Documentos de Seguridad y Defensa 67

Ignacio José García Sánchez
tillero «ASTANO», en el grupo Astilleros Españoles, trabajando en
su Centro Tecnológico de Madrid y en Navantia donde es el responsable
de Planificación Estratégica e Inversiones.
Paulino Fernández es licenciado en Economía por la Universidad
Complutense de Madrid (1995-2000), posgrado en Economía Internacional
por la Universidad Complutense de Madrid en 2001, y máster
en Finanzas Cuantitativas por Analistas Financieros Internacionales
(AFI) entre 2008-2009. Desde 2002 hasta 2009 desempeñó
su labor profesional como economista del Servicio de Estudios del
Instituto de Crédito Oficial (ICO). En 2009 se incorporó a Navantia,
donde actualmente es responsable del Servicio de Estudios.
El régimen jurídico de los espacios marítimos internacionales.
Intereses de los estados y la cooperación internacional
En su introducción se destaca el preámbulo de la Estrategia de Seguridad
Marítima Nacional, «la comunidad internacional, consciente del reto que
supone, trabaja para incrementar la seguridad marítima con los mejores
instrumentos a su alcance: el Derecho internacional, la cooperación entre
Estados y organismos, y la coordinación de las respuestas ante realidades
que son trasnacionales y que, como tales, desbordan la capacidad de
un solo país.».
Para pasar seguidamente a analizar el régimen jurídico de alta mar y las
limitaciones al principio de libertad de navegación en relación al artículo
87.2 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CONVEMAR). Enumera las libertades de la alta mar, como un numerus
apertus, al señalar que «estas libertades, así como otras reconocidas por
los principios generales del derecho internacional, serán ejercidas por
todos los Estados con la debida consideración para con los intereses de
otros Estados en su ejercicio de la libertad del mar». Así vemos que la
propia convención pone sus instrumentos para poner freno a determinados
actos ilícitos que de no ser así, quedarían impunes por razón del
espacio marítimo, «alta mar», donde se desarrollan. Uno de dichos instrumentos
es el derecho de visita que se contempla en el artículo 110
como un límite a dicha libertad de navegación.
Junto al derecho de visita, la convención establece otros límites a dicha
libertad, como son la prohibición del transporte de esclavos (art. 99), represión
de la piratería (art. 100), represión del tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas (art. 108), represión de las transmisiones
no autorizadas desde la alta mar (art. 109), el derecho de persecución
(art. 111), u otros relativos a la contaminación marina.
En el apartado dedicado a la piratería, analiza también las consecuencias
de los secuestros de buques y se detiene a estudiar el caso de Somalia,
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