación es clara cuando
la legislación establece que, si en la calificación del título se observan defectos
formales, el proceso de registro debe ser suspendido y concederse un
término prudencial para que los interesados subsanen la irregularidad, vencido
el cual, sin que se hubiere corregido el título, se entiende que desisten
de la inscripción.
Pero el desistimiento no se encuentra debidamente regulado en todas
las legislaciones, cuando los interesados se arrepienten por conveniencia o
simple capricho. El artículo 26 de la Ley 1579 de 2012 consagra que todos los
titulares del respectivo derecho, de común acuerdo, pueden solicitar por escrito
el desistimiento del registro, el cual se concede por acto administrativo
de «cúmplase siempre y cuando el proceso de registro no hubiere superado
la etapa de inscripción».
La petición de inscripción se exterioriza con la presentación del título
en la oficina de registro correspondiente, junto con el cumplimiento de los
requisitos exigidos, verbigracia, solicitud escrita o verbal, y pago de impuestos
y derechos, entre otros.
En el registro inmobiliario, el procedimiento de inscripción de un documento
se inicia al recibir el instrumento público en medio físico o documental,
presentado por cualquier persona. El estatuto de registro permite que
las notarías, despachos judiciales o entidades públicas puedan remitir los
documentos públicos sujetos a registro por medio electrónico y con firma

144 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 145
digital, sistema que se implementará en el futuro. La solicitud de registro
da lugar a la radicación de la petición, que se lleva en un libro diario, con
indicación de la fecha y hora de recibo, número de orden sucesivo anual,
naturaleza del título, fecha, oficina y lugar de origen.
El artículo 14 de la Ley 1579 de 2012 añade que «a quien lo presente
para su registro se le dará constancia escrita del recibo, fecha, hora y número
de orden…».
La solicitud de registro inmobiliario la puede hacer cualquier persona, y
no exige ninguna solemnidad; como, por ejemplo, petición escrita. El principio
de rogación, mediante el cual se exige que la iniciación del procedimiento
registral sea a instancia de parte, tiene lugar en esta fase.
La petición de la inscripción es una declaración de voluntad dirigida
al registrador en súplica, para que ejercite sus funciones y practique la inscripción.
El título objeto de registro puede presentarse personalmente, por
medios electrónicos, o también es posible remitir por correo ciertos actos
que proceden de autoridades judiciales o administrativas, que en razón de
provenir de sitio diferente a la sede del círculo registral, y estar exentos de
pago –tal como ocurre con la contribución de valorización, algunos embargos
y prohibiciones judiciales–, pueden remitirse por correo, y son radicados
en hora hábil.
En el registro público mercantil el principio de rogación se encuentra
consagrado en los artículos 29-4 y 31 del Código de Comercio, y en la Circular
Externa n.º 15 de 2001, de la Superintendencia de Industria y Comercio, artículo
2. La inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, si la ley no fija
un término especial; tal y como sucede, por ejemplo, con el registro de la
matrícula mercantil, que tiene un término de un mes (artículo 31 del C. Co.).
Al momento de ser presentados los documentos para la inscripción, las cámaras
los radicarán con indicación de la hora y fecha de la recepción.
El artículo 50 del Decreto 2042 del 2014, que fue incorporado al Decreto
Único Reglamentario 1074 del 2015, en el Capítulo 38, Sección 6, artículo
2.2.2.38.6.4, señala que la petición de matrícula, su renovación y la solicitud
de inscripción de cualquier acto ante las cámaras de comercio podrá efectuarse
mediante intercambio electrónico de mensajes de datos o a través de
formularios prediligenciados.
6.3 Principio de prioridad o rango
Según este principio, el acto registrable que primero ingrese al registro se
antepone, con preferencia excluyente o superioridad de rango, a cualquier
acto registrable que, siendo incompatible o perjudicial, no hubiere ingresado
aún en el registro, aunque fuese de fecha anterior. Este principio gradúa
la preferencia de los derechos, según la máxima prior in tempore, potior in
iure (el primero en el tiempo es el más poderoso en el derecho). La prioridad
surge en el momento de la presentación del título en el registro, de tal forma
que el primero en ingresar tiene preferencia a cualquier otro posterior, así
sea de fecha anterior.
En derecho privado, la preferencia entre los derechos se determina
siempre conforme a la fecha de su constitución. En el derecho registral, la
prioridad se determina por la fecha de ingreso de los títulos en el registro, y
es una consecuencia de la fe pública registral.
La función del registro en la determinación de la prioridad de los derechos
se manifiesta en diversa forma, según el carácter de la inscripción. En
los sistemas de inscripción constitutiva, la prioridad registral es la misma
prioridad sustancial; de tal forma que el principio de prioridad sirve para
determinar el momento del nacimiento del derecho. Pero si la inscripción
es declarativa, la prioridad del derecho privado puede ser distinta a la prioridad
registral.
La prioridad en el derecho sustancial depende de la fecha de constitución
de los derechos, y es consecuencia de las reglas que rigen la transmisión
de los mismos. En cambio, la prioridad registral se determina por la fecha
de ingreso de los títulos en el registro. Si los títulos no inscritos no surten
efectos en cuanto terceros, es evidente que los derechos correspondientes
no pueden ejercitarse en perjuicio del que se inscribió y quedan en rango
posterior, aunque en el orden civil fueren preferentes, por estar constituidos
con anterioridad. De ahí la posibilidad de que la prioridad registral altere
profundamente la civil, en el caso de que el orden cronológico de los títulos
en el registro sea distinto del orden cronológico de constitución de los derechos,
cuando el registro es declarativo.
La doctrina internacional, al estudiar el principio de prioridad, distingue
entre prioridad en su aspecto sustantivo o material y la prioridad formal.

146 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 147
6.3.1 Prioridad sustancial o material
Determina la preferencia o rango de los derechos, al establecer que los primeramente
inscritos adquieren rango superior sobre los que se inscriben
después. Para esta decisión es determinante la fecha de ingreso, de tal manera
que se presenta la preferencia excluyente, o la superioridad de rango de
los títulos que ingresan primero en el registro, con respecto a los posteriores.
La base fundamental del principio de prioridad se encuentra en el orden cronológico
de presentación de los títulos inscribibles, y no por la fecha de las
inscripciones, y ni siquiera por la fecha de perfeccionamiento del título o por
la fecha de adquisición del derecho, cuando el registro es declarativo.
Por ello es común que las legislaciones determinen que la fecha de
inscripción, para todos los efectos que esta deba producir, será la fecha del
asiento de presentación. Asimismo, preceptúan que, para determinar la
preferencia entre dos o más inscripciones de igual fecha de la misma finca,
se tendrá en cuenta la hora de presentación en el registro de los títulos
respectivos.
Conviene precisar que si los títulos no son contradictorios sino compatibles,
bien por ser indiferente la prioridad entre ellos, bien porque su
naturaleza presupone un orden determinado de inscripción, no existirá
problema de ninguna clase. Por títulos contradictorios se entiende no solo
aquellos que sean incompatibles entre sí, sino también aquellos que, aun
siendo compatibles, sean de tal naturaleza que la inscripción preferente de
uno viniera en perjuicio del otro, como en el caso de dos hipotecas.
Si se trata de dos títulos contradictorios, la prioridad puede determinarse
por la voluntad de los interesados a cuyo favor se practican las inscripciones,
manifestada en forma expresa al registrador o, en su defecto,
por orden judicial. En todo caso, si no es posible determinar la preferencia
en ninguna de estas formas, los títulos no serán inscribibles. Las reglas expresadas
también son aplicables cuando en un título se constituyen dos o
más derechos reales.
La prioridad material emerge como una fuerza excluyente o aniquiladora
a favor de los actos registrables, referentes al dominio o derechos reales
que, por no ser susceptibles de concurrencia, se adelantaron respecto de
otros en su ingreso en el registro, o bien atribuyendo mejor rango o prelación
a los derechos reales compatibles entre sí en una misma finca.
6.3.2 Prioridad formal
En su aspecto formal, el principio de prioridad se refiere a la forma de hacer
constar el momento de la presentación de los títulos en el registro, y al orden
en que deben practicarse los asientos. El primer problema lo resuelven
las legislaciones mediante el establecimiento de un libro especial destinado
a tal fin, denominado diario o radicador de documentos, o libro de presentaciones,
o registro de entrada.
En el segundo aspecto, es decir, el orden en que deben practicarse los
asientos, el principio de prioridad se manifiesta como una obligación o deber
del registrador de practicar los asientos en el mismo orden en que han
sido presentados los títulos.
A diferencia de la prioridad sustantiva, la prioridad formal se ocupa del
modo de proceder en la práctica registral. Este principio no establece la eficacia
excluyente o prevalente en beneficio del derecho que acudió primeramente
al registro, sino que, al suponer este resultado sustantivo, se dirige al
registrador imponiendo guardar en el despacho de los títulos presentados
en el registro el mismo orden cronológico que resulta de su presentación
en el libro diario. Ahora bien, si se trata de títulos relativos al dominio, o a
derechos reales que no puedan coexistir, ordena al registrador que les cierre
o impida su registro (Roca, 1948, pp. 667-674).
En el registro inmobiliario colombiano, el principio de prioridad lo consagran
los artículos 3-6 y 20 del estatuto registral, al prever que la inscripción
se hará siguiendo con todo rigor el orden de radicación. De ahí la importancia
del asiento de presentación o radicación, que puede significar, según
el caso, la preferencia excluyente o la superioridad de rango. Es excluyente
cuando no permite el registro de un acto, por ser incompatible con otro que
ingresó primero. Hay superioridad de rango cuando la preferencia del derecho
ingresado en primer término no alcanza a excluir el acto llegado con
posterioridad.
El artículo 2 de la Circular Externa n.° 15 de 2001, de la Superintendencia
de Industria y Comercio, establece, en el procedimiento para llevar el registro
mercantil, que la inscripción de los actos y los documentos se efectuará
en estricto orden cronológico, de acuerdo con la radicación de los mismos,
mediante extracto de su texto en los libros respectivos (Sanz, 1947, pp.
151-60).

148 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 149
6.4 Principio de tracto sucesivo
Es un principio de carácter formal, y su finalidad radica en ordenar los asientos
para que reflejen los cambios sucesivos de la realidad jurídica. Este principio
exige que los distintos titulares del derecho registrado aparezcan íntimamente
enlazados en el registro, de tal manera que en la cadena titular
se observe el eslabón entre causante y sucesor. Si el registro de la propiedad
pretende asegurar la validez y eficacia de los derechos inscritos, y recoger
con exactitud el estado jurídico, es indispensable la existencia de un medio
adecuado para determinar que se ha cumplido el orden regular en las diversas
transmisiones y gravámenes.
La aplicación del principio de tracto sucesivo tiene por objeto mantener
el orden regular de los titulares registrales sucesivos, de manera que
todos los actos dispositivos formen un encadenamiento perfecto, como si
se derivaran los unos de los otros sin solución de continuidad, y así aparecen
registrados.
El tracto sucesivo obedece a la finalidad de organizar los asientos de
manera que expresen con toda exactitud la sucesión de derechos, determinando
el enlace del titular de cada uno de ellos con su causante inmediato.
Esta finalidad se cumple con dos condiciones:
• Exige como requisito previo e inexcusable, para inscribir un derecho
a favor de una persona, que ese mismo derecho se halle previamente
inscrito a favor del causante o del transferente. Dicho
en otros términos, exige la previa inscripción a favor del titular
del derecho que ha de ser perjudicado, modificado o afectado en
alguna forma por los asientos que se han de practicar. Como puede
observarse, no solo protege al titular inscrito contra los actos
de personas extrañas, sino que también facilita al registrador la
prueba de los derechos. Como la inscripción concede una fuerza
legitimadora al derecho inscrito, solo el titular goza del poder de
disposición, regla que debe tener en cuenta el registrador cuando
llegue un acto que pretenda la transferencia, limitación o afectación
de un derecho real sobre determinado inmueble.
• Impone como norma, para la práctica y la extensión de los asientos,
la necesidad de que cada acto o contrato que se inscriba en el registro
se haga constar en un asiento separado y distinto, sin agrupar varias
transmisiones o actos en uno solo. En este aspecto, el tracto sucesivo
hace referencia al modo de llevar los registros, y tiene como fin
la claridad y fácil examen de los libros; es la expresión registral del
tracto sucesivo. Algunas legislaciones permiten excepcionalmente
el tracto abreviado o comprimido, con el fin de evitar gastos superfluos;
consiste en que puedan incluirse dos o más actos inscribibles
con un mismo asiento (Roca, 1948, pp. 717-735; Sanz, 1947, pp. 91-145).
En el registro inmobiliario la prioridad está íntimamente relacionada
con el principio de tracto sucesivo, consagrado en el artículo 3 de la Ley 1579
de 2012, que impone como requisito para la inscripción que el transmitente
o disponente figure como titular del derecho que pretende enajenar, gravar
o limitar. De tal forma que, si el acto traslativo está otorgado por persona
que no es titular, debe negarse su inscripción. Su finalidad consiste en organizar
los asientos de manera que expresen, con toda exactitud, la sucesión
ininterrumpida de los derechos que recaen sobre una finca, determinado
el enlace del titular de cada uno de ellos con su causante inmediato.
En Colombia, por aceptarse la venta de cosa ajena y su registro como falsa
tradición, el principio de tracto sucesivo es de recibo con la salvedad de la
excepción comentada.
En el caso de venta de cosa ajena, conviene recordar lo establecido en
los artículos 752 y 1875 del Código Civil. El primero preceptúa:
«Si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega
por él, o a su nombre, no se adquieren por medio de tradición otros
derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa
entregada». Más adelante añade: «Pero si el tradente adquiere
después el dominio, se entenderá haberse este transferido desde
el momento de la tradición».
El segundo enseña:
«Vendida y entregada una cosa ajena, si el vendedor adquiere después
el dominio de ella se mirará al comprador como verdadero
dueño desde la fecha de la tradición».

150 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 151
Estas disposiciones permiten que el tracto interrumpido con la venta
de cosa ajena pueda ser recuperado con la adquisición del dominio por
quien vendió cosa ajena; en tal eventualidad se entiende que quien compró
cosa ajena es dueño desde el momento en que se efectuó la tradición
irregular.
El requisito del tracto sucesivo afecta tanto la inscripción de los actos
dispositivos que agotan la titularidad inscrita, como la constitución sobre
ella de derechos reales limitados; así como la inscripción de medidas cautelares,
en las que se debe tener la convicción de que el demandado sea titular
del derecho sobre el inmueble que se pretende sacar del comercio o dar publicidad
de un pleito pendiente (Caicedo, 2001, pp. 198-199).
En el registro público mercantil, el principio de tracto sucesivo no está
expresamente consagrado. El autor Jorge Hernán Gil afirma que las cámaras
de comercio pueden negarse a inscribir un contrato cuando, de acuerdo con
los antecedentes registrales, el acto no lo efectúa el propietario inscrito. Este
autor cita como ejemplos: la solicitud de cancelación de una matrícula, que
es registrable si la pide el titular registrado; y la enajenación de un establecimiento
de comercio, que la efectuará su dueño.
El artículo 33 del Código de Comercio señala que el inscrito informará
a la correspondiente cámara la pérdida de su calidad de comerciante, el
cambio de domicilio y las demás mutaciones de la actividad comercial. Solo
podrá solicitar la cancelación de la reserva de dominio quien tiene la calidad
de acreedor. Las reformas estatutarias de las sociedades de personas,
verbigracia la cesión de cuotas sociales, debe provenir de los socios que se
encuentran debidamente registrados (Gil, 1994, pp. 92-94).
6.5 Principio de legalidad
Este principio enseña que solo son inscribibles los títulos válidos y que reúnen
los requisitos exigidos por las leyes para su registro. La calificación y el
examen de los títulos dirigidos a depurar la titulación presentada es el medio
idóneo, y con ello se logra que solo tengan acceso al registro los títulos válidos
y perfectos, siempre y cuando no se presenten obstáculos derivados del
registro. Si el título no es válido, o existen circunstancias en los asientos que
impiden la inscripción, es de recibo el rechazo.
La calificación es el examen que hace el registrador de los títulos presentados
en el registro, para comprobar si reúnen todos los requisitos exigidos
por la leyes para su validez y registrabilidad, y, en consecuencia, decidir
si son inscribibles o no. La calificación es una etapa necesaria en el procedimiento
registral, posterior al ingreso del documento, y anterior a la extensión
del asiento.
Como medio para hacer efectivo el principio de legalidad, el registrador
ejerce una función de calificación con respecto al documento cuya inscripción
se solicita. La calificación es el examen que corresponde hacer al funcionario
registral, idóneo para tal finalidad, en virtud del cual queda determinado,
en cada caso, si el título presentado reúne las condiciones exigidas
por las leyes para ser inscrito y surtir así todos los efectos. Si de la revisión
se colige que faltan algunos de los requisitos o elementos para formalizar la
inscripción, será devuelto para que, si es posible, se corrija o se superen las
causales que impiden el registro.
La calificación es un derecho y un deber. Un derecho porque solo el registrador,
o el funcionario que haga sus veces, puede calificar los títulos para
determinar si son susceptibles de inscripción; y un deber, porque necesariamente
antes de practicar el asiento es preciso que compruebe si el título
presentado reúne los requisitos legales.
El principio orientador de la función calificadora es el principio de legalidad,
según el cual solo son inscribibles los títulos que son válidos y que
reúnen los requisitos exigidos en las leyes. El principio de legalidad es el conjunto
de reglas establecidas por la ley, que señalan los requisitos que deben
reunir los documentos que se presentan para su inscripción, y es su objeto
que los elementos que se deben calificar revistan las condiciones de validez
exigibles, tendientes a que la inscripción brinde las garantías necesarias con
arreglo al sistema registral adoptado.
En el registro de instrumentos públicos, el principio de legalidad está
consagrado en los artículos 3-d, 16 y 22 de la Ley 1579 de 2012. De acuerdo con
las normas citadas:
a. Solo son registrables los títulos y documentos que reúnen los requisitos
establecidos por las leyes para su inscripción.

152 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 153
b. Efectuado el reparto de los documentos, se procederá a su análisis
jurídico, examen y comprobación de que reúnen las exigencias de
la ley para acceder al registro.
c. Si en la calificación del título o documento no se dan los presupuestos
legales para ordenar su inscripción, se procederá a
inadmitirlo.
En el registro público mercantil el principio de legalidad no ha sido tratado
por la doctrina. La controversia se ha orientado a determinar el contenido
y el alcance del control de legalidad que ejercen las cámaras de comercio
con respecto a los actos sometidos a registro, y, bajo esta perspectiva, la
verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en las leyes sobre
los actos y documentos sujetos a registro. De tal manera que se inscribirán
aquellos que están acordes con los presupuestos legales, y se negará el registro
de los que carecen de alguno, o algunos, de los requisitos que afecten
su eficacia jurídica.
En virtud de que el registro público mercantil excepcionalmente es
constitutivo –ya que en la mayoría de los casos es declarativo, publicitario o
de oponibilidad–, y como la mayoría de la doctrina mercantil solo reconoce
el carácter declarativo de la inscripción, el control de legalidad se limitado al
examen de la legalidad formal del documento, sin perjuicio de que, si observa
una ilegalidad sustancial, grave o contraria a la ley se niegue el registro
(Medina, 2008, pp. 379).
Entre las causales legales que impiden la inscripción en el registro público
mercantil, tenemos:
6.5.1 Homonimia
Con el fin de evitar la competencia desleal, las cámaras de comercio se abstendrán
de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con
el nombre de otro ya inscrito, mientras este no haya sido cancelado. En el
caso de homonimia de personas naturales, puede hacerse la inscripción
siempre que con el nombre se utilice algún distintivo para evitar confusión
(artículo 35 del C. Co.).
6.5.2 Autorización previa de la Superintendencia
de Sociedades
De acuerdo con el artículo 159 del C. Co. –modificado por el artículo 13 de la
Ley 44 de 1981; los artículos 84, 85, y 86 de la Ley 222 de 1995, y los artículos
17 y 19 de la Ley 1116 del 2006–, las cámaras de comercio se abstendrán de
registrar las escrituras públicas de reformas estatutarias si falta la autorización
de la Superintendencia de Sociedades, cuando se trata de sociedades
sometidas a su control. Tal es el caso de la fusión o escisión de sociedades
vigiladas; las reformas estatutarias de sociedades controladas o en proceso
de reorganización; o cuando se presente disminución del capital social en
cualquier sociedad, si la operación implica efectivo reembolso de aportes.
6.5.3 Designación o revocación
de administradores o revisores fiscales
Las cámaras de comercio se abstendrán de hacer la inscripción de la designación
o revocación de los administradores (representante legal, miembros
de junta directiva) y revisores fiscales, cuando no cumplen con las prescripciones
de la ley o de los estatutos (artículo 163 del C. Co.).
Con respecto a esta causal, el doctor Enrique Gaviria (1998) opina que,
por tratarse del examen de la escritura, el acta o el documento que contiene
el nombramiento o la revocación, se trata de un control de legalidad formal
y externo, con base en el examen del documento justificativo del acto, de los
respectivos estatutos y de las normas.
6.5.4 Cesión de cuotas sociales
Las cámaras de comercio no registrarán la cesión de cuotas sociales mientras
no se acredite con certificación de la sociedad el cumplimiento del derecho
de preferencia, que faculta a los demás socios para ser preferidos en
la adquisición de las cuotas sociales de un consorcio; si aquellos no tienen
interés, o no se ponen de acuerdo en el precio o en el plazo, se designarán
peritos para que fijen uno u otro.

154 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 155
Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro de los
quince días siguientes al ofrecimiento, o no se obtiene autorización de la
mayoría prevista para el ingreso de un extraño, la sociedad (a través de su
representante legal) está obligada a presentar, dentro de los sesenta días
siguientes, y a petición del cedente, a una o más personas que las adquieran.
Si dentro de los veinte días siguientes no se perfecciona la cesión, los demás
socios pueden liquidar la sociedad, o excluir al socio interesado en ceder las
cuotas (artículos 363, 364, 365 y 367 del C. Co.) (Gil, 1994, pp. 230-275).
Que la inscripción pueda identificar con toda exactitud el titular de
cada derecho, la finca sobre la que recae, el contenido del derecho y la proporción
en que al titular le corresponde.
6.5.5 Saneamiento formal de la escritura pública
de constitución de una sociedad
En virtud de que el registro de una escritura de constitución de una sociedad
comercial trae consigo el saneamiento formal del instrumento, la cámara
de comercio, previo examen del cumplimiento de los requisitos formales,
procederá a la inscripción, de tal forma que, si observa irregularidades, se
tipificaría una causal que impide el registro.
6.5.6 Omisiones en el acto de creación
Las cámaras de comercio se abstendrán de registrar el documento mediante
el que se constituye la empresa unipersonal si en la diligencia de registro no
concurre personalmente el constituyente, representante o apoderado, o si
en el acta de constitución se omiten algunos de los requisitos previstos en
artículo 72 de la Ley 222 de 1995.
El artículo 5.° de la Ley 1258 del 2008 establece el contenido del documento
privado mediante el que se crea la sociedad por acciones simplificada
y determina que las cámaras de comercio se abstendrán de inscribirlo
cuando se omita parte de la información o de los requisitos exigidos. El
documento privado de constitución de esta sociedad debe ser autenticado
previamente por quienes lo suscriben o su apoderado. Si entre los activos
aportados a la sociedad hay bienes cuya transferencia requieran de escritura
pública, debe cumplirse con esta solemnidad.
6.6 Principio de especialidad o determinación
El principio de especialidad exige que el registro tenga como base de su organización
un elemento adecuado para determinar con exactitud el lugar
de las inscripciones, el estado jurídico de los bienes, la sucesión de los derechos,
y la calidad de las personas, entre otros.
El principio de especialidad se estudia en el registro inmobiliario en
su aspecto material o sustantivo, y en el formal o adjetivo. Desde el punto
de vista sustantivo, comprende la determinación exacta de los derechos
reales inscribibles y de los datos que permitan precisar el alcance de los
mismos, la determinación exacta del sujeto titular, que exige los datos necesarios
para asegurar su identidad, y la determinación exacta de la finca
sobre la cual recae el derecho real, en términos que permitan individualizarla
con precisión.
Desde el punto de vista formal o adjetivo, el principio de especialidad
hace referencia a la expresión registral de los derechos, y contempla: la organización
de los registros sobre una base adecuada, para determinar con
exactitud el lugar de las inscripciones; el estado jurídico y la sucesión de los
derechos que recaen sobre la finca; la uniformidad y precisión de la forma
de los asientos, de modo que expresen con absoluta claridad los derechos
inscritos, en todos sus aspectos.
El principio de especialidad o determinación incluye todos los elementos
de la relación registral. Si es de inmuebles: el sujeto, la finca y el derecho.
De tal forma que la inscripción pueda identificar con toda exactitud el titular
de cada derecho, la finca sobre la cual recae, el contenido del derecho y la
proporción en que al titular le corresponde.
Los pilares del principio de especialidad son el predio o la finca, y el folio
de matrícula inmobiliaria. A cada unidad predial corresponde un folio único,
donde se llevan en orden cronológico todas las anotaciones que reflejan la
situación jurídica del bien (artículos 3-b, y 54 de la Ley 1579 de 2012). La especialidad
tiene también que ver con la determinación exacta de los derechos
reales inscribibles (Caicedo, 2001, pp. 47-48).

156 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 157
De la lectura del artículo 43 del Código de Comercio se infiere la consagración
del principio de especialidad en el registro público mercantil, al
exigir que a cada comerciante, sucursal o establecimiento de comercio matriculado,
se le abra un expediente, en el cual se archivan por orden cronológico
de presentación las copias de los documentos que se registren.
-7-
Características
del acto registral
El profesor Fernando Fueyo Laneri (1982, p. 22) ha encontrado varios caracteres
comunes inherentes al acto registral, de los cuales compartimos los
siguientes:
• Es un acto formal documentario –que se perfecciona con la intervención
de un funcionario público o privado– que es y hace
historia continuada y trascendente entre las partes intervinientes
y frente a terceros –en mayor o menor grado–, y que integra el
orden público, social y económico.
• Es un acto público administrativo, consagrado y regulado por la ley.
• Es un acto jurídico unilateral, que nace de la voluntad del registrador
que lo autoriza; y es diferente al negocio jurídico precedente,
originado en la voluntad de los otorgantes, que declaran, crean,
modifican y extinguen derechos.
• El acto de registro debe producir un efecto jurídico.
• El acto de registro es solemne. Por lo menos debe constar por escrito
y ser firmado por el responsable.
• Y el acto de registro es susceptible de ser impugnado, en cuanto a
su eficacia, entre las partes y frente a terceros.

158 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 159
-8-
Cámaras de comercio y
oficinas de registro
de instrumentos públicos
El registro mercantil es llevado por las cámaras de comercio –instituciones
de orden legal y con personería jurídica, creadas por el Gobierno nacional–,
de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde operarán.
Conviene precisar que las cámaras no son entidades oficiales, sino de carácter
privado, esencialmente corporativas o gremiales, a las que la ley les
confía la función de llevar el registro de los comerciantes, establecimientos
mercantiles, libros de comercio y documentos sujetos a inscripción.
Las cámaras de comercio son administradas y gobernadas por los comerciantes
inscritos en el registro mercantil y tienen la calidad de afiliados.
Su máximo órgano es la junta directiva. La representación de las cámaras
corresponde a su presidente, y las integran los comerciantes inscritos en el
Registro Público Mercantil. Los artículos 78-97 del Código de Comercio hacen
referencia a su régimen jurídico, con las modificaciones establecidas en
la Ley 1727 de 2014.
En la actualidad están funcionando, en todo el territorio nacional, 57
cámaras de comercio y 198 oficinas de registro. Tanto las cámaras de comercio
como las oficinas de registro incluyen dentro de su jurisdicción no solo
el municipio donde tienen la sede, sino también los municipios cercanos,
cuya ubicación geográfica, relaciones económicas o vías de comunicación
permiten a los interesados desplazarse fácilmente hacia la cabecera del círculo
registral, o hacia la respectiva cámara de comercio. De la regla general
expresada se exceptúan las oficinas de registro de Abejorral, Ituango, Puerto
Boyacá, Aguadas, Pácora, Agua de Dios, Fundación, Buenaventura, Finlandia,
Orocué, Cajamarca, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Contratación, donde
el círculo registral solo lo compone el municipio sede. El Decreto 2056 del
2014 creó las oficinas de registro de Soacha y Soledad, que en el año 2015
iniciaron actividades.
La Corte Constitucional, en sentencia número C-144 de abril 20 de 1993,
llamó la atención sobre la función pública que ejercen las cámaras de comercio
como entidades de derecho privado, en los siguientes términos:
El origen legal del registro, la obligatoriedad de inscribir en él ciertos
actos y documentos , el valor vinculante de las certificaciones
que se expiden, la regulación legal y no convencional relativa a su
organización y a las actuaciones derivadas del mismo, el relieve
esencial que adquiere como pieza central del Código de Comercio
y de la dinámica corporativa y contractual que allí se recoge, entre
otras razones, justifican y explican el carácter de función pública
que exhibe la organización y administración del registro mercantil.
[…]
Las cámaras de comercio, a las cuales se ha encargado el ejercicio
de la anotada función, no son entidades públicas, pues no
se avienen con ninguna de las especies de esta naturaleza contempladas
y reguladas en la Constitución y la ley. Si bien, nominalmente
se consideran «instituciones de orden legal» (Artículo
78 del C. Com.), creadas por el Gobierno; lo cierto es que ellas se
integran por los comerciantes inscritos en su respectivo Registro
Mercantil (ibídem, artículo 79,). La técnica autorizatoria, y la participación
que ella reserva a la autoridad pública, habida consideración
de las funciones que cumplen las cámaras de comercio, no
permiten concluir por sí solas su naturaleza pública. Excluida la
función de llevar el Registro Mercantil , las restantes funciones de
las cámaras, su organización y dirección, las fuentes de sus ingresos,
la naturaleza de sus trabajadores, la existencia de estatutos
que las gobiernan, extremos sobre los cuales no es necesario para
los efectos de esta providencia entrar a profundizar, ponen de presente
que solo a riesgo de desvirtuar tales elementos, no se puede
dudar sobre su naturaleza corporativa, gremial y privada. […]
Las cámaras de comercio, no obstante su carácter privado,
pueden ejercer la función pública de administrar el registro mercantil.
Los artículos 123 y 365 de la Constitución Política permiten

160 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 161
al legislador disponer que un determinado servicio o función pública
sea prestado por un particular, de acuerdo con el régimen
que para el efecto establezca.
En virtud de que las cámaras de comercio ejercen una función pública,
los actos que profieren en ejercicio de esta función tienen el carácter
de administrativos, y les son aplicables las normas del Código Procesal
Administrativo y del Contencioso Administrativo. Los actos de inscripción,
o aquellos que la niegan, son susceptibles de ser impugnados por vía gubernativa;
son a lugar los recursos de reposición ante la misma cámara, y
los de apelación y queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio
(superintendente delegado para la Promoción de la Competencia), de conformidad
con el artículo 94 del Código de Comercio. Asimismo, los actos de
certificación y registro son impugnables ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, mediante las pretensiones de nulidad y restablecimiento
del derecho.
El Decreto 2723 de 2014 modificó la estructura de la Superintendencia
de Notariado y Registro, entidad descentralizada técnica, con personería
jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial; adscrita al
Ministerio de Justicia y del Derecho.
Las oficinas de registro son dependencias de la Superintendencia de
Notariado y Registro y, por ende, hacen parte de su estructura organizacional
y administrativa. Los registradores de instrumentos públicos son responsables
del funcionamiento técnico administrativo de las respectivas oficinas.
Contra el acto de registro, o la negativa de una inscripción, proceden los
recursos de reposición ante el mismo registrador que produjo el acto, y de
apelación que correspondía decidir al director de Registro de acuerdo al artículo
60 de la Ley 1579 del 2012 y en la actualidad corresponde al subdirector
de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado de Registro
de acuerdo con el artículo 21 del Decreto 2723 del 2014. También procede las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
-9-
Vigilancia y control
del registro mercantil
y registro inmobiliario
La vigilancia y el control de las cámaras de comercio le corresponden a la
Superintendencia de Industria y Comercio (artículo 87 C. Co.), que determina
los libros necesarios para cumplir con el registro público mercantil, y la forma
de hacer las inscripciones. La Contraloría General de la República ejerce el
control y vigilancia del recaudo, manejo e inversión de los ingresos públicos
de las cámaras provenientes del registro mercantil (artículo 88 del C. Co.).
La Superintendencia de Notariado y Registro ejerce la inspección, la
vigilancia y el control de la prestación del servicio público que prestan los
registradores de instrumentos públicos. En el caso de irregularidades o inconsistencias
graves, se consagra la intervención de las oficinas (artículo 96
y ss., Ley 1579 de 2012).

162 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 163
-10-
Personas, actos y bienes
sujetos a registro
Al Registro de Instrumentos Públicos le corresponde inscribir todos los actos
y contratos contenidos en escritura pública, las sentencias judiciales o
arbítrales, los actos administrativos que den nacimiento, afecten, limiten,
modifiquen, aclaren o extingan los derechos reales inmobiliarios y algunos
derechos personales, como el arrendamiento, el comodato y el leasing inmobiliario
contenidos en instrumento público, cuando por voluntad de las
partes u orden judicial se decida su inscripción. Así mismo, los actos de cancelación
de las anotaciones anteriores y los testamentos abiertos y cerrados.
(Artículo 4, Ley 1579 del 2012).
Entre las múltiples funciones otorgadas a las cámaras de comercio conviene
destacar las siguientes:
• Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos
en este inscritos.
• Recopilar la costumbre mercantil de los lugares correspondientes
a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de los recopilados.
• Designar árbitros o amigables componedores cuando los particulares
lo soliciten.
• Servir de tribunales de arbitramiento para resolver las diferencias
que les difieran los contratantes (artículo 86 del C. Co.).
En el registro público mercantil, según el artículo 28 del Código de
Comercio y normas posteriores, deben inscribirse, entre otros, las siguientes
personas, entes, bienes, documentos y contratos:
• Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus
auxiliares, tales como comisionistas, corredores, agentes y
representantes de firmas nacionales o extranjeras. La inscripción
debe hacerse durante el mes siguiente a la fecha en que inicien
actividades. Entre estas se encuentran los comerciantes individuales,
las sociedades regulares e irregulares, las empresas unipersonales
y las empresas asociativas de trabajo, entre otros.
En el registro mercantil también se inscriben algunos entes sin personalidad,
como los fondos de pensiones, las sociedades de hecho y las comunidades
comerciales activas.
• Las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de sociedades
conyugales, cuando uno de los cónyuges es comerciante.
• La interdicción judicial del comerciante, las providencias en que
se imponga a una persona la prohibición de ejercer el comercio.
• Las autorizaciones y revocatorias otorgadas a menores para ejercer
el comercio.
• Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la administración
parcial o general de bienes o negocios del comerciante.
• La apertura de establecimientos de comercio y de sucursales, y los
actos que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos y su
administración.
• Los libros de registro de socios o accionistas, y los de actas de las
asambleas y juntas de socios (modificado por el artículo 175, D. L.
19 de 2012).
• Los embargos y demandas civiles, cuya mutación esté sujeta al registro
mercantil.
• La constitución, las adiciones o las reformas estatutarias, y la liquidación
de sociedades comerciales, así como la designación de
representantes legales liquidadores, y su remoción.
El numeral 10 del artículo 28 del Código de Comercio señala que, además
de la relación transcrita, son sujetos a registro los actos y documentos
cuyo registro mercantil ordene la ley.
Los doctores Ramón Eduardo Madriñán de la Torre y Yolima Prada
Márquez, en la obra Principios de derecho comercial (2012, pp. 140-41), señalan
los siguientes:

164 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 165
• Los relativos a la propiedad industrial (artículos 597 y 616).
• El pacto de reserva de dominio sobre bienes muebles (artículo 953).
• La constitución de la fiducia mercantil (artículo 1228).
• El contrato de agencia comercial (artículo 1320).
• La cesión de posición contractual de los contratos que consten por
escritura pública (artículo 888).
• La manifestación del ejercicio del derecho de retiro de una sociedad
(Ley 222 de 1995, artículo 14).
• La configuración de una situación de control por parte de la sociedad
controlante, y toda modificación de esta sociedad o del grupo
empresarial (Ley 222 de 1995, artículo 30).
• El programa de fundación, y el folleto informativo de la sociedad
que se pretende constituir por suscripción sucesiva (Ley 222 de
1995, artículo 50).
• El documento constitutivo de las empresas unipersonales (Ley 222
de 1995, artículo 72).
• El acto constitutivo de las empresas asociativas de trabajo (Ley 10
de 1991, artículo 5).
• El documento constitutivo, sea contrato o acto jurídico unilateral,
de las sociedades por acciones simplificadas (Ley 1258 de 2008,
artículo 5).
• Registro nacional público de las personas naturales y jurídicas que
ejercen la actividad de vendedores de juegos de suerte y azar, de
la Ley 643 de 2001.
• Registro público de veedurías ciudadanas, de la Ley 850 de 2003.
• Registro Nacional de Turismo, de la Ley 1101 de 2006.
• Registro de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo
de lucro con domicilio en el exterior, que establezcan negocios
permanentes en Colombia,
La Ley 1676 del 2013 crea y reglamenta el registro de garantías mobiliarias,
el cual será estudiado posteriormente.
El artículo 166 del Decreto 019 de 2012, crea el Registro Único Empresarial
y Social, RUES, cuyo antecedente es el Registro Único Empresarial, RUE, que
estaba integrado por el registro mercantil y el Registro Único de Proponentes
(Artículo 11, Ley 590 de 2000). Las cámaras de comercio lo administran y diferentes
leyes determinan los actos sujetos a registro, entre los cuales se
encuentran los siguientes:
• El Registro Único de Proponentes, de la leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
• Registro de entidades sin ánimo de lucro, creado por el Decreto
2150 de 1995.
• Los actos de registro e inscripción de las entidades de economía
solidaria a que hace referencia la Ley 454 de 1998.

166 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 167
-11-
Reglas inherentes
al registro mercantil y
al registro inmobiliario
El artículo 29 del Código de Comercio establece que los actos, contratos y
documentos se inscriben en la cámara de comercio con jurisdicción en el
lugar donde fueren celebrados u otorgados; si estos se realizan fuera de dicha
jurisdicción, se inscriben también en la cámara de comercio correspondiente
al lugar de su ejecución o cumplimiento. El artículo 5 de la Ley 1579
de 2012 determinó que el registro de documentos referentes a inmuebles
se verificará en la oficina de ubicación del inmueble, y concede a esta una
competencia territorial fijada por la norma que crea un círculo registral. La
matrícula de comerciantes se hará en la cámara de comercio con jurisdicción
en el domicilio de la persona interesada o afectada con ellos.
El Artículo 50 del Decreto 2042 de 2014, que corresponde al artículo
2.2.2 38.6.4 del Decreto Único Reglamentario 1074 del 2015, establece que la
petición de matrícula, su renovación y en general la solicitud de inscripción
de cualquier acto, documento o la realización de cualquier trámite ante las
cámaras de comercio podrá efectuarse mediante el intercambio electrónico
de mensajes de datos o a través de formularios prediligenciados de acuerdo
con la Ley 527 de 1999 y el Decreto Ley 019 de 2012.
El reciente Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos consagra tres
opciones para acceder al proceso de registro y a la expedición de certificados:
la primera es que el interesado, o su apoderado, presente dos ejemplares
en medio documental del acto sujeto a registro, y radique directamente
la solicitud en la oficina de registro competente (Artículo 14). La segunda
posibilidad permite que los notarios, los funcionarios judiciales o los administrativos,
envíen a la oficina de registro competente, desde cualquier lugar
del país, el documento, por medio electrónico y con firma digital, para ser
radicado e inscrito. En tal caso, el pago de los impuestos y los derechos de
registro se podrá hacer por medios virtuales o electrónicos (Artículo 15, Ley
1579 de 2012). Los certificados de tradición y libertad pueden expedirse por
medios electrónicos, y establecer mecanismos de integración e interoperabilidad
entre diferentes entidades públicas.
La tercera opción es el registro móvil, mecanismo creado para que
las personas desplazadas, y los campesinos que se encuentran en zonas
apartadas, puedan acceder al registro. En este caso los funcionarios de la
Superintendencia de Notariado y Registro se trasladan a los sitios que determine
el ente rector, y están facultados para efectuar el trámite de recepción
y radicación de los títulos o documentos sujetos a registro, y remitirlos al
registrador competente, quien culminará el proceso de registro. Las unidades
móviles también radicarán y expedirán los certificados de tradición y
libertad (artículos 42 y 43, Ley 1579 de 2012). (Caicedo, 2012, pp. 7-27).
La inscripción en las cámaras de comercio se hace en libros separados,
según la materia, en forma de extracto, salvo que la ley o los interesados
exijan la inserción del texto completo. Podrá solicitarse en cualquier tiempo,
si la ley no fija un término para ello, pero los actos y documentos sujetos a
registro no producirán efectos respecto a terceros, sino a partir de la fecha
de su inscripción (artículo 29 del C. Co.). Toda inscripción se prueba con certificado
expedido por la respectiva cámara de comercio, o mediante inspección
judicial practicada en el registro mercantil.
Con respecto a las oficinas de registro, puede suceder que un acto, contrato
o título afecte a varios inmuebles ubicados en distintos círculos registrales;
en tal caso, debe inscribirse en cada una de las oficinas competentes.
Otra situación que puede presentarse es que un inmueble esté ubicado en
jurisdicción de dos círculos registrales. Será competente para abrir y mantener
el folio de matrícula que lo identifique, la oficina de registro donde se encuentre
localizada la mayor parte del terreno (artículo 49, Ley 1579 de 2012).

168 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 169
-12-
Modo de hacer
la inscripción
En virtud de que al registro público mercantil acceden, por una parte, personas
que tienen la calidad de comerciantes; y, por otra, los libros de comercio,
así como los actos y contratos cuya inscripción exige la ley, conviene hacer
referencia a algunas particularidades de cada una de estas inscripciones.
12.1 Matrícula mercantil y matrícula inmobiliaria
Es obligación de todo comerciante el matricularse en el Registro Mercantil
e inscribir todos los actos, los libros y los documentos respecto de los cuales
la ley exija esta formalidad. La solicitud de matrícula será presentada durante
el mes siguiente a la fecha en que la persona natural empezó a ejercer
el comercio, o en que la sucursal o el establecimiento de comercio fueron
abiertos. En el caso de sociedades, la petición de matrícula la hará el representante
legal dentro del mes siguiente a la fecha de otorgamiento de la
escritura pública de constitución o del permiso de funcionamiento, según
el caso (artículo 31 del C. Co.). La persona que ejerza profesionalmente el
comercio sin estar inscrita en el Registro Público Mercantil incurrirá en las
multas que impone la Superintendencia de Industria y Comercio.
La petición de matrícula debe acompañarse con la información del comerciante
o del establecimiento de comercio que incluya los datos generales
de ley, las actividades que desarrollará y la información financiera y patrimonial.
La matrícula se renovará anualmente, dentro de los tres primeros
meses de cada año. El inscrito informará a la respectiva cámara de comercio
la pérdida de su calidad de comerciante, cualquier cambio de domicilio y
demás mutaciones referentes a su actividad comercial, a fin de que se tome
nota de ello en el registro correspondiente (artículo 33 del C. Co.).
La matrícula inmobiliaria es un folio destinado a un bien determinado,
y se identifica con un código alfanumérico, o complejo numeral, indicativo
del orden interno de cada oficina; los tres primeros indican el círculo registral,
los restantes son utilizados para asignarlos secuencialmente a cada uno
de los predios, según se ordene la apertura.
La matrícula inmobiliaria consta de dos partes:
• La parte estática, destinada a la identificación del círculo y municipio
de ubicación del inmueble, su determinación por la ubicación,
cabida, y linderos, entre otras.
• La parte dinámica, donde se anotarán en orden cronológico los
distintos actos que inciden en la historia jurídica del inmueble.
La inscripción de un título en la matrícula inmobiliaria está sometida a
un procedimiento compuesto por cuatro etapas:
• Radicación, que se cumple en el momento en que el particular solicita
la inscripción, en medio físico o documental, petición que se
anota en el libro radicador. En el futuro también podrá efectuarse
la radicación por medios electrónicos y con firma digital enviados
por las notarías, despachos judiciales o administrativos, tal como
lo prevé el artículo 14 de la Ley 1579 de 2012.
• Calificación. Consiste en el examen realizado al documento, para
constatar que cumple con los requisitos legales, y la revisión que
se efectúa en la matrícula, para determinar si se trata del mismo
inmueble a que se refiere el acto y que no existen prohibiciones
legales que impidan el registro; etapa que culmina con el diligenciamiento
de un formulario, en el que se consignan los datos de la
inscripción que se llevará al folio.
• Inscripción, que consiste en anotar en el folio el título, acto y derecho
afectado.
• Constancia de inscripción, que se plasma en cada uno de los documentos
públicos entregados para ser registrados.

170 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 171
La Circular Externa 15 de 2001, de Superintendencia de Industria y
Comercio, SIC, artículo 2, establece un procedimiento de registro mercantil
similar al indicado para el inmobiliario:
• Radicación. Al presentarse documentos para la inscripción, las cámaras
los radicarán, con indicación de la hora y fecha de recepción.
• Calificación. Se infiere cuando la circular señala que si en un mismo
documento cuentan varios actos sujetos a inscripción, y no
procede el registro respecto de todos, las cámaras deberán efectuar
la inscripción de aquellos respecto de los cuales sea viable el
registro. También, cuando hace referencia a los aspectos comunes
a los registros, y habla de la abstención de efectuar el registro por
parte de las cámaras de comercio. De acuerdo con la Resolución
n.° 3131 de enero de 2003, de Superintendencia de Industria y
Comercio, SIC, el control de legalidad formal es taxativo, restringido,
reglado y subordinado a lo prescrito en la ley.
• Anotación. Consiste en la redacción, en el libro respectivo, del extracto
del documento radicado.
• Constancia de inscripción, que será insertada por el secretario en
el documento registrado, e incluye los siguientes datos: cámara de
comercio, fecha de inscripción, número de inscripción y libro en el
cual se efectuó.
12.2 Escrituras de constitución, adición o reforma
de sociedades mercantiles, providencias judiciales
y administrativas
De estos actos se deja copia auténtica de la respectiva escritura, que será
archivada por la cámara de comercio. En un libro especial se levantará acta,
en que consta la entrega de la copia, con especificación del nombre, clase,
domicilio de la sociedad, número de la escritura, notaría y fecha de otorgamiento.
Igual procedimiento se aplica respecto de las actas en que consta la
designación de los representantes legales, los liquidadores y los suplentes.
Las providencias judiciales y administrativas que deban registrarse
se presentarán en copia autenticada, para ser archivadas en el expediente
respectivo, previo levantamiento del acta –que se lleva en libro especial–, en
la que se hace mención del funcionario que dictó la providencia, y el objeto,
clase y fecha de la misma.
Debe tenerse en cuenta que a cada comerciante, sucursal o establecimiento
de comercio matriculado se le abre un expediente, en el cual se archivan,
por orden cronológico de presentación, las copias de los documentos
que se registran.
De conformidad con el Inciso 2. del artículo 43 del Código de Comercio,
los archivos del Registro Mercantil podrán conservarse por cualquier medio
técnico adecuado que garantice su reproducción exacta.
En el Registro Inmobiliario, se deja copia auténtica en los archivos de
todo acto inscrito, formándose un expediente con todos los antecedentes
registrales y formularios de calificación, el cual se identifica con el mismo
número de la matrícula inmobiliaria, y sirve de medio probatorio como respaldo
a las anotaciones y para reconstruir la matrícula en caso de pérdida.
El artículo 11 del Estatuto Registral Inmobiliario determina que los instrumentos
públicos radicados para su inscripción deben mantenerse en medios
físicos o documentales, magnéticos o tecnológicos, para su seguridad
y conservación.
12.3. Registro de libros de comercio
Una vez presentados los libros del comerciante o establecimiento de comercio,
serán firmados por el secretario de la cámara de comercio, quien dejará
constancia de haberlos registrado, con indicación de la fecha y folio del
correspondiente registro, de la persona a quien pertenezca, del uso a que
se destina y del número de hojas útiles, las que serán rubricadas por dicho
funcionario.
En un libro destinado a tal fin, se hará constar, bajo la firma del secretario,
el hecho del registro y de los datos indicados anteriormente. Conviene
reiterar que solo se inscriben en el Registro Mercantil los libros de registro
de socios o accionistas, las actas de la asamblea y junta de socios (Artículo
175 Decreto Ley 19 de 2012).

172 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 173
12.4. Registro Único Empresarial y Social, RUES
La Ley 80 de 1993, o Estatuto General de contratación de la Administración
Pública, otorgaba, en su artículo 22, una nueva función a las cámaras de comercio,
y era la de llevar el registro de proponentes, que tenía el carácter
de público; de tal forma que cualquier persona podía solicitar la expedición
de certificaciones sobre las inscripciones, calificaciones y clasificaciones que
contenía el registro.
La Ley 1150 de 2007 introdujo modificaciones a la Ley 80 de 1993, y en su
artículo 6 reiteró que todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, domiciliados o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar
contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de
Proponentes del Registro Único Empresarial, RUE, de la cámara de comercio
con jurisdicción en su domicilio principal.
El Decreto Ley 019 de enero de 2012 crea el Registro Único Empresarial y
Social, RUES, que sustituye al RUE y lo llevan las cámaras de comercio, desde
el mes de abril de 2012.
El Registró Único Empresarial y Social es administrado por las cámaras
de comercio, atendiendo a los criterios de eficiencia, economía y buena fe, de
tal forma que permitan una información unificada y confiable.
Las inscripciones en el registro, que integran el RUES, deben ser renovadas
anualmente por el titular dentro de los tres primeros meses de cada
año. Corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio establecer
los formatos y la información necesaria para la inscripción en el registro y su
renovación. Los registros mercantil y de proponentes se renuevan de acuerdo
a las reglas vigentes (Decreto Ley 19 de 2012, artículo 166).
La Circular Externa n.° 008 de 2012, de la Superintendencia de Industria
y Comercio, modificó el Título VIII de la Circular Única, y da las instrucciones
a las cámaras de comercio del país sobre la forma como deben asumir y llevar
los diferentes registros que hacen parte del RUES.
Capítulo 4, artículos 2.2.2.4.1 y siguientes. Es un registro único para inscribir
y dar publicidad a los derechos de los acreedores sobre los bienes muebles
ofrecidos por sus propietarios, con el fin de garantizar una o varias obligaciones
propias o ajenas, de dar, hacer o no hacer, presentes o futuras. La garantía
inmobiliaria es toda operación que tiene como efecto garantizar una
obligación con los bienes del garante.
Se constituye mediante un contrato suscrito entre el garante y el acreedor
garantizado o por ministerio de la ley, como en los gravámenes judiciales
y tributarios. Para la ejecución de la garantía mobiliaria, el formulario registral
de ejecución inscrito tiene el carácter de título ejecutivo.
El registro de garantías es definido como un sistema de archivo único,
con una base de datos nacional de acceso público a la información, tiene
por objeto dar publicidad. Opera por medio de la inscripción de formularios
diligenciados a través del internet. Se organiza como un registro personal
en función de la identificación de la persona natural o jurídica garante. La
Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras, fue designada
para llevar este registro y puede celebrar convenios con las cámaras
de comercio para la prestación de estos servicios.
La vigencia de la inscripción la determinan las partes intervinientes en
el contrato de garantía mobiliaria y las prórrogas son por periodos hasta
de tres años. Si no establece plazo en el formulario de inscripción inicial, se
entiende que es de cinco años, prorrogable por acuerdo de las partes. La consulta
de las garantías mobiliarias en el sistema de archivo que contiene la
información registral vigente se efectúa por el número de identificación del
garante o su nombre, o por el número de serie del bien en garantía, siempre
y cuando este se encuentre así descrito.
12.5 Registro de garantías mobiliarias
Es un registro especial creado y regulado por la Ley 1676 del 2013 y el Decreto
400 del 2014, incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1074 del 2015,

174 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 175
-13-
El Nuevo Estatuto
de Registro de
Instrumentos Públicos
La Ley 1579 de 1 de octubre de 2012, «por la cual se expide el Estatuto de Registro
de Instrumentos Públicos y se dictan otras disposiciones», derogó, entre otras
normas, los Decretos Leyes 1250, 2156 y 2157 de 1970, que en su conjunto formaban
parte del estatuto que rigió hasta el 30 de septiembre de 2012.
El Gobierno nacional presentó a consideración del Senado de la
República el Proyecto de Ley 242 el día 4 de abril de 2011. En la exposición
de motivos expresaba que el proyecto de Nuevo Estatuto de Registro de
Instrumentos Públicos tenía como objetivos: superar las falencias y vacíos
que presentaba el Decreto Ley 1250 de 1970; garantizar la debida prestación
del servicio de registro inmobiliario; responder a las actuales necesidades
del país en esta materia; y crear un régimen de responsabilidad para los
funcionarios encargados de la función registral. En la exposición señala y
explica ocho temas relevantes contenidos en el proyecto de ley, (Gaceta del
Congreso, número 152. Abril 4 de 2011. pp. 33-37), ellos son:
1. Modernización, utilización de los medios electrónicos, simplificación
de los trámites y procesos de registro (artículos 35-41).
2. Unidad Móvil de Registro, UMR, con el fin de lograr una mayor cobertura,
realizar jornadas especiales, regularizar títulos, expedir certificados
a la población desplazada y campesina. Este registro móvil
permite que los funcionarios se trasladen en vehículos con equipos
especiales a zonas alejadas del territorio para alcanzar los objetivos
de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras; cumplir con la
Sentencia T-025 de 2004 que declaró el estado inconstitucional de
cosas en relación con la población desplazada. Mediante el registro
móvil se facilita la radicación de la solicitud del registro, la expedición
de certificados, la actualización de inscripciones de documentos
y tener al día los títulos de propiedad (artículos 42-44).
Conviene precisar que en este caso las tres etapas restantes del
proceso de registro, calificación, inscripción y constancia de registro,
las cumple la oficina correspondiente, de acuerdo con la competencia
territorial establecida en el artículo 5 de la Ley 1579 de 2012.
3. Apertura de matrículas de bienes baldíos para evitar la apropiación
indebida de terrenos de la nación. El objetivo es que todos
estos bienes tengan matrícula inmobiliaria abierta antes de ser
adjudicados o sometidos a regímenes especiales mediante actos
administrativos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.
Incoder. Este requisito permite tener un inventario actualizado de
los baldíos nacionales, el saneamiento legal y físico de los predios
rurales que se encuentran sin identificación, la formalización de
la propiedad. En el Congreso se incluyeron los baldíos que se encuentran
ubicados en áreas que conforman el Sistema Nacional
de Parques Nacionales Naturales, cuya apertura de matrículas
corresponde ordenar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (artículos 57-58).
4. Interrelación Registro-Catastro. Las oficinas de registro deben
informar dentro de los diez (10) primeros días de cada mes a las
oficinas de catastro acerca de las mutaciones y modificaciones de
la descripción física de los bienes inmuebles y hacerlo a través de
medios técnicos o electrónicos que ofrezcan seguridad y agilidad.
Este deber fue consagrado en el artículo 2 del Decreto Ley 1711 de
1984, derogado por el nuevo estatuto. Las oficinas de Catastro solo
podrán efectuar modificaciones y adecuaciones a la información
jurídica catastral de los inmuebles con base en la información que
reciban de las oficinas de Registro. Las oficinas de Catastro informarán
a las de Registro acerca de la asignación de los números
catastrales correspondientes a los predios que generan una nueva
ficha predial. (Artículos 65-66).
5. Concurso para el ingreso a la carrera registral y creación del
Consejo Superior de la Carrera Registral. Se institucionaliza para
los registradores un régimen de carrera y de ingreso por concurso

176 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 177
público que contempla análisis de méritos y antecedentes, prueba
de conocimientos y entrevista (artículos 83-89).
6. Responsabilidad de los registradores y función interventora de
la Superintendencia de Notariado y Registro a las oficinas de
Registro, cuando la situación lo amerite, de oficio o a petición de
entidades de control, judiciales o en virtud de quejas de los ciudadanos
(artículos 92-103).
7. El proyecto presentado por el Gobierno pretendía la organización
del servicio público en cinco círculos regionales de registro, a saber:
Caribe, Pacífico, Orinoquia, Central, Andino. Esta iniciativa fue
modificada en las discusiones del Congreso, que aprobó las regiones
no como círculos registrales que afectarían la competencia
territorial del registro de documentos, sino como regiones registrales
que facilitan a la Superintendencia el manejo administrativo,
financiero, operativo y de personal de las oficinas de Registro
(artículo 73).
Registro de medidas cautelares. Deben individualizarse los bienes y las
personas y ha de citarse la matrícula inmobiliaria. Además, con la medida
cautelar debe solicitarse certificado con destino al juez. Consagra la prohibición
judicial y la concurrencia del embargo decretado por juez o fiscal que
investiga falsedad de títulos de propiedad inscritos (artículos 33-37). (El contenido
de este apartado se tomó de la exposición de motivos del Proyecto de
Ley 242 de 2011, pp. 33-37).
-14-
Registros públicos en
el derecho comparado
Los distintos registros públicos pueden encontrarse en una legislación uniforme
o en distintos estatutos que fijen los fines, principios, formas y procedimientos
de las inscripciones. La dirección, el control o la prestación del
servicio de los diferentes registros públicos de un país pueden estar en cabeza
de varios organismos o estar asignados a distintas instituciones, o ser
responsabilidad de un solo organismo; por ejemplo, de una dirección nacional
o de una superintendencia.
Los registros públicos formalizan y dan publicidad a algunas de las relaciones
jurídicas que el Estado considera vitales para el desarrollo armónico
de la sociedad. Bajo esta perspectiva, cumplen con una de las finalidades
fundamentales del derecho, cual es aquella de dar seguridad y certeza a los
miembros de la comunidad respecto de situaciones que por su importancia
económica o social no pueden ser clandestinas.
El Segundo Congreso Internacional de Derecho Registral, celebrado en
Madrid en 1974, consideró, a solicitud de la delegación española, un proyecto
que sugería la creación de una institución organizada por el Estado, encargada
exclusivamente de varios registros, entre ellos el inmobiliario, el de
buques y el de aeronaves, el de empresas individuales y sociales, el de bienes
muebles y el de derechos incorporales, en exclusiva.
La propuesta pretendía la universalización de esta disciplina, dada la
existencia de un patrimonio común de principios teóricos y criterios técnicos,
y fue acogida por los países miembros como recomendación para evaluar.
Consecuentemente, existen en la actualidad legislaciones como el
Código Civil del Perú, de 1984, que en su libro ix, artículos 2008-2045, regula
la publicidad de los derechos registrales. En desarrollo de los principios
consagrados en ese código, la Ley 26366 de 1994 creó el Sistema Nacional
de los Registros Públicos y la Superintendencia Nacional de los Registros

178 el registro mercantil en colombia
Teoría general de los registros públicos 179
Públicos, con la finalidad de preservar la unidad y coherencia del ejercicio de
la función registral en todo el país, orientados a la especialización, simplificación,
integración y modernización de la función, procedimientos y gestión
de todos los registros que lo integran. El Sistema Nacional de los Registros
Públicos peruano vincula, en lo jurídico registral, a los registros de todos los
sectores públicos.
La Superintendencia Nacional de Registros Públicos peruana, es un organismo
descentralizado y autónomo del sector justicia, y es el ente rector
del Sistema Nacional de Registros Públicos, con personería jurídica de
derecho público, con patrimonio propio y autonomía funcional, jurídicoregistral,
técnica, financiera y administrativa. La superintendencia tiene por
objeto dictar las políticas y normas técnico-administrativas de los registros
públicos; planifica, organiza, dirige, coordina y supervisa la inscripción y publicación
de los actos y contratos en los registros públicos que integran el
sistema nacional.
Idéntica orientación se observa en Costa Rica, donde el registro nacional
hace parte del Ministerio de Justicia, y está integrado por tres grandes
registros que, a su vez, se subdividen en secciones: el de la propiedad, compuesto
por el mercantil, el de personas, el de hipotecas y el de la propiedad
inmobiliaria; el de la propiedad industrial, del cual hacen parte las secciones
de marcas, nombres comerciales y patentes de invención, y, por último, el
registro de muebles, integrado por el de prendas y el de automotores.
México cuenta con una Dirección General del Registro Público, compuesta
por varias unidades. Entre ellas se destacan: inscripción inmobiliaria,
comercio, personas morales y bienes muebles. En Uruguay, el Ministerio de
Educación y Cultura tiene la Dirección General de Registros, con dependencias
para traslaciones de dominio, inhibiciones, hipotecas, arrendamientos y
anticresis, vehículos automotores, prendas sin desplazamiento de tenencia,
registro público de comercio, y el de poderes. (VV. AA., 1988. Sistemas de registro
inmobiliario. Extractos de los trabajos presentados por los miembros
del Comité Latinoamericano de Consulta Registral de los países citados).
Los conservadores chilenos, además de registrar la propiedad inmueble,
hacen lo propio con el registro de comercio y la prenda. En España, el
Reglamento de Registro Mercantil de 1956 otorgó la atribución definitiva de
los registros mercantiles a los registradores de la propiedad, sin perjuicio de
la distinción entre una y otra cualidad.
En nuestro país, el registro público mercantil es competencia de las cámaras
de comercio, entidades privadas sin ánimo de lucro, de carácter corporativo
y gremial. La Superintendencia de Industria y Comercio determina
los libros, la forma de hacer la inscripción, y da las instrucciones correspondientes
(artículo 27, C. Co.).
El registro de la propiedad inmueble es un servicio público prestado por
funcionarios del Estado, en el ente llamado Registradora de Instrumentos
Públicos (artículo 1, Ley 1579 de 2012). Las Oficinas de Registro son dependencias
de la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad que tiene
también la inspección, vigilancia y control (artículo 96, Ley 1579 de 2012).
Es claro que en esta materia hay una corriente doctrinal y legal identificada
con la organización de un ente director y ejecutor estatal centralizado,
que es responsable de los distintos registros públicos. Esta situación
exige, en su momento, imponer una teoría general; teoría que, en principio,
ofrece cierta complejidad, en virtud de los matices que acompañan a cada
registro público.
Lo cierto es que en este ensayo se pretendió, a partir de dos de los registros
públicos más importantes, el mercantil y el inmobiliario, esbozar algunos
de los elementos de una teoría general, que motive en el futuro a
expertos en el tema a ampliar, profundizar y corregir esta aproximación.
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Capítulo Iv
El procedimiento
registral de
las cámaras de comercio
como procedimiento administrativo
Sandra Milena Montes Palacio
Abogada y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia
Bolivariana. Medellín, Colombia. Directora de Registros Públicos de
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
José David Martínez Cuervo
Abogado y Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia
Bolivariana, Medellín (Colombia). Jefe del Registro Único de Proponentes de la
Dirección de Registros Públicos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

182 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 183
como procedimiento administrativo
Resumen
El presente artículo describe con detenimiento el procedimiento por el que
deben discurrir los actos camerales en el marco de la función registral, transitando
todo su iter formativo hasta llegar a la producción de los actos definitivos,
comentando en cada oportunidad las circunstancias y las contingencias
de las que pueden ser susceptibles. Bajo esta premisa, el escrito busca llegar
a dos conclusiones fundamentales: la primera, que los actos camerales fruto
del ejercicio de la función registral pasan exactamente por un procedimiento
que tiene su génesis en el derecho fundamental de petición; y, la segunda,
que se trata de un procedimiento administrativo especial enmarcado dentro
del procedimiento administrativo común y principal previsto en la Ley 1437
de 2011 y la posterior norma de reforma sobre este derecho Ley 1755 de 2015.
Este artículo también trata sobre los controles administrativos de los
que pueden ser objeto los actos de registro, pasando por sus presupuestos,
condiciones y requisitos, conforme a las normas que los regulan.
Abstract
The present article thoroughly describes the process by which the actions of the
chambers, in terms of their function as registers, should be reasoned, moving
all of their formative iter until arriving at the production of definitive actions,
stating at each opportunity the circumstances and contingencies to which
they could be susceptible. With this premise, this work aims to arrive at two
fundamental conclusions: first, that the chambers’ actions resulting from their
registry-related functions are subject to a process based on the fundamental
right to petition; and second, that this process is a special administrative process
within the framework of the principal common administrative process set
forth in Law 1437 (2011) and rear law about this rigth Law 1755 (2015).
This article also addresses the administrative controls to which registryrelated
actions may be subject, passing through their budgets, conditions and
requirements in accordance with the rules that govern them.
Introducción
El registro mercantil, considerado hasta hace pocos años –no sin razón– el
registro público por antonomasia, es hoy apenas un capítulo dentro de los
demás registros públicos que deben administrar las cámaras de comercio,
bajo los comunes «principios» de eficiencia, economía y buena fe (cfr. artículo
166, Decreto-Ley 019 del 10 de enero de 2012).
Por esto, el estudio de la función registral adelantada por las cámaras de
comercio no puede contraerse a una revisión de las instituciones jurídicas de
la matrícula, la inscripción y la certificación en el Registro Mercantil; esto comportaría
una simplificación conceptual de las complejas y multiformes tareas
que la Ley ha venido defiriendo en cabeza de estas instituciones registrales.
Las cámaras de comercio del país son responsables de administrar ocho
registros públicos, cada uno con sus principios generales y reglas particulares,
amén de sus especiales circunstancias y dificultades:
Registro público delegado
Registro público mercantil
Registro Único de Proponentes
Registro de entidades sin ánimo de lucro
Registro Nacional de Turismo
Registro nacional público de las personas
naturales y jurídicas que ejercen la actividad
de vendedores de juegos de suerte y azar
(hace parte del registro mercantil)
Normas de habilitación
para el ejercicio de la función
administrativa
Artículo 27, Código de Comercio.
Artículo 6, Ley 1150 de 2007,
modificado por el artículo 221 del
Decreto-Ley 019 de 2012.
Artículo 40, Decreto Ley 2150 de
1995.
Artículo 61, Ley 300 de 1996,
modificado por el artículo 11, Ley 1101
de 2006. Modificado por el Artículo
33, Ley 1558 de 2012. Artículo 221 del
Decreto Ley 019 de 2012.
Ley 643 de 2001. Artículo 166,
Decreto-Ley 19 de 2012.

184 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 185
como procedimiento administrativo
Registro público delegado
Registro público de veedurías ciudadanas
(hace parte del registro de entidades sin
ánimo de lucro)
Registro [de apoderados judiciales] de
entidades extranjeras de derecho privado sin
ánimo de lucro con domicilio en el exterior
que establezcan negocios permanentes
en Colombia (hace parte del registro de
entidades sin ánimo de lucro)
Registro de la economía solidaria (a pesar de su
acusada especialidad, técnicamente hace parte
del registro de entidades sin ánimo de lucro)
Normas de habilitación
para el ejercicio de la función
administrativa
Ley 850 de 2003; artículo 166,
Decreto Ley 19 de 2012.
Decreto 2893 de 2011. Artículo 166,
Decreto Ley 19 de 2012.
Artículo 63, Ley 454 de 1998.
Modificado por el artículo 146,
Decreto Ley 19 de 2012. Artículo 166,
Decreto Ley 19 de 2012.
Esto significa que respecto a los registros públicos administrados actualmente
por las cámaras de comercio se presenta un fenómeno expansivo,
que hace cada vez más compleja su comprensión y la aplicación de los
procedimientos relacionados con ellos, tanto para los ciudadanos como para
los funcionarios encargados de adelantarlos.
De otro lado, el Congreso, en ejercicio de la función legislativa, y el presidente
de la República, al amparo de las facultades extraordinarias, han
expedido normas legales que buscan poner al ciudadano en el centro de
actividad de la administración; a saber, el nuevo Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y el
Decreto Ley 019 de 2012 (Estatuto Antitrámites), entre otras.
Así, pues, en la actividad registral hay una síntesis interesante de dos
fuerzas que se mueven con gran ímpetu, a veces en sentidos distintos: de
un lado, la complejidad y la especialización de la función, y de otro lado la
tendencia a modernizar y a simplificar los trámites que cumple el ciudadano
ante las autoridades.
Por lo expuesto, este texto pretende exponer de una forma sencilla, y
sin renunciar a cierto rigor, la forma en que se encuentra regulado el procedimiento
administrativo de registro, ubicado en el marco del procedimiento
común y principal del nuevo Código de Procedimientos Administrativos.
Con este propósito, el presente texto recorre el libro primero de la Ley 1437
de 2011 y las disposiciones de mayor impacto en los procedimientos registrales,
previstas en el Decreto Antitrámites.
De forma positiva y deliberada, hemos desistido de entrar en la clásica
discusión de los textos de esta estirpe sobre la naturaleza administrativa o
no de los actos de registro, en la medida en que el ordenamiento jurídico
vigente, la jurisprudencia de las altas cortes y la doctrina nacional han aclarado
este punto de manera suficiente; por lo que nos pareció más útil concentrarnos
en el camino que debe transitar, paso a paso, el acto de registrar.
También hemos renunciado a abordar el análisis de los procedimientos
administrativos a través de medios electrónicos, aunque por una razón
distinta a la acabada de mencionar, como quiera que en la actualidad existe
un marco jurídico amplio y con gran repercusión en el sistema registral, que
merece un tratamiento extenso a través de un escrito ulterior.
Así, pues, hay dos secciones en este texto, a saber: una referida al procedimiento
formativo de los actos de registro, que explica el inicio de la actuación
registral y su desarrollo hasta la producción de los actos definitivos;
y otra que se ocupa del control administrativo de los actos de registro, en la
que se explican, de forma sucinta, los medios de impugnación de las decisiones
camerales en ejercicio de la función administrativa de registro.

186 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 187
como procedimiento administrativo
-1-
EL PROCESO FORMATIVO
DE LOS ACTOS DE REGISTRO
1.1 La solicitud de registro: ejercicio del derecho
de petición, en interés particular
El procedimiento administrativo de registro, entendido como aquel que
tiende hacia la inscripción propiamente dicha (esto es, como el trámite que
busca el «acto de inscripción directa» 1 ), inicia con la solicitud de registro, la
cual es expresión del derecho de petición en interés particular regulado a
partir de la Ley 1755 de 2015, ley a partir de la cual el Congreso de la República
acató la instrucción que en su momento le hiciera la Corte Constitucional 2 .
Aunque el derecho de petición es un derecho constitucional fundamental,
y por lo mismo objeto de protecciones legales y judiciales reforzadas 3 , lo
cierto es que se trata de un derecho subjetivo que tiene también una faceta
«instrumental», pues es el medio para realizar ciertos derechos sustanciales
de las personas; aunque su ejercicio (el de derecho de petición) no impone
necesariamente a las autoridades el deber de dar una respuesta favorable al
1 Para comprender el alcance de las expresiones «acto de inscripción directa» y «actos
que no corresponden a inscripción directa», véase Gil (2010, p. 338).
2 Toda referencia que se haga en este escrito a las normas contenidas en el título ii de
la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, debe entenderse en el contexto y bajo los efectos previstos en la
Sentencia C-818 de 2011, la cual declara inexequibles los artículos 13-33 de la Ley
1437 de 2011, en cuanto desarrollan el derecho de petición; decisión diferida al 31
de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso expida la ley estatutaria correspondiente
que logró materializarse a partir de la Ley 1755 de 2015.
3 La calidad de «derecho fundamental» de un «derecho constitucional», le otorga
eficacia directa y la posibilidad de acudir a determinados instrumentos de protección;
en particular, a la acción de tutela (Artículo 86, Constitución Política).
peticionario (esto significa en el contexto cameral que su ejercicio no conduce
indefectiblemente hacia la producción del acto administrativo de inscripción).
En forma reiterada ha señalado la Corte Constitucional que el deber de
responder al derecho de petición no implica inexorablemente para la administración
el deber de aceptar lo solicitado, pues el núcleo esencial del derecho
de petición se encuentra en la resolución pronta, oportuna y eficaz de
la cuestión planteada, mas no en acceder positivamente a todo lo pedido,
pues también es legítimo, desde el punto de vista del derecho fundamental
en examen, que la administración responda todos los puntos planteados de
manera negativa o contraria al interés del particular 4 . Por esta razón, se ha
sostenido que el ejercicio del derecho de petición es diferente al «contenido
de lo pedido a través de él» 5 , de modo que el procedimiento registral, siempre
que se adelante por los cauces regulares que la ley le ha fijado, puede
desembocar, de forma legítima, en la inscripción de actos, libros o documentos;
en la matrícula mercantil; en la renovación (de la matrícula mercantil o
de las inscripciones en los demás registros); en el depósito de documentos;
en la expedición de certificaciones y copias o en el reconocimiento de una
prerrogativa registral. Así como también puede terminar en una abstención
de registro, en la no expedición de una copia, o en el no reconocimiento de
beneficios legales administrados por las cámaras de comercio en ejercicio de
la función registral.
De otro lado, el derecho de petición genera obligaciones de hacer «que
requieren una conducta que se materializa en diversos momentos: recibir,
tramitar, resolver y comunicar. Se trata de requisitos y etapas propias del
desenvolvimiento de este derecho, que requieren mucho más que una
abstención del sujeto pasivo» (Marín Cortés, 2012, p. 116). Estos aspectos o
momentos los iremos desarrollando conforme traspasemos cada una de las
etapas en que consiste, precisamente, el procedimiento de registro.
Se ha dicho, de cara al procedimiento registral, que las
peticiones en interés particular se ven reflejadas diariamente en
las peticiones de matrícula mercantil, en las solicitudes para la
4 Cfr. Sentencia T-517, del 9 de octubre de 1996; sentencia T-134, del 29 de marzo de
1996; Sentencia T-630 del 8 de agosto de 2002, entre otras.
5 Cfr. Sentencia T-152, del 1 de diciembre de 1995.

188 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 189
como procedimiento administrativo
inscripción de los actos o contratos sujetos a registro, en las peticiones
para certificar actos o contratos inscritos, así como en las
peticiones relacionadas con la modificación, corrección o aclaración
de las matrículas, inscripciones o certificaciones emitidas por
las cámaras de comercio. (Montes, 2005, p. 159).
Así pues, el procedimiento administrativo de registro, es decir, aquel
que discurre –con todas sus contingencias– entre la petición de registro y la
inscripción de la matrícula, libro, acto o contrato, principia de ordinario con
el ejercicio del derecho de petición en interés particular; asunto que guarda
perfecta simetría con lo dispuesto en los artículos 4.° y 35 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 6 (en adelante
CPACA sustituido en lo respectivo por la Ley 1755 de 2015, la cual entró
en vigencia el 30 de junio de 2015), como una de las formas para iniciar o
poner en movimiento el procedimiento administrativo.
Bien significativo es que la actuación registral, salvo escasísimas excepciones
legales 7 , resulte enervada por petición de parte interesada y no
6 Ley 1437 de 2011: «Artículo 4. Formas de iniciar las actuaciones administrativas. Las
actuaciones administrativas podrán iniciarse: […] 2. Por quienes ejerciten el derecho
de petición en interés particular» (resaltado nuestro).
«Artículo 35. Trámite de la actuación y audiencias. Los procedimientos administrativos
se adelantarán por escrito, verbalmente, o por medios electrónicos, de
conformidad con lo dispuesto en este Código o en la ley.
Cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos administrativos
únicamente podrán iniciarse mediante escrito, y por medio electrónico solo
cuando lo autoricen este código o la ley, debiendo informar de la iniciación de la
actuación al interesado, para el ejercicio del derecho de defensa.
Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las
actuaciones, con el objeto de promover la participación ciudadana, asegurar el derecho
de contradicción, o contribuir a la pronta adopción de decisiones. De toda
audiencia se dejará constancia de lo acontecido en ella».
Respecto de esta última disposición, transcribimos el siguiente comentario:
«Si bien es cierto que el artículo 35 en comento no indica expresamente que los
procedimientos se inician también a petición del interesado, ello se deduce del
inciso 2.°; pues allí se deja entrever que además de los procedimientos iniciados de
oficio hay otros […]» (Robledo, 2011, p. 204).
7 Son ejemplos recientes de la iniciación oficiosa del procedimiento registral, la
depuración de matrículas mercantiles y la declaración del estado de disolución
de sociedades comerciales, conforme las hipótesis previstas en los parágrafos
1.° y 2.° del artículo 50 de la Ley 1429 de 2010. En este caso, la misma ley y el
como una actividad ex oficio. Ese carácter es consecuencia directa de uno
de los principios que rigen la actividad administrativa registral: el principio
de rogación o de instancia. Para explicar este punto, ha dicho la doctrina notarial
española que el llamado «principio de rogación o de instancia» es de
carácter formal, en cuanto condición previa para iniciar el procedimiento de
inscripción. Se concreta en una manifestación de voluntad dirigida al registrador,
para que este inicie el procedimiento registral:
En virtud de este principio, los asientos en el registro se practican
a solicitud de la parte interesada o por mandato de autoridad judicial
o administrativa. La actuación del registrador es rogada, de
tal manera que si tiene conocimiento de que en la realidad jurídica
se ha producido un acto registrable, no podrá actuar de oficio,
pues una vez presentada la solicitud o petición de la inscripción,
el procedimiento que adelanta el registrador es automático, en
virtud del carácter de interés público de la institución del registro
(Roca, como se cita en Caicedo, 2005, p. 83).
Que la actuación administrativa de registro inicie, por regla general, a
petición de la parte interesada, tiene sustento, también, en el carácter eminentemente
reglado de la función administrativa del registro público. Sobre
este aspecto, de singular trascendencia, la Superintendencia de Industria y
Comercio ha sostenido lo siguiente:
Ejercicio del control formal de legalidad por parte de las cámaras
de comercio. Naturaleza rogada del registro público.
Las cámaras de comercio son entidades privadas que ejercen
funciones públicas por delegación del Estado. Es decir, su competencia
es restringida, toda vez que solamente [sic] se les permite el
ejercicio de un control sobre actos sometidos a registro, conforme
reglamento (incluyendo dentro de este género las instrucciones impartidas por
la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Circular Externa 019 de
2011), fijaron pautas para comunicar y permitir la integración del interés de todos
aquellos posibles afectados con la iniciación de la precitada actuación administrativa,
a fin de proteger los principios de publicidad y contradicción.

190 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 191
como procedimiento administrativo
lo determina la ley; esta función es de carácter eminentemente formal
y se realiza para los casos en que la ley les atribuye tal función.
Por tanto, la competencia arriba citada es reglada y no discrecional,
lo que implica que dichas entidades solo pueden proceder
a efectuar un registro en los casos previstos en la norma, o abstenerse
de efectuar una inscripción por vía de excepción.
En el anterior entendido las autoridades registrales no tienen
la atribución legal de proceder oficiosamente a hacer modificaciones
a los registros obrantes en los registros públicos. Tal proceder
solamente puede tener origen en una solicitud y sufragando los
derechos de inscripción respectivos, según lo previene el Art. 45
del Código de Comercio, que dice: cada inscripción o certificación
causará los emolumentos que fije la ley. (Superintendencia de
Industria y Comercio, Resolución 6369 de 2013).
A pesar del carácter instado del registro, resulta innecesario que el peticionario
señale de forma expresa que actúa en ejercicio del derecho de
petición, de tal forma que al presentar ante las oficinas de radicación de las
cámaras de comercio cualquier documento con vocación a ser inscrito, dicha
conducta revela de manera positiva e inequívoca una solicitud de servicio a
cargo de la entidad registral, solicitud que por lo demás queda comprendida
dentro de los denominados «derechos de petición implícitos o tácitos» (artículos
7 y 13 de la Ley 1755 de 2015). Así pues, para recibir, tramitar y responder
las solicitudes de registro, no es necesario que el peticionario adjunte una
comunicación adicional cumpliendo los requisitos previstos en el artículo
16 de la Ley 1755 de 2015, por lo que la ausencia de un escrito con tales características
no puede ser excusa para dejar de atender este tipo de peticiones.
La singularidad del procedimiento registral hace innecesario el citado
formalismo, pues son las leyes especiales las que establecen en cada caso
los supuestos y los requisitos que se requieren para la inscripción de actos,
libros y documentos.
Otro aspecto a tener en cuenta es que los trámites de registro deben
adelantarse siempre por escrito (comprendiendo dentro de este género las
peticiones por medios electrónicos), en razón del carácter documental de
los registros públicos administrados por las cámaras de comercio. En este
sentido, los funcionarios camerales no tienen facultades legales para recibir
declaraciones verbales sobre hechos que deben documentarse para su inscripción.
«Debido a que el registro mercantil es un sistema documental cuyas
características principales son la solemnidad y el formalismo, es necesaria, en
la mayoría de los casos, la presentación de documentos» (Montes, 2005, p. 83).
La solicitud de registro puede realizarse directamente por el interesado
o por su apoderado, sin necesidad de representación a través de abogado
(inciso final, artículo 13 de la Ley 1755 de 2015). En ocasiones, por la misma
naturaleza de los documentos en los que se hacen constar actos sujetos a
registro, ni siquiera es necesario que los interesados en la actuación hagan
presencia física en las instalaciones de la cámara de comercio 8 . En estos
eventos, la petición de inscripción puede ser iniciada mediante el encargo
que estos hacen en un tercero (por ejemplo, a través de un mensajero) sin
necesidad de exhibir poder alguno.
Excepcionalmente, las cámaras de comercio pueden exigir la presencia
del interesado o la de su apoderado debidamente constituido, a fin de
dar trámite a una petición de registro. Según el artículo 40 del Código de
Comercio: «Todo documento sujeto a registro, no auténtico por su naturaleza
ni reconocido por las partes, deberá ser presentado personalmente por
sus otorgantes al secretario de la respectiva cámara». A veces, leyes especiales
establecen la presentación personal de documentos por parte de sus
suscriptores ante el secretario de la cámara de comercio, como un requisito
indispensable o sine qua non para su trámite 9 .
Recientemente, el presidente de la República, al amparo de facultades
legislativas extraordinarias (parágrafo 1, artículo 75, Ley 1474 de 2011), expidió
el Decreto Ley 019 del 10 de enero de 2012 (Estatuto Antitrámites), estableciendo
en los artículos 17 y 18 de ese cuerpo normativo que los «trámites
8 Puede mencionarse, por ejemplo, el registro de actas en las que se documentan
decisiones sociales sujetas a registro. El valor probatorio de estos documentos
hace innecesaria la presencia física de quienes los suscribieron en calidad de presidente
y secretario de la reunión (artículo 189, CCo; inciso final del artículo 42, Ley
1429 de 2010; y artículo 25, Decreto Ley 19 de 2012).
9 Requiere presentación personal ante el secretario de la cámara de comercio el documento
privado de constitución de Empresas Unipersonales (Parágrafo del artículo
72, Ley 222 de 1995), o el documento privado de constitución de sociedades
pluripersonales (artículo 22, Ley 1014 de 2006, y Parágrafo 2 del artículo 1, Decreto
4463 de 2006).

192 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 193
como procedimiento administrativo
ante registros públicos», y particularmente los que impliquen «cesión de derechos»,
requerirán de la captura biométrica de la huella dactilar del interesado,
con el objeto de ser verificada por medios electrónicos. Dicha tecnología,
en todo caso, debe garantizar la interoperabilidad necesaria para cotejar
la identidad del titular de la huella con la base de datos de la Registraduría
Nacional del Estado Civil 10 .
Lo anterior, naturalmente, sin perjuicio de que la cámara de comercio
deba verificar el «interés» del peticionario, lo cual se cumple, de ordinario,
verificando que los documentos presentados para registro se encuentren
firmados por las personas que, conforme las leyes registrales, deben suscribirlos:
i. e. presidente y secretario de la reunión, en tratándose de actas
(artículo 189, C. Co.); constituyentes, otorgantes o asociados, cuando se trate
de la constitución de personas jurídicas (artículo 110, C. Co.; parágrafo del
artículo 5, Ley 1258 de 2008; artículo 72, Ley 222 de 1995; artículo 40, Decreto
Ley 2150 de 1995; inciso 3, artículo 14, Ley 79 de 1988; entre otras); el cedente,
el cesionario y el representante legal, cuando se trate de la cesión de cuotas
sociales (artículo 362, C. Co.); vendedor y comprador, arrendador y arrendatario,
cedente y cesionario, donante y beneficiario, cuando se trate de la
inscripción de actos o contratos que impliquen la transferencia, limitación
o modificación del dominio de establecimientos de comercio, a cualquier
título (Art. 533, C. Co.); el juez, el secretario o el servidor público competente,
cuando se trate del registro de providencias judiciales o administrativas o de
órdenes de autoridades (artículo 41, C. Co.); el inscrito, el comerciante o su represente
legal, cuando se trate de la renovación, las mutaciones o la cancelación
de la matrícula mercantil (artículos. 33, 35 y 36, C. Co.); el proponente,
su revisor fiscal o contador público, en el caso de la inscripción, actualización
o renovación del RUP, con fundamento en el formulario y los documentos de
soporte (artículo 221, Decreto Ley 19 de 2012), etc.
Otra condición para la tramitación de peticiones de registro, cuya especialidad
excepciona el régimen común y principal del CPACA y de la Ley 1755
de 2015, es la necesidad de acreditar el pago de las expensas registrales que,
de acuerdo con la ley, son causadas por la prestación del servicio registral 11 .
De otro lado, según lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 15 de la Ley
1755 de 2015 (norma que es consecuencia del principio de eficacia de las actuaciones
administrativas), antes de proceder a la radicación formal de la
solicitud de registro, debe adelantarse, por parte del funcionario cameral,
una «revisión formal y preliminar» de toda la documentación presentada,
con el fin de precaver la falta de informaciones o documentos, o para subsanar
la ostensible omisión de requisitos legales. Desde luego, esta revisión
formal no puede confundirse con el estudio de fondo de la petición; es decir,
no equivale a la calificación jurídica del documento.
A pesar de lo dicho,
esta revisión deberá ser completa, es decir, deberá poner de presente
la totalidad de los defectos o fallas que tenga, de manera
que el solicitante pueda corregirlos de una vez. Sin embargo, la
ley autoriza al peticionario a insistir en que se le reciba aunque no
tenga los requisitos completos, caso en el cual así se hará, dejando
constancia de los requisitos o documentos faltantes, y si es posible
se le dará tramite en los términos del artículo 17 del CPACA SIC
(Ley 1755 de 2015) (Arboleda, como se cita en AA. VV., 2011, p. 190).
Por consiguiente, la Cámara de Comercio puede iniciar el trámite a condición
de que informe verbalmente al interesado sobre las posibles deficiencias
u omisiones que han sido advertidas en la documentación presentada
para estudio.
10 La implementación de la tecnología para la captura biométrica de la huella dactilar,
por parte de las cámaras de comercio, requiere de instrucciones generales por
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, «en cuanto a los requerimientos
mínimos que deben adoptar las cámaras de comercio, a fin de prevenir
fraudes en los registros públicos que administran, en procura de garantizar la seguridad
y confiabilidad de la información que reposa en los mismos, tanto para
los usuarios del registro como para los terceros a los que les son oponibles dichos
actos” (cfr. artículos 4 y 7, Decreto 489 de 2013).
11 Los emolumentos más importantes son: de un lado, los derechos económicos por
la matrícula mercantil, su renovación y sus mutaciones; los derechos de inscripción
de actos, libros y documentos; el valor de las certificaciones y formularios
(artículo 45, CCo; artículo 124, Ley 6 de 1992; Decreto 393 de 2002). Asimismo, se
cuenta el impuesto de registro y anotación de orden departamental, causado por
la solicitud de inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales,
de los cuales sean parte o beneficiarios los particulares (artículos 226-235, Ley 223
de 1995; artículos 187 y 188, Ley 1607 de 2012; Decreto 650 de 1996).

194 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 195
como procedimiento administrativo
1.1.1 Peticiones estandarizadas o en masa:
formulario de Registro Único Empresarial y Social
Según el inciso 4 del artículo 15 de la Ley 1755 de 2015, y el artículo 26 del
Decreto Ley 019 de 2012, las autoridades podrán exigir, en forma general,
que ciertas peticiones se presenten por escrito; para lo cual podrán elaborar
formularios para la atención de peticiones masivas, a fin de facilitar la presentación
de la petición y permitir la producción estandarizada de los actos
administrativos correspondientes.
Sin embargo, cuando se trata de la solicitud de «inscripción» 12 en los registros
que componen el Registro Único Empresarial y Social, RUES, a cargo
de las cámaras de comercio, existe norma legal especial en la que hay un tratamiento
diferente al previsto en el régimen común y principal acabado de
reseñar. En efecto, según lo dispone el artículo 166 del Decreto-Ley 019 de 2012,
el organismo que ejerza control y vigilancia de las cámaras de
Comercio establecerá los formatos y la información requerida para
la inscripción en el registro y la renovación de la misma […]. Los derechos
por la prestación de los servicios registrales serán los previstos
por la ley para el Registro Mercantil, el Registro Único de Proponentes
y el Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, según el caso.
Por lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio instruyó de
manera general, a través de su Circular Única, lo que se transcribe:
Formulario del Registro Único Empresarial y sus anexos.
El formulario de inscripción en el Registro Único Empresarial y sus
anexos corresponde al Anexo n. o 4.9 de la presente Circular, y deberá
entrar a aplicarse de manera uniforme en las cámaras de comercio
12 Entendiendo el término «inscripción» en un sentido lato, pues en el uso del formulario
RUES quedan comprendidos en la expresión los siguientes actos de registro: la
obtención de la matrícula mercantil de comerciantes y establecimientos de comercio
y su renovación anual; la inscripción de entidades sin ánimo de lucro y su renovación
anual; la inscripción de entidades de la economía solidaria y su renovación
anual; y la inscripción, actualización (incluido el cambio de domicilio), renovación y
cancelación voluntaria de la inscripción en el Registro Único de Proponentes.
del país. A partir del 2 de enero de 2014, las cámaras de comercio del
país deberán adoptar el Formulario Único de Registro Empresarial
y Social-RUES y sus anexos, el cual reemplazará al que aparece en el
Anexo n. o 4.9 del Título XI de la presente circular.
De esta forma, toda información que deba reportarse al Registro Único
Empresarial y Social, a fin de obtener la inscripción o la renovación de alguno
de los registros que lo componen, debe adelantarse mediante la utilización
del formulario RUES, cuyo esquema gráfico ha sido aprobado por la
Resolución 71029 de 2013 de la Superintendencia de Industria y Comercio
(modificada por las resoluciones 82720 de 2013 y 16771 de 2014), y que se
incorpora como anexo de la Circular Única expedida por la misma autoridad
(cfr. numeral 1.1.2.2., capítulo i, título viii, Circular Única SIC).
Asimismo, la adquisición (por cualquier medio) del formulario RUES,
causa la tarifa prevista en el artículo 27 del Decreto 393 de 2007.
Ahora bien, puede darse el caso del peticionario que considere necesario
aportar o formular con su petición de registro otros argumentos, pruebas
o documentos adicionales que no se suministran a través del formulario
RUES. En estos casos, la cámara de comercio dará aplicación a lo dispuesto
en el inciso 3.° del artículo 15, y en el Parágrafo del artículo 16 de la Ley 1755
de 2015,
debiendo resolver todos los aspectos que les sean planteados
o presentados más allá del contenido de dichos formularios.
Obviamente, se trata de casos especiales en los que el peticionario
considera tener derecho a una decisión positiva, pero que por
alguna razón se sale de lo que comúnmente se tramita. (Arboleda,
2011, p. 190).
Finalmente, el artículo 50 del Decreto 2042 de 2014 faculta a las cámaras
de comercio para que utilicen sistemas de inscripción por medios
electrónicos o «formularios prediligenciados», con los cuales busca lograr
una mayor eficiencia al momento de atender las peticiones de matrícula,
su renovación, y en general la inscripción de cualquier acto o documento
relacionado con los registros públicos.

196 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 197
como procedimiento administrativo
1.2 Otras peticiones
(solicitudes distintas al acto de inscripción directa)
Conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, también es expresión
del derecho constitucional de petición toda solicitud que se formule a la
cámara de comercio con el fin de obtener copias de los registros o la expedición
de certificaciones, así como también cualquier solicitud de información
o la formulación de consultas que hagan relación a las materias a cargo de
las autoridades registrales. Del mismo modo, son derechos de petición las solicitudes
de devolución de dineros; la petición de correcciones; las peticiones
de abstención de registro; las peticiones que tiendan al reconocimiento de
prerrogativas registrales; la presentación de quejas, reclamos o denuncias;
la solicitud de un servicio; la utilización de las líneas de atención al cliente o
las llamadas al call center, etc.; en fin, toda solicitud dirigida a la cámara de
comercio, aunque la misma no tenga por cometido el registro de actos o documentos
(es decir, que no tienda hacia el acto de inscripción directa).
A diferencia de la solicitud de registro (que, como se indicó, debe adelantarse
por escrito), las demás peticiones que no pretendan el acto de inscripción
directa podrán presentarse verbalmente o por escrito. Incluso, podrán
tramitarse a través de cualquier medio idóneo para la comunicación
o transferencia de datos (artículo 15 de la Ley 1755 de 2015). En este mismo
sentido, a diferencia de la petición de registro o la petición de certificaciones
y copias, las demás solicitudes reseñadas en este apartado siguen la regla
general de la gratuidad (inciso 3, artículo 13 de la Ley 1755 de 2015).
En relación con las peticiones verbales, el artículo 7 de la Ley 1755 de
2015 ordena que deben ser recibidas y tramitadas, para lo cual se dispondrá
de un mínimo de horas de atención a las personas que acudan a las oficinas
de las cámaras de comercio, las cuales deben contar con personal especializado
para atenderlas 13 . Las demás peticiones verbales deberán ser recibidas
por los funcionarios especializados y decididas oportunamente, para lo cual
13 La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia cuenta desde hace varios años
con una dependencia de Orientación al Usuario, compuesta por personal profesional,
capacitado en asuntos registrales y camerales. Asimismo, cuenta con funcionarios
adscritos al CAE (Centro de Atención Empresarial).
el peticionario podrá pedir que se le expida una constancia de haberla presentado,
lo que se hará en forma sucinta.
Cuando se presenten peticiones escritas (y las mismas no se hagan a
través de formularios o formas predispuestas), el interesado las redactará
observando los requisitos mínimos de contenido previstos en el artículo 16
de la Ley 1755 de 2015 14 , a saber:
Artículo 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener,
por lo menos:
1. La designación de la autoridad a la que se dirige.
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante
y/o apoderado; si es el caso, con indicación de su
documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia.
El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección
electrónica. Si el peticionario es una persona privada que
deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar
su dirección electrónica.
3. El objeto de la petición.
4. Las razones en las que fundamenta su petición.
5. La relación de los requisitos exigidos por la ley y de los documentos
que desee presentar para iniciar el trámite.
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.
Mención especial merece el parágrafo del artículo 16 de la Ley 1755 de
2015, según el cual toda autoridad tiene la obligación de revisar integralmente
la petición «y en ningún caso la estimará incompleta por falta de
requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico
vigente y que no sean necesarios para resolverla». De tal forma, las cámaras
de comercio deberán estudiar y decidir cada uno de los asuntos planteados
en la petición, sin que para ello puedan oponer requisitos o exigencias no
14 En verdad, más que requisitos que inexorablemente deban cumplirse, se trata de
aspectos de la petición, en la medida en que no comportan requisitos de admisibilidad.
Es importante recordar que las autoridades solo pueden devolver, salvo
ley especial que disponga lo contrario, aquellas peticiones irrespetuosas, oscuras o
reiterativas en las que no sea posible comprender su finalidad u objeto (artículo 19
de la Ley 1755 de 2015).

198 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 199
como procedimiento administrativo
previstos en el ordenamiento jurídico. Esto, naturalmente, no riñe con la revisión
formal que el funcionario cameral debe hacer en la instancia de recibo
de la petición, informando al interesado los requisitos o documentos que
llegaren a faltar en su solicitud, pero sin que ello sea un obstáculo insalvable
para radicar la petición si el interesado insiste en ella (inciso 3, artículo 15 de
la Ley 1755 de 2015).
Según el inciso final del artículo 15 de la Ley 1755 de 2015, las peticiones
escritas se podrán acompañar de una copia que, autenticada por el funcionario
cameral respectivo, con anotación de la fecha y hora de su presentación,
y el número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor
legal del original y se devolverá al interesado. Esta autenticación no causará
costo alguno al peticionario.
Cuando las cámaras de comercio se enfrenten a peticiones cuya resolución
corresponda a otra autoridad, esto es, cuando no tengan competencia
para decidirla, darán aplicación a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755
de 2015; caso en el cual deberán advertirlo en forma inmediata al peticionario,
cuando la petición se presente personalmente, de manera que se pueda
dirigir inmediatamente ante la autoridad competente. Si la petición se formula
por escrito, la autoridad que la recibió deberá remitirla a quien conforme
la ley sea competente, de suerte que no puede devolverla al peticionario
o archivarla, sino que en forma automática debe remitirla a la autoridad que
efectivamente pueda decidir lo pedido.
Dicha remisión se debe realizar en un plazo no mayor a diez días hábiles,
contados a partir del recibo de la petición, tiempo durante el cual la
cámara de comercio deberá comunicarle al peticionario la actuación adelantada,
adjuntándole copia del oficio remisorio. A esta decisión no le cabe recurso
administrativo alguno, ni precisa de notificación formal, pues se trata
de un simple acto administrativo de trámite que no pone fin a la actuación,
pues la petición no se ha resuelto aún.
Sobre este punto, resulta importante mencionar que la falta de jurisdicción
territorial de una cámara de comercio no podrá oponerse, bajo
ninguna circunstancia, a dejar de recibir una petición con destino a otra
cámara de comercio, no solo por lo dispuesto en la norma que se comenta,
sino además por la implementación del sistema del Registro Único
Empresarial y Social, RUES, que prevé tal circunstancia como uno de sus
requerimientos de servicio (cfr. artículo 11 de la Ley 590 de 2000, artículo
166 del Decreto 19 de 2012, y el numeral 1.5.3.1 de la Circular Externa 019 del
31 de agosto de 2012).
Toda petición debe ser respetuosa, pero cuando no lo sea la cámara
de comercio no podrá abstenerse de recibirla y tramitarla por ese hecho (lo
dicho, sin perjuicio de que pueda recurrir a las autoridades respectivas para
que se impongan las sanciones correspondientes). El artículo 19 de la Ley
1755 de 2015 solo permite devolver al interesado la petición irrespetuosa,
oscura o reiterativa, cuando no se comprenda su finalidad u objeto, para
que el peticionario la corrija o aclare dentro de los diez días siguientes. En
caso de no corregirse o aclararse, se archivará sin necesidad de ninguna
actuación ulterior.
Finalmente, los usuarios del sistema registral podrán acudir ante la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, así como ante
los personeros distritales o municipales en el nivel local, cuando las cámaras
de comercio se hayan negado a recibir las peticiones de registro (o cualquiera
otra petición), con el propósito de que estas autoridades las reciban, en
sustitución de la cámara renuente, y le exijan su recibo y trámite, además
de poder compelerlas al cumplimiento de sus deberes legales (artículo 23
de la Ley 1755 de 2015). Naturalmente, las mismas facultades pueden predicarse
de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto autoridad
de vigilancia y control de las cámaras de comercio, amén de ser su superior
funcional (cfr. artículos 27, 87 y 94, C. Co.; Decreto 4886 de 2011).
Ahora, en cuanto a cada modalidad de petición, se pueden hacer los
siguientes comentarios:
En primer lugar, las cámaras de comercio atenderán las solicitudes de
información que se presenten en relación con las funciones de la entidad,
así como las solicitudes de expedición de copias de los documentos que
tengan relación directa con la función administrativa del registro. También
atenderán aquellas relacionadas con su funcionamiento, las normas que le
dan origen y definen sus funciones, su naturaleza y estructura, el organigrama,
entre otras que se consideren pertinentes, sin que para suministrar
este tipo de información se exija la presencia del interesado (artículo 8 de
la Ley 1755 de 2015).
Algunas normas especiales establecen que las cámaras de comercio
deben suministrar informaciones adicionales sobre materias a su cargo, señalando
de forma explícita qué medios deben emplear. Este es el caso, por

200 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 201
como procedimiento administrativo
ejemplo, de los beneficios previstos en la Ley 1429 de 2010 para la formalización
de nuevas pequeñas empresas 15 .
Con fundamento en el derecho a obtener informaciones, cualquier
persona puede consultar y solicitar copias a su cargo de los documentos
que reposen en el archivo del registro público, salvo los que lleguen a tener,
de forma excepcionalísima, carácter reservado, de conformidad con la
Constitución Política y la ley. Cuando se rechace una petición de información
por motivos de reserva constitucional o legal, la cámara de comercio deberá
negar su expedición, mediante acto motivado que se notificará al peticionario
(artículo 25 de la Ley 1755 de 2015). Contra el acto de rechazo no procede
recurso alguno. Sin embargo, el interesado podrá insistir en su petición, caso
en el cual corresponderá decidir, en única instancia, al juez administrativo
con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la cámara de comercio que
posee las informaciones o documentos presuntamente reservados, a fin de
negar o aceptar la petición, siguiendo para el efecto el procedimiento previsto
en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015.
En segundo lugar, la expedición de copias se sujetará a lo previsto en
el artículo 29 de la Ley 1755 de 2015, en el sentido de que los costos de la
15 Circular Externa n.° 07 del 11 de marzo de 2011, que adiciona el título viii, capítulo i
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio:
«1.1.2.2.2. Información sobre los beneficios previstos en la Ley 1429 de 2010:
Formalización y Generación de Empleo. Las cámaras de comercio tienen el deber
de informar a los comerciantes de los beneficios que otorga la Ley 1429 de 2010 a
las pequeñas empresas. Dicho deber se ha de cumplir mediante la publicación de
avisos que sean lo suficientemente visibles, en las áreas dedicadas a la recepción
de documentos de todas sus sedes, y en carteleras y folletos informativos, así como
mediante publicación en la página de Internet de la respectiva cámara de comercio,
y en sus boletines. De igual manera, se deberán utilizar los demás mecanismos de
publicidad establecidos en el parágrafo 3 del artículo 50 de la Ley 1429 de 2010.
La información deberá ser concreta y clara respecto de los beneficios que se otorgan
a las pequeñas empresas, así como los que se derivan para cualquier comerciante
que pretenda ponerse al día en la renovación de la matrícula mercantil, en
los términos del artículo 50 de la Ley 1429 de 2010.
Si el comerciante cumple con los presupuestos consagrados en el artículo 50 de
la Ley 1429 de 2010, las cámaras de comercio deberán liquidar los valores de renovación,
conforme a lo previsto en dicha norma, y, en caso de no hacerlo, deberán
proceder a las devoluciones correspondientes.
La constancia sobre la condición de pequeña empresa en los certificados de los comerciantes
debe ser visible y constar en donde se relacione la información general
del comerciante».
expedición de las copias correrán por cuenta del interesado en obtenerlas,
siempre que el precio de las mismas no exceda el valor de reproducción.
Finalmente, los ciudadanos pueden formular consultas a las cámaras
de comercio en relación con las materias a su cargo, esto es, siempre que el
asunto objeto de consulta se encuentre bajo el ámbito de competencia del
ente cameral. Según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, los
conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas
en ejercicio del derecho a formular consultas, no serán de obligatorio
cumplimiento o ejecución. Sobre el alcance de los conceptos fijado en la Ley
de Procedimientos Administrativos, se ha dicho que:
El artículo 28 regula los efectos jurídicos de los conceptos que emita
la entidad como respuesta a las consultas que le formulen los
particulares, ordenando que no serán de obligatorio cumplimiento
o ejecución. De este mandato surgen estas consideraciones:
La primera, que un concepto no es un acto administrativo de
contenido particular, pues en sí mismo no contiene una manifestación
de voluntad de la administración que tenga la virtualidad
de producir efectos jurídicos vinculantes, en relación con el peticionario,
con la autoridad que conceptúa y aún frente a terceros
que pudieren estar interesados en la respuesta.
La segunda, que la forma como la administración actúa de
manera vinculante para sí misma y la generalidad de las personas
es el reglamento, no solo a través de la potestad reglamentaria
propia del presidente de la República, sino a través de los
demás reglamentos de la administración en el preciso marco de
las competencias de cada organismo o entidad, por tanto los conceptos
emitidos no pueden suplir ni menos aún competir con los
reglamentos.
La tercera, que los conceptos no pueden interpretar la ley en
el sentido de darle un alcance o preferir un sentido frente a otro
posible, se limitan simplemente a explicar las competencias a cargo
de la entidad y la forma de ejercerlas, con el fin de orientar a
los particulares en el cumplimiento de sus deberes o el ejercicio de
sus derechos. (Arboleda, 2011, p. 196).

202 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 203
como procedimiento administrativo
1.3 Términos para decidir las distintas peticiones
ante las cámaras de comercio
1.3.1 Término para tramitar y decidir
las peticiones de registro
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 14 de la Ley 1755
de 2015, el plazo máximo del que dispone la cámara de comercio para tramitar
y decidir una petición de registro es de quince días, que deben entenderse
como hábiles. El plazo para decidir sobre el registro se cuenta a partir del
día siguiente a la fecha de radicación de los documentos (esto es, a partir de
la recepción formal de la solicitud de registro).
Ahora, según el parágrafo del artículo que se comenta, si a la cámara
de comercio no le resulta posible dar respuesta oportuna a la petición de registro,
deberá informarlo de inmediato y antes del vencimiento del término
inicial, indicando el plazo razonable en el que dará respuesta al interesado
(respuesta que puede consistir en una inscripción o en una abstención de
registro), tiempo que en todo caso no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto en la norma.
La celeridad de los trámites judiciales y administrativos, como uno de
los presupuestos que integran el derecho a un debido proceso sin dilaciones
injustificadas, debe entenderse a la luz del principio de razonabilidad. Para
ello, la Corte Constitucional colombiana ha adoptado el criterio interpretativo
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el plazo razonable
16 , derivando una regla judicial que integra el bloque de constitucionalidad
en el derecho interno. En efecto, ha señalado la Corte Constitucional:
16 Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Sentencia del 27 de noviembre de 2008
(Fondo, reparaciones y costas). Voto concurrente núm. 2: «… Con respecto al plazo
razonable, la Corte Interamericana había seguido hasta hoy el criterio adoptado
por la Corte Europea de Derechos Humanos, que, desde luego, suministra una útil
referencia sobre los puntos a considerar sobre la razonabilidad del plazo invocado
en el marco del debido proceso legal. En torno a esta cuestión, ambos tribunales se
remiten a tres datos relevantes: complejidad del asunto sujeto a juicio, actividad
del órgano de conocimiento, y conducta procesal del litigante; esto es, un elemento
concerniente al carácter mismo de los hechos sujetos a conocimiento y del proceso
en el que éste se realiza».
Quien presenta una demanda, interpone un recurso, formula una
impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de los
términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene
derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos
legales dispuestos para ello, pues, de lo contrario, se le desconocen
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia.
No obstante lo anterior, para establecer si la mora en la decisión
oportuna de las autoridades es violatoria de derechos fundamentales,
es preciso acudir a un análisis sobre la razonabilidad del
plazo y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento
de los términos. De esta manera, puede afirmarse que, de conformidad
con la doctrina sentada por esta Corporación, la mora
judicial o administrativa que configura vulneración del derecho
fundamental al debido proceso se caracteriza por: (i) el incumplimiento
de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora
desborde el concepto de plazo razonable que involucra análisis
sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado,
la conducta de la autoridad competente y el análisis global
de procedimiento; (iii) la falta de motivo o justificación razonable
en la demora. (Sentencia T-693 de 2011).
1.3.2 Término para tramitar y decidir las peticiones
de copias de documentos
El numeral 1 del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 establece que las peticiones
de documentos deberán resolverse dentro de los diez días hábiles siguientes
a su recepción. La misma disposición señala que si dentro del término
concedido no se ha dado respuesta al peticionario, opera un supuesto de
silencio administrativo positivo, caso en el cual la cámara de comercio estará
obligada a entregar las copias solicitadas dentro de los tres días siguientes
a su acaecimiento.
Sin embargo, resulta importante precisar que este plazo se puede suspender,
en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, cuando

204 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 205
como procedimiento administrativo
el interesado deba cumplir una gestión de trámite a su cargo, lo que puede
suceder si debe acreditar el pago por la reproducción de las copias.
1.3.3 Término especial para expedir certificaciones
Según lo dispuesto en el numeral 1.2.8 del título viii, capítulo i de la Circular
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, los certificados podrán
ser solicitados a las cámaras de comercio en cualquiera de las oficinas o seccionales,
y serán expedidos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la radicación
de la petición, previa cancelación de los derechos previstos para el efecto.
1.3.4 Término para responder consultas
Conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, las
cámaras de comercio cuentan con un plazo máximo de treinta días hábiles
para dar respuesta a las consultas que se les formulen en relación con
las materias a su cargo, contados a partir del día siguiente a su recepción.
Esto, sin perjuicio de que la cámara de comercio pueda rogar la prórroga del
término inicialmente previsto, en atención a lo previsto en el parágrafo del
artículo en comento.
1.3.5 Plazo para responder peticiones de información
provenientes de otras autoridades
El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece en su artículo 30 que las peticiones de información
que provengan de otras autoridades (incluidos los particulares que ejerzan
funciones públicas o administrativas), se resolverán en un término no mayor
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a su recepción. Sobre
esta disposición se ha hecho el siguiente comentario:
Del título de la norma se desprende que el código acepta que
pueda haber derecho de petición entre organismos y entidades
públicas más allá de los casos en que actúe como un particular. Al
efecto solo regula el derecho de petición de informaciones entre
entidades, el cual tendrá un plazo máximo y único de respuesta
de diez días, remitiendo el trámite de las demás solicitudes a las
normas generales ya estudiadas. (Arboleda, 2011, p. 198).
1.3.6 Silencio negativo
Salvo para la expedición de copias, y sin perjuicio de la prórroga o suspensión
de términos, una vez transcurridos tres meses desde la radicación de
una petición ante la cámara de comercio, sin que se haya notificado decisión
que la resuelva, se entenderá que la misma es negativa (artículo 83, CPACA).
Dice la ley que la ocurrencia del silencio administrativo negativo no exime
de responsabilidad al servidor que debió atender la petición, ni excusa
del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya
hecho uso de los recursos administrativos en contra del acto presunto, o que
habiendo acudido ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se
haya notificado el auto admisorio de la demanda.
1.4 Recepción y radicación en orden cronológico de
las peticiones de registro: expresión del derecho de
turno y del principio de prioridad o rango registral
Recibida formalmente la petición de registro por la cámara de comercio, ésta
procederá a radicarla en orden cronológico, a fin de tramitarla y resolverla en
el estricto orden de su presentación. Dos son las razones que imponen este
tratamiento a las solicitudes registrales: la primera, como consecuencia del
principio de igualdad, que se materializa en el plano de los procedimientos
administrativos en el llamado «derecho de turno», regulado en el artículo 15
de la Ley 962 de 2005, a saber:
Artículo 15. Derecho de turno. Los organismos y entidades de la
administración pública nacional que conozcan de peticiones, quejas,
o reclamos, deberán respetar estrictamente el orden de su

206 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 207
como procedimiento administrativo
presentación, dentro de los criterios señalados en el reglamento
del derecho de petición de que trata el artículo 32 del Código
Contencioso Administrativo, sin consideración de la naturaleza de
la petición, queja o reclamo, salvo que tengan prelación legal. Los
procedimientos especiales regulados por la ley se atenderán conforme
a la misma. Si en la ley especial no se consagra el derecho
de turno, se aplicará lo dispuesto en la presente Ley.
En todas las entidades, dependencias y despachos públicos,
debe llevarse un registro de presentación de documentos, en los
cuales se dejará constancia de todos los escritos, peticiones y recursos
que se presenten por los usuarios, de tal manera que estos
puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno, dentro de
los criterios señalados en el reglamento mencionado en el inciso
anterior, el cual será público, lo mismo que el registro de los
asuntos radicados en la entidad u organismo. Tanto el reglamento
como el registro se mantendrán a disposición de los usuarios en la
oficina o mecanismo de atención al usuario.
Cuando se trate de pagos que deba atender la administración
pública, los mismos estarán sujetos a la normatividad presupuestal.
Asimismo, el CPACA, al regular los principales deberes de las autoridades
en la atención de las peticiones del público, dispone lo siguiente:
Artículo 7. Deberes de las autoridades en la atención al público. Las
autoridades tendrán, frente a las personas que ante ellas acudan
y en relación con los asuntos que tramiten, los siguientes deberes:
[...] 4. Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades
del servicio y las nuevas tecnologías, para la ordenada atención de
peticiones, quejas, denuncias o reclamos, sin perjuicio de lo señalado
en el numeral 6 del artículo 5 de este Código.
Por tanto, las cámaras de comercio, en cuanto a los particulares que
ejercen una función administrativa, están obligadas a observar dicho mandato
en el trámite de las peticiones que se les presenten. Así lo puso de presente
el artículo 16 del Decreto Ley 019 de 2012:
«Artículo 16. Extensión aplicación Ley 962 de 2005: Los artículos 15
y 16 de la Ley 962 de 2005 serán igualmente aplicables a los particulares
que cumplen funciones administrativas».
De tal manera que privilegiar en los tiempos de atención cualquier petición
de registro que no tenga prelación legal alguna, constituye una grave
vulneración a la igualdad y al debido proceso administrativo.
La segunda razón que justifica la radicación cronológica de las peticiones
de registro, es de orden estrictamente técnica: el principio de prioridad o
rango registral, el cual deriva de la aplicación de la máxima «prior in tempore
potior in iure» (primero en el tiempo, mejor en el derecho), según el cual los
actos deben registrarse de acuerdo con el orden de llegada al registro, y el
registrador debe dar un trato jurídico preferente a la solicitud que se hubiese
formulado válidamente con anterioridad a las demás 17 . En las disposiciones
reglamentarias del registro público mercantil, este principio se expresa
de la siguiente manera:
Procedimiento para llevar el registro mercantil. La matrícula del
comerciante y del establecimiento de comercio, así como su renovación,
se efectuarán mediante la presentación del formulario
respectivo debidamente diligenciado.
Los modelos de los formularios de matrícula serán uniformes
en todas las cámaras de comercio y deben ser autorizados previamente
por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Al momento de ser presentados los documentos para la inscripción,
las cámaras los radicarán con indicaciones de la hora y
fecha de recepción.
La inscripción de los actos y documentos se efectuará en
estricto orden cronológico, de acuerdo con la radicación de los
mismos, mediante extracto de su texto en los libros respectivos
[...]. (Superintendencia de Industria y Comercio, Circular Externa
15 de 2001).
17 Consejo de Estado, exp. 7283 (Sección Primera. Sentencia de julio de 2006).
Consejera Ponente: Martha Sofía Sanz Tobón.

208 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 209
como procedimiento administrativo
Sobre el particular, Gil Echeverry (2010) ha expresado que:
[…] el principio de prioridad o rango enseña que el día y la hora en
que se formule una petición de registro, otorga un derecho preferencial
a dicho acto o contrato para ser inscrito, con exclusión
de cualquier otro acto o contrato que sea presentado con posterioridad
y que por disposición legal o por su contenido no admita
inscripción, en caso de aceptarse y quedar en firme el registro del
acto o contrato primeramente presentado a la oficina registral.
Todo lo anterior se cumple sin importar la fecha en que se celebró
o elaboró el respectivo acto o contrato. (p. 56).
Se trata no solo de una prioridad material o simplemente cronológica,
sino de una verdadera prelación jurídica, en razón del tiempo en que el documento
llega al registro público. La Superintendencia de Industria y Comercio
ha entendido el asunto en estos términos:
El principio de prioridad o rango implica que la solicitud de registro
que primero se radica en el tiempo tiene preferencia sobre
cualquier otra que se radique con posterioridad, aunque el segundo
documento sea de fecha anterior. En atención a este principio,
las cámaras de comercio deben inscribir primero el acto o documento
que sea presentado en consideración al día y hora de su
radicación, siempre y cuando el mismo cumpla con la totalidad de
los requisitos exigidos en la ley [...]. Empero, la citada regla no puede
ser aplicada de manera general y determinada, pues no se trata
de una simple prioridad cronológica de hora y fecha, toda vez que
la posibilidad de realizar una inscripción se deriva del estudio del
contenido de cada uno de los documentos presentados.
Así las cosas, en el trámite de inscripción de un acto o documento
sujeto a registro en las cámaras de comercio, deberá observarse
la fecha y hora de su radicación y el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la ley para que proceda el acto registral.
Ahora bien, si una vez realizado el control formal, la entidad
cameral concluye que no es procedente el registro, se pierde
la prerrogativa de prioridad; cuando con posterioridad el
peticionario complete o aclare el documento y solicite nuevamente
la inscripción, se le asignará un nuevo turno. (Superintendencia
de Industria y Comercio, Resolución 4333 de 2013).
Adicionalmente, como consecuencia de la aplicación del principio de
prioridad, y en consonancia con el principio de seguridad jurídica, nuestro
ordenamiento no admite la posibilidad de realizar inscripciones retroactivas
en los registros públicos. En efecto, las anotaciones se deben efectuar en
estricto orden cronológico y atendiendo a la fecha de su llegada al registro 18 .
Admitir lo contrario, es decir, que la fecha del registro sea anterior a la fecha
de la solicitud del mismo, no solo iría en contra de esta regla sino que impediría
a los usuarios conocer la situación real de los asuntos sobre los que recaen
los actos sujetos a registro, generando una falta de confianza generalizada
en los sistemas registrales y propiciando de esta manera la inseguridad
jurídica. Esta tesis ha sido aceptada recientemente por la Superintendencia
de Industria y Comercio. (Resolución 6369 de 2013).
1.4.1 Excepciones al derecho de turno:
eventos de prelación legal
Como el principio de igualdad no puede aplicarse de forma absoluta precisamente
para salvaguardar los derechos de aquellas personas que se encuentran
en situación de inferioridad o debilidad manifiesta (o para evitar un perjuicio
irremediable al peticionario), el CPACA reguló algunas hipótesis en las cuales
las autoridades, y por lo mismo las cámaras de comercio, deben dar atención
prioritaria a ciertas peticiones de registro. Esos casos son los siguientes:
Artículo 5. Derechos de las personas ante las autoridades. En sus
relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a: [...]
18 Que la petición de registro se atienda en el orden cronológico de llegada no significa
que la inscripción deba efectuarse en la misma fecha de su radicación, en caso de ser
procedente. Conviene tener presente que el artículo 14 del CPACA regula los términos
de respuesta al derecho de petición, de modo que la inscripción efectiva puede adelantarse
en una fecha posterior a la radicación del documento, pero en modo alguno
puede hacerse el registro con una fecha anterior a la del recibo de la solicitud.

210 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 211
como procedimiento administrativo
6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas
en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres
gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado
de indefensión o de debilidad manifiesta, de conformidad con el
artículo 13 de la Constitución Política.
Artículo 20. Atención prioritaria de peticiones. Las autoridades
darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento
de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar
un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar
sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio
invocados.
Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté
en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la
medida solicitada, la autoridad deberá adoptar de inmediato las
medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin
perjuicio del trámite que deba darse a la petición.
Frente a la petición prioritaria de peticiones, tratándose de actuaciones
formales (como la de registro) Arboleda Perdomo (2011) comenta:
Vistas con una óptica de un procedimiento escrito y totalmente
formal, acreditar los requisitos citados puede ser cuestión de meses;
sin embargo, desde una perspectiva de la producción de actos o
prestación de servicios en masa, es factible alterar turnos para dar
cumplimiento a esta norma y decidir de manera oportuna. (p. 193)
Por su parte, el Decreto Ley 19 de 2012 estableció un privilegio en favor
de ciertas categorías de personas, quienes por ese hecho deben recibir atención
prioritaria a sus peticiones:
Artículo 12. Presentación de solicitudes, quejas o reclamos por parte
de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes
podrán presentar directamente solicitudes, quejas o reclamos
en asuntos que se relacionen con su interés superior, su bienestar
personal y su protección especial, las cuales tendrán prelación en
el turno sobre cualquier otra.
Artículo 13. Atención especial a infantes, mujeres gestantes,
personas en situación de discapacidad, adultos mayores y veteranos
de la fuerza pública. Todas las entidades del Estado o particulares
que cumplan funciones administrativas, para efectos de
sus actividades de atención al público, establecerán mecanismos
de atención preferencial a infantes, personas con algún tipo de
discapacidad, mujeres gestantes, adulto mayor y veterano de la
Fuerza Pública.
En todo caso, para que la cámara de comercio pueda conceder cualquier
prelación en el trámite de peticiones de registro, el interesado deberá demostrar,
siquiera sumariamente en la instancia de recibo de su solicitud, que se
encuentra en alguna de las hipótesis legales que lo habilitan para recibir un
tratamiento preferente frente a los demás usuarios del sistema registral.
1.5 Peticiones incompletas, devolución de
documentos (requerimientos) y desistimiento
En el proceso de formación del acto administrativo de inscripción, una vez
radicada la solicitud de registro e iniciado el estudio de la misma, puede llegar
a suceder que la petición esté incompleta o que el interesado deba cumplir
una carga, para adoptar la decisión de fondo. Dichas hipótesis han sido
previstas en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, en los siguientes términos:
Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud
del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que
una petición ya radicada está incompleta, pero la actuación puede
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario, dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación, para que
la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día
siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes
requeridos, comenzará a correr el término para resolver la petición.
Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad
advierta que el peticionario debe realizar una gestión de trámite
a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, lo

212 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 213
como procedimiento administrativo
requerirá por una sola vez para que la efectúe en el término de un
(1) mes, lapso durante el cual se suspenderá el término, para decidir.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud
o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que
antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un
término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente,
contra el cual únicamente procede recurso de reposición,
sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente
presentada con el lleno de los requisitos legales.
De tal manera que cuando sea posible completar la petición, porque
su trámite no es opuesto a la ley, se «requerirá» al peticionario dentro de
los diez días hábiles siguientes a la radicación de los documentos, con el
objeto de que los complete o aclare dentro del plazo máximo de un mes. Y
si lo hiciere, se tramitará y decidirá la petición dentro del término legal de
quince días hábiles, que se contarán de nuevo a partir del momento en que
se reingrese la petición en debida forma. De lo contrario, si no entrega los
documentos requeridos o no llena los requisitos exigidos, se entenderá que
desiste de la petición formulada y el expediente deberá archivarse.
Lo mismo ocurrirá cuando el interesado deba cumplir con alguna gestión
a su cargo (por ejemplo, acreditar el pago de las expensas registrales), a
fin de que la efectúe en el plazo de un mes, tiempo en el cual se suspende el
término para decidir.
En cualquiera de los dos eventos previstos en la norma, el peticionario
podrá pedir la prórroga del plazo hasta por un término igual (hasta por otro
mes), siempre que no se haya vencido el plazo para cumplir el requerimiento.
Pero, se insiste, si no completa los requisitos, o no adelanta la gestión de
trámite oportunamente, se entenderá desistida la petición de registro.
Por tanto, cuando las cámaras de comercio, al ejercitar el control de legalidad
sobre la solicitud (en virtud de lo previsto en el numeral 1.4.1 del
cap. primero del título viii, de la Circular Única de la Superintendencia de
Industria y Comercio) lleguen a advertir inconsistencias u omisiones en la
documentación que impidan adoptar de forma inmediata la decisión de
fondo (efectuar el acto de inscripción), deberán emitir, dentro de los diez
días hábiles siguientes a su recepción, los respectivos requerimientos escritos
(llamados tradicionalmente cartas de devolución), explicando los requisitos
omitidos o defectuosamente incluidos.
Estas cartas de devolución, o requerimientos escritos, tienen el propósito
de impulsar la actuación registral hacia su conclusión, pues a través de los
mismos se puede recabar del interesado toda la información indispensable
para adoptar una decisión de fondo: sea la inscripción o una resolución de
abstención de registro. Se trata de actos preliminares, que no ponen fin ni
deciden de forma directa o indirecta el fondo del asunto, sino que a través
de los mismos se compone o se prepara la culminación de la actuación registral,
por lo que «las determinaciones que en ellos se adoptan, se hacen
justamente para impulsar y dar continuidad al proceso» 19 .
Según lo acabado de expresar, las cartas de devolución que expiden las
cámaras de comercio, con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011,
tienen el carácter de actos administrativos de trámite:
Los actos de trámite o preparatorios, a diferencia de los actos definitivos,
no expresan en concreto la voluntad de la administración;
simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias
que preceden a la formación de la decisión administrativa que se
plasma en el acto definitivo.
Según el inciso final del artículo 50 del C.C.A., «son actos
definitivos que ponen fin a la actuación administrativa, los que
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos
de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible
continuarla». En tal virtud, según lo ha entendido la doctrina y la
jurisprudencia, los actos de trámite y preparatorios, como su nombre
lo indica, dan impulso a la actuación preliminar de la administración,
o disponen u organizan los elementos de juicio que se
requieren para que ésta pueda adoptar, a través del acto principal
o definitivo, la decisión sobre el fondo del asunto. Es obvio, como lo
19 Consejo de Estado, Exp. n.° 05001 23 31 000 2007 00698 01 (Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Sentencia de Tutela del 28 de agosto de 2007).
Consejera Ponente: Martha Sofía Sanz Tobón.

214 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 215
como procedimiento administrativo
advierte el aparte final de la norma citada, que un acto de trámite
puede tornarse definitivo, cuando de alguna manera decida sobre
la cuestión de fondo, o ponga fin a la actuación administrativa,
de suerte que se haga imposible la continuación de esta. (Corte
Constitucional, Sentencia T-418 de 1997).
En el contexto de la función administrativa del registro ejercida por las
cámaras de comercio, no ha sido extraño ni novedoso considerar a las cartas
de devolución (requerimientos) como actos de trámite. Así por ejemplo, el
Decreto 734 de 2012 (y todos sus antecesores, reglamentarios del artículo 6
de la Ley 1150 de 2007), establecieron lo siguiente:
Artículo 6.1.2.5. Abstención de la inscripción, actualización o renovación
[…]. Por tratarse de actos de trámite, los previstos en este
artículo, no serán susceptibles de recurso alguno. No obstante, las
cámaras de comercio devolverán al interesado el formulario y los
documentos aportados, con señalamiento claro de la razón de devolución;
una vez el interesado realice las correcciones del caso,
podrá presentar nuevamente los documentos, para proseguir con
el trámite correspondiente.
En este orden de ideas, que los requerimientos escritos emitidos para
cumplir requisitos (cartas de devolución) sean actos administrativos de trámite,
supone que contra los mismos no proceden los recursos administrativos
20 y que los mismos no se notifican. Las cartas de devolución, en principio,
20 El Consejo de Estado ha sostenido lo siguiente: «Los actos de trámite en el Código
Contencioso Administrativo. 2.1. Los actos de trámite no son susceptibles de recursos
en vía gubernativa, “excepto en los casos previstos en norma expresa”, dice el artículo
49 del código en cita. No existiendo en la ley excepción en este sentido, el acto de […] es
un acto que no puede ser recurrido, no solo porque ello entorpecería el procedimiento
de elección, sino porque dicho acto no confiere derecho alguno, ni define ni concluye
el procedimiento. 2.2. Por estas mismas razones, por regla general, los actos de trámite
no se notifican. Preceptúa el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo que
solo se notifican las “decisiones que pongan término a una actuación”. Ello, porque
estos actos sí crean situaciones jurídicas subjetivas, afectan o reconocen derechos a
personas determinadas. En igual sentido, dispone el artículo 61 del mismo estatuto,
en concordancia con el artículo 59: -2.3. Por regla general, y salvo expresa disposición
no son actos que constituyan o declaren situaciones jurídicas individuales,
o que por su carácter «pongan término a una actuación administrativa» (artículo
67, CPACA).
Así las cosas, los interesados en las actuaciones registrales tienen la
carga de revisar el estado del trámite y de reclamar o retirar las notas de
devolución cuando estas sean expedidas, buscando con ello la satisfacción
oportuna de los requisitos solicitados; esto es, antes de que ocurra el desistimiento
tácito de la petición, pues, se insiste, las cámaras de comercio no
están obligadas a notificar esos requerimientos.
Lo anterior, sin perjuicio del deber que tienen las cámaras de comercio
de «comunicar las solicitudes de registro a todos los posibles interesados»,
en atención a lo ordenado en el artículo 37 del CPACA, el artículo 19 de la
Ley 962 de 2005 y la Circular Externa 002 del 9 de febrero de 2010, de la
Superintendencia de Industria y Comercio, como se verá más adelante.
1.5.1 La insistencia
Cuando el interesado presente desacuerdo o inconformidad frente a los
requerimientos o cartas de devolución expedidas con fundamento en el
artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, porque considere fundadamente que el
documento cumplió desde el primer momento con todos los requisitos
para ser registrado, y, por lo mismo, que no requiere llenar requisitos o adelantar
gestiones de trámite adicionales, podrá «insistir» en la inscripción
del documento.
Esta especie de insistencia para que se adopte la decisión de fondo,
surgida de la vida práctica del registro, no se encuentra regulada de forma
explícita en la Ley, como sí ocurre con la insistencia para radicar peticiones
(inciso 2, artículo 15 de la Ley 1755 de 2015) o con la insistencia para que se
expidan copias de documentos presuntamente reservados (artículo 26 de la
Ley 1755 de 2015). No obstante, su tratamiento puede deducirse con facilidad
legal en contrario, los actos de trámite no pueden demandarse ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo». Vid: Consejo de Estado, Radicado 2043 (11001-03-06-
000-2010-00113-00) (Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 28 de octubre de
2010). Magistrado Ponente: Enrique José Arboleda Perdomo.

216 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 217
como procedimiento administrativo
de las normas de la parte primera del CPACA: ya hemos adelantado que las
cartas de devolución (requerimientos), siempre que sean actos de trámite,
no son susceptibles de ser controvertidas mediante la interposición de los
recursos administrativos, lo que no obsta para que el interesado se niegue
a cumplir el requerimiento y pida continuar con la actuación registral en las
condiciones en que se encuentre la documentación.
Esta especie de insistencia, a la luz del artículo 13 de la Ley 1755 de 2015,
es un derecho de petición. Por esta razón, puede presentarse de forma verbal
o escrita, mediante la exposición de los argumentos que el interesado
pretenda hacer valer en contra del requerimiento. Pero, incluso, la insistencia
puede ser tácita y se revela con el simple reingreso de la documentación
sin el cumplimiento de las exigencias requeridas.
Presentada una insistencia, la cámara de comercio no podrá formular
nuevas cartas de devolución o requerimientos (pues la petición de insistencia
consiste, precisamente, en negar su necesidad), sino que deberá adoptar
directamente una decisión de fondo sobre la petición registral (inscripción o
abstención de registro), teniendo en cuenta todos los asuntos planteados en
la solicitud de registro y en la petición de insistencia, de conformidad con lo
prescrito en el artículo 42 del CPACA. Si la decisión de fondo consiste en una
abstención de registro, la misma se adoptará mediante acto administrativo
motivado, que será notificado personalmente o por aviso a los interesados, y
al cual caben los recursos administrativos.
1.5.2 El desistimiento tácito
La figura del desistimiento tácito surge de los principios de eficacia y economía
de las actuaciones administrativas. Su finalidad consiste, precisamente,
en evitar la prolongación ad infinitum de las actuaciones frente
a la administración, que por su indeterminación o falta de requisitos no
puedan ser resueltas de fondo, amén de precaver la acumulación de documentos.
Por eso, el legislador ordena a las autoridades que formulen por
una sola vez, y con toda claridad, el requerimiento que busque completar
la solicitud; y ante la inactividad del interesado, autoriza la terminación de
la actuación con su «archivo», sin perjuicio de que el interesado pueda presentarla
nuevamente.
Este aspecto último es de vital importancia para comprender el sentido
prescriptivo de la norma contenida en el artículo 17 de la Ley 1755 de
2015: se trata, sin lugar a dudas, de una terminación de la actuación administrativa,
de modo que si expirado el término legal se vuelve a presentar
la misma petición, la ley entiende, en todo caso, que se trata de una nueva
solicitud.
El archivo de la actuación es la consecuencia de la inercia del peticionario.
Sin embargo, no opera de pleno derecho por el mero agotamiento del
término. Tal decisión se adopta a través de acto administrativo motivado,
que debe notificarse al interesado y al cual le cabe el recurso de reposición.
La decisión de archivo no tiene los efectos del acto definitivo que niega la
petición, pues tan solo afecta el trámite de la actuación administrativa. La
ley entiende que por no complementar la petición, o no cumplir con las cargas
legales, el peticionario pierde interés y por lo mismo asume que desiste
de ella, de manera que el efecto del desistimiento tácito no conlleva la renuncia
al fondo de la petición, sino únicamente del procedimiento. Esto es
así porque, como ya se advirtió, la petición puede ser presentada de nuevo
con el lleno de los requisitos legales (Arboleda, 2011, p. 192).
Por obvias razones, el reingreso de una petición desistida implica la
asignación de un nuevo radicado y la acreditación, por parte del interesado,
de nuevos pagos por los actos sujetos a registro.
1.5.3 El desistimiento expreso de la petición de registro
Otra forma de terminación del procedimiento administrativo de registro, se
encuentra en el expreso desistimiento del trámite instado por el peticionario.
Como la actuación registral es formal y se adelanta por escrito, el desistimiento
expreso también deberá presentarse por escrito. El desistimiento
de procedimiento puede ser presentado en cualquier momento de la actuación,
siempre que no se haya efectuado el acto administrativo de inscripción
(a condición de que no se haya resuelto de fondo el asunto).
El desistimiento expreso, como desistimiento del procedimiento y
no del derecho sustancial, no impide que la respectiva solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales (artículo 18,
CPACA).

218 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 219
como procedimiento administrativo
1.5.4 Devoluciones de plano
El artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 guardó silencio en cuanto al tratamiento
de las peticiones a las que les falte requisitos, o que adolezcan de inconsistencias
de tal entidad que impidan a la autoridad darle trámite a la petición,
aun cuando dichos requisitos se aclaren o complementen, pues la tramitación
sería contraria a la ley. Ante estos casos, la práctica de las cámaras de comercio
(aceptada por la Superintendencia de Industria y Comercio) ha sido
la expedición de cartas formulando una «devolución de plano», mediante
las cuales no se expresan requerimientos para continuar con el trámite, sino
que se devuelve la documentación, poniendo fin a la actuación respectiva.
Un ejemplo más o menos cotidiano de esta circunstancia, lo podemos
encontrar cuando se solita a la cámara de comercio que inscriba el documento
de constitución de una entidad sin ánimo de lucro, que por su objeto
especializado se encuentra excluida del registro cameral (artículo 45,
Decreto Ley 2150 de 1995; artículo 3, Decreto 427 de 1996). En este caso, por
más que se aclaren los requisitos de forma necesarios para el registro, la
inscripción no podría llevarse a efecto, por falta de competencia.
En consecuencia, como la «devolución de plano» impide continuar con
la actuación administrativa de registro (decide de manera indirecta el fondo
de la petición, artículo 43 del CPACA), la misma deberá notificarse personalmente
a los interesados, informándolos sobre la procedencia de los recursos
administrativos en contra de la decisión.
1.6 Integración del interés, e intervención
de terceros en el procedimiento registral
Como consecuencia de los principios del debido proceso y de la publicidad
en las actuaciones administrativas, durante el procedimiento registral se
debe garantizar a todos los interesados la oportunidad de conocer la actuación
administrativa, y de intervenir en ella antes de que se adopte la decisión
de fondo (la inscripción o la abstención de registro).
Para ello, deben distinguirse dos circunstancias distintas, aunque tangentes
entre sí: de un lado, el deber que tienen las cámaras de comercio de
«citar» a todos los terceros que puedan resultar directamente afectados con
el acto administrativo de registro, siguiendo para el efecto el procedimiento
común y principal dispuesto en el CPACA, o el procedimiento especial y excepcional
previsto en la Ley 962 de 2005 (cfr. artículo 37 del CPACA, y el inciso 1,
artículo 19, Ley 962 de 2005); y, de otro lado, la facultad que asiste a los terceros
directamente interesados, o que puedan resultar perjudicados con la inscripción,
de intervenir efectivamente en la actuación registral, si así lo desean, a
fin de ser tenidos en cuenta con los mismos derechos, deberes y responsabilidades
de quienes son parte directamente interesada (artículo 38, CPACA).
Presentada una solicitud de registro, las cámaras de comercio deberán
comunicarla lo más pronto posible a todas las personas interesadas o que
puedan resultar afectadas con ella. Lo determinante es que la citación se
efectúe antes de adoptar la decisión de fondo, so pena de lastimar esta garantía.
Como principio general, la entidad registral cumple con la carga de
la citación, mediante el envío de una comunicación a la dirección o correo
electrónico de notificaciones judiciales (si es un inscrito), o a la dirección o
correo electrónico que se conozca (en los demás casos), si no existe otro medio
más eficaz. En dicha comunicación deberá informarse sobre la existencia
de la petición de registro, su objeto (el acto sujeto a registro) y el nombre del
peticionario. El destinatario, si quiere, podrá constituirse como parte y hacer
valer sus derechos.
Cuando por cualquier circunstancia no sea posible hacer llegar la mencionada
comunicación a los terceros determinados, o cuando puedan existir,
además, terceros indeterminados en la actuación registral, dice la ley que la
información (existencia de la actuación, objeto y peticionario) se divulgará a
través de un medio masivo de comunicación nacional o local, según el caso,
«o a través de cualquier otro mecanismo eficaz», de acuerdo a las condiciones
de los interesados. En todo caso, de estas actuaciones se dejará constancia
escrita en el expediente registral (artículo 37, CPACA).
Sin embargo, la citación a terceros determinados o indeterminados
puede suplirse por las cámaras de comercio si publicitan las solicitudes de
registro a través de un «medio electrónico público», mediante el cual se informe
a todos los interesados en la actuación sobre «la fecha de la solicitud
y el objeto del registro» (cfr. inciso 1, artículo 19, Ley 962 de 2005) 21 :
21 La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia cuenta con un medio electrónico
público (bitácora) para los fines previstos en el artículo. 19 de la Ley 962 de

220 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 221
como procedimiento administrativo
Artículo 19. Publicidad y notificación de los actos de registro y
término para recurrir. Para los efectos de los artículos 14, 15 y 28
del Código Contencioso Administrativo [entiéndase Artículo 37
CPACA], las entidades encargadas de llevar los registros públicos
podrán informar a las personas interesadas sobre las actuaciones
consistentes en solicitudes de inscripción, mediante la publicación
de las mismas en medio electrónico público, en las cuales se
indicará la fecha de la solicitud y el objeto del registro […].
Cuando la cámara de comercio cumple con esta formalidad, el tercero se
entiende legalmente vinculado al procedimiento de registro. Incuso, adoptada
la decisión de inscribir, la publicación electrónica será condición adicional
para su notificación. En el fondo, la publicación en el medio electrónico «invierte»
la carga de la comparecencia, por lo que en nada se afecta el trámite
si los directamente interesados, o los terceros afectados, no comparecen.
Este mecanismo es idóneo, también, para comunicar a los interesados
en un trámite registral, que frente al mismo se ha expedido una carta de
devolución (requerimiento escrito), cumpliéndose la carga de la citación con
la simple actualización del estado del trámite en el medio electrónico público.
Ya habíamos adelantado en párrafos anteriores que los actos de trámite
no se notifican, sin perjuicio del deber que tienen las cámaras de comercio
de «comunicar las solicitudes de registro a todos los posibles interesados».
Pues bien, el medio electrónico público es una herramienta que facilita el
cumplimiento de esta obligación y lo hace de forma eficaz. Sobre el particular,
ha puntualizado la Superintendencia de Industria y Comercio:
Así las cosas, cuando la entidad cameral requiere al peticionario
para que complete la solicitud de registro, esta decisión se entiende
comunicada al interesado con la publicación que la Cámara de
Comercio hizo de la actuación surtida en el trámite de registro.
2005. Dicho aplicativo se alimenta, en tiempo real, de toda solicitud de registro
que formalmente sea radicada en taquillas, y el estado del trámite se actualiza de
forma automática con cada inscripción efectuada en los registros o con cada devolución
de documentos. La «Bitácora» se encuentra a disposición del público en el
portal web de la entidad, a través del enlace «Servicios registrales», «Consulta del
estado del trámite». Sitio web: http://virtuales.camaramedellin.com.co/tramites/
Al respecto, el Doctrinante Jorge Hernán Gil Echeverry señala
lo siguiente:
«Ahora bien, las entidades que como la Cámara de Comercio
de Bogotá están dando plena aplicación al informa general de las
peticiones de registro, mediante su página web, no tienen problema
alguno, puesto que el artículo 19 de la Ley 962 de 2005 expresamente
dispone que esta publicidad electrónica, y previa, cumple en
mejor forma con la publicidad, y por lo tanto reemplaza la citación
prevista en los artículos 14, 15 y 28 C.C.A.» [hoy artículo 37 del CPACA].
En consecuencia, cumplido lo previsto en el artículo 19 citado,
los interesados y terceros determinados se entienden legalmente
notificados [sic] del procedimiento registral, pudiendo hacer
valer sus derechos. (Superintendencia de Industria y Comercio,
Resolución 4333, de 2013).
Sobre esta forma especial de comunicar las actuaciones de registro,
agrega el profesor Gil Echeverry (2010):
En resumen, por fortuna, siguiendo el procedimiento establecido
en el Art. 19 mencionado, las cámaras de comercio quedan liberadas
de realizar cualquier citación o comunicación adicional en
relación a los participantes directos y terceros directamente afectados
o interesados. (p. 329).
Cuando las cámaras de comercio utilizan el medio electrónico público
para comunicar las peticiones de registro e informar sobre el estado del trámite,
esta especie de comunicación se convierte en una condición adicional para
la notificación del acto de registro, si este llega a efectuarse, y para el conteo
de los términos de ejecutoria de la inscripción, dentro de los cuales pueden
interponerse los recursos administrativos, como se verá en su oportunidad.
Asimismo, en nuestra opinión, el medio electrónico público satisface la
obligación de que habla la parte final del artículo 70 del CPACA, consistente
en comunicar la inscripción «por cualquier medio idóneo», cuando el acto
de inscripción ha sido solicitado por entidad o persona distinta a la que
aparece como titular del derecho (ejemplo: actas radicadas en la cámara de
comercio por un mensajero).

222 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 223
como procedimiento administrativo
Este mecanismo expedito y excepcional para integrar el interés en las
actuaciones administrativas, se encuentra justificado en la dinámica y en la
agilidad que el mundo de los negocios le impone al registro empresarial. Un
registro paquidérmico y lleno de formalismos retardatarios no podría ser
menos que un tabique o un estorbo que debe ser salvado (tramitomanía
que debe cumplirse), pues su razón de ser debiera encontrarse en una oportuna
publicidad y seguridad jurídicas para las transacciones mercantiles,
para los actos de la economía solidaria y de las entidades sin ánimo de lucro
y para la urgencia de información que exige la contratación estatal.
Por lo demás, si la cámara de comercio no cuenta con un medio electrónico
público a través del cual dar publicidad a las peticiones de inscripción,
en los términos de la norma comentada, tendrá que efectuar, caso por caso,
la citación a los terceros determinados e indeterminados, en los precisos términos
del Artículo 37 del CPACA.
Sobre los aspectos en estudio, la Superintendencia de Industria y
Comercio impartió instrucciones a través de la Circular Externa 02 del 9
de febrero de 2010, que adiciona el numeral 1.10, título viii, capítulo i de la
Circular Única de esa autoridad, así:
1.10. Actuación administrativa.
1.10.1. Inscripción en los registros públicos.
De conformidad con los artículos 14, 15 y 28 del Código Contencioso
Administrativo [léase artículo 37 del CPACA], para efectos de garantizar
el debido proceso, las cámaras de comercio deben dar a
conocer a los interesados las solicitudes de inscripción en los registros
públicos. Para el efecto pueden acudir a:
a) Informar de dicha solicitud a los terceros interesados en la actuación,
mediante una comunicación remitida por correo o mediante
la publicación de la misma en un periódico de la entidad o
en un periódico de amplia circulación nacional; o
b) La publicación de la solicitud en un medio electrónico público,
en los términos del artículo 19 de la Ley 962 de 2005.
Finalmente, coincidimos con la opinión de Gil Echeverry, cuando afirma
que, a pesar de lo previsto en el artículo 19 de la Ley 962 de 2005, si un
tercero interesado en una potencial actuación de registro, con antelación a
la solicitud respectiva, pide a la cámara de comercio que lo vincule antes de
adoptar la decisión de fondo, será «deber de la entidad registral comunicar
por escrito, y a la dirección señalada por el particular, el inicio de cualquier
procedimiento de registro […], y dar efectividad al derecho de defensa» (Gil
Echeverry, 2010, p. 330). Esto significa que en estos eventos se da aplicación
preferente al artículo 37 del CPACA.
Un buen ejemplo que ilustra lo acabado de decir es el que sigue:
[…] un socio que conoció de la celebración de una reunión en la que no
se dio aplicación a las normas estatutarias para la reforma del contrato social;
éste presenta un escrito solicitándole a la Cámara de Comercio que en
caso de presentarse la escritura pública que contenga las decisiones adoptadas
en esa reunión, antes de proceder a la inscripción definitiva, se le vincule
al procedimiento para hacer uso de su derecho de contradicción, caso en el
cual será obligación de la entidad citarlo de conformidad con el artículo 14
C.C.A. [Artículo 37, CPACA]. En igual sentido, el tercero que se entera de la
apertura de una solicitud de inscripción cuyo resultado pueda afectarlo, podrá
solicitar su vinculación antes de que se ordene la respectiva inscripción
(Montes, 2005, p. 163).
De otro lado, los terceros interesados en la inscripción podrán intervenir
en la actuación administrativa de registro, si quieren, allegando una comunicación
que reúna los requisitos mínimos dispuestos para los derechos
de petición por escrito (artículo 16 de la Ley 1755 de 2015) –esta solicitud también
es un derecho de petición–.
El interés del tercero, de conformidad con lo previsto en el numeral 2
del artículo 38 del CPACA, deriva de un derecho o de una situación jurídica
particular que pueda resultar afectada con la actuación registral, o cuando
el registro pueda producirle un perjuicio. Estas situaciones deberán acreditarse,
por lo menos sumariamente, al momento en que el tercero solicite su
vinculación al procedimiento administrativo. No basta con alegar la oponibilidad
general del registro para ser tratado como tercero interviniente en la
actuación registral, sino que su interés debe ser concreto, serio y legítimo, en
atención a los antecedentes registrales, o de conformidad con las pruebas
que el interesado pretenda hacer valer para el efecto.
Una vez admitido como interviniente, el tercero tendrá los mismos derechos,
y observará los mismos deberes y responsabilidades de quienes son parte
directamente interesada. Los terceros que hayan actuado en la formación del

224 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 225
como procedimiento administrativo
acto administrativo de registro se considerarán como personas «reconocidas
en la actuación» y podrán interponer los recursos administrativos, sin necesidad
de presentar personalmente el escrito que los sustenta (artículo 77, CPACA).
1.7 La adopción de la decisión
Dice el artículo 42 del CPACA que habiéndose dado oportunidad a los interesados
para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes
disponibles, se tomará la decisión, que será motivada.
Tratándose del acto de inscripción, la decisión se adoptará una vez
efectuado el control de legalidad (calificación) sobre el acto o documento
sujeto a registro, y verificado el cumplimiento de los requisitos formales o
extrínsecos, de conformidad con la ley 22 . Según lo dispuesto en el numeral 3
del artículo 29 del Código de Comercio, la inscripción se hará en libros separados,
según la materia, en forma de extracto que dé razón de lo sustancial
del acto, documento o hecho que se inscriba, salvo que la ley o los interesados
exijan la inserción del texto completo.
Por su parte, instruye el numeral 1.1.2, título viii, capítulo i, de la Circular
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que:
Una vez efectuada la inscripción, el secretario insertará una constancia
en el documento registrado, que contendrá los siguientes datos:
• Cámara de Comercio;
• Fecha de inscripción; y
• Número de inscripción y libro en el cual se efectuó […].
Como se ha visto, la actuación registral se adelanta bajo los principios
de legalidad y competencia reglada, por lo que los actos administrativos
22 El inciso primero del numeral 1.4.1, capítulo viii de la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio, dispone: «Las cámaras de comercio deben
abstenerse de efectuar la inscripción de los actos, libros y documentos cuando
la ley los autorice para ello. Por tanto, si se presentan inconsistencias de orden legal
que por ley no impidan la inscripción, ésta se efectuará. Así mismo, deberán abstenerse
de registrar actos o decisiones ineficaces o inexistentes, en conformidad con
lo dispuesto en el artículo 897 del Código de Comercio» (subrayas fuera de texto).
producto de la actividad registral lo son también reglados. De esta forma,
tanto el acto de inscripción como el de abstención de registro deben estar
cimentados férreamente en sus respectivos antecedentes de «legalidad».
Que un «acto sea reglado», implica que sus «motivos» están incluidos
en el texto de la «ley» (o de la legalidad), de modo que el funcionario, para
proceder a su expedición, se concentra –sobre todo– en «verificar» que se den
los requisitos y presupuestos legales para el efecto; siendo la única opción
lícita, una vez se han constatado dichos presupuestos, la expedición del acto,
pues en el ejercicio de una potestad reglada no existe posibilidad de elección:
Una decisión administrativa encaja en la noción de acto reglado
cuando su contenido es el único posible en razón de la ley y los
reglamentos, siendo ilegal si los desconoce. Por el contrario, se entiende
como acto discrecional, aquella determinación en la cual la
administración puede optar entre varias soluciones posibles, siendo
válida aquella que escoja 23 .
Así pues, en el acto reglado «el motivo, el contenido y la finalidad están
en íntima correlación con los requisitos de ley para expedir el acto»
(Marienhoff, s. f.). En palabras sencillas, el funcionario expide el acto reglado
simplemente constatando la concurrencia de los requisitos legales para su
expedición, como «llenando una lista de chequeo», pues carece de competencia
para oponer cualquier juicio de oportunidad.
En materia de registros públicos, los motivos del acto administrativo
de inscripción se edifican sobre los requisitos legales que fundamentan el
asiento registral, y no sobre los aspectos sustanciales que subyacen al negocio
jurídico, salvo que una norma así lo disponga. Frente al particular, enseña
el profesor Gordillo (2004):
La distinción entre validez (respecto a las partes) y eficacia (para
terceros) se aplica a los actos entre particulares que para tener
efectos frente a terceros requieren su inscripción en un registro
público. El acto es eficaz entre las partes desde su celebración,
23 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consulta de 20 de mayo de
2010. C. P.: Enrique José Arboleda Perdomo.

226 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 227
como procedimiento administrativo
pero solo oponible frente a terceros después de su registro […].
En derecho administrativo se analiza la faz registral del negocio
jurídico privado […] [por eso] en las inscripciones o registros suele
haber una facultad reglada: si se dan los presupuestos exigidos
por la norma, la administración debe efectuar la inscripción, careciendo
de discrecionalidad alguna al efecto.
Lo anterior es determinante para caracterizar el acto administrativo de
inscripción, y la forma en que este se produce y expresa:
[…] la inscripción final, como acto administrativo, se caracteriza
por contener una motivación no exteriorizada (la calificación) y
que surge en virtud del control de legalidad a cargo del ente registral,
y por la existencia de una parte resolutiva implícita, que
corresponde al asiento o registro del acto o contrato en el libro
respectivo. (Gil Echeverry, 2010, p. 338).
Que la inscripción sea fruto de una función administrativa enteramente
reglada, explica por qué se realiza sin necesidad de practicar pruebas: la
calificación o control de legalidad formal se practica solamente sobre los actos
y documentos sujetos a registro, teniendo en consideración únicamente
los aspectos que de forma explícita ha previsto el ordenamiento jurídico
para su registro.
Lo anterior no obsta para que se decidan, junto con la petición de registro,
todas las demás cuestiones planteadas en la actuación, teniendo en
cuenta la forma en que debe resolverse cada una de ellas (inciso 2, artículo
42, CPACA).
Por su parte, la abstención de registro, que también es una manifestación
de voluntad de la autoridad registral con capacidad de producir efectos
jurídicos particulares, y que decide directamente el fondo del asunto (es un
acto definitivo), debe ser motivada (es decir, con expresión concreta y expresa
de los motivos legales por los cuales no se accede a la inscripción) y
presentarse por escrito. Naturalmente, la abstención registral deberá cumplir
con los requisitos tradicionales de cualquier acto administrativo escrito
(competencia, voluntad, contenido, motivos, finalidad, forma y procedimiento
–cfr. inciso 2, artículo 137, CPACA–), y notificarse conforme las reglas del
procedimiento común y principal 24 . Ordinariamente, se formalizan a través
de «resoluciones», donde hay una descripción ordenada de los antecedentes,
una parte considerativa (motivación) y una parte resolutiva (decisiones
objeto del acto administrativo), seguida de la firma de los funcionarios camerales
con categoría de secretario y que, conforme la ley y los estatutos de
la entidad, tienen competencia para expedirla.
1.8 Notificación de los actos de registro
Siguiendo la metodología del inciso 4 del artículo 44 del anterior Código
Contencioso Administrativo, el nuevo CPACA adopta la notificación especial
y ficta de los actos de inscripción, tal cual había sido prevista en la anterior
normativa, pero adoptando como novedad la interpretación jurisprudencial
del anterior precepto (Sentencia C-640 de 2002), a través de una fórmula que
ordena la citación de los titulares del derecho cuando éstos no solicitaron la
inscripción, a fin de garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción.
De tal manera que, al no existir ley especial que regule la notificación
de los actos de inscripción realizados por las cámaras de comercio (salvo lo
dispuesto para el Registro Único de Proponentes –cfr. artículo 221, Decreto
Ley 019 de 2012–), se dará aplicación a la notificación presunta o ficta dispuesta
en el artículo 70 del CPACA:
Artículo 70. Notificación de los actos de inscripción o registro. Los
actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de
llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en
que se efectúe la correspondiente anotación. Si el acto de inscripción
hubiere sido solicitado por entidad o persona distinta de
quien aparezca como titular del derecho, la inscripción deberá comunicarse
a dicho titular por cualquier medio idóneo, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la correspondiente anotación.
Por tanto, los peticionarios y los terceros directamente interesados en
la actuación se tendrán por notificados, una vez se efectúe la anotación en
24 En este mismo sentido, la Sentencia C-640 de 2002.

228 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 229
como procedimiento administrativo
el libro de registro respectivo (que es la forma como se materializa el acto
de inscripción, según se explicó en párrafos precedentes), de modo que los
términos de ejecutoria del acto de inscripción empezarán a correr a partir
del día siguiente al de la respectiva anotación.
Cuando las cámaras de comercio, durante el proceso de formación del
acto de registro, utilicen un «medio electrónico público» como instrumento
para comunicar a los posibles interesados sobre la existencia de las peticiones
de registro y el estado del trámite (ver capítulo sobre integración del interés
e intervención de terceros), esta publicación se convertirá en condición
adicional para que la inscripción tenga efectos notificatorios. Por lo dicho,
estimamos que el artículo 70 del CPACA debe entenderse en concordancia
con los incisos 2 y 3 del artículo 19 de la Ley 962 de 2005:
Artículo 19. Publicidad y notificación de los actos de registro y término
para recurrir.
[…] Los actos de inscripción a que se refiere este Art. se entenderán
notificados frente a los intervinientes en la actuación,
y frente a terceros el día en que se efectúe la correspondiente
anotación.
Cuando se publique la actuación de registro en curso en la
forma prevista en el inciso primero de este Art., los recursos que
procedan contra el acto de inscripción podrán interponerse dentro
de los cinco (5) días [léase diez días hábiles] siguientes a la
fecha del registro respectivo (subrayas y comentario entre líneas
fuera de texto).
De esta forma, si la cámara de comercio omite la citación de los terceros
interesados en la forma que previene la norma trascrita, por elemental
respeto al debido proceso administrativo, frente a éstos últimos, los términos
para interponer recursos solo correrán a partir del día en que adquieran
conocimiento efectivo de la inscripción y no desde el momento en que esta
se efectúe en el libro de registro 25 . Lo mismo ocurre, con mayor razón, en los
25 Son distintos los medios de publicidad y de conocimiento de los actos de inscripción.
La certificación es, tal vez, el medio probatorio por antonomasia de los actos y
documentos inscritos en los registros administrados por las cámaras de comercio.
casos en que las cámaras de comercio no cuenten con la predicha herramienta
tecnológica, y aún omitan la citación de interesados y terceros antes
de efectuarse la inscripción, pues la carga de la citación solo puede ser cumplida
mediante el envío personal de la respectiva comunicación a través del
servicio postal o correo electrónico, como ya se explicó en su oportunidad.
De otro lado, estimamos que la utilización del medio electrónico público
para comunicar de la existencia de la petición de registro y del estado
del trámite, cumple de manera suficiente con el deber que impuso la parte
final del artículo 70 CPACA: si el titular del derecho no es quien solicita el registro
del acto o documento que lo instrumenta, la publicación que se haga
del trámite en el sitio web excusará a la cámara de comercio de adelantar
cualquier comunicación ulterior, por lo cual el directamente interesado quedará
notificado de la inscripción en el mismo instante en que se practique la
anotación en el libro de registro.
Ciertamente, el ordenamiento jurídico vigente defiere en los certificados de toda
especie una importantísima función probatoria (cfr. artículos: 30, 86 (numeral 3),
117, C. Co., artículo 43 (Decreto Ley 2150 de 1993), artículo 10 (Decreto. 898 de 2002),
artículo 221 (Decreto Ley 19 de 2012)). No obstante, las certificaciones no son el
único medio para dar a conocer y probar el hecho de la inscripción:
En primer lugar, se encuentran los Libros de Registro, en los que se realizan
las inscripciones de los actos y documentos sujetos a la formalidad registral. Los
libros constituyen el substrato material de todos los hechos certificados por las
cámaras de comercio, por lo cual pueden ser consultados por cualquier persona
(artículos 26, 27 y 86 (numeral 3), Título VIII, Capítulo I, numeral 1.1.1, Circular Única
Superintendencia de Industria y Comercio).
En segundo lugar, en razón del carácter público de los registros administrados por
las cámaras de comercio, a toda persona se le permite consultar, tomar notas de los
asientos y solicitar copias auténticas de los archivos registrales (cfr. Inciso 2, artículo
24, CCo; artículo 7, numeral 9; artículo 8; artículo 36, inciso 5, CPACA; título viii, capítulo
i, numeral 1.4.7, literal (b, Circular Única, Superintendencia de Industria y Comercio).
En tercer lugar, se encuentra la noticia mercantil (boletín), en la que se incluye
información sobre la matrícula mercantil de los comerciantes y su renovación, lo
mismo que de todas las inscripciones que se hagan en los registros públicos administrados
por las cámaras de comercio. El boletín debe estar a disposición de los
usuarios para su consulta gratuita en cualquier tiempo (cfr. artículo 86, número 4,
C. Co.; artículo 10, Decreto 898 de 2002; título viii, capítulo i, número 1.1.3, Circular
Única, Superintendencia de Industria y Comercio).
En cuarto lugar, la ley, de forma expresa, señala que los hechos inscritos en
el Registro Mercantil pueden ser probados a través de inspección judicial que se
practique a sus archivos (artículo 30, C. Co.).

230 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 231
como procedimiento administrativo
En conclusión, para que opere la notificación ficta de los actos administrativos
de inscripción es necesario cumplir con dos condiciones: 1. Publicar
la solicitud de registro desde el momento en que inicia el procedimiento
administrativo; 2. efectuar la anotación en el libro de registro respectivo. En
nuestra opinión, se trata de una garantía de publicidad «reforzada».
1.8.1 Régimen de notificación
de las demás decisiones registrales
Cuando se expida una resolución de abstención de registro, una devolución
de plano, una resolución que decide los recursos administrativos o una
que resuelve la petición de revocatoria directa; frente a cualquiera de estas
providencias la cámara de comercio deberá acudir al procedimiento de
notificación personal (o cuando esta no sea posible, a la notificación por
aviso), cumpliendo fielmente lo regulado en el régimen común y principal
del CPACA, so pena de invalidar la notificación.
En el acto de notificación, la cámara de comercio entregará copia íntegra,
auténtica y gratuita del acto administrativo (cualquiera de las providencias
definitivas arriba citadas) e informará al interesado de los recursos que
legalmente proceden, los términos para su interposición y la autoridad ante
la cual debe hacerse uso de los mismos. La jurisprudencia contenciosa ha
establecido que la falta de este requisito habilita al interesado para intentar
los recursos en cualquier tiempo.
Por su trascendencia, procedemos a trascribir las normas respectivas:
Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término
a una actuación administrativa se notificarán personalmente
al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona
debidamente autorizada por el interesado para notificarse.
En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia
íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación
de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades
ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará
la notificación.
La notificación personal para dar cumplimiento a todas las
diligencias previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse
mediante una cualquiera de las siguientes modalidades:
1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado
acepte ser notificado de esta manera.
La administración podrá establecer este tipo de notificación
para determinados actos administrativos de carácter masivo que
tengan origen en convocatorias públicas. En la reglamentación de
la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes,
y establecerá modalidades alternativas de notificación personal
para quienes no cuenten con acceso al medio electrónico […].
Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay
otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una
citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que
figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil,
para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El
envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes
a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia
en el expediente.
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario
señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la página
electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad
por el término de cinco (5) días […].
Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la
notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la
citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección,
al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente
o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado
de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la
fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los
recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes
deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que
la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al
de la entrega del aviso en el lugar de destino.
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario,
el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en

232 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 233
como procedimiento administrativo
la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público
de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con
la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar
el día siguiente al retiro del aviso.
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación
del aviso y de la fecha en que por este medio quedará
surtida la notificación personal.
A la diligencia de notificación personal podrá acudir directamente el
interesado, o éste podrá autorizar a otra persona para que se notifique en
su nombre, mediante escrito que no requerirá de presentación personal 26 .
-2-
EL CONTROL
ADMINISTRATIVO DE
LOS ACTOS DE REGISTRO
2.1 Anotaciones preliminares
Los recursos son el mecanismo previsto por la ley para que los interesados
puedan atacar los actos administrativos definitivos y de contenido particular
que modifican el ordenamiento, lesionando o poniendo en riesgo sus derechos
subjetivos o sus intereses legítimos, con la finalidad de aclarar, modificar,
adicionar o revocar la decisión contenida en ellos, restableciendo el derecho
subjetivo o el interés legítimo lesionado o puesto en riesgo con dicho acto.
Según Marienhoff (2002, pp. 289-90), «el recurso administrativo es un
medio de impugnar la decisión de una autoridad administrativa, con el objeto
de obtener, en sede administrativa, su reforma o extinción» 27 . En este
sentido, los recursos abren un espacio de debate y contradicción, en el que
la administración tiene oportunidad de revisar sus propias decisiones, impidiendo
de contera que esas controversias deban ser resueltas (siempre) en
sede judicial.
26 En la redacción original del artículo 71 del CPACA se exigía la presentación personal
del escrito de autorización para notificarse por otro. Sin embargo, la expresión
«requerirá presentación personal» prevista en la norma, fue expresamente derogada
por el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso).
27 Para el jurista austral, «la interposición del recurso contra un acto por el particular
afectado, es una colaboración para la eficacia administrativa, entre el administrado
y la administración, para lo cual no obsta que indirectamente se beneficie el interesado
recurrente. El recurso administrativo constituye, pues, un obvio medio de
control en la Administración. Al contribuir a la “juridicidad” de la Administración,
los recursos instituidos por el ordenamiento jurídico adquieren un gran sentido de
orden moral, aparte de su contribución al afianzamiento de la seguridad jurídica.
Sería inconcebible la administración de un Estado de derecho sin la existencia de
recursos administrativos; medios jurídicos que en definitiva contribuyen a mantener
la legalidad dentro de la administración pública».

234 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 235
como procedimiento administrativo
A lo largo de los años han sido muchas las opiniones acerca del carácter
administrativo de los «actos de registro» 28 , por lo cual es preferible entenderlos
en razón de sus aspectos más descollantes, esto es, en cuanto son
decisiones con carácter vinculante y definitivo, adoptadas por las cámaras
de comercio en ejercicio de una precisa función administrativa, capaces de
producir o afectar situaciones jurídicas concretas y que pueden ser enjuiciables
por la jurisdicción contencioso administrativa.
Al caracterizar de tal forma este tipo de decisiones administrativas, podemos
concluir (a la luz de las normas que regulan la función registral, las
disposiciones de la parte primera del CPACA y la jurisprudencia reiterada de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado 29 ), que los actos de registro
son pasibles de ser controvertidos –al igual que los demás actos administrativos
de contenido particular– a través de los mecanismos de impugnación
consagrados en la ley:
La facultad reconocida a entidades privadas de producir actos administrativos,
revela la inaplicabilidad del criterio subjetivo u orgánico
para determinar la naturaleza del acto, la cual se deduce, ante
todo, del contenido de la función realizada, en lo que se advierte
la evidente primacía de un criterio material que define la índole
administrativa del acto y, de contera, la aplicación de la normatividad
propia del derecho administrativo en las etapas de formación,
notificación, impugnación y control. El acto administrativo generado
por entidades o personas privadas en el ejercicio de funciones
públicas, supone una amplia base de legitimidad si se repara en su
autor, así como probabilidades de una más fácil ejecución, y una
búsqueda de mayor eficacia a partir de la participación de los propios
administrados en la tareas de la administración; a esa eficacia
28 Sobre las tres etapas de evolución normativa del acto administrativo de registro,
puede consultarse Gil Echeverry (2010, pp. 147 y ss.). También Montes Palacio (2005,
pp. 139 y ss.).
29 Cfr. Sentencias Corte Constitucional: C-166 de 1995, C-395 de 1996, C-640 de 2002, C-
909 de 2007, C- 1016 de 2012. Sentencias Consejo de Estado: Exp. 942 (Sección Primera,
23 de mayo de 1991), Exp. 3551 (Sección Tercera, 20 de septiembre de 1984), Exp. 11464
(Sección Primera, 22 de octubre de 1997), Exp. 8711 (Sección Tercera, 25 de julio de 1994).
N. B.: La jurisprudencia contenciosa está citada en Gil Echeverry (2010, pp. 154 y ss.).
contribuye, sin dubitación alguna, el régimen de derecho público
que le es aplicable; disciplina jurídica que a su vez garantiza el respeto
de los derechos de las personas involucradas en la decisión y
de terceros afectados, quienes podrán solicitar la revisión, modificación
o revocatoria del acto en sede administrativa, y en todo caso
acudir ante la jurisdicción que conoce de las controversias suscitadas
en relación con los actos administrativos 30 .
Las normas de las cuales se deriva la posibilidad de desatar los medios
de autocontrol administrativo frente a los «actos administrativos de registro»,
son las siguientes:
El artículo 94 del Código de Comercio 31 :
«La Superintendencia de Industria y Comercio conocerá de las apelaciones
interpuestas contra los actos de las cámaras de comercio.
Surtido dicho recurso, quedará agotada la vía gubernativa».
El artículo 30 del Decreto 1520 de 1978, derogado tácitamente por el CCA:
30 Corte Constitucional, Sentencia C-166 del 20 de abril de 1995, Expediente D-643. M.
P.: Hernando Herrera Vergara.
31 El sentido de la expresión «actos de las cámaras de comercio», prevista en esta
peculiar norma de atribución de competencias, debe cifrarse en los actos camerales
expedidos en ejercicio de la función administrativa del registro, cuando los
mismos correspondan a manifestaciones de voluntad con carácter definitivo, es
decir, «… siempre que éstos constituyan verdaderos actos administrativos, pues
la voluntad de la Administración puede revelarse de diferentes maneras, y lo relevante,
a efectos de establecer si una determinada manifestación de la voluntad
de la Administración es un acto administrativo, es que tenga la aptitud de producir
efectos jurídicos, tales como la creación, modificación o extinción de situaciones
jurídicas generales o particulares» (cfr. Consejo de Estado, Exp. 18136 (Sección
Tercera, 27 de septiembre de 2006), Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra.
La distinción de los precitados actos dimana, también, de la posibilidad del control
judicial sobre los mismos. Así, el Consejo de Estado, refiriéndose a la función
de llevar el registro mercantil en un caso concreto, concluyó que «la cámara de
comercio de […], no obstante su naturaleza de entidad privada, desempeña una
función administrativa, y en este caso sus actos caen bajo la órbita de control por
esta Jurisdicción» Vid: Consejo de Estado, Exp.2320 (Sección Primera, 20 de agosto
de 1993). Consejero ponente: Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

236 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 237
como procedimiento administrativo
Recursos contra los actos administrativos. Los actos administrativos
que en ejercicio de sus funciones expidan las cámaras de comercio,
están sometidos al procedimiento gubernativo, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 94 del Código de Comercio y lo
reglamentado por el Decreto 2733 de 1959.
Mediante esta primera reglamentación del artículo 94 del CCo, el Gobierno
nacional intentó precisar la naturaleza de los «actos de registro», a fin de distinguir
cuáles de esos actos podían ser objeto de los recursos gubernativos.
El Decreto 01 de 1984:
Con la reforma al Código Contencioso Administrativo, la función registral
aparece,
de una forma u otra, como función administrativa, y por tal motivo
los actos emitidos en ejercicio de esta función tendrán la naturaleza
de actos administrativos, afirmación que se sustenta con el contenido
de los artículos 1, 44, 82 y 84, ibídem. (Montes, 2005, p. 140).
Finalmente, los reglamentos también han contribuido a perfilar un
concepto de acto administrativo de registro, dando elementos de su control
en sede administrativa:
El artículo 11 del Decreto 2153 de 1992 (hoy modificado) fijó originalmente
la siguiente competencia funcional:
«Artículo 11. Funciones especiales del superintendente delegado
para la promoción de la competencia […]. 9. Decidir los recursos
de apelación y queja interpuestos contra actos emanados de las
cámaras de comercio».
Como se anunció, la anterior disposición reglamentaria ha sido modificada,
sucesivamente, por el artículo 8 del Decreto 3523 de 2009, el artículo 4
del Decreto 1687 de 2010, y finalmente por el artículo 10 del Decreto 4886 de
2011 (vigente al día de hoy), reproduciendo la misma redacción del precepto
original, pero defiriendo la competencia contenida en la norma en una nueva
dependencia al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio:
«Artículo 10. Funciones de la Dirección de Cámaras de Comercio.
Son funciones de la Dirección de Cámaras de Comercio: 1. Decidir
los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos
emanados de las cámaras de comercio».
Al amparo de las citadas disposiciones, la Superintendencia de Industria
y Comercio ha expedido varios instructivos generales, mediante los cuales
(de forma implícita o explícita) introdujo criterios para reconocer cuáles actos
de registro tienen naturaleza de actos administrativos, y por lo mismo
cuáles pueden ser objeto de la entonces llamada «vía gubernativa» 32 .
Finalmente, la citada Superintendencia instruyó a las cámaras de comercio
del país sobre la forma en que deben tramitarse, de acuerdo con la
ley, «los recursos contra el acto registral», incorporando, mediante la Circular
Externa 002 del 9 de febrero de 2010, un nuevo numeral al título viii, capítulo
i, de la Circular Única expedida por esa autoridad. Sobre estas instrucciones
volveremos más adelante.
2.2 Recursos administrativos
Cumplida la etapa de formación del acto administrativo definitivo, y una vez
notificado a los interesados, de acuerdo al régimen que corresponde a cada
tipo de acto (notificación ficta, si se trata de actos de inscripción; notificación
personal o por aviso, si se trata de las demás resoluciones registrales),
se abre un período o etapa de impugnación de lo decidido por la cámara de
comercio, merced de los recursos, y que finaliza con una respuesta definitiva,
proveniente de la misma autoridad registral o de la Superintendencia de
Industria y Comercio.
La interposición de los recursos también se considera como ejercicio
del derecho de petición, pero sujeto a formalidades particulares (artículos
13 y 15, inciso 1, CPACA). Los recursos administrativos regulados en el nuevo
CPACA son los mismos que se preveían en la anterior codificación, bajo
el rótulo de recursos en la vía gubernativa. Sin embargo, la nueva ley de
32 Cfr. Resoluciones n. os 1353 de 1983, 435 de 1993, 1072 de 1996. Superintendencia de
Industria y Comercio.

238 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 239
como procedimiento administrativo
procedimiento administrativo, buscando que las discusiones se resuelvan
en sede administrativa, esto es, con la pretensión de que los recursos sean
«más efectivos», introduce algunas innovaciones, que serán resaltadas al
tiempo que se vayan desarrollando los temas de este capítulo.
El numeral 1 del artículo 74 del CPACA establece que el recurso de reposición
se interpondrá ante la misma autoridad que expidió el acto, para que
esta lo aclare, modifique, adicione o revoque. Esto significa que del recurso
de reposición se hará uso ante la misma cámara de comercio que adoptó la
decisión, la cual tendrá competencia para su admisión, trámite y resolución.
Según puede deducirse de lo previsto en el inciso 3 del artículo 76 del
CPACA, el recurso de reposición contra los actos de registro no resulta obligatorio,
y por lo mismo no constituye un requisito de procedibilidad para
ejercitar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción
contenciosa (cfr. numeral 2, artículo 161, ibídem).
Por su parte, el numeral 2 del artículo 74, ejúsdem, dispone que el recurso
de apelación procederá «para ante el inmediato superior administrativo o
funcional» 33 . Sin embargo, en consideración a lo dispuesto en el inciso 2 del
artículo 76 del citado código, el recurso de apelación deberá ser «presentado
ante el funcionario que dictó la decisión». Esto significa que, interpuesto
el recurso de apelación en contra de un acto de registro, el mismo tendrá
que presentarse, no obstante, ante la misma cámara de comercio que expidió
el acto, a fin de que esta decida sobre su admisión, agote la carga de
la citación de los interesados en el trámite y remita el expediente hacia la
Superintendencia de Industria y Comercio 34 , por lo cual esta última autoridad
tendrá competencia para resolverlo.
33 Sobre la superioridad jerárquica o funcional de la Superintendencia de Industria y
Comercio, el Consejo de Estado puntualizó: «La Superintendencia de Industria y
Comercio no es superior jerárquica estructural u orgánica de las cámaras de comercio,
pero sí lo es desde el punto de vista funcional, pues los actos de éstas relacionados
con el registro mercantil son susceptibles de impugnación para ante la respectiva
superintendencia» (cfr. Consejo de Estado, Rad. 1643, Sala de Consulta y Servicio Civil,
concepto del 2 de junio de 2005). Consejero ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
34 En un caso puntual, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante oficio
radicado bajo el número 13-54031-1-0, del 11 de abril de 2013, solicitó a una cámara
de comercio que efectuara el examen de admisibilidad del recurso de apelación, con
fundamento en los artículos 76, 77 y 78 del CPACA, precisando además que «… si es
del caso, conceda el recurso mediante un acto administrativo, para lo cual deberán
El recurso de apelación es obligatorio, por eso debe ser «interpuesto y
decidido» para que el acto administrativo de registro pueda ser objeto de
control judicial ulterior (artículos 76 y 161, CPACA).
El rechazo del denominado recurso de alzada o apelación, abre la vía
para la interposición del recurso de queja, el cual es facultativo y se interpone
directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto
superior funcional de la cámara de comercio que negó la apelación. La ley
exige que se presente a través de escrito acompañado de una copia de la
providencia que rechazó la apelación.
Las reglas comunes a todos los recursos son las siguientes:
• Deben ser presentados por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación
de la inscripción (notificación presunta), o a la notificación
personal o por aviso de las demás providencias registrales.
Tratándose del fenómeno del silencio administrativo negativo, el
acto ficto puede ser impugnado en cualquier tiempo, en razón de
la inercia de la entidad registral (artículo 76, CPACA).
• Los recursos deben interponerse ante el funcionario que profirió el
acto administrativo atacado, quien no podrá negarse a recibirlos.
En caso de negativa, puede acudirse ante el procurador regional o
ante el personero municipal, para que éste ordene su recepción y
trámite (artículo 23, CPACA).
• El recurso de apelación puede interponerse directamente, o como
subsidiario del de reposición (inciso 3, artículo 76, CPACA).
• Los recursos deben interponerse dentro del plazo legal, directamente
o mediante apoderado que deberá ser abogado en ejercicio.
Si quien lo presenta ha sido «reconocido en la actuación»,
no podrá exigírsele presentación personal del escrito (artículo 77,
CPACA). Son personas reconocidas en la actuación registral, aquellas
que durante el trámite de inscripción llevaron a cabo alguna
dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 1.11.3 y 1.11.5, capítulo i, título viii de
la Circular Única proferida por esta superintendencia. De esta manera se devuelve la
documentación, con el fin de que proceda de conformidad, y si es del caso remita el
respectivo expediente, en los términos descritos en el numeral 1.11.5 referido».

240 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 241
como procedimiento administrativo
actuación relevante a su interés: suscribieron los documentos sujetos
a registro, presentaron peticiones escritas en torno al trámite,
solicitaron su vinculación como terceros, se opusieron a la
inscripción del documento, adelantaron gestiones de trámite para
completar requisitos, hicieron figurar a su nombre las liquidaciones
de derechos de inscripción e impuesto de registro, etc.
• El escrito que contenga los recursos deberá indicar el nombre y dirección
del recurrente, así como su dirección electrónica, si desea
ser notificado por ese medio. Debe, igualmente, expresar de forma
concreta las razones de su inconformidad, y solicitar y aportar
las pruebas que pretenda hacer valer (artículo 77, CPACA).
• Se admite para la interposición del recurso la agencia oficiosa. En
este caso, el recurrente deberá acreditar la calidad de abogado en
ejercicio y prestar caución que garantice que la persona por quien
obra ratificará la actuación dentro de los dos meses siguientes (artículo
77, CPACA).
• Los recursos se otorgan en el efecto suspensivo y se resuelven de
plano, salvo en aquellos eventos en los que se haya solicitado la
práctica de pruebas o que el funcionario que haya de tomar la decisión
considere necesario decretarlas de oficio. Si con el recurso
se presentan pruebas, y en el trámite interviene más de una parte,
la ley dispone que debe darse un traslado de cinco días (artículo
79, CPACA).
• Al tratarse de un debate en torno de una situación jurídica particular
y concreta, la ley admite el desistimiento en cualquier tiempo
como una forma de finalización del procedimiento de impugnación
(artículo 81, CPACA).
• La notificación, comunicación o publicación de la decisión sobre
los recursos interpuestos le otorgan la cualidad de firmeza a los
actos administrativos.
Adicionalmente, para la tramitación de los recursos administrativos
frente a los actos de registro, las cámaras de comercio deben observar las
instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio a
través de la Circular Externa 002 de 2010, que adiciona varios numerales a la
Circular Única de esa autoridad, en los siguientes términos:
1.11. Recursos de la vía gubernativa.
1.11.1. Oportunidad para la interposición de recursos. Los recursos
contra el acto registral podrán interponerse dentro de los
cinco (5) días [entiéndase, diez (10) días hábiles] siguientes a la fecha
en que se efectuó la anotación en el registro respectivo.
Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto
los recursos procedentes, el acto quedará en firme.
1.11.2. Recurso de queja. Cuando, en desarrollo de la vía gubernativa,
se interponga recurso de queja ante la Superintendencia de
Industria y Comercio contra un acto administrativo de una Cámara
de Comercio, se solicitará el expediente a la cámara de comercio
respectiva, adjuntando copia del recurso de queja.
La cámara de comercio remitirá de inmediato el expediente
solicitado y actualizará el certificado, indicando que contra ese acto
administrativo se interpuso un recurso de queja; dejando constancia,
de conformidad con el artículo 55 del Código Contencioso
Administrativo [entiéndase artículo 79, CPACA], de que la inscripción
se encuentra suspendida.
Una vez notificada la decisión que resuelva el recurso de queja,
la Superintendencia de Industria y Comercio remitirá copia del
acto administrativo correspondiente a la cámara de comercio respectiva,
la cual deberá proceder de conformidad con dicha decisión.
1.11.3. Publicidad del recurso. Una vez interpuestos los recursos
de reposición o de apelación contra los actos registrales,
mercantiles y de entidades sin ánimo de lucro, las cámaras de comercio
comunicarán a los interesados tal actuación, a través del
servicio de mensajería, a la dirección de notificación judicial de la
persona jurídica o natural, según sea el caso.
Sin perjuicio de lo anterior, la cámara de comercio informará
de la presentación del recurso, mediante la publicación en cualquier
medio electrónico de que disponga.
1.11.4. Notificación de la decisión del recurso. Cuando la decisión
del recurso de reposición confirma el acto impugnado, y procede el
trámite del recurso de alzada, no es obligatoria la notificación personal
de dicha decisión. En caso de que la decisión del recurso ponga
fin al procedimiento administrativo, aquella deberá ser notificada en

242 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 243
como procedimiento administrativo
los términos previstos en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo [entiéndase artículos 66-69, CPACA].
1.11.5. Conformación del expediente de recurso. Resuelto por
la cámara de comercio el recurso de reposición interpuesto frente
a un acto registral, mercantil o de entidades sin ánimo de lucro,
y si fuere procedente el trámite del recurso de alzada, la cámara
de comercio deberá remitir el expediente del recurso a la
Superintendencia de Industria y Comercio - Grupo de Trabajo de
Cámaras de Comercio, debidamente foliados en la parte superior
derecha, iniciando desde la carta de remisión a esta Entidad y hasta
la última hoja, en el orden que a continuación se indica:
a) Carta de remisión del expediente a la Superintendencia de
Industria y Comercio.
Tal documento deberá contener la relación del material
que se envía, con la indicación de los folios que componen el
expediente.
b) Escrito del recurso junto, con su constancia de presentación
personal.
c) Acto administrativo objeto del recurso.
Cuando se trate de abstención registral, la cámara deberá
remitir el oficio respectivo. En caso de haber procedido la inscripción,
deberá remitir copia de la anotación en el libro respectivo.
d) Actos y documentos presentados para registro.
e) Resolución mediante la cual la cámara de comercio decide
el recurso de reposición.
f) Estatutos de la persona jurídica inscritos en la respectiva
cámara de comercio y vigentes al momento de la adopción de la
decisión materia de registro.
g) Certificado de existencia y representación legal o de matrícula
mercantil, donde conste la anotación registral del acto impugnado,
si el recurso es contra una inscripción.
h) Constancia de la publicación de la solicitud de inscripción
registral efectuada por la cámara de comercio.
i) Constancia del traslado del recurso a los interesados.
j) Escritos de respuesta de los interesados al traslado de los
recursos.
La remisión del recurso de alzada por parte de la cámara de
comercio a la Superintendencia de Industria y Comercio, deberá ser
realizada dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que se
decida el recurso de reposición, de conformidad con el artículo 209
de la Constitución Política, y el artículo 3 del Código Contencioso
Administrativo [léase artículo 3, CPACA].
Dice la ley, que vencido el período probatorio (y en la discusión de actos
de inscripción este es innecesario) deberá proferirse la decisión motivada
que resuelva el recurso. Esta decisión debe resolver todas las peticiones que
hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso
(artículo 80, CPACA). En la práctica, son dos las alternativas en la decisión
de los recursos en contra de actos de registro: confirmar, en todo o en
parte, la inscripción o la abstención del registro; o revocar, en todo o en parte,
la inscripción o la abstención del registro objeto de recursos. Esto, sin perjuicio
de que en el acto administrativo que los resuelve deban ser abordadas y
respondidas (dentro de los límites de la competencia de las cámaras de comercio)
las demás cuestiones planteadas, adyacentes al acto de inscripción.
2.3 El efecto suspensivo de los recursos
administrativos
Un aspecto de singular trascendencia para el registro, y la certificación de
actos y documentos, es el efecto suspensivo con el que se tramitan los recursos
administrativos.
Lo anterior significa que, si dentro del término de ejecutoria del acto
administrativo de inscripción son presentados en debida forma los recursos
administrativos, tal circunstancia será impeditiva de que el acto administrativo
quede en firme y pueda ejecutarse; por lo menos, hasta que los mismos
no sean resueltos. Esta afirmación encuentra su principal sustento legal en
lo ordenado en el inciso 1, artículo 79, CPACA:
«Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán
en el efecto suspensivo».

244 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 245
como procedimiento administrativo
Que los recursos se tramiten en el efecto suspensivo significa, ni más
ni menos, que se «suspende la ejecución de la providencia administrativa
impugnada», defiriendo su eficacia (en cuanto firmeza y ejecutoriedad) a la
ulterior resolución de los mismos. Esto supone que los recursos gubernativos
tienen la virtualidad de suspender los efectos o impedir la ejecución de
los actos impugnados, mientras los mismos se encuentren pendientes de
definición, lo cual cobra toda lógica a la luz de lo previsto en los artículos
87-90 del CPACA, según los cuales el carácter ejecutorio de los actos administrativos
solo puede predicarse de actos en firme.
La jurisprudencia constitucional sobre asunto de la misma naturaleza,
ha dicho lo siguiente; en la sentencia proferida el día 26 de
octubre de 2000, en el expediente T-353096 dijo:
[…] El orden jurídico ha de interpretarse de manera sistemática
y, además, teniendo siempre en cuenta la finalidad que se persigue
con las normas jurídicas, es decir, que el intérprete no debe
perder de vista jamás la teleología de las normas que interpreta.
Aplicados estos criterios, se observa por la Corte que el artículo
55 del Código Contencioso Administrativo ordena que los recursos
en la vía gubernativa se concedan en el efecto suspensivo.
Ello significa, como es de sobra conocido, que el acto administrativo
objeto de la impugnación con esos recursos, no puede surtir
ningún efecto jurídico mientras la impugnación aludida esté pendiente
de decisión, ya sea por la propia autoridad que lo profirió, o
por su superior jerárquico 35 .
Ahora bien, cabe decir que el efecto suspensivo de los recursos deviene
de un preciso mandato legal, es decir, no depende de una declaración de
voluntad de la administración, pues el citado efecto viene dado «ex lege»
de forma imperativa, sustraído de todo calculo o injerencia de los extremos
interesados en la discusión del acto:
«Huelga señalar que la decisión o la voluntad de la autoridad administrativa
no juega papel alguno en esta materia, puesto que
el efecto suspensivo resulta de obligatorio e imperativo mandamiento
legal, a cuyo obedecimiento no puede sustraerse ningún
funcionario». (Gil Echeverry, 2010, p. 170).
Lo acabado de señalar tiene importantes consecuencias en materia registral,
pues si bien la ley dispone que los recursos se «tramitan» en el efecto
suspensivo, no significa ello que frente al acto administrativo de inscripción
la suspensión ocurra solo a partir del momento en que la cámara de comercio
comunica a los interesados sobre la interposición del recurso. La suspensión
de la inscripción es «íntegra», sin que pueda surtir efectos –ni siquiera
parciales– desde el mismo momento de su anotación. Se trata de una suspensión
«in nuce». Por eso, en el evento de confirmarse el acto administrativo
de inscripción impugnado, el correspondiente registro se entenderá válido
desde la fecha misma en que se efectuó la inscripción.
El efecto suspensivo respecto de un acto administrativo de inscripción,
supone que se tengan por vigentes las inscripciones que estando en firme
lo antecedan. Ha señalado la Superintendencia de Industria y Comercio que
frente a los actos de inscripción de administradores y revisores fiscales, cuya
inscripción ha sido objeto de los recursos de vía gubernativa, estarán vigentes
las inscripciones que los anteceden inmediatamente, para lo cual será
necesario dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 164 del C. Co., hasta tanto
la señalada inscripción impugnada con los recursos no quede en firme 36 .
Esto se traduce en que la cámara de comercio debe abstenerse de registrar
libros, actos o documentos que pendan de una inscripción cuyos efectos
se encuentran suspendidos, como consecuencia de la oportuna interposición
de los recursos administrativos. Así las cosas, si por ejemplo el recurso
se ejerce en contra de la designación de un órgano de administración o fiscalización
de una persona jurídica, se entenderán en suspenso los efectos
de dicha inscripción mientras no alcance firmeza la designación correspondiente.
En su lugar, si se encuentran suspendidos los efectos jurídicos derivados
del acto administrativo de registro, la cámara de comercio no podrá
35 Consejo de Estado, Rad. 25000-23-26-000-2002-0107-01 (Sección Tercera,
Sentencia del 4 de abril de 2002). Consejero ponente: María Elena Giraldo Gómez.
36 Cfr. Oficios 01037979 del 31 de mayo de 2001, y 02015861 del 21 de marzo de 2002,
Superintendencia de Industria y Comercio.

246 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 247
como procedimiento administrativo
tener en consideración las decisiones adoptadas por el órgano atacado con
los recursos, por faltar ejecutoriedad o fuerza ejecutoria a la inscripción recurrida;
quedando vigentes las inscripciones que la anteceden, se insiste,
hasta tanto no sea decidido el recurso de que se trate. Así se pronunció la
Superintendencia de Industria y Comercio:
En el caso en comento, el presupuesto jurídico básico para la inscripción
de los cargos de directivos de la entidad sin ánimo de lucro
a la que usted hace referencia, era precisamente la inscripción
del Consejo Directivo, ya que éste es el órgano competente para
efectuar tales designaciones. En este sentido, si se tiene en cuenta
que la inscripción era presupuesto jurídico básico para la posterior
inscripción de las designaciones realizadas por dicho órgano, debe
concluirse que el acto administrativo registral de la Cámara consistente
en la inscripción de tales nombramientos, ha perdido sus fundamentos
de derecho y por lo tanto carece de fuerza ejecutoria 37 .
Asimismo, ha señalado la citada autoridad gubernamental:
Por lo anterior, los recursos contra los actos registrales de las cámaras
de comercio, entre los cuales se encuentran los actos de inscripción
de las actas de asambleas en que consta la designación
de los revisores fiscales, [4] se conceden en el efecto suspensivo y
únicamente cuando queden en firme surten efectos, [5] es decir,
cuando se decidan los recursos interpuestos contra ellos.
En este orden de ideas, al interponerse el recurso contra la
inscripción del acta número 017 de 8 de enero de 2002 de la asamblea
general extraordinaria de accionistas, que designó revisor fiscal
principal y suplente, los efectos de dicho acto administrativo
de registro quedan suspendidos, por lo que la designación realizada
no produce los efectos de oponibilidad frente a terceros.
En este sentido, es preciso tener en cuenta que, según lo
establecido en el Art. 164 del Código de Comercio, las personas
inscritas en el registro mercantil como representantes legales o
revisores fiscales de una sociedad, conservan tal carácter para todos
los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción
mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección. En
consecuencia, respecto del caso planteado, hasta que se resuelva
el recurso interpuesto, para todos los efectos legales, el revisor
fiscal de la sociedad será la persona que se encontraba registrada
antes de la inscripción del acta 017 de 2002 38 .
En otro pronunciamiento reciente, reafirmó la Superintendencia la
doctrina en cuestión, al señalar que:
A su vez, el inciso segundo de la citada norma dispone que «los
procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se
regirán por éstas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas
de esta parte primera que sean compatibles». En este sentido, teniendo
en cuenta que no existen leyes especiales que regulen los
procedimientos administrativos que adelantan las cámaras de comercio,
se concluye que tales procedimientos se rigen por lo establecido
en la parte primera del Código Contencioso Administrativo.
Por lo anterior, los recursos contra los actos registrales de las
cámaras de comercio, entre los cuales se encuentran los actos de
inscripción de administradores y revisores fiscales, se conceden en
el efecto suspensivo, razón por la cual, únicamente cuando éstos se
resuelvan la decisión recurrida queda en firme y, por consiguiente,
surte efectos. En este sentido, la interposición de los recursos de la
vía gubernativa contra los citados actos de inscripción, suspende
la oponibilidad de las decisiones contenidas en ellos, esto es, en
este caso los nombramientos efectuados no son oponibles hasta
tanto sean resueltos los recursos interpuestos.
En tal virtud, es claro que la interposición de los recursos de
la vía gubernativa contra los actos registrales, supone que hasta
tanto dichos actos no se encuentren en firme no pueden generar
37 Oficio n.° 02058032 del 4 de septiembre de 2002. Superintendencia de Industria y
Comercio.
38 Oficio 02015861 del 21 de marzo de 2002. Superintendencia de Industria y Comercio.

248 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 249
como procedimiento administrativo
efectos jurídicos y, por lo tanto, estarán vigentes las inscripciones
que lo anteceden 39 .
Como resultará apenas obvio, el efecto suspensivo con el que se tramitan
los recursos en contra de inscripciones tiene también repercusión en las
certificaciones que expiden las cámaras de comercio. En nuestra opinión, la
certificación es un medio probatorio y no un acto de ejecución de los actos
administrativos de inscripción. Por lo tanto, para dar una mejor y más completa
publicidad de la situación real del expediente registral, en ella se deberá
dejar constancia de la interposición de los recursos, certificando tanto la
inscripción impugnada (cuyos efectos están en suspenso, pero que en todo
caso no ha desaparecido del ordenamiento), como la inscripción que inmediatamente
la antecede. No puede perderse de vista que la función certificadora
es obligatoria, por lo cual la interposición de los recursos suspende los
efectos del acto de inscripción impugnado, pero en modo alguno suspende
o impide la expedición de certificados.
2.4 Los certificados son medios de prueba
que no ponen fin a la actuación administrativa
Conforme a lo acabado de expresar, la certificación no es un acto decisorio
que ponga fin a la actuación administrativa de registro, y, por tanto, no cumple
con uno de los presupuestos que exige la ley para ser atacada a través de
los recursos en sede administrativa. En este sentido se han pronunciado la
Superintendencia de Industria y Comercio y el Consejo de Estado:
[…] Pero, de ninguna manera, son actos sujetos al recurso contencioso
administrativo los certificados que expide el Superintendente
Bancario, porque con ellos no se pone fin a una situación administrativa,
sino que tan solo se acredita la existencia de un acto o de un hecho,
son una prueba de lo que allí se hace constar por el funcionario 40 .
39 Oficio 06072826 de 2006. Superintendencia de Industria y Comercio.
40 Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 30 de noviembre de 1978. Citado en
Gil Echeverry (2010, p. 263).
«[…] La facultad delegada por el Estado a las cámaras de comercio
de administrar los registros públicos, dentro de los cuales
se encuentra el Registro Mercantil, otorga a dichas entidades la
función de certificar de los actos y documentos que se encuentren
inscritos en el Registro Mercantil. En tal sentido, el artículo 30 del
Código de Comercio establece:
[…] La naturaleza jurídica de la función certificadora de las cámaras
de comercio es pública, y en particular se trata de una función
administrativa. Por consiguiente, la expedición de los diferentes
certificados sobre los actos y documentos inscritos en el registro
mercantil, se considera como un acto administrativo, dictado por
un particular. Sin embargo, la expedición de un certificado no es un
acto administrativo que ponga fin a una actuación administrativa,
y por lo tanto no procede contra él los recursos de la vía gubernativa.
(Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 43467
de 2007).
De lo transcrito se desprende, con claridad, que los certificados son uno
de los medios probatorios de las inscripciones, mas no son un acto administrativo
definitivo, susceptible de debatirse en la instancia administrativa a través
de los controles gubernativos; ni tampoco son el acto de notificación de
dichos actos de registro. Sus falencias no pueden ser tenidas en cuenta como
inconsistencias en el proceso de expedición y notificación del acto administrativo
de inscripción. Lo dicho, naturalmente, sin perjuicio de que el interesado
pueda eventualmente acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa 41 .
2.5 Revocatoria directa
En la institución de la revocatoria directa tenemos dos necesidades encontradas:
por una parte, la de estabilidad y seguridad del ordenamiento
jurídico, y, por la otra, la de adaptación de la actividad administrativa a su
ideal de justicia. Así pues, no sería posible afirmar que todas las actuaciones
41 Cfr. artículo 137, CPACA.

250 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 251
como procedimiento administrativo
administrativas son revocables, por cuanto se menoscabaría la seguridad
jurídica, pero tampoco sería adecuado que todas ellas fueran irrevocables,
pues en algunos casos será necesario retirar del ordenamiento jurídico alguna
disposición administrativa que imponga una sanción o un gravamen
exorbitante para los particulares. La primera condición para que un acto administrativo
sea revocable es que se trate de un acto de carácter particular,
como son aquellos ligados a los procedimientos de los registros administrados
por las cámaras de comercio.
Por otra parte, la revocatoria directa es un instrumento para que la administración
revise sus decisiones de manera unilateral. Por este motivo, el
inicio de la actuación tendiente a revocar un acto administrativo se puede
dar de oficio o a solicitud de parte, como lo indica el artículo 93 del nuevo
código, pues no se requiere, para el inicio del trámite revocatorio, del consentimiento
del particular a quien afecta el acto. Distinto es, que para que
se proceda efectivamente a la revocación, se requiera de la aquiescencia del
particular, como se verá más adelante.
El mencionado artículo 93 del CPACA también indica, de forma taxativa,
las razones por las cuales procede la revocatoria de un acto administrativo
de registro, a saber: cuando se oponga manifiestamente a la constitución
o a la ley, cuando no se ajuste al interés público o social y cuando se cause
agravio injustificado a una persona. Sin embargo, no debe perderse de vista
lo dispuesto por el artículo 94 de la misma codificación, según el cual respecto
de la primera causal no procederá la revocatoria a solicitud de parte
cuando se hayan interpuesto los recursos administrativos; lo cual es apenas
obvio, pues ya en esa sede tuvo el particular oportunidad de manifestar su
inconformidad con el acto, y la cámara de comercio pudo efectuar una revisión
previa del mismo. Debe recordarse, además, que en este caso se hace
referencia a un control de legalidad, por lo que puede alegarse la existencia
de cualquier inconsistencia en el procedimiento formativo del acto registral,
o cualquier deficiencia en la calificación jurídica del acto sujeto a inscripción.
Sobre la revocatoria por solicitud de parte, solo falta agregar que, con
la entrada en vigencia del nuevo código, el término para que la administración
resuelva una solicitud de este tipo se redujo de tres a dos meses
(inciso 2, artículo 95, CPACA). Adicionalmente, no sobra decir que contra
el acto administrativo que resuelve la solicitud de revocatoria directa no
cabe recurso alguno (inciso 3, artículo 95, CPACA). Además, por expresa
prohibición legal, ni la solicitud ni la decisión de revocatoria directa reviven
los términos para iniciar acciones en sede contenciosa, ni dan lugar a
la aplicación del silencio administrativo.
A diferencia de lo que ocurre con la revocatoria por solicitud de parte,
la administración puede iniciar oficiosamente el procedimiento especial de
revocatoria de sus actos, en cualquiera de los casos indicados por el artículo
93 del CPACA, sin limitación alguna; es decir, incluso cuando se dé la revocatoria
con fundamento en su inconstitucionalidad o ilegalidad y se hayan
interpuesto los recursos de la vía gubernativa. En cuanto al término para la
revocación oficiosa de actos administrativos expedidos por las cámaras de
comercio, vale la pena resaltar lo indicado por el inciso 1 del artículo 95 del
CPACA, según el cual la autoridad registral puede iniciar el trámite de revocación
en cualquier momento, siempre que no haya perdido competencia para
hacerlo, por haberse notificado el auto admisorio de una demanda que se
haya iniciado contra el mismo acto cameral ante la jurisdicción contenciosa.
Ahora bien, la pérdida de competencia de la administración para revocar
sus actos, por razón de la notificación del auto admisorio de la demanda, no
impide que durante el proceso la autoridad correspondiente formule ofertas
de revocatoria, lo que constituye una novedad legislativa. Para que estas procedan,
deben ser previamente aprobadas por el comité de conciliación de la
entidad y, una vez formuladas, serán examinadas por el juez, quien ordenará
ponerlas en conocimiento del demandante para verificar si se ajustan al ordenamiento
jurídico. En caso de que el demandante acepte la oferta de revocatoria,
el proceso terminará por auto, en el que se indicarán las obligaciones
de la autoridad demandada (Parágrafo del artículo 95, CPACA).
Es interesante lo dispuesto por el Art. 97 de la nueva codificación, pues
si bien mantiene lo dispuesto por el código anterior (en el sentido de que si
el acto creó o modificó una situación jurídica concreta o reconoció un derecho
de igual categoría, para su revocatoria se debe contar con la aquiescencia
previa, escrita y expresa del titular del derecho), la actual codificación establece
unas nuevas limitaciones para la administración y, por lo mismo, para las
cámaras de comercio. En efecto, los incisos 2 y 3 de este artículo indican que:
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que
el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo
ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Si la

252 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 253
como procedimiento administrativo
administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o
fraudulentos, lo demandará sin acudir al procedimiento previo de
conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.
Así pues, la posibilidad de revocar los actos de carácter particular y concreto
queda en todos los casos supeditada a la voluntad del administrado,
y, si no se cuenta con su autorización, a la administración no le queda otro
camino que demandar su propio acto y solicitar al juez la suspensión provisional
del mismo.
Sobre esta disposición se ha dicho que:
[…] el legislador debió conservar la regla prevista en el artículo 73
del Código actual, por una razón de simple lógica jurídica: la decisión
obtenida por medios ilegales o fraudulentos no puede tornarse
inmutable y debe al contrario ser invalidada, sin necesidad
de la anuencia de aquel que ha cometido la irregularidad; esta
clase de comportamientos generan una nulidad en el acto proferido,
y los derechos que surjan no pueden ser protegidos, al ser
claramente un producto de la mala fe. También puede afirmarse
que la característica de estabilidad de los derechos se encuentra
principalmente en los principios de buena fe y confianza legítima.
Si estos dos presupuestos no se hallan presentes, el pronunciamiento
de la autoridad adquiere vocación de revocabilidad. (Gil
Botero, 2011, p. 217).
La revocatoria directa, sea instada a petición de parte o iniciada como
actividad exoficio, se tramitará mediante un procedimiento administrativo,
en el que hay que citar a los directamente interesados y a los que puedan resultar
afectados con la decisión (antes de decidir la revocación), garantizando
el derecho de audiencia y de defensa (parágrafo del artículo 97, CPACA).
Por este motivo, al procedimiento revocatorio le es perfectamente aplicable
lo dispuesto en los artículos 33-45 del CPACA, en cuanto sean compatibles
con su finalidad.
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Sentencia T-134 del 29 de marzo de 1996
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Sentencia T-418 del 28 de agosto de 1997
Sentencia T–630 del 8 de agosto de 2002
Sentencia C-640 del 13 de agosto de 2002
Sentencia T-693 A del 20 de septiembre de 2011
Sentencia C-818 del 1 de noviembre de 2011
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Consejo de Estado, exp. 2320 (Sección Primera, 20 de agosto de 1993).
Magistrado ponente: Ernesto Rafael Ariza Muñoz.
Consejo de Estado. Rad. 25000-23-26-000-2002-0107-01 (Sección
tercera. Sentencia del 4 de abril de 2002). Magistrado ponente:
María Elena Giraldo Gómez.
Consejo de Estado, Rad. 1643 (Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto
del 2 de junio de 2005). Magistrado ponente: Luis Fernando
Alvarez Jaramillo.
Consejo de Estado. Exp. 7283 (Sección Primera. Sentencia de julio de
2006). Magistrado ponente: Martha Sofía Sanz Tobón.
Consejo de Estado, Exp. 18136 (Sección Tercera, 27 de septiembre de
2006). Magistrado ponente: Ramiro Saavedra Becerra.
Consejo de Estado. Exp. No. 05001 23 31 000 2007 00698 01. (Sala plena
de lo Contencioso administrativo. Sentencia de tutela del 28 de
agosto de 2007). Magistrado ponente: Martha Sofía Sanz Tobon.
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consulta de 20
de mayo de 2010. Magistrado ponente: Enrique José Arboleda
Perdomo.
Consejo de Estado. Rad. 2.043 (11001-03-06-000-2010-00113-00) (Sala
de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 28 de octubre de 2010).
Magistrado ponente: Enrique José Arboleda Perdomo.
Textos normativos
Leyes
Ley 79 de 1988
Ley 6 de 1992
Ley 80 de 1993
Ley 222 de 1995
Ley 223 de 1995
Ley 300 de 1996
Ley 454 de 1998
Ley 590 de 2000
Ley 643 DE 2001
Ley 850 de 2003
Ley 962 de 2005
Ley 1014 de 2006
Ley 1101 de 2006
Ley 1150 de 2007
Ley 1258 de 2008

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Ley 1429 de 2010
Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo)
Ley 1558 de 2012
Ley 1607 de 2012
Ley 1727 de 2014
Ley 1755 de 2015
Decreto-Ley 410 de 1971 (Código de Comercio)
Decreto-Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo)
Decreto-Ley 2150 de 1995
Decreto-Ley 019 de 2012
Decretos
Decreto 427 de 1996
Decreto 650 de 1996
Decreto 393 de 2002
Decreto 898 de 2002
Decreto 4463 de 2006
Decreto 2893 de 2011
Decreto 4886 de 2011
Decreto 734 de 2012
Decreto 489 de 2013
Decreto 1510 de 2013
Decreto 2042 de 2014
Circulares
Circular Única Superintendencia de Industria y Comercio. Título VIII.
Capítulo I.
Capítulo v
El registro único
empresarial y social, rues:
un aporte a la simplificación de trámites
Kristel Maritza Salazar Henao
Abogada, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
Especialista en Derecho de los Negocios, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, Colombia. Abogada coordinadora de Registros de la Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia.
José David Martínez Cuervo
Abogado y Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia
Bolivariana, Medellín (Colombia). Jefe del Registro Único de Proponentes de la
Dirección de Registros Públicos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

258 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 259
Resumen
El Registro Único Empresarial y Social, RUES, la central de datos más grande
del país, es una herramienta innovadora que integra el registro mercantil, el
Registro Único de Proponentes, el registro de entidades sin ánimo de lucro,
el registro de personas naturales y jurídicas que ejercen actividades de vendedores
de juegos de suerte y azar, el registro público de veedurías ciudadanas,
el registro de los apoderados judiciales de las entidades extranjeras de
derecho privado sin ánimo de lucro, el registro de la economía solidaria y el
Registro Nacional de Turismo, con el que las 57 cámaras de comercio del país
se comprometen en la tarea de simplificar trámites en la administración pública
y realizan un valioso aporte a la formalización empresarial.
Abstract
The Sole Business and Social Registry (RUES, in Spanish), the country’s largest
database, is an innovative tool that integrates the Business Registry, the Tender
Registry, the Non-profit Entity Registry, the Registry of Natural or Legal Persons
that Sell Games of Chance, the Public Registry of Citizen Oversight, the Registry
of Legal Representatives of Private Non-profit Foreign Entities, the Solidarity
Economy Registry, and the National Registry of Tourism, which the country’s
57 chambers of commerce use to simplify processes in public administration
and through which they provide valuable support for business formalization.
Introducción
El presente artículo pretende hacer un acercamiento a una realidad que
cada vez toma más fuerza: la necesidad de administrar la información surgida
bajo la aceleración de las innovaciones tecnológicas actuales. Esta necesidad
se le plantea a las entidades e instituciones que buscan adherirse
de manera efectiva a las dinámicas sociales, para poder interactuar con los
ciudadanos que se apropian de esas innovaciones.
Desde esta perspectiva se presenta el Registro Único Empresarial y Social,
RUES; sistema creado por el Gobierno nacional a través del Decreto Ley 019
de 2012, que articula el registro mercantil, el Registro Único de Proponentes,
el registro de entidades sin ánimo de lucro, el registro de personas naturales
y jurídicas que ejercen actividades de vendedores de juegos de suerte y azar,
el registro público de veedurías ciudadanas, el registro de los apoderados judiciales
de las entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro,
el registro de la economía solidaria y el Registro Nacional de Turismo. Es una
estrategia innovadora, que asumen las 57 cámaras de comercio del país dentro
de su actividad.
Inicialmente, se exponen los orígenes de este sistema, abordado desde
los elementos que lo componen: el marco normativo, y las implicaciones y
beneficios que brinda, no solo a los empresarios sino también a la ciudadanía
en general. Se especifican las características y servicios que ofrece a través
del sitio web oficial y de las cámaras de comercio, entre otros aspectos
con los que cuenta la gran central de información RUES.
El objetivo es hacer un acercamiento a la importancia de las transformaciones
tecnológicas como estrategias para apoyar las directrices del
Gobierno nacional que buscan la simplificación de las actuaciones que se
adelantan ante la administración pública, como una necesidad que tienen
los ciudadanos de contar con un Estado eficaz y transparente, un ideal que
las cámaras de comercio apoyan y gestionan.
Posteriormente, se hace referencia a los registros públicos que integran
el sistema, haciendo énfasis en la importancia del Registro Nacional
de Turismo, que fue asumido por las cámaras de comercio a partir del 1 de
marzo de 2012, ante la realidad de un renglón económico que cada vez cobra
más relevancia en su proyección. Se aborda el turismo como un sector

260 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 261
protagónico, que amerita un manejo específico, tanto en su plataforma tecnológica
como en su administración.
Finalmente, se aborda el Registro Único de Proponentes, dadas las características
y transformaciones que ha tenido su administración en los últimos
años por parte de las cámaras de comercio.
-1-
ORÍGENES
En una era donde las tecnologías de la información y las comunicaciones
avanzan de manera acelerada, generando un impacto en el desarrollo económico,
político, social y cultural del país, resulta imperativa la necesidad
de crear herramientas que faciliten el desarrollo de las actividades empresariales,
con miras a la simplificación y reducción de los trámites para los
ciudadanos y la agilización de los procesos que tiendan a la modernización
de la administración pública.
Bajo esta lógica fue creada la plataforma virtual que agrupa a todos los
tipos de registro –mencionados en la Introducción–, que son administrados
por las cámaras de comercio del país.
Según datos de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio,
Confecámaras, en su sitio web oficial, desde el 1 de enero de 2013 se puso en
funcionamiento para el país la gran central de información, como un innovador
sistema que busca modernizar los procedimientos a nivel interno y
externo en las cámaras de comercio. Esta central es una herramienta que facilita
la gestión de las actividades del Estado y de los empresarios, al apoyar
la labor de seguimiento y vigilancia de las entidades públicas, simplificar y
reducir los trámites que deben cumplir las empresas, y ofrecer información
en línea, confiable y oportuna, para la toma de decisiones comerciales.
El Registro Único Empresarial y Social, RUES, como ha sido denominada
esta plataforma tecnológica, integra en una gran central de información en
línea los registros públicos que están a cargo de los entes registrales. Así, a
través del RUES se mantiene actualizada la información más relevante de
los 4.500.000 registros públicos activos, administrados por las 57 cámaras
de comercio del país, que manejan 270 millones de datos, bajo los más altos
estándares de tecnología y seguridad.
Cabe señalar que para el Gobierno nacional, desde la expedición de
la Constitución Política de 1991, ha sido política general facilitar las gestiones
que se deben adelantar ante las diferentes entidades del Estado. La

262 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 263
última iniciativa, recogida en el Decreto Ley 019 del 10 de enero de 2012, ha
tenido aciertos en esa intención clara de simplificar, reducir y suprimir los
trámites y procedimientos que las personas naturales y jurídicas realizan
ante las autoridades públicas, o ante las entidades privadas que cumplen
funciones públicas. Para ello, se utilizan las herramientas tecnológicas que
permiten la estandarización y automatización de los procesos, la racionalización
de los recursos, y la eficiencia y transparencia en las actuaciones
administrativas.
Las cámaras de comercio, en atención a su función para administrar los
registros públicos que por ley tienen delegada 1 , no han sido ajenas a este
tipo de iniciativas, que han impactado su actividad. Respondiendo a esta po-
1 En ejercicio de la figura de descentralización administrativa por colaboración, las cámaras
de comercio, pese a ser personas jurídicas privadas de carácter gremial y creadas
por el Gobierno nacional, están autorizadas por la ley para cumplir una función
pública administrativa delegada, cual es la de administrar el registro público mercantil,
el registro de entidades sin ánimo de lucro, el Registro Único de Proponentes
y el Registro Nacional de Turismo. En efecto, según la Corte Constitucional: «A las
cámaras de comercio la ley confía la función de llevar el registro mercantil y certificar
sobre los actos y documentos en él inscritos (C. Co., artículo 86). El origen legal
del registro, la obligatoriedad de inscribir en él ciertos actos y documentos, el valor
vinculante de las certificaciones que se expiden, la regulación legal y no convencional
relativa a su organización y a las actuaciones derivadas del mismo, el relieve
esencial que adquiere como pieza central del Código de Comercio y de la dinámica
corporativa y contractual que allí se recoge, entre otras razones, justifican y explican
el carácter de función pública que exhibe la organización y administración del registro
mercantil.
Las cámaras de comercio a las cuales se ha encargado el ejercicio de la anotada
función, no son entidades públicas, pues no se avienen con ninguna de las especies
de esta naturaleza contempladas y reguladas en la Constitución y la ley. Si
bien nominalmente se consideran «instituciones de orden legal» (C. Co., artículo
78), creadas por el Gobierno, lo cierto es que ellas se integran por los comerciantes
inscritos en su respectivo registro mercantil (C. Co.). La técnica autorizatoria
y la participación que ella reserva a la autoridad pública, habida consideración
de las funciones que cumplen las cámaras de comercio, no permite concluir por
sí solas su naturaleza pública. Excluida la función de llevar el registro mercantil,
las restantes funciones de las cámaras, su organización y dirección, las fuentes
de sus ingresos, la naturaleza de sus trabajadores, la existencia de estatutos
que las gobiernan, extremos sobre los cuales no es necesario para los efectos
de esta providencia entrar a profundizar, ponen de presente que solo a riesgo de
desvirtuar tales elementos no se puede dudar sobre su naturaleza corporativa,
gremial y privada» (Corte Constitucional, Sentencia C-144 de 1993. M. P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz).
lítica, se creó inicialmente el Registro Único Empresarial, RUE, como un sistema
que, bajo estrictos parámetros técnicos y de estandarización, integró en
su primera etapa el registro mercantil y el Registro Único de Proponentes de
las cámaras de comercio del país.
En el año 2000, con ocasión de la expedición de la Ley 590, cuya finalidad
era promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas
–buscando la generación de empleo, el desarrollo regional, el aprovechamiento
de los pequeños capitales y la integración entre sectores; y basándose
en criterios de eficacia, economía, buena fe, simplificación y facilitación
de la actividad empresarial–, surge el Registro Único Empresarial, RUE.
En el artículo 11 de la Ley 590 de 2000, se establecieron las bases para la
implementación de este sistema, en los siguientes términos:
Artículo 11. Registro único de las mipyme. Con el propósito de reducir
los trámites ante el Estado, el registro mercantil y el registro único
de proponentes se integrarán en el Registro Único Empresarial, a
cargo de las cámaras de comercio, el cual tendrá validez general
para todos los trámites, gestiones y obligaciones, sin perjuicio de
lo previsto en las disposiciones especiales sobre materias tributarias,
arancelarias y sanitarias.
Atendiendo criterios de eficacia, economía, buena fe, simplificación
y facilitación de la actividad empresarial, la Superintendencia
de Industria y Comercio regulará la organización y funcionamiento
del Registro Único Empresarial, garantizando que, específicamente,
se reduzcan los trámites, requisitos e información a cargo de
las micro, pequeñas y medianas empresas, y que todas las gestiones
se puedan adelantar, además, por internet y otras formas
electrónicas.
Parágrafo: La regulación que realice la Superintendencia de
Industria y Comercio deberá, en todo caso, hacerse en armonía
con las disposiciones estatutarias y con las contenidas en los códigos,
respecto de los registros de que trata el presente artículo.
El propósito de esta iniciativa era crear un sistema que articulara el registro
mercantil y el Registro Único de Proponentes a través de una central de
información, que permitiera gestionar en línea diferentes trámites, acceder

264 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 265
a información de cualquiera de las cámaras de comercio del país, y agilizar y
estandarizar procedimientos en pro de la actividad empresarial y económica.
La implementación y puesta en funcionamiento de esta plataforma tecnológica
fue deferida por la ley a la Superintendencia de Industria y Comercio,
como entidad encargada de ejercer el control y vigilancia de las cámaras de
comercio, y de sus federaciones y confederaciones 2 . Para el cumplimiento
de dichos propósitos, el ente gubernamental expidió las Circulares Externas
números 05, 14 y 20 de 2002, mediante las cuales impartió instrucciones
tendientes a la implementación del Registro Único Empresarial, fijando un
cronograma de actividades, que incluía un proceso complejo de adecuación
tecnológica, diseño, programación e instalación del software, definición de
tareas y responsabilidades para las cámaras de comercio, financiación del
proyecto, migración de la información a esta nueva plataforma tecnológica,
realización de pruebas; y demás actividades necesarias para poner en funcionamiento
este innovador sistema, bajo estrictas medidas que permitieran
garantizar la seguridad de la información contenida en el sistema.
La entrada en funcionamiento del sistema ocurrió el 1 de enero del año
2005, gracias a un trabajo coordinado entre las 57 cámaras de comercio de
índole nacional, y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio,
Confecámaras. Esta entidad se ocupó de coordinar el desarrollo tecnológico
que implica el enlace de las telecomunicaciones para la interconexión entre
todas las cámaras, y del manejo de los recursos financieros, técnicos y jurídicos
necesarios para que todo el engranaje que involucra la operación del
sistema funcione efectivamente.
El RUE operó hasta el 31 de diciembre de 2012, como integración del registro
mercantil y el Registro Único de Proponentes. En ese año el Gobierno
nacional expidió el Decreto-Ley 019. Además de delegarle a la cámaras de
comercio unos registros públicos que se encontraban a cargo de otras entidades
del Estado, creó el Registro Único Empresarial y Social, RUES, como un
gran sistema al que fueron integrados el registro de entidades sin ánimo de
lucro, el registro nacional público de las personas naturales y jurídicas que
ejercen la actividad de vendedores de juegos de suerte y azar, el registro público
de veedurías ciudadanas, el Registro Nacional de Turismo, el registro
de los apoderados judiciales de las entidades extranjeras de derecho privado
sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior que establezcan negocios
permanentes en Colombia y el Registro de la economía solidaria.
La Superintendencia de Industria y Comercio, con fundamento en las
facultades atribuidas en el Artículo 166 del Decreto-Ley 019 de 2012, expidió
la Circular Externa n. o 008 de 2012 en la que impartió instrucciones a las cámaras
de comercio sobre la forma como debían asumir los registros que les
fueron trasladados a partir del 1 de marzo de 2012. Por su parte, a través de la
Circular Externa n. o 019 del 31 de agosto de 2012 fijó las instrucciones relacionadas
con la implementación e integración del Registro Único Empresarial
y Social, RUES, y dispuso que el mismo debía entrar a operar a partir del 1
de enero de 2013, teniendo en cuenta que para la implementación de este
sistema ya se contaba con la infraestructura, el software, el montaje y el portafolio
de servicios que tenía el RUE.
Bajo este esquema, la plataforma RUES se configura como una posibilidad
viable e instrumental para propiciar la formalización empresarial,
al brindar información confiable y oportuna para el análisis económico y el
diseño de políticas estatales, y para la toma de decisiones desde diferentes
ámbitos. Además, con la intención de garantizar que los registros permanezcan
actualizados y se cumplan los propósitos establecidos en la ley, se
dispuso la renovación anual, dentro de los tres primeros meses del año, de
todos los registros públicos que hacen parte del RUES.
2 Cfr. artículo 87 del Código de Comercio, Decreto 4886 de 2011.

266 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 267
-2-
CARACTERÍSTICAS
Y SERVICIOS QUE OFRECE
EL SISTEMA
La iniciativa de crear una plataforma tecnológica que agrupe todos los registros
que administran las cámaras, más que una herramienta o instrumento
de apoyo a la labor de los entes camerales, ha sido una apuesta por ser un
gran sistema integrador de todos los registros, una estrategia de enlace, conexión
o vinculación entre los diferentes actores involucrados en el proceso.
Bajo esta perspectiva, los aspectos más relevantes de esa propuesta se concentran
en:
• Ser un sistema que se erige como una de las centrales de información
más grandes del país, que integra tecnológicamente a todas
las cámaras de comercio de manera que permite realizar trámites
registrales desde y hacia cualquiera de ellas, durante los horarios
de atención al público dispuestos por estas.
• Facilitar la inmediatez y el acceso a la información a través del sitio
web www.rues.org.co, que opera de forma continua durante
las 24 horas del día, siete días a la semana, 365 días del año.
• Enlazar, a través del sitio web oficial del RUES, los portales de las
entidades que intervienen, como Confecámaras y las cámaras de
comercio; así como activar los diferentes aplicativos que permiten
acceder a los servicios que presta.
• Estandarizar los formularios a través de un formato único (con
sus anexos), que son preparados y presentados por las cámaras
de comercio a través de Confecámaras, para su aprobación por
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio 3 . Este formulario
único y estandarizado, permite realizar la matrícula y
renovación de los comerciantes y establecimientos de comercio,
y el traslado de domicilio de los comerciantes, personas naturales
y jurídicas. Asimismo, la inscripción, renovación y traslado de
domicilio de las entidades sin ánimo de lucro. También, la inscripción,
actualización, renovación y actualización por traslado
de domicilio del Registro Único de Proponentes. Así se garantiza
la unificación de la información que se debe diligenciar en los
formularios y su uso uniforme por todas las cámaras de comercio
del país.
• Acceder a los formatos del Centro de Atención Empresarial, CAE,
indispensables al momento de constituir y formalizar una empresa,
de modo que los empresarios puedan realizar a través de las
cámaras de comercio un solo trámite ante las distintas entidades
que intervienen en el proceso de creación de empresas, gracias
a los convenios suscritos en aras de reducir, simplificar trámites
y fomentar la formalización de empresas. Un ejemplo de
esto es el convenio interinstitucional que ha celebrado la Cámara
de Comercio de Medellín para Antioquia con la Secretaría de
Hacienda del Municipio de Medellín. En virtud de este, se canaliza
la información a ese despacho para el recaudo del Impuesto de
Industria y Comercio.
• Hacer el reporte de contratos, multas y sanciones a las cámaras de
comercio por parte de las entidades del Estado.
• Concentrar información relevante de los registros públicos que lo
integran, la cual puede ser consultada por cualquier persona.
A continuación se detallan algunos de los servicios que ofrece la plataforma
tecnológica RUES a cualquier ciudadano que los requiera:
3 El Formulario Único de Registro Empresarial y Social, RUES, con sus anexos,
fue aprobado por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la
Resolución n.° 60222 del 12 de octubre de 2012, y rige de manera uniforme a partir
del 1 de enero de 2013.

268 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 269
2.1 Trámites registrales desde y hacia cualquier
cámara de comercio del país
Esta herramienta permite tramitar, desde cualquier punto de atención de
las cámaras de comercio, la matrícula de comerciantes y establecimientos
de comercio, la renovación de esa matrícula, y la inscripción de los actos,
contratos o negocios jurídicos que por ley deban cumplir esta formalidad.
Así podrán ser atendidos por la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar
donde, conforme a la ley, se debe efectuar el registro. Esto representa un
beneficio significativo para los comerciantes, empresarios y demás usuarios
del sistema, pues implica una reducción en los costos y garantiza la agilidad
de los procesos.
Para la prestación de este servicio, la cámara de comercio receptora –
aquella que recibe el documento– solicita a la cámara responsable –aquella
competente para realizar el registro conforme a la ley– la liquidación de los
emolumentos que el trámite solicitado genera. Una vez se cancelan estos
valores, el trámite es radicado en el sistema para el envío de las imágenes de
la documentación a la cámara de comercio responsable y esta procede con
el control de legalidad encomendado por la ley.
En este punto se resalta que el Artículo 223 de la Ley 223 de 1995, y el
Artículo 11 del Decreto 650 de 1996, facultan a las cámaras de comercio para
liquidar y recaudar el impuesto de registro (en aquellos trámites que lo causan),
de acuerdo con los convenios que celebren con los Departamentos.
Por tanto, en aquellos eventos en los cuales la cámara de comercio es responsable
de efectuar el registro, o preste el servicio por tener acuerdo vigente
con la respectiva Gobernación, se hará la liquidación y recaudo del
impuesto, de acuerdo con las tarifas que para el efecto haya dispuesto la
respectiva Asamblea Departamental. Estas alianzas se han logrado gracias
a la voluntad de las cámaras de comercio y las Gobernaciones, dentro de
la misma línea de simplificación de trámites; beneficio que se suma a la
creación de empresas.
En el evento que la cámara de comercio responsable no esté facultada
para liquidar y recaudar el Impuesto de Registro, el portal tiene a disposición
de los usuarios la información sobre los puntos de atención, el procedimiento
para realizar el trámite y la forma de realizar el pago.
Finalmente, cabe anotar que todas las operaciones que se realizan a través
del RUES tienen asignado un Número Único de Consulta, NUC, por medio
del cual se identifica la transacción dentro del sistema y se permite consultar
el estado del trámite en cualquier momento, a través del sitio web oficial.
2.2 Consulta de información
El portal del RUES tiene disponible información básica, relacionada con los
distintos registros que administran las cámaras de comercio. De acuerdo
con las necesidades que tenga el usuario, se puede realizar la búsqueda bajo
los siguientes criterios de consulta:
• Razón social o nombre. Este parámetro permite acceder a la información
de todos aquellos comerciantes, establecimientos de
comercio o entidades sin ánimo de lucro, cuya razón social, sigla o
nombre inicia con las palabras ingresadas, mostrando los resultados
por orden alfabético.
• Razón social - palabra clave. Es un criterio de consulta más amplio
que el anterior, pues arroja todos los resultados que incluyan las
palabras ingresadas, en cualquier orden.
• Número de identificación. Permite realizar la búsqueda de personas
naturales o jurídicas por medio del Número de Identificación
Tributaria, NIT.
• Matrícula mercantil. Constituye una forma más precisa de realizar
la búsqueda, pues supone conocer el número de matrícula
local asignada por la respectiva cámara de comercio.
El artículo 172 del Decreto-Ley 019 de 2012, impartió instrucciones a las
cámaras de comercio, con el fin de suministrar información de forma gratuita,
a través del sitio web del RUES, sobre aspectos básicos como: razón
social, sigla, cámara de comercio, número de matrícula, número de identificación,
fecha de renovación, fecha de matrícula, vigencia, tipo de organización,
categoría de la matrícula, estado de la matrícula, actividad económica;
establecimientos de comercio, agencias o sucursales, representantes legales
principales y suplentes, y limitaciones a su capacidad para contratar.

270 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 271
Además de esta información, y otros datos adicionales relacionados
con cada uno de los registros en particular, se encuentra disponible a través
del portal del RUES la consulta de inhabilidades, impedimentos y prohibiciones
del registro mercantil, y las consultas sobre multas y sanciones de
proponentes. El acceso a esta información es gratuito y puede ser consultada
en línea por cualquier usuario del sistema. Es una fuente para la realización
de estudios económicos, el establecimiento de políticas públicas, el
seguimiento al entorno económico, y una ayuda en la toma de decisiones,
aportando a la trasparencia de los procesos.
2.3 Expedición de certificados
de todos los registros que integran el RUES
Este servicio representa un aporte fundamental en la oportunidad e inmediatez
de la información, pues permite acceder a los certificados relacionados
con los diferentes registros que integran el RUES, a través de dos vías:
• Certificados impresos utilizando la plataforma del RUES. Por medio
de este servicio es posible solicitar certificados de existencia
y representación legal (incluyendo los de las entidades sin ánimo
de lucro), certificados de registro mercantil de comerciantes, certificados
de registro mercantil de establecimientos de comercio,
y certificados del Registro Único de Proponentes (en su forma
impresa), desde cualquiera de los puntos de atención que tienen
dispuestos las cámaras de comercio del país.
Este servicio no genera costos adicionales: el valor de los certificados es
el mismo a nivel nacional, teniendo en cuenta las tarifas que para el efecto
fija anualmente el Gobierno nacional.
• Certificados en medio electrónicos firmados digitalmente. Este
servicio se encuentra disponible en el portal del RUES, y consiste
en la expedición de certificados por medio electrónico, con firma
digital y estampado cronológico, que garantizan su autenticidad,
integridad y originalidad.
Este tipo de certificados tienen equivalencia funcional a los tradicionales
certificados impresos, toda vez que a la luz de la Ley 527 de 1999, que
reglamenta los mensajes de datos, el comercio electrónico y las firmas digitales,
gozan de plena validez jurídica.
Los certificados se adquieren de manera ágil y segura a través de Internet,
siguiendo unos sencillos pasos, sin necesidad de desplazarse a un punto de
atención de la cámara de comercio. El pago se realiza por medio electrónico, seleccionando
el tipo de certificado que desea adquirir, el número de certificados
solicitados y la cámara de comercio a la cual pertenece el certificado requerido.
Una vez agotado el procedimiento, el usuario obtiene un código (PIN)
que le permite descargar en línea el certificado, en formato electrónico. Este
certificado tiene plena validez, siempre que conserve su forma original: al
imprimirse se convierte en una copia.
Este servicio constituye una herramienta segura, confiable y rápida
para obtener certificados en línea, con plenos efectos jurídicos.
2.4 Control de homonimia
El control de homonimia es un aspecto de trascendental importancia dentro
del control de legalidad que ejercen las cámaras de comercio. En efecto, una
de las pautas impuestas por el legislador para adelantar el Registro Público
Mercantil, consiste en aplicar a toda petición de matrícula el llamado control
de homonimia por parte de los entes registrales; el cual se practica sobre
el nombre del comerciante (persona natural o jurídica) y la denominación
del establecimiento, atendiendo lo prescrito en el artículo 35 del Código de
Comercio 4 y el artículo 9 del Decreto 898 de 2002 5 .
4 «Artículo 35. Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante
o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras
este no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quién
haya obtenido la matrícula».
En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción siempre
que con el nombre utilice algún distintivo para evitar la confusión”.
5 «Artículo 9. En la aplicación del control de homonimia establecido en el artículo 35
del Código de Comercio, se entenderá que se trata de nombres idénticos, sin tener en
cuenta la actividad que desarrolla el matriculado».

272 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 273
Con la creación del RUES, la consulta de nombres se realiza a nivel nacional,
lo que garantiza el cumplimiento de esta función, pues teniendo en
cuenta que el sistema conecta las bases de datos de todas las cámaras de
comercio del país, se evita que se matricule a un comerciante o un establecimiento
de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito en cualquier
parte del territorio nacional.
Además, permite a los usuarios de los registros realizar la consulta de
homonimia antes de iniciar el trámite ante las cámaras de comercio, utilizando
los criterios de búsqueda que tiene habilitados la plataforma –utilizando
el portal del RUES–, lo que genera mayor agilidad en los procesos,
toda vez que si la consulta se realiza adecuadamente –siguiendo las instrucciones
y condiciones de uso– se disminuye la posibilidad de que la Cámara
de Comercio competente devuelva el trámite por este motivo una vez se
efectúe el control de homonimia.
Resulta importante anotar que antes del 1.° de enero de 2005, fecha en
la cual entró en operación el RUE, el control de homonimia que ejercían las
cámaras de comercio era local y la verificación formal del nombre se limitaba
a realizar la búsqueda en la propia base de datos, respecto de los comerciantes
y los establecimientos de comercio matriculados dentro de los municipios
de su jurisdicción. Así que, no era posible comparar el nombre que se
pretendía asignar a un comerciante o establecimiento con los inscritos en
otras cámaras de comercio del país, toda vez que no existía un sistema que
integrara esta información en el ámbito nacional.
Hoy, al tener un sistema en línea que agrupa todos los registros a cargo
de las cámaras de comercio, necesariamente para proceder a matricular
a un comerciante o establecimiento de comercio es imperativo realizar la
búsqueda a través de la página web del RUES, bajo los criterios de consulta
que el sistema admite.
Tratándose de entidades sin ánimo de lucro 6 –incluido el sector de la
economía solidaria–, el ejercicio del control de homonimia, hasta la expedición
del Decreto-Ley 019 de 2012, era eminentemente local, es decir, la ve-
6 El control de homonimia respecto a las entidades sin ánimo de lucro, encuentra
su fundamento en el artículo 4 del Decreto 427 de 1996, cuyo tenor literal es el
siguiente: «Artículo 4: Abstención de registro. Las cámaras de comercio se abstendrán
de inscribir a una persona jurídica sin ánimo de lucro, con el mismo nombre
rificación del nombre de la entidad solo se realizaba con la confrontación
que del mismo se efectuaba en las bases de datos de la cámara de comercio
competente para hacer la inscripción, toda vez que el RUE, desde el 1 de enero
de 2005 hasta el 1 de enero de 2013, solo integró el registro mercantil y el
Registro Único de Proponentes.
Con la incorporación de todos los registros administrados por las cámaras
de comercio al RUES, se introdujo un cambio importante en el control de homonimia
de las entidades sin ánimo de la economía solidaria. En efecto, el artículo
146 del Decreto-Ley 019 de 2012, que modificó el artículo 63 de la Ley 454 de
1998, ordena a las cámaras de comercio abstenerse de inscribir a una entidad
del sector de la economía solidaria con el mismo de otra «entidad mercantil» 7
(o sin ánimo de lucro) ya inscrita, mientras este registro no sea cancelado por
orden de autoridad competente o a solicitud del representante legal respectivo.
Bajo estos nuevos lineamientos, se busca que el control de homonimia
de las entidades de la economía solidaria sea en el ámbito nacional, y se
practica respecto a las entidades sin ánimo de lucro –incluyendo las del régimen
común– y a los comerciantes y establecimientos de comercio. De tal
manera que cuando se presenta para registro la constitución de una entidad
de la economía solidaria, es necesario realizar la confrontación del nombre
a nivel nacional a través del portal del RUES, siguiendo las mismas pautas
que se aplican para el control de homonimia de los comerciantes y establecimientos
de comercio matriculados en el registro mercantil.
Desafortunadamente, en el Decreto-Ley 019 de 2012, el legislador no se
ocupó de regular el control de homonimia de las entidades sin ánimo de lucro
del régimen común, razón por la cual, gracias a la integración de este registro al
RUES, se practica en el ámbito nacional respecto a las demás entidades sin ánimo
de lucro, pero su confrontación no se realiza respecto al registro mercantil.
de otra ya inscrita, mientras este registro no sea cancelado por orden de autoridad
competente o a solicitud del representante legal de la última.
Parágrafo. En cuanto fuere acorde con la naturaleza, las personas jurídicas a que
se refiere este Decreto, deberán observar en lo relacionado con su nombre y sigla,
o razón social, según el caso, las reglas previstas para el nombre comercial de las
sociedades. Las cooperativas que prestan servicios de ahorro y crédito observarán,
igualmente, lo previsto para instituciones financieras».
7 La norma no precisa que se entiende como entidad mercantil, por tanto, teniendo
en cuenta el propósito que ofrece el control de homonimia, asumimos que se refiere
a comerciantes y establecimientos de comercio.

274 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 275
-3-
LOS REGISTROS PÚBLICOS
QUE INTEGRAN EL RUES
Como lo habíamos anticipado, el Gobierno nacional, a través del Decreto-Ley
019 de 2012, introdujo importantes cambios a la actividad registral que cumplen
las cámaras de comercio; toda vez que, además de delegarles nuevos
registros, modificó el Registro Único Empresarial, RUE, y en su lugar creó el
Registro Único Empresarial y Social, RUES, integrando a este sistema todos
los registros a cargo de las cámaras de comercio.
Por medio del artículo 166 del Decreto 019 de 2012, se integraron las
operaciones de los siguientes registros: el Registro Nacional de Turismo, el
registro de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro con
domicilio en el exterior, el registro de vendedores de juegos de suerte y azar,
el registro de entidades de la economía solidaria y el registro de veedurías
ciudadanas, los cuales, sumados a los registros públicos que ya venían administrando
las cámaras de comercio, conforman el Registro Único Empresarial
y Social, RUES; cada uno con sus principios generales, reglas, procedimientos
y circunstancias especiales.
Ciertamente, el registro de personas naturales y jurídicas que ejercen
actividades de vendedores de juegos de suerte y azar ya se encontraba delegado
a las cámaras de comercio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 55
de la Ley 643 de 2001 8 , y del artículo 21 del Decreto Reglamentario 1350 de
8 «Artículo 55: Registro de vendedores. Establécese el Registro Nacional Público
de las Personas Naturales y Jurídicas que Ejercen la Actividad de Vendedores de
Juegos de Suerte y Azar, que deberán inscribirse en las cámaras de comercio del
lugar y, cuando estas no existieren, por delegación de la cámara de comercio. La
inscripción se hará en la alcaldía de la localidad, la cual deberá reportar la correspondiente
diligencia de registro […]».
2003 9 , razón por la cual no se introducen cambios en la forma como las instituciones
registrales llevan este registro. No obstante, la Superintendencia
de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa n.° 008 del 27 de
febrero de 2012, adiciona al registro mercantil el Libro XXII, en el cual deben
inscribirse todos los actos y documentos de los vendedores de juegos de
suerte y azar respecto de los cuales la ley exige esta formalidad, salvo la
matrícula como comerciante, la cual debe ser practicada en el libro xv del
registro mercantil.
En torno al registro de las entidades sin ánimo de lucro, pese a la especialidad
que se predica respecto a los registros de las entidades de la economía
solidaria, de las veedurías ciudadanas y de los apoderados judiciales de
las entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro con domicilio
en el exterior, lo cierto es que todas hacen parte del grupo de entidades
sin ánimo de lucro, pero, atendiendo a las particularidades de cada una, se
hace necesaria su diferenciación en los libros de registro. Es así como los
libros i y ii corresponden al registro público de las entidades sin ánimo de
lucro, el libro iii al registro de la economía solidaria, el libro iv al registro de las
veedurías ciudadanas, y el libro v al registro de los apoderados judiciales de
las entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro.
Ahora bien, el registro de la economía solidaria no es nuevo para las
cámaras de comercio. En efecto, en virtud de lo dispuesto en los artículos
40, 143 y 144 del Decreto 2150 de 1995, las instituciones registrales venían
administrando el registro de las entidades sin ánimo de lucro (incluidas las
entidades del sector solidario), tales como: cooperativas, precooperativas,
fondos de empleados, asociaciones mutuales, entre otras; salvo aquellas
9 «Artículo 21. Inscripción en el registro nacional público de vendedores de juegos de
suerte y azar. Conforme lo dispone el Artículo 55 de la Ley 643 de 2001, o la norma
que lo modifique o adicione, todo vendedor del juego de apuestas permanentes, o
chance, debe estar inscrito en el registro nacional público de vendedores de juegos
de suerte y azar de las cámaras de comercio de su jurisdicción.
La omisión de la inscripción en el registro nacional público de vendedores de
juegos de suerte y azar hará acreedores a los infractores de las sanciones que
establezca el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en el reglamento que
expida para el efecto.
Parágrafo. Cuando la cámara de comercio no tenga sede en el lugar donde desarrolla
la actividad el vendedor, la inscripción se efectuará en la alcaldía de la localidad
que cuente con la delegación respectiva».

276 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 277
que por tener una reglamentación especial se encuentran exceptuadas del
registro ante los entes camerales.
El artículo 146 del Decreto 019 de 2012 modificó el artículo 63 de la Ley
454 de 1998, y en el parágrafo dispuso que: «Las cámaras de comercio llevarán
el registro de las entidades de economía solidaria establecido en el
artículo 6 de la Ley 454 de 1998, en los mismos términos y con las mismas
tarifas previstos para el registro mercantil». De tal manera que las cámaras
de comercio adquieren competencia para conocer de todas las entidades de
la economía solidaria, independientemente de que se encuentren exceptuadas
en el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995, y en el artículo 3 del Decreto
427 de 1996, siendo necesario el traslado de los registros que de ellas venían
adelantando otras autoridades 10 . Por ello, a partir del 1 de marzo de 2012, las
cámaras de comercio llevan el registro de todas las entidades de la economía
solidaria, sin ningún tipo de excepción.
De otro lado, el registro público de las veedurías ciudadanas 11 , fue delegado
a las cámaras de comercio a través de la Ley 850 de 2000. El artículo 3
ibídem permite que el registro se realice de manera facultativa ante las personerías
municipales o distritales o ante las cámaras de comercio, quienes
deben llevar el registro público de las veedurías inscritas en su jurisdicción.
De este modo, las formas que consagra la ley para realizar su constitución,
esto es, como organizaciones civiles sin ánimo de lucro, cumpliendo para el
efecto los requisitos establecidos en el artículo 40 del Decreto 2150 o como
agrupaciones de ciudadanos, no sufren modificaciones, salvo la creación de
10 El numeral 3.3 de la Circular Externa n.° 12 del 20 de junio de 2012, incorporado a la
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, dispone que: «Las
cámaras de comercio inscribirán todas las entidades sin ánimo de lucro del sector
solidario, independientemente de que se encuentren exceptuadas en los artículos
45 del Decreto 2150 de 1995 y 3.° del Decreto 427 de 1996, siempre y cuando las
mismas se constituyan cumpliendo con las prescripciones referidas en el numeral
1.3.7 del capítulo primero, título viii de la Circular Única».
11 Las veedurías ciudadanas fueron definidas en el artículo 1 de la Ley 850 de 2003
como: «[…] el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos
o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre
la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales,
electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o
privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional
que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto,
contrato o de la prestación de un servicio público».
un nuevo libro por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio,
en el que se deben inscribir todos los actos relacionados con las veedurías
ciudadanas, independiente de la modalidad que adopten para su constitución.
Para dichos efectos, deberán inscribirse en el registro de las veedurías
ciudadanas el documento de constitución de la veeduría o red de veedurías,
el documento de cancelación de la veeduría o red de veedurías y los demás
actos respecto de los cuales la ley exija su inscripción.
La novedad que introduce el Decreto Ley 019 de 2012 es la integración
al RUES de todas las operaciones del registro público de veedurías ciudadanas,
esto es, tanto las veedurías inscritas por las cámaras de comercio
como las registradas por las personerías municipales o distritales y por las
autoridades indígenas. Para dichos efectos, la Superintendencia de Industria
y Comercio, a través de la Circular Externa n. o 06 del 24 de mayo de 2013,
impartió instrucciones a las cámaras de comercio sobre la forma en que se
incorporan al RUES las operaciones de este registro.
En lo que se refiere al registro de los apoderados judiciales de las personas
jurídicas extranjeras de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales
extranjeras sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior, que
establezcan negocios en Colombia, constituye un nuevo registro a cargo de
las cámaras de comercio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2893 de
2011, era función de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior:
«Inscribir las personas jurídicas extranjeras de derecho privado
sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior que establezcan
negocios permanentes en Colombia, expedir el certificado de existencia
y representación y llevar el registro público de las mismas».
El artículo 50 del Decreto 019 de 2012 modificó el artículo 48 del Código
de Procedimiento Civil, quedando de la siguiente manera:
Artículo 48. Representación de personas jurídicas extranjeras y organizaciones
no gubernamentales sin ánimo de lucro. Las personas
jurídicas extranjeras de derecho privado y las organizaciones
no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro, con domicilio
en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen

278 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 279
desarrollar su objeto social en Colombia, deberán constituir en el
lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio
principal en el país, apoderados con capacidad para representarlas
judicialmente. Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo
circuito prueba idónea de la existencia y representación de
dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto
de los documentos protocolizados se inscribirá en el registro de
la respectiva cámara de comercio del lugar. Las personas jurídicas
extranjeras que no tengan negocios permanentes en Colombia,
estarán representadas en los procesos por el apoderado que constituyan
con las formalidades prescritas en este Código.
Al amparo de esta nueva disposición, se traslada a las cámaras de comercio
la competencia para llevar el registro de los apoderados judiciales de
las personas jurídicas extranjeras de derecho privado y de organizaciones no
gubernamentales, ONG; extranjeras sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior,
que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto
social en Colombia, el cual se encontraba asignado al Ministerio del Interior.
Resulta importante precisar que lo que manda la norma es la inscripción
de los apoderados con capacidad para representar judicialmente a este
tipo de entidades en Colombia, para lo cual se deberá protocolizar en escritura
pública prueba idónea de la existencia y representación de dichas
personas jurídicas y del correspondiente poder y la manifestación que dicho
apoderado haga del lugar del domicilio de los negocios en Colombia.
Del Registro Nacional de Turismo, RNT, delegado a las cámaras de comercio
en virtud del artículo 166 del Decreto 019 de 2012, nos ocuparemos
en el capítulo siguiente, teniendo en cuenta el reto que representa para las
instituciones registrales administrar este registro, bajo una serie de normas,
reglas, procedimientos y principios que lo disciplinan. Lo propio se hará respecto
al Registro Único de Proponentes; pues, si bien ha sido administrado
por las cámaras de comercio según la delegación que de este se hizo en la
Ley 80 de 1993, por sus connotaciones y la importancia que despliega dentro
de la actividad del Estado (además de las transformaciones que ha sufrido
la forma de llevar su registro por parte de las cámaras), merece un análisis
más amplio.
En resumen, podemos afirmar que los registros que conforman el
RUES: el registro mercantil –incluyendo el registro de vendedores de juegos
de suerte y azar–, el Registro Único de Proponentes, el registro de entidades
sin ánimo de lucro –incluidas las veedurías ciudadanas y las entidades
de la economía solidaria, salvo las excepciones que se anotaron–, venían
siendo administrados por las cámaras de comercio según las normas que le
atribuyen la competencia en cada caso. De modo que los nuevos registros
asumidos por las cámaras de comercio se contraen al registro de apoderados
judiciales de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro
con domicilio en el exterior que establezcan negocios permanentes en
Colombia, y al Registro Nacional de Turismo, sin perjuicio del traslado que
de todas las entidades de la economía solidaria se efectuó hacia las cámaras
de comercio (sin ningún tipo de excepción), ni de las modificaciones que han
sufrido algunos de ellos en virtud de los diversos cambios normativos.

280 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 281
-4-
EL REGISTRO NACIONAL
DE TURISMO, RNT
4.1 Aproximación
El turismo es considerado una de las industrias más grandes del mundo, no
solo por su importancia en el intercambio cultural que representa la movilización
de personas por distintos lugares, sino también por la contribución
que esta actividad reporta a las economías de los países; de tal suerte que
cada vez son más los gobiernos que le apuestan a fortalecer este sector, y se
preocupan por aumentar su competitividad y calidad, con miras a consolidarse
como destinos turísticos reconocidos mundialmente.
Colombia no ha sido ajena a esta dinámica mundial. Por eso el turismo
constituye actualmente un escalón importante en la economía de nuestro
país y es promovido desde varios sectores, en aras de competir en diversos
mercados de forma organizada, a partir de iniciativas que buscan formar
competencias y profesionales capacitados que atiendan la demanda de turistas
que llegan a Colombia, con el propósito de posicionar una imagen positiva
y atractiva de nuestro país como destino turístico de clase mundial.
Debido a esta política, el país ha modificado y modernizado gran parte
de su infraestructura física, su capacidad operacional en hoteles, restaurantes,
agencias de viajes, arrendamiento de vehículos y lugares turísticos; al
tiempo que el Estado ha hecho enormes esfuerzos por garantizar la seguridad
de los viajeros, como un aspecto fundamental en la estrategia de posicionarlo
como un destino destacado internacionalmente.
Adicionalmente, el turismo, además de ser un eje destacado en nuestra
economía, tiene unas connotaciones culturales y sociales que le brindan
protagonismo en el desarrollo del país, mostrando a Colombia como una
nación diversa y propositiva, que integra estrategias de bienestar del ser
humano, del medio ambiente (desde la sustentabilidad y sostenibilidad del
territorio). Además jalona a otros sectores, como por ejemplo el de la salud;
pues, según estadísticas de Procolombia, al país llegan anualmente más de
treinta mil personas de diversas partes del mundo, para poner su bienestar
en manos de cirujanos, odontólogos, oftalmólogos y otros especialistas del
área médica, lo que ha permitido posicionar a Colombia como uno de los
destinos más importantes para extranjeros que llegan al país en busca de
tratamientos médicos, dado el reconocimiento que ha obtenido, en términos
de calidad, procedimientos y costos.
Otro aspecto que impulsa significativamente este sector, es el liderazgo
que ha adquirido Colombia en la realización de eventos en grandes superficies,
como ferias, negocios y convenciones, festivales artísticos, ferias de
moda, eventos deportivos, entre otros, que cada vez son más reconocidos y
visitados por turistas de diversas partes del mundo. De este modo, los operadores
se ven abocados a trabajar decididamente para atender con calidad
los requerimientos y demandas de estos eventos de talla internacional, brindando
un buen servicio a los clientes.
De esta manera nuestro país ha diversificado el turismo aprovechando
las ventajas competitivas y las fortalezas que tiene en diferentes áreas, y se
ha dado una mirada diferente a este sector, teniendo en cuenta el impacto
que tiene la actividad turística dentro del desarrollo del país y la función que
cumple en la economía.
Bajo esta óptica el Registro Nacional de Turismo surge como una necesidad
del Estado de contar con un mecanismo que le permita identificar
plenamente a los prestadores de servicios turísticos, con miras a combatir la
informalidad en esta actividad, obtener la información necesaria para organizar
y controlar su ejercicio en aras de proteger los derechos de los consumidores
y usuarios, y fijar políticas claras para este sector.
4.2 Generalidades del Registro Nacional
de Turismo
Es así como el Registro Nacional de Turismo fue creado en la Ley 300 de 1996
(Ley General de Turismo) como un registro público, delegado al Ministerio
de Desarrollo Económico (hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo),

282 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 283
en el cual se deben inscribir todos los prestadores de servicios turísticos
que efectúen sus operaciones en Colombia, como un requisito habilitante
para el ejercicio de la actividad turística. Es decir, es requisito previo y
obligatorio para el funcionamiento de establecimientos turísticos, y demás
prestadores de estos servicios, estar inscrito en el Registro Nacional de
Turismo, so pena de las sanciones que pueda imponer el Ministerio por su
incumplimiento.
Su reglamentación inicial se produce por medio del Decreto 504 de
1997, en el cual se fijan los lineamientos, instrucciones, reglas y procedimientos
a través de los cuales el ministerio debía llevar el registro. Sin embargo,
la normatividad que se encarga de regular la prestación de los servicios turísticos
es amplia, y atiende a las necesidades y cambios que presenta el
sector, aspecto que obliga a que las normas que rigen esta actividad deban
adaptarse a cambios de forma constante. Así por ejemplo, la forma de administración
actual del registro, desde la virtualidad, es una respuesta a las
últimas modificaciones que, como ya se dijo, buscan facilidad y agilidad en
beneficio de los usuarios.
Cabe recordar que este registro fue delegado a las cámaras de comercio
en virtud del artículo 166 del Decreto-Ley 019 de 2012, responsabilidad
que asumieron desde el 1 de marzo de 2012, bajo una modalidad virtual, continuando
con la gestión que venía adelantando el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
Ahora, también en el año 2012, buscando que el turismo en Colombia se
consolide como uno de los principales renglones de la economía del país, se
expidió la Ley 1558 (mediante la cual se modifica la Ley 300 de 1996 y la Ley
1101 de 2006), y en el artículo 33 ratifica lo dispuesto en los artículos 164 y 166
del Decreto-Ley 019 de 2012, en cuanto a la delegación del Registro Nacional
de Turismo a las cámaras de comercio; fijando además parámetros que garanticen
un sistema de información en línea con el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, entidad encargada de establecer las condiciones y requisitos
necesarios para la inscripción y actualización del Registro Nacional
de Turismo, y las demás condiciones para el ejercicio de la función por parte
de las cámaras de comercio. Igualmente, fija en el ministerio la facultad para
suspender de manera automática del registro a los prestadores de servicios
turísticos que no lo actualicen anualmente, y para sancionar a quienes presten
los servicios sin estar registrados.
Concretamente, el Registro Nacional de Turismo tiene por objeto:
• Llevar la inscripción de los prestadores de servicios turísticos que
efectúen sus operaciones en Colombia.
• Establecer mecanismos de identificación y regulación de los prestadores
de servicios turísticos.
• Establecer un sistema de información sobre el sector turístico.
La ley establece en forma expresa los prestadores de servicios turísticos
que deben inscribirse en el RNT, y para cada uno de ellos se ha establecido
una reglamentación, atendiendo a la actividad que desarrollan. Según
el artículo 62 de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 12 de la Ley
1101 de 2006, los prestadores de servicios turísticos que se deben inscribir
son los siguientes:
1. Los hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas
y otros tipos de hospedaje no permanente, excluidos los establecimientos
que prestan el servicio de alojamiento por horas.
2. Las agencias de viajes y turismo (mayoristas y operadoras).
3. Las oficinas de representaciones turísticas.
4. Los guías de turismo.
5. Los parques temáticos.
6. Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones.
7. Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional.
8. Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas
francas turísticas.
9. Las empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de
tiempo compartido y multipropiedad.
10. Los establecimientos de gastronomía y bares, cuyos ingresos operacionales
netos sean superiores a los quinientos salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
11. Las empresas captadoras de ahorro para viajes, y de servicios turísticos
prepagados.
12. Los concesionarios de servicios turísticos en parques.
13. Los demás que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
determine.

284 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 285
14. Las empresas de transporte terrestre automotor especializado, las
empresas operadoras de chivas y de otros vehículos automotores
que presten servicio de transporte turístico.
Es importante señalar que el Registro Nacional de Turismo se practica
respecto a los establecimientos de comercio y no sobre personas naturales o
jurídicas. Sin embargo, es requisito que se encuentren matriculados de manera
previa en el registro mercantil (o en el registro a que haya lugar) de la
cámara de comercio de su jurisdicción, conforme a la ley; salvo los guías turísticos
y las viviendas turísticas y otros tipos de hospedajes no permanentes,
que por sus características no tienen que cumplir con esta obligación. En este
punto cabe mencionar que por cada prestador es necesaria una inscripción.
Esto implica que si una persona natural o jurídica es propietaria de varios
establecimientos de comercio que se encargan de la prestación de servicios
turísticos, se debe efectuar el registro de cada uno de ellos en el RNT.
Los trámites que se adelantan en el Registro Nacional de Turismo siempre
se realizan de manera virtual a través del portal http://rnt.rue.com.co, o
por medio del sitio web del RUES, a través del enlace que permite la página.
Asimismo, el portal del RNT dispone de toda la información necesaria, paso
a paso, para que cada uno de los prestadores de servicios turísticos puedan
realizar los trámites de manera satisfactoria.
Los actos sujetos a inscripción ante el Registro Nacional de Turismo son:
• Inscripción. Es el acto que habilita al prestador de servicios turísticos
para ejercer su actividad. Todos los nuevos prestadores de
servicios turísticos deben cumplir con esta obligación antes de
iniciar operaciones.
• Actualización. Es el acto en virtud del cual los prestadores de los servicios
turísticos renuevan la información del registro anualmente.
La Ley 1558 de 2012, establece que todos los prestadores de servicios
turísticos o relacionados, inscritos en el RNT, deben hacer la renovación de
manera obligatoria dentro de los tres primeros meses del año, tal como lo
dispuso el artículo 166 del Decreto-Ley 019 de 2012.
El incumplimiento de esta obligación faculta al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo para suspender de manera automática el registro y solicitar
a las alcaldías distritales y municipales el cierre temporal de los establecimientos
de comercio.
Para la reactivación de la inscripción en el RNT, el prestador debe cancelar,
a favor del Fondo Nacional de Turismo, la suma equivalente a un salario
mínimo mensual legal vigente y proceder a efectuar el trámite de actualización
anual.
• Modificación. Son los cambios originados en razón de la actividad
comercial o profesional.
Las modificaciones pueden ser automáticas o solicitadas. Las automáticas
son aquellos cambios realizados en el registro mercantil que inmediatamente
se reflejan en el Registro Nacional de Turismo, tales como: nombre
del establecimiento de comercio, nombre o denominación social de la persona
jurídica, dirección del prestador (siempre que esté matriculado como
comerciante), dirección del establecimiento de comercio, cambio o adición
en la actividad del establecimiento, propietario del establecimiento, correo
electrónico y de teléfono.
Las mutaciones solicitadas son aquellas que se producen respecto a la
información de los guías de turismo, y a las viviendas turísticas y hospedajes
no permanentes, dado que estos no tienen la obligación de matricularse
en el registro mercantil; de tal suerte que deben informar a la cámara de
comercio respectiva las mutaciones acaecidas en razón de su actividad comercial
o profesional.
• Suspensión. La suspensión del Registro Nacional de Turismo se
puede clasificar así:
Suspensión por no actualizar. Es el acto en virtud del cual se interrumpe
de manera automática el registro, cuando no se realiza la actualización del
mismo dentro del plazo que señala la ley. En este caso el prestador queda
impedido para ejercer la actividad.

286 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 287
Suspensión voluntaria. Es el acto por el cual se interrumpe el registro a
solicitud del usuario. La inactividad tendrá lugar por un tiempo previamente
determinado, quedando el prestador impedido para ejercer la actividad.
Suspensión como sanción. Es la impuesta por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo al prestador que incurra en alguna de las siguientes infracciones:
presentar documentación falsa o adulterada; utilizar publicidad
engañosa o que induzca a error al público, sobre precios, calidad o cobertura
del servicio turístico ofrecido; ofrecer información engañosa o dar lugar a
error en el público respecto a la modalidad del contrato, la naturaleza jurídica
de los derechos surgidos del mismo y sus condiciones, o sobre las características
de los servicios turísticos ofrecidos y los derechos y obligaciones
de los turistas; incumplir los servicios ofrecidos a los turistas; incumplir las
obligaciones frente a las autoridades de turismo; infringir las normas que
regulan la actividad turística; operar sin registro de turismo.
• Cancelación. Es el acto por el cual se suprime el registro del prestador
de servicios turísticos. Puede ser por solicitud del interesado
o por orden del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
La solicitud por parte del prestador se puede presentar por cambio en
la actividad del establecimiento o por cancelación del establecimiento de
comercio en el registro mercantil. En estos casos, el interesado deberá reportar
el cambio de actividad o cancelar previamente la matricula del establecimiento
en el registro mercantil.
La cancelación por orden del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, se genera cuando el prestador de servicios turísticos incurra en alguna
de las infracciones que la ley señala, e implica la prohibición de ejercer
la actividad turística durante cinco años, a partir de la sanción.
Es importante mencionar que los trámites que se realizan ante el RNT
no generan el pago de derechos de inscripción a favor de las cámaras de comercio.
Así lo dispuso el Gobierno nacional en el artículo 166 del Decreto 019
de 2012, cuando señala que: «… Las cámaras de comercio no podrán cobrar
derechos de inscripción y renovación sobre los registros que se les trasladan
en virtud del presente Decreto-Ley, y que a la vigencia del mismo no los causan».
Por tanto, como los trámites que se adelantaban ante el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo no tenían costo alguno, previo a su traslado
a las cámaras, la gratuidad en la prestación de los servicios registrales se
mantiene, por expresa disposición legal.
No ocurre lo mismo en cuanto al pago del impuesto de registro, toda
vez que al tenor de lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley 223 de 1995, en
armonía con el artículo 1 del Decreto Reglamentario 650 de 1996, este tributo
se genera por la inscripción de actos, providencias, contratos o negocios
jurídicos de los cuales sean parte o beneficiarios los particulares, y que, de
conformidad con las disposiciones legales, deban registrarse en las cámaras
de comercio. Y solo se exceptúan del pago del impuesto: la matrícula
mercantil o su renovación, la inscripción en el registro de proponentes y la
inscripción de los libros de contabilidad.
En este orden de ideas, la inscripción de actos en el RNT, al no estar
exceptuados por la ley, genera el pago del impuesto de registro como un
acto sin cuantía, el cual se deberá efectuar ante las cámaras de comercio
autorizadas para recaudarlo o ante las oficinas de recaudo de las respectivas
gobernaciones, en atención al carácter departamental de este impuesto.
Finalmente, debemos destacar que el registro se prueba con el certificado
que el respectivo prestador debe descargar a través del sitio web. El
mismo se debe fijar en un lugar del establecimiento visible al público, sin
perjuicio de que cualquier interesado pueda consultar a través del RUES el
registro del prestador. El certificado contiene la siguiente información: número
de registro (que es único a nivel nacional, independientemente de la
cámara de comercio que lo asigne), nombre de la persona natural o jurídica,
nombre y dirección del establecimiento de comercio, clase de prestador de
servicios turísticos, y fecha de vencimiento.
4.3 El Registro Nacional de Turismo
y su estrecha vinculación con el registro mercantil
La experiencia y eficiencia de las cámaras de comercio administrando los
registros públicos mercantil, de entidades sin ánimo de lucro y de proponentes,
constituye sin lugar a dudas una de las motivaciones que tuvo el
Gobierno nacional para delegarles el Registro Nacional de Turismo. No obstante,
es tan palmaria la relación que existe entre ambos registros, que a
todas luces resulta lógica la administración de ellos de manera centralizada

288 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 289
por las cámaras de comercio, en desarrollo de la política de simplificación y
reducción de trámites a la que se ha hecho alusión a lo largo de este escrito.
En efecto, el artículo 13 de la Ley 1101 de 2006, que modificó el artículo
61 de la Ley 300 de 1996, ya había facultado al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo para delegar la administración del Registro Nacional de
Turismo a las cámaras de comercio. Pero solo fue hasta la expedición del
Decreto 019 de 2012 que se hizo efectiva la delegación a los entes camerales,
pues, sin lugar a dudas, por esta vía se materializan los principios de eficiencia
y economía que inspiran esta iniciativa.
Justamente, la competencia que adquieren las cámaras de comercio
para llevar el RNT tiene plena justificación, considerando que, como ya lo
habíamos anotado, la inscripción en el Registro Nacional de Turismo supone
para el prestador, salvo algunas excepciones, cumplir con la obligación de
matricularse como comerciante en el registro mercantil (o en el registro a
que haya lugar) y matricular el establecimiento de comercio a través del cual
se prestará el servicio, en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar
donde territorialmente corresponda la obligación.
Sumado a esto, es necesario que la actividad comercial del establecimiento
de comercio y de la persona natural, así como el objeto social de la
persona jurídica –según el caso–, comprenda las actividades que el prestador
de servicios turísticos pretende inscribir en el Registro Nacional de Turismo.
Del mismo modo, estas actividades deben coincidir con las reportadas ante
la DIAN, con el propósito de asegurar que la información sea congruente en
todos los registros.
La confrontación de esta información debía hacerla anteriormente el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cotejando los certificados de
existencia y representación legal, los certificados de registro mercantil de los
comerciantes y los certificados de registro mercantil de los establecimientos
de comercio, que debía aportar el prestador con la solicitud de inscripción.
De modo que si algún dato no coincidía con el reportado por las cámaras de
comercio en los certificados, era menester proceder a realizar la anotación
previamente en el registro mercantil, con las implicaciones que acarrean
estos procedimientos en términos de tiempo y costos, como quiera que el
registro adelantado por el Ministerio implicaba remitir por correo el formulario
de inscripción diligenciado (con los respectivos soportes documentales
exigidos por la ley) a las oficinas ubicadas en la ciudad de Bogotá, o a las
oficinas regionales del Ministerio en el país.
Actualmente, esta validación la realizan las cámaras de comercio a través
de sus propias bases de datos o a través del RUES, pues en línea se puede
acceder a los certificados de cualquier cámara de comercio, evitando trasladar
esta carga a los usuarios, toda vez que ya no es necesario aportar los
certificados como soporte para los trámites. En esta misma línea, las modificaciones
que se realizan en el registro mercantil en cuanto al nombre, dirección,
propietario del establecimiento de comercio, entre otras, se actualizan
de forma automática en el RNT, lo que garantiza que la información que
reposa en ambos registros sea consistente.
Así las cosas, resulta claro que si bien el registro mercantil y el Registro
Nacional de Turismo son independientes, existe una relación obligada entre
ellos, como quiera que el RNT se alimenta constantemente de la información
que reposa en el Registro Mercantil. Al ser administrados por la misma
autoridad, representa beneficios no solo para los prestadores de servicios
turísticos, sino que se traduce en transparencia, celeridad, economía y eficiencia,
principios que deben regir las actuaciones administrativas.
4.4 Importancia del Registro Nacional de Turismo
Partiendo del concepto de turismo que consagra el Artículo 26 de la Ley 300
de 1996, modificado por el artículo 4 de la Ley 1558 de 2012, que lo define como
«El conjunto de actividades que realizan las personas –turistas– durante sus
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines, entre
otros, de ocio, cultura, salud, eventos, convenciones o negocios», tenemos
que esta actividad supone el desplazamiento de personas hacia lugares diferentes
a su residencia o entorno habitual, poniendo a quien la realiza en una
situación de vulnerabilidad. El Estado debe intervenir para garantizar que se
acrediten los requisitos mínimos que aseguren la prestación de los servicios
turísticos dentro de los parámetros que la ley impone, pues el turista necesita
contar con información confiable y verídica, que le permita constatar que
quien le presta este tipo de servicios efectivamente se encuentra operando
legalmente y está habilitado para ejercer la actividad.

290 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 291
En este orden de ideas, el RNT se configura como la herramienta que
le permite al Estado identificar plenamente a los prestadores de servicios
turísticos, para combatir la informalidad y realizar los controles necesarios.
Además, brinda a los terceros la certeza del cumplimiento de los requisitos
que los habilitan para ejercer la actividad, de modo que los usuarios
de servicios turísticos puedan conocer los prestadores que existen en el
mercado, el tipo de servicio que prestan, así como tener la información
sobre los establecimientos que ofertan dichos servicios, y las características
de los mismos, para efectos de hacer la mejor elección.
En este punto, es importante precisar que las cámaras de comercio no
tienen injerencia en el funcionamiento, la solvencia o la calidad del servicio
que proporcionan los diferentes prestadores; ni está encargada de realizar
controles sobre las condiciones óptimas que deben cumplir estos, de cara a
los usuarios o clientes, pues estas facultades están deferidas a otro tipo de
autoridades. No obstante, al realizar la inscripción en el RNT son responsables
de verificar el cabal cumplimiento de los requisitos particulares que la
ley prevé, para determinados prestadores. Así por ejemplo, en tratándose de
empresas de transporte terrestre automotor especializado, empresas operadoras
de chivas y otros vehículos automotores que prestan el servicio de
transporte turístico, es obligación que los entes registrales verifiquen que
con la solicitud de inscripción se aporte copia de la resolución expedida por
el Ministerio de Transporte, que los habilita para la prestación del servicio
público de transporte especial. El incumplimiento de este requisito faculta a
las cámaras de comercio para abstenerse de efectuar el registro. Así las cosas,
el RNT representa para los usuarios la garantía del cumplimiento de los
requisitos mínimos que la ley exige a ciertos prestadores y que los habilita
para operar los servicios; los mismos que deben ser verificados por los entes
registrales, pues sin ellos no procede la inscripción.
La existencia del Registro Nacional de Turismo reporta además beneficios
significativos para los prestadores de servicios turísticos, por cuanto
reciben las ventajas de las regulaciones del Estado orientadas a garantizar
la libre competencia, al tiempo que se benefician de los programas
que promueve el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la promoción
y competitividad del turismo.
Además, se convierte en un requisito para acceder a los beneficios tributarios
que se consagran a favor de este sector 12 .
De otro lado, el RNT constituye para el Estado un insumo fundamental
para el diseño y desarrollo de políticas y adopción de medidas para el sector,
toda vez que la información que se obtiene en la inscripción y actualización
de cada registro, permite conocer cifras concretas y reales sobre el comportamiento
de cada subsector en materia turística. Un ejemplo de esto son las
estrategias que promueve el Estado para el desarrollo de competencias en
bilingüismo para ciertos prestadores, que se han originado en las estadísticas
que arroja el registro y que reportan un aumento constante de turistas
extranjeros en nuestro país.
Igualmente, el RNT, al constituir una base de datos de todos los prestadores
de servicios turísticos que operan de forma legal, permite al Estado
controlar el recaudo de la contribución parafiscal creada en el Artículo 40 de
la Ley 300 de 1996, modificada por el artículo 1 de la Ley 1101 de 2006, a cargo
de los aportantes establecidos en el artículo 16 de la Ley 1558 de 2012.
El turismo, entonces, es una industria que contribuye significativamente
al desarrollo económico, social y cultural del país, y, en este sentido, el RNT
adquiere una importancia innegable para los diferentes actores: turistas,
prestadores de servicios turísticos y para el Estado. Dentro de este escenario
las cámaras de comercio cumplen un papel fundamental, pues tienen el reto
de administrar este registro de forma eficiente, para que se cumplan los propósitos
que la ley consagra.
12 De conformidad con lo prescrito en el artículo 18 de la Ley 1558 de 2012: «[…] únicamente
los prestadores de servicios turísticos, debidamente inscritos en el Registro
Nacional de Turismo, podrán ser beneficiarios de los incentivos tributarios y fiscales
consagrados a su favor, en disposiciones de orden nacional, departamental,
distrital o municipal y que tengan por fin estimular, apoyar o promover la actividad
turística. La omisión de la actualización del Registro Nacional de Turismo, así
como el incumplimiento en el pago de la contribución parafiscal, suspenderá el
incentivo tributario correspondiente al año fiscal en el cual se presente la omisión
o incumplimiento».

292 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 293
-5-
EL REGISTRO ÚNICO DE
PROPONENTES, RUP
5.1 Concepto y elementos
El Registro Único de Proponentes, RUP, puede caracterizarse sucintamente
como un sistema documental, en el que se hace constar la información sobre
los requisitos habilitantes y la clasificación de los proponentes, junto
con la información mensual remitida por las entidades estatales sobre contratos
que les han sido adjudicados (en ejecución o ejecutados), incluyendo
las multas y sanciones en firme, relacionadas con estos o con la conducta
profesional del inscrito.
Según lo previsto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificada por
el artículo 221 del Decreto-Ley 019 de 2012, todas las personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia,
que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales 13 , salvo las excepciones
legales 14 , estarán obligadas a inscribirse en el Registro Único de
13 Se entiende por entidades estatales las contempladas en el artículo 2 de la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, y las demás que se señalen en normas especiales que
adicionen o complementen el mencionado catálogo.
14 Decreto-Ley 019 de 2012. «Artículo 221. De la verificación de las condiciones de los
proponentes. El artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, quedará así: [...] No se requerirá
de este registro, ni de clasificación, en los casos de contratación directa; contratos
para la prestación de servicios de salud; contratos de mínima cuantía; enajenación
de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto la adquisición de productos
de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos
legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan por objeto directo las
actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales
del Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos de concesión
de cualquier índole. En los casos anteriormente señalados, corresponderá a
Proponentes de la cámara de comercio con jurisdicción en su domicilio principal.
Para tal fin, la entidad registral efectuará la verificación documental
de los requisitos del proponente, asentará en el registro el acto que corresponda
y expedirá certificación sobre tal hecho. Por lo demás, la certificación
del RUP cumple una importantísima función probatoria, pues, conforme a la
ley, constituye plena prueba de la información verificada documentalmente
y que se encuentre en firme.
Actualmente, la determinación de las condiciones para la verificación
documental de los requisitos habilitantes, y la clasificación de los proponentes,
los documentos de soporte, la forma de llevar el registro, la función
certificadora, los aspectos generales del reporte de entidades estatales, y las
reglas que instrumentan la impugnación del registro (entre otros asuntos),
han sido definidos por el Gobierno nacional a través del título i, capítulo v
del Decreto 1510 del 17 de julio de 2013 y por la Circular Reglamentaria del
RUP expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio en su función
instructiva.
El Registro Único de Proponentes, como institución jurídica, hunde sus
raíces en la necesidad que tiene el Estado de seleccionar a sus potenciales
contratistas bajo criterios objetivos. Dicha necesidad impone la creación de
mecanismos depurados de factores subjetivos, que permitan evaluar, de un
lado, las calidades del proponente, y de otro lado la propuesta misma. Se
trata, pues, de un instrumento que busca separar al proponente de su propia
oferta, a fin de que uno y otra sean evaluadas por separado. En este sentido,
la institución registral propende a que la evaluación sobre las condiciones
personales, operativas y financieras del interesado en celebrar contratos con
el Estado la realice un tercero, desvinculado del proceso de selección y distinto
de la entidad estatal que calificará la oferta. Actualmente, ese tercero es
personificado por las cámaras de comercio, en virtud de expresa habilitación
legal para el ejercicio de esa función administrativa.
las entidades contratantes cumplir con la labor de verificación de las condiciones
de los proponentes».

294 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 295
5.2 Antecedentes: los registros de proponentes
en los estatutos contractuales de los
entes públicos nacionales
El Registro de Único de Proponentes no siempre ha sido único, ni siempre ha
sido administrado por las cámaras de comercio, ni siempre se ha sujetado a
los mismos propósitos y principios.
Este registro se remonta a lo previsto en los artículos 32 y 33 del Decreto-
Ley 1670 de 1975, como un requisito previo y obligatorio para que la Nación
y sus entidades descentralizadas pudieran celebrar contratos con personas
naturales y jurídicas. Dicho registro era llevado por las mismas entidades
encargadas de seleccionar a los contratistas, a través de dependencias especializadas
para el efecto. En aquella época, el proponente presentaba la
documentación exigida para la inscripción de acuerdo a la naturaleza de los
bienes o servicios ofrecidos, aunque correspondía a la misma entidad convocante
la determinación de la calificación y la clasificación del proponente,
con fundamento en la información presentada.
El llamado Estatuto Contractual de los Entes Públicos Nacionales, vertido
en el Decreto-Ley 150 de 1976, reprodujo de forma literal lo que su antecesor
había previsto en torno al registro de proponentes, sin agregar o
modificar nada a la institución (cfr. artículos 32 y 33).
Luego, el Decreto-Ley 222 de 1983 introduciría, en sus artículos 44 y 45,
nuevos aspectos regulatorios, a los que debían sujetarse los ya existentes
registros de proponentes llevados por la Nación o sus entidades descentralizadas.
Entre los asuntos más descollantes, se cuentan los siguientes:
señaló que la vigencia de la inscripción, calificación y clasificación en el registro
se extendería por un término de veinticuatro meses, al cabo de los
cuales sería necesario renovarlo; asimismo, señaló con precisión que el responsable
de la calificación y clasificación de los proponentes sería el «jefe
de la entidad», a través de una evaluación de los documentos presentados
por el solicitante; el citado decreto también prohibió adelantar procesos de
licitación, adjudicación o celebración de contratos con personas que no estuvieran
debidamente inscritas, calificadas y clasificadas con anterioridad
en el respectivo registro de proponentes de cada entidad; prescribió que la
calificación y clasificación en el registro regiría para todas las propuestas
que el inscrito presentara a la entidad; y reafirmó el carácter público del
registro, junto con la posibilidad de que cualquier persona pudiera solicitar
certificaciones.
Sin embargo, cabe mencionar que esos estatutos contractuales citados
regularon aspectos generales sobre la «contratación administrativa» (hoy
contratación estatal) de cara a las entidades del orden nacional; permitiendo
que los departamentos y municipios adoptaran sus propios estatutos
contractuales, y fomentando de esta forma la proliferación de registros de
proponentes locales y sectorizados, regidos por sus propias reglas y requisitos,
pero sin ninguna articulación entre sí. La calificación y clasificación de
los proponentes se hacían depender de las exigencias y requisitos de cada
entidad en concreto; por lo que una misma persona, en un mismo momento,
podía ostentar requisitos habilitantes diferentes, según se tratara de la entidad
calificadora y de las formalidades requeridas en cada lugar.
Soportar semejante aparato para cumplir una tarea registral de utilidad
limitada, sin unidad de propósito y adelantada bajo multiplicidad de
criterios rayanos con el caos, implicó para el Estado terribles costos financieros
y de transacción, altos índices de ineficiencia, y constituyó una fuente
de corrupción difícil de contener. Estas situaciones, junto con los crecientes
reparos que se le hicieron a los estatutos contractuales anteriores a la
Constitución Política de 1991, motivaron la expedición de la Ley 80 de 1993.
Frente a la institución del Registro Único de Proponentes, la exposición de
motivos del proyecto de ley consignó lo siguiente:
Registro de proponentes
Con el propósito de unificar procedimientos y simplificar trámites,
el proyecto en su Artículo 22 establece que quienes aspiren
a celebrar contratos con entidades estatales, se inscribirán en un
único registro de proponentes que será llevado por las cámaras
de comercio. Se busca con tal medida subsanar las consecuencias
que se derivan de la variedad hoy imperante en cuanto concierne
al registro.
Las cámaras de comercio han demostrado ser entes preparados
y eficientes que, por tanto, garantizan la bondad y beneficios
de la disposición. Si bien el registro de proponentes ha constituido
por regla general un requisito previo para la contratación,
el proyecto lo exige únicamente respecto de contratos de obra,

296 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 297
consultoría, compraventa y suministro de bienes muebles y prestación
de servicios.
En el registro constarán todos aquellos aspectos que se consideren
indispensables para el cabal conocimiento por parte de
la administración pública de su eventual contratante. Por ello, se
prevé que en él se inscriban, entre otras circunstancias, lo relativo
a la existencia y representación del contratista, los hechos que
permitan establecer un adecuado conocimiento acerca de sus
condiciones de idoneidad moral, técnica y financiera, así como
toda aquella información que resulte útil al proceso de selección
(contratos ejecutados, cuantía, plazo, sanciones impuestas y término
de duración).
Con base en la información suministrada, las cámaras de comercio
clasificarán a los proponentes de acuerdo con la naturaleza
de los bienes o servicios ofrecidos. Para efectos del registro y la
clasificación y con el propósito de mantener la igualdad de oportunidades
y de preservar la economía, el proyecto dispone que se
establecerá un formulario único y se determinarán los documentos
estrictamente indispensables que se deberán exigir.
Como consecuencia de lo anotado, la información contenida
en el registro deberá ser lo más completa posible respecto del futuro
contratista, en orden a que la calificación de la persona inscrita
se realice únicamente con base en los datos e informaciones
que consten en la certificación que expida la cámara de comercio.
Corresponderá a cada entidad, en cada caso particular de licitación
o concurso, proceder a la calificación de las propuestas. Tal
calificación resultará de la comparación de las mismas con los
correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia,
en los cuales deben definirse no solo reglas objetivas, justas
y claras, sino que también se deben indicar «los requisitos objetivos
necesarios para participar en el correspondiente proceso de
selección». De este modo la entidad calificadora seleccionará los
proponentes que cumplan los requisitos mínimos de naturaleza
objetiva necesarios para participar en la licitación o concurso y entre
ellos evaluará las propuestas de acuerdo con los criterios de selección
y su correspondiente ponderación, igualmente definidas
en forma clara y precisa en los pliegos de condiciones o términos
de referencia.
Con la fórmula adoptada se evita uno de los focos de mayor
corrupción que en materia de contratación se presenta. En efecto,
la calificación general y previa al proceso de selección que de
los proponentes se hace no ha producido consecuencias positivas
para la rectitud de la selección. Por ello, se prevé la calificación particular
para cada licitación o concurso.
El alcance conferido al registro por la disposición comentada
proporcionará, sin duda, mayor agilidad, organización y veracidad
en los procedimientos, lo que refuerza el propósito general del
proyecto en cuanto busca convertirse en un estatuto que garantice
la diáfana, eficaz, responsable y oportuna gestión de la administración
pública 15 .
5.3. El Estatuto General de la Contratación
de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)
y el Registro Único de Proponentes: expresión
del principio de la selección objetiva
Con fundamento en lo dispuesto en el inciso último del artículo 150 de la
Constitución Política de 1991 16 (y a pesar de su última frase), el legislador
colombiano optó por expedir un único Estatuto General de la Contratación
de la Administración Pública, basado en principios y reglas generales que
establecieran el marco jurídico de la contratación estatal, dejando un cierto
espacio de movilidad al presidente de la República para ejercitar la facultad
reglamentaria, de modo que los aspectos puntuales del fenómeno contractual,
esencialmente mudables y dinámicos, no quedaran petrificados en el
texto de la ley, sino que pudieran ajustarse mediante un instrumento de
regulación dúctil y dinámico: el reglamento.
15 Gaceta del Congreso, n.° 75. Bogotá, 23 de septiembre de 1992.
16 C. N. «Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones: […] Compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación
de la administración pública y en especial de la administración nacional».

298 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 299
Bajo estas ideas, y recogiendo las experiencias de los anteriores registros,
el Artículo 22 de la Ley 80 de 1993 crea el Registro Único de Proponentes,
a cargo de las cámaras de comercio. El artículo es un desarrollo técnico del
principio de la selección objetiva, por lo que somete a dicha formalidad «a
todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades
estatales contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa
de bienes muebles». Asimismo, establece un catálogo de eventos excepcionales,
en los cuales no era necesario contar con el Registro Único de
Proponentes para celebrar contratos con el Estado.
La Ley definió que la inscripción en el Registro Único de Proponentes
tendría una vigencia anual, al cabo de la cual debería renovarse, so pena de
producirse la cesación de efectos del registro. Dicho principio aún perdura
en el actual sistema registral del RUP, aunque el reglamento en cada época
ha fijado las pautas particulares para el conteo del término y la forma en
que puede actualizarse o se debe renovar la información.
Conforme el principio constitucional de la buena fe, la Ley 80 de 1993
dispuso que los proponentes se «autocalificaran» y «autoclasificaran» según
las reglas que dicte el Gobierno nacional, a través de los respectivos
decretos reglamentarios. Esto significó que bajo el sistema registral de la
Ley 80, la responsabilidad de determinar los requisitos habilitantes y la clasificación
de los proponentes se trasladará hacia cada uno de los interesados
en inscribirse en el RUP. Sin embargo, la norma previó que la entidad contratante
podía reservarse la facultad de «verificar la información contenida
en el certificado expedido por la cámara de comercio y en el formulario de
clasificación y calificación». Las cámaras de comercio, por tanto, más allá de
constatar las formalidades externas en que se presentaba la información,
no ejercitaban ningún tipo de verificación material, ni procedían a ningún
control de legalidad sobre los datos suministrados.
Para conjurar el desorden reinante, la ley ordenó que la calificación del
inscrito se sometiera a criterios únicos y universales, «válidos ante todas las
entidades estatales de todos los órdenes y niveles» (cfr. artículo 22.3, ibídem),
calculados con fundamento en la experiencia, capacidad financiera, capacidad
técnica y de organización, y disponibilidad de equipos. Lo propio se hizo
en relación con la clasificación de los proponentes, conforme la ubicación
que el mismo interesado hacía en actividades, especialidades y grupos prefijados
por los reglamentos que el Ejecutivo expidiera sobre la materia.
Con la autocalificación aparece el concepto formal de «capacidad máxima
de contratación» o «K de contratación», como el resultado de aplicar las
fórmulas aritméticas en las que se traducirían esos factores habilitantes y
que sería utilizada durante largos años como baremo para admitir a los proponentes
dentro de un proceso de selección contractual.
Bajo ese propósito unificador, la ley ordenó que el modelo gráfico del
formulario para la inscripción en el RUP, y el modelo de certificado que expedirían
las cámaras de comercio, también fueran únicos, de acuerdo con las
pautas y la aprobación impartida por el Gobierno nacional (los reglamentos
fijaron dicha competencia en cabeza de la Superintendencia de Industria y
Comercio, como se verá). Asimismo, los reglamentos sucesivos establecieron
los documentos que debían adjuntarse al formulario, por considerarse indispensables
para la inscripción, actualización o renovación (ejemplo: estados
financieros, certificaciones, declaraciones de renta, etc.).
Por su parte, las certificaciones expedidas por las cámaras de comercio
debían reflejar los datos que probaran la existencia y representación del contratista,
y las facultades del representante legal, e incluir toda la información
relacionada con la clasificación y calificación del inscrito. Por lo dicho, la certificación
debía hacer constar los datos e informaciones sobre cumplimiento
en contratos anteriores, experiencia, capacidad técnica y administrativa, relación
de equipo y su disponibilidad, multas y sanciones impuestas, y el término
de su duración (cfr. artículo 22, ejúsdem). Sin embargo, a pesar de este esfuerzo
por aclarar el contenido mínimo de la certificación, justo es mencionar
que en la versión original de la Ley 80 de 1993 no fue muy nítido el verdadero
alcance probatorio de los certificados del RUP, sobre todo cuando las entidades
estatales podían verificar directamente las informaciones consignadas
en él. Esta distorsión se intentaría corregir en la Ley 1150 de 2007.
Otro aspecto de singular trascendencia, introducido por el Estatuto
General de la Contratación de la Administración Pública, que perdura hasta
nuestros días, fue imponer a las entidades del Estado el deber de remitir
información a la cámara de comercio con jurisdicción (competencia territorial)
en el lugar del domicilio del inscrito, sobre «contratos ejecutados, cuantía,
cumplimiento de los mismos, y las multas y sanciones que en relación
con ellos se hubieren impuesto» (cfr. artículo 22.1, ibíd.). Del mismo modo,
reprochó como causal de mala conducta la transgresión de este mandato
por parte de los servidores públicos responsables del reporte.

300 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 301
El envío de información por parte de las entidades estatales se hacía
por medio físico, con intervalos de seis meses, a más tardar los días 15 de
julio y 15 de enero de cada anualidad. Entretanto, las cámaras de comercio
certificaban los reportes consignados en sus archivos registrales, bajo la forma
y los tiempos que los reglamentos fueron definiendo. En un principio,
estos reportes tuvieron un alcance meramente local, pues hasta antes de
la entrada en operación del Secop, y su integración con el RUE, las cámaras
de comercio no contaban con una herramienta tecnológica y jurídica que
permitiera el almacenamiento seguro de esos reportes en un repositorio común.
Así que en los primeros años de vigencia de la Ley 80 de 1993, la información
remitida por las entidades del Estado quedaba vertida únicamente
en los archivos locales de cada cámara de comercio encargada de registrarla.
La Ley 80 de 1993 también creó la obligación, a cargo de las entidades
del Estado, de remitir información sobre convocatorias a licitaciones, a fin
de ser publicadas en el boletín mensual de licitaciones y concursos que editaban
las cámaras de comercio a través de la Confederación Colombiana
de Cámaras de Comercio, Confecámaras. En un principio, la información sobre
la intención de dar apertura a una licitación se hacía por medios físicos.
Luego, la obligación se entendió cumplida para la entidad Estatal por
la simple remisión del informe a través de correo electrónico, con independencia
de su publicación material en el boletín (cfr. Decreto 066 de 2008).
Conviene mencionar que este boletín no existe en la actualidad, pues fue
eliminado por el Decreto-Ley 019 de 2012 (cfr. artículo 224), en la medida en
que la publicidad electrónica ofrecida por el Secop se entiende como mejor
y más eficiente.
De otro lado, la Ley 80 de 1993 estableció un procedimiento administrativo
especial para que cualquier persona, previa caución bancaria o de
compañía de seguros, impugnara la calificación o clasificación de los proponentes.
En el mismo sentido, estableció que las entidades del Estado debían
impugnar el registro de los inscritos, cuando frente a su información
se advirtieran «irregularidades o graves inconsistencias» (cfr. artículo 22.5,
ibíd.). El primer lenguaje empleado por la ley no fue el de los recursos de la
vía gubernativa contra los actos de inscripción, sino uno propio del derecho
privado: la impugnación. Con el tiempo, la ley dejaría solo en cabeza de las
entidades del Estado el «derecho a impugnar la información de los proponentes»,
dejando a los ciudadanos la posibilidad de hacer uso del recurso
de reposición contra el acto de registro, en los términos y bajo las estrictas
condiciones que las normas legales fijaron para el efecto.
De otro lado, con fundamento en los artículos 22.9 y 79 de la Ley 80 de
1993 (Régimen de Vigencia e Implementación del RUP) y bajo los parámetros
del Decreto 856 de 1994 (su primer reglamento), las cámaras de comercio
asumieron la administración del Registro Único de Proponentes el 28 de
octubre de 1994.
Una característica del régimen del RUP (y del contrato estatal en general),
según ya se había advertido, es su cambiante sujeción a la facultad reglamentaria
del presidente de la República. A lo largo de los años, los aspectos técnicos,
prácticos y puntuales para la autocalificación y la autoclasificación de proponentes,
las tarifas por los servicios registrales, los modelos de formulario y certificación,
los documentos de soporte, los reportes de entidades del Estado sobre
contratos, multas y sanciones (entre otros asuntos), sufrieron modificaciones
importantes, introducidas especialmente por los siguientes reglamentos:
• Decreto 856 de 1994
• Decreto 1584 de 1994
• Decreto 194 de 1995
• Decreto 092 de 1998
• Decreto 393 de 2002
• Decreto 1126 de 2002
• Decreto 3212 de 2012
• Decreto 780 de 2003
• Decreto 3401 de 2003
• Decreto 2763 de 2005
• Resolución 2125 de 1994; Superintendencia de Industria y Comercio
• Resolución 2497 de 1994; Superintendencia de Industria y Comercio
• Resolución 403 de 1995; Superintendencia de Industria y Comercio
Sin embargo, la Ley 80 de 1993 dejó sentadas las bases de la institución
del RUP, tal como la conocemos hoy, entregando a las cámaras de comercio
el registro y la prueba de las condiciones habilitantes del proponente, a fin
de que la entidad convocante califique los aspectos de elegibilidad y, por
sobre todo, que se concentre en la tarea primordial en cualquier proceso de
selección posible: elegir la propuesta más favorable al Estado.

302 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 303
5.4 La Ley 1150 de 2007: un giro copernicano en
la administración del Registro Único de Proponentes
A pesar de sus bondades y generosos propósitos, la versión pura de la Ley
80 de 1993 fue quedándose rezagada con el paso de los años, al punto de
que muchas de las debilidades y carencias que pretendió enmendar de las
anteriores normativas, también empezaron a predicarse de ella misma. La
información proveniente del RUP de las cámaras de comercio no representaba
ningún valor agregado para las decisiones contractuales del Estado.
Además, las entidades estatales ejercían una verificación adicional y posterior
sobre los datos que aparecían en el certificado y en los documentos de
soporte proporcionados por las cámaras de comercio, tornando al registro
en un mero formalismo ineficiente y de poca utilidad práctica.
En consecuencia, se hicieron necesarios instrumentos más eficaces y
modernos para fortalecer los procesos contractuales, a fin de cerrar cada vez
más la brecha entre los formalismos jurídicos, la realidad económica y la
satisfacción de necesidades en el cumplimiento de los cometidos estatales.
Amén de adoptar procedimientos o mecanismos para fortalecer la vigilancia
sobre los procesos de contratación, privilegiando la publicidad y el acceso
a los mismos, aspectos todos que motivaron en gran medida las modificaciones
al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública,
mediante la Ley 1150 de 2007.
Muchos fueron los cambios para el Registro Único de Proponentes,
pero sin lugar a dudas el más trascendental de todos fue el haber deferido
en las cámaras de comercio un control formal de legalidad llamado «verificación
documental». Si bien el registro siguió bajo el esquema de la autocalificación
y la autoclasificación por parte del interesado, quedando en
él toda responsabilidad por la veracidad y la conformidad material de sus
informaciones, lo cierto es que las cámaras de comercio asumieron la responsabilidad
de verificar la «congruencia» entre la información consignada
en el formulario y los documentos aportados para soportarla, mediante un
cotejo o comparación entre una y otra. Puede decirse que uno de los puntos
más difíciles para concertar la redacción definitiva del artículo 6 de la nueva
ley, fue precisamente el relativo a los alcances y delimitaciones de dicho
control, pues la delegación del RUP a las cámaras de comercio no incluía
la asignación de funciones y responsabilidades propias de los jueces de la
República (por ejemplo, constatar la autenticidad y la veracidad material de
la información documental), o de tareas y responsabilidades idénticas a las
que caben a las entidades públicas en los procesos contractuales. Por lo dicho,
la ley se decantó hacia un control formal de verificación externa o de
coherencia entre las informaciones suministradas.
Con fundamento en este control, la ley ordenó la creación reglamentaria
de causales taxativas de abstención de registro y de prever hipótesis
más o menos restringidas para el uso del recurso de reposición en contra
del registro, o para efectuar la impugnación por parte de las entidades del
Estado. Se trata, pues, de una verificación documental encuadrada dentro de
una función administrativa enteramente reglada.
El artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 aclara definitivamente la función del
certificado RUP, al señalar que:
La calificación y clasificación certificada, de conformidad con el
presente artículo, será plena prueba de las circunstancias que en
ella se hagan constar. En tal sentido, la verificación de las condiciones
establecidas en el numeral 1 del artículo 5 de la presente ley, se
demostrará exclusivamente con el respectivo certificado del RUP,
en donde deberán constar dichas condiciones. En consecuencia,
las entidades estatales, en los procesos de contratación, no podrán
exigir, ni los proponentes aportar, documentación que deba
utilizarse para efectuar la inscripción en el registro.
Es decir, al fijar en las cámaras de comercio la competencia de verificar
documentalmente la calificación y la clasificación de los proponentes, prohíbe
toda intervención en esas materias a las entidades estatales, las cuales
no podrán solicitar documentos que soporten requisitos habilitantes, salvo
que existan condiciones excepcionalísimas y suficientemente justificadas,
en atención al objeto contractual, o porque sea necesario verificar ciertas
informaciones que no se acreditan ante el RUP.
En este sentido, la nueva ley define como plena prueba de la calificación
y la clasificación del proponente solamente aquella información que fue objeto
de verificación documental por parte de las cámaras de comercio, siempre
que adquiriera firmeza. Con esta fórmula, se deja por fuera de la verificación
documental al reporte de entidades estatales (por obvias razones, esa

304 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 305
información habría pasado por todo un procedimiento administrativo previo
ante la entidad estatal reportante) 17 , junto con los demás datos a los que el
reglamento les otorgó un valor meramente declarativo (como el señalamiento
de grupos en la clasificación de los proponentes bajo esa normativa).
Sigue la ley con la metodología de la determinación de la capacidad
máxima de contratación o «K de contratación» de los proponentes, de
conformidad con las fórmulas matemáticas previstas en los reglamentos.
Asimismo, los decretos crearon listados de actividades, especialidades y grupos
para la clasificación de los proponentes. Sin embargo, la ley precisó que
los factores de capacidad jurídica, financiera, técnica y de organización (requisitos
habilitantes) no otorgarían puntaje, sino que determinarían si un
proponente «pasa o no pasa» dentro de un proceso de selección. Se trata de
un precepto que fija normativamente la idea de la separación del proponente
de la oferta y del deber de evaluarlos de forma separada (cfr. artículo 5, Ley
1150 de 2007, «De la Selección Objetiva»).
Los medios electrónicos, y la publicidad de los actos de registro en el RUP
a través del RUE, también fueron materias de especial importancia, reguladas
por la modificación a la Ley 80 de 1993. En efecto, la Ley 1150 de 2007 reforzó
la remisión de información de las entidades estatales sobre contratos, multas
y sanciones, ordenando que la misma se hiciera por medios electrónicos y aumentando
la frecuencia del reporte a un envío mensual, en lugar de semestral.
Del mismo modo, ordenó la publicación en el RUE de los actos de registro
en el RUP (inscripción, actualización, renovación, cancelación), como condición
de su firmeza y eficacia jurídicas. Sobre estos aspectos volveremos luego.
La ley, como lo hizo la versión original de la Ley 80 de 1993, demarcó los
principios generales y las reglas más importantes para llevar el Registro Único
de Proponentes, dejando en manos del presidente de la República y de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en su función instructiva, la decantación
y definición de las reglas particulares para su administración y manejo.
17 Circular Única, Superintendencia de Industria y Comercio. Título viii, capítulo i, numeral
1.2.5.1.6.2. «Responsabilidad de la información reportada por las entidades
estatales a las cámaras de comercio. La información remitida por las entidades estatales
en virtud de la normatividad citada, no será verificada por las cámaras de
comercio. Por lo tanto las controversias respecto de la información remitida por las
entidades estatales deberán surtirse ante la entidad estatal correspondiente y no
podrán debatirse ante las cámaras de comercio».
Por lo demás, las cámaras de comercio empezaron a llevar el Registro
Único de Proponentes, con fundamento en la Ley 1150 de 2007, a partir del 1
de abril de 2009. No obstante, merced a las dificultades que surgieron en la
práctica para la implementación del registro, y a las contingencias sufridas
en la transición hacia la nueva normativa, luego de superar un intrincado
y sucesivo régimen de vigencias y ampliaciones de plazos previstos en los
primeros decretos reglamentarios, las cámaras de comercio del país terminaron
finalmente el período de transición el 31 de diciembre de 2009.
Los principales reglamentos del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, fueron
los siguientes:
• Decreto 4881 de 2008
• Decreto 836 de 2009
• Decreto 2247 de 2009
• Decreto 3083 de 2009
• Decreto 1464 de 2010
• Circular Externa 002 de 2009; Superintendencia
de Industria y Comercio
• Circular Externa 006 de 2009; Superintendencia
de Industria y Comercio
5.5 La Ley 1150 de 2007 y el sistema del Registro
Único Empresarial, RUE. Creación del Secop e
integración del RUE a sus operaciones
Otro asunto previsto en la Ley 1150 de 2007, que es de gran trascendencia
para los propósitos de este escrito, es el que tiene que ver con la creación del
Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, y su integración con
la operación del sistema del RUE de las cámaras de comercio (cfr. literal d),
artículo 3, ibíd.). Como ya se había dicho en los primeros apartes de este artículo,
el RUE inició operaciones el 1 de enero de 2005, integrando los registros
mercantil y Único de Proponentes. No obstante, solo hasta la expedición de
la Ley 1150 de 2007, el RUE adquirió una mayor relevancia y sentido para el
Registro Único de Proponentes y para la contratación estatal.

306 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 307
En primer lugar, porque la publicación en el RUE se convirtió en una
condición para la firmeza de los actos de registro en el RUP. En efecto, dispuso
la ley que la firmeza de la inscripción, actualización, renovación o
cancelación solo se alcanzaría transcurridos treinta días hábiles (hoy diez
días hábiles), contados a partir de la publicación del acto de registro en el
sistema RUE. Es decir, el sistema electrónico del RUE se volvió una garantía
reforzada de publicidad para la eficacia del RUP: no basta con el registro
interno que efectúe la cámara de comercio, sino que además es necesario
que la anotación local se publicite en el medio electrónico público RUE, a
fin de que pueda alcanzar el valor probatorio definitivo que le da la ley. De
esta forma, cualquier persona interesada puede enterarse de los registros
y sus modificaciones, e intentar los medios de impugnación dentro de la
oportunidad legal, amén de dotar a la administración pública de una herramienta
confiable y en línea para corroborar el estado registral del proponente,
y su información.
En segundo lugar, porque la Ley 1150 de 2007 reforzó el reporte de entidades
estatales sobre contratos, multas y sanciones en firme; señalando que
por seguridad y transparencia la misma solo se podría remitir por medios
electrónicos, bajo las condiciones técnicas y de seguridad predefinidas por
la Superintendencia de Industria y Comercio. Asimismo, ordenó a los servidores
del Estado responsables del reporte, que efectuaran las remisiones de
forma mensual, de manera que las bases de datos se mantuvieran actualizadas
y consistentes. El RUE posibilitó un canal único y seguro de comunicación
entre las cámaras de comercio y las entidades del Estado, para el
envío, recepción e inscripción de la información antes detallada. Además,
se convirtió en un portal único para que los servidores del Estado pudieran
acceder y remitir la información.
En el proceso del reporte intervienen diferentes entidades, cumpliendo
roles específicos minuciosamente articulados: las entidades estatales remiten
la información por un medio electrónico predefinido, y con las características
señaladas por el reglamento y la Superintendencia de Industria y
Comercio (archivos en formato XML); Confecámaras interviene en la administración
y el soporte de la plataforma RUE (validación de usuarios y cargue
de archivos electrónicos); las cámaras de comercio reciben, validan y registran
la información reportada en sus registros locales, y una entidad de certificación
abierta (Certicámara) proporciona las seguridades y certificados
que, conforme la ley, se precisan para el válido intercambio electrónico de
datos (correos de confirmación y estampado cronológico).
En tercer lugar, el RUE ha posibilitado, de forma gradual, que el Registro
de Proponentes se convierta en un registro «único». En la versión operativa
anterior al RUES, la plataforma electrónica permitía a las cámaras de comercio
controlar que una persona no tuviera inscripciones simultáneas en varias
cámaras. Asimismo, facilitó el cambio de domicilio de los proponentes
entre las distintas cámaras del país, respetando de esta forma la vigencia
de la información del inscrito. Entretanto, la información sobre contratos,
multas y sanciones siguió almacenándose de forma local hasta la entrada
en operación del RUES, el 1.º de enero de 2013.
5.6 El Decreto Ley 19 de 2012, la creación
del RUES y la reglamentación del RUP a través
de los decretos 732 de 2012 y 1510 de 2013.
La dinámica del Registro Único de Proponentes, y la necesidad creciente de
depurarlo de formalismos innecesarios (o que poco aportan a la selección
de los contratistas), y la intención de dotar a las entidades del Estado de mayores
y mejores elementos de juicio (a fin de que la adquisición de bienes y
servicios sea un asunto estratégico y no formularista), motivaron la reforma
del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, a través del artículo 221 del Decreto-Ley
19 de 2012, mejor conocido como el «Estatuto Antitrámites».
Las principales modificaciones previstas en la reforma pueden resumirse
en los siguientes puntos:
En primer lugar, se elimina la calificación y la determinación de la K de
contratación de los proponentes, de modo que las condiciones de capacidad
jurídica, técnica, financiera y de organización se presentan sin fórmulas ni
baremos formales, y se revelan y certifican tal cual las acredita el interesado.
Sin embargo, pervive el cómputo de la K residual para los contratos de obra,
conforme las fórmulas previstas en el reglamento, pero esta se verificará por
la entidad contratante y no por las cámaras de comercio.
En segundo lugar, los proponentes deben ubicarse dentro de los criterios
dimensionales de grande, mediana y pequeña empresa, o de microempresa,
con independencia de que tengan naturaleza societaria o de entidad

308 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 309
sin ánimo de lucro; o aún si ostentan la condición de comerciantes o de personas
naturales no comerciantes.
En tercer lugar, conforme las reglas ya existentes desde la Ley 1150
de 2007, se prevé una reducción del término de firmeza de la inscripción a
diez días hábiles, contados a partir de su publicación en el RUES. Del mismo
modo, se introduce una disminución del término para responder la impugnación
de la inscripción, a veinte días hábiles desde la presentación del escrito
por la entidad estatal.
En cuarto lugar, el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 18 (Estatuto
Anticorrupción) encarga a las cámaras de comercio «hacer explícita en el
texto del respectivo certificado» la inhabilidad por incumplimiento reiterado,
teniendo como fundamento el reporte de multas y sanciones con carácter
de incumplimiento que hayan sido impuestas por las entidades del Estado al
proponente en un mismo período fiscal. Para esta labor, el nuevo sistema del
RUES cumple una función vital, conforme se detallará más adelante.
5.7 El Decreto 734 de 2012
Entre tanto, siguiendo la metodología regulatoria creada por la Ley 80 de
1993, la determinación de las condiciones para la verificación documental,
18 Ley 1474 de 2011. «Artículo 90. Inhabilidad por incumplimiento reiterado. Quedará
inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas:
a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución
de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias
entidades estatales;
b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por
los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias
entidades estatales;
c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento
durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.
La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir
de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de
Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas.
La inhabilidad pertinente se hará explícita en el texto del respectivo certificado.
Parágrafo. La inhabilidad a que se refiere el presente Artículo se extenderá a
los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad,
así como a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con
posterioridad a dicha declaratoria».
la forma de llevar el registro, la función certificadora, el reporte de entidades
estatales y las tarifas por el servicio registral siguieron siendo definidas
por el Gobierno nacional a través del reglamento. Conviene mencionar
que la primera reglamentación del RUP surgida al amparo del Estatuto
Antitrámites fue la contenida en el título vi del Decreto 734 del 13 de abril de
2012 (conocido en su momento como el «decreto único de la contratación
pública»), cuyas principales características pueden exponerse de forma sucinta
de la siguiente manera:
Cambió la forma de clasificación de los proponentes al adoptar el
Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme, CIIU, reduciendo
la clasificación general de los proponentes a una sola actividad principal y
máximo tres clasificaciones secundarias. Así mismo, impuso un férreo control
al exigir que los códigos CIIU hasta 4 dígitos empleados en la clasificación
coincidieran fielmente con los códigos reportados por el interesado
al Registro Único Tributario, RUT, de la DIAN y a los revelados en el registro
mercantil o de entidades sin ánimo de lucro de las cámaras de comercio,
cuando era del caso.
El Decreto 734 de 2012 también redefinió los indicadores sobre los que
debía sustentarse la capacidad financiera de los proponentes: de un lado,
exigió que todos los inscritos, con independencia de las actividades en las
que se clasificaran, tendrían que revelar su «capital real», su «liquidez», el
«nivel de endeudamiento», su «capital de trabajo» y calcular su «indicador
EBITDA». Asimismo, a los constructores se les pidió determinar, adicionalmente,
su «indicador de crecimiento EBITDA» y el «indicador de riesgos».
Finalmente, los proveedores tendrían que mostrar todos los anteriores indicadores,
más la «rotación de inventarios».
En cuanto al requisito de «experiencia», el Decreto Único de la
Contratación Pública había distinguido entre la «experiencia probable» en
cuanto experiencia presunta y formal, vinculada a la simple antigüedad del
inscrito, y la «experiencia acreditada», atravesada por un criterio material,
consistente en certificar hasta los diez mejores contratos ejecutados y terminados
por el proponente en cada actividad en que se inscribiera. La determinación
de este requisito habilitante se basaba, también, en una idea de
economía, prefiriendo una muestra representativa de los mejores contratos
del interesado (hasta diez en cada actividad) y no una larga relación histórica
de todos y cada uno de los contratos que el proponente quisiera revelar.

310 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 311
El Decreto 734 de 2012 también modificó la forma en que se determinaba
la Capacidad de Organización. De un lado, unificó las reglas para la
determinación de la capacidad de organización técnica (personal empleado
para realizar las actividades en que se inscribe el interesado) bajo una
única disposición aplicable a todos los proponentes. Asimismo, estableció
que los constructores y los proveedores debían calcular su capacidad de organización
operacional (con fundamento en sus ingresos brutos operacionales)
utilizando reglas bastante simplificadas, atadas a la antigüedad del
proponente, eliminando por esta vía la tortuosa aplicación de disposiciones
generales, disposiciones especiales, subreglas y excepciones que para tal
propósito preveían los anteriores reglamentos.
5.8 El Decreto 1510 de 2013
Varias circunstancias sirven de marco a la expedición del nuevo reglamento
del sistema de compras y contratación públicas y, por lo mismo, a la nueva
reglamentación del RUP. Como antecedente mediato, se cuenta la creación de
la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente (Decreto Extraordinario 4170 de 2011), encargada
de desarrollar e impulsar la nueva política pública en materia de contratación
estatal, entendida como un asunto estratégico del funcionamiento del Estado
y en el marco de las acciones proyectadas para lograrlo, dentro de las que se
cuentan la modernización de la estructura legal del sistema de compras y contratación
públicas, construida, a su vez, al cobijo de los postulados de «mayor
valor por dinero público», eficacia, promoción de la competencia, rendición de
cuentas, eficiencia, economía, manejo del riesgo, publicidad y transparencia.
También se encuentran en su génesis los compromisos internacionales
adquiridos recientemente por el Estado colombiano, la necesidad de homologación
del lenguaje entre «compradores y proveedores» con fundamento
en referencias universales para la clasificación de productos y servicios.
Finalmente, las críticas y observaciones, suscitadas en ciertos sectores de influencia
con ocasión de la expedición del Decreto 734 de 2012, también están
en la base de la nueva normativa.
La idea de eficiencia inspira la nueva institución registral, incluso, en su
diseño jurídico. La función registral se cimienta en un verdadero «sistema
de fuentes normativas del RUP» y no en un cúmulo de normas petrificadas
en el reglamento. Para entender el registro, deben ser consultadas, en primer
lugar, las normas superiores, para luego descender en un decreto que
contiene pocas normas, pero suficientes para una categorización general de
los principales aspectos del RUP, con lo que se busca un mayor dinamismo
de la institución. Por su parte, los asuntos prácticos y puntuales del registro
mismo quedan situados en un lugar más apropiado que en los decretos reglamentarios,
pues serán fijados mediante las instrucciones generales que
imparta la Superintendencia de Industria y Comercio a través de circulares
externas o resoluciones, que en todo caso son instrumentos de una mayor
ductilidad y adaptabilidad que los decretos del presidente de la República.
Los aspectos más sobresalientes de la nueva normativa son los
siguientes:
Se modifica la fecha de renovación del registro: toda persona inscrita en
el RUP que quiera conservar la vigencia de su registro, deberá renovarlo dentro
de los primeros meses del año, en un término que no podrá superar el quinto
día hábil del mes de abril, so pena de la cesación de efectos del registro.
Desaparecen las actividades genéricas de constructor, consultor y proveedor:
en el nuevo reglamento, todas las personas que pretendan celebrar
contratos con el Estado serán tratadas como proponentes, sin que existan
normas especiales que se hagan depender de esas actividades. El Decreto
1510 de 2013 solo distingue entre personas naturales y personas jurídicas de
cara a la información que cada cual debe acreditar para la inscripción, actualización
o renovación del registro.
Cambia la clasificación CIIU por el Clasificador de Bienes y Servicios de
la ONU (UNSPSC),llegando hasta el tercer nivel (seis dígitos): sin duda, se trata
de una de las modificaciones más trascendentales al régimen del registro.
El sitio oficial del UNSPSC (www.unspsc.org) define al código de la siguiente
manera:
El Código Estándar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas
(UNSPSC por sus siglas en inglés) es un grupo de convenciones
jerárquicas que se usan para clasificar todos los productos y servicios.
Es el más eficiente, exacto y flexible sistema de clasificación
disponible actualmente para lograr visibilidad del análisis de gastos
de toda la empresa, permitiendo cumplir con las exigencias de

312 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 313
rentabilidad y permitiendo la total explotación de las capacidades
del comercio electrónico. El UNSPSC fue desarrollado conjuntamente
por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas,
UNDP, y Dun & Bradstreet Corporation en 1998. Ha sido administrado
por GS1 US desde 2003 19 .
Así, será de gran importancia para los proponentes conocer la forma en
que opera dicha codificación y entender la sintaxis de dicho lenguaje comercial
a fin de lograr una correcta clasificación. El sitio oficial de la UNSPSC da
una sucinta explicación del asunto en los siguientes términos:
¿Cómo funciona el UNSPSC?
XX Segmento
La agregación lógica de familias con fines analíticos.
XX Familia
Un grupo comúnmente reconocido de categorías de
mercancías relacionadas.
XX Clase
Un grupo de mercancías que comparten características
comunes.
XX Mercancía
Un grupo de productos o servicios sustituibles.
XX Función empresarial
La función realizada por una organización
como soporte de la mercancía.
Todas las entidades del UNSPSC se identifican en adelante
con un código numérico estructurado de 8 dígitos que indica su
ubicación en la taxonomía y la clasifica de manera única. Un sufijo
adicional de 2 dígitos indica el identificador de la función empresarial.
Una vista estructural del grupo de código se vería de la
siguiente manera:
Jerarquía Número de categoría Nombre
12350492 43
Aparatos y accesorios para la difusión
de información tecnológica y las
telecomunicaciones.
Familia 20
Clase 15
Mercancía 01
Componentes para equipos de
cómputo y accesorios para la difusión
de información tecnológica y las
telecomunicaciones.
Computadores y accesorios de
computadores.
Cajas de interruptores y estaciones de
acoplamiento para computadores.
Función empresarial 14 Venta al por menor.
[…] 20 .
19 http://www.unspsc.org/faqs. Traducción libre del autor del texto original. «What
is the UNSPSC? The United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC)
is a hierarchical convention that is used to classify all products and services. It is the
most efficient, accurate and flexible classification system available today for achieving
company-wide visibility of spend analysis, enabling procurement to deliver on
cost-effectiveness demands and allowing full exploitation of electronic commerce
capabilities. The UNSPSC was jointly developed by the United Nations Development
Programme (UNDP) and Dun & Bradstreet Corporation (D & B) in 1998. It has been
managed by GS1 US since 2003».
20 Ibídem. Traducción libre del autor del texto original:
“How does UNSPSC work?
XX Segment
The logical aggregation of families for analytical purposes
XX Family
A commonly recognized group of inter-related commodity categories
XX Class
A group of commodities sharing common characteristics

314 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 315
En todo caso, el RUP empleará los códigos UNSPSC hasta el tercer nivel,
esto es, solo tendrá en cuenta el segmento, la familia y la clase que individualizan
un producto o servicio.
La clasificación del proponente no estará limitada a un número máximo
de actividades o códigos UNSPSC (como ocurría con la clasificación CIIU),
sino que será abierta al número de códigos que el interesado pueda demostrar
con los contratos que soportan la experiencia.
La experiencia, por su parte, no tendrá en cuenta el criterio formal de
la antigüedad del proponente (experiencia probable), sino que se determinará
con fundamento en un criterio material: con certificaciones o copias de
contratos provenientes de terceros en los que se revelen dichos contratos
ejecutados y que demuestren la experiencia del interesado en la provisión
de los bienes, obras y servicios que ofrecerá al Estado, identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. Por lo demás, los contratos
de la experiencia soportarán, a su vez, la clasificación del proponente
como quiera que una y otra se reclaman mutuamente.
Se unifican las reglas para la determinación de los requisitos habilitantes
de los proponentes: además de lo dicho para la clasificación y la experiencia
de los proponentes, cualquiera que sea su actividad, los interesados en
inscribirse en el RUP revelarán su capacidad financiera con fundamento en
indicadores comunes, a saber: índice de liquidez, índice de endeudamiento y
razón de cobertura de intereses. Del mismo modo, la capacidad organizacional
se calculará con fundamento en la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad
del activo, tomando como base la utilidad operacional. Para tal fin, los
proponentes allegarán los estados financieros de fin de ejercicio debidamente
auditados, aprobados y certificados, con sus respectivas notas y anexos.
Empero, las personas jurídicas que hagan parte de grupos empresariales
o situaciones de control, ora como matrices, ora como controladas, tendrán
que revelar también al RUP (hoy se hace al registro mercantil) toda la
situación de subordinación de que hacen parte y presentar los estados financieros
consolidados de todo el grupo empresarial o situación de control.
Se reduce el término de permanencia en el RUP de las sanciones e inhabilidades
reportadas por las entidades estatales: según la nueva norma, el
registro de las sanciones e inhabilidades debe permanecer en el certificado
RUP por el término de la sanción o de la inhabilidad. La información relativa
a multas debe permanecer en el certificado del RUP por un año, contado a
partir de la publicación de la misma en el RUES.
XX Commodity
A group of substitutable products or services XX Business Function
The function performed by an organization in support of the commodity
All UNSPSC entities are further identified with an 8-digit structured numeric code
which both indicates its location in the taxonomy and uniquely classifies it. An
additional 2-digit suffix indicates the business function identifier. A structural view
of the code set would look as follows:
Hierarchy Category Number Name
Segment 43
Information Technology Broadcasting and
Telecommunications Communications
Devices and Accessories
Family 20
Components for information
technology or broadcasting or
telecommunications Computer
Equipment and Accessories
Class 10 Computers Computer accessories
Commoditty 01 Computer switch boxes Docking stations
Business Function 14 Retail

316 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 317
-6-
El Registro Único
Empresarial y Social,
RUES
En cuanto al RUES, que continúa integrando el Secop, y que utiliza las bondades
de la anterior plataforma tecnológica del RUE, mejorando muchas de
sus funcionalidades, se puede afirmar lo siguiente:
En primer lugar, todos los reportes de entidades estatales sobre contratos,
multas y sanciones en firme remitidos a través del portal electrónico
del RUES, quedarán archivados de forma segura y durante el término legal
en un repositorio común, amén de permanecer en los archivos locales de la
cámara de comercio encargada de su inscripción. De esta forma se asegura
que la información remitida se encuentre siempre disponible en el ámbito
nacional, con independencia del domicilio del proponente. Por tanto, la información
reportada por las entidades del Estado seguirá al inscrito a donde
quiera que vaya, permaneciendo en los registros incluso en los casos en que
el interesado cancele su registro o sean cesados los efectos de su inscripción
por falta de renovación oportuna.
En segundo lugar, el RUES posibilita a las cámaras de comercio hacer
explícita la certificación de la inhabilidad por incumplimiento reiterado. En
efecto, como los reportes de entidades estatales de todo el país permanecen
archivados en un nodo central (hay un manejo centralizado de la información),
las cámaras de comercio del país podrán consultar todas las multas y
sanciones con carácter de incumplimiento que hayan sido reportadas frente
a un proponente en particular por las diferentes entidades estatales, incluyendo
aquellas que por cualquier circunstancia no reposen en sus archivos
locales, a fin de poder verificar los supuestos de incumplimiento y proceder
a certificar de forma automática la inhabilidad de que habla el Artículo 90
de la Ley 1474 de 2011. Por lo demás, el manejo centralizado de la información
recibida por las cámaras de comercio a través del RUES, facilita el tratamiento
seguro de los datos y permite el «blindaje» de la información contra posibles
fraudes y omisiones que puedan afectar su correcta certificación, de
acuerdo con las directrices dadas en la Ley 527 de 1999 (Ley de Comercio
Electrónico) y demás normas que la adicionen o complementen. Sobre este
aspecto, la Superintendencia de Industria y Comercio ha dado instrucciones
a través de la Circular Externa 020 de 2012 21 .
Por su parte Confecámaras, en cuanto administrador del RUES, deberá
consolidar la información de contratos, multas y sanciones, a fin de que las
entidades del Estado, y los entes de control en general, puedan consultarla
en cualquier tiempo, simplificando ostensiblemente su función de seguimiento
y vigilancia.
En tercer lugar, cumpliendo lo mandado en el artículo 172 del Decreto-
Ley 019 de 2012 22 , cualquier persona puede consultar en línea y de forma gratuita
la información básica de las personas inscritas en los registros públicos
que integran el RUES. Con esta herramienta, el ciudadano podrá contar con
información de primera mano frente a las personas interesadas en celebrar
21 Circular Única. Título viii, capítulo i, numeral 1.2.5.1.6.1. «Manejo centralizado de
la información de contratos, multas, sanciones e incumplimientos. Teniendo en
cuenta que las Cámaras de Comercio deben certificar la inhabilidad por incumplimiento
reiterado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 1474
de 2011, y el parágrafo 4 del artículo 6.1.3.5 del Decreto 734 de 2012, en los certificados
de proponentes que se expidan, se hace necesario blindar el sistema contra
posibles fraudes y omisiones, voluntarias o involuntarias que puedan afectar la
correcta certificación. En este orden de ideas, en el RUES deberá existir una base de
datos única y centralizada de contratos, multas, sanciones y sanciones con condición
de incumplimientos, que permita identificar por cada proponente (por el NIT
o cédula de ciudadanía), qué registros le han sido reportados, SIN IMPORTAR para
el efecto el domicilio principal del proponente».
22 Decreto 019 de 2012. «Artículo 172. Información en la página web del Registro
Único Empresarial y Social, RUES. A partir de abril de 2012, para fines informativos,
las cámaras de comercio darán acceso gratuito, a través de la página web del RUES,
al menos a la siguiente información básica de las personas incorporadas en su
registro: cámara de comercio donde se registra la persona, razón social, número de
identificación tributaria, fecha de renovación, fecha de matrícula, fecha de vigencia,
tipo de organización, categoría de la matrícula, estado de la matricula, actividad
económica, establecimientos, agencias o sucursales, representantes legales
principales y suplentes, y limitaciones de su capacidad de contratar».

318 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 319
contratos con el Estado y consultar los datos fundamentales relacionados o
que afectan a esos inscritos.
En cuarto lugar, a través del RUES se provee a las entidades del Estado
el acceso gratuito y en línea a los registros públicos, según lo ordenado en
el artículo 15 del Decreto-Ley 19 de 2012 23 , con el propósito de que puedan
consultar la información que se certifica, sin necesidad de acudir al certificado
físico. Sobre el particular habla el numeral 1.7.2 de la Circular Externa
019 del 31 de agosto de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria
y Comercio 24 .
Finalmente, los requerimientos funcionales que existían en el RUE (en
cuanto a servicio, verificación, seguridad, proyección de servicio y de integración)
se siguen predicando del RUES, pero con las mejoras y actualizaciones
señaladas en la ley y en el reglamento, especialmente en el numeral 1.5.3, título
viii, de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
23 Decreto 019 de 2012. «Artículo 15. Acceso de las autoridades a los registros públicos.
Las entidades públicas, y las privadas que cumplan funciones públicas o presten
servicios públicos, pueden conectarse gratuitamente a los registros públicos que
llevan las entidades encargadas de expedir los certificados de existencia y representación
legal de las personas jurídicas, los certificados de tradición de bienes
inmuebles, naves, aeronaves y vehículos y los certificados tributarios, en las condiciones
y con las seguridades requeridas que establezca el reglamento. La lectura
de la información obviará la solicitud del certificado y servirá de prueba bajo la
anotación del funcionario que efectúe la consulta».
24 Circular Única, Superintendencia de Industria y Comercio. Título viii, capítulo i, numeral
1.7.2. «Suministro de información a entidades públicas y privadas que cumplan
funciones públicas o presten servicios públicos. En aplicación a lo dispuesto
en el Artículo 15 del Decreto número 019 de 2012, las entidades públicas y las privadas
que cumplan funciones públicas o presten servicios públicos podrán acceder
a la información de los certificados de las personas incorporadas en el RUES, para
lo cual deberán diligenciar la solicitud virtual correspondiente, a fin de obtener un
usuario y contraseña, a través del cual podrán consultar y realizar la lectura correspondiente,
a efectos de obviar la solicitud de los mismos y para que sirvan como
prueba bajo la anotación del funcionario que efectúe la consulta».
Conclusiones
La utilización de medios virtuales para organizar nuestras vidas, continúa
creciendo y apropiándose de todos los escenarios donde nos debemos desenvolver.
Ahora asumimos el desafío de pasar de sistemas tradicionales a
grandes plataformas de información que buscan simplificar procesos no
solo en trámites y costos, sino en tiempo y espacio, de ahí que el sistema
RUES sea una estrategia innovadora y funcional que toma fuerza como un
modelo a replicar en otras instituciones. Sin embargo, no se tiene una visión
apocalíptica sobre las formas de administrar que hasta hace algunos años
eran las únicas; por el contrario, se busca integrar la funcionalidad de lo presencial
con un sistema en redes virtuales.
Entonces, es válido considerar el RUES como un promotor de esta nueva
realidad que se ha introducido con éxito en la ciudadanía, gracias a las
propuestas del Gobierno nacional y la buena gestión de las cámaras de comercio,
que pretenden, además de facilitar procesos y fomentar la creación
de empresas perdurables en el tiempo, reducir cualquier oportunidad para
el fraude y la corrupción, convirtiéndose en un apoyo a las iniciativas empresariales
en el país.
De esta manera, el reto de administrar este sistema de información de
forma eficiente fue propuesto por el Gobierno nacional como una acertada
iniciativa. Sin embargo, el esfuerzo para responder de igual forma a los empresarios
del país y entidades que requieran esta información es constante,
y se ha logrado, gracias al compromiso de las cámaras de comercio, que han
demostrado ser eficientes en el manejo y la administración de los registros
públicos. Por ello, cada vez crecen las posibilidades de integrar más procesos
que faciliten a los usuarios el acceso a la información en cada región del país.
Bibliografía
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tomada del portal oficial: http://www.anato.org.
Colombia Compra Eficiente. Información obtenida en el portal oficial:
http://www.colombiacompra.gov.co/es/proyecto-de-decreto.

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Normatividad
• Circular Externa n.° 002 de 2009. Superintendencia de Industria
y Comercio.
• Circular Externa n.° 006 de 2009. Superintendencia de Industria
y Comercio.
• Circular Externa n.° 5 de 2002. Superintendencia de Industria y
Comercio.
• Circular Externa n.° 008 de 2012. Superintendencia de Industria y
Comercio.
• Circular Externa n.° 012 de 2012. Superintendencia de Industria y
Comercio.
• Circular Externa n.° 019 de 2012. Superintendencia de Industria y
Comercio.
• Circular Externa n.° 020 de 2012. Superintendencia de Industria y
Comercio.
• Decreto-Ley 1670 de 1975.
• Decreto-Ley 150 de 1976.
• Decreto-Ley 222 de 1983.
• Decreto 856 de 1994.
• Decreto 1584 de 1994.
• Decreto 194 de 1995.
• Decreto 2150 de 1995.
• Decreto 650 de 1996.
• Decreto 504 de 1997.
• Decreto 092 de 1998.
• Decreto 393 de 2002.
• Decreto 1126 de 2002.
• Decreto 780 de 2003.
• Decreto 1350 de 2003.
• Decreto 3401 de 2003.
• Decreto 2763 de 2005.
• Decreto 4881 de 2008.
• Decreto 836 de 2009.
• Decreto 2247 de 2009.
• Decreto 3083 de 2009.
• Decreto 1464 de 2010.
• Decreto 2893 de 2011.
• Decreto-Ley 019 de 2012.
• Decreto 734 de 2012.
• Decreto 3212 de 2012.
• Ley 80 de 1993.
• Ley 223 de 1995.
• Ley 300 de 1996.
• Ley 590 de 2000.
• Ley 643 de 2001.
• Ley 850 de 2003.
• Ley 1101 de 2006.
• Ley 1150 de 2007.
• Ley 1558 de 2012.
• Resolución 2125 de 1994. Superintendencia de Industria y Comercio.
• Resolución 2497 de 1994. Superintendencia de Industria y Comercio.
• Resolución 403 de 1995. Superintendencia de Industria y Comercio.

322 el registro mercantil en colombia
323
• Resolución 30475 de 2004. Superintendencia de Industria y
Comercio.
• Resolución 60222 de 2012. Superintendencia de Industria y
Comercio.
Capítulo vI
Efectos del registro
mercantil en Colombia
Juan Antonio Gaviria Gil
Profesor de cátedra de la American University (Washington College of Law).
Profesor e investigador de tiempo completo de la Escuela de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Candidato al título de Doctor en
Derecho Económico de la American University (Washington College of Law, 2014),
con LL. M. de la misma universidad. Magíster en Economía de la Universidad Eafit,
y abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana.
María Virginia Gaviria Gil
Profesora e investigadora de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit.
Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana,
y abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana.

324 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 325
Resumen
Este capítulo es una reedición de un texto del mismo nombre escrito por
nuestro padre hace poco más de diez años. Como su título sugiere, se describen,
de una forma breve, los efectos del registro mercantil, haciendo énfasis
en la inscripción de libros, actos y documentos. Adicionalmente, el capítulo
menciona las modificaciones que han sufrido las normas legales sobre registro
mercantil en los últimos diez años en temas como sociedades, procesos
de reorganización empresarial y garantías mobiliarias. A manera de conclusión,
se describe la función económica del registro. Por último, este texto
no analiza los efectos de registros públicos administrados por las cámaras
de comercio diferentes al registro mercantil.
Summary
This chapter is a new edition of a text under the same title that our father wrote
more than ten years ago. As the title suggests, it briefly describes the legal
effects of the commercial records focusing on the inscription of ledgers and legal
acts and documents. Additionally, this chapter refers to the amendments to
the legal rules on commercial records in topics such as corporations and other
kinds of business associations, bankruptcy proceedings and secured transactions.
As concluding remarks, the economics of the commercial records are also
mentioned. F inally, an analysis of the legal effects of other public records that
the chambers of commerce manage is beyond the scope of this text.
Introducción
El presente texto es una revisión del capítulo titulado «Efectos del registro
mercantil», escrito por Enrique Gaviria Gutiérrez para la primera edición del
libro El registro mercantil en Colombia, publicado por la Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia en 2005.
En principio, los autores, dos de sus hijos, pensamos en mantener la
redacción del capítulo original, de tal manera que nuestra labor se limitara a
hacer los ajustes basados en las normas sobre registro mercantil que se han
expedido desde la publicación del libro.
Somos conscientes, sin embargo, de que cualquier actualización del capítulo
original solo hubiese desmejorado la fluidez y claridad del texto original;
como sucede cuando un restaurador intenta, sin éxito, evitar el paso del
tiempo en una obra de un pintor 1 . Basados en esta consideración, hemos decidido
dejar el anterior texto intacto y, partiendo de cero, redactar un nuevo
capítulo sobre el mismo tema: los efectos del registro mercantil en Colombia.
El presente capítulo, como su título sugiere, describe, en la segunda
sección, los más importantes efectos del registro mercantil. Al igual que su
versión original, hace énfasis en la inscripción y no en la matrícula, la otra
especie del género registro mercantil 2 . Como consecuencia, la tercera sección
menciona los principales documentos que se deben inscribir, haciendo
hincapié en las normas que fueron promulgadas después de su primera edición.
Al final, en la cuarta sección, se presentan unas breves conclusiones, en
las que se recuerda la función económica del registro mercantil.
Se analiza el registro público mercantil, pero no los efectos de otros registros
públicos que las cámaras de comercio administran, como son el registro
de las entidades sin ánimo de lucro y el Registro Único de Proponentes 3 .
1 Como sucedió recientemente con el cuadro Ecce Homo, del pintor Elías García
Martínez, ubicado en una iglesia del Santuario de la Misericordia, en Borja, España.
Véase el diario El País: «La restauración que se convirtió en destrozo», del 21 de
agosto de 2012. Disponible en: http://cultura.elpais.com/cultura/2012/08/21/actualidad/1345563468_581914.html
(última visita: 14 de mayo de 2013).
2 Se matriculan comerciantes, personas naturales, personas jurídicas y establecimientos
de comercio; mientras que se inscriben libros, actas y documentos (Gaviria, 2005: 171-72).
3 Sin perjuicio de esta afirmación, y tal como se afirma en la versión original de este
texto, nada obsta para que las entidades sin ánimo de lucro tengan la calidad de

326 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 327
-1-
EFECTOS DEL REGISTRO
MERCANTIL EN COLOMBIA
A continuación se describen los principales efectos del registro mercantil.
De manera genérica, estos efectos pueden ser declarativos o constitutivos 4 .
En el primer caso, el registro hace que el documento sea oponible a terceros,
sin generar efectos adicionales. En el segundo caso, el registro genera un
efecto adicional a la oponibilidad, como sucede cuando el registro del documento
privado de constitución de una sociedad por acciones simplificada
hace que esta sociedad sea una persona jurídica diferente a sus accionistas 5 .
1.1 El registro mercantil hace presumir la calidad
de comerciante
Según el artículo 13 del Código de Comercio, «se presume que una persona
ejerce el comercio en los siguientes casos: 1. Cuando se halle inscrita en
el Registro Mercantil». Como comentario al margen, nótese que el Código
utiliza la palabra equivocada, ya que los comerciantes se matriculan en el
Registro Mercantil, mientras que la inscripción es propia de libros, actos y
documentos.
Aunque el Código de Comercio no señala si esta presunción es de derecho
o legal, su silencio lleva a concluir que lo segundo es lo correcto. Después
de todo, el tercer inciso del artículo 66 del Código Civil determina que es
comerciantes. De hecho, esto es lo que ocurre muchas veces, pues tales entidades
emprenden actividades lucrativas, como prestación de servicios o venta de bienes,
para financiar sus actividades caritativas (Gaviria, 2005: 183-84).
4 Ibíd.: 172-73.
5 Artículo 2 de la Ley 1258, de 2008.
posible «probar la no existencia del hecho que legalmente se presume… a
menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba», rechazo que
no existe en el caso analizado.
Al tratarse de una presunción legal, una persona podría desvirtuar su
calidad de comerciante, a pesar de estar matriculada como tal en el Registro
Mercantil. Piénsese por ejemplo en una persona natural que fue comerciante
durante mucho tiempo, que como tal cumplió su obligación de matricularse
en una cámara de comercio 6 y que suspendió sus actividades mercantiles,
sin importar las razones en el presente análisis, olvidando cancelar su
matrícula mercantil, ya fuese por ignorancia o por desidia. A esta persona,
por supuesto, le convendrá probar que no es comerciante, para no tener que
cumplir con las obligaciones propias de esta profesión, como por ejemplo
llevar libros de contabilidad 7 .
En la práctica, sin embargo, la presunción legal generada por la matrícula
en el registro público mercantil opera, de facto, como una cuasi-presunción
de derecho. Decimos de facto, porque si bien en teoría la presunción es
legal, y no de derecho, en la práctica suministrar evidencia de que no se es
comerciante, a pesar de figurar como tal en un certificado expedido por una
cámara de comercio, implica probar una negación indefinida, lo que, por supuesto,
es muy difícil (sobre el tema de la prueba de negaciones indefinidas,
v. Hinestrosa, 2007, pp. 163-64).
Retornando a nuestro ejemplo, la persona natural que olvidó cancelar
su matrícula de comerciante tendría innumerables problemas para demostrarle
a cualquier otra persona, o a alguna autoridad como la DIAN o
la Superintendencia de Sociedades, que no cumplió con sus obligaciones
como comerciante porque no tenía esta calidad. Muy posiblemente, este infortunado
excomerciante fracasaría en su labor titánica de demostrar que
ya no ejerce la profesión, a través de incontables testimonios, documentos
privados y otras pruebas, que posiblemente le costarán más, en tiempo y dinero,
que la sanción por no cumplir con sus obligaciones como comerciante.
Para la contraparte, por el contrario, la prueba será tan sencilla como ir a la
6 Numeral primero del artículo 19 del Código de Comercio.
7 V. el artículo 19 del Código de Comercio.

328 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 329
cámara de comercio respectiva y obtener el certificado de la persona que
alega ya no ser comerciante 8 .
A manera de conclusión, o más bien de moraleja, queda descrita la importancia,
para las personas que en el pasado ejercieron el comercio, pero
que ya están dedicadas a otras actividades, de cancelar oportunamente la
matrícula mercantil. No hacerlo, por ahorrarse un trámite o una pequeña
erogación correspondiente a gastos e impuestos de registro, puede resultar
muy costoso en el futuro 9 .
1.2 El registro mercantil hace presumir como
dueño de un establecimiento de comercio a quien
figure como tal en el certificado expedido por
la respectiva cámara de comercio
Recuérdese que los establecimientos de comercio –a pesar de ser objetos, y
no sujetos del derecho– no se inscriben, sino que se matriculan en el Registro
Mercantil. En su calidad de bienes mercantiles, estos establecimientos cuentan
con uno o más titulares en su derecho de dominio.
En principio, estos propietarios son las personas que figuren como tal
en el certificado del establecimiento de comercio, según lo dispuesto por
el artículo 32 del Código de Comercio, de acuerdo con el cual «se presumirá
como propietario del establecimiento quien así aparezca en el registro».
8 En este ejemplo hablamos de un comerciante persona natural, ya que es la ilustración
más clara. En el caso de una sociedad o, de manera más general, de una persona
jurídica que llevó a cabo actos mercantiles de manera profesional y que, sin haberse
disuelto, continúa matriculada como comerciante a pesar de no llevar ya ninguna
actividad empresarial, la respuesta no es tan simple. De una parte, podría decirse
que la sociedad no es comerciante por cuanto ya no lleva a cabo ninguna actividad
mercantil de manera profesional (v. el primer inciso del artículo 10 del Código de
Comercio). De otro lado, podría afirmarse lo contrario, por cuanto si bien la sociedad
no está desempeñando en la actualidad ninguna actividad mercantil, mantiene la
capacidad legal para hacerlo en cualquier momento. Este argumento es todavía
más fuerte en relación con las sociedades por acciones simplificadas, cuya naturaleza
es siempre mercantil (v. el artículo 3 de la Ley 1258/08). En cualquier caso, la
discusión de este problema jurídico va más allá del alcance del presente texto.
9 V. el artículo 8 del Decreto Reglamentario 898 de 2002.
En la mayoría de los casos, por supuesto, estas personas serán los reales
propietarios del establecimiento de comercio.
En algunos casos, sin embargo, el establecimiento de comercio habrá
sido enajenado, sin que ni enajenante ni adquirente –por desidia, ignorancia
o falta de asesoría jurídica– hayan registrado oportunamente el contrato de
compraventa en la respectiva cámara de comercio. En tal caso, el contrato de
enajenación del establecimiento de comercio mantiene su validez –siempre
y cuando se hayan cumplido los requisitos de forma– 10 , pero no genera efectos
para terceros.
1.3 El registro mercantil determina el momento
hasta el cual el enajenante y el adquirente
de un establecimiento de comercio responden
solidariamente por las obligaciones contraídas,
en desarrollo de las actividades a las que dicho
establecimiento está destinado
Los efectos negativos de la demora en el registro mercantil de la enajenación
de un establecimiento de comercio, no se limitan a presumir como dueño
a quien realmente no lo es. De acuerdo con el artículo 528 del Código
de Comercio, el vendedor es responsable por las obligaciones contraídas en
desarrollo de la explotación de un establecimiento de comercio hasta dos
meses después de la inscripción de la enajenación en el Registro Mercantil,
siempre y cuando se cumplan algunas condiciones –como los avisos a los
acreedores–, y que estos no se hayan opuesto a aceptar al adquirente como
su deudor 11 . En palabras simples: a mayor demora en el registro del contrato
de enajenación, mayor responsabilidad solidaria del vendedor.
Esta norma favorece a los acreedores de las obligaciones adquiridas en
desarrollo de la actividad de un establecimiento de comercio. En efecto, estos
acreedores, durante los dos meses siguientes al registro mercantil de la enajenación
de este bien mercantil, tendrán la opción de cobrar sus acreencias
10 V. el artículo 526 del Código de Comercio.
11 En este último caso, el acreedor deberá inscribir su objeción en el registro mercantil.
V. el Parágrafo del artículo 528 del Código de Comercio.

330 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 331
bien al enajenante o bien a su adquirente, sin importar si la deuda fue adquirida
por el primero o por el segundo. Esta norma proacreedores es lógica, ya
que el establecimiento de comercio, al no tener personalidad jurídica ni constituir
un patrimonio autónomo, no permite diferenciar los activos y pasivos
relacionados con su operación de los demás activos y pasivos de sus dueños.
Además, para enajenante y adquirente es mucho más sencillo y económico
inscribir la enajenación del establecimiento de comercio en la cámara de comercio
respectiva, que para un acreedor indagar continuamente sobre posibles
operaciones de enajenación de las universalidades de hecho, como los
establecimientos de comercio 12 , cuya explotación económica dio lugar a sus
acreencias. Si la inscripción se omite o se realiza tardíamente, el enajenante
deberá asumir las consecuencias jurídicas de su negligencia.
Una norma tan clara como el artículo 528 del Código de Comercio debería
bastar para que todo comerciante que enajena un establecimiento de
comercio fuese diligente e inscribiese esta transacción el mismo día en que
ella se perfecciona, con el fin de que el término de dos meses comience a
correr lo más rápido posible 13 .En la práctica, tristemente, y ya sea por descuido,
ignorancia, falta de asesoría legal (o indebida asesoría legal) o porque lo
urgente no deja tiempo para lo importante, algunos comerciantes realizan
tardíamente este registro o, peor aún, nunca lo realizan.
1.4 El registro mercantil protege la razón
social del comerciante
Al tenor de lo dispuesto por el artículo 35 del Código de Comercio, las cámaras
de comercio, en ejercicio del control de homonimia, deben abstenerse de
matricular a un comerciante que tenga el mismo nombre que otro que se
12 V. los artículos 515-16 del Código de Comercio.
13 Por cierto, un administrador de una sociedad propietaria de un establecimiento
de comercio que omita realizar un registro rápido de su enajenación, puede incurrir
en una responsabilidad civil. Similarmente, un abogado que omita asesorar
adecuadamente a su cliente, especialmente si este es el enajenante, sobre la
importancia de un registro oportuno, puede incurrir en una conducta negligente,
sujeta a sanción disciplinaria. Ninguno de estos temas, sin embargo, es el objeto
del presente capítulo.
ha registrado previamente 14 . Dos situaciones se pueden presentar: una en
materia de personas jurídicas y la otra en cuanto a personas naturales.
En relación con personas jurídicas, no pueden existir dos nombres exactamente
iguales. Sí es posible, por el contrario, registrar una razón social o
denominación social que es casi idéntica, pero que tiene alguna diferencia,
así sea mínima. Un comerciante, por ejemplo, podrá registrar la razón social
«Construcciones y Maderas S. A. S.», a pesar de que previamente hubiese sido
registrada una sociedad con la razón social «Construcciones y Maderos S. A. S.».
Lo que no es posible es registrar exactamente la misma razón social o
denominación social, bajo el pretexto de que el tipo societario es diferente.
Por ejemplo, si existe una sociedad registrada con el nombre «Inversiones
Miranda SAS», no es posible registrar ninguna sociedad, sin importar su tipo
(por acciones simplificada, anónima, limitada, en comandita o colectiva) con
esa misma razón social («Inversiones Miranda»).
Tratándose de personas naturales, como resulta lógico, pueden existir
dos comerciantes con exactamente el mismo nombre. Esgrimir lo contrario
implicaría el absurdo de que una persona que cuenta con un homónimo que
se registró primero deba cambiar su nombre, mediante un trámite notarial,
para matricularse como comerciante.
Con base en lo expuesto anteriormente, la labor de las cámaras de comercio,
en relación con el control de homonimia, es puramente mecánica,
sin campo alguno para la discreción o el criterio. De hecho, esta labor es
completamente sistematizable (Gaviria, 2005, p. 178).
De otro lado, y a pesar de que parezca una obviedad, la razón social,
que protege el registro mercantil, no debe confundirse con ninguno de los
signos distintivos de la propiedad industrial, como marcas, nombres comerciales
y enseñas 15 . Las marcas, por citar solo uno de los casos de signos distintivos,
también se protegen mediante el registro, pero no ante una cámara de
comercio sino ante la Superintendencia de Industria y Comercio 16 .
14 Ver: Registro Único Empresarial (www.rue.com). V. también el artículo 9 del
Decreto Reglamentario 898 de 2002.
15 V. el Código de Comercio, artículo 583-618, y la Decisión 486 de la Comunidad
Andina de Naciones.
16 Ver: www.sic.gov.co

332 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 333
No solamente la regulación legal de un signo distintivo y una razón social
son diferentes, sino que su funcionalidad también es disímil. De hecho,
para un comerciante suele ser más importante un signo distintivo, como
una marca, que la razón social. Expresado en términos coloquiales, la razón
social es el nombre legal de un comerciante (por ejemplo, Mario Moreno o
Juan Esteban Aristizábal, haciendo una analogía con el mundo del entretenimiento);
mientras que la marca, o algún otro signo distintivo, es su nombre
artístico (Cantinflas o Juanes).
Como una última diferencia entre el registro mercantil y el registro de
marcas, nótese que mientras en el primer caso el control de homonimia es
mecánico, en el segundo caso la labor de la Superintendencia de Industria y
Comercio, en relación con el registro de una marca que puede generar confusión
con otra ya existente, sí exige un análisis intelectual 17 .
1.5 El registro de la escritura de constitución
hace oponible una sociedad frente a terceros y,
en algunos casos, hace que esta sociedad sea
una persona jurídica diferente de sus socios
Mucho se ha discutido en Colombia acerca de si una sociedad se constituye
como persona jurídica diferente de sus socios con el otorgamiento de la escritura
pública (tesis notarial), o si este efecto solo se genera con el registro
mercantil (tesis registral) 18 . Según la primera teoría, la sociedad se constituye
como tal desde la fecha de la escritura pública, pero solo es oponible
frente a terceros (p. ej., empleados o acreedores), como persona jurídica diferente
de sus socios, desde la fecha de su matrícula en el Registro Mercantil.
De acuerdo con la segunda teoría, la sociedad solo adquiere vida jurídica
como persona diferente a sus socios, y oponible frente a terceros, desde el
momento de su matrícula en el Registro Mercantil.
Este problema jurídico, aunque muy interesante, no es el objeto del
presente capítulo, salvo en lo relacionado con dos temas: en primer lugar,
17 V. el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
18 V. los artículos 98 (inciso segundo) y 112 del Código de Comercio. V. también Pinzón,
1991: 48.
la Ley 1258 de 2008 zanjó esta discusión, en relación con las sociedades por
acciones simplificadas (v. Reyes, 2010: 95). En efecto, el artículo 2 de dicha ley
es muy claro al afirmar que el registro mercantil de una sociedad por acciones
simplificada hace que esta sociedad «exista como una persona jurídica
diferente de sus socios» 19 .
Esta regla se aplica no solo en el claro caso en que la sociedad por acciones
simplificada se constituye por documento privado 20 , sino también
cuando la constitución se ha llevado a cabo mediante escritura pública, debido
a que la transferencia de algunos, o de todos los activos aportados a la
sociedad, requiere este formalismo 21 .
Como segundo tema, la lógica sugiere que la labor de revisión, por parte
de una cámara de comercio, de los documentos por medio de los cuales
una sociedad obtiene su matrícula mercantil, es de mayor alcance cuando
el registro es constitutivo; en comparación con una situación en la que la
sociedad ya existía, al menos para los socios, desde la protocolización de la
escritura pública de constitución. La razón de ser de esta distinción es que el
filtro previo de un notario existe en el segundo caso pero no en el primero.
Esto es lo que sucede en el caso del registro del documento de constitución
de una sociedad por acciones simplificada. El artículo 6 de la Ley 1258 de
2008 otorga poder expreso a las cámaras de comercio para «verificar la conformidad»
de los estatutos con la ley, y abstenerse de inscribir el documento
de constitución cuando algún requisito legal se haya omitido.
No obstante, que el alcance de la revisión sea menor cuando hay una
escritura pública previa, como sucede en el caso de todas las sociedades diferentes
a la simplificada por acciones, no significa que la labor de la cámara
de comercio sea puramente mecánica. El análisis de la primera versión de
este capítulo, en este sentido, ya fue suficientemente claro al concluir que
las cámaras de comercio siempre están obligadas por la normativa vigente
19 Artículo 2 de la Ley 1258 de 2008.
20 Artículo 5 de la Ley 1258 de 2008.
21 Parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1258 de 2008. También cabe la posibilidad, así
sea rara, de que los accionistas hayan estado dispuestos a asumir los costos y trámites
adicionales que implica una escritura pública de constitución, así la ley no
los obligue, bien sea por ignorancia o por creer, erróneamente, que estos trámites
otorgan una mayor seguridad jurídica.

334 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 335
a declarar la inexistencia, nulidad o ineficacia de los actos jurídicos incorporados
en los documentos sujetos a registro (Gaviria, 2005, pp. 178-182).
1.6 Una sociedad beneficiaria de una escisión,
creada en dicho acto, existe como persona jurídica
a partir de la fecha del registro mercantil de
la escritura pública de escisión
Algunas escisiones pueden implicar la creación de una o más sociedades
beneficiarias; es decir, sociedades que no existían antes del inicio de tales
procesos. Por ejemplo, piénsese en una sociedad que cuenta con dos líneas
de negocios, una agrícola y otra industrial, y que mediante un proceso de
escisión se disuelve sin liquidarse, dando lugar a la creación de una sociedad
agrícola y otra industrial.
En tal caso, y en virtud de los artículos 8 y 9 de la Ley 222 de 1995, las sociedades
beneficiarias solo nacen a la vida jurídica con el registro, en las respectivas
cámaras de comercio, de la escritura pública de escisión 22 . En otras
palabras, y así suene repetitivo en aras de la claridad, la escritura pública de
escisión, por sí sola, no hace que las sociedades beneficiarias existan como
una persona jurídica diferente de sus socios.
En contraste, una sociedad nueva, resultante de un proceso de fusión
por creación, nace a la vida jurídica con el otorgamiento de la escritura de
fusión, y no con su inscripción en el Registro Mercantil. En todo caso, por supuesto,
tal registro es necesario para que la fusión sea oponible a terceros 23 .
22 V., en particular, el inciso primero del artículo 9 de la Ley 222: «Una vez inscrita en el
Registro Mercantil la escritura [pública de escisión]… operará, entre las sociedades
intervinientes en la escisión, y frente a terceros, la transferencia en bloque de los
activos y pasivos de la sociedad escindente a las beneficiarias…» (las subrayas son
propias). Asimismo, el último inciso de este artículo señala: «A partir de la inscripción
en el Registro Mercantil de la escritura de escisión, la sociedad o sociedades
beneficiarias asumirán las obligaciones que les correspondan en el acuerdo de escisión,
y adquirirán los derechos y privilegios inherentes a la parte patrimonial que
se les hubiese transferido» (nuevamente, las subrayas son propias).
23 Artículo 172-179 del Código de Comercio.
1.7 El registro mercantil de la escritura de
constitución de una sociedad subsana sus vicios
de forma (artículo 115 del Código de Comercio)
De acuerdo con el artículo 115 del Código de Comercio, el registro de un
contrato de sociedad sanea sus vicios de forma. Con posterioridad a este
registro, por consiguiente, el contrato de sociedad solo puede impugnarse
«por defectos o vicios de fondo» 24 , como los descritos en los artículos 104-
107 del Código de Comercio: incapacidad, vicios del consentimiento, objeto
ilícito y causa ilícita.
Algunos ejemplos de vicios formales que se sanean con el registro de
la escritura pública en la cámara de comercio son: un error en la fecha de la
escritura, y la firma de este documento público por parte del notario, cuando
se encontraba en su finca de recreo ubicada fuera de su círculo notarial
(Gaviria, 2005, pp. 177).
Los vicios de forma de un contrato de sociedad, por supuesto, no son
elogiables, y la cámara de comercio que los detecte, antes de expedir la matrícula
mercantil de la nueva persona jurídica, debe devolver la escritura pública
a los socios para su corrección. Empero, si los defectos no son percibidos
oportunamente, y el registro se efectúa, el efecto de la norma que permite
el saneamiento de los vicios formales es positivo. Al fin y al cabo, en un país
tan formalista como Colombia, siempre serán bienvenidas las normas que
le den primacía a la sustancia sobre la forma, y que eviten trámites que solo
generan demoras y costos de transacción, sin aportar mayores beneficios al
comercio, como es el caso de muchos procedimientos notariales.
Las normas en materia de sociedades por acciones simplificadas merecen
un comentario adicional: el artículo 6 de la Ley 1258 de 2008 establece
expresamente que, una vez registrado el documento de constitución, ya
sea privado o público, el contrato de sociedad por acciones simplificada solo
podrá impugnarse «por la falta de elementos esenciales o por el incumplimiento
de los requisitos de fondo, de acuerdo con los artículos 98 y 104 del
Código de Comercio» 25 .
24 Artículo 115 del Código de Comercio.
25 Artículo 6 de la Ley 1258 de 2008.

336 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 337
Los elementos esenciales son: capacidad legal, consentimiento libre de
vicios, objeto lícito y causa lícita 26 . El artículo 98 del Código de Comercio, por su
parte, requiere que los socios se obliguen a realizar aportes en dinero, trabajo
u otros bienes, y a tener la intención de repartir, mediante dividendos, las utilidades
del negocio social. Así, a título de ilustración, el contrato de sociedad por
acciones simplificada, o realmente el contrato de cualquier tipo de sociedad 27 ,
podrá impugnarse, aun después de efectuado el registro, si en los estatutos no
se estipulan los aportes a realizar. Finalmente, el artículo 104 del mismo código
recuerda que la incapacidad relativa y los vicios de consentimiento generan
la nulidad relativa del contrato de sociedad, mientras que la incapacidad
absoluta, el objeto ilícito y la causa ilícita generan nulidad absoluta. Ambos
tipos de nulidades, según el ya mencionado artículo 6 de la Ley 1258 de 2008,
pueden ser demandados, aun después del registro mercantil de la sociedad.
1.8 El registro mercantil es la base probatoria de
la existencia y representación de una sociedad
En virtud de lo dispuesto por los artículos 117 y 486 del Código de Comercio,
la existencia y representación de una sociedad colombiana, o de una sucursal
de sociedad extranjera con actividades permanentes en Colombia, se
prueba con certificación de la cámara de comercio de su domicilio principal.
Son dos elementos, por lo tanto, los que este certificado prueba: de una
parte, la existencia, que permite a terceros saber que la sociedad es una persona
diferente de sus socios y que, por lo tanto, la responsabilidad podrá estar
limitada, dependiendo del tipo de sociedad, al valor del capital aportado 28 . De
otro lado, la representación, que permite a terceros saber qué personas pueden
obligar, y hasta qué monto o en qué tipo de obligaciones, a la sociedad 29 .
El artículo 117 del Código de Comercio también señala la información
que debe aparecer en el certificado de existencia y representación. Esta
información, en términos prácticos, se convierte en la tarjeta de negocios,
o en el resumen ejecutivo, para efectos legales, de una sociedad. Decimos
«para efectos legales» toda vez que la tarjeta de negocios, o un resumen ejecutivo,
desde un punto de vista de negocios o mercadeo, es usualmente una
página web, folleto o plegable llamativo para clientes actuales y futuros.
Que el registro mercantil pruebe la existencia y representación de una
sociedad, es un efecto de gran importancia y utilidad. Difícilmente existe
un día de trabajo en el cual un abogado comercialista no solicite o analice
un certificado de este tipo. De hecho, este efecto es el que genera una de las
mayores eficiencias en el registro mercantil porque, gracias a un pequeño
certificado, que rara vez tiene más de cinco hojas, se evitan dispendiosos
trámites previos a la realización del negocio jurídico comercial.
En efecto, al centralizar en un registro toda la información de los comerciantes,
estos evitan tener que entregar o solicitar continuamente información
legal a sus pares, con los cuales desean realizar negocios, lo que implicaría
dispendiosos trámites, además de desperdicio de un tiempo y dinero
que puede ser utilizado en actividades más eficientes y productivas.
1.9 El registro mercantil otorga regularidad
probatoria a los libros y papeles de comercio
El artículo 264 del nuevo Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), que
estará vigente a partir del 1 de enero del 2014, establece que «[l]os libros y
papeles de comercio constituirán plena prueba en las cuestiones mercantiles
que los comerciantes debatan entre sí» 30 .
Por supuesto, para que tales libros y papeles puedan ser «plena prueba», y
favorecer al comerciante que los invoca, deben haber sido inscritos previamente
26 V. el artículo 101 del Código de Comercio.
27 Puesto que el artículo 98 del Código de Comercio es de aplicación general en materia
de sociedades.
28 V. el artículo 252 del Código de Comercio.
29 V. el artículo 196 del Código de Comercio.
30 V. también el artículo 68 del Código de Comercio, que estará vigente hasta el 31 de
diciembre de 2013, luego de lo cual se considerará derogado, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 626 del Código General del Proceso. En realidad, la única diferencia
entre el primer inciso de la norma anterior, y el primer inciso de la norma
actual, es que la primera, pero no la segunda, utiliza en su parte final las palabras
«judicial o extrajudicialmente».

338 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 339
en la cámara de comercio respectiva. En otras palabras, la inscripción, en debida
forma, de los libros de comercio incrementa su valor probatorio 31 .
Desarrollando un poco más este efecto del registro mercantil, el artículo
264 del Código General del Proceso, a partir del 1 de enero de 2014, y el
artículo 70 del Código de Comercio, antes de esa fecha, establecen algunas
reglas que demuestran la importancia de tal inscripción:
Primero, si los libros de los dos comerciantes que tienen alguna diferencia
legal «están ajustados a las prescripciones legales y concuerdan entre
sí» 32 , se decidirá conforme a ellos. Por supuesto, un libro no registrado en una
cámara de comercio no se ajusta a las prescripciones legales.
Segundo, si los libros de un comerciante «no están ajustados a la ley, se
decidirá conforme a los de la contraparte que los lleve debidamente, si aquella
no aduce plena prueba que destruya o desvirtúe el contenido de tales
libros» 33 . Como es obvio, un libro de comercio no inscrito ante una cámara de
comercio «no está ajustado a la ley».
Tercero, si los dos comerciantes han fallado en su obligación de ajustar
sus libros de comercio a las prescripciones legales, como sucede cuando estos
no se inscriben en el Registro Mercantil, estas pruebas documentales no
podrán utilizarse en el proceso 34 .
31 V. el artículo 264 del Código General del Proceso: «1. Si los libros de ambas partes
están ajustados a las prescripciones legales, y concuerdan entre sí, se decidirá conforme
al contenido de sus asientos. 2. Si los libros de ambas partes se ajustan a la
ley, pero sus asientos no concuerdan, se decidirá teniendo en cuenta que los libros
y papeles de comercio constituyen una confesión. 3. Si los libros de una de las partes
no están ajustados a la ley, se decidirá conforme a los de la contraparte que los
lleve debidamente; si aquella no aduce plena prueba que destruya o desvirtúe el
contenido de tales libros. 4. Si los libros de ambas partes no se ajustan a las prescripciones
legales, se prescindirá totalmente de ellos, y solo se tomarán en cuenta
las demás pruebas allegadas al juicio. 5. Si una de las partes lleva libros ajustados
a la ley y la otra no los lleva, los oculta o no los presenta, se decidirá conforme a los
de aquella, sin admitir prueba en contrario». V. también el artículo 70 del Código
de Comercio, en vigencia hasta el 31 de diciembre del 2013, y cuyo texto es similar.
32 Numeral 1 del artículo 264 del Código General del Proceso, y numeral 1 del artículo
70 del Código de Comercio.
33 Numeral 3 del artículo 264 del Código General del Proceso, y numeral 3 del artículo
70 del Código de Comercio.
34 Numeral 4 del artículo 264 del Código General del Proceso, y numeral 4 del artículo
70 del Código de Comercio.
Cuarto, en el caso de un comerciante que lleve «libros ajustados a la ley
(p. ej., debidamente inscritos en el Registro Mercantil), y otro que no lleva
contabilidad o no la presenta, se decidirá conforme a los de aquella, sin admitir
prueba en contrario 35 .
Supongamos, a manera de ilustración, que finaliza la descripción de
este efecto del registro mercantil, que un comerciante quiere probar ante
una autoridad administrativa o judicial que cumplió con una obligación de
aportar un dinero a una sociedad con base en sus asientos contables, en
donde figura constancia de la transferencia de dinero efectuada y el registro
de la inversión en dicha sociedad. Si los libros de comercio de la sociedad inversionista,
pero no los libros de la sociedad receptora de la inversión, fueron
inscritos debidamente, aquella entidad podrá probar la inversión con base
en sus registros contables 36 .
1.10 El registro mercantil hace oponibles
frente a terceros los actos jurídicos inscritos
Este efecto, además de la certificación de la existencia y representación de
una sociedad, es posiblemente el más importante del registro mercantil.
Curiosamente, la ley define oponibilidad en su sentido negativo y no en el
positivo. Inoponibilidad es una sanción jurídica, consistente en que un acto
jurídico tiene efectos entre sus partes pero no para terceros 37 .
35 Numeral 5 del artículo 264 del Código General del Proceso, y numeral 5 del artículo
70 del Código de Comercio.
36 V. los numerales tercero y quinto del Código General del Proceso, y numerales tercero
y quinto del artículo70 del Código de Comercio.
37 V. los artículo 29, numeral cuarto («[L]os actos y documentos sujetos a registro no
producirán efectos respecto de terceros sino a partir de la fecha de su inscripción»), y
901, del Código de Comercio, que reza: «Será inoponible a terceros el negocio jurídico
celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exija». En cuanto a
las diferencias entre publicidad y oponibilidad, puede decirse que «la oponibilidad
se refiere a personas interesadas o de alguna manera relacionadas con el negocio
que se les opone», mientras que la publicidad se refiere a «individuos ajenos o alejados
de aquel acto, el cual no les interesa sino de modo muy general» (Gaviria, 2005:
176). Como una diferencia adicional, puede decirse que la oponibilidad es un efecto
jurídico, ya que su ausencia (inoponibilidad) permite a los terceros considerar el acto

340 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 341
En palabras más sencillas, y en un sentido positivo, la oponibilidad es la
posibilidad que tienen las partes que celebraron el negocio jurídico, aquellas
interesadas en su inscripción en el Registro Mercantil, de presumir de
derecho que este acto es conocido por los terceros, así estos últimos no hayan
podido o querido acercarse a una cámara de comercio para informarse
al respecto. La inoponibilidad, su antónimo, es la posibilidad que tienen los
terceros de desconocer los efectos de un acto jurídico que no ha sido inscrito
oportunamente en el Registro Mercantil. En este caso, se presume de
derecho que tales terceros no conocen este negocio jurídico, así esto no sea
cierto, porque, por ejemplo, algunos comerciantes tuvieron acceso a esta información
en un cóctel, en una reunión de negocios o por algún otro medio
diferente al registro mercantil.
Los estatutos que imponen límites, cualitativos o cuantitativos, a los
representantes legales de una sociedad, o de una sucursal, son uno de los
actos en que la oponibilidad adquiere mayor importancia para los interesados
en registrarla (los socios), y, en contraste, en que la inoponibilidad es de
suma relevancia para los interesados en conocer la información del registro
(los terceros que planean contratar con la sociedad).
La obviedad y la eficacia de este efecto, de manera similar a lo afirmado
en relación con el certificado de existencia y representación, hace que
muchas veces los abogados perdamos la noción de su importancia. Para recalcar
su relevancia, lograda a un ínfimo costo, basta hacer imaginar qué sucedería
si un certificado mercantil no permitiese conocer las limitaciones de
los representantes legales de una sociedad o sucursal. En tal situación, los
interesados en realizar negocios con la sociedad o sucursal tendrían que solicitar
permanentemente escrituras públicas actualizadas, en las que constaran
las atribuciones de los representantes, lo cual implicaría no solo un
o documento como no existente. La publicidad, por el contrario, hace relación al hecho
de que los terceros estén o no enterados de un acto o documento que debía
someterse a registro, pero sin que ello tenga efectos jurídicos más allá de evitar que
el comercio se ejerza clandestinamente. Así, aunque este caso sería poco común,
un documento podría ser inoponible (por ejemplo, la remoción de un representante
legal que cayó en desgracia frente a su junta directiva), al no haberse inscrito en el
registro público mercantil; pero público, al haberse difundido entre los comerciantes
a través de las redes sociales, reuniones de trabajo o incluso avisos de prensa o
televisión, en los que se aconseja a terceros abstenerse de realizar negocios con esta
persona, quien ya no representa a la sociedad de la cual fue gerente (ídem).
costo significativo 38 sino también el riesgo de que una reforma estatutaria,
limitando las atribuciones de un representante legal, se protocolizase luego
de que el tercero hubiese solicitado su copia, pero antes de que el negocio
jurídico entre las partes se hubiese celebrado.
Por supuesto, este efecto del registro mercantil es también útil para los
socios de una sociedad que han decidido limitar la capacidad legal de sus
mandatarios. Después de todo, y a falta de estipulación en contrario debidamente
inscrita en cámara de comercio, los administradores de una sucursal
o de una sociedad, según los artículos 114 y 196 del Código de Comercio,
están facultados para obligar a la sociedad, en virtud de «actos y contratos
comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con
la existencia y el funcionamiento de la sociedad» 39 . Piénsese, por ejemplo, en
una representante legal que es muy competente para diversos negocios, excepto
para los relacionados con inversión de excedentes de tesorería en el
mercado público de valores, actividad que hace parte del objeto social de la
compañía, caso en el cual lo más recomendable es exigir la autorización de
alguno de los organismos sociales para proceder con esta última actividad.
En términos económicos, la inscripción en el Registro Mercantil de las
limitaciones a un representante legal permite a los socios de una sociedad
controlar el denominado riesgo de agencia, que surge cuando un mandatario
puede extralimitar las funciones otorgadas por su mandante, aprovechando
la dificultad que este último tiene para estar permanentemente al
tanto de sus actuaciones 40 .
Para finalizar este apartado, surge la pregunta de si un comerciante
puede, voluntariamente, inscribir un acto jurídico con respecto al cual la ley
no exige su registro. La respuesta corta a esta pregunta es sí, puede hacerlo,
aunque más para fines de publicidad, esto es, para que terceros se enteren
del acto, que de la oponibilidad propiamente dicha. Esto se debe a que si
38 Después de todo, es más barato y toma menos tiempo pedir y leer un certificado
de existencia y representación, que una escritura pública.
39 Artículo 196 del Código de Comercio, cuyo segundo inciso reza: «Las limitaciones
o restricciones de las facultades anteriores, que no consten expresamente en el
contrato social inscrito en el Registro Mercantil, no serán oponibles a terceros».
40 Sobre el problema económico de principal/agente, v., p. ej., Jolls, 1997: 203, 211, 228-
29; Williamson, 1985; y MacLeod, 2000.

342 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 343
una norma jurídica no exige el registro de un acto jurídico, este es oponible
a terceros sin importar si el registro mercantil se ha efectuado o no. Así las
cosas, el comerciante interesado en inscribir un acto jurídico, cuyo registro
la ley no exige, puede buscar alternativas más económicas que depositar el
documento que contiene este acto en una cámara de comercio.
1.11 Otros efectos
De acuerdo con el artículo 44 del Código de Comercio, un certificado de una
cámara de comercio, que incluya el texto de un documento que allí fue inscrito,
tiene el mismo valor probatorio que el documento original, en caso de
que este se pierda. Esta función del registro mercantil, usualmente olvidada,
es de bastante utilidad práctica. Muchas veces la suerte de un litigio depende
de una prueba reina, la que pudo haberse destruido accidentalmente
(por ejemplo, en un incendio), extraviado (verbigracia, por desidia de un antiguo
gerente), deteriorado de tal manera que su lectura es imposible (por
el inexorable paso del tiempo) o, bajo un pensamiento más perverso, estar
en poder de la contraparte, que alega falsamente haberla perdido y que no
la allega a un proceso. En tal caso, la parte que requiere el documento para
triunfar en su litis podrá aportar un certificado de la cámara de comercio,
que incluya el texto del documento que no fue posible encontrar.
-2-
PRINCIPALES LIBROS, ACTOS
Y DOCUMENTOS QUE DEBEN
INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO
PÚBLICO MERCANTIL
2.1 Generalidades
En la sección anterior se afirmó que la inscripción de ciertos libros, actos y
documentos hace que su valor probatorio sea mayor, en el caso de los primeros,
o que sean oponibles, en relación con los actos y documentos. Lo que no
se dijo es cuáles libros, actos y documentos deben inscribirse en el Registro
Mercantil. En cuanto a libros, es bien sabido que estos son, en términos generales,
los libros de contabilidad que exige la ley 41 ; los libros de accionistas,
en el caso de sociedades anónimas y por acciones simplificadas 42 ; así como
los libros de actas de las reuniones de asambleas de accionistas, o de junta
de socios, según el tipo de sociedad 43 .
41 V. los artículos 48 y 49 del Código de Comercio, artículo 44, numeral 2, de la Ley 222
de 1995, y Arts. 125, 126, y 130-132 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993.
42 (Ibíd.). Los libros de juntas directivas ya no deben registrarse, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 175 del Decreto 19 de 2012, que modificó el numeral séptimo
del artículo 28 del Código de Comercio. V. también los Arts. 434-438 del Código de
Comercio, artículo 21 de la Ley 222 de 1995, y artículo 131 del Decreto Reglamentario
2649 de 1993.
43 V. el numeral séptimo del artículos 28 (modificado por el artículo 175 del Decreto 19
de 2012 y 195 del Código de Comercio). Por cierto, la inscripción de estos libros de
comercio suele hacerse hoy en día en forma electrónica, en virtud de lo dispuesto
por los artículos 1 de la Ley 1314 de 2009, y 56 del Código de Comercio (modificado
por el 173 del Decreto Ley 19 de 2012), así como por el Decreto Reglamentario 805

344 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 345
Esta sección, antes que ahondar en el tema del registro de libros, tiene
como propósito describir los actos y documentos que se deben inscribir en
el Registro Mercantil 44 , tema que es más complejo. De manera introductoria,
y tal como se indicó en la versión original, es importante aclarar que
la expresión «actos y documentos» es confusa, porque da a entender que
son dos conceptos diferentes. En realidad, como el registro mercantil es
por esencia documental, se inscriben los documentos en los cuales estén
incorporados los actos jurídicos (Gaviria, 2005, pp. 171-72). Así las cosas, es
imposible inscribir un documento que no incorpore acto alguno (por ejemplo,
en blanco, o que incluya un texto sin trascendencia jurídica), así como
tampoco es viable inscribir un acto jurídico consensual, puesto que ninguna
cámara de comercio, a diferencia de las notarías, recibe declaraciones
orales (Gaviria, 2005, pp. 172).
La inscripción en el Registro Mercantil, ya sea física o electrónica 45 , se
lleva a cabo mediante el depósito de una copia del documento en la respectiva
cámara de comercio, y la redacción, por parte de esta, de un extracto con
lo sustancial de su contenido (ídem).
Ahora bien, como la primera edición del presente capítulo describió con
claridad meridiana los actos y documentos sujetos a registro (ibíd., pp. 173-
74) 46 , esta sección se limita a describir las normas jurídicas expedidas desde
la publicación de dicho texto. Estas nuevas normas, para mayor claridad
en su explicación, se dividen en cinco grupos. Los cambios en el Código de
Comercio se estudian en el numeral 2, mientras que las modificaciones introducidas
por la Leyes 1116 de 2006, 1258 de 2008, 1429 de 2010, 1563 de 2012
(Código General del Proceso), y 1676 de 2013 (sobre garantías mobiliarias) se
estudian, respectivamente, en los numerales 3-7.
de 2013. Lo propio también puede suceder con la inscripción de actos y documentos.
V. el artículo 7 del Decreto Reglamentario 898 de 2002.
44 V. el artículo 28 del Código de Comercio.
45 V. los artículos 5-6 de la Ley 527 de 1999, y el artículo 7 del Decreto Reglamentario
898 de 2002.
46 El autor remite al artículo 28 del Código de Comercio, reproduciendo su enumeración,
pero excluyendo las personas y establecimientos, pues estos se matriculan,
no se inscriben.
2.2 Modificaciones al Código de Comercio,
relacionadas con el registro mercantil
El artículo 28 del Código de Comercio, en una lista enunciativa, menciona
algunos actos sujetos a registro mercantil, mientras que otras normas de
este código, o de sus normas complementarias, establecen actos adicionales
que se deben inscribir 47 .
De acuerdo con este artículo 28, los documentos sujetos a registro, que
se mencionan sin explicarse, son: las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones
de sociedades conyugales, cuando al menos uno de los dos cónyuges
sea comerciante 48 ; la interdicción judicial de comerciantes 49 ; las providencias
judiciales en las que se imponga a un comerciante la prohibición de
ejercer el comercio 50 ; la posesión de cargos públicos que inhabiliten para el
47 A título ilustrativo, otras normas anteriores a la primera edición de este capítulo
que exigen el registro mercantil de documentos son: en primer lugar, el artículo
30 de la Ley 222 de 1995, según el cual toda situación de control societario deberá
constar en documento privado inscrito en el Registro Mercantil del domicilio de
cada uno de los vinculados, so pena de que se impongan multas por las autoridades
competentes. En segundo lugar, el artículo 953 del Código de Comercio, acorde
con el cual «[l]a reserva de dominio de muebles singularizables, e identificables y
no fungibles [con excepción de automotores], solo producirá efectos, en relación
con terceros, a partir de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente al
lugar en que deban permanecer dichos bienes».
48 Por obvias razones, ya que el patrimonio de un comerciante, prenda general de
sus acreedores, puede estar protegido en caso de que se celebren capitulaciones
matrimoniales, generando tranquilidad a personas interesadas en hacer negocios
con ese comerciante; o, en una hipótesis diferente, verse afectado, positiva o negativamente,
con motivo de la liquidación de su sociedad conyugal. V. los artículos
1771-1780, 1820-1836, y 2488 del Código Civil.
49 Norma que tiene el objetivo de evitar que terceros pierdan su tiempo y dinero
haciendo negocios con comerciantes propensos a disipar los bienes a su cargo. V.
también la Ley 1306 de 2009.
50 Cfr. el artículo 14, numeral 1, del Código de Comercio: «Son inhábiles para ejercer
el comercio, directamente o por interpuesta persona: 1) Los comerciantes declarados
en quiebra, mientras no obtengan su rehabilitación». Este artículo, para un
sector de la doctrina, está derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, toda
vez que la quiebra ya no existe en Colombia. Para otro sector de la doctrina, por el
contrario, esta norma continúa vigente y, por lo tanto, el comerciante culpable de
una liquidación forzosa puede ser declarado inhábil para ejercer el comercio. Este
podría ser el caso, por ejemplo, de los directivos de una sociedad comisionista de

346 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 347
ejercicio del comercio 51 ; otras incapacidades e inhabilidades previstas en la
ley para ser comerciante 52 ; las autorizaciones, y sus revocaciones, otorgadas
a los menores para ejercer el comercio 53 ; los actos en virtud de los cuales se
confiera, modifique o revoque la administración parcial o general de bienes
o negocios del comerciante 54 ; los embargos y demandas civiles relacionados
con derechos que puedan interesar al mercado 55 ; las reformas estatutarias, y
la designación o remoción de representantes legales y liquidadores 56 .
2.3 Normas de la Ley 1116 de 2006,
relacionadas con el registro mercantil
La Ley 1116 de 2006 incluye varias normas relacionadas con los procesos de
reorganización y de liquidación forzosa:
En primer lugar, el artículo 12 establece que una «solicitud de inicio
del proceso de reorganización podrá referirse simultáneamente a varios
bolsa, líder del mercado público de valores, cuya liquidación forzosa se decretó por
parte de la Superintendencia Financiera a finales de 2012. En relación con liquidaciones
forzosas de entidades no financieras, v. también el artículo 83 de la Ley 1116
de 2006, según el cual «[l]os administradores y socios… serán inhabilitados para
ejercer el comercio, hasta por diez (10), cuando estén acreditados» eventos como el
haber constituido o utilizado la empresa para defraudar a los acreedores; incumplido
sin justa causa el acuerdo de reorganización; ocultado algunos bienes; simulado
gastos, deudas o pérdidas; desistido, renunciado o transigido pretensiones
patrimoniales ciertas; o excluido, a sabiendas, obligaciones existentes, o incluido
obligaciones inexistentes. En tales casos será el juez del concurso quien ordene la
inscripción en el Registro Mercantil de esta inhabilidad.
51 Por ejemplo, cuando el dueño de un establecimiento de comercio se posesiona
como magistrado de un tribunal que puede resolver asuntos relacionados con
este negocio. V. el artículo 15 del Código de Comercio.
52 V. los artículos 12 y 14 del Código de Comercio.
53 V. el inciso segundo del artículo 12 del Código de Comercio.
54 Norma que tiene una función económica similar a la que exige la inscripción de las
limitaciones de los representantes legales de una sociedad.
55 Para evitar que los comerciantes pierdan su tiempo y dinero realizando actos jurídicos
sobre bienes fuera del comercio.
56 Con el fin de que los terceros puedan conocer quiénes y cómo pueden obligar a
una sociedad.
deudores vinculados entre sí por su carácter de matrices, controlantes o
subordinados, o cuyos capitales estén integrados mayoritariamente por las
mismas personas jurídicas o naturales», sin que se requiera que «la situación
de control haya sido declarada o inscrita previamente en el Registro
Mercantil». Esta norma es original, ya que genera un efecto jurídico positivo:
el de incluir a varios sujetos de derecho en un proceso de reorganización, así
no se haya realizado el registro mercantil correspondiente, y en vez de, como
suele ser frecuente, establecer una consecuencia jurídica negativa, sí se omite
la inscripción de un documento en el Registro Mercantil.
En segundo lugar, el artículo 19 ordena la inscripción del «auto de inicio
del proceso de reorganización, en el Registro Mercantil de la cámara de comercio
correspondiente al domicilio del deudor y de sus sucursales, o en el
registro que haga sus veces» 57 .
En tercer lugar, el artículo 35 de esta misma ley ordena la inscripción en
el Registro Mercantil de la providencia judicial, en la que se fije la fecha de extinción
de la persona jurídica cuyo acuerdo de reorganización fue infructuoso.
En esta misma situación (por ejemplo, cuando no se confirme el acuerdo
de reorganización), y según lo dispuesto por el artículo 38, se debe inscribir
en el Registro Mercantil el documento mediante el cual los administradores
de la sociedad son separados de sus cargos y reemplazados por el promotor.
Cuando las perspectivas son más favorables y se logra un acuerdo de
reorganización, tanto este acuerdo como la providencia judicial que lo contiene
han de inscribirse en el Registro Mercantil, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 36 y 39.
En cuarto lugar, según el artículo 44, se deben inscribir en la respectiva
cámara de comercio las reformas estatutarias (incluyendo fusiones y escisiones),
y las enajenaciones de establecimientos de comercio que hagan parte
de un acuerdo de reorganización. En el caso de reformas estatutarias, no
es necesario realizar ningún trámite notarial, mientras que en relación con
la enajenación de establecimientos de comercio no hay lugar al trámite de
oposición de acreedores, que regula el artículo 530 del Código de Comercio.
En quinto lugar, y en materia de liquidación judicial, los artículos 48 y 63
ordenan, respetivamente, inscribir en la cámara de comercio del domicilio
57 Numeral 2 del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006.

348 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 349
del deudor, y de sus sucursales, el aviso que informa el inicio de este proceso
y la providencia mediante la que este trámite termina, ya sea porque la providencia
de adjudicación está ejecutoriada o porque se celebró un acuerdo
de reorganización. En este último caso, por cierto, la inscripción tiene efecto
constitutivo («[l]a anotación indicada extinguirá la persona jurídica de la
deudora») 58 .
En sexto lugar, el Decreto 2785 de 2008, reglamentario de la Ley 1116 de
2006, ordena la inscripción en el Registro Mercantil de las providencias que
reconozcan un proceso de insolvencia en el extranjero. Este registro se debe
llevar a cabo en las cámaras de comercio del domicilio del deudor, de sus sucursales
y establecimientos de comercio, y del lugar donde se halle el centro
de sus operaciones o donde se ejerza una actividad económica permanente
(por ejemplo, la parte sustancial de la actividad comercial se lleva a cabo en
Bogotá, a pesar de que el domicilio de la sociedad es Barranquilla).
En estos tiempos, en los cuales la globalización jurídica y económica ya
no es una novedad, tal registro tiene gran importancia, puesto que permite
a todos los interesados en la suerte de los negocios de un determinado deudor
conocer, a un bajo costo y de manera rápida, los procesos de insolvencia
existentes en otros países.
A manera de síntesis, las anteriores normas de la Ley 1116 de 2006 buscan
cumplir funciones lógicas del registro mercantil: informar al mercado
la situación actual de los comerciantes que atraviesan dificultades de liquidez
59 , y notificar oportunamente si esta situación conlleva a un acuerdo encaminado
a la recuperación de la empresa, en un escenario optimista, o a
su liquidación, bajo una perspectiva pesimista. De no exigir estas normas, la
inscripción en el Registro Mercantil, los terceros interesados en celebrar negocios
con sociedades en reorganización solo tendrían dos opciones, ambas
con efectos negativos: de una parte, solicitar la información directamente
a la empresa con problemas de liquidez, asumiendo costos de transacción
en tiempo y dinero así como el riesgo de que la información no sea veraz u
oportuna. De otro lado, abstenerse de realizar cualquier negocio con la so-
58 Artículo 63 de la Ley 1116 de 2006.
59 Sobre el registro mercantil de los diferentes actos, durante los procesos de reorganización
empresarial y liquidación judicial, v. también los Arts. 4-8 del Decreto 2785
de 2009.
ciedad inmersa en un proceso de reorganización, lo cual genera ineficiencias
tanto para esta compañía como para el comercio en general.
Las normas de la Ley 1116 de 2006, sobre inscripción de documentos en
el Registro Mercantil, no terminan acá. Mención especial merecen las disposiciones
relacionadas con los contratos de fiducia mercantil y, especialmente,
las fiducias en garantía.
Antes de mencionar estas normas, son necesarios unos breves comentarios
sobre la fiducia en garantía, figura de gran utilidad en el comercio, tanto
para deudores como para acreedores. Aquellos pueden otorgar una garantía
admisible sobre uno de sus bienes sin mayores trámites 60 . Estos, por su parte,
obtienen un respaldo adecuado a su cartera, ya que, en caso de que el pago
del capital y de intereses se incumpla, basta un procedimiento ágil de venta
del bien, llevado a cabo por la fiduciaria sin que sea necesario un proceso ejecutivo
(Gaviria, 1989: 411). En palabras más simples, la fiducia en garantía es
una figura eficiente que dinamiza el mercado de contratos de mutuo.
Esta figura, empero, puede ser utilizada para fines lícitos, como debe ser,
pero también para fines ilícitos, como sucede cuando un deudor celebra no
una sino varias fiducias en garantía, cuyo beneficiario es un real o supuesto
acreedor, con el fin de ocultar su patrimonio y, por ende, perjudicar a otros
acreedores, violando el conocido principio de la par conditio creditorum 61 .
Existe entonces un dilema entre los derechos de los acreedores y deudores
honestos de usar la fiducia en garantía para facilitar sus operaciones
mercantiles, y los derechos de los acreedores, también honestos, de evitar
que mediante esta figura deudores deshonestos oculten su patrimonio. Una
prohibición o restricción excesiva de la fiducia en garantía sería nociva para el
mercado de créditos, ya que eliminaría una garantía eficiente. Incluso, si otras
garantías no son lo suficientemente eficientes (por ejemplo, si las demás garantías
son muy difíciles de hacer efectivas, como sucede hoy en día con las
hipotecas o las prendas, debido a larga duración de los procesos ejecutivos),
el mercado de crédito podría contraerse. Una regulación laxa de la fiducia
en garantía, por el contrario, estimularía esta figura pero no impediría sus
abusos, lo que, paradójicamente, también sería nocivo para el mercado de
60 V. el literal e), del artículo 4 del Decreto Reglamentario 2360 de 1993.
61 V. el numeral 2, del Artículo 4 de la Ley 1116 de 2006.

350 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 351
crédito, incluso más que la prohibición de la fiducia en garantía. En efecto,
acreedores racionales, y no solo aquellos cuyos préstamos están garantizados
mediante fiducia, se abstendrían de prestar dinero a deudores que no gocen
de una intachable reputación, para evitar que en un futuro estos traten
de deshonrar sus compromisos contractuales mediante la utilización indebida
de fiducias en garantía. Como consecuencia, el número de créditos sería
menor en el mercado, también menor la liquidez, mayores las tasas de interés
y, de contera, menor el número de empleos y el crecimiento económico.
El registro mercantil, de una manera eficiente, soluciona este dilema.
En efecto, el artículo 123 de la Ley 1116 de 2006, modificado por el artículo 41
de la Ley 1429 de 2010, ordena la inscripción de los contratos de fiducia mercantil
en el registro de la cámara de comercio del domicilio del fiduciante.
Obsérvese que la norma inicial no limitaba la obligación de registro a los
contratos de fiducia en garantía, lo cual resulta paradójico, ya que los demás
tipos de fiducia mercantil, como por ejemplo de administración y fuente de
pagos o inmobiliaria, no son tan riesgosos para el comercio. La Ley 1429 de
2010 subsanó este error al ordenar el registro solamente en el caso de las
fiducias en garantía 62 . También, de manera paradójica, nótese que la ley no
señala la sanción aplicable en caso de que el registro se omita.
El Decreto 2785 de 2008 reglamenta la obligación de registro de la celebración,
modificación o terminación de contratos de fiducia en garantía 63 .
Este decreto, a su vez, subsana el vacío legal, al establecer que la inoponibilidad
es la sanción por la no inscripción en el Registro Mercantil de una fiducia
en garantía. Es decir, una fiducia de este tipo, no inscrita oportunamente,
se tendrá como no existente para los acreedores del fiduciante, diferentes
al beneficiario.
Esta consecuencia es de especial importancia, teniendo en cuenta que,
según el artículo 1238 del Código de Comercio «[l]os bienes objeto del negocio
fiduciario no podrán ser perseguidos por los acreedores del fiduciante,
62 Empero, téngase en cuenta que el inciso primero del Artículo 16 de la Ley 35 de
1995, reproducido en los numerales 2 y 3 el Artículo 146 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, también ordena inscribir en la Cámara de Comercio del domicilio
del fiduciante, los contratos de fiducia mercantil que consten en documento
privado sobre bienes cuya transferencia esté sujeta a registro.
63 V. el Artículo 1 del Decreto Reglamentario 2785 de 2008. V. también el Artículo 7 del
Decreto 650 de 1996.
a menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución del mismo»
[subrayas propias]. En virtud de lo dispuesto por el ya mencionado Decreto
2785 de 2008, una fiducia constituida antes de la causación de una acreencia
con un tercero, pero registrada en una cámara de comercio después de
esta fecha, se deberá considerar anterior.
Por supuesto, y como ya se mencionó, en virtud de lo dispuesto por
la Ley 1676 de 2013, las fiducias en garantía ya no se deben inscribir en el
Registro Mercantil, sino en el nuevo registro sobre garantías mobiliarias.
Con todo, la forma como este último registro opera desde el punto de vista
económico y soluciona el dilema ya mencionado de manera elegante y eficiente
es idéntica a la manera como operaba, para fiducias en garantía, el
registro mercantil.
La norma que exige el registro deja contentos a quienes consideran
que los contratos de fiducia en garantía no se deben restringir. En efecto,
estos contratos se pueden seguir celebrando sin ningún problema y, por
cierto, la obligación de registrarlos no debe ser considerada una restricción
irrazonable o, ni siquiera, una restricción, teniendo en cuenta la facilidad y
bajo costo de este procedimiento. Por su parte, los futuros acreedores, que
ven con malos ojos la fiducia en garantía por su posibilidad de abuso, también
quedan tranquilos, ya que estas personas, antes de celebrar un contrato
de mutuo, podrán verificar, con mucha facilidad, si su futuro deudor ha
celebrado fiducias en garantía. Por supuesto, es verdad que, al momento de
esta celebración del contrato de mutuo, el acreedor no puede evitar o prever
que su deudor celebrará fiducias en garantía durante la vigencia del crédito.
Empero, este acreedor sí puede protegerse, estipulando en el contrato que
la celebración de una fiducia en garantía por parte del deudor obliga a este,
por ejemplo, a pagar la totalidad del crédito (esto es, una cláusula aceleratoria)
o a otorgar una garantía adicional. La verificación de esta condición contractual
será muy sencilla, puesto que bastará solicitar con cierta frecuencia
certificados del deudor a la cámara de comercio respectiva 64 . En síntesis, el
registro mercantil se convierte en una solución eficiente, que permite aprovechar
los beneficios de las fiducias en garantía, controlando sus abusos.
64 V. el artículo 3 del Decreto 2785 de 2008, según el cual las cámaras de comercio
expedirán una certificación, que debe contener la fecha de inscripción del contrato
de fiducia en garantía y las partes contratantes.

352 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 353
2.4 Normas de la Ley 1258 de 2008,
relacionadas con el registro mercantil
Tal como se había afirmado anteriormente 65 , una sociedad por acciones simplificada
solo existe como persona jurídica diferente de sus accionistas una
vez el documento de constitución, ya sea público o privado, se inscribe en la
cámara de comercio de su domicilio. Adicionalmente, toda reforma estatutaria
se debe inscribir en el Registro Mercantil, sin que sea necesaria escritura
pública, a menos que el cambio de estatutos implique transferencia de
bienes que exijan este trámite.
Algunas reformas estatutarias merecen una referencia adicional: deben
inscribirse en el registro público mercantil los documentos privados que contengan
la transformación de una sociedad en sociedad por acciones simplificada
66 , la enajenación global de activos (es decir, activos y pasivos que superen
el 50 % del patrimonio líquido de la compañía) 67 , el acuerdo de fusión
abreviada, mediante el cual una sociedad de cualquier tipo absorbe a una
sociedad por acciones simplificada en la que posea más del noventa por ciento
de sus acciones 68 , y la disolución de la sociedad por acciones simplificada 69 .
En este último caso, a menos que la sociedad se haya disuelto por vencimiento
del término previsto en sus estatutos, o por decisión de autoridad competente,
la disolución ocurre en la fecha en que se realice el registro mercantil 70 .
2.5 Normas de la Ley 1429 de 2010,
relacionadas con el registro mercantil
La Ley 1429 de 2010 modifica algunas normas sobre registro mercantil:
65 V. supra p. 7.
66 V. el artículo 31 de la Ley 1258 de 2008.
67 V. el artículo 32 de la Ley 1258 de 2008.
68 V. el artículo 33 de la Ley 1258 de 2008.
69 V. el artículo 34 de la Ley 1258 de 2008.
70 V. el artículo 34 de la Ley 1258 de 2008.
Primero, y de conformidad con el numeral 2 del artículo 2 de esta norma,
el registro mercantil en la respectiva cámara de comercio determina la
fecha de inicio de la actividad económica principal de pequeñas empresas,
sin importar que previamente las operaciones comerciales se hayan realizado
de manera informal. Tal fecha es relevante para saber si las normas
de la Ley 1429 de 2010, que incentivan la formalización y la generación de
empleo, son aplicables.
Segundo: los artículos 24 y 29 ordenan inscribir en el Registro Mercantil
las actas mediante las cuales se aprueba la disolución de una sociedad que
«requiera de declaración por parte de la asamblea general de accionistas o
de la junta de socios» 71 , o la reactivación de una sociedad disuelta 72 . Esta ley
también establece, de una parte, que la disolución de una sociedad solo puede
evitarse si el acta mediante la que se subsana la respectiva causal se registra
a más tardar dieciocho meses después de su ocurrencia 73 ; y, de otro lado,
que la responsabilidad de los socios y accionistas de sociedades que fueron
liquidadas bajo la falsa premisa de inexistencia de pasivos externos, solo cesará
al término de cinco años, contados a partir de la inscripción en el Registro
Mercantil del acta que contenga el inventario, y la cuenta final de liquidación 74 .
Tercero: el artículo 40 (modificado por el artículo 153 del Decreto 19 de
2012), permite la utilización de medios electrónicos en los procesos de inscripción
de documentos relacionados con compañías en situación de insolvencia.
Finalmente, el artículo 50 permitió, durante un plazo de seis meses,
contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1429 de 2010, la renovación
de las matrículas mercantiles a tarifas reducidas. Este mismo artículo,
en su primer Parágrafo, estableció que las sociedades no disueltas que no
hubieran renovado su matrícula mercantil durante los diez años anteriores
a la vigencia de esta ley, o durante el año siguiente a la misma, podrían ser
declaradas en liquidación. En el caso de personas naturales, establecimientos
de comercio, sucursales y agencias, el parágrafo mencionado autorizó
a las cámaras de comercio a cancelar la matrícula mercantil, si esta no se
71 Artículo 24 de la Ley 1429 de 2010.
72 Artículo 29 de la Ley 1429 de 2010.
73 Artículo 24 de la Ley 1429 de 2010.
74 Artículo 25 de la Ley 1429 de 2010.

354 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 355
había renovado durante los diez años anteriores a la vigencia de la ley, o
durante el año de gracia adicional concedido. Sobra decir que todas estas
normas tienen el loable objetivo de hacer el registro mercantil más eficiente,
al evitar los costos relacionados con el mantenimiento y consulta de información
que no es útil para el comercio.
cio hace algún tiempo y, a pesar de eso, continuar matriculados en el Registro
Mercantil, caso en el cual sus testimonios serán válidos, aunque no precisos ni
posiblemente adecuados, por supuesto 77 . Por el contrario, el testimonio de un
comerciante muy activo en sus negocios, pero que actúa en la informalidad al
no haberse matriculado en el registro público mercantil, no es válido.
2.6 Normas de la Ley 1564 de 2012
(Código General del Proceso) relacionadas
con el registro mercantil
El nuevo Código General del Proceso también incluye algunas normas relacionadas
con el registro mercantil: de una parte, «los comerciantes inscritos
[sic] en el Registro Mercantil deberán registrar en la cámara de comercio»
de su domicilio no solo su dirección física sino también su dirección electrónica
75 . Esta norma, sin duda, contribuirá a la agilización de los procesos
judiciales en Colombia.
De otro lado, el artículo 529, en sus numerales primero y cuarto, establece
que el juez que decreta la disolución de una sociedad, o la nulidad del
contrato que dio lugar a esta, debe ordenar la inscripción del liquidador y de
la providencia judicial en el Registro Mercantil de la cámara de comercio del
domicilio principal, y de los lugares donde haya sucursales, agencias o establecimientos
de comercio. También debe inscribirse en el Registro Mercantil
la sentencia que señale fecha para la audiencia de liquidación de una sociedad,
según lo dispuesto por el artículo 530.
Por último, y según el artículo 179, la costumbre mercantil nacional se
prueba «con el testimonio de dos (2) comerciantes inscritos [sic] en el Registro
Mercantil» 76 . La ley, por cierto, no exige que estos comerciantes estén activos; por
el contrario, una o ambas personas pueden haber dejado de ejercer el comer-
75 Numeral 2, del artículo 261 de la Ley 1564 de 2012. La palabra correcta es matriculados
y no inscritos.
76 Esta norma estará en vigencia a partir del 1 de enero de 2014, de acuerdo con lo dispuesto
por el numeral 6, del artículo 614 del Código General del Proceso. Mientras
tanto, sigue rigiendo el artículo 6 del Código de Comercio, que incluye una disposición
similar (aunque en esta norma se exigen cinco testigos). De otro lado, la
norma debería decir «matriculados» y no «inscritos».
2.7 Normas de la Ley 1676 de 2013
sobre garantías mobiliarias relacionadas
con el registro mercantil
En agosto del 2013, el Congreso de la República aprobó la Ley 1676 de dicho
año por medio de la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas
sobre garantías mobiliarias. Dado que la nueva ley crea un registro diferente
al mercantil, que es el objeto exclusivo de análisis, el presente capítulo se
limita a mencionar de manera muy general el efecto de esta norma sobre el
registro mercantil.
Esta ley crea un registro de garantías mobiliarias, administrado por
la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Comfecámaras, en el
que constan la inscripción inicial, modificación, prórroga, extinción y ejecución
de garantías mobiliarias 78 . Las prendas mercantiles sin tenencia y las
fiducias mercantiles con fines de garantía son, por supuesto, categorías de
garantías mobiliarias 79 . Estas prendas y fiducias, por lo tanto, a partir de la
vigencia de la nueva ley, ya no se registrarán en el Mercantil, como sucede
hasta ahora 80 , sino en el nuevo registro de garantías mobiliarias 81 .
77 Teniendo en cuenta que son miles los comerciantes que se encuentran registrados
en cámaras de comercio como las de Medellín o Bogotá, es factible que una parte
presente el testimonio de dos o más comerciantes matriculados en el Registro
Mercantil, quienes alegan que la costumbre existe, mientras la otra parte presenta
el testimonio de dos o más comerciantes, quienes sostienen lo contrario.
78 V. artículo 38 y siguientes de la Ley 1676 de 2013.
79 V. artículo 3 de la Ley 1676 de 2013.
80 V. Código de Comercio, artículo 1207 segundo inciso y Ley 1429 de 2010, artículo 41.
81 V. artículo 38 y siguientes de la Ley 1676 de 2013. Para mayor información sobre el
registro de garantías mobiliarias, V. el capítulo de este libro sobre la materia escrito
por el Doctor Jorge Villegas Betancur.

356 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 357
Conclusiones
Las dos secciones anteriores describieron los principales efectos jurídicos
del registro público mercantil, con énfasis, en la última sección, en una de
sus especies: la inscripción. Estas conclusiones, antes que repetir estos efectos
jurídicos, pretenden simplemente recordar la importancia económica
del registro público mercantil en la actividad empresarial.
El registro mercantil, al centralizar la información que es de utilidad
para los comerciantes en entidades especializadas (las cámaras de comercio),
reduce notoriamente los costos de transacción 82 o, en palabras más
sencillas, simplifica trámites, facilita y hace más eficientes los negocios y, de
contera, contribuye a la generación de empleo y al crecimiento económico.
En efecto, la matrícula de comerciantes y de establecimientos de comercio,
así como la inscripción de libros, actos y documentos en el Registro
Mercantil, hace que la información de los comerciantes fluya rápidamente,
y a bajo costo, en los mercados. De esta manera, el comerciante que desea
notificar un acto jurídico (como por ejemplo la limitación para contratar por
parte del factor respecto de uno de sus establecimientos de comercio 83 ) puede
informar a todo el mercado con la simple inscripción de este contrato,
sin que le sea necesario notificar uno a uno a todos los terceros que puedan
estar interesados, en el futuro, en el efecto de esta garantía sobre la solvencia
financiera del comerciante. Si este sencillo registro no se hace, el propio
comerciante asume los riesgos jurídicos de su omisión, toda vez que se presume
de derecho que los terceros ignoran el acto o documento respectivo,
así se hayan enterado de él por otros medios (Gaviria, 2005, pp. 174-76).
La eficiencia del registro mercantil, sin embargo, no termina allí. Los terceros
pueden informarse acerca de una matrícula o inscripción por parte de
un comerciante, mediante una simple consulta ante la cámara de comercio,
que incluso puede ser electrónica y que no representa mayor costo. Así, por
ejemplo, el certificado de existencia y representación alertará a terceros sobre
cualquier acto que afecte jurídica o financieramente a una sociedad con la
que planee hacer negocios. Es decir, el tercero no necesita enviar cartas u otro
tipo de comunicaciones personales a cada una de las personas con las que
piensa celebrar contratos mercantiles, para conocer su información jurídica.
Estos terceros, sin embargo, no están obligados a consultar el Registro
Mercantil; es decir, pueden ahorrarse el costo de solicitar un certificado, ya
sea porque no planeen hacer negocios con un determinado comerciante o
porque, a pesar de que este plan existe, no consideran necesario consultar
su información en la cámara de comercio. En el primer caso, la ignorancia
sería racional, al ahorrarse un costo innecesario, y en el segundo estaríamos
ante un posible caso de negligencia, a menos que la probabilidad de realizar
negocios con este comerciante en el futuro cercano sea mínima.
En los casos del párrafo anterior, la ley, mediante una ficción, asume que
el tercero está informado, sin que a esta persona le sea posible, al tratarse
también de una presunción de derecho, afirmar que si bien la información
del comerciante con el que realizó algún negocio está adecuadamente registrada
en cámara de comercio (por ejemplo, la limitación de un representante
legal), él la ignoraba por no haber solicitado nunca un certificado (ídem).
En síntesis, las normas del registro mercantil crean un incentivo a los
comerciantes para suministrar, al más bajo costo, información relevante
para el comercio (es decir, estas normas son information-forcing rules 84 ). Al
mismo tiempo, estas normas crean un incentivo similar para que los demás
comerciantes se informen, también a un bajo costo, acerca de la situación
jurídica de las personas con las cuales realizan negocios. En el caso del comerciante
que genera la información, el incentivo existe porque sabe que es
más económico registrar un determinado acto que asumir el riesgo de que
este sea inoponible a terceros. En relación con el comerciante a quien la información
le puede ser útil, este sabe que es mucho más sencillo y económico
consultar un certificado en la cámara de comercio, que solicitar directamente
una farragosa documentación a un comerciante con el que realizará
negocios o, peor aún, no hacer nada y correr el riesgo de que limitaciones
jurídicas de este comerciante le sean oponibles, por haber sido oportunamente
inscritas en el Registro Mercantil, caso en el cual la ignorancia o, más
precisamente, la desidia, le resultarán muy onerosas.
82 Costos de transacción son las erogaciones resultantes de la negociación, redacción
y supervisión de los contratos. V. Williamson, 1996, p. 379.
83 V. el Código de Comercio, artículo 1335.
84 Information-forcing rules (normas que propician la divulgación de información), son
aquellas que crean un incentivo para que una parte revele datos a otras personas o,
en general, al mercado. V. Ayres & Gertner, 1989; y Schwartz & Scott, 2003: 541, 598n.

358 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 359
Bibliografía
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Williamson, O. (1996). The mechanisms of governance [Los mecanismos
de gobierno], Nueva York: Oxford University Press.
Normas
Códigos:
• Código Civil
• Código de Comercio (Decreto 470 de 1970)
• Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)
Leyes:
• Ley 35 de 1993
• Ley 222 de 1995
• Ley 527 de 1999
• Ley 1116 de 2006
• Ley 1258 de 2008
• Ley 1306 de 2009
• Ley 1314 de 2009
• Ley 1429 de 2010
• Ley 1676 de 2013
Decretos con fuerza de ley:
• Decreto Ley 019 de 2012
Decretos reglamentarios:
• Decreto reglamentario 960 de 1970
• Decreto reglamentario 2360 de 1993
• Decreto reglamentario 650 de 1996
• Decreto reglamentario 2649 de 1993
• Decreto reglamentario 898 de 2002
• Decreto reglamentario 2785 de 2008
• Decreto reglamentario 2364 de 2012
• Decreto reglamentario 805 de 2013
• Decreto único reglamentario sector Comercio, Industria y Turismo
1074 de 2015
Circulares:
Circular Externa 4 del 27 de mayo de 2014 que modifica el inciso primero
del numeral 1.1.2.1.3 del Capítulo Primero del Título VIII de la
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Otras
Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

361
Capítulo vIi
El registro mercantil
y las sociedades
Ignacio Sanín Bernal (q. e. p. d.)
Abogado especialista en Derecho Comercial y Tributario. Magíster en Derecho
Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha realizado estudios superiores
en el Politécnico de la ciudad de Londres, y en la Universidad de Londres.
Juan Esteban Sanín Gómez
Abogado de la Universidad de los Andes.
El presente artículo fue escrito por los doctores Ignacio Sanín Bernal (q. e. p. d.) y
Juan Esteban Sanín Gómez en el año 2005. Hoy, 11 años después, recibimos la amable
invitación de la Cámara de Comercio de Medellín para actualizar y publicar nuevamente
el mismo. Para efectos de conservar el estilo de redacción utilizado por el
Dr. Ignacio Sanín Bernal, su coautor ha actualizado el presente texto mediante la
incorporación de varios pies de página, a fin de no intervenir el texto original.

362 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 363
Resumen
Dentro del ordenamiento jurídico colombiano existe una relación inescindible
entre el registro mercantil y las sociedades comerciales, estas entidades
operan y se dinamizan de acuerdo con las disposiciones registrales que se
encuentren vigentes en un momento determinado. A través de este artículo
se busca evidenciar cómo el registro plantea reglas de juego para el mercado
desde distintas perspectivas, dentro de las cuales prevalece la publicidad
y las diversas formalidades que la ley exige para la existencia y surgimiento
de las disposiciones societarias.
Abstract
Within Colombian law exists an inseparable relationship between the commercial
register and commercial organizations. These organizations operate
and are guided based on the registry regulations that happen to be in effect
at any given time. This article seeks to bring to light how the registry sets market
ground rules from distinct perspectives, among which advertising and the
diverse formalities demanded by the law for the existence and emergence of
corporate regulations take precedence.
-1-
NATURALEZA DEL REGISTRO
EN EL DERECHO SOCIETARIO
Para efectos de analizar la incidencia, implicaciones y repercusiones que se
les presentan a los intervinientes, y a terceros, será menester tener siempre
presente lo siguiente: las partes del contrato de sociedad 1 son quienes dan
su consentimiento a las cláusulas del mismo. Los demás son terceros, frente
a quienes, en situaciones especiales, pueden ser inoponibles decisiones
contractuales adoptadas válidamente. Entre estos terceros cabe mencionar
a los acreedores sociales, a las entidades de control, a la DIAN, y aun a la
sociedad misma; ya que esta, si bien nace del contrato de sociedad, es independiente
y autónoma.
Podría afirmarse que las tres normas básicas, estructurales, del registro
mercantil en materia societaria, son los artículos 28(9), 29(4) y
901 del Código de Comercio; según los cuales: «deberán inscribirse en el
Registro Mercantil [...] la constitución, adiciones [sic] o reformas estatutarias,
y la liquidación de sociedades comerciales, así como la designación de
1 A la luz de lo establecido en el artículo 1 de la ley 1258 de 2008, la sociedad no
necesariamente es un contrato; puede también ser un acto jurídico unilateral,
cuando en su constitución y funcionamiento interviene solo una persona. Hasta
la expedición de la mencionada ley, la existencia de una sociedad implicaba –indispensablemente–
la existencia previa de un contrato bilateral o plurilateral. Así
quedó plasmado en sentencia del Consejo de Estado de fecha 20 de enero de 2011
(Consejero Ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), cuando declaró la nulidad
del Decreto 4463 del 15 de diciembre de 2006, «por medio de la cual se reglamenta
el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006».Como es sabido, tal ley facilitó la constitución
y reformas estatutarias de pequeñas empresas, autorizando que tales actos
pudiesen hacerse por documento privado y no a través de escrituras públicas. No
obstante esto, las múltiples interpretaciones de tal norma llevaron a la idea de
poder constituir sociedades con un solo accionista, hecho que dio lugar al decreto
que a la postre fue declarado nulo y que reguló la existencia de las mal llamadas
sociedades anónimas unipersonales (o S. A. U.).

364 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 365
representantes legales y liquidadores, y su remoción», «los actos y documentos
sujetos a registro no producirán efectos respecto de terceros, sino a
partir de la fecha de su inscripción», y «será inoponible a terceros el negocio
jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley
exija». Se halla en ellas el andamiaje en que se basa el derecho societario
(salvo excepciones puntuales y un tanto anárquicas, consagradas por
la misma ley mercantil). Los actos y decisiones producen efectos frente a
quienes los adoptan desde el momento de su perfeccionamiento, según
sean consensuales o solemnes, pero la efectividad y obligatoriedad de los
mismos ante terceros solo comienza desde el momento cuando sean inscritos
en el registro público mercantil. Así, el contrato de sociedad y sus
reformas, y la designación de revisor fiscal –consensuales en sí mismos–;
o la constitución de la compañía y la cesión de cuotas sociales, dotados de
solemnidad, solo se evidencian ante terceros desde su registro, que de no
producirse (o mientras se realiza), mantienen ocultos tales actos, contratos
o decisiones frente a quienes no intervinieron en ellos, con la consecuencia
de que los terceros pueden ignorarlos en todo lo que legalmente se derive
de los mismos, tanto en la generación de derechos y expectativas como en
la derivación de obligaciones. Sin registro, el tercero se sustrae de las consecuencias
del acto, operación o contrato, tal como si estos no hubieren sido
aprobados o no existieren.
Resulta por lo tanto cierto que, en la estructura general del derecho societario
colombiano, la regla imperante es la del registro mercantil con alcance
de mera oponibilidad, sin que sea «constitutivo» de una situación o de una relación
jurídicas; y no lo es menos que varias inscripciones constitutivas se han
infiltrado en el régimen corporativo, tal vez provenientes de sistemas jurídicos
diferentes al que orientó e inspiró a los redactores del Decreto 410 de 1971,
como podría serlo el francés, del cual está tan impregnada la Ley 222 de 1995.
Algunos ejemplos de tales actos heréticamente registrales, son los siguientes:
• La constitución de la empresa unipersonal 2 , pues el reconocimiento
de la personalidad jurídica autónoma se desprende de su
2 Al igual que en la empresa unipersonal, en la sociedad por acciones simplificada (S. A. S.)
también se da el fenómeno de la «inscripción constitutiva». Esto se concluye fácilmente
de la lectura del artículo 2 de la Ley 1258 de 2008, que establece que «personalidad
inscripción en el registro público mercantil (artículo 71, inciso. segundo,
Ley 222 de 1995). La sociedad comercial, por contraste, se
perfecciona con la escritura pública de constitución.
• La cesión de las cuotas en la empresa unipersonal. Al tenor del
artículo 76 de la Ley 222/95, que dice que:
El titular de la empresa unipersonal podrá ceder total o parcialmente
sus cuotas sociales a otras personas naturales o jurídicas,
mediante documento escrito que se inscribirá en el Registro
Mercantil correspondiente. A partir de este momento [sic] producirá
efectos la cesión.
Efectos generales, no de oponibilidad.
• La constitución de la Sociedad Anónima por Suscripción Sucesiva
(SASS), pues en el título del artículo 60 de la Ley 222/95, al desarrollar
el tema de los «efectos» de la inscripción en el Registro
Mercantil, establece que solo a partir de dicho momento se trasladan
a la entidad creada los derechos y obligaciones asumidos
y contraídos por el promotor y por el «representante legal [sic]».
• La escisión (al contrario de lo que ocurre con la fusión), que siempre
comporta reforma estatutaria y en ocasiones (en las por creación)
da lugar a la constitución de otras sociedades, es registral,
pues de la inscripción mercantil se derivan su perfeccionamiento
y la producción de efectos en derecho. Dispone el artículo 9 de la
Ley 222/95 sobre los «efectos» de la escisión que, «una vez inscrita
en el Registro Mercantil la escritura […] operará, entre las
sociedades intervinientes […], y frente a terceros, la transferencia
en bloque de los activos y pasivos de la sociedad escindente a las
beneficiarias […]».
• La prenda, el usufructo y la anticresis de cuotas o acciones. El registro
de la prenda en el derecho societario es constitutivo (artículo
410, C. Co.), y la regulación de este contrato se extiende (por
remisión expresa) al usufructo y a la anticresis (artículo 413, C. Co.).
jurídica: la sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el Registro Mercantil,
formará una persona jurídica distinta de sus accionistas» (negrillas fuera de texto).

366 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 367
La Corte Constitucional (Sentencia C-621/03, ponente M. G. Monroy
Cabra) resaltó las dos características excluyentes y diferenciales que tiene el
registro mercantil: la oponibilidad y la validez.
Con relación a la primera, el registro mercantil es un instrumento de
publicidad para la vida comercial, cuyo objeto es permitir al público el conocimiento
de datos relevantes para el tráfico mercantil. Algunos hechos y actividades
de esta naturaleza producen efectos no solo entre las partes, sino
también frente a terceros; por lo cual, por razones de seguridad jurídica, tiene
que existir un mecanismo para su conocimiento público y de advertencia
a los terceros. Y se han presentado situaciones cuya solución no se encuentra
en la simple consagración de la inscripción como única fuente de oponibilidad.
Un buen ejemplo se halla en la fusión de sociedades cuyos domicilios
pertenecen a circunscripciones de varias cámaras de comercio. Así: si la
absorbente tiene domicilio en Medellín, y la absorbida en Bogotá, la fusión
requiere de registro en las cámaras de las dos ciudades. Necesariamente, las
fechas de inscripción registral serán diferentes, y pueden aun no coincidir
en un mismo año. ¿Cuál de las dos fechas, entonces, rige la iniciación de la
oponibilidad? ¿O qué ocurre si una de las dos cámaras, con razón o sin ella,
niega el registro de la escritura que aparecerá registrada en la otra? ¿Cómo
entender que una Cámara certifique que la absorbida está vigente mientras
que simultáneamente la otra expide certificación en que consta que la absorbida
está disuelta? ¿Priman la fecha y el certificado de la Cámara del domicilio
de la absorbente, o la fecha y el certificado de la Cámara del domicilio
de la absorbida? Algo así podría suceder también en la fusión por creación, y
en el cambio de domicilio como reforma estatutaria.
El registro mercantil es personal, relacionado con los hechos, los actos y
el comerciante; no es de naturaleza real. En ocasiones, tiene solo un carácter
declarativo, en cuanto es simplemente un mecanismo de publicidad. En este
alcance, la inscripción en el registro no es un requisito de aquellos que son
necesarios para la existencia o para la validez de los actos jurídicos inscritos,
sino que únicamente los hace oponibles a los terceros. Así, una vez hecho
el correspondiente registro, el acto producirá efectos no solo entre quienes
participaron directamente en él (los asociados, en el caso de las compañías),
sino ante terceros (no partícipes, como lo serían la DIAN y la sociedad
misma). Por lo cual, en adelante, nadie podrá alegar su desconocimiento.
Pero, en ocasiones, la inscripción obra como condición indispensable para
la producción de los efectos jurídicos del acto inscrito, y como condición de
su eficacia jurídica. En este caso las inscripciones han sido llamadas «constitutivas»,
y de ellas depende la existencia misma de una situación jurídica.
En los puntos que se analizarán más adelante, se hará énfasis en la manera
como algunas estipulaciones que producen efectos ínter partes y al
interior del contrato de sociedad, no los producen frente a otras personas y
entidades, como lo sería la DIAN para efectos fiscales.

368 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 369
-2-
ACTOS SOCIETARIOS
SUJETOS A REGISTRO
2.1 La constitución
El contrato 3 de sociedad comercial, para mucha parte de la doctrina, es consensual,
ante la falta de exigencia de solemnidades revelada por el artículo
98 del Código de Comercio. Tal consensualidad, muy propia del derecho comercial,
parece contradecirse con la solemnidad exigida para las adiciones
y correcciones al contrato (artículo 113 del C. Co., y artículo 48 del Decreto
2148/83), para la promesa de contrato de sociedad (artículo 119, C. Co.) y para
la cesión de cuotas sociales (artículo 366, C. Co.).
Si bien es aceptada la consensualidad del contrato como origen y punto
de partida de la sociedad mercantil, que lo es, la compañía, como un ente
autónomo independiente del contrato y fundamentado en él, sí es solemne.
El artículo 98 del Código de Comercio establece que la sociedad, una vez
legalmente constituida, forma una persona jurídica independiente, y, entre
muchos otros artículos, el 110 del C. Co. establece que la constitución de la
compañía requiere de escritura pública 4 .
3 Debe tenerse en cuenta que, con posterioridad a la expedición de la Ley 1258 de
2008, la S. A. S. no necesariamente ha de nacer de un contrato, pues también puede
nacer de un acto jurídico unilateral.
4 A raíz de la expedición de la Ley 1014 de 2006, las nuevas sociedades, de cualquier
tipo, que tengan una planta no superior a diez trabajadores o activos inferiores
a 500 SMLMV podrán constituirse mediante documento privado, esto por cuanto,
a la luz de lo establecido en el artículo 22 de tal norma, tales sociedades se
constituirán con observancia de las normas propias de la empresa unipersonal.
Debe aclararse que el artículo 46 («vigencia y derogatorias») de la Ley 1258 de 2008
solo prohibió la constitución de nuevas sociedades unipersonales diferentes a las
S. A. S., dejando incólume la posibilidad de constituir sociedades con más de un
De un contrato consensual surge una persona jurídica solemne. Sin escritura
pública no hay sociedad mercantil (como ente autónomo), sin perjuicio
de que el contrato esté válidamente celebrado y perfeccionado, y de
que pueda existir, además del contrato de sociedad, la sociedad de hecho,
regulada por el artículo 498 del Código de Comercio. La sociedad regular,
como persona independiente, surge desde la escritura de constitución, pero
la oponibilidad, tanto del contrato como de la compañía, quedan aplazados
hasta tanto se registre la escritura.
El contrato lo celebran las partes: los asociados. La escritura la solemnizan
los otorgantes o los constituyentes ante notario público. Si se analiza
con detenimiento el numeral primero del artículo 110 del C. Co., puede concluirse
que los asociados no tienen necesariamente que suscribir la escritura
de constitución 5 .
socio o accionista por documento privado, siempre que las mismas respetaren los
parámetros fijados por el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. Esto guarda consonancia
con lo establecido por la Corte Constitucional en Sentencia C-392-07 (M.
P. Dr. Humberto Sierra Porto), donde estableció que «el postulado interpretativo
que así resulta no fija una limitación a la libertad de asociación en materia económica,
sino que por el contrario establece una medida a favor de cierto tipo de
sociedades, las cuales se constituirían de una manera simplificada y menos onerosa.
Este trato diferenciado encuentra justificación en fines constitucionalmente
legítimos, tales como precisamente ‘fomentar una cultura del emprendimiento’,
señalado expresamente en la ley acusada, el cual guarda estrecha conexión con
los mandatos constitucionales a los cuales previamente se hizo alusión según los
cuales compete al Estado estimular el desarrollo empresarial (artículo 333 de la C.
P.), asegurar el pleno empleo de los recursos humanos (artículo 334 C. P.), favorecer
el desarrollo regional (art. 334 C. P.), y permitir el desarrollo productivo de los pequeños
capitales». Así mismo, la S. A. S., en virtud de lo establecido en la Ley 1258 de
2008 (artículo 5), «se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento
privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio […]»
y solo habrá de hacerse mediante escritura pública cuando «los activos aportados
a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública».
5 Este mismo criterio, aunque aparece de manifiesto en la Ley 1258 de 2008, no ha
sido aceptado por las cámaras de comercio. En la mencionada norma (artículo 5 n.
1 y Parágrafo 1 y artículo 6) se indica que en las S. A. S. basta con que el documento
de constitución indique el nombre, documento de identidad y domicilio de los
accionistas y que sea autenticado «por quienes participen en su suscripción» para
que el mismo sea objeto de registro. No existiendo disposición alguna que indique
que son los accionistas quienes han de suscribir el documento de constitución,
habría de entenderse que el mismo puede ser suscrito por un otorgante diferente
al accionista de la sociedad. A pesar de ser aparentemente clara la norma, las

370 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 371
Tanto el Código Civil, como el Código de Comercio, validan una presencia
indirecta de los contratantes en el acto de constitución, a través de las
instituciones del apoderamiento y de la representación general o especial
(Arts. 2142 y 2156 del Código Civil, y 832 y 840 del Código de Comercio), de la
agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos en los eventos en los que ella
sea viable (Arts. 2148 y 2304 del Código Civil) o de las representaciones sin
poder y aparente (Arts. 841 y 842 del Código de Comercio) presencia física de
otras personas, que no invalida la tesis de que los comparecientes no tienen
que ser los asociados, ya que si se está actuando a nombre de otro, efectivamente
se está tomando la posición de ese otro en calidad de apoderado
(o de agente oficioso sometido a ratificación), sin que jurídicamente pueda
hablarse de manera estricta de que es una persona diferente al poderdante
o agenciado quien está interviniendo en el acto.
Para el Código de Comercio, socios y constituyentes no son las mismas
personas.
La función del registro mercantil de la escritura de constitución es de
oponibilidad y publicidad frente a terceros, tanto del contrato como de la
compañía, como persona jurídica independiente. Sin registro, el contrato es
válido ínter partes: nace la compañía como ente independiente, pero tanto
el contrato como la persona jurídica son inoponibles frente a terceros.
Por contraste, la empresa unipersonal (E. U.) se «crea» mediante documento
escrito, en el que deberán expresarse los asuntos enumerados por el
artículo 72 de la Ley 222 de 1995, pero solo «una vez inscrita en el Registro
Mercantil forma una persona jurídica». De donde se desprende que el contrato
de empresa es solemne, y puede constar en documento público o privado
6 , pero su oponibilidad depende de la inscripción en el Registro Mercantil;
y la empresa como ente autónomo consecuencial, sujeto activo y pasivo de
derechos y de obligaciones, solo surge a la existencia jurídica con el registro
(que en este caso es constitutivo y condiciona la validez de la persona jurídica).
No deja de ser llamativo que si la empresa unipersonal puede celebrarse
y constituirse originariamente mediante documento privado, la conversión
cámaras de comercio insisten en la imposibilidad de registrar sociedades donde
los otorgantes que suscriban el documento de constitución sean diferentes a los
accionistas, y no actúen en virtud de un poder conferido para tal efecto.
6 Al igual que la S. A. S.
requiera de escritura pública (artículos 77 y 81, Ley 222/95); escritura también
requerida para la empresa unipersonal «por derivación», proveniente de la
conversión de una sociedad con un solo asociado. En este último sentido, dispone
el artículo 77 que «cuando una sociedad se disuelva por la reducción del
número de socios [sic] a uno, podrá, sin liquidarse, convertirse en empresa
unipersonal, siempre que la decisión respectiva se solemnice mediante escritura
pública […]». La decisión de conversión de sociedad a empresa unipersonal
corresponde ser tomada por el único asociado, pues, a falta de pluralidad,
la sociedad unipersonal carece de un órgano de dirección (asamblea de accionistas
o junta de socios, según corresponda) que es, por esencia, colegiado.
La existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se prueban exclusivamente
con certificado expedido por la cámara de comercio del domicilio
principal. Ninguna otra prueba es eficaz para demostrar la constitución
de la compañía y cada uno de los componentes del pacto social 7 . Así se
deduce del tono imperativo de la parte inicial del artículo 117 del Código de
Comercio, el cual contrasta con la forma permisiva y tolerante (solo enunciativa)
del inciso segundo del mismo artículo. No puede acudirse a prueba
distinta al certificado de la Cámara para establecer que la sociedad existe
como persona jurídica, y cuáles son los términos del contrato que le dio origen,
que aparecen vertidos en los estatutos sociales. De donde se desprende
que si se quiere probar judicial o extrajudicialmente cualquier aspecto
relacionado con el contrato, debe aportarse certificado de la Cámara, en el
cual conste la existencia de las cláusulas que pretenden probarse, y su contenido.
Ejemplos de lo que requiere certificado de cámara de comercio como
prueba, son los siguientes: domicilio, duración, socios de las sociedades por
cuotas, razón y denominación sociales, objeto social, capital social, forma de
administración de la empresa; todo lo relacionado con los órganos de dirección
y administración, tramitología para la liquidación, cláusula compromisoria
y derecho de preferencia. Ninguna otra prueba tiene eficacia legal para
demostrar cualquier aspecto que aparezca en el contrato social.
7 Frente a este punto difiere la teoría con la práctica. En teoría, esto debería ser así
dado el mandato imperativo del artículo 117 del Código de Comercio; en la práctica,
nadie exige que las cláusulas de un contrato social se prueben con la certificación
que la Cámara de Comercio haga de ellas. Por el contrario, se permite que las mismas
sean probadas con copias simples del documento de constitución o la correspondiente
escritura pública.

372 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 373
El artículo 111 del Código de Comercio ordena que una copia de la escritura
social (en la cual constan los estatutos corporativos) será inscrita en
el Registro Mercantil de la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar
donde la sociedad establezca su domicilio principal.
Si se intenta demostrar cualquiera de estos hechos aportando copia
de la escritura de constitución, debe desestimarse cualquier instrumento
privado o público como elemento probatoriamente válido. Este es un aspecto
que debe tenerse en cuenta, por ejemplo, en los trámites arbitrales
para establecer los términos de la cláusula compromisoria 8 o en las cesiones
de cuotas y de acciones para acreditar la existencia y el procedimiento
del derecho de preferencia.
La representación de la compañía, en cambio, puede probarse con certificado
de la cámara de comercio del domicilio social, o por cualquier otro
medio, como lo serían la confesión, el testimonio, la inspección judicial o el
dictamen pericial. La forma enunciativa y permisiva en la cual está redactado
el inciso segundo del artículo 117, permite afirmar que cualquier medio
probatorio es eficaz para establecer quién tiene la vocería por activa y por
pasiva, procesal y extraprocesal, de la compañía; por lo tanto, no solo quien
aparezca como representante en el certificado puede comprometer a la sociedad,
pues si se establece que la representación ha sido conferida a una
persona distinta y se tiene la prueba de ello, aun cuando tal hecho no aparezca
en el certificado de la Cámara, podrá acudirse a acreditar el hecho que
pretende probarse, y la ley habilita tal procedimiento.
2.2 La reforma
La modificación del contrato de sociedad es consensual. La reforma de los
estatutos de la compañía es un acto igualmente consensual 9 . De la lectura
descuidada y superficial del artículo 158 del C. Co., podría concluirse que las
modificaciones del contrato y de los estatutos son solemnes. Baste transcribir
el texto inicial del artículo:
Toda reforma del contrato de sociedad comercial deberá reducirse
a escritura pública, que se registrará como se dispone para la
escritura de constitución de la sociedad, en la cámara de comercio
correspondiente al domicilio social al tiempo de la reforma [...]. Sin
los requisitos anteriores, la reforma no producirá efecto alguno respecto
de terceros. Las reformas tendrán efectos entre los asociados
desde cuando se acuerden o pacten conforme a los estatutos.
La norma comentada termina diciendo que sin las anteriores solemnidades
(escritura e inscripción) las reformas no producen efectos frente a
terceros, pero que se dan como válidas frente a los asociados. Por lo tanto,
al concluir el artículo se confirma la naturaleza consensual de las modificaciones
al contrato y a la carta estatutaria. De donde puede afirmarse que
la escritura en la cual conste la modificación de los estatutos, una vez registrada,
otorga oponibilidad no solo de la reforma, sino de la modificación
contractual misma frente a terceros. Se encuentra aquí una oponibilidad
muy particular en el derecho societario, ya que esta se basa no solo en el
8 Tal como se indicó en el pie de página anterior, la teoría difiere de la práctica. En
el Tribunal Arbitral de Juan Pablo Robledo vs. Inversiones Médicas de Antioquia
S. A., que se dirimió en las instalaciones del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia, el Tribunal reconoció ser competente, no
obstante el hecho de que no se había probado la cláusula compromisoria de acuerdo
con lo preceptuado por el artículo 117 del Código de Comercio. El tal oportunidad,
indicó el Tribunal que no existía una tarifa legal probatoria que circunscribiera
la prueba de la cláusula a la certificación emitida por la Cámara de Comercio,
pudiéndose demostrar ella por otros medios, tales como lo es la acreditación con
la correspondiente escritura pública.
9 Vale la pena aquí recordar la tesis que defiende el profesor Néstor Humberto
Martínez Neira sobre la diferencia existente entre el contrato social y los estatutos
sociales, tesis que fue acogida en el laudo arbitral (proferido por Centro de Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia) que zanjó las diferencias
entre Elio Sala Ceriani y Manuel de Bernardi y otros. Manifiesta el jurista que existe
una diferencia sustancial entre ambas instituciones, pues mientras el contrato social
es el acuerdo de voluntades (contrato) que da lugar al nacimiento de la persona
jurídica, y que por ende solo puede modificarse por consentimiento mutuo y unánime
de los contratantes, los estatutos sociales son el cuerpo de reglas que regula
ciertos aspectos claves para el funcionamiento de la sociedad, razón por la cual estos,
contrario a lo que sucede con el contrato social, sí pueden ser modificados por
decisión de ciertas mayorías y no necesariamente por todos los contratantes.

374 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 375
registro público mercantil, como es de usanza a lo largo de la legislación
societaria, sino con fundamento también en la escritura pública modificatoria
de los estatutos, siempre y cuando esta se halle registrada. Se trata
entonces de una oponibilidad calificada, que va más allá del simple registro
mercantil.
No basta determinar, simplistamente, que a partir del registro comienza
la oponibilidad, pues existen reformas con registro plural o múltiple. Así,
la fusión y la escisión se inscriben en varios registros mercantiles si abarcan
sociedades con domicilios distintos: en las cámaras donde estén domiciliadas
las fusionadas, las que se crean, las absorbentes, la escindida y las beneficiarias.
Y un caso más simple es el de la reforma estatutaria consistente
en el cambio de domicilio societario: si el anterior y el nuevo corresponden a
municipios situados bajo la jurisdicción o territorio de cámaras de comercio
diferentes, la escritura debe registrarse en las dos cámaras, con fechas necesariamente
no coincidentes. ¿Desde cuál de estas dos comienza la reforma
a poder oponerse a la sociedad y a extraños?
2.3 La sociedad de hecho
Definen los artículos 498 y 499 del Código de Comercio que: «La sociedad
comercial será de hecho cuando no se constituya por escritura pública. Su
existencia podrá demostrarse por cualquiera de los medios probatorios reconocidos
en la ley». Y que:
La sociedad de hecho no es persona jurídica. Por consiguiente, los
derechos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan
para la empresa social, se entenderán adquiridos o contraídas a
favor o a cargo de todos los socios de hecho. Las estipulaciones
acordadas por los asociados producirán efectos entre ellos.
La sociedad de hecho es un contrato consensual.
Esa modalidad de sociedad de hecho, derivada de la falta de formalidad
de la escritura pública, tiene que estar haciendo relación a la omisión de la
escritura pública de sociedad comercial regular. Cuando se pretende constituir
una sociedad regular anónima o limitada o comanditaria, sin elevarla
a escritura pública 10 , las partes están celebrando el contrato de sociedad de
hecho; lo que no es obstáculo para que también todas las cláusulas de la
sociedad de hecho consten en escritura pública de formalización de tal contrato,
o aun en documento privado auténtico. Ha despertado inquietud en
algunas cámaras de comercio cuando se presenta a registro mercantil una
escritura pública en la cual se determinan los elementos de la sociedad de
hecho formalizados mediante tal instrumento. Es que puede hablarse de
dos tipos de este contrato: el que por falta de requisitos intentó o pretendió
ser una sociedad regular, o el que con sobra de requisitos busca regular una
forma asociativa legítima 11 .
La sociedad de hecho del Código de Comercio supone la existencia de
un establecimiento de comercio susceptible de ser registrado; tal establecimiento
debe ser certificado por la respectiva cámara de comercio. Pero
la sociedad de hecho como tal, que no constituye una persona jurídica independiente
de los asociados, no debe tener matrícula independiente en
el registro público mercantil, sino que debe hacer referencia al vínculo que
ata a los socios comerciantes, que sí deben estar inscritos. Como la sociedad
10 Debe tenerse en cuenta aquí lo dicho sobre la no necesidad de elevar a escritura
pública todos los documentos de constitución de las nuevas sociedades, cuando
las mismas sean S. A. S. o sociedades constituidas bajo los lineamientos de la Ley
1014 de 2006.
11 Hay una delgada línea que divide cualquier contrato de prestación definido con
una sociedad de hecho o un contrato de asociación. Si logra demostrarse judicialmente
que el contrato rebasó las prestaciones inicialmente convenidas para migrar
a ser uno de colaboración recíproca, podría alegarse allí la existencia de un
contrato de colaboración empresarial o, inclusive, uno de sociedad de hecho. Esto
fue lo que se plasmó en el laudo arbitral (proferido por el Centro de Arbitraje de
la Cámara de Comercio de Bogotá en el año 2006) que puso fin a las diferencias
entre Lispy S. A. y El Retiro Centro Comercial S. A., y donde se estableció que «una
primera circunstancia es la relación que las partes tuvieron desde las primeras manifestaciones
de interés por lo que sería el Centro Comercial El Retiro, y luego a lo
largo del contrato de promesa, que por lo expuesto párrafos atrás se aproximaron
a las propias de una sociedad o de un contrato de colaboración empresarial, como
el moderno joint venture, o el convenio asociativo. Esta relación especial, que se
manifestó en la designación del interventor del proyecto, en la atención de las
necesidades de Lispy para diseñar sus espacios, en la publicidad compartida, entre
otras actuaciones, contrasta con la forma sorpresiva y terminante de presentar las
modificaciones del proyecto, que por lo sustanciales que le resultaban a Lispy era
esperable, y comprensible, su rechazo inicial».

376 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 377
de hecho, por sí misma, no es materia registrable, «su existencia podrá demostrarse
por cualquiera de los medios probatorios reconocidos en la ley».
En materia fiscal, es contribuyente independiente (Arts. 13 y 14, Estatuto
Tributario.), sujeto activo y pasivo de las obligaciones sustanciales y formales,
a través de sus socios (responsables principales solidarios).
2.4 La participación
En los artículos 507 a 514 del Código de Comercio se regula el contrato de
cuentas en participación, una modalidad de colaboración que no genera la
formación de una persona jurídica autónoma e independiente. Se trata de la
asociación entre comerciantes 12 , unos ocultos y otros aparentes, a los cuales
se aplica por remisión la normatividad de las sociedades en comandita simple
(artículo 514, C. Co.). La participación no es contribuyente independiente,
como sí lo es la sociedad de hecho, y constituye una gestión aparentemente
individual y aislada de negocios conjuntos; una forma de legalización mercantil
del testaferrato, de manera similar a lo que ocurre en el mandato sin
representación. Como el partícipe activo o gestor gerencia el negocio como si
fuera propio, deberá ser este quien aparecerá inscrito como comerciante en
el Registro Mercantil, manteniendo oculta la intervención clandestina –pero
legítima– del partícipe inactivo o asociado inversionista. Es frecuente en los
12 A pesar de la meridiana claridad existente en el artículo 507 del Código de Comercio,
el Consejo de Estado ha revaluado la postura según la cual a través del contrato
de cuentas en participación solo podrán realizarse operaciones mercantiles. Así
pues, en Sentencia del 1 de abril de 2004 (Consejo de Estado. Sección Cuarta. Actor:
Parra, Rodríguez y Cavelier Ltda.), el Consejo de Estado estableció que en materia
contractual existía plena libertad para que las partes fijaran las condiciones de
sus negocios, y que hasta tanto estos no fueran declarados nulos, se presumía su
legalidad. Por lo tanto, desestimó las alegaciones de la DIAN en el sentido de que
no podía realmente darse un contrato de cuentas en participación cuando la actividad
realizada a través de esta figura fuera la prestación de servicios liberales (entendidos
como tales los servicios profesionales de abogado), toda vez que estos,
según lo establecido en el numeral 5 del artículo 23 del Código de Comercio, no son
considerados como actividades mercantiles (texto tomado del artículo denominado
«El contrato de cuentas en participación; perspectivas comerciales, tributarias
y contables», escrito por Juan Esteban Sanín Gómez, y publicado por el Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, Revista No. 64, pp. 289-325).
negocios de agricultura y de construcción, y en la actividad ganadera. Como
forma asociativa, no está sometida a registro, y solo produce efectos internos
entre los partícipes para efecto de regular las responsabilidades, los deberes
y derechos, y la distribución en los beneficios y en las pérdidas.
En el momento en que se revele al Registro Mercantil la existencia de la
participación, y la vinculación efectiva de partícipes no activos en las operaciones,
el partícipe inactivo responderá solidariamente por las obligaciones
asumidas, de igual manera como responde el socio en la sociedad de hecho.
El Consejo de Estado ha dado a la participación una especial trascendencia
tributaria, como se expresa en los siguientes apartes del fallo
13724/04 (ponente: María Inés Ortiz Barbosa):
No se contempla en la legislación tratamiento tributario especial
en materia de impuesto sobre la renta para los contratos de cuentas
en participación, y por ello no corresponde a la administración
acudir al establecido para determinadas sociedades, símil desafortunado,
pues en primer lugar el contrato de cuentas en participación
no constituye una persona jurídica y por tanto carece
de nombre, patrimonio social y domicilio, como expresamente lo
establece el artículo 509 del Código de Comercio, mientras toda
sociedad tiene esos atributos. De otra, se atenta contra la seguridad
jurídica que debe imperar en el campo tributario, pues el contribuyente
debe contar con unas reglas claras y precisas previamente
establecidas por el legislador, y por tanto su conducta debe
ser evaluada en relación con el cumplimiento o el incumplimiento
de esas disposiciones y no puede estar sometida a criterios de la
administración que carecen de soporte legal […].
Para el impuesto a las ventas le corresponde al gestor como
recaudador de ese tributo reportar la totalidad de los ingresos correspondientes
a la ejecución del contrato y expedir las facturas
respectivas por los servicios que se prestan, pues están gravados
con ese tributo.
Pero frente al impuesto sobre la renta la situación es
diferente:
La legislación tributaria no le ha asignado al contrato de
cuentas en participación la calidad de contribuyente del impuesto

378 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 379
sobre la renta, ni al gestor la obligación de tributar por la totalidad
de los ingresos percibidos por la ejecución del contrato, por lo
que debe entenderse que cada uno de los partícipes del contrato,
tanto el gestor como los ocultos, son contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios por los ingresos propios que
cada cual recibió.
En efecto, el artículo 26 del Estatuto Tributario, al indicar el
procedimiento para determinar la renta líquida gravable, toma
como base la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios
realizados en el año o período gravable, «que sean susceptibles
de producir un incremento neto del patrimonio en el momento
de su percepción».
La totalidad de los ingresos percibidos en los mencionados
contratos de cuentas en participación le producen a la sociedad
actora, al obrar como gestor, incremento patrimonial solo en la
cuota que le correspondió. El excedente constituye incremento
para cada partícipe en la parte que se le asignó en la distribución,
de conformidad con el acuerdo de voluntades.
A lo anterior se agrega que, dado que cada partícipe es sujeto
pasivo del impuesto sobre la renta, y por consiguiente debe pagar
el tributo por los ingresos generados en el contrato de cuentas
en participación, y si además a la sociedad actora en su calidad
de gestora se le obliga a pagar el impuesto por la totalidad de los
ingresos recibidos por el mismo contrato, se está ante un caso de
doble tributación por un mismo hecho, lo que está proscrito en
nuestra legislación.
2.5 Los administradores y el revisor fiscal
La representación legal y la administración en las sociedades de responsabilidad
limitada están a cargo de todos y cada uno de los socios. La Junta
de Socios podrá delegar todas o algunas de las funciones derivadas de la
representación y de la administración en un funcionario denominado «gerente».
Las cámaras de comercio, por lo tanto, deberían dejar constancia (en
los certificados de existencia y representación legal de las compañías de
responsabilidad limitada) de los nombres de todos y cada uno de los socios,
en su calidad de representantes y administradores; y del nombre de quien
haya sido designado delegatario de algunas de las funciones (con expresión
precisa de las mismas), para que tales designaciones sean oponibles a terceros.
En contra de lo que ocurre en la sociedad colectiva y en las sociedades en
comandita, la delegación de atribuciones en las compañías de responsabilidad
limitada no conlleva inhibición por los delegantes, razón por la cual la
representación múltiple en las limitadas es ejercida por todos los socios, en
adición a la vocería que pueda llevar el gerente en los asuntos específicos y
precisos que le sean conferidos (artículos 310, 326 y 358-5, C. Co.).
Salvo estipulación estatutaria en contrario, el gerente (y por lo menos
un suplente) de la sociedad anónima es designado por la Junta Directiva. Los
miembros de la Junta Directiva son designados por la Asamblea General de
Accionistas, según el sistema del cociente electoral 13 .
En las sociedades en comandita simple y por acciones, la representación
y la administración emanan de la calidad que la ley asigna al socio
gestor, sin provenir de una designación específica, sino derivada de la naturaleza
propia y de las funciones atinentes a la gestoría. El gestor puede
delegar atribuciones, lo que conlleva su inhibición para actuar como gestor,
quedando el delegatario como el único representante y administrador de la
sociedad; mientras tal delegación esté vigente y no sea cancelada mediante
escritura pública inscrita en el Registro Mercantil (artículos 310 y 326, C. Co.).
Los administradores (representantes legales, miembros de juntas directivas
y delegatarios) son libremente removibles, siendo ineficaz cualquier
cláusula estatutaria que establezca restricciones a la libre remoción 14 , o ma-
13 En las S. A. S., la estructura orgánica de la sociedad puede ser determinada libremente.
Así mismo, tales sociedades no están obligadas a tener junta directiva. En
caso de tenerla, «esta podrá integrarse con uno o varios miembros respecto de
los cuales podrán establecerse suplencias. Los directores podrán ser designados
mediante cociente electoral, votación mayoritaria o por cualquier otro método
previsto en los estatutos. Las normas sobre su funcionamiento se determinarán
libremente en los estatutos […]».
14 La Ley 1258 de 2008 estableció un espectro amplio para definir estatutariamente
las funciones y demás aspectos relacionados con el representante legal. Así pues, a
la luz del artículo 26 de dicha ley, se ha desarrollado, en las S. A. S., la figura del representante
legal vitalicio e inamovible, con la que se remplazó la figura del gestor de
las sociedades en comandita en las estructuras societarias encaminadas a planear

380 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 381
yorías diferentes a las ordinarias para proceder a una nueva designación (artículo
198, C. Co.). La remoción en sí misma es un acto registrable. El cambio
de la designación de los administradores se revela ante terceros mediante
la inscripción en el Registro Mercantil del nombre de quien ha de sustituir al
removido (artículos 28-9 y 164, C. Co.).
El revisor fiscal es de libre nombramiento y remoción por parte de la
Asamblea de Accionistas en las sociedades por acciones; y del órgano de dirección
en las sociedades en las cuales sea obligatorio, de acuerdo con la Ley
43 de 1990. El revisor fiscal designado continuará en el ejercicio del cargo
hasta tanto se produzca el registro de su reemplazo (artículo 164, C. Co.).
La posición categórica asumida por el Código (en el sentido de que los
administradores y revisores continúan en ejercicio de todos los derechos, y
asumiendo la totalidad de las obligaciones, hasta tanto se produzca el registro
de quien ha de sustituirlos) ha sido drásticamente restringida por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-621 de 2003, ponente: Marco Gerardo
Monroy Cabra. Algunos apartes de la misma son los siguientes:
Es preciso examinar la fórmula ideada por el legislador para alcanzar
las finalidades señaladas, fórmula que consiste en disponer la
indefinida permanencia de los representantes legales y revisores
fiscales de la sociedad inscritos en el Registro Mercantil, hasta que
se inscriba un nuevo nombramiento. Esta fórmula legal no precisa
límites temporales o materiales a la responsabilidad que los representantes
o revisores tienen que asumir, mientras no se registre
un nuevo nombramiento.
La representación legal de la sociedad puede ser deferida por
medio de diversos mecanismos jurídicos. Puede ejercerse en virtud
de un contrato de trabajo, de un contrato de prestación de servicios,
de un contrato de mandato, o por cláusula del mismo contrato
social. Puede recaer en una persona natural o en una jurídica.
La elección y remoción del representante legal y del revisor fiscal
y estructurar patrimonios de familia. Esto, con la clara ventaja, en las S. A. S., de
que los representantes legales vitalicios no son solidariamente responsables con la
compañía por cualquier obligación que esta pueda llegar a tener mientras que, a la
luz de lo establecido en el artículo 323 del C. de Co., los socios gestores sí lo son.
está regulada por los artículos 198 y 199 del Código de Comercio,
que al efecto disponen que los órganos competentes para ello, por
regla general, son la asamblea o la junta de socios y que dichos
nombramientos se harán para los períodos determinados en los
estatutos, sin perjuicio de que sean revocados libremente en cualquier
tiempo. Agrega la disposición, que «se tendrán por no escritas
las cláusulas del contrato que tienden a establecer la inamovilidad
de los administradores elegidos por la asamblea general,
junta de socios o por juntas directivas, o que exijan para la remoción
mayorías especiales distintas de las comunes. La inamovilidad
a que hace referencia esta norma debe ser entendida no solo
en el sentido de que tales funcionarios pueden ser removidos en
cualquier tiempo, sino también que ellos pueden, en las mismas
condiciones, renunciar al ejercicio del cargo. Así, con independencia
de los efectos que tal remoción o renuncia anticipada pueda
tener frente al título jurídico en virtud del cual se ejerce el cargo,
lo cierto es que no es posible convenir la inamovilidad, ni siquiera
por un término señalado. Sin embargo, como arriba quedó dicho,
en virtud de lo dispuesto por las normas acusadas, la sola renuncia
o remoción, así se inscriba en el Registro Mercantil, no produce los
efectos de desvincular a quien aparece inscrito de la responsabilidad
que le cabe como representante legal o revisor fiscal, pues
este efecto solo se produce mientras no se cancele su inscripción
mediante el registro de un nuevo nombramiento.
A juicio de la Corte, si bien las normas demandadas pretenden
garantizar importantes intereses constitucionales, lo hacen
estableciendo una limitación a ciertos derechos fundamentales:
a la libertad de ejercer o no ejercer un cargo, libertad que es una
manifestación concreta del derecho al libre desarrollo de la personalidad
y de la libertad de escoger profesión u oficio; y al derecho a
actualizar los datos personales contenidos en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas, derecho que forma parte
del derecho constitucional de habeas data [sic]. Ahora bien, el establecimiento
de límites a las libertades individuales no resulta per
se contrario a la Carta, pues estas no son absolutas y admiten restricciones
en aras del interés colectivo. No obstante, es necesario

382 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 383
estudiar si en el presente caso la limitación resulta proporcionada
y razonable, pues ciertas restricciones a las libertades fundamentales
pueden ser de tal naturaleza que acaben por desconocer el
núcleo esencial del derecho constitucionalmente protegido.
Las normas acusadas, si bien no imponen directamente el
asumir indefinidamente en el tiempo las obligaciones y responsabilidades
inherentes a los cargos de representante legal y revisor
fiscal, y el aparecer ante el público como tales, sí permiten
o toleran esta situación, pues al prescribir la permanencia indefinida
del representante o revisor en las responsabilidades del cargo,
no señalando, de otro lado, un plazo dentro del cual el órgano
social encargado de proveer el reemplazo deba hacerlo y asentar
el registro respectivo, ni estableciendo límites materiales a la responsabilidad
de los representantes y revisores durante este lapso,
toleran que se obligue a desempeñar la función y a asumir ilimitadamente
las responsabilidades inherentes a ella. Recuérdese
además que, según se vio, la renuncia, destitución o cualquier otra
causa de terminación del cargo, aún registradas, no desvinculan
al representante o revisor de la responsabilidad frente a terceros
mientras no se registre un nuevo nombramiento, e incluso en ocasiones
dicha renuncia o desvinculación no podrá ser oponible a los
socios, como sucede en el caso de las sociedades anónimas».
[…] La Corte concluye que las normas demandadas no pueden
ser consideradas constitucionales, sino bajo el entendido de
que la responsabilidad que endilgan a los representantes legales
y revisores fiscales salientes de sus cargos, mientras se registra un
nuevo nombramiento, no puede carecer de límites temporales y
materiales. Dichos límites temporales y materiales implican que: (i)
Se reconozca que existe un derecho a que se cancele la inscripción
del nombramiento del representante legal o del revisor fiscal en todas
las oportunidades en que por cualquier circunstancia cesan en el
ejercicio de sus funciones. Este derecho acarrea la obligación correlativa
de los órganos sociales competentes en cada caso, de proveer
el reemplazo y registrar el nuevo nombramiento. (ii) Para el nombramiento
del reemplazo y el registro del nuevo nombramiento se
deben observar, en primer lugar, las previsiones contenidas en los
estatutos sociales. (iii) Si los estatutos sociales no prevén expresamente
un término dentro del cual debe proveerse el reemplazo
del representante legal o del revisor fiscal saliente, los órganos sociales
encargados de hacer el nombramiento deberán producirlo
dentro del plazo de treinta días, contados a partir del momento
de la renuncia, remoción, incapacidad, muerte, finalización del
término estipulado, o cualquier otra circunstancia que ponga fin
al ejercicio del cargo. Durante este lapso la persona que lo viene
desempeñando continuará ejerciéndolo con la plenitud de las responsabilidades
y derechos inherentes a él. A esta conclusión arriba
la Corte, aplicando por analogía las normas que regulan la terminación
del contrato de trabajo a término indefinido, contenidas en
el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el
artículo 5 del Decreto-Ley 2351 de 1956. (iv) Pasado el término anterior
sin que el órgano social competente haya procedido a nombrar
y registrar el nombramiento de un nuevo representante legal
o revisor fiscal, termina la responsabilidad legal del que cesa en el
ejercicio de esas funciones, incluida la responsabilidad penal. No
obstante, para efectos de la cesación de la responsabilidad a que se
acaba de hacer referencia, el representante legal o el revisor fiscal
saliente debe dar aviso a la cámara de comercio respectiva, a fin de
que esa información se incorpore en el certificado de existencia y
representación legal correspondiente a la sociedad. (v) Si vencido
el término de treinta días, y mediando la comunicación del interesado
a la cámara de comercio sobre la causa de su retiro, no se
produce y registra el nuevo nombramiento de quien reemplazará
al representante legal o al revisor fiscal saliente, este seguirá figurando
en el Registro Mercantil en calidad de tal, pero únicamente
para efectos procesales, judiciales o administrativos, sin perjuicio
de las acciones que pueda interponer en contra de la sociedad por
los perjuicios que esta situación pueda irrogarle. (vi) No obstante
todo lo anterior, la falta de publicidad de la causa que da origen
a la terminación de la representación legal o de la revisoría fiscal,
hace inoponible el acto o hecho frente a terceros, ante quienes el
representante legal o revisor fiscal que figure registrado como tal
continuará respondiendo para todos los efectos legales.

384 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 385
El principio contenido en la sentencia mencionada, de que no puede
atarse a una persona en contra de su voluntad de manera indefinida a una
posición específica de la cual se derivan obligaciones y responsabilidades,
puede perfectamente hacerse extensivo, no solo a los representantes legales
y revisores fiscales, sino también a los demás administradores, tales como a
los liquidadores, los factores, y los miembros de Juntas Directivas, ya que la situación
de estos es la misma que la contemplada por la Corte Constitucional.
En este orden de ideas, una vez pasen treinta días desde que el interesado
comunicó su retiro a la cámara de comercio respectiva, haya sido aceptada
o no su desvinculación por el nominador, la Cámara solo mantendrá vigente
el registro «para efectos procesales, judiciales o administrativos», quedando
aquel relevado de las demás obligaciones. El fallo de la Corte crea muchas perplejidades
e indefiniciones prácticas, que comienzan al preguntarse sobre el
verdadero significado y el alcance pragmático de limitar las consecuencias de
mantener el registro del nombre vinculado al cargo solo para «efectos» procesales,
judiciales y administrativos, quedando los terceros sumergidos en una
situación de clara incertidumbre y de inseguridad jurídica.
En sentencia posterior (T-849571 de 2004, ponente: Alfredo Beltrán Sierra),
la Corte Constitucional ratificó su posición, avanzando aún más en la protección
de quien renuncia, pues ordena a la cámara de comercio la cancelación del
registro del nombramiento. Se trata de un revisor fiscal que infructuosamente
busca que se convoque la Asamblea de Accionistas para que el órgano de dirección
social conozca de su renuncia y le designe reemplazo. El actor solicitó:
[…] la protección rápida y eficaz, ya que considera que al no poder
renunciar y desvincularse del cargo de revisor fiscal de la sociedad
demandada se vulneran ostensiblemente los derechos fundamentales
al libre desarrollo de la personalidad, libertad de escoger
profesión u oficio y trabajo, pues permanece en el ejercicio de
un cargo que no quiere. [Recuerda el juez superior de tutela que]
debe tenerse en cuenta que si bien el estatuto mercantil en el artículo
164, señala que las personas inscritas en la cámara de comercio
del domicilio social como representantes de una sociedad, así
como sus revisores fiscales, conservarán el carácter para todos los
efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante
el registro de un nuevo nombramiento o elección.
Tal precepto fue objeto de revisión constitucional, y la Corte
Constitucional, mediante Sentencia C-621 de 2003 del magistrado ponente
doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, lo declaró exequible, determinando el
procedimiento que ha de adelantar el demandante para lograr la liberación
del cargo como revisor fiscal. Teniendo a su disposición el petente los instrumentos
y mecanismos, además de no hallarse en un estado de sumisión e
indefensión frente a los accionistas y la sociedad, la acción de tutela promovida
resulta improcedente.
En esta oportunidad, reitera la Corte Constitucional que:
[…] el artículo 25 de la Carta establece que el trabajo es un derecho
y una obligación social, y goza de especial protección por parte
del Estado; y además toda persona tiene derecho a un trabajo
en condiciones dignas y justas. Por ello, encuentra la Corte que
al actor se le afecta de manera grave este derecho fundamental,
comoquiera que la conducta asumida por la empresa empleadora
pretende mantenerlo vinculado de manera indefinida contra su
voluntad, lo que implica que la labor no será realizada ni en condiciones
dignas, ni en condiciones justas, pues, como salta a la vista,
la propia dignidad del trabajador impone el respecto a su decisión
de ponerle fin a la relación laboral y de desempeñar su trabajo a
satisfacción. La conducta presentada por los socios, de no acudir a
las reiteradas convocatorias efectuadas por el revisor fiscal para
aquellas reuniones en las cuales ha de debatirse el tema relacionado
con la renuncia o separación del cargo, lesiona su derecho
al trabajo, ya que permanecer en el ejercicio de un cargo que no
quiere, además de lesionar el derecho a la libre determinación,
impide que pueda acceder a otros cargos, tal como lo establece el
artículo 205, numeral tercero, del Código de Comercio. Por lo tanto,
al revisor fiscal le asiste el derecho no solo de desatenderse de sus
obligaciones derivadas de la cesación en sus funciones, sino que
igualmente le asiste el derecho para que a partir de allí las actuaciones
de la compañía no lo vinculen, máxime cuando nadie está
compelido al cumplimiento de obligaciones que tengan el carácter
de perennes (…). La renuncia al cargo por parte del revisor fiscal no
resulta por sí sola suficiente, sino que se requiere necesariamente

386 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 387
que lo libere de la responsabilidad derivada del ejercicio del cargo.
Como lo dispone el Código de Comercio en los artículos 163 y 164,
el revisor fiscal queda separado y liberado de responsabilidad con
la inscripción en el Registro Mercantil de copia del acta del respectivo
órgano, en la cual se aceptó la renuncia, evento este en el
cual el registro mercantil tiene carácter constitutivo, tal como lo
ha reconocido la jurisprudencia y la doctrina nacional.
Para concluir que:
[…] habrá de concederse la protección impetrada, porque el revisor
fiscal está en todo su derecho de retirarse de la compañía, y de
procurar un mejor desarrollo profesional, pues no tendría sentido
vincularlo a una sociedad con los consecuentes efectos que puede
tener en materia de restricciones, en particular respecto al número
de las compañías en que puede desempeñar el cargo. Tal como
lo manifiesta y se desprende del estudio de las pruebas aportadas
por el demandante, se presenta una desatención grosera de los
deberes del representante legal y la junta de socios para asistir a
la asamblea extraordinaria, después de haber agotado el procedimiento
que le corresponde como revisor fiscal, insistiendo dos
veces en las convocatorias al máximo órgano social y después de
haber informado tanto a la Superintendencia de Sociedades, a la
cámara de comercio y a la DIAN de la situación presentada, a fin
de que se adoptara la decisión respectiva de desvincularlo de su
cargo, no encontró pronunciamiento alguno ni solución efectiva a
la vulneración de su derecho fundamental al trabajo.
En la parte resolutiva se dispone que:
Si pasados 30 días a partir de la notificación de esta providencia,
no le ha sido aceptada la renuncia como revisor fiscal, ya sea por
decisión de la asamblea general de la empresa [...], o mediante la
intervención de la Superintendencia de Sociedades conforme a
la ley, el ciudadano [...] podrá hacer dejación del cargo de revisor
fiscal de esa sociedad, en virtud de lo resuelto en esta sentencia,
de lo cual informará tanto a la Cámara de Comercio de Bogotá
como a la Superintendencia de Sociedades. Para los efectos legales,
en la Cámara de Comercio de Bogotá se realizará la anotación
correspondiente.
Se había considerado generalizada, y se había adoptado de manera pacífica,
la posición de que los nombramientos no registrados eran inoponibles
a terceros. Esta posición sufre una fisura muy significativa con el fallo
de la sección Cuarta del Consejo de Estado (Sentencia n.° 0322/01-11137, ponente:
Juan Ángel Palacio) en un proceso en el cual la DIAN consideró que,
frente a la entidad pública, la designación de un revisor fiscal cuyo nombre
no aparecía en el registro público mercantil no producía ningún efecto y
que, por lo tanto, una declaración fiscal firmada por esa persona podría considerarse
como no presentada, sobre la base de que la firma no correspondía
a la del revisor fiscal inscrito. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca
coincidió con la posición de la DIAN, en concordancia (hasta ese momento)
con la jurisprudencia del Consejo de Estado; pero el Consejo la revocó, con
consideraciones como las siguientes:
[El Tribunal Administrativo de Cundinamarca] acogió las consideraciones
expuestas por el Tribunal en la sentencia del 22 de julio
de 1999, pronunciada en un proceso entre las mismas partes, con
los mismos aspectos fácticos y jurídicos al presente, las cuales
transcribió y en las que se concluía que la aludida inscripción no es
una mera formalidad, pues mientras ella no se efectúe continúa
en sus funciones el revisor fiscal que ha sido reemplazado, por lo
tanto la declaración suscrita por el revisor fiscal no inscrito en el
Registro Mercantil, debe tenerse como no presentada.
De conformidad con el artículo 163 del Código de Comercio,
la designación o revocación de los administradores o revisores
fiscales está sujeta «a simple» registro en la cámara de comercio,
del cual surge la obligación de que su nombramiento o remoción
debe inscribirse en el Registro Mercantil, igualmente el artículo
164, ibídem, prevé que «Las personas inscritas en la cámara de comercio
del domicilio social como representantes de una sociedad,
así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos

388 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 389
los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante
el registro de un nuevo nombramiento o elección».
Sin embargo, la Sala en esta oportunidad recoge la anterior
jurisprudencia y sienta su nueva posición por no compartir el anterior
criterio de la Sección [...].
Estima la Sala, que «la designación del revisor fiscal tiene en el
Código de Comercio una formalidad adicional (registro en la cámara
de comercio), pero su omisión no afecta o supedita la existencia y validez
del acto de nombramiento, pues una vez elegido el revisor fiscal
él debe iniciar el cumplimiento de sus funciones y asumir las obligaciones
y responsabilidades propias de su cargo, por ello se dice que el
registro mercantil es un acto declarativo, mas no constitutivo».
De otra parte, la falta de registro hace que el acto sujeto a inscripción
no sea oponible a terceros (artículo 901 del Código de Comercio),
sin embargo ha dicho la Sala (sentencias del 18 de septiembre de
1993, expediente n.° 8985, y del 4 de diciembre de 1998, expediente
n.° 9143, consejero ponente: Dr. Daniel Manrique Guzmán) que en
materia tributaria existe una relación jurídica entre los contribuyentes
y la Administración, de suerte que ambas son partes en la misma,
y no puede considerarse a la Administración como un tercero, al señalar
que «la Sala no considera que en la relación jurídico impositiva
la Administración tributaria tenga el carácter de “tercero”». Sin desconocer
la particular importancia que se atribuye a la declaración en
cumplimiento de la obligación tributaria, es preciso resaltar que esta
tiene origen exclusivo en la ley. Por consiguiente, no es propiamente
la declaración tributaria el hecho o acto generador de la obligación
tributaria, sino que lo es la causación del tributo a cargo del sujeto
pasivo, por realizarse respecto de este sus supuestos de hecho previstos
en la ley como generadores de dicho tributo. Cualquiera que
sea, pues, la circunstancia que dé origen a la relación impositiva, desde
el preciso instante del nacimiento de esta, esto es, desde cuando
se realizan los presupuestos de la ley como generadores del tributo,
la Administración adquiere y conservará siempre en lo sucesivo la
condición de parte [sic] como sujeto activo, así el contribuyente o
responsable o el agente retenedor como sujetos pasivos, no presenten
declaración alguna.
Por todo lo anterior, considera en esta oportunidad la Sala
que no procede aludir como omisión de la firma del revisor fiscal,
la razón de que su nombramiento no ha sido inscrito en el Registro
Mercantil, toda vez que sería darle al registro un alcance superior
del que realmente tiene y sancionar por un hecho previsto en el
literal d) del artículo 580 del Estatuto Tributario.
En este orden de ideas y siendo obligatoria la firma del revisor
fiscal en la declaración de ingresos y patrimonio, como lo
dispone el artículo 599 del Estatuto Tributario, para el presente
caso está demostrado que la persona que suscribió en calidad de
revisor fiscal las declaraciones de ingresos y patrimonios que la
actora presentó por los años gravables de 1994 y 1995, fue nombrada
por ella y para la fecha de la presentación de los mencionados
denuncios ejercía dicha función, en consecuencia no era dable
imponer la sanción por incumplimiento en la presentación de la
declaración de ingresos y patrimonio, prevista en el artículo 645
del Estatuto Tributario al no darse el supuesto de hecho contenido
en el literal d) del artículo 580, ibídem.
Desde este fallo, adoptado por unanimidad, y que conlleva un cambio
o viraje total en la jurisprudencia reiterada hasta el año 2001, la DIAN
tendrá que investigar en los archivos empresariales del contribuyente todo
lo relacionado con los nombramientos, para constatar si quienes aducen
la calidad de representantes legales o de revisores fiscales han sido designados
como tales, aun cuando no se haya producido el registro, pues la
justicia colombiana ha extendido a la DIAN la oponibilidad de esos nombramientos
secretos y clandestinos, en su calidad de «parte» relativa o de
tercero «cercano».
2.6 La delegación y la cancelación
En las sociedades en comandita, el gestor, como decisión personal suya y no
como un acto societario, puede delegar las atribuciones de administración y
de representación que le corresponden por el solo hecho de ser socio gestor.
En el artículo 326 del Código de Comercio se remite a la sociedad colectiva,

390 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 391
en la cual (artículo 310, C. Co.) se dispone que, una vez delegada la administración,
por parte de los socios, en favor de consocios o de terceros, «los
delegantes quedarán inhibidos para la gestión de los negocios sociales». La
delegación «deberá otorgarse con las formalidades propias de las reformas
estatutarias» (artículo 313, C. Co.), siendo «inoponibles a terceros la revocación,
el cambio de delegado y las limitaciones de sus facultades, mientras no
se llenen dichas formalidades». La reasunción de las atribuciones por parte
del delegante, y el cambio de los delegados, al regirse por el artículo 310
del Código de Comercio, deberán hacerse por escritura pública inscrita en el
Registro Mercantil. Por lo tanto, la delegación, la cancelación de la delegación,
las modificaciones en el nombre o en las atribuciones del delegatario,
por sí mismas, no son reformas estatutarias, pero se regulan por los mismos
principios de estas; de donde puede concluirse que son decisiones consensuales
que para que sean oponibles frente a terceros deberán constar en
escritura pública inscrita en el Registro Público Mercantil.
La delegación de la administración y de la representación por parte
de los colectivos en la sociedad de nombre colectivo, conlleva la inhibición
en el ejercicio de tales funciones por parte del delegante (artículo 310, C.
Co.). Por remisión expresa (artículo 326, C. Co.), la delegación de las funciones
que la ley asigna al gestor conlleva igualmente inhibición para actuar
a nombre de la sociedad y para manejar sus negocios. La delegación
es solemne y requiere de escritura pública. No ocurre así en la sociedad de
responsabilidad limitada, en la cual todos los socios representan y administran
la compañía (artículo 358 –inciso primero–, C. Co.), calidad que pueden
delegar en un funcionario denominado «gerente» (artículo 358 (5), C. Co.),
sin que se imponga, ni de manera expresa ni por remisión, la inhibición de
los asociados para continuar actuando como representantes legales y administradores.
Por lo tanto, la vocería por activa y por pasiva de la limitada
la tienen el gerente (como delegatario) y todos y cada uno de los socios (por
asignación expresa de la ley). Acá la delegación es consensual, pues no se
exige formalidad sustancial alguna, pero, para efectos probatorios, deberá
estar documentada para permitir el registro en la cámara de comercio, que
le otorgue oponibilidad.
2.7 Los nombramientos
En la sociedad anónima (artículo 442, C. Co.) «las personas cuyos nombres figuren
en el correspondiente registro mercantil como gerentes principales y
suplentes, serán los representante de la sociedad para todos los efectos legales,
mientras no se cancele su inscripción mediante el registro de un nuevo
nombramiento». El artículo 444 establece que las mismas reglas se aplican
a los administradores de las sucursales de las sociedades y a los liquidadores.
Como en la sociedad de responsabilidad limitada todos y cada uno de los
socios tienen la representación legal (artículo 358, C. Co.), sus nombres deben
aparecer, en su calidad de representantes y administradores, en el registro
público mercantil, en los certificados que expide la cámara de comercio, en
concordancia con el numeral noveno del artículo 28 del Código de Comercio.
El nombre del socio gestor, como hace parte de los estatutos sociales, y
como su cambio comporta una reforma estatutaria derivada de la cesión del
interés social, debe aparecer también en el registro mercantil y en el certificado
de existencia y representación que sea expedido.
Los derechos y las obligaciones de las personas designadas permanecerán
hasta tanto se produzca el registro de los nombres de quienes los sustituyan.
Por lo tanto, no obstante renuncia o remoción, el designado seguirá
atado a sus funciones, mientras no se tengan diligencia e interés en la nueva
designación y en el registro de su sustituto. En lo pertinente, se aplica acá lo
expresado bajo el título «Los administradores y el revisor fiscal».
Las renuncias no son objeto de registro 15 . La remoción sí, tal como se
desprende del numeral 9 del artículo 28; pero el registro y la revelación de la
remoción no libera de la calidad que frente a la sociedad ostenta el removido.
2.8 La renuncia
No existe norma positiva que exija que la renuncia de los funcionarios cuya
designación es materia de inscripción en el registro público mercantil deba
15 Sin embargo, a raíz de la Sentencia C-621 de 2003, emitida por la Corte Constitucional
y a la que se hizo alusión previamente, las cámaras de comercio vienen registrando
las mismas e incluyendo las respectivas anotaciones en el Certificado de Existencia
y Representación Legal de la sociedad.

392 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 393
ser registrada. De hecho, el numeral noveno del artículo 28 del Código de
Comercio ordena que se inscriba la «remoción» de representantes legales
y de liquidadores, pero ninguna referencia se hace a su retiro voluntario. En
el proyecto de lo que terminó siendo la Ley 222 de 1995, la Superintendencia
de Sociedades (originadora del proyecto de ley) regulaba en cierto detalle la
inscripción de la renuncia de los administradores y de los revisores fiscales,
de lo cual nada quedó en el texto de la ley aprobada por el Congreso. Sin
embargo, desarrollos jurisprudenciales mencionados en este mismo trabajo
(ver «Los administradores y el revisor fiscal») han impuesto a las cámaras de
comercio la obligación de inscribir la renuncia con alcances limitados y confusos.
Así las cosas, la decisión unilateral de un administrador o revisor fiscal
de hacer dejación de su cargo, comunicada al órgano nominador, podrá ser
inscrita en el registro público mercantil, sin que de allí se derive la cancelación
del nombramiento de quien se retira, el cual seguirá apareciendo en los
certificados de la cámara de comercio para efectos de obligaciones, responsabilidades
y oponibilidad de la designación frente a terceros.
2.10 Las sucursales y agencias
La sociedad comercial puede tener uno o varios establecimientos de comercio,
de los cuales son un ejemplo relevante las sucursales y las agencias; las primeras
(artículo 263, C. Co.) son administradas por un funcionario de la compañía
que tiene capacidad de representación de la persona jurídica, mientras que las
segundas (artículo 264, C. Co.) están a cargo de un funcionario que administra
parte del patrimonio de la sociedad, pero no puede llevar la vocería corporativa
por activa y por pasiva, a excepción de los efectos laborales derivados del artículo
33 del Código Sustantivo de Trabajo. Como establecimientos de comercio,
se crean mediante decisión del órgano competente (Asamblea General de
Accionistas, Junta Directiva o Junta de Socios), que se hace público por medio
de la inscripción en el Registro Mercantil de la sede del establecimiento de la
parte pertinente del acta y del nombramiento del administrador (artículo 28
(6), C. Co.). El efecto de este registro es de oponibilidad 16 . De manera igual se
procede a la cancelación del establecimiento de comercio.
2.9 La remoción
La decisión del órgano corporativo competente de despojar de su cargo a los
administradores (representantes legales, gestores, factores y miembros de
Junta Directiva) y al revisor fiscal principal y suplente, no releva de derechos y
obligaciones al removido, hasta tanto no se produzca el registro del nombre
de quien ha de sustituirlo. Con la precisión hecha por la Corte Constitucional
sobre plazo para la designación del reemplazo, y sobre efectos del mantenimiento
del registro, debe dejarse claro que tal remoción debe aparecer en el
registro público mercantil y podrá probarse con certificado expedido por la
cámara de comercio o mediante inspección judicial practicada en el Registro
Mercantil, tal como lo disponen los artículos 28 y 30 del Código de Comercio.
La inscripción de la remoción producida por el nominador es una advertencia
a terceros más o menos inocua, y bastante confusa en sus alcances, con
fines básicamente internos, que mantiene vigentes las designaciones de los
removidos frente a la sociedad y a quienes no sean los asociados.
2.11 La cesión
Si bien la reforma estatutaria de la cual se deriva el traspaso de las cuotas
sociales es consensual, la cesión misma es solemne, tal como lo establece
para las compañías de responsabilidad limitada el artículo 366 del Código de
Comercio: «La cesión de las cuotas deberá hacerse por escritura pública, so
pena de ineficacia». Se ratifica en esta norma que la inoponibilidad se deriva
del registro, no solo frente a terceros sino frente a la compañía misma (que en
realidad es un tercero con relación al cedente y al cesionario), disponiéndose
16 A raíz de la promulgación de la Ley 1607 de 2012, se incorporó a la legislación
colombiana el concepto de establecimiento permanente, que es entendido como
«un lugar fijo de negocios ubicado en el país, a través del cual una empresa extranjera,
ya sea sociedad o cualquier otra entidad extranjera, o persona natural sin
residencia en Colombia, según el caso, realiza toda o parte de su actividad». Las
sucursales de sociedades extranjeras son tomadas como típicos ejemplos de establecimientos
permanentes. El Decreto 2620 de 2014 reguló lo relativo a la inscripción
y cancelación del RUT para las personas naturales no residentes en Colombia
y las sociedades y entidades extranjeras que realicen operaciones a través de establecimientos
permanentes diferentes a sucursales.

394 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 395
que la cesión no produce efecto alguno respecto de terceros y de la sociedad
sino a partir de la fecha en que sea inscrita en el Registro Mercantil, inscripción
que no se producirá «mientras no se acredite con certificación de
la sociedad el cumplimiento de lo previsto en los artículos 363, 364 y 365»,
referentes al ejercicio y trámite del derecho de preferencia en las cesión de
las cuotas, tal como lo ordena el artículo 367 del Código de Comercio 17 .
En la sociedad en comandita simple, la cesión de cuotas de los comanditarios
se regula, por remisión expresa del artículo 330 del Código de
Comercio, según la forma prevista por la ley para los socios de la sociedad de
responsabilidad limitada. Por lo tanto, la cesión en este tipo societario, como
acto de disposición que es solemne, pues deberá constar en escritura pública,
será inoponible frente a terceros y a la sociedad, mientras no se produzca
su inscripción en el Registro Mercantil (artículo 366, C. Co).
La práctica societaria ha generalizado la costumbre de que la cesión de
cuotas y la reforma estatutaria consecuencial, que son dos actos diferentes
e independientes, se hagan constar en una única escritura pública. Tal escritura
es innecesaria para la validez de la reforma; pero es indispensable para
solemnizar la cesión, y de su inscripción en el Registro Mercantil se derivará
la oponibilidad de ambos actos frente a terceros.
Esta posición no es compartida unánimemente, pues se ha sostenido
también que la cesión de cuotas sociales en las sociedades de responsabilidad
limitada (y, por remisión del artículo 341, C. Co., en las comanditarias
simples) es en sí misma una reforma estatutaria, y que de ella sí se deriva
tal reforma. Dispone el artículo 362 (inciso 2) que tal cesión «implicará una
reforma estatutaria». Implicar quiere decir «contener, llevar en sí, significar»
(Diccionario de la Real Academia de la Lengua). Sería entonces un solo acto el
de cesión de las cuotas y la reforma estatutaria que de ella se desprende o deriva;
actos que pueden coincidir (como es costumbre) en una misma escritura
pública, pero que pueden también obrar en escrituras separadas. Según lo anterior,
la cesión de cuotas sería una especie solemne de reforma estatutaria.
Del «interés social» del socio gestor se derivan sus derechos económicos
en la compañía (tales como el de percibir un «beneficio» patrimonial derivado
de su gerencia) y las atribuciones y deberes que emanan de la calidad
17 Esto no aplicaría para las sociedades constituidas bajo el artículo 22 de la Ley 1014
de 2006, pues la cesión de cuotas allí se efectuaría por documento privado.
de representante legal de la sociedad, y de administrador de sus bienes. Tal
interés, con sus atribuciones pecuniarias, materiales, inmateriales y de gestión,
puede ser cedido «en la forma prevista para la cesión de las partes de
interés de los socios colectivos» de las sociedades en nombre colectivo, esto
es, «como una reforma del contrato social» que «no producirá efecto alguno
respecto de terceros [...]» si no se ha elevado a escritura pública, «que se
registrará como se dispone para la escritura de constitución de la sociedad»
(artículos 329, 301 y 158, C. Co.). La cesión, como reforma del contrato y de
los estatutos, es consensual, ya que produce efectos «entre los asociados»
desde cuando se acuerde o se pacte (artículo 158, C. Co.), pero su oponibilidad
a extraños nace de un requisito calificado: de la solemnización mediante
escritura pública y su respectivo registro.
2.12 La fusión
La fusión, en las dos modalidades reguladas por el Código 18 (por creación y por
absorción, siempre totales) es una reforma estatutaria en las sociedades que
participan en el esquema de fusión, pero con un carácter calificado, ya que se
sale de la estructura consensual que regula las reformas del contrato (artículo
158, C. Co.), para tornarse en un acto solemne, que deberá constar en escritura
pública 19 para que produzca efectos frente a quienes participan en él. Sobre el
18 Establece el artículo 30 (Parágrafo) de la Ley 1258 de 2008 que los accionistas de
las sociedades absorbidas o escindidas podrán recibir dinero en efectivo, acciones,
cuotas sociales o títulos de participación en cualquier sociedad o cualquier otro
activo, como única contraprestación en los procesos de fusión o escisión que realicen
las sociedades por acciones simplificadas.
19 Cuando se trate de fusiones entre S. A. S. o entre sociedades constituidas bajo la
Ley 1014 de 2006, no será menester que el compromiso de fusión se eleve a escritura
pública, salvo que, a raíz de la misma, se transfieran inmuebles. Así mismo, la Ley
1258 de 2008 (artículo 33) introduce la figura de la fusión abreviada, mecanismo
a través del cual, cuando una sociedad detente más del 90 % de las acciones de
una sociedad por acciones simplificada, aquella podrá absorber a esta mediante
determinación adoptada por los representantes legales o por las juntas directivas
de las sociedades participantes en el proceso de fusión. En este caso, el acuerdo de
fusión podrá realizarse por documento privado inscrito en el Registro Mercantil,
salvo que dentro de los activos transferidos se encuentren bienes cuya enajenación
requiera escritura pública.

396 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 397
momento de perfeccionamiento de la fusión, se encuentran tres normas, una
de ellas inaplicable por su extravagancia. El principio general consiste en que
la fusión se perfecciona con la escritura pública que la solemniza, con base
en el inciso segundo del artículo 172 del Código de Comercio y en el inciso
primero del artículo 178. No obstante la claridad de estas dos normas, según
las cuales la escritura de fusión formaliza tal acuerdo, momento desde el cual
«la sociedad absorbente adquiere los bienes y derechos de la sociedades absorbidas
y se hace cargo de pagar el pasivo interno y externo de las mismas»
(artículo 178, C. Co.); y de que «la absorbente o la nueva compañía adquirirá
los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades disueltas al formalizarse
el acuerdo de fusión» (artículo 172, C. Co.), se halla también una norma
(artículo 175 C. Co.), según la cual «vencido el término (del aviso) indicado en
el artículo anterior […] las obligaciones de las sociedades absorbidas, con sus
correspondientes garantías, subsistirán solamente respecto de la sociedad
absorbente». La fusión se fundamenta en el acuerdo o compromiso, pero solo
queda entonces perfeccionada con la escritura. La sociedad que nace en la
fusión por creación es oponible frente a terceros con el registro de la escritura
de fusión; las reformas estatutarias que se derivan de la fusión por absorción
serán oponibles frente a terceros con el mismo registro.
Siendo esto claro, contrasta con los diferentes conceptos expedidos por
la DIAN, según los cuales la fecha que interesa para efectos tributarios (que
hacen referencia a un tercero) es la de la escritura de fusión, como se desprende,
entre otros, de los conceptos 6187/98, 43508/02 y 48785/02.
Se han presentado situaciones cuya solución no se encuentra en la simple
consagración de la inscripción como única fuente de oponibilidad. Un
buen ejemplo se halla en la fusión de sociedades cuyos domicilios pertenecen
a circunscripciones de varias cámaras de comercio. Así: si la absorbente
tiene domicilio en Medellín, y la absorbida en Bogotá, la fusión requiere de
registro en las cámaras de las dos ciudades. Necesariamente, las fechas de
inscripción registral serán diferentes, y pueden aun no coincidir en un mismo
año. ¿Cuál de las dos fechas, entonces, rige la iniciación de la oponibilidad?
¿O qué ocurre si una de las dos cámaras, con razón o sin ella, niega el registro
de la escritura que aparecerá registrada en la otra? ¿Cómo entender que una
Cámara certifique que la absorbida está vigente, mientras que simultáneamente
la otra Cámara expide certificación en que consta que la absorbida
está disuelta? ¿Priman la fecha y el certificado de la Cámara del domicilio
de la absorbente, o la fecha y el certificado de la Cámara del domicilio de la
absorbida? Algo así podría suceder también en la fusión por creación.
Las formalidades, los requisitos y los tropiezos que rodean la fusión (convocación
al órgano de dirección con diecisiete días hábiles de anticipación 20 ,
aviso sobre derecho de retiro, preparación de estados financieros cortados al
mes inmediatamente anterior), han llevado a muchas empresas a pensar en
fórmulas de reorganización y de reestructuración diferentes, más expeditas
y simples, como puede ser el aporte en especie a una sociedad instrumental;
esquemas alternativos que, si bien operativamente son más ágiles, están despojados
del blindaje tributario que se deriva del artículo 14 (1) 21 del Estatuto
Tributario, al asumirse para la fusión que, no obstante la migración de un
bloque patrimonial como un todo, para efectos fiscales se considera que no
existe enajenación, lo cual excluye la causación y generación de obligaciones
derivadas del impuesto sobre la renta, el IVA, el ICA y la retención en la fuente.
2.13 La escisión
Escindir es desagregar. El patrimonio de una sociedad se parte: conservando
la escindida una porción del mismo (si es parcial); o, si es total, remitiéndolo
todo a otras compañías que se constituyen (si es por creación) o que ya
estaban constituidas (si es por absorción), lo que genera la extinción de la
escindida o escindente que se disuelve sin liquidarse.
La escisión, que formaliza la decisión de repartir el patrimonio, conlleva
una reforma estatutaria, de la cual se desprende una disminución de capital
en la escindida que la adopte (si es parcial) o su disolución anticipada (si
es total); y, además, un incremento de capital en la beneficiaria absorbente.
Con la escisión pueden coincidir o coexistir otras decisiones diferentes que
20 Establece la Ley 1258 de 2008 que, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas
en la presente ley, las normas que regulan la transformación, fusión y escisión
de sociedades le serán aplicables a la sociedad por acciones simplificadas, así como
las disposiciones propias del derecho de retiro contenidas en la Ley 222 de 1995.
21 La Ley 1607 de 2012 derogó el artículo 14-1 del Estatuto Tributario y, a su vez, adicionó
a dicho Estatuto los artículos 319-1 al 319-9, que regulan el tratamiento tributario
para las fusiones reorganizativas, adquisitivas y entre entidades extranjeras, al
igual que la solidaridad en materia del pago de los correspondientes impuestos.

398 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 399
se le yuxtaponen; como podrían ser la de la transformación, cambio de domicilio,
incorporación o eliminación de la cláusula compromisoria, cambio
del objeto social o modificación de la vigencia del contrato. Pero estas disposiciones,
si bien son coetáneas a la escisión misma, no afectan los formalismos
de esta y tienen su propia regulación.
Como se expresó ya, las reformas estatutarias son consensuales (con
excepciones peculiares también mencionadas). La fusión (que entre otras
consecuencias comporta reforma estatutaria) es solemne, por contraste
con la regla general; la escisión va más allá en los formalismos sustanciales:
es registral o constitutiva. El artículo 9 de la Ley 222/95 dispone que
«una vez inscrita en el Registro Mercantil la escritura [...] operará, entre las
sociedades intervinientes en la escisión y frente a terceros, la transferencia
en bloque de los activos y pasivos de la sociedad escindente a las beneficiarias
[...]». Tomado literalmente del derecho societario francés (registral
en su estructura toda), se instala en el derecho colombiano una reforma
que, sin registro, carece de efectos jurídicos; sin limitarse al reducido alcance
de la inoponibilidad señalado en el derecho local para las reformas
no registradas. El tercero (incluidos, claro está, los acreedores sociales, pero
también la DIAN y las Superintendencias) está obligado a fijar un referente
cronológico para la validez de la escisión: el de la fecha de inscripción en
el Registro Mercantil de la escritura que la contiene conjuntamente con
otros documentos (los indicados en el artículo 8 de la Ley 222/95). Sin registro
no hay escisión: ni frente a terceros, ni ante la sociedad, ni entre los
asociados.
En el evento de que la escritura 22 deba ser registrada en varias cámaras
de comercio, pues las sociedades intervinientes en el esquema escisorio
tienen domicilio en municipios localizados en áreas pertenecientes a cámaras
distintas, ¿cómo deberá entenderse el alcance de la expresión «una vez
inscrita en el Registro Mercantil»?: ¿referido a la Cámara competente para
llevar el registro mercantil de la escindente, o de aquella a la que pertenecen
una o algunas de las beneficiarias?
22 O documento privado, si se trata de una S. A. S. o de una sociedad constituida bajo
los lineamientos de la Ley 1014 de 2006.
2.14 La disminución de capital
En las sociedades por acciones, el capital autorizado puede disminuirse sin llegar
a afectar el capital suscrito, mediante una reforma estatutaria que exige
las solemnidades 23 y tiene las características de oponibilidad a que se hizo referencia
en el tema de las reformas. El reembolso y la restitución de capital en
las sociedades por acciones (del suscrito y del pagado) no comportan reforma
estatutaria; se perfeccionan mediante la cancelación de acciones o la modificación
del valor nominal de las mismas y, a pesar de lo ordenado en la parte general
(artículos 147 y 162 del C. Co.), no tiene que ser elevado a escritura pública.
En las sociedades por cuotas, la disminución de capital social mediante
el reembolso o la restitución, o por absorción de pérdidas, constituye una
23 Estableció la Superintendencia de Sociedades, mediante concepto 220-63062 del
16 de diciembre, que solo cuando una operación de disminución de capital conlleve
la restitución del aporte, requerirá autorización de tal entidad, así:
«En primer término es del caso advertir que si bien el legislador en el artículo 145
del Código de Comercio no distinguió si la disminución implica o no un reembolso
de aportes, se desprende con suma claridad de las medidas impuestas para lograr
tal propósito, que la finalidad del legislador al sujetar la respectiva operación a la
autorización previa, fue la de proteger la prenda común de los acreedores y que por
lo tanto esta exigencia debe cumplirse en la medida en que tal determinación implique
un efectivo reembolso de aportes. Así pues, si la disminución del capital social
no implica un efectivo reembolso a favor de los socios, es decir, no se disminuye
el activo social como consecuencia de esta reforma, una sociedad comercial sujeta
únicamente a inspección (artículo 83 de la Ley 222 de 1995) o vigilancia (artículo 84),
no requerirá la autorización previa para tal procedimiento, ni seguir los requisitos
establecidos en el artículo 145 del ordenamiento mercantil, basta para el efecto que,
de acuerdo al tipo de sociedad, se cumplan los requisitos de quórum y mayorías
previstos en la ley o en los estatutos para adoptar reformas estatutarias».
Así mismo, el numeral 7 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995 establece que será función
de la Superintendencia de Sociedades «autorizar» la disminución de capital en
cualquier sociedad, cuando la operación implique un efectivo reembolso de aportes.
El Oficio 220-115720 del 19 de agosto de 2013, proferido por la Superintendencia de
Sociedades, define el concepto del «efectivo reembolso de aportes» y establece
que por tal debe entenderse no solo el reintegro a los socios o accionistas del capital
aportado, sino toda disminución de capital que impacte el activo de la sociedad
o cree un pasivo.
Ahora bien, tal Oficio señala igualmente que «es posible la capitalización de
acreencias, con lo cual se traslada del pasivo al capital unas cuentas que en últimas
redundará en una mejora patrimonial de la compañía porque modifica su
estructura de endeudamiento, pasando de tener un pasivo a sumar al capital».

400 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 401
reforma estatutaria que debe elevarse a escritura pública; reforma que es
consensual en sí misma, pero cuya oponibilidad depende de la inscripción
en el Registro Público Mercantil.
2.15 La prenda
Cualquier clase de bien mueble puede ser gravado con prenda (con o sin
tenencia de la cosa 24 ). El contrato de prenda se inscribirá en la Oficina de
Registro Mercantil correspondiente al lugar que, conforme al contrato, han
de permanecer los bienes pignorados, en concordancia con los artículos
1200 y 1210 del Código de Comercio; y pudiendo constar en instrumento
privado «solo producirá efectos en relación con terceros desde el día de su
inscripción» (artículo 1208, C. Co.). En concordancia con el artículo 28, numeral
décimo, del Código de Comercio, esta prenda debe ser inscrita en el
registro público mercantil. Las anteriores formalidades deben ser cumplidas
en cuanto a la pignoración de cuotas sociales, por cuanto la prenda de las
acciones se perfeccionará con su sola inscripción en el libro de registro de
accionistas, o «libro de acciones». La prenda no conferirá al acreedor prendario
los derechos inherentes a la calidad de asociado, sino en virtud de estipulación
o pacto expreso, en concordancia con el artículo 411 del Código
de Comercio, perteneciente al régimen de las sociedades anónimas; pero
aplicable por remisión a las demás sociedades (excepto a la colectiva), por
los vehículos de remisión creados por los artículos 372, 352 y 341 del Código
de Comercio. La prenda de acciones nominativas se perfeccionará mediante
el registro en el libro de acciones, según el artículo 410, C. Co. Por lo tanto,
la prenda de cuotas sociales se formalizará mediante la inscripción del respectivo
contrato de prenda en el registro público mercantil, dándose aplicación,
en lo pertinente, a las normas de remisión de la sociedad anónima a las
otras compañías aquí señaladas.
Según lo anterior, la prenda en el derecho comercial es solemne, y su
registro es elemento de oponibilidad. La prenda de acciones y de cuotas en
24 La Ley 1676 de 2013 (Ley de Garantías Mobiliarias) cambió radicalmente la concepción
tradicional que se tenía sobre las garantías reales, dentro de aquella, la
prenda era la más utilizada para bienes muebles.
el derecho societario es también solemne, pero el registro en la cámara de
comercio respectiva, o en el libro de accionistas, es constitutivo, como elemento
de «perfeccionamiento» o validez (artículo 410, C. Co.).
En principio (artículo 411, C. Co.), por la naturaleza del contrato, el derecho
real de prenda no confiere al acreedor derechos inherentes a la calidad
de accionista, como serían los derechos políticos y los económicos; por lo
tanto, el acreedor prendario no tiene derecho a percibir dividendos, ni sumas
por reembolso de capital, ni valores por remanentes en la liquidación, ni
puede votar en las asambleas. A menos que existiere «estipulación o pacto
expreso» en el documento de prenda. «El escrito o documento en que conste
el correspondiente pacto será suficiente para ejercer ante la sociedad los
derechos que se confieren al acreedor», de donde se colige que el contrato
de prenda de acciones o de cuotas sociales es solemne, ya que debe constar
por escrito, y que el derecho real de prenda se perfecciona mediante el
registro en el libro de acciones (artículo 410, C. Co.). Es válida la estipulación
de otorgar al acreedor prendario derechos políticos y económicos que, en
principio, podría reservarse el accionista deudor 25 .
2.16 El embargo
Las acciones y las cuotas sociales, como valores patrimoniales intangibles
con contenido económico que son, pueden ser sometidas a esta medida
cautelar. Las acciones pueden ser objeto de embargo, el cual se extenderá
al dividendo correspondiente, y podrá limitarse solo a este. El embargo de
las acciones se consumará mediante anotación en el «libro de acciones»,
en cumplimiento de orden del juez para que la sociedad retenga y ponga a
25 El Consejo de Estado, mediante Sentencia número 18788 del 10 de septiembre de
2014, estableció que un acreedor prendario, a quien el deudor-socio había cedido
los derechos económicos de sus cuotas de interés social, estaba facultado para
percibir –en calidad de dividendos– los ingresos que habría de recibir el socio por
la repartición de las utilidades de la mencionada compañía. En tal sentido, si el
dividendo fuere decretado como no gravado en cabeza del socio y la sociedad lo
pagare al tercer acreedor por el hecho de estar tal prenda inscrita en el libro de
registro de socios, el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional sería
percibido –como tal– por el acreedor prendario.

402 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 403
su disposición las cantidades respectivas. El embargo de las cuotas sociales
está sometido a registro mercantil, tal como lo ordena el numeral 8 del artículo
28 del Código de Comercio, ya que si la cesión de cuotas está sometida
a inscripción, así debe estarlo también el embargo de las mismas.
Sobre el tema de embargo y secuestro de acciones y cuotas sociales,
pronunciamientos recientes de la Superintendencia de Valores han establecido
claridad sobre los derechos que el embargante tiene con relación a los
bienes sometidos a la medida cautelar. En oficio de fecha 25 de marzo de
2004 (Familia S. A.), la Superintendencia dispuso, entre otras cosas, que:
El acto jurisdiccional del embargo es una medida cautelar que tiene
por objeto colocar un bien fuera del comercio, e implica el ejercicio
de un derecho real del embargante, pero en ningún evento
constituye título traslaticio de dominio.
Por tratarse de una medida cautelar sujeta al posterior fallo del
juez competente, su efecto se circunscribe a inmovilizar el bien en el
mundo del negocio jurídico, haciendo que exista objeto ilícito en la
enajenación o gravamen del bien embargado mientras esté afectado
con la medida, según lo previsto por el artículo 1521 del Código Civil.
A su vez, el secuestro es una medida cautelar a través de la
cual el juez que conoce del respectivo proceso dispone el depósito
de una cosa que se disputan dos o más individuos, en manos de
otro que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor,
según lo previsto por el artículo 2273 del Código Civil, y cuyo efecto
es la pérdida de la tenencia del bien por parte de su propietario.
El secuestro se puede denominar complementario cuando
actúa como medida adicional a la del embargo, caso en el cual
complementa y perfecciona al primero. Si el secuestro no perfecciona
y no complementa un embargo se denomina autónomo.
En atención a su naturaleza de medida cautelar, las figuras de
embargo y secuestro tienen como fin asegurar el cumplimiento
de un eventual fallo adverso al titular del bien, y no constituyen
título ni modo de transferir la propiedad.
En todo caso, el decreto y práctica de dichas medidas debe
sujetarse a las normas propias del respectivo proceso, y no puede
exceder el límite del derecho que se reclama, ni hacerse valer
fuera del ámbito del proceso en que se decretan, de forma tal que
con ocasión de ellas no se pueden afectar los derechos de su titular
más allá de los efectos propios de cada una.
Así las cosas, el decreto y práctica del embargo y secuestro
que se profiera sin sujeción a las normas propias de cada juicio, o
que exceda el límite del derecho que se pretenda proteger o los
efectos propios de cada medida, podrá ser controvertida por las
partes dentro del proceso respectivo, a través de los recursos y demás
medios de contradicción que otorgue la ley para el efecto.
En este orden de ideas, se concluye que ninguna de las dos
figuras tiene el efecto de transferir el dominio del bien sobre el
cual recaen, ni implica para su titular la pérdida de los derechos
derivados de la propiedad, razón por la cual el hecho de que las acciones
de una sociedad anónima se encuentren sujetas a embargo
y secuestro, no faculta al secuestre para ejercer en nombre del
titular los derechos que se derivan de la propiedad del título valor,
pues su función se circunscribe a tener en custodia los bienes que
se le entreguen, de conformidad con lo previsto por el artículo 683
del Código de Procedimiento Civil.
Lo anterior implica que, pese a la medida cautelar que recae
sobre las acciones, su titular o titulares siguen siendo los únicos
legitimados para ejercer los derechos que de esa condición se desprenden,
sin que el secuestre pueda pretender suplantarlos para
tal efecto, a menos que cuente con poder otorgado por los propietarios
de las acciones para tal efecto.
Desde el 19 de marzo de 2004, la misma Superintendencia absolvió la
consulta planteada, de la siguiente forma:
¿Procede la medida preventiva de «secuestro de acciones nominativas»,
aunque la misma medida cautelar era solo aplicable a
las acciones al portador que fueron abolidas (derogadas tácitamente
del Código de Comercio) por la Decisión 24 del Acuerdo de
Cartagena, que estableció que el capital de las sociedades anónimas
en Colombia solo podría estar constituido por acciones nominativas
(Decreto 1990 de 1973)?

404 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 405
Para absolver su consulta, resulta del caso traer a colación lo
dispuesto en el artículo 415 del Código de Comercio y en el numeral
6 del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil. La primera
de las normas en cita establece lo siguiente:
«El embargo de las acciones nominativas se consumará por
inscripción en el libro de registro de acciones, mediante orden escrita
del funcionario competente. El de las acciones al portador,
mediante secuestro de los títulos respectivos».
Por su parte, el numeral 6 del artículo 681 del Código de Procedimiento
Civil establece que el embargo:
[…] de acciones en sociedades anónimas o en comandita por acciones,
bonos, certificados nominativos de depósito, unidades de
fondos mutuos, títulos similares, efectos públicos nominativos y
títulos valores a la orden, se comunicará al gerente, administrador
o liquidador de la respectiva sociedad o empresa emisora, o al
representante administrativo de la entidad pública o a la entidad
administradora, según sea el caso, para que tome nota de él, de lo
cual deberá dar cuenta al juzgado dentro de los tres días siguientes,
so pena de incurrir en multa de dos a cinco salarios mínimos
mensuales. El embargo se considerará perfeccionado desde la fecha
de recibo del oficio y a partir de esta no podrá aceptarse ni
autorizarse transferencia ni gravamen alguno.
El de acciones, títulos, bonos efectos públicos, títulos valores
y efectos negociables, a la orden y al portador, se perfeccionará
con la entrega del respectivo título al secuestre […].
Como es de público conocimiento, en Colombia no es posible que las
empresas expidan acciones al portador. En efecto, por virtud de lo dispuesto
en la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena (norma supranacional que
suspende la aplicación de lo dispuesto en el Código de Comercio), el capital
de las sociedades anónimas colombianas solo puede estar constituido por
acciones nominativas.
Lo anterior pone de presente que lo dispuesto en los artículos en cita, en
relación con el secuestro de las acciones al portador, no se encuentra vigente
y, en esa medida, es un imposible jurídico pretender secuestrar acciones en
Colombia. En este punto valga decir que no existiendo en la actualidad acciones
al portador, de suyo se sigue que no es posible dar aplicación a lo
dispuesto en la disposición en mención en relación con el secuestro.
Tratándose de acciones nominativas, asunto sobre el que versa la consulta,
la ley establece que la medida cautelar aplicable a las mismas es el
embargo (no el secuestro), el cual se perfecciona con la inscripción de la respectiva
orden Judicial en el libro de registro de accionistas.
Conforme a lo dispuesto en la norma en cita, es indiscutible que sobre
las acciones nominativas no es posible, conforme a derecho, que se ordene
la aprehensión de las acciones nominativas ni mucho menos que se nombre
a un secuestre para que ejerza los derechos políticos.
El Superintendente de Valores delegado para Emisores agregó, el 30 de
marzo de 2004 (asunto: 20043-1099), que:
Debe informarse a la Bolsa de Valores de Colombia sobre el embargo
de las acciones. 2. En concordancia con lo expuesto a lo largo
de este oficio, los miembros de junta directiva y los representantes
legales suplentes, accionistas cuyas acciones han sido embargadas,
por el solo hecho no quedarían inhabilitados para ejercer sus
cargos, pues el embargo únicamente restringe los derechos económicos
de sus titulares, y en medida alguna impone restricción
sobre los derechos políticos de los accionistas, ni sobre sus calidades
personales. 3. Finalmente, el hecho de que algunas de las
acciones de la sociedad estén embargadas no inhabilita a la sociedad
para efectuar reformas estatutarias ordinarias o especiales.
2.17 La anticresis
Las normas que regulan este contrato en el Código de Comercio son muy
parcas; por lo tanto, debe darse cabida a la aplicación por remisión de las
normas del Código Civil (artículo 2, C. Co.).
De todas maneras, en el artículo 1221 del Código de Comercio se establece
que el contrato de anticresis es real y se perfecciona con la entrega
de la cosa. Por lo tanto, la anticresis de acciones comportará la entrega de

406 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 407
los títulos, y la anticresis de las cuotas sociales comportará la transferencia
de la titularidad de las mismas a favor del acreedor anticrético. El artículo
413 del Código de Comercio, perteneciente a la regulación de las sociedades
anónimas, establece que la anticresis se perfeccionará como la prenda y el
usufructo y solo conferirá al acreedor el derecho de percibir las utilidades
que correspondan a dichas acciones a título de dividendo, salvo estipulación
en contrario. Tal como se analizó en la prenda, el contrato de anticresis, por
lo tanto, es solemne, y el respectivo registro confiere validez, y no da mera
publicidad u oponibilidad.
La anticresis se extiende a las cuotas sociales en las compañías de responsabilidad
limitada y comanditarias simples, y a las acciones en las comanditarias
por acciones, en virtud del efecto de contagio que se deriva de las remisiones
consagradas en los artículos 372, 352 y 341 del Código de Comercio.
Por medio de la anticresis civil, un deudor le entrega al acreedor una
finca raíz para que se pague con sus frutos (artículo 2458 y ss.). Dicho bien
puede pertenecer al deudor o a un tercero que consienta en ella, y se perfeccionará
solo con la tradición del inmueble. No constituye este contrato,
por sí mismo, un derecho real. Constituye un mecanismo civil para extinguir
deudas y obligaciones, y los intereses de esta podrán imputarse o compensarse
con los frutos que genere la cosa dada en anticresis.
El derecho comercial estipula que la anticresis puede recaer sobre toda
clase de bienes y que se perfecciona con la entrega (artículo 1221 y ss., C. Co.).
Se establece la anticresis, principalmente, para contratos relacionados con
establecimientos de comercio (Arts. 533 y 1224); y reitera que dicho contrato
no constituye un derecho real, y que, por lo tanto, no limita ni desune el derecho
de propiedad.
En materia societaria, el Código de Comercio, en su artículo 413, establece
que «la anticresis de acciones se perfeccionará como la prenda y el usufructo
y solo conferirá al acreedor el derecho de percibir las utilidades que
correspondan a dichas acciones a título de dividendo, salvo estipulación en
contrario». Al establecerse que la anticresis de acciones se perfecciona como
la prenda, vale plantear si se está refiriendo la norma a la prenda de acciones
(que según el artículo 1204, C. Co., se perfecciona con el registro en el libro de
accionistas) o a la prenda comercial (que según el artículo 410, C. Co., se perfecciona
por el acuerdo, pero la oponibilidad surge a partir del registro). Por
versar ambos contratos sobre acciones, es más procedente la interpretación
mediante la cual la anticresis de acciones se perfecciona como la prenda
de acciones, es decir, mediante la inscripción en el libro de registro. Lo anterior
implica que el registro en la anticresis de acciones es constitutivo y no
declarativo, es decir, que a partir de este se perfecciona el contrato y nacen
derechos y obligaciones, y no simplemente se reconoce una situación que
debe ser respetada por terceros.
Ya que la anticresis no genera un desmembramiento de la propiedad,
este mecanismo ha entrado en desuso y es contraproducente su utilización
en el tráfico mercantil moderno, toda vez que implica efectivamente registrar
una limitación del dominio (los dividendos serán encaminados al pago
del crédito que generó la anticresis), mientras que existen muchas otras
formas contractuales que, sirviendo para el mismo fin, no implican el registro.
Así pues, resulta válido estipular, por ejemplo, que el deudor allegará
una carta al representante legal de la sociedad, en que se determine que
los dividendos deberán ser consignados en una cuenta bancaria específica
a nombre del deudor. De esta forma se evita registrar la anticresis en el libro
de accionistas y se cumple el fin contractual, el cual es que la renta de las
acciones sea aplicable al pago de un crédito.
2.18 La fiducia
Del fiduciante, o fideicomitente a favor del fiduciario, se produce una verdadera
transferencia de la titularidad del dominio de las acciones o cuotas sociales,
según lo establecido en el artículo 1226 del Código de Comercio. Por lo
tanto, en desarrollo del contrato de fiducia, todo lo dicho sobre traspaso de
cuotas sociales y de acciones, y de validez y de oponibilidad de los mismos,
puede aplicarse a esta regulación contractual 26 .
26 El artículo 123 de la Ley 1116 de 2006, modificado por el artículo 41 de la Ley 1429 de
2010, establece que «los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía que
consten en documento privado deberán inscribirse en el Registro Mercantil de la
Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del fiduciante, sin perjuicio de
la inscripción o registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de
los bienes, deba hacerse conforme a la ley».

408 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 409
2.19 El usufructo
Como contrato típico, el usufructo comercial no existe. Pero el de acciones
(y de cuotas sociales por remisión) está específicamente mencionado (si
no regulado institucionalmente) por el Código de Comercio. Sin embargo,
aplicando las normas de residualidad validadas por el artículo segundo del
Código de Comercio, los contratos civiles tienen aplicación también para
efectos mercantiles, si no pudieron regularse conforme a la especialidad de
las normas comerciales consagradas en el artículo primero.
Según el artículo 823 del Código Civil, «el derecho de usufructo es un
derecho real, que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo
de conservar su forma y sustancia, y de restituirla a su dueño si la cosa no
es fungible […]». En concordancia con la sentencia de casación de la Corte
Suprema de Justicia (julio 7 de 1971), es claro que la ley considera al usufructuario
como mero tenedor frente al nudo propietario, atribuyendo a este la
posesión de los bienes, de manera que el nudo propietario es poseedor de
las cosas dadas en usufructo y ejerce esa posesión por conducto del usufructuario.
El usufructo puede constituirse convencionalmente, mediante acto
entre vivos, y, tratándose de acciones o cuotas sociales, correspondería al
usufructuario gozar de los beneficios económicos y políticos que se derivan
de las acciones o cuotas, cuya nuda propiedad continúa siendo de su titular.
Por tratarse de un derecho real, el registro es constitutivo y, adicionalmente,
se requiere de la entrega de los documentos que acreditan la calidad de socio
o de accionista, en este caso, de los títulos accionarios.
Por el artículo 412 del Código de Comercio, de acuerdo con la naturaleza
del usufructo, «este conferirá todos los derechos inherentes a la calidad de
accionista», por lo que, a menos que exista «estipulación expresa en contrario»,
los derechos económicos y políticos del nudo propietario corresponden
por ley al usufructuario, sin que medie apoderamiento o representación. Por
lo tanto, en concordancia con esta norma, el usufructuario asume la posición
del titular de las acciones, para, por mandato de la ley, ejercer sus derechos,
entre ellos los políticos 27 . De donde puede concluirse que la restricción al derecho
de participar en la Asamblea de Accionistas, incluida en el artículo 185
del Código, no se extiende al usufructuario, por cuanto este está ejerciendo
los derechos del nudo propietario, por expresa disposición legal, y no habilitado
mediante un apoderamiento. El contrato de usufructo es solemne
pues exige «escrito o documento» en el cual, entre otras cláusulas, puede
dejarse constancia de las reservas de derechos que conserva para sí el nudo
propietario, entre las cuales se contempla el poder representar directamente
las acciones, caso en el cual no podría el usufructuario, ni como titular del
derecho real de usufructo, ni como apoderado del nuevo propietario, actuar
como delegado del accionista, si tiene la calidad de administrador o de empleado
de la sociedad.
«Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados
de la sociedad no podrán representar [...] acciones distintas de las propias
[...], ni sustituir los poderes que se les confieran». Este artículo 185 del Código
de Comercio debe entenderse, entre otras, de una de estas dos maneras:
• Se trata de la representación y vocería en los órganos de dirección,
derivada de «los poderes que se les confieran» en desarrollo del
contrato de mandato o de representación. De ser así, el usufructuario
es titular del derecho a gozar de todos los derechos económicos
y políticos derivados de la acción o cuota. Por lo tanto,
comparece ante las asambleas o juntas de socios sin necesidad
de que el nuevo propietario le otorgue un poder, por lo que esta
restricción sería inaplicable.
• O que se trate de que en ningún caso, a excepción de la representación
legal, el titular de las acciones puede actuar a través de
alguien que tenga la calidad de administrador o empleado de la
sociedad. En este evento, y bajo esta interpretación, la restricción
se aplicaría, ya que el usufructuario no es el titular de la nuda propiedad,
y esas acciones no son «propias» del usufructuario sino
del nudo propietario.
27 En Sentencia del 12 de diciembre de 1991, C. P. Dr. Jaime Abella Zárate, el Consejo
de Estado reconoció que el usufructuario podía recibir, en calidad de dividendo
(con las prerrogativas propias del tratamiento tributario de los mismos), los frutos
civiles de las acciones sometidas a usufructo.

410 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 411
2.20 La conversión
Mediante esta figura compleja, una persona jurídica se extingue y adopta
otra fisonomía corporativa, evitando la solución de continuidad de sus negocios
y de su empresa. La conversión se menciona en los artículos 77 y 81
de la Ley 222 de 1995, adaptándola a la situación en que una sociedad queda
con un solo asociado (sociedad a Empresa Unipersonal) o de que una empresa
unipersonal pluraliza el número de sus socios (E. U. a sociedad 28 ). Estas
situaciones se prevén por el legislador societario así:
Cuando la sociedad se disuelva por la reducción del número de socios
a uno, podrá, sin liquidarse, convertirse en empresa unipersonal
[…]. En este caso, la empresa unipersonal asumirá, sin solución
de continuidad, los derechos y obligaciones de la sociedad disuelta.
[Y] cuando por virtud de la cesión o por cualquier otro acto jurídico,
la empresa llegare a pertenecer a dos o más personas, deberá
convertirse en sociedad comercial […]. La nueva sociedad asumirá,
sin solución de continuidad, los derechos y obligaciones de la empresa
unipersonal.
La decisión de conversión de sociedad a empresa unipersonal corresponde
ser tomada al único asociado, pues, a falta de pluralidad, la sociedad
unipersonal carece de órgano de dirección (asamblea de accionistas o junta
de socios, según corresponda), que es, por esencia, colegiado.
La transformación es diferente a la conversión, en su naturaleza, efectos
y consecuencias. Cuando una sociedad mercantil adopta y acoge otro tipo de
compañía comercial «la transformación no producirá solución de continuidad
en la existencia de la sociedad como persona jurídica, ni en sus actividades ni
en su patrimonio»; por lo tanto, la personalidad jurídica se mantiene sin modificación,
la empresa continúa sin alteraciones, y no se modifica su «estatus»
tributario (mismo NIT, y continuación de las obligaciones fiscales sustanciales
y formales); derechos y obligaciones (ciertos y contingentes) se mantienen bajo
28 Esto era de gran relevancia antes de que existieran las sociedades anónimas unipersonales
(S. A. U.) y las sociedades por acciones simplificadas (S. A. S.), que admitían
ser constituidas por un solo accionista.
la nueva forma, porque lo cambiado es solo el uniforme o la careta de un mismo
actor. La conversión, por el contrario, supone la terminación de un sujeto de
derecho y la iniciación o creación de otro nuevo; el primero se extingue (disolución
sin liquidación) para dar paso al segundo, que nace por constitución. No
obstante la clara solución jurídica de continuidad, el negocio y la empresa (con
los derechos y obligaciones que conforman su patrimonio) se mantienen, por
una gracia del legislador que desea privilegiar la transición evitando la liquidación
de la persona jurídica original que preceda a la que permanecerá. De ser
así, la persona anterior desaparece y la receptora del patrimonio se constituye,
teniéndose que cumplir con la obligación formal de cancelar el NIT de la primera
y, mediante el diligenciamiento del RUT, obtener el de la segunda. Sin ser
transformación, tributariamente existe una cierta similitud con la escisión y
fusión (artículo 14 (1-2), Estatuto Tributario 29 ), limitada, ciertamente, al imputar
derechos y obligaciones de la entidad extinguida a favor y en contra de la nueva
persona jurídica, sin que la extensión alcance (por su significado restrictivo)
a eliminar o desconocer los efectos tributarios de la enajenación.
2.21 La disolución
«La disolución proveniente de la decisión de los asociados se sujetará a las
reglas previstas para las reformas del contrato social» (artículo 219, C. Co.);
por lo tanto, la disolución es consensual, pero la escritura pública 30 en la cual
ha de constar solo será oponible frente a terceros con la inscripción en el
registro público mercantil 31 . El mismo artículo, en su inciso tercero, establece
29 A partir de la expedición de la Ley 1607 de 2012, debe entenderse que las referencias a
estos artículos se extienden a las disposiciones contenidas en los artículos 319-3 a 319-9.
30 Comercio, que establecía que cuando la disolución proviniere de causales diferentes
al vencimiento del lapso social, los asociados deberían declarar disuelta la sociedad
por ocurrencia de la causal respectiva y dar cumplimiento a las formalidades exigidas
para las reformas del contrato social. Así pues, el mencionado artículo de la Ley 1429
de 2010 estableció que «cuando la disolución requiera de declaración por parte de la
asamblea general de accionistas o de la junta de socios, los asociados, por la mayoría
establecida en los estatutos o en la ley, deberán declarar disuelta la sociedad por ocurrencia
de la causal respectiva e inscribirán el acta en el Registro Mercantil».
31 La Ley 1727 de 2014, por medio de la cual –entre otras– se fijan normas para el fortalecimiento
de la gobernabilidad y el funcionamiento de las cámaras de comercio,

412 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 413
que cuando la disolución provenga de la decisión de autoridad competente
(Superintendencia, Juez o Tribunal Arbitral), «se registrará copia de la correspondiente
providencia, en la forma y con los efectos previstos para las reformas
del contrato social»; de donde se deriva que esta otra causal de disolución
solo será también oponible con el registro en la cámara de comercio.
Cuando la disolución provenga de causales distintas, tales como: vencimiento
del término, imposibilidad de desarrollar la empresa social, terminación
de la empresa, extinción de la cosa cuya explotación constituye su objeto,
reducción del número de asociados a menos del mínimo requerido en la ley,
o el aumento del número de asociados que exceda el límite máximo fijado
en la ley (las causales contempladas en el contrato de sociedad y las demás
causales establecidas en la ley en relación con las diferentes formas de sociedad
que regula el Código de Comercio); los asociados deberán declarar
disuelta la sociedad mediante escritura pública «y darán cumplimiento a las
formalidades exigidas para las reformas del contrato social». Razón por la
cual estas otras causales también serán oponibles frente a terceros, solo con
el registro de la escritura de declaración de existencia de la causal. Tal vez exceptuando
la del numeral primero del artículo 218 del Código de Comercio,
que se refiere al vencimiento del término previsto para su duración en el
contrato si no se prorroga válidamente antes de su expiración 32 , pues este
acaecimiento de la fecha de vencimiento, de la cual se deriva el decaimiento
de la existencia de la compañía, aparecerá en el certificado que expida la
cámara de comercio, adquiriendo, por su misma ocurrencia (y sin necesidad
de declaración), oponibilidad frente a terceros con el registro 33 .
estableció, en su artículo 31 (1) que «las sociedades comerciales y demás personas
jurídicas que hayan incumplido la obligación de renovar la matrícula mercantil o
el registro, según sea el caso, en los últimos 5 años, quedarán disueltas y en estado
de liquidación». Esto, en opinión del coautor, es inconstitucional por violar el artículo
333 de la Constitución Política (derecho a libertad de empresa), pues se está
sancionando la existencia de una deuda civil con la prohibición de desarrollar un
derecho constitucional.
32 Solo a partir de la promulgación de la Ley 1014 de 2006 y, posteriormente, de la
Ley 1258 de 2008, pudo evitarse incurrir en esta causal de disolución, puesto que
al amparo de dichas leyes, era posible pactar que las sociedades tuvieren un lapso
social indefinido o indeterminado.
33 Según lo estableció por el artículo 24 de la Ley 1429 de 2010, para todas las sociedades,
el plazo para enervar las causales de disolución que puedan ser objeto de
2.22 La reconstitución 34
Independientemente de los nombres que la doctrina asigne a cualquiera de
estos dos fenómenos de extensión de la operación corporativa, el Código
de Comercio contempla (en los artículos 180 y 250) dos modalidades que
permiten mantener la empresa (y las operaciones de la compañía disuelta)
mediante el mecanismo de la constitución de una sociedad continuadora de
la que se extingue 35 . Según la primera norma citada, podrá formarse
una nueva sociedad para continuar los negocios de una sociedad
disuelta, siempre que no haya variaciones en el giro de sus actividades
y negocios, y que la operación se celebre dentro de los seis
meses siguientes a la fecha de disolución, [y con la segunda] por
acuerdo de todos los asociados podrá prescindirse de hacer la liquidación
[…] y constituir, con las formalidades legales, una nueva
sociedad que continúe la empresa social.
Esas disposiciones garantizan el mantenimiento de la empresa social
como negocio en marcha, produciéndose la extinción de la sociedad
esta medida será de 18 meses. Esta norma derogó tácitamente el artículo 35 de la
Ley 1258 de 2008 que establecía que tal plazo era de 6 meses, salvo para el enervamiento
de la causal de disolución por pérdidas, cuyo plazo sería de 18 meses.
34 No debe confundirse la figura de la reconstitución con la de la reactivación. Esta
última fue introducida al ordenamiento jurídico por el artículo 29 de la Ley 1429 de
2010, según este, «[…] podrá, en cualquier momento posterior a la iniciación de la
liquidación, acordar la reactivación de la sociedad o sucursal extranjera, siempre
que el pasivo externo no supere el 70 % de los activos sociales y que no se haya
iniciado la distribución de los remanentes a los asociados».
35 Mediante Oficio N. o 220-084968 del 19 de junio de 2009, la Superintendencia de
Sociedades aclaró su posición respecto de las figuras de fusión impropia y reconstitución
de sociedades indicando que ambas constituyen fenómenos societarios
diferentes. Estableció que mientras que a la fusión impropia le son aplicables las
normas de la fusión (mayorías para la fusión o disolución anticipada, derecho de
retiro, citación, convocatoria, etc.) y tiene un término perentorio de 6 meses para
llevarse a cabo, la reconstitución es una forma irregular de poner fin a una liquidación,
que presupone una decisión unánime de hacerlo, no hay derecho de retiro,
y aplican –por remisión– algunas normas sobre fusión. Además, en este último
fenómeno no existe límite temporal para reconstituir.

414 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 415
disuelta, cuyos negocios pasan a ser de una «nueva sociedad» que, en virtud
de esta reconstitución, debe cumplir con todos los requisitos de una sociedad
mercantil. Por lo tanto, a la extinción de la disuelta se aplica lo mencionado
a continuación en este mismo trabajo; y para la formación de la nueva
compañía son aplicables los principios derivados de la constitución, ya que si
bien no hay solución de continuidad en los negocios, sí la hay en la personalidad
jurídica y en la entidad de su titular; y como la sociedad se disuelve sin
liquidarse, desapareciendo del escenario jurídico, es sustituida por una nueva
compañía. De todas maneras, deberá contar con los mismos asociados
de la extinguida, quienes conservarán sus mismos porcentajes en el capital.
2.23 La extinción
Esta figura de la extinción societaria no está regulada como tal en el Código
de Comercio, pero su presencia sí se percibe en algunos fenómenos societarios
mencionados por la ley mercantil. La extinción da origen a una emigración
patrimonial (total o parcial), como un conjunto agregado de activos y de
pasivos a terceros. Hay extinción en la sociedad que se escinde mediante un
proceso de escisión total (por creación y por absorción); en la fusión por creación
se extinguen las sociedades intervinientes en el esquema de fusión; en
la reconstitución de los artículos 180 y 250 del Código de Comercio hay extinción
de la sociedad disuelta, y en la conversión de los artículos 77 y 81 de la Ley
222/95 hay extinción de la sociedad que se convierte en empresa unipersonal
y de la empresa unipersonal que se convierte en sociedad. Puede que estos no
sean los únicos casos de extinción presentes en el régimen societario colombiano,
pero sí son los más visibles y bien vale la pena que sean destacados.
La extinción es una forma de muerte corporativa súbita e instantánea,
que por su propia naturaleza excluye el proceso liquidatorio, pues el patrimonio
de la sociedad extinguida no pasa mediante adjudicación de remanentes
a sus asociados, sino que migra a otro ente que le sustituye jurídicamente. Es
así como, en la fusión, el patrimonio de las fusionadas pasa al de la absorbente
o a la que se crea. En la escisión, el de la escindida (por escisión total) pasa a
ser parte del patrimonio de las beneficiarias absorbentes o del patrimonio de
las que se crean. En la reconstitución, el patrimonio de la disuelta se traslada
para conformar el de la reconstituyente. Y en la conversión, el patrimonio de
la sociedad o empresa unipersonal pasa a ser el de la empresa unipersonal o
sociedad en la cual se sustituye.
Esta extinción se deriva de la solemnización del fenómeno del cual proviene,
el que deberá estar revestido de las formalidades establecidas en la
ley. Por lo tanto, emana de la fusión, escisión, reconstitución o conversión;
todas las cuales constituyen una reforma estatutaria solemne, vertida a escritura
pública para efectos de validez, y que deberá inscribirse en el Registro
Mercantil para que produzca efectos erga omnes.
2.24 El retiro
El retiro es la ruptura del vínculo societario promovida por un asociado. El
retiro del socio de una sociedad por cuotas comporta reforma estatutaria, y
se regirá por la regulación de este tema analizada en el presente documento;
esto es, que es consensual (basta el acuerdo para su eficacia frente a las
partes), pero solo será oponible cuando se registre la escritura de retiro y la
consecuencial disminución de capital. En las sociedades por acciones, el retiro
de un accionista no modifica los estatutos, y la disminución del capital
no es reforma estatutaria.
Ese acuerdo sobre desvinculación, válido desde que se conviene, «produce
efectos frente a la sociedad desde el momento en que se reciba la comunicación
escrita del socio, y frente a terceros desde su inscripción en el
Registro Mercantil o en el libro de registro de accionistas» (artículo 14, Ley
222/95). En este artículo, como en lo señalado en el tema referente a «la cesión
de cuotas», se distingue entre terceros absolutos, y un tercero relativo
y cercano, como lo es la sociedad misma. Frente a la sociedad, que no hace
parte del convenio del retiro, la desvinculación es oponible desde que se recibe
la comunicación escrita del recesante. Frente a los terceros, y aun frente
a los mismos asociados distintos del recedente, el retiro produce oponibilidad
desde su inscripción en el Registro Mercantil (en las sociedades por cuotas)
o en el libro de registro de accionistas (en las sociedades por acciones).
El derecho de retiro (o de receso) fue incorporado expresamente en la regulación
positiva societaria, a través de la Ley 222 de 1995; infortunadamente,
de manera tan restringida y limitada, que ha hecho que tal derecho se convierta
prácticamente en una ilusión efímera: más en una discusión virtual que

416 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 417
en una efectiva garantía y protección a los minoritarios. De acuerdo con el
artículo 14 de la mencionada Ley, los asociados podrán retirarse de la compañía
siempre y cuando se produzcan los siguientes requisitos indispensables:
i) Que se haya aprobado una fusión, escisión o transformación, y ii) que como
consecuencia de dichas decisiones se produzca una merma patrimonial o un
incremento en la responsabilidad de los asociados. También se reconoce el
retiro cuando se produzca la cancelación de las acciones en el registro público
que manejan la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores. De no producirse
una de estas situaciones, el asociado no puede promover la ruptura
del vínculo societario que le ata a la compañía, no obstante que la actitud de
la sociedad misma y de los asociados mayoritarios haya sido ostensiblemente
hostil, y le haya causado perjuicios o pueda causárselos hipotéticamente.
El retiro se perfecciona o instrumenta mediante las fórmulas propuestas
por los artículos 14-16 de la Ley 222 de 1995; o por la cesión, la adquisición
por parte de la misma compañía, o la liquidación parcial. En sí mismo, el retiro
no es reforma estatutaria; no tiene que estar elevado a escritura pública,
ni está sometido a registro. Los mecanismos, instrumentos o procedimientos
mediante los cuales va a materializarse el derecho de receso sí están
regulados por cada uno de los fenómenos correspondientes, dependiendo
del escogido para permitir la desvinculación del asociado. Es así como la
adquisición de las propias acciones por parte de la compañía, si esta posee
utilidades o reservas aplicables a tal fin (artículos 396 y 417 del Código de
Comercio), no es reforma estatutaria ni es susceptible de registro; como sí lo
es la adquisición de cuotas sociales por parte de la compañía. El traspaso de
acciones, que instrumenta o efectiviza el receso del accionista, se realiza mediante
el simple mecanismo de endoso de los títulos, tal como se mencionó
en el punto correspondiente. La cesión de cuotas sí es solemne y deberá estar
inscrita en el Registro Mercantil para su oponibilidad frente a terceros.
El reembolso de cuotas y acciones (que conlleva una liquidación parcial del
patrimonio social) comporta una reforma estatutaria.
Pero la decisión del recesante minoritario que intenta romper el vínculo
societario con la compañía, por sí misma, no es una decisión corporativa y no
está sometida a solemnidad alguna o a registro. Tal determinación es el detonante
de un procedimiento que puede culminar en su desvinculación y que, en
concordancia con las solemnidades y requisitos del específico procedimiento
implementado, deberá cumplir con lo establecido por la ley al respecto.
2.25 La exclusión
Mediante la exclusión, se produce hostilmente la ruptura del vínculo jurídico
y económico que ha atado al asociado minoritario con la compañía. La
exclusión es siempre una decisión belicosa, adoptada por el mayoritario con
el fin de prescindir de la participación del socio minoritario en los asuntos
corporativos. Esta figura está contemplada en dos tipos de compañías 36 : en
la colectiva (Arts. 296-98, C. Co.) se reglamenta como una sanción al asociado
indelicado y, por lo tanto, es una institución reglada, de la cual solo
puede echarse mano cuando el socio excluido ha competido directa o indirectamente
con la compañía, se ha apropiado de activos de la sociedad,
o ha abusado de la razón social. En la sociedad de responsabilidad limitada
(artículo 358 (2), C. Co.) se prevé la situación de exclusión, incondicional y sin
requisitos ni causales, con lo que se valida para este tipo de sociedades la
posibilidad de que el mayoritario rompa la relación con el minoritario, aprobando
la exclusión de este último, y sin que nada se disponga sobre la indemnización
pecuniaria que debe entregarse al excluido, como sí se previó
en los artículos 15 y 16 de la Ley 222 de 1995 sobre reembolso al socio que se
retira. Cuando se decide la exclusión del socio en la sociedad de responsabilidad
limitada, se producen dos reformas estatutarias consecuenciales y
concomitantes: el cambio en los socios y la disminución del capital social
producto del necesario reembolso que debe producirse a favor del excluido,
y que, más que reembolso de capital, es un reembolso de las cuotas sociales,
del mismo que ha sido previsto en el artículo 16 de la Ley 222 de 1995, al que
se ha hecho referencia aquí en lo relacionado con la liquidación parcial.
2.26 La liquidación
Las sociedades desaparecen por extinción (ver lo pertinente) o por liquidación.
La liquidación es un proceso básicamente económico, que sigue a un
suceso o instante fundamentalmente jurídico, que es el de la disolución.
36 El artículo 39 de la Ley 1258 de 2008 establece que, en las S. A. S., «los estatutos podrán
prever causales de exclusión de accionistas, en cuyo caso deberá cumplirse el
procedimiento de reembolso previsto en los artículos 14 a 16 de la Ley 222 de 1995».

418 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 419
Una vez cancelado o aprovisionado el pasivo externo por el liquidador, se
procede a distribuir los remanentes sociales en dinero o en especie, a prorrata
de las participaciones en el capital, en la proporción establecida en los
estatutos, o de la manera que los mismos asociados acuerden (artículo 247,
inc. 1, C. Co.). Culminada la liquidación, desaparece la persona jurídica. Las
cuentas del activo, el pasivo y el patrimonio, que aparecían en la contabilidad,
se llevan a cero mediante el cierre contable, y se procede a la cancelación
del NIT y a la presentación de la última declaración tributaria de los impuestos
correspondientes. La liquidación se perfecciona con el registro del
acta aprobatoria del proceso adjudicatorio, en la cual consta la aceptación
de los asociados de la rendición de cuentas y del trabajo final presentados
por el liquidador. El acta se inscribe en el registro público mercantil y en todas
las demás oficinas donde deba procederse al registro dependiendo de
los bienes entregados en el proceso, como lo serían las oficinas de Registro
de Instrumentos Públicos, la Capitanía del Puerto, las oficinas de Tránsito
Municipal y la Aeronáutica Civil. Cuando se adjudiquen bienes (como los inmuebles),
para cuya enajenación se exijan formalidades especiales (como
la escritura pública), deberán estas cumplirse por los liquidadores. La escritura
pública consiste en la notarización de la parte pertinente del acta 37 .
Registrada el acta de liquidación, queda perfeccionada la tradición del dominio
de los bienes adjudicados, debiendo el liquidador cumplir con una
obligación post mortem, que consiste en la protocolización en una notaría
del domicilio social del acta, con anexos (artículo 247, inciso 2, C. Co.). Esta
protocolización para nada incide en la culminación de la liquidación, en el
perfeccionamiento de la misma ni en la tradición de los bienes; razón por
la cual es un poco inocua y genera gastos legales, pero su realización está
supervisada por la superintendencia que ejerza la inspección y vigilancia de
la sociedad que se liquida.
La liquidación no es una reforma del contrato ni comporta una modificación
estatutaria, sino que es el desarrollo del proceso de entrega de los
remanentes a los asociados, una vez la sociedad haya culminado con sus
operaciones económicas y jurídicas.
37 El artículo 31 de la Ley 1429 de 2010 estableció que «en ningún proceso de liquidación
privada se requerirá protocolizar los documentos de la liquidación según lo
establecido en el inciso 3 del artículo 247 del Código de Comercio».
Por tradición, se ha afirmado que el proceso liquidatorio es siempre total,
y que, como abarca el patrimonio de manera íntegra, comprende la devolución
de la totalidad de remanentes a los asociados, una vez disuelta la
sociedad; y conlleva el desaparecimiento de la persona jurídica. No ha existido
regulación positiva sobre reembolsos patrimoniales parciales a los asociados,
que corresponden a la situación inversa de la sed de fortalecimiento
patrimonial de las compañías en un momento determinado. Si en la vida
corporativa, en ocasiones, la sociedad requiere de sus asociados un esfuerzo
financiero mediante el incremento de sus aportes, también es comprensible
y viable que, por razones de estructura o de operación, la compañía posea
excesos patrimoniales no necesarios, y recursos que no son indispensables
para el desarrollo del objeto social; y disponibilidades en exceso, de las requeridas
para su operación normal, que, simultáneamente, se necesiten por
parte de los asociados. El artículo 145 del Código de Comercio, con un limitado
alcance, ha venido regulando los reembolsos de capital; pero al referirse
el reintegro solo al valor del capital, las bases de las devoluciones son muy
limitadas, puesto que no se extienden a sumas que tendrían como contrapartida
otras cuentas del patrimonio: las reservas, la revalorización del patrimonio,
la prima en colocación de acciones 38 . Se venía sosteniendo, por una
38 Mediante Oficio 220-007226 del 9 de enero de 2015, la Superintendencia de Sociedades
amplió y explicó su posición actual sobre la naturaleza y el tratamiento que ha de dársele
a la prima en colocación de acciones.
Como es sabido, con ocasión de la expedición de la ley 1607 de 2012, la Superintendencia
se vio en la necesidad de examinar su doctrina y profirió así la Circular Externa 200-
000008 del 1 de agosto de 2014, donde fijó la postura que hoy se encuentra vigente.
Según esta, la prima en colocación de acciones no es una utilidad (y, por ende, no
sigue las reglas de los dividendos –ni para su reparto ni para su capitalización ni para
su aplicación a pérdidas–), sino, por el contrario, hace parte del aporte entregado
por el socio o accionista a la compañía en virtud de lo establecido en el contrato de
suscripción de acciones. Al ser un aporte, establece la Superintendencia que: a) debe
seguir las reglas del capital social para que los socios o accionistas dispongan de esta
partida en los mismos términos del capital social, incluso para aplicarla a pérdidas,
b) aplicará para la prima las mismas normas mercantiles que son aplicables al capital,
dentro de las que se encuentran los artículos 144 y 145 del Código de Comercio
(reembolso total o parcial del aporte y disminución de capital),y c) la prima podrá
aplicarse a pérdidas siempre que la sociedad se encuentre en causal de disolución,
tal como se predica del capital social. Termina concluyendo la Superintendencia que
a) «el reembolso de la prima afectará a todos los asociados en proporción a la participación
en el capital social, salvo pacto estatutario en contrario o decisión unánime

420 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 421
parte minoritaria de la doctrina, que ese reintegro patrimonial (parcial, no
total) a los asociados es legítimo y lícito, y que no necesariamente conlleva
la liquidación de la compañía. La Ley 222 refuerza un poco esta posición, al
permitir «reembolso de las cuotas, acciones o partes de interés» como un
instrumento que conlleve hacer efectivo el derecho de retiro. El reembolso
de las cuotas o acciones es mucho más extenso, y tiene una mayor trascendencia
jurídica y económica que el simple reembolso de capital, pues pretende
reintegrar al asociado el valor total de lo que este posee en la compañía,
derivado del valor intrínseco de su participación. Producido el reembolso
de las cuotas o acciones, que permite el retiro o la exclusión, la compañía
continúa como persona jurídica, no obstante haberse roto el vínculo jurídico
y económico con un asociado determinado. Legitimado en la normatividad
positiva tal reembolso patrimonial para casos puntuales, queda flotando la
posibilidad de que, en efecto, es válida la liquidación parcial de lo que corresponde
a un asociado, o a varios; o de una parte de lo que corresponde a todos
los socios o accionistas, sin que esta determinación tienda a la disolución y
liquidación de la compañía. Es lo que puede nominarse «liquidación parcial
vía reembolso de cuotas o acciones», que instrumenta el reintegro de patrimonio
(en dinero, en especie, o en ambos) de la compañía a sus asociados; y
tal operación parcial de liquidación puede realizarse durante la vigencia del
contrato, o como mecanismo de agilización del proceso liquidatorio, una vez
disuelta la compañía. Son figuras un tanto eclécticas y algo heterodoxas,
pero dotadas de efectividad, flexibilidad, validez y legalidad, por no oponerse
a ninguna prohibición legal, y por permitir desatrapar recursos anclados
en las compañías; cuyos destinatarios lógicos y oportunos han de ser los
asociados, sin en el efecto incendiario e irreversible de precipitar la liquidación
de la compañía.
que resuelva cosa distinta» y b) «el valor de la prima en colocación de acciones no
hace parte del rubro de capital al momento de determinar la causal de disolución
por pérdidas».
-3-
EL IMPUESTO DE REGISTRO
3.1 Antecedentes
El llamado impuesto de «Registro y Anotación» se creó por medio de la Ley
39 de 1890, en cuyo artículo 4 se dispuso que: «Por los documentos que
deben registrarse conforme a la ley, se cobrará un impuesto denominado
Derecho de Registro, según la tarifa siguiente…». Posteriormente, la Ley 56
de 1904, mediante la cual se modificaron las tarifas reguladas en el artículo
anterior, enumeró cada uno de los instrumentos públicos y privados sujetos
a registro o inscripción, observando lo indicado por los artículos 2652 y 2653
del Código Civil.
Los artículos 2652 y 2653 establecen que estarán sujetos al registro o
inscripción: (i) los contratos o actos entre vivos, que causen mutación o traslación
de la propiedad de bienes raíces; (ii) las sentencias definitivas ejecutoriadas
que recayeren en negocios civiles y las decisiones que causen traslación
o mutación de la propiedad de bienes raíces, o que declaren algún
derecho en tales bienes raíces; (iii) los títulos constitutivos de hipotecas; (iv)
los títulos constitutivos sobre inmuebles de alguno de los derechos de usufructo,
uso, habitación, servidumbres reales y de cualquier otro gravamen;
y, generalmente, los títulos en virtud de los cuales se ponen limitaciones al
dominio sobre inmuebles; (v) los testamentos; (vi) las sentencias o aprobaciones
judiciales de la partición de herencia, especialmente las que versaren
sobre inmuebles; (vii) las diligencias de remate de bienes raíces; (viii) los títulos
de registro de minas; (ix) los títulos de privilegios; (x) todo documento
que se otorgue o que se protocolice por o ante notario; (xi) la cancelación
de todo título que haya sido registrado, (xii) los demás títulos, actos y documentos
respecto de los cuales ordene la ley la formalidad del registro.
La Ley 39 de 1890, en su artículo 14, exceptuó expresamente del gravamen
a la Nación, los departamentos, los municipios y los establecimientos

422 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 423
de instrucción pública y beneficencia, advirtiendo que los particulares
que contrataran con tales entidades debían pagar el impuesto que a ellos
correspondiere.
Mediante la Ley 8.ª de 1909, el impuesto, que antes pertenecía a la
Nación, pasó a ser propiedad del Departamento, y su tarifa se modificó mediante
la Ley 52 de 1920, artículo 1.º, y fue nuevamente incrementada por
la Ley 24 de 1963, que señaló la destinación de tal aumento, para fines de
asistencia social preferentemente.
Mediante la Ley 128 de 1941, artículo 10, se creó una sobretasa del impuesto,
con el objeto de atender los gastos que demandara el funcionamiento
de las oficinas seccionales, y el levantamiento catastral y de la carta
militar, catastral y agrícola.
Con el artículo 7 de la Ley 24 de 1963 se previó que: «El impuesto de registro
y anotación se seguirá pagando en su totalidad a favor de los departamentos,
intendencias y comisarías donde estén ubicados los bienes inmuebles
objeto de transacción». Igualmente, se destinó un porcentaje del 30 %
del impuesto recaudado en Cundinamarca al Distrito Especial de Bogotá.
Los Decretos reglamentarios 2904 de 1966, y 448 de 1968, precisaron
cuál sería el sujeto activo del impuesto en aquellos casos en que se presentara
la dualidad de competencia impositiva por dos o más entidades territoriales,
y, en su artículo 5, señaló que cuando el acto o contrato no se refiriera
a inmuebles ni a derechos radicados en esta clase de inmuebles, el impuesto
debía pagarse en su totalidad en el lugar de otorgamiento del instrumento; y
si se trataba de actos judiciales, en el lugar donde se hubiere seguido el juicio.
En ejercicio de las facultades otorgadas al presidente de la República,
por medio de la Ley 8 de 1969, se expidieron, entre otros, los decretos 1250
y 2157 de 1970. Mediante el primero, se reguló todo lo concerniente al registro,
y se establecieron, en su artículo 2, los actos jurídicos sometidos a dicha
formalidad, ratificando el principio general de que están sometidos a esta
formalidad:
Todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral
que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación,
modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o
extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre
bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario.
En relación al impuesto de Registro y Anotación en sí, dispuso en su
artículo 95 que:
El impuesto sobre Registro y Anotación, y la sobretasa de catastro,
establecidos en leyes especiales, se causarán por el registro o inscripción
de los actos y contratos gravados con ellos. Su liquidación
y recaudo, en cuanto se refiere a las escrituras públicas, se hará
directamente por las oficinas que actualmente los realizan, sobre
las copias de las escrituras que contengan los actos y contratos,
providencias judiciales, administrativas o arbitrales; y los comprobantes
de pago se presentarán ante las oficinas de registro respectivas
o las correspondientes cámaras de comercio, requisito sin
el cual no podrán recibir trámite para su registro o inscripción.
El Decreto1250 de 1970, en su artículo 96, derogó expresamente lo siguiente:
los artículos 1 de la Ley 39 de 1890, 38 y 39 de la Ley 95 de 1890, 7 de la Ley 52 de
1920, la Ley 40 de 1932, y las demás disposiciones relacionadas con el registro de
instrumentos públicos, que resultaren contrarias a lo previsto en dicho decreto.
Es decir, que, de acuerdo con la nueva ley, solo estaban sujetos a registro
los actos, contratos, providencias judiciales, administrativas o arbitrales que
implicaren constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación,
limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio,
u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces; salvo la cesión
del crédito hipotecario o prendario, los contratos de prenda agraria o industrial,
y los actos, contratos y providencias que dispongan la cancelación de
las anteriores inscripciones (y todos aquellos otorgados ante notario por ley,
que debieran inscribirse en las cámaras de comercio). Aunque la ley previó
tal obligación para la venta de automotores, esta norma fue derogada por el
Decreto 2157 de 1970, que ordenó que tal registro de automotores se llevara
ante las autoridades de tránsito.
Determinó así la ley, de manera precisa, el hecho generador del impuesto
de Registro y Anotación, sin que pueda la Administración extenderlo a
actos jurídicos, administrativos o judiciales distintos a los expresamente
consagrados en la ley. Tampoco puede asimilar un contrato que implica limitación
del derecho de dominio, como es el de usufructo, con otros contratos
como el de concesión o arrendamiento.

424 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 425
De igual manera, estableció la ley cuál sería el ente recaudador del tributo,
al indicar que su liquidación y recaudo, en cuanto se refiere a las escrituras
públicas, debe hacerse por las oficinas que actualmente los realizan,
y que tales comprobantes de pago deberán presentarse ante la oficina de
registro o ante la cámara de comercio respectiva.
No obstante, se permitió, en virtud de lo dispuesto por los artículos 97
y 98 del Decreto 960 de 1970, y en la Ley 29 de 1973 (artículos 18 y 19), que el
notario pueda recibir dinero de los otorgantes de escrituras públicas para
el pago del impuesto, debiendo consignarlo a favor de las oficinas respectivas
en los cinco (5) días siguientes (ver Sentencia del 5 de agosto de 1996,
Consejo de Estado, expediente n.° 7778. C. P.: Dr. Germán Ayala Mantilla).
La Ley 223 de 1995 creó el nuevo impuesto de registro, en su artículo
226, donde se estipula cuáles hechos generarán el impuesto, cuáles serán las
bases sobre las que se tributará, los sujetos pasivos y los porcentajes dentro
de los cuales podrán moverse las asambleas departamentales para determinar
la tarifa a pagar por concepto de impuesto de registro.
Este impuesto de registro es totalmente diferente del impuesto de registro
y anotación a que se refieren todos los antecedentes históricos mencionados.
Tiene un hecho generador diferente, bases, tarifas y sujetos pasivos
distintos. Su creación obedeció a una iniciativa de Álvaro Uribe Vélez,
entonces gobernador de Antioquia, quien había encontrado que en el recaudo
del viejo impuesto de registro y anotación se había presentado gran irregularidad
por parte de las cámaras de comercio, al no exigir previamente el
comprobante del respectivo pago para la inscripción de los documentos que
iban al registro público mercantil. La reclamación del Gobierno de Antioquia
era de tal magnitud monetaria, que se intentó más bien regularizar la situación
hacia el futuro, con la expedición del artículo 226 y ss. de la Ley 223 de
1995, con el fin de que los actos, instrumentos y documentos que se registraran
en las cámaras de comercio hubieran generado el impuesto de registro y
este hubiera sido debidamente cancelado. Se convirtió así un impuesto anacrónico,
ineficiente y arcaico en uno de los recursos fiscales más importantes
de los departamentos en la actualidad.
La importancia de los antecedentes del impuesto de registro no radica
únicamente en su carácter histórico, ya que en varias ocasiones el Consejo de
Estado ha tenido que analizar los antecedentes de dicho impuesto, para saber
si ciertas disposiciones se encuentran vigentes y son aplicables de acuerdo
con el caso concreto. En este sentido, el Consejo de Estado, en Sentencia de 5
de agosto de 1996 (Expediente 7778, con ponencia de Germán Ayala Mantilla),
debió analizar los antecedentes del impuesto de registro para determinar si la
suscripción, en 1994, de un contrato de concesión de espacio público (la concesión
del puerto de Santa Marta a la Sociedad Portuaria) causó el impuesto
de Registro y Anotación; para lo cual era indispensable establecer si dicho impuesto
seguía vigente y si era aplicable al caso en cuestión. La parte demandante
reclamaba la devolución de lo pagado a título de impuesto de registro
y anotación, toda vez que consideraba que «la concesión» no era un acto gravado
con dicho impuesto, puesto que no era un acto sujeto a registro, según
el artículo 2 del Decreto-Ley 1250 de 1970 (acto, contrato, providencia judicial,
administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración,
adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación
o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre
bienes raíces, salvo la cesión de crédito hipotecario o prendario). El Tribunal
Administrativo del Magdalena accedió a las súplicas de la demanda anulando
el acto acusado y ordenando el restablecimiento del derecho, mediante la
devolución de lo pagado. El apoderado judicial de la demandada, en escrito de
apelación, argumentó que el usufructo es una institución jurídica asimilable
a la concesión, y que, al versar sobre bienes raíces y limitar así su propiedad,
debe ser elevada a escritura pública y registrada, lo cual causaría el impuesto
de registro. El Consejo de Estado dictaminó que el objeto del contrato no
contemplaba, en forma alguna, la constitución, modificación, limitación o gravamen,
medida cautelar, traslación o extinción del derecho de dominio o de
otro derecho real sobre bienes raíces, ya que lo que implicaba dicho contrato
era una concesión de espacios públicos que no afectaban en forma alguna la
propiedad de los mismos y, por lo tanto, no se producía el hecho generador de
la obligación tributaria. En consecuencia, confirmó la sentencia del Tribunal y
ordenó la devolución de lo pagado por este concepto.
3.2 Tipicidad del impuesto
La Ley 223 de 1995 (adicionada por otras disposiciones legales) establece los
elementos básicos del impuesto de registro en Colombia, así:

426 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 427
Hecho generador. Está constituido por la inscripción de actos, contratos
y negocios jurídicos documentales, en los cuales sean parte o beneficiarios los
particulares, y que deban ser registrados en las oficinas de registro de instrumentos
públicos o en las cámaras de comercio. La ley establece dos excepciones
a la causación del impuesto de registro: la primera es que «No generan el
impuesto aquellos actos o providencias que no incorporan un derecho apreciable
pecuniariamente a favor de una o varias personas, cuando por mandato
legal deban ser remitidos para su registro por el funcionario competente» y
la segunda es que «Cuando el documento esté sujeto al impuesto de registro
de que trata la presente ley, no se causará el impuesto de timbre nacional».
El artículo 226 de la Ley 223 de 1995 establece que cuando un acto, contrato
o negocio jurídico deba registrarse, tanto en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos como en la cámara de comercio, el impuesto se generará
solamente en la instancia de inscripción en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos.
El Decreto reglamentario 650 del 3 de abril de 1996 estableció, en su
artículo 1 (inciso 2) que «la matrícula mercantil o su renovación, la inscripción
en el Registro Nacional de Proponentes y la inscripción de los libros de
contabilidad no se consideran actos, contratos o negocios jurídicos documentales».
Además, en su artículo 3, precisó (mediante enumeración no taxativa)
que no generan impuesto de registro la inscripción y cancelación de
aquellos actos o providencias judiciales y administrativas que por mandato
legal deban ser remitidas por el funcionario competente para su registro,
cuando no incorporan un derecho apreciable pecuniariamente a favor de
una o varias personas, tales como las medidas cautelares, la contribución de
valorización, las prohibiciones [sic] judiciales, las admisiones a concordatos y
la comunicación de la declaratoria de quiebra. Por último, estipula que:
No genera el impuesto de registro, el 50 % del valor incorporado
en el documento que contiene el acto, contrato o negocio jurídico
o la proporción del capital suscrito o capital social que corresponda
a las entidades públicas, cuando concurran entidades públicas
y particulares.
El artículo 153 de la Ley 488 de 1998 adicionó un nuevo hecho generador,
consistente en que todo aumento de capital suscrito de las sociedades
por acciones inscritas en el Registro Mercantil está sometido al pago del impuesto
de registro que establece el artículo 226 de la Ley 223 de 1995.
Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos del impuesto de registro los particulares
contratantes y los particulares beneficiarios del acto o providencia
sometida a la formalidad del registro. El artículo 227 de la Ley 223 de 1995
establece que «Los sujetos pasivos pagarán el impuesto por partes iguales,
salvo manifestación expresa de los mismos en otro sentido». Lo anterior hace
referencia a cuando sean varios los sujetos obligados a efectuar el pago de
dicho impuesto, caso en el cual la ley presume que este debe ser pagado por
partes iguales, salvo que, por acuerdo entre ellos, se disponga lo contrario.
Base gravable. Está constituida por el valor incorporado en el documento
que contiene el acto, contrato o negocio jurídico. Cuando se trate de
inscripción de contratos de constitución [sic], o reforma de sociedades anónimas
o asimiladas, la base gravable está constituida por el capital suscrito
39 . Cuando se trate de inscripción de contratos de constitución [sic] o reforma
de sociedades de responsabilidad limitada o asimilada, la base gravable
está constituida por el capital social. En los documentos sin cuantía, la base
39 El artículo 299 de la Ley 223 de 1995 fue modificado por el artículo 187 de la Ley 1607 de
2010, quedando el texto así: «Artículo 229. Base gravable. Está constituida por el valor incorporado
en el documento que contiene el acto, contrato o negocio jurídico. Cuando se
trate de inscripción de contratos de constitución de sociedades, de reformas estatutarias
o actos que impliquen el incremento del capital social o del capital suscrito, la base
gravable está constituida por el valor total del respectivo aporte, incluyendo el capital
social o el capital suscrito y la prima en colocación de acciones o cuotas sociales.
Cuando un acto, contrato o negocio jurídico deba registrarse tanto en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos como en la Cámara de Comercio, el impuesto
se generará solamente en la instancia de inscripción en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos.
En los actos, contratos o negocios jurídicos sujetos al Impuesto de Registro en los cuales
participen entidades públicas y particulares, la base gravable está constituida por el 50
% del valor incorporado en el documento que contiene el acto o por la proporción del
capital suscrito o del capital social, según el caso, que corresponda a los particulares.
En los documentos sin cuantía, la base gravable está determinada de acuerdo con
la naturaleza de los mismos.
Cuando el acto, contrato o negocio jurídico se refiera a bienes inmuebles, el valor
no podrá ser inferior al del avalúo catastral, el autoavalúo, el valor del remate o de
la adjudicación, según el caso. Para efectos de la liquidación y pago del Impuesto de
Registro, se considerarán actos sin cuantía las fusiones, escisiones, transformaciones
de sociedades y consolidación de sucursales de sociedades extranjeras; siempre
que no impliquen aumentos de capital ni cesión de cuotas o partes de interés».

428 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 429
gravable está determinada de acuerdo con la naturaleza de los mismos.
Cuando el acto, contrato o negocio jurídico se refiera a bienes inmuebles, el
valor no podrá ser inferior al del avalúo catastral, el autoavalúo, el valor del
remate o de la adjudicación, según el caso. En relación con dichos inmuebles,
el artículo 4 del Decreto 650 de 1996 estableció que el acto, contrato, o negocio
jurídico se refiere a inmuebles cuando a través del mismo se enajena o
transfiere el derecho de dominio. En los demás casos la base gravable estará
constituida por el valor incorporado en el documento.
En los actos, contratos o negocios jurídicos sujetos al impuesto de registro
en los cuales participen entidades públicas y particulares, la base gravable
está constituida por el 50 % del valor incorporado en el documento
que contiene el acto, o por la proporción del capital suscrito o del capital
social, según el caso, que corresponda a los particulares.
El artículo 58 de la Ley 788 de 2002 adicionó el artículo 229 de la Ley 223
de 1996, estableciendo que
En las hipotecas y prendas abiertas sujetas a registro, que no consten
conjuntamente con el contrato principal o este no esté sujeto
a registro, la base gravable está constituida por el desembolso
efectivo del crédito que realice el acreedor, de lo cual se deberá
dejar constancia en la escritura o contrato.
Tarifa. El artículo 230 de la Ley 223 establece que las asambleas departamentales,
a iniciativa de los gobernadores, fijarán las tarifas para los actos
sujetos a registro, que oscilarán así:
1. Entre 0,5 y 1 %, para actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía,
sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos;
2. entre 0,3 y 0,7 %, para actos, contratos o negocios jurídicos con
cuantía, sujetos a registro en las cámaras de comercio, y
3. entre dos (2) y cuatro (4) salarios mínimos diarios legales, los actos
sin cuantía, tales como nombramientos y/o reformas estatutarias
que no impliquen cesión de derechos ni aumento de capital 40 .
40 El artículo 230 de la Ley 223 de 1995 fue modificado por el artículo 188 de la Ley 1607
de 2012, que quedó así: «Artículo 230. Tarifas. Las asambleas departamentales, a
Para el caso de Antioquia, la Asamblea Departamental, mediante
Ordenanza 3E de febrero 26 de 1996, fijó las tarifas que hoy se encuentran
vigentes, acogiendo las más altas de las opciones, así:
• Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía, sujetos a registro
en las ORIP, el 1 %.
• Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía, sujetos a registro
en las cámaras de comercio, el 0,7 %.
• Actos, contratos o negocios sin cuantía, sujetos a registro en las
oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de
comercio, cuatro salarios mínimos diarios legales.
La Ley 223/95 establece, además, otros elementos importantes del impuesto
departamental de registro, tales como:
La causación. El impuesto se causa en el momento de la solicitud de
inscripción en el registro.
Términos para el registro. No existiendo disposición especial en contrario,
los actos, contratos o negocios jurídicos deberán registrarse en el término
de dos meses si son expedidos en el país, y en el término de tres meses si
son expedidos en el extranjero.
Lugar de pago del impuesto. Deberá pagarse en el departamento donde
se efectúe el registro, y cuando se trate de bienes inmuebles, se pagará
donde se encuentren ubicados estos bienes.
iniciativa de los gobernadores, fijarán las tarifas de acuerdo con la siguiente clasificación,
dentro de los siguientes rangos:
a) Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Oficinas
de Registro de Instrumentos Públicos entre el 0,5 % y el 1 %;
b) Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las cámaras de
comercio, distintos a aquellos que impliquen la constitución con o el incremento de la
prima en colocación de acciones o cuotas sociales de sociedades, entre el 0,3 % y el 0,7 %;
c) Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las cámaras
de comercio, que impliquen la constitución con o el incremento de la prima en
colocación de acciones o cuotas sociales de sociedades, entre el 0,1 % y el 0,3 %, y
d) Actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía sujetos a registro en las Oficinas
de Registro de Instrumentos Públicos o en las cámaras de comercio, tales como el
nombramiento de representantes legales, revisor fiscal, reformas estatutarias que
no impliquen cesión de derechos ni aumentos del capital, escrituras aclaratorias,
entre dos y cuatro salarios mínimos diarios legales».

430 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 431
Oportunidades del pago. Debe cancelarse en el momento de entregar
los documentos al cajero para la inscripción. Únicamente se recibe efectivo
o cheque de gerencia.
Liquidación y recaudo del impuesto. La liquidación y el recaudo del impuesto
corresponderán a las oficinas de registro de instrumentos públicos y
a las cámaras de comercio, sin perjuicio de que el Departamento delegue la
función del recaudo en otras entidades.
3.3 El Impuesto Departamental de Registro
en los distintos actos societarios en
el departamento de Antioquia
El Decreto reglamentario 650 de 1996 establece el gravamen a que se someten
los diferentes actos societarios en relación con el impuesto de registro.
Dos aspectos deben distinguirse en cuanto al impuesto departamental de
registro que grava el registro mercantil de los actos societarios: la tarifa y la
base imponible.
En cuanto a la tarifa, ya se mencionó que la Ley 223 de 1995 otorgó atribuciones
a las asambleas departamentales para establecerla dentro de un
rango, fijado entre el 4 y el 7 por mil. Los actos sin cuantía tienen una tarifa
equivalente a cuatro salarios mínimos legales diarios. Cada departamento
tomó su decisión autónoma sobre la tarifa del impuesto, la cual, en la mayoría
de los casos, es fijada en el 7 por mil.
Lo normal es que el impuesto de registro, por delegación de las tesorerías
departamentales, sea recaudado por las cámaras de comercio al momento
de producirse la inscripción del acto registrable 41 .
En cuanto a la base imponible en el departamento de Antioquia, que
determina, mediante la aplicación de la tarifa, el respectivo impuesto de registro
generado por el acto registrable, deben hacerse las anotaciones que
se derivan de la siguiente relación:
Acto
42
Constitución S. A.
El capital autorizado de las
sociedades por acciones no es base
del impuesto.
Constitución limitada o asimilada, o
empresa unipersonal.
Cesión de cuotas.
Traspaso de acciones.
Aumento de capital social.
Aumento de capital suscrito 42 .
Aumento de capital autorizado.
Disminución de capital.
Disolución.
Liquidación.
Fusión y escisión.
Fusión por absorción sin aumento
de capital ni cesión de cuotas o
partes de interés.
Fusión por creación sin cesión de
cuotas o partes de interés.
Escisión por absorción sin aumento
de capital ni cesión de cuotas o partes
de interés.
Impuesto de registro.
Bases y tarifas
0,7 % sobre el valor del capital suscrito.
0,7 % sobre el valor del capital social o del
patrimonio asignado.
0,7 % sobre el 100 % del valor de la cesión.
No causa.
0,7 % sobre el valor del aumento de capital.
0,7 % sobre el valor del aumento de capital.
Acto sin cuantía.
Acto sin cuantía.
Acto sin cuantía.
0,7 % sobre el patrimonio líquido adjudicado.
Se consideran como actos sin cuantía en sí
mismos. Sin embargo, ante la Sentencia del
Consejo de Estado, con ponencia de Dr. Daniel
Manrique Guzmán, en el evento de transferirse
un inmueble dentro de la porción patrimonial
que emigra de la fusionada a la absorbente
que se crea, o de la escindida a las beneficiarias,
el impuesto departamental de registro se
liquidará sobre el valor de los inmuebles
transferidos, o sobre su avalúo catastral.
Acto sin cuantía.
Acto sin cuantía.
Acto sin cuantía.
41 La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia dio por terminado, a partir del
9 de marzo de 2015, el convenio suscrito con la Gobernación de Antioquia para la
liquidación y recaudo del Impuesto de Registro.
42 A la luz de lo establecido en los artículos 187 y 188 de la Ley 1607 de 2012, debe entenderse
este hecho generador como el aumento de capital suscrito más la prima
en colocación de acciones.

432 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 433
Acto
Escisión por creación sin aumento
de capital ni cesión de cuotas o
partes de interés.
Fusión por absorción con aumento
de capital o cesión de cuotas o
partes de interés.
Fusión por creación con aumento de
capital o cesión de cuotas o partes
de interés.
Escisión por absorción con aumento
de capital o cesión de cuotas o partes
de interés.
Escisión por creación con aumento
de capital o cesión de cuotas o
partes de interés.
Transformación.
Reforma estatutaria sin contenido
económico.
Nombramientos, remociones y
revocaciones de representantes
legales, revisores fiscales,
liquidadores, representantes de
tenedores de bonos, etcétera.
Apertura de sucursales y agencias
de sociedades colombianas, cuando
no impliquen aumento de capital.
Inscripción de certificación
correspondiente a capital pagado.
Traspaso y pignoración de acciones.
Delegación o reasunción de la
administración de sociedades.
Impuesto de registro.
Bases y tarifas
Acto sin cuantía.
0,7 % sobre el aumento de capital, o sobre el
valor de la cesión, según el caso.
0,7 % sobre el aumento de capital, o sobre el valor
de la cesión, según el caso.
0,7% sobre el aumento de capital, o sobre el
valor de la cesión, según el caso.
0,7% sobre el aumento de capital, o sobre el valor
de la cesión, según el caso.
Acto sin cuantía.
Acto sin cuantía.
Acto sin cuantía.
Acto sin cuantía.
Era considerado como un acto sin cuantía,
hasta ser declarado nulo por el Consejo de
Estado, en Sentencia de 5 de febrero de 1999.
Su nueva base (a partir de la Ley 488 de 1998)
es del 0,7 % del incremento).
No causa. Como estas operaciones no son
objeto de registro mercantil, sino que su
oponibilidad nace del registro en el libro de
accionistas, son operaciones excluidas del
impuesto de registro, y ajenas a él.
Acto sin cuantía.
Acto
Declaración de existencia de
grupos económicos y situaciones
de vinculación entre sociedades
matrices, subordinadas y subsidiarias.
Conversión.
Programa de fundación, y folleto
informativo para la constitución de
sociedad anónima por suscripción
sucesiva de acciones.
Inscripción de escrituras de
constitución y reformas y demás
documentos ya inscritos en otra
cámara de comercio, por razón del
cambio de domicilio.
Impuesto de registro.
Bases y tarifas
Acto sin cuantía.
Acto sin cuantía.
Acto sin cuantía.
Acto sin cuantía.
3.4 Algunos problemas jurídicos en la aplicación
del impuesto de registro a los actos societarios
3.4.1 Frente a la constitución de sociedades
El literal a) del artículo 8 del Decreto reglamentario 650 de 1996, establece
que: En la inscripción del documento de constitución de sociedades anónimas,
e instituciones financieras y sus asimiladas, el impuesto se liquidará
sobre el valor del capital suscrito. Si se trata de constitución de sociedades
limitadas o asimiladas, o empresas unipersonales, el impuesto se liquidará
sobre el valor del capital social o del patrimonio asignado, en cada caso.
En las sociedades por cuotas se habla de capital social y no de suscrito,
toda vez que, al ser obligatorio el pago íntegro del capital al momento de la
constitución, no es susceptible de dividirse dicho capital en autorizado, suscrito
y pagado, como sucede en las sociedades por acciones. En las sociedades
por acciones el capital suscrito equivale al llamado capital social en las
sociedades por cuotas. Sin embargo, no es claro el concepto de «patrimonio
asignado» como base de tributación del impuesto de registro en la creación
de empresas unipersonales. La Ley 222 de 1995 se refiere al capital de las
E. U., en los artículos 72 (6), 72 (7), 74, y al patrimonio de las mismas, en los

434 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 435
artículos 79 (6) y 79 (inciso final); lo que permite concluir, sin mayor esfuerzo,
que las E. U. tienen, al igual que las sociedades, capital y patrimonio.
En el momento de constituirse la E. U., su «patrimonio asignado» y su
capital serían el mismo (siempre y cuando el total del aporte sea en dinero),
y, por lo tanto, la diferenciación en la terminología es insustancial. La
diferenciación es relevante cuando se da la conversión (o transformación
peculiar) de una sociedad en E. U., en virtud de lo dispuesto en el artículo
81 de la Ley 222 de 1995. Dentro de este supuesto, sí habría una diferencia
entre capital y patrimonio que puede llegar a ser significativa, puesto que el
capital sería el de la sociedad convertida, que probablemente sea una cifra
histórica, mientras que el patrimonio esté constituido por cifras actuales y
reales del ente (activos totales menos pasivos externos).
En cuanto a la forma como debe liquidarse el impuesto de registro por
el acto de convertirse una E. U. en sociedad, o viceversa, es frecuente la duda
de si debe liquidarse el impuesto con base en una conversión, con base en
una transformación, o con base en una «constitución de empresa unipersonal».
Todas estas opciones tienen un tratamiento distinto en cuanto al
impuesto de registro.
No puede hablarse de «constitución» de empresa unipersonal, toda vez
que, según el artículo 72 de la Ley 222 de 1995, la empresa unipersonal «se crea»
mediante documento escrito (no necesariamente mediante escritura pública)
y luego se inscribe en el Registro Mercantil para efectos de oponibilidad.
La transformación está regulada en los artículos 167 y siguientes del
C. Co., donde se establece que «una sociedad podrá, antes de su disolución,
adoptar cualquiera otra de las formas de la sociedad comercial reguladas en
este Código, mediante una reforma social» (artículo 167, C. Co.), y «para que sea
válida la transformación, será necesario que la sociedad reúna los requisitos
exigidos en este Código para la nueva forma de sociedad» (artículo 171, C. Co.).
Por su parte, la conversión está regulada en los artículos 77 y 81 de la Ley 222
de 1995, donde se establece que «Cuando, por virtud de la cesión o por cualquier
otro acto jurídico, la empresa llegare a pertenecer a dos o más personas,
deberá convertirse en sociedad comercial…» (artículo 77, L. 222), y «Cuando una
sociedad se disuelva por la reducción del número de socios a uno, podrá, sin
liquidarse, convertirse en empresa unipersonal…» (artículo 81, L. 222).
Se concluye que la transformación se da solo entre sociedades comerciales,
y que el mecanismo para cambiar la estructura jurídica de la
empresa, tratándose de sociedades y empresas unipersonales, es únicamente
la conversión.
Si la conversión no está estipulada (como en efecto no lo está) como
hecho generador del impuesto de registro, en el Decreto 650 de 1996, es forzoso
concluir que la conversión de sociedad a E. U. y de E. U. a sociedad, son
actos que están por lo tanto exentos o excluidos del impuesto de registro,
por no estar tipificados sus elementos en la ley.
No sería válido establecer que, como consecuencia de la conversión de
una sociedad, se da la constitución de una E. U. como acto independiente,
y, como tal, sujeto al gravamen del impuesto de registro, toda vez que la E.
U. asume, sin solución de continuidad, los derechos y las obligaciones de la
sociedad. Así, la nueva E. U. recibiría el patrimonio de la sociedad convertida
(activos menos pasivos externos), al igual que su capital; lo cual no puede
ser catalogado nunca como una constitución, puesto que, en este último
supuesto, el capital sería igual al patrimonio.
Es también común la duda sobre la determinación de la base gravable
de dicha «conversión», si en ella se ceden cuotas y se aumenta el capital de
la E. U., dado que no existe un criterio uniforme sobre si deben promediarse
dichos actos para efecto de la liquidación del impuesto, si deben tomarse
como operaciones independientes, o si deberían tomarse como un solo acto.
Es importante aclarar que, por estar excluida la «conversión» del impuesto
de registro, esto no implica que estén excluidos todos los hechos
generadores que vayan a ser registrados y que estén incluidos en el mismo
documento que contiene la conversión, como puede ser el caso del aumento
de capital y la cesión de cuotas. El inciso 2 del artículo 2 del Decreto 650
de 1996, establece que «Cuando un mismo documento contenga diferentes
actos sujetos a registro, el impuesto se liquidará sobre cada uno de ellos,
aplicando la base gravable y la tarifa establecidas en la ley». Esta disposición
es categórica y no admite interpretación en contrario, quedando así sujeto a
tributación cada acto independientemente, así se incorporen todos en una
misma escritura pública o documento similar.
Debe tenerse en cuenta que la conversión o transformación no conllevan
automáticamente la cesión de cuotas y/o el aumento de capital. Estas
dos reformas pueden darse en el mismo instrumento, pero no son un efecto
de dicha transformación. Perfectamente puede haber una conversión o una
transformación que no conlleve aumento de capital o cesión de cuotas.

436 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 437
Se discute también si, por ser la conversión o la transformación un
contrato principal que lleva consigo otros pactos accesorios (como serían el
aumento de capital y/o la cesión de cuotas), debería tributarse única y exclusivamente
sobre la primera. El artículo 228 (2) de la Ley 223 de 1996, a su
vez, establece que «cuando un contrato accesorio se haga constar conjuntamente
con un contrato principal, el impuesto se causará solamente sobre
este último». La pregunta entonces es si debe inaplicarse lo establecido en el
Decreto 650 (tributación independiente de cada acto), en virtud del mandamiento
que da la ley cuando se trata, en efecto, de un acto principal y otros
accesorios. En este caso, al tratarse de contratos, no cabrían ni la conversión
ni el aumento de capital, que son, por su naturaleza, reformas estatutarias.
Si se diera una conversión (negocio exento del impuesto de registro), que
simultáneamente fuera acompañada por una cesión de cuotas, solo se causaría
el impuesto sobre esta última, ya que la cesión sí es un contrato, que
debe instrumentalizarse por medio de una reforma estatutaria.
La interpretación correcta del artículo 228 es la de que, cuando hayan
de inscribirse contratos principales que conlleven contratos accesorios, por
ejemplo un contrato de sociedad que contenga una cláusula penal por incumplimiento
de obligaciones de los asociados, en este caso el impuesto se
liquidaría sobre el valor del capital suscrito o capital social (según el caso),
pero nunca sobre ambos actos.
3.4.2 Cesión de cuotas y traspaso de acciones
Se estableció ya que, para un segmento de la doctrina, si bien la reforma
estatutaria de la cual se deriva el traspaso de cuotas sociales es consensual,
la cesión de estas es solemne (artículo 366, C. Co.). Por otra parte, la venta y
negociación de acciones es consensual, y solamente se encuentra restringida
por las excepciones del artículo 404 del C. Co.
El artículo 8, literal d), del Decreto reglamentario 650 de 1996, establece que:
En la inscripción de documentos de cesión de cuotas o partes de
interés, la base gravable está constituida por el ciento por ciento
(100 %) del valor de la cesión. Cuando la cesión se haga entre una
entidad pública y un particular, el impuesto se liquidará sobre el
cincuenta por ciento (50 %) del valor de la cesión, y estará a cargo
del particular […]
La cesión de cuotas, y la cesión de partes de interés (o del interés social),
generan impuesto de registro, toda vez que estas conllevan una reforma estatutaria
que, no obstante que se estime como consensual, debe ser registrada
para ser oponible. Al registrarse, se causa el impuesto de registro, que
es liquidado sobre el monto de la cesión. El traspaso de acciones, en cambio,
no genera impuesto de registro, toda vez que la acción es un título valor que
está llamado a circular libremente (previa su entrega, endoso y registro en el
libro de accionistas), y que tal traspaso no conlleva una reforma estatutaria,
ni se inscribe en la cámara de comercio.
3.4.3 Aumento de capital social, capital autorizado,
capital suscrito
El aumento de capital en las sociedades por cuotas, o por partes de interés,
conlleva siempre una reforma estatutaria. Por su parte, en las sociedades
por acciones el aumento del capital suscrito y pagado no comporta una reforma
estatutaria, dado que su capital está dividido en autorizado, suscrito
y pagado; lo cual permite que los aumentos del capital suscrito en este tipo
de sociedades no conlleven una reforma estatutaria, sino solo el registro
mercantil, por medio de certificación suscrita por el revisor fiscal, siendo un
trámite sumamente fácil. El aumento del capital autorizado en sociedades
por acciones, conllevará siempre una reforma estatutaria.
El Decreto reglamentario 650 de 1996 estableció, en su artículo 8, literal
b), que «en la inscripción del documento sobre aumento de capital suscrito,
o aumento de capital social, el impuesto se liquidará sobre el valor del respectivo
aumento de capital».
Este no ha sido un tema pacífico. En reiteradas ocasiones el Consejo de
Estado se ha pronunciado sobre el asunto, estableciendo que:
1. El contrato de suscripción de acciones es un contrato consensual.
Si bien es cierto que el artículo 1 del Decreto 1154 prevé que cuando
haya aumento de capital suscrito de las sociedades por acciones,

438 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 439
debe enviarse a la correspondiente cámara de comercio una certificación
suscrita por revisor fiscal, la cual tiene una finalidad eminentemente
informativa, del actual monto del capital suscrito.
Ello no implica, en manera alguna, la creación de un documento
sujeto a inscripción en el registro. Por lo tanto, el artículo 8, b),
del Decreto 650 de 1996, fue anulado; toda vez que este, por vía
reglamentaria, pretendía convertir un contrato consensual en un
contrato solemne, y así establecer un nuevo hecho generador del
impuesto de registro. En sentencia del 4 de septiembre de 1998
(ponente Daniel Manrique G.) se declaró nula la disposición reglamentaria
de la ley tributaria, que sometía al impuesto de registro
los aumentos de capital suscrito de las sociedades, por pretender
establecer un nuevo hecho generador del impuesto de registro
mediante un decreto reglamentario «… sin tener en cuenta que la
facultad impositiva reside en el legislador».
Esta corporación declaró nula la frase «aumento de capital
suscrito o de» contenida en el literal b) del artículo 8 del Decreto
reglamentario 650 de 1996, por vulnerar el artículo 226 de la Ley
223 de 1995 y el artículo 338 de la Constitución; y advirtió que «el
contrato de suscripción de acciones es un contrato eminentemente
consensual, y no requiere las formalidades propias de las
reformas estatutarias». La norma fue declarada nula, puesto que
convertía el contrato de suscripción de acciones en solemne; es
decir, exigía que se registrara obligatoriamente para fijar la base
gravable del impuesto de registro, mientras que las normas superiores
lo tienen por consensual.
2. Solo por excepción, cuando la conformación o el aumento del capital
suscrito tengan su expresión en escrituras de constitución,
o en reformas de la sociedad, hay lugar al impuesto sobre el importe
correspondiente al capital suscrito o a su aumento, según
lo dispone el artículo 229 de la Ley 223 de 1995. Así pues, al no ser
el contrato de suscripción de acciones un «acto sujeto a registro»,
no son sujetos pasivos del impuesto de registro las sociedades
que certifiquen el aumento de su capital suscrito, ya que solo son
sujetos pasivos del impuesto los particulares contratantes, y los
beneficiarios del acto o providencia sometida a esta solemnidad.
Reitera la Corporación que:
El certificado del revisor fiscal no tiene carácter de acto, ni (de) documento,
ni (de) negocio jurídico del que pueda predicarse la causación
del impuesto, sino que cumple con una función informativa
sobre el importe actualizado del capital suscrito. Luego de considerarse
que aquel es un acto sometido a registro, el impuesto que
debe liquidarse es el previsto para los actos sin cuantía, y no en
función del importe del aumento del capital suscrito, y al no hacerlo
así se incurre en violación del artículo 230, literal c) de la Ley 223
de 1995, (el) artículo 6 del Decreto reglamentario 650 de 1996, y (el)
3.° de la Ordenanza de la Asamblea de Cundinamarca del 26 de febrero
de 1996, según la cual los actos sin cuantía están sometidos
a una tarifa equivalente a cuatro salarios mínimos legales diarios.
Se concluye, pues, que al margen de la obligación prevista en
el artículo 376 del Código de Comercio, y su Decreto reglamentario
1154 de 1984, respecto de la certificación de revisor fiscal remitida
por la sociedad actora para su registro ante la Cámara de Comercio
de Bogotá, a que se ha venido haciendo referencia, no se genera
el impuesto de registro que fuera liquidado y pagado tomando
como base el aumento del capital suscrito de la sociedad, producto
de la colocación de acciones (Consejo de Estado, Sección Cuarta,
Sentencia de 17 de marzo de 2004. Actor: Cervecería Leona).
3. La causación del tributo ocurre en el momento de solicitar la inscripción
del acto o contrato, ante las oficinas de instrumentos públicos
o ante las cámaras de comercio, de conformidad con el artículo
228 de la Ley 223 de 1995, aplicable también para el aumento
de capital suscrito de las sociedades por acciones.
En este caso (Consejo de Estado, Sección cuarta, Sentencia 13482 de febrero
5 de 2004. Actor: Capital Energía S. A. Ponente: Ligia López Díaz) la actora
incrementó su capital suscrito, por concepto de capitalización de la prima
en colocación de acciones, ordenada por la Asamblea General de Accionistas
de fecha 17 de noviembre de 1998. El revisor fiscal de la sociedad certificó que
el 30 de noviembre de 1998 se contabilizó la capitalización de la prima, en

440 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 441
colocación de acciones. El 26 de febrero de 1999 la demandante solicitó la
inscripción de la certificación ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
La demandante planteó que al momento de contabilizar la capitalización
no estaba vigente el artículo 153 de la Ley 488 de 1998, y que, por lo
tanto, no existía hecho generador que obligara al pago de dicho impuesto.
Solicitó, por lo tanto, que se declarara la nulidad de las resoluciones de la cámara
de comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde
niegan la devolución de lo pagado.
El problema radica entonces en determinar el momento en el cual se
presenta el hecho generador del impuesto de registro, tratándose del aumento
de capital suscrito. Para la demandante, ocurre al tiempo en que
efectivamente se contabiliza la capitalización; mientras que para la demandada
y el Ministerio Público se presenta cuando se solicita la inscripción del
documento correspondiente. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca
estimó que el impuesto se causó al momento de la solicitud de inscripción
del aumento y, como no se canceló, consideró que fue legal la actuación de
la cámara de comercio y de la Superintendencia de Industria y Comercio de
negar el registro.
El Consejo de Estado confirmó la sentencia apelada y estableció, en
primer lugar, que, como lo estableció la Corte Constitucional en Sentencia
C-569 de 2000, el artículo 153 de la Ley 488 de 1998 no crea un nuevo impuesto,
sino que establece un nuevo hecho generador al impuesto de registro
consagrado en la Ley 223, y, por lo tanto, debe integrarse normativamente
al anterior impuesto.
Establece también que la causación del tributo ocurre en el momento
de solicitar la inscripción del acto o contrato ante las oficinas de instrumentos
públicos, o ante las cámaras de comercio, de conformidad con el artículo
228 de la Ley 223 de 1995, aplicable también para el aumento de capital
suscrito de las sociedades por acciones. Así pues, el momento en el cual se
causa el tributo es el mismo en que se causa el hecho generador. No puede
considerarse que la sola capitalización genere el impuesto, pues este es un
acto documental que, de conformidad con el Decreto reglamentario 1154 de
1984, está sujeto a registro en la cámara de comercio respectiva. Concluye el
Consejo de Estado que, tratándose de aumentos de capital suscrito de sociedades
por acciones, se genera el impuesto de registro al momento de la solicitud
de inscripción del documento respectivo y se aplican las disposiciones
vigentes en ese momento. De esta forma, por haberse solicitado la inscripción
de dicho documento después de haber entrado en vigencia el artículo
153 de la Ley 488 de 1998, estaba el demandante en la obligación de pagar
el impuesto de registro, aunque la capitalización se hubiere realizado con
anterioridad a la vigencia de dicha ley.
El «aumento de capital asignado» es entendido como la suma que una
sociedad extranjera asigna a su sucursal en Colombia (artículo 484, C. Co.). El
artículo 485 establece que la sociedad extranjera responderá ante terceros,
al tenor de los estatutos que tenga registrados en la cámara de comercio. El
artículo 697 del Código de Comercio, por remisión, hace aplicable a las sucursales
de sociedades extranjeras el régimen de las sociedades nacionales.
Esto implicaría necesariamente que, como lo consideró conveniente el consejero
Julio Correa Restrepo en su salvamento de voto, la modificación del
capital asignado a una sucursal de una sociedad extranjera, aunque es un
acto realizado en el exterior, debe protocolizarse y registrarse en la cámara
de comercio, pues es un aumento real del capital social y por ello debiera estar
sujeto al impuesto de registro. La Corporación considera que el aumento
del capital asignado no es un acto sujeto por ley a inscripción en el Registro
Mercantil, por lo cual la exigencia de su inscripción constituye un exceso en
la potestad reglamentaria (Consejo de Estado, Sección Cuarta, Magistrado
Ponente: Dr. Germán Ayala Mantilla, Sentencia AI-017, de febrero 5 de 1999).
La Ley 488 de 1998, en su artículo 153, pretendió subsanar el exceso de
potestad reglamentaria en que incurrió el decreto reglamentario en su momento,
y estableció que «todo aumento de capital suscrito de las sociedades
por acciones, inscritas en el Registro Mercantil, está sometido al pago del
impuesto de registro que establece el artículo 226 de la Ley 223 de 1995»,
cerrando así cualquier puerta de interpretación favorable al contribuyente.
Puede decirse que el avance jurisprudencial más significativo en materia
de impuesto de registro lo ha tenido el tema de la causación de este gravamen
originada en aumentos de capital. Lo anterior, por dos razones: (i) la jurisprudencia
del Consejo de Estado logró establecer, mediante el análisis de la naturaleza
del contrato de suscripción de acciones, que la inscripción en el registro
del certificado del revisor fiscal donde conste el aumento del capital suscrito
no genera impuesto de registro, por no ser un documento de la sociedad que
deba registrarse en la cámara de comercio (lo que debe registrarse es un simple
certificado de un tercero, en que conste que dicho aumento se efectuó), y

442 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 443
(ii), se logró anular el término de quince días para solicitar la devolución del
pago de lo no debido por concepto de impuesto de registro, consagrado en el
inciso 6 del artículo 15 del Decreto reglamentario 650 de 1996. Consideró el
Consejo de Estado (sentencia de marzo 19 de 1999) que el término de quince
días fijado para la devolución, no es un término establecido en el parágrafo
1, ni en ningún aparte del artículo 223 de la Ley 223 de 1995, norma supuestamente
reglamentada. De tal manera que con la adición del término de quince
días por parte del Decreto 650, para solicitar la devolución del pago de lo no
debido por concepto de impuesto de registro, se incurrió en un evidente exceso
de reglamentación, lo que hacía anulable dicha norma.
3.4.4 Esquemas de reestructuración empresarial:
escisión, transformación y fusión
El Código de Comercio establece, en su artículo 28, numeral 9, que «deberán
inscribirse en el Registro Mercantil […] la constitución, adiciones o reformas
estatutarias y la liquidación de sociedades comerciales, así como la designación
de representantes legales y liquidadores, y su remoción […]».
A su vez, el Decreto 650 de 1996, en su artículo 8, literal b), reglamentando
lo relativo a la base gravable del impuesto de registro consagrado en
la Ley 223 de 1995, estipuló que:
En la inscripción de actos o contratos relativos a la escisión, fusión
y transformación de sociedades en las que se produzca aumento
de capital o cesión de cuotas o partes de interés, la tarifa del impuesto
se aplicará sobre el respectivo aumento de capital o (sobre)
el valor de la respectiva cesión, según el caso.
El artículo 6, literal g), establece que todos los actos, contratos o negocios
jurídicos sin cuantía, es decir, aquellos que no generan derechos apreciables
pecuniariamente a favor de los particulares, sujetos al impuesto de registro,
estarán gravados con tarifas entre dos (2) y cuatro (4) salarios mínimos diarios
legales, y «se consideran actos sin cuantía, entre otros, […] la inscripción de
reformas relativas a la escisión, fusión o transformación de sociedades que no
impliquen aumentos de capital ni cesión de cuotas o partes de interés».
Antes de empezar el análisis de la incidencia del impuesto de registro
en los diversos tipos de esquemas de reorganización corporativa, es necesario
aclarar que, por un lapsus del legislador, este incluyó el aparte «o el
valor de la respectiva cesión», en lo correspondiente a la base gravable del
impuesto en materia de escisiones, fusiones y transformaciones. No es posible
imaginarse en qué supuesto, como resultado de una fusión, escisión o
transformación, se dé una cesión de cuotas o partes de interés. Se tendería
a pensar, luego de una interpretación exegética, que fuera solo en el caso
en que dentro del mismo acto se realizaran las dos operaciones, pero esto
carecería de lógica y no sería consecuente con el tema que se plantea. Otra
opinión más flexible, la cual se adoptará como mero supuesto académico, es
la que indica que en la fusión y escisión pueden darse cesiones de cuotas o
partes de interés como consecuencia de dichas reestructuraciones, siempre
y cuando el bloque patrimonial que se enajene esté compuesto total o parcialmente
por estas cuotas o partes de interés.
Considerar que una fusión o una escisión no generan aumento de capital
en la beneficiaria, es un supuesto casi imposible. Solo podría suceder
cuando la beneficiaria tenga una imbricación total con la escindente o con
la fusionante, y en tal caso, al consolidarse dicha operación se cancelarían
las participaciones de ambas compañías.
Para empezar, debe aclararse que el espíritu de la norma, refiriéndose a
los hechos generadores del impuesto en la escisión, no se refiere al aumento
de capital en la escindente (puesto que por obvias razones se da una disminución
en este), sino al de la beneficiaria; ni a la cesión de cuotas que resulte
de la fusión, puesto que, como efectos de una fusión, no se ceden cuotas.
Las cuotas a las que hace mención la norma, son las cuotas que posea la
beneficiaria dentro de sus activos fijos o movibles, y que, como cualquier
otro activo, pasan a manos de un tercero beneficiario, en razón de la escisión.
Si bien la regla general es que la fusión siempre implica aumento de
capital, podría también no generarse este aumento como consecuencia
de la fusión, creándose así una excepción a la regla general. Piénsese en el
caso de dos sociedades que tengan capitales imbricados y que sean simultáneamente
accionistas la una de la otra. Al fusionarse se cancelarían las
cuotas o acciones que la una tiene en la otra, hasta el punto de no generar
un aumento en el capital sino de dejarlo igual al original (ejemplo extremo,
pero posible).

444 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 445
Así pues, por regla general, cualquier tipo de fusión, escisión o transformación
generará impuesto de registro, sea que este se liquide sobre el
monto de la cesión o aumento de capital (concurrente o consecuencial), o se
liquide como acto sin cuantía. Existen algunas excepciones a la causación de
este impuesto, como son las siguientes:
Humberto Longas Londoño (2002, p. 79) sostiene la tesis de que las escisiones
son actos sin cuantía, porque en la escisión no hay enajenación, puesto
que solo hay intercambio de acciones equivalentes. Esta tesis es interesante,
pero desconoce una realidad: para efectos tributarios, no se considera
que existe enajenación entre la sociedad escindida y la beneficiaria, sino en
relación a los activos que, en virtud de esta recomposición, cambiarían de
titular; para efectos del impuesto sobre las ventas y del impuesto sobre la
renta, no en relación con la base sobre la cual se deberá liquidar el impuesto
de registro. Lo anterior implica que, como quedó expuesto en el cuadro de bases
y tarifas, la escisión se liquidará como acto sin cuantía, siempre y cuando
no conlleve ni cesión de cuotas ni aumentos de capital; de lo contrario, estará
gravada con la tarifa del 0,7 % del aumento de capital o del valor de la cesión.
No queda duda entonces de que en la fusión, escisión y transformación
cualquier acto genera impuesto de registro, sea con cuantía o sin ella,
dependiendo de si se efectúan aumentos de capital y/o cesión de cuotas.
Solo aparece de manifiesto el hecho de que el legislador, por descuido o deliberadamente,
excluyó la mención de «acciones» al mencionar las cuotas y
las partes de interés. Esto podría suscitar los siguientes inconvenientes de
orden práctico en los distintos tipos de escisión:
3.4.4.1 Escisión
3.4.4.1.1 En la escisión parcial
En la escisión parcial, la escindente, sin disolverse, fracciona parte de sus activos,
pasivos y cuentas patrimoniales, para traspasarlos en bloque a una o
varias sociedades ya existentes, o los destina a la creación de una o varias
sociedades nuevas. Esta operación implica solo una disminución del capital
(u otras cuentas patrimoniales) de la sociedad escindente, pero no se extingue
su personalidad jurídica.
La importancia de esta modalidad de escisión, frente al impuesto de
registro, es que la sociedad beneficiaria siempre aumentará su capital al beneficiarse
de la transferencia patrimonial que le hace la escindente. Es casi,
pues, una constante; al igual que en casi todas las fusiones, en las que el
capital de la beneficiaria se aumenta. Como se mencionó anteriormente, en
las únicas fusiones y escisiones donde no se da aumento de capital es en
las sociedades cuyos capitales se encuentren absolutamente imbricados los
unos en las otras. En este evento, sea por escisión, por absorción (escisiónfusión)
o por algún tipo de fusión, entraría a darse una cancelación simultánea
de todas las participaciones, hasta el punto en que, al consolidarse los
patrimonios, el capital quedará idéntico.
Ahora, si la escindente, en virtud de la escisión parcial, traspasa un paquete
accionario (activo fijo) a la beneficiaria, ¿se generaría el impuesto sobre
el aumento de capital de la escindida, o sobre el monto total de la cesión
de acciones? Evidentemente, lo sería sobre el aumento de capital de la beneficiaria,
puesto que no solo no está gravada la cesión de acciones con el
impuesto de registro, sino que ellas serían transferidas por un menor valor
para aminorar gastos legales, quedando así el aumento de capital de la escindida
como parámetro ideal para calcular el impuesto imponible.
3.4.4.1.2 En la escisión total
En la escisión total, la sociedad se extingue sin liquidarse, y su patrimonio se
traspasa en bloque a otras sociedades ya creadas o que se crean para el efecto.
El impuesto de registro en este tipo de escisión se causará, ya sea por
el aumento de capital suscrito o social (dependiendo de si la beneficiaria
es una sociedad por cuotas o acciones) que sufra la sociedad beneficiaria;
o por el valor del capital suscrito, capital social o patrimonio asignado, si se
trata de una sociedad que sea constituida con el fin de que reciba el patrimonio
de la escindida.
3.4.4.1.3 En la escisión por creación
Según el artículo 3 de la Ley 222 de 1995, una sociedad sin disolverse destina
en bloque una o varias partes de su patrimonio a la creación de nuevas

446 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 447
sociedades, o divide su patrimonio en dos o más partes que se destinan a la
creación de nuevas sociedades.
En esta modalidad de escisión se observa la norma general para el cálculo
del impuesto, es decir, si conlleva aumento de capital se liquidará sobre
el capital aumentado, y si conlleva cesión de cuotas se tomará el valor
correspondiente al 100 % del valor de dichas cuotas. De concurrir ambos
supuestos, deberá cancelarse el 0,7 % sobre el capital aumentado, y el 0,7 %
sobre el valor total de la cesión, toda vez que el artículo 2 (2) del Decreto 650
de 1996, establece que: «Cuando un mismo documento contenga diferentes
actos sujetos a registro, el impuesto se liquidará sobre cada uno de ellos,
aplicando la base gravable y las tarifas vigentes en la ley». La cancelación de
estos dos actos excluye el pago de 4 salarios mínimos legales diarios como
costo legal de la escisión en sí.
En el ejemplo de que una sociedad escindida traspase una parte de su patrimonio
(constituido exclusivamente por acciones en otras sociedades) para
crear una beneficiaria, y que, a su vez, dicha beneficiaria quede con algunos
socios diferentes a quienes conformaban la escindida, el acto de la escisión
estaría gravado con tarifa de acto sin cuantía, aunque la transacción en sí sea
onerosa; toda vez que no se dio un aumento de capital, y no se cedieron cuotas
(en estricto sentido). No obstante lo anterior, el acto de constitución de la
beneficiaria estaría gravado con el impuesto de registro normal para la constitución
de sociedades (0,7 %), y cuya base sería el monto total de lo traspasado.
3.4.4.1.4 En la escisión por absorción
Se da cuando una sociedad transfiere en bloque una o varias partes de su
patrimonio a una o más sociedades existentes.
La escisión por absorción, también llamada escisión-fusión, implica que
el patrimonio de la escindente se «fusione» con el patrimonio de la beneficiaria.
De esta forma, al registrar el aumento de capital de la beneficiaria, se
liquida el impuesto de registro correspondiente a este.
De existir una sociedad por acciones (S. A. o S. C. A. 43 ) que quiera hacer
una escisión parcial para separar a un grupo de accionistas de la escindida,
43 O una S. A. S.
mediante el traspaso de una parte de su patrimonio (constituido exclusivamente
por acciones de otras compañías), dicha operación se consideraría
como un acto sin cuantía, toda vez que se encontraría en el supuesto de
hecho del artículo 6 (g) del decreto 650 de 1996, el cual establece que se
tendrán como actos sin cuantía «la inscripción de reformas relativas a la escisión,
fusión o transformación de sociedades que no impliquen aumentos
de capital ni cesión de cuotas o partes de interés».
Inmediatamente surge una pregunta: ¿El que no esté prevista «la cesión
de acciones» dentro del artículo anterior, implica que no constituye este
un hecho generador del impuesto de registro, o simplemente implica que
no se toma en cuenta para calcular la base gravable de dicho impuesto? La
respuesta es que solo se afecta la base gravable, disminuyéndola, toda vez
que el hecho generador, como se estableció atrás, es la inscripción de un documento
que deba ser registrado en la cámara de comercio o en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos.
3.4.4.1.5 Escisiones especiales
Algunos tipos especiales de escisiones, sean estas parciales o totales, por
creación o por absorción, tienen consecuencias disímiles frente al impuesto
de registro.
Las escisiones forzosas de sociedades anónimas, tan famosas en otras
latitudes, resultantes de un fallo judicial o de una orden administrativa por
monopolizar el mercado, tendrían la calidad de actos que, además de no generar
un aumento de capital ni una cesión de cuotas, no generan el impuesto
de registro, toda vez que, al tenor del artículo 3 del Decreto 650 de 1996,
«No generan el impuesto de registro, la inscripción y cancelación de las inscripciones
[sic] de aquellos actos o providencias judiciales y administrativas
que por mandato legal deban ser remitidas por el funcionario competente
para su registro».
La escisión de empresas unipersonales (E. U.), si bien no fue regulada
expresamente por parte de la Ley 222 de 1995, es viable, tomando en cuenta
que estas se asimilan para todos los efectos a las sociedades comerciales
(artículo 80, Ley 222 de 1995). Esta opinión es compartida por el profesor
Francisco Reyes Villamizar (2002: 170), quien establece que:

448 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 449
No se observa, en forma alguna, que las normas que regulan la
mencionada operación de reestructuración resulten incompatibles
con el régimen de la empresa unipersonal de responsabilidad
limitada. Por el contrario, la posibilidad de que esta última se escinda,
o, más aún, que nazca como beneficiaria en una operación
de escisión, se convierte, a no dudarlo, en una atractiva modalidad
de reestructuración.
Esta operación constituye, desde la perspectiva impositiva-registral,
un excelente vehículo para reestructurarse, toda vez que constituiría una
operación libre del impuesto de registro. La exención del impuesto de registro
se da independientemente de cuál sea su modalidad: parcial, total, por
absorción o por creación; toda vez que los artículos que estipulan las bases
gravables de los actos societarios sujetos a este impuesto (Arts. 8 (e) y 6 (g)
del Decreto 650 de 1996) regulan lo relativo a la fusión, escisión y transformación
de sociedades, lo cual implicaría hacer una analogía restrictiva y
desfavorable para aplicar a las personas jurídicas de carácter no societario
las cargas impositivas de las sociedades. De esta forma, se le aplicaría a las
E. U. lo favorable de las sociedades comerciales (la posibilidad de reestructurarse
por medio de una escisión), pero no lo desfavorable de aquellas (el
impuesto de registro).
La existencia de la escisión de sociedades de hecho es desacreditada por
la doctrina, toda vez que «no es posible la operación porque la sociedad de
hecho no es persona jurídica y, por tanto, carece del atributo de patrimonio
propio». Dicha posición se basa en la premisa de que solo podrán escindirse
las formas asociativas que posean patrimonio propio, lo cual es extraído del
artículo 3 de la Ley 222, que establece que «la escisión es la transferencia en
bloque de una o varias partes del patrimonio de una sociedad». Si bien es
respetable dicha posición, debe entenderse que las sociedades de hecho se
encuentran en terrenos jurídicos atípicos e irregulares; por lo cual habría de
hablarse también de escisiones de hecho, las cuales no se encuentran expresamente
prohibidas y, por tanto, están permitidas. Si la escisión de hecho se
diera para beneficiar a una sociedad ya constituida (escisión por absorción),
debiera tomarse entonces como una cesión de activos y pasivos, la cual estaría
exenta del impuesto de registro, siempre y cuando los bienes cedidos
no fueran inmuebles. Si, por el contrario, la escisión de hecho se diera para
constituir una sociedad que se beneficiara de dicha escisión (escisión por
creación), lo que efectivamente se daría sería un aporte a la constitución de
una empresa unipersonal (por no haber pluralidad) o a una sociedad (en el
caso de haber pluralidad). Desde el punto de vista de la causación del impuesto
de registro, ambas operaciones estarían exentas, toda vez que ni la
cesión de activos muebles, ni la constitución de empresas unipersonales están
consagradas como hechos generadores del impuesto de registro.
3.4.4.1.6 Segregación o escisión impropia
Esta operación puede ser vista como una en la que una sociedad segregante
destina una o varias partes de su patrimonio para constituir una o varias
sociedades, o para aumentar el capital de compañías ya existentes. Como
contraprestación, la sociedad segregante –no sus socios o accionistas– recibe
acciones, cuotas o partes de interés de las sociedades segregadas.
Dentro de esta operación, sí es de recibo la teoría del profesor Humberto
Longas arriba señalada. En este esquema no hay una escisión en estricto
sentido, puesto que no hay un rompimiento del patrimonio de la sociedad
segregante. Según Francisco Reyes (2002, p. 178):
En la medida en que esta recibe como contrapartida necesaria de la
operación, acciones, cuotas o partes de interés de las sociedades segregadas,
su patrimonio se mantiene intacto. Así pues, en la práctica ocurre que
la sociedad segregante cambia un activo por otro. Se trata por tanto de una
simple operación de adquisición de participaciones de capital en una u otra
sociedades, cuyo pago se hace en especie con cargo a partes patrimoniales
de la segregante.
Dado que no es una escisión en estricto sentido, puesto que no implica
extinción de la sociedad segregante ni reducción de su capital, ni se aplican
las formalidades propias de la escisión, no es una operación sujeta al impuesto
de registro.
3.4.4.1.7 Escisión múltiple
Esta se da cuando varias sociedades se escinden, total o parcialmente, para
transferir porciones de sus patrimonios a una o más sociedades ya formadas,
o a una o más sociedades que se forman para recibirlas.

450 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 451
La causación del impuesto de registro en este tipo de sociedad depende
del momento en el cual se perfeccione el traspaso patrimonial. Así, si una
sociedad recibe de tres compañías cien millones de pesos exactamente en
el mismo instante, registra un aumento de capital de trescientos millones, y
sobre eso liquida su impuesto de registro (asumiendo que todo el aporte se
impute a capital). Si, por el contrario, se da en varios momentos sucesivos, el
impuesto se liquidará con cada aumento de capital. Dentro de la práctica no
se ve que los aportes de sociedades se contabilicen como uno solo, puesto
que ello implicaría que todas las sociedades aprobaran su proyecto de escisión
simultáneamente, lo cual es prácticamente imposible.
3.4.4.1.8 La escisión y la transferencia de inmuebles
El tema del impuesto de registro y gastos notariales en materia de escisión,
cuando ella implique transferencia de bienes inmuebles, nunca ha sido un
tema fácil de tratar, hasta el punto que la Superintendencia de Notariado
y Registro se vio obligada a expedir la Instrucción Administrativa 06 de
1997, por medio de la cual dejó plasmado su criterio frente a este tema.
Posteriormente, dicha instrucción administrativa fue demandada ante el
Consejo de Estado. El resumen de esta polémica puede sintetizarse así:
La Ley 222 de 1995, en su artículo 8, establece que la escisión de sociedades
se perfecciona con el registro mercantil de la escritura pública por
medio de la cual se formaliza esta operación, en lo que toca con la reforma
estatutaria que dicha figura conlleva. Del contenido del artículo 9 de esa
misma ley, se puede concluir que también es necesario el registro inmobiliario,
puesto que la tradición de los inmuebles no se produce con el solo
registro mercantil.
En toda modalidad de escisión existe una transferencia patrimonial en
bloque, la cual es válida y oponible a partir del registro mercantil de la escritura
pública de escisión. Es así como «el solo registro mercantil de la escritura
de escisión es entonces suficiente para que se entienda transferido el
complejo de relaciones inherentes al patrimonio social, total o parcialmente,
a las sociedades beneficiarias».
Con el registro mercantil de la escritura de escisión no opera la modificación
del derecho de dominio (inciso 2, artículo 9, Ley 222/95) de los bienes que
están sujetos al registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos;
por lo cual es necesario que este se efectúe en un acto posterior (artículo 2,
Decreto-Ley 1250 de 1970), presentando en dicha oficina la escritura de escisión,
en la cual deben estar enumerados los bienes y los números de folio de
matrícula, o el dato que identifique el registro del bien o derecho respectivo.
Una cosa es la escisión, que como tal se considera un acto sin cuantía,
y otra diferente la transferencia de inmuebles entre la sociedad escindida y
las beneficiarias, frente a lo cual se causa el impuesto de registro liquidado
conforme al valor de los inmuebles cuyo dominio se transfiere.
Como la escritura de escisión comprende dos actos sujetos a registro,
esta se inscribe en dos momentos distintos; uno en la(s) cámara(s) de comercio
respectiva(s), con la finalidad de registrar la reforma estatutaria de
escisión (acto sin cuantía, si no implica aumento de capital o cesión de cuotas
o partes de interés (artículo 6, literal g, Decreto reglamentario 650/96);
y otro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con la finalidad de
registrar la tradición de los inmuebles, que debe considerarse como un acto
con cuantía, respecto del cual se causa el impuesto de registro (artículos 226
y 229 de la Ley 223/95, y artículo 1 del Decreto 650/96), ya que se trata de la
inscripción de un documento en el que consta la transferencia del dominio
sobre bienes inmuebles.
En relación con los derechos registrales, a pesar de que es claro que la
escisión de sociedades conlleva indefectiblemente la transferencia de bienes
raíces, y que es, por tanto, un acto sujeto a registro inmobiliario (artículo
226 de la Ley 223/95), cuya inscripción ocasiona el pago de los derechos registrales,
no existe claridad en relación con la tarifa por dicho concepto, puesto
que no hay una reglamentación específica sobre el particular. De esta forma,
en la instrucción administrativa de la Superintendencia se determina que,
en relación con los derechos de registro, se considerará la escisión como un
acto con cuantía, y que estos se liquidarán de acuerdo con lo previsto en el
artículo 1 del Decreto 1708 de 1989.
El factor determinante para que se considere con cuantía un acto es la
naturaleza del documento donde consta este, de manera tal que si por este
hecho el documento no contiene información alguna sobre el valor de los
bienes, se estará en presencia de un «acto sin cuantía», para efectos de la
liquidación de los derechos registrales, así este verse sobre inmuebles.
En efecto, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 222 de 1995, en la escritura
de escisión solo deben aparecer enumerados los bienes y los números de

452 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 453
folio de matrícula, o el dato que identifique el registro del bien o derecho respectivo,
no siendo necesario indicar cuál es el valor de cada uno de los bienes.
El Consejo de Estado concluye, en sentencia de diciembre 11 de 1998,
que «solo para efectos de los derechos registrales, la escisión de sociedades
que implique transferencia de inmuebles es un acto sin cuantía». En consecuencia,
la tarifa aplicable es la señalada en el numeral 1 del Decreto 1708 de
1989, o sea, $1000 pesos por cada uno de los bienes inmuebles relacionados
en la escritura de escisión. Por las razones expuestas, la Sala anula el siguiente
párrafo de la instrucción objeto de la demanda:
En razón a que la escisión carece de una reglamentación especial
frente a los derechos de registro –como sí la hay en relación con
los derechos notariales–, no puede ser considerada como acto sin
cuantía; y en esas condiciones, la liquidación de los emolumentos
que causa la prestación de este servicio se hará de conformidad
con lo previsto por el artículo 1 del estatuto tarifario en mención.
Los apartes más significativos de la Sentencia del 11 de diciembre de
1998, expediente 0049 y 8898 del Consejo de Estado, Sección Cuarta, ponente
Delio Gómez Leyva, por medio de la cual se anuló la precedente transcripción,
son los siguientes:
Al ser la tradición de inmuebles derivada de la escisión, un acto
sujeto a registro inmobiliario, se causa respecto del mismo el
Impuesto de Registro, a términos del artículo 226 de la Ley 223
de 1995, en armonía con el artículo 1 del Decreto 650 de 1996, reglamentario
de esta, pues se trata de la inscripción de un documento,
es decir, la escritura pública de escisión que contiene una
enajenación, entre otros, de bienes inmuebles cuyos beneficiarios
son las sociedades beneficiarias (artículo 3 de la Ley 222 de 1995),
y que debe registrarse en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 1250 de
1970, en armonía con el artículo 9 de la Ley 222 de 1995.
Así las cosas, como la tradición de los inmuebles que va envuelta
en la transferencia en bloque de los activos y pasivos de
la sociedad escindente a las sociedades beneficiarias, da lugar al
Impuesto de Registro, resultan acertadas las precisiones efectuadas
por la demandada […] pues se limitan a reconocer la existencia
de varios actos sujetos a registro público, uno mercantil y el
otro inmobiliario.
[…] La transferencia de inmuebles es un acto que si bien resulta
de la escisión, no modifica para nada su carácter de reforma
estatutaria, como acto sin cuantía. El acto que tiene cuantía no es
por lo tanto la escisión misma sino el traspaso de inmuebles que
la transferencia en bloque como efecto de la escisión envuelve.
Así las cosas, el acto acusado no está configurando una escisión
excepcional, esto es, con transferencia de inmuebles, y por
ende, como acto con cuantía, sino reconociendo que en el mismo
documento de escisión hay varios actos sujetos a registro, y
por ende varios hechos generadores del impuesto de registro, tal
como expresamente lo reconoce también el artículo 2 del Decreto
reglamentario 650 de 1996, cuando prescribe que «cuando un
mismo documento contenga diferentes actos sujetos a registro,
el impuesto se liquidará sobre cada uno de ellos, aplicando la base
gravable y la tarifa establecida en la ley».
[…] La transferencia de dominio de bienes inmuebles resultante
de la escisión de sociedades, es un acto objeto de registro en
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados, contenido
también en la escritura pública de escisión, acto que depende
de que en la transferencia en bloque resultante de la escisión vaya
envuelta o no la enajenación de inmuebles, lo que confirma que
la transferencia de dominio de inmuebles es consecuencia de la
escisión como reforma estatutaria.
[…] A diferencia de lo que sucede para efectos del Impuesto
de Registro, en el que claramente la escisión de sociedades que
envuelve la transferencia de bienes raíces es un acto con cuantía,
de acuerdo con el artículo 229 de la Ley 223 de 1995, en concordancia
con el artículo 4 del Decreto 650 de 1996.
En opinión de Ricardo Sabogal Vergara (2004, pp. 241 y ss.), para el
Consejo de Estado, aquellos actos que deban registrarse tanto en la cámara
de comercio como en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos,

454 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 455
comportan una duplicidad de hechos generadores y de actos jurídicos documentales,
generándose frente a cada uno de ellos un tratamiento frente
al impuesto autónomo, independiente e incluso acumulativo. Según él, no
debe confundirse la coexistencia, en un documento, de varios actos jurídicos
sometidos a registro, con un solo acto jurídico sujeto a formalidad registral,
tanto en las cámaras de comercio como en las oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos. Considera, al igual, que el Consejo de Estado debe variar
su doctrina para integrarla con sentencias como la del 21 de septiembre
de 2001 (ponente Ligia López Díaz) y la de 12 de noviembre de 2003 (ponente
Juan Ángel Palacio), en las cuales se establece que el hecho generador del
impuesto de registro es uno solo, aunque su momento de causación sea la
instancia de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
Instrumentos Públicos, sobre el total de la base gravable definida
en el artículo 229 de la Ley 223 de 1995 (es decir, sobre el valor incorporado
en el documento).
Lo anterior permite concluir que, cuando en virtud de una operación societaria
se transfiera en bloque un patrimonio compuesto, en todo o en parte
(por bienes inmuebles), y dicha operación implique un cambio en la estructura
societaria para el ente jurídico, se subsumirá el impuesto de registro relativo a
la transformación en el pago del impuesto de registro referido al traspaso de
los bienes inmuebles. Vale recordar que las tarifas con las cuales están gravados
los actos sujetos a registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
van del 0,5 al 1 %, determinadas por la respectiva Asamblea Departamental.
3.4.4.2 Transformación
La transformación es la reforma estatutaria por medio de la cual los asociados
adoptan un nuevo tipo de estructura societaria diferente a la convenida
en el momento de la constitución.
Las normas relativas al impuesto de registro consagran la transformación
como hecho generador de dicho impuesto, en los casos consagrados en
los literales 8 (e) y 6 (g), del Decreto 650 de 1996, estableciendo en estos que
si se inscribe un acto o contrato contentivo de una transformación, y en este
se produce o un aumento de capital o una cesión de cuotas, el impuesto se
liquidará sobre dicha cesión o aumento, y, de no darse ninguno de los anteriores,
se liquidará como acto sin cuantía.
Dichas referencias a la transformación como hecho generador del impuesto
de registro, establecen que por regla general la transformación causará
impuesto de registro, que se liquidará sobre el monto de la cesión o del
aumento de capital, o como acto sin cuantía.
El artículo 10 del Decreto reglamentario 650 de 1996, establece que:
Cuando los actos, contratos o negocios jurídicos deban registrarse,
tanto en oficinas de Registro de Instrumentos Públicos
como en cámaras de comercio, la totalidad del impuesto se generará
en la instancia de inscripción en la Oficina de Registro de
3.4.4.3 La fusión
La fusión sigue, en relación con el impuesto de registro, la misma regla general
estudiada hasta ahora. Corresponde entonces mirar las excepciones a
esta regla general en materia de fusión.
3.4.4.3.1 Fusión por creación y fusión por absorción
En la fusión por creación, donde dos o más sociedades se extinguen sin liquidarse,
con el propósito de crear una nueva sociedad que recibe el patrimonio de las
compañías fusionadas; y en la fusión por absorción, donde una o más sociedades
se extinguen para transferir en bloque sus patrimonios a otra sociedad ya
existente, que subsiste como persona jurídica, se aplica, sin ninguna posibilidad
de interpretación amplia o favorable, el artículo 8 (e) del Decreto 650 de 1996.
Para la determinación del impuesto a pagar, en ambos casos de fusión
debe mirarse si la aportación patrimonial de las sociedades fusionadas se
hace mediante un incremento del capital social o suscrito de la sociedad
absorbente, o si, en tratándose únicamente de sociedades por acciones, la
recepción patrimonial se realiza mediante la emisión de acciones (siempre
y cuando estas alcancen para compensar el valor de las aportaciones que
recibe). La diferencia entre ambos sistemas de transferencia patrimonial radica
en que, mediante el primer método, el impuesto de registro se liquida

456 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 457
sobre el aumento de capital suscrito o social, y, mediante el segundo, se liquida
como acto sin cuantía. Se liquidaría el impuesto sobre el aumento del
capital, en el primer caso, toda vez que encuadra de manera perfecta con el
supuesto de hecho del artículo 8 (e) del Decreto 650 de 1996; y como acto
sin cuantía, en el segundo caso, toda vez que estaría cediendo acciones y no
cuotas o partes de interés societario.
La Superintendencia de Sociedades, en oficio 220-29640 del 15 de diciembre
de 1994, estableció que:
[…] Cuando la fusión es por absorción, implicaría la realización
de alguna de las siguientes operaciones: o el aumento de capital,
aprobado con el quórum previsto para esa reforma estatutaria, y
ese aumento corresponderá al valor de los patrimonios netos [sic]
que se incorporan por la fusión, o si la fusionante es una sociedad
anónima y esa sociedad tiene acciones en cartera que alcanzan
para compensar el valor de las aportaciones que recibe, pues entonces
no necesitará hacer esa reforma. No requiriendo entonces
aumentar el capital autorizado, pues bastará la correspondiente
emisión de acciones a fin de colocarlas frente a los asociados de
las sociedades que concurran a la fusión.
Lo anterior implica, pues, que si el capital autorizado de la sociedad absorbente
no es igual o mayor al capital suscrito resultante de la consolidación
patrimonial de las sociedades fusionadas, la absorbente deberá aumentarlo.
Y si el capital autorizado de la sociedad absorbente es igual o mayor al capital
suscrito de la absorbente después de la fusión, entonces podrá emitir acciones
para colocarlas entre los asociados de la(s) sociedad(es) absorbida(s). En
este orden de ideas, cabe anotar que el consecuencial aumento de capital
autorizado en nada afecta la liquidación del impuesto de registro a pagar,
toda vez que el hecho generador es el aumento de capital suscrito, y este
aumentará dependiendo del monto que sea asignado a la cuenta «capital».
3.4.4.3.2 Fusión entre sociedades nacionales y extranjeras
Pueden darse aquí tres supuestos: (i) la absorbente es extranjera y la absorbida
es nacional; (ii) la absorbente y la absorbida son sucursales de sociedad
extranjera, ambas incorporadas en Colombia, (iii) la absorbente es extranjera
y tiene una sucursal incorporada en Colombia, y la absorbida es una
sociedad nacional.
En el primer caso (absorbente extranjera y absorbida nacional), el oficio
220-16478 de agosto 30 de 1994 44 , expedido por la Superintendencia de
Sociedades, estableció que:
[…] A la luz del ordenamiento jurídico colombiano, es posible
considerar viable la fusión entre una sociedad extranjera y una
44 Con posterioridad a la expedición de este Oficio, la Superintendencia de Sociedades
expidió los siguientes:
Oficio 220-63542 del 12 dic. 2004: «Efectuada la precisión que antecede y en el evento
en que la fusión que se proyecta corresponda a la fusión por creación prevista
por el legislador en el citado artículo 172 ibídem, es claro que puede llevarse a cabo,
siempre que se cumpla el procedimiento establecido en el artículo 173 y siguientes
del Código de Comercio mediante la constitución de una nueva compañía en los términos
del artículos 110 y siguientes del Código de Comercio, mecanismo en el que,
además, se impone cumplir con las normas propias de la inversión extranjera en
Colombia, previstas en el régimen cambiario (Decreto 1844 del 2 de julio de 2003)».
· Oficio 220-051140 del 13 de septiembre de 2005. «Consecuente con lo expuesto y
teniendo en cuenta que dentro del marco de la legislación tanto societaria como
contable, la prima en colocación es un elemento componente del patrimonio por
disposición expresa de la ley susceptible de ser capitalizada o distribuida a discreción
del máximo órgano social, en concepto de este Despacho no existiría óbice
desde esa perspectiva, para que en el proceso de integración patrimonial que surta
como consecuencia de la fusión, se lleve el saldo de la misma que registre la sociedad
absorbida, a la cuenta de capital de la sociedad matriz absorbente, la que
podrá darle la destinación a que haya lugar, conforme a las reglas que apliquen
en el país de su residencia, en concordancia con las nacionales, siempre que estas
condiciones sean previamente fijadas en el correspondiente compromiso, donde
se deben ver igualmente reflejadas las variaciones que se registren en el capital
asignado como en las demás cuentas del capital que corresponde a la sucursal que
la misma tenga incorporada en Colombia».
· Oficio 220-73777 del 21/12/2006: «[…] la operación es viable al amparo de la legislación
mercantil, bien cuando quiera que la primera, es decir la sociedad extranjera, absorba
a la segunda o, que esta, la colombiana, absorba a la sociedad extranjera […]».
· Oficio 220-21507 del 25 de abril de 2007: «No es posible deducir que en el evento de
que una sociedad extranjera pretenda absorber una sociedad nacional, sin que vaya
a mantener actividades permanentes en Colombia, sea innecesario incorporar una
sucursal en el territorio nacional. En esos casos no es factible hacer una fusión, pues
si el objeto no es continuar desarrollando el objeto social de la nacional, la fusión no
es el escenario expedito para alcanzar los resultados que se persiguen […]».

458 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 459
sociedad colombiana, en virtud de la cual la primera absorba a la
segunda, estableciéndose por aquella, como consecuencia, una
sucursal en nuestro país, que no solo continúe con el desarrollo
del objeto social de la nacional, sino que asuma sus obligaciones.
Este oficio establece la obligación, por parte de las sociedades extranjeras,
de enviar: (i) la resolución o acto en que la sociedad extranjera haya
acordado la fusión; (ii) compromiso de fusión, acreditando los requisitos
necesarios exigidos por la legislación propia de la sociedad extranjera, y
(iii) estados financieros producidos por la compañía, con un corte ajustado
a la toma de decisión de fusión, de acuerdo con las previsiones del Decreto
2649 de 1993.
En el segundo caso (fusión de dos sucursales de sociedades extranjeras
en Colombia) la Superintendencia de Sociedades cambió, mediante oficio
220-45783 de agosto 29 de 1997, la posición hasta entonces sostenida por
dicha entidad e incorporada en el oficio 200-50922 de noviembre 12 de 1996,
según la cual era improcedente aplicar a las sucursales de sociedades extranjeras
las normas sobre fusión y escisión consagradas para las sociedades mercantiles,
debiéndose por ende realizar simplemente una integración patrimonial.
El concepto emitido en el año 1997 establece que la Superintendencia es
competente para vigilar las sucursales de sociedades extranjeras y que, por
lo tanto, se les aplican a ellas las mismas normas que rigen a las sociedades
civiles y mercantiles 45 . Establece la entidad de control que:
[…] Como quiera que la protección a terceros cobra especial importancia
en materia de fusiones, se observa nítidamente la necesidad
de la publicación, en un diario de amplia circulación nacional,
un aviso destinado a poner en conocimiento de cualquier
interesado, que se ha acordado la fusión de por ejemplo [sic] unas
determinadas sociedades extranjeras […].
45 Con posterioridad a la expedición de este Oficio, expidió la Superintendencia de
Sociedades el Oficio 220-108141 del 24 de octubre de 2008, donde se establece que
«al no ser las sucursales de sociedades extranjeras personas jurídicas, no pueden
participar estas en procesos de fusión y escisión, ni como absorbentes ni como
absorbidas, y en el caso de la escisión, ni como escindentes ni como beneficiarias».
Para atribuirse la facultad de imponer dichas regulaciones, cita el artículo
5 del Tratado de Montevideo (ratificado por Colombia mediante la Ley
33 de 1992), que dispone que si bien «las sociedades que tengan el carácter
de persona jurídica se regirán por las leyes de su domicilio […], para el
ejercicio de actos comprendidos en el objeto de la institución se sujetarán a
las prescripciones establecidas en el Estado en el cual intentan realizarlos».
Mediante este pronunciamiento, adquieren las sucursales de sociedades
extranjeras (entes sin personalidad jurídica distinta de la que posee la sociedad
extranjera) las obligaciones estipuladas para la fusión de sociedades
comerciales en la Circular 7 de 1996. Si bien la Superintendencia establece
expresamente que «en nada se oponen ambos conceptos», la aplicación de
uno excluye inmediatamente el otro.
Para el tercer caso, mediante oficio 220-30946 del 27 de junio de 2002,
la Superintendencia de Sociedades estableció que:
[…] De conformidad con la Ley 33 de 1992, las sociedades extranjeras
que pretendan realizar un acto comprendido en el objeto de
su institución, se sujetarán a las prescripciones establecidas en el
Estado en el cual intentan realizarlas. Por tratarse de un negocio
que implica, además de la reforma y extinción de una sociedad
colombiana, la eventual afectación de los intereses de todos los
acreedores de la compañía, es apenas obvio que todos los involucrados
en el proceso, incluidas las entidades de vigilancia y control
que dan su autorización, deban tener certeza sobre las condiciones
económicas de la sociedad absorbente.
Ratifica la Superintendencia que, en tratándose de sucursales de sociedades
extranjeras:
En lo que concierne a la fusión, las normas propias previstas para las
sociedades colombianas también le serán aplicables y, en la medida
en que se ajuste a la naturaleza propia de este ente económico, deberá
aportar los mismos documentos que la sociedad colombiana.
En el primer caso (absorbente extranjera y absorbida nacional) el impuesto
de registro será liquidado como acto sin cuantía, toda vez que la

460 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 461
cámara de comercio del domicilio de la absorbida solo procederá al registro
de la extinción de la sociedad.
En el segundo caso (absorbente y absorbidas son sucursales de sociedades
extranjeras, ambas domiciliadas en Colombia), al igual que en el tercero
(absorbente extranjera con sucursal en Colombia y absorbida nacional),
se generará el impuesto por la inscripción del acto relativo a la fusión sobre
el respectivo aumento de capital.
3.4.4.3.3 Fusión de empresas unipersonales
La fusión de empresas unipersonales es viable por los mismos motivos aducidos
sobre la escisión de empresas unipersonales. Se daría, más que un inconveniente
jurídico, un inconveniente de orden práctico; toda vez que al
fusionarlas se convertiría la absorbente en sociedad si cada E. U. tiene como
titulares a empresarios distintos, a menos que dentro del término de seis
meses, establecido por la ley para efectuar la conversión en sociedad, esta
cediera las cuotas y así conservara su carácter unipersonal.
La prohibición, consistente en fusionar varias empresas unipersonales
cuyas cuotas pertenezcan al mismo dueño, se convierte en un problema de
orden práctico, toda vez que en la práctica es raro ver fusiones de empresas
unipersonales de dueños distintos, que a toda costa quieran mantener el
carácter unipersonal de la empresa. El profesor Francisco Reyes propone que
la forma para hacerlo es que el dueño de las cuotas celebre una cesión de
cuotas con un tercero, con pacto de devolución, evadiendo así la prohibición
del artículo 75 de la Ley 222 de 1995. Una vez cedidas las cuotas, y realizada
la fusión, dentro del término de seis meses contados a partir de esta deberá
ceder sus cuotas, para así quedar en manos de un solo titular.
La regulación impositiva en materia de registro, tratándose de operaciones
de fusión y escisión, es bastante compleja, toda vez que debe primero
aclararse el alcance del literal j) del artículo 8 del decreto 650 de 1996, en el
cual se establece que «a las empresas unipersonales se les aplicará, en lo pertinente,
lo dispuesto para las de responsabilidad limitada». Según lo anterior,
el impuesto de registro se liquidaría sobre el capital social de la sociedad que
surja como consecuencia de la fusión de las dos empresas unipersonales; o
sobre el suscrito, si de la conversión resulta una sociedad por acciones. Pero
si, acudiendo al anterior ejemplo, en una empresa unipersonal se ceden sus
cuotas a un tercero, para fusionar dicha compañía con otra empresa unipersonal
de su propiedad (conformando una sociedad), y luego el tercero cede
nuevamente sus cuotas a quien era originalmente su propietario, quedando
así el 100 % de las cuotas en cabeza del propietario original (y convirtiéndose
nuevamente en E. U.), la carga impositiva por concepto de registro sería el triple.
Esto, porque se causaría el impuesto al ceder las cuotas al tercero (liquidado
sobre el 100 % del valor de la cesión); después, nuevamente al convertirse
en sociedad (liquidado sobre el capital suscrito); luego, al ceder nuevamente
sus cuotas, y luego, al constituirse nuevamente en empresa unipersonal.
3.4.4.3.4 Fusión triangular
La fusión triangular, entendida como aquella en la cual una sociedad matriz
crea una filial, para que sea esta quien absorba la compañía que se desea
adquirir, constituye un mecanismo práctico de llevar a cabo fusiones cuando
no se quiere comprometer la responsabilidad de la matriz, y cuando no se
quiere que los accionistas de la matriz tengan derecho a retirarse.
El impuesto de registro, en este tipo de fusiones, se liquidará tomando
como base el aumento de capital de la nueva sociedad.
3.4.4.3.5 Fusión de sociedades de economía mixta y sociedades con
participación estatal
Las sociedades públicas (sociedades constituidas bajo las formas corporativas
del Código de Comercio, pero con participación de entidades estatales),
las sociedades de economía mixta, y las empresas industriales y comerciales
del Estado, pueden fusionarse bajo un régimen especial, conformado por
normas administrativas especiales (Ley 489 de 1998), y por normas comerciales,
las cuales, en muchos aspectos, se contradicen. Este tipo de fusión,
bajo un erróneo criterio del Ejecutivo, quedó exento del impuesto de registro.
El criterio utilizado para declarar exento del impuesto de registro la fusión
de dichas empresas, fue que tenían el carácter de empresas públicas, y
que, por esta razón, podía permitirse el no pago de este gravamen. Se considera
erróneo el criterio del Ejecutivo, puesto que no diferencia los ingresos
corrientes de la Nación de los ingresos corrientes que engrosarán las arcas
departamentales.

462 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 463
3.4.4.3.6 Fusión impropia
En el Concepto 220-41365, la Superintendencia de Sociedades estableció que:
[…] Como una variante de este fenómeno, aparece regulada en
este acápite la llamada fusión impropia, que, frente a la anterior,
presenta dos diferencias fundamentales:
a) Que en este caso no se está en presencia de una unión de
sociedades, sino simplemente en el surgimiento de una nueva sociedad
que absorbe a otra, y b) que la disolución de la sociedad
absorbida se ha producido previamente a la fusión, como consecuencia
de la ocurrencia de alguno de los hechos previstos en la
ley o en el contrato como causal de disolución.
De manera increíble, pero cierta, precisó la Superintendencia en este
mismo concepto, al preguntársele si era necesario obtener su aprobación
para realizar una fusión impropia (que ni de fusión ni de impropia tiene
nada), que:
La respuesta a la segunda inquietud está resuelta dentro de las
atribuciones de esta Superintendencia, dentro de las cuales se establece
que, respecto de las sociedades vigiladas, le corresponde a
este organismo autorizar las reformas estatutarias consistentes
en la fusión y escisión, precepto en el que la ley no distingue modalidad
alguna, por lo que, acorde con los principios de interpretación
de la ley contenidos en el Código Civil, debe concluirse que tal
autorización debe proferirse también cuando se trate de fusión
impropia, reforma que como se advirtió anteriormente debe realizarse
de acuerdo con el mismo procedimiento (artículo 84, numeral
7 de la Ley 222 de 1995).
Resulta difícil de entender lo anterior, puesto que en el mismo concepto
se desvirtúa el hecho de que esta figura sea una fusión (unión de sociedades),
sino que se trata verdaderamente de una reconstitución, para seguir
adelantando las funciones de la sociedad. Y, no obstante esto, se le exige la
autorización de la Superintendencia.
Para el tema que se analiza, la fusión impropia de dos sociedades anónimas
que se encuentren disueltas por estar incursas en el supuesto de hecho
del artículo 457, n. 2, del Código de Comercio; es decir, que ambas hayan
sufrido pérdidas que reduzcan su patrimonio neto por debajo del cincuenta
por ciento del capital suscrito, no implicaría ni un aumento de capital ni
una cesión de cuotas o partes de interés, por tratarse de acciones. Si bien es
atípico, no existe norma legal que impida que dos sociedades en estado de
disolución se fusionen.
3.4.5 Disolución
La disolución es el momento en el cual la sociedad suspende el desarrollo de
su objeto social y entra en liquidación. Todas las causales de disolución deben
sujetarse a las normas previstas para las reformas del contrato social 46 ,
excepto una: la causal general de disolución por vencimiento del término
previsto para su duración en el contrato, si este no fuere prorrogado válidamente
antes de su expiración.
Para este caso excepcional, establece el artículo 219 del C. Co. que «la disolución
de la sociedad se producirá, entre los asociados y respecto de terceros,
a partir de la fecha de expiración del término de su duración». Constituye
este un único caso, respecto a la disolución, en el cual no se hace necesario
el registro para dar publicidad y oponibilidad a una situación societaria que
normalmente sí lo requeriría. La ley establece, con un gran sentido práctico,
la operancia inmediata de esta causal, sin que sea necesario que medie
el registro de la respectiva reforma estatutaria. Lo contrario implicaría que
sociedades que se encuentran disueltas por vencimiento del término de su
duración no pudieran ser liquidadas, a menos que hubieran registrado la
respectiva reforma al contrato social.
La causal de disolución por decisión de autoridad, si bien no opera de pleno
derecho como la causal de vencimiento del término, y no es una reforma al
contrato social (como sí lo son otras causales), deberá ser inscrita en el Registro
Mercantil, para garantizar la publicidad y los derechos de los acreedores.
46 A partir de la expedición de la Ley 1429 de 2010 (artículo 24), la decisión de disolver
la sociedad no constituye una reforma estatutaria.

464 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 465
Al darse cualquier otra causal (como la imposibilidad de desarrollar la
empresa social, la reducción del número de asociados a menos del requerido,
o que exceda a más del número permitido, las que expresamente se estipulen
en el contrato, entre otras), esta deberá sujetarse a las reglas previstas
para la reforma del contrato social, elevándose su reforma a escritura pública
y efectuándose su correspondiente registro para fines de oponibilidad.
A excepción del vencimiento del término de duración, todos los documentos
que dispongan la disolución de la sociedad deben ser inscritos en el
Registro Mercantil. Así pues, si se tratare de causales de disolución que dependan
de la decisión del máximo órgano social (como la terminación de la
empresa, extinción de las cosas que constituyen su estructura básica, reducción
o número de socios que contravengan su objeto, o las causales previstas
en el contrato, entre otras), de haber un acuerdo mayoritario, se declara la disolución,
se formaliza tal decisión mediante escritura pública y se inscribe en
el Registro Mercantil de la cámara de comercio del domicilio de la sociedad.
De haber desacuerdo, se podrá solicitar a la Superintendencia de Sociedades
que dirima las discrepancias que surjan, relativas a la ocurrencia de las causales
de disolución (artículo 138, Ley 446 de 1998), o someterlo a decisión arbitral,
si existiere cláusula compromisoria (Ley 23 de 1991, artículo 96), lo cual
culminaría en una decisión administrativa o arbitral que debe ser inscrita en
el Registro Mercantil. La decisión de autoridad competente, sea esta un juez
civil del circuito (en caso de sociedades no vigiladas, CPC, artículo 627) o por la
Superintendencia de Sociedades (Ley 222 de 1995, artículo 84 (5)), culminará
forzosamente en la inscripción de la providencia en el Registro Mercantil. De
igual manera, la decisión que libremente adopten los asociados (en virtud del
artículo 218 (6) del C. Co.) para disolver la sociedad mercantil, deberá igualmente
elevarse a escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil.
En cualquiera de los casos en que deba registrarse el documento en
que conste la decisión de disolver la sociedad, este generará un impuesto
de registro que deberá liquidarse como acto sin cuantía, puesto que en él no
se incorporan derechos apreciables pecuniariamente. Si bien no existe una
mención expresa dentro del artículo 6 del Decreto 650 de 1996, que determine
que dicho acto se liquida como acto sin cuantía, el mismo artículo 6, al
expresar que «se consideran contratos o negocios jurídicos sin cuantía, entre
otros […]», abre la puerta para que se incorporen a esta lista no taxativa
actos como la disolución societaria.
Las providencias que provengan de decisión de autoridad competente,
en relación con la disolución societaria, no generarían el impuesto de registro,
toda vez que, según lo establecido en el artículo 3 del Decreto reglamentario
650 de 1996:
No generan impuesto de registro, la inscripción y cancelación de
las inscripciones de aquellos actos o providencias judiciales y administrativas
que por mandato legal deban ser remitidas por el
funcionario competente para su registro, cuando no incorporan
un derecho apreciable pecuniariamente.
3.4.6 Liquidación
Es sabido que «la liquidación generará impuestos de registro por el monto
del 0,7 % sobre el patrimonio líquido adjudicado». Este se ha convertido en el
acto societario más cuestionado en materia de impuesto de registro, hasta
el punto que la Gobernación de Antioquia se vio obligada a solicitar un concepto
del Ministerio de Hacienda para aclarar este tema.
La consulta planteada por la Dirección de Rentas de la Secretaría de
Hacienda Departamental al Ministerio de Hacienda, en oficio radicado bajo
el número 4746 del 26 de enero de 2004, es la siguiente:
Pregunta: «¿En las liquidaciones de sociedad conyugal, comercial,
sucesiones, la base gravable está dada por el activo líquido o por
el activo bruto?».
Respuesta: Dispone la Ley 223 de 1995:
«artículo 229. Base gravable. Está constituida por el valor incorporado
en el documento que contiene el acto, contrato o negocio
jurídico…».
Por lo tanto, para efectos de la liquidación y pago del impuesto,
en el caso de liquidación de sociedad conyugal, o de sociedad
comercial, no acudimos a los conceptos de activo bruto y de activo
líquido. Conforme a lo dispuesto en la ley, se tomará como base
gravable el valor por el cual son adjudicados los bienes en cada
una de las hijuelas.

466 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 467
No sobra advertir que en el caso de las liquidaciones de sociedad
conyugal, si alguno de los cónyuges es comerciante, y se adjudican
bienes inmuebles, el registro procede tanto en la cámara de
comercio como en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos,
por lo cual, la base gravable estará conformada por el total de los
bienes adjudicados. Si ninguno de los cónyuges es comerciante, el
registro de la liquidación de sociedad conyugal únicamente procederá
sobre los bienes inmuebles adjudicados y, por lo tanto, la
base gravable estará conformada por el valor de dichos bienes.
Queda claro, entonces, que la base gravable bajo la cual se liquida el impuesto
de registro está constituida por el valor incorporado en el documento
que contiene el acto, contrato o negocio jurídico. Este valor incorporado
debe ser interpretado como el patrimonio adjudicado, y no como el activo
líquido o como el activo bruto. Es fácil confundir estos conceptos, toda vez
que el acta final de liquidación incluye el balance final de la empresa, y en dicho
balance pueden subsistir (aunque no es común) los activos líquidos, los
activos brutos y los pasivos. Sería este el caso de una sociedad cuya acta de
liquidación comprenda pasivos que no hayan sido cancelados por la sociedad,
salvo que los activos hayan sido insuficientes para pagar los pasivos de
la sociedad. En este caso, si se trata de una compañía cuya responsabilidad
está limitada al monto de los aportes, los asociados no responden, pero tampoco
reciben activos; si no se trata de una sociedad donde se responda hasta
el monto de sus aportes, los asociados asumen dicha deuda solidariamente.
La base para liquidar el impuesto de registro sería el 0,7 % sobre el patrimonio
líquido adjudicado. Este constituye la base gravable, puesto que es
el valor residual de los activos del ente económico (menos el pasivo externo),
plasmado en el acta que debe inscribirse en el Registro Mercantil; para así
dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 28 del Código
de Comercio, y al artículo 58 del Decreto 960 de 1970.
El liquidador deberá protocolizar, mediante escritura pública, el acta
contentiva de la cuenta final de liquidación. Esta escritura debe contener,
además, las diligencias de inventario de los bienes de la sociedad, si se trata
de sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Desde la
entrada en vigencia de la Ley 222 de 1995, no es necesario solicitarle a la
Superintendencia de Sociedades la aprobación de la liquidación.
Si bien subsiste el requisito de tener que protocolizar en notaría el acta
final de liquidación (inciso 3 del artículo 247 del C. Co.), el impuesto de registro
se liquida en el momento de la inscripción del acta final de liquidación
en el Registro Mercantil, a una tarifa del 0,7 % sobre el patrimonio líquido.
Posteriormente, deberá liquidarse el impuesto de registro sobre el valor de
los bienes adjudicados en el procedimiento respectivo de tradición, ante la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos, cuando se trate de bienes inmuebles.
3.4.7 Reconstituciones
Las reconstituciones societarias, previstas en el ordenamiento mercantil
como mecanismos extraordinarios de preservación del ente jurídico, constituyen
un importante tema en materia de impuesto de registro, puesto que
no han sido regulados por el Legislador ni el Ejecutivo.
La reconstitución consagrada en el artículo 180 del C. Co. (erróneamente
intitulada «fusión impropia»), dirigida a aquellas sociedades disueltas
que estando en proceso liquidatorio vayan a entregar sus negocios a otra
sociedad nueva para que sea esta quien los continúe en un plazo no mayor
a seis meses; y la reconstitución del artículo 250 del mismo código, que estipula
que las sociedades disueltas podrán no liquidarse mediante la constitución
de una nueva sociedad que continúe la empresa social; estarían, en
principio, regidas en materia de impuesto de registro, por las normas que
ese impuesto para la constitución de sociedades.
Lo anterior implica que el impuesto que deberá pagar la nueva sociedad
debe ser liquidado con base en su capital suscrito o social (dependiendo
de si es por acciones o por cuotas), y no con base en el aumento de capital o
en la cesión de cuotas, como sería el caso de una fusión.
3.4.8 Conversión
La conversión opera únicamente cuando se «transforma» una sociedad comercial
en una empresa unipersonal, o viceversa. La ley tributaria, y su correspondiente
decreto reglamentario, nada tratan sobre la conversión como
hecho generador del impuesto de registro.

468 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 469
Como quedó establecido dentro de la primera parte de este trabajo, no
es posible imputar a un hecho que constituye una conversión otro hecho
generador. Es decir, no puede liquidarse el impuesto de registro de una conversión
con base en la constitución de una E.U., toda vez que la constitución
y la E. U. se dan por motivos disímiles: mientras en la constitución se hace un
aporte a una persona jurídica que actuará de forma autónoma e independiente
de su constituyente, la conversión se da una vez se reduzca el número
de asociados a un número menor que el permitido por ley (conversión de
sociedad a E. U.), o una vez haya más de un propietario de las cuotas de una
E. U. (conversión de E. U. a sociedad).
Podría afirmarse que, en estricto sentido, no existe un hecho generador
que se adecúe a la conversión, y, por ende, debe considerarse un acto
excluido del pago del impuesto de registro. Cualquier intento de liquidar un
impuesto sobre este hecho generador, debe dar lugar a una reclamación de
pago de lo no debido.
3.4.9 Nombramientos, remociones, revocaciones
y otros actos sin cuantía
Este tipo de actos se liquidan como actos sin cuantía, toda vez que no constituyen,
en sí, una reforma a los estatutos sociales. Sobre este punto, el artículo
6 del Decreto 650 de 1996, establece que:
Todos los actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía, es decir,
aquellos que no incorporan derechos apreciables pecuniariamente
a favor de los particulares, sujetos al impuesto de registro, estarán
gravados con tarifas entre dos (2) y cuatro (4) salarios mínimos
diarios legales […]. Se consideran como actos, contratos o negocios
sin cuantía, entre otros […]: los actos de nombramiento, remoción,
o revocación de representantes legales, revisores fiscales, liquidadores,
representantes de los tenedores de bonos, representantes
de los accionistas con derecho a dividendo preferencial, y apoderados
en general.
Se liquidarán también como actos sin cuantía, entre otros, los actos por
los cuales se reasume la administración de las sociedades, los relativos al
derecho de retiro, las comunicaciones que declaren la existencia de grupos
económicos, situaciones de vinculación entre sociedades matrices (subordinadas
y subsidiarias), el programa de fundación, la inscripción de escrituras
de constitución y reformas, y demás documentos ya inscritos en otra cámara
de comercio (por razón del cambio de domicilio), entre otros.
3.4.10 Disminución de capital
La disminución de capital es permitida por el artículo 122 del C. Co., al establecer
que este podrá aumentarse o disminuirse en virtud de la correspondiente
reforma estatutaria. Las normas que regulan la disminución de
capital se encuentran en el capítulo relativo a los aportes a sociedades. Lo
anterior es curioso, puesto que de esta forma solo se considera aporte lo que
provenga de capitalizaciones externas, desconociendo que las capitalizaciones
internas también influyen en la conformación del capital.
La disminución de capital requerirá autorización de la Superintendencia
de Sociedades, cuando la operación implique un efectivo reembolso de
aportes (artículo 2 (20) del Decreto 1080 de 1996). Cuando la disminución
no implique un efectivo reembolso de aportes (como la disminución de capital
para absorber pérdidas de períodos anteriores, y enervar así la causal
de disolución por pérdidas), no será necesaria la autorización que emita este
organismo de control; toda vez que la garantía de los acreedores, representada
en los activos patrimoniales, no sufre desmejora. En este caso, solo necesitaría
la sociedad efectuar la correspondiente reforma estatutaria, tendiente
a establecer el nuevo monto del capital social.
Existe la discusión sobre el alcance de la jurisdicción de la Superintendencia
de Sociedades frente a la autorización de disminuir el capital cuando se decide
hacer reembolsos en sociedades civiles. Sobre este caso, la Superintendencia
de Sociedades, en el oficio 68737 de diciembre 18 de 1997, estableció que:
[…] Es claro que a la Superintendencia de Sociedades le corresponde
autorizar la disminución del capital de cualquier sociedad mercantil,
sin tener en cuenta el grado de control que ejerza sobre la

470 el registro mercantil en colombia
El registro mercantil y las sociedades 471
misma, siempre que dicha operación implique un efectivo reembolso
de aportes, independientemente del monto del mismo y de
que la sociedad carezca de acreedores.
Una interpretación racional de lo anterior sería la de que la atribución
de la Superintendencia, en cuanto a autorizar la disminución de capital, no
está subordinada a un determinado grado de supervisión (inspección, vigilancia
o control), pero sí se circunscribe dentro de las empresas sobre las
cuales tiene injerencia. Por tanto, una sociedad civil ajena a la jurisdicción de
la Superintendencia de Sociedades, no tendrá por qué solicitar autorización
para disminuir su capital cuando pretenda rembolsar aportes.
Sería absurda (por desfavorable) la interpretación según la cual las sociedades
ordinarias de minas, las sociedades civiles en general, y aun las sociedades
comerciales que no se encuentren vigiladas por la Superintendencia
de Sociedades, tuvieran que recurrir a este órgano (que les es extraño) a solicitar
una autorización para un trámite donde no existe norma expresa que
así lo indique.
Sea cual fuere la interpretación que se acoja, la liquidación del impuesto
de registro siempre se liquidará de la misma forma: como acto sin cuantía;
toda vez que no existe una base positiva o un excedente sobre el cual
hacer recaer el gravamen, sino que, por el contrario, existe una disminución
o saldo negativo, haciendo aún más lógico el que dicho impuesto se liquide
como acto sin cuantía.
Conclusión
Como regla básica, el sistema generalizado de registro de actos societarios,
en el derecho comercial colombiano, produce un efecto de publicidad
y de oponibilidad muy en la línea de los artículos 29 (4) y 901 del Código de
Comercio. Sin embargo, existen excepciones al registro como fuente de oponibilidad,
que lo consagran como elemento de validez de ciertos actos y decisiones
corporativas, tal como se analizó en este documento. La desviación
de la regla general obedece, en casi todos los casos, a haber trasladado ciertas
instituciones desde legislaciones que tienen una significación registral
diferente a la que rige en Colombia. Pero, además, el registro mercantil tiene
implicaciones fiscales, fundadas básicamente en la causación del impuesto
departamental de registro; una herramienta de recaudo que cada vez va
adquiriendo mayor importancia para los fiscos regionales, y que, de alguna
manera, desplaza recursos del Gobierno central a las regiones, puesto que,
si se causa el impuesto de registro, los actos quedan excluidos del impuesto
nacional de timbre.
La trascendencia del registro frente a terceros imprime una innegable
connotación a la responsabilidad que asumen las cámaras de comercio en
el manejo del registro público mercantil; y en el mensaje que llevan a la comunidad
comercial con los certificados expedidos con base en tal registro. Y
para todos los particulares, y para los operadores en los negocios, la consulta
del registro público es una fuente invaluable de información. Los certificados
que expide la cámara de comercio constituyen un valiosísimo instrumento
en la toma de decisiones y en la seguridad de las operaciones.
Nota: Las subrayas utilizadas son iniciativa de los autores (aun las de los textos literalmente
transcritos).
Bibliografía
Longas Londoño, H. (2002). Escisión de sociedades. Manual de trámite,
Medellín: Diké.
Reyes Villamizar, F. (2002). Derecho societario, tomo ii, Bogotá: Temis.
Sabogal Vergara, R. (2004). La jurisprudencia tributaria del Consejo de
Estado, Bogotá: ICDT.

473
Capítulo vIii
La matrícula
mercantil y la función
certificadora
Jorge Hernán Gil Echeverry
Abogado de la Universidad del Cauca. especializado en Derecho Comercial y
Derecho de Sociedades en la Universidad Javeriana. profesor de posgrado en
las Universidades del Rosario, Javeriana, Santo Tomás y Nacional. árbitro de las
cámaras de comercio de Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga e Ibagué.

474 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 475
Resumen
El sistema registral colombiano está montado sobre la base dual del correspondiente
a la matrícula del comerciante y la inscripción de los demás actos y
contratos que afectan a dicho comerciante, persona natural o jurídica. Como
es de resaltar, el primer ingreso al Registro lo constituye la solicitud de matrícula
y su inscripción efectiva corresponde al antecedente registral necesario
para poder inscribir los demás actos o contratos sujetos a dicha formalidad.
En este orden de ideas, la importancia de la matrícula aparece de bulto.
Sin embargo, las inscripciones no tienen sentido en el mundo jurídico ni en
el tráfico mercantil si no son certificadas y publicitadas por los entes registrales,
razón por la que la certificación se convierte en la función primordial
de las cámaras de comercio.
Abstract
The Colombian registrar system is created on a dual base corresponding to
the trader enrolment and inscription of other acts and contracts which affect
said trader, natural or legal person. This highlights, that the first entry in the
registry constitutes the request for enrolment and its effective inscription corresponds
to the necessary registry antecedent to be able to register other acts
or contracts subject to this formality.
In this order of ideas, the importance of enrolment appears as a raised
lump. Nevertheless, inscriptions have no place in the legal world, nor in that of
mercantile traffic if they are not certified and publicised by the registry entities,
the reason for which their certification becomes a primordial function in
the Chambers of Commerce.
1.1 Introducción
-1-
LA MATRÍCULA
La matrícula surgió en la Edad Media como una especie de carnetización
de quienes ejercían el comercio y querían pertenecer a las corporaciones o
agremiaciones de comerciantes. Inicialmente funcionó con carácter interno
y fines estadísticos, y después como un sistema de información dirigido
a los terceros, respecto a quiénes detentaban la calidad de comerciantes
y a las condiciones en que operaban. A través de la matrícula se fue desarrollando
la institución que hoy se conoce como Registro de Comercio o
Registro Mercantil, conformando un sistema de publicidad general encaminado
a informar, no solamente la condición de comerciante, sino también
determinados actos y contratos que, por su importancia, dispone el
legislador que deben ser conocidos por terceros, a quienes afectan de alguna
forma. En Colombia, la matrícula del comerciante apareció regulada por
primera vez en la Ley 28 de 1931, en forma parecida a como se regulaba en
la legislación española.
1.2 Noción
La matrícula consiste en la obligación que tiene todo comerciante de presentar,
ante la respectiva cámara de comercio competente, los documentos
y la información actual referente a su situación personal, profesional,
económica y financiera, así como la de sus establecimientos de comercio,
conforme al formato suministrado para tales efectos. Con razón se ha dicho:

476 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 477
a) El registro mercantil, regulado por el artículo 26 del Código de
Comercio, tiene por objeto llevar la matrícula de comerciantes y
de establecimientos de comercio, así como la inscripción de los
actos, libros y documentos, de acuerdo con las determinaciones
legales. De lo anterior se deduce que la matrícula es el registro a
que están obligadas todas las personas que ejercen regularmente
el comercio en forma profesional, lo mismo que en relación con
sus establecimientos de comercio (Consejo de Estado, Sección
Primera, Sentencia del 19 de octubre de 1990).
No cabe duda, pues, de que la matrícula es una forma especial de registro
mercantil, realizado por quienes habitualmente ejercen el comercio.
1.3 Características de la matrícula
Con el fin de diferenciar plenamente la matrícula, como trámite inicial de la
inscripción de otros documentos, y de otras obligaciones del comerciante, se
presentan a continuación sus principales características.
1.3.1 Es pública
El registro mercantil en general, y la matrícula en especial, son instituciones
públicas, lo cual implica que cualquier persona tiene derecho a acceder a los
archivos de la cámara de comercio referentes a los comerciantes y a los establecimientos
de comercio matriculados, pudiendo tomar las anotaciones
del caso, obtener copia de los documentos que reposen en el expediente y
pedir certificación sobre cualquiera de los hechos que allí consten.
Precisamente, con el fin de permitir a los terceros en general –y en particular
a los comerciantes que se desempeñan en el mismo ramo o en actividades
similares y complementarias– el acceso informativo respecto de las
condiciones personales, patrimoniales y profesionales del comerciante, se
dispone que el registro mercantil, incluido todo lo relacionado con la matrícula,
será público. Con el mismo fin se prevé la renovación de la matrícula,
para que la información a consultar sea reciente.
1.3.2 Es una obligación del comerciante
La matrícula constituye uno de los deberes de todo comerciante y de sus
auxiliares, tal como lo establecen los artículos 19, ordinal 1, y 28, ordinal 1, del
Código de Comercio. Es más, representa la principal obligación de todo comerciante,
a nivel de derecho comparado. Por razón de lo anterior, el incumplimiento
de este deber trae como consecuencia la imposición de multas y
de otras sanciones administrativas.
El hecho de estar matriculado trae como consecuencia, sobre todo en
los países con sistema dual respecto al derecho privado (Código Civil y Código
de Comercio), que el inscrito queda sujeto al estatuto del comerciante.
La inscripción de documentos, por el contrario, no constituye propiamente
una obligación del comerciante, aunque así lo dé a entender el artículo
19 del C. Co., solo que, si no se cumple dicha formalidad, el acto o contrato
será inoponible a terceros.
1.3.3 Está sometida a renovación
La matrícula deberá renovarse anualmente dentro de los tres primeros meses
de cada año (artículo 33 del C. Co.).
1.3.4 Trámite único
La matrícula se realiza por una sola vez, al inicio de las actividades mercantiles
o al iniciar las operaciones del establecimiento de comercio. Lo anterior
no impide, en todo caso, que una misma persona natural, que con anterioridad
haya ejercido el comercio y se haya retirado de dicha actividad, pueda
volver a adquirir nuevamente la condición de comerciante y, por lo tanto,
deba volverse a matricular.
Al ser la matrícula una formalidad única e irrepetible, al comerciante o
establecimiento de comercio se le asigna un único número y se le abre un
solo expediente, los cuales estarán activos mientras no se cancele la respectiva
matrícula.

478 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 479
Con respecto a la norma anterior, se debe tener en cuenta que la facultad
oficiosa de las cámaras de comercio para proceder a depurar el RUE
se otorgó por una sola vez y bajo el supuesto de que los matriculados, al
momento de entrar a regir la ley, estén en mora de renovar su matrícula por
cinco años o más, siempre que no se pongan al día, máximo hasta el 10 de
julio de 2015. Si los cinco años en mora se cumplen con posterioridad a la
vigencia de la ley, esto es, el 10 de julio de 2014, no se podrá aplicar la norma
(Ley 1727 de 2014, artículo 31).
1.4 Distinción entre matrícula e inscripción
del comerciante
1.4.1 Regulación diferente
En Colombia, dispone el artículo 19 del C. Co., ordinales 1 y 2, que constituye
obligación de todo comerciante cumplir con la matrícula mercantil y con la
inscripción en el Registro Mercantil de los actos, documentos y libros que
mande la ley. Aquí, el legislador hace una distinción clara y precisa entre matrícula
e inscripción. Reiterando lo expresado en el artículo 26 (ibídem), se
dispone que el registro mercantil comprende dos actuaciones diferentes: la
matrícula y la inscripción.
Por razón de lo anterior, aparentemente, y como se deduce de las normas
citadas, nuestra legislación diferencia la matrícula mercantil de la inscripción
de actos y contratos. Sin embargo, los artículos 28 y 37 del mismo
Código de Comercio, que corresponden a normas posteriores, equiparan
matrícula a inscripción, como sucede en derecho comparado. Así, el artículo
37 habla de la «inscripción o matrícula» del establecimiento de comercio. A
su vez, el artículo 28 dispone que deberán inscribirse en el Registro Mercantil
las personas que ejercen profesionalmente el comercio y sus auxiliares.
Precisamente, la calidad de comerciante individual o colectivo se adquiere
por el ejercicio habitual y «profesional» de actos de comercio, y, por lo tanto,
todo comerciante debe estar «inscrito» en el registro de comercio.
Por otra parte, el artículo 31 del C. Co. establece el término dentro del
cual se deberá formular la petición de matrícula por quienes ejercen el
comercio en forma individual o colectiva; dando a entender que se trata
de un registro diferente al regulado en el artículo 28 bajo el título de «inscripción».
Igual interpretación podría surgir del artículo 29, ordinal 2, el cual
contempla la matrícula de los comerciantes y las inscripciones, como si se
tratara de dos formalismos diferentes. (En todo caso, este precepto deja por
fuera la matrícula de los establecimientos de comercio).
De la interpretación de las normas antes citadas parecería desprenderse
que, en Colombia, los comerciantes como tales (no sus documentos) quedan
sujetos a una doble formalidad: matricularse e inscribirse en la cámara
de comercio.
Con respecto a los comerciantes personas naturales, estos deben «inscribirse»
dentro del mes siguiente a la fecha en que inicien actividades (artículo
28, ordinal 1), y deberán «matricularse» dentro del mismo término (artículo 31,
Inciso primero). Lo anterior permitirá fácilmente concluir que el comerciante
persona natural cumple con la doble condición de matriculado e inscrito
cuando presenta el formulario de matrícula debidamente diligenciado.
En relación con las sociedades comerciales, el asunto no es fácil de resolver.
En efecto, el artículo 28, ordinal 9 del C. Co., dispone la obligatoria
«inscripción» de la escritura de constitución de la sociedad (lo que equivale
a la inscripción de la sociedad), pero no fija un término especial para hacerlo,
como sí aparece regulado respecto al comerciante individual. En este evento
se aplica el ordinal 4 del artículo 29, según el cual la inscripción podrá
solicitarse en cualquier tiempo, pero el acto o contrato no producirá efectos
frente a terceros mientras no se registre. Por el contrario, la matrícula de
las sociedades sí deberá efectuarse dentro del término del mes siguiente
a la fecha de la escritura pública de constitución, adjuntando copia de dicho
documento. En este mismo sentido se manifestó la Superintendencia
de Sociedades:
[…] y en razón a que el ordenamiento mercantil carece de un término
perentorio para llevar a cabo el registro de la escritura pública
que formalice su constitución, es claro que tal diligencia puede
hacerse en cualquier tiempo; momento a partir del cual se entenderá
legalmente perfeccionada la existencia de la sociedad, lo que
la habilita para su normal funcionamiento. (Oficio 220-49122, del
29 de julio de 2003).

480 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 481
Para enredar más el asunto, el artículo 32 del C. Co. dispone en qué forma
se realizará la matrícula de la sociedad, estableciendo el diligenciamiento
y la presentación de un formulario (Resolución 1072 de 1996, artículo 2,
Superindustria y Comercio). Por su parte, el artículo 34 del C. Co. regula la forma
en que se registrará (inscribirá) la escritura de constitución de las sociedades,
como si se tratara de un asunto diferente a la tramitación de la matrícula
del comerciante colectivo, y dando a entender que el procedimiento
de la matrícula constituye una formalidad sustancialmente diferente a la
inscripción de la escritura de constitución.
A lo anterior hay que agregar que el artículo 111 del C. Co. también regula
la «inscripción» de la sociedad, disponiendo que este trámite se realizará
en el domicilio principal de la sociedad, así como en los domicilios secundarios.
Por lo tanto, en materia de sociedades, parecería que, para el legislador,
matrícula e inscripción son dos asuntos diferentes, y no resultaría afortunada
la práctica generalizada, consistente en solicitar, como requisito de procedibilidad
para atender la matrícula, la necesaria presentación de la copia
de la escritura pública de constitución; la cual, conforme a la ley, se requiere
como soporte para solicitar la inscripción, mas no para realizar la matrícula.
De la interpretación anterior pueden surgir otra serie de consecuencias interesantes:
una, consistente en que la sanción prevista en el artículo 37 del
C. Co. se impone a la sociedad comercial matriculada, pero no «inscrita»; y
la otra, que la sociedad matriculada, pero no «inscrita», resulta inoponible a
terceros (artículo 112 del C. Co.). Finalmente, una sociedad matriculada, pero
no inscrita, no podrá realizar actividades en desarrollo de su objeto social
(artículo 116 del C. de Co.).
Respecto a las sociedades civiles, las cuales no han desaparecido, pese
a lo previsto en el artículo 1 de la Ley 222 del 95, resulta evidente que estas
deberán inscribirse, mas no matricularse, en el Registro Mercantil; precisamente
porque no tienen la calidad o condición de comerciantes. Sin embargo,
otra cosa opina la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad
que deduce la obligación de matricularse por parte de las sociedades civiles,
de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 222 del 95, en los siguientes términos:
«Concluyó la Corte Constitucional que, a través de la citada disposición,
al equiparar los regímenes de todas las sociedades, el legislador estatuyó
cargas y deberes a las sociedades civiles que antes no tenían» (Concepto
2028705 del 20 de mayo de 2002).
Para aclarar el punto anterior, es importante destacar que la norma expresa
lo siguiente: «… cualquiera que sea su objeto, la sociedades comerciales
y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil».
Resulta que la legislación mercantil, en sus artículos 19, 26, 29 y 31 establece
la formalidad de la matrícula únicamente en cabeza del comerciante,
y, como bien se deduce del artículo 10 (ibíd.), solamente tendrán la calidad
de comerciantes quienes habitualmente y profesionalmente realicen actos
de comercio 1 ; los cuales, por el mismo objeto social de la sociedad civil, no
constituyen su actividad profesional. Por lo anterior, compartimos plenamente
la siguiente opinión del doctor Sanín:
Partiendo de la premisa de que las sociedades civiles existen y son
diferentes a las sociedades mercantiles, y de que su característica
diferenciadora radica en no desarrollar objeto mercantil, puede
concluirse que por su naturaleza, objeto y operación, las sociedades
civiles no son comerciantes. De manera que a estas se aplica
toda la regulación de las sociedades mercantiles (artículos 98-460
del Código de Comercio), pero no les es aplicable el régimen de
los comerciantes y de los asuntos de comercio contenido en los
artículos 10-77 del Código de Comercio, de los cuales se derivan
una serie de obligaciones formales, y se desprenden consecuencias
prácticas en la operación de las sociedades civiles.
De ser esta una interpretación correcta del alcance de la nueva
norma, la reforma del Código es mucho más corta y cosmética
de lo que algunos piensan. Pues, al no tener la calidad de comerciantes,
las sociedades civiles no están obligadas a inscribirse en
el registro público mercantil, ni consecuencialmente a renovar
dicho registro. Están excluidas de la obligación de tener contabilidad
registrada y, por lo tanto, a ellas no se aplicaría el sistema de
ajustes integrales por inflación (pp. 102-134) para determinar sus
utilidades (o pérdidas) y su renta líquida, generadora de impuestos.
(Sanín, 1999, p. 46)
1 Negrillas del autor.

482 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 483
1.4.2 Antecedente doctrinal
Es de anotar que la afirmación consistente en sostener que las sociedades
mercantiles se inscriben y se matriculan, es decir, cumplen con esta doble
finalidad, ya ha sido considerada por la doctrina nacional:
La matrícula se extingue en virtud de la ley; la inscripción no. El
comerciante colectivo (sociedad) se matricula y a la vez se inscribe
(artículos 26 y 28 del C. Co.). El establecimiento de comercio y las
personas naturales comerciantes únicamente se matriculan.
Ahora bien, si en un caso como el que usted expone la matrícula
del establecimiento perdió su vigencia por no haberla renovado
oportunamente, ¿puede la cámara de comercio, en atención
al precepto enunciado, negarse a matricular un establecimiento
o un comerciante con el mismo nombre? Indudablemente que
no, puesto que el primitivo establecimiento no ha renovado o, lo
que es igual, no está matriculado, y porque –como acaba de afirmarse–
en el caso de los establecimientos es impropio hablar de
inscripción.
En el caso del comerciante, la cuestión debe apreciarse desde
dos ángulos distintos, según se trate de persona natural o jurídica.
Si, al tenor de la ley, el comerciante colectivo –persona jurídica– no
solo se matricula sino que se inscribe, indudablemente que, al no
efectuar la renovación, la matrícula se extingue pero la inscripción
continúa vigente, lo mismo que la de sus actos, libros y documentos
(ídem). En este evento, sería ilógico y antijurídico aceptar una
nueva matrícula relativa a un comerciante o establecimiento comercial.
En el caso del comerciante individual –persona natural–,
este solamente se matricula, motivo por el cual, al no cumplir con
la obligación de renovar, su matrícula se extingue y, en consecuencia,
la Cámara no podría abstenerse de efectuar una nueva inscripción
o matrícula con el mismo nombre. (Cámara de Comercio de
Bogotá: Oficio 03-1349 del 7 de septiembre de 1984).
1.4.3 Problemática
Uno de los problemas que plantea sostener la necesidad de que los comerciantes,
y en especial las sociedades, cumplan con la doble formalidad
de la matrícula y la inscripción, es que el registro se rige por el principio
rogatorio: no procede la inscripción de manera oficiosa, pues siempre se
requiere petición de parte y, por lo tanto, no puede entenderse que al anexarse
a la solicitud de matrícula (formulario) la escritura de constitución
de la sociedad, igualmente se está solicitando la inscripción de la sociedad.
Esta presunción no puede hacerse, entre otras cosas, porque la ley prevé
procedimientos separados para la matrícula y la inscripción, así como tasas
diferentes respecto al impuesto de registro para efectos de matrícula e
inscripción de documentos.
La confusión entre lo que supuestamente constituye la matrícula como
institución diferente a la inscripción es tal, que el maestro Gabino Pinzón,
con acierto, manifestó:
En el artículo 33 se prevé que la matrícula del comerciante «se
renovará anualmente, dentro de los tres primeros meses de
cada año… Lo mismo se hará respecto de sucursales y establecimientos
de comercio y demás actos y documentos sujetos a
registro». Lo cual, entendido en su sentido obvio, quiere decir
que anualmente hay que renovar el registro de las escrituras de
constitución de las sociedades, los documentos de prenda sin
desapoderamiento, los libros de contabilidad, los permisos de
funcionamiento de las sociedades anónimas, etc. Esto, que es
evidentemente absurdo, no puede subsanarse por un simple decreto
reglamentario, ni va a poder resolver la doctrina en sentido
contrario sin violentar el texto claro de la ley. Va a ser difícil que
la doctrina llegue a la conclusión de que los autores de esa enmienda
no supieron distinguir entre la matrícula de un comerciante
o de un establecimiento y el registro de ciertos actos o
documentos. (Pinzón, 2001, p. 46).

484 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 485
1.4.4 La matrícula es la misma inscripción
En mi opinión, el mismo despiste legislativo y el enredo creado por la ley
colombiana da pie para entender que, finalmente, matrícula e inscripción
equivalen a un mismo fenómeno, en tratándose de comerciante persona
colectiva, quedando restringida la matrícula, como institución pura, a los
establecimientos de comercio. Lo anterior, en virtud de que el mismo legislador
frecuentemente confunde matrícula con inscripción de la sociedad. Es
más, tanto la doctrina como la jurisprudencia colombiana son unánimes al
sostener que la sanción prevista en el artículo 37 del C. Co. se impone al comerciante
no «matriculado», aunque el precepto expresamente habla de la
persona que ejerza el comercio sin estar «inscrita» en el Registro Mercantil.
De hecho, resulta que el artículo 19 del C. Co. establece como obligación de
todo comerciante la de matricularse mas no la de inscribirse en el Registro
Mercantil; puesto que el precepto entiende que la matrícula es personal
y obligatoria, al paso que la inscripción se refiere al simple registro de documentos
relacionados con su actividad social. Con razón las legislaciones
modernas, incluida la española, no distinguen entre matrícula e inscripción,
para no crear estos problemas.
Por otra parte, en Colombia, con posterioridad a la expedición del
Código de Comercio, han entrado en vigencia diferentes normas que indudablemente
equiparan matrícula e inscripción del comerciante. Es así como
el artículo 5 de la Ley 10 del 91 dispone que la Empresa Asociativa de Trabajo,
cuya finalidad es la de producir, comercializar y distribuir bienes o servicios
(actividad igualmente mercantil), obtiene su personería jurídica con la inscripción
del documento constitutivo en la cámara de comercio (no habla de
matrícula).
Respecto a la empresa unipersonal, el artículo 71, y el Parágrafo del artículo
72 de la Ley 222 del 95, nuevamente tuvieron la fortuna de mencionar la
«inscripción» y no la «matrícula». Sin embargo, al adquirir estas instituciones
la calidad de comerciantes, es evidente que deberán cumplir con la obligación
de matricularse en el Registro Mercantil. Por lo tanto, debe concluirse
que «matrícula» e «inscripción» son la misma cosa, tal como lo entiende el
legislador en el artículo 681, numeral 7, del Código de Procedimiento Civil, al
disponer que el embargo «… se comunicará a la autoridad encargada de la
matrícula y registro de sociedades…».
1.4.5 Su regulación en derecho comparado
Esta dualidad y diferencia entre matrícula e inscripción la heredamos del
antiguo sistema español, país que a su vez la tomó del Código de Napoleón.
En la actualidad, salvo Francia, los sistemas europeos no distinguen entre
matrícula e inscripción, constituyendo el registro una sola institución. Igual
sucede en los países latinoamericanos (salvo Bolivia, que copió el régimen
colombiano). Precisamente, el artículo 19 del C. Co. Mexicano habla de la
inscripción o matrícula del comerciante, y los artículos 34 y siguientes del C.
Co. de Argentina también manejan un criterio unificado: «Se inscribirá en
un registro especial la matrícula de los comerciantes…». Siguiendo con esta
misma orientación, el artículo 33 (ibídem) dispone que es obligación de todo
comerciante realizar la inscripción de la matrícula y de los documentos que
exija la ley. Conforme a lo anterior, la Ley 22.315 de 1980 establece que la
Inspección General de Justicia tiene la función de inscribir en la matrícula
de los comerciantes los actos y contratos que disponga la ley. En parecidos
términos, el artículo 24 del C. Co. regula a los comerciantes «inscriptos en la
matrícula», razón por la cual se ha entendido que la matriculación queda
cumplida con la inscripción de la escritura constitutiva de la sociedad en el
registro público de comercio (C. N. Com., Sala V. Sentencia del 13 de octubre
de 1963).
En España, el artículo 7 de la Ley de Sociedades Anónimas expresa: «La
sociedad se constituirá mediante escritura pública que deberá ser inserta en
el Registro Mercantil. Con la inscripción adquirirá la sociedad anónima su
personalidad jurídica». En igual sentido se expresa el artículo 11 de la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada.
El sistema francés, como se mencionó (Decreto 67.237 de 1976, artículo
1), es uno de los pocos que, en la actualidad, distingue entre matrícula e
inscripción; determinando que la primera implica un deber del comerciante
y corresponde al registro inicial, al paso que la inscripción corresponde a
las modificaciones sobrevenidas después de haber solicitado la matrícula.
Por su parte, el Código Civil Italiano (artículo 2195) expresa que los empresarios
quedan sujetos «… a la obligación de la inscripción en el registro de las
empresas…».

486 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 487
1.5 Quiénes deben matricularse
1.5.1 Principio general
En general, deben matricularse todos los comerciantes y sus auxiliares, así
como los establecimientos de comercio.
Conforme a la ley, son comerciantes todas aquellas personas que profesional
y habitualmente ejercen el comercio (artículo 10 del C. Co.). En este
orden de ideas, están obligados a matricularse los comerciantes personas
naturales, las sociedades comerciales, las empresas unipersonales y las empresas
asociativas de trabajo que desarrollen actividades mercantiles. En
cuanto a las entidades sin ánimo de lucro –cuyo registro también llevan las
cámaras de comercio, pero como una especie de registro «civil», y en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 2150 del 95–, ha llegado el momento de hacer
el debate doctrinario sobre el cumplimiento de las obligaciones del comerciante
respecto a dichas instituciones. Resulta evidente que muchas ONG,
amparadas en su ropaje de entidad sin ánimo de lucro, se dedican realmente,
como actividad principal y de manera habitual y profesional, a realizar actos
de comercio. Lo anterior implica que, de manera automática, adquieren la
condición de comerciantes (artículo 10 del C. Co.) y, por lo tanto, deben cumplir
con la formalidad de la matrícula. En todo caso, como acertadamente lo
tiene determinado la doctrina, dichas entidades tienen ánimo de lucro, aunque
sea en segundo grado, el cual obtienen por medio de la explotación de
diversos establecimientos de comercio. Con razón, el artículo 11 de la Ley 510
de 1999 consagró una nueva noción de empresa, en los siguientes términos:
Para los anteriores efectos, se entenderá por empresa toda actividad
económica organizada para la producción, transformación,
circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación
de servicios, independientemente de la forma de organización
que se adopte, de la calidad o no de comerciante de quien la
desarrolle o de que los actos que se realicen sean o no catalogados
como mercantiles. En tal sentido, la empresa puede ser desarrollada
mediante diversas figuras jurídicas, tales como fiducia mercantil,
consorcios, uniones temporales y empresas unipersonales.
Resulta tan evidente que las entidades sin ánimo de lucro también se
dedican a realizar actos y operaciones mercantiles como actividad principal
que la jurisprudencia ha manifestado:
[…] el carácter de ‘fundación’ o ‘entidad sin ánimo de lucro’ que
ostenta Servivienda y el hecho de que, como tal, no busque con
su actividad la obtención de utilidades, sino la realización de propósitos
de beneficio común, no es una circunstancia que impida
aplicarle la especial responsabilidad desarrollada en el artículo 200
del Código de Comercio, si se tiene en cuenta, por una parte, que la
utilización de dicho precepto en el caso sub lite deriva, fundamentalmente,
de la naturaleza y del régimen jurídico aplicable al contrato
base de la acción, el cual, además, según ya se ha señalado,
fue acogido explícitamente por las partes en las estipulaciones por
ellas convenidas, y, por otra, que en desarrollo de su objeto, conforme
al cual tiene por fin ‘el desarrollo de programas integrales de
vivienda al servicio de las clases populares’, aquella institución realiza
variadas actividades de estirpe mercantil, las cuales, por ende,
quedan sometidas a las normas legales que disciplinan esa específica
materia… (C. S. J. Sala Civil, Sentencia de agosto 26 de 2011).
Ahora bien, respecto a las empresas industriales y comerciales del
Estado, siendo evidente su condición de comerciantes, estas deben matricularse
en las cámaras de comercio (SIC, Concepto 02093164 del 10 de enero de
2003, y Concepto 3021427 del 16 de abril de 2003).
1.5.2 El factor subjetivo
El factor subjetivo está determinado por el hecho de tener la calidad de comerciante
principal o auxiliar. Esta es la razón por la cual se afirma que la
matrícula tiene carácter personal. Entonces, conforme al estatus subjetivo,
deben matricularse:
1. El comerciante persona natural
2. Las sociedades mercantiles regulares

488 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 489
3. Los socios de las sociedades de hecho
4. Los copropietarios de establecimientos de comercio
5. Las sociedades comerciales irregulares
6. Los auxiliares del comerciante, tales como los agentes, comisionistas,
corredores, representantes de firmas nacionales o extranjeras
7. La empresa unipersonal
8. La empresa asociativa de trabajo.
que funcionan en el mismo domicilio de la sede principal, o en domicilios
diferentes pero que son administrados por mandatarios
con facultades de representación (artículo 263 del C. Co.).
3. Las agencias, que corresponden igualmente a establecimientos de
comercio que funcionan en el mismo o diferente domicilio al de la
sede social principal, pero que son administrados por factores que
carecen de poder de representación (artículo 264 del C. Co.).
1.5.3 El factor objetivo
El factor objetivo se determina en función de los bienes y no del sujeto, y se
relaciona específicamente con los establecimientos de comercio, los cuales
adquieren una matrícula propia e independiente de sus propietarios, razón
por la cual desaparecido el sujeto, o sustituido este por virtud de la transmisión
o transferencia del establecimiento de comercio, la matrícula continúa
vigente mientras no sea cancelada, precisamente por ser esta indiferente al
propietario de la empresa.
En el sistema francés, por el contrario, la matrícula es eminentemente
subjetiva; de suerte que si el establecimiento de comercio se transfiere, es
obligatorio cancelar la matrícula asignada al propietario anterior y el adquirente
deberá solicitar una nueva matrícula. Por lo tanto, al tener carácter
personal y pertenecer al comerciante, si este abre nuevos establecimientos
se le expiden matrículas secundarias. Igualmente, si fallece el comerciante
propietario la matrícula se cancela, incluso si sus herederos continúan la explotación
del mismo establecimiento de comercio.
De manera que, atendiendo al factor objetivo, se matriculan los establecimientos
o hacienda comercial, entendiéndose por tales: «Un conjunto
de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa»
(artículo 515 del C. Co.). Por lo tanto, hay obligación de solicitar la matrícula
respecto a:
1. Los establecimientos principales de comercio, que son aquellos
donde funcionan las oficinas generales de administración del
comerciante.
2. Las sucursales, que corresponden a establecimientos de comercio
1.5.4 El caso especial de las sociedades sometidas al
control y vigilancia de la superintendencia financiera
Inicialmente se consideró que las personas jurídicas sometidas a control
y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y de la Superintendencia de
Valores, hoy Superintendencia Financiera, no debían cumplir con la carga
de matricularse e inscribir sus documentos en la cámara de comercio de su
jurisdicción; bastando con registrarse ante la entidad administrativa que
ejerce su control permanente. Después de un juicioso estudio, se llegó a la
conclusión de que los registros establecidos en cabeza de dichas entidades
públicas eran complementarios, pero no excluyentes, del registro mercantil
llevado por las cámaras de comercio, dando origen a la Circular Conjunta n.°
1, del 3 de noviembre de 1983, expedida por la Superintendencia Bancaria,
Superintendencia de Industria y Comercio, y la Comisión Nacional de Valores.
En dicha circular se manifestó:
Matrícula mercantil. Atendida la calidad de comerciales que la ley
ha reconocido a las actividades que realizan las entidades sujetas
al referido control por parte del Estado, y teniendo en cuenta que
quienes la ejecutan profesionalmente detentan la calidad de comerciantes,
resulta entonces incuestionable la obligatoriedad que
tienen todas las entidades sujetas al control de la Superintendencia
Bancaria o al de la Comisión Nacional de Valores para:
a. Matricularse como persona jurídica ante la cámara de
comercio con jurisdicción en el lugar de su domicilio.
b. Matricular sus establecimientos de comercio, dentro de
los cuales, obviamente, se comprende sus sucursales y

490 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 491
agencias, en la cámara de comercio con jurisdicción en el
lugar donde se decrete su apertura.
c. Renovar dentro de los tres primeros meses de cada año
la matrícula mercantil, tanto de la persona como de sus
establecimientos.
Por consiguiente, todas las entidades vigiladas por la
Superintendencia Bancaria o por la Comisión Nacional de Valores
deben cumplir en su totalidad con la obligación legal de inscribir
ante las cámaras de comercio del país los documentos que han
sido sometidos a la formalidad del registro.
Certificados. Atendido el alcance probatorio fijado por el artículo
1, literal d), del Decreto 125 de 1976, y, consecuencialmente, por
los artículos 27 del Decreto 292 de 1982, y 7.° del Decreto 3227 del
mismo año, la existencia y representación legal de las entidades
vigiladas por la Superintendencia Bancaria o la Comisión Nacional
de Valores se probará con certificación emanada del ente estatal
que ejerza el control respectivo; sin embargo, la existencia y representación
legal de las empresas vigiladas que se mencionan a
continuación, como también la inscripción de los restantes actos
sujetos a la formalidad registral, se probará con certificado de la
cámara de comercio correspondiente.
Así mismo, compete exclusivamente a las cámaras de comercio
certificar sobre los revisores fiscales y miembros de Juntas
Directivas de las referidas sociedades, como también de los demás
actos, contratos y documentos sometidos a la formalidad del registro
mercantil.
Cuando se trate de actos atinentes a la existencia y representación
legal de las entidades vigiladas de que trata esta circular,
exceptuadas las señaladas en los literales a) y b) del presente
numeral, las cámaras certificarán el cumplimiento del registro
de los documentos relacionados con tales cuestiones, solamente
para acreditar su inscripción (artículo 30 del C. Co.), mas se abstendrá
de otorgar medio de prueba sobre la existencia y representación
(artículo 117 del C. Co.) que, se repite, solo se probará
con certificado de la Superintendencia Bancaria o la Comisión
Nacional de Valores.
Es conveniente anotar que la mencionada circular fue demandada
ante el Consejo de Estado, organismo que la encontró ajustada a derecho,
dejando en claro que:
Pero esta especialidad que el legislador conservó en su «régimen»,
no significa exclusividad, por la sencilla razón de que quienes ejercen
tales actividades también están calificados como «comerciantes»,
por ser personas que profesionalmente se ocupan de algunas
o varias de las actividades que la ley considera como mercantiles
(artículos 1 y 20 del C. Co.) y, en consecuencia, están sujetos a los
deberes que la ley le impone a todo comerciante en el artículo
19, dentro de los cuales se encuentra la matrícula en el Registro
Mercantil y la inscripción en el mismo de todos los actos, libros
y documentos, respecto de los cuales la ley exija esa formalidad.
Tampoco se observa la incompatibilidad: las instituciones
prescritas en el Código para todos los comerciantes, sin distingo
alguno, como la matrícula y el registro mercantil, cumplen amplios
objetivos de publicidad general, no solo sobre los dos aspectos
mencionados, sino sobre muchos que caracterizan al comerciante
pero que la comunidad está interesada en conocer.
En tanto que el registro público de las entidades bancarias
ante la Superintendencia del ramo tiene un ámbito limitado a lo
que la misma Ley 45 quiso darle y que el legislador no ha ampliado
en su significado, aunque sí al número y clases de entidades a las
cuales se aplica. (Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del
19 de noviembre de 1990, expediente n.° 1080).
Como lo expresó la jurisprudencia transcrita, el régimen legal establecido
para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, siendo
especial, no resulta excluyente respecto al registro mercantil, en todo lo no
regulado expresamente por la ley especial.
De acuerdo a lo anterior, en la actualidad, y en relación con las sociedades
sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera,
es evidente que, conforme a los artículos 74, numeral 2, y 326, numeral 6, del
E. O. S. F., lo referente a la existencia y representación de las entidades vigiladas
le compete certificarlo a la Superintendencia, limitándose las cámaras

492 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 493
de comercio a expedir simples «certificados de inscripción de documentos»,
cuando quiera que se trate de dichas entidades. A este respecto se afirma
que la prueba legal o idónea para acreditar la existencia y representación de
dichas entidades será únicamente la certificación expedida por la entidad
de inspección y vigilancia, entendiéndose modificado en este sentido el artículo
117 del C. Co.:
De conformidad con el estatuto orgánico del sistema financiero,
la certificación sobre la existencia y representación legal de las
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria deberá ser
expedida por dicha entidad. No obstante lo anterior, como comerciantes
que son, tal y como lo establece la Circular 7 de 1996 de la
Superintendencia Bancaria, estas entidades están en la obligación
de inscribirse en el Registro Mercantil porque el carácter probatorio
del certificado de existencia y representación legal expedido
por la Superintendencia Bancaria no reemplaza el sistema de publicidad
mercantil a cargo de las cámaras de comercio.
Ahora bien, al tenor del Código de Comercio, las cámaras de
comercio tienen la obligación de llevar el registro mercantil y certificar
sobre los actos y documentos en él inscritos, de tal manera
que pueden certificar la representación legal de las entidades vigiladas
por la Superintendencia Bancaria si se tiene en cuenta que
por ser comerciantes, estas también tienen la obligación de matricularse
y de registrar su escritura de constitución, sus reformas, la
designación de sus representantes legales y los demás actos que
de conformidad con la ley están sujetos a registro, pero dicha certificación
no tendrá valor probatorio. (Superindustria y Comercio.
Concepto 00082861 del 21 de diciembre de 2000).
Sin embargo, pese a lo acertado de la doctrina anterior, la jurisprudencia
sí le otorga valor probatorio –aunque supletivo– a las certificaciones que
al respecto expidan las cámaras de comercio: «Ciertamente es el registro en
la Superintendencia Bancaria el principal elemento probatorio de la legitimatio
ad procesum. A falta de este, como prueba supletoria, puede acreditarse
la personería con el certificado de la cámara de comercio» (Consejo de
Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 10 de abril de 1981).
Conforme al pronunciamiento anterior, para acreditar la personería activa
o pasiva en los procesos judiciales, bien puede admitirse el certificado especial
sobre representación legal expedido por la cámara de comercio, respecto
a una entidad financiera o de seguros. En este orden de ideas, habría armonía
con lo dispuesto por la misma sala del Consejo de Estado en su sentencia n.°
19 de 1990, en el sentido de que la función asignada a la Superintendencia
Financiera constituye un régimen especial, pero no exclusivo y excluyente, y,
por lo tanto, las cámaras de comercio, al tenor de los artículos 26, 30 y 86 del
C. Co., pueden certificar sobre todos los hechos que consten en los documentos
que reposen en los expedientes asignados a cada comerciante.
Para finalizar este asunto, es importante aclarar que, respecto a las sucursales
de las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia
Financiera, conforme a lo previsto en el Decreto 2179 del 92, y en la Circular
Conjunta SB 040-SIC 008 del 83, les corresponde exclusivamente a las cámaras
de comercio del lugar donde esté ubicada la sucursal de la entidad vigilada
certificar su existencia y representación. Al respecto, la Circular Única, Título
VIII, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, expresa:
1.1.7.4 Certificación de la vigencia o término de duración de las entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Las cámaras de comercio certificarán la vigencia o el término
de duración de las entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia que se encuentren matriculadas en el registro
público mercantil, teniendo como fundamento para la certificación
el acto de constitución o la última reforma estatutaria
inscrita en el registro público.
1.6 Forma de efectuar la matrícula
1.6.1 Formulario
El trámite de la matrícula se realizará, previa solicitud de la parte interesada,
mediante la suscripción y presentación del formulario correspondiente
y el pago de los derechos de registro, los cuales se liquidan con base en el

494 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 495
valor de los activos allí declarados (SIC, Concepto 00040255 del 25 de julio
de 2000). En la actualidad, conforme a lo previsto en el artículo 7 del Decreto
Reglamentario 898 de 2002, la matrícula también podrá obtenerse mediante
el intercambio electrónico de mensajes de datos, siendo posible que la
misma notaría que expide la escritura pública de constitución de la sociedad
obtenga, de manera inmediata, la matrícula mercantil, conforme a los convenios
interinstitucionales que se han celebrado con diferentes cámaras de
comercio. Por otra parte, y de acuerdo con el artículo 79 de la Ley 788 de 2002,
las cámaras de comercio, al matricular al comerciante, deberán requerir ante
la DIAN la asignación del número de identificación tributaria (NIT), con el fin
de incorporar en los certificados que se expidan dicha identificación.
1.6.2 Término para formular la petición
1.6.2.1 Comerciante persona natural
El comerciante individual deberá formular su petición de matrícula dentro
del mes siguiente a la fecha en que comenzó a ejercer el comercio.
1.6.2.2 Comerciante persona jurídica
Si se trata de una persona jurídica societaria regular, la solicitud de matrícula
deberá formularse dentro del mes siguiente a la suscripción de la escritura
pública de constitución. Respecto a la empresa unipersonal, la cual
una vez constituida también adquiere la condición de comerciante, esta
también debe cumplir con los mandatos del artículo 19 del C. Co., referente
a la obtención de la matrícula. Debido a que su existencia jurídica solamente
se produce con la inscripción del documento constitutivo en el Registro
Mercantil, ha de entenderse que, simultáneamente con su inscripción, se obtiene
la matrícula mercantil. Lo mismo sucede con las empresas asociativas
de trabajo que se dediquen a operaciones mercantiles y cuya actividad no
consista en la prestación de servicios relacionados con profesiones liberales.
1.6.2.3 Establecimientos de comercio
El interesado deberá presentar la petición de matrícula respectiva, suscrita por
su propietario o administrador, dentro del mes siguiente a la fecha de apertura
del correspondiente establecimiento. Es importante anotar que el factor
también queda autorizado para solicitar dicho trámite, sin necesidad de estipulación
o poder especial, conforme a lo previsto en el artículo 1338 del C. Co.
1.6.2.4 Las copropiedades y sociedades de hecho
Los socios de hecho deberán solicitar la matrícula dentro del mes siguiente
a la fecha en que comenzó a funcionar la sociedad de hecho, con el fin de
quedar matriculados como comerciantes individuales, puesto que la matrícula
se otorga a los socios de hecho en forma individual, y no a la sociedad
de hecho, teniendo en cuenta que esta última carece de personería jurídica.
1.6.3 Petición individual
Por otra parte, cuando una sociedad, simultáneamente con su constitución,
abre establecimientos de comercio, está claro que la obligación de obtener
la matrícula del comerciante colectivo, y la de sus establecimientos de comercio,
es independiente e individual, sin que puedan las cámaras de comercio
negarse a matricular la sociedad, alegando que simultáneamente debe
matricular sus establecimientos de comercio. En este sentido se pronunció
la Superindustria de Industria y Comercio, mediante Concepto 01061471 del
12 de septiembre de 2001, en los siguientes términos: «Ahora, si bien es cierto
que, de conformidad con el artículo 31 del Código de Comercio, se establecen
los plazos que tiene el comerciante, tanto persona natural como sociedad,
para solicitar su matrícula y la de su establecimiento de comercio, estos son
independientes y pueden o no coincidir».
En parecidos términos se pronunció la Superintendencia de Sociedades,
mediante oficio 220-52379 del 30 de diciembre de 2001:

496 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 497
De lo dicho resulta claro que una es la obligación de matrícula del
comerciante persona natural o jurídica y otra la del establecimiento
de comercio, en cuya solicitud deberá indicarse su denominación,
dirección y actividad principal, el nombre y dirección del propietario
y del factor, si lo hubiere, y si el local que ocupa es propio o ajeno.
1.7 Efectos de la matrícula
Hay que resaltar que los efectos de la matrícula no son simplemente de
publicidad, como generalmente lo tienen entendido la doctrina y jurisprudencia
nacionales, sino que esta produce otros efectos jurídicos de igual o
mayor importancia.
1.7.1 De presunción legal
La matrícula mercantil produce unos efectos presuntivos con relación al
peticionario, los cuales pueden ser desvirtuables con las pruebas idóneas.
Dichas presunciones son:
1. Sobre la calidad de comerciante de quien figure matriculado en
el Registro Mercantil (artículo 13, numeral 1, Código de Comercio).
2. Igualmente, la matrícula del establecimiento de comercio crea
la presunción de propietario a favor del comerciante que figure
como tal en el registro correspondiente (artículo 32, numeral 2,
Código de Comercio).
Ahora bien, dichas presunciones legales no solamente son desvirtuables,
sino que igualmente pueden perjudicar o favorecer al comerciante
«retirado» efectivamente del comercio, pero que continúa estando matriculado.
Así, este podrá invocar en su favor los procesos concursales, con
solo acreditar su condición de comerciante. Por otro lado, y frente a un particular,
no podrá hacer prevalecer su condición de simple persona natural,
aun acreditando ante el juez del proceso que desde hace tiempo no realiza
habitual y profesionalmente actos de comercio; todo lo anterior, con el fin
de sustraerse a la disposición legal según la cual los libros de contabilidad
solamente prueban en su contra. De igual forma, tampoco podrá invocar
ante el juez de la causa su no responsabilidad civil extracontractual como
propietario «presunto» del establecimiento de comercio que causó el daño,
aportando la copia de la escritura pública mediante la cual enajenó previamente
el establecimiento de comercio causante del daño y demostrando su
retiro de la actividad mercantil desde esa fecha, y, en todo caso, antes de la
ocurrencia del daño. Lo anterior, en virtud del principio de la inoponibilidad,
pues la falta de publicidad del retiro del comercio (en el primer caso) o de la
enajenación del establecimiento de comercio (en el segundo) no produce
efectos ni perjudica a los terceros.
Vemos entonces que la presunción de la calidad de comerciante genera
una serie de derechos a favor del matriculado, tales como la posibilidad de
solicitar un acuerdo de reestructuración económica (Ley 1116) o la de invocar la
reserva de sus libros y papeles (artículo 61 del C. Co.); pero igualmente produce
una serie de obligaciones, como, por ejemplo, la de llevar la contabilidad en la
forma prescrita para los comerciantes. También origina una serie de privilegios
a favor de terceros, como ocurre cuando existe un litigio entre el matriculado
y un particular; pudiendo este último invocar la falta de valor probatorio
de los libros contables por irregularidades cometidas en ellos (artículo 58) o la
imposibilidad de tenerlos como plena prueba (artículo 69 del C. Co.).
Con relación a esta presunción, la jurisprudencia tiene dicho que:
Respecto del certificado de existencia y representación, y de la copia
de inscripción del proveedor como responsable del IVA, observa
la Sala que, no obstante haberse aportado los referidos documentos,
la investigación adelantada por la Administración demostró
que la sociedad inscrita no había funcionado ni existía físicamente
en el domicilio registrado. De manera que si bien formalmente
un comerciante puede figurar como tal en la cámara de comercio,
aspecto diferente es que efectivamente ejerza su actividad, pues
este solo hecho no implica per se su existencia real y objetiva, ni le
imprime credibilidad a las operaciones (Consejo de Estado, Sección
Cuarta, Sentencia del 4 de agosto del 95, expediente 7171).
El registro mercantil permite a todos los empresarios realizar
cualquier actividad comercial, y el hecho de inscribirse como

498 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 499
comerciante implica que quien lo hace, profesionalmente se ocupa
en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles.
Por ello es necesario que cuando el inscrito deje de realizar dichas
actividades informe a la correspondiente cámara de comercio la
pérdida de su calidad de comerciante, como lo dispone el artículo
33 del Código de Comercio.
En caso contrario, si la persona se encuentra inscrita en el
Registro Mercantil, y la actividad que dio lugar a ese registro se
encuentra gravada con el impuesto sobre las ventas, es evidente
que, eventualmente, puede llegar a realizar dichas actividades.
De conformidad con lo anterior, el demandante no demostró
el cese definitivo del desarrollo de actividades sujetas al impuesto
sobre las ventas, razón por la cual no era procedente la cancelación
del registro de vendedores, ahora RUT. (Consejo de Estado, Sección
Cuarta, Sentencia del 2 de agosto de 2012, expediente 18.578).
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, corroborando que
el registro mercantil simplemente crea una presunción sobre la calidad de
comerciante, ha expresado:
Sin embargo, no existe norma legal alguna que establezca que, de
faltar esa inscripción, la persona que ejerza el comercio a través de
un establecimiento mercantil deje de ser comerciante y de estar
sujeto a las normas del Código de Comercio.
Tampoco hay texto alguno que consagre como requisito ad solemnitatem
para ejercer el comercio, o ad probationem para demostrarlo,
la inscripción en el Registro Mercantil. La falta de esta apenas
merece la sanción pecuniaria de que atrás se habló. (Corte Suprema
de Justicia, Sala Civil, Sentencia del 29 de septiembre de 1978).
1.7.2 Régimen sustantivo
Pero el efecto más importante que produce la presunción de la calidad
de comerciante será la aplicación del Código de Comercio en relación con
los actos y contratos realizados por el matriculado, en desarrollo de sus
actividades económicas, con prescindencia del Código Civil. Lo anterior, teniendo
en cuenta que el acto celebrado por este siempre se reputará mercantil
(artículo 22 del C. Co.). De esta suerte, por ejemplo, los pagos del precio
de toda compraventa podrán realizarse mediante la entrega de títulos valores
(artículo 905 del C. Co.), y las demandas relativas a sus actividades serán
de competencia de los jueces especiales de comercio. También hay que tener
en cuenta que las prescripciones, caducidades y sanciones de sus relaciones
negociales se regirán por la ley mercantil.
1.7.3 Antecedente registral
Con relación a la matrícula del establecimiento de comercio, parece evidente
que la matrícula no solamente cumple una simple formalidad de publicidad
y genera la presunción de propiedad en cabeza de quien lo declara
como suyo, sino que, igualmente, constituye el antecedente registral necesario
para que proceda la posterior inscripción de cualquier acto, contrato,
providencia judicial o administrativa relacionada con este (principio de tracto
sucesivo, como se le conoce), tal como lo expresó la Corte Constitucional:
«[…] si ocasiona la imposibilidad de registrar otros actos posteriores, como
sucede cuando se omite el registro de la calidad de comerciante, o matrícula
mercantil […]» (C-621 de 2003).
De esta forma, no procede la inscripción de la enajenación, transmisión,
prenda, cierre o embargo del establecimiento de comercio, sin que previamente
se haya matriculado este. Por lo anterior, consideramos equivocada la doctrina
de la Superintendencia de Industria y Comercio (Conceptos 3055133 del
14 de enero de 2004 y del 19 de enero de 2004), según la cual las cámaras de
comercio deberán registrar los embargos de los establecimientos de comercio,
así estos no se encuentren matriculados. Sucede que, mientras no se cumpla
con la formalidad de la matrícula, todo lo ocurrido respecto al establecimiento
de comercio se produce extrarregistralmente y, por lo tanto, esta especial universalidad
de bienes no es objeto de embargo registral, sino de simple secuestro
material de sus componentes, pudiéndose acreditar, por cualquier medio, la
titularidad del mismo (lógicamente no existe prueba registral).
Por otra parte, si en la matrícula de un establecimiento de comercio
figura una persona determinada como propietaria, el embargo registral es

500 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 501
procedente si se dirige contra la mencionada persona. Aunque la ley simplemente
la presume como propietaria –a los ojos de terceros, y por efectos
de la inoponibilidad–, los documentos auténticos y escrituras de enajenación
que sean anteriores a la diligencia precautelar –y que no se encuentren
inscritos–, no pueden servir de base para que quien figure en ellos como
nuevo propietario promueva oposición al registro y solicite la cancelación
del embargo a la respectiva cámara de comercio, alegando que con dichos
títulos desvirtúa la presunción de propiedad en cabeza de quien figura en la
matrícula. Lo anterior no es posible, pues por la sanción de la inoponibilidad
el traspaso no inscrito no es oponible a los acreedores del enajenante.
En resumidas, el embargo registral de un establecimiento de comercio
procede sobre establecimientos que previamente se encuentren matriculados,
siempre y cuando la medida se dirija contra quien figura como propietario
del mismo en el registro mercantil. Si, por el contrario, el establecimiento
aún no ha sido matriculado, no procede el registro de la orden de
embargo, por cuanto el bien no existe para el registro mercantil. Si bien es
cierto que el nacimiento del establecimiento de comercio se produce de hecho
y extrarregistralmente, como lo manifiesta la Superintendencia en los
conceptos mencionados anteriormente, también lo es que, para el registro
mercantil, un establecimiento comercial no produce ningún efecto (resulta
inoponible) mientras no obtenga la matrícula. Sin matrícula es imposible
registrar cualquier acto, contrato o providencia judicial relativa al mismo,
puesto que esta se constituye en el antecedente que permite la aplicación
del principio del tracto sucesivo. Lo anterior, debido a que todo acto o contrato
que, conforme al artículo 28 del C. Co., sea objeto de inscripción con
relación al establecimiento de comercio produce precisamente una modificación
de las condiciones señaladas en la matrícula. El principio registral
del tracto sucesivo es tan importante, que el artículo 11 del Reglamento del
Registro Mercantil Español dispone: «TRACTO SUCESIVO. 1. Para inscribir
actos o contratos relativos a un sujeto inscribible será precisa la previa inscripción
del sujeto».
1.7.4 Respecto a la capacidad negocial
Conforme al artículo 116 del C. Co., a las sociedades mercantiles les está prohibido
realizar operaciones sin que previamente se matriculen en el registro
mercantil; sin embargo, la violación a dicho precepto no genera la simple
inoponibilidad registral, sino que a lo anterior se añade la responsabilidad
solidaria e ilimitada de los administradores que realicen actos o contratos
antes del mencionado registro (inoponibilidad negocial), y, por lo tanto, no
existe vinculación alguna de la sociedad con el respectivo contrato. En este
orden de ideas, la matrícula habilita a la sociedad a contratar en forma directa
e inmediata, respondiendo por las operaciones sociales ya no sus administradores
sino la misma persona jurídica. Con razón se ha dicho:
Resulta entonces claro que aunque la sociedad comercial se encuentre
legalmente constituida, para que sus actos puedan ser
oponibles a terceros y comenzar a ejercer su objeto social, requiere
como requisitos adicionales la inscripción de la escritura pública
de constitución en el registro mercantil y el permiso de funcionamiento
otorgado por este despacho, cuando sea el caso.
En conclusión, para que […] pueda hacer oponibles sus actos
a terceros y ejercer su objeto social, requiere además de su
constitución legal, haber efectuado el registro de la escritura
pública de su constitución en la cámara de comercio de su domicilio
principal y obtenido permiso de funcionamiento de esta
Superintendencia. (Superintendencia de Sociedades, Oficio OC-
14793 del 16 de julio de 1987).
1.7.5 La publicidad y oponibilidad
La matrícula produce efectos de publicidad y de oponibilidad frente a terceros,
especialmente en relación con la calidad de comerciante, su actividad,
capacidad económica, dirección, la propiedad del establecimiento, y en general
sobre cualquier otro dato o información contenido en el formulario
de matrícula. Es de aclarar que la matrícula también produce los efectos
de oponibilidad general, conforme a lo previsto en el artículo 901 del C. Co.,
pese a que en el artículo 29 de dicho código el legislador trate especialmente
sobre la inoponibilidad de los documentos no inscritos, y a pesar de que no

502 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 503
exista una norma especial que determine los efectos de «publicidad» de la
matrícula. Simplemente se aplica el principio general contenido en el artículo
901, como ya se expresó:
[…] la institución de la inoponibilidad impide al acto jurídico producir
efecto frente a terceros, cuando quiera que no se hayan
cumplido los requisitos de publicidad establecidos por la ley…
(Superintendencia de Sociedades, Oficio 2214666 del 8 de septiembre
de 2011).
[…] puesto que una vez inscrito se presume su conocimiento
por toda la comunidad… (Consejo de Estado, Sección Tercera,
Sentencia 16503 del 2 de diciembre de 2007).
[…] la inscripción está dotada de tal virtud publicitaria que a
nadie es permitido escapar de sus efectos vinculantes pues se presume
que ha sido de conocimiento general […]. (Corte Suprema
de Justicia, Sala Civil, Sentencia del 1 de abril de 2006, expediente
1997-01813-01)
De suerte que, los actos y la información publicitada como consecuencia
de la matrícula mercantil, producen oponibilidad frente a los terceros,
con todas sus consecuencias legales, especialmente el no admitir prueba en
contrario, con respecto al matriculado.
1.7.6 Regularización
La obtención de la matrícula cumple una doble función de regulación de las
obligaciones del comerciante: por un lado, se da por satisfecha la formalidad
consagrada en el artículo 19 del C. Co., y, por otra parte, se obtiene el NIT. En
otras palabras: comerciante matriculado equivale a comerciante formal y
regular, razón por la cual ya no está incurso en la multa de que trata el artículo
37 del C. Co., salvo por la extemporaneidad en realizar dicho trámite.
En Francia, el comerciante deberá indicar el número de su matrícula en
las facturas, correspondencia, y en general en toda su papelería, como prueba
de ser comerciante regular.
1.7.7 Función declarativa
La matrícula cumple una función eminentemente declarativa, pues los hechos
referentes al comerciante y sus establecimientos de comercio tienen
nacimiento extrarregistralmente. El comerciante adquiere su calidad de tal
por el simple ejercicio del comercio, en razón a que la matrícula es apenas
uno de los medios para presumir dicha calidad.
La propiedad sobre el establecimiento de comercio tiene su origen en
cualquiera de los modos de adquisición (compraventa, permuta, donación,
aportes, etc.), originando la matrícula una mera presunción. De tal manera
que quien no figure como propietario en el registro, siéndolo realmente, no
pierde su derecho de propiedad, ni este se radica en el propietario matriculado,
aunque frente a terceros prevalezca la «realidad» certificada por la
respectiva cámara de comercio. En todo caso, el adquirente no inscrito podrá
iniciar los procesos reivindicatorios y posesorios del caso contra quien figure
como propietario «matriculado».
Es de anotar que, en derecho comparado, la matrícula cumple una
función constitutiva frente a las sociedades, siendo usual que estas solamente
obtengan su personería jurídica con el cumplimiento de dicha formalidad.
Así, la ley francesa, artículo 5 (Ley 66-537) dispone: «Las sociedades
Comerciales gozan de personalidad moral a partir de su matrícula en
el registro de comercio». A su vez, el artículo 7 del texto refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas de España dispone: «La sociedad se constituirá
mediante escritura pública, que deberá ser inscrita en el Registro Mercantil.
Con la inscripción adquirirá la sociedad anónima su personalidad jurídica».
De igual manera, el artículo 7 de la Ley Argentina 19.550 expresa: «La sociedad
solo se considera regularmente constituida con su inscripción en el
registro público de comercio». Por su parte, el artículo 41 de la Ley Alemana
de Sociedades Anónimas expresa: «Antes de la inscripción en el Registro

504 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 505
Mercantil, la sociedad anónima no existirá como tal». Finalmente, en parecidos
términos, el artículo 2331 del Código Civil Italiano expresa: «Con la inscripción
en el registro, la sociedad adquiere personalidad jurídica».
1.8 Control de legalidad sobre el nombre
El comerciante matriculado tiene derecho a que la cámara de comercio se
abstenga de registrar a otro comerciante que tenga el mismo nombre que
el utilizado por el primero, tanto para su identificación como persona natural,
como para el rótulo o nombre de sus establecimientos de comercio que
hayan sido previamente matriculados.
En la doctrina y jurisprudencia nacional se ha debatido mucho el alcance
de este especial control de legalidad asignado a las cámaras de comercio,
pudiéndose afirmar que hay dos posiciones contrapuestas: una teoría que
sostiene la obligación de negar la matrícula cuando el nombre es igual o similar,
y otra corriente que sostiene que la competencia negativa solamente
se presenta cuando el nombre es «igual», independientemente del ramo o la
actividad realizada por el matriculado. Al respecto se ha manifestado:
1. Como el artículo 35 habla del «mismo nombre», no podrán las
cámaras de comercio negar el registro de un nombre que no sea
idéntico sino simplemente similar (Gaviria, 1990, p. 7).
Actualmente, y con base en que la función primordial del registro,
como anteriormente lo anotamos, es dotar de publicidad
los actos, libros y documentos sujetos por la ley a esta formalidad,
a fin de que sus efectos sean oponibles a terceros, la cámara de
comercio llegó a la conclusión de que su función debe limitarse
a una simple comparación entre el nombre del comerciante y/o
establecimiento inscrito con el que se pretende matricular, toda
vez que se ha entendido que la finalidad que se persigue con la
prohibición establecida en dicho artículo, no es otra que evitarle
confusión al destinatario del producto o servicio.
De otra parte, no compartimos el criterio de quienes sostienen
que el artículo 35 debe tomarse en concordancia con el 607,
en el sentido de que la entidad debe abstenerse de inscribir al
comerciante solo cuando el nombre sea igual a otro ya inscrito
para el mismo ramo de negocios.
A las cámaras de comercio el legislador no las invistió de
competencia para entrar a calificar las actividades o ramo de negocios
que van a desarrollarse con el nombre del comerciante o
establecimiento cuya matrícula se solicita. (Bernal, 1992, p. 63).
De manera reciente, la Superintendencia de Industria y Comercio ha
ratificado la conclusión anterior, en el sentido de que el control de legalidad
solamente se ejerce respecto a nombres «iguales»:
Las cámaras de comercio deben abstenerse de matricular a un comerciante
o establecimiento de comercio con el mismo nombre
de otro ya inscrito, de tal manera que, si se solicita la matrícula de
un comerciante o establecimiento cuyo nombre no es idéntico al
ya registrado, la cámara debe proceder a su registro.
En consecuencia, en relación con el caso planteado en su
consulta, teniendo en cuenta que en la cámara de comercio se
encuentra registrado un establecimiento de comercio con el nombre
«Salón Bambi», y se ha solicitado matricular otros dos con los
nombres «Cafetería Bambi Uno» y «Bambi JR», respectivamente,
toda vez que estos nombres no son idénticos, de tal manera que la
cámara deberá proceder a su registro. (SIC, Concepto n.° 01106028
del 28 de enero de 2002).
Por su parte, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con
muy buen criterio, ha aclarado que en relación con el control del nombre,
y con el fin de poder identificar si el sometido a estudio resulta igual a uno
ya registrado, no se puede tener en cuenta la denominación genérica utilizada
por el comerciante, tales como Inversora, Fiduciaria, Banco, Compañía
de Leasing, Fondo de Pensiones, etc. (ver Resolución 092 del 10 de agosto de
1994). Consideramos más acertada la posición de esta última entidad, pues,
es verdad, los vocablos genéricos (salón, cafetería, restaurante, ferretería,
etc.) no sirven como elementos diferenciadores del nombre comercial y, en
últimas, el nombre resulta igual. En todo caso, y con el fin de acabar con toda
discusión al respecto, el artículo 9 del Decreto reglamentario 898 de 2002

506 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 507
expresa que el control de homonimia se realiza sobre nombres idénticos, sin
importar la clase de actividad que desarrolle el matriculado.
Finalmente, en relación con los nombres genéricos que implican actividades
financieras, cuyo control también compete a las cámaras de comercio,
la jurisprudencia ha expresado:
Se deduce de lo anterior que el artículo 35 prevé sobre todo un
procedimiento de tipo mecánico para proteger el nombre comercial
en toda la actividad mercantil y para tutelar los intereses del
comerciante cuando ya ha sido inscrito y de los terceros en caso
de homonimia; al paso que el Decreto 1997, incluida la norma impugnada,
regula una materia concreta: la actividad económica financiera,
con el propósito de salvaguardar el orden público económico
y asegurar y proteger la confianza de las gentes en el sector
financiero de la Nación.
Cuando a través de la norma acusada se ordena a las cámaras
de comercio abstenerse de registrar personas jurídicas distintas
de las instituciones financieras señaladas en el artículo 1 del
mismo decreto, que empleen en su nombre distintivos propios
de ellas o que indiquen genérica o específicamente el ejercicio de
una actividad financiera, el decreto no hace otra cosa que procurar
la cumplida ejecución de la previsión contemplada en el artículo
606 del Código de Comercio. (Consejo de Estado, Sección Primera,
Sentencia del 15 de agosto del 91, expediente 1326).
1.9 El control de la información
Existe una norma muy importante, aparentemente inoficiosa, según la cual
las cámaras de comercio están facultadas para exigir al comerciante que
solicite su matrícula, la presentación de las pruebas siquiera sumarias de
los datos indicados en el formulario. Una primera observación consiste en
señalar que esta facultad se restringe a la matrícula de los comerciantes
y no se hace extensiva a la matrícula de los establecimientos de comercio.
Otra observación consiste en afirmar que el precepto (artículo 36 del C. Co.)
parece letra muerta, puesto que las cámaras de comercio generalmente no
hacen uso de la misma, confiando quizás en la presunción de buena fe que
ampara a los particulares frente a las actuaciones públicas. En todo caso, el
artículo tiene un sentido importante, cual es el de evitar que se publicite a
terceros datos e informaciones falsas. Por otra parte, si la información suministrada
como consecuencia de la matrícula está llamada a producir oponibilidad
y publicidad con respecto a los terceros, es apenas natural que la
institución registral deba procurar que dicha información sea lo más cierta
y real posible. Ahora bien, la información suministrada con la matrícula o su
renovación podrá servir de base para impugnar el registro de proponentes,
conforme a lo previsto en el artículo 22.5 de la Ley 80 del 93, en caso de que
sea contraria a la información señalada en el formulario o documentación
acompañada al solicitar la inscripción como proponente.
Como ya se expresó, y teniendo como finalidad primordial el suministro
de información a terceros, los datos consignados en el formulario de matrícula
deben ser veraces, reales y serios. Por esta razón, las cámaras podrán
exigir al peticionario que acredite, aunque sea sumariamente, la realidad
de la información suministrada, acompañando, para tal fin, certificados expedidos
por contadores, revisores fiscales, entidades financieras, registros
del estado civil, títulos de propiedad, declaraciones extrajuicio, o en general
cualquier otra prueba que pueda tenerse como sumaria. Si la información
suministrada en el formulario de matrícula resultare falsa, conforme a los
documentos solicitados por la entidad, o allegados por un tercero, la cámara
de comercio respectiva está en obligación de formular la denuncia penal
contra el infractor, pero no podrá revocar la matrícula, salvo que la falsedad
resulte evidente, manifiesta y afecte de manera importante la información
contenida en la matrícula. Dicha revocación se podrá efectuar sin previa autorización
del matriculado o solicitante, conforme a lo previsto en el artículo
73, C. C. A. («… o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales…»),
tal como lo aceptó últimamente la Jurisprudencia.
Parece ser que el control de la información establecido en la legislación
colombiana, viene como rezago de los sistemas europeos y de algunos países
latinos, en los cuales la personería jurídica de las sociedades se obtiene
precisamente con la matrícula e inscripción del comerciante colectivo. Por
razón de lo anterior, para otorgar la matrícula, al ente registral se le asigna
un control de legalidad pleno y previo, teniendo amplias facultades para verificar
y objetar la información suministrada. De esta manera, se previene

508 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 509
que llegue a matricularse una sociedad que no cumpla los parámetros legales
o cuya información no sea exacta.
1.10 Sanciones por falta de matrícula
La falta de matrícula dentro del término legal trae como consecuencia la
imposición de una multa hasta por diecisiete salarios mínimos legales mensuales
vigentes al momento de la infracción, la cual será impuesta por la
Superintendencia de Industria y Comercio, pero dicha omisión no impide el
registro de los libros sujetos a dicho trámite y demás documentos del comerciante,
tal como lo dispone el artículo 37 del C. Co., en concordancia con
el artículo 11 del Decreto 2153 del 92.
Se advierte nuevamente que, por una inadecuada técnica legislativa,
el artículo 37 del C. Co. parte del supuesto de considerar que el comerciante
ejerce el comercio sin estar «inscrito»; pero no se refiere realmente a la falta
de matrícula. Sin embargo, como se ha entendido rectamente la norma hasta
ahora, hay que concluir que esta regula al comerciante no matriculado,
el cual, conforme al artículo 19 del C. Co., debe cumplir con esta principal
obligación, y debe hacerlo en el término máximo de un mes (artículo 31 del C.
Co.). Con lo anterior retomamos nuestra opinión referente a que, en verdad,
«matrícula» e «inscripción» del comerciante constituyen la misma cosa, y
así parece sugerirlo el mismo artículo 37, cuando habla de la inscripción o
matrícula del establecimiento. Si no fuera así, la sanción consagrada en dicho
precepto carecería de sentido, puesto que la matrícula debe solicitarse
en el término de un mes; al paso que la inscripción puede realizarse en
cualquier tiempo. Luego, si se trata de «inscripción», el comerciante nunca
incurriría en mora de cumplir con dicha obligación.
Por otra parte, cuando se procede a obtener la matrícula del comerciante
o del establecimiento de comercio, vencido el mes de que trata el
artículo 31 del C. Co., de todas maneras la Superintendencia podrá imponer
la multa. La matrícula obtenida antes de recibir el requerimiento de la
Superintendencia no evita la multa, pero sí sirve para que la sanción sea más
favorable en su graduación económica.
Es de anotar que la sanción o multa también se hace extensiva a
aquellos propietarios de establecimientos de comercio que desarrollen
actividades inherentes a los mismos sin haberlos matriculado. Claro está
que, si se ha nombrado factor o administrador, y en el contrato de preposición
se ha delegado dicha tarea en el administrador, considero que en este
evento la multa podrá ser impuesta al factor y no al principal o propietario
(ver artículo 1338 del C. Co.). Cosa diferente sucede con el comerciante, quien,
conforme al artículo 19, debe cumplir con el deber de matricularse, constituyendo
una obligación personal e indelegable.
Para concluir este punto, resulta interesante anotar que, en Francia, el
juez puede ordenar la matrícula del comerciante y la ley establece una sanción
de tipo penal contra el comerciante que ejerce su actividad sin haber
obtenido previamente su matrícula.
1.11 La renovación de la matrícula
1.11.1 Finalidad
Dispone el artículo 33 del C. Co., que la matrícula se renovará anualmente,
dentro de los tres primeros meses del año y, a su vez, el Decreto reglamentario
668 del 89 inoficiosamente expresa que la renovación debe ocurrir entre
el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año. En todo caso, la norma reglamentaria
aclara el hecho de que la renovación opera respecto a la matrícula del
comerciante, así como la de sus establecimientos de comercio.
La finalidad de la renovación no es otra que la de actualizar la información
del comerciante y la de sus establecimientos de comercio. Precisamente,
el artículo 33 del C. Co. exige a los matriculados comunicar a la respectiva
cámara de comercio el cambio de actividad, domicilio y demás condiciones
personales, así como las modificaciones relacionadas con sus establecimientos
de comercio. Por esta razón, el Consejo de Estado ha expresado:
A su vez la renovación de la matrícula, que ha de hacerse dentro
de los tres primeros meses del año, tiene por objeto actualizar los
datos que el comerciante dio al abrirse aquella por primera vez. Al
descubrir dichos datos la norma (artículo 33 del C. Co.) incluye los
relativos a «la pérdida de su calidad de comerciante», lo mismo

510 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 511
que cualquier cambio de domicilio y demás mutaciones referentes
a su actividad comercial, a fin de que se tome nota de ello en
el registro correspondiente (Consejo de Estado, Sección Primera,
Sentencia del 19 de octubre de 1990, expediente 1196).
Es importante anotar que, de conformidad con el artículo 31 de la Ley
1429 de 2010, una vez se inscriba lo relativo a la disolución de la sociedad, y
mientras se tramite la liquidación efectiva, la sociedad no está obligada a
renovar su matrícula.
Cabe anotar que, de manera reciente y artificial, el artículo 166 del
Decreto Ley 19 de 2012, al disponer lo relativo al Registro Único Empresarial y
Social (RUE), ordenó a todas las entidades sin ánimo de lucro renovar anualmente
dicho registro, unificando, de manera inapropiada y creando un nuevo
trámite, la obligación de renovar matrícula, frente a no comerciantes.
1.11.2 Sanción por falta de renovación
Precisamente porque la renovación cumple una mera función de actualización
de información, no debe confundirse con la ausencia o carencia de
matrícula o con la caducidad de la misma, como equivocadamente se ha
entendido (Cámara de Comercio de Bogotá, Oficio 031349 de septiembre de
1984). Nótese que la renovación presupone la existencia previa de la matrícula.
Luego, si se aceptara la teoría de la caducidad automática o de la
inexistencia de la matrícula, pasados los tres primeros meses del año sin
haber realizado la renovación, el comerciante ya no podría renovar la matrícula
sino que estaría obligado a matricularse nuevamente. Sin embargo,
la figura de la caducidad o extinción de la matrícula por falta de renovación
fue consagrada indirectamente por el artículo 2 del Decreto 688 de 1989, a
cuyo tenor se decía: «La no renovación anual de la matrícula mercantil dará
lugar a la exclusión del comerciante del correspondiente registro».
Afortunadamente, el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró la nulidad
de dicha norma, por las siguientes razones:
El decreto acusado se desvió en su simple función reglamentaria al
consagrar una sanción a quien no renueve la matrícula mercantil,
consistente en excluir al comerciante del correspondiente registro.
De esta manera se agrega aquélla a la que viene establecida
en el Código de Comercio.
En efecto: según el artículo 37 de dicho estatuto la persona
y el establecimiento de comercio que ejerzan el comercio sin estar
inscritos en el registro mercantil incurrirán en multa de hasta
diez mil pesos que impondrá la Superintendencia de Industria y
Comercio, sin perjuicio de las sanciones legales.
No renovar la matrícula equivale a carecer de registro, luego
quien no cumpla con esta obligación de renovarla se hará acreedor
a tal sanción pecuniaria.
En tales condiciones, el Gobierno nacional, so pretexto de reglamentar
el C. Co., y más concretamente su artículo 33, que se
limita a repetirlo en su primera parte (la matrícula se renovará
anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año), suma
a la multa antes mencionada, a cargo de la Superintendencia de
Industria y Comercio, otra sanción que el Decreto 668 de 1989
acusado hace consistir en «la exclusión del comerciante del respectivo
registro».
Es así, entonces, que por norma reglamentaria no se puede
crear una sanción más y diferente a la ya establecida en el mismo
estatuto del ramo. Nótese que si bien el susodicho artículo 37
deja a salvo las demás sanciones que puedan imponerse por no
renovar la matrícula, en los términos atrás explicados, es bien preciso
al calificar tales sanciones de legales, esto es, las determinadas
por el propio legislador. (Consejo de Estado, Sección Primera,
Sentencia 1196, del 19 de octubre del 90).
De manera más reciente la misma corporación, Sección Cuarta, reiteró
el mismo principio, al expresar:
De conformidad con lo anterior, la falta de renovación de la matrícula
no conlleva la cancelación de la inscripción en el Registro
Mercantil, sino la imposición de la sanción prevista en el artículo
37 del Código de Comercio.

512 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 513
En ese sentido, la matrícula mercantil tiene vigencia mientras
no sea cancelada, esto es, hasta cuando el inscrito renueve el
registro informando a la cámara de comercio la pérdida de la calidad
de comerciante, y esta, una vez surtido los trámites de ley, realice
la respectiva cancelación. (Consejo de Estado, Sección Cuarta,
Sentencia del 2 de agosto de 2012, expediente 18.578).
Por lo tanto, considerando que la matrícula y su renovación son dos instituciones
independientes y diferentes, estamos de acuerdo con el maestro
Gabino Pinzón cuando expresa:
Pero esta renovación no implica, desde luego, la idea de que expira
o caduca al vencimiento del año, si no es renovada oportunamente;
el verdadero sentido de la llamada renovación es el de
una actualización de los elementos de información suministrados
mediante la matrícula. (Concepto del 18 de enero de 1984).
En conclusión, la falta de renovación de la matrícula no acarrea ni debe
originar la pérdida de la condición de comerciante: «Con fundamento en
lo expuesto, se puede afirmar que el comerciante no pierde su calidad de
afiliado por no renovar en tiempo su matrícula, ya que la sanción es de tipo
pecuniario y no afecta su calidad de comerciante» (SIC, Concepto 00003536
del 7 de marzo de 2000).
Como se anotó, como sanción a la falta de renovación de la matrícula
las cámaras de comercio pretendieron predicar la «caducidad» de la misma,
planteamiento que fue recogido indirectamente por el Decreto 688, al disponer
la exclusión del comerciante infractor del respectivo registro mercantil.
El Consejo de Estado declaró la nulidad de la norma, como ya se anotó;
sin embargo, el alto tribunal incurrió en una lamentable equivocación y, por
vía «analógica», dispuso que la sanción prevista en el artículo 37 del C. Co.
para el comerciante no matriculado, también será aplicada para la infracción,
consistente en la no renovación de la matrícula. En verdad, matrícula
y renovación son dos figuras completamente diferentes. La primera ocurre
una sola vez y corresponde realmente a la inscripción inicial, como lo tiene
establecido el sistema francés; al paso que la renovación es una obligación
posterior, que surge de manera independiente año por año. En otras
palabras: la noción de comerciante matriculado equivale a la idea de comerciante
inscrito, y dicha calidad ya no se pierde sino por orden de autoridad
competente, o a petición del comerciante o sus causahabientes. En cambio
la renovación, que constituye una obligación futura, se causa año por año,
y de manera independiente por cada período. Entonces, al tenor literal del
artículo 37, la multa se produce por ejercer el comercio sin estar inscrito o
matriculado y no por la circunstancia de omitir la renovación, pues, se repite,
la calidad de comerciante inscrito o matriculado solamente se pierde por la
cancelación de la matrícula.
Naturalmente, con la equivocación cometida por el Consejo de Estado
al asimilar, para efectos de la multa, a comerciante no inscrito con comerciante
sin renovación de matrícula, la Superintendencia de Industria y
Comercio está imponiendo sanciones a estos últimos, pese a que en ocasiones
ha aceptado que el legislador no estableció expresamente sanciones
pecuniarias por la falta de la renovación de la matrícula:
Igualmente le informamos que el incumplimiento de la obligación
de renovar anualmente la matrícula mercantil no conlleva,
de conformidad con la legislación vigente, ningún tipo de sanción
pecuniaria.
Ahora bien, es necesario aclarar que no existe norma alguna
que faculte a las cámaras de comercio para imponer sanciones a
quienes no renuevan oportunamente su matrícula. En conclusión,
las cámaras de comercio están facultadas para cobrar el valor de
cada una de las renovaciones atrasadas pero no pueden actualizar
su valor o imponer sanciones a quienes no cumplieron con su
obligación oportunamente. (Superindustria y Comercio, Concepto
00054239 del 30 de agosto de 2000).
Nótese que la doctrina es clara al predicar inicialmente que la falta
de renovación no implica la imposición de sanción pecuniaria alguna; pero
posteriormente se orienta por la teoría de la multa: «Damos respuesta a su
comunicación, radicada bajo el número de la referencia, para informarle que
un comerciante que no cumpla con su obligación de renovar su matrícula
mercantil puede ser multado o sancionado por la Superintendencia de

514 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 515
Industria y Comercio» (Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto
01030687 del 30 de abril 30 de 2001).
Hay que tener en cuenta que la misma ley dispone que la inscripción
de actos y contratos procede, en cualquier tiempo, sin que se exija
como prerrequisito la renovación de la matrícula (artículo 29, numeral 4,
C. Co.). Igualmente, el artículo 6.° de la Circular Externa 15 de 2001, de la
Superintendencia de Industria y Comercio, prohíbe a las cámaras de comercio
negar el registro o inscripción de documentos cuando no existe
norma específica que impida dicho registro o inscripción, salvo los casos
de ineficacia o inexistencia del acto o contrato que se pretende registrar.
Precisamente, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, mediante
memorando interno 26237 del 31 de diciembre de 2001, ha considerado que
la falta de renovación impide la liquidación de la sociedad y la cancelación
de la matrícula, pero no el registro de otros documentos.
Sin embargo, la Ley 1429 de 2010, artículo 50, dispuso que las sociedades
que en los 10 años anteriores a la vigencia de la mencionada ley no hubieran
renovado su matrícula y no procedieran a ponerse al día dentro de
los 12 meses siguientes, automáticamente entraban en disolución y debían
liquidarse. Por su parte, a las personas naturales y a los establecimientos de
comercio que estuvieran en la misma situación y no se acogieran al beneficio
de ponerse al día en el mismo período, se les cancelaría la matrícula de
manera automática. De todas formas, estas nuevas consecuencias fueron
de carácter temporal y ya no rigen.
De manera más reciente, la Ley 1727 de 2014 sí dispuso expresamente
la caducidad o cancelación de la matrícula mercantil respecto a las personas
naturales y establecimientos de comercio que en los últimos cinco años no
hayan renovado su matrícula. Sin embargo, esta Ley, artículo 31, otorga un
año de gracia contado a partir de la vigencia del precepto, para que el comerciante
incumplido y los establecimientos de comercio se pongan al día con
respecto a la renovación.
Al igual que lo previsto en la Ley 1429, esta disposición también es transitoria
y no podrá aplicarse con respecto a la mora en la renovación después
de la vigencia de la mencionada Ley 1727.
En la actualidad, el asunto quedó resuelto mediante el artículo 30 de la
Ley 1727 de 2014, puesto que dicho precepto claramente dispone que la misma
sanción prevista para la falta de matrícula se aplicará a la falta de renovación.
1.11.3 Renovación y cancelación de la matrícula
Con el fin de evitar que el comerciante que ha incumplido con la obligación
de renovar la matrícula suya y/o de sus establecimientos de comercio,
pueda seguir actuando sin problema alguno en el mundo del comercio, el
Decreto reglamentario 898 del 2002 dispuso lo siguiente:
Artículo 8. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 35 del Código
de Comercio, la matrícula mercantil se cancelará definitivamente
a solicitud de quien la haya obtenido, una vez pague los derechos
correspondientes a los años no renovados, los cuales serán cobrados
de acuerdo con la tarifa vigente en cada año causado.
Con base en la norma anterior, las cámaras de comercio no cancelan la
matrícula de las Sociedades en liquidación, negándose a inscribir la cuenta
final de la liquidación, mientras no se paguen los derechos correspondientes
a los años no renovados de matrícula mercantil. Igual acontece con la
petición de cancelación de matrícula de los establecimientos de comercio
en mora de renovación.
Por su parte, la Superintendencia inicialmente había considerado que
las sociedades en liquidación, mientras estén realizando dicho trámite, a pesar
de tener restringida su capacidad social al desarrollo de la liquidación,
continúan siendo comerciantes y deben cumplir con la obligación de renovar
la matrícula (SIC, Concepto 01201086 del 29 de noviembre de 2001). En la
actualidad, y conforme a lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1429 de 2010,
mediante Circular Externa 19 de 2011, dispone que una vez las sociedades
inscriban la disolución, no están obligadas a renovar la matrícula.
Igualmente, ha aclarado dicha institución que cuando el comerciante
pretenda renovar solamente el año en curso la Cámara respectiva no puede
negar tal procedimiento, alegando la mora en la renovación de años anteriores,
pues con buen sentido entiende que la obligación de renovación es
independiente un año del otro:
Téngase en cuenta además que en virtud del artículo 13 del Decreto
266 de 2000 tanto las autoridades administrativas como los particulares
que ejerzan funciones públicas no podrán exigir los recibos

516 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 517
de pagos hechos con anterioridad para aceptar un nuevo pago.
En consecuencia, y atendiendo a que es una obligación de
quienes ejercen el comercio inscribirse en el registro mercantil y
renovar la correspondiente matrícula, so pena de ser sancionados
con multas, las cámaras de comercio no estarían facultadas legalmente
para impedir el cumplimiento de tal obligación exigiendo
el pago de los años anteriores no renovados en la oportunidad legal
(SIC, Concepto 00018360 del 11 de abril de 2000).
La doctrina administrativa también ha aclarado que las cámaras de
comercio no pueden cobrar intereses moratorios sobre las sumas adeudadas
por los años no renovados, puesto que el Decreto 898 es muy claro al
disponer que los años atrasados serán cobrados «de acuerdo con la tarifa
vigente en cada año causado». Finalmente, la misma institución de control
y vigilancia ha considerado que las cámaras de comercio no pueden reportar
a las centrales de riesgos a los comerciantes morosos en la renovación de la
matrícula (SIC, Concepto 02028260 del 24 de mayo de 2002).
1.11.4 Revocatoria de la renovación
La renovación de la matrícula constituye una forma de registro mercantil
que también tiene como objeto cumplir con la finalidad de otorgar publicidad
y oponibilidad respecto de la información contenida en el respectivo
formulario. Si bien es cierto que la renovación de la matrícula técnicamente
no equivale a una «inscripción», estas solicitudes sí son objeto de «registro»,
en los términos del artículo 26 del C. Co., y por tal virtud, la información más
fresca y reciente del empresario es la que se hace inoponible a los terceros,
la cual, por supuesto, se encuentra contenida en el formulario de renovación
de matrícula y sus anexos. (Otra cosa piensa la Superintendencia, según
Conceptos SIC 000432214 y 00033620 del 19 de junio de 2000). Por lo tanto,
estando sujetas a «registro» las renovaciones de la matrícula, la finalización
de dicho trámite implica la expedición de un acto administrativo que no
sería revocable unilateralmente por la respectiva cámara de comercio, por
crear una situación jurídica particular y concreta. Con razón se afirma:
Una vez efectuada la inscripción de la renovación en el registro,
en tanto esta constituye un acto administrativo con presunción
de legalidad que genera derechos de carácter particular en favor
del comerciante, no puede ser objeto de revocatoria directa por
lo que en el evento de que adolezca de vicios de legalidad deberá
ser demandada ante lo contencioso administrativo (SIC, Concepto
02041462 del 29 de mayo de 2002).
En conclusión, tanto la matrícula como su renovación constituyen formas
especiales de registro mercantil, las cuales se obtienen mediante un
procedimiento administrativo que culmina con un acto administrativo.
Entonces, si se pretende revocar el mencionado acto administrativo, salvo
que resulte de manera manifiesta que se obtuvo por medios ilegales, no podrá
revocarse sin autorización del comerciante matriculado
1.12 Cancelación de la matrícula
La matrícula, aunque no se renueve, tiene vigencia ilimitada mientras no
sea cancelada en forma legal. Según la ley, en principio la cancelación de la
matrícula solo procede a petición del matriculado o por orden de autoridad
competente.
1.12.1 Cancelación a petición del interesado
Precisamente, para evitar las cargas legales que la matrícula hace presumir
en su contra (entre otras, la presunción de ser comerciante), el comerciante
retirado del comercio, o que haya perdido la calidad de tal, está en la obligación
de solicitar a la respectiva cámara de comercio la cancelación de su
matrícula (artículo 33 del C. Co.). Igual situación acontece con el cierre del
establecimiento de comercio.
Ahora bien, pese a que el artículo 35 del C. Co. prevé la cancelación, a
petición de quien haya obtenido la matrícula o por información directa del
inscrito (léase «matriculado»), tal como lo dispone el artículo 33 (ibídem),
es evidente que el concepto de «interesado» resulta más amplio que el de

518 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 519
simple matriculado. Desde mi punto de vista, resulta apenas evidente que
el «interesado» pueda obtener la cancelación. Así como la calidad de comerciante
se adquiere extrarregistralmente, y por el hecho de realizar habitual
y profesionalmente actos de comercio, dicha calidad también se pierde extrarregistralmente,
como cuando acontece la muerte o la invalidez del comerciante.
Entonces, siendo obligatorio informar a la cámara de comercio
sobre tal hecho, la doctrina se pregunta si dicha información solo puede
provenir de parte del inscrito. A mi juicio, al tenor literal del artículo 33 del C.
Co., cuando este expresa que «el inscrito informará a la cámara de comercio
la pérdida de su calidad de comerciante…», naturalmente hay que entender
que dicha carga opera cuando el matriculado está en capacidad de hacerlo
directamente. Cuando este muere, se incapacita absolutamente, se declara
loco o es extraditado, resulta evidente que dicha persona ha perdido su
calidad de comerciante por imposibilidad física de ejercer el comercio. En
estos eventos, cualquier persona interesada, acreditando fehacientemente
los hechos, podrá solicitar la cancelación de la matrícula. Así por ejemplo,
si el comerciante fallece, es natural que los herederos, cualquiera de ellos,
y/o el cónyuge sobreviviente tengan interés en informar dicha situación a
la cámara de comercio para que se cancele la matrícula del fallecido. Igual
solicitud podrá formular el albacea con tenencia de bienes. Para lo anterior
bastará acreditar la condición de heredero (registro civil de nacimiento) y
el fallecimiento del matriculado (registro civil de defunción), con lo cual
se demuestra su interés legítimo; sin que sea pertinente que las cámaras
exijan adicionalmente la constancia de la tramitación del juicio sucesoral y
su reconocimiento como heredero. Tampoco se podrá exigir que la petición
provenga unánimemente de todos los herederos, como equivocadamente
lo entiende la doctrina:
La cancelación de la matrícula mercantil de un establecimiento
de comercio que se cierra al público puede ser solicitada por los
herederos del propietario del mismo, siempre y cuando se acredite
la muerte de este, la cancelación de su matrícula, la condición
de herederos de los solicitantes, y además que sea formulada por
todos los herederos o que al menos se acredite que todos están de
acuerdo (SIC, Concepto 02075088 del 26 de agosto de 2002).
En este sentido, y dado que la causa por la que no se continúa
con el ejercicio profesional del comercio es la muerte, podrán los
herederos del comerciante que ha fallecido presentar la respectiva
solicitud de cancelación de su matrícula mercantil y la de sus
respectivos establecimientos de comercio. Para el efecto podrán
adjuntar, como prueba sumaria de los hechos, copia auténtica del
registro de defunción y de los registros civiles de nacimiento que
dan fe de su calidad de herederos (SIC, Concepto 02204164 del 25
de noviembre de 2002).
En realidad, la matrícula solamente produce la presunción de la calidad
de comerciante, pero, se repite, perdida esta debe cancelarse la matrícula,
cuando se prueba este hecho por cualquier interesado; siendo precisamente
el retiro del comercio, o la pérdida de la calidad de comerciante, formas de
desvirtuar tal presunción legal:
[…] la pérdida de la calidad de comerciante y el cierre del establecimiento
de comercio, lleva implícita dos peticiones diferentes:
1, la solicitud de inscripción sobre la pérdida de la calidad de comerciante…
y a cancelar la Matrícula Mercantil… en el evento que
el comerciante no hay cancelado las renovaciones atrasadas de
la Matrícula Mercantil, si bien no procede su cancelación, sí resulta
pertinente su inscripción sobre la pérdida de la Calidad de
Comerciante… (SIC, Concepto 9033662 del 29 de abril de 2009).
De manera reciente, mediante Circular Externa 07 de 2005, se ha dejado
en claro que la muerte del comerciante puede ser acreditada por cualquier
persona, con copia auténtica del certificado de defunción, y que desde
la muerte cesa la obligación de renovar matrícula. Igualmente, se ha aclarado
que es posible cancelar la matrícula del comerciante aunque simultáneamente
no se cancela la matrícula de los establecimientos de comercio a
su nombre, lo cual acontece precisamente cuando fallece, y el albacea o los
herederos continúan con la explotación de los establecimientos.
La cámara no puede seguir haciendo oponible a terceros una condición
que ya no existe, por haberse desvirtuado la presunción. Por lo tanto,
resulta arbitrario que el Decreto 898 de 2002, artículo 8, haya establecido

520 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 521
la imposibilidad de cancelar la matrícula, cuando previamente no se haya
pagado lo debido por las renovaciones pendientes; es decir, cuando el comerciante
no ha cumplido con la obligación de renovar la matrícula; todo
lo anterior, so pretexto de reglamentar el artículo 35 del C. Co. Resulta que
dicho precepto no regula ni la matrícula ni la cancelación, sino que se refiere
expresamente a la prohibición de inscribir comerciantes o establecimientos
con el mismo nombre de otro ya matriculado. Con tal proceder, el ejecutivo
no solamente desconoce la norma que dice reglamentar, sino que está violando
igualmente el artículo 19 del C. Co., precepto que dispone la matrícula
del comerciante y, por lo tanto, implícitamente también establece que el no
comerciante no debe cumplir con esa carga. Absurdo resulta disponer por
vía reglamentaria que si el comerciante murió en el año 1995, pero sus herederos
solamente se pusieron al día en las renovaciones morosas desde el
año 1994, en el año 2004 dichos herederos deben cancelar diez años de renovación
de matrícula, respecto a una persona que ni física ni jurídicamente
tenía la condición de comerciante desde 1995, imponiendo así cargas del
comerciante a quien, conforme a la ley, no tiene tal condición (artículos 10 y
19 del C. Co.).
En todo caso, el artículo 33 del C. Co. expresa que el comerciante tiene
la obligación de informar a la cámara de comercio la pérdida de la calidad
de comerciante y, a su vez, que la cámara de comercio deberá tomar nota
de esta circunstancia («a fin de que se tome nota de ello en el registro correspondiente»).
Por otra parte, el artículo 19 del C. Co. establece que la condición
de matriculado debe cumplirla el mismo comerciante. Por lo tanto, y
conforme a los dos preceptos citados, perdiéndose la condición y calidad de
comerciante, cesa automáticamente la obligación de continuar matriculado,
y cuando cualquier interesado pruebe dicha circunstancia, la cámara de
comercio está en la obligación de tomar nota de ello y cancelar la matrícula.
Se repite: el Decreto 898 de 2002, artículo 8, es abiertamente nulo por
desbordar la norma que dice reglamentar y, además, por desconocer el contenido
de los artículos 10, 19 y 33 del C. Co. En realidad, el artículo 35 no trata
sobre la cancelación de la matrícula, sino sobre la cancelación del nombre
del comerciante o del establecimiento («[…] mientras este no sea cancelado»,
expresa el artículo). Si el legislador hubiera hecho alusión a la matrícula,
diría «esta» y no «este» (el nombre). En todo caso, para matricular un nuevo
comerciante con el nombre de otro ya matriculado, la norma no exige que
el anterior cancele su matrícula sino que cancele «su nombre», lo cual podrá
hacerse con una simple reforma estatutaria, si es comerciante colectivo, o
con la adopción de un nombre nuevo, si es individual.
Con anterioridad al Decreto 898 de 2002, la Superintendencia de
Industria y Comercio, con buen criterio y de manera reiterada, había expresado
que las cámaras de comercio no podían negar la cancelación de la matrícula
so pretexto de que el comerciante o establecimiento pertinente se
encontrara en mora de renovar la matrícula:
Teniendo en cuenta que ninguna norma autoriza a las cámaras
de comercio para abstenerse de registrar los actos y documentos
objeto de registro, entre los cuales está la solicitud de cancelación
de la matrícula, con fundamento en que el comerciante ha incumplido
con su obligación de renovar la matrícula, y que por lo tanto
le adeuda a la cámara determinada suma de dinero por ese concepto,
concluimos que las cámaras deben proceder a la cancelación
de la matrícula, no obstante presentarse esta situación. (SIC,
Concepto 01101529 del 9 de enero de 2002).
No obstante, en la actualidad, y aplicando el mencionado decreto, la
entidad de control sostiene lo contrario:
De otra parte, el artículo 8 del Decreto 898 de 2002 establece
que, «en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 35 del Código de
Comercio, la matrícula mercantil se cancelará definitivamente a
solicitud de quien la haya obtenido, una vez pague los derechos
correspondientes a los años no renovados, los cuales serán cobrados
de acuerdo con la tarifa vigente en cada año causado». En
consecuencia, quien haya incumplido su obligación de renovar su
matrícula mercantil, así como la de sus establecimientos de comercio,
no podrá obtener su cancelación hasta tanto no pague todas
las renovaciones que tiene atrasadas. (SIC, Concepto 02081752
del 30 de septiembre de 2002).
Es preciso observar que la norma no hace distingos de ningún
tipo y no contempla excepciones, por lo que en este sentido
no le es dado al intérprete hacerlo. En consecuencia, las cámaras

522 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 523
no podrán cancelar la matrícula mercantil de personas naturales y
sus establecimientos de comercio cuando estén pendientes de renovación.
(SIC, Concepto 02080227 del 27 de septiembre de 2002).
Doctrina consagrada en la Circular externa 07 de 2005, según la cual se
inscribe el documento sobre la pérdida de la calidad de comerciante, o sobre
el cierre definitivo de su establecimiento de comercio, pero si se encuentra
en mora en las renovaciones no se cancelará la matrícula.
En conclusión, si bien el Decreto 898 de 2002 es abiertamente nulo
–porque dice reglamentar un precepto que no se refiere a la cancelación
de la matrícula sino a la cancelación del nombre comercial, e igualmente
establece una sanción no prevista en la ley–, encontrándose vigente dicho
estatuto, el sentido correcto de su aplicación será que la obligación de pagar
los años no renovados se refiere exclusivamente al tiempo durante el
cual efectivamente se tuvo la condición de comerciante, sin que las entidades
registrales puedan exigir pagos posteriores so pretexto de que la cancelación
se está efectuando en un periodo muy posterior. Así por ejemplo,
respecto al comerciante muerto en 1994, solo se puede exigir el pago de las
renovaciones no canceladas hasta 1995, aunque efectivamente la cancelación
se realice en el año 2004.
Igualmente, la cancelación de la matrícula, ya no del comerciante sino
del establecimiento de comercio, puede ocurrir por orden administrativa o
judicial, y como consecuencia de investigaciones por lavados de activos o enriquecimiento
ilícito, o en virtud de la declaratoria de extinción de dominio
del respectivo establecimiento (Ley 333 del 96), o como consecuencia de la
Ley del Seguro Ecológico (Ley 491 del 99). En este sentido puede consultarse el
Concepto 44231 del 3 de mayo del 99, de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. Igualmente, los alcaldes municipales también pueden ordenar
la cancelación de la matrícula de los establecimientos de comercio, cuando
se den los presupuestos previstos en el artículo 4 de la Ley 232 de 1995.
El Estatuto Tributario, artículo 684, también faculta a la DIAN para
decretar el cierre de un establecimiento de comercio por no facturar o por
evasión de impuestos, lo cual conduce igualmente a la necesaria cancelación
de la matrícula. Esta función administrativa ha sido reconfirmada por
el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 13751 de 2004.
Como es natural, cuando la orden de cancelación de la matrícula provenga
de autoridad competente, las cámaras de comercio no podrán negar
este trámite, aduciendo que el comerciante o establecimiento de comercio
afectado por la medida no ha cumplido con el pago de las renovaciones.
1.12.2 Por orden de autoridad competente
La calidad de comerciante se pierde no solamente por el retiro voluntario del
comercio, sino también como consecuencia de una inhabilidad o incapacidad
sobreviviente (artículo 17 del C. Co.). Estos eventos generalmente acontecen
en razón de una orden administrativa o judicial y en consideración a
una pena accesoria que le prohíba al afectado el ejercicio del comercio, como
consecuencia de una condena por delitos contra la propiedad, la fe pública,
la economía nacional, la industria, el comercio, el contrabando, la competencia
desleal y demás violaciones a la propiedad industrial (artículo 16 del C.
Co.). En estos casos, la declaración de inhabilidad o incapacidad traerá como
consecuencia necesaria la cancelación de la matrícula, independientemente
de que no se haya cumplido con la obligación de renovar la matrícula y se
encuentre en mora al respecto.

524 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 525
-2-
LA FUNCIÓN CERTIFICADORA
2.1 Obligación pública y general
No menos importante que la función registral, las cámaras de comercio
cumplen también una función certificadora, la cual es de naturaleza pública
y procede a petición de cualquier persona, sin necesidad de acreditar interés
legítimo alguno.
La función certificadora de las cámaras de comercio es general e indeterminada,
libre de formatos y formularios pretimbrados. Es así como el
interesado puede solicitar una certificación histórica, relativa y específica
a la representación legal, sin tener que acudir al consabido certificado de
existencia y representación de la sociedad. Igualmente se puede requerir un
certificado referente a la fecha de inscripción y el contenido de una reforma
estatutaria o de un contrato en especial, aunque estos sean los únicos datos
a certificar.
La función de certificar, que es obligatoria, se relaciona con cualquier
acto, contrato o documento registrado en la respectiva cámara de comercio.
De esta suerte, perfectamente puede solicitarse a la cámara de comercio una
certificación sobre el objeto social de una compañía, el capital social, término
de duración, las facultades del representante legal, el valor de la prenda sin
tenencia y su beneficiario, sin que la cámara pueda negarse a certificar estos
solos aspectos, alegando que debe expedirse un certificado de existencia y
representación o de registro y vigencia de prenda, en su caso. Basta que el
hecho sobre el cual se pide la certificación conste en el expediente, para que
la cámara tenga la obligación de certificar. La Superintendencia de Industria
y Comercio ha sido reiterativa al sostener que todo lo inscrito o registrado es
materia de certificación. Así, por ejemplo, ha aclarado que las cámaras están
en la obligación de certificar la existencia y representación de las entidades
en liquidación (SIC, Concepto 00009535 del 24 de marzo de 2000), e igualmente
ha manifestado que dichas entidades deberán expedir un certificado
especial sobre el capital suscrito autorizado y pagado, aunque sea el único
contenido de dicha certificación, así como el de cualquier otra circunstancia
inscrita, cuando así se les solicite: «En concordancia con lo anterior, el mismo
Código de Comercio dispone que toda inscripción se prueba con el certificado
respectivo; en consecuencia, “cualquier circunstancia registrada es susceptible
de certificarse”» (SIC, Concepto 00052696 del 28 de julio de 2000. En
igual sentido puede verse SIC, Concepto 02012890 del 21 de marzo de 2002).
Por otra parte, y reiterando nuestra opinión, consistente en que la matrícula
y su renovación también son trámites objeto del procedimiento de
registro, las cámaras deberán certificar sobre la situación actual de los establecimientos
de comercio, indicando la renovación o no de su matrícula (SIC,
Concepto 02006523 del 13 de marzo de 2002).
En los certificados expedidos por las cámaras de comercio, en relación
con sucursales y agencias de sociedades, deberá hacerse constar todos los
actos y documentos cuyo registro con respecto a dichos establecimientos de
comercio ordene la ley.
2.2 Publicidad formal y material
En la doctrina se expresa que el registro mercantil cumple una doble función
de publicidad material y de publicidad formal. La primera (publicidad
material) toma el nombre de oponibilidad, y se refiere a la concepción legal
que parte del supuesto de considerar que con el simple registro del acto o
contrato este se presume conocido por todos y por eso se hacen extensivos
sus efectos. Por el contrario, la publicidad formal parte del supuesto real de
que el tercero sí conoce efectivamente el contenido y alcance del acto o contrato
inscrito, puesto que ha solicitado o le ha sido entregada una certificación
sobre estos asuntos. En últimas, puede afirmarse que la publicidad real
se concreta con la expedición de certificados. También se indica que la publicidad
formal consiste en la notificación o comunicación del acto al tercero
(lo cual ocurre con la entrega del certificado), quien por este hecho ya no

526 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 527
puede alegar su ignorancia; al paso que la publicidad sustancial se produce
con el simple registro y, por lo tanto, produce efectos retroactivos sobre la
eficacia del acto, al momento del registro y no a partir del conocimiento real
del hecho por parte del tercero.
2.3 La fe pública certificadora
Es indudable que las cámaras de comercio cumplen funciones de fe pública
en desarrollo de la labor registral, especialmente cuando expiden certificaciones.
Se dice que la principal función del registro mercantil es la de servir
de instrumento de publicidad y oponibilidad respecto a los terceros, en relación
a los actos, contratos o documentos inscritos. Ahora bien, toda inscripción,
una vez certificada, crea una situación real sobre el contenido del
registro, dando certeza y seguridad al tráfico jurídico (fides publica).
Por el principio general de la relatividad de los negocios jurídicos, estos
solo producen efectos y vinculan a quienes participaron en su formación,
siendo indiferentes a terceros. Sin embargo, una vez inscrito un documento
en el Registro Mercantil, el negocio jurídico, o acto jurídico en él contenido,
extiende sus efectos a los terceros, en virtud del principio de la publicidad
general que ampara a dicha institución. Siendo esto así, la ley ha querido
precautelar y proteger a los terceros, disponiendo que al registro solamente
pueden ingresar documentos auténticos por su propia naturaleza (escrituras
públicas, actos administrativos, providencias judiciales) o documentos
privados autenticados, con el fin de que el contenido de los mismos, que está
llamado a producir efectos frente a terceros, no pueda ser desconocido ni
tachado por los otorgantes del respectivo acto o contrato.
La función certificadora y, más exactamente, la fides publica registral de
la que está revestida la entidad certificadora implica el establecimiento de
un sistema que otorgue certeza y seguridad jurídica a los terceros, respecto
a los actos, contratos y documentos inscritos y/o certificados:
[…] confiando por ende en aquello que sobre el particular el registro
inmobiliario hace público… cuya honestidad debe entenderse
por sobreentendida, ya que quien en gracia de esa calidad no desvirtúa
la fe pública inherente al sistema de registro inmobiliario le
dispensa amplia protección, frente a las pretensiones de un enajenante
anterior víctima del delito de estafa [...] no pueden hacerse
cesar mecánicamente conocidas reglas de protección de la
apariencia a favor de terceros de buena fe exenta de culpa…». (C.
S. J., Sala Civil, Sentencia del 23 de julio de 1996, expediente 4713)
[…] de modo que si el certificado adolece de defectos, tal precariedad
afectaría gravemente a los terceros, quienes no podrían
resistir las pretensiones, si es que son eludidos mediante un certificado
insuficiente…». (C. S. J., Sala Civil, Sentencia del 4 de septiembre
de 2006, expediente 11001-3103–040-1999-01101-01)
El certificado del registrador es el único medio de que disponen
los usuarios… para conocer la situación jurídica del inmueble; y confían
en que el certificado que les expide la oficina de registro de instrumentos
públicos corresponde a la realidad […]. (Consejo de Estado,
Sección Tercera, Sentencia del 26 de febrero de 1996, Rad. 11.246)
Esta es la razón por la cual al Registro Mercantil solo acceden documentos
auténticos, que dan cuenta de hechos y relaciones jurídicas documentadas.
Precisamente, el artículo 40 del C. Co., dispone: «Todo documento
sujeto a registro, no auténtico por su misma naturaleza ni reconocido por
las partes, deberá ser presentado personalmente por sus otorgantes al secretario
de la respectiva Cámara».
En relación a la norma anterior, la omisión de la formalidad de la autenticación
externa (ante juez o notario) se suple con la autenticación interna,
la cual consiste en la presentación personal del documento por parte de los
suscriptores ante el secretario de la cámara de comercio competente, para
que estos también procedan a reconocer su firma y contenido, evitando
que en el futuro puedan controvertir la veracidad y eficacia del documento.
Precisamente, y tratando de explicar el sentido exacto del artículo 40 del C.
Co., la doctrina afirma:
La finalidad principal o esencial de la institución del registro público
de comercio es la de servir de medio legal de publicidad de
algunos actos o documentos cuyo conocimiento debe facilitarse a
terceros, para certeza y seguridad de los derechos y obligaciones
derivados de ello.

528 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 529
El original del artículo 40 tenía previsto que los documentos
que no fueran auténticos por su naturaleza, o que no estuvieran
autenticados ante notario o juez, deberían presentarse personalmente
ante la cámara de comercio; y que, presentados en esta
forma, previa identificación de los otorgantes, se tendrían como
auténticos. Lo cual era lógico, por cuanto los funcionarios de la
cámara obran como funcionarios públicos en cumplimiento de la
función de llevar el registro mercantil, y era necesario, por cuanto,
como se dijo en la exposición de motivos, solo deben registrarse,
esto es, dotarse de publicidad obligatoria los documentos auténticos,
como medida elemental de seguridad para los terceros y
para las partes mismas. Pero los expertos de la hora de nona suprimieron
la última parte, para limitarse a exigir la presentación
personal de los documentos no auténticos ni autenticados, sin reconocer
esa autenticidad y habiendo conservado la norma según
la cual el documento suplido por un certificado de la Cámara «tendrá
el mismo valor probatorio del original» (artículo 44). De esta
suerte se creó un problema de interpretación que, aunque debe
resolverse a favor de la autenticidad del documento presentado
personalmente, por la función pública que cumplen entonces las
cámaras y los antecedentes de la reforma, no va a dejar de prestarse
a soluciones distintas en la práctica. (Pinzón, 2001, p. 39)
En realidad, la mutilación de la frase que indicaba el efecto auténtico
del documento, una vez presentado personalmente ante el secretario de la
cámara, no impide llegar a esta misma conclusión, pues de otra forma la
norma no tendría ningún sentido. El hecho de que la ley prevea la obligación
de que todo documento sujeto a registro deba ser auténtico tiene como finalidad,
se repite, proteger a terceros de los efectos de la publicidad. Ahora
bien, no resultaría afortunado para los terceros que, por un lado, la ley les indique
que los efectos que se deducen del contenido de los documentos inscritos
les son oponibles y, por el otro lado, que los suscriptores, otorgantes o
beneficiarios directos de los actos o contratos registrados puedan desconocerlos
en cualquier momento. Con el principio de la «autenticidad» del documento
inscrito, todas las partes quedan «amarradas» y vinculadas al contenido
de los documentos, mientras no se declare judicialmente la falsedad.
Por esta misma razón, el artículo 41 del C. Co. dispone que las copias de las
providencias judiciales o administrativas objeto de registro también deben
ser auténticas.
Entonces, una vez inscrito el documento, cuya «autenticidad» ya no se
discute, sin resistencia alguna se produce el fenómeno jurídico de la publicidad
general u oponibilidad. Ahora bien, como ya se manifestó, la publicidad
general puede ser material, siendo aquella que se produce de manera
automática y «presunta», por el simple registro y, por lo tanto, equivale a la
denominada oponibilidad. Pero, igualmente, la publicidad puede ser formal
o real y esta es la que se genera por intermedio de las certificaciones que
solicitan los terceros, pues en esta forma la publicidad pasa de ser aparente
a real. Por razón de lo anterior, cuando las cámaras de comercio expiden certificaciones,
no están cumpliendo una simple labor de publicidad, sino que
dichas entidades desarrollan el principio de la fides publica, dando certeza
y seguridad a los terceros sobre lo certificado. Por esta razón se afirma que
la fe pública registral otorga al registro funciones de certeza, legitimación y
seguridad jurídica:
El ordenamiento jurídico colombiano consagra la figura del registro
mercantil como el sistema destinado a asegurar el orden y la
confianza pública en las relaciones jurídicas, mediante la anotación,
actualización y certificación que una entidad especializada
hace de aquellos actos, hechos y circunstancias que puedan interesar
a terceros y cuya importancia jurídica impone el derecho
a acceder libremente a esa información. (Corte Constitucional,
Sentencia C-974 de 2003).
[…] y con ese fin no se ideó mejor garantía y protección para
ellos que el registro mercantil […] y que busca asegurar la credibilidad
y confianza en el comercio, es evidente que se trata de una
función pública… la inscripción correspondiente genera la fe pública
[…]. (C. S. J., Sala Civil, Sentencia del 1.° de abril de 2006, expediente
1997-01813-01).
Entonces, habiéndose consagrado el principio general que enseña que
solo pueden inscribirse documentos autenticados externa o internamente,
resulta apenas natural que el registro cree una verdadera presunción legal

530 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 531
de veracidad que se va a concretar en las certificaciones que expida la entidad
registral. Sencillamente, no puede concebirse la función certificadora
sin que paralelamente se proyecte la protección de los terceros respecto a lo
certificado. Con razón se afirma:
Según el principio de fe pública registral o publicidad material,
la realidad que publica el registro es la única realidad existente,
cuando se trate de proteger al tercero que adquiera de un titular
inscrito y, a su vez, publique su derecho.
Si la inscripción es legitimadora de una situación jurídica
con presunción «juris tantum» de veracidad, es lógico que aquella
presunción se convierta en presunción «juris et de jure» a favor
de la persona que adquiera de un titular así legitimado e inscriba
su derecho.
La fe pública registral indica que se protegen las adquisiciones
hechas a título oneroso y de buena fe por un tercero, con base
en una inscripción cuyos vicios ocultos no pueden describirse en
el propio título o instrumento que se inscribió, ni en la inscripción.
De manera que la falta de legitimación real del disponente en el
momento de la celebración del negocio jurídico dispositivo o en
el momento de la inscripción, o la posterior invalidación o ineficacia
del título inscrito, son inoponibles al tercero de buena fe. Es
decir, que para un tercero adquirente a título oneroso y de buena
fe, la inscripción inexacta vale como exacta, la inválida como válida;
lo anunciado por el registro prevalece frente a todo aquello
que lo contradice, pero de lo cual no existe constancia registral.
(Gutiérrez Viana, 1997, p. 100).
Es indudable el papel que cumple el registro mercantil con respecto al
conocimiento real que adquieren los terceros en cuanto a los hechos o circunstancias
inscritas, cuando median certificaciones registrales. Aunque ya
no se predica una simple oponibilidad o presunción de conocimiento, pues
resulta verdad el conocimiento cierto de lo certificado; el contenido del documento
le permite concluir al tercero de buena fe que no hay situación
aparente sino real, y, conforme a esa «certeza», puede contratar (términos
certificados). Esta premisa, que se origina de la misma naturaleza pública
de la institución registral, no requiere palabras sacramentales del legislador,
como lo predica la doctrina:
El no estar expresamente consagrado el principio de fe pública
registral, deja razonables dudas acerca de su existencia en el ordenamiento
colombiano, ello no ha sido obstáculo para que la
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en los artículos
1547,1548,1933 del Código Civil haya aplicado la regla error comunis
facit jus, es decir que un error invencible en el cual puede incurrir
cualquier persona prudente o diligente, tiene la virtud de convertir
la simple apariencia en realidad, de crear una situación jurídica»
(Superintendencia de Notariado […] 1986: 81).
El certificado del registrador es el único medio de que disponen
los usuarios del servicio para conocer la situación jurídica
de un inmueble, y confían en que el certificado que les expide la
oficina de registro corresponde a la realidad. (Consejo de Estado,
Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.055).
Pero esta «fides» pública registral no se restringe a la simple aplicación
de la doctrina de la buena fe cualificada o exenta de culpa, sino que cobija
a todo tercero de buena fe. No obstante, su verdadero alcance es discutido
por la doctrina nacional:
Colateral a estas funciones surge el tema relacionado con la fe que
deben merecer las inscripciones en el registro. De las normas que
regulan esta institución puede inferirse la presunción de que el
hecho o situación inscrita es verdadera o que la inscripción de los
mismos es legítima; pero cabe discutir la eficacia de esa presunción,
y si es una presunción de iure o, por el contrario, una presunción
legal. Además es factible cuestionar si la presunción recae únicamente
sobre la legalidad de la inscripción misma o si se extiende
también a la veracidad del acto inscrito. (Narváez, 1983, p. 223).
Si bien es cierto que la noción de fe pública registral atinente al registro
mercantil no está consagrada de manera expresa y directa por el legislador
colombiano, esta se infiere de la interpretación sistemática de diferentes

532 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 533
normas. En primer término, dicho efecto se desprende de la misma función
registral, la cual es pública. Por otra parte, esta función pública está llamada
a exteriorizarse mediante la expedición de certificados y copias de documentos
con pleno valor probatorio (arts. 30 y 44 del C. Co.). También es cierto
que el numeral 4 del artículo 29 del Código de Comercio dispone que los
actos sujetos a registro no producen efecto frente a terceros, sino a partir
de su registro. A su vez, el artículo 901 (ibídem), consagró la inoponibilidad
del negocio jurídico que, requiriendo el registro mercantil, no cumpla con
dicha formalidad. El legislador, a contrario sensu, otorga oponibilidad a los
negocios jurídicos que cumplan con el formalismo del registro o publicidad.
La simple oponibilidad implica una presunción general de conocimiento,
como consecuencia de la publicidad o registro. Pero es obvio que dicha
presunción opera por disposición de la ley, independientemente del querer
y conocimiento real del tercero. Es decir, el acto me es oponible y sus efectos
me son extensibles, aunque yo no lo quiera, o desconozca el negocio jurídico
de que se trate y el hecho mismo de su registro. Pero cuando yo, como tercero,
solicito una certificación a la cámara de comercio y esta me es expedida,
la simple presunción se torna en un conocimiento real y auténtico del hecho
certificado. Por otra parte, si la certificación es la prueba del registro mismo,
es indiscutible que la entidad certificadora cumple una función de certeza y
seguridad en el tráfico jurídico de los actos y contrato sujetos a registro; lo
que no es otra cosa que el desarrollo del principio de la fe pública. La Cámara
de Comercio de Bogotá, sin reserva alguna, ha aceptado dicho principio:
La fe pública rige como un concepto jurídico que atribuye consecuencia
de validez absoluta y eficacia completa al acto. Esta se
debe a quienes recibieron del Estado la facultad de recubrir de autenticidad
y validez el acto u operación. El Código de Comercio,
en sus artículos 30, 44 y 117 entre otros, consagra la facultad que
tienen las Cámaras de expedir certificaciones que constituyen la
prueba de los actos que en ellos se hace constar, es decir, que les
da a las cámaras de comercio la facultad expresa de dar fe sobre
los actos y documentos inscritos en ellas. En esta medida, el certificado
de matrícula de personas naturales, de personas jurídicas
y de establecimientos de comercio, así como los de existencia y
representación e inscripción de documentos de las sociedades,
son una manifestación de la función de dar fe pública que tienen
las cámaras de comercio, función que además ha sido calificada
como función pública, pese a ser las cámaras de comercio entidades
privadas (Cámara de Comercio de Bogotá, Oficio n.° 18.198 del
13 de noviembre de 1990).
Tiene razón la entidad, pues la institución registral tiene como misión
especial la de dar fe sobre los actos o documentos inscritos, recubriendo las
certificaciones que expida al respecto de autenticidad y validez, lo cual coincide
con el concepto doctrinal de la fe pública:
La Fe, que es esencialmente creencia e implica un cierto componente
volitivo, cuando se hace pública pierde ambos elementos
y se manifiesta como una imposición del Poder Público, que atribuye
a determinadas personas, con exclusión de las demás, la calidad
de la veracidad en todo aquello que afirman o atestiguan
(fe pública subjetiva), o que da primacía de verosimilitud a lo que
declara una norma (fe pública objetiva) frente a lo que afirman o
atestiguan los particulares.
La Fe pública, a diferencia de la privada, no está basada en el
firme convencimiento que tenemos sobre la verdad que la misma
encierra, sino en la creencia general que impone el Estado y la verdad
oficial que nos obliga a aceptar.
Ese elemento impositivo, que en la fe pública tiene un carecer
esencial, no es una manifestación arbitraria de la posición exorbitante
de la administración, sino la única fórmula posible ante la
complejidad de las relaciones de la vida social.
La vida social requiere, por su complicación, una cierta estabilidad
en las relaciones; que aparezcan siempre con un carácter
de evidencia y permanencia para que no pueda suscitarse duda
posterior sobre ellas.
Si solo hubiera de otorgarse carácter auténtico a aquellos
hechos que por sí mismos ofrecieran garantías suficientes, difícilmente
la fe pública llegaría a manifestarse. El simple transcurso
del tiempo, que hace desaparecer los elementos intervinientes en
las relaciones jurídicas, fundamentalmente los de orden personal,

534 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 535
sería suficiente para ser [sic] eficaz cualquier manifestación contraria
a las mismas.
Por ello el Estado ha tenido que establecer un sistema de presunciones
que obliga a estimar como auténticos e indiscutibles
los hechos, actos, estados y circunstancias sometidos a su amparo,
independientemente de que queramos o no queramos creer
en ellos. Por ello, el Estado ha tenido que crear unos organismos
aptos para ejercitar la función de dar autenticidad a los actos jurídicos,
para ejercer la Fe pública. (Gutiérrez del Solar, 1982, p. 1).
Entonces, el principio de la oponibilidad, al crear una presunción general
de conocimiento, así como la expresión del legislador en el sentido de
que toda certificación expedida por la cámara de comercio prueba lo acontecido
en el registro, obliga a los terceros a «aceptar» como verdad lo certificado,
e igualmente los protege como terceros de buena fe exenta de culpa.
La función certificadora implica el ejercicio de una «fides publica» con
cobertura universal, debido a que las certificaciones expedidas por las cámaras
de comercio deben ser aceptadas como pruebas idóneas tanto por
los particulares como por las autoridades públicas y los órganos jurisdiccionales
nacionales y extranjeros.
2.4 La fe pública registral en derecho comparado
Es interesante anotar que el sistema registral colombiano, desde sus primeras
épocas, se basó muy de cerca en el régimen español. En el país ibérico,
conforme al artículo 18, numeral 1, C. Co., se dispuso que la inscripción, como
principio general, procede sobre documentos públicos y excepcionalmente
sobre documentos privados, cuando la ley o el reglamento así lo permitan.
Por otra parte, y conforme al artículo 20 (ibídem): «El contenido del registro se
presume exacto y válido». Pero la norma que mejor refleja el principio de la fe
pública es el artículo 8 del Reglamento del Registro Mercantil, según el cual:
FE PÚBLICA. La declaración de inexactitud o nulidad de los asientos
del Registro Mercantil no perjudicará los derechos de terceros
de buena fe adquiridos conforme a Derecho.
Se entenderán adquiridos conforme a Derecho los derechos
que se adquieran en virtud de acto o contrato que resulte válido
con arreglo al contenido del registro.
Es decir, el contenido del certificado registral es el parámetro para determinar
si un derecho fue debidamente adquirido. Entonces, procediendo
el registro básicamente sobre documentos públicos y privados autenticados,
fácil resulta concluir que el registro se presume exacto y válido y, por
lo tanto, cuando el registrador certifica, efectivamente hay un efecto de
fe pública registral que protege a los terceros. Con razón la doctrina afirma:
«Los efectos materiales de la publicidad registral descansan sobre el
presupuesto de validez del acto inscrito, y para constatar esa validez la
ley impone al registrador el deber de calificar, bajo su responsabilidad, las
formas extrínsecas […]» (Uria, 1994: 92).
De otra parte, en España no hay duda de que la publicidad formal se
concreta con la certificación y, en tal sentido, el artículo 23 del C. Co. dispone:
«… la publicidad se hará efectiva por la certificación del contenido de los
asientos…». A su vez, el artículo 12 del Reglamento expresa: «PUBLICIDAD
FORMAL. La publicidad se realizará mediante certificación o por medio de
nota informativa».
Por su parte, el artículo 25 del C. Co. Mexicano dispone que: «Cuando no
se trata de escrituras públicas, la inscripción del documento privado se hará
mediante declaración escrita que presente el comerciante». Con esta misma
orientación, el artículo 29 establece: «Los documentos inscritos producirán
su efecto legal desde la fecha de su inscripción, sin que puedan invalidarlos
otros anteriores o posteriores no registrados». Precisamente, como al registro
solo ingresan documentos auténticos o autenticados, se expresa que los
registrantes no puedan pretender desconocer su contenido, con base en documentos
no inscritos.
Por su parte, el artículo 8 del Reglamento del Registro Mercantil
Argentino dispone que cuando el documento que se va a registrar sea privado,
este deberá ser autenticado por un funcionario competente.
A su vez, el artículo 2189 del C. Civil Italiano expresa: «Antes de proceder
a la inscripción, la oficina de registro debe comprobar la autenticidad de la
firma y el concurso de las condiciones exigidas por la ley para la inscripción».

536 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 537
Por supuesto que, estando soportado el registro de comercio en documentos
auténticos, la aplicación de la buena fe creadora de derechos, como
consecuencia de la fe pública registral, tiene ya amplia trayectoria en el derecho
comparado:
¿Cuáles son los efectos jurídicos de la inscripción que no tiene
fuerza constitutiva ni purificadora? No se desconoce que de la
inscripción emana una presunción; pero se discute muchísimo
sobre si esta presunción se refiere a la veracidad del hecho inscrito
o solo a la legalidad de la inscripción. Por eso se llega a admitir que
la inscripción engendra una «apariencia jurídica».
Ciertamente esta presunción es una presunción de hecho, no
una presunción legal. Quiere esto decir que no altera la carga normal
de la prueba, sino que se limita a favorecerla mediante la aportación
de un certificado de registro, y corresponderá a la parte contraria el
afirmar, y demostrar en caso contrario, que la inscripción es ilegal.
El siguiente ejemplo, tomado de J. von Gierke, explica las consecuencias
del principio de fides publica. Una persona llamada F,
mediante un poder falso, se inscribe como factor del comerciante
C; F toma un préstamo de P en nombre de C; P concede el préstamo,
confiando en el registro, por creer que F es efectivamente
factor de C. La falta de fe pública en la inscripción permitiría a C, en
este caso, excusarse de responsabilidad, alegando con éxito que él
no otorgó poder alguno a F, y que el registro es inexacto. La existencia
de la fides publica, por el contrario, impediría que P, tercero
de buena fe que había confiado en el registro, se viera perjudicado
en su derecho de reintegro. (Garrigues, 1987, p. 81)
2.5 Las formas de la certificación
2.5.1 Certificaciones nominadas
Se denominan certificaciones nominadas aquellas certificaciones que,
por disposición legal o por costumbre, tienen un nombre o calificación
específica y constan en los formatos que al efecto utilizan, casi de manera
uniforme, las cámaras de comercio. Las principales certificaciones nominadas
son las siguientes:
1. Certificado de existencia y representación de sociedades.
2. Certificado sobre matrícula mercantil y establecimientos de
comercio.
3. Certificación sobre representaciones legales.
4. Certificación sobre vigencia de prendas.
5. Certificación sobre reservas de dominio.
6. Certificación sobre registro de libros de comercio.
En relación al denominado certificado de existencia y representación,
que es el más común de todos, la doctrina ha expresado:
Mediante los certificados de existencia y representación de las sociedades
se acredita la inscripción del contrato social, sus reformas
y nombramientos de administradores y representantes legales,
inscripciones que deben efectuarse en la cámara de comercio con
jurisdicción en el domicilio de la respectiva sociedad y que tiene
un valor eminentemente probatorio, para demostrar la existencia
y representación de las personas jurídicas. (artículo 117, C. Co.)
De acuerdo con la ley, un certificado de esta naturaleza deberá contener:
El número, la fecha y la notaría de la escritura de constitución y de
las reformas del contrato, el nombre de los representantes legales
de la sociedad, las facultades conferidas en los estatutos y las limitaciones
a dichas facultades, y en el evento en que la sociedad tenga
sucursales o agencias en otras ciudades del país, el documento
y la fecha mediante el cual se decretó su apertura, si las mismas se
encuentran en jurisdicción diferente a la cámara.
Como puede observarse, dentro de los requisitos mínimos
del contenido de un certificado de existencia y representación
no está el de certificar la dirección donde funciona la sociedad,
se certifica sí el municipio al que corresponde el domicilio social.

538 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 539
(Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Concepto 53711
del 16 de abril de 2002).
No sobra advertir que el certificado de existencia y representación
es el mismo que comúnmente se conoce como de constitución y gerencia
(Cámara de Comercio de Bogotá, Oficio 1319 del 15 de febrero de 1993).
2.5.2 Certificaciones innominadas
Denominamos certificaciones innominadas o especiales aquellas que deben
expedir las cámaras de comercio, pero que no tienen, ni por disposición legal
ni por costumbre, una denominación o calificación específica. Estas certificaciones,
que son la mayoría, pueden ser positivas o negativas. (Por ejemplo,
certificados sobre inscripción de contratos en relación a algunas o todas sus
cláusulas; certificados históricos o relativos a fechas de inscripción y cancelación,
o modificación de la representación legal, etcétera). En relación a
este tema se afirma que los: «[...] certificados innominados o especiales son
los que por disposición legal no tienen una denominación específica, pero
cumplen la finalidad de certificar hechos que constan en los documentos
inscritos en los registros públicos» (Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia, Concepto 51043 del 3 de agosto de 2001).
La obligación de expedir certificaciones innominadas surge claramente
de lo dispuesto en el artículo 30 del Código de Comercio, precepto que
dispone: «Toda inscripción se probará con el certificado respectivo». De lo
anterior se deduce que cualquier hecho, contrato o documento registrado
es susceptible de certificarse. Con razón se ha dicho:
Toda vez que a las cámaras de comercio, de acuerdo con el numeral
3 del artículo 86 del Código de Comercio, se les asigna la
función de «llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos
y documentos en él inscritos», existe, de conformidad con lo anteriormente
expuesto, la obligación legal de expedir certificación
en relación con la matrícula del establecimiento y su propiedad.
Como quiera que la actividad del establecimiento es uno de los
datos que deben ser suministrados por el comerciante al tramitar
la matrícula, la Cámara estará en la capacidad de certificar a terceros
sobre este punto. (artículo 32, n.° 2, Código de Comercio).
Igualmente, es posible exigir certificación sobre la representación
del comerciante con relación al establecimiento, bien sea
que ella corresponda al propietario o a un tercero en quien se haya
delegado a través de un acto jurídico, como por ejemplo el contrato
de preposición. (Cámara de Comercio de Bogotá, oficio 03-835,
del 14 de septiembre de 1983).
Por otra parte, y en relación a las entidades sometidas al control y vigilancia
de la Superintendencia Financiera, es evidente que la matrícula se
realiza ante la respectiva cámara de comercio, pero la inscripción parcial,
con miras a certificar la existencia y representación de la entidad, se efectúa
ante la Superintendencia, sin perjuicio de que la cámara de comercio pueda
expedir certificados especiales sobre estos hechos, siempre que consten en
la documentación objeto de registro. (Certificados de inscripción de documentos,
como se les llama).
En relación a las sociedades civiles, consideramos que dichas entidades
no se matriculan, pero sí deben inscribirse ante la respectiva cámara de
comercio, a fin de que la sociedad sea oponible y, por esta razón, la entidad
registral puede certificar su existencia y representación.
2.5.3 Certificaciones positivas innominadas
Son aquellas que se refieren a certificaciones, o relación de hechos especiales,
que constan en el Registro Mercantil. (Ejemplos: que la sociedad tiene
un determinado patrimonio, los establecimientos de comercio de propiedad
del comerciante, la condición de liquidador, certificado histórico sobre la representación
legal, etc.).
A través de estas certificaciones se puede lograr que las cámaras de
comercio publiciten ciertos hechos que normalmente no se certifican, como
el contenido de las reformas de una sociedad anónima, la lista de socios
fundadores, el nombre de los representantes legales de las entidades financieras
y sus funciones, el período durante el cual una persona ejerció la representación
legal de una sociedad o tuvo la condición de socio, etc.

540 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 541
2.5.4 Certificaciones negativas
Son aquellas que expresan o dan constancia de que un determinado acto,
contrato o documento no se encuentra inscrito, o que determinado comerciante
o establecimiento de comercio no se encuentra matriculado. La certificación
negativa más usual es aquella mediante la cual se informa al interesado
que determinado nombre comercial no ha sido utilizado por ningún
otro comerciante o establecimiento de comercio matriculado, o que un bien
determinado no figura con el gravamen de una prenda sin tenencia.
Estas certificaciones pueden dar fe de la circunstancia del no registro, así
como de las eventuales razones por las cuales fue rechazado este, en caso de
haberse solicitado tal procedimiento. En relación a las denominadas certificaciones
negativas o de no registro, la Superintendencia de Industria y Comercio
opina que las cámaras de comercio solamente pueden certificar sobre lo inscrito,
pero nunca sobre lo no inscrito:
Las cámaras de comercio únicamente están legalmente facultadas
para certificar sobre los actos y documentos que se encuentran
inscritos en su respectivo registro mercantil, de tal manera
que no pueden expedir certificaciones sobre otro tipo de actos
y documentos que no se encuentran inscritos. (SIC, Concepto
02042551 del 4 de julio de 2002).
La doctrina anterior tendría sustento en la interpretación exegética del
artículo 86, numeral 3 del C. Co., según la cual las cámaras de comercio tendrán
como función: «… llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos
y documentos en él inscritos…». Pero en realidad, conforme al artículo 30 del
C. Co., las inscripciones se prueban mediante certificado, lo cual no impide
que la cámara de comercio también pueda expedir constancias o certificaciones
con relación a que un acto, contrato o documento no se encuentra
inscrito, o que no existe una matrícula a favor del comerciante o establecimiento
de comercio; pues, por tratarse de un servicio público, también es
obligatorio suministrar por escrito dicha información, a petición de parte
interesada o de autoridad judicial o administrativa. En otras palabras: por
tratarse de un servicio público no puede negarse el ejercicio del derecho de
petición consistente en que la entidad registral informe si un determinado
acto o contrato ha cumplido con la formalidad del registro.
2.5.5 Certificación documentaria
Al lado de las certificaciones que expiden las cámaras de comercio respecto
de los hechos y relaciones jurídicas registradas, el legislador, en el artículo
44 del C. Co., establece una especial modalidad de certificación destinada a
suplir el extravío o destrucción de un documento original, cuya copia haya
sido sometida a la formalidad del registro mercantil.
En este caso, la fe pública no se otorga en la forma sencilla y natural
como acontece ante notarios y funcionarios públicos, en cuyo procedimiento
se procede a la expedición de una copia auténtica del documento que
reposa en la notaría o despacho público, sino que se exige la expedición de
un certificado en el cual se transcriba íntegramente el documento inscrito.
Cumpliendo la formalidad anterior, el certificado registral tendrá el mismo
valor probatorio que el documento original extraviado o destruido.
Un procedimiento parecido fue adoptado por la directiva 68/151 de la
Comunidad Económica Europea, mediante la cual los países miembros deberán
organizar el Registro Público Mercantil abriendo un expediente único
a cada comerciante. El público en general podrá solicitar copia de los documentos
que allí reposen, los cuales se entregarán mediante copias certificadas.
En Colombia, conforme al artículo 26 del C. Co., se expide copia del
documento con la simple constancia de que su original reposa en la cámara
de comercio, pero esto no constituye una certificación ni tampoco habilita
tal copia para reemplazar al original.
En cuanto a la certificación, es importante anotar que el documento
se expide como un equivalente a un acto administrativo, sujeto al mismo
control jurisdiccional de estos:
[…] de acuerdo con el artículo 84, C. C. A., los actos de registro son
susceptibles de controversia por la vía de la acción de simple nulidad
y, en tal medida, deviene necesariamente concluir que tal acción
es procedente si lo pretendido es la nulidad de anotaciones

542 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 543
practicadas […]. (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del
15 de abril de 2010, Rad. 593.03)
2.6 La prueba de la representación legal
2.6.1 Tarifa legal
La doctrina nacional sostiene que existe libertad absoluta para probar la representación
legal de la sociedad, no circunscribiéndose dicha probanza al
certificado mercantil o a la diligencia de inspección judicial en la respectiva
cámara de comercio. Se afirma que no otra cosa puede inferirse del vocablo
«bastará», utilizado por el Inciso segundo del artículo 117 del C. Co. (Podría probarse,
v. gr., con copia de la escritura de constitución o de reforma, con el acta
de nombramiento, testigos, inspección judicial a la empresa, etc.). Sin embargo,
es lo cierto que, aun en todos estos eventos, la prueba depende de lo que
esté inscrito en la cámara de comercio. La prueba reina por excelencia –la escritura
pública de constitución o de reforma que contenga el nombramiento
del representante legal, sus facultades y funciones– tampoco sirve para acreditar
la representación legal del comerciante colectivo, como lo veremos.
Lo anterior es apenas la consecuencia lógica de lo consagrado en el artículo
164 del Código de Comercio, precepto según el cual quienes figuren inscritos
en el registro mercantil como representantes legales conservarán tal
calidad «para todos los efectos legales». (En parecidos términos se redactó el
artículo 442 del C. Co.). Es decir, la condición de representante legal solamente
la tendrá quien así figure en el libro correspondiente de inscripciones que
para tal fin lleva la cámara de comercio. Ahora bien, si la calidad de representante
legal depende de la inscripción misma, esta solamente puede probarse
en las dos formas alternativas consagradas en el artículo 30 del Código del
Comercio, a saber: el certificado de existencia y representación expedido por
la entidad registral competente, o la inspección judicial en las instalaciones
de la respectiva cámara de comercio. Con razón la doctrina expresa:
De tiempo atrás, esta entidad ha entendido que frente a estas excepciones
tiene el carácter de tercero absoluto y que, por lo mismo,
para saber quién es el revisor fiscal de una compañía, cuál es el
tipo asociativo o quién es su representante legal, ha de tenerse en
cuenta lo que consta en los certificados de la cámara de comercio.
(Supersociedades, Oficio 100-58517 del 5 de noviembre de 1997).
De manera que cuando el artículo 117 del Código del Comercio expresa
que para probar la representación legal societaria «bastará» la certificación
de la cámara respectiva, realmente no está consagrando un sistema libre
para acreditar tal hecho sino permitiendo cualquiera de las dos pruebas que
contempla el artículo 30 del C. Co., alternativas que, en todo caso, no son de
recibo para probar la existencia de la sociedad. Pese a la claridad del artículo
117, C. Co., la Corte Constitucional tiene otra opinión:
Pero, así como la calidad de comerciante se sujetó a un criterio
objetivo, según el cual es comerciante quien se dedica profesionalmente
a la realización de actos mercantiles (C. Co., artículo 10).
Igualmente, la calidad de representante, administrador o revisor
fiscal se aferró a la realidad de una vinculación jurídica.
Por consiguiente, independientemente de la existencia de
una presunción de hecho que supone a la persona inscrita en el
Registro Mercantil como comerciante (C. Co., artículos 164 y 442),
en la actualidad se admiten pruebas en contrario que tiendan a
desvirtuar dicha calidad.
Por ello, es posible concluir que la calidad de representante,
administrador o revisor fiscal no depende del registro sino de la
efectiva posibilidad de realizar actos de representación, administración
o revisión fiscal. Luego, si por causas naturales, como la
muerte o la incapacidad sobreviviente, o por causas legales, como
la remoción del encargo, un representante, administrador o revisor
fiscal no puede seguir actuando en nombre de la sociedad, es
indiscutible que se desvirtúa la presunción y, por lo tanto, no puede
producir efectos probatorios en contra del ente societario.
En conclusión, por regla general, no es representante legal,
administrador o revisor fiscal, quien aparezca en el registro mercantil,
sino quien de conformidad con la decisión del máximo órgano
de la sociedad o de la junta directiva –previa delegación–,

544 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 545
ejecuta los actos propios de esos cargos. Por otra parte, no es indispensable
la decisión de la sociedad mediante acta, cuando las
causales que impiden la ejecución de los actos de representación
o administración se derivan de circunstancias naturales, por ejemplo
la muerte.
Por consiguiente, aun cuando los jueces gozan de libertad
para valorar el material probatorio con sujeción a la sana crítica, no
pueden llegar al extremo de desconocer la justicia material, bajo la
suposición de un exceso ritual probatorio contrario a la prevalencia
del derecho sustancial (C. P., artículo 228). Por ello, es su deber dar
por probado un hecho o circunstancia cuando de dicho material
emerge clara y objetivamente su existencia.
En este orden de ideas, es él quien tiene el deber de valorar
los actos que desvirtúen las presunciones que se derivan de los
supuestos de oponibilidad o inoponibilidad previstos en el ordenamiento
jurídico, tales como suponer a la persona inscrita en el
registro mercantil como comerciante (C. Co., artículo 13, Num. 1),
o como representante, administrador o revisor fiscal de una sociedad
(C. Co., artículos 164 y 442). Actos que, hoy en día, admiten
indiscutiblemente prueba en contrario.
Por ello, el juez no puede limitar su análisis probatorio a los
certificados que dan fe de una determinada información, sino que
tiene el deber –para poder aplicar sanciones procesales– de comprobar
la veracidad de dichos datos con la realidad, a partir de las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.
Dicha decisión se fundamentó en la publicidad otorgada por
el certificado de existencia y representación legal de la sociedad
(fl. 232), según el cual ese órgano societario tendrá suplente destinado
a suplir las faltas absolutas, accidentales o temporales del
representante principal. De suerte que, a juicio del Tribunal, era
imperioso que el suplente inscrito en el registro mercantil acudiera
a dicha audiencia o justificara su inasistencia dentro del término
legal previsto para ello, y como en el presente caso ninguno
de dichos casos se cumplió, la citada autoridad judicial determinó
que era procedente la imposición de la sanción de terminación
por perención (Ley 446 de 1998, artículo 103).
Por su parte, el accionante sostiene que la ausencia del suplente
del representante legal se encontró plenamente acreditada
mediante la presentación, en debida forma, de la copia del acta
de la asamblea general de accionistas en la cual se procedió a la
remoción del mencionado suplente, con casi tres años de anterioridad
a la práctica de la audiencia de conciliación y trámite (Acta
001/98). Bajo este contexto, el demandante afirma que el Tribunal
accionado incurrió en una vía de hecho al desviar el objeto de la
prueba a la publicidad de los actos societarios y no a la inasistencia
justificada o injustificada del suplente. Además, se otorgó una
interpretación irrazonable a los artículos 164 y 442 del Código de
Comercio sobre el registro mercantil, desconociendo el derecho de
acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia
del derecho sustancial sobre el formal (Corte Constitucional,
Sentencia T-974 del 22 de octubre de 2003).
En realidad, a la misma conclusión de fondo que llega la Corte es posible
arribar sin desconocer los términos imperativos del artículo 117 del C. Co.
Atendiendo a lo expresado en el artículo 164 del C. Co., se parte del supuesto
de que dicho precepto no crea una simple presunción sino que contiene una
verdadera afirmación legislativa, bajo la frase: «para todos los efectos legales».
Siendo cierto que la única forma de probar judicial y extrajudicialmente
la representación legal de una sociedad es mediante el certificado expedido
por la cámara de comercio competente; la acreditación del caso fortuito o la
fuerza mayor para que el representante no asistiera a la audiencia de conciliación
judicial en nombre de la sociedad es algo sustancialmente diferente
a la prueba misma de la representación. En efecto, si el certificado de existencia
y representación da cuenta de que el gerente es el señor Pedro Pérez
y el subgerente Luis Luna, pero se acredita plenamente que el día señalado
para la conciliación, el señor Pedro Pérez estaba fuera del país y que el señor
Luis Luna, pese a figurar en la certificación como subgerente, no asistió a la
audiencia en razón a que había sido removido dos años antes, había renunciado
o se había muerto –todo lo cual se demuestra con las copias de las
actas o el certificado de defunción, tal como aconteció en el caso tutelado
por la Corte–, resulta evidente que el juez debe valorar dichas pruebas para

546 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 547
tener por justificada la inasistencia a la audiencia de conciliación de quien
figura como subgerente.
Entonces, la falla del juez no consistió en apreciar erradamente el certificado
de constitución y gerencia, que le permitió deducir que si el gerente
no asistió a la conciliación debía hacerlo el subgerente, sino en negar los
efectos probatorios a las actas de junta o asamblea, o el certificado de defunción,
con los cuales se acreditaba plenamente la ausencia justificativa
del suplente. Es que, como lo manifestó la misma Corte, para aplicar sanciones
procesales, el juez tiene el deber de verificar todas las pruebas allegadas
al proceso y, en el caso debatido, lo sustancial no era la probanza de
quiénes eran los representantes legales de la sociedad, lo cual se demostró
con el certificado expedido por la cámara de comercio, sino la acreditación
de las razones justificativas por las que, quienes figurando en el certificado
de constitución y gerencia como representantes legales, no asistieron a la
audiencia de conciliación. De manera más reciente se ha afirmado:
[…] la representación legal de una sociedad comercial solo puede
probarse a través de la respectiva certificación expedida por la cámara
de comercio en la que ella hubiera efectuado su inscripción
[…] (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 1998-0164, 17 de
marzo de 2010).
[…] al tenor de lo dispuesto en los artículos 28, 117, 164 y 442 del
C. Co., la designación y remoción de representantes legales y liquidadores
de las sociedades se prueba con la certificación expedida
por la cámara de comercio del domicilio social […] (T 663 de 2005).
[…] es de concluir que la única vía para demostrar la existencia
y representación de la sociedad es el certificado expedido por
la cámara de comercio del domicilio social […] (Superintendencia
de Sociedades, oficio 220-036327 del 21 de mayo de 2008).
2.6.2 Contenido de la certificación
Las cámaras de comercio deberán certificar la representación legal de una
manera exacta, fiel, actualizada y sencilla. Después de todo, la única prueba
idónea de la representación legal la constituye el certificado expedido por
la entidad registral. La certificación sobre la representación legal del comerciante
colectivo, o del establecimiento de comercio a cargo de una entidad
especializada, no tiene por destino especial a los abogados sino al público en
general y, por lo tanto, debe ser fácilmente comprensible.
2.7 Discordancias entre lo certificado y la realidad
Es factible que el certificado expedido por la cámara de comercio no esté
acorde con los hechos reales, sea por que la información suministrada al
registro de comercio no fue veraz (contrato simulado o falsificado), sea por
que la entidad registral se ha equivocado al expedir el certificado y ha publicitado
un dato inexacto. De esta forma, por ejemplo, cuando se presenten
discrepancias entre el contenido de la escritura pública de constitución de
una sociedad y el contenido del certificado expedido por la cámara de comercio
respecto a la existencia y representación legal de la sociedad, prevalece
este último, en protección a los terceros y como resultado de la fe
pública registral que ocasiona el principio de la oponibilidad; sin embargo,
otra cosa opina la jurisprudencia:
El recurrente le achaca al Tribunal haber incurrido en error de derecho
que lo condujo a infringir normas de carácter sustancial por
desconocimiento de reglas probatorias, al tomar como prueba de
la existencia y representación legal de la sociedad «Durán Cuéllar
& Cía. S.C.» la escritura pública de constitución de dicha sociedad
n.° 2933 de 1982 de la Notaría 2.ª de Ibagué (fls. 39 a 42, c-1), desconociendo
concretamente el certificado de la cámara de comercio
de esa ciudad como el único medio probatorio que otorga ese carácter
(fls. 2 y 3, c-1).
El certificado de la cámara de comercio anexo a la demanda
introductiva de este proceso (fls. 2, 3, c-1), designa a los comanditarios
y a los señores José Ignacio Durán Cuéllar y Saturia Cuéllar
de Durán como socios colectivos o gestores [...]. No obstante, ni
en la escritura de constitución ni en la de su reforma consta que
hubiesen adquirido tal calidad.

548 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 549
La calidad de socia gestora o colectiva de la demandante
Saturia Cuéllar de Durán aparece en el prementado certificado de
la cámara de comercio de Ibagué, acompañado con la demanda.
Frente a la desarmonía entre lo expresado en el certificado
aludido y lo dicho en los actos de constitución y de reforma de la
sociedad, es necesario averiguar si el fundamento que tuvo el tribunal
para negar las pretensiones de la demanda, «… no habiendo
participado la señora Saturia Cuéllar de Durán en la constitución
de la sociedad en comandita, mediante el otorgamiento de la escritura,
como socio colectivo, carece de legitimación para invocar
este carácter y por consiguiente el derecho a participar como liquidadora
de la sociedad».
De modo que cuando el certificado discuerda con el instrumento
de constitución de la sociedad, ha de prevalecer lo expresado
en este acto, en lo que se refiere a la condición de socios y a
la clase de sociedad, porque el texto de la certificación difiere de
la realidad que presenta la escritura de constitución, y de acuerdo
con las reglas de ley es en la escritura donde deben señalarse los
nombres de los socios, y por supuesto en qué calidad crean la sociedad.
Ahí está la expresión de la voluntad de los socios, mientras
obviamente no lo está en el certificado. Por lo tanto, si en relación
con la traída calidad de los socios discrepan certificado y escritura
pública de constitución, con fundamentos cardinalmente en lo
prevenido por el artículo 1602 del Código Civil, en armonía con el
822 del Código de Comercio, prelación de credibilidad ha de darse
a la escritura pública, sin que signifique desconocer el certificado,
pues que la falta de impugnación del certificado no implica no poder
darle valor de convicción probatoria a la escritura de creación
de ente social, pues se trata de que en el certificado no se conoce
la realidad del acto negocial. (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil,
sentencia del 27 de septiembre de 1993)
La interesante problemática analizada por la Corte no soluciona adecuadamente
el problema. La corporación, trayendo a colación el artículo
1602 del Código Civil, e invocando la remisión general que hace el artículo
822 del C. Co. a dicho estatuto, otorga prelación al documento público de
constitución societaria y no al certificado de registro, lo cual resulta equivocado,
por la sencilla razón de que la ley mercantil regula expresamente el
asunto en el artículo 117, dándole prelación a la certificación expedida por la
cámara de comercio, en concordancia con el principio de oponibilidad consagrado
en los arts. 29 y 901 del estatuto mercantil. Aunque no sea lo más
acertado, se aplica de preferencia el artículo 117 del C. Co. sobre el artículo
1602 del C. Co.
Apartándose de la jurisprudencia anteriormente citada, la Superintendencia
de Sociedades ha manifestado que en estos eventos prevalece lo expresado en
el certificado de existencia y representación frente a lo consignado en el libro
de actas, cuando se presenten discrepancias entre ambos documentos (Oficio
100-58517 del 5 de noviembre de 1997). Claro está que, en el mencionado oficio,
la misma entidad puntualizó:
El tercero que se limita a averiguar lo que conste en el Registro
Mercantil no solamente obra de buena fe, sino que también obra
con diligencia y con prudencia. No obstante, si por cualquier circunstancia
ese tercero tuviera noticia de la existencia de un conflicto,
un error o alguna información de hecho que contradice la
información que ofrece el sistema de registro público de comercio,
no creo que en tal caso pueda abstenerse en privilegiar la información
que ofrece la cámara de comercio… y obrar como si la
información contradictoria no existiera […].
Aquí la Superintendencia aplica la teoría de la renuncia a la inoponibilidad
registral, según la cual el acto, contrato o documento no inscrito, pero
realmente conocido por el tercero, también produce efectos frente a este,
si el tercero expresa conocer y quiere el acto o contrato no inscrito. En todo
caso, respecto a las entidades administrativas y jurisdiccionales, se repite,
no puede privilegiarse la prueba documental que se presentó ante la cámara
de comercio para su inscripción, frente al contenido del certificado de
registro expedido por dicha entidad, por existir una tarifa probatoria legal,
exclusiva y excluyente, al menos respecto a la existencia y representación de
la sociedad. Ahora bien, si es la sociedad la que pretende aprovecharse del
documento inscrito, dejando sin efectos el contenido del certificado expedido
por la cámara de comercio, y que resulta contradictorio con respecto al

550 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 551
primero, esta última deberá acreditar plenamente ante el juez que el tercero
con el cual tiene la diferencia o litigio es de mala fe, porque efectivamente
conocía el contenido del documento inscrito y el error cometido por la entidad
registral. Por el contrario, si es el tercero quien pretende privilegiar la
información inscrita, pero mal certificada, bastará que así lo manifieste al
juez o entidad administrativa, pues de otra forma el juzgador o funcionario
público deberá otorgar pleno valor probatorio a lo certificado por la cámara,
por corresponder a la oponibilidad formal o real y no a una simple presunción,
salvo que se pruebe la mala fe del tercero.
Pero también es cierto que el tercero podrá invocar la falsedad de la certificación
y pedir supletivamente como prueba una inspección judicial a los
libros de la cámara de comercio en donde se realizó el registro. De no ocurrir
lo anterior, el juez no podrá desatender el contenido expreso de la certificación
expedida por la cámara de comercio, bajo el pretexto de proteger a
la sociedad respecto al contenido de la escritura pública de constitución o
reforma objeto de inscripción; lo anterior, debido a que la sociedad no fue
lo suficientemente prudente y diligente, al no haber verificado el contenido
de las certificaciones que venía expidiendo la entidad registral, cuando previamente
tuvo conocimiento exacto del documento inscrito y, por lo tanto,
pudo conocer la contradicción existente.
Se insiste, para que un juez pueda desatender el texto preciso y exacto
de la certificación registral y darle prelación al contenido del documento
inscrito que origina dicha certificación, deberá proceder previamente a declarar
la falsedad de la certificación, a petición de parte, y, además, a declarar
que el tercero que litiga en el proceso y pretende beneficiarse del contenido
del documento registral es un tercero de mala fe. Por tanto, sin que se demuestre
lo último (la mala fe), por más que el juez penal declare la falsedad
del certificado, dicha declaratoria no tendrá la virtud de dañar a los terceros
de buena fe y que obraron teniendo en cuenta el contenido del certificado
registral, a los cuales se les considera como terceros de buena fe exenta
de culpa. Sin una declaración judicial previa de falsedad o inexactitud, y la
acreditación de la mala fe del tercero, no puede desconocerse el contenido
del certificado expedido por la cámara de comercio, el cual, por virtud legal
y tratándose de un documento público, está amparado por una presunción
de legalidad y refrendado por un valor probatorio prevaleciente y excluyente,
según lo dispone el artículo 117 del C. Co. Lógicamente, la declaración de
falsedad de una certificación opera hacia el futuro y no frente a los terceros
que previamente contrataron, ateniéndose a su contenido.
La idoneidad y prevalencia de la certificación registral frente a lo realmente
inscrito no se discute en derecho comparado. Con razón, el artículo
77 del Reglamento del Registro Mercantil Español dispone: «La certificación
será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos
de registro». Por su parte, el artículo 9 del mismo estatuto dispone:
Artículo 9. Oponibilidad. Los actos sujetos a inscripción solo serán
oponibles a terceros de buena fe desde su publicación en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil. Quedan a salvo los efectos
propios de la inscripción.
En caso de discordancia entre el contenido de la publicación
y el contenido de la inscripción, los terceros de buena fe podrán
invocar la publicación si les fuere favorable.
Quienes hayan provocado la discordancia estarán obligados
a resarcir al perjudicado.
La buena fe del tercero se presume en tanto no se pruebe que
conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito, el acto inscrito y
no publicado, o la discordancia entre la publicación y la inscripción.
2.8 La responsabilidad de la entidad certificadora
2.8.1 La certificación como acto administrativo
Hay que tener presente que el hecho de expedir un certificado por parte de
las cámaras de comercio implica una actuación administrativa que culmina
con un acto administrativo que la doctrina especializada ha denominado
declarativo, el cual tiene unos efectos y vida jurídica propia e independiente
al documento que se certifica:
[…] debemos concluir que las certificaciones expedidas por las cámaras
de comercio son verdaderos actos administrativos como
quiera que dichas certificaciones son expedidas en virtud de las

552 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 553
funciones administrativas asignadas a las cámaras de comercio
para llevar el registro mercantil y de certificar (Cámara de
Comercio de Bogotá, Resolución 097 del 20 de octubre de 1986).
Algunos autores han confundido el aspecto probatorio de
la autenticidad del acto, cualidad esta que confiere el ser instrumento
público, con el acto mismo cuya autenticidad se certifica,
y han pensado que el carácter de instrumento público implicaba
también la verdad y la legitimidad del contenido mismo del acto.
(Gordillo, 1979, p. 5)
Entonces la certificación, como acto administrativo, constituye un documento
público amparado en la presunción de legalidad y veracidad, pero
no implica que los hechos y relaciones jurídicas certificadas sean veraces,
serios y fidedignos. Solamente da fe respecto de que lo certificado es lo que
aparece en sus expedientes registrales. Los efectos de los hechos y relaciones
jurídicas certificadas son oponibles a terceros, no precisamente por
constar en un certificado público, sino por haber sido previamente inscritos
los documentos que los contienen. Lo que pasa es que la certificación, al
emanar de un servicio público, ampara su contenido bajo el principio de la
fides publica, lo cual trae como consecuencia que todo tercero que realice
actos o contratos con base en la certificación, será considerado de buena fe
exento de culpa. Con razón la doctrina afirma:
El acto de certificación, en suma, es de conocimiento porque la administración
lo único que declara es aquello que previamente ha
preconstituido como base de certificación; en consecuencia, este
acto jamás puede configurarse como un acto de voluntad, pues la
administración no tiene discrecionalidad en cuanto a la emanación
del acto ni en cuanto al contenido, que será simplemente un
reflejo total o parcial de lo previamente constituido (con base a un
registro, e inspección, etc.). Los actos consistentes en una declaración
de conocimiento (el descertificado por excelencia) no pueden,
por naturaleza, ser discrecionales. (Martínez y García, 1977, p. 98).
Ahora bien, el certificado sirve como prueba de que se ha realizado la
inscripción o registro de un acto o contrato determinado, incluso a sabiendas
de que el mencionado registro, como acto administrativo, aún no haya adquirido
firmeza:
De esta manera es claro que aunque el acto Administrativo de
inscripción puede ser susceptible de recursos dentro de los 5 días
siguientes a la fecha de inscripción en el registro, el mismo produce
efectos ante terceros desde la misma fecha de inscripción. En
consecuencia los actos administrativos de inscripción son exigibles
y surgen efecto desde el día de su inscripción y no después de
transcurrido el termino para interponer recursos.
[…] por lo anterior, las cámaras de comercio certifican como
fecha de la inscripción aquella en la cual se realiza la anotación en
el respectivo libro de registro, es decir cuando se afecta el kardex
en el sistema de registro público…
[…] de esta manera los actos de inscripción surgen efecto
ante terceros desde el momento de la modificación del kardex […]
[…] con la anotación empieza la oponibilidad a terceros, la
cual se concreta con la certificación expedida por la cámara de comercio
[…]. (Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 56 del 20
de mayo de 2009).
2.8.2 Responsabilidad respecto a lo certificado
En virtud de la fe pública registral y el principio de la oponibilidad negocial,
las certificaciones que en materia de registro mercantil expidan las cámaras
de comercio están llamadas a producir plena prueba. Bajo este contexto, en
el evento en que lo certificado no corresponda exactamente a lo inscrito
(o no inscrito, si fuere el caso), la entidad registral asume toda la responsabilidad
por los posibles perjuicios que cause al titular del registro y/o a los
terceros que contrataron, confiados en el contenido de la certificación. Pero
también resulta obvio que la entidad registral no responde por la veracidad
de los hechos narrados en el documento inscrito.
Pese a que el certificado se considere acto administrativo, se ha entendido
que contra estos no proceden los recursos de vía gubernativa (Consejo
de Estado, Sección Cuarta, Auto del 30 de noviembre de 1978, expediente

554 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 555
5477). Por eso, cuando la cámara no refleja fiel y exactamente lo que aparece
en el registro mercantil, se entiende que incurre en grave falla en el servicio
público registral y deberá indemnizar los perjuicios que origine:
En cuanto a que hasta la fecha no ha sido expedido un instructivo
que señale cómo deben certificar las cámaras de comercio las
inscripciones que reposan en sus archivos y el término dentro del
cual deben efectuar las modificaciones de los registros, la Sala advierte,
frente a lo primero, que es apenas obvio que dichas certificaciones
deban reflejar, ante todo, el estado actual de la sociedad,
esto es, por ejemplo, en tratándose de sociedades anónimas, cuál
es su capital autorizado, pagado o suscrito, quiénes son sus representantes
legales, quiénes los miembros de su junta directiva, las
facultades de uno y otros, etc.
Para la sala no queda duda de que en relación con los anteriores
certificados la Cámara de Comercio de Bogotá tampoco
cumplió con su función de reflejar la real situación de la sociedad
mencionada respecto de quién era el verdadero suplente del gerente
para la fecha de aquellos, pues si bien como lo reconoce ella
misma, desde el 17 de noviembre de 1998 tuvo conocimiento de
que la Superintendencia de Industria y Comercio había confirmado
el nombramiento de Mario Gómez como suplente del gerente,
de inmediato debió proceder a sustituir el nombre de la señora
Castañeda por el del señor Gómez, sin que justifique su omisión
por el posible volumen de trabajo.
Aunado a lo anterior, se tiene que, de conformidad con el artículo
117 del Código de Comercio, para probar la representación
de una sociedad «… bastará la certificación de la Cámara respectiva,
con indicación de los nombres de los representantes…», lo
que demuestra palmariamente que la Cámara de Comercio de
Bogotá, con las certificaciones relacionadas en los actos acusados,
incurrió en un infracción de tal magnitud, por los efectos que en
un evento determinado causó o pudo haber causado al certificar
como representante legal a quien para dicho momento no tenía
tal calidad. (Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 7594,
Sentencia del 23 de mayo de 2003).
[…] puede afirmarse que para el Estado el deber de certificado
implicaba responsabilidades de orden patrimonial cuando se ha
incurrido en fallas en la elaboración del registro o en la expedición
del certificado […]. (Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente
14176, Sentencia del 20 de febrero de 2003).
No basta con demostrar la falla en la prestación del servicio
público registral, ya que es indispensable acreditar además que
el daño cuya reparación se demanda tuvo por causa directa la acción
o la misión de la administración, de manera que la obligación
indemnizatoria surge de la información equivocada suministrada
mediante la expedición de certificaciones […]. (Consejo de Estado,
Sección Tercera, expediente 14518, Sentencia del 7 de diciembre de
2005).
Naturalmente, las certificaciones que expidan las cámaras de comercio
deben acreditar la situación real y actual del hecho certificado, incluyendo
lo referente a los recursos pendientes, pero esto debe hacerse de tal
manera que el público en general no se confunda respecto al alcance de la
certificación:
Cuando interponen algún recurso, buscan que las cámaras dejen
sin efecto la inscripción recurrida, o sea, que no certifiquen
el acto impugnado, tratando con ello de darle una connotación
equivalente a una suspensión provisional decretada por juez, lo
cual, como es obvio, no es de recibo por la naturaleza misma del
registro y el alcance de las facultades asignadas a las cámaras de
comercio, que en ningún caso pueden sustituir a la autoridad judicial
en las funciones que por ley le son propias.
Es relevante anotar que una vez inscrito un documento en el
registro mercantil, las cámaras de comercio están en la obligación
de certificar dicha inscripción (artículos 30 y 86, numeral 3, Código
de Comercio) mientras esta no sea cancelada por el respectivo
órgano social, o suspendida o cancelada por orden de autoridad
competente. De manera que en este caso las cámaras deben seguir
certificando el acto impugnado con la observación de que este se
encuentra recurrido, máxime cuando las certificaciones expedidas

556 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 557
por la cámara de comercio cumplen una función eminentemente
probatoria, en cuanto se limitan a dar constancia de algo que
ocurrió y no pueden considerarse ejecución del acto de inscripción,
pues este se ejecutó desde el momento de la anotación en el libro
de registro público correspondiente. (Cámara de Comercio de
Bogotá, Oficio n.° 3-1493 del 28 de septiembre de 1989).
No resulta apropiado, se insiste, certificar un registro impugnado como
si estuviera vigente, pues, en tal evento, en virtud de la confusión que se crea
a los terceros, la entidad registral asume responsabilidad.
2.8.3 Responsabilidad profesional
Las cámaras de comercio deberán certificar todo lo referente a los actos y
documentos registrados, expresando la situación jurídica actualizada al momento
de expedir la certificación y, en todo caso, tomando nota exacta de
los hechos y actos inscritos. Por lo tanto, la entidad certificadora compromete
su responsabilidad cuando certifica hechos y circunstancias que no se
atemperen a lo realmente inscrito, o que en general no reflejen la situación
actual del hecho o situación jurídica certificada. En todo caso, las cámaras de
comercio no asumen responsabilidad respecto a la veracidad y realidad del
contenido de los documentos inscritos. Su misión certificadora se restringe
a publicitar la circunstancia de su inscripción y las modificaciones que haya
podido sufrir por cuenta de documentos privados y providencias judiciales o
administrativas inscritas con posteridad.
Así, por ejemplo, una entidad registral que certifica la propiedad de un
establecimiento de comercio, sin indicar los gravámenes o prendas que pesan
sobre el mismo, responde ante los adquirentes de buena fe por los perjuicios
causados como consecuencia de embargos o prendas sin tenencia
que no se tuvieron en cuenta al momento de realizar la negociación sobre el
establecimiento de comercio, precisamente porque la cámara omitió dicha
información. De igual forma, si la entidad de registro certifica a determinada
persona como representante legal de una sociedad, cuando anteriormente
había sido removida o revocada de su cargo o suspendida su nominación,
según documentos también inscritos, esta deberá responder por los
perjuicios causados a la sociedad, socios o terceros, como consecuencia de
las negociaciones realizadas por el supuesto representante legal, por causa
de la equivocada certificación expedida.
Cuando una cámara de comercio certifica, está asumiendo funciones
de seguridad, certeza y fe pública que comprometen de manera directa e
inmediata su responsabilidad, en caso de que los hechos que consten en la
certificación no sean ciertos. Por el contrario, cuando la entidad se limita a
expedir copia de un documento inscrito, ninguna responsabilidad le cabe
por los hechos y relaciones jurídicas que puedan surgir del contenido del
documento mismo, cuya veracidad recae únicamente en los suscriptores del
documento. La cámara solamente asume la responsabilidad de publicitar y
expedir una copia fiel y veraz del instrumento que consta en sus archivos,
pero sin comprometerse por la validez y exactitud misma de su contenido.
En ejercicio de la función certificadora, en cambio, las cámaras de comercio
sí responden por la validez misma del contenido de la certificación.
Las entidades de registro no solamente cumplen funciones públicas,
sino que estas las ejercen de manera exclusiva, reiterada y habitual, por lo
que, para medir su responsabilidad, habrá de mirárseles como verdaderos
profesionales en la prestación del servicio público registral. En todo caso,
pese a prestar un servicio público, las cámaras de comercio, por no corresponder
al concepto de «Estado», responden como profesionales, pero no
bajo el concepto de responsabilidad objetiva consagrada en el artículo 90
de la Constitución Política.
Siendo la certificación un documento público, su expedición implica
una función administrativa que si bien es diferente a la expedición misma
de los actos administrativos, queda sujeta al control por parte de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. Con razón, el artículo 84 C. C. A.
dispone: «También puede pedirse que se declare la nulidad de los actos de
certificación y registro».
2.8.4 La certificación en firme
Ahora bien, la certificación en firme solamente podrá expedirse cuando el registro
correspondiente al acto, hecho o contrato cuya certificación se solicita
se encuentre en firme. En España, conforme al artículo 9 del Real Decreto

558 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 559
1784 de 1996, la oponibilidad solo se produce a partir de la publicación del
registro o anotación en el Boletín Oficial. Cumpliendo este mismo objetivo,
resulta interesante encontrar que muchas cámaras de comercio, para efectos
de no incurrir en responsabilidad, aplican el principio de la certificación
en firme, indicando a los terceros a partir de qué momento se entiende producir
efectos jurídicos el acto de registro certificado.
De todas maneras, en cuanto al término para interponer recursos contra
los actos de registro, la Superintendencia de Industria y Comercio, amparada
en la equivocada jurisprudencia del Consejo de Estado (sentencia
del 20 de junio de 1997 de la Sección Primera) y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional (Sentencia C-640 del 13 de agosto de 2002), ha dispuesto
que el término legal de los diez días solo empieza a correr cuando se haga
la publicación del acto de registro en el boletín de la respectiva cámara de
comercio.
Lastimosamente, la equivocada jurisprudencia de las altas cortes ha
dejado sin efectos prácticos los artículos 29, numeral 4, y 901 del C. Co., así
como el artículo 44, Inciso cuarto, del C. C. A., hoy derogado por el artículo 70
del C. P. A. C. A. Es que no puede perderse de vista que, la oponibilidad registral,
precisamente, se fundamenta en el hecho de que los actos de registro
producen efectos erga omnes (contra todo el mundo) a partir de la inscripción
o registro y no a partir de cualquiera otra publicación ulterior. Frente al
principio de la oponibilidad no pueden existir terceros que no queden inmediatamente
afectados por el acto o contrato inscrito, pues de otra forma el
registro o inscripción no produce oponibilidad alguna.
En palabras sencillas: la ley ha dispuesto claramente que la oponibilidad
o extensión de los efectos frente a los terceros se produce a partir del
registro mercantil, razón por la cual, a partir de este mismo momento, se
entiende notificado el acto administrativo de registro, y la jurisprudencia
equivocadamente ha interpretado que la oponibilidad solamente se produce
cuando el acto de registro es publicitado en el boletín de la respectiva
cámara de comercio. Bajo este errado argumento, los certificados expedidos
por las entidades registrales solamente tienen fuerza probatoria y quedan
revestidas de fides publica, diez días después de que el acto o contrato certificado
ha sido objeto de publicación en el boletín de las respectiva cámara
de comercio, lo cual es completamente absurdo y, en todo caso, nunca aparece
certificado, debiendo el usuario verificar el certificado así como obtener
copia del boletín. Entonces el certificado, que según el artículo 30 del C. Co.
constituye la prueba de lo inscrito, ya no sirve de nada, y los terceros deberán
requerir la copia de la gaceta de publicación, formalidad que de ninguna
manera ha dispuesto el legislador, para que el registro tenga mérito probatorio
y produzca los efectos naturales de la oponibilidad, principal función
del registro mercantil.
En resumidas, el artículo 46, C. C. A., hoy 73 del C. P. A. C. A., no se aplica al
procedimiento de registro mercantil, en virtud del principio mercantil y especial
de la oponibilidad. Recuérdese que el mismo artículo 1, C. C. A., dispone
que el procedimiento administrativo establecido en la primera parte del
Código se aplica a falta de norma especial que regule total o parcialmente el
procedimiento, lo cual precisamente acontece con el registro mercantil por
el principio de la oponibilidad establecido en los artículos 29 y 901 del C. Co.,
y lo reconfirma el mismo artículo 70 del C. P. A. C. A., al establecer el principio
de la notificación ficta y presunta del acto registral.
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Capítulo ix
Principales cambios
introducidos por
la Ley 1607 de 2012
de Reforma Tributaria que inciden
en la legislación registral
Villegas Melo Abogados
Beatriz Elena Villegas y Adriana Melo White
Abogadas especialistas en Legislación Tributaria y magísteres en Asesoría Fiscal
y Derecho Fiscal de los Negocios. Artículo elaborado
con el apoyo de Laura Sanín Escobar.

562 el registro mercantil en colombia
Principales cambios introducidos por la Ley 1607 de 2012 563
de Reforma Tributaria que inciden en la legislación registral
Resumen
La Reforma Tributaria contenida en la Ley 1607 de 2012 desarrolló en el asunto
de la tributación de las personas jurídicas temas como el aporte en especie,
prima en colocación de acciones, reorganizaciones empresariales, sede
de dirección efectiva, establecimiento permanente, entre otros.
En materia de aportes en especie determinó un régimen de neutralidad
fiscal del aporte, con el cumplimiento de los requisitos contemplados en el
artículo 319 del Estatuto Tributario. Frente a la prima en colocación de acciones,
estableció que a esta le sería aplicable el mismo tratamiento del capital
–eliminando la posibilidad de que constituya costo para quien no la aportó–,
y, finalmente, en materia de fusiones y escisiones empresariales, determinó
la inexistencia de enajenación en la transferencia de los activos siempre que
se dé cumplimiento a las reglas allí establecidas.
A su vez, dentro del concepto de sociedad nacional para efectos tributarios,
incluyó a aquellas entidades que sin tener domicilio en Colombia tengan
su sede de dirección efectiva en el país –quienes deberán tributar tanto
por sus rentas de fuente nacional como por sus rentas de fuente extranjera–
y desarrolló el concepto de establecimiento permanente, entendido como
aquel lugar fijo de negocios dentro del territorio colombiano, dentro del que
se encuentra comprendido el concepto de sucursal de sociedad extranjera.
Within the concept of national society included entities with place of
effective management in Colombia –who must pay taxes on income from domestic
and foreign sources– and defined permanent establishment as a fixed
place of business, concept which includes the foreign company branch.
Introducción
El Gobierno nacional, en octubre de 2012, tuvo la iniciativa de una Reforma
Tributaria que tenía por objeto «la generación de empleo y la reducción de la
desigualdad 1 » y no la simple necesidad de aumentar el recaudo como usualmente
ha sucedido. Iniciativa que desemboca en una ley de la República de
Colombia el 27 de diciembre de 2012.
Sobre el objetivo propuesto se abordaron diferentes temas como:
• La creación del impuesto de renta para la equidad (CREE) a una tarifa
del 9 % 2 , que lleva anexa la reducción de la tarifa del impuesto
de renta para sociedades del 33 % al 25 %, y la exoneración de parte
de los costos vinculados con los pagos salariales 3 .
• Un nuevo sistema alternativo y mínimo de tributación del Impuesto
sobre la Renta aplicable a las personas naturales residentes.
Abstract
The last Tax Reform developed special topics of taxation of legal persons, including:
in-kind contribution, paid- in shares, corporate restructuring, place of
effective management, and permanent establishment.
On the issue of in-kind contribution it established tax neutrality in the
contribution, according to the rules established in Article 319 of the Tax Statute.
In terms of paid-in shares established that would apply the same rules
as capital, which means that may only be cost for the one who contributed.
Regarding the transfer of assets on mergers and acquisitions it determined
that there won´t be any disposition for tax purposes, according to the
rules set on Articles 319-4 and 319-6 of the Tax Statute.
1 Exposición de motivos al Proyecto de Ley 166/2012 (Cámara) y 134/2012 (Senado).
2 La tarifa del 9 % está vigente por los años 2013 a 2015 y a partir del 2016 se reduce al 8 %.
3 A partir del 1 de mayo de 2013, están exoneradas del pago de los aportes parafiscales
a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, y del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, ICBF, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes
declarantes del Impuesto sobre la Renta y complementarios y sujetos
pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad-CREE, y las personas naturales
empleadoras (con dos asalariados o más) correspondientes a los trabajadores que
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
Adicionalmente, a partir del 1 de enero de 2014, están exonerados del pago de las
cotizaciones obligatorias al Sistema General de Seguridad Social en salud las sociedades
y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del Impuesto
sobre la Renta y complementarios y sujetos pasivos del Impuesto sobre la renta
para la Equidad-CREE, y las personas naturales empleadoras (con dos trabajadores
o más), por sus trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos
de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

564 el registro mercantil en colombia
Principales cambios introducidos por la Ley 1607 de 2012 565
de Reforma Tributaria que inciden en la legislación registral
• La unificación de las tarifas de IVA con miras a la simplificación del
sistema y su adecuación a los presupuestos de normas supranacionales
de la Comunidad Andina de Naciones, CAN.
• La creación del Impuesto al Consumo para artículos o servicios de «lujo».
Con esta Reforma, el Gobierno esperaba los siguientes efectos:
• Menos desigualdad, a través del cambio en la determinación del
impuesto a las personas naturales y la creación del Impuesto
Mínimo Alternativo Nacional, IMÁN.
• Más empleo formal, a través de la reducción de los costos salariales:
del 29,5 % al 16 %.
Ahora bien, el Gobierno también se valió de la Reforma para regular
otros temas de la tributación de las personas jurídicas 4 que tienen incidencia
en el derecho societario, dejando claro desde ahora que son temas que solo
tienen efectos desde el punto de vista fiscal, de ahí que dichas instituciones
seguirán teniendo los efectos comerciales regulados por la ley pertinente.
Algunos de estos temas son:
• La actualización de normas tributarias aplicables a los procesos de
reorganización empresarial, incluidos los aportes en especie y los
aportes de industria.
• La desestimación de la personalidad jurídica.
• La definición del domicilio fiscal para las sociedades, incluyendo el
tema de la sede de dirección efectiva o sede efectiva de administración.
• La modificación de los criterios de vinculación, atados, entre otros
aspectos, al régimen de precios de transferencia.
Por su parte, se crean conceptos nuevos, ajenos a la legislación nacional
(que no a la supranacional y a los convenios ya suscritos por Colombia), que son:
• El establecimiento permanente.
• El régimen general antielusión.
4 En materia de personas jurídicas, la Reforma regula en el capítulo iv.
-1-
Concepto de
establecimiento
permanente
El artículo 86 de la Ley 1607 de 2012, que fue adicionado como artículo 20-1
del Estatuto Tributario, reguló el concepto de establecimiento permanente
en la legislación tributaria colombiana y determinó que es aquel lugar fijo
de negocios ubicado en el país, por medio del que una empresa extranjera,
ya sea sociedad o cualquier otra entidad extranjera o persona natural sin residencia
en Colombia, realiza toda o parte de su actividad. Se entenderá, incluso,
que existe establecimiento permanente en el país cuando una persona
distinta a un agente independiente actúe por cuenta de la compañía extranjera
y tenga o ejerza de forma habitual en el territorio colombiano poderes
que la faculten para celebrar actos o contratos vinculantes para la empresa.
A su vez, esta norma determinó que no se entiende que una compañía
tiene establecimiento permanente en la país por el solo hecho de realizar
sus actividades a través de un corredor o de cualquier agente independiente,
siempre y cuando estos actúen dentro del giro ordinario de su actividad
y que no se establezcan condiciones respecto de sus relaciones comerciales
y financieras que difieran de las que se habrían pactado con un agente
independiente.
Y, finalmente, estableció que no se considerará que una compañía tiene
establecimiento permanente en Colombia por el solo hecho de realizar actividades
auxiliares o preparatorias dentro del territorio.
De esta manera, y en virtud del artículo 87, que se adicionó como artículo
20-2 del Estatuto Tributario, todas aquellas personas naturales no residentes
y aquellas personas jurídicas o entidades extranjeras que tengan un
establecimiento permanente o una sucursal en el país, serán contribuyentes
del Impuesto sobre la Renta y complementarios con relación a las rentas y

566 el registro mercantil en colombia
Principales cambios introducidos por la Ley 1607 de 2012 567
de Reforma Tributaria que inciden en la legislación registral
ganancias ocasionales de fuente nacional atribuibles al respectivo establecimiento
o sucursal, para lo que estas últimas deberán llevar contabilidad
por separado y seguir cumpliendo, cuando sea el caso, con los deberes atinentes
a precios de transferencia.
Lo anterior demuestra la intención del Gobierno nacional de abordar
todas las hipótesis posibles en virtud de las que estas compañías, no obstante
no tener una sucursal en el país, realizan toda o parte de su actividad en
Colombia, concepto que a pesar de no haber estado regulado en la normatividad
colombiana, sí había estado presente en muchos de los convenios
para evitar la doble tributación entre los países.
Por ejemplo, el artículo 5 del «Convenio entre el Reino de España y la
República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y patrimonio», del 31 de marzo
de 2005, establece que, para efectos de dicho Convenio, se entenderá por
establecimiento permanente aquel lugar fijo de negocios por medio del que
una empresa realiza toda o parte de su actividad. El mencionado artículo
reza lo siguiente:
Artículo 5. Establecimiento permanente.
1. A los efectos del presente Convenio, la expresión ‘establecimiento
permanente’ significa un lugar fijo de negocios mediante
el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.
2. La expresión ‘establecimiento permanente’ comprende,
entre otros:
a) las sedes de dirección; b) las sucursales; c) las oficinas; d)
las fábricas; e) los talleres, y f) las minas, los pozos de petróleo o de
gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos
naturales.
3. Una obra o un proyecto de construcción o instalación solo
constituyen establecimiento permanente si su duración excede
de seis meses.
4. No obstante las disposiciones anteriores de este artículo,
se considera que la expresión ‘establecimiento permanente’ no
incluye:
a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar,
exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la
empresa; b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías
pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas,
exponerlas o entregarlas; c) el mantenimiento de un depósito de
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin
de que sean transformadas por otra empresa; d) el mantenimiento
de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o
mercancías, o de recoger información, para la empresa; e) el mantenimiento
de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar
para la empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar o
preparatorio; f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con
el único fin de realizar cualquier combinación de las actividades
mencionadas en los subapartados a) a e), a condición de que el
conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de
esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una
persona, distinta de un agente independiente, al que será aplicable
el apartado 6, actúe por cuenta de una empresa y tenga y ejerza habitualmente
en un Estado contratante poderes que la faculten para
concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa
empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto
de las actividades que dicha persona realice para la empresa,
a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas
en el apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio
de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración
de dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento permanente
de acuerdo con las disposiciones de ese apartado.
6. No se considera que una empresa tiene un establecimiento
permanente en un Estado contratante por el mero hecho de que
realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, un
comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre
que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su
actividad y que las transacciones entre el agente y la empresa hayan
sido efectuadas bajo condiciones independientes en operaciones
comparables. El hecho de que una sociedad residente de un Estado
contratante controle o sea controlada por una sociedad residente
del otro Estado contratante, o que realice actividades empresariales

568 el registro mercantil en colombia
Principales cambios introducidos por la Ley 1607 de 2012 569
de Reforma Tributaria que inciden en la legislación registral
en ese otro Estado (ya sea por medio de establecimiento permanente
o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de
estas sociedades en establecimiento permanente de la otra 5 .
De lo consignado en este Convenio respecto al concepto de establecimiento
permanente, y comparándolo con lo establecido en el artículo 86 de
la Ley 1607 de 2012, se observa que este último conserva la misma esencia
del primero, sin embargo, el Convenio aborda más a fondo lo que no está
incluido en este concepto, como la utilización de instalaciones con el único
fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías que pertenecen a
la empresa, entre otros.
En tal caso primará la definición del Convenio sobre la definición del
Estatuto Nacional.
De lo hasta ahora mencionado se infiere que el concepto de establecimiento
permanente busca vincular, en el ámbito fiscal, a aquellas compañías
que a pesar de no tener un lugar material, físico o jurídico en el territorio,
realizan parte o todas sus actividades en el país, situaciones que antes
de la expedición de la Reforma Tributaria no estaban dentro de la órbita
impositiva del Estado colombiano.
Diferente a este es el concepto de establecimiento de comercio, que,
de acuerdo con el artículo 515 del Código de Comercio, es «un conjunto de
bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa»,
concepto que va atado a la existencia de bienes materiales o inmateriales
para el desarrollo de una empresa o actividad económica.
Igualmente, es una noción diferente a la de sucursal, que termina siendo
una especie de establecimiento permanente, ya que la existencia de esta
depende o se exige cuando se desarrollan actividades permanentes en el
país, entendiendo por tales las siguientes:
tengan un carácter técnico o de asesoría;
2a) intervenir como contratista en la ejecución de obras o en
la prestación de servicios;
3a) participar de cualquier forma en actividades que tengan
por objeto el manejo, aprovechamiento o inversión de fondos provenientes
del ahorro privado;
4a) dedicarse a la industria extractiva en cualquiera de sus
ramas o servicios;
5a) obtener del Estado colombiano una concesión o que esta
le hubiere sido cedida a cualquier título o que en alguna forma
participe en la explotación de la misma y,
6a) el funcionamiento de sus asambleas de asociados, juntas
directivas, gerencia o administración en el territorio nacional.
(Código de Comercio, artículo 474).
De todo lo dicho puede inferirse que el establecimiento permanente
(como las sociedades extranjeras que no habiendo sido constituidas en
Colombia, por tener su sede de administración en el país, se consideran nacionales
para efectos tributarios) no requiere de inscripción en el Registro
Mercantil para tener existencia fiscal e incidencias como contribuyente en
Colombia, pues salvo las sucursales, su existencia depende única y exclusivamente
del concepto (un poco vetusto) del lugar fijo de negocios.
Tan diferente es el concepto que tanto las personas naturales como las
jurídicas pueden tener un establecimiento permanente, y una misma persona
puede tener tantos establecimientos permanentes como lugares fijos
tenga en Colombia, debiendo tramitar para cada uno un Registro Único
Tributario ante la DIAN (Decreto 3026 del 27 de diciembre de 2013, artículo 9).
1a) Abrir dentro del territorio de la República establecimientos
mercantiles u oficinas de negocios aunque estas solamente
5 «Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta
y patrimonio» de 31 de marzo de 2005. Véase en: http://www.minhap.gob.es/
Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/ CDI/BOE_Colombia.pdf.

570 el registro mercantil en colombia
Principales cambios introducidos por la Ley 1607 de 2012 571
de Reforma Tributaria que inciden en la legislación registral
-2-
Definición de dividendos
Las utilidades comerciales o dividendos históricamente se han definido de
manera diferente para efectos comerciales y tributarios.
2.1 Definición de dividendos en materia comercial:
El artículo 98 del Código de Comercio define el contrato de sociedad como
aquel en que «dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en
trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre
sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social».
Es decir, es inherente al contrato de sociedad la expectativa de los socios
o accionistas de recibir utilidades, entendidas estas como el resultado
final después de restar a los ingresos todos los costos y gastos incurridos en
el período 6 .
Los artículos 149 a 157 del Código de Comercio establecen las reglas
para la distribución de utilidades a los socios o accionistas y los artículos 451
y siguientes definen las reglas aplicables a la sociedad anónima.
2.2 Definición de dividendos en materia tributaria:
El artículo 30 del Estatuto Tributario define los dividendos o participación
en utilidades, que incluyen no solo las utilidades del ejercicio, sino también:
• La distribución extraordinaria al momento de su liquidación en
exceso del capital aportado o invertido en acciones.
• La transferencia de utilidades que corresponden a rentas y ganancias
ocasionales de fuente nacional obtenidas a través de los establecimientos
permanentes o sucursales en Colombia de personas
naturales no residentes o sociedades y entidades extranjeras, a
favor de empresas vinculadas en el exterior.
Las modificaciones fundamentales a la norma fueron las siguientes:
Artículo 30 anterior a la Reforma
Tributaria
Numeral 1 de la definición:
La distribución ordinaria o extraordinaria
que, durante la existencia de la sociedad
y bajo cualquier denominación que se
le dé, haga una sociedad anónima o
asimilada, en dinero o en especie, a favor
de sus respectivos accionistas, socios o
suscriptores, de la utilidad neta realizada
durante el año o período gravable o
de la acumulada en años o períodos
anteriores, sea que figure contabilizada
como utilidad o como reserva.
Artículo 30 con la nueva Reforma
Tributaria
La distribución ordinaria o extraordinaria
que, durante la existencia de la sociedad y
bajo cualquier denominación que se le dé,
haga una sociedad, en dinero o en especie,
a favor de sus respectivos accionistas,
socios, comuneros, asociados, suscriptores
o similares, de la utilidad neta realizada
durante el año o período gravable o de la
acumulada en años o períodos anteriores,
sea que figure contabilizada como utilidad
o como reserva.
Comentario: no diferencia tipo de sociedad.
6 Código de Comercio, artículo 151: «No podrá distribuirse suma alguna por concepto
de utilidades si estas no se hallan justificadas por balances reales y fidedignos. Las
sumas distribuidas en contravención a este artículo no podrán repetirse contra
los asociados de buena fe; pero no serán repartibles las utilidades de los ejercicios
siguientes, mientras no se absorba o reponga lo distribuido en dicha forma.
Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan enjuagado las pérdidas
de ejercicios anteriores que afecten el capital».
Numeral 2 de la definición:
La distribución extraordinaria que, al
momento de su transformación en
otro tipo de sociedad y bajo cualquier
denominación que se le dé, haga una
sociedad anónima o asimilada, en dinero
o en especie, a favor de sus respectivos
accionistas, socios o suscriptores, de
la utilidad neta acumulada en años o
períodos anteriores.
La distribución extraordinaria de la
utilidad neta acumulada en años o
períodos anteriores que, al momento
de su transformación en otro tipo de
sociedad, y bajo cualquier denominación
que se le dé, haga una sociedad, en dinero
o en especie, a favor de sus respectivos
accionistas, socios, comuneros, asociados,
suscriptores o similares.

572 el registro mercantil en colombia
Principales cambios introducidos por la Ley 1607 de 2012 573
de Reforma Tributaria que inciden en la legislación registral
Artículo 30 anterior a la Reforma
Tributaria
Numeral 3 de la definición:
La distribución extraordinaria que,
al momento de su liquidación y bajo
cualquier denominación que se le
dé, haga una sociedad anónima o
asimilada, en dinero o en especie, a favor
de sus respectivos accionistas, socios
o suscriptores, en exceso del capital
aportado o invertido en acciones.
Artículo 30 con la nueva Reforma
Tributaria
La distribución extraordinaria de la
utilidad neta acumulada en años o
períodos anteriores que, al momento
de su liquidación y bajo cualquier
denominación que se le dé, haga una
sociedad, en dinero o en especie, a favor
de sus respectivos accionistas, socios,
comuneros, asociados, suscriptores o
similares, en exceso del capital aportado o
invertido en acciones.
-3-
Aporte en especie
y prima en colocación
de acciones
Numeral 4 de la definición:
La transferencia de utilidades que
corresponden a rentas y ganancias
ocasionales de fuente nacional obtenidas
a través de los establecimientos
permanentes o sucursales en Colombia
de personas naturales no residentes o
sociedades y entidades extranjeras, a favor
de empresas vinculadas en el exterior.
Comentario: agrega una nueva noción de
dividendo fiscal.
En los términos del artículo 27 del Estatuto Tributario, el momento
de realización del ingreso por concepto de dividendos ocurre cuando les
hayan sido abonados en cuenta en calidad de exigibles. En el caso de la
transferencia de utilidades a través de establecimientos permanentes o
sucursales en Colombia, se causan al momento de la transferencia de las
utilidades al exterior.
3.1 Reglas tributarias aplicables
a los aportes en especie:
Hasta la Reforma Tributaria del año 2012 no existía en Colombia un tratamiento
fiscal especial para los aportes en especie, es decir, ellos se encontraban
regulados por el régimen general de pagos en especie previsto en los
artículos 29 y 79 del Estatuto Tributario.
Sin embargo, y en aras de establecer un régimen de neutralidad fiscal
en el aporte, el artículo 319 prevé dicha posibilidad siempre que el aporte se
supedite a las siguientes reglas:
El aporte en dinero o en especie a sociedades nacionales no generará
ingreso gravado para estas ni el aporte será considerado enajenación
ni dará lugar a ingreso gravado o pérdida deducible para
el aportante, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a. […] Cuando a cambio del mismo se produzca emisión de acciones
o cuotas sociales nuevas. Es decir, deja por fuera el caso de recolocación
de acciones o cuotas propias adquiridas.
b. El costo fiscal de los bienes aportados será el mismo que tenía el
aportante respecto de tales bienes, de lo que se dejará constancia
en el documento que contenga el acto jurídico del aporte.
c. En el documento que contenga el acto jurídico del aporte, el aportante
y la sociedad receptora declararán expresamente sujetarse
a las disposiciones del artículo 319 del Estatuto.

574 el registro mercantil en colombia
Principales cambios introducidos por la Ley 1607 de 2012 575
de Reforma Tributaria que inciden en la legislación registral
Efectos de la neutralidad fiscal del aporte:
a. Para efectos de depreciación o amortización fiscal: en cabeza de
la sociedad receptora del aporte, no habrá lugar a extensiones o
reducciones en la vida útil de los bienes aportados, ni a modificaciones
del costo fiscal base de depreciación o amortización.
b. El costo fiscal de las acciones o cuotas de participación recibidas
por el aportante será el mismo costo fiscal que tenían los bienes
aportados al momento del aporte en cabeza del aportante.
c. Los bienes aportados conservarán para efectos fiscales en la sociedad
receptora, la misma naturaleza de activos fijos o movibles que
tengan para el aportante en el momento del aporte.
d. El aportante realizará un ingreso sometido al Impuesto sobre la
Renta y complementarios cuando enajene las acciones o cuotas
recibidas como consecuencia del aporte.
Si el aportante enajena las acciones o cuotas de participación
recibidas como consecuencia del aporte dentro de los dos (2) años
siguientes al mismo, no podrá compensar pérdidas fiscales acumuladas
ni excesos de renta presuntiva sobre renta líquida respecto
de la renta que genere la enajenación de dichas acciones o
cuotas de participación.
e. La sociedad receptora del aporte realizará un ingreso sometido al
Impuesto sobre la Renta y complementarios cuando enajene los
bienes recibidos a título de aporte.
f. Si la sociedad receptora enajena los activos recibidos a título de
aporte, que tengan el carácter de activos fijos, dentro de los dos
(2) años siguientes al aporte, no podrá compensar pérdidas fiscales
acumuladas ni excesos de renta presuntiva sobre renta líquida
respecto de la renta que genere la enajenación de dichos activos.
Queda claro que para efectos mercantiles y contables se tendrá como valor
del aporte el asignado por las partes de acuerdo con las normas mercantiles
y contables, con lo que no se modifica el artículo 132 del Código de Comercio 7 .
7 «El valor de los aportes en especie posteriores a la constitución será fijado en
asamblea o en junta de socios con el voto favorable del sesenta por ciento o más
De forma tal que cuando el aporte no cumpla dichas reglas o se haga a
sociedades y entidades extranjeras, se tratará como enajenación y, en consecuencia,
se hallará sometido al Impuesto sobre la Renta (y al régimen de precios
de transferencia 8 ). En este caso, y para todos los efectos tributarios, el
monto del ingreso gravado integrará el costo fiscal de los activos aportados.
En el caso de los aportes de industria, el costo fiscal que tendrá el aportante
respecto de las acciones o cuotas de participación que le sean emitidas,
si fuere el caso, será el valor intrínseco de dichas acciones o cuotas de
participación una vez hecha la emisión, que deberá ser reconocido por el
aportante como ingreso en especie por la prestación de los servicios. Dicho
valor constituirá gasto deducible para la sociedad receptora, siempre que se
cumplan los requisitos generales para la deducibilidad del gasto 9 y se practiquen
las retenciones en la fuente por concepto de impuestos y contribuciones
parafiscales 10 , si aplicaren.
3.2 Aportes a sociedades con prima
en colocación de acciones
3.2.1 Regulación fiscal de la prima:
El numeral 4.° del artículo 386 del Código de Comercio establece como valor
mínimo de suscripción el valor nominal; siendo esto así, la prima en colocación
de acciones o aportes es el superávit o mayor valor de suscripción por
encima del valor nominal.
de las acciones, cuotas o partes de interés social, previa deducción de las que correspondan
a los aportantes, quienes no podrán votar en dicho acto».
8 Todos los aportes de intangibles a sociedades u otras entidades extranjeras deberán
reportarse en la declaración informativa de precios de transferencia, independientemente
de la cuantía del aporte.
9 En este caso se exigiría relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad en los
términos del artículo 107 del Estatuto Tributario.
10 Hasta la fecha no se han reglamentado retenciones en la fuente sobre contribuciones
parafiscales.

576 el registro mercantil en colombia
Principales cambios introducidos por la Ley 1607 de 2012 577
de Reforma Tributaria que inciden en la legislación registral
El artículo 36 del Estatuto Tributario establecía que la prima en colocación
de acciones «no constituye renta ni ganancia ocasional si se contabiliza
como superávit de capital no susceptible de distribuirse como dividendo», y
para esto exigía una mera formalidad, a saber, que fuera contabilizada como
«superávit de capital no susceptible de distribuirse como dividendo».
Esta disposición no determinaba las implicaciones fiscales de la prima
en colocación de acciones, por lo que era plenamente factible que esta constituyera
costo fiscal no solo para quien suscribía las acciones con prima, sino,
también, para los demás accionistas no aportantes de la prima.
Lo anterior ya no es factible a la luz de la Reforma Tributaria, ya que el
artículo 36 fue modificado por el artículo 91 de la Ley 1607 de 2012, con el
ánimo de «evitar la existencia o utilización de figuras que permitan tratamientos
más favorables», tal y como se expresó en la exposición de motivos
para la nueva regulación de la prima en colocación de acciones.
Lo que ahora se establece es que la prima en colocación de acciones o
de cuotas sociales 11 tendrá el mismo tratamiento tributario que el capital
al hacer parte del aporte, por lo que, en virtud de esto, hará parte del costo
fiscal respecto de las acciones o cuotas suscritas únicamente para quien realice
el aporte.
De esta manera, en la actualidad, la prima en colocación de acciones o
de cuotas sociales solo será costo fiscal para quien suscriba las acciones o
cuotas por un mayor valor a su valor nominal, y si esta llegara a capitalizarse,
las acciones que sean liberadas y entregadas a los accionistas o socios
no constituirán un ingreso tributario, pero tampoco dará lugar a un mayor
costo fiscal de las acciones o cuotas de propiedad de los accionistas o socios
no aportantes.
De lo anterior se concluye que si bien el tratamiento de la prima en
colocación de acciones o de cuotas sociales fue modificado con ocasión de
la nueva Reforma Tributaria al establecerse que por hacer parte del aporte,
y así le serán aplicables las reglas tributarias del capital, su naturaleza no ha
sufrido ningún cambio, ya que esta continúa siendo el mayor valor pagado
por el accionista o socio sobre el mayor valor nominal de la acción o aporte.
11 La nueva norma hace también referencia a la prima por colocación de cuotas sociales
de manera expresa.
3.3 Impuesto de registro en los incrementos
de capital con prima:
Otro cambio introducido por la reciente Reforma Tributaria tiene que ver
con el impuesto de registro, en lo relativo a la composición de la base gravable
para calcularlo en la inscripción de contratos de constitución de sociedades
y de reformas estatutarias o de actos que impliquen el incremento del
capital social o del suscrito, para lo que deberá aplicarse el artículo 187 de la
Ley 1607 de 2012, que modificó el artículo 229 de la Ley 223 de 1995:
Artículo 187. Impuesto de registro.
Artículo 229. Base gravable. Está constituida por el valor incorporado
en el documento que contiene el acto, contrato o negocio
jurídico. Cuando se trate de inscripción de contratos de
constitución de sociedades, de reformas estatutarias o actos que
impliquen el incremento del capital social o del capital suscrito,
la base gravable está constituida por el valor total del respectivo
aporte, incluyendo el capital social o el capital suscrito y la prima
en colocación de acciones o cuotas sociales.
Cuando un acto, contrato o negocio jurídico deba registrarse
tanto en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
como en la Cámara de Comercio, el impuesto se generará solamente
en la instancia de inscripción en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos.
En los actos, contratos o negocios jurídicos sujetos al impuesto
de registro en los que participen entidades públicas y particulares,
la base gravable está constituida por el 50 % del valor incorporado
en el documento que contiene el acto o por la proporción del
capital suscrito o del capital social, según el caso, que corresponda
a los particulares.
En los documentos sin cuantía, la base gravable está determinada
de acuerdo con la naturaleza de los mismos.
Cuando el acto, contrato o negocio jurídico se refiera a bienes
inmuebles, el valor no podrá ser inferior al del avalúo catastral, el
autoavalúo, el valor del remate o de la adjudicación, según el caso.

578 el registro mercantil en colombia
Principales cambios introducidos por la Ley 1607 de 2012 579
de Reforma Tributaria que inciden en la legislación registral
Para efectos de la liquidación y pago del impuesto de registro, se
considerarán actos sin cuantía las fusiones, escisiones, transformaciones
de sociedades y consolidación de sucursales de sociedades
extranjeras; siempre que no impliquen aumentos de capital ni
cesión de cuotas o partes de interés.
De acuerdo con esta disposición, la base gravable del impuesto de registro
en la inscripción de la constitución de sociedades, reformas estatutarias
o actos que impliquen el incremento del capital social o del capital
suscrito, está constituida por el valor total del aporte, «incluyendo el capital
social o suscrito y la prima en colocación de acciones o cuotas sociales», expresión
que genera los siguientes interrogantes:
• ¿Existe la posibilidad de que se presente una constitución con prima
en colocación de acciones o cuotas sociales?
• ¿Cómo se calculará el impuesto de registro cuando haya prima en
colocación de acciones si dicha prima, sino el aumento de capital
por sí solo, no está sujeta a inscripción en el Registro Mercantil?
El primer interrogante no es una inquietud en sí misma, puesto que es
claro que al ser la prima en colocación de acciones o cuotas sociales el mayor
valor de suscripción sobre el nominal, cancelado por una acción o cuota en
razón del posicionamiento y de la valoración de una sociedad, esta no puede
ser establecida al momento de la constitución de aquella, puesto que en
esa etapa primaria de la sociedad no existe razón o motivo que justifique el
mayor valor de la acción o de la cuota de interés social. Así lo ha sostenido la
Superintendencia de Sociedades, en el Oficio 115-061490 de 15 de agosto de
2012, para lo que se cita el correspondiente aparte:
Expuesto lo anterior y respecto del interrogante formulado en la
consulta, es de precisar que no existe impedimento legal para que
una sociedad por acciones simplificada, después de constituida,
realice una emisión de acciones y las coloque por encima del valor
nominal, reconociendo un superávit de capital, así la sociedad
esté conformada por un único accionista.
Situación contraria se presenta en el acto de constitución en
el que de manera alguna se permite la creación de una prima en
colocación de acciones, pues la sociedad en ese momento nace a
la vida jurídica y da inicio al ejercicio de una actividad empresarial,
en la que debe posicionarse para generar ventajas de mercado y
fortalezas económicas y financieras, entre otros elementos.
No obstante, existen casos en los que sería procedente que una sociedad
se constituya con prima en colocación de acciones, casos como la escisión
por creación, la fusión por creación y la reconstitución, debido a que
en ambas operaciones se consolida un patrimonio en cabeza de la nueva
sociedad, patrimonio que puede contener la cuenta de superávit de la sociedad
absorbida o escindente. Siendo así, se deberá entender que cuando
la norma hace referencia a la constitución con prima, habla de los casos de
fusión y escisión por creación, o a la reconstitución, únicos casos en los que
es factible una constitución con prima en colocación de acciones o de cuotas
sociales, a pesar de que se considera que se presentó un error técnico al
redactarse el mencionado artículo.
Ahora, respecto al segundo interrogante es preciso mencionar que el artículo
1 del Decreto Reglamentario 1158 de 1984, que desarrolló el artículo 376 del
Código de Comercio, estableció el deber de las sociedades por acciones de inscribir
en el Registro Mercantil los aumentos del capital suscrito y pagado, así:
Decreto 1158 de 1984. Artículo 1.°. Para los efectos del artículo 376 12 del
Código de Comercio, las sociedades por acciones deberán inscribir
en el Registro Mercantil los aumentos de capital suscrito, dentro del
mes siguiente al vencimiento de la oferta para suscribir. Asimismo,
deberá registrarse el monto del capital pagado, dentro del mes siguiente
al vencimiento del plazo para el pago de las acciones suscritas
o al término de la oferta de suscripción, según se trate.
12 Código de Comercio. Artículo 376. «Capital Autorizado, Suscrito y Pagado en la
Sociedad Anónima>. Al constituirse la sociedad deberá suscribirse no menos del
cincuenta por ciento del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte
del valor de cada acción de capital que se suscriba. Al darse a conocer el capital
autorizado se deberá indicar, a la vez, la cifra del capital suscrito y la del pagado».

580 el registro mercantil en colombia
Principales cambios introducidos por la Ley 1607 de 2012 581
de Reforma Tributaria que inciden en la legislación registral
No obstante, el artículo 187 de la Ley 1607 de 2012, pese a que reguló
la base gravable del impuesto de registro y a que estableció que cuando se
trate de inscripción de contratos de constitución de sociedades, de reformas
estatutarias o de actos que impliquen el incremento del capital social o del
suscrito, la base estará constituida por el valor total del aporte, incluyendo
el capital social o suscrito y la prima en colocación de acciones o cuotas
sociales, no determinó ningún cambio en cuanto al régimen comercial; no
determinó que la prima en colocación de acciones estaría sujeta a registro,
al igual que el aumento del capital suscrito o social.
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el artículo 1 del
Decreto Reglamentario 1158 de 1984 continúa con vigencia, los aumentos de
capital suscrito y pagado son actos registrables, a diferencia de la prima en
colocación de acciones, debido a que respecto a esta última no existe una ley
que así lo determine y que cambie la situación vigente en materia comercial.
Además, se evidencia que el interés del legislador, al incluir dentro de
la base gravable del impuesto de registro el aumento del capital de una sociedad
a la prima en colocación de acciones, no era precisamente que este
acto también fuese registrable, sino que su intención, como se desprende de
la exposición de motivos de la nueva norma, era evitar que este mayor valor
adicional pagado por las acciones continuara siendo un mecanismo para la
reducción indebida del Impuesto sobre la Renta y complementarios 13 .
De esta manera, se concluye que de acuerdo con el artículo 187 de la Ley
1607 de 2012, es base gravable para el impuesto de registro, cuando se trata
de constitución de sociedades, reformas estatutarias o actos que impliquen
el incremento del capital suscrito o social, el valor total del aporte, incluido el
capital social o suscrito y la prima en colocación de acciones, y que en materia
de impuesto de registro no ha habido variaciones, por lo que basta con la
13 Ley 1607 de 2012. Exposición de motivos prima en colocación de acciones. «El artículo
16 del Proyecto de Ley, que pasa a ser el 77 de la ponencia, regula la prima
en colocación de acciones o de cuotas, ya que se ha convertido en un mecanismo
para la reducción indebida del Impuesto sobre la Renta y complementarios, habiendo
sido utilizada para, entre otras cosas, realizar distribuciones como ingresos
no constitutivos de renta sin que se cumplan los requisitos naturales de la figura,
o hacer transferencias de riqueza mediante la dilución de los socios o accionistas
en una sociedad sin que se dé el pago del impuesto que correspondería a tal operación.
Para efectos de evitar estas situaciones, se iguala su tratamiento al tratamiento
tributario del capital, aclarando que no da lugar a costo fiscal».
certificación suscrita por el revisor fiscal o contador indicando el monto del
respectivo aumento, y no se deberá entender que las cámaras de comercio
tengan que exigir una certificación del revisor fiscal o contador donde se indique
si hubo o no hubo capitalización con prima en colocación de acciones,
puesto que no existe una disposición comercial que determine tal exigencia,
y por cuanto el artículo de la Reforma Tributaria que establece la base gravable
del impuesto de registro solo dispone cómo estará conformada, pero
no que deba entregarse certificación alguna donde se indique si hubo o no
capitalización con prima en colocación de acciones o cuotas sociales y de
cuánto fue su valor.
La consecuencia de la inoponibilidad dispuesta en el numeral 4 del artículo
29 del Código de Comercio, en virtud de la que «los actos y documentos
sujetos a registro no producirán efectos respecto de terceros sino a partir de
la fecha de su inscripción», no le sería aplicable a la prima en colocación de
acciones o cuotas sociales, porque, como ya se explicó, no existe ley alguna
que determine que la suscripción con prima en colocación de acciones o de
cuotas sociales esté sujeta a registro, contrario a lo que sucede con el aumento
del capital.
Finalmente, conviene hacer énfasis en que el hecho generador del impuesto
de registro no fue modificado con ocasión del cambio de su base
gravable, por lo que continúa siendo
la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales
en los que sean parte o beneficiarios los particulares y que,
de conformidad con las disposiciones legales, deban registrarse
en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las
Cámaras de Comercio. (Artículo 226. Ley 223 de 1995).
Mientras que la base gravable ahora estará constituida no solo por el
aumento del capital, que es lo que está actualmente sometido a registro,
sino, también, por la prima en colocación de acciones, causando que esta
última no se encuentre amparada dentro del hecho generador del tributo al
no existir una disposición legal que exija su registro.

582 el registro mercantil en colombia
Principales cambios introducidos por la Ley 1607 de 2012 583
de Reforma Tributaria que inciden en la legislación registral
-4-
Organizaciones
empresariales
La fusión, figura tendiente a la integración de patrimonios, en la que se presenta
la disolución de una o más sociedades sin liquidarse con el fin de ser
absorbidas por otra (fusión por absorción) o para la creación de una nueva
(fusión por creación), y la escisión, operación tendiente a la segregación de
patrimonios mediante la transferencia en bloque o partes de estos a una o
más sociedades existentes (escisión por absorción) o a una o varias sociedades
creadas en virtud de la escisión (escisión por creación 14 ), se encuentran
reguladas, desde el punto de vista comercial, en los artículos 172 a 179 del
Código de Comercio y 3 al 11 de la Ley 222 de 1995, respectivamente.
Por su parte, los artículos 14-1 y 14-2 del Estatuto Tributario establecían
los efectos tributarios para las fusiones y escisiones de la siguiente manera:
Artículo 14-1. Para efectos tributarios, en el caso de la fusión de
sociedades, no se considerará que existe enajenación entre las sociedades
fusionadas.
La sociedad absorbente o la nueva que surge de la fusión
responde por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e
intereses y demás obligaciones tributarias de las sociedades fusionadas
o absorbidas.
Artículo 14-2. Para efectos tributarios, en el caso de la escisión
de una sociedad, no se considerará que existe enajenación entre
la sociedad escindida y las sociedades en que se subdivide.
14 Así mismo, la escisión puede ser total o parcial, la primera opera cuando la sociedad
se disuelve sin liquidarse y la última cuando la sociedad sin disolverse transfiere
todo o parte de su patrimonio.
Las nuevas sociedades producto de la escisión serán responsables
solidarios con la sociedad escindida, tanto por los impuestos,
anticipos, retenciones, sanciones e intereses y demás obligaciones
tributarias de esta última, exigibles al momento de la
escisión, como de los que se originen a su cargo con posterioridad
como consecuencia de los procesos de cobro, discusión, determinación
oficial del tributo o aplicación de sanciones, correspondientes
a períodos anteriores a la escisión. Lo anterior, sin perjuicio de
la responsabilidad solidaria de los socios de la antigua sociedad,
en los términos del artículo 794.
Estos artículos les atribuían un efecto neutro en el ámbito fiscal a las
operaciones de fusión y escisión, al determinar que no había enajenación
entre las sociedades fusionadas y que no había enajenación entre la sociedad
escindida y las sociedades en que se subdivide, pero nada consagraba
sobre los efectos respecto de los accionistas.
Ante la amplitud de la norma fiscal, y según la exposición de motivos de
la Ley 1607 de 2012, la normatividad existente hasta el 27 de diciembre de 2012
permitía la fuga de activos y capitales sin el pago de impuestos en Colombia 15 .
Es por esto que en los artículos 319-3 y siguientes del Estatuto Tributario,
creados por el artículo 98 de la Ley 1607 de 2012, se reguló más a fondo la
materia. Se establecieron los requisitos bajo los que se entiende que no hay
enajenación para efectos fiscales, para lo que clasificó las fusiones y las escisiones
en reorganizativas y adquisitivas, dependiendo de si estas se llevan a
cabo entre vinculados o no.
15 «La legislación tributaria colombiana se ha limitado a establecer que las fusiones y escisiones
no constituyen enajenación para las sociedades participantes, sin consagrar
ningún requisito o condición adicional para otorgar dicho tratamiento. Esta regulación
es extremadamente escasa para el panorama de reorganizaciones empresariales
que se han dado en los últimos años en el país, cuyo número y sofisticación han aumentado
de manera constante año tras año. Es así como, en algunos casos, las reglas
actuales han permitido la fuga de activos y capitales sin que se paguen impuestos en
Colombia. Así mismo, en otros casos, las reglas han operado en desmedro de los contribuyentes
que legítimamente buscan adaptar la estructura formal de sus negocios
para optimizar procesos sin desprenderse de su patrimonio. Ello ha generado un sesgo
injustificado a favor de las reorganizaciones, fusiones y adquisiciones en el extranjero,
cosa que puede prevenirse con la adecuada regulación de dichas transacciones».

584 el registro mercantil en colombia
Principales cambios introducidos por la Ley 1607 de 2012 585
de Reforma Tributaria que inciden en la legislación registral
Esta normatividad, a diferencia de la anterior, determinó los efectos
para los accionistas, socios o partícipes, que serán neutros si se cumple con
los requisitos allí establecidos, y, a su vez, estableció que para efectos tributarios
se entenderá que se está frente a un proceso de escisión
cuando el patrimonio escindido de la(s) entidad(es) escindente(s) o
enajenante(s) califique como una o más unidades de explotación
económica o como uno o más establecimientos de comercio, y no
como activos individualmente considerados o como contrapartida
para segregar cuentas patrimoniales, caso en el que la respectiva
escisión tendrá el tratamiento aplicable a la enajenación de activos.
Por lo que, de esta manera, ciertas operaciones de segregación patrimonial,
no obstante ser consideradas escisiones en materia comercial, podrán
ser desconocidas en el ámbito fiscal si el patrimonio escindido no equivale
a una o más unidades de explotación económica o a uno o más establecimientos
de comercio.
Mientras la legislación mercantil clasifica las fusiones como fusión por
absorción y fusión por creación (Código de Comercio, artículo 172), y la escisión
total o parcial como creación o absorción (Ley 222, artículo 3), de acuerdo
con esta nueva regulación:
• Las fusiones o escisiones serán adquisitivas si las entidades participantes
en la fusión no son vinculadas entre sí o si la entidad escindente
y las beneficiarias, si existen al momento de la escisión,
no son vinculadas entre sí, y
• serán reorganizativas, cuando las entidades participantes en la fusión
están vinculadas entre sí, cuando se presente una fusión por
absorción entre una sociedad matriz y sus subordinadas, cuando
en la escisión la entidad escindente y las beneficiarias están vinculadas
entre sí, y cuando se presenta una escisión por creación,
siempre y cuando el patrimonio de las sociedades beneficiarias
creadas en virtud de la escisión esté constituido exclusivamente
por el patrimonio escindido. Además, se determinó que para definir
si hay o no vinculación, se debe atender a los criterios establecidos
en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario.
Cobra sentido esta clasificación porque, no obstante los requisitos
para que no se entienda que existe enajenación de acciones, cuotas o participaciones
respecto de los accionistas, socios o partícipes de las entidades
participantes, son similares para ambas clasificaciones, se exige con mayor
rigor la relación de intercambio respecto de las fusiones y escisiones reorganizativas
(el 85 % de los acciones debe participar luego de la fusión en la
entidad absorbente o resultante de la fusión, con acciones, cuotas sociales,
participaciones, derechos económicos y derechos políticos equivalentes en
sustancia a aquellos que tengan antes de la fusión, aunque proporcionales
en un 99 % a su participación en la entidad resultante de la fusión) que para
las adquisitivas (75 % y 90 %), además de que para las fusiones y escisiones
adquisitivas se establece la limitante de compensar pérdidas fiscales acumuladas
y excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida, respecto del
ingreso que genere la enajenación de los bienes, si la entidad adquirente
enajena los activos dentro de los dos años siguientes al aporte, disposición
que no aplica para las fusiones y escisiones reorganizativas.
Las fusiones o escisiones que no cumplan esos requisitos o las fusiones
o escisiones con entidades extranjeras estarán sometidas a gravamen.
Además, respecto a las clasificaciones establecidas en los artículos 319-
3 y 319-5, conviene mencionar que estas omitieron clasificar a la fusión por
creación, que, de acuerdo con su naturaleza, debería estar dentro de las fusiones
y escisiones reorganizativas. No obstante, dentro de esta última solo
se incluyeron los supuestos en que las entidades participantes en la fusión
sean vinculadas entre sí o de fusiones por absorción entre una sociedad matriz
y sus subordinadas. Sin embargo, la fusión por creación tampoco había
estado regulada expresamente en el artículo 14-1 del Estatuto Tributario,
ahora derogado por la Ley 1607 de 2012.
Ahora bien, con base en la norma del artículo 187 de la Ley 1607, según
ya se citó en el capítulo anterior, se encuentra que no solo el capital, sino la
prima, serán base para el cálculo del impuesto de registro cuando se diere
una fusión o una escisión por creación; y el mayor capital y la mayor prima
serán base para el cálculo del impuesto de registro en la fusión por absorción
o la escisión por absorción (respecto del propio capital y prima que tuviere
la absorbente).

586 el registro mercantil en colombia
587
Conclusión
Las consecuencias de la normatividad objeto de análisis afectan estrictamente
el ámbito fiscal y no el comercial o societario.
Además, se evidencia cómo en algunos casos esta regulación se queda
corta al establecer requisitos que no se podrán verificar en la práctica, puesto
que no existe regulación al respecto en el ámbito comercial que lo permita.
Tal es el caso de la inclusión en la base gravable del impuesto de registro
para actos o contratos que impliquen la constitución con el incremento de
la prima en colocación de acciones a esta última, lo que será de difícil y discutida
aplicación.
Finalmente, la Reforma Tributaria no tuvo una intención de incrementar
el recaudo, pero sí de controlar la evasión fiscal y regular en el derecho
colombiano figuras que ya estaban aplicando en razón a la suscripción de
convenios internacionales para evitar la doble imposición, o por la aplicación
de las normas supranacionales de la Comunidad Andina de Naciones.
Bibliografía
Código de Comercio.
Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y patrimonio, de 31 de marzo de 2005.
Véase en: http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/
NormativaDoctrina/Tributaria/ CDI/BOE_Colombia.pdf.
Estatuto Tributario.
Exposición de motivos al Proyecto de Ley 166/2012 (Cámara de
Representantes) y 134/2012 (Senado de la República).
Ley 1607 de 2012.
Capítulo x
La virtualización de los
servicios de registro de
las cámaras de comercio
Aproximación práctica
Erick Rincón Cárdenas
Abogado de la Universidad del Rosario (Colombia); con postgrados en Derecho
Financiero y Derecho Contractual de la Universidad del Rosario, maestría en
Derecho Mercantil de la Universidad Alfonso X de España. Doctorando en Derecho
de la Universidad Europea de Madrid.
Fue Asesor de la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Fue también Director de Carrera en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad
del Rosario. También fue Gerente General de la Sociedad Cameral de Certificación
Digital Certicámara S. A. Es Gerente de Legis Información y Soluciones. Es también
Director de la especialización en Derecho y Tecnologías de la Información de la
Universidad del Rosario.

588 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 589
Resumen
La inmaterialización, comprendida como el desarrollo de flujos documentales
electrónicos, permite simplificar, automatizar y racionalizar los procesos
dentro de todo tipo de organizaciones tanto públicas como privadas. Las cámaras
de comercio no han sido ajenas a la tendencia de uso intensivo de las
TIC en sus trámites, actuaciones y documentos. Esta realidad social se impone
como consecuencia de la masificación de las formas jurídicas. En este
artículo se analizan los principios que permiten el desarrollo de la virtualización
en las cámaras de comercio y se definen los instrumentos normativos
que facilitan aplicaciones para los usuarios de los servicios registrales por
medios electrónicos.
Summary
Inmaterialisation is understood as the development of the flow of electronic
documents, enabling the simplifying and rationalizing of processes within all
types of organisations, both public and private. The Chambers of Commerce
have not been exempt from the trend in the intensive use of the TIC in their
processes, acts and documents. This social reality is imposed as a result of the
overcrowding of legal forms. In this article, the principles are developed which
enable the development of virtualization within the Chambers of Commerce
and define the normative instruments which enable applications for the users
of registrar services through electronic means.
Introducción
Como siempre, agradezco la generosa invitación que realiza la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia para participar de tan importante publicación.
Me honra profundamente ser parte de una obra que explora las
tendencias y características más importantes de las funciones de registro
delegadas por el Estado y a cargo de las cámaras de comercio.
Circunscribiré mi análisis a la definición de los principales aspectos que
se deben tener en cuenta al momento de emprender la virtualización de
los servicios registrales, entendiendo que dicha tarea no solo resulta conveniente
para las cámaras, sino que se impone, por la irrupción de normas
tan destacadas como: la Ley 1437 de 2011, el Nuevo Código de Procedimiento
Administrativo –y de lo contencioso administrativo–, el Decreto Ley 019 de
2012 sobre simplificación y racionalización de trámites, la Ley 1564 o Nuevo
Código General del Proceso; entre tantas otras que, recientemente, han habilitado
de manera especial el uso de medios electrónicos en todo tipo de
trámites y actuaciones.
Comenzaré mi análisis por las necesidades más apremiantes en materia
de aseguramiento técnico y jurídico de los procesos de virtualización.
Abordaré posteriormente lo relativo a los principios jurídicos de los entornos
electrónicos aplicables a procesos de virtualización. Posteriormente,
haré énfasis en el principio de equivalencia funcional, desarrollado en extenso
dentro de la virtualización, y finalmente haré una referencia práctica
a la virtualización de registros públicos, con la definición de los trámites a
cargo de las cámaras de comercio.

590 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 591
-1-
RIESGOS TÉCNICOS
Y JURÍDICOS DE LA
INFORMACIÓN ELECTRÓNICA
Cuando hablamos del uso de canales electrónicos, es necesario analizar
los riesgos asociados al mismo, con el propósito de establecer los medios
que mitigan dichos riesgos, tanto desde el punto de vista jurídico como del
técnico. Este análisis permitirá establecer la importancia que juega la denominada
firma electrónica y/o digital, como mecanismo idóneo en el aseguramiento
de la información electrónica, gracias a los especiales atributos
técnicos y jurídicos a su favor.
a. Suplantación. Cuando estamos en presencia de canales electrónicos
de comunicación, por ejemplo la red pública de Internet,
existe un alto riesgo de que la persona con la que interactúe el
sistema no sea quien dice ser, lo cual tiene que ver con la autenticidad
y garantía de origen. La autenticidad, que se refiere al
atributo requerido para mitigar el riesgo de suplantación, es un
tema de la mayor importancia, pues la determinación del origen
de un mensaje de datos es absolutamente necesaria en cualquier
comunicación electrónica. La determinación de la autoría es necesaria
para verificar, entre otras cosas, la capacidad y competencia
de las partes involucradas en una comunicación electrónica; por
ejemplo, la representación legal o poder de representación de la
persona jurídica o moral es la única que puede vincular de manera
efectiva y legal a dicha persona con la actuación. Muchos países
han adoptado la legislación que da validez legal a los documentos
electrónicos y a las firmas digitales o electrónicas para cumplir
con los propósitos de garantizar el origen, mitigando los riesgos
jurídicos asociados a la suplantación en medios electrónicos.
b. Alteración. Los medios electrónicos –y en general la información
electrónica contenida en distintos tipos de archivo (por ejemplo
Word, Excel, PDF, PowerPoint), o cualquier tipo de procesador de
texto, o imágenes y video– son susceptibles de ser modificados o
alterados. Un ejemplo práctico de ello es el de cómo, sin ningún conocimiento
previo en sistemas, una persona puede alterar un correo
electrónico con solo sobrescribir en el texto, y lo puede remitir
o guardar con un contenido diferente al original. La integridad, que
se refiere al atributo requerido para mitigar el riesgo de alteración,
consiste en la confirmación de que el mensaje de datos –o información
electrónica– corresponda al enviado, por cuanto en la comunicación
electrónica es susceptible de modificarse cualquier parte
del mismo. También hace alusión a que la información enviada no
carezca de alguna de sus partes, ni que haya sido transformada.
Este es uno de los requisitos esenciales con los que se le da plena
validez jurídica al documento electrónico. En el proceso de transmisión
de información electrónica, existen trasiegos susceptibles a
una toma no autorizada de la información, y a su posible modificación,
así como la posibilidad de manipular la información a lo largo
del proceso de conservación y archivo. Con el fin de mitigar este
riesgo, existen varias tecnologías –entre ellas el asocio de una firma
digital al documento, dotándolo de la posibilidad de determinar si
el mismo sufrió alteraciones en el proceso de comunicación–, para
establecer si se confía o no en el documento recibido; y si dicha verificación
es exitosa, determinar la integridad o no del documento.
c. Pérdida de confidencialidad. La internet trae consigo innumerables
ventajas de comunicación, pero, a su vez, un reto en materia
de seguridad y confidencialidad, ya que la información o sistemas
se exponen a la posibilidad de ser interceptados por personas no
autorizadas. La confidencialidad implica que la información solo
sea compartida por las personas u organizaciones autorizadas. El
cifrado de la firma digital y/o electrónica es un camino en la búsqueda
de dicha garantía.
d. Rechazo o repudio. Al existir los anteriores riesgos –como la suplantación
y la alteración de la información–, el repudio, que
corresponde a un riesgo jurídico, es el rechazo a la autoría o la

592 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 593
integridad de la información trasmitida por medios electrónicos.
e. Negación de recepción. En la mayoría de los sistemas de información
electrónica –especialmente en el correo–, la recepción del
mensaje queda sujeta al accionar del destinatario. Esta situación
abre la posibilidad de negar la recepción del mensaje. Por ejemplo,
los acuses de lectura tradicionales dependen de que el receptor
autorice dicha respuesta. Hay parámetros que pueden ser fácilmente
alterados, pues dicho acuse corresponde a un texto simple
y sin protección, y no implica alguna información acerca del contenido
del mensaje. Esto mismo puede suceder con otros sistemas
de transmisión de datos.
f. Conflictos en la fecha y hora. La fecha y la hora –en la generación,
el envío y la recepción de información electrónica– juegan un papel
muy importante en materia probatoria. Por ejemplo, la generación
de un documento en un procesador de texto, vinculará la
fecha y hora del computador del emisor; y esa fecha podría estar
errada, desincronizada, o no corresponder a la del país donde se
van a producir los efectos jurídicos de la transacción. Asimismo, se
pueden redactar correos electrónicos sin encontrarse conectado a
Internet, y, sin embargo, dicho correo asocia como fecha y hora la
del momento en que se acciona enviar, aunque el correo esté aun
en la bandeja de salida.
generación y el almacenamiento de estos documentos –equipos y
aplicaciones–; y la fragilidad de los soportes en los que se conservan,
teniendo en cuenta el desarrollo y evolución de la tecnología.
• El cambio o la alteración de la información electrónica, incluso
mediante la reutilización de los soportes.
• La virtualidad de la información. Como es el caso del correo electrónico,
que, en la mayoría de casos, es eliminado sin control, dejando
sin soporte muchas transacciones y operaciones con incidencia
jurídica.
• La ubicación de la información, que es usada por organismos que
la comparten; lo que impide, en muchos casos, identificar quién
la generó.
• Las dificultades para identificar el tipo y la forma de los documentos.
La forma documental –original, copia– tiene especial relación
con el valor probatorio de tales documentos, o con su validez
jurídica.
La mayoría de veces, los proyectos de sistemas de información –para
virtualizar procesos, procedimientos o trámites administrativos– son liderados
o motivados por el área funcional o técnica, que desconoce las implicaciones
jurídicas que impiden su implementación plena, y la obligación de
usar el papel en parte del proceso; o, en ocasiones, corren riesgos que pueden
comprometer a la entidad a futuro, o desprotegerla probatoriamente
en caso de controversia y aplicación de multas o sanciones.
Sumados a los riesgos detallados, existen una serie de retos frente a los
documentos tradicionales en papel, como son:
• El contenido de un documento electrónico está consignado sobre
un soporte no apreciable por los sentidos.
• La obsolescencia de las tecnologías que intervienen en la

594 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 595
-2-
PRINCIPIOS ASOCIADOS A
LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS
2.1 Equivalencia funcional
Todo aquello que puedo realizar por medio físico o tradicional podré realizarlo
por medios electrónicos, con el mismo valor jurídico y probatorio. Es
decir: la función jurídica que cumple la instrumentación escrita y autógrafa
respecto de todo acto jurídico –o su expresión oral–, la cumple de igual forma
la instrumentación electrónica a través de un mensaje de datos, con independencia
del contenido, la extensión, el alcance y la finalidad del acto así
instrumentado. Esa equivalencia funcional trae consigo la determinación de
no discriminar la información electrónica (mensajes de datos) con respecto
a la manera escrita o tradicional, y darles así el mismo tratamiento desde el
punto de vista probatorio y jurídico. Lo anterior, en búsqueda de que las tecnologías
de la información imiten enteramente toda garantía que el medio
o procedimiento tradicional exija o requiera.
2.2 Neutralidad tecnológica
Es el principio que establece que la ley y su implementación no debe estar
atada a una tecnología en particular, sino abarcar las tecnologías que propiciaron
su reglamentación, así como las tecnologías que se están desarrollando
y están por desarrollarse. Es este punto es necesaria la discusión que
permita aclarar que:
nuestra región, se le ha dado total neutralidad al concepto, sin
atarlo a tecnología alguna, con el fin de garantizar la aplicación
del presente principio.
• La firma digital y/o electrónica es el mecanismo idóneo de la firma
manuscrita, pues sobre ella se presume aseguramiento jurídico,
que no está atado a ninguna tecnología en particular, y que a la
fecha utiliza la PKI (infraestructura de llaves públicas) como estándar
mundial. Pero a futuro podrá basarse en otras tecnologías,
que para esa época permitan garantizar las características solicitadas
por dichas leyes.
2.3 Inalterabilidad del derecho preexistente
El comercio electrónico no implica una modificación de la sustancialidad del
actual derecho de las obligaciones. Esto, teniendo en cuenta que el canal
electrónico y su aplicabilidad jurídica sobre todo tipo de transacciones es
simplemente un nuevo soporte y medio de transmisión de las voluntades
negociales o prenegociales. Por ello, no puede modificarse el derecho preexistente,
referente a su perfección, desarrollo y ejecución. Por ejemplo: si
nos encontramos, en materia de análisis de pruebas, frente a una maniobra
engañosa para obtener un beneficio económico que en derecho se denomina
estafa; si el canal por el cual se propició fue electrónico, el delito en
que se incurre es el mismo –estafa–, y se le aplica el código penal del país.
Es decir, el canal electrónico no produce efectos o procedimientos distintos
ante una actuación: si hablamos de temas administrativos públicos, aplicará
el Código Contencioso Administrativo; si son de tipo procesal, el Código
de Procedimiento Civil; de tipo comercial, el Código de Comercio, etc. Por lo
anterior, no se hace necesario cambiar estructuras de leyes existentes, pues
el canal electrónico será un nuevo medio.
• La firma digital y/o electrónica no es una tecnología. Bajo las leyes
en materia de medios electrónicos existentes –y por emitirse– en

596 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 597
-3-
MANIFESTACIONES
DEL PRINCIPIO DE LA
EQUIVALENCIA FUNCIONAL
iii.
iv.
representen la misma seguridad en medios electrónicos.
La sustitución de la documentación original solicitada en medio
físico, por aquella que permita determinar en medios electrónicos
su integridad.
El deber de archivo y conservación del expediente durante el período
establecido, y su disponibilidad para procesos de fiscalización,
control o publicidad; que deberá satisfacer los siguientes
requisitos, en medios electrónicos: autenticidad, integridad, fecha
de inicio y finalización de la conservación, y posterior consulta.
Uno de los principales requisitos para el desarrollo de los medios electrónicos
lo constituye la seguridad jurídica y técnica en el uso de las nuevas tecnologías,
frente al marco jurídico existente en diferentes países. Los partícipes en
una operación electrónica o transmisión de información –por ejemplo una
compra o una venta– deben tener plena confianza en que todas las operaciones
que van a realizar por dicho medio tengan valor jurídico; aún más si
esta operación o transacción corresponde a un ejercicio público de interés
general, que pueda correr riesgos de suplantación, alteración y no repudio.
El objetivo central de las leyes en materia de uso de medios electrónicos,
firma electrónica y/o digital, y en general los instrumentos normativos
que habilitan o regulan la utilización de dichos canales, es otorgar pleno valor
probatorio a los «mensajes de datos», como denominan dichas leyes a la
información digital.
La ley colombiana –Ley 527 de 1999– atiende cuatro manifestaciones
de equivalencia funcional que, como describimos en la anterior sección, es
catalogado como el principio vector de los medios electrónicos; y básicamente
establece que: «Todo aquello que puedo realizar por medio físico o
tradicional podré realizarlo por medios electrónicos, con el mismo valor jurídico
y probatorio». Dicha equivalencia está presente, en el tratamiento del
fenómeno por medios informáticos, en:
i. La sustitución del soporte en papel del documento por un nuevo
soporte electrónico.
ii. El reemplazo de aquellas formalidades inherentes a los documentos
físicos –como lo es la firma manuscrita–, por aquellas que
Por lo anterior, resulta necesario abordar cada una de las manifestaciones
mencionadas, respecto a su interpretación y alcance, como lo hacemos
a continuación.
3.1 El equivalente funcional de escrito
Establece que cuando cualquier norma requiera que la información conste
por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si
la información que contiene es accesible para su posterior consulta. Lo dispuesto
se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye
una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso
de que la información no conste por escrito. Es por ello que podremos, en
materia de información electrónica, abordar con plena validez el documento
como noción procesal de documento, entendiendo con ello que su soporte
para cualquier caso de implementación de sistemas de información o
virtualización será el mensaje de datos; es decir, la información contenida en
un medio electrónico que permita el acceso a la misma durante el tiempo.
3.2 El equivalente funcional de firma
El Decreto 2364 de 2012 establece la reglamentación del artículo 7 d la Ley
527 de 1999. Con esta norma se complementa el marco jurídico de los diferentes
mecanismos de autenticación previstos en Colombia. En efecto,
el Decreto expedido por el Gobierno nacional tiene algunas características

598 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 599
que benefician el uso de los medios electrónicos, aquellas se describen
brevemente:
a. Se definen los criterios de confiable y apropiable en el uso de los
mecanismos de autenticación. La firma electrónica estaba definida
en la ley como un mecanismo confiable y asimilable, por el
individuo, que permitía identificar a una persona ante un sistema
de información, pero no se encontraba definido qué se entendía
por confiable y apropiable. El decreto define cuál debe ser el alcance
de esas expresiones, resaltando los atributos de autenticidad e
integridad para satisfacer esas condiciones de seguridad técnica.
b. Se establece la relación de género y especie que existe entre firmas
electrónicas y firmas digitales, señalando las diferencias que
existen en su tratamiento probatorio, pues en el último mecanismo
señalado existe una inversión probatoria.
c. Se establece el uso de la firma electrónica mediante acuerdo de
las partes de una relación jurídica, pero se establece también de
manera clara que estos mecanismos deben garantizar las condiciones
de confiabilidad y, en ese orden de ideas, quien predisponga
métodos de autenticación como, por ejemplo, bancos o
entidades financieras, deberán garantizar las condiciones de autenticidad
e integridad definidas como alcance del concepto de
confiabilidad. Esto redunda en la seguridad de consumidores y de
usuarios finales.
d. Se destaca la neutralidad tecnológica de los diferentes mecanismos
de autenticación, lo que posibilitará el uso de cualquier tipo
de tecnología para estos efectos con plenas consecuencias jurídicas
y, de igual forma, se reitera que la firma digital es un mecanismo
neutro tecnológicamente.
e. Se definen criterios para determinar la seguridad de la firma electrónica,
haciendo una expresa alusión a la necesidad de contar
con auditorias técnicas o la intervención de terceros especializados
para definir las condiciones de confiable y apropiable de los
mecanismos de firma electrónica.
f. Los mecanismos de autenticación deben ser tanto confiables
como seguros con independencia de quién los provea y deberán
probarse en cualquier momento esas condiciones.
g. Una interesante reflexión es que cuando la firma electrónica sea
consecuencia de una acuerdo de voluntades, necesariamente este
método de autenticación será aplicable interpartes, con lo que no
podrá hacerse oponible a terceros, por ejemplo, en la circulación
de títulos valores electrónicos, donde ya existe un régimen definido
para el uso de documentos electrónicos transferibles.
La firma electrónica, a diferencia de lo que ocurre con la firma manuscrita,
es un concepto relativo. Es decir, cuando se firma manuscritamente un
documento, no importa ni la cuantía de la transacción ni la importancia que
la misma tiene para las partes interesadas, para efectos de considerar que el
documento escrito se encuentra firmado. Sin embargo, no sucede lo mismo
en el medio electrónico, toda vez que en este último no todos los mecanismos
de firma electrónica sirven para firmar el mismo tipo de transacciones
o documentos. Si un documento electrónico está o no firmado, depende de
dos grandes factores:
i. El método de firma utilizado.
ii. El tipo de mensaje de datos que se está firmando.
El solo hecho de usar un mecanismo de firma electrónica no es suficiente
para considerar que el documento se encuentra válidamente firmado
(jurídicamente), sino que el mecanismo debe cumplir con dos requisitos
valorativos: debe ser confiable y debe ser apropiado. Estos dos conceptos no
se analizan abstractamente, sino en relación con el contenido del mensaje
de datos que está siendo firmado y con la transacción que se está realizando.
Contrario a lo que ocurre con los medios físicos, el contenido del
mensaje de datos que se está firmando es relevante para determinar si el
mismo está firmado.
A primera vista, lo anterior puede resultar paradójico, pero cuando se
analiza con detenimiento, puede verse cómo esta solución del legislador
responde a una de las más importantes características de los medios electrónicos,
y es su facilidad de manipulación. Sin la presencia de mecanismos
de firma electrónica con seguridad especial, la información que reposa en un
medio electrónico es fácilmente manipulable y la manipulación puede que

600 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 601
no deje rastro. El nivel de confiabilidad de un mensaje de datos que no tiene
ningún tipo de seguridad técnica es mínimo, y su valor probatorio prácticamente
nulo. Un mensaje de datos debe revestirse de cierta seguridad para
que se le pueda conceder valor probatorio. Y si se quiere que el mismo se
considere firmado jurídicamente, esa seguridad debe referirse tanto a quién
creo el mensaje de datos o quiere vincularse por él como a la relevancia o
importancia del contenido del mensaje.
Sin esos niveles mínimos de seguridad, no puede considerarse que la
firma electrónica «existe», al menos jurídica y probatoriamente; lo que está
en juego aquí es nada menos que la existencia de la firma como tal. Si la firma
no cumple con los requisitos de ser confiable y apropiada, sencillamente
no puede existir. Eso no significa, por supuesto, que el mensaje de datos que
no cumpla con esos niveles mínimos de seguridad no se considere un mensaje
de datos. Lo es de acuerdo con la definición del artículo 2. Sin embargo,
el mismo tendrá, a lo sumo, la consideración de escrito que permite el artículo
6, que es una consideración probatoria bastante limitada.
De lo anterior se colige una importante consecuencia en materia de
carga probatoria. Quien afirme que un mensaje de datos está firmado, no
solamente debe probar la existencia del mensaje de datos, sino que debe
probar, igualmente, que el documento se encuentra debidamente firmado;
debe probarse la «existencia» de la firma confiable y apropiada. Esta es una
verdadera carga probatoria adicional para quien pretende darle fuerza probatoria
a un mensaje de datos. Así, quien afirme que un mensaje de datos se
encuentra firmado, debe allegar las pruebas:
1. Del método de firma utilizado.
2. Probar que ese método es confiable para el tipo de transacción.
3. Que el método es apropiado para el tipo de transacción.
Quien solamente allega a un proceso judicial un mensaje de datos o
quiera hacer valer un documento electrónico, por ejemplo, un archivo electrónico
en formato de procesador de textos, y afirma que el mismo está firmado,
pero no allega ninguna prueba para corroborar los hechos relacionados
con la firma del documento, no podrá esperar que el juez considere
que el documento se encuentra verdaderamente firmado, salvo en ciertas
circunstancias especiales en las que el nivel de confiabilidad es mínimo. En
otras palabras, la firma es un hecho que debe ser probado dentro de un proceso.
Determinar si un documento está firmado es relativo al tipo de transacción
realizada, a su contexto y a la información contenida en el mensaje
de datos que se está firmando. Esta es, sin duda, una de las principales diferencias
que encontramos entre el medio físico y el medio electrónico.
Esta diferencia se puede apreciar mejor cuando se repara en aquellas
que el Código General del Proceso establece respecto de los documentos
sin firma y los documentos firmados. Para que un documento sin firma tenga
efectos probatorios en un proceso judicial, se requiere de la aceptación
expresa de la persona a quien se opone. Pero si el documento se encuentra
firmado, bastará con el silencio de quien se supone el firmante para que el
mismo se entienda reconocido. En el contexto del mensaje de datos, si no se
allegan las pruebas relacionadas con el método de firma, se tomará como
un documento no firmado y su tratamiento será el de este tipo de documentos.
Si se allegan las pruebas de la firma y el juez o la autoridad que evalúa la
prueba consideran que las mismas demuestran que el método fue confiable
y apropiado, el tratamiento será el de los documentos firmados y la parte a
quien se opone deberá afirmar la falsedad del documento.
Ahora bien, como anteriormente se mencionó, el método debe cumplir
con dos características: ser confiable y apropiado. La Ley 527 utilizó dos conceptos
jurídicos indeterminados para condicionar la existencia de una firma
electrónica y no estableció expresamente un sistema de valoración de los
mismos que pudiera dar una guía sobre su interpretación.
Luego, en principio, la definición de cuándo el método de firma es confiable
y apropiado para la transacción que se está realizando o para el mensaje
de datos que se está firmando es un asunto que estará sujeto a la sana
crítica del juez.
La ley colombiana que regula el comercio electrónico (Ley 527 de 1999),
en la parte técnica sobre firma digital y entidades prestadoras de servicios
de certificación, establece condiciones adicionales de seguridad técnica-jurídica
a las transacciones electrónicas, que garantizan confidencialidad, integridad,
identificación o autenticación y no repudio. Estos cuatro pilares son

602 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 603
los garantes de que las transacciones electrónicas cuenten con la seguridad
necesaria para su ejecución y son estudiados y resueltos por la criptografía 1 .
Con la confidencialidad se garantiza que los mensajes de datos lleguen,
exclusivamente, a las personas autorizadas; con la integridad, que el mensaje
de datos no sea interceptado y modificado durante el envío; con la autenticación
y mediante el uso de una firma digital (sistema de clave pública),
que se reconozca al titular de la firma y del mensaje, y con el no rechazo o
repudio y a través del uso de los servicios de certificación digital, se podrá
tener claridad de que el destinatario de un mensaje no desconocerá su recepción
y de que el autor no negará su autoría.
En el modelo de las normas colombianas se pueden ver tres tipos de
equivalencia funcional frente a la firma manuscrita, a saber: a) firma electrónica,
b) firma digital y c) firma digital con certificado de entidad de certificación
abierta.
-4-
FIRMA DIGITAL
La firma digital se encuentra definida en el artículo 2 de la Ley 527 como un
procedimiento matemático conocido que permite garantizar dos atributos
propios de las comunicaciones electrónicas: la autenticidad y la integridad; y
derivan, por esto, en un tercero que tiene también gran trascendencia jurídica:
el no repudio. Las características de la firma digital hicieron que el legislador
le confiriera una presunción de confiable y apropiable, que no hace necesario
el acuerdo previo entre las partes para que se definan, pues se dan de manera
automática. La razón es también simple, pues para que se entienda válidamente
emitida una firma digital, en Colombia se requiere de la intervención
de un tercero de confianza denominado «entidad de certificación», que avala
precisamente la identidad de quien aparece como titular de la firma digital.
La intervención del tercero (prestador de servicios de certificación) resulta
fundamental, ya que permite garantizar la identidad de los firmantes,
la ley estableció a su favor tres atributos fundamentales en el aseguramiento
jurídico de la información electrónica, a saber:
1 Ciencia de las matemáticas que estudia la ocultación, disimulación cifrada de la
información de tal manera que cifrar es transformar una información en inteligible,
al utilizar un procedimiento matemático conocido y una clave determinada,
consiste en que quien conozca y aplique el procedimiento y la clave determinada,
podrá acceder a la información originalmente.
i. La autenticidad, en la medida que se puede verificar en un
mensaje de datos firmado digitalmente quién es su autor,
quién se compromete jurídicamente.
ii. La integridad, pues el destinario de ese mensaje de datos podrá
verificar si la información ha sido o no alterada en el proceso
de comunicación electrónica y esto, incluso, es muy útil
para determinar la originalidad electrónica del mensaje de
datos, a la luz de los artículos 8 y 9 de la Ley 527.
iii. El no repudio, pues quien firma digitalmente se compromete
con la suscripción respectiva y posteriormente no le es dado
retractarse o refutar dicho acto. Recuérdese que el legislador
le ha conferido a la firma digital estas especiales características
probatorias, porque en el medio de la emisión se encuentra
un tercero que avala la identidad del titular de la firma.

604 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 605
Después de muchos años de controversia suscitados por la falta de unificación
de un criterio por parte de la doctrina en cuanto a establecer si la
firma digital reconocida por la Ley 527 de 1999 era el único tipo de firma que
podía ser equiparable con la firma manuscrita, o si, por el contrario, cualquier
tipo de firma electrónica cumplía con los criterios equiparables a la firma
manuscrita, dotando, de esta manera, de validez jurídica y probatoria a los
documentos que fueran firmados por cualquiera de estos mecanismos tecnológicos,
surge y se aprueba el Decreto 2364 de 2012 (confróntese Artículos
2.2.2.47.1. y siguientes del Decreto 1074 de 2015), por el cual se reglamenta el
artículo 7 de la Ley 527 de 1999 sobre firma electrónica y establece lo siguiente:
«Artículo 5. Efectos jurídicos de la firma electrónica. La firma electrónica
tendrá la misma validez y efectos jurídicos que la firma, si
aquella cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3 de
este decreto». Conforme a lo establecido en este artículo, se da por
concluida la controversia anteriormente señalada y se concluye que
no solo la firma digital, sino cualquier firma electrónica que se utilice
para firmar cualquier documento electrónico, le proporcionará validez
y efectos jurídicos de la misma manera que una firma manuscrita
lo hace. Lo anterior debe entenderse bajo lo señalado en el artículo
3 del mismo Decreto, así: «Artículo 3. Cumplimiento del requisito de
firma. Cuando se exija la firma de una persona, ese requisito quedará
cumplido en relación con un mensaje de datos si se utiliza una firma
electrónica que, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido
cualquier acuerdo aplicable, sea tan confiable como apropiada para
los fines con los cuales se generó o comunicó ese mensaje».
De esta manera, cada vez que se firme un documento por medio de una
firma electrónica, debe analizarse el contexto y el tipo de transacción que va
a realizarse para que de esta manera se pueda establecer cuál es el mecanismo
tecnológico más apropiado para cada caso en concreto. Con esto, el
decreto reglamentario deja en manos de las partes la decisión de escoger
o elegir el tipo de firma electrónica que desee utilizar para firmar los documentos
con forme al nivel de seguridad que pretenda garantizar.
De conformidad con lo anterior, puede concluirse que en Colombia se
encuentran reconocidas tanto la firma electrónica (género) como la firma
digital (especie), y que si bien las dos pueden producir los mismos efectos
jurídicos como mecanismos de autenticación, también es cierto que existen
profundas diferencias en la carga probatoria de los atributos de seguridad
jurídica arriba explicados por la intervención del tercero denominado entidad
de certificación. La diferencia, entonces, es exclusivamente probatoria,
pues si bien la firma digital de manera automática incorpora la autenticidad,
integridad y no repudio, en la firma electrónica es necesario probarlos,
además de determinar que se trata de un mecanismo confiable y apropiable.
Este tratamiento probatorio diferente está justificado por la firma en
la que se emiten, por la tecnología que utilizan y por la intervención de un
tercero de confianza.
Sin embargo, los dos mecanismos coexisten en nuestro ordenamiento
jurídico, teniendo, entonces, una utilidad distinta, pues la firma electrónica
será aplicable cuando estemos en presencia de un acuerdo previo entre las
partes, relaciones de permanencia, de confianza; mientras que la firma digital
tiene especiales características probatorias, es un mecanismo que elimina
la discusión sobre la presencia de atributos de seguridad jurídica y no requiere
de acuerdo para su utilización. Su utilización vendrá dada por el análisis
de riesgos de la información que haga cada entidad, empresa u organización
(riesgos de suplantación, de alteración o de repudio), y por la naturaleza misma
del documento o del trámite que se realice por medios electrónicos. Por
ejemplo, en el caso de títulos valores electrónicos, que tienen dentro de sus
características la libre circulación, pretender utilizar un mecanismo distinto
a la firma digital resulta completamente inapropiado, pues este tipo de documentos
electrónicos, que se pueden endosar tantas veces se quiera, deben
garantizar el equivalente idóneo de la firma y, adicionalmente, deben permitir
que los destinarios del mismo puedan comprobar de manera confiable y
apropiable la autenticidad e integridad del instrumento.
No cabe duda de que su utilización dependerá del análisis de riesgos de
la información electrónica y de las características del documento o trámite
por medios electrónicos, pues si se quieren garantizar de manera inequívoca
los atributos de seguridad jurídica de las comunicaciones electrónicas,
el uso de la firma digital resulta fundamental. Incluso, en la actualidad es
posible acceder a este tipo de mecanismos a precios competitivos dentro
de los referentes internacionales y en condiciones de servicio óptimas para
la masificación de diversas actuaciones y trámites por medios electrónicos.

606 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 607
4.1 Atributos de seguridad jurídica
Cuando un mensaje de datos está firmado digitalmente (Rincón, 2008) y
certificado a través de un instrumento de firma digital emitido por una entidad,
dicho mensaje goza de las atribuciones de seguridad jurídica, establecidas
en el artículo 28 2 de la Ley 527 de 1999, estos son:
Atributos de seguridad jurídica
Autenticidad Integridad No repudio
Figura 1: Atributos de seguridad jurídica.
• Autenticidad:
Garantiza que la identidad del emisor del mensaje es quien dice ser.
• Integridad:
Garantiza que el mensaje no haya sido alterado o modificado después
de la firma.
• No repudio:
Garantiza que el emisor no podrá negar el conocimiento de un
mensaje ni los compromisos adquiridos con él.
2 Artículo 28. Atributos Jurídicos de una Firma Digital. Cuando una firma digital
haya sido fijada en un mensaje de datos se presume que el suscriptor de aquella
tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido
del mismo.
Parágrafo. El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que el uso
de una firma manuscrita, si aquella incorpora los siguientes atributos:
1. Es única a la persona que la usa.
2. Es susceptible de ser verificada.
3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa.
4. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si estos son cambiados,
la firma digital es invalidada.
5. Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno nacional.
No obstante lo anterior, el artículo 17 3 de la Ley 527 indica que existe
presunción del origen de un mensaje de datos, es decir, otorga una presunción
de autenticidad en los casos allí reseñados cuando se trata de actos
administrativos o actos preparatorios o posteriores de actos administrativos;
así, cuando un acto administrativo ha sido suscrito por el funcionario
3 Artículo 17. Presunción del origen de un mensaje de datos. Se presume que un
mensaje de datos ha sido enviado por el iniciador, cuando:
1. Haya aplicado de forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el
iniciador para establecer que el mensaje de datos provenía efectivamente de este, o
2. El mensaje de datos que reciba el destinatario resulte de los actos de una persona
cuya relación con el iniciador, o con algún mandatario suyo, le haya dado
acceso a algún método utilizado por el iniciador para identificar un mensaje de
datos como propio.
En España, que ha sido nuestro modelo en materia de identificación y autenticación,
el Real Decreto ha pretendido establecer los elementos mínimos imprescindibles
para afianzar el criterio de flexibilización impulsado en la Ley 11/2007, de 22 de junio,
en la que, junto con la admisión como medio universal de los dispositivos de identificación
y firma electrónica asociados al documento nacional de identidad, se admite
la utilización de otros medios de autenticación que cumplan con las condiciones de
seguridad y certeza necesarias para el normal desarrollo de la función administrativa.
Se ha previsto un régimen específico que facilita la actuación en nombre de terceros a
través de dos mecanismos fundamentales: por un lado, la figura de las habilitaciones
generales y especiales, pensadas fundamentalmente para el desempeño continuado
y profesional de actividades de gestión y representación ante los servicios de la
Administración, así como un registro voluntario de representantes, también pensado
con la finalidad de facilitar el ejercicio de la función de representación, estableciendo
un mecanismo de acreditación en línea del título previamente aportado a dicho
registro. El Real Decreto especifica, igualmente, las previsiones contenidas en la ley,
en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios públicos habilitados al efecto puedan
realizar determinadas operaciones por medios electrónicos usando sus propios
sistemas de identificación y autenticación en aquellos casos en que los ciudadanos
no dispongan de medios propios. La relevancia jurídica de la actividad administrativa
ha exigido prestar una atención singularizada al uso de los medios de identificación
y autenticación electrónica por parte de la Administración, estableciendo la
necesidad de incorporación de sellos o marcas de tiempo que acrediten la fecha de
adopción de los actos y documentos que se emitan. Igualmente, se ha dispensado
una atención especial a la autenticación en el seno de la actuación automatizada.
Por último, se incorporan unas previsiones destinadas a garantizar la interoperabilidad
y efectividad del sistema de la ley, entre las que se incluye un reconocimiento
expreso a las políticas de firma que serán los instrumentos encargados de especificar
las soluciones técnicas y de organización necesarias para la plena operatividad de los
derechos reconocidos en la ley, un sistema nacional de verificación de certificados
dispuesto para simplificar y agilizar las operaciones de comprobación de la vigencia
de los certificados.

608 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 609
competente y se ha satisfecho el requisito de publicidad, dicho acto goza
de presunción de legalidad 4 , es decir, se considera, en palabras del Dr. Carlos
Ariel Sánchez (2004) 5 , que dicho acto está ajustado a derecho, esto es, a las
normas jurídicas que le son aplicables; enmarcándose dentro de una presunción
iuris tantum, o de hecho, al admitir prueba en contrario cuando se
demuestre que se contravino el ordenamiento jurídico.
Ahora bien, tratándose de mensaje de datos, la presunción de legalidad
de que trata la Ley 527 de 1999, esto es, los artículos 17 y 28, se diferencian de
la siguiente forma:
4.2 Presunción de legalidad del artículo 17
de la Ley 527 de 1999:
Se presume la autenticidad cuando se dan los supuestos que indica la norma,
esto es, que haya un procedimiento previamente acordado entre el iniciador
y el destinatario y que exista un método que permita demostrar que
dicho mensaje de datos proviene del iniciador. Esta presunción, como se observa,
indica que quien envía el mensaje de datos haya establecido en procedimiento
previo que al usarse y aplicarle una metodología determinada
permite concluir que dicho mensaje proviene del iniciador. Se garantiza, en
este caso, la autenticidad, pero la responsabilidad sobre la confiabilidad de
dicho mensaje recae en las partes intervinientes en la comunicación.
La presunción de legalidad de que trata el artículo 17 de la Ley 527 de
1999 se refiere a la autenticidad, es decir, se presume que quien creó el mensaje
de datos es quien dice ser; sin embargo, dicha presunción no abarca
4 Código Contencioso Administrativo. Artículo 88: Presunción de legalidad del acto
administrativo. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan
sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren
suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre
su legalidad o se levante dicha medida cautelar.
5 Sostiene el Dr. Carlos Ariel que: «El fundamento de la presunción se encuentra en la
celeridad y seguridad que debe reinar en la actividad administrativa, puesto que la
legitimidad del acto administrativo no necesita ser declarada por los organismos jurisdiccionales,
ya que entorpecería la actuación misma que deba realizarse en interés
público, que, como es de dominio general, prima sobre el interés privado» (2004, p. 8).
el atributo de la integridad, de manera que no puede, a partir del artículo
17, presumirse la integridad del mensaje de datos. Por su parte, el atributo
de no repudio aplicará para la autenticidad, pero no para la integridad del
mensaje de datos, lo que significa que, con fundamento en el artículo 17, el
iniciador del mensaje de datos podrá afirmar que el mensaje es auténtico y
que no habrá repudio frente a dicha autenticidad, lo que no podrá predicarse
de la integridad del mensaje de datos.
4.3 Presunción de legalidad del artículo 28
de la Ley 527 de 1999:
En esta presunción de legalidad, se traslada a un tercero de confianza la confiabilidad
de la forma en que fue enviado, recibido e, incluso, almacenado
dicho mensaje de datos.
La presunción de legalidad del artículo 28 de la Ley 527 comprende todos
los atributos de seguridad, es decir, que un mensaje de datos, al ser firmado
digitalmente a través del mecanismo proporcionado por una entidad de certificación
digital debidamente autorizada, hará presumir que dicho mensaje
es auténtico, es íntegro y no podrá ser repudiado ni en su autenticidad ni en
su integridad.
4.4 El equivalente funcional de original
A continuación, se define el concepto de «original» en los medios electrónicos,
estableciendo que, cuando cualquier norma requiera que una información
sea presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará
satisfecho con un mensaje de datos, si: a) Existe alguna garantía confiable
de que se ha conservado la integridad de la información que se generó por
primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra
forma; b) Si se requiere que la información sea presentada o mostrada a la
persona que se deba presentar.
Este equivalente supone un cambio de paradigma en lo que corresponde
a la originalidad. Lo que se entiende por documento original en el mundo
físico es el primero, y los que se deriven de él serán las copias. Este concepto

610 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 611
es imposible de sostener en los medios electrónicos por la facilidad de reproducción
de un documento electrónico. Supongamos el envío de un PDF
a una persona, y que esa persona se lo envíe a cien destinatarios, y esos cien
a otros mil. Es imposible decir cuál es el primero. Por ello los legisladores
adoptaron el concepto emitido por la Uncitral (sigla en inglés de la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI)
en materia de originalidad del medio electrónico, considerando que un documento
o mensaje de datos es original si es íntegro; o sea, originalidad es
igual a integridad, que se refiere a que el documento no haya sufrido ninguna
alteración o cambio. Es decir, que se mantenga inalterado desde su generación,
considerándose original. Lo anterior lleva a la conclusión de que en
el canal electrónico pueden existir varios originales del mismo documento,
siempre y cuando de cada uno se pueda derivar su integridad.
Se ha consagrado en las leyes una definición del concepto de integridad,
considerando que la información consignada en un mensaje de datos
es íntegra si esta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de
algún endoso o de algún cambio inherente al proceso de comunicación, archivo
o presentación. El grado de confiabilidad requerido será determinado
a la luz de los fines para los que se generó la información.
Cuando la información se requiera en original –equivalente a la integridad–,
la firma digital otorga dicha garantía. Es decir, todo documento que
requiera como deber formal ser aportado en original, si se encuentra firmado
digitalmente y/o electrónicamente por su emisor, cumple con las condiciones
para ser original.
4.5 El equivalente funcional de archivo
y conservación
Respecto de la conservación de los mensajes de datos y documentos electrónicos,
las leyes claramente establecen que cuando se requiera que ciertos
documentos, registros o informaciones sean conservados, ese requisito quedará
satisfecho siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
• La información debe ser accesible para su posterior consulta.
• El mensaje de datos, o documento conservado, debe estar en el
formato en el que se haya generado, enviado o recibido, o en un
formato que permita verificar que se reprodujo con exactitud la
información conservada.
• La conservación de la información permita determinar el origen,
fecha y hora en que fue enviado o recibido el mensaje, o reproducido
el documento.
Al existir un documento electrónico como lo ha determinado la ley, es
procedente que exista la posibilidad de archivar y conservar por ese mismo
medio dicho documento. No tendría sentido que la comunicación e información
dada a través de medios electrónicos se tuviera que imprimir para
poder cumplir su conservación. Así las entidades tendrían sus respectivos
expedientes electrónicos.
Sin embargo, y como lo exponen las leyes, se deberá garantizar unos requisitos
mínimos: (i) Que el expediente de la contratación pueda ser consultado
o recuperado a través del tiempo; (ii) que dicha recuperación o consulta
permita visualizarlo de manera completa, exacta e íntegra, y (iii) que el expediente
y los diferentes documentos que lo integran permitan determinar el
origen y autor, y la fecha en que se inició su conservación.
De conformidad con lo expuesto, si los documentos de un expediente
se encuentran firmados digital y/o electrónicamente, se cumple con los requisitos
de origen, autenticidad e integridad. Y para la determinación de la
fecha podremos acudir al servicio de estampado cronológico de mensajes
de datos, a través del cual se da certeza de la fecha y hora exacta en que se
genera, envía o recibe un documento electrónico.
Dicho servicio hace uso de la hora legal del país, suministrada por la autoridad
competente a través del reloj atómico. Es decir, este servicio, que permite
dar certeza jurídica de la fecha al expediente, podrá ser utilizado para
procesos donde el término temporal sea vital. Supóngase la recepción de
ofertas antes del término de cierre, donde se requiere que todos los intervinientes
tengan garantías sobre la hora de recepción, con el fin de considerar
si se recibió dentro del término, o si se rechaza por superarlo; entendiendo
que en el mundo digital los computadores, servidores y otros sistemas pueden
ser manipulados en materia de hora y fecha.

612 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 613
-5-
ANÁLISIS DE
LA VIRTUALIZACIÓN DE ACTOS
SOMETIDOS A REGISTRO EN LAS
CÁMARAS DE COMERCIO
Conceptos jurídicos previos
1. Ley 527 de 1999 – Equivalencia funcional de los mensajes de datos
y validez jurídica y probatoria de todo tipo de información electrónica.
Las manifestaciones de la equivalencia funcional son:
a. Escrito – Validez del documento Electrónico – artículo 6.
b. Original – Equivalencia del concepto a través de la integridad
de los documentos electrónicos – artículos 8 y 9.
c. Firma – Equivalencia de la firma manuscrita y la firma digital
– artículo 28.
d. Archivo y conservación – Se pueden archivar documentos
electrónicos que tendrán plenos efectos probatorios, siempre
y cuando se garanticen los atributos de autenticidad, integridad,
fecha y hora en la que inicia el período de conservación
y posterior consulta. Todo esto se logra a través de la firma
digital y del estampado cronológico de mensajes de datos.
Servicios provistos por la filial Certicamara S. A.
2. Los artículos 10 y 11 de la Ley 527, en complemento con el Código
General del Proceso, otorgan pleno valor jurídico y probatorio a la
información electrónica.
3. Decreto 1747 de 2000 (Derogado por el Decreto 333 de 2014.
Confróntese artículos 2.2.2.48.1. y siguientes del Decreto 1074 de
2015) – Firma digital emitida por entidades de certificación digital
como mecanismo para garantizar la seguridad jurídica en las comunicaciones
electrónicas, a través de los atributos de autenticidad,
integridad y no repudio.
4. Ley 962 de 2005 – Simplificación y racionalización de los trámites
de la administración pública y de las actuaciones administrativas.
Posibilidad de desarrollo de estas actuaciones por medios electrónicos,
siempre y cuando garanticen la integridad, autenticidad y
disponibilidad.
5. Ley 1150 de 2007 – Creación del Sistema Electrónico de Contratación
Pública. Al año 2014 se encontraba en desarrollo en su componente
transaccional, ya que su componente informativo, que permite
darles publicidad a los procesos contractuales del Estado, ya está
en pleno funcionamiento.
6. Ley 1437 de 2011 – Que desarrolló el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el que el
capítulo 3 desarrolla, a su vez, el procedimiento administrativo
electrónico, definiendo la notificación electrónica, el acto administrativo
electrónico, la sede electrónica y las sesiones virtuales,
entre otras novedades.
7. Decreto Ley 019 de 2012 – Desarrolla la simplificación y racionalización
de trámites de la administración pública, donde uno de los
componentes fundamentales es el uso de las TIC para automatizar
y racionalizar procesos y trámites. Se define en esta norma, por
ejemplo, la posibilidad de los libros electrónicos y su inscripción
electrónica ante las cámaras de comercio.
8. Ley 1564 de 2013 – El denominado Código General del Proceso es
una norma que incorpora actos de comunicación procesal por medios
electrónicos, lo que facilita la implementación de una administración
de justicia electrónica.

614 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 615
Identificación del
trámite ante el
registro mercantil
Desarrollo del producto
Características generales del proceso
Ventajas y beneficios para
comerciantes o usuarios
El proceso se inicia a través del acceso a los servicios en
línea de la Cámara de Comercio.
A. Certificado
de existencia y
representación
legal por medios
electrónicos
Es un archivo electrónico que contiene los textos de un
certificado de existencia y representación legal del registro
mercantil, con las correspondientes seguridades en cuanto a
su contenido y la firma digital del mismo.
El certificado contiene la firma digital del Jefe de
Departamento de Registro Mercantil y se garantiza su
autenticidad, integridad y no repudio, y se acompaña de una
estampa cronológica. Es decir, cuenta con todas las garantías
de aseguramiento jurídico y técnico, que le permite al
interesado contar con un documento electrónico totalmente
válido.
El archivo en PDF es un visor que permite la lectura del
certificado en un formato electrónico. El documento
electrónico que contiene el CERLE tiene asociados firma
digital y estampa cronológica certificada que garantizan
la validez jurídica y probatoria del mismo en cualquier
contexto, pues incorporan los atributos de autenticidad,
integridad, fecha y hora del momento de conservación, así
como su posterior consulta. El cliente debe evitar imprimir el
certificado, dado que el formato electrónico es el que permite
verificar su validez jurídica.
El archivo y conservación del documento «Certificado
Electrónico de Existencia y Representación Legal» se hará a
través de los mecanismos de archivo que disponga el usuario,
y tiene plenos efectos probatorios, pues la incorporación
de firma digital y estampa cronológica garantiza el
cumplimiento de los atributos de seguridad jurídica descritos
en la ley colombiana.
Una vez recibida la comprobación del pago, se
envían a la dirección de correo electrónico registrada
los números de los pines asignados para el cupo
adquirido.
Es responsabilidad de quien use el certificado
electrónico realizar la conservación, archivo de la
misma y adecuada utilización una vez genere la
descarga del PDF.
El certificado electrónico solo tiene validez en formato
electrónico.
La expedición de un certificado (condicionada al
consumo de un PIN) se realizará exclusivamente a
través del portal de la Cámara de Comercio.
Será necesario que el cliente suministre a la parte que
le exige el certificado (entidades bancarias y otras
organizaciones) un número de PIN para la expedición
del mismo.
Una vez el solicitante ingresa a la página de
consumo de certificado electrónico, el sistema
requerirá de cualquiera de las siguientes variables:
NIT, matrícula, razón social, etc., y pedirá el número
del PIN. Igualmente, solicitará la dirección de correo
electrónico a donde el usuario desee que llegue el
enlace de descarga del certificado electrónico. El
sistema le permite confirmar la transacción.
Luego, llega al solicitante de certificados, vía correo
electrónico, el enlace para hacer clic en él y descargar
el certificado electrónico. Al guardarlo, se podrá
consultar y conservar por medios electrónicos con la
misma validez jurídica y probatoria del certificado
físico.
1. Posibilidad de consulta
y descarga remota por
parte de los usuarios.
2. Agilidad en el trámite de
solicitud.
3. Ahorros para los usuarios
en el trámite de solicitud
(costos ocultos, como
mensajería, transportes,
tiempos de espera, etc.).
4. Descongestión en las
Oficinas de la Cámara de
Comercio.
5. Disminución de los
costos asociados a la
emisión del certificado.
6. Seguridad en el proceso
de emisión de los
certificados.
7. Se mitiga cualquier
riesgo de alteración del
certificado, lo que es muy
positivo para las partes
confiantes.
8. Inmediación en la
información registrada
por parte de los usuarios
finales de los certificados.

616 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 617
Identificación del
trámite ante el
registro mercantil
Desarrollo del producto
Características generales del proceso
Ventajas y beneficios para
comerciantes o usuarios
Ingreso a la sitio web de la Cámara de Comercio,
específicamente, a los «servicios en línea» de la
entidad.
Se deben aceptar los términos y condiciones de uso
del servicio para acceder al mismo.
En la página web de los servicios en línea se
habilitará un enlace de constitución de SAS
electrónico.
En caso de que el servicio se restrinja a comerciantes
inscritos, se debe poner el panel de búsqueda de
los servicios electrónicos de la Cámara de Comercio,
para que el interesado pueda seleccionar el comercio
que ya tiene inscrito y la Cámara de Comercio pueda
identificar a su representante legal.
Aparece una pantalla en la que se establece cuál es
el comerciante inscrito y si este será el representante
legal de la SAS.
Siendo el comerciante inscrito el representante de
la SAS, se procede a dar un clic para enrolarlo a la
plataforma de emisión del certificado digital.
Una vez diligenciado el formulario de emisión
del certificado de firma digital, se procede
automáticamente a la generación y descarga en línea
del certificado digital.
Cuando ya se encuentren listas las firmas, el sistema
llevará al usuario al formato de constitución, donde
el representante legal deberá diligenciar los campos
libres del formato como (i) nombre de la sociedad, (ii)
nombre de los constituyentes, (iii) capital social y los
demás que disponga la Cámara de Comercio.
Una vez diligenciados los campos, se procede a la
firma digital por parte de todos los constituyentes.
El sistema automáticamente valida el registro y emite
un Certificado de Existencia y Representación legal
electrónico firmado y estampado por la Cámara de
Comercio, a través de la plataforma de CERL actual.
La sociedad ya fue constituida.
Se entrega al constituyente un CERLE que demuestre
la existencia y representación legal de la SAS.
Se trata de un servicio que se prestará a través del sitio web
de la Cámara de Comercio. Consiste fundamentalmente en la
posibilidad de constituir sociedad por acciones simplificadas
a través de los servicios en línea de la Cámara de Comercio.
B. Constitución
de sociedades
por acciones
simplificadas por
medios electrónicos
El Servicio se prestará en principio a comerciantes
debidamente inscritos en el Registro Mercantil de la Cámara
de Comercio.
Los comerciantes interesados deberán diligenciar formatos
electrónicos previamente definidos por la Cámara de
Comercio en su página web. El diligenciamiento de estos
formatos tiene incorporada la firma digital y la estampa
cronológica que garantizan su autenticidad, integridad
y no repudio. La constitución electrónica es un proceso
equivalente a la constitución de sociedades a través de
documento privado.
Los constituyentes de la sociedad por acciones simplificada
deberán firmar digitalmente tres formatos: (i) formulario
o carátula de inscripción, donde se diligencian los campos
generales de la sociedad que se va a constituir. Este deberá ir
firmado únicamente por quien aparezca como representante
legal; (ii) formato electrónico de constitución de la SAS, que
deberá ser firmado por todos los constituyentes.
Una vez se validen, a través de la plataforma técnica de
la CÁMARA DE COMERCIO, tanto el diligenciamiento de
los campos de los formularios como la firma digital de los
mismos, las sociedades estarán constituidas con todo el valor
jurídico y probatorio que se deriva de la Ley 527 de 1999 y Ley
1258 de 2009.
1. Se constituye en
una modalidad de
constitución remota que
simplifica el trámite para
el empresario.
2. Agilidad en el proceso.
3. Facilita al empresario
la constitución de
empresas.
4. Ahorros para los usuarios
en el trámite de solicitud
(costos ocultos, como
mensajería, transportes,
tiempos de espera, etc.).
5. Automatiza el trámite en
la Cámara de Comercio,
generando importantes
ahorros en los costos
asociados al proceso.
6. Los formatos de
constitución facilitan el
control formal realizado
por la Cámara de
Comercio en este tipo de
inscripciones.
Al momento de establecerse la constitución electrónica, la
Cámara de Comercio expedirá un CERLE donde se evidencia
la constitución y matrícula mercantil del nuevo ente jurídico.

618 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 619
Identificación del
trámite ante el
registro mercantil
Desarrollo del producto
Características generales del proceso
Ventajas y beneficios para
comerciantes o usuarios
Ingreso a la página web de la Cámara de Comercio,
específicamente a los «servicios en línea» de la
entidad.
C. Inscripción de actas
y documentos por
medios electrónicos
Las sociedades comerciales y las entidades sin ánimo de lucro
deben inscribir en los registros públicos que administra la
Cámara de Comercio los actos que la ley y demás normas
complementarias exigen.
La Ley 527 de 1999 y la Ley 962 de 2005 permiten que estos
actos de inscripción puedan ser desarrollados por medios
electrónicos, siempre y cuando garanticen los atributos de
autenticidad, integridad y disponibilidad.
Algunos de estos actos consisten en la inscripción de los
nombramientos de los representantes legales, los órganos
colegidos de administración como juntas directivas y órganos
de fiscalización.
La inscripción de actas y documentos de los matriculados y
afiliados a la Cámara de Comercio por medios electrónicos le
permite inscribir actas de nombramientos que por ley deben
inscribirse, sin necesidad de acudir a las sedes de la CÁMARA
DE COMERCIO a entregar el documento físico.
Se incorpora al proceso el diligenciamiento de formatos
previamente establecidos por la Cámara de Comercio, que
deben ir firmados digitalmente por el secretario de la reunión
y, adicionalmente, la carga en el sitio web de la Cámara de
Comercio de archivos que también deberán ir firmados para
garantizar su pleno valor jurídico y probatorio. Este proceso
se complementa con la estampa cronológica al momento de
la inscripción que permite garantizar el momento exacto del
registro.
Se deben aceptar los términos y condiciones de uso
del servicio para acceder al mismo.
En la página web de los servicios en línea se
habilitará un enlace de inscripción en línea de actas y
documentos.
Búsqueda de matrícula.
Por NIT.
Por razón social.
Digitando el número de la matrícula mercantil.
Diligenciamiento de datos básicos. Información que
deben contener las actas de acuerdo con la ley, de
conformidad con formatos previamente establecidos
por la Cámara de Comercio.
Liquidación de derechos de inscripción e impuesto de
registro para la inscripción del acta.
Acta o extracto que se va a registrar. Para el registro
de actas, la Cámara de Comercio realiza un control
de tipo formal y verifica que el documento acredite
la totalidad de requisitos que la ley y los estatutos
exigen para su inscripción.
El acta o extracto se debe encontrar firmado
digitalmente por quien aparece como secretario de
la reunión.
1. Se constituye en una
modalidad de inscripción
remota que simplifica
el trámite para el
empresario.
2. Ahorros para los usuarios
en el trámite de solicitud
(costos ocultos, como
mensajería, transportes,
tiempos de espera, etc.).
3. Automatiza el trámite en
la Cámara de Comercio,
generando importantes
ahorros en los costos
asociados al proceso.
4. Los formatos de
inscripción facilitan el
control formal realizado
por la Cámara de
Comercio en este tipo de
inscripciones.
Firma digital de la inscripción o registro por parte de
la persona que actuó como secretario de la reunión,
en señal de confirmación del acto de inscripción.

620 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 621
Identificación del
trámite ante el
registro mercantil
Desarrollo del producto
Características generales del proceso
Ventajas y beneficios para
comerciantes o usuarios
Ingreso a la página web de la Cámara de Comercio,
específicamente, a los «servicios en línea» de la
entidad.
D. Inscripción de
libros de comercio por
medios electrónicos
En virtud del artículo 48 del Código de Comercio, es
obligación del comerciante llevar la contabilidad mediante
el sistema de registro en libros o la utilización de cualquier
otro procedimiento de reconocido valor contable, que haga
posible el conocimiento y prueba del estado general de sus
negocios y que suministre información clara, completa y
fidedigna sobre el contenido de los asientos individuales y del
estado general de los negocios.
Por su parte, el artículo 28 del mismo Código estipula que,
entre otros, deben inscribirse en el registro mercantil los
libros de contabilidad. En concordancia con lo anterior, el
artículo 39 establece que el registro de los libros de comercio
se llevará de la siguiente forma: «1. En el libro se firmará por
el secretario de la Cámara de Comercio una constancia de
haber sido registrado, con indicación de fecha y folio del
correspondiente registro, de la persona a quien pertenezca,
del uso a que se destina y del número de sus hojas útiles, las
que serán rubricadas por dicho funcionario, y 2. En un libro
destinado a tal fin se hará constar bajo la firma del secretario
el hecho del registro y de los datos mencionados en el ordinal
anterior».
La Ley 527 de 1999 posibilita que los libros de comercio se
lleven por medios electrónicos. Los libros electrónicos se
encuentran expresamente habilitados en la Ley 527 de 1999
a través del artículo 12 de la misma, donde se exigen como
requisitos de evidencia digital la autenticidad, la integridad,
la fecha y hora en la que se inicia y finaliza el período de
conservación y la posterior consulta. Estos atributos se
contemplan en el modelo a través de la incorporación de
firma digital y estampa cronológica de mensajes de datos.
Se deben aceptar los términos y condiciones de uso
del servicio para acceder al mismo.
En la página web de los servicios en línea se
habilitará un enlace de inscripción de libros de
comercio por medios electrónicos.
Búsqueda de matrícula.
Por NIT.
Por razón social.
Digitando el número de la matrícula mercantil.
Diligenciamiento de datos básicos. Información que
deben contener los libros de conformidad con las
normas vigentes y con las necesidades que tenga el
comerciante.
Liquidación de derechos de inscripción e impuesto de
registro para la inscripción de libros.
Descarga en línea del libro electrónico con las
características técnicas que permitan garantizar
la integridad de cada uno de los registros que se
diligenciarán. Se incorpora la firma digital de la
entidad y el estampado cronológico.
Para garantizar la autenticidad en el registro de los
libros de comercio, el comerciante debe contar con
firma digital y el sistema procede a enrolarlo a la
plataforma de emisión del certificado digital.
Los registros diligenciados o registrados en los
libros de comercio electrónicos se deben encontrar
firmados digitalmente por quien tenga las funciones
legales o estatutarias para su diligenciamiento.
1. Se constituye en una
modalidad de inscripción
remota que simplifica
el trámite para el
empresario.
2. Automatiza el trámite en
la Cámara de Comercio,
generando importantes
ahorros en los costos
asociados al proceso.
3. Ahorros en papel e
importante aporte a
la disminución de los
costos ambientales.
4. Promociona el comercio
electrónico y facilita en
muchos casos la labor de
contabilización para el
empresario.
5. Evita alteración de
registros contables
y de la información
registrada.
6. Puede integrarse a
soluciones ERP del
empresario.

622 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 623
Identificación del
trámite ante el
registro mercantil
E. Recursos de los
actos de inscripción
ante el registro
mercantil por medios
electrónicos
Desarrollo del producto
La implementación de un sistema que permita la plena
aplicabilidad del acto administrativo a través de medios
electrónicos requiere de un modelo técnico que permita
garantizar atributos de seguridad jurídica, como son la
autenticidad, la integridad y la disponibilidad (artículo 6, Ley
962), que se pueden satisfacer a través de los servicios de
certificación digital de una entidad de certificación digital
abierta.
Se plantea la necesidad de establecer la posibilidad jurídica
de recibir, tramitar y resolver los recursos de vía gubernativa
interpuestos ante la Cámara por los particulares en contra de
los actos de inscripción o rechazo de la misma, de modo que
puedan ser cumplidos electrónicamente todos los requisitos
normativos asociados a la mencionada diligencia.
Si bien la interposición de recursos de vía gubernativa ha
sido posible desde el punto de vista teórico-jurídico desde
la expedición de la Ley 527 de 1999, solo hasta ahora, con el
desarrollo y la mayor difusión del uso de medios electrónicos
y especialmente del Servicio de Certificación Digital, es
posible considerar que existen las condiciones reales para
una implementación de este servicio.
La existencia de una masa importante de titulares de
certificados digitales, la creciente aceptación de los medios
electrónicos por parte de las autoridades y funcionarios,
en especial las notarías, y la confianza cada vez mayor del
público para utilizar (y por lo mismo demandar) servicios
virtuales son aspectos que motivan ampliamente un estudio
de esta naturaleza.
(i) Recursos en vía gubernativa
De manera general, esta clase de actos administrativos, que
afectan de manera particular a uno o varios ciudadanos,
pueden ser controvertidos por cualquier interesado, a través
de la interposición de peticiones especiales denominadas
«recursos en vía gubernativa». Son estos recursos:
• el de reposición (que se presenta ante el funcionario o
entidad que realizó el acto administrativo controvertido);
• el de apelación (que se presenta ante el superior
jerárquico del funcionario o entidad que realizó el acto
administrativo controvertido. Se interpone en el mismo
escrito de la reposición y solo procede cuando esta no
prospera).
Características generales del proceso
Ventajas y beneficios para
comerciantes o usuarios
La Ley 527 de 1999 (Ley de Comercio Electrónico) y su reglamentario Decreto 1747 de
2000 fueron promulgados con el objeto de dar, de manera expresa, valor probatorio a
los medios electrónicos. Para esto, esta ley se funda en una premisa simple conocida
como el principio de «equivalencia funcional» ente los medios electrónicos y los
medios tradicionales.
De manera específica, esta norma expresa que si una ley, cualquier ley, exige que algo
deba constar:
• Por escrito, también podrá constar en un mensaje de datos (artículo 6, Ley 527/99).
• En original, también podrá constar en el original de un mensaje de datos
(artículo 8, Ley 527/99).
• firmado, también podrá constar en un mensaje de datos firmado digitalmente
(artículo 7, Ley 527/99).
Aplicando el criterio anterior, puede expresarse, por tanto, que existe equivalencia
funcional para los requisitos legales señalados anteriormente, así:
Requisito legal
1 Por escrito
2
Presentado
personalmente
(por interesado,
apoderado o
agente oficioso)
Equivalente funcional
--
Mensaje de datos: correo electrónico, archivo de
cómputo (Art. 6 Ley 527/99).
--
Puede incluir copias de documentos físicos escaneadas
o digitalizadas.
--
Debe incluir dirección física y electrónica para
notificaciones.
Si es interesado y presenta frente a administración
directamente:
--
Firma digital del recurrente (artículo 7 y 28 Ley 527/99).
--
Firma digital funcionario (artículo 7 y 28 Ley 527/99).
--
Manifestación del funcionario que firma fue puesta
en su presencia identificando al firmante (artículo73
D.960170).
Observación: el supuesto de hecho de la norma de
presentación personal no aplica cuando se utiliza
una firma digital. La presentación personal es un
procedimiento en el que el funcionario da testimonio
que cierta persona, a quien ha identificado plenamente,
impuso en su presencia una firma en el texto del recurso.
La firma digital certificada, que no puede ser impuesta
por persona distinta al suscriptor del certificado digital,
no requiere dicha verificación, toda vez que el suscriptor
es identificado por la entidad de certificación abierta al
momento de la expedición. Bastaría con firma digital de
funcionario y manifestación del mismo dando fe de que
verificó firma y certificado digital.
Recomendación: concepto de Superintendente de
Notariado o concepto de SIC ratificando el punto.
Alternativa: llevar a cabo proceso de firmado digital en
instalaciones de administración.

624 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 625
Requisito legal
Equivalente funcional
Requisito legal
Equivalente funcional
3
Dentro de los cinco
(5) días siguientes
a publicación
Si es interesado y presenta ante notario previamente:
--
Firma digital del recurrente (artículos 7 y 28, Ley 527/99).
--
Firma digital notario (artículos 7 y 28, Ley 527/99).
--
Manifestación de notario de que la firma fue puesta en
su presencia, identificando al firmante o si es idéntica a
la registrada (artículo 84 CPC, artículo 73 D960/70).
Observación: misma circunstancia anterior. Bastaría con
firma digital de notario y manifestación del mismo dando
fe de que verificó firma y certificado digital.
Alternativa: llevar a cabo proceso de firmado digital
en notaría. Remitir electrónicamente a administración
recurso desde la notaría.
Si es apoderado:
--
Firma digital del apoderado (artículos 7 y 28, Ley
527/99).
--
Prueba de calidad de abogado en copia escaneada de
tarjeta profesional.
--
Mensaje de datos con texto de poder (artículos 6 y 8,
Ley 527/99).
(Firma digital de interesado + firma digital de apoderado
+ firma digital de notario + manifestación de notario de
que la firma fue puesta en su presencia identificando al
firmante o si es idéntica a la registrada
Observación: misma circunstancia anterior. Entendemos
que bastaría con firma digital de notario y manifestación
del mismo dando fe de que verificó firma y certificado
digital.
Alternativa: llevar a cabo proceso de firmado digital
en notaría. Remitir electrónicamente a administración
recurso desde la notaría.
Si es agente oficioso:
--
Prueba de calidad de abogado en copia escaneada de
tarjeta profesional.
--
Firma digital funcionario o notario (artículos 7 y 28, Ley
527/99).
--
Manifestación del funcionario o de notario de que
la firma fue puesta en su presencia identificando al
firmante.
Observación: misma circunstancia anterior. Entendemos
que bastaría con firma digital de notario y manifestación
del mismo dando fe de que verificó firma y certificado
digital.
Alternativa: llevar a cabo proceso de firmado digital
en notaría. Remitir electrónicamente a administración
recurso desde la notaría.
3
4
Dentro de los cinco
(5) días siguientes
a publicación
Carta de traslado o
carta de
solicitud de
informaciones o
documentos
adicionales
5 Aviso de Traslado
6
7
8
Formación de
expediente
Contestación a
traslado
Ampliación o
complementación
de recurso por
recurrente
9 Resolución
--
Firma digital de funcionario de trámite (artículos 7 y 28
Ley 527/99).
--
Mensaje de datos de respuesta automatizada con
manifestación que da acuse de recibo del mensaje
con recurso y retorna copia del contenido del mensaje
recibido para dar constancia de la información
efectivamente recibida (artículos 20 y 21, Ley 527/99).
--
Registro en «Iog» o «bitácora» de recepción de
mensajes de datos y de respuestas remitidas.
Observación: debido a que no existe formalidad para
certificar la sucedáneo suficiente al sello húmedo o al
sticker impreso actual.
Alternativa: Implantación de servicio de estampado
cronológico con entidad de certificación digital abierta.
--
Mensaje de datos con texto usual (artículo 6, Ley
527/99).
--
Firma digital de funcionario de trámite (arts. 7 y 28, Ley
527/99).
--
Remisión a dirección electrónica de notificaciones.
--
Mensaje de datos con texto usual (artículo 6, Ley
527/99).
--
Firma digital de funcionario de trámite (artículos 7 y 28,
Ley 527/99).
--
Fijación en cartelera virtual en página web.
--
Archivo digital de mensajes de datos (artículo 12, Ley
527/99).
--
Disponible para sacar copias digitales o impresas a
interesados.
--
Mensaje de datos remitido por tercero interesado
(artículo 6, Ley, 527/99).
--
Firma digital de tercero interesado (artículos 7 y 28, Ley
527/99).
--
Mensaje de datos remitido por interesado (artículo 6,
Ley 527/99).
--
Puede incluir copia de documentos físicos escaneados.
--
Firma digital de interesado (artículos 7 y 28, Ley 527/99).
--
Mensaje de datos generado (artículo 6, Ley 527/99).
--
Firma digital de funcionario delegado (artículos 7 y 28,
Ley 527/99).

626 el registro mercantil en colombia
La virtualización de los servicios de registro de las cámaras de comercio 627
Requisito legal
Equivalente funcional
Bibliografía
10
Citación para
notificación
--
Mensaje de datos remitido por administración a
dirección electrónica de notificaciones (artículo 6, Ley
527/99).
--
-Firma digital de funcionario de trámite (artículos 7 y 28,
Ley 527/99).
Observación: no se conserva constancia de envío de
correo certificado, pues puede considerarse el mensaje de
datos como un «medio más eficaz».
Alternativa 1: realizar proceso con documento impreso
y conservar copia escaneada de constancia de envío en
expediente digital.
Alternativa 2: puede considerarse como prescindible
este trámite siempre que pueda enviarse en el mensaje
de datos el contenido de la notificación directamente.
Esta interpretación requiere concepto de autoridad
competente que la respalde.
Rincón Cárdenas, E. (2008). Aproximación jurídica a la firma digital en
la Comunidad Andina de Naciones. Bogotá: Editorial Cámara de
Comercio de Bogotá.
Torres Sánchez, C. (2004). Acto administrativo. Teoría general. Legis
Editores S. A.
11
Notificación
personal
--
Firma digital de interesado impuesta en instalaciones
de administración (debe comparecer).
--
Entrega de mensaje de datos original firmado
digitalmente por presidente o funcionario delegado
(artículos 7 y 28, Ley 527/99).
--
Manifestación de darse por notificado.
Observación: la solución anterior procede de una
interpretación rígida de los requisitos legales, no obstante,
dentro del requisito 10 puede ofrecerse la alternativa
al interesado de notificarse a distancia por conducta
concluyente. Esto requeriría que el interesado diera una
respuesta afirmativa en el mensaje de datos –con firma
digital– al que la administración respondería con mensaje
de datos que contuviera original de resolución. A su vez,
el interesado deberá contestar a la administración con
mensaje de firmado expresando que se da por enterado
del contenido.
12
Notificación por
edicto (si no
puede hacerse
notificación
personal)
--
Mensaje de datos con texto usual (artículo 6 Ley
527/99).
--
Firma digital de funcionario (artículos 7 y 28, Ley
527/99).
--
Fijación en cartelera virtual en página web.

629
Capítulo xi
El proceso concursal
y el registro mercantil
Álvaro Londoño Restrepo
Abogado de la Universidad de Antioquia. Distinguido por esta con la condecoración
Espíritus Libres. Profesor Universitario.
Álvaro Isaza Upegui
Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en Derecho Comercial en
la misma Universidad, Socio de la firma Isaza Londoño & Asociados Abogados. Miembro
Fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, con sede en México D.F.,
Profesor de Derecho Comercial y Societario en la Universidad Pontificia Bolivariana, y en
la Especialización de Derecho Comercial y Empresarial en las Universidades La Sabana,
Pontifica Bolivariana, Autónoma Latinoamericana de Medellin, Norte de Barranquilla y
San Buenaventura e Icesi de Cali. Miembro del Comité Asesor del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Árbitro del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Barranquilla y Medellín.
Árbitro Internacional de la Comisión Interamericana para Arbitraje Comercial (CIAC).
Conjuez de la Sala Civil del Tribunal de Antioquia. Miembro de la comisión asesora del
Ministerio de Justicia de Colombia para la reforma del Código de Comercio (Ley 222 de
1.995). Promotor de Acuerdos de Reestructuración de la ley 550/99 y 1116/06 y consultor
empresarial; coautor del libro “Comentarios al Régimen de Insolvencia Empresarial”.

630 el registro mercantil en colombia
El proceso concursal y el registro mercantil 631
Resumen
El legislador colombiano, al expedir la ley de insolvencia, que es la denominación
que hoy se da en nuestro ordenamiento jurídico al régimen concursal,
consideró que dada la importancia que se ha reconocido a los principios
que rigen el concurso, debía incluir en su texto una definición de algunos de
ellos, entre los cuales es sin duda de gran importancia el de publicidad. Esta
se satisface no solamente con las notificaciones procesales y la abundante
información que debe entregar el deudor con destino a los acreedores sino
con la inscripción el en el registro mercantil de las principales providencias
que se dictan a lo largo del proceso.
Abstract
The Colombian legislator, in issuing the insolvency law, which is the name now
given by our legal system to the insolvency regime, considered that given the
importance allocated to the principles governing competition, the text had
to include a definition of some of them, among which advertising is undoubtedly
of great importance. This is met not only with procedural notifications
and the abundant information that the debtor must provide to the creditors
but also by entering the main rulings issued throughout the proceeding in the
commercial register.
-1-
Principios del régimen
de insolvencia
Reconoce la doctrina como principios del concurso los de universalidad, colectividad,
igualdad y publicidad. En virtud de este, los acreedores tienen derecho
a conocer la situación del deudor y el desarrollo del proceso.
El legislador colombiano consideró que debían tener esos principios
expresión normativa y por ello a la Ley 1116 de 2006, por la cual se establece
el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia, se incorporaron
en el artículo 4 así:
El régimen de insolvencia está orientado por los siguientes
principios:
1. Universalidad: La totalidad de los bienes del deudor y todos
sus acreedores quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir
de su iniciación.
2. Igualdad: Tratamiento equitativo a todos los acreedores
que concurran al proceso de insolvencia, sin perjuicio de la aplicación
de las reglas sobre prelación de créditos y preferencias.
3. Eficiencia: Aprovechamiento de los recursos existentes y la
mejor administración de los mismos, basados en la información
disponible.
4. Información: En virtud del cual, deudor y acreedores deben
proporcionar la información de manera oportuna, transparente y
comparable, permitiendo el acceso a ella en cualquier oportunidad
del proceso.
5. Negociabilidad: Las actuaciones en el curso del proceso
deben propiciar entre los interesados la negociación no litigiosa,
proactiva, informada y de buena fe, en relación con las deudas y
bienes del deudor.

632 el registro mercantil en colombia
El proceso concursal y el registro mercantil 633
6. Reciprocidad: Reconocimiento, colaboración y coordinación
mutua con las autoridades extranjeras, en los casos de insolvencia
transfronteriza.
7. Gobernabilidad económica: Obtener a través del proceso
de insolvencia, una dirección gerencial definida, para el manejo y
destinación de los activos, con miras a lograr propósitos de pago y
de reactivación empresarial.
Haciendo abstracción de los intrascendentes lugares comunes que se
expresan mediante algunos de los transcritos principios, importa destacar
para los fines de este ensayo que el generalmente conocido como principio
de publicidad es el que el legislador denominó de información, que de manera
general coincide con lo que la doctrina ha entendido por aquel.
Desde luego que lo que realmente importa destacar no es simplemente
su reconocimiento sino que en la ley se encuentran numerosas disposiciones
mediante las cuales ese principio de publicidad –información- se
materializa. En efecto:
• En el régimen de insolvencia, que es de naturaleza procesal, las
providencias se darán a conocer mediante notificaciones.
• La ley es exigente en cuanto a la información que debe aportar el
deudor y que estará a disposición de los acreedores.
• Las más importantes providencias que se profieren en el proceso
deben inscribirse en el registro mercantil.
Providencias del juez que deben inscribirse en el registro mercantil.
Para los fines de este ensayo, hemos de referirnos en este aparte solamente
a los aspectos que tienen que ver con el registro mercantil como mecanismo
para hacer efectivo el principio de publicidad, respecto de lo cual la
Ley 1116 y los decretos que la han reglamentado.
-2-
El proceso de
reorganizacion
1. De conformidad con el artículo 18 de la Ley 1116, el concurso se inicia
el día en que se expide [sic] el auto de apertura. En esta providencia
el juez ordenará «[…] la inscripción del auto de inicio del
proceso de reorganización en el registro mercantil de la cámara
de comercio correspondiente al domicilio del deudor y de sus sucursales
[…]» (Ley 1116, artículo 19) 1 . Se trata, sin duda, de una de
las decisiones de mayor trascendencia entre las que toma el juez
en desarrollo del proceso como que a partir de su expedición operan
algunas limitaciones a la actividad del deudor 2 , se producen
efectos respecto de procesos de ejecución y de restitución y, lo
que probablemente es lo más importante desde el punto de vista
de los fines de conservación de la empresa, hay lugar a distinguir
el pasivo que será objeto de negociación del que recibe un tratamiento
preferencial si se origina en gastos de administración por
actividades del giro ordinario del deudor.
Otro aspecto que destaca la importancia de la inscripción de
esta providencia consiste en que para que se decrete la nulidad de
lo actuado luego de la iniciación del concurso, en procesos ejecutivos
contra el deudor, basta aportar copia del certificado de la cámara
de comercio, en el que conste la inscripción del aviso de inicio
del proceso, o de la providencia de apertura (Ley 1116, artículo 20).
1 En el registro mercantil se inscriben tanto la providencia mencionada como un
aviso acerca de la iniciación del proceso.
2 Cfr. Ley 1116, artículo 17 y Ley 1429, artículo 10.

634 el registro mercantil en colombia
El proceso concursal y el registro mercantil 635
El decreto que reglamenta la Ley 1116 en estos aspectos 3 advierte
que el objeto de la inscripción son la providencia de inicio
del proceso y el aviso que informa sobre ello y dispone, además,
que si se trata de un deudor cuyo concurso se tramite ante los jueces
civiles del circuito, una vez realizada la inscripción de esta providencia,
la cámara de comercio informará a la superintendencia
que ejerza inspección, vigilancia o control para que sea divulgada
la providencia.
2. Una vez aprobado el acuerdo de reorganización, deberá procederse
a la inscripción de la providencia de confirmación, dentro de
los tres días siguientes a su ejecutoria (Ley 1116, artículo 39). De
conformidad con la Ley 1116, el acuerdo de reorganización que se
celebre entre los acreedores internos y externos requiere, para su
ejecución y cumplimiento, que sea validado por el juez del concurso
y, además, que se cumpla con el requisito de publicidad que
según lo expresa la norma estaría referido no al texto del acuerdo
sino a la providencia del juez. Claro está que como la providencia
se profiere en audiencia de la cual se levanta el acta correspondiente,
el documento que se presenta al registro mercantil es el
acta de la audiencia.
No obstante, el Decreto 2785 de 2008, reglamentario de la
Ley 1116, dispone que ha de registrarse la providencia mencionada,
con la constancia de ejecutoria, junto con la parte pertinente del
acta que contenga el acuerdo.
Asimismo, el aludido decreto 2785 prescribe que también la
providencia que valide la reforma del acuerdo de reorganización
debe someterse a publicidad mediante su inscripción en el Registro
Mercantil de la cámara de comercio del deudor y de las sucursales.
También aplica, en este caso, lo dicho en el párrafo anterior acerca
de que el registro de la citada providencia incluirá la parte del acta
en la cual esté contenido el texto de la reforma.
3. De conformidad con lo anterior, el auto de aprobación o validación
del acuerdo siempre deberá inscribirse. Pero puede ocurrir que en
3 Decreto 2785 de 2008.
el acuerdo que se celebre se haya pactado la reforma de los estatutos
del deudor persona jurídica. En este evento es importante
destacar que ha de registrarse, además de la providencia aludida,
la parte del acuerdo que contiene la reforma estatutaria, para lo
cual ha de tenerse presente que por disposición del legislador «el
mismo (el acuerdo) hará las veces de reforma estatutaria, sin que
se requiera de otra formalidad, siempre y cuando la decisión sea
adoptada por parte del órgano competente al interior del concursado,
de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales»
(Ley 1116, artículo 44). Esto aplica también en cuanto a la inscripción
en el registro mercantil de la parte del acta en la cual estén
contenidas estipulaciones del acuerdo que tengan por objeto la
transferencia, la modificación o la limitación del dominio u otro
derecho real sobre bienes sujetos a registro mercantil, según lo
dispone el decreto reglamentario 2785 de 2008.
4. Establece la ley que en un término improrrogable de cuatro meses
contados a partir de la fecha en que quede en firme el auto de
calificación y graduación de créditos y determinación de derechos
de voto, debe presentarse al juez del concurso, para su validación,
el acuerdo celebrado. No obstante puede ocurrir que el acuerdo
no se presente o que presentado no sea confirmado. En cualquiera
de estos dos eventos, el juez, mediante providencia que ha de
inscribirse en el registro mercantil: (a) declarará la extinción de la
persona jurídica (Ley 1116, artículo 35) y ordenará la apertura del
proceso de adjudicación; (b) ordenará que se certifique la razón
social adicionando la expresión «en liquidación por adjudicación»;
y (c) ordenará que se inscriba al promotor como representante legal
del deudor, lo cual se explica en razón de que asume la función
de liquidador en el proceso de adjudicación, que es propiamente
un proceso de liquidación por adjudicación (Decreto 2785 de 2008,
artículo 6). Este proceso termina con una providencia del juez del
concurso que también será objeto de inscripción en el Registro
Mercantil del domicilio principal del deudor y en el domicilio de
las sucursales que posea (Decreto 2785 de 2008, artículo 5).
5. No obstante que el proceso de reorganización termina cuando se
encuentra ejecutoriado el auto que lo valida, una vez que se han

636 el registro mercantil en colombia
El proceso concursal y el registro mercantil 637
cumplido por parte del deudor las obligaciones que se pactaron
en el acuerdo, debe este informar de esta situación al juez a fin de
que este, previa verificación del cumplimiento, decrete su terminación
«[…] mediante providencia inscrita de oficio en la cámara
de comercio del domicilio principal y sucursales del deudor». En
otras palabras: en el registro mercantil se inscriben: la providencia
de iniciación del proceso, la de validación del acuerdo y la de su
terminación por cumplimiento de las obligaciones estipuladas en
él (Ley 1116, artículo 45).
-3-
EL PROCESO DE LIQUIDACION
1. El régimen de insolvencia en Colombia reglamenta un concurso
de naturaleza recuperatoria que es la finalidad del proceso de reorganización;
y otro de naturaleza liquidatoria que es el proceso
que la denomina de liquidación judicial. Este proceso puede estar
antecedido de un acuerdo de reorganización, de un acuerdo de
reestructuración –Ley 550 de 1999- o de un concordato –Ley 222
de 1995- que se hayan incumplido o puede originarse en alguna
de las que la ley denomina causales de liquidación judicial inmediata,
lo cual no tiene ninguna incidencia en cuanto al procedimiento
liquidatorio que es uno solo. Pues bien, así como ocurre
con la iniciación del proceso de reorganización, también en este
caso ordena la ley que en la providencia que ordene su apertura
se dispondrá por el juez su inscripción en el registro mercantil de
la cámara de comercio del domicilio del deudor y sus sucursales.
Esta decisión de gran trascendencia en cuanto comporta, entre
otros efectos, la disolución de la persona jurídica, la cesación
de funciones de los órganos sociales y de fiscalización de la persona
jurídica, la separación de todos los administradores, la terminación
de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido
o de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de
los activos del deudor y la interrupción del término de prescripción
y la inoperancia de la caducidad de las acciones (Ley 1116, artículos
48 y 50).
Importancia especial debe reconocerse a la publicidad de esta
providencia pues a diferencia de lo que ocurre con el proceso de
reorganización, en el de liquidación la ley sí impone a los acreedores
una carga procesal consistente en que deben solicitar al juez
del concurso el reconocimiento de sus acreencias, salvo que hayan

638 el registro mercantil en colombia
El proceso concursal y el registro mercantil 639
quedado incorporadas en el auto de calificación y graduación de
créditos o en el trabajo del promotor sobre determinación de
acreencias y derechos de voto, en caso de que el antecedente sea
un acuerdo de reestructuración de la Ley 550 de 1999.
2. También previó el legislador la inscripción en el Registro Mercantil
de la providencia mediante la cual se pone término al proceso de
liquidación judicial. A esta inscripción hay lugar tanto cuando la
terminación es declarada por el juez en la providencia que aprueba
la adjudicación –caso en el cual esta inscripción implica la extinción
de la persona jurídica– (Decreto 2785 de 2008, artículo 7),
como en el evento de que termine el proceso por la celebración
de un acuerdo de reorganización. En este caso la que se registra
es la providencia del juez que confirma dicho acuerdo (Ley 1116,
artículo 63).
-4-
OTROS ACTOS SUJETOS
A REGISTRO
1. Contempla la ley una serie de conductas que en tanto constituyen
violaciones de deberes que ella impone a los socios o a los administradores
de la sociedad deudora o al comerciante persona natural,
se sancionan con la inhabilidad para ejercer el comercio. En
caso de que se imponga la sanción, para lo cual la norma faculta
al juez del concurso, la providencia debe inscribirse en el registro
mercantil (Ley 1116, artículo 83).
2. La Ley 1116, en su arículo 84, reglamentó un procedimiento tendiente
a la validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización.
Se permite al deudor y los acreedores titulares de la mayoría
de votos celebrar un acuerdo de reorganización que tendrá
los mismos efectos que se reconocen a los que se celebran previo
agotamiento del trámite previsto para el proceso de reorganización.
Bajo esta modalidad primero se celebra el acuerdo y luego
hay lugar al trámite tendiente a su validación.
Pues bien, cuando dicho trámite se inicia, el juez del concurso
ordena oficiar a la cámara de comercio del domicilio del deudor y
al de las sucursales y las agencias, para que inscriban el inicio del
proceso de validación del Acuerdo Extrajudicial de Reorganización,
en los mismos términos que aplican para la inscripción del auto
de apertura del proceso de reorganización 4 .
3. La norma que reglamenta la ley en esta materia, siguiendo los
parámetros de lo establecido para el trámite del proceso de
4 Cfr. artículo 24 del Decreto 1730 de 2009, reglamentaria de la Ley 1116.

640 el registro mercantil en colombia
El proceso concursal y el registro mercantil 641
reorganización, dispone que la providencia del juez mediante la
cual se valide el acuerdo privado o la que niegue dicha validación
deberán igualmente inscribirse en el registro mercantil (Decreto
1730 de 2009, artículo 27).
-5-
LA INSOLVENCIA DE LOS
GRUPOS EMPRESARIALES
1. Mediante el Decreto 1749 de 2011 el Gobierno nacional reglamentó
aspectos muy importantes de la Ley 1116, entre los cuales tienen particular
relieve los que se relacionan con la insolvencia de los grupos
empresariales. La norma prevé que con el fin de «[…]facilitar el trámite
de los procesos y racionalizar los gastos y lograr el aprovechamiento
de los recursos existentes para alcanzar eficiencia, gobernabilidad
económica y elevar la tasa de reembolso o de retorno para los acreedores
[…]» sea posible la coordinación de los procesos de insolvencia
que se adelanten con relación a dos o más empresas partícipes del
grupo. En caso de que el juez del concurso disponga la coordinación,
la orden correspondiente deberá inscribirse en registro mercantil
de la cámara de comercio del domicilio principal de cada uno de los
deudores vinculados (Decreto 1749 de 2011, artículo11).
2. Otra innovación del decreto que se comenta consiste en la posibilidad
de consolidar, en caso de una liquidación judicial, los patrimonios
de los deudores vinculados cuando: (a) el activo y el pasivo del
grupo de empresas «[…] están de tal forma entremezclados que no
podría deslindarse la titularidad de los bienes y de las obligaciones
sin incurrir en un gasto o en una demora injustificados»; y (b) «[…]
el insolvente partícipe del grupo de empresas practicó alguna actividad
fraudulenta o ejecutó algún negocio sin legitimidad patrimonial
alguna, que impidan el objeto del proceso y que la consolidación
patrimonial sea esencial para enderezar dichas actividades o
negocios […]». En cuanto a la publicidad, la norma que comentamos
establece que el juez del concurso ordenará su inscripción en el registro
mercantil de la cámara de comercio del domicilio principal de
los deudores vinculados. Igualmente deberá inscribirse cualquier
decisión que modifique o revoque la orden de consolidación.

642 el registro mercantil en colombia
El proceso concursal y el registro mercantil 643
-6-
LA INSOLVENCIA
TRANSFRONTERIZA
-7-
LA INSOLVENCIA DE
LA PERSONA NATURAL
NO COMERCIANTE
1. No obstante que la ley no contiene ninguna disposición al respecto,
el Decreto 2785 ya citado contempla los siguientes eventos en
relación con su inscripción en el registro mercantil: (1) La correspondiente
a la providencia del juez colombiano en la cual se reconoce
un proceso extranjero cuya inscripción ha de realizarse en
la cámara de comercio del domicilio principal, en la del lugar en
el cual tenga sucursales o establecimientos de comercio y «en las
de los lugares donde halle el centro de sus principales intereses u
operaciones y el deudor ejerza una actividad económica de manera
permanente», (2) La de reconocimiento de un proceso extranjero
de una sociedad extranjera sin sucursal en Colombia, que se
verificará en la cámara de comercio del domicilio del representante
designado para la administración de sus negocios; y (3) Dispone
finalmente la norma que se comenta que ha de inscribirse en el
registro mercantil cualquier providencia que implique cambio importante
en la situación del proceso, asi como el nombramiento
del representante extranjero (Decreto 2785 de 2008, artículo 8).
Desde luego, los eventos citados son de tan significativa importancia
en el trámite de procesos con fundamento en las normas
sobre insolvencia transfronteriza 5 que se encuentra sin duda
justificada la publicidad mediante su inscripción en el registro
mercantil.
De lo expuesto en el aparte anterior resulta claro que los actos sujetos a registro
son todos autos o providencias judiciales y que su finalidad claramente
se orienta a dar publicidad a las decisiones que a juicio del legislador son
de mayor trascendencia entre las que se profieren en la iniciación, el trámite
y la finalización de los procesos reglamentados por la Ley de Insolvencia.
Es claro también que hoy el régimen de insolvencia en Colombia no
solo comprende los procesos regulados en la Ley 1116 sino también el proceso
regulado en los artículos 531 y siguientes del Código General del Proceso
que aplica a las personas naturales no comerciantes, por lo cual ninguna
alusión se hizo a dicho proceso.
5 Cfr. Ley 1116, arts. 85 a 116.

644 el registro mercantil en colombia
El proceso concursal y el registro mercantil 645
-8-
OTROS ASUNTOS REGULADOS
EN EL REGIMEN DE
INSOLVENCIA
actos sujetos a registro no se incluía el contrato de fiducia y las
contenidas en los artículos 1226 a 1286 por cuanto solamente se
exigía el registro de aquellos contratos de fiducia celebrados por
escritura pública y ello según la naturaleza de los bienes. La norma
de la Ley 1116 aplica a todos los contratos de fiducia pues, como dijimos,
advierte que este registro debe realizarse «sin perjuicio de
la inscripción o registro que de acuerdo con la clase de acto o con
la naturaleza de los bienes, deba hacerse conforme a la ley». Por lo
tanto no es una disposición que tenga específica relación con los
procesos de insolvencia.
Además de las normas que ya fueron analizadas, en la Ley 1116 y sus decretos
reglamentarios encontramos otras disposiciones que se refieren a actos o
a contratos que deben ser inscritos en el registro mercantil, que es a lo que
pasamos a referirnos.
1. Nos referimos en primer término a todos aquellas estipulaciones
que contengan actos que deban ser inscritos en el registro mercantil
y que consten en los acuerdos de reorganización o en sus
reformas o en los acuerdos de adjudicación celebrados por los
acreedores o en la providencia de adjudicación proferida por el
juez del concurso. De estos actos son ejemplo las reformas estatutarias
o aquellos que impliquen transferencia o gravamen del
derecho de dominio o de otro derecho real, a lo cual ya hicimos
referencia, y que también serán objeto de inscripción.
2. La Ley 1116, en el artículo 123, contiene una norma que, bajo el
enunciado de Publicidad de los contratos de fiducia mercantil que
consten en documento privado, impone el deber de inscribir en el
registro mercantil del domicilio del fiduciante los contratos de fiducia
mercantil. La norma aplica a todos los contratos de fiducia
pues advierte que este registro debe realizarse «sin perjuicio de la
inscripción o registro que de acuerdo con la clase de acto o con la
naturaleza de los bienes, deba hacerse conforme a la ley».
Esta disposición reforma, adicionándolas, las normas del
Código de Comercio sobre registro mercantil, así como las que se
ocupan del contrato de fiducia. Las primeras por cuanto entre los

646 el registro mercantil en colombia
El proceso concursal y el registro mercantil 647
-9-
LA FIDUCIA EN GARANTÍA
En el mismo sentido de lo previsto en el artículo 123 de la Ley 1116, el Decreto
Reglamentario 2785 de 2008 exige que los contratos de fiducia en garantía,
sus reformas o su terminación, se inscriban en el Registro Mercantil, advirtiendo
que procede dicho registro sin perjuicio del que corresponda según la naturaleza
de los bienes. En caso de que no se realice la inscripción, dice la norma,
serán inoponibles a terceros, lo cual desde luego concuerda con lo dispuesto
en el artículo 901 del Código de Comercio y vale no solo para este sino para
todo los contratos de fiducia en virtud de preceptuado en esta disposición.
No obstante lo que acaba de expresarse, debe tenerse presente que si
quien se acoge al concurso es un patrimonio autónomo afecto a actividades
empresariales, el Decreto 1038 de 2009, reglamentario de la Ley 1116, ha erigido
como requisito de procedibilidad «[…] la inscripción del contrato que
le dio origen junto con sus modificaciones en cuanto la clase de contrato,
las partes y los bienes fideicomitidos, en el registro mercantil de la cámara
de comercio con jurisdicción en el domicilio del fideicomitente […]» en razón
de lo cual exige que a la solicitud de admisión al trámite del proceso se
acompañe certificado expedido por la cámara de comercio del domicilio del
fiduciante en que conste el registro del contrato de fiducia mercantil.
Con relación específicamente al contrato de fiducia en garantía, las
normas colombianas sobre insolvencia –artículo 55 de la Ley 1116 y artículo
12 del Decreto 1038 que lo reglamenta- en un injustificable retroceso desde
el punto de vista del derecho concursal, permiten la «exclusión de la masa
de la liquidación de los bienes transferidos a título de fiducia mercantil con
fines de garantía», lo cual se traduce en la posibilidad de que el acreedor
así garantizado logre el pago mediante la ejecución de la garantía por fuera
del concurso. Como requisito sine qua non para que pueda el acreedor
hacer efectivo el mecanismo anterior, exige la norma que «[…] el respectivo
contrato se encuentre inscrito en el registro mercantil de la cámara de
comercio con jurisdicción en el domicilio del fiduciante o en el registro que,
de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, se hubiere
hecho conforme a la ley» 6 , disposición, sin duda, defectuosa en cuanto al
emplear la conjunción disyuntiva en el aparte que se subraya no concuerda
que la que exige siempre la inscripción del contrato de fiducia sin perjuicio
de la inscripción o registro que de acuerdo con la «clase de acto o con la naturaleza
de los bienes, deba hacerse conforme a la ley», como se destacó atrás.
6 Decreto 1038 de 2009, artículo 12.

648 el registro mercantil en colombia
El proceso concursal y el registro mercantil 649
-10-
LA LEY DE GARANTÍAS
MOBILIARIAS
[…] un sistema de archivo, de acceso público a la información de
carácter nacional, que tiene por objeto dar publicidad a través de
Internet, en los términos de la presente ley, a los formularios de
la inscripción inicial, de la modificación, prórroga, cancelación,
transferencia y ejecución de garantías mobiliarias. (Ley 1676, artículo
38).
Le asigna las siguientes características:
La Ley 1676 de 2013, «Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan
normas sobre garantías mobiliarias» modificó sustancialmente todo lo relativo
al régimen de garantías en el concurso.
Lo primero que debe destacarse es que esta ley, cuando se ocupa de
los procesos de insolvencia, el objeto trasciende el anunciado en la norma
transcrita para referirse a las garantías reales en los procesos de reorganización
7 , no obstante que el legislador advierte que:
Esta ley será aplicable a la constitución, oponibilidad, prelación
y ejecución de garantías mobiliarias sobre obligaciones de toda
naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables
y a todo tipo de acciones, derechos u obligaciones sobre bienes
corporales, bienes incorporales, derechos o acciones u obligaciones
de otra naturaleza sobre bienes muebles o bienes mercantiles.
(Ley 1876, artículo 50)
La ley aplica a la constitución, la prelación, la ejecución y la oponibilidad
de garantías mobiliarias. Con relación a esta, se establece que la garantía
mobiliaria será oponible frente a terceros por la inscripción en el registro
o por la entrega de la tenencia o por el control de los bienes en garantía al
acreedor garantizado o a un tercero designado por este.
El registro se define como:
1. Opera por medio de la inscripción de formularios de registro diligenciados
a través de internet.
2. Se organiza como un registro de naturaleza personal, en función
de la identificación de la persona natural o jurídica garante. A cada
garante le corresponderá un folio electrónico, en el que se inscribirán
cronológicamente los datos contenidos en los formularios.
3. Será un registro único con una base de datos nacional que se llevará
por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio
(Confecámaras) de manera centralizada 8 .
Lo atinente al registro al cual, se reitera, puede acceder cualquier persona,
fue reglamentado por el Gobierno mediante el Decreto 400 de febrero
de 2014, que de manera detallada se ocupa de regular todo lo relativo a la
inscripción de las garantías mobiliarias.
La Ley 1676 en sus disposiciones ya aludidas sobre las garantías reales en
los procesos de insolvencia, reforma sustancialmente el régimen que había
establecido la Ley 1116 de 2006 en tanto: (1) en el proceso de reorganización
establece un régimen diferente para las garantías que depende de si se constituyen
sobre bienes necesarios para el desarrollo de la actividad del empresario
o sobre bienes no necesarios para ello; (2) permite la ejecución extrajudicial
contra el empresario que se acoge al concurso recuperatorio; (3) modifica las
normas sobre prelación de créditos al reconocer que los que están amparados
por garantía la tienen sobre todos los demás créditos, con la única excepción
de los pensionales; (4) deroga las normas del Decreto 1038 sobre exclusión de
7 Ley 1876, artículo 50.
8 Ley 1676, artículo 39.

650 el registro mercantil en colombia
651
bienes amparados con garantía fiduciaria en la liquidación para extender este
mismo tratamiento a todas las garantías en el proceso de liquidación.
La aplicación del régimen de garantías que se comenta se condiciona
a que se haya verificado el registro en los términos de la ley, pues en caso
contrario la garantía es inoponible, lo que en términos del concurso significa
que el crédito amparado con una garantía real que no fue inscrita debidamente
en el registro será tratado como quirografario en el proceso de reorganización
o en el de liquidación judicial.
Como conclusión de lo expuesto, resulta que en materia de garantías
en el concurso el principio de publicidad se hace efectivo por medio del registro
creado por la Ley 1676 para la inscripción de garantías.
Capítulo xii
Bibliografía
Ley 1116
Ley 1676
Ley 1876
Decreto 1038 de 2009
Decreto 1730 de 2009
Decreto 1749 de 2011
Decreto 2785 de 2008.
El régimen de garantías
mobiliarias en colombia
Una mirada desde el registro
Jorge Villegas Betancur
Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho
Financiero y de los Negocios y candidato a magíster en Derecho de la misma
universidad. Docente universitario. Actualmente se desempeña como
vicepresidente jurídico y secretario general de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia.

652 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia 653
Resumen
Con la expedición de la Ley 1676 de 2013, el legislador colombiano recoge
las tendencias internacionales más modernas en materia de garantías mobiliarias
y de paso efectúa un cambio estructural a los sistemas tradicionales
contenidos en el código civil y de comercio y en legislaciones especiales
como la agraria y la minera.
El propósito principal de dicho cambio es modernizar el régimen de garantías
sobre bienes muebles. El nuevo marco jurídico deroga expresamente
las normas sobre la prenda civil o comercial y moderniza el Sistema de
Garantías Mobiliarias, desde su constitución, al simplificar los trámites exigidos
para su formalización; el registro, bajo un modelo centralizado, de bajo
costo, virtual y de libre consulta; la ejecución con procesos más expeditos y
habilita nuevos actores con funciones jurisdiccionales (Superintendencia de
Industria y Comercio, Cámaras de Comercio y Notarios) para adelantar las
ejecuciones los procesos y finalmente y la adjudicación de los bienes objeto
de la garantía.
El sistema de registro juega un papel preponderante en este nuevo
Sistema Unitario de Garantías Sobre Bienes Muebles en la medida que cumple
una función de publicidad (oponibilidad) con todos los efectos que esta implica.
Abstract
With the issuance of law 1676 of 2013, Colombian legislation undertook the
most modern international trends in material related to real estate guarantees
and as such undertook a structural change on the traditional systems
contained within civil and trade code and in special legislations such as agriculture
and mining.
The principal proposal of this change is to update the regime for guarantees
of movable assets. The new legal framework expressly states the rulings on
civil or commercial pledges and modernises the Real Estate Guarantee system,
from its constitution, by simplifying the processes required for its formalization:
registration, under a centralized model, low cost, virtual and free consultation.
Execution is simplified with more expedite processes and permits new
acts with jurisdictional functions (Industry and Commerce Superintendence,
Chambers of Commerce and Notaries) to speed up executions of the processes
and finally, acquisition of goods object of guarantee.
The registration system plays a preponderant role in this new general
registry system for guarantees on movable assets, in the means that it fulfils
a publicity function (effectiveness), with all effects in this kind of measures.
Introducción
En los últimos tres años, en el país ha entrado en vigencia una variada gama
de leyes, tanto en materia sustantiva como en materia procedimental; algunas
de ellas incorporaron significativas modificaciones a la estructura clásica
de las instituciones más tradicionales de nuestro ordenamiento jurídico.
En el ámbito del derecho privado, en sus esferas de derecho civil y mercantil,
se introdujeron, entre otros temas, cambios al régimen general y sistemático
de los bienes, las obligaciones, los contratos y las garantías con
normas como:
i. «El Estatuto del Consumidor», contenido en la Ley 1480 de 2011,
cuya finalidad es la corrección del desequilibrio estructural que
está latente en la relación entre consumidores y productores o
proveedores de bienes o prestadores de servicios.
ii. «El Régimen de Protección de Datos Personales», contenido en la
Ley Estatutaria 1581 de 2012, cuya finalidad es actualizar y rectificar
las informaciones que se hayan recogido sobre las personas naturales
en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades
y garantías a que se refiere el artículo 15 de la Constitución
Política.
iii. «El Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes Muebles», contenido
en la Ley 1676 de 2013, cuya finalidad es facilitar el acceso a
la financiación, principalmente de las micro y pequeñas empresas.
La Ley 1676 de 2013 introdujo cambios radicales y profundos al régimen
sistemático que regulaba las principales garantías sobre bienes muebles
en materia civil y comercial, y las garantías reguladas por normas especiales,
como, por ejemplo, las garantías propias del derecho de minas. Dicho

654 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
655
cambio tuvo como propósito facilitar el acceso a la financiación, principalmente
de las micro y pequeñas empresas, a través de los diferentes esquemas
de financiación que actualmente ofrece el sistema financiero a los diferentes
sectores de la economía en general, o al comercio y a los empresarios,
mediante los créditos que otorgan los fabricantes o proveedores de bienes o
servicios a sus distribuidores, comercializadores o clientes.
El Gobierno nacional, autor del proyecto de ley que se materializó en la
Ley 1676, estructuró el nuevo Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes
Muebles, SUGSBM 1 , con base en la experiencia internacional de países como
Canadá, EE. UU., Guatemala, México y Perú, que habían adoptado regulaciones
similares, teniendo como referente la guía legislativa de la Comisión de
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 2 (CNUDMI por sus
siglas en español, o UNCITRAL, por sus siglas en inglés). Dicho sistema de
garantías tiene como propósito facilitar el acceso a la financiación, para esto
procura hacer más eficiente el derecho de los acreedores, pues estos deben
tener la confianza en que, en caso de incumplimiento del deudor, podrán
acudir al sistema legal para que la garantía pueda ser cobrada con rapidez y
a unos menores costos de transacción.
De acuerdo con los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo,
entidad que ha acompañado a los países que han optado por incorporar a
sus legislaciones el modelo de garantías, para que un sistema de garantías
mobiliarias determine un incremento del uso de las mismas, se debe sustentar
en cuatro pilares o bases:
• Constitución. La constitución de los diversos tipos de garantías
debe ser un proceso o trámite simple, ágil, lo que implica, para
los sistemas jurídicos tradicionales de garantías, reducir algunos
1 Como lo denomina la Ley 1676 de 2013, al encabezar el capítulo ii, del título i. Sin
embargo, ni la Ley, ni el Decreto Reglamentario 400 de 2014, definen el concepto
del Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes Muebles, como tal, pero si definen
diferentes componentes de dicho sistema.
2 «Principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho
mercantil internacional. Órgano jurídico de composición universal, dedicado
a la reforma de la legislación mercantil a nivel mundial durante más de 40 años. La
función de la CNUDMI consiste en modernizar y armonizar las reglas del comercio
internacional» (CNUDMI, s. f.).
de los requisitos formales exigidos para su constitución y registro.
Debe contener una amplia gama de bienes, derechos o acciones
que puedan ser objeto de una garantía mobiliaria, lo que permitirá
el acceso a los créditos para una mayor cantidad de personas
que no cuentan con bienes inmuebles para dar en garantía.
• Registro. El sistema de registro debe ser centralizado, de bajo costo
y virtual, esto es, accesible a través de internet, lo que facilitará
el ingreso para el registro y la consulta, mejorando el sistema
de publicidad y, por ende, de oponibilidad frente a terceros. Estas
condiciones reducen los costos de transacción porque evitan la
búsqueda en diferentes registros, así como traslados físicos de
los bienes entregados en garantía y de los garantes a las oficinas
de registros. Para el caso colombiano, la característica de ser un
registro centralizado disminuye los costos de formalización de la
garantía mobiliaria porque no se causa el impuesto departamental
registro.
• Prelación. Debe contemplar clara y expresamente el ámbito y alcance
de las reglas de prelación de las garantías mobiliarias con o
sin tenencia del bien, así como de los diferentes gravámenes surgidos
por ministerio de la ley, los judiciales o los tributarios. Estas
reglas generan seguridad en el recobro para los acreedores garantizados,
lo que se traduce en menores tasas de interés para los
créditos en general.
• Ejecución de la garantía. Debe incorporar diferentes mecanismos
que permitan la ejecución de las garantías mobiliarias ante diferentes
entes a los que se les otorgue competencia, bajo procedimientos
especiales con el objetivo de brindar agilidad para el
cobro de la obligación y remate o venta de los bienes dados en
garantía.
La Ley 1676 de 2013 modificó normas sustanciales y procedimentales
referidas al régimen de garantías civiles como la prenda y la anticresis. En
cuanto al régimen de garantías mercantiles, modificó la prenda en sus diferentes
modalidades. Con el propósito de unificar el RUGSBM en un solo
estatuto, modificó los regímenes de garantías consagradas en legislaciones
especiales como la prenda agraria, la minera, la prenda del derecho a

656 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
657
explorar y explotar, y la prenda de marcas y patentes. Finalmente, modificó
algunos de los elementos concernientes a otros contratos de garantía, como
el contrato de fiducia en garantía y el contrato de factoring.
En el ámbito procedimental, introdujo cambios relacionados con el
régimen de ejecución de las garantías contemplado en el Código General
del Proceso (Ley 1564 de 2012). En primer lugar, señaló al juez civil y a la
Superintendencia de Sociedades como autoridades jurisdiccionales competentes
para la ejecución de las garantías mobiliarias. Así mismo, le otorgó a
dicha superintendencia competencia a prevención en aquellos eventos en
los que el garante es una sociedad sometida a su vigilancia.
Adicionó la ley al SUGSBM algunas previsiones específicas, como el mecanismo
de adjudicación o realización especial de la garantía real regulado
en los artículos 467 y 468 del Código General del proceso. También incluyó:
(i) un procedimiento para la ejecución de la garantía mobiliaria sobre bienes
inmuebles por destinación o muebles por anticipación; (ii) un procedimiento
al que debe sujetarse el acreedor cuando pretenda satisfacer su crédito
directamente con los bienes dados en garantía (pago directo) y (iii) definió el
procedimiento para la ejecución especial de la garantía mobiliaria.
Finalmente, trajo disposiciones referidas a: (i) los mecanismos para la
solución alternativa de controversias surgidas en la constitución, interpretación,
prelación, cumplimiento, ejecución o liquidación de una garantía
mobiliaria; (ii) los sitios de internet para la venta o martillo electrónico de
los bienes dados en garantía, y (iii) la aplicación de la ley en el tiempo a las
vigencias y a las derogatorias.
No obstante, y de manera positiva, en la medida que se enriquece el
ámbito de discusión jurídica en Colombia sobre el régimen de garantías, a
pocos días de haber sido sancionada la ley, ya se han conocido diversas posiciones
doctrinales en pro o en contra del Sistema Unitario de Garantías sobre
los Bienes Muebles. Al sentir del abogado y columnista Ramiro Bejarano
(2013): «La Ley es de redacción pesada y en ocasiones farragosa o confusa. El
artículo 3, por ejemplo, pieza angular porque supuestamente define el concepto
de garantías mobiliarias y su ámbito de aplicación, demuestra cómo
no deben redactarse las normas».
En otra dirección encontramos posiciones como la de Carlos Andrés
Laguado (2014), cuando señala que:
El mundo de las garantías sobre bienes muebles cambió en
Colombia y el proceso ejecutivo tradicional perderá importancia.
Es temprano para verse, pero hay razones serias para acoger y desarrollar
las virtudes que la ley promete. En ello se deben comprometer
sin perjuicios, y más bien con esperanza, los asesores
de entidades financieras, los profesores de Derecho Civil y los de
Derecho Procesal Civil.
De otro lado, es del caso resaltar que a solo quince días de haberse implementado
la plataforma tecnológica que soporta el Sistema Unitario de
Garantías sobre los Bienes Muebles –la ley entró en vigencia el 21 de febrero
de 2014–, los medios de comunicación registraron cambios en la dinámica
del otorgamiento de financiación y acceso al crédito en el país. Señala
un artículo de la revista Dinero (2014) que: «Desde la puesta en marcha del
Registro de Garantías Mobiliarias, el pasado 4 de marzo, decenas de empresas
y personas naturales colombianas han adquirido créditos por más de
$86.000 millones».
Asimismo, el superintendente de Sociedades, Dr. Luis Guillermo Vélez C.,
manifestó en el II Simposio Jurídico Nacional de Confecámaras que a seis
meses de haber entrado en vigencia la ley, ya se habían inscrito en el Registro
de Garantías Mobiliarias más de 820.000 garantías, de las que aproximadamente
123.000 corresponden a garantías constituidas bajo el nuevo
sistema y 697.000 corresponden a la inscripción de garantías mobiliarias
preexistentes bajo el régimen anterior, como prendas de los registros de las
cámaras de comercio y prendas sobre vehículos y otros del Registro Único
Nacional de Tránsito.
No obstante estas iniciales y alentadoras cifras, es necesario el trascurso
de un tiempo mayor, circunstancia que permitirá contar con mayor
información sobre la evolución del Sistema Unitario de Garantías sobre los
Bienes Muebles y así realizar un análisis más profundo sobre los resultados
de cada una de las fases del ciclo completo, esto es, desde la fase de constitución
hasta la de ejecución de las garantías.
Solo a partir de la información estadística sobre el flujo de constitución,
registro y ejecución de garantías mobiliarias, se podrá hacer una evaluación
más objetiva sobre las bondades del SUGSBM y así constatar si en efecto
se logró la disminución de los costos de transacción para los acreedores

658 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
659
y, consecuentemente, la de los costos de financiación, con lo que se habrá
cumplido el propósito de la ley de aumentar el acceso a la financiación para
los colombianos.
Algunas de estas cifras estadísticas del comportamiento del registro
de garantías mobiliarias durante el primer año de operación del SUGSBM,
suministradas por Confecámaras, nos dan una idea de lo que va siendo la
evolución del sistema y de las tendencias en su utilización.
-1-
El régimen de garantías
mobiliarias en Colombia
Tabla 1. Cantidad de registros realizados en la plataforma del RGM por tipo de formulario.
Histórico de 2014 y 2016 con corte al 30 de abril de 2016.
Acumulado 2014-2016
Tipo de formulario Total % Participación
Garantías antes de esta ley 812.622 45 %
Inscripciones iniciales 445.992 20 %
Modificaciones 931.747 40 %
Cancelaciones 117.795 4,9 %
Ejecuciones 684 0,04 %
TOTAL 2.313.299 100 %
Tabla 2. Localización de los deudores de quienes se han registrado garantías mobiliarias.
Dato acumulado al 30 de abril de 2016.
Ciudades Subtotal %. Participación
Bogotá 6.391 29,86 %
Medellín 2.065 9,65 %
Cali 1.529 7,14 %
Barranquilla 798 3,73 %
Bucaramanga 633 2,96 %
Cúcuta 493 2,30 %
Otros municipios 9.495 44,36 %
Total 21.404 100 %
En Colombia, el marco jurídico para los contratos de garantía, en esencia,
está contenido en tres fuentes normativas: el Código Civil, el Código de
Comercio y por las normas especiales, como la Ley 24 de 1921, que regula el
contrato de prenda agraria, y el Código Minero (Ley 685 de 2001), que regula
las garantías mineras; la Ley 1116 de 2006 y el Decreto 2555 de 2010, que
regulan algunos aspectos de la fiducia en garantía, y la Ley 1231 de 2008,
que regula lo referente a la factura como título valor y como mecanismo de
financiación para el micro, pequeño y mediano empresario (factoring).
En el ordenamiento civil, la fuente de las obligaciones puede encontrarse
en los contratos, en las obligaciones accesorias contempladas en la
ley o en la cesión de derechos. El deudor, para respaldar estas obligaciones,
puede ofrecer como respaldo, ya sea su patrimonio (garantía personal como
la fianza); bienes inmuebles o sus frutos (hipoteca y anticresis), o bienes
muebles (prenda con tenencia o sin ella, cesión de derechos). Las garantías
personales y la hipoteca no hacen parte del Sistema Unitario de Garantías
sobre Bienes Muebles.
La modalidad de cesión de derechos incluye la de cesión de créditos en
garantía (artículo 1959, C. C., subrogado por el artículo 33 de la Ley 57 de 1887) 3 .
Esta regulación permite que la cesión de derechos se realice a diferentes títulos
y que recaiga sobre diversos tipos de créditos. La regulación referente a
esta modalidad de garantía, en lo que le sea contrario al régimen establecido
3 Artículo 1959. Formalidades de la Cesión. Subrogado artículo 33, Ley 57 de 1887. El
nuevo texto es el siguiente. La cesión de un crédito, a cualquier título que se haga,
no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del
título. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse
otorgándose uno por el cedente al cesionario, y en este caso la notificación
de que trata el artículo 1961 debe hacerse con exhibición de dicho documento.

660 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
661
en la Ley 1676 de 2013, queda expresamente derogada de conformidad con lo
establecido en el capítulo ii Créditos, artículos 23 al 30 y 91 de esta ley.
En la modalidad de garantía originada en una obligación accesoria, tenemos
el caso de la fianza (artículo 2361, Código Civil) 4 , en virtud de esta,
una o más personas responden por el cumplimiento de una obligación ajena,
comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte si
el deudor principal no la cumple. En esta modalidad de garantía, el objeto
material que respalda la obligación principal es el patrimonio del garante,
como universalidad jurídica, por lo que este tipo de obligación accesoria no
fue expresamente derogado por la Ley 1676.
En cuanto a los mecanismos de garantía de naturaleza contractual, encontramos
una gama de tipologías que atienden a la clase de bienes objeto
del gravamen. Es así como el gravamen que recae sobre bienes muebles se
tipifica en el contrato de prenda (artículo 2409 Código Civil) 5 ; sobre bienes inmuebles
en el contrato de hipoteca (artículo 2432, Código Civil) 6 , y sobre los
frutos de un inmueble en el contrato de anticresis (artículo 2458, Código Civil) 7 .
Atendiendo a la naturaleza mobiliaria de los bienes sobre los que recae
el contrato de prenda y de anticresis, el nuevo régimen de garantías mobiliarias
derogó expresamente las normas del Código Civil referentes a los
contratos de prenda y de anticresis, de conformidad con lo establecido en el
artículo 91 de la Ley 1676 de 2013. Por el contrario, atendiendo la naturaleza
de los bienes inmuebles, la regulación del Código Civil referente a la hipoteca
continúa vigente.
4 Artículo 2361. Concepto de Fianza. La fianza es una obligación accesoria, en virtud de
la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose
para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el deudor principal no la cumple.
La fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino de otro
fiador.
5 Artículo 2409. Definición del Empeño o Prenda. Por el contrato de empeño o prenda
se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito.
La cosa entregada se llama prenda.
El acreedor que la tiene se llama acreedor prendario.
6 Artículo 2432. Definición de Hipoteca. La hipoteca es un derecho de prenda constituido
sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor.
7 Artículo 2458. Definición de Anticresis. La anticresis es un contrato por el que se
entrega al acreedor una finca raíz para que se pague con sus frutos.
Del lado del sistema de garantías del ordenamiento jurídico mercantil
se contemplan diversas instituciones que tienen como finalidad asegurar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos, pactos o cláusulas
suscritos por los comerciantes en el giro propio de su actividad. A su
vez, el Estatuto Mercantil cataloga como actos de comercio aquellos ejecutados
por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones
comerciales (artículo 21, Código Civil).
Asimismo, el Código de Comercio regula variados mecanismos para
respaldar el cumplimiento de las obligaciones comerciales, fuentes que metodológicamente
se pueden agrupar así:
• Las garantías derivadas de la entrega de títulos valores, de conformidad
con su ley de circulación. Establece el Estatuto Mercantil en
su artículo 882 que:
La entrega de letras, cheques, pagarés y demás títulos-valores
de contenido crediticio, por una obligación anterior, valdrá como
pago de esta si no se estipula otra cosa; pero llevará implícita la
condición resolutoria del pago en caso de que el instrumento sea
rechazado o no sea descargado de cualquier manera.
Estas garantías continúan bajo la regulación del Código de Comercio,
como lo señala expresamente el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 1676.
• Los derechos que contempla el ordenamiento jurídico mercantil
para garantizar las obligaciones de alguna de las partes en la relación
contractual, como: la presunción de solidaridad (artículo 825),
el derecho a la caución consagrado en el artículo 873 y el derecho
de retención (artículo 942).
• La cesión de contratos (artículo 887), a diferencia de la cesión de
créditos, implica tanto la cesión de los derechos como de las obligaciones
derivadas de la relación contractual. El que cede un contrato
se obliga a responder por la existencia y validez del mismo y por sus
garantías, pero, salvo estipulación expresa en contrario, no responderá
por el cumplimiento del otro contratante y de los garantes.
• Las obligaciones accesorias como esquema de garantía, estipuladas
por las partes, como las arras (artículo 866), la cláusula penal

662 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
663
(artículo 867), la prenda de la cosa vendida (artículo 951) y la venta
con reserva de dominio (artículo 952).
• Los tipos contractuales de garantía como la prenda con tenencia
y sin ella del acreedor (artículo 1200), la anticresis (artículo 1221) y
la fiducia (artículo 1226).
El Sistema Unitario de Garantías sobre Bienes Muebles, contenido en
la Ley 1676/13, constituye una modificación estructural y de fondo a los regímenes
sistemáticos de las garantías sobre muebles incluidas en los códigos
Civil y Comercial, en la medida que contempla una serie de cambios transversales
para las distintas etapas de la garantía, esto es, la constitución, el
registro (oponibilidad, prelación), la ejecución y la adjudicación.
Se podría afirmar que el primer cambio de fondo sobre los sistemas tradicionales
lo constituye la clasificación tipológica del contrato de garantía
como un contrato principal, esto es, que no requiere de la existencia previa
de una obligación por garantizar 8 , requisito que en el sistema de garantías
de las codificaciones civil y comercial ubicaba a esta clase de contratos en la
categoría de accesorios.
En este sentido, en el SUGSBM de la Ley 1676, el contrato de garantía
mobiliaria es uno autónomo y no está condicionado a la existencia de una
obligación. Para esto la ley exige que las partes en el contrato señalen el
monto máximo cubierto por la garantía, independiente de las obligaciones
por garantizar, y que las partes convengan las reglas para la determinación
de las obligaciones si estas fueren futuras. Señala expresamente el artículo
3 de la Ley 1676 que las garantías mobiliarias a que se refiere la ley se constituirán
a través de contratos que tienen el carácter de principales, a su vez,
el artículo 14 9 exige que el contrato se celebre por escrito y señala los requisitos
mínimos que debe contener el mismo.
El SUGSBM amplía la categoría de bienes muebles objeto de las garantías
al permitir que el gravamen recaiga sobre bienes futuros. Adicionalmente,
introduce la ley, como una de las novedades más importantes, una figura ya
vigente en otras legislaciones, como lo es la categoría de bienes derivados o
atribuibles de los bienes en garantía que sean susceptibles de valoración pecuniaria
al momento de la constitución o posteriormente, en la medida que
les da movilidad a las garantías al permitir que esta mute o recaiga sobre los
bienes que se derivan o desprendan del bien original.
Define el artículo 8 de la Ley los bienes derivados o atribuibles como
los bienes muebles que se puedan identificar como provenientes de los originalmente
gravados, incluyendo los nuevos bienes, entre otros, dinero en
efectivo y depósitos en cuentas bancarias y cuentas de inversión que resulten
de la enajenación, transformación o sustitución de los bienes muebles
dados en garantía, independientemente del número o secuencia de estas
enajenaciones, transformaciones o sustituciones. Es importante resaltar
que también se catalogan como bienes derivados o atribuibles las sumas
pagadas a título de indemnización por los seguros constituidos para amparar
o proteger los bienes dados en garantía.
Se puede citar como ejemplo de garantía sobre los bienes derivados
o atribuibles la que se extiende a las prendas de vestir que resulten de la
transformación de los lotes de telas que fueron dados inicialmente en garantía
por el empresario de las confecciones o el dinero producto de la venta
de aquellas.
Trae la norma un listado de bienes muebles que pueden ser objeto material
de un gravamen mobiliario, además de aquellos casos contemplados
en otras leyes especiales, ellos son:
8 Artículo 1499. Contrato Principal y Accesorio. El contrato es principal cuando subsiste
por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por
objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no
pueda subsistir sin ella.
9 Artículo 14. Contenido del Contrato de Garantía Mobiliaria. El contrato de garantía
debe otorgarse por escrito y debe contener cuando menos:
1. Nombres, identificación y firmas de los contratantes.
2. El monto máximo cubierto por la garantía mobiliaria.
3. La descripción genérica o específica de los bienes dados en garantía.
4. Una descripción de las obligaciones garantizadas, sean presentes o futuras, o de
los conceptos, clases, cuantías o reglas para su determinación.
Parágrafo. La suscripción del contrato y sus modificaciones, o de algún documento
firmado por el garante en este sentido, serán suficientes para autorizar la inscripción
de la garantía mobiliaria en el registro y sus modificaciones posteriores, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo referido a la prelación entre garantías
constituidas sobre el mismo bien en garantía.

664 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
665
• Muebles adheridos o destinados a inmuebles, bajo la condición
de que puedan separarse del inmueble sin que se produzca detrimento
físico.
• Derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual.
• Derechos al pago de depósitos de dinero.
• Acciones, cuotas y partes de interés representativas del capital de
sociedades civiles y comerciales, siempre que no estén representadas
por anotaciones en cuenta.
• Derechos a reclamar el cumplimiento de un contrato que no sea
personalísimo por el obligado o por un tercero.
• Todo bien mueble, incluidos los fungibles, corporales e incorporales,
derechos, contratos o acciones a los que las partes atribuyan
valor económico.
Se exceptúan los bienes muebles cuya venta, permuta, arrendamiento
o pignoración o utilización como garantía mobiliaria estén prohibidas
por una ley imperativa o de orden público; las aeronaves, helicópteros, sus
motores, equipo ferroviario y otras categorías de equipo móvil aeronáutico;
los valores intermediados e instrumentos financieros regulados por la Ley
964 de 2005 y las garantías sobre títulos valores regulados por el Código de
Comercio.
Con respecto a los contratos de fiducia mercantil, señaló expresamente
el parágrafo del artículo 3 de la Ley 1676/13, que este régimen solo aplica a
los bienes muebles involucrados en la modalidad de fiducia mercantil en
garantía, dejando por fuera otras modalidades de la fiducia mercantil, como,
por ejemplo, la de administración. En consecuencia, a los bienes muebles
objeto de dicha modalidad de fiducia mercantil no les aplican las reglas de
oponibilidad, prelación, restitución o adjudicación de la Ley 1676 de 2013.
Otro de los cambios al régimen sistemático de garantías del Código
Civil y Comercial lo constituye el propio concepto de garantía mobiliaria, que
bajo este nuevo sistema incorpora, independiente de su forma o nomenclatura,
a toda operación que tenga como efecto garantizar una obligación con
los bienes muebles del garante. Así las cosas, el concepto de garantía mobiliaria
incluye, entre otros, las tradicionales figuras de la prenda en cualquiera
de sus modalidades, la garantía sobre cuentas por cobrar, la cláusula de
reserva de dominio y las consignaciones o depósitos con fines de garantía.
La ley, en su artículo 3, expresamente prescribe que el concepto de garantía
mobiliaria y su régimen son aplicables a las figuras de garantía reguladas
en otras disposiciones como la prenda, sea civil o comercial, con tenencia
o sin ella, de establecimiento de comercio, de acciones, cuotas o partes
de interés (siempre que no estén representadas por anotaciones en cuenta),
agraria, minera, del derecho a explorar y explotar, de un crédito, de marcas,
patentes y otros derechos análogos, a la anticresis, a los bonos de prenda, al
volumen aprovechable o vuelo forestal y al derecho de retención.
La Ley 1377 de 2010, mediante la que se reguló la actividad de reforestación
comercial, define, en su artículo 2, el vuelo forestal como “el volumen
aprovechable sobre el cual el titular o el propietario de un cultivo forestal
con fines comerciales tiene derecho para constituir una garantía. Para todos
los efectos jurídicos, se entiende que los árboles son bienes muebles por
anticipación conforme a lo establecido en el artículo 659 del Código Civil”.
A su vez, el artículo 10 de la ley señala que el volumen aprovechable o vuelo
forestal constituye una garantía real para transacciones crediticias u otras
operaciones financieras cuando recae sobre plantaciones forestales comerciales
y sistemas agroforestales con fines comerciales.
En consecuencia, el nuevo régimen de garantías mobiliarias derogó expresamente
las normas que regulan las figuras de garantía, que se entienden
incorporadas en el concepto de garantías mobiliarias del artículo 3 de
la Ley 1676/13, en lo que le sean contrarias y, de manera especial, del Código
Civil, los artículos 2414, el inciso 2 del artículo 2422, se modifica el artículo
2425 10 al expresar la cuantía en salarios mínimos y no en pesos (20 SMLMV),
y el artículo 2427. Del Código de Comercio se derogan expresamente los artículos
1203, 1208, 1209, 1210, lo referente al registro mercantil del artículo 1213,
el artículo 247 de la Ley 685 de 2001 y los artículos 1, 2, 3 de la Ley 24 de 1921.
Trae la ley un régimen de transición normativa para aquellas garantías
constituidas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1676 de 2013 y reguladas
por las normas derogadas o modificadas, para lo que prescribe que estas
conservarán su validez hasta cuando los créditos amparados por las mismas
sean extinguidos por cualquier medio legal (parágrafo del artículo 91).
10 Artículo 2425. Adjudicación judicial de la cosa empeñada. Si el valor de la cosa empeñada
no excediere de ciento cincuenta pesos podrá el juez, a petición del acreedor,
adjudicársela por su tasación, sin que se proceda a subastarla.

666 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
667
El nuevo sistema de garantías mobiliarias para Colombia entró en vigencia
el 21 de febrero de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo
91 de la Ley 1676/13, que estipuló un plazo de seis (6) meses, contados a
partir de su promulgación, para el inicio de su vigencia.
El Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes Muebles, procurando
un sistema ágil y eficaz de garantías que facilite el otorgamiento y acceso
al crédito, regula de forma transversal el ciclo de la garantía desde su constitución
hasta su adjudicación, esto es, para los elementos de oponibilidad,
publicidad, prelación y ejecución de las garantías.
La oponibilidad de las garantías mobiliarias, esto es, la posibilidad de
hacer valer el derecho frente a terceros ajenos al contrato de garantía, se
deriva del sistema de publicidad que se adopte y que permita a esos terceros
conocer ciertos actos relevantes para el tráfico mercantil 11 . La ley estructuró
un esquema simplificado, eficiente y de bajo costo, con el propósito de facilitar
el acceso al crédito. Para esto estableció tres mecanismos bajo los que se
materializa la oponibilidad de la garantía mobiliaria: (i) la inscripción en el
registro, (ii) la entrega de la tenencia o (iii) el control de los bienes en garantía
por el acreedor garantizado o por un tercero designado por este.
La utilización de alguno de dichos mecanismos de oponibilidad de la
garantía, le da la certeza y seguridad jurídica al acreedor de que en el evento
de ejecución de la misma no se admitirá oposición ni derecho de retención a
la entrega, a la subasta o a cualquier acto de ejecución de la garantía en los
términos establecidos en esta ley.
Cuando el tipo de garantía sea de las «prioritarias de adquisición», su
oponibilidad frente a otros acreedores o a terceros se deriva de la inscripción
registral mediante un formulario que hace referencia al carácter especial
de la garantía y que debe contener la descripción de los bienes gravados
(artículos 22 y 43).
El sistema de garantías mobiliarias trae diversas reglas para establecer
la prelación de la garantía mobiliaria sin tenencia, la de los gravámenes
surgidos por ministerio de la ley, los judiciales y los tributarios. Como regla
general, la prelación de la garantía mobiliaria sin tenencia se determina por
la fecha de inscripción en el registro. La garantía inscrita tendrá prelación
11 Corte Constitucional. Sentencia C-621 de 2003. Magistrado ponente: Marco Gerardo
Monroy Cabra.
sobre las no inscritas. Si se trata de garantías mobiliarias no inscritas, la prelación
será determinada por la fecha de celebración del contrato de garantía.
Para las garantías mobiliarias cuya oponibilidad se materializa por la
tenencia del bien o por el control sobre la cuenta de depósito bancario, la
prelación se establece por el orden temporal de su oponibilidad a terceros.
Contempla la norma un capítulo específico (capítulo ii del título v, artículos
50 al 52) para las reglas de prelación de garantías en los procesos de
insolvencia, como el de reorganización, el de validación de acuerdos extrajudiciales
de reorganización y de liquidación judicial.
Finalmente, en materia de prelación consagró la ley lo siguiente: para
que opere la prelación de las obligaciones fiscales y tributarias se requiere
que la entidad pública obtenga la garantía a su favor y esta se encuentre debidamente
registrada de manera previa a los demás acreedores (artículo 56).
Otro de los cambios importantes que trae la ley hace referencia a los
procesos para la realización de la garantía, en procura de menores costos
y tiempos para su ejecución. En este frente no solo se introducen nuevos
procesos para la ejecución y el pago de la obligación con los bienes gravados,
sino que también se le da mayor autonomía a la voluntad creadora de
las partes, recogiendo la posición jurisprudencial de la Corte Suprema de
Justicia 12 , puesto que para la prenda con tenencia deroga expresamente la
prohibición contenida en el artículo 1203 del Código de Comercio de estipular
o consagrar el denominado pacto pignoraticio 13 .
Lo que pretende el legislador al incorporar estos mecanismos en el sistema
de garantías es fortalecer los derechos de los acreedores y así disminuir
los costos de los créditos (en trámites y tasas), teniendo en cuenta que
actualmente en nuestro medio la vía judicial para la ejecución de una garantía
es onerosa y requiere de un tiempo considerable para que los bienes
en garantía puedan ser recuperados y vendidos para extinguir la obligación.
Los mecanismos consagrados para la realización de la garantía son:
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 29 de julio del
2005, expediente 110013103018 1893 20302-02. Magistrado Ponente: Carlos Ignacio
Jaramillo.
13 Artículo 1203. Ineficacia de Estipulaciones. Toda estipulación que, directa o indirectamente,
en forma ostensible u oculta, tienda a permitir que el acreedor disponga
de la prenda o se la apropie por medios distintos de los previstos en la ley no producirá
efecto alguno.

668 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
669
• Proceso de adjudicación o realización especial de la garantía real
(artículos 467 y 468 CGP), cuya competencia recae en los jueces
civiles o en la Superintendencia de Sociedades, cuando el garante
sea una sociedad, por lo que se adicionó el artículo 24 del
Código General del Proceso con el numeral 6, que reza así: «La
Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales
en materia de garantías mobiliarias».
• Pago directo, cuando así se haya pactado de mutuo acuerdo o
cuando el acreedor garantizado sea tenedor del bien dado en garantía.
Asimismo, se establecen las reglas sobre el valor base para
el pago.
• Ejecución especial, este procedimiento se podrá utilizar cuando se
pacte de mutuo acuerdo entre las partes, el acreedor garantizado
sea tenedor del bien dado en garantía, o tenga derecho legal de
retención del bien, o este tenga un valor inferior a los veinte (20)
SMLMV, se cumpla el plazo o una condición resolutoria o cuando
el bien sea perecedero. Los competentes para realizar este tipo de
procesos son los notarios y las cámaras de comercio.
Finalmente, consagra la ley en su artículo 78, que para dirimir las controversias
surgidas con ocasión de la constitución, interpretación, prelación,
cumplimiento, ejecución y liquidación de una garantía mobiliaria, los contratantes
pueden acudir a la conciliación (regulada por las leyes 446 de 1998
y 640 de 2001), al arbitraje (regulado por la Ley 1563 de 2012) o por cualquier
otro de los métodos alternativos de solución de conflictos consagrados por
la legislación colombiana.
-2-
El modelo de registros
en Colombia y
la integración del régimen
de garantías mobiliarias
El concepto de registro tiene múltiples acepciones en la medida que puede
ser definido desde la óptica de la institución jurídica regulada, de la entidad
que presta el servicio o como acto jurídico.
Como institución, se entiende como el conjunto de procedimientos y
normas que pretenden asegurar que determinada información que consta
en documentos públicos o privados sea adecuadamente conservada y eventualmente
publicada, debido a la especial importancia que esta tiene para el
correcto funcionamiento de las relaciones jurídicas.
Como entidad, al decir de Caicedo Escobar (2005): «También se identifica
el término registro con la organización estructural, la oficina encargada
de las inscripciones; los libros donde se anotan los actos, contratos, hechos,
derechos; los asientos, anotaciones e inscripciones de los mismos».
Como acto jurídico, es la operación consistente en depositar o en anotar
la ocurrencia de un hecho jurídico o la realización de un acto jurídico o, en
palabras del profesor Caicedo, es el continente material donde se consigna
algo por escrito, de trascendencia jurídica-económica, con el interés fundamental
de perpetuarlo y usarlo en cualquier momento por los interesados
iniciales o terceros.
Sobre el modelo registral colombiano, se puede afirmar que es un sistema
concentrado e institucionalizado en entidades especializadas. Dichas
instituciones son, unas, de naturaleza pública, como las oficinas de registro de
instrumentos públicos, la Registraduría del Estado Civil y la Superintendencia
Financiera (Registro Nacional de Valores y Emisores, RNVE); otras, de naturaleza

670 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
671
privada, como las cámaras de comercio (Registro Único Empresarial y Social,
RUES) y, recientemente, Fasecolda, con el RUS y la Confederación de Cámaras
de Comercio, Confecámaras, delegataria del registro de garantías mobiliarias.
En este modelo registral institucionalizado en entidades especializadas
tenemos, solo por enunciar algunos, los siguientes registros:
• De la propiedad inmueble, regulado por la Ley 1579 del 1 de octubre
de 2012, el registro está a cargo de las oficinas de registro de
instrumentos públicos. Señala la ley que: «El registro de la propiedad
inmueble es un servicio público prestado por el Estado por
funcionarios denominados registradores de instrumentos públicos,
en la forma aquí establecida y para los fines y con los efectos
consagrados en las leyes» 14 .
• Del estado civil de las personas, regulado por el Decreto Ley 1260
de 1970, el registro está a cargo de la Registraduría Nacional del
Estado Civil. Deben registrarse en el registro civil los hechos, los
actos y las providencias judiciales o administrativas que afecten
el estado civil o la capacidad jurídica de las personas 15 .
• Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, regulado por las leyes
769 de 2002 y 1005 de 2006. El Ministerio de Transporte es la
entidad competente para conceder la administración del Sistema
RUNT y definir los términos, la normatividad y la regulación para
su funcionamiento. Es un sistema que permite registrar y mantener
actualizada, centralizada, autorizada y validada la información
sobre los registros de automotores, conductores, licencias de
tránsito, empresas de transporte público, infractores, accidentes
de tránsito, seguros, remolques y semirremolques, maquinaria
agrícola y de construcción autopropulsada y de personas naturales
o jurídicas que prestan servicio al sector 16 .
• Registro Único Empresarial y Social, RUES, regulado por el Decreto
Ley 019 de 2012, el registro está a cargo de las cámaras de comercio
que integra el registro mercantil, el Registro Único de Proponentes,
el registro de entidades sin ánimo de lucro, el de las personas naturales
y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de juegos
de suerte y azar, el registro de veedurías ciudadanas, el Registro
Nacional de Turismo, el de entidades extranjeras de derecho privado
sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior que establezcan
negocios permanentes en Colombia, y el registro de la economía
solidaria 17 .
• Registro de Garantías Mobiliarias, regulado por la Ley 1676 de
2013, está a cargo de Confecámaras, cuyo propósito es incrementar
el acceso al crédito mediante la ampliación de los bienes, derechos
o acciones que pueden ser objeto de garantía mobiliaria
simplificando la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución
de las mismas 18 .
• Registro de propiedad intelectual, contempla dos ámbitos: Derechos
de autor, regulados por la Ley 23 de 1982. El registro está a cargo de
la Dirección Nacional de Derecho de Autor, DNDA, cuya finalidad
es brindar y otorgar a los titulares de derecho de autor y derechos
conexos un medio de prueba y de publicidad a sus derechos, así
como a los actos y contratos que transfieran o cambien ese dominio
amparado por la ley 19 . Propiedad industrial, regulada por la
Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El registro está a cargo de la Superintendencia de Industria y
Comercio, tiene como finalidad conceder derechos sobre los bienes
de propiedad industrial (marcas, lemas, nombres y enseñas
comerciales) 20 .
• Registro Único de Seguros, RUS, creado por la Ley 1328 de 2009 y
reglamentado por el Decreto 2775 de 2010, tiene como propósito
proveer al público de información concreta, asequible y segura
sobre las personas que han adquirido pólizas de seguros, las que
14 Ver: http://www.supernotariado.gov.co.
15 Ver: http://www.registraduria.gov.co.
16 Ver: http://www.runt.com.co.
17 Ver: http://www.rues.org.co.
18 Ver: https://www.garantiasmobiliarias.com.co.
19 Ver: http://www.derechodeautor.gov.co.
20 Ver: http://www.sic.gov.co/propiedad-industrial.

672 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
673
están aseguradas por dichas pólizas y las beneficiarias de las mismas.
Este seguro es administrado por Fasecolda y vigilado por la
Superintendencia Financiera de Colombia; actualmente, incorpora
información sobre los seguros de automóviles en su cobertura
de responsabilidad civil, seguros de vida grupales e individuales y
el seguro obligatorio de bienes comunes 21 .
El propósito de la Ley 1676 de 2013 es incrementar el acceso al crédito
para las pequeñas y medianas empresas, para lo que no solo amplía la gama
de bienes objeto de las garantías, sino que, adicionalmente, introduce un
sistema de registro centralizado, de fácil acceso y bajo costo que permita dar
publicidad a las garantías (oponibilidad) y servir de referente para la aplicación
de las reglas de prelación de garantías definidas en la misma ley.
2.1 Registro en el Sistema Unitario de Garantías
sobre los Bienes Muebles
Como se mencionó anteriormente, la Ley 1676 introdujo con el Sistema Unitario
de Garantías sobre los Bienes Muebles 22 una reforma estructural y sistémica al
régimen de garantías en Colombia y, como lo señala uno de los considerandos
del Decreto Reglamentario 400 del 24 de febrero de 2014, dicho régimen
tiene fundamento en las mejores prácticas internacionales e implementa un
sistema flexible de garantías mobiliarias, articulado a través de un registro de
información único, público, de bajo costo, centralizado y electrónico, que además
tiene una organización basada en el criterio de la identidad del garante.
El registro dentro del Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes
Muebles cumple un papel fundamental, tanto en los ámbitos de oponibilidad
y prelación como en el de ejecución de las mismas. Tiene un carácter
preferente 23 y dos esferas de competencia: la general y la especial.
21 Ver: http://www.rus.com.co.
22 Como se denomina en la enunciación del capítulo ii, del título i, de la Ley 1676 de 2013.
23 Artículo 82: Preferencia de la ley. Las disposiciones contenidas en la presente ley
para la constitución, oponibilidad, registro, prelación y ejecución de las garantías
mobiliarias deben aplicarse con preferencia a las contenidas en otras leyes.
El sistema de registro general (Registro de Garantías Mobiliarias) es uno
de archivo, de acceso público a la información de carácter nacional, que tiene
por objeto dar publicidad a través de internet y que llevará Confecámaras
de manera centralizada.
El sistema de registro especial es aquel al que se sujeta la transferencia
de derechos sobre los automotores, los derechos de propiedad intelectual
o sobre bienes sometidos a registros distintos de los dos anteriores. Con la
finalidad de armonizar el Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes
Muebles con los diferentes registros especiales, en este último grupo de registros
se debe incluir el registro de derechos de autor (software).
Traen tanto la ley como el reglamento (Decreto 400 de 2014) una serie
de definiciones de los conceptos utilizados para el SUGSBM, entre las que
encontramos las de aviso de inscripción registral, registro, registro especial,
cuenta de usuario, folio electrónico, formularios de registro, información registral,
inscripción y sistema de archivo.
2.2 Articulación entre el registro general
y los especiales
Una de las mayores debilidades que se habían identificado en el modelo de
garantías colombiano radicaba en la dispersión de la información sobre las
garantías que hubiesen otorgado los deudores a sus acreedores, la clase de
obligaciones que se están respaldando y los montos cubiertos por las garantías.
Esta circunstancia implicaba la consulta en diversas fuentes registrales,
que tabulan la información atendiendo a diversas exigencias legales, bajo
diversos procedimientos y medios técnicos, lo que impedía su conectividad
o sincronización, por lo que aumentaban los tiempos de consulta y los costos
de transacción de las relaciones negociales que requerían de un respaldo
o garantía.
Es por esto que se puede afirmar que uno de los mayores avances y efectos
que tendrá la ley y su Decreto Reglamentario 400 de 2014 consiste en
el sistema de articulación y comunicación de los registros especiales con el
registro general del Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes Muebles,
el cual obliga a la remisión de información de los registros especiales al RGM
cuando en aquellos se presente cualquiera de las siguientes particularidades:

674 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
675
2.2.1 Registro de garantías mobiliarias sobre derechos
patrimoniales sobre propiedad industrial
2.2.2 Registro de garantías mobiliarias sobre vehículos
automotores
Señaló el decreto que la inscripción de los formularios: inicial, de modificación,
ejecución, terminación de la ejecución y cancelación de las garantías
sobre bienes de propiedad industrial se realizará ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, SIC, de acuerdo con el procedimiento que esta entidad
establezca, para lo que se seguirán las reglas contempladas en el decreto.
A su vez, el parágrafo del artículo 11 de la Ley estableció las reglas para
la identificación del derecho objeto de la garantía y los requisitos para la
radicación ante la Superintendencia de Industria y Comercio:
Artículo 11. Inscripción en un registro especial: Parágrafo.
Tratándose de la constitución de una garantía sobre un derecho
de propiedad industrial, deberá estar plenamente determinado
el derecho objeto de la garantía por el número de registro
correspondiente. La solicitud de inscripción de la garantía sobre
un bien de propiedad industrial que puede presentarse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio debe incluir, además,
la identificación de las partes y las obligaciones garantizadas. La
Superintendencia por medio electrónico e inmediatamente informará
al registro para su anotación. Si el interesado, titular de
la marca o acreedor garantizado, realiza primero la inscripción
de la garantía en el registro, el administrador del mismo enviará
copia inmediatamente por medios electrónicos de la citada inscripción
para que conste en el registro de la propiedad industrial.
(Subrayado fuera de texto).
Una vez realizado el registro, la Superintendencia de Industria y
Comercio dará aviso al Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes
Muebles, que permitirá la consulta en línea del registro de propiedad industrial
(artículo 34).
El marco legal del Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes Muebles
establece que la inscripción de las garantías mobiliarias sobre vehículos automotores
matriculados se hará en el Registro Nacional Automotor, RNA,
siguiendo las reglas y requerimientos de información establecidos por el
Decreto 400 de 2014 para el formulario de inscripción inicial (artículo 36,
Decreto 400 de 14).
El Registro Nacional Automotor dará aviso al momento de la inscripción
por medio electrónico al Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes
Muebles para la creación del folio electrónico y los demás efectos de la Ley
1676 de 2013 (oponibilidad, prelación y ejecución).
Cuando se trate de la inscripción de una modificación de la garantía, de
la inscripción del formulario de ejecución o de restitución o de la cancelación
de la garantía, estas inscripciones procederán en el Sistema Unitario de
Garantías sobre los Bienes Muebles en cumplimiento de lo dispuesto sobre
preferencia de la ley y la aplicación de la misma a las garantías mobiliarias
que se constituyan a partir del 20 de febrero de 2014. En estos eventos, el
Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes Muebles enviará automáticamente
y por medios electrónicos la información concerniente a dichas
inscripciones en el Registro Nacional Automotor.
Por el contrario, cuando la inscripción de la modificación se refiera al
cambio de las características que identifican un vehículo automotor, se requiere
de la autorización previa por parte de la autoridad de tránsito competente
y deberá inscribirse en el registro nacional automotor, de conformidad
con lo establecido por el artículo 49 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional
de Tránsito Terrestre).
Artículo 49. Autorización previa para cambio de características.
Cualquier modificación o cambio en las características que identifican
un vehículo automotor estará sujeto a la autorización previa
por parte de la autoridad de tránsito competente y deberá
inscribirse en el Registro Nacional Automotor. En ningún caso se
podrán cambiar, modificar ni adulterar los números de identificación
del motor, chasis o serie de un vehículo, ni retocar o alterar las

676 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
677
placas del vehículo, so pena de incurrir en la sanción prevista en
este Código para quien transite sin placas.
Parágrafo. Se podrá modificar el número de motor solo cuando
haya cambio de este, previo cumplimiento de los requisitos determinados
por los organismos de tránsito y aduana.
Establece el artículo 36 del Decreto Reglamentario 400 de 2014 (confróntese
artículo 2.2.2.4.37 del Decreto 1074 de 2015) que el organismo de
tránsito, al momento de la inscripción y para los efectos de verificación de
los actos de su competencia, tiene la obligación de consultar el Sistema
Unitario de Garantías sobre los Bienes Muebles, a través del Registro Único
Nacional de Tránsito o directamente.
Trae la norma reglamentaria un plazo de nueve meses, contados a partir
de la vigencia del decreto, para que el Ministerio de Transporte y el de
Comercio, Industria y Turismo definan los procedimientos, desarrollos, requerimientos
de datos adicionales, entre ellos la determinación del tipo de
bien, que deban ser efectuados para garantizar la interoperabilidad de los
dos registros.
Asimismo, estos ministerios deberán, en ese plazo, definir las reglas
para el cumplimiento de los requerimientos de información para el formulario
de inscripción inicial de las garantías mobiliarias sobre automotores
y los necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la
Ley 1005 de 2006, que fue modificado por el artículo 208 del Decreto Ley
Antitrámites 019 de 2012, cuyo texto reza así:
Artículo 11. Incorpórese al Registro Único Nacional de Tránsito,
RUNT, el registro nacional de maquinaria agrícola y de construcción
autopropulsada que sea adquirida, importada o ensamblada
en el país, a partir de la sanción de la presente ley.
La inscripción de la maquinaria agrícola y de construcción autopropulsada
existente con anterioridad a la vigencia de la presente ley será voluntaria.
Parágrafo. El Ministerio de Transporte reglamentará en un plazo de noventa
(90) días calendario el procedimiento que se debe seguir para que los
propietarios o poseedores de la maquinaria agrícola y de construcción autopropulsada
matriculen e inscriban ante el organismo de tránsito competente.
Establece el decreto reglamentario una norma de transición que señala
que hasta tanto los ministerios de Transporte y de Comercio, Industria y Turismo
definan dichos procedimientos, desarrollos y requerimiento de datos adicionales,
la inscripción y cancelación de las garantías mobiliarias sobre vehículos automotores
continuará efectuándose en el Registro Nacional Automotor.
Lo anterior, sin perjuicio de la inscripción inicial, la inscripción de modificación,
ejecución, de restitución y cancelación de la garantía que debe realizar
el (los) acreedor(es) garantizado(s) en el Sistema Unitario de Garantías
sobre los Bienes Muebles, para efectos de establecer su oponibilidad, prelación
y de permitir la utilización de los mecanismos de ejecución de que trata
la Ley 1676 de 2013 en aplicación de los artículos 82, 84 Y 91 de dicha ley.
2.2.3 Registro de garantías mobiliarias sobre bienes
sometidos a registros distintos del de propiedad industrial
y del de vehículos automotores
De conformidad con la reglamentación del Sistema Unitario de Garantías sobre
los Bienes Muebles, a partir del 20 de febrero de 2014, teniendo en cuenta la
preferencia de la Ley 1676 sobre otras leyes que regulen la constitución, oponibilidad,
prelación o ejecución de garantías mobiliarias, los registros de transferencia
de derechos distintos del de propiedad industrial y del de vehículos automotores
se conservarán como exclusivos de la transferencia de dichos derechos
y continuarán cumpliendo las demás funciones que les son inherentes, siempre
que no correspondan a las relacionadas con las garantías mobiliarias en los términos
de la mencionada ley, que se inscribirán exclusivamente en el Sistema
Unitario de Garantías sobre los Bienes Muebles a partir de la fecha mencionada.
Este sistema proveerá mecanismos de consulta respecto de la titularidad
de los bienes inscritos en los registros de transferencia de derechos
distintos del de propiedad industrial y del de vehículos automotores, cuando
estos lo soliciten.
Al momento de la inscripción, modificación, ejecución, restitución y
cancelación de la garantía en el Sistema Unitario de Garantías sobre los
Bienes Muebles, este enviará automáticamente y por medios electrónicos
la información concerniente a dichas inscripciones a los registros que así lo
soliciten (artículo 35, Decreto 400 de 2014).

678 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
679
2.3 Naturaleza del registro de garantías mobiliarias
Como ya se mencionó, el registro dentro del Sistema Unitario de Garantías
sobre los Bienes Muebles constituye un elemento relevante en los ámbitos
de oponibilidad, prelación y ejecución de la garantía mobiliaria, que fue concebido
en la ley como un registro de naturaleza sustancialmente diferente
a la de otros registros como el mercantil, el RUES o el RUNT. Así mismo, la
naturaleza del RGM es diferente para cada uno de los ámbitos de oponibilidad,
prelación y ejecución de la garantía mobiliaria, como consecuencia de
la función o propósito que cumple en el ciclo económico de la garantía.
En el ámbito de la oponibilidad, el RGM tiene como objeto dar publicidad
a través de internet a los formularios de inscripción inicial, de modificación,
prórroga, cancelación, transferencia y ejecución de garantías mobiliarias,
como lo señala expresamente el artículo 38 de la ley.
Del anterior precepto se deduce, entonces, que el RGM, en el ámbito de
la oponibilidad, tiene una naturaleza declarativa en la medida que su función
principal es darle publicidad al formulario de inscripción de la garantía
y que como tal no le agrega ningún elemento jurídico al acto registrado. Al
decir del maestro Enrique Gaviria (2005), inscripción declarativa es:
[Aquella cuya] realización no agrega al documento ningún efecto
jurídico diferente al de la publicidad u oponibilidad que este recibe,
de manera que tal documento, considerado en sus consecuencias,
es exactamente igual antes y después del registro, solo que
ahora será conocido, real o presuntamente, por los interesados y
por el público en general.
La inscripción es, en cambio, constitutiva, cuando al hacerla
se produce, respecto del documento inscrito, un efecto jurídico
adicional, distinto de la publicidad u oponibilidad propiamente
dichas.
Igual naturaleza declarativa puede predicarse del papel del RGM en los
diferentes eventos de conversión de una garantía mobiliaria, pues la prelación
ya estaba dada por la tenencia o no del bien y el registro cumple una
función exclusiva de publicidad (artículo 37).
En lo referente al ámbito de prelación de las garantías, a la luz de la
Ley 1676, el RGM tiene una naturaleza constitutiva, como se desprende del
artículo 48, en la medida que este señala que la prelación de una garantía
mobiliaria sin tenencia, así como la de los gravámenes surgidos por ministerio
de la ley, judiciales y tributarios, se determina por el momento de su
inscripción en el registro, que puede incluso, en este sistema a diferencia
del régimen anterior, preceder al otorgamiento del contrato de garantía.
Como puede concluirse, el efecto no es meramente de publicidad, por el
contrario, la inscripción en el registro da origen a un derecho de prelación
entre diversas garantías.
Igual naturaleza constitutiva puede predicarse del acto de registro del
contrato de fiducia mercantil con fines de garantía, puesto que el registro
tiene, además de los efectos de publicidad, el de excluir del patrimonio que
se va a liquidar los bienes objeto del contrato de fiducia en provecho de los
beneficiarios de esta (parágrafo artículo 3, Ley 1676 de 2013).
En el ámbito de la ejecución, los formularios registrales de ejecución
o de restitución de la garantía mobiliaria inscritos tendrán el carácter de
título ejecutivo (artículo 12). Así mismo, la inscripción tendrá efectos de notificación
del inicio de la ejecución (numeral 1 del artículo 65) y suspende
para el garante el derecho de enajenación de los bienes dados en garantía
(parágrafo 1, artículo 65).
Los archivos del RGM son electrónicos y deberán ser accesibles a través
de internet. Las certificaciones que se extienden sobre los datos que en este
consten, ya sea en papel o en forma de mensajes de datos, se consideran
documentos públicos y sirven de plena prueba.
2.4 Definición de registro de garantías mobiliarias
Tanto la ley como el decreto reglamentario definen el registro de garantía
mobiliaria. Señala el artículo 38 del Decreto 400 de 2014 (confróntese artículo
2.2.2.4.39 del Decreto 1074 de 2015), en una definición que podrá afirmarse
es mucho más técnica que la de la ley en la medida que incluye el propósito
del registro, que:

680 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
681
Es el sistema de archivo, de acceso público a la información de carácter
nacional, que tiene por objeto dar publicidad a través de
internet a la información contenida en los formularios de registro
con el propósito de establecer la oponibilidad frente a terceros y
para ello se encuentra habilitado para recibir, almacenar, certificar
y permitir la consulta de la información registral vigente relativa a
las garantías mobiliarias.
2.5 Características del registro
de garantías mobiliarias
Autónomo. Quizás el primer rasgo característico del RGM, que se debe destacar
desde la óptica registral, es que se trata de un registro autónomo y
de naturaleza diferente al registro mercantil, al registro de automotores, al
registro de propiedad industrial y a los demás registros especiales.
El legislador estructuró el Sistema Unitario sobre Garantías Mobiliarias
con un modelo de registro de garantías de naturaleza diferente al registro
mercantil que lo hicieran ágil, centralizado y de bajo costo por la facilidad
para su constitución, modificación y consulta. Quiso el legislador dotar
de características especiales y propias al RGM para que cumpliera una
función jurídica transversal en el ciclo de las garantías en los ámbitos de
oponibilidad, prelación y ejecución. Es por esto que hacer un análisis sobre
la categoría o no de registro del RGM con los mismos parámetros legales
que rigen el registro mercantil conlleva un error de hermenéutica jurídica,
en la medida que se trata de dos registros independientes, con naturaleza
jurídica diferente, con regulaciones propias acordes con su finalidad como
institución jurídica.
En este orden de ideas, y con el propósito de destacar su autonomía
como registro, es oportuno resaltar algunas diferencias entre estos dos
registros:
Diferencias entre el RGM y el registro mercantil
Registro de garantías mobiliarias Registro mercantil
Marco legal
Marco legal
Reglado - Ley 1676 de 2013
Reglado - Código de Comercio
Naturaleza de las normas:
Naturaleza de las normas:
Normas preferenciales. Artículo 82, L.
1676/13
Normas generales
Naturaleza del procedimiento registral: Naturaleza del procedimiento registral:
Acto de trámite (Decreto 400 de 2014
Procedimiento administrativo registral
del Ministerio de Comercio, Industria y
(Ley 1437/11)
Turismo)
Recursos sobre la inscripción:
Recursos sobre la inscripción:
Ley 1437 de 2011
No tiene recursos por ser acto de trámite
Naturaleza del registro
Naturaleza del registro
Ámbito de oponibilidad (declarativo),
ámbito de prelación (constitutivo) y Declarativa
ámbito de ejecución (título ejecutivo)
Características
Características
• Autónomo • Autónomo
• Público • Público
• Centralizado • Por jurisdicciones
• De inscripción de formularios • De inscripción de formularios
• Administrado por Confecámaras
• Administrado por las 57 cámaras de
comercio del país
• Registro por identificación de la
persona
• Registro por identificación de los
bienes
• No causa impuesto de registro • Causa impuesto de registro
• Tarifa de registro única,
independiente de la cuantía
• Tarifa de registro única, independiente
de la cuantía
• Control de forma • Control de forma
• No conlleva control de legalidad
sobre los actos
• Conlleva control de legalidad sobre
ciertos actos
Otros de los rasgos característicos del RGM que permiten pregonar su
autonomía son el medio a través del que se lleva, internet, y la entidad delegataria
del mismo, como lo es Confecámaras, que es una entidad privada,

682 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
683
sin ánimo de lucro, con personería jurídica, que agremia y representa a las 57
cámaras de comercio del país, con fundamento en la facultad contenida en
el artículo 96 del Código de Comercio 24 .
Finalmente, el argumento jurídico más claro que permite señalar la autonomía
del RGM es la manifestación expresa de la Ley 1676, cuando hace
alusión a los mecanismos de oponibilidad, pues señala que a partir de la
vigencia de la ley los efectos de las garantías mobiliarias frente a terceros se
producirán con la inscripción en el registro, sin que se requiera de inscripción
adicional en el registro mercantil.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1676, las 57 cámaras de comercio
del país carecen de competencia para la inscripción en el registro
mercantil del contrato de prenda sin tenencia, de prenda sobre acciones,
cuotas y partes de interés representativas del capital de sociedades civiles y
comerciales; los contratos de venta con reserva de dominio, los contratos de
fiducia mercantil con fines de garantía y cualquier otra garantía mobiliaria,
de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 91 de la ley.
Personal. El Registro de Garantías Mobiliarias se organiza en función
de la identificación de la persona natural o jurídica, patrimonio autónomo,
encargo fiduciario, entidad gubernamental garante, según el caso, en la medida
que a cada garante le corresponderá un folio electrónico en el que se
inscribirán cronológicamente los datos contendidos en el formulario. El sistema
validará que ese número de documento de identificación no haya sido
previamente registrado, y de estarlo, indicará que ya existe.
Este es otro de los cambios estructurales que trae el Sistema Unitario
de Garantías sobre los Bienes Muebles con respecto al régimen sistemático
de los códigos Civil y Comercial, en la medida que en estos la inscripción de
24 Artículo 96. Confederación de Cámaras. Funciones. Las cámaras de comercio podrán
confederarse siempre que se reúnan en forma de confederación no menos
del cincuenta por ciento de las cámaras del país.
Las confederaciones de cámaras de comercio servirán de órgano consultivo de
las confederadas en cuanto se refiera a sus funciones y atribuciones, con el fin de
unificar el ejercicio de las mismas, recopilar las costumbres que tengan carácter
nacional y propender al mejoramiento de las cámaras en cuanto a tecnificación,
eficacia y agilidad en la prestación de sus servicios. Como tales, convocarán a reuniones
o congresos de las cámaras confederadas cuando lo estimen conveniente,
para acordar programas de acción y adoptar conclusiones sobre organización y
funcionamiento de las cámaras del país.
la garantía se realiza en el folio o ficha que le corresponde a cada inmueble,
vehículo, maquinaria, establecimiento de comercio, etc., según sea el bien
objeto de la garantía.
En el Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes Muebles a cada
garante le corresponderá un folio electrónico, en el que se inscribirán cronológicamente
los datos contendidos en los formularios referidos a los diversos
bienes muebles del garante que sean objeto material de garantías. El
artículo 20 del Decreto 400 de 2014 (confróntese artículo 2.2.2.4.21 Decreto
1074 de 2015) estipula qué tipo y cuál información deberá incluirse en el formulario
de inscripción inicial. Enfatiza en que para el caso de los patrimonios
autónomos y encargos fiduciarios, el sistema permitirá un mecanismo
de identificación especial.
Indudablemente, esta característica facilitará los esquemas de financiación,
puesto que se agilizarán las consultas que entidades financieras,
empresarios, acreedores, deudores y el público en general deseen realizar
sobre las garantías que un sujeto determinado (persona natural, jurídica o
patrimonio autónomo) haya constituido e inscrito en el RGM, con la única
indicación al sistema del número del documento de identidad o del número
de identificación tributaria de ese deudor.
Único. En la medida que está formado por una base de datos de carácter
nacional, centralizada. La inscripción de formularios se hará única y
exclusivamente a través de internet y está habilitada para recibir, almacenar,
certificar y permitir la consulta de la información registral vigente, relativa
a las garantías mobiliarias. Los registros especiales, como el automotor y de
propiedad industrial, comunicarán de sus inscripciones al registro de garantías
mobiliarias para efectos de publicidad en los términos establecidos en
el Decreto 400 de 2014.
De inscripción de formularios. En materia registral, las inscripciones
pueden versar o recaen sobre hechos o derechos. Dentro de la inscripción de
los derechos se encuentran los registros de contratos, de derechos o gravámenes
(judiciales o tributarios), de títulos o de formularios.
El sistema de la Ley 1676 se estructuró para que el registro se formalice
a través de la inscripción de los formularios de registro inicial, de modificación,
prórroga, cancelación, transferencia y ejecución de las garantías
mobiliarias.

684 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
685
La inscripción está definida en el Decreto 400/14 como «la incorporación
en el sistema de archivo de la información consignada en los formularios
de registro» y la información registral como «los datos y demás documentos
adjuntos contenidos en los formularios de registro».
A su vez, el decreto define los formularios como:
Los formatos electrónicos del Registro de Garantías Mobiliarias
previamente autorizados por el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, que contienen los campos en los cuales se consigna la
información para realizar la inscripción inicial, modificación, prórroga,
transferencia, ejecución, cancelación o restitución de una
garantía mobiliaria.
La presentación y la recepción de los formularios de registro y la consulta
de la información registral deberán hacerse electrónicamente, vía internet,
en la página www.garantiasmobiliarias.com.co, y estará disponible las
veinticuatro (24) horas del día, todos los días de la semana, incluyendo fines
de semana y días festivos.
Control de forma. Esta característica tiene relación con si el Sistema
Unitario de Garantías sobre los Bienes Muebles posee un control de legalidad
o simplemente de forma sobre el registro de los contratos de garantías
mobiliarias a través de la inscripción de los formularios electrónicos del
registro de dichas garantías, previamente autorizados por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
Corresponde al acreedor garantizado (es la persona natural, jurídica,
patrimonio autónomo, encargo fiduciario, entidad gubernamental que inscribe
o permite inscribir bajo esa calidad los formularios de registro) o al
administrador de la cuenta de usuario efectuar la inscripción de todos los
formularios y será el único responsable de la información allí contenida.
La suscripción del contrato de garantía, de alguna de sus modificaciones
o de algún documento mediante el que se autorice la inscripción o se
modifique la autorización previamente otorgada, habilita al acreedor garantizado
para la inscripción de la garantía mobiliaria en el registro y así lo manifestará,
bajo la gravedad del juramento, en el campo diseñado para esto
en el formulario correspondiente.
La Ley 1676 expresamente determinó que el Sistema Unitario de
Garantías sobre los Bienes Muebles no tiene facultad para realizar un control
de legalidad para la inscripción de los formularios, pues solo podrá verificar,
de forma automática, que cada uno de los campos obligatorios de
los formularios de inscripción tenga algún contenido y que se adjunten los
documentos que exijan la ley o el reglamento.
En consecuencia, el Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes
Muebles, para la inscripción de los formularios, no verificará ni exigirá que
se demuestre la exactitud de la información registral presentada en aquellos
o en los anexos.
No es función del Registro de Garantías Mobiliarias velar por que la información
incorporada en los formularios de registro sea completa, precisa,
correcta o legalmente suficiente, ni efectuará ningún examen o calificación
registral de su contenido o de los documentos anexos.
Las causales para el rechazo automático de una solicitud de inscripción
de un formulario de registro son taxativas y están contenidas en el artículo
8 del Decreto 400 de 2014 (confróntese artículo 2.2.2.4.9. Decreto 1074 de
2015), aquellas son:
1. No haber incorporado la información en cada uno de los campos
obligatorios de los formularios o no haber adjuntado los documentos
obligatorios.
2. No haber pagado los derechos de registro.
3. Si se trata del registro de una prórroga o cancelación de la garantía,
que el formulario de registro de prórroga o de cancelación
haya sido presentado una vez vencido el plazo de vigencia de la
garantía.
4. Cuando se trate de una modificación que elimine a un garante
o a un acreedor garantizado, siendo estos o el único garante o el
único acreedor garantizado en dicha inscripción.
5. Cuando el formulario de registro de cualquier acto de modificación,
prórroga, cancelación, ejecución, transferencia o restitución
no identifique el número de folio electrónico o cuando suministre
uno que no existe en el sistema de archivo de la información registral
vigente.
6. Cuando el formulario de registro de inscripción, modificación,

686 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
687
cancelación o ejecución no lleva adjunta la orden judicial o administrativa,
o la protocolización notarial, según lo dispuesto en este
decreto.
7. Cuando el formulario de registro de ejecución no cumple con los
requisitos establecidos en los literales d) y e) del numeral 3 del
artículo 65 de la Ley 1676 de 2013.
El Registro de Garantías Mobiliarias informará automáticamente los
motivos de rechazo de la inscripción, circunstancia que no implicará calificación
registral alguna y, por ser un acto de trámite, no será objeto de
recurso alguno.
La inscripción de los formularios de registro será válida a partir de la
fecha y hora en que el formulario sea incorporado electrónicamente al sistema
de archivo y quede disponible para consulta.
2.6 Vigencia de la inscripción
La inscripción de los formularios tendrá una vigencia que se determinará por
las reglas establecidas en el artículo 11 del Decreto 400 de 2014 (confróntese
artículo 2.2.2.4.12. Decreto 1074 de 2015). La ley da preferencia a la autonomía
de la voluntad de las partes, por lo que estas podrán establecer el plazo en
el contrato, que deberá especificarse en el formulario de inscripción inicial.
Igualmente, las partes podrán libremente establecer plazos de prórroga
por periodos de hasta tres (3) años. Lo podrán estipular en cualquier
momento, pero bajo la condición de que sea antes de la expiración de la
vigencia establecida en el formulario de inscripción inicial. La prórroga se
contará a partir de la fecha en que el plazo establecido en el formulario inicial
hubiese vencido.
En el evento de no haber estipulado las partes plazo de vigencia de la
Garantía Mobiliaria, trae el decreto como norma supletiva de la voluntad
de las partes un plazo de cinco (5) años. Este plazo podrá ser prorrogado por
mutuo acuerdo.
El Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes Muebles cambió
el principio tradicional de los códigos Civil y Comercial, que clasificaban
al contrato de garantía como un contrato accesorio (artículo 1499 C. C.),
convirtiéndolo en un contrato principal que puede subsistir sin la preexistencia
de una obligación garantizada o de un contrato de garantía.
Dicho principio se materializa en la facultad de inscribir un formulario
inicial antes o después de la celebración del contrato de garantía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 400 de 2014 (confróntese
artículo 2.2.2.4.13 Decreto 1074 de 2015), en el parágrafo del artículo 14 y
en el inciso primero del artículo 48 de la Ley 1676 de 2013.
2.7 Idioma de los formularios y de la información
Determina el decreto reglamentario que el Sistema Unitario de Garantías
sobre los Bienes Muebles debe proveer los formularios de inscripción tanto
en idioma inglés como en castellano. Así mismo, prescribe la norma que el
idioma en el que se debe diligenciar la información solicitada en los formularios
es el castellano (artículo 16, Decreto 400 de 2014. Confróntese artículo
2.2.2.4.17 Decreto 1074 de 2015).
2.8 Copia de los formularios de registro
El Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes Muebles, una vez realizada
la inscripción válida del formulario, tiene la obligación de remitir una copia
de los formularios de registro, automáticamente y vía correo electrónico, a
cada acreedor garantizado y a cada garante.
La remisión de las copias se hará a las direcciones electrónicas que cada
acreedor garantizado y cada garante hayan consignado en el formulario
de inscripción. La copia debe incluir la fecha y hora en la que la inscripción
adquirió validez y el número de folio electrónico otorgado por el Sistema
Unitario de Garantías sobre los Bienes Muebles.
Este hará la remisión de las copias a la dirección electrónica más reciente
que cada acreedor garantizado y cada garante hayan incluido en los formularios
de registro. El garante deberá poner en conocimiento del acreedor
garantizado cualquier modificación de esta dirección.
De conformidad con lo establecido por el artículo 46 de la ley, cualquier
persona puede tener acceso al registro de garantías mobiliarias y podrá

688 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
689
solicitar copias de las inscripciones a través de internet, previa cancelación
de los valores correspondientes, de acuerdo con las tarifas establecidas, mediante
resolución, por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
2.9 Modificación de la inscripción de una garantía
mobiliaria
Cuando la inscripción del formulario inicial de la garantía mobiliaria lleve a
que la información en este consignada es incorrecta o insuficiente frente a
lo convenido por las partes en el contrato de garantía mobiliaria, el acreedor
garantizado deberá inscribir un formulario de modificación en el que se consigne
la información correcta.
Procederá igualmente, salvo pacto en contrario de las partes, la inscripción
de un formulario de modificación cuando algunas obligaciones del
garante a favor del acreedor garantizado estén parcialmente satisfechas y
se deban retirar algunos bienes en garantía o cuando proceda la rebaja del
monto máximo de la obligación garantizada en los términos del numeral 6
del artículo 19 de la Ley 1676 de 2013.
Establece la reglamentación que en el formulario de modificación se
deberá citar el folio electrónico correspondiente al formulario de registro de
inscripción inicial de la garantía mobiliaria al que se refiera la modificación.
Cuando se trate de la cesión de la garantía, que conlleva una modificación
de las partes iniciales, la información por consignar en el formulario de
modificación deberá identificar al cedente y al cesionario en la forma que
establece el Decreto 400 de 2014.
Cuando la cesión de la garantía sea parcial, también, de ser el caso,
deberán identificarse los bienes en garantía sobre los que recae la cesión
parcial.
Permite el Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes Muebles la
incorporación de bienes en garantía o incluir nuevo(s) garante(s) a la inscripción,
pero la modificación que se pretenda en ese sentido será válida
respecto de los nuevos bienes en garantía y el(los) garante(s) adicionado(s)
solamente a partir de la hora y fecha de inscripción del formulario de registro
de modificación.
Si la modificación ha sido ordenada por una autoridad judicial a través
del procedimiento para la modificación obligatoria previsto en el artículo
26 del Decreto 400 de 2014 (confróntese artículo 2.2.2.4.27 Decreto 1074 de
2015), al formulario de modificación deberá adjuntarse el archivo electrónico
que contenga la copia de la orden judicial debidamente ejecutoriada.
2.10 Cancelación de la inscripción de una garantía
mobiliaria
Señalan la Ley 1676 y el Decreto Reglamentario 400 de 2014 varios eventos
en los que es procedente la presentación del formulario registral de cancelación
de la garantía mobiliaria ante el Sistema Unitario de Garantías sobre
los Bienes Muebles:
• Cuando todas las obligaciones garantizadas por el garante al
acreedor garantizado estén completamente extinguidas. A partir
de ese momento, surge la obligación para el(los) acreedor(es)
garantizado(s) de presentar el formulario registral de cancelación
de la garantía mobiliaria ante el Sistema Unitario. Este(os)
deberá(n) consignar el número de folio electrónico de inscripción
otorgado al momento de la inscripción inicial.
• Cuando se haya realizado el pago directo de que trata el artículo
60 de la Ley 1676 de 2013.
• Cuando se haya realizado el pago total del monto adeudado dentro
del proceso de ejecución especial de la garantía mobiliaria,
contemplado en el Capítulo V, del Título VI, artículo 72 de la Ley
1676.
• Cuando la inscripción del formulario inicial o de modificación carezca
de la correspondiente autorización del garante en los términos
descritos en el formulario o cuando el registro del formulario
inicial o de modificación preceda el otorgamiento del contrato de
garantía sin que se haya dado la correspondiente autorización.
• Cuando la inscripción de un formulario inicial haya sido autorizada,
pero no se haya celebrado el contrato de garantía o, en caso
de inscripción de una modificación, esta no haya sido convenida.

690 el registro mercantil en colombia
El régimen de garantías mobiliarias en colombia
691
• Cuando exista orden ejecutoriada de cancelación del gravamen
judicial proveniente de autoridad jurisdiccional o administrativa
competente. Define el Decreto 400 de 2014 el gravamen judicial
como «el acto que proviene de autoridad judicial o administrativa
competente, como por ejemplo un embargo, y cuya inscripción en
el Registro de Garantías Mobiliarias es efectuada por el beneficiario
de la medida, en cuyo favor se expide esta para efectos de
oponibilidad o prelación. Lo anterior, sin perjuicio de la orden de
inscripción de la medida cautelar ordenada por la autoridad en los
registros correspondientes».
• Cuando se haya procedido a la enajenación del(os) bien(es) en garantía
dentro de los procesos de ejecución judicial o especial de la
misma, contemplados en los artículos 61 y 62 de la Ley 1676 de 2013.
2.11 Procedimientos para la modificación o
cancelación obligatoria de la inscripción de una
garantía mobiliaria
El Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes Muebles contempla dos
procedimientos para la cancelación o modificación obligatoria de la inscripción
inicial de la garantía mobiliaria en caso de que el(los) acreedor(es)
garantizado(s) no cumpla(n) con esta obligación en los eventos en que se ha
realizado el pago o se han enajenado los bienes objeto de la garantía y se
hayan extinguido las obligaciones garantizadas, total o parcialmente:
• Ante notario. Este procedimiento está contemplado en el artículo
76 de la Ley 1676 de 2013. Señala la norma que cuando se encuentren
extintas todas las obligaciones respaldadas con una garantía
mobiliaria, podrá el garante solicitarle(s) al(los) acreedor(es)
garantizado(s) la cancelación de la inscripción de su garantía
mobiliaria.
No señala la norma el medio por el que el garante debe hacer
la solicitud al(los) acreedor(es) garantizado(s).
Transcurridos quince (15) días desde la solicitud, días que
se deberán entender como hábiles, atendiendo la norma de
interpretación contenida en el parágrafo 1 del artículo 829 25 del
Código de Comercio, el garante podrá presentar solicitud de cancelación
de la inscripción ante un notario.
El garante deberá acompañar a la solicitud de cancelación
certificación de pago o copia de los recibos de pago u otra prueba
que demuestre que el garante recuperó los bienes objeto del
contrato de garantía mobiliaria, como consecuencia del pago del
monto total adeudado, así como de los gastos incurridos en el
procedimiento de ejecución, de conformidad con lo señalado por
el artículo 72 de la Ley 1676/13. El (los) documento(s) que se aporten
al notario como prueba de la extinción de las obligaciones serán
protocolizados.
El notario deberá comunicar al (los) acreedor(es) garantizado(s)
la solicitud elevada por el garante o deudor. La norma concretamente
no señala cuándo ni cómo debe hacerse esta comunicación,
pero de la interpretación del inciso 4 del artículo 76 de la Ley
1676/13, deberá entenderse que es de la misma forma que el deudor
o garante hace la solicitud, o sea, por escrito.
Comunicada la solicitud por el notario al (los) acreedor(es)
garantizado(s), este(os), dentro de los quince días (15) siguientes,
podrá(n), de forma oral o por escrito, confirmar el cumplimiento
del total de la obligación garantizada. En este caso, el notario dará
fe de estas manifestaciones y extenderá al deudor o al garante
25 Artículo 829. Reglas para los plazos. En los plazos de horas, días, meses y años se
seguirán las reglas que a continuación se expresan:
1) Cuando el plazo sea de horas, comenzará a contarse a partir del primer segundo
de la hora siguiente y se extenderá hasta el último segundo de la última hora
inclusive.
2) Cuando el plazo sea de días, se excluirá el día en que el negocio jurídico se haya
celebrado, salvo que de la intención expresa de las partes se desprenda otra cosa.
3) Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo
día del correspondiente mes o año; si este no tiene tal fecha, expirará en el último
día del respectivo mes o año. El plazo que venza en día feriado se prorrogará hasta
el día siguiente. El día de vencimiento será hábil hasta las seis de la tarde.
Parágrafo 1.o. Los plazos de días señalados en la ley se entenderán hábiles; los convencionales,
comunes.
Parágrafo 2.o. Los plazos de gracia concedidos mediante acuerdo de las partes, con
anterioridad al vencimiento del término, se entenderán como prórroga del mismo.

692 el registro mercantil en colombia
Principales cambios introducidos por la Ley 1607 de 2012 693
de Reforma Tributaria que inciden en la legislación registral
copia de la protocolización, que deberá el deudor o garante adjuntar
al formulario de cancelación de la inscripción de la garantía.
En caso de que el (los) acreedor(es) garantizado(s), dentro del
plazo anterior, niegue(n) la cancelación o guarde(n) silencio, el notario
remitirá la solicitud, acompañando los documentos que hayan
aportado las partes, a la autoridad jurisdiccional competente para
que mediante proceso verbal sumario decida lo que corresponda.
Señala la norma que el notario responderá de los daños y perjuicios
que sus actuaciones irregulares causen.
• Ante la Superintendencia de Sociedades. Este procedimiento está
contemplado en el artículo 28 del Decreto 400 de 2014 (confróntese
artículo 2.2.2.4.29 Decreto 1074 de 2015). En primer término, y ante
el pago o la enajenación de los bienes objeto de la garantía que hayan
extinguido las obligaciones garantizadas, el garante deberá, por
comunicación escrita, solicitar al (los) acreedor(es) garantizado(s) el
cumplimiento de la obligación de inscripción de los formularios de
modificación o de cancelación de la inscripción inicial.
La comunicación escrita será remitida electrónicamente a la dirección
reportada en el formulario de inscripción inicial.
Si transcurridos quince (15) días contados a partir del día siguiente de la
comunicación electrónica, el (los) acreedor(es) garantizado(s) no accede(n) a
la petición realizada por el (los) garante(s), este(os) podrá(n) presentar ante
la Superintendencia de Sociedades la solicitud de orden de modificación o
cancelación de la inscripción en el Registro de Garantías Mobiliarias.
De ser aceptada la solicitud por la Superintendencia de Sociedades,
esta inscribirá una alerta en el Registro de Garantías Mobiliarias acerca del
inicio del procedimiento; aquella permanecerá en dicho registro hasta su
culminación, momento en el que esta superintendencia cancelará la alerta.
La Superintendencia de Sociedades dará traslado al acreedor garantizado
por el término de diez (10) días a fin de que controvierta los hechos en
que se funde la solicitud aportando las pruebas a que haya lugar.
Vencido este término, y dentro de los diez (10) días siguientes, se adoptará
la decisión pertinente. La Superintendencia de Sociedades, en ejercicio
de sus facultades legales y de encontrarlo procedente, podrá inscribir la cancelación
o modificación de la inscripción de la garantía e impondrá las sanciones
cuando corresponda.
El (los) acreedor(es) garantizado(s) tendrá(n) la facultad de efectuar las
modificaciones o cancelaciones en cualquier momento antes de finalizar el
trámite.
2.12 Registro de los formularios de ejecución y
restitución de la garantía
Para efecto de comenzar el procedimiento de ejecución y pago de la garantía
oponible inscrita en el Registro de Garantías Mobiliarias, de conformidad
con los procedimientos de ejecución y ejecución especial previstos en los
artículos 60, 61 y 65 de la Ley 1676 de 2013, el (los) acreedor(es) garantizado(s)
deberá(n) inscribir un formulario de ejecución que contenga los requisitos
establecidos en el artículo 30 del Decreto 400 de 2014 (confróntese con el
artículo 2.2.2.4.31 del Decreto 1074 de 2015).
Para comenzar cualquiera de los procesos de ejecución de la garantía
mobiliaria, el (los) acreedor(es) garantizado(s) deberá(n) adjuntar al formulario
de registro de ejecución una copia del contrato de garantía o una versión
resumida del mismo firmada por el garante.
El formulario de ejecución debidamente diligenciado e inscrito en el
Registro de Garantías Mobiliarias presta mérito ejecutivo para iniciar el procedimiento
y tendrá los efectos de notificación del comienzo de la ejecución.
Finalizados los procesos de ejecución o realizado el pago por el deudor
o el garante, y una vez canceladas todas las obligaciones garantizadas, deberá
el (los) acreedor(es) garantizado(s) inscribir un formulario de registro de
terminación de la ejecución, sin perjuicio de los trámites que pueda iniciar el
(los) deudor(es) o el (los) garante(s) ante notario o ante la Superintendencia
de Sociedades para la cancelación del registro de la garantía mobiliaria.
Para efectos de iniciar el procedimiento de restitución de bienes muebles
objeto de contrato de comodato precario derivado de una fiducia en garantía
que se ha hecho oponible por la inscripción en el Registro de Garantías
Mobiliarias, el acreedor garantizado deberá inscribir un formulario de iniciación
del proceso de restitución, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 77 de la Ley 1676 de 2013, e incorporar la información contenida en
el artículo 32 del Decreto 400 de 2014 (confróntese con el artículo 2.2.2.4.33
del Decreto 1074 de 2015).

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2.13 Registro de garantías surgidas por ministerio
de la ley
Los gravámenes judiciales y tributarios de que trata el artículo 9 de la Ley
1676 de 2013, para efectos de prelación, deberán ser inscritos en el Registro
de Garantías Mobiliarias, para lo que el (los) acreedor(es) garantizado(s)
deberá(n) adjuntar la orden debidamente ejecutoriada de la autoridad judicial
o administrativa competente o de la autoridad fiscal que constituye
el gravamen.
Señala expresamente la norma que para el caso de los gravámenes judiciales
o tributarios, los derechos y obligaciones otorgados a los acreedores
garantizados por la Ley 1676 de 2013 y por el Decreto 400 de 2014, serán
ejercidos por el beneficiario del gravamen judicial o por la autoridad fiscal
nacional, departamental, distrital y municipal, según corresponda, quienes
deberán efectuar el registro.
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