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CAPÍTULO V - FASE 2: DENEGACIÓN DE JUSTICIA Y DAÑO AMBIENTAL

lo que las Demandantes pueden presentar como

supuestos ejemplos de una conducta gubernamental

atroz es un reciclaje de pronunciamientos públicos

emitidos por funcionarios del gobierno que no

iban dirigidos a las cortes de Lago Agrio. 220 Al no

existir una comprobación (ni prueba) de que los

pronunciamientos públicos estaban dirigidos al

proceso judicial y que lo afectaron, la queja de las

Demandantes, de que el Gobierno ejerció su derecho

de libre expresión para responder al ejercicio de

Chevron de sus derechos de libre expresión no da pie

a una reclamación por el tratado que sea admisible en

juicio. En efecto, lejos de constituir un “indicio” de

una función judicial corrupta, los pronunciamientos

públicos, incluso las críticas, en realidad son señal

de una sociedad libre. 221

2.4. Respecto del pedido de anulación

de la sentencia de Lago Agrio

Con relación a este pedido, la defensa del Estado ha

solicitado al Tribunal tomar en cuenta lo siguiente:

Primero, no hay duda de que la anulación de la

Sentencia de Lago Agrio liquidaría los derechos

de los Demandantes de ese juicio, sobre los que

el Tribunal no tiene jurisdicción. Los derechos

de los Demandantes de Lago Agrio, no son los

mismos que los del Gobierno y Petroecuador

y, de ninguna manera la República puede

sustituirlos como su suplente o defensor.

Además, al argumentar a favor de la anulación

de la Sentencia de Lago Agrio, las Demandantes

pasan totalmente por alto el hecho indiscutido

de que cumplir esa orden haría necesario que la

República del Ecuador violara sus obligaciones

en virtud de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, además de su Constitución

y sus leyes de procedimiento, lo cual sería una

limitación de la soberanía de la República que

viola el Derecho Internacional.

Segundo, las Demandantes siguen pasando

por alto que la anulación no es un remedio

apropiado cuando “el demandante se

vio frustrado de seguir o defender una

220. La Demandada ya abordó las repetitivas acusaciones de las Demandantes sobre colusión y otras conductas gubernamentales atroces. Ver el Contramemorial de la

Demandada en la Fase Procesal 2 de 18 de febrero de 2013, Anexo F; Dúplica de la Demandada en la Fase Procesal 2 de 16 de diciembre de 2013 § VI.B. En vez de

responder, las Demandantes simplemente pasan por alto los puntos de la República y vuelven a formular sus acusaciones no comprobadas como si fueran hechos.

221. Dúplica Complementaria de la Demandada en la Fase Procesal 2 de 17 de marzo de 2015, Anexo B; Contramemorial de la Demandada en la Fase Procesal 2 de 18

de febrero de 2013, Anexo F, 2, 21-30; ver también, David G. Savage, Justice Stevens: Obama right to criticize court ruling on campaign spending [Juez Stevens:

Obama tiene razón al criticar una resolución judicial sobre los gastos de campaña], LA TIMES (30 de mayo de 2012) (que analiza las críticas del Presidente Obama

sobre la Corte Suprema de EE.UU.); Robert Barnes, Reactions split on Obama’s remark, Alito’s response at State of the Union [Reacciones divididas sobre el

comentario de Obama, respuesta de Alito en Estado de la Nación], WASHINGTON POST (29 de enero de 2010) (igual).

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