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CAPÍTULO IV - FASE 1: ALCANCE DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN Y LIBERACIÓN

Artículo 19-2 de la Constitución Política de

la República del Ecuador, para salvaguardar

el derecho de los ciudadanos a vivir en un

medio ambiente sin contaminación. En ese

tiempo ninguna otra persona podía entablar

dicha demanda.” 129

A pesar de reconocer expresamente que el artículo

19-2 de la Constitución Política de la República del

Ecuador, vigente a la fecha de la firma del Contrato de

1995 130 , no está estructurado en términos que confieran

explícitamente algún derecho de acción, y de que no

existe ningún registro (a 1995) de que el gobierno

ecuatoriano, como representante de la comunidad haya

recurrido, alguna vez, a procesos legales para plantear

una demanda ambiental contra alguna persona en

cumplimiento del artículo 19-2, el Tribunal concluye

que al estar definido en la Constitución el derecho a un

medio ambiente sin contaminación como una garantía

El Tribunal rechazó el argumento de

Chevron y Texaco de que los Acuerdos

Liberatorios contenían una cláusula de

indemnidad que responsabilizaría al

Estado ecuatoriano por cualquier costo

incurrido por ellos.

y, al haber consentido el Estado en la redacción del

artículo 5.2 del Contrato de Ejecución y Liberación de

1995, 131 el Gobierno ecuatoriano, de manera implícita,

reconoció que existía la posibilidad de que el Estado

iniciara una demanda ambiental en representación de

la comunidad.

Al sostener esto, el Tribunal ignoró una disposición

crítica que limitaba la renuncia; el Artículo

129. Primer Laudo Parcial de responsabilidad en la Fase Procesal I de 17 de septiembre de 2013.

130. Art. 19 “Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona, el Estado le

garantiza: …. 2.- El derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la

preservación de la naturaleza. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades, para proteger el medio ambiente; …”

131. Cláusula 5.2. del Contrato “El Gobierno y PETROECUADOR entienden por demandas cualquiera y todas las demandas, deudas, embargos, acciones y multas por

causas de orden común de derecho civil o de equidad, basadas en contratos o hechos dolosos, causas de acción y penalidad constitucionales, estatutarias, regulatorias

(incluyendo pero no limitándose a causas de acción bajo el artículo 19-2) de la Constitución Política de la República del Ecuador, Decreto No.1459 de 1971,

Decreto No. 925 de 1973, la Ley de Aguas, R.O. 233 de 1973, ORD No. 530 de 1974, Decreto No. 374 de 1976, Decreto No. 101 de 1982 o Decreto No. 2144 de

1989, o cualquier otra ley o regulación de la República del Ecuador que sea pertinente), costos, juicios, liquidaciones, y honorarios de abogados (pasados, presentes,

futuros, conocidos o desconocidos), que el Gobierno o PETROECUADOR tengan o puedan tener en contra de cada liberación relacionados de alguna manera

con la contaminación, que exista o pueda surgir, directa o indirectamente, de las Operaciones del Consorcio, incluyendo, pero no limitándose, a consecuencias de

todos los tipos de daños que el Gobierno o PETROECUADOR pudieran alegar con respecto a las personas, propiedad, negocios, reputaciones, y todos los otros

tipos de perjuicios que se puedan medir en términos de dinero, incluyendo, pero no limitándose a transgresiones, molestias, negligencia, responsabilidad estricta,

incumplimiento de garantía o cualquier teoría o teoría potencial de recuperación.

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