Defensa Ecuador

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CASO CHEVRON:

Defensa del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de inversión

“La República del Ecuador garantiza a

todo litigante ante sus cortes, incluyendo

a la compañía Chevron, las garantías del

debido proceso, inclusive en los casos en

contra del Estado. En los últimos años,

Chevron y sus empresas han obtenido,

de hecho, decisiones monetarias a su

favor en las cortes ecuatorianas en contra

del Gobierno. La República de Ecuador

no ha intervenido, ni intervendrá, en

el juicio ambiental que está siendo

conocido por la corte de Lago Agrio;

por el contrario, seguirá garantizando

el debido proceso y la continuación

del juicio de manera justa e imparcial a

todas las partes involucradas.”

Dr. Diego García Carrión, Procurador General del Estado,

Boletín de prensa PGE. Quito, 11 de marzo de 2010

• Derecho constitucional a la Tutela Judicial por

desestimar las alegaciones de fraude de Chevron;

• Derecho constitucional de Chevron de recibir

una sentencia debidamente motivada, ya que el

razonamiento de la sentencia es incompleto e

irracional;

• Derecho constitucional al debido proceso;

• Derecho constitucional a la defensa;

• Derecho constitucional a la proporcionalidad

e igualdad ante la ley, alegando que los

daños y las indemnizaciones otorgados no

son proporcionales y exceden los estándares

aplicables en casos similares.

La Acción Extraordinaria de Protección se

encuentra pendiente ante la Corte Constitucional.

El 20 de marzo de 2014, la Sala de Admisión de la

Corte Constitucional admitió a trámite la Acción

Extraordinaria de Protección.

De conformidad con lo previsto en la Ley de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,

la jueza sustanciadora ordenó la realización de una

audiencia donde Chevron presentó los argumentos

en los que fundamenta la Acción Extraordinaria

de Protección. Los jueces de la Corte Nacional,

quienes dictaron la sentencia de casación, a la sazón

legitimados pasivos de la acción, no comparecieron

a esta diligencia. Intervinieron como terceros

interesados los demandantes de Lago Agrio y la

Procuraduría General del Estado, esta última con el

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