MEMORANDO DE ADVERTENCIA - Contraloría Municipal de Neiva

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MEMORANDO DE ADVERTENCIA - Contraloría Municipal de Neiva

MEMORANDO DE ADVERTENCIA

M.A.- 004 - 2011

PARA : HECTOR ANIBAL RAMÍREZ ESCOBAR

Alcalde Municipal de Neiva

DE : EDGAR LEONEL CONTA

Contralor Municipal de Neiva

ASUNTO : Otro Sí modificatorio al contrato de concesión No.001 de

1997, relacionado con el servicio de alumbrado público.

FECHA : 28 de febrero de 2011

Con fundamento en el Acuerdo No. 012 de 2006, el cual establece como función del

Contralor Municipal de Neiva “realizar el Control de Advertencia en las entidades

vigiladas cuando después de realizado el análisis respectivo considere que determinada

actividad puede menoscabar el patrimonio estatal”, y de acuerdo con el inciso 6º del

artículo 272 de la Constitución Política, me permito prevenirle sobre el deber que le

asiste en su calidad de representante legal del ente territorial, manifestándole que este

organismo de control fiscal ha detectado los siguientes riesgos en el contrato de

concesión No. 001 de 1997.

La Contraloría Municipal de Neiva ha tenido conocimiento del proyecto de Acuerdo

presentado por la administración local en el mes de diciembre de 2010 al Concejo

Municipal, mediante el cual solicita facultades para suscribir un Otro Sí modificatorio del

contrato de concesión No. 001 de 1007, contemplando la posibilidad de ampliar el plazo

del contrato, que fue pactado inicialmente en veinte (20) años.

De acuerdo a la exposición de motivos del referido proyecto de Acuerdo, la

administración municipal pretende adelantar una “renegociación” del contrato de

concesión No. 001 de 1997, suscrito con la Unión Temporal DISELECSA LTDA – I.S.M.

S.A., cuyo objeto es la operación y mantenimiento de la infraestructura del servicio de

alumbrado público en la capital del Departamento del Huila, incluyendo el suministro e

instalación, reemplazo, renovación de las luminarias y de los accesorios eléctricos para

la repotenciación y la expansión del mismo, de conformidad con los requisitos y

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condiciones establecidas en los pliegos de condiciones de la oferta pública y la

propuesta presentada por el concesionario.

La administración municipal ha expresado que dicha intención de “renegociación”,

obedece a que el concesionario viene manifestando que el municipio le adeuda a junio

4 de 2010 la suma de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS

($42.200.000.000.oo), valor que no puede cancelarse bajo las condiciones pactadas

actualmente, pues exceden la capacidad de pago del ente territorial con cargo al

impuesto de alumbrado público.

De esta manera la administración municipal propone como escenario “una ampliación

del plazo contractual, plazo adicional con el que al concesionario se le pagaría la

pretendida deuda en discusión por el no pago de la TIR desde 2003. Es decir que no se

haría cosa distinta que alargar el plazo de pago de la deuda acumulada”.

Conforme a la discusión que se viene presentando en el Concejo de Neiva para la

aprobación de este proyecto de Acuerdo, la Contraloría Municipal se permite realizar las

siguientes recomendaciones y advertencias dirigidas a la protección del patrimonio

público, sin que ello implique una interferencia en la potestad administrativa que tiene el

Alcalde para decidir este asunto.

Como es de conocimiento público, el contrato de concesión No. 001 de 1997 es uno de

los contratos más polémicos y cuestionados en la historia de la ciudad, quizás porque

involucra la entrega a un particular de un servicio tan sensible como el alumbrado

público.

En efecto, desde su suscripción en el año 1997, han sido múltiples los cuestionamientos

que se han formulado respecto de este contrato, llegando incluso a ser dirimidos por la

jurisdicción arbitral y contenciosa administrativa, que increíblemente no han podido

zanjar de fondo las divergencias presentadas entre el concedente y el concesionario.

Basta recordar que mediante la constitución de un Tribunal de Arbitramento, se fallaron

con providencia del 14 de agosto de 2007 algunas pretensiones presentadas por el

municipio de Neiva para reajustar el contrato de concesión No. 001 de 1997,

providencia que finalmente fue anulada por la Sección Tercera del Consejo de Estado,

mediante sentencia del 13 de mayo de 2009 (radicado No.

11001032600020070005800), al considerar que el laudo arbitral se profirió en

conciencia y no en derecho, como debía hacerse.

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Como el principal punto que se discute en la actualidad es la posible prórroga del

contrato de concesión No. 001 de 1997, escenario que contempla expresamente la

administración municipal en el proyecto de Acuerdo, la Contraloría Municipal de Neiva

se concentrará en dicho punto, pues una eventual prórroga sin los análisis, estudios y

soportes suficientes que determinen su necesidad -que a la fecha no se han dado-,

puede generarle al municipio un daño patrimonial considerable.

Para empezar es de recordar que el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, determinó que

los contratos de concesión de alumbrado público celebrados por los municipios,

deberán sujetarse en todo a la Ley 80 de 1993, contener las garantías exigidas en la

misma, incluir la cláusula de reversión de toda la infraestructura administrada,

construida o modernizada, hacer obligatoria la modernización del Sistema, incorporar

en el modelo financiero y contener el plazo correspondiente en armonía con ese

modelo financiero” (Negrilla fuera de texto).

En virtud de lo anterior, el plazo de todo contrato de concesión de alumbrado público

está directamente ligado con el modelo financiero, que forma parte del ingreso

esperado y proyectado por el concesionario dentro del término de ejecución del

contrato, de manera que por regla general, una vez finalizado este plazo se entiende

que el contrato debe terminar y proceder a liquidarse. Así lo expuso la Sala de Consulta

y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto del 14 de abril de 2005

(radicación 1.636), al decir:

“En este evento se advierte claramente que cuando el concesionario alcanza el ingreso

esperado, el contrato de concesión termina y se debe proceder a su liquidación, de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 60 y 61 de la Ley 80 y 36 de la Ley 105,

ambas de 1993.

No es viable jurídicamente continuar con la ejecución del contrato, sencillamente porque

éste ha terminado. Se ha configurado una causal de terminación pactada en el contrato,

cual es la obtención del ingreso esperado, y por lo tanto, cesa la ejecución del mismo,

quedando pendiente tan sólo el trámite de su liquidación.

El objeto del contrato y sus obligaciones se han cumplido, de ahí que continuar su

ejecución sería ilegal, en la medida en que, de acuerdo con lo estipulado, en relación

contractual jurídicamente ha concluido”.

Y aunque excepcionalmente es posible hablar de prórrogas para aumentar el plazo de

ejecución de un contrato de concesión, es bueno aclarar que ello constituye una

excepción a la regla general, que exige que el plazo tenga armonía con el modelo

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financiero aplicable al caso concreto, de tal suerte que el término de ejecución de todo

contrato de concesión debe estar diseñado para que al finalizar, el concesionario haya

obtenido el ingreso esperado.

No en vano el inciso final del artículo 28 de la Ley 1150 de 2007 prohibió tajantemente

las prórrogas automáticas en los contratos de concesión. De esta manera, contratos

como el firmado en 1997 por el municipio de Neiva con la Unión Temporal DISELECSA

LTDA – I.S.M. S.A., con un plazo de veinte (20) años, deben en lo posible ejecutarse

dentro de dicho término, ya que toda prórroga supone la restricción del derecho al

acceso en igualdad de oportunidades a los procesos de contratación del Estado y de

libre competencia de oferentes, según lo preceptuado en los artículos 13 y 333 de la

Constitución Política, produciendo en los demás ciudadanos interesados un sacrificio

desproporcionado de estos derechos constitucionales.

Y es que estamos ante un contrato de concesión que comprende como pocos un

servicio público entregado a un particular, cuya fin (alumbrado público), tiene un alto

impacto social en la comunidad, pues comprende “la iluminación de los bienes de uso

público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro

del perímetro urbano y rural de un municipio” (artículo 2º, Decreto No. 2424 de 2006).

Por lo mismo, una prórroga del contrato de concesión No. 001 de 1997 en principio

violaría el artículo 209 de la Carta Política, puesto que podría entenderse como colocar

la función administrativa al servicio de intereses particulares, haciendo inviable la

aplicación del principio de igualdad, que consiste en abrir la posibilidad a todos los

oferentes que estén en capacidad de prestar el mismo servicio contratado.

Además, no sobra advertir que el contrato de concesión No. 001 de 1997 conlleva un

interés general para la comunidad, pues se trata de la prestación del servicio de

alumbrado público, el cual tiene unas implicaciones que tocan los intereses de todos los

habitantes, como quiera que una efectiva iluminación de los bienes de uso público y

demás vías de circulación, mejora o afecta la calidad de vida de los neivanos. Así lo

expuso la Corte Constitucional en la sentencia C-250 de 1996, al expresar:

“El contrato de concesión es un contrato del Estado cuya finalidad es el uso de un bien

público o la prestación de servicios públicos, que en principio, como así lo dispone el

estatuto superior, le corresponde prestar al Estado. Su objeto está directamente

relacionado por tanto, con el interés general, el cual está representado en una

eficiente y contínua prestación de los servicios y en la más oportuna y productiva

explotación de los bienes estatales” (Subrayado fuera de texto).

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En este mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-126 de

1998, al precisar que, “de otro lado, y ligado al interés público que acompaña este

tipo de relaciones jurídicas, las autoridades deben ejercer una permanente vigilancia

sobre el concesionario a fin de que cumpla adecuadamente sus obligaciones, lo que

implica que siempre existirá la facultad del ente público de dar instrucciones en torno a

la forma como se explota el bien o se presta el servicio" (Destacado fuera de texto).

Ahora bien, lo que advierte la Contraloría Municipal de Neiva es que, si bien la prórroga

del contrato de concesión No. 001 de 1997 es una posibilidad excepcional a la que

puede recurrir la administración municipal, ello no debe confundirse con una especie de

prórroga automática a la que tendría derecho la Unión Temporal DISELECSA LTDA –

I.S.M. S.A., por el simple hecho de estar reclamando una suma adeudada

($42.200.000.000.oo).

No sobra aclarar que la prórroga de un contrato de concesión no puede asimilarse a un

derecho adquirido del concesionario, pues cualquier prórroga de un contrato de esta

naturaleza debe obedecer a estrictos criterios de evaluación de los beneficios que

pudiese deparar para el municipio y para el interés público la ampliación de su término

inicial. Sobre este tema se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de

Estado, en concepto del 23 de febrero de 1994, así:

"El concesionario no disponía al celebrar el contrato de un derecho de los denominados

por la Constitución, adquirido y que otros prefieren llamar subjetivo, constituido o

consolidado, por cuanto no se había incorporado definitivamente a su patrimonio, en

razón de la exigencias impuestas por la misma ley que servía de soporte a la opción de

prórroga. Esta ley defería el efectivo ejercicio de la opción, no tan solo al vencimiento

del término de duración del contrato, sino a la vigencia de leyes que regularan la

concesión y su aspecto tributarlo. De donde se infiere que el contratista disponía, en el

aspecto específico de la prórroga, de una mera expectativa. Ciertamente la situación

contractual fue respetada, pero el derecho público de la Nación hizo imposible la

renovación o prórroga”.

Dicho en otras palabras, la administración municipal debe abstenerse de considerar

como una camisa de fuerza la prórroga del contrato de concesión No. 001 de 1997, sin

que previamente cuente con los estudios y análisis técnicos que sustenten y

demuestren objetivamente su conveniencia. La Corte Constitucional en la sentencia C-

949 de 2001, sobre la prórroga de las concesiones para la prestación de los servicios y

actividades de telecomunicaciones, perfectamente aplicable a las concesiones de

alumbrado público, expresó:

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“Por ello, la entidad competente debe contar la posibilidad de evaluar los

beneficios que produciría para el Estado y para el interés público la ampliación

del término inicial del contrato, sin estar atada a la camisa de fuerza que implica la

prórroga automática” (Negrilla fuera de texto).

Precisamente aquí radica la preocupación mayor de la Contraloría Municipal de Neiva,

pues no se conocen los estudios y documentos técnicos previos de la administración

municipal que sustenten la necesidad de suscribir un Otro Sí modificatorio del contrato

de concesión No. 001 de 1007, donde se contempla la posibilidad de prorrogar su

plazo.

Porque una cosa es clara: si el municipio de Neiva ya solicitó facultades al Concejo

Municipal para suscribir un Otro Sí del contrato de concesión No. 001 de 1007, debe

inevitablemente contar con los estudios y documentos técnicos previos que

fundamenten en beneficio del interés general y del patrimonio público de la ciudad, la

necesidad de perfeccionar un acuerdo modificatorio al contrato inicial.

Así lo exige el numeral 7º del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual dispone que “la

conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y

aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso

de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso”.

En el mismo sentido expresa el numeral 12 de la norma en cita: “Con la debida

antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato,

según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los

pliegos de condiciones o términos de referencia” (Resaltado fuera de texto).

Obsérvese que la norma califica el momento en que deben realizarse los estudios

previos que sustenten la necesidad de un contrato o modificación contractual,

refiriéndose a que deben elaborarse “con la debida antelación” a la apertura del proceso

contractual o firma del contrato, lo que exige de parte de la entidad contratante, en este

caso el municipio de Neiva, que incluso previo a la solicitud de facultades al Concejo

Municipal para suscribir un Otro Sí del contrato de concesión No. 001 de 1997, se

tengan debidamente soportados dichos estudios.

Los estudios y documentos previos para una modificación del contrato de concesión No.

001 de 1997, deben cumplir inexorablemente los requisitos mínimos señalados en el

artículo 3º del Decreto No. 2474 de 2008, cuales son:

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1. La descripción de la necesidad que el municipio de Neiva pretende satisfacer con la

suscripción de un Otro Sí.

2. La descripción de la modificación que se pretende hacer al contrato inicial, con sus

especificaciones técnicas.

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección.

4. El análisis que soporta el valor estimado del Otro Sí del contrato, indicando las

variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva modificación

contractual, así como su monto y el de posibles costos asociados al mismo,

especialmente la Tasa Interna de Retorno (TIR).

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más

favorable.

6. El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos

previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.

7. El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios

de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del

ofrecimiento o del contrato según el caso, así como la pertinencia de la división de

aquellas.

Mención especial merece el tema del análisis que debe soportar el valor estimado del

Otro Sí del contrato, pues lamentablemente la administración municipal de Neiva no

tiene claridad sobre el precio que contendría el Otro Sí del contrato de concesión No.

001 de 1997, limitándose a citar como referencia el valor que reclama la Unión

Temporal DISELECSA LTDA – I.S.M. S.A., ($42.200.000.000.oo), lo que denota falta de

profundidad y rigurosidad, que puede poner en riesgo el patrimonio público de la ciudad.

Para este órgano de control fiscal es importante que la administración municipal asuma

y levante un estudio técnico propio, el cual tenga en cuenta aspectos neurálgicos del

contrato de concesión No. 001 de 1997, que por su notoriedad evidencian claramente

un perjuicio para los intereses patrimoniales del ente territorial, como es el caso del flujo

de caja, pactado inicialmente acorde a las variables macroeconómicas vigentes al

momento de la suscripción del contrato, pero que por su evolución resultan hoy

imposible de sostener para el municipio.

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En efecto, el egreso por operación, administración y mantenimiento (OAM) del contrato

de concesión No. de 1997, se acordó desde el inicio del contrato con una actualización

anual fija del 18%, equivalente al IPC de dicho año que fue del 17.68%. Sin embargo, a

la par que el porcentaje de actualización anual del contrato se sostenía, el IPC -que

mide la evolución del nivel de precios de bienes y servicios de consumo en el paíscomenzó

a disminuir vertiginosamente, siendo en 1998 de 16.70%; en 1999 de 9.23%;

en el 2000 de 8.75%; en el 2001 de 7.65%; en el 2002 de 6.99%; en el 2003 de 6.49%;

en el 2004 de 5.50%; en el 2005 de 4.85% y en el 2006 de 4.48%.

Y aunque en los años 2007 y 2008 el IPC aumentó levemente a 5.69% y 7.67%,

respectivamente, dicho porcentaje volvió a caer a su nivel histórico más bajo en el año

2009, con un porcentaje de 2.0%, pasando al 3.17% en el 2010, el cual es

categóricamente inferior al porcentaje anual de actualización que se ha venido

aplicando al contrato, equivalente al 18%.

Es evidente que de no corregirse este modelo financiero, donde el concesionario recibe

una actualización anual en sus ingresos (18%) totalmente en contravía de la variable

económica del IPC en Colombia, el municipio llegará al punto de no poder realizar más

pagos, con una consecuente parálisis del contrato. Ahora, es de aclarar que esta

circunstancia no se soluciona con una prórroga del contrato de concesión No. 001 de

1997, como quiere hacerlo ver el concesionario, pues una simple prórroga -sin cambiar

el modelo financiero- alargaría la agonía presupuestal del municipio para tratar de

cumplir lo que no es posible cumplir.

Por esta razón, la Contraloría Municipal de Neiva recomienda y advierte a la

administración municipal, que previo a la solicitud de autorización de facultades al

Concejo para suscribir un Otro Sí del contrato de concesión No. 001 de 1997, se

elaboren los correspondientes estudios y documentos técnicos previos que

fundamenten esta necesidad, con el fin de no tomar decisiones apresuradas que

pueden afectar gravemente el erario del ente territorial. Además de la exigencia legal

que apareja realizar “con la debida antelación” los estudios y documentos técnicos

previos para modificar el contrato de concesión No. 001 de 1997, la Contraloría

Municipal de Neiva estima conveniente cumplir este requisito antes de la obtención de

facultades por el Concejo Municipal, por dos razones esenciales.

La primera, porque unos estudios y documentos técnicos previos le darían mayor

transparencia al proceso contractual que pretende adelantar la administración

municipal, facilitando un examen y evaluación de parte de las entidades de control y de

la comunidad en general, que es en últimas la principal interesada en que este proceso

se adelante con toda claridad y visibilidad.

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La segunda, porque unos estudios y documentos técnicos previos serían el principal

insumo y herramienta para que el Concejo Municipal pueda discutir con objetividad el

proyecto de Acuerdo que procura autorizar al Alcalde para suscribir un Otro Sí del

contrato de concesión No. 001 de 1997, basándose en estimativos económicos

realizados por el mismo municipio y no por el concesionario, como actualmente ocurre.

Por último, es necesario que el municipio analice lo dispuesto en la Resolución No. 183

del 20 de diciembre de 2010 expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas

(CREG), “Por la cual se ordena hacer público un proyecto de Resolución que pretende

adoptar la CREG con el fin de definir la metodología para la determinación de los costos

máximos que deberán aplicar los municipios o distritos, para remunerar a los

prestadores del servicio así como el uso de los activos vinculados al sistema de

alumbrado público”.

Dicha Resolución reitera la responsabilidad de los municipios en la prestación del

servicio de alumbrado público, estableciendo metodologías técnicas y formulas

aritméticas en la fijación de los costos máximos que deben cancelar a quienes prestan

este servicio.

De esta manera, la administración municipal de Neiva debe aplicar con total rigurosidad

la metodología establecida en la Resolución citada, de modo que la remuneración que

se le page a la Unión Temporal DISELECSA LTDA – I.S.M. S.A., respete los costos

máximos establecidos en dicho acto administrativo, sin que los supere ni los rebase.

Para ello debe tener en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente:

-. Diferenciar claramente la remuneración que se le page al concesionario por

administración, operación y mantenimiento e inversión en infraestructura.

-. Observar que los costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de

alumbrado público incluyen además, la reposición de activos, cuando el mismo no

aumente significativamente la vida útil del activo, ni mejore la calidad del servicio que

este presta.

-. Verificar que los costos máximos anuales por concepto de AOM (administración,

operación y mantenimiento correspondientes a la actividad de alumbrado público) se

determinarán a partir de una fracción del costo de reposición a nuevo de cada UCAP

(unidad constructiva de alumbrado público) que compone el sistema de alumbrado

público del municipio.

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Para ello la administración municipal tiene la obligación de incluir en su presupuesto los

costos de la prestación del servicio de alumbrado público y los ingresos por impuesto de

alumbrado público, debiendo elaborar un plan anual que contemple entre otros la

expansión del mismo, a nivel de factibilidad e ingeniería de detalle, armonizado con el

plan de ordenamiento territorial.

En consecuencia, y en espera de una decidida gestión para la defensa de los intereses

de los neivanos, le formulo el presente Control de Advertencia, solicitándole que en el

término de diez (10) días hábiles, remita a este Despacho un informe con las acciones

correctivas que implementará la administración municipal de Neiva sobre los asuntos

anteriormente expuestos.

Atentamente,

EDGAR LEONEL CONTA

Contralor Municipal

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M.A.003 - 2011

PARA : HECTOR ANIBAL RAMÍREZ ESCOBAR

Alcalde Municipal de Neiva

DE : EDGAR LEONEL CONTA

Contralor Municipal de Neiva

ASUNTO : Obras sin utilizar e inconclusas

FECHA : 3 de marzo de 2011

Con fundamento en el Acuerdo No. 012 de 2006, el cual establece como función del

Contralor Municipal de Neiva “realizar el Control de Advertencia en las entidades

vigiladas cuando después de realizado el análisis respectivo considere que determinada

actividad puede menoscabar el patrimonio estatal”, y de acuerdo con el inciso 6º del

artículo 272 de la Constitución Política, me permito prevenirle sobre el deber que le

asiste en su calidad de representante legal del ente territorial, manifestándole que este

organismo de control fiscal ha detectado riesgos en determinadas obras públicas,

algunas de las cuales se encuentran sin utilizar o inconclusas.

En efecto, de acuerdo con una visita técnica realizada por la Contraloría Municipal de

Neiva, se observan riesgos en la inversión de recursos públicos destinados a mejorar la

infraestructura de la capital huilense, los cuales amenazan la prestación eficiente de

servicios esenciales para la comunidad neivana, como son el saneamiento básico, agua

potable y movilidad urbana (vías), poniendo en peligro la integridad del patrimonio

público ejecutado en la ciudad. A continuación se presenta el estado de las obras

aludidas:

1. Mediante el contrato No. 121 de 2007, las Empresas Públicas de Neiva contrató

la conducción de la Bocatoma Guayabo-Pondaje por un valor de SIETE MIL

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($7.500.000.000.oo), el cual está

suspendido, sin entrar en servicio, pues falta culminar la instalación de tubería.

Del mismo modo, la construcción de la Bocatoma alterna y desarenador del

Guayabo no ha entrado en funcionamiento.

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2. Mediante el contrato No. 125 de 2007, las Empresas Públicas de Neiva contrató

la Línea de Conducción Exprés Fase Norte-Acueducto por un valor de SEIS MIL

OCHOCIENTOS VENTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($6.826.824.674.oo), el cual se

encuentra suspendido, sin entrar en servicio, pues no se ha terminado de

legalizar los predios por donde debe pasar la línea de construcción.

3. Mediante convenio No. 01 de 2006 suscrito por el departamento del Huila y el

municipio de Neiva, se dispuso la construcción de los Tanques de

almacenamiento de la Planta El Jardín por valor de SEIS MIL NUEVE

MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

PESOS ($6.009.309.756.oo), los cuales no han entrado en funcionamiento.

4. Mediante el mismo convenio No. 01 de 2006 suscrito por el departamento del

Huila y el municipio de Neiva, se dispuso la construcción de los Tanques de

almacenamiento de la Planta El Recreo por valor de CINCO MIL QUINIENTOS

VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES

PESOS ($5.527.800.153.oo), los cuales tampoco han entrado en funcionamiento.

5. Mediante el convenio No. 049 de 2007 suscrito por el Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial y el municipio de Neiva, se dispuso la

construcción del Reservorio “Pondaje Poco a Poco” por valor de NUEVE MIL

SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($9.074.000.000.oo), el cual no

ha entrado en funcionamiento.

6. Mediante contrato No. 30 de 2007, el municipio de Neiva contrató la construcción

de la sede del Concejo Municipal por valor de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS

VEINTE PESOS ($1.668.457.320.oo), la cual no ha entrado en funcionamiento,

sin que se haya tomado ninguna decisión administrativa después del atentado

terrorista perpetrado en el año 2009.

7. Mediante contrato No. 440 de 2007, el municipio de Neiva contrató la

pavimentación de la calzada oriental de la vía al Tesoro por valor de

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL

SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($296.800.627.oo), la cual presenta un

grave deterioro en los andenes y sardineles.

Como se sabe, los contratos de obra pública están claramente definidos y orientados

hacía todas las actividades relacionadas con la construcción de inmuebles, su

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 12

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MEMORANDO DE ADVERTENCIA

mejoramiento, adecuación, cambios estructurales o físicos que impliquen su

modificación, con el fin de mejorar la infraestructura que el Estado debe ofrecer a sus

habitantes para que estos cuenten con un nivel óptimo de calidad de vida.

Ahora bien, para garantizar que los contratos de obra se ejecuten y terminen dentro del

plazo previsto, para la elaboración del proyecto inicial es necesario dar aplicación al

inciso 3º, numeral 1º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, que establece como requisitos

anteriores a la apertura del proceso de selección del contratista, la elaboración de

estudios previos, que cuando sea necesario deben estar acompañados además, de los

diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad, en concordancia con el

artículo 25 numeral 12 de la misma Ley.

Además de lo anterior, es necesario que se tenga en cuenta todo lo relacionado con el

estudio de impacto ambiental y licencia ambiental (Decreto No. 1220 de 2005), la licencia

de construcción (Decreto No. 1052 de 1998) y la adquisición de predios cuando la obra

implique una infraestructura en terrenos que no son de la entidad contratante.

Para la Contraloría Municipal de Neiva es importante recabar en el cumplimiento de los

plazos previstos en los contratos de obra pública, toda vez que los contratos relacionados

en el presente Memorando de Advertencia presentan plazos vencidos, sin que dentro de

los mismos se haya puesto en funcionamiento las obras contratadas.

El plazo, contractualmente hablando, es el tiempo establecido que ha de transcurrir

para que se entregue una obra pública por la cual el Estado ha girado unos recursos

públicos, el cual en todos los contratos de obra -por ser de tracto sucesivo- debe estar

claramente determinado como un elemento para la exigibilidad de la obligación del

contratista y para definir el momento a partir del cual se cumplió oportunamente o no se

cumplió el contrato.

La Ley 80 de 1993 en su artículo 40 señala cual debe ser el contenido de los contratos

estatales, estableciendo en el parágrafo único de dicha norma una restricción acerca de

la adición a su valor inicial la cual no puede ser superior al 50% de éste. Y en cuanto a

las demás condiciones del contrato manifiesta que: “En los contratos que celebren las

entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las

cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes,

siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el orden público y a los

principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.”

Es así como en principio no existe limitación para adicionar el plazo o término de los

contratos de obra pública, no obstante si se observa el inciso transcrito de la norma

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 13

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MEMORANDO DE ADVERTENCIA

anterior, es claro que en todo caso cualquiera de las condiciones o estipulaciones de los

contratos estatales, no pueden contrariar los principios y finalidades del Estatuto de

Contratación Estatal y los de la buena administración.

El artículo 26 de la Ley 80 de 1993, contempla que en virtud al principio de

responsabilidad “los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de

los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a

proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse

afectados por la ejecución del contrato”, e igualmente que “las actuaciones de los

servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes

ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética

y a la justicia.”

Esto significa que, aunque no existe límite de adición en el plazo o término de los

contratos de obra pública, en atención al principio de responsabilidad, los servidores

públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato, y observar las

reglas de la administración de bienes ajenos. De esta manera, aunque es frecuente que

en los contratos estatales existan adiciones en su plazo, no es menos cierto que dichas

adiciones en aras a la observancia de los principios de la contratación estatal deben

encontrarse justificadas técnica, jurídica y financieramente.

Esto por cuanto las normas en materia de presupuesto público en virtud al principio de

anualidad, señalan que “el año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de

diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos

con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de

apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción” (Decreto No. 111

de 1996, artículo 14).

Es decir, que las obras en atención al principio de anualidad deben contratarse para el

respectivo año fiscal, y solamente por excepción y cuando la obra para su ejecución

trascienda una vigencia fiscal, conforme a los estudios previos o precontractuales la Ley

expresamente consagra que, podrá ejecutarse dentro de una u otras vigencias fiscales,

para lo cual se deberá contar con la aprobación de las respectivas vigencias futuras.

Así las cosas, la Contraloría Municipal de Neiva no encuentra razón para que las obras

relacionadas se encuentren sin funcionar, cuando su plazo de ejecución está vencido y

agotado, con el agravante que se trata de obras contratadas en las vigencias 2006 y

2007, es decir, hace más de tres años.

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 14

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Para el efecto, el municipio de Neiva debe prever que por el lento avance de las

actividades programadas en las obras, es probable que uno o más productos no

puedan ser entregados, debiendo requerir por escrito a los contratistas y poniendo en

conocimiento de las compañías aseguradoras para que se adopten las medidas

correspondientes, pues lo que está en juego es el patrimonio público con el cual se

financiaron unas obras que no han entrado en funcionamiento. Lo grave sería que

después de finalizado el plazo de ejecución, se hayan vencido las pólizas respectivas,

sin que se tome ninguna decisión administrativa para terminar las obras y poder

salvaguardar los recursos públicos invertidos.

De esta manera, el municipio de Neiva, como principal interesado en las obras

enunciadas, debe anticipar el incumplimiento de cualquier contrato suscrito con

anterioridad, y debe procurar que las partes adopten todas las medidas que sean

necesarias para evitarlo, pues su posición no puede ser una actitud pasiva, que se

limite a esperar el incumplimiento de las obligaciones de los contratistas, poniendo en

riesgo la integridad del erario.

Tal como lo expuso la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en

concepto No. 1439 del 18 de julio de 2002 “… es un deber de la administración ordenar

las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y

el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no

puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en

contra de lo previsto en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993”.

La oportunidad es propicia también para recordar que es deber del municipio de Neiva

efectuar una real y juiciosa estimación de las cantidades de obra y plazo de ejecución

de los contratos de obra pública que estime perfeccionar a futuro, evitando errores

comunes en la administración pública, en unas ocasiones porque se inician los

procesos sin contar con proyectos realmente ejecutables sino apenas en anteproyectos,

en otras porque se necesita reducir artificialmente el presupuesto de la misma (quitando

o disminuyendo cantidades de obra) para poder iniciar la obra con presupuesto bajo y

así poder comprometer los exiguos recursos de que dispone en un momento dado y, en

otros más, porque los diseños que sirven de base a la licitación o invitación adolecen de

errores graves y, por ello no es posible realizar el cálculo más aproximado de las

cantidades reales de obra requeridas para desarrollar el proyecto (Consejo de Estado,

Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 1987, expediente 3886).

Por último, es pertinente advertir que es deber del municipio de Neiva tomar acciones

correctivas inmediatas para lograr la culminación de las obras que aún no han sido

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 15

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MEMORANDO DE ADVERTENCIA

puestas en funcionamiento, respetando los procedimientos legales vigentes con el

menor impacto económico posible, pues en últimas se trata de preservar el interés

general de la comunidad neivana, que está afectado por unas obras que no están

prestando ningún servicio.

Para ello la administración municipal de Neiva debe hacer uso de todas las

herramientas legales a su alcance para buscar la pronta terminación de las obras

inconclusas, cuidándose eso sí de respetar y acatar los principios de eficiencia,

economía, eficacia, equidad y valoración de costos ambientales previstos en el artículo

de la Ley 42 de 1993, de tal manera que cualquier decisión que tome garantice que

la asignación de recursos es la más conveniente para maximizar los resultados,

analizando previamente la distribución de costos y beneficios. Sobre el particular es

bueno citar las palabras del profesor EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA (Curso de

Derecho Administrativo, Tomo I, Cuarta Edición, Cívitas, pág. 675), que sobre este tema

ha dicho:

"Límites en este sentido no existen ni pueden existir, porque las exigencias del interés

público, el servicio a la comunidad, no pueden quedar comprometidos por el error inicial

de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originariamente

tenidas en cuenta en el momento de contratar. El interés general debe prevalecer en

todo caso y en cualesquiera circunstancias, porque, de otro modo, sería la propia

comunidad la que habría de padecer las consecuencias. Obligar a la comunidad a

soportar una carretera, un puerto o un embalse mal planteado ab initio, inútiles o

ineficaces desde su misma concepción, por un simple respeto al contratus lex no

tendría sentido al servicio del interés público y de sus concretas e insoslayables

exigencias, el ius variandi de la administración contratante es ilimitado en extensión o

intensidad ya que el interés público prima sobre cualquier otra consideración”.

En consecuencia, y en espera de una decidida gestión para la defensa de los intereses

de los neivanos, le formulo el presente Control de Advertencia, solicitándole que en el

término de diez (10) días hábiles, remita a este Despacho un informe con las acciones

correctivas que implementará la administración municipal de Neiva sobre los asuntos

anteriormente expuestos.

Atentamente,

EDGAR LEONEL CONTA

Contralor Municipal

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 16

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MEMORANDO DE ADVERTENCIA

M.A. 02- 2011

PARA : MARIA AMELIA MONROY ORTEGON

Alcaldesa Municipal (E)

MUNICIPIO DE NEIVA.

DE : Contralor Municipal

JUAN CARLOS HERRERA GUTIERREZ

Gerente

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA. E.S.P.

ASUNTO : Presunto incumplimiento de las obligaciones legales

de la relación laboral; al igual que la Resolución No.

0001 de 2002 en lo referente a las funciones de los

interventores y/o supervisores.

FECHA : Neiva, 3 de febrero de 2011.

En atención al Acuerdo No. 012 de 2006 “Por medio del cual se ajusta la planta de

cargos de la Contraloría Municipal de Neiva, se adecua su estructura organizacional, se

adopta el manual de funciones y se dictan otras disposiciones”, el cual establece las

funciones y competencias laborales del Contralor, según el artículo 12. “Ejercer el

control de advertencia sobre los actos, hechos o decisiones que generen un riesgo

inminente sobre los principios y normas que regulan la correcta gestión fiscal”, así como

“Dirigir, planear, coordinar, y controlar las actividades relacionadas con la evaluación de

la gestión y resultados de las entidades vigiladas”; es así como se realiza control de

advertencia en las Entidades Vigiladas cuando después de realizado el análisis

respectivo considere que determinada actividad puede menoscabar el patrimonio

Estatal; para manifestarle que esta Territorial en el ejercicio del control fiscal practicado

a las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., ha determinado la existencia de serias

inconsistencias en las funciones que desempeñan los interventores y supervisores de la

entidad, en algunos casos sin tener en cuenta las obligaciones legales de la relación

laboral, cuyas demandas pueden generar detrimento a las arcas de la entidad que

representan, contrariando los postulados constitucionales y legales.

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MEMORANDO DE ADVERTENCIA

En efecto, en desarrollo de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad

Regular, practicado a Empresas Públicas de Neiva ESP de la vigencia 2009, se pudo

detectar la expedición de la Resolución No. 0324 del 18 de mayo de 2009 “Por medio

de la cual se da cumplimiento a una sentencia judicial.

En la Resolución en mención se tiene que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de

Neiva bajo el radicado 2005-523 adelantó un proceso contra la firma MB

Construcciones Ltda. y Empresas Públicas de Neiva ESP por la demanda de los

herederos del señor Luis Antonio Gómez Chaguala (QEPD) quien laboró con la

empresa mencionada sin contrato escrito y sin el cumplimiento de las obligaciones

legales de la relación laboral, generando que Empresas Públicas de Neiva ESP fuera

condenada de manera solidaria al pago de los salarios, prestaciones sociales e

indemnizaciones que adeudaba MB Construcciones Ltda. por $200’225,758.37

según el artículo cuarto del resuelve de la presente resolución.

Lo anterior deja ver la violación a la Resolución No. 0001 de 2002 en los artículos

décimo tercero y décimo cuarto, referente a las funciones de los interventores y/o

supervisores, al momento de verificar el cumplimiento con las obligaciones laborales

incluyendo los parafiscales y demás prestaciones a que haya lugar, por no ejercer la

vigilancia respecto al correcto y oportuno pago de los salarios y prestaciones a sus

trabajadores por parte de los respectivos contratistas de Empresas Públicas de Neiva

ESP, con el fin de evitar detrimentos al erario público bajo este tipo de fallo.

En igual sentido, se evidencia que esta situación no se ha tenido en cuenta por

Empresas Públicas de Neiva ESP, toda vez que en la muestra seleccionada del

proceso auditor de la vigencia 2009 se observaron serias deficiencias en el control del

cumplimiento de estos requisitos legales, como es el caso del contrato de alquiler 002

de 2009, donde el operador no portaba los elementos de seguridad industrial para

realizar sus labores y que además, los dos empleados de la Constructora INARQ y Cía.

Ltda que trabajan en la bocatoma el Guayabo - operador y secretario - ni del gerente y

subgerente - tenían la totalidad de los soportes de pagos de parafiscales y demás

obligaciones laborales e igualmente se evidenció que en los meses en los que se

reportan más de 8 horas trabajadas por el operador, no se reporta el pago de las horas

extras que constituyen factor salarial en la planilla única, sin embargo, el interventor

certifica su cumplimiento a cabalidad para efectos del pago, desatendiendo lo

dispuesto en las siguientes normas: artículo 50 ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003,

Decreto No.1703 de 2002, los Conceptos 1235 de 2006 y 357189 de 2008 del Ministerio

de la Protección Social y la Circular 000001 de 2004 emitida por los Ministerios de

Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social.

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MEMORANDO DE ADVERTENCIA

Es de resaltar la Resolución No. 0001 del 2002, en su artículo décimo cuarto. Funciones

del Interventor, literal h) Inspeccionar los trabajos, vigilando el cumplimiento de las

normas de seguridad industrial. Para ello exigirá al contratista, entre otras, la

señalización de seguridad apropiada, la observación de las normas de seguridad…,

prudencia en la utilización de los equipos y vehículos, y las medidas de higiene

indispensables para la conservación de la salud de los trabajadores…, q) Ejercer la

vigilancia respecto del correcto y oportuno pago de salarios y prestaciones a sus

trabajadores por parte de los respectivos contratistas de Empresas Públicas de Neiva;

en ejercicio de esta facultad de control y vigilancia el Interventor podrá exigir los

informes del caso y podrá realizar las inspecciones o visitas necesarias.

Así mismo, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 dice: “Control a la evasión de los

recursos parafiscales. La celebración, renovación o liquidación por parte de un

particular, de contratos de cualquier naturaleza con entidades del sector público,

requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones

con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional

de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de

liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las

obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia,

estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron

haber sido cotizadas.


Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago

de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación

expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de

ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo

régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo

caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el

evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá

acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable

acreditar el requisito señalado anteriormente. El funcionario que no deje constancia de

la verificación del cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta.

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MEMORANDO DE ADVERTENCIA

Para poder ejercer el derecho de movilidad de Administradora de Riesgos Profesionales

o Caja de Compensación, el empleador se debe encontrar al día con los sistemas de

salud y pensiones.

Parágrafo 2°. Modificado por el art. 1, Ley 828 de 2003, Derogado por el art. 32, Ley

1150 de 2007. Será causal de terminación unilateral de los contratos que celebren las

entidades públicas con personas jurídicas particulares, cuando se compruebe la

evasión en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista durante la

ejecución del contrato frente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y

aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

y Cajas de Compensación Familiar.

Se podrá enervar la causal, mediante el pago de los recursos dejados de cubrir,

incrementados con los correspondientes intereses de mora dentro de los cinco (5) días

siguientes a su notificación.”

Bajo estos hechos y normatividad, es necesario emitir un memorando de advertencia

frente a la responsabilidad de la entidad referente al estricto cumplimiento de los

contratistas con el pago de las obligaciones salariales y demás obligaciones laborales, y

el efectivo cumplimiento de las funciones de los interventores y supervisores en la

vigilancia de estas obligaciones. Lo anterior, con el fin de evitar que la empresa sea

objeto de demandas donde pueda salir condenada a razón del principio de solidaridad.

Igualmente, incluir dentro de esta advertencia un llamado a Empresas Públicas de

Neiva ESP para que analice si es del caso, la procedencia de la acción de repetición

frente a la condena emitida mediante fallo, por el Juzgado Primero Laboral.

Bajo las anteriores consideraciones y con fundamento en las pruebas de auditoría y

demás técnicas utilizadas, se determina que con el fin de garantizar el cumplimiento del

desarrollo del proceso administrativo y de prevenir posible detrimento patrimonial en la

administración de las Finanzas de Empresas Públicas de Neiva, es substancial que la

alta dirección adopte mecanismos y acciones inmediatas que garanticen el

fortalecimiento del sistema de control interno al interior de la organización para que cree

controles para el cumplimiento de las funciones de los interventores y/o supervisores en

la exigencia a sus contratista de las obligaciones laborales, de tal manera que se

protejan los intereses de la empresa.

En consecuencia y en espera de una decidida gestión para la defensa de los intereses

de los neivanos, formulo el presente Memorando de Advertencia, solicitándole que en el

término de cinco (5) días hábiles, remita a este despacho un informe con las acciones

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MEMORANDO DE ADVERTENCIA

correctivas que implementará Empresas Públicas de Neiva ESP sobre los asuntos

anteriormente expuestos.

Atentamente,

EDGAR LEONEL CONTA

Contralor Municipal

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MEMORANDO DE ADVERTENCIA

PARA : MARIA AMELIA MONROY ORTEGÓN

Alcaldesa Municipal (E).

MUNICIPIO DE NEIVA.

DE : Contralor Municipal

M.A. 001 - 2011

JUAN CARLOS HERRERA GUTIERREZ

Gerente

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA. E.S.P.

ASUNTO : Presunta violación de los principios de la contratación

Estatal, con la emisión de la Resolución No. 495 de

2009.

FECHA : Neiva, 3 de febrero de 2011.

En atención al Acuerdo No. 012 de 2006 “Por medio del cual se ajusta la planta de

cargos de la Contraloría Municipal de Neiva, se adecua su estructura organizacional, se

adopta el manual de funciones y se dictan otras disposiciones”, en el cual establece las

funciones y competencias laborales del Contralor, según el artículo 12. “Ejercer el

control de advertencia sobre los actos, hechos o decisiones que generen un riesgo

inminente sobre los principios y normas que regulan la correcta gestión fiscal”, así como

“Dirigir, planear, coordinar, y controlar las actividades relacionadas con la evaluación de

la gestión y resultados de las entidades vigiladas”; es así como se realiza control de

advertencia en las Entidades Vigiladas cuando después de realizado el análisis

respectivo considere que determinada actividad puede menoscabar el patrimonio

Estatal; para manifestarle que esta Territorial en el ejercicio del control fiscal practicado

a Empresas Públicas de Neiva E.S.P vigencia 2009., ha determinado que los requisitos

fijados por la entidad que representan, no se ajusta a los principios de publicidad y

transparencia, ya que se está limitando al oferente o a la ciudadanía para que acceda a

los procesos contractuales, relacionados con la prestación de los servicios públicos a la

sociedad del Municipio de Neiva, contrariando los postulados constitucionales y legales.

Durante la ejecución de la auditoria mencionada anteriormente, se evidenció que la

empresa se regía por la Resolución No. 0722 de 2001 “Por la cual se adopta el Manual

de contratación de Empresas Públicas de Neiva ESP” y la Resolución No. 001 de 2002

“Por la cual se expiden disposiciones sobre la delegación y desconcentración de

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funciones en la celebración de contratos y se establecen otras medidas”, las cuales

contemplaban que los procesos a contratar iguales o superiores a cuatro mil (4000)

SMLMV se publicarían con un aviso en un periódico de circulación en el Departamento

del Huila, con la siguiente información: Entidad contratante, dirección de

correspondencia, dirección electrónica, objeto de la invitación, requisitos para participar,

reglas de selección y presupuesto oficial.

No obstante, se expidió la Resolución No. 495 de 2009 por la cual se modifican las

anteriores reglas de procedimiento así: “Art. 4 – Procedimiento para las demás clases

de contrato.

(…)

b- Reglas de procedimiento. Cuando la cuantía fuere inferior a cinco (05) SMLMV se

hará mediante pedido escrito elevado por el funcionario competente a la persona

respectiva. Cuando la cuantía fuere igual o superior a cinco (05) SMLMV e inferior a

cuarenta (40) SMLMV, no se necesitará de varias cotizaciones o propuestas. Cuando la

cuantía sea igual o superior a cuarenta (40) SMLMV y menor de seis mil quinientos

(6.500) SMLMV se debe solicitar mínimo tres (03) cotizaciones u ofertas. Cuando la

cuantía sea igual o superior a seis mil quinientos (6.500) SMLMV y menor de trece mil

(13.000) SMLMV se solicitará mínimo de tres (03) cotizaciones u ofertas y se fijará un

aviso de invitación en cartelera de la entidad. Cuando la cuantía sea igual o superior a

trece mil (13.000) SMLMV, adicional a la invitación efectuada por cartelera se ordenará

la publicación de un aviso en un periódico de amplia circulación en el Departamento del

Huila”

Comparando las dos resoluciones tenemos que se incrementó del 225%,

$4.472’100.000, al pasar de $1.987’600.000 a $6.459’700.000 el tope establecido como

requisito para la publicación en un diario de amplia circulación en el Departamento del

Huila de los contratos que superan esta cuantía, así:

SMLMV SMLMV 2009 Desde Hasta Requisitos Resolución 722 del 13 de diciembre de 2001

Hasta 5 496,900 2,484,500

Pedido escrito elevado por el funcionario competente a la

persona respectiva

De 5 a 40 496,900 2,484,500 19,876,000 No necesitará de varias cotizaciones o propuestas

De 40 a 2000 496,900 19,876,000 993,800,000 Se deberá solicitar mínimo 3 cotizaciones u ofertas

De 2000 a 4000 496,900 993,800,000 1,987,600,000

Se solicitarán mínimo 3 cotizaciones u ofertas y se fijará un

aviso de invitación en cartelera de la entidad.

“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 23

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MEMORANDO DE ADVERTENCIA

SMLMV SMLMV 2009 Desde Hasta Requisitos Resolución 722 del 13 de diciembre de 2001

Igual o superior a

4000

1,987,600,000

Adicional a la invitación efectuada por cartelera se ordenará la

publicación de un aviso en periódico de amplia circulación en el

Departamento del Huila

SMLMV SMLMV 2009 Desde Hasta Requisitos Resolución 495 del 28 de agosto de 2009

Hasta 5 496,900 2,484,500

Pedido escrito elevado por el funcionario competente a la

persona respectiva

Igual o superior a

5 e inferior de 40

Igual o superior a

40 y menor a

6.500

Igual o superior a

6.500 y menor de

13.000

Igual o superior a

13.000

496,900 2,484,500 19,875,999 No necesitará de varias cotizaciones o propuestas

496,900 19,876,000 3,229,849,999 Se deberá solicitar mínimo 3 cotizaciones u ofertas

496,900 3,229,850,000 6,459,699,999

496,900 6,459,700,000

Se solicitarán mínimo 3 cotizaciones u ofertas y se fijará un

aviso de invitación en cartelera de la entidad.

Adicional a la invitación efectuada por cartelera se ordenará la

publicación de un aviso en periódico de amplia circulación en el

Departamento del Huila

En igual sentido, se tiene que Empresas Públicas de Neiva ESP, pese a tener suscrita

una acción de mejora con esta territorial y haber suscrito un contrato de consultoría

para elaborar el manual de contratación desde la vigencia 2008, a la fecha de la

auditoría no había sido aprobado, sin embargo, decide realizar cambios a las normas

que regulan la contratación de la empresa, desmejorando las pocas garantías frente a

los principios de la contratación estatal, toda vez, que amplía de manera exorbitante la

cuantía para publicar las ofertas para contratar, sin entenderse los motivos que originan

dichos cambios, para apartarse de postulados constitucionales y legales, situación por

lo cual obliga a esta territorial a emitir el presente Memorando de Advertencia con el fin

de que tomen las medidas necesarias que conlleven a la aprobación del nuevo Manual

de Contratación e Interventoría de las Empresas Públicas de Neiva ESP, bajo

parámetros medibles, verificables para este ente de control y en concordancia con los

límites establecidos en la Ley.

Toda vez que las normas emitidas y por las cuales se rige la empresa, no garantizan el

cumplimiento de los principios de la contratación estatal, como se refleja en la

Resolución No. 495 de 2009 la cual modificó la Resolución No. 0722 de 2001 y

Resolución No. 001 de 2002, sin que esta se mencionara en los contratos suscritos en

la vigencia 2009 como es el caso del Contrato de Obra No. 108 de 2009 y la cual no se

dio a conocer durante la ejecución de la auditoría de la vigencia 2009 a esta territorial,

limitando y retrasando el alcance de los procesos adelantados por los entes de control.

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MEMORANDO DE ADVERTENCIA

Lo anterior, desatiende el contenido del artículo 209 de la Constitución Política, el cual

dice: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la

desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado

cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes,

tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”

Bajo las anteriores consideraciones y con fundamento en las pruebas de auditoría y

demás técnicas utilizadas, se determina que con el fin de garantizar el cumplimiento del

desarrollo del proceso administrativo y de prevenir un posible detrimento patrimonial en

la administración de las Finanzas de las Empresas Públicas de Neiva, es substancial

que la alta dirección adopte mecanismos y acciones inmediatas que garanticen el

fortalecimiento del sistema de control interno al interior de la organización y en igual

sentido de los parámetros de la contratación estatal, de tal manera que se ejecute la

adecuada administración de los recursos económicos de la empresa, fundamental para

la toma de decisiones y planeación del manejo de las finanzas en el desarrollo de los

procesos contractuales.

En consecuencia y en espera de una decidida gestión para la defensa de los intereses

de los neivanos, formulo el presente Control de Advertencia, solicitándole que en el

término de cinco (5) días hábiles, remita a este despacho un informe con las acciones

correctivas que implementará Empresas Públicas de Neiva ESP sobre los asuntos

anteriormente expuestos.

Atentamente,

EDGAR LEONEL CONTA

Contralor Municipal

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