Defensa Ecuador

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CAPÍTULO IV - FASE 1: ALCANCE DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN Y LIBERACIÓN

aparentemente, un Demandante no podría iniciar

una acción ambiental de carácter popular sin alegar

un daño personal. Sin embargo, el Tribunal prefirió

tratar este tema más adelante.

A la fecha de la redacción de este libro, la Corte aún

no había establecido fechas de audiencias.

La nulidad se fundamenta en los siguientes

argumentos:

4. ACCIÓN DE NULIDAD DE

LOS LAUDOS EMITIDOS

POR EL TRIBUNAL

ARBITRAL

El 7 de enero de 2014, la Procuraduría General del

Estado presentó ante la Corte del Distrito de La

Haya una solicitud de anulación del laudo parcial

sobre la Fase I(a) de responsabilidad emitido el 17

de septiembre de 2013.

La solicitud de anulación comprendió, además,

los laudos interinos sobre Medidas provisionales

dictados por el Tribunal el 25 de enero, el 16 de

febrero de 2012 y el 7 de febrero de 2013, así como

al laudo interino sobre Jurisdicción y Admisibilidad,

dictado el 27 de febrero de 2012.

1. No existe una cláusula arbitral válida. El

conflicto entre las partes surge del Contrato de

1995 y no del Contrato de Concesión de 1973,

como asevera el Tribunal Arbitral. Más aún, el

Acuerdo de Liberación de 1995 no es un contrato

de inversión y no puede ser considerado como

una inversión enmarcada dentro de la definición

de “inversión” del TBI.

Este argumento tiene varias premisas:

a. Inexistencia de una inversión. Según Ecuador,

el Tribunal Arbitral, de manera incorrecta,

consideró que podía declararse competente

por una inversión que ya había terminado a

la fecha en la cual el TBI entró en vigencia.

El Tribunal Arbitral no puede declararse

competente en base al Contrato de Concesión

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