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CAPÍTULO IV - FASE 1: ALCANCE DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN Y LIBERACIÓN

En cambio, pasaron los últimos siete años de ese

caso (i.e., los siete años siguientes a la suscripción

del Contrato de Ejecución y Liberación de 1995)

tratando de persuadir, finalmente con éxito, a la

Corte Distrital del Sur de Nueva York y a la Corte

de Apelación del Segundo Circuito, de que Ecuador

era el foro apropiado para resolver esos reclamos.

Como ya se dijo: las tres Partes Contratantes que

suscribieron el Contrato de Ejecución y Liberación

de 1995 fueron la República, Petroecuador y

Texpet. Los Demandantes en Lago Agrio no son y

nunca han sido partes en el Contrato de Ejecución

y Liberación de 1995 y, por lo tanto, no pueden

estar obligados por éste.

Las Demandantes buscan eludir los principios

más básicos del derecho basadas en dos premisas

defectuosas: (1) que el Gobierno y Petroecuador

representaron a todos los ciudadanos ecuatorianos,

y actuaron en la capacidad de representantes para

liberar a Texpet de todos los reclamos relativos a

derechos “difusos” que pertenecen a sus ciudadanos;

y, (2) que los Demandantes en Lago Agrio

representan a esos mismos ciudadanos ecuatorianos,

al interponer reclamos por esos mismos derechos

en el Litigio Lago Agrio. Ecuador ha demostrado

que estos dos elementos fundamentales son falsos.

Como lo confirma el doctor Genaro Eguiguren,

perito de la República en el arbitraje: “Ni el

gobierno ecuatoriano ni Petroecuador actuaron en

nombre de los ciudadanos cuando suscribieron el

Contrato de 1995, a fin de disponer de sus derechos

o comprometerlos bajo el contrato” 111 .

Específicamente, el Gobierno y Petroecuador no

transigieron ni hicieron concesiones, y tampoco

podían hacerlo, en cuanto a los derechos de los

ciudadanos a hacer valer acciones al amparo del

Código Civil, en particular el Artículo 2236 que

confiere el derecho a entablar una acción para

impedir el daño que los amenace. El Gobierno

o Petroecuador tampoco renunciaron al derecho

constitucional de los ciudadanos, a hacer valer

una acción para reivindicar su derecho a un

ambiente limpio, tal como estaba consagrado en

el Artículo 19(2) de la Constitución ecuatoriana.

Más bien, como parte de la liberación de sus

propios reclamos en calidad de otorgantes de

la Concesión de 1973 contra su ex Operadora–

111. Segundo Informe Pericial de Genaro Eguiguren 10(a).

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