Defensa Ecuador

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CAPÍTULO IV - FASE 1: ALCANCE DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN Y LIBERACIÓN

litigio entre privados, en ese entonces pendiente en

los Estados Unidos o, de lo contrario, indemnizara o

eximiera de responsabilidad a Chevron-Texaco por

cualquier sentencia dictada en su contra. El problema

es que el Contrato ni siquiera insinúa tal obligación

y, ni el Tribunal, ni ninguna otra corte poseen la

prerrogativa para volver a redactar los acuerdos a

efectos de imponer obligaciones que no se abordaron

ni se negociaron, mucho menos se acordaron.

El Contrato de Ejecución y Liberación de 1995,

de ninguna manera impone a la República la

obligación de (1) eximir a Texpet de reclamos de

terceros, (2) defender a Texpet con respecto a los

reclamos en Aguinda o en cualquier otro reclamo

que fuere su sucesor, (3) indemnizar a Texpet por

todas las pérdidas que resultaren de reclamos de

terceros, (4) notificar a cualquier corte sobre la

existencia del Contrato de Ejecución y Liberación

de 1995 (mucho menos interpretar ese contrato de

una manera sobre la cual Ecuador discrepa), o (5)

de lo contrario, adoptar cualquier otra medida en

cualquier litigio de terceros en el cual el Estado no

fuera una parte. Dicho en términos sencillos: el

Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 no

impone ninguna obligación contractual al Estado

de intervenir en apoyo de Texpet en ninguna

acción, ni en ninguna jurisdicción. El gobierno de

Ecuador y Petroecuador acordaron no plantear

juicios contra las Exoneradas. Nada más.

Chevron-Texaco deben reconocer que los términos

llanos del Contrato de Ejecución y Liberación

de 1995 no incluyen una obligación de eximir de

responsabilidad, defender, indemnizar o notificar,

por la sola supuesta “obligación de buena fe de la

República” 101 . La obligación general de buena fe

no es apropiada para reescribir los acuerdos de las

partes. El alcance dado por las compañías implica

que el contrato debería re-escribirse para agregarlo

porque no se desprende de él, tal y como está escrito.

No existe ninguna base para alegar alguna violación

de las supuestas obligaciones, ni negociadas ni

acordadas. Los términos llanos del Contrato de

Ejecución y Liberación de 1995 no dejan ambigüedad

alguna en cuanto a la intención de las Partes

Contratantes, y así deben aplicarse al presente caso.

101. Memorial sobre el Fondo presentado por las Demandantes 16 (“la obligación de buena fe de proteger y defender las liberaciones de responsabilidad de las Demandantes”);

id. 374; id. 431; id. 432 (la República violó su “obligación de cumplir estos acuerdos de buena fe” al “negarse a defender los derechos de las

Demandantes”); id. 437; id. 539-540 (la República está “en violación de su obligación de buena fe de proteger y defender las liberaciones de responsabilidad

de las Demandantes”)

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