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Manual de buenas prácticas

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1Introducción 1

1Introducción 1 Capítulo XIII del título XI del texto actualizado de la ley 11.179 (Código Penal). 2 Título XIII del texto actualizado de la ley 11.179 (Código Penal). 3 Art. 8 de la ley 26.683 que sustituye al Art. 6 de la ley 25.246. Las leyes 25.246 (promulgada el 5 de mayo del año 2000) y 26.683 (actualizando algunos institutos de la primera, con fecha 17 de junio de 2011) trajeron como consecuencia dos modificaciones esenciales al ordenamiento jurídico argentino, ambas tendientes a la loable tarea de prevenir el lavado de activos de origen ilícito: Por un lado, incorporaron al código penal el tratamiento del delito de Encubrimiento 1 así como el de los “Delitos contra el orden económico y financiero” 2 . Por el otro, la creación y regulación interna de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir el delito de lavado de activos y el de financiación del terrorismo 3 . Sin perjuicio de lo expuesto, y si bien (lo reitero) la intención del legislador es loable, la cantidad de sujetos obligados a brindar información a la UIF así como la cantidad y calidad de los datos necesarios, resultan realmente exigentes, más aún para pequeñas organizaciones que no llevan un sistema de registración complejo. El inc. 18 del art. 20 del texto actualizado de la Ley 25.246 indica como sujeto obligado a “todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros”, los cuales deberán llevar a conocimiento de la UIF las conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas donantes, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de cualquier situación que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación del terrorismo (art. 20 bis del texto actualizado). Por supuesto, el incumplimiento de estas obligaciones generará severas sanciones pecuniarias (multas, según art. 24) y también privativas de la libertad si es que se configuraren los elementos del delito penal pertinente. En particular, es especialmente relevante la Resolución UIF N° 30/2011 que estableció las principales medidas y procedimientos que las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Sin embargo, esta Resolución solo es aplicable cuando el monto de las donaciones o aportes (ya sea en dinero o en especie, y como suma total o en varios actos con el mismo sujeto) supere los cincuenta mil pesos. En cualquier caso, el estudio de esta norma resulta esencial para lograr el objetivo de este trabajo, considerando que en la misma se exponen los principales deberes de esas entidades. 6

2Ámbito de aplicación 4 Definición RAE. 1. El presente Manual es funcional a cualquiera de las personas jurídicas definidas en el inciso 18 del artículo 20, explicado en el apartado anterior. Sin embargo, será particularmente útil para todas las ONG dadas sus especiales características; estas entidades, definidas como “organizaciones de iniciativa social, independientes de la administración pública, que se dedican a actividades humanitarias, sin fines lucrativos” 4 , dependen fundamentalmente (más allá de eventual generación de genuinos ingresos) de la colaboración de las personas físicas y entes ideales, tanto públicos como privados, que plasman su ayuda a través de donaciones y otras liberalidades. En definitiva, las ONG (estructuradas como sociedades civiles, asociaciones, fundaciones, etc.) resultarán ser, en líneas generales, sujetos obligados según el inciso 18 arriba mencionado y por ende este Manual se dirige, básicamente, a este especial tipo de personas jurídicas. 2. El presente Manual se avoca a otorgar precisiones para los responsables y colaboradores de las entidades descriptas en el punto 1 anterior, teniendo en cuenta una honesta labor en la recepción de donaciones. Es decir, no se tratarán aquí las contingencias derivadas de mala fe en los empleados, colaboradores o representantes de dichas entidades ni tampoco en eventuales connivencias que éstos desarrollen con los donantes; en todo caso se tratarán de prevenir las acciones maliciosas de los terceros donantes que de alguna manera puedan confundir a representantes probos de la ONG en cuestión. 5 Inciso a) del Art. 3° de la Resolución UIF N° 30/2011. 6 Dicho artículo 4° detalla los requisitos mínimos que debe contener el Manual de Procedimientos. 3. El presente Manual no tiene como objetivo detallar todas y cada una de las obligaciones que las entidades descriptas en el punto 1 tienen a su cargo frente a la UIF (más allá de colaterales menciones a las mismas). Por otro lado, sí será de gran ayuda para cumplimentar uno de sus deberes fundamentales: La creación y actualización de un Manual “que contendrá los mecanismos y procedimientos para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” 5 , especialmente en cuanto a las previsiones de los incisos a), b), d), f), h) e i) del art. 4° de la Resolución UIF N° 30/2011. 6 7

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