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Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del MundoLima, 04 de Junio de 2008SeñorLuis Alberto MorenoPresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)1300 New York Avenue, NWWashington, D.C. 20577Estimado Señor Moreno:Sirva la presente para expresarle un cordial saludo de parte del Consejo Directivo de laAsociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y de lasorganizaciones campesinas e indígenas que la suscribimos.Consideramos importante que usted haya tomado nota de nuestra comunicación deabril, juntamente con los miembros del directorio del BID, en cuya misiva ponemos enevidencia nuestra preocupación por las condiciones en las cuales el Estado peruanopretende imponernos una serie de políticas que modifican nuestros derechos colectivosbajo la consigna de “modernizar la actividad agraria y fomentar la inversión privada” enlas zonas alto andinas del país.En ese contexto, la estructura jurídica que se vienen generando mediante proyectos deley desde el Poder Ejecutivo (al amparo de la delegación de facultades otorgadas por elCongreso), tienen por objeto desmantelar, desmembrar e individualizar la propiedadcolectiva de nuestras tierras, aún cuando éstas se encuentran garantizadas por el propioEstado mediante un título de propiedad y que están debidamente inscritas en losRegistros Públicos.Pues, a la fecha uno de estos proyectos que advertimos era contrario a nuestrosderechos, ha sido aprobado mediante Decreto Legislativo con el Nº 1015; contando paraello con el financiamiento que su representada ha previsto para formalizar la propiedadindividual y que sería ejecutado por el Organismo de Formalización de la PropiedadInformal (COFOPRI) conforme lo establece el Decreto Legislativo 994.Nuevamente reiteramos nuestro malestar, al ratificarnos que los fondos de los Estadosdemocráticos sirvan para un fin inconstitucional y de violación de derechos humanos decomunidades y pueblos indígenas con elapoyo del BID a través del financiamiento del Proyecto “Programa de Titulación yRegistro de Tierras - PTRT III Inversión” (PE-L1026). Lo que inicialmente advertimoscomo una amenaza, ahora se ha concretado legalmente con la promulgación del DecretoLegislativo N°1015 y agravando la situación de inseguridad jurídica para nuestrosterritorios lo que conllevará a la destrucción de las nuestras formas de vida colectivaancestral, cultura, conocimientos colectivos y, en esencia, constituye la desintegraciónjurídica de las comunidades y sus territorios.Lejos de apoyar en resolver el problema de pobreza en las comunidades campesinas ynativas, este financiamiento la profundizará en nuestro país y acrecentará la poblaciónindígena desplazada de sus tierras por la implementación del DL 1015, situación que los


obligará a migrar a las ciudades y terminar incrementando las cifras de desempleo ypobreza.Para la población indígena de las Comunidades Campesinas sus tierras representan suúnica propiedad y medio que sustenta su vida, por lo que todo hecho o política que losdespoje de la misma esta no sólo vulnerando sus derechos sino también impidiendo suderecho a la vida y al desarrollo.Esta intromisión legal, que bajo intereses ajenos a las comunales, pretende ladesintegración de los territorios colectivos y después de su individualización y venta porpequeños lotes hasta su total eliminación, cuyas consecuencias serian nefastas no solopara las comunidades sino afectarían la estabilidad social del sector agrario ante laevidencia de un despojo legal de sus territorios, atentando contra el Estado de derecho yla gobernabilidad del país.Se compondrá, a cierto tiempo, la concentración de la propiedad en manos de pocos quecuentan con grandes capitales que propugnaran por adquirir las tierras de los titularesindividuales. Esta situación generará las condiciones para que los grupos afectados, eneste caso las Comunidades Campesinas y Nativas, reaccionen y cuyas dimensiones novislumbramos, acrecentando los conflictos sociales, descontrol de la seguridadciudadana y otros que pueden ser aprovechado por sectores violentistas y causar gravedaño al estado de derecho en nuestro país.En tal sentido, sugerimos informarse sobre los efectos de las políticas que estánapoyando, como el caso del DL 1015, y tengan a bien revisar, mediante susrepresentantes en el Perú de las reacciones que viene generando la dación de la referidanorma y la implementación del proyecto TRT3, para la “formalización” de la propiedadrural y en territorios de las Comunidades Campesinas y Nativas, y realice lascoordinaciones necesarias a efectos de que consulte con la representación de la OIT y/orecoja el Informe del Órgano Constitucional Autónomo de la Defensoría del Pueblo dela República del Perú, con la que debe formarse una opinión de los objetivos que tieneel Estado respecto a los derechos de las comunidades campesinas, nativas y los pueblosindígenas en general.Nuevamente le recordamos que la institución que usted preside tiene políticas claraspara el financiamiento de proyectos, dentro de lo que podemos referir está orientada a lalucha contra la pobreza, a disminuir los conflictos sociales, por ello ponemos enevidencia esta problemática a fin de que no se siga consumando violaciones a losderechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas con el apoyo del BID.Es posible que del anterior proyecto que financiaron no hayan recibido la evaluacióncierta y confiable; es decir de los beneficiarios (comunidades campesinas y nativas y susinstituciones representativas), puesto que el proyecto para esta tercera etapa no seevidencia la intención de superar los errores y graves irregularidades, cuyos efectos aúnsubsisten y que ahora debía concentrarse en resolver y buscar su conclusión,especialmente con el proceso de saneamiento, demarcación definitiva y catastro de estastierras, en vez de impulsarse su desmembramiento con este tipo de iniciativas legales ydaños irreversibles en las formas de vida tradicionales de los pueblos indígenas.


En ese sentido, el BID estaría vulnerando su propia Política Operativa sobre PueblosIndígenas (OP-765), en cuanto a la directriz de su política “Fortalecimiento de losprocesos de legalización y administración física de los territorios, las tierras y losrecursos naturales tradicionalmente ocupados o aprovechados por los pueblosindígenas” y la salvaguardia en sus operaciones:“Territorios, tierras y recursos naturales. Las operaciones que afecten directa oindirectamente el estatus legal, la posesión o la gestión de los territorios, las tierras o losrecursos naturales tradicionalmente ocupados o aprovechados por los pueblos indígenasincluirán salvaguardias específicas, consistentes con las normas de derecho aplicablesincluyendo el marco normativo sobre protección de tierras y ecosistemas. Ello incluyerespetar los derechos reconocidos de acuerdo a las normas de derecho aplicables (.)”.Es preciso también recalcar que este proceso de financiamiento del BID al Gobierno delPerú, así como los proyectos de ley y los Decretos Legislativos 1015 y 994, se hanelaborado y se vienen discutiendo a espaldas de las comunidades campesinas y nativas ysus organizaciones representativas. Sin haberse cumplido con la respectivas consultas;lo cual constituye una violación al derecho de la consulta, previa, libre e informada delos pueblos indígenas, recogida en los artículos 6°, 7° y 15° del Convenio N° 169 de laOIT, en los artículos 19° y 32° de la recientemente aprobada Declaración de NacionesUnidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas y de la Política Operativa del BIDsobre Pueblos Indígenas (1).En conclusión, Señor Presidente, en este nuevo escenario esperamos que vuestrainstitución reevalúe las condiciones del financiamiento para la ejecución del proyectoreferido y se exija se cumpla con recoger la evaluación del proyecto anterior, sesuspenda el financiamiento para ésta tercera etapa y el otorgado al COFOPRI que vienesirviendo para su intromisión a las comunidades se paralice hasta cuando se establezcapolíticas claras de parte del Estado, se realice la consulta y consentimiento previo, libree informado de las comunidades campesinas y nativas para evitar graves vulneracionesa los derechos territoriales de los pueblos indígenas se concrete en el Perú y que enesencia constituye una grave transgresión a los Derechos Humanos.Atentamente,Consejo directivo de AIDESEP.Nota:(1) Dentro del acápite de salvaguardia en sus operaciones, en el punto Territorios,tierras y recursos naturales se señala la siguiente obligación al BID: (i) mecanismos deconsulta previa para salvaguardar la integridad física, cultural y económica de lospueblos afectados (.)”

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