Defensa Ecuador

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CASO CHEVRON:

Defensa del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de inversión

de 1973, porque dicho contrato se dio por

terminado en el 1992; y, por lo tanto, no

está enmarcado dentro de lo establecido

por el TBI. El TBI es claro al estipular

que el Artículo VI aplica únicamente para

inversiones que existían en la fecha de

vigencia o después. A la fecha cuando este

último entró en vigencia, el 11 de mayo de

1997, la inversión de Texaco era inexistente

pues salió de Ecuador el 6 de junio de

1992, casi cinco años antes de que entre en

vigencia el TBI.

b. No existe continuidad de la inversión a

través del Acuerdo de Liberación de 1995.

El Tribunal Arbitral erró al declarar que el

Acuerdo de Liberación de 1995 “revivió”

al extinto Contrato de Concesión de 1973.

El Acuerdo de Liberación de 1995 no tenía

por objeto revivir el Contrato de Concesión

de 1973, sino que, por el contrario, buscaba

que se remedien los daños ambientales

ocasionados como fruto de las operaciones

extractivas irresponsables de Texaco en la

Amazonía ecuatoriana.

c. No existe continuidad de la inversión a través

del Litigio de Lago Agrio. El proceso de Lago

Agrio es un litigo entre los demandantes

de Lago Agrio y Chevron, razón por la

que no puede ser considerado como una

continuación del Contrato de Concesión.

d. Chevron no es un inversionista directo.

Chevron no se encontraba dentro de la

definición de “exonerada” según el Acuerdo

de Liberación de 1995. Por consiguiente, no

puede presentar reclamo alguno al amparo de

lo estipulado en los Acuerdos de Liberación.

2. Los laudos son contrarios al orden público

y lo árbitros no respetaron su mandato. Los

fundamentos de este argumento son:

a. Inaceptable revisión de un proceso decidido

por las cortes ecuatorianas. El Tribunal

no podía intervenir dentro del proceso de

Lago Agrio. El Tribunal Arbitral llegó al

punto de ordenar al Ecuador que evite la

ejecución de la Sentencia de Lago Agrio

dentro o fuera del Ecuador, es decir, pidió a

Ecuador que intervenga en su poder judicial

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