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“En Beni hay ocho subgobernadores electos por voto; entonces hablar de cualquier otra subgobernación adicional es
hablar de algo que no existe. No se puede hacer, no es viable”, explicó.
El presidente Ferrier acotó que la única facultad que tendrá Lens, en su calidad de autoridad ejecutiva departamental,
será la creación de alguna representación institucional, secretariado o dirección especial indígena.
“Crear una subgobernación no es una facultad del Ejecutivo departamental, lo que estaría ofreciendo es un
representante de la Gobernación en el TIPNIS, más nada. El Beni tiene ocho subgobernadores y, si se está diciendo
otra cosa, se está mintiendo”, reiteró la autoridad legislativa.
Lens busca asumir defensa del TIPNIS
El gobernador electo Carmelo Lens dijo a ANF que la instalación de la Subgobernación en el TIPNIS tiene dos
objetivos: sentar presencia física para el desarrollo indígena y asumir la defensa de la territorialidad.
Fallo del TCP: Gobierno usará otras normas anticorrupción
El Gobierno, luego de afirmar que respetará el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de dejar sin efecto
la suspensión de autoridades a sola acusación, dijo que apelará a otros recursos legales para luchar contra la
corrupción de autoridades subnacionales electas.
Ante la ausencia del ahora inconstitucional mecanismo legal contra las autoridades electas con indicios de actos
dolosos, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro, dijo que se apelará “a la
economía jurídica” nacional en actual vigencia.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, destacó que el fallo desmiente la acusación de que en
el país no hay independencia de poderes: “Esto, una vez más, demuestra que lo que ha venido diciendo la oposición,
que no hay independencia de Órganos, es absolutamente falso; si fuera así, el Tribunal Constitucional no fallaría de
esta manera”.
Navarro no dejó de defender la norma hoy invalidada: esos artículos (de la Ley Marco de Autonomías) no atentaban al
derecho constitucional de las autoridades suspendidas, ya que se los aplicaba para que los acusados en
gobernaciones o alcaldías no hagan uso de sus “influencias y poder” en las resoluciones judiciales y asuman defensa
“sin privilegios”. Además, “no fue una persecución política, como dicen los opositores; no sólo fueron suspendidas
autoridades de la oposición, sino también del oficialismo”, recordó.
La oposición cuestiona que el TCP haya tomado su decisión a “destiempo”; demandó que las autoridades afectadas
reasuman su cargo. Ratificó el proceso penal contra el presidente del Tribunal, Ruddy Flores, por retardación de
justicia e incumplimiento de deberes.
Norma. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, por su parte, insistió en que la resolución del TCP no es retroactiva,
“por lo que quienes fueron suspendidos cuando la normativa estaba vigente, deben seguir con sus procesos y no
pueden retornar a sus cargos”, señaló la autoridad.
En contrario, el diputado de Convergencia Nacional (CN) Luis Felipe Dorado señaló que “los artículos de la Ley de
Autonomías declarados inconstitucionales ya no existen jurídicamente; por tanto, la suspensión queda sin efecto a
partir de este momento. Eso está claro, por más que el oficialismo intente interpretar a su modo la no retroactividad”,
dijo.
Afectados pueden pedir ‘resarcimiento’
Yuvert Donoso, Luis Mealla
Analistas coinciden en que las autoridades electas que fueron suspendidas con base en cuatro artículos de la Ley de
Autonomías, ahora inconstitucionales, pueden iniciar demandas por daños y perjuicios, y solicitar un resarcimiento a
los responsables.
“En el marco del Código de Procedimiento Constitucional, se abre la posibilidad de pedir un resarcimiento, es decir, se
puede abrir una demanda por daños y perjuicios. Sin embargo, dudo que esa demanda prospere, porque ese código
sólo habla de un resarcimiento y no explica cómo hacerlo”, señaló William Bascopé.
Al respecto, el exmagistrado del TCP Marco Antonio Baldiviezo dijo que con base en el artículo 113 de la Constitución
pueden pedir el resarcimiento, como víctimas a la vulneración de sus derechos. Existe un daño económico, moral y
psicológico que se puede cuantificar en términos económicos.
No hubo audiencia en el caso Extorsión
El Juzgado 1º de Sentencia en lo Penal de La Paz resolvió ayer la suspensión de la audiencia de recurso de acción de
libertad del exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez y exabogados del Ministerio de Gobierno, detenidos en
el penal de Palmasola acusados por el caso de la red de extorsión.
La postergación fue por la ausencia de los cinco involucrados que no llegaron a la sede de gobierno, además de
Denis Rodas y Fernando Rivera (exabogados del Ministerio de Gobierno), y Boris Villegas (exdirector de Régimen