Documentos de Seguridad y Defensa 67

Rosel Soler Fernández
Sin embargo, nos encontramos con espacios marítimos que no están sujetos
a la competencia de ningún Estado, y en ellos la seguridad marítima
solo se concibe a través de la cooperación internacional.
La Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, aprobada por el Consejo
de Seguridad Nacional el 5 de diciembre de 2013, menciona en su preámbulo
que «la comunidad internacional, consciente del reto que supone,
trabaja para incrementar la seguridad marítima con los mejores instrumentos
a su alcance: el Derecho internacional, la cooperación entre Estados
y organismos, y la coordinación de las respuestas ante realidades
que son trasnacionales y que, como tales, desbordan la capacidad de un
solo país».
Y en este sentido establece, como uno de los intereses nacionales que
deben ser tenidos en cuenta en relación con la seguridad marítima, el
respeto a las normas internacionales en alta mar en cumplimiento de los
compromisos internacionales adquiridos por España.
Régimen jurídico de la alta mar. La libertad de navegación en
alta mar
La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 1 (CONVE-
MAR) regula la alta mar en su parte VII señalando el artículo 86 que las
disposiciones de esta parte se aplican a todas las partes del mar no
incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en las
aguas interiores de un Estado, ni en las aguas archipielágicas de un Estado
archipielágico.
La alta mar se caracteriza, conforme al artículo 87 de la convención, por
estar abierta a todos los Estados, sean ribereños o sin litoral. Todos los
Estados con litoral o sin él tienen el derecho a que naveguen en alta mar
los buques que enarbolen su bandera. La libertad de la alta mar comprenderá,
entre otras, la libertad de navegación, libertad de sobrevuelo,
la libertad de tender cables y tuberías submarinos, libertad de construir
islas artificiales y otras instalaciones permitidas por el Derecho internacional,
libertad de pesca y libertad de investigación científica.
1
La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de
1982 fue adoptada en la Tercera Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar por 130 votos a favor, cuatro en contra y 17 abstenciones, y fue abierta a la firma,
así como el Acta final de la Conferencia, en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre
de 1982. En cumplimiento de su artículo 308.1, entró en vigor el 16 de noviembre de
1994, al transcurrir doce meses desde el depósito del sexagésimo instrumento de ratificación
o adhesión, que fue el de Guyana.
España la firmó el 4 de diciembre de 1984, y la ratificó el 20 de diciembre de 1996.
El instrumento de ratificación se depositó el 15 de enero de 1997 ante el secretario
general de las Naciones Unidas.
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