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CAPÍTULO IV - FASE 1: ALCANCE DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN Y LIBERACIÓN

De manera más específica, los demandantes de

Lago Agrio solicitaron una reparación, y la Corte

Nacional afirmó su derecho a dicho remedio,

en virtud del Artículo 2236 del Código Civil, el

que ha constituido parte del régimen jurídico en

Ecuador desde 1861. Esta disposición contempla

la reparación en casos en los que el acto ilícito de

otro ha causado la amenaza de daño en un grupo

determinado o indeterminado de individuos. 138 El

Artículo 2236 permite la acumulación de reclamos

por un grupo de individuos que se enfrentan al riesgo

de daños personales.

Antes del inicio de este arbitraje, y antes de que

Chevron-Texaco tuvieran alguna razón para

sesgar su descripción de las reclamaciones de los

Demandantes de Lago Agrio, reconocieron que las

pretensiones formuladas en Lago Agrio incluían, en

sus propias palabras, reclamaciones “personales”.

En la introducción de un memorando del 15 de junio

de 2004, preparado por Texaco para el Gobierno

de Ecuador, las Demandantes informaron que los

Demandantes de Lago Agrio hacían reclamaciones

“por daños personales y daños al medio ambiente” 139 .

Adicionalmente, Ecuador argumentó que:

1. Sobre el presunto incumplimiento del Contrato

de Ejecución y Liberación de 1995. La judicatura

de Ecuador no es parte del contrato de 1995. El

Gobierno nunca comprometió a la judicatura

a que actuase de ninguna manera específica, o

garantizara resultado judicial alguno. Tampoco

puede decirse que el Convenio de Transacción y

finiquito de 1995 representa el compromiso de

todo el Estado, incluyendo a la judicatura, puesto

que nunca se han satisfecho los requisitos para la

internacionalización de un contrato. Más aún, la

normativa ecuatoriana vigente al momento de la

celebración del Contrato prohibía expresamente

la sujeción a una jurisdicción y a un derecho

extranjero en todos los contratos celebrados en el

Ecuador por partes extranjeras con el Gobierno

u otras entidades de derecho público.

2. Sobre las supuesta violaciones al TBI. Ecuador, al

citar al profesor Crawford (abogado de Chevron y

Texaco), alegó que un TBI no debe ser empleado

como un mecanismo que permita volver a redactar

138. Código Civil del Ecuador, Art. 2236 (“Acción popular por daño contingente. Por regla general se concede acción popular en todos los casos de daño contingente

que por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas. Pero si el daño amenazare solamente a personas determinadas, sólo alguna de

éstas podrá intentar la acción”.

139. Memorando de Chevron-Texaco para el Gobierno de Ecuador de 15 de junio, 2004, en 1 (énfasis agregado).

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