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Interior). También Ramiro Ordóñez, exfuncionario de la Dirección de Administración y Control de Bienes Incautados
(Dircabi).
“La audiencia se suspendió hasta el día viernes”, informó el fiscal Humberto Quispe.
Víctimas no apelan fallo que favorece a Fernández
La abogada que representa a los familiares de las víctimas de la masacre de Porvenir, Mary Carrasco, ratificó que
respetará la determinación del Tribunal 6° de Sentencia, que modificó las medidas cautelares para el exprefecto de
Pando Leopoldo Fernández, por detención domiciliaria.
La jurista, además, hizo notar que las medidas cautelares son de naturaleza transitoria y si corresponde, se podría
solicitar una nueva modificación.
Sugieren salida civil para el caso Los Reyes
La defensa del general Isaac Pimentel, uno de los investigados en el caso Covipol-Los Reyes, referido a presuntas
irregularidades en la adjudicación de departamentos en el citado edificio, planteó que el proceso se resuelva en una
instancia no penal, sino civil.
“Este caso se debe ventilar en una esfera extrapenal, ya que es un asunto civil, con una fuerte dosis de decisión
administrativa. Entonces, a través de una excepción, planteamos a la jueza Margot Pérez que sea otra esfera
extrapenal la que resuelva el conflicto generado por Covipol”, señaló Andrés Zúñiga, abogado de Pimentel.
Además, aseguró que el exjefe policial tomó la decisión de devolver el departamento que se adjudicó y ahora es parte
del conflicto. Ese ofrecimiento se hizo conocer a Covipol, cuya junta directiva tendría que analizar la petición con base
en normas civiles.
El Deber / Santa Cruz
Militares echan de un almuerzo a una diputada por órdenes del Gobierno
La diputada de Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, fue obligada al promediar las 4:00 de la tarde de este
miércoles a desalojar las instalaciones del Círculo de Oficiales del Ejército (COE) de La Paz, donde fue invitada a un
almuerzo, por órdenes supuestamente dadas por el Gobierno.
Los oficiales encargados de la administración y funcionamiento del COE, situado en la zona de Irpavi de la sede de
Gobierno, le informaron que debía salir de las instalaciones, que son alquiladas por los militares para acontecimientos
sociales privados, porque su presencia habría provocado malestar en esferas del Órgano Ejecutivo y también del
Comando General del Ejército.
La diputada pidió disculpas a los oficiales y dijo que para no causarles problemas en su carrera militar se retiraba del
lugar, sin antes lamentar que ella sea víctima del acoso político que está normado por ley.
Piérola además denunció que el pasado martes en la noche, tras abandonar las instalaciones del canal Red Uno,
donde asistió el programa Que No Me Pierda, había un vehículo del servicio de inteligencia nacional siguiéndola, por
lo que denunció persecución política en su contra por el Gobierno del presidente Evo Morales, ya que no tiene la
libertad de poder asistir a actos privados, familiares o públicos, porque siempre es perseguida o seguida por efectivos
de inteligencia de la Policía, dependientes del Ministerio de Gobierno.
Página Siete / La Paz
Informe identifica a supuestos responsables de caso barcazas
Un informe de auditoría interna del Ministerio de Defensa identifica a por los menos 13 personas, entre funcionarios y
ciudadanos extranjeros, como responsables de las irregularidades en el proceso de adquisición de 16 barcazas y dos
empujadores.
En el informe MD-DGAJ-UGJ N° 1792/12 se indica que Armando Pacheco, ex comandante de la Armada Boliviana,
entonces presidente de una comisión ejecutiva declarada ilegal, recomendó aprobar el proceso de contratación de la
empresa coreana Yeunsoo Shipbuilding Co. Ltd., que inicialmente debía construir los bienes navieros para Bolivia.
En el documento al que tuvo acceso Página Siete no se dan mayores detalles sobre otras responsabilidades de
Pacheco, como se hace con otras personas.
Hasta la fecha no se entregó ni una sola barcaza, a pesar de que Enabol pagó la totalidad del costo de los bienes y el
transporte, equivalente a 28,9 millones de dólares. Asimismo, la naviera boliviana no renovó y tampoco cobró las
boletas de garantía.
También se identifican indicios de responsabilidad penal por incumplimiento de deberes en los miembros de la
comisión de calificación, integrada por Álvaro Fernando Guzmán, Gonzalo Hugo Ramallo, Orlando Antonio Pérez,
Wilfredo Choque Payrumani, Luis Bustos y Fidel Gamboa.