Daños producidos por especies silvestres

Presentado en el 2º Simposio sobre el corzo: Biología y Gestión, celebrado en
Luarca, Asturias. Marzo 2002.
Estudio realizado por ;
Antonio de Palma Villalón
Procurador de los Tribunales
Comisión Legal de la ACE.
DAÑOS PRODUCIDOS POR ESPECIES SILVESTRES
EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
----------------------------------------------
I .- PROBLEMÁTICA- IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
II .- PRESUPUESTOS HISTORICO- JURÍDICOS Y NORMAS VIGENTES;
APLICACIÓN JURISPRUDENCIAL; JURISDICCIÓN COMPETENTE
III.- INEXISTENCIA DE REGULACIÓN ESPECÍFICA-RASGOS
DIFERENCIADORES
IV.- SOMETIMIENTO DEL LEGISLADOR A LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA E INTERDICCIÓN DE LA
ARBITRARIEDAD
V .- PRESUPUESTOS JURIDICO-FACTICOS ERRONEOS DE LAS
NORMAS; ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD
A) FINES PROTEGIDOS POR LA NORMA
B) FIJACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS AL RESARCIMIENTO
a)TITULARIDAD DE LA FAUNA SILVESTRE
b)CONCEPCIÓN JURÍDICA ACTUAL DE LA FAUNA SILVESTRE;
SUBDIVISIÓN; RASGOS DEL INTERES
c)FIJACIÓN FACTICA ; CONCEPTO DE “PROCEDENCIA”
C) NEXO CAUSAL ; BASE DE LA IMPUTABILIDAD DE LA
RESPONSABILIDAD. TEORIAS JURISPRUDENCIALES
a).-RAZONAMIENTO LÓGICO-JURISPRUDENCIAL DE LA IMPUTACIÓN DE
LA RESPONSABILIDAD
b).- POR EL BENEFICIO Y APROVECHAMIENTO EXCLUSIVO
c).- TEORÍA DEL RIESGO
1.- INEXISTENCIA DE AGRAVAMIENTO
2.- DILIGENCIA EXIGIBLE ; INAPLICABILIDAD
3.- ASEGURAMIENTO O ABANDONO
4.- CARGA PROBATORIA ; INDEMOSTRABILIDAD
VI .- CORRIENTES JURISPRUDENCIALES EXIMIDORAS DE LA
RESPONSABILIDAD
VII .- RESPONSABILIDAD EN AUTOPISTAS Y AUTOVIAS
VIII .- EFECTOS NEGATIVOS AL MEDIO AMBIENTE
IX .- CONCLUSIONES DE LA DOCTRINA
X .- RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR, NORMATIVA
A) DEBER LEGAL DE PRUDENCIA EN LA CONDUCCIÓN
B) NECESARIA INFRACCIÓN DE LA NORMATIVA DE CIRCULACIÓN
C) CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN ; RESPONSABILIDAD,
RECIENTE MODIFICACIÓN
XI .- CONCLUSIONES DEL PONENTE
XII .- DERECHO COMPARADO
XIII .- SOLUCIONES PUNTUALES
1

-------------------------------------------
I
PROBLEMÁTICA- IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
En los tiempos que corren y cualquier persona, y especialmente quizás personas
a las que va dirigida esta charla, que haya circulado por cualquier carretera nacional,
comarcal ó rural aledaña a zonas proclives a albergar fauna silvestre es extraño que no
haya visto cruzar el asfalto algún espécimen de caza mayor que de haberlo arrollado con
nuestro vehículo se habrían ocasionado cuantiosos daños.
En esos momentos se genera un doble sentimiento, por un lado de alegría y
admiración al contemplar en vivo animales frecuentemente vistos en la Televisión, en el
cine o Zoológicos, pero que en la vida cotidiana para la mayoría de las personas, de día
son difícilmente localizables dada su especial condición de esquivos y su habilidad para
ocultarse precisamente por su cualidad de salvajes y por otro lado, un sentimiento de
inseguridad y preocupación, al considerar la posibilidad de haber podido colisionar con
algún animal de aquellos, obligando al conductor a hacer un acto de contrición o auto
examen sobre su velocidad y atención al volante, concluyéndose a sí mismo, que ha de
extremar la precaución en la conducción al atravesar por la referidas zonas rurales.
La cuestión se plantea cuando efectivamente se produce una colisión por
invasión por parte de un animal silvestre de la calzada, y se producen unos daños
materiales a los bienes y a las personas, en cuyo caso, se ha de dilucidar cual es la
persona o personas públicas o privadas que deben de responder o indemnizar los
referidos daños o la propia persona conductora y por ende el seguro de su automóvil.
En España a partir de la entrada en vigor de la Ley de Caza 1970, en su art. 33,
se estableció una específica responsabilidad de los Titulares de los aprovechamientos
cinegéticos y subsidiariamente los propietarios de los terrenos ya fuesen personas ó
entidades públicas o privadas, por los daños (en general) originados por piezas de caza
procedentes de los terrenos acotados.
Las respectivas Leyes de Caza promulgadas en las diferentes Comunidades
Autónomas, donde las hay, no han hecho más que continuar con el espíritu de la Ley de
1970, estableciendo una responsabilidad de índole general, salvo en algún caso aislado,
de daños atribuibles a los Titulares cinegéticos, y en algunos casos, también a la
propiedad.
Los Tribunales, han venido realizando una interpretación extensiva de este
artículo y los de las respectivas Leyes de Caza de la C.A. para incluir dentro de su
ámbito de aplicación los accidentes en las carreteras, y aplicando las teorías
jurisprudenciales del riesgo que se explicarán más adelante, que implicaban la inversión
de la carga de la prueba, eximían de toda responsabilidad a los conductores y a las
compañías aseguradoras condenando irremediablemente a los Titulares de los
aprovechamientos cinegéticos ó propietarios, insisto, ya fuesen personas ó entidades
públicas o privadas.
2

Además tenemos que apuntar que esencialmente por las razones de la mejora
permanente de las carreteras y de los vehículos, y el incremento de la fauna silvestre, el
número de accidentes de este tipo se han ido acrecentando de una manera alarmante,
produciéndose gran cuantiosos daños los vehículos y lo que es peor a la las personas.
Nuestro querido amigo el corzo a pesar de su escasa envergadura a provocado y
provoca una gran proporción de accidentes de este tipo, e incluso he llegado a conocer
un caso de unas indemnizaciones de superiores a 40 millones de pesetas por un
accidente por el cruce de un corzo en la carretera. (AP Soria , Sent. 15-07-1999, núm. )
II
PRESUPUESTOS HISTORICO- JURÍDICOS Y NORMAS VIGENTES
APLICACIÓN JURISPRUDENCIAL
Vamos a analizar la normativa vigente haciendo caso omiso de cuerpos legales
ancestrales como el Fuero Nuevo, o de la Novísima recopilación, que no generan luz
sobre el problema, o solo aquella que explique en cierta manera la situación histórica en
la que específicamente se dictaron las normas.
Del Codigo Civil de 1889;
art. 1902 ;
“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”
art. 1905 ;
“ El Poseedor de un animal, o que se sirve de él, es responsable de
los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Solo
cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de
fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido.
art. 1906 ;
“El Propietario de una heredad de caza responderá del daño
causado por ésta en las fincas vecinas, cuando no haya hecho lo
necesario para impedir su multiplicación o cuando haya
dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para
perseguirla.
Ya en la Ley de Caza de 16 de Mayo de 1902, en su art. 9 parr. 4 mantenía el
concepto básico del art. 1906, y establecía una responsabilidad de la Propiedad vedada,
y referida exclusivamente a los daños a predios colindantes, pero con la exigencia de la
previa crianza del animal en la zona acotada;
"Todo propietario podrá vedar legalmente sus fincas ; pero será responsable
directamente con sus bienes, con arreglo al Código Civil, de los daños que
la caza que se críe en su propiedad cause en los predios de los
propietarios colindantes.”
De ambos preceptos se observa la específica vocación de referirse a daños a la
Agricultura
Con esta situación jurídica, se publica la Ley de Caza Ley 1/1970, de 4 de
Abril, en donde en su art. 33 que en la actualidad se encuentra vigente por defecto en
las comunidades que no se encuentra específicamente regulada esta materia, cambia la
3

específica responsabilidad de los daños a la agricultura que estipulaba la anterior Ley de
Caza por una responsabilidad genérica de daños, apareciendo la figura del Titular del
Aprovechamiento Cinegético, diferencia de la propiedad, y eliminando la exigencia de
previa "crianza" por el de la simple "procedencia", y que se establece ;
Art. 33.- "1.- Los Titulares de aprovechamientos cinegéticos, definidos
en el art. 6º de esta Ley, serán responsables de los daños originados por
las piezas de caza procedentes de los terrenos acotados.
Subsidiariamente serán responsables los propietarios de los terrenos.
2.- La exacción de estas responsabilidades se ajustará a las prescripciones de la
legislación civil ordinaria, así como la repetición de responsabilidad en los casos de
solidaridad derivados de acotados constituidos en asociación.
3.- De los daños producidos por la caza procedente de refugios, reservas nacionales y
parques nacionales y de los que ocasione la procedente de terrenos de caza controlada
responderán los titulares de los aprovechamientos de caza y subsidiariamente el servicio de
Pesca continental, caza y Parques Nacionales.
A partir de la entrada en vigor de esta Ley, y a medida que fueron llevándose a
los Tribunales casos de este tipo, fue creando una línea Jurisprudencial ya asentada, en
la que se descarta la aplicación del art. 1905 por referirse más animales “domésticos”,
pero manteniendo su espíritu, y suponiendo derogado el art. 1906, por la entrada en
vigor del art. 33 de la Ley de Caza y se empieza a aplicar este realizando una
interpretación que podemos calificarla de extensiva, expandiendo el concepto de daños
del referido artículo para introducir dentro de su ámbito de acción los accidentes de
tráfico de este tipo ;
TS 1ª, S 07-01-1978, núm. 9/1978. Pte: Bonet Ramón, Francisco
“Que regulada la responsabilidad por daños cinegéticos en el Título V de la Ley de
Caza de 4 de abril de 1970 y del Reglamento para, su ejecución de 25 de marzo de 1971,
artículos 33 y 35, respectivamente, que declaran a los titulares de aprovechamientos
cinegéticos responsables de los daños originados por las piezas de caza procedentes de
terrenos acotados y subsidiariamente a los propietarios de los terrenos, y en el caso en que
no resulte posible precisar la procedencia de la caza respecto a uno determinado de los
varios acotados que colindan con la finca, la responsabilidad por los daños originados en
la misma por las piezas de caza será exigible solidariamente de todos los titulares de
acotados que fueren colindantes y subsidiariamente de los dueños de los terrenos”
Sin embargo, la Jurisprudencia no se quedó ahí sino que concluyó además finalmente de
manera constante que a estos casos le era de aplicación la Teoría también Jurisprudencial del
Riesgo y del Aprovechamiento exclusivo, que más adelante explicaremos, con la consiguiente
inversión de la carga probatoria, que provocaba en definitiva que se eximiera de
responsabilidad a los conductores y sus compañías, y a la condena irremediable a los
Titulares de los Cotos, y caso de confluencia jurídica tanto de entidades públicas como
privadas se atribuyesen las culpas, o vulgarmente dicho se tirasen los trastos entre ellas.
AP Alava , S 26-02-1992, rec. 54/1992. Pte: Víñez Argüeso, Silvia
“....Dicho precepto acota subjetivamente el ámbito de la responsabilidad pero no
acota en qué casos responderían D. Paulino y la Junta, y acudiendo al pfo. 2º del mismo
artículo resulta que "la exacción de estas responsabilidades se ajustará a las prescripciones
de la legislación civil ordinaria", remitiéndonos por tanto a los arts. 1902 y 1905 CC.
El Legislador ha individualizado el supuesto de daños ocasionados por animales (también
por máquinas, árboles, edificios, arts. 1906 a 1910) atendiendo al hecho de que el animal
que produce materialmente el daño se halla por así decirlo, como desprendido e
independizado de la actuación positiva del hombre; esto es, el animal ocasiona el
perjuicio en situaciones en que la persona no gobierna su actividad, el animal del art.
1905 no es el que ataca incitado por su dueño, sino el que lo hace en su natural libertad;
así, sigue un criterio diferente del de los casos típicos de responsabilidad civil, esto es, el
4

de la llamada responsabilidad "por hecho propio"; en esta dirección se distinguen casos de
responsabilidad por culpa por daños producidos por animales (art. 1906 CC) y casos de
responsabilidad objetiva por daños también producidos por animales (art. 1905).
Lo que ocurre es que a la vista de la actual línea jurisprudencial en la interpretación
del art. 1902, y en concreto de la generalizada invocación de la inversión de la carga
de la prueba por parte del Tribunal Supremo, los supuestos de los arts. 1905.10 han
dejado de tener el significado histórico que probablemente los justificó, a la luz del
"progreso o solidez de los principios de solidaridad social, en el advenimiento o de la
llamada responsabilidad por riesgo, o bien de la responsabilidad por el uso de las
cosas, en los que ya, descolgado el nexo de imputación del modelo voluntarista la
conquista de aquella coacción daño igual a responsabilidad, determinó que, en
cualquier caso, cuando el daño se produce a consecuencia de la presencia del
damnificado en un mundo en que está... el dueño o lucrado con esa actividad debe
responder..." (STS 5-7-89).”
Dado el texto del art. 33 de la referida Ley de Caza y unido a la interpretación ha tenido,
de igual manera, reflejo directo en la redacción de las Leyes de Caza de las diferentes
Comunidades Autónomas en las que se ha publicado por cesión de las competencias al amparo
de los arts. 147 y 148 de la Constitución, y asumido que o respondía la Administración o
respondían los Titulares de los Cotos se ha denotado en algunas de ellas un especial interés
en desprender de la carga indemnizatoria a la administración para hacerla recaer sobre
los Titulares de aprovechamientos cinegéticos privados, o no públicos,
Introducimos la regulación normativa en cada una de las Comunidades que
imponen responsabilidad al respecto, incluso, la muy reciente ;
LEY DE CAZA DE ANDALUCÍA, LAN 389/2001
BO. Junta de Andalucía 20 octubre 2001, núm. 122 [pág. 17311]
Artículo 8. Daños .
“Los titulares de aprovechamientos cinegéticos serán responsables de los daños causados a
las personas, los bienes y las explotaciones agrarias por las piezas de caza que procedan de
sus cotos. Subsidiaria mente serán responsables los propietarios de los terrenos.”
LEY 12/1992, DE 10 DE DICIEMBRE, DE CAZA DE ARAGÓN
“Art. 72. Responsabilidad por daños.-1. Serán indemnizados por la Diputación General,
previa instrucción del oportuno expediente y valoración de los daños producidos:
a) Los daños ocasionados por las especies cinegéticas procedentes de los terrenos no
cinegéticos.
b) Los daños ocasionados por especies de la fauna silvestre no susceptibles de
aprovechamiento cinegético, cualquiera que sea su procedencia.
c) Los daños ocasionados por las especies cinegéticas de las reservas de caza, refugios de
fauna silvestre y los espacios naturales protegidos.
Asimismo, serán indemnizados los daños causados por las especies cinegéticas de los cotos
sociales.
2. Los titulares de los cotos comerciales y deportivos de caza serán responsables de las
indemnizaciones por daños producidos en cultivos por las especies cinegéticas.”
LEY 2/1989, DE 6 DE JUNIO, DE CAZA DE ASTURIAS
“Art. 38. 1. Serán indemnizados por la administración del Principado de Asturias previa
instrucción del oportuno expediente y valoración de los daños efectivamente producidos:
A) Los daños ocasionados por las especies cinegéticas procedentes de los terrenos
cinegéticos de aprovechamiento común y de los cotos regionales de caza que no sean
objeto de concesión.
B) Los daños ocasionados por especies de la fauna silvestre no susceptibles de
aprovechamiento cinegético, cualquiera que sea su procedencia.
5

C) Los daños ocasionados por especies cinegéticas procedentes de reservas regionales de
caza, refugios de caza, reservas nacionales de caza, cotos nacionales de caza y cualquier
otro terreno cuya administración y gestión corresponda al Principado de Asturias.
2. En los terrenos que tengan un régimen cinegético especial y cuyo titular no sea el
Principado de Asturias, la indemnización de los daños producidos por las especies
cinegéticas será responsabilidad del Titular.”
LEY 7/1998, DE 6 DE JULIO, DE CAZA DE CANARIAS
“Artículo 32. Responsabilidad por daños.
1. Los daños producidos por las especies cinegéticas procedentes de los terrenos sometidos a
régimen cinegético especial, serán indemnizados por los titulares de aprovechamientos
cinegéticos sobre dichos terrenos.
Subsidiariamente serán responsables los propietarios de los terrenos.
2. Las entidades públicas o privadas responsables de la administración y gestión de un
terreno cinegético especial, serán responsables de los daños producidos por la caza existente
en los citados terrenos sometidos a su jurisdicción.
3. Los daños ocasionados por especies cinegéticas procedentes de terrenos sometidos a
régimen cinegético común, serán indemnizados de acuerdo con lo establecido en la
legislación civil ordinaria.”
LEY DE CANTABRIA 3/1992, DE 18 DE MARZO, DE PROTECCION DE LOS
ANIMALES.
“Art. 31. Se declara obligatoria y prioritaria para la Diputación Regional de Cantabria la
compensación de los daños causados por las especies amenazadas en terrenos de
aprovechamiento cinegético común.”
LEY 4/1996, DE 12 DE JULIO, DE CAZA, DE CASTILLA Y LEON
“Artículo 12. Daños producidos por las piezas de caza.
1. La responsabilidad de los daños producidos por la pieza de caza, excepto cuando el daño
sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá a:
a) En los terrenos cinegéticos, a quien ostente la titularidad cinegética de dichos
terrenos, independientemente de que las piezas de caza pertenezcan a una especie
incluida o no en el correspondiente plan de aprovechamiento cinegético, salvo lo
dispuesto en el artículo 57 de la presente Ley sobre palomares industriales.
A tales efectos, tendrá la consideración de titular cinegético de las zonas de caza
controlada, la Junta o la sociedad de cazadores concesionaria, en su caso.
b) En los terrenos vedados, a los propietarios de los mismos cuando la condición de
vedado se derive de un acto voluntario de éstos o a la Junta.
c) En los refugios de fauna, a la Junta.
d) En las zonas de seguridad, a los titulares cinegéticos de los terrenos, a los
propietarios de los vedados de carácter voluntario o a la Junta en el resto de terrenos
vedados y en el de los refugios de fauna.
2. La Junta suscribirá un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de los daños
que produzcan las piezas de caza mayor en los supuestos regulados en el apartado d) del
punto anterior. El coste de la prima correspondiente se repercutirá entre los titulares
cinegéticos que realicen aprovechamientos de caza mayor de manera proporcional a los
mismos.”
LEY 2/1993, DE 15 DE JULIO, DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA.
“Art. 17. Los titulares cinegéticos serán responsables de los daños causados en las
explotaciones agrarias por las piezas de caza que procedan de sus acotados.
Subsidiariamente serán responsables los propietarios de los terrenos que conforman el coto.”
LEY 8/1990, DE 21 DE DICIEMBRE, DE CAZA DE EXTREMADURA.
“DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
ART. 74. 1.- Serán indemnizados por la Administración Regional, previa instrucción del
oportuno expediente y las valoraciones a que hubiere lugar :
6

A) Los daños ocasionados por especies cinegéticas de los terrenos sometidos a régimen
cinegético especial, que no sean objeto de concesión administrativa para su
aprovechamiento privado o deportivo.
B) los daños ocasionados por especies de la fauna silvestre no cinegética cualquiera que
sea su procedencia.
2.- Los daños ocasionados por especies cinegéticas procedentes de terrenos
sometidos a régimen cinegético especial con concesión administrativa para su
aprovechamiento privado o deportivo serán indemnizados por los Titulares de los
aprovechamientos cinegéticos."
LEY 4/1997, DE 25 DE JUNIO, DE CAZA DE GALICIA.
“Artículo 23. Indemnizaciones por daños.
1. Los titulares de los aprovechamientos cinegéticos en terrenos sujetos a régimen especial
responderán de los daños y lesiones ocasionados por especies cinegéticas procedentes de
esos terrenos.
2. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes, previa instrucción del
correspondiente expediente de valoración, indemnizará los daños efectivamente producidos
por las especies cinegéticas procedentes de terrenos cinegéticos de aprovechamiento común,
de los Tecor autonómicos de su administración, de las reservas de caza, de los refugios de
fauna y de cualquiera otro terreno cuya administración y gestión corresponda a esta
Consejería.”
LEY 7/1995, DE 21 DE ABRIL, DE LA FAUNA SILVESTRE, CAZA Y PESCA
FLUVIAL DE MURCIA
“SECCIÓN SEGUNDA. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS
POR LA FAUNA SILVESTRE
Artículo 30. Régimen general y excepciones.
1. Serán indemnizados por la Comunidad Autónoma, previa instrucción del oportuno
expediente y valoración de los daños, los ocasionados por especies cinegéticas de los
espacios naturales protegidos, de las reservas de caza y de las áreas de protección de la
fauna silvestre, de acuerdo con el régimen establecido en los planes de ordenación o
conservación correspondientes.”
“Artículo 49.
5. Los daños ocasionados por especies cinegéticas o susceptibles de pesca procedentes de
cotos serán indemnizados por los titulares de los aprovechamientos cinegéticos o
piscícolas.”
LEY FORAL 2/1993, DE 5 DE MARZO, DE PROTECCION Y GESTION DE LA FAUNA
SILVESTRE Y SUS HABITATS.
“Art. 57.5. Los daños ocasionados por especies cinegéticas o susceptibles de pesca
procedentes de cotos serán indemnizados por los titulares de los aprovechamientos
cinegéticos o piscatorios.”
“Art.72.c) Responder de los daños y lesiones que se produzcan a los bienes y derechos de
terceros, siempre que tales daños y lesiones sean consecuencia del funcionamiento del coto
y no se acredite la responsabilidad directa de los autores o no se atribuya expresamente esta
responsabilidad en la presente Ley Foral.”
LEY 9/1998, DE 2 DE JULIO DE CAZA DE LA RIOJA
“Artículo 13. Daños producidos por las piezas de caza.
Los titulares de terrenos cinegéticos, los propietarios de terrenos cercados y los propietarios
de zonas no cinegéticas voluntarias serán responsables de los daños originados por las
piezas de caza procedentes de los mismos, salvo que el daño causado sea debido a culpa o
negligencia del perjudicado o de un tercero.
Corresponderá a la Comunidad Autónoma responder de los daños producidos por las piezas
de caza procedentes de los vedados no voluntarios y de las zonas no cinegéticas.
Cuando no se pueda precisar la procedencia de las piezas de caza respecto a uno de los
varios terrenos cinegéticos de los que pudieran proceder, la responsabilidad por los daños
7

originados en ella por las piezas de caza será exigible mancomunadamente a los titulares de
todos ellos.
La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza conforme a lo
establecido en esta Ley, será exigible por el procedimiento determinado en la legislación
civil o en la administrativa, según la naturaleza jurídica del titular del terreno cinegético al
que se exija.
Los titulares de los terrenos cinegéticos, en colaboración con los propietarios afectados,
deberán adoptar medidas precautorias para evitar el riesgo de daños.
En aquellos casos en que la producción agrícola, forestal o ganadera sea perjudicada por la
caza, la Consejería competente podrá imponer a los titulares de los terrenos de procedencia
de las piezas de caza la adopción de medidas extraordinarias de carácter cinegético para
protegerlos.”
Llamamos la atención sobre el hecho que NINGUNA NORMATIVA HACE
MENCIÓN ESPECÍFICA A LOS DAÑOS DE ACCIDENTES EN VIAS
CIRCULACIÓN sino que realizan una imputación de los “DAÑOS” EN GENERAL,
sin especificación a alguno en concreto.
Solo se ha de hacer una excepción con la Ley de Castilla y León en el que en
otro apartado si se le ve su intención prevenir las consecuencias de este tipo de
accidente, pero más con interés claro exculpatorio de la Administración que otra cosa,
que analizaremos con posterioridad.
JURISDICCIÓN COMPETENTE
Aunque sea de pasada y dada la asistencia de numerosos representantes de
C.A., simplemente hacer mención a la Jurisdicción competente para conocer de los
pleitos, que se puede afirmar que a partir de entrada en vigor de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es esta la
competente y son los Juzgado de este orden jurisdiccional los que deben de conocer de
este tipo de reclamaciones, siempre y cuando intervenga como parte la administración
Estatal ó Autonómica, y cuando no sea así, la Jurisdicción Civil.
Art. 2,e) Ley 29/1998, 13 de Julio ;
“El Orden Jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de
las cuestiones que se susciten en relación con ;
e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de
relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este
motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social”
2000/2603 AP Cáceres , sec. 2ª , A 24-01-2000, núm. 9/2000, rec. 237/1999. Pte: Tena Aragón,
María Félix
“...después de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa,
y más en concreto del art. 2.e) ninguna distinción cabe a esos efectos de si la
actividad desplegada por la Administración está dentro de un ámbito de actuación como tal
administración o servicio público o nos encontramos ante un ámbito privado, al determinar
tajantemente ese precepto que la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, cualquiera
que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandada
aquella por este motivo ante las ordenes jurisdiccionales civil o social". Consiguientemente el único
motivo esgrimido en el acto de la vista para revocar el auto recurrido era que la Administración
autónoma en materia de caza y todo lo derivado de ella actuaba corno ente privado al no ser la misma
un bien demanial como especifica la sentencia del TC núm. 44/1998 de 22 de enero, ha de ser
desestimado ya que es totalmente intrascendente como establece expresamente el articulo citado (2e)
de la Ley 29 /1998) que la Administración actúe o no revestida de esa potestad pública o no, porque
tanto en uno como en otro caso la Ley otorga la competencia para el conocimiento de las resoluciones
por responsabilidad patrimonial contra la Administración a la jurisdicción contenciosa
Administrativa.
8

SEGUNDO.- En consonancia con lo anterior, la L.O. del Poder Judicial en su art. 9.4 con la
redacción dada por la L.O. 6/1998 de 13 de julio establece igualmente esa competencia al orden
jurisdiccional contencioso-administrativo cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el
tipo de relación de que se derive.
Añadiendo citado precepto, que se mantendrá esa competencia aunque a la producción del daño
hubieran concurrido particulares, debiendo demandarse a estos también junto con la Administración
en ese orden jurisdiccional, por lo que no existe base legal alguna tampoco para, en virtud de la
llamada "vis atractiva" de la Jurisdicción civil, vigente por vía jurisprudencial en el marco legislativo
anterior, extender la competencia a la jurisdicción civil. Ello no supone que en estos supuestos la
Jurisdicción civil no sea competente para conocer las acciones que contra particulares se sustenten,
pero siempre y cuando la relación procesal se establezca únicamente entre particulares, cuando como
parte codemandada sea llamada la Administración, aunque junto con ello comparezcan particulares,
en ese supuesto que la parte actora ha tenido libertad para construir esa relación procesal y ha traído al
procedimiento a la Administración, debe conllevar que la competencia sea de la jurisdicción
contencioso-administrativa para dilucidar la responsabilidad de todos y cada uno de los demandados.
“
2000/8883 AP Cáceres , sec. 2ª , A 18-02-2000, núm. 16/2000, rec. 10/2000. Pte: Cano-Maillo
Rey, Pedro V.
"SEGUNDO.- Idéntica cuestión a la que nos ocupa, ha resuelto esta Sala, en el auto número
9/2000, de veinticuatro de enero; el mismo supuesto; la modificación legislativa que se ha llevado a
cabo, cambia la situación existente; tras la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, su artículo dos, letra e, de acuerdo con el párrafo quinto de la
Exposición de motivos de la Ley, apartado segundo romano, entendemos que no caben distinciones
sobre si el hacer administrativo, es un servicio público, o si estamos en un ámbito privado; estas
opiniones carecen de base al señalar el precepto de forma taxativa, que "la responsabilidad patrimonial
de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación
de que derive, no pudiendo ser demandados aquéllas por este motivo antes los órganos jurisdiccionales
Civil o Social"; no hace falta decir que en una norma, los artículos que preceden, van marcando
pautas, por lo que la alusión que hace la parte al artículo 3 de esta norma, ha de entenderse de acuerdo
a lo dicho, y que va detrás de otro precepto, que es básico y enumerativo de lo que conocerá la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
TERCERO.- Así las cosas, como en nuestro Auto señalamos, tampoco es de recibo lo del
artículo 74 de la Ley de Caza de Extremadura, pues en cualquier caso, actúe la Administración
revestida o no de potestad pública, la responsabilidad patrimonial de la administración ha de
solventarse ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."
III
INEXISTENCIA DE REGULACIÓN ESPECÍFICA -RASGOS
DIFERENCIADORES
Desde mi estudio he llegado a la conclusión que el Legislador al redactar el art.
33 de la Ley de Caza de 1970, NO ESTABA REGULANDO NI PENSANDO en el
específico problema de los daños producidos como consecuencia o por atropellos de
piezas de caza en la carreteras, por varias razones ;
A) POR QUE CON LA EXPRESIÓN GENÉRICA DE “DAÑOS” EN EL
ART. 33 LA LEY DE CAZA 1/1970 PRETENDIA INCLUIR LOS DAÑOS
producidos por animales salvajes en otras explotaciones agricultoras o no,
como la GANADERÍA Y GRANJAS, o de Terceros que podían ser
cualquiera con presencia material como son conducciones de agua,
compañías eléctricas o de telefónica, ya que dentro de tal término que hasta la
fecha eran más difícil de encuadrar o no se encontraban incluidos, pero es claro
que no se pensaba, ni por asomo, en los accidentes de tráfico.
A.1) Porque pretendía cambiar la situación de cierta impunidad que
existía con respecto a los daños de Agricultura, Ganadería y Granjas ya que
9

en la Ley vigente en aquellos momentos de LEY E CAZA de 1902 ART. 9,
EXIGÍA LA CONDICIÓN DE LA CRIANZA DEL ANIMAL SALVAJE
en el coto, condición difícilmente demostrable, y no dejaba clara la extensión
a daños y parecía al referirse exclusivamente a la agricultura estaban
excluidos a terceros que tienen presencia material en la zona rural, como son
compañías de telefonía, eléctricas, conducciones de agua....etc., apareciendo
la figura del TAC., diferenciada del Propietario, y cambiando el concepto de
crianza por el de procedencia menos exigente.
A.2) Por que la propia redacción de la norma se atisba que el
legislador estaba pensando en daños producidos a la agricultura,
ganadería y a granjas, que eran los por aquél tiempo tenían cierta
importancia, más que en cualquier otro tipo de daños.
El párrafo 4º del propio art. 33 establecía ;
"4.- En aquellos casos en que la producción agrícola, forestal o ganadera de
determinados predios sea perjudicada por la caza, el Ministerio de Agricultura, a
instancia de partes, podrá autorizar a los dueños de las fincas dañadas, y precisamente
dentro de estas, a tomar medidas extraordinarias de carácter cinegético para proteger
cultivos"
A.3) A la hora de la publicación de la Ley de Caza TODAVÍA
ESTABA PERMITIDA LA CAZA DE ESPECIES HOY PROHIBIDAS
QUE PRODUCÍAN GRAVES DAÑOS A LA AGRICULTURA,
GANADERÍA Y GRANJAS.
Hasta el año 1973 no se prohibió la caza de especies que producían
muchos daños a la Ganadería, y a las Granjas como el OSO y que con la Ley
de 1902 no estaba incluida la responsabilidad del coto.
Véase el Decreto 2573/1973, de 5 de Octubre en el que POR
PRIMERA VEZ y al amparo de lo establecido en el art. 23 de la Ley de
Caza de 1/1970, se establece la RELACIÓN DE LAS ESPECIES
PROTEGIDAS ;
“Especies protegidas de acuerdo con lo previsto en el art. 23, apartado 2
de la Ley de Caza 1/1970, de 4 de Abril.
Mamíferos ;
CABRA MONTES PIRENAICA, OSO, LINCE, GATO MONTES, ARMIÑO,
MELONCILLO, NUTRIA.........”
En todas las Ordenes de Veda sucesivas expresamente se especificaban
las especies protegidas cuya caza se encontraba protegida, PERO TODAVÍA
SE PERMITÍA, y se permite en algunos casos, LA CAZA DE
MAMÍFEROS PREDADORES ;
ORDEN DE 21 DE JUNIO DE 1977 POR LA QUE SE FIJAN LOS PERIODOS HABILES DE
CAZA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y LAS VEDAS ESPECIALES QUE SE
ESTABLECEN O PRORROGAN PARA LA CAMPAÑA 1977-78 EN DISTINTAS ZONAS O
PROVINCIAS.
“MAMIFEROS PREDADORES (LOBO, ZORRO, GINETA, TURON, MARTA,
GARDUÑA, TEJON Y COMADREJA):
DESDE EL SEGUNDO DOMINGO DE OCTUBRE HASTA EL TERCER DOMINGO DE
FEBRERO PARA EL LOBO Y HASTA EL PRIMER DOMINGO DE FEBRERO PARA LAS
RESTANTES ESPECIES.
EN TERRENOS SOMETIDOS A REGIMEN CINEGETICO ESPECIAL, LAS JEFATURAS
PROVINCIALES DEL ICONA, A PETICION DE LOS TITULARES INTERESADOS, PODRAN
AUTORIZAR LA CAPTURA DE ESTAS ESPECIES CON LAZOS, CEPOS Y TRAMPAS TIPO
CAJA DURANTE TODO EL AÑO. DICHAS JEFATURAS PROVINCIALES PODRAN
AUTORIZAR TAMBIEN LA CELEBRACION DE BATIDAS CONTRA EL LOBO Y
10

CONTRA EL ZORRO EN ESTOS TERRENOS Y EPOCA DE VEDA, SIEMPRE QUE, OIDOS
LOS TITULARES INTERESADOS Y PREVIA PETICION DE LOS MISMOS, SE CONSIDERE
NECESARIO CONTROLAR EL EXCESO DE POBLACION DE ESTOS MAMIFEROS
PREDADORES EN BENEFICIO DE LA GANADERIA O DE LA CAZA.”
“ART. 15. ESPECIES PROTEGIDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.
POR RAZONES DE CARACTER CIENTIFICO O POR REFERIRSE A ESPECIES EN VIAS
DE EXTINCION QUEDA PROHIBIDO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL LA CAZA
DE LAS SIGUIENTES ESPECIES:
CABRA MONTES PIRENAICA, OSO, LINCE, GATO MONTES, ARMIÑO, MELONCILLO,
NUTRIA, GAVILAN, RATONERO COMUN, AGUILA CALZADA, AGUILA PERDICERA, AGUILA
IMPERIAL, AGUILA REAL, AGUILA CULEBRERA, AGUILUCHO PALIDO, AGUILUCHO CENIZO,
AGUILUCHO LAGUNERO, ALIMOCHE COMUN, QUEBRANTAHUESOS, BUITRE NEGRO, BUITRE
COMUN, HALCON COMUN, ALCOTAN, HALCON DE ELEONOR, ESMEREJON, CERNICALO
PRIMILLA, CERNICALO VULGAR, AGUILA PESCADORA, ELANIO AZUL, HALCON ABEJERO,
MILANO REAL, MILANO NEGRO, AZOR, BUHO REAL, BUHO CHICO, LECHUZA CAMPESTRE,
AUTILLO, MOCHUELO COMUN, CARABO COMUN, LECHUZA COMUN, CIGUEÑA COMUN, CIGUEÑA
NEGRA, CALAMON COMUN, MORITO, GRULLA COMUN, ESPATULA, PORRON PARDO, MALVASIA
O BALBOLETA, TARRO CANELO O LAVANCO, FOCHA CORNUDA Y GAVIOTA PICOFINA. TODAS
ESTAS ESPECIES SON LAS RELACIONADAS EN EL DECRETO 2573/1973, DE 5 DE
OCTUBRE.
ASIMISMO, Y EN PREVISION DE QUE DISTINTAS AVES MIGRATORIAS NO COMUNES EN ESPAÑA
APAREZCAN CIRCUNSTANCIALMENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL, QUEDA PROHIBIDO,
ENTRE ESTAS ESPECIES, LA CAZA DEL CISNE Y DEL FLAMENCO.”
Hasta la ultima Ley de Vedas Estatal del año 1984 se permitió la caza del Lobo;
ORDEN DE 5 DE JULIO DE 1984 POR LA QUE SE FIJAN LOS PERIODOS
HABILES DE CAZA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y LAS VEDAS
ESPECIALES QUE SE ESTABLECEN O PRORROGAN PARA LA CAMPAÑA 1984-85
EN DISTINTAS ZONAS O PROVINCIAS.
Mamíferos predadores.- Desde el segundo domingo de octubre hasta el tercer domingo de
febrero para el lobo ("Canis lupus") y hasta el primer domingo de febrero para las restantes
especies: zorro ("Vulpes vulpes"), gineta ("Genetta genetta"), turón ("Putorius putorius"),
marta ("Martes martes"), garduña ("Martes foina"), tejón ("Meles reales") y comadreja
("Mustela nivalis").
y hasta en el Real Decreto que remitía la competencia a la Comunidades
Autónomas permitía la caza del Lobo ;
REAL DECRETO 1095/1989, DE 8 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE DECLARAN
LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y SE ESTABLECEN NORMAS PARA
SU PROTECCION.
“RELACION DE ESPECIES QUE PUEDEN SER OBJETO DE CAZA Y PESCA SI SE AUTORIZA
EXPRESAMENTE POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE
ESTABLECE EN EL ARTICULO 1.4 DEL PRESENTE REAL DECRETO
MAMIFEROS
LOBO (CANIS LUPUS)...”
B) Por la simple razón que prácticamente EL PROBLEMA DE LOS
ACCIDENTES DE TRAFICO PRODUCIDO POR ANIMALES SALVAJES
NO EXISTÍA en aquellos años, esencialmente por varias razones ;
1º.- Por que España había pasado unos momentos Históricos de postguerra,
aunque lejanos, de gran pobreza y escased de alimentos, que provocó en
aquellos años una caza indiscriminada de la fauna silvestre, y la disminución
de su número de manera alarmante.
2º.- Porque en el año 1970 el número de vehículos que circulaban por
vías ó carreteras rurales era ínfimo comparado con el actual.
Si bien en la actualidad existe por cada unidad familiar uno ó dos
vehículos como media, en al año 1970 en España, en zonas rurales, lo
extraño era que alguna persona de la zona dispusiese de un vehículo.
11

3º.- Por que en aquellos años el estado de las carreteras no permitían
alcanzar a los vehículos velocidades tan elevadas como las actuales
4º.- Por que los vehículos rurales ó no, eran mucho más ruidosos y
materialmente no podían alcanzar velocidades peligrosas para los
animales, ya que estos, al oír más claramente y apercibirse de la llegada del
vehículo tenían tiempo mas que suficiente para esquivar ó apartarse de la
trayectoria del mismo y huir.
5º.- Por que el espíritu de la norma se refiere a una la PLURALIDAD de la
fauna silvestre generadora de daños no de un espécimen en particular, que
implica que para producir importantes daños por animales salvajes en la
agricultura, especialmente, se precisan NUMEROSOS ANIMALES
SALVAJES, mientras que en este caso solo UN ANIMAL con ser
atropellado se provocan cuantiosos daños.
6º.- Por que si fuese interés, dada su importancia, el regularlos habría
precisado algo al respecto.
Así concluimos que el legislador del año 1970, no tenía como presupuesto
fáctico regulable, ó no estaba pensando en este tipo de daños, producidos por
animales salvajes en carreteras, a la hora de dictar la norma.
Para analizar el problema actualmente que añadir aspectos importantes ;
a) Esencialmente por el abandono progresivo desde hace muchos años de
las zonas rurales de todo el territorio nacional, ha significado el aumento de la
población de las especies cinegéticas, en zonas libres ó no valladas, que se ha
ido desarrollando y creciendo a unos niveles absolutamente insospechados.
Cuentan los veteranos cazadores que hace 30 años después de 3 días de
monterías se cobraban con gran éxito 1 ó 2 jabalíes y un ciervo y los corzos ni se
veían, donde en la actualidad en la misma zona y tiempo se abatirían 40 jabalíes
y 20 ciervos.
La población de Corzo, especie de caza mayor, animal muy esquivo,
difícil de ver y de detectar su presencia, a pesar de su escaso tamaño, es
productor de numerosos accidentes ó atropellos, especialmente por su especial
afición a alimentarse cerca de caminos y carreteras, habiéndose expandido, de
una manera exagerada, en la actualidad por casi todo el territorio nacional y en
numerosas zonas donde hace muchos años ni tan siquiera se conocía de su
existencia.
La posterior acción protectora de Administrativa a venido a redundar
más todavía esta tendencia, hasta llegar a niveles molestos y traemos a colación
a simple de ejemplo la exposición de motivos de una Orden de reciente fecha
20/06/2000 de la Junta de Castilla y León , que amplia los cupos de caza
b) El número de accidentes por estos animales salvajes ha ido
igualmente creciendo de una manera alarmante en las carreteras españolas,
produciéndose en la actualidad, no hay estadísticas claras, ya que el Ministerio
del Interior y la Guardia Civil solo conoce los casos en los que ha intervenido, y
son más válidas las listas de cada una de las compañías de seguros que son
muchas, pero según fuentes a las que ha tenido acceso este ponente los
accidentes de este tipo en todo el Territorio Español puede rondar sobre los
6.000 anuales. En el año 2000, además de los cuantiosos daños, hubieron 136
heridos y 18 muertos.
Solo en la Provincia de Soria, hubieron 1.000 accidentes de este tipo, con
una gran proporción provocados por Corzos, 18 heridos y 5 muertos.
12

Hay que tener en cuenta que de las cientos de sentencias a que ha tenido
acceso este ponente sobre daños de animales salvajes, la inmensa mayoría se
refieren a ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN, y una ínfima parte a daños por
la agricultura u otros daños.
c) dado el buen estado actual de las carreteras que cruzan zonas rurales y
la velocidad que los vehículos pueden alcanzar en las mismas, los daños son
cada vez más cuantiosos, y ya se han producido muchos accidentes con
resultado de muerte, invalidez ó lesiones corporales importantes.
En el año 1999 fallecieron 18 personas en accidentes provocados por
animales, en el 2000 es muy superior la cifra, y en el año 2001, se supone que se
va a incrementar.
e) En la actualidad existe una sensibilidad, que en el año 1970 era
inexistente, o naciente especialmente remarcada con respecto a nuevos
conceptos jurídicos de especial relevancia y protección, que si bien, ya
incipientemente se intuían se habían plasmado tras una tímida Ley de 2 de
Mayo de 1975, en redacción del art. 45 de nuestra Constitución y en normativas
específicas de importancia, que se han ido asentando, definiendo y configurando
como unos derechos comunes que pertenecen a todos, en textos normativos
mucho más exigentes Ley 4/1989, de conservación de los espacios naturales y
de la Flora y de la Fauna Silvestres, y que merecen los mayores de los afanes
proteccionistas como son la flora, los montes, la fauna, el medio
ambiente.......etc., conceptos que eran incipientes o prácticamente
inexistentes para el legislador de aquellas épocas.
Téngase en cuenta que ya a finales de 1971 se acordó la prohibición
de la Caza en Doñana, (Orden de 31 de Diciembre de 1971)
Esto es, nos encontramos con una norma (art. 33, L.4/1970), QUE SE
ESTABLECIÓ SIN PENSAR NI TENER EN CONSIDERACIÓN LA
POSIBILIDAD DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS EN ACCIDENTES DE
TRAFICO POR EL ATROPELLO DE UN ANIMAL SALVAJE, Y QUE SIN
EMBARGO SE APLICA A TALES SUPUESTOS, Y QUE TIENE SU FIEL
REFLEJO Y SE IMPONE EN TODAS LAS LEYES DE CAZA DE LAS C.A.,
donde existen.
IV
SOMETIMIENTO DEL LEGISLADOR A LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA E INTERDICCIÓN DE LA
ARBITRARIEDAD
Constitución Española de 27 de Diciembre de 1978 ;
ARTICULO 1
1. ESPAÑA SE CONSTITUYE EN UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE
DERECHO, QUE PROPUGNA COMO VALORES SUPERIORES DE SU ORDENAMIENTO
JURIDICO LA LIBERTAD, LA JUSTICIA, LA IGUALDAD Y EL PLURALISMO
POLITICO.
ARTICULO 9
13

3. LA CONSTITUCION GARANTIZA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, LA JERARQUIA
NORMATIVA, LA PUBLICIDAD DE LAS NORMAS, LA IRRETROACTIVIDAD DE LAS
DISPOSICIONES SANCIONADORAS NO FAVORABLES O RESTRICTIVAS DE
DERECHOS INDIVIDUALES, LA SEGURIDAD JURIDICA, LA RESPONSABILIDAD Y LA
INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD DE LOS PODERES PUBLICOS.
Toda norma jurídica ya se sea de origen estatal ó tenga su nacimiento y
legitimación en el parlamento de una comunidad autónoma, debe de cumplir unos
requisitos ó principios básicos supremos, amparados en el propio raciocinio humano, y
con regulando conductas de los ciudadanos conseguir un objetivo final.
En nuestro Estado de Derecho los principios que se mencionan se encuentran
recogidos básicamente en el texto de nuestra Constitución
Por lo tanto el Poder Legislativo, es muy libre de aprobar e implantar cualquier
tipo de norma jurídica a todos los ciudadanos a través de los cuales fueron elegidos,
como símbolo indiscutible de la voluntad popular, pero su actuación no puede
extralimitarse ni sobrepasar el techo que supone el cumplimiento de lo principios
básicos constitucionales, entendiéndose estas, como las reglas de juego que deben de
imperar, a toda costa, en todo Estado de Derecho, siendo el Principio de Justicia
establecido en el art. 1,1 de la carta magna, el que íntimamente conexionado con el
Principio de la Interdicción de la arbitrariedad de los Poderes Públicos recogido en
al el art. 9.3 del mismo cuerpo legal, los que establecen unas intrínsecas
obligaciones del legislador de respeto a las normas básicas de convivencia en evitación
de la proscrita arbitrariedad de las normas, y que ha sido ratificada, por numerosísima
jurisprudencia constitucional,.
Destacamos las recientes sentencias ;
-TC Pleno, S 29-06-2000, núm. 180/2000, Fecha BOE 28-07-2000. Pte: Vives Antón,
Tomás S.
"El canon de constitucionalidad aplicable a las fuentes normativas de las
Comunidades Autónomas es, por tanto, el que se contiene "en sus respectivos Estatutos
de Autonomía, en las leyes estatales que, dentro del marco constitucional, se hubiesen
dictado para delimitar las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas y, por
supuesto, en las reglas y principios constitucionales aplicables a todos los poderes
públicos que conforman el Estado en sentido amplio y, evidentemente, en las reglas y
principios constitucionales específicamente dirigidos a las Comunidades Autónomas"
(SSTC 116/1994, FJ 5, y 174/1998, FJ 6 ).
-TC Pleno, S 20-06-2000, núm. 181/2000, Fecha BOE 28-07-2000. Pte: García
Manzano, Pablo
"los preceptos constitucionales relativos a los derechos fundamentales y
libertades públicas pueden no agotar su contenido en el reconocimiento de los
mismos, sino que, más allá de ello, pueden contener exigencias dirigidas al legislador
en su labor de continua configuración del Ordenamiento jurídico, ya sea en forma de
las llamadas garantías institucionales, ya sea en forma de principios rectores de contornos
más amplios, ya sea, como enseguida veremos, en forma de bienes jurídicos
constitucionalmente protegidos". Igualmente, debemos recordar que "de la obligación del
sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución no solamente se deduce la
obligación negativa del Estado de no lesionar la esfera individual o institucional protegida
por los derechos fundamentales, sino también la obligación positiva de contribuir a la
eficacia de tales derechos y de los valores que representan, aun cuando no exista una
pretensión subjetiva por parte del ciudadano. Ello obliga especialmente al legislador,
quien recibe de los derechos `los impulsos y líneas directivas', obligación que
adquiere especial relevancia allí donde un derecho o valor fundamental quedaría
vacío de no establecerse los supuestos para su defensa" (SSTC 53/1985, de 11 de abril,
FJ 5 y 129/1989, de 17 de julio, FJ 3).
........... Respecto de la invocación del valor superior de la justicia, enunciado en el art. 1.1
de la Constitución, no cabe olvidar que constituye un canon de enjuiciamiento necesitado de
14

concreción, de tal manera que este Tribunal ha subrayado, en lo que ahora importa, la
estrecha conexión que existe entre el valor justicia del art. 1.1 de la Constitución y el
principio de interdicción de la arbitrariedad de su art. 9.3. (STC 66/1990, de 5 de abril,
FJ 6). El valor justicia del art. 1.1 CE no puede, pues, identificarse unilateralmente con
particulares modos de entender lo justo, ni con una forma de fiscalización de la
constitucionalidad de la ley en atención a los resultados. Mas bien ha de ser considerado
como un concepto tendencialmente abierto y plural. Por ello, este valor superior del
ordenamiento operará como un canon complementario, en concurrencia con otros
factores de ponderación y, muy especialmente, en relación con el principio de
interdicción de la arbitrariedad en su proyección sobre el legislador,......"
-TC Pleno, S 14-03-2000, núm. 73/2000, Fecha BOE 14-04-2000. Pte: González
Campos, Julio Diego
"Pues aun siendo indudable que la Constitución reconoce al legislador un amplio
margen de libertad al configurar sus opciones, no es menos cierto que también le
somete a determinados límites. Y en lo que aquí interesa, no sólo al genérico límite
antes aludido de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE) y
al que impone al principio de igualdad (art. 14 CE) sino también al límite que se deriva
del art. 24.1 CE. Lo que se corresponde, como antes se ha dicho, con la importancia que
posee el logro de una tutela judicial efectiva y el cumplimiento de las resoluciones
judiciales firmes en un Estado de Derecho como el que ha configurado nuestra
Constitución en su art. 1.1 y constituye, además, patrimonio común con otros Estados de
nuestro entorno europeo -art. 3 en relación con el art. 1 a) del Estatuto del Consejo de
Europa, hecho en Londres el 5 de mayo de 1949-."
Las normas legislativas deben de conllevar en primer lugar un objetivo, ó fin
social buscado ó protegido, y luego tras la existencia de un necesario nexo causal,
dirigir y encauzar el comportamiento de una persona ó ente que cumpla los requisitos
para ostentar la legitimación pasiva de soportar la aplicación de la norma.
Los Poderes Legislativos tienen libertad plena para promulgar las normas
que estimen pertinentes, tan solo con la condición de no traspasar los límites
constitucionales de JUSTICIA, y en base a ellos, NO SE PUEDEN DICTAR
NORMAS IRRACIONALES O BASADOS EN PRESUPUESTOS O PREMISAS
ERRONEAS O FALSAS O SER DESPROPORCIONADAS O NO EXISTIR UNA
CORRESPONSABILIDAD ENTRE EL DAÑO Y LA CONDENA O QUE SE
CONDENE SIN CAUSA APARENTE, esto es, que no cumplan los requisitos
intelectuales que a cualquier administrado le alcanzan y han de tener un motivo y
una razón de imposición, ya que de otro modo, de no existir un lógico presupuesto
fáctico de regulación y una motivación nos encontraríamos de lleno con la
prohibida figura de la ARBITRARIEDAD.
Estos límites son los que alcanzan al más simple raciocinio ; Un norma que
obligase a todos los ciudadanos a llegar una prenda roja, sería inconstitucional por ser
irracional y no tener causa y por ello ser arbitraria
Todo el mundo entiende que al que robo de 100 euros 16.638 Pts. se le condene
por tal acción , pero una nadie entendería que se le condenase a 20 años de carcel y una
norma que lo impusiese sería inconstitucional, por ser desproporcionada e injusta, y por
tanto arbitraria.
Tampoco se entendería que por aplicación de una norma a este robo se
condenase a su vez, al ladrón y al tendero del comercio más cercano, De existir una
norma con tal contenido sería inconstitucional por no tener causa lógica que lo
justifique, ser Injusta y Arbitraria.
V
15

PRESUPUESTOS JURIDICO-FACTICOS ERRONEOS DE LAS NORMAS
ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD
PREMISA PREVIA
Los cotos de caza desde un punto de vista exclusivamente fáctico se pueden
clasificar básicamente en tres tipos ;
1-Los cotos CERCADOS con valla cinegética para caza Mayor
especialmente y posible aprovechamiento caza menor, donde se puede hacer
suelta de piezas cinegéticas, ó una gestión de las existentes.
2-Los APROVECHAMIENTOS INTENSIVOS, cercados o no, o granjas
,que proceden a la suelta de animales silvestres para su cría o caza
inmediatamente después, que suelen estar más dirigidos a la caza menor, y
especialmente aves no migratorias, Perdices, Faisanes, Tórtolas, ....etc.
3-Los acotados "LIBRES", en zonas no valladas con libertad de paso a
todas las especies de animales silvestres. (que son la mayoría de los cotos)
Todo el presente estudio se encuentra basado siempre y cuando el coto
afectado SEA UN COTO "LIBRE" O NO VALLADO SIN TENER EN
CONSIDERACIÓN EL CASO DE LOS CERCADOS CON VALLA
CINEGÉTICA Ó LOS APROVECHAMIENTOS INTENSIVOS para los cuales
todas las conclusiones no se encuentran dirigidas y se considera un caso aparte.
--------------------------------
LA CONSTITUCIÓN ESTABLECE EN SU ART. 1, 1 EL PRINCIPIO DE
JUSTICIA. Este Principio ha de ser cumplido por todos los Estamentos o Poderes
Públicos, y de él no se encuentra exento el Poder Legislativo, obligando al Legislador
en su labor a cumplir unos mínimos requisitos que impliquen la no trasgresión de este
Principio.
La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional es unánime al establecer que LAS
NORMAS JURÍDICA HAN DE SER JUSTAS, y si incumple este principio SON
ARBITRARIAS, Art. 9.3 de la Constitución, y que el cumplimiento de tal requisito
alcanza a cada uno de los requisitos o componentes de la normas de tal manera que
exista lógica jurídica que sea comprensible para todos los ciudadanos.
La normativa, que cumple con el mandato constitucional, ha de tener una
"JUSTA" correspondencia entre :
a) El fin protegido, esto es, QUÉ se protege.
b) El sujeto pasivo obligado que ha de soportar el cumplimiento de la misma, o
lo que es lo mismo, A QUIEN SE CONDENA o se hace responsable.
c) el nexo causal ó razón lógica de imputabilidad, ; EL PORQUÉ se le imputa la
producción del daño a la persona condenada.
Si la norma no define claramente para que todo el mundo lo entienda
QUE PROTEGE, A QUIEN SE CONDENA, y la razón lógica de imputabilidad
o EL PORQUÉ, NO SE EXPLICA O SE BASA EN PRESUPUESTOS
FÁCTICOS O INTELECTUALES ERRÓNEOS O FALSOS se puede concluir
que la norma no cumple los requisitos constitucionales.
Vamos a analizar los TRES componentes normativos COINCIDENTES,
TANTO en el art. 33 de la Ley de Caza de 1970, COMO EN TODAS y cada una de las
Leyes de Caza de la Comunidades Autónomas, para ver si cumplen los requisitos
constitucionales ;
16

A) fines protegidos por las normas
B) Fijación de los sujetos obligados al resarcimiento
C) Nexo Causal ; Base de la imputabilidad de la responsabilidad
----------------------------------
A) FINES PROTEGIDOS POR LA NORMA
Tanto la Norma Estatal (L.1/1970,art. 33,) como las normas de las
Comunidades Autónomas establecen un responsabilidad GENERICA de daños,
por lo que indiciariamente se ha de entender que se encuentran incluidos en su
regulación CUALQUIER DAÑO que produzca un animal salvaje que “proceda” de un
acotado.
Dentro de este concepto de “DAÑO” se pueden entrever QUÉ DERECHOS se
ven afectados o se protegen ;
1º.- Se busca claramente proteger el Principio de Seguridad tanto Jurídica
como material de tal manera que nadie se pueda ver perturbado en sus bienes y en su
persona por las acciones u omisiones de una tercera persona o agentes ajenos.
2º.- Se protege el Derecho a la Propiedad Privada y a que por actos u
omisiones ajenos no se vea perturbada.
3º.-Por otro lado, si coincidiésemos con la interpretación de jurisprudencial se
estarían protegiendo también el Derecho a la Vida y a la integridad Humana que en
algunos casos se pueden encontrar afectados.
Esto es, se pretende proteger a los bienes y a las personas (QUE se protege)
Este apartado cumple inicialmente los presupuestos constitucionales
--------------------------------------------
B) FIJACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS AL RESARCIMIENTO
a)TITULARIDAD DE LA FAUNA SILVESTRE
b)CONCEPCIÓN JURÍDICA ACTUAL DE LA FAUNA SILVESTRE;
SUBDIVISIÓN
c)FIJACIÓN FACTICA ; CONCEPTO DE “PROCEDENCIA"
--------------------------
a) TITULARIDAD DE LA FAUNA SILVESTRE
Ateniéndonos a LA SITUACIÓN JURÍDICA Y JURISPRUDENCIA
ACTUAL, en la que se aplica a los accidentes en vías de circulación la normativa
referida de las respectivas leyes de caza, cuestión que de antemano ponemos en
entredicho, tras la producción de un accidente provocado con motivo de la irrupción en
la calzada de un "animal salvaje" se producen unos daños a un tercero, que se “supone”
no tiene culpa, salvo que se demuestre lo contrario, por aplicación de corriente
Jurisprudencial, y naciendo un derecho de resarcimiento, y una responsabilidad en
17

función de su relación de Titularidad, específico aprovechamiento o interés especial del
animal causante del accidente. Coexisten y se contraponen pues ;
1º.-El derecho a ser resarcido que lo ostentan el ó los propietarios de los
vehículos afectados, y las personas ocupantes de los mismos, y por repetición las
compañías aseguradoras.
2º.-Por el lado contrario, se encuentra el "animal salvaje" teórico provocante del
accidente, y hay por lo tanto hay que concretar que personas ó ente pudiesen ostentar
cualquier relación de dominio, ó de especial interés para concretar cual es la persona
que ha de asumir el costo de los daños producidos, todo ello, partiendo de la hipotética
base que el conductor no tiene culpa, salvo que se demuestre lo contrario.
Como cuestión previa anunciamos que ninguna relación directa encontramos
con él o los propietarios de los terrenos, como tales, siempre y cuando no fuesen
coincidentes con el Titular del Aprovechamiento cinegético.
Hay que partir de la base que todo animal salvaje por su propia definición y
esencia carece de dueño a quien se le pueda imputar una responsabilidad directa por los
daños que el mismo produzca, como pudiese encontrase incardinada en el art. 1905 del
Código Civil, referida a animales domésticos, si no que más bien, se encuentra en
esencia del todo vigente la concepción ya definida en el Derecho de Romano como
"Cosa de nadie" ó "Res nullius".
La vigencia del concepto histórico, desde el Derecho Romano que define la Caza
como “RES NULLIUS” o “COSA DE NADIE”, Y QUE SU PROPIEDAD SE
ADQUIERE POR LA OCUPACIÓN O CAPTURA, ESTA ABSOLUTAMENTE
VIGENTE, y no solo recogido en nuestro Código Civil de 1989 ;
Art. 465 ;
Art. 610 ;
“los animales fieros solo se poseen mientras se hallan en nuestro poder ;
los domesticados o amansados se asimilan a los mansos o domésticos si
conservan la costumbre de volver a la casa del poseedor.
“Se adquiere por ocupación los bienes apropiables por su naturaleza
que carecen de dueño, como los animales que son objeto de caza y pesca,
el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas”
Para simple conocimiento del lector el primer articulo se refiere a quien tiene la
Posesión o quien tiene en su poder materialmente la cosa, y el segundo al que adquiere
el Dominio o Titularidad o Propiedad, o sea, quien pasa a ser dueño.
La Ley de Caza de 1902, en su art. 7 corroboraba tal principio :
“Art. 7. Se comprende bajo la acción genérica de cazar todo arte lícito y todo medio
legal de buscar, perseguir, acosar, aprehender ó matar, para reducirlos a
propiedad particular, los animales referidos en la clase 1º del art. 1.(fieros y
salvajes) y los del art. 4º (los escapados)” Sic.
La Ley de Caza de 1970, en su art. 22 continúa con el concepto ;
“Art. 22. Propiedad de la piezas de Caza.- 1. Cuando la acción de cazar se
ajuste a las prescripciones de esta Ley, el cazador adquiere la propiedad
de las piezas de caza mediante la ocupación. Se entenderán ocupadas las
piezas de caza desde el momento de su muerte o captura”
18

A pesar de algunos intentos en diferentes Leyes de la Comunidades Autónomas
de introducir los términos “concesión” refiriéndose a las autorizaciones administrativas
de aprovechamientos cinegéticos, que dieron lugar a algún recurso de
Inconstitucionalidad, que hicieron pensar en la disolución ó contradicción del Principio,
El Tribunal Constitucional RATIFICÓ LA VIGENCIA PRINCIPIO Y TODAS LAS
LEYES DE CAZA DE LAS C.A. EXPRESAMENTE RECONOCEN LA
VIGENCIA DEL PRINCIPIO DE “RES NULLIUS” como definición intrínseca de
las piezas de caza.
Transcribimos toda la actual normativa al respecto, por si alguno le interesa ;
LEY DE CAZA DE ANDALUCÍA, LAN 389/2001
BO. Junta de Andalucía 20 octubre 2001, núm. 122 [pág. 17311]
Artículo 44. Adquisición de piezas de caza .
1. De conformidad con el artículo 22 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, se
considerarán propiedad del cazador las piezas que haya capturado conforme las
prescripciones del presente Reglamento y demás normativa que resulte de aplicación.
LEY 12/1992, DE 10 DE DICIEMBRE, DE CAZA DE ARAGÓN
“De la propiedad de las piezas de caza
Art. 38. De la propiedad de las piezas de caza.-1. Cuando la acción de cazar se ajuste a las
prescripciones de esta Ley, el cazador adquiere la propiedad de las piezas mediante la
ocupación. Se entenderán ocupadas las piezas de caza desde el momento de su muerte
o captura.”
LEY 2/1989, DE 6 DE JUNIO, DE CAZA DE ASTURIAS
Art. 2. Se considera acción de cazar la ejercida por el hombre mediante el uso de armas,
artes u otros medios apropiados para buscar atraer, perseguir o acosar a los animales
definidos en esta Ley como piezas de caza con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos
o facilitar su captura por un tercero.
LEY 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias
“De la propiedad de las piezas de caza
Artículo 20. Disposición general.
1. Cuando la acción de cazar se ajuste a las prescripciones de esta Ley, el cazador adquiere
la propiedad de las piezas de caza mediante la ocupación. Se entenderán ocupadas las
piezas de caza desde el momento de su muerte o captura.”
LEY 4/1996, DE 12 DE JULIO, DE CAZA, DE CASTILLA Y LEON
“1. Cuando la acción de cazar se ajuste a las prescripciones de esta Ley, el cazador
adquirirá la propiedad de las piezas de caza mediante su ocupación. Se entenderán
ocupadas las piezas de caza desde el momento de su muerte o captura.”
LEY 2/1993, DE 15 DE JULIO, DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA.
“De la propiedad de las piezas de caza
Art. 41. 1. Son propiedad del cazador las piezas que haya capturado, vivas o muertas,
mediante el ejercicio de la caza, siempre que éste sea realizado de acuerdo con las
prescripciones de la presente Ley,”
LEY 8/1990, DE 21 DE DICIEMBRE, DE CAZA DE EXTREMADURA
“De la Propiedad de la piezas de Caza
Art. 53. 1. Cuando la acción de cazar se ajuste a las prescripciones de esta Ley, el cazador
adquiere la propiedad de las piezas de caza mediante la ocupación, se entenderán
ocupadas las piezas de caza desde el momento de su muerte.”
LEY 4/1997, DE 25 DE JUNIO, DE CAZA DE GALICIA
“Artículo 28. De la propiedad de las piezas de caza.
19

1. Serán propiedad del cazador las piezas que hubiese capturado, vivas o muertas,
mediante el ejercicio de la caza, siempre que ésta sea realizada conforme a las
prescripciones establecidas en la presente Ley o normativa que la desarrolle.”
LEY 7/1995, DE 21 DE ABRIL, DE LA FAUNA SILVESTRE, CAZA Y PESCA FLUVIAL DE
MURCIA
“Artículo 56. Propiedad.
1. Cuando la acción de cazar se ajuste a las prescripciones de esta Ley, el cazador
adquiere la propiedad de las piezas mediante la ocupación. Se entenderán ocupadas las
piezas de caza desde el momento de su muerte o captura.”
LEY 9/1998, DE 2 DE JULIO DE CAZA DE LA RIOJA
“Artículo 11. Propiedad de las piezas de caza.
1. Cuando la acción de cazar se ajuste a las prescripciones establecidas en la presente Ley, el
cazador adquirirá la propiedad de las piezas de caza que haya capturado, vivas o
muertas.”
CONCLUYENDO EL PRINCIPIO DE “RES NULLIUS” CONTINUA VIGENTE
Y LOS ANIMALES SALVAJES SON “COSA DE NADIE” QUE NO TIENEN
DUEÑO HASTA EL MOMENTO DE SU OCUPACIÓN O CAPTURA.
Y si no tienen dueño;
¿ Porqué se le hace responsable a una entidad pública ó privada en
particular de sus actos o de los daños que produzca?
Así pues, dada la inexistencia de relación directa entre el “teórico” provocante
del accidente y las personas ó entidades a las que las normas le imputan la
responsabilidad ya de antemano hace pensar en la POSIBLE
INCONSTITUCIONALIDAD de una norma por ser INJUSTA, ya que se le está
atribuyendo responsabilidad al Titular del Coto, ya sea entidad pública o Privada,
por los actos de un animal del que no es dueño, ni tiene disponibilidad, ni puede
manejarlo, ni puede atarlo ni encerrarlo.
b) CONCEPCIÓN JURÍDICA ACTUAL DE LA FAUNA SILVESTRE
Hay pues que definir quién ó quienes son las personas ó entidades públicas ó
privadas que ostentan un especial interés sobre el "animal salvaje", y para ello debemos
concretar que es ó cual es su concepción jurídica.
En primer término un "animal salvaje" es MEDIO AMBIENTE y ostentan
por ello las administraciones públicas, y solo estas, en términos generales, un
especial interés por imposición constitucional al ostentar un deber de preservación
del mismo, reflejado en el art. 45 de nuestra Constitución., puesto que los animales
salvajes por parte intrínseca del hábitat y del medio ambiente que pertenece a
todos.
CONSTITUCIÓN ; ARTICULO 45
1. TODOS TIENEN EL DERECHO A DISFRUTAR DE UN MEDIO AMBIENTE
ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LA PERSONA, ASI COMO EL DEBER DE
CONSERVARLO.
2. LOS PODERES PUBLICOS VELARAN POR LA UTILIZACION RACIONAL DE
TODOS LOS RECURSOS NATURALES, CON EL FIN DE PROTEGER Y MEJORAR LA
CALIDAD DE LA VIDA Y DEFENDER Y RESTAURAR EL MEDIO AMBIENTE,
APOYANDOSE EN LA INDISPENSABLE SOLIDARIDAD COLECTIVA.
20

En España tuvo especial relevancia la publicación y entrada en vigor de la
LEY DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA
FLORA Y FAUNA SILVESTRE, LEY 4/1989, de 27 de Marzo, que se publica
como continuación y plasmación del art, 45 de nuestra Constitución, como en su propia
exposición de motivos, y en su artículo primero, expresa ;
"NUESTRA CONSTITUCION HA PLASMADO EN SU ARTICULO 45 TALES PRINCIPIOS Y
EXIGENCIAS. TRAS RECONOCER QUE TODOS TIENEN EL DERECHO A DISFRUTAR DE UN MEDIO
AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LA PERSONA, ASI COMO EL DEBER DE
CONSERVARLO, EXIGE A LOS PODERES PUBLICOS QUE VELEN POR LA UTILIZACION
RACIONAL DE TODOS LOS RECURSOS NATURALES, CON EL FIN DE PROTEGER Y MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA Y DEFENDER Y RESTAURAR EL MEDIO AMBIENTE, APOYANDOSE
PARA ELLO EN LA INDISPENSABLE SOLIDARIDAD COLECTIVA.
.....LA DECIDIDA VOLUNTAD DE EXTENDER EL REGIMEN JURIDICO PROTECTOR DE LOS
RECURSOS NATURALES MAS ALLA DE LOS MEROS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y LA
NECESARIA ARTICULACION DE LA POLITICA DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA DENTRO
DEL ACTUAL REPARTO DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS, OBLIGAN A PROMULGAR LA PRESENTE LEY DE CONSERVACION DE LOS ESPACIOS
NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES.
ARTICULO 1.
ES OBJETO DE LA PRESENTE LEY, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 45.2 Y CONFORME A
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 149.1.23 DE LA CONSTITUCION, EL ESTABLECIMIENTO DE
NORMAS DE PROTECCION, CONSERVACION, RESTAURACION Y MEJORA DE LOS RECURSOS
NATURALES Y, EN PARTICULAR, LAS RELATIVAS A LOS ESPACIOS NATURALES Y A LA FLORA Y
FAUNA SILVESTRES."
Esta Ley es la plasmación y regulación del mandato constitucional contenido en
el art. 45, y hace fiel reflejo del sentir del mismo, haciendo e imponiendo a las
administraciones públicas el deber de proteccionismo del medio ambiente. Destacamos
el Título cuarto como especialmente relevante para el objeto del presente recurso ;
"TITULO IV
DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 26
1. LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS ADOPTARAN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
GARANTIZAR LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES, DE LA FLORA Y LA FAUNA QUE VIVEN
EN ESTADO SILVESTRE EN EL TERRITORIO ESPAÑOL, CON ESPECIAL ATENCION A LAS
ESPECIES AUTOCTONAS.
2. SE ATENDERA PREFERENTEMENTE A LA PRESERVACION DE SUS HABITATS Y SE
ESTABLECERAN REGIMENES ESPECIFICOS DE PROTECCION PARA LAS ESPECIES,
COMUNIDADES Y POBLACIONES CUYA SITUACION ASI LO REQUIERA, INCLUYENDOLAS EN
ALGUNA DE LAS CATEGORIAS MENCIONADAS EN EL ARTICULO 29 DE LA PRESENTE LEY.
3. LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES VELARAN POR PRESERVAR, MANTENER Y
RESTABLECER SUPERFICIES DE SUFICIENTE AMPLITUD Y DIVERSIDAD COMO HABITATS
PARA LAS ESPECIES DE ANIMALES Y PLANTAS SILVESTRES NO COMPRENDIDAS EN EL
APARTADO ANTERIOR.
4. QUEDA PROHIBIDO DAR MUERTE, DAÑAR, MOLESTAR O INQUIETAR INTENCIONADAMENTE A
LOS ANIMALES SILVESTRES, Y ESPECIALMENTE LOS COMPRENDIDOS EN ALGUNA DE LAS
CATEGORIAS ENUNCIADAS EN EL ARTICULO 29, INCLUYENDO SU CAPTURA EN VIVO Y LA
RECOLECCION DE SUS HUEVOS O CRIAS, ASI COMO ALTERAR Y DESTRUIR LA VEGETACION.
EN RELACION A LOS MISMOS QUEDAN IGUALMENTE PROHIBIDOS LA POSESION, TRAFICO Y
COMERCIO DE EJEMPLARES VIVOS O MUERTOS O DE SUS RESTOS, INCLUYENDO EL COMERCIO
EXTERIOR.
ARTICULO 27
LA ACTUACION DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN FAVOR DE LA PRESERVACION
DE LA DIVERSIDAD GENETICA DEL PATRIMONIO NATURAL SE BASARA PRINCIPALMENTE EN
LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
A) DAR PREFERENCIA A LAS MEDIDAS DE CONSERVACION Y PRESERVACION EN EL HABITAT
NATURAL DE CADA ESPECIE, CONSIDERANDO LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS FUERA DEL MISMO.
B) EVITAR LA INTRODUCCION Y PROLIFERACION DE ESPECIES, SUBESPECIES O RAZAS
GEOGRAFICAS DISTINTAS A LAS AUTOCTONAS, EN LA MEDIDA QUE PUEDAN COMPETIR CON
ESTAS, ALTERAR SU PUREZA GENETICA O LOS EQUILIBRIOS ECOLOGICOS.
C) CONCEDER PRIORIDAD A LAS ESPECIES Y SUBESPECIES ENDEMICAS, ASI COMO A AQUELLAS
OTRAS CUYA AREA DE DISTRIBUCION SEA MUY LIMITADA Y A LAS MIGRATORIAS."
Nuestro Tribunal Constitucional, como motivo de los Recurso de Inconstitucionalidad
interpuestos por diferentes Comunidades Autónomas, por lo que consideraban suponía invasión
de sus competencias, tuvo oportunidad de hacer un estudio en profundidad de la filosofía de
21

los nuevos conceptos de medio ambiente, mediante sentencia de Pleno de fecha 26 de Junio
de 1995, que absolutamente definitoria del sentido del mismo, y de las que entresacamos
textualmente algunas concepciones, que vienen a corroborar, la afirmación que defendemos
del especial e intrínseco componente de medio ambiente que define a la fauna silvestre.
Si bien consideramos que la relación de afirmaciones, cuasi ideológicas, de la referida
sentencia fundamenta un eje transcendental y básico de este Recurso, dada su extensión la
introduciremos en este estudio para quien tenga interés en su lectura.
TC Pleno, S 26-06-1995, núm. 102/1995, Fecha BOE 31-07-1995. Pte:
Mendizábal Allende, Rafael de
"Para ello hemos de remontarnos a la calidad de vida como aspiración situada en primer
plano por el Preámbulo de la CE, que en principio parece sustentarse sobre la cultura y la
economía, aun cuando en el texto articulado se ligue por delante a la utilización racional de
los recursos naturales y por detrás al medio ambiente, con el trasfondo de la solidaridad
colectiva. En suma, se configura un derecho de todos a disfrutarlo y un deber de conservación
que pesa sobre todos, mas un mandato a los poderes públicos para la protección (art. 45 CE).
En seguida, la conexión indicada se hace explicita cuando se encomienda a los Poderes públicos la
función de impulsar y desarrollar se dice, la actividad económica y mejorar así el nivel de vida,
ingrediente de la calidad si no sinónimo, con una referencia directa a ciertos recursos (la
agricultura, la ganadería, la pesca) y a algunos espacios naturales (zonas, de montaña) (art. 130
CE), lo que nos ha llevado a resaltar la necesidad de compatibilizar y armonizar ambos, el
desarrollo con el medio ambiente (STC 64/82). Se trata en definitiva del "desarrollo sostenible",
equilibrado y racional, que no olvida a las generaciones futuras, alumbrado el año 1987 en el
llamado Informe Bruntland, con el titulo "Nuestro futuro común" encargado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas........"
"SEXTO.- La CE, en su art. 45, nos brinda algunos de los elementos del medio ambiente,
los recursos naturales, aun cuando tampoco los enumere o defina. Es una noción tan vieja
como el hombre, dotada de una sugestiva, aparente y falsa sencillez, derivada de su misma
objetividad, mientras que el supraconcepto en el cual se insertan es un recién llegado,
complejo y propicio a lo subjetivo, problemático en suma. Sin embargo de lo dicho, hay dos
bienes de la naturaleza, el aire o la atmósfera y el agua, cuyo carácter de recurso vital y escaso
hemos reconocido (STC 227/88) con una posición peculiar, en un primer plano. La pesca marítima
o ciertos minerales fueron ya incluidos en este catalogo de recursos naturales, alguno como el
carbón muy ligado al medio ambiente desde la misma actividad de su extracción (SSTC 147/91 y
25/89), así como la agricultura de montaña (STC 144/85). No solo la fauna, sino también la flora
forman parte de este conjunto cuyo soporte físico es el suelo (y el subsuelo ) que puede ser
visto y regulado desde distintas perspectivas, como la ecológica, la dasocrática o forestal, la
hidrológica, la minera o extractiva, la cinegética y la urbanística, a titulo de ejemplo y sin
animo exhaustivo, que en su dimensión constitucional dan contenido a distintos títulos habilitantes
para el reparto de distintas competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas........."
"Por otra parte, ligado a todo lo ya inventariado esta el paisaje, noción estética, cuyos
ingredientes son naturales -la tierra, la campiña, el valle, la sierra, el mar- y culturales,
históricos, con una referencia visual, el panorama o la vista, que a finales del pasado siglo
obtiene la consideración de recurso, apreciado antes como tal por las aristocracias,
generalizado hoy como bien colectivo, democratizado en suma y que, por ello, ha de
incorporarse al concepto constitucional del medio ambiente como reflejan muchos de los
Estatutos de Autonomía que luego se dirán. En definitiva, la tierra, el suelo, el espacio natural,
como patrimonio de la Humanidad, produce unos rendimientos o "rentas", los recursos, que son sus
elementos y cuyo conjunto forma un sistema, dentro del cual pueden aislarse intelectualmente, por
abstracción, otros subsistemas en disminución gradual, hasta la célula y el átomo."
"La flora y la fauna, los animales y los vegetales o plantas, los minerales, los tres
"reinos" clásicos de la Naturaleza con mayúsculas, en el escenario que suponen el suelo y el
agua, el espacio natural. Sin embargo, ya desde su aparición en nuestro ordenamiento jurídico el
año 1916, sin saberlo, se incorporan otros elementos que no son naturaleza sino Historia, los
monumentos, así como el paisaje, que no es solo una realidad objetiva sino un modo de mirar,
distinto en cada época y cada cultura........."
"En esa tendencia se sitúa la exposición de motivos de la Ley 4/89, cuyos principios
inspiradores están centrados en la idea rectora de la conservación de la naturaleza, entendida
esta no solo como "el medio en el que se desenvuelven los procesos ecológicos esenciales y los
sistemas vitales básicos", sino también "como el conjunto de recursos indispensables para la
misma".......
"Lo dicho nos lleva de la mano a la ecología, concepto joven (1869) y también
interdisciplinar, que ha propiciado una cierta unidad de tratamiento a viejos saberes dispersos,
desde la geografía en todos sus aspectos pero en especial su vertiente humana, hasta las ciencias
naturales, dando un nombre nuevo a cosas muy antiguas. Aun cuando en principio se dedicara al
22

estudio de las relaciones de una especie en concreto con su medio y, en un paso adelante, al
conjunto de toda la comunidad de seres vivos confluyentes en un área dada y en unas condiciones
determinadas, hoy por hoy tiene como objeto los seres vivos desde el punto de vista de sus
relaciones entre si y con el ambiente, que se condensa a su vez en el concepto de ecosistema
(1935), cuyo ámbito comprende no solo el rural sino también el urbano."
"La protección consiste en una acción de amparo, ayuda, defensa y fomento, guarda y
custodia, tanto preventiva como represiva, según indica claramente el texto constitucional
tantas veces mencionado en su ultimo pfo., acción tuitiva en suma que, por su propia condición, se
condensa en otro concepto jurídico indeterminado cuya concreción corresponde tanto a las normas
como a las actuaciones para su cumplimiento. Ahora bien, no seria bueno olvidar que la protección
siempre se plantea contra "algo", los peligros mas arriba sugeridos y contra "alguien" cuya
actividad resulta potencial o actualmente dañina para los bienes o intereses tutelados. Pues bien, en
el caso del medio ambiente se da la paradoja de que ha de ser defendido por el hombre de las
propias acciones del hombre, autor de todos los desafueros y desaguisados que lo degradan,
en beneficio también de los demás hombres, y de las generaciones sucesivas. La protección
resulta así una actividad beligerante que pretende conjurar el peligro y, en su caso, restaurar
el daño sufrido e incluso perfeccionar las características del entorno, para garantizar su
disfrute por todos. De ahí su configuración ambivalente como deber y como derecho, que implica
la exigencia de la participación ciudadana en el nivel de cada uno, con papeles de protagonista a
cargo de la mujer, de la juventud y de los pueblos indígenas, según enuncia la Declaración de Río
(10, 20, 21 y 22). Esto nos lleva de la mano a la dignidad de la persona como valor constitucional
transcendente (art. 10,1 CE), porque cada cual tiene el derecho inalienable a habitar en su entorno
de acuerdo con sus características culturales.
Ahora bien, la acción del hombre con riesgo para el medio ambiente se proyecta en las mas
variadas manifestaciones, sanitarias, biológicas, industriales o urbanísticas, procedentes del tráfico
rodado o del turismo y depredadoras sin mas, como la caza y la pesca, manifestaciones difícilmente
compartimentables por su heterogeneidad, aun cuando las normas lo intenten hasta donde pueden.
Hemos dicho mas arriba, y no es inoportuno traerlo aquí, que el carácter complejo y polifácetico
propio de las cuestiones relativas al medio ambiente hace que estas afecten a los mas variados
sectores del ordenamiento jurídico (STC 64/82).
DECIMO.- La Ley 4/89 de 27 marzo, refleja en la denominación su contenido real y la
perspectiva desde la cual lo contempla y regula, que por otra parte responden al titulo competencial
bajo cuya advocación se coloca expresamente en la exposición de motivos, invocándose en el
precepto que la encabeza. Se trata en definitiva de la protección del medio ambiente, que incide
no solo en los espacios naturales, vinculados íntimamente a ellas, aun cuando tengan fisonomía
propia en muchos Estatutos de Autonomía, sino en quienes los habitan y, por ello mismo, en la
caza y pesca. visto así, es correcto en principio el primero de sus artículos, sin que invada la
competencia de las Comunidades Autónomas sobre tales espacios, ya que su finalidad declarada es
"el establecimiento de normas de protección, conservación, restauración y mejora de los recursos
naturales y, en particular, las relativas a los espacios naturales y a la flora y fauna silvestres", con
una formula descriptiva del "objeto"........."
"El meollo de esta ley, como indica su denominación reside en el concepto de espacio
natural (art. 10,1) que es cualquier zona localizada e individualizada, dentro del territorio
español en la acepción propia del Derecho internacional, digna de protección por contener
elementos o sistemas naturales de especial interés o valores naturales sobresalientes. El
ámbito de esa función tuitiva se compadece perfectamente y enlaza en linea recta con el
concepto constitucional del medio ambiente, tal y como ha sido expuesto mas atrás, por la vía
de las finalidades a las cuales ha de atender, ligadas a ciertos recursos naturales. En primer
plano, el suelo, preservando aquellas áreas y elementos naturales con un interés singular
desde los puntos de vista científico, cultural, educativo, estético, paisajístico y recreativo. A
continuación, vienen sus moradores, las comunidades o especies en peligro, cuya
supervivencia ha de conseguirse mediante la conservación de sus hábitats. Con unos y otros,
suel o y moradores, se pretende constituir una red representativa de los principales
ecosistemas y regiones naturales existentes en España, todo lo cual, a su vez, permite la
colaboración de nuestro país en programas internacionales para la conservación de espacios
naturales y de vida silvestre en los que se haya comprometido a participar (art. 10,2)...........
G. LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRE (TITULO 4º)
a) Disposiciones generales (Cap. 1º, arts. 26 y 28)
DECIMOSEGUNDO.- Al llegar aquí se produce una primera censura de la ley, anunciada ya
en su denominación abreviada y en el primero de sus preceptos, donde se delimita el ámbito
objetivo. No se trata ya de espacios naturales sino de sus habitantes vivos, los animales y los
vegetales, "recursos" en definitiva y factores del concepto de medio ambiente en su configuraron
constitucional, como ya se ha dicho en ocasiones anteriores y elementos principales de cualquier
ecosistema por aparecer mas desvalidos ante las agresiones no solo directas sino indirectas, a través
de la degradación del "hábitat", de su espacio vital. La flora y la fauna espontaneas y oriundas,
23

silvestres, son por tanto los primeros sujetos merecedores de protección y en tal aspecto
aparecen incluidos, y bien incluidos, en el art. 1 de la ley, donde se diseña el perímetro de su
objeto. Ahora bien, hemos de aislar un primer grupo de artículos (26,2 y 4 y 28............. Todos
ellos tienden muy directa e inmediatamente a la finalidad de conservación y mejora de los animales
y las plantas, que forman parte del medio ambiente.
En tal sentido se indican, ante todo, los objetivos a conseguir por las Administraciones
publicas competentes mediante medidas, actos de ejecución en suma, objetivos configurados con
carácter tan esquemático como genérico, que permiten un amplio margen o una gran holgura de
movimientos. "Se atenderá preferentemente a la preservación de sus hábitats y se establecerán
regímenes específicos de protección para las especies, comunidades y poblaciones cuya situación
así lo requiera, incluyéndolas en alguna de las cuatro categorías que se definen mas allá (arts. 26.4
y 29), inclusión que produce como efecto automático la prohibición de dar muerte, dañar, molestar
o inquietar intencionadamente a esos animales y que se extiende a la captura en vivo o a recolectar
sus huevos o crías, a la posesión, trafico y comercio domestico o exterior de ejemplares vivos o
muertos o de sus restos, así como a alterar y destruir la vegetación (art. 26,4). Por otra parte, se
reconoce a las Comunidades Autónomas con competencia en la materia la posibilidad de
establecer, además de las categorías de especies amenazadas relacionadas en el art. 29, otras
especificas, determinando las prohibiciones y actuaciones que se consideren necesarias para su
preservación (art. 32)."
"c) La protección de las especies en relación con la caza y la pesca continental. Cap. 3º (arts.
33 y 34).
VIGESIMOQUINTO.- En este lugar, la ley da un segundo quiebro, mas acusado aun que el
anterior, si bien lejanamente emparentado con el -la fauna y la flora-, pero con una dimensión muy
distinta. La caza y la pesca son actividades tan antiguas como el hombre............ Por lo dicho, con
una concisión que pretende ser expresiva, tienen una influencia directa para la supervivencia
de la fauna silvestre, como elemento del medio ambiente."
Este DEBER CONSERVACIONISTA Y PROTECCIONISTA DE LA FAUNA,
recogido en nuestra constitución se ha visto corroborado por su propia Jurisprudencia
del Tribunal ;
-TC Pleno, S 14-03-2000, núm. 73/2000, Fecha BOE 14-04-2000. Pte: González
Campos, Julio Diego
"......En efecto, así resulta con claridad en atención al bien jurídicamente protegido,
dada la relevancia que la Constitución atribuye al medio ambiente al configurar en su
art. 45 "un derecho de todos a disfrutarlo y un deber de conservación que pesa sobre
todos, más un mandato los poderes públicos para la protección" (STC 102/1995, de 26
de junio, FJ 4)."
Por lo tanto podemos afirmar como premisa "todos los animales salvajes"
son un bien común que pertenecen a una sociedad, y sus poderes públicos se
encuentran obligados a su protección, y preservación de agentes extraños.
Es precisamente en el cumplimiento de su obligación de preservar el medio
ambiente, por el Estado y la Administraciones de la Comunidades Autónomas se ha
establecido como definidoras de las políticas activas protección y delimitación de
formas de actuación en fincas rurales, tanto en los sistemas de cultivo, y prohibición de
utilización de productos químicos prohibidos ó que pudiesen afectar al medio ambiente
y su entorno natural, devastación y corta indiscriminada de montes y delimitación
exhaustiva de la caza mediante los planes cinegéticos especiales, afectando con ello de
forma directa al Derecho de Propiedad, protegido en nuestra Constitución en su art. 33,
pero sometido su alcance jurídico al interés público por imperativo en nuestro caso de
los art. 128 y 45 del mismo cuerpo legal. En este sentido podemos encontrar la
sentencia ;
TC Pleno sec. 4ª , S 29-11-1988, núm. 227/1988, Fecha BOE 23-12-1988. Pte: Leguina
Villa, Jesús
"La Constitución sanciona una garantía de la propiedad y de los bienes y derechos
patrimoniales de los particulares (art. 33). Pero esta garantía no es absoluta, ya que el art.
128.1 establece que "toda la riqueza del país en sus distintas formas está subordinada
al interés general", y, por lo que aquí interesa, el art. 45.2 impone a los poderes
públicos el deber de velar "por la utilización racional de todos los recursos naturales,
24

con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva".
Como premisa inicial podemos afirmar que "TODOS los animales silvestres ó
salvajes" son parte del medio ambiente, riqueza del país, y por lo tanto,
"PERTENECEN" a todos los ciudadanos, y los organismos están obligados a su
protección, conservación y control..
Si bien, NO EXISTE TITULARIDAD CONCRETA sobre la fauna Silvestre, SI
EXISTE UN ESPECÍFICO Y ESPECIAL INTERÉS DE LA ADMINISTRACIÓN
en su preservación, en cumplimiento de mandato constitucional.
Este concepto globalista y supranacional, implica también, que afectan también
a otros países desde el mismo momento que los animales salvajes no conocen fronteras,
y la política proteccionista de las aves en el parque de Doñana, por un ejemplo, afecta
claramente en beneficio de todos los países del norte de Europa, pero estas cuestiones se
escapan al estudio presente.
b1) SUBDIVISIÓN DE FAUNA SILVESTRE ;
PROPORCIONALIDAD AL INTERÉS
1- ESPECIES NO CINEGÉTICAS
Debemos de subdividir el conjunto de "Todos" entre los animales
cinegéticos u objeto de caza, y los que no lo son, esto es, aquellos que pueden ser
objeto de un plan cinegético de especial de un coto ó reserva y los que no.
Sobre los "animales salvajes NO cazables", como los siguientes, que sin
ánimo exhaustivo se mentan ; el Oso, el Lince, el Aguila, el Buitre el Buho, la
Nutria....etc., todos ellos son suceptibles de producir daños, que carecen, por su propia
esencia y naturaleza de dueño a quién trasladarle la responsabilidad de los daños que
produzcan las mismas, hemos concluir que puesto que son parte del medio ambiente
que es un derecho y deber de todos, son los Poderes Públicos los PRINCIPALES
INTERESADOS en su preservación y protección en cumplimiento del mandato
constitucional de protección de la riqueza del País y del Medio Ambiente, siempre,
y caso de imputarse alguna responsabilidad por los daños que provocasen estos
animales la administración Pública como representante de los ciudadanos, la que ha de
asumir su pago, si bien esta parte no encuentra razones, como se dirá, para que fuese
condenada en los casos de accidentes de tráfico.
2-ESPECIES CINEGÉTICAS
Si el productor del accidente es por el contrario un animal salvaje
cinegético, es cuando entra en escena una persona ó ente privada ó pública, que se
une y que mantiene un teórico INTERÉS sobre la pieza de caza, que es el Titular del
Coto o Reserva, ya sea gestionada por una entidad pública como privada, de donde
hipotéticamente "procede" el animal, pero incluso en este caso sería inaceptable que
entrase en escena el propietario del terreno como tal, cuestión analizaremos más
adelante.
Si el Titular de un aprovechamiento es una entidad pública EXISTE UNA
IDENTIDAD ENTRE LAS DOS ENTIDADES PUBLICAS INTERESADAS POR UN
DOBLE CONCEPTO, la Administración Autonómica COMO PRESERVADORA
25

DEL MEDIO AMBIENTE y la fauna Silvestre, y COMO TITULAR O GESTORA
de la Reserva de caza.
El Titular del aprovechamiento cinegético ostenta efectivamente un interés sobre
la fauna silvestre legalmente cazable, pero este interés, como más adelante analizaremos
es GENÉRICO Y FUTURO. No se ciñe sobre un animal en concreto, sino sobre la
generalidad de los animales de su especie que se encuentren en la zona de caza y el día
que se vaya a realizar la cacería, rececho o aguardo.
2.-1 ANIMALES NO CAZABLES
Dentro de esta categoría, hay que hacer una diferenciación clara y distinguir
entre ellos los aquellos ANIMALES CUYA CAZA ESTÁ PERMITIDA Y
AQUELLAS CUYA CAZA ES EXPRESAMENTE PROHIBIDA POR UNA
NORMA JURÍDICA, me refiero a las HEMBRAS o DE EDAD TEMPRANA DE
LOS ANIMALES SILVESTRES.
En ZONA LIBRE O NO VALLADA, el INTERÉS del Titular del
Aprovechamiento cinegético en el como tal, ya sea coto o reserva, ya sea entidad
Pública o Privada es todavía más difuso, disminuyéndolo, puesto que la expectativa de
ser objeto de caza desaparece, y la única expectativa que pudiese esperar de aquel
animal es que en algún futuro alguna cría del mismo no se desplazase ó desapareciera
de la zona para que en años venideros pudiese ser cazable., sin embargo EN ZONAS
CERCADAS la crianza si que redunda en beneficio exclusivo del acotado.
En zona libre el interés como pieza cinegética desaparece y el INTERÉS
GENERAL, o valor ecológico de las HEMBRAS o de las crías o de edad temprana,
como MEDIO AMBIENTE por el contrario, SE ENSALZA O AUMENTA,
PRUEBA DE ELLO ES QUE PROHIBE EXPRESAMENTE SU CAZA
PRECÍSAMENTE DEFENDIENDO LOS PRINCIPIOS CONSERVACIONISTAS,
DE PRESERVACIÓN Y AUMENTO DE LA ESPECIE.
2.-2 ANIMALES CAZABLES
Sobre una pieza de caza permitida en terrenos libres, existe un INTERÉS del
Titular del coto, ante la posibilidad que el mismo se encuentre todavía el día que se
señale la cacería, pero sobre él, sin embargo, SE MANTIENE ILESO EL INTERÉS
GENERAL Y PERMANENTE por la preservación del medio ambiente. Esto es, sobre
el mismo animal cinegético se mantienen DOS INTERESES COLATERALES, que
existen por razones distintas y QUE SE SOLAPAN, el interés público de
preservación del medio ambiente, y el interés del cazador del coto o reserva de
apresar en un lance de caza al referido animal, pero que no tienen por qué ser
contrapuestos, sino que más bien solapados, pero sobre la premisa que el segundo
interés tiene mucho menos intensidad y se SUPEDITA al primero, por prelación,
imposición y Protección Constitucional, y son los Poderes Públicos los que
delimitan exhaustivamente el ejercicio del Derecho de Caza, precisamente en su
afán protector del Medio Ambiente, y es la Administración la concede el número
de permisos exacto de determinadas piezas de caza que se pueden abatir y en qué
época, esto es, delimita el qué, el cuanto y el cuando, a través de los planes
cinegéticos especiales, y las ordenes de veda, y el Titular no puede más que
obedecer de lo que le ha sido ordenado y establecido la administración.
26

Es parecido por poner un ejemplo a la construcción o ensanchamiento de una
carretera, se hace por Interés público, pero al mismo tiempo se genera un interés
colateral del propietario del hotel que se encuentra en lindando a la misma, al implicar
el mayor paso de vehículos en un mayor negocio. Pero si el ensanchamiento exige
arramplar con parte de su propiedad o con el Edificio el interés privado se ha de
supeditar al público.
RASGOS DIFERENCIADORES DEL INTERÉS
El INTERÉS DE LA ADMINISTRACIÓN sobre la fauna silvestre es
permanente y directo, y sobre todos y cada uno de los componentes de la
fauna silvestre.
El INTERES del Titular del aprovechamiento cinegético, es por el
contrario, diferente conceptualmente hablando, de menor intensidad y
RELATIVO por diferentes causas ;
a) Que depende y se supedita en todo momento a las autorizaciones
administrativas
b) Es un Interés que existe solo sobre los animales que se admita su
inclusión en el específico Plan Técnico de Caza del coto, eliminando las
especies no cinegéticas y de las cinegéticas las hembras y crías o de
temprana edad.
c) Es un Interés que varía, y crece o disminuye según la proximidad
de los días de caza.
Los animales cinegéticos se desplazan con mucha facilidad y recorren
grandes distancias.
El TAC. tiene interés en que el día que se vaya a celebrar la cacería o el
rececho o el aguardo el animal se encuentre lo más próximo o dentro de los
límites del acotado, y el referido Interés irá en aumento a medida que se vaya
acercando el día señalado.
Es igualmente cierto que a medida que más caza exista en el coto más
probabilidades hay que alguno quede, pero es un simple indicio, y siempre
directamente relacionado con la proximidad de la practica de la caza.
d) En Zona Libre o no valladas, es un interés inexistente en época de
veda o que no esté permitido la caza de la especie.
Solo en terreno vallados la cría en época de veda si beneficia al TAC.,
pero en zona libre, se beneficia toda una comarca, pero no un coto en
particular
e) Es un interés sobre todos los componentes de la especie incluida en
el Plan Técnico de caza, en general NO SOBRE UN ESPECÍFICO
ESPECIMEN EN PARTICULAR.
Los animales salvajes tiene como definidor común que se desplazan a su
antojo sin conocer fronteras de países, ni líneas divisorias de C.A., y un
Cazador extremeño tiene interés y puede cazar un Jabalí que un mes antes
estuviese en Navarra, y viceversa.
Los cazadores de patos españoles tienen Interés en los que se encuentren
actualmente en Noruega y viceversa.
27

Con respecto a nuestro amigo el corzo, dada la escasez de predadores, el
escaso interés que hubo sobre él durante muchos años por parte del hombre,
y la especial territorialidad de los machos, entre otras razones ha ocasionado
el desplazamiento permanente de la especie a lo largo del territorio, siendo
un hecho que es una especie ha aumentado y se ha expandido de una manera
absolutamente natural, apareciendo donde hacía muy poco tiempo no existía,
o no se conocía su existencia. Un Cazador extremeño puede perfectamente
cazar un corzo con padres o abuelos Castellano-Leoneses.
Este INTERÉS en cambio es INEXISTENTE para la PROPIEDAD,
mientras no exista identidad entre PROPIETARIO y titular del aprovechamiento
cinegético NO EXISTE VINCULACIÓN ALGUNA del animal salvaje con la misma, y
ni tan siquiera existe UN INTERÉS ESPECÍFICO de la propiedad nada le vincula y
NO EXISTE NINGUNA RAZÓN LÓGICA para atribuirle los daños que generen tales
animales.
Los Legisladores al dictar el art. 33 de la Ley de 1970 y las respectivas
normas de las diferentes leyes de las Comunidades Autónomas, parten de un
presupuestos jurídicos base erróneos ó FALSOS ;
1) CONSIDERAN LOS LEGISLADORES QUE LA ÚNICA
PERSONA Ó ENTIDAD QUE OSTENTA INTERÉS SOBRE LA PIEZA
CINEGÉTICA ES EL TITULAR DEL COTO O RESERVA DE DONDE
TEÓRICAMENTE "PROCEDE", Y ES SOLO ESTE EL QUE HA DE
RESPONDER DE LOS DAÑOS.
Esto es, el LEGISLADOR HACE UN REPARTO INJUSTO DE LA
RESPONSABILIDAD, imputando LA TOTALIDAD de la misma a un teórico coto
o reserva interesado en la pieza cinegética, cuando quien realmente ostenta un
mayor interés no responde de nada por tal concepto.
Como establece la jurisprudencia del Tribunal al que me dirijo, el resultado de
la norma ó su aplicación, nunca puede llegar a dar lugar a resultado injusto, por
impedirlo el precepto general de Justicia del art. 1.1 e Igualdad del art. 14 de nuestra
Constitución, y por que ello implicaría, que la norma ó su aplicación es arbitraria,
cuestión vetada a los Poderes Públicos por imposición del Principio de Interdicción
de la Arbitrariedad recogido en el art. 9.3 ;
-TC Pleno, S 20-06-2000, núm. 181/2000, Fecha BOE 28-07-2000. Pte: García
Manzano, Pablo
"Pues bien, es oportuno traer a colación la doctrina de este Tribunal sobre el
derecho a la igualdad en la ley (art. 14 CE), y que puede considerarse resumida en el FJ 1
de la STC 144/1988, de 12 de julio, en el que se declaró que el principio de igualdad
prohibe al legislador "configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal
que se dé trato distinto a personas que, desde todos los puntos de vista legítimamente
adoptables, se encuentran en la misma situación o, dicho de otro modo, impidiendo
que se otorgue relevancia jurídica a circunstancias que, o bien no pueden ser jamás
tomadas en consideración por prohibirlo así expresamente la propia Constitución, o bien
no guardan relación alguna con el sentido de la regulación que, al incluirlas, incurre
en arbitrariedad y es por eso discriminatoria.
..........es que ha de constatarse siempre mediante un criterio de carácter relacional que,
cuando se proyecta sobre el legislador requiere -como presupuesto obligado- la previa
comprobación de que, como consecuencia de la medida legislativa impugnada, se ha
introducido directa o indirectamente una diferencia de trato entre personas. Sólo
28

verificado este primer presupuesto se procederá a determinar la licitud constitucional o no
de la diferencia contenida en la norma."
-TC Pleno, S 13-04-2000, núm. 104/2000, Fecha BOE 18-05-2000. Pte: Jiménez de
Parga y Cabrera, Manuel
"Así, al examinar un precepto legal impugnado, desde ese punto de vista, el análisis se
ha de centrar en verificar si tal precepto establece una discriminación, pues la
discriminación entraña siempre una arbitrariedad, o bien, si aún no estableciéndola,
carece de toda justificación, lo que también evidentemente supondría una
arbitrariedad, sin que sea pertinente un análisis a fondo de todas las motivaciones posibles
de la norma y de todas sus eventuales consecuencias (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 10;
66/1985, de 23 de mayo, FJ 1; 108/1986, de 29 de julio, FJ 18; 65/1990, de 5 de abril, FJ 6;
142/1993, de 22 de abril, FJ 9; 212/1996, de 19 de diciembre, FJ 16; 116/1999, de 17 de
junio, FJ 14; y 74/2000, de 14 de marzo, FJ 4)."
Existe alguna sentencia que ya empieza a recoger el sentir que los "animales
salvajes" son patrimonio de común y pertenecen a todos, al ser parte intrínseca del
medio ambiente, y es en todo caso el Estado ó las Administraciones Públicas las que
deben asumir la responsabilidad de los daños que produzcan, que si bien, está redactada
en Gallego, es perfectamente comprensible ;
-AP Lugo , S 26-01-2000, núm. 29/2000, rec. 284/1999. Pte: Fernández Cloos, Edgar
Amando
"Tamén no que fai referencia á disponibilidade sobre as especies teremos que ter
presente que a competencia para a súa regulación lle ven atribuida á Administración,
concretamente á autonómica, pois esta é a que ven na obriga de garantiza-la
pervivencia e supervivencia de determinadas especies; así o Coto non pode por sí e
ante sí -sen autorización expresa da administración sobre ás datas e o número de
animais- eliminar individuos de tales especies. En consecuencia non se pode desplazala
responsabilidade ó campo do Coto.
CUARTO.- A pervivencia de determinadas especies, así como que a súa
profileración non sexa excesiva é algo que, necesariamente, se fai en beneficio de
todo o conxunto da sociedade e non de ningunha persoa, física ou xurídica, en
particular; polo tanto parece lóxico que sexa mesma sociedade, representada pola
correspondente administración pública, a que cargue cos prexuízos que se derivan
desa deficiente regulación das especies animais."
2) PARTEN DE LA BASE LOS LEGISLADORES QUE LA PROPIEDAD
DE LOS TERRENOS TIENE UN INTERÉS ESPECIAL O
ESPECÍFICAMENTE DIFERENCIADO SOBRE LAS PIEZAS DE CAZA,
El Propietario del terreno mientras que no sea personalmente al mismo tiempo,
Titular del aprovechamiento cinegético no tiene interés especial en el animal silvestre
cazable y ATRIBUIRLE LA RESPONSABILIDAD DIRECTA Y SOLIDARIA de los
daños de estos animales, al NO EXISTIR RAZÓN FÁCTICA NI JURÍDICA para su
imposición hacer recaer sobre la norma que lo impone la figura de la Arbitrariedad y
considerando que las normas referidas en este aspecto TIENEN UNOS ESPECIALES
INDICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD.
c) FIJACIÓN FACTICA ; CONCEPTO DE “PROCEDENCIA”
29

Tanto en el art. 33 de la Ley 4/1970, y en todas las normativas de la
Comunidades en el punto primero de este escrito aparece el concepto de
"PROCEDENCIA" para identificar el teórico coto responsable de los daños.
Hay que partir de la base que la propia naturaleza de un animal salvaje le hace
transitar y moverse a lo largo de todo el territorio, y se conoce que pueden recorrer
grandes distancias en una sola noche, por lo que hace difícil delimitar ó determinar cual
ó cuales son los cotos de los cuales "procede".
Sobre esta cuestión existe numerosísima y variopinta jurisprudencia, si bien
se han centrado materialmente en dos interpretaciones, la primera que el Término
"Procedencia" equivale a "de donde acaba de salir", y la segunda se identifica
como el coto "donde habita", seleccionando el más próximo que reúna las condiciones
favorables para que un animal como el productor del daño puede vivir y reproducirse y,
y en algunos casos se hace unión de ambos conceptos requiriendo que cumpla ambos
requisitos de donde acaba de salir y que el hábitat sea el apropiado para estos animales
salvajes.
Esta diferente interpretación tiene una importancia transcendental para definirse
quién ó quienes son los cotos cuyos Titulares deben de responder de los daños causados.
Destacamos como sentencias, entre ellas la sentencia ;
-AP Cáceres , sec. 1ª , S 10-05-2001, núm. 127/2001, rec. 55/2001. Pte: Castañeda
Bocanegra, Salvador
"El art. 74 de la Ley de Caza de Extremadura consagra una responsabilidad de carácter
objetivo sin que en principio se admitan causas de exoneración de la responsabilidad y así,
como contrapartida a la exclusividad en el aprovechamiento de la caza de determinados
tipos de pieza, se impone la obligación, sin ninguna otra exigencia de resarcir los daños que
este tipo o clase de piezas de caza causasen por el solo hecho de salir, proceder o
provenir del coto autorizado."
-AP Orense , sec. 1ª , S 28-06-2000, núm. 330/2000, rec. 1/2000. Pte: Otero Seivane,
Josefa
"Por su parte, el art. 33 de dicha ley, proclama la responsabilidad de los titulares de
los aprovechamientos cinegéticos definidos en el art. 6 respecto a los daños originados
por las piezas de Caza "procedentes de los terrenos acotados". En el mismo sentido se
pronuncian el art. 35 del Reglamento y el art. 23 de la Ley de Caza de Galicia. Se trata de
una responsabilidad de carácter objetivo, basada en la utilidad y beneficio proporcionado
a los titulares del Coto por las piezas de caza cuyo aprovechamiento tiene concedido, de
modo que constituye requisito primario e indispensable de aplicación de la norma que la
pieza en cuestión forme parte del aprovechamiento del Coto, de ahí que no sea exigible
responsabilidad por especies de Caza mayor a titulares de Coto de Caza menor. Cumplida
aquella condición, y acreditado que el animal causante del daño procede del Coto,
esto es, "sale" del Coto, entra en juego la responsabilidad objetiva de sus titulares,
no siendo exigible al perjudicado la prueba, en la práctica imposible, de la
permanencia del animal en el Coto con carácter estable o del origen geográfico de su
recorrido, pugnando esa exigencia con el carácter objetivo atribuido a la
responsabilidad de que se trata por las normas reseñadas, las cuales, en caso
contrario, quedarían sin contenido precisamente por esa imposibilidad probatoria,
respecto a aquellos animales, no excluidos por ley que, por naturaleza, vagan
libremente, como es el jabalí. Los titulares del Coto responderán salvo que demuestren
que el animal no salió del mismo pues, aún siendo varios los terrenos acotados
colindantes, si no es posible precisar la procedencia, el art. 35.1 B) del Reglamento de
Caza prevé la responsabilidad solidaria de los titulares de todos los terrenos.
-AP Teruel , S 15-02-2000, núm. 27/2000, rec. 35/2000. Pte: Hernández Gironella,
Fermín
SEGUNDO.- Como ya ha tenido ocasión de manifestar esta Audiencia, en Sentencias de
19 de Mayo de 1998 y 12 de Marzo de 1999, alineándose con un buen número de
Audiencias Provinciales (Sentencias de las Audiencias Provinciales de Huesca de 7 de
30

Febrero de 1994; de Soria de 22 de Marzo de 1994 y 20 de Mayo de 1996; de Palencia de
3 de Octubre de 1994 y 10 de Octubre de 1996; de Valladolid, de 15 de Noviembre de
1994; de Cáceres de 28 de Junio de 1996; de Lugo, de 8 de Julio de 1996 y 5 de Junio de
1997; de Toledo de 24 de Julio de 1996 y de Pontevedra, de 10 de Octubre de 1996), y en
armonía con la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 14 de Julio de
1982, el termino "procedencia" contenido en el art. 33 de la Ley Estatal de Caza y 72
de la Ley de Caza de la Comunidad Autónoma de Aragón, no puede ser interpretado
de una forma simplista como el lugar de donde sale o de donde viene el animal, lo
que resultaría difícil sino imposible de precisar, cuando se trata de piezas de caza
mayor, que como acertadamente señala el recurrente, tienen en muchos caso un
carácter errático, sino que a estos efectos se presume que el animal "procede" de los
terrenos cinegéticos colindantes, siempre que tenga en los mismos una relativa
permanencia y unas mínimas condiciones de vida y reproducción que permitan en
definitiva su aprovechamiento cinegético por el titular, ya que la responsabilidad
civil que por esta causa se establece no es sino una contrapartida al aprovechamiento
exclusivo por el propietario de las piezas de caza que habitan en el terreno de su
propiedad, y por tanto aquella responsabilidad estará vinculada al tipo de
aprovechamiento a que se dedique el terreno acotado."
-AP Ciudad Real , sec. 1ª , S 31-07-1999, núm. 272/1999, rec. 91/1999. Pte: Casero
Linares, Luis
"el carácter objetivo de la responsabilidad que establece tanto el art. 1906 del C.c.
como la legislación de caza (art. 33 de la Ley de Caza de 1970 y 35 de su Reglamento y
art. 17 de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha), solo eludible ante la existencia de culpa
o negligencia del perjudicado o fuerza mayor, supuestos que no concurren en el presente
caso, y por la responsabilidad solidaria que se establece, entre los distintos titulares de los
cotos colindantes, lo que según el art. 1144 del C.C. permite dirigir la acción contra
cualquiera de ellos aunque no tengamos la constancia de que el animal procedía de un
coto concreto. La alegación básica de la demandada de negar que el animal procedía de su
coto queda así desvirtuada, pues a los efectos de este procedimiento resulta bastante
con saber que el animal sí procedía de un lugar donde se encuentra el coto
(Sentencias de esta misma Sección de 18-6-98 y 21-10-98).
-AP Huesca , S 30-11-2000, núm. 315/2000, rec. 409/2000. Pte: Gutiérrez Celma,
Gonzalo
"Como tenemos repetidamente declarado, en doctrina iniciada aplicando la Ley de caza
estatal, para determinar la procedencia de un animal no debe estarse sin más a su
presencia ocasional en un determinado lugar sino que es preciso localizar el hábitat
propio de la especie de que se trate...............De todos modos, si no se hicieran todas estas
matizaciones y el término "proceder" se equiparara en todo caso a "estar" o "pasar" por
un determinado lugar con abstracción de su explotación cinegética,...............pues resulta
difícil imaginar que una especie cinegética "proceda" de un terreno no cinegético,
como ha previsto el Legislador Aragonés en el artículo 72, si la "procedencia", también para
la Administración, debe conectarse con la explotación cinegética del lugar, inexistente en un
terreno no cinegético
De todos modos, tenemos que dada la movilidad de los animales salvajes no resulta
posible conocer el concreto lugar del que realmente proceden (en el concepto jurídico de
"procedencia" que hemos visto). Pueden provenir, en el caso, de cualquier coto cercano o
de los montes públicos pero ante una eventual indeterminación del causante del daño
entre sujetos pertenecientes a un grupo determinado, frente al perjudicado se impone
la regla de la solidaridad entre dichos sujetos y entre todos ellos,"
-TS 1ª, S 30-10-2000, núm. 1003/2000, rec. 3390/1995. Pte: Villagómez Rodil, Alfonso
"La Ley de Caza de 4 de abril de 1970 y su Reglamento de 25 de marzo de 1971
regulan una responsabilidad marcadamente objetiva que autoriza a los propietarios de las
parcelas afectadas para exigir el resarcimiento de los daños ocasionados, incluso aunque
no se haya determinado en forma concreta la procedencia de los animales (ciervos y
jabalíes en este caso) que, en busca de alimentos se desplazan de sus propios reservas.
31

Ha de entenderse el término procedencia en sentido amplio para referirlo a las
zonas donde los animales viven en libertad y que abandonan, al salir de las mismas,
contando con las facilidades necesarias para ello, para entrar en fincas privadas que
no son su propio refugio natural asignado, lo que ocasiona la responsabilidad
establecida reglamentariamente y que alcanza a todos los titulares y dueños de los
acotados colindantes (artículo 35-1-b del Reglamento y sentencia de 15-7-1982)."
Destaquemos primeramente una afirmación irrefutable ; ES IMPOSIBLE
PROBAR y por lo tanto demostrar, que un animal procede de un coto ó de otro, por la
propia naturaleza errática de los animales salvajes.
Cualquier Resolución Judicial ó normativa legal que requiera ú obligue a una
persona que para evitar ser condenada en juicio, ó admitir una demanda debe de
demostrar si un animal salvaje ha estado o no ha estado en un determinado coto es una
falacia absoluta, y una PREMISA IMPOSIBLE DE CUMPLIR.
Tanto el art. 33 de la Ley de 1970 como todas las normas de las
Comunidades Autónomas continuadoras de las mismas PARTEN de un
PRESUPUESTO ERRONEO Ó FALSO :
-PARTEN DE LA PREMISA QUE SE CONOCE Ó SE PUEDE
CONOCER LA PROCEDENCIA DE UN ANIMAL SALVAJE.
Como se sabe estos animales pueden recorrer grandes distancias (hasta incluso
60 Km) en una sola noche, y si un animal pasa por diez ó cien cotos en las ultimas
semanas y casualmente en uno, al pasar un camino ó carretera es atropellado,
¿ POR QUE SE LE IMPONEN SOLO A ESTE ULTIMO COTO TODA LA
RESPONSABILIDAD?
Si se pudiese conocer donde ha estado habitando un animal la ultima semana,
habría que condenarse a todos y cada uno de los cotos por donde hubiese "pasado",
"dormido", "comido" y "estado", pero ¿cuando se para la búsqueda?, por que en las
semanas anteriores, a lo mejor a pasado por otras tantas fincas en el último mes, y ¿por
que solo, en el ultimo mes, y por que no en el ultimo año.?
Hay una doble interpretación del concepto “Procedencia” pero la
aplicación de ambas es injusta o basada en presupuestos imposibles.
1º.-Si el concepto “procedencia” se entiende por “DONDE SALE” ;
Un animal salvaje puede recorrer en una sola noche grandes distancias, hasta 60 Km.,
y atravesar numerosos cotos, y si tras pasar por 10, en un camino es atropellado, achacarle
a este último todada la responsabilidad del animal es Injusto y una interpretación en tal
sentido es arbitraria e inconstitucional.
2º.- Si el concepto “procedencia” se entiende por “DONDE HABITA”;
Entonces habría que saber donde habita, específicamente, y como es IMPOSIBLE
saber donde habita en particular, entonces habría que condenarse al coto donde
hipotéticamente puede habitar, y condenar al más cercano que tenga las condiciones
donde pueda habitar sería injusto como veíamos en el punto anterior por quería como
condenar al coto por “donde sale”, y por esa regla de tres se tendría que condenar de
manera solidaria a todos los cotos que tuviesen las condiciones para que pudiesen habitar
los animales de la especie en 60 Km. a la redonda del accidente.
32

Así pues, tanto se interprete el concepto “procedencia” de un modo o de
otro, como base de imputación al Titular o Titulares de los Cotos es o Injusta o
basada en un presupuesto fáctico erróneo.
La “procedencia” se interprete como se interprete es un concepto que no puede
servir de base imputación de la responsabilidad.
HAY QUE RECONOCER QUE NO SE CONOCE DE DONDE PROCEDE
UN ANIMAL SALVAJE, NI SE PUEDE SABER, por lo que imputar la
responsabilidad a un ó a unos cotos determinados por el solo hecho que en última
instancia apareció allí, es REALIZAR UNA IMPUTACIÓN FALSA, Ó SIN EL
FUNDAMENTO FÁCTICO SUFICIENTE CON ENTIDAD BASTANTE COMO
PARA BASAR LA CONDENA E IMPUTARLE TODA LA
RESPONSABILIDAD, puesto que el animal no se sabe de donde viene, ni donde
vive, y en definitiva de donde procede, y condenar sin un convencimiento claro de
un hecho inculpatorio tan fundamental, es del todo INJUSTO y del todo
ARBITRARIO.
Téngase en cuenta que las condenas en caso de fallecimiento o lesiones, que no
son pocas, son de un importe muy elevado de muchos millones de pesetas, pero aunque
fuese una cantidad mínima, CONDENAR SIN FUNDAMENTO SUFICIENTE ES
ILÍCITO, INJUSTO y ARBITRARIO.
El Tribunal Constitucional ha impuesto a los Tribunales de Justicia al igual que
al Legislador un deber de no trasgresión de los principios Constitucionales de tal
manera que la aplicación que de las normas legales se realicen han de cumplir los
requisitos básicos que imperan en la nuestra Constitución y cualquier interpretación de
una norma que diese lugar a una injusticia ó discriminación ha de ser calificada como
arbitraria, y se ha de ver afectada por la trasgresión que del Principio de Interdicción de
la Arbitrariedad Art. 9.3 se haría, y cuando consideren que la aplicación de una norma
transgrede un principio Constitucional, ha de hacer uso de la facultad que le permite el
art. 163 de nuestra Constitución ;
Destacamos la importantísima la Sentencia ;
-TC 2ª, S 29-09-1997, núm. 151/1997, Fecha BOE 30-10-1997. Pte: Viver Pi-Sunyer,
Carles
"En efecto, el derecho a la legalidad sancionadora debe partir del respeto
judicial y, en su caso, administrativo a las palabras de la norma, al
significado literal o textual del enunciado que transmite la proposición
normativa, pues el legislador expresa el mensaje normativo con palabras y
con palabras es conocido por sus destinatarios. Este respeto no garantiza
siempre una decisión sancionadora acorde con las garantías esenciales de
seguridad jurídica o de interdicción de la arbitrariedad, pues, entre otros
factores, el lenguaje es relativamente vago y versátil, las normas son
necesariamente abstractas y remiten implícitamente a una realidad
valorativa subyacente, y dentro de ciertos límites (por todas, STC 111/1993),
el propio legislador puede potenciar esa habilidad para facilitar la
adaptación de la norma a la realidad (ya en la STC 62/1982; recientemente,
STC 53/1994)........................ Este criterio no puede quedar constituido por la mera
interdicción de la arbitrariedad, el error patente o la manifiesta irrazonabilidad, canon de
delimitación de ciertos contenidos del derecho a la tutela judicial efectiva, pues, amen de
desconocer que la contenida en el art. 25,1 CE es una manifestación de aquel derecho que
por su trascendencia aparece constitucionalmente diferenciada, una resolución judicial
condenatoria que no adolezca de esos defectos puede, no obstante, resultar imprevisible
para el ciudadano -y, como se ha dicho, no permitirle "programar sus comportamientos
33

sin temor a posibles condenas por actos no tipificados previamente" (STC 133/1987, f. j.
5º)- y constituir una manifestación de la ruptura del monopolio legislativo -y
administrativo, con la subordinación y limitación que le es propia- de determinación de
las conductas ilícitas.
La seguridad jurídica y el respeto a las opciones legislativas de sanción
de conductas sitúan la validez constitucional de la aplicación de las normas
sancionadoras desde el prisma del principio de legalidad tanto en su respeto
al tenor literal del enunciado normativo, que marca en todo caso una zona
indudable de exclusión de comportamientos, como en su razonabilidad.
Dicha razonabilidad habrá de ser analizada desde las pautas axiológicas que
informan nuestro texto constitucional (SSTC 159/1986, 59/1990, 111/1993) y
desde modelos de argumentación aceptados por la propia comunidad
jurídica.
Sólo así podrá verse la decisión sancionadora como un fruto previsible de una
razonable aplicación judicial o administración de lo decidido por la soberanía popular. A
ese contexto de criterios y valores es al que nos hemos referido ya como habilitador de la
utilización de conceptos jurídicos indeterminados en las normas sancionadoras
determinables "en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia". De este modo
dicho en negativo las afirmaciones anteriores no sólo vulneran el principio de
legalidad las resoluciones sancionadoras que se sustenten en una subsunción de los
hechos ajena al significado posible de los términos de la norma aplicada. Son
también constitucionalmente rechazables aquellas aplicaciones que por su
fundamento metodológico -por una argumentación ilógica o
indiscutiblemente extravagante- o por ser ajenas a los valores que informan
nuestra Constitución conduzcan a soluciones esencialmente opuestas a la
orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus
destinatarios."
C) NEXO CAUSAL ; BASE DE LA IMPUTABILIDAD DE LA
RESPONSABILIDAD. TEORIAS JURISPRUDENCIALES
a).-RAZONAMIENTO LÓGICO-JURISPRUDENCIAL DE LA
IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
b).- POR EL BENEFICIO Y APROVECHAMIENTO EXCLUSIVO
c).-TEORÍA DEL RIESGO
1.- Inexistencia de agravamiento
2.- Inaplicabilidad Material
3.- Diligencia real exigible
d).-CARGA PROBATORIA ; INDEMOSTRABILIDAD
Nuestra Constitución a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
exige además que las normas sean claras, y cuando, que cuando no se intuya la razón
de la imputación establezca los parámetros comprensibles para el administrado y para
los Tribunales ;
- TC Pleno, S 04-10-1990, núm. 150/1990, Fecha BOE 06-11-1990. Pte: Leguina Villa,
Jesús
"Por lo que atañe al primero de ellos, hay que comenzar por recordar que los
principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos exigen que la norma sea clara para que los ciudadanos sepan a qué atenerse
ante la misma. En este orden de exigencias no cabe subestimar la importancia que para la
certeza del Derecho y la seguridad jurídica tiene el empleo de una depurada técnica
jurídica en el proceso de elaboración de las normas,
34

Sólo si, en el contexto ordinamental en que se inserta y teniendo en cuenta las reglas
de interpretación admisibles en Derecho, el contenido o las omisiones de un texto
normativo produjeran confusión o dudas que generaran en sus destinatarios una
incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible para su
cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, podría concluirse que la
norma en cuestión infringe el principio de seguridad jurídica."
Esta claridad exigida a la norma dados los años que se lleva aplicando la
normativa y la escasa seguridad que se encuentran inmersos lo Titulares de los cotos
afectados, que ven como una norma injusta le es permanente aplicada y no saben muy
bien la razón ultima de la misma.
Como razonábamos, amén de existir los previos parámetros de, primero
existencia de un accidente ó caso fortuito con producción de daños aun tercero, y
segundo la concurrencia de un animal salvaje en el mismo como factor provocante, debe
de existir un NEXO CAUSAL ó una razón que vincule al animal salvaje con el
aprovechamiento cinegético y su titular, de suficiente entidad como para
fundamentar la atribución de toda la responsabilidad del daño causado al mismo.
Téngase en cuenta que como decíamos las diferentes normativas estudiadas que
regulan la responsabilidad de los cotos de donde teóricamente procede el animal,
regulan los DAÑOS EN GENERAL que produzcan unas especies cinegéticas, sobre
un tercero, y estos daños pueden ser a la agricultura, a las plantaciones, a los montes, a
la propiedad privada, y uno de los casos, es la producción de daños a terceras personas
que circulan por la carreteras, y al ser una norma de carácter general NO ESPECIFICA
LA RAZÓN ESPECÍFICA DE LA IMPUTACIÓN de la Responsabilidad.
Hemos visto que tanto la Administraciones de Las Comunidades Autónomas
como las entidades privadas OSTENTAN UN INTERÉS sobre los animales silvestres,
mayor en el primero de los casos, pero este interés NO JUSTIFICA "PER SÉ" UNA
RAZÓN DIRECTA DE IMPUTABILIDAD, y que por tal razón se la ha de condenar
sin más a la indemnización de los daños sufridos en un accidente de circulación.
Dado que las referidas normas no expresan en las mismas LA RAZÓN
LÓGICO-JURÍDICA que justifica la condena la Jurisprudencia a tenido que hacer
equilibrios argumentales para poder justificar las condenas.
C.a).-RAZONAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LA IMPUTACIÓN
DE LA RESPONSABILIDAD
Vamos a intentar explicar los razonamientos lógico-jurídicos, expresados en
miles de sentencias que llevaron a los Tribunales al convencimiento que eran los
Titulares de los cotos los que debía de responder de los daños en accidentes por
atropello de una animal salvaje.
Según la Remisión que realiza el art. 33 de la Ley de 1970 tantas veces
mencionado, a la Legislación CIVIL ;
“2.- La exacción de estas responsabilidades se ajustará a las
prescripciones de la Legislación civil ordinaria....”
Al referirse a la Legislación CIVIL se está refiriendo al Principio de
Responsabilidad Extracontractual contenido expresamente al art. 1902 del
Código Civil ;
35

“El que por acción u omisión causa daño a otro,
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el
daño causado”
Esto es, SE EXIGE QUE PARA QUE EL NACIMIENTO DE DERECHO A
SER RESARCIDO SE DEBEN DE a legislación que estamos se ha de cumplir TRES
REQUISITOS ;
1.-INEXISTENCIA DE CULPA DEL QUE SUFRE EL DAÑO
La persona que ha sufrido el daño no puede haber sido la causante de
los mismos.
2.-INEXISTENCIA DE RELACIÓN CONTRACTUAL
Se refiere a que entre el teórico dañante y dañado no existe ninguna
relación contractual, aún verbal, en cuyo caso se estaría a ella.
3.-LA EXISTENCIA DE CULPA POR EL TEÓRICO
CULPABLE
El daño se produce entre personas que no tienen una relación directa, y
es lo que se ha llamado la relación RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL,
Dada la INEXISTENCIA de relación contractual se requiere una
exigencia garantizadora, esto es, ha de existir POR CULPA O
NEGLIGENCIA.
LA NORMA GENERAL ES QUE QUIÉN DEMANDA HA DE
DEMOSTRAR, y por lo tanto teóricamente debía ser el reclamante el que ha
sufrido el daño que debía de demostrar la culpa, partiendo de la base que nadie es
culpable salvo que se demuestre lo contrario.
Pero la realidad es muy diferente ; Los casos típicos de culpa
extracontractual es cuando se cae una farola contra un edificio, o un muro
encima de unos viandantes.
Los Tribunales desde el inicio de la aplicación del art. 1902, se dieron
cuenta que aplicar la norma general a los casos ESPECÍFICOS DE CULPA
EXTRACONTRACTUAL atentaba el principio de justicia, puesto que
OBLIGAR AL QUE HA SUFRIDO EL DAÑO ENCIMA A TENER QUE
DEMOSTRAR LA CULPA CONTRARIA ERA UNA CARGA
EXCESIVA E INJUSTA.
Aquí entran en juego las Teorías Jurisprudenciales con razón de
fondo, precisamente en los casos de CULPA
EXTRACONTRACTUAL SE INVERTÍAN LAS PRESUNCIONES,
ESTO ES, por la simple existencia de la producción del daño ;
a) SE PRESUPONE QUE EL DAÑADO NO TIENE CULPA,
salvo que se demuestre los contrario.
b) SE PRESUPONE QUE DAÑANTE TIENE CULPA salvo que
se demuestre lo contrario.
c) LA CARGA PROBATORIA ES DEL QUE DAÑA.
Ello ha obligado a la Jurisprudencia Civil y Contenciosa-Administrativa, de
forma un tanto forzada y artificial, al intentar justificar la aplicación de esta
36

normativa general (art. 33 de la Ley de 1970 y las de las C.A.) a un caso en
particular como son los accidentes de carretera, que más es un problema de
seguridad vial que otra cosa, tener que USAR TEORÍAS Y PRINCIPIOS
JURÍDICOS GENERALES CON LOS QUE JUSTIFICAR EL NEXO CAUSAL
que existe entre la producción del daño y la condena al Titular del coto, al no
explicitarlo la norma en sí.
Analizando toda la Jurisprudencia Civil, encontramos, que existen únicamente
DOS RAZONES, FUNDAMENTOS ó TEORÍAS, en las que se han amparado todos
nuestros Tribunales para imputar, como nexo causal, la responsabilidad al Titular del
aprovechamiento cinegético del Coto ;
1º.- POR EL BENEFICIO Y APROVECHAMIENTO EXCLUSIVO
2º.- TEORÍA DEL RIESGO
Estudiemos ambos conceptos separadamente, si bien, en muchas resoluciones
los consideran intrínsecamente unidos ;
C.b) 1º.- POR EL BENEFICIO Y APROVECHAMIENTO EXCLUSIVO
La Jurisprudencia es constante en basar la imputación de la responsabilidad al
Titular del coto por el beneficio ó aprovechamiento exclusivo obtenido por el
aprovechamiento de la caza en coto, y destacamos más recientes ;
-AP Teruel , S 15-02-2000, núm. 27/2000, rec. 35/2000. Pte: Hernández Gironella,
Fermín
".........en los cuales el jabalí es especie objeto de aprovechamiento cinegético,
calificándose su presencia en el mismo como "frecuente" en el correspondiente plan de
aprovechamiento, no cabe duda que conforme a los citados artículos 33 de la Ley Estatal de
Caza y 72 de la Ley de Caza de la Comunidad Autónoma de Aragón, dicha entidad asume
la responsabilidad por de los daños que aquella especie pudiera causar a Terceros,
como contrapartida al beneficio que obtiene por la caza de aquella; lo que conduce
necesariamente a rechazar la primera de las motivaciones del recurso."
-AP Cáceres , S 09-02-1998, núm. 35/1998, rec. 32/1998. Pte: Ballestero Pascual, José
Antonio
"Tras la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 1998
queda claro -fundamentos de derecho tercero y cuarto- que las piezas de caza siguen
siendo, al igual que en el sistema establecido en el Código Civil y en la Ley de Caza
estatal, "res nullius" sin que se haya producido publicación o demanialización ni de la
fauna silvestre, ni del derecho a cazar ni del derecho al aprovechamiento cinegético de las
fincas, de modo que, en contra de lo que afirma la sentencia recurrida al final de su
fundamento tercero, la responsabilidad por los daños causados por la fauna silvestre no
puede anudarse a la propiedad o posesión por lo que no han responder sus propietarios,
inexistentes hasta el momento de la ocupación, sino el dueño de la heredad de caza de
acuerdo con el, ya derogado, artículo 1.906 del Código Civil matizado y corregido, como
más adelante se ver, por el 33.1 de la Ley de 4 de abril de 1970 y su concordante
reglamentario, sustituidos en nuestra comunidad por el 74 de nuestra Ley
autonómica en cuanto objetivan y desplazan la responsabilidad hacia el titular
autorizado y exclusivo del aprovechamiento cinegético, porque aunque esté sometido
a vedas y plazos NADIE MÁS PUEDE DISPONER DEL ANIMAL DE CAZA,
ligado necesariamente a un determinado terreno, ya que la pieza de caza no es un
bien accesorio del derecho de propiedad sobre los terrenos por los que libremente
transita y por lo tanto el titular de los terrenos ha de ser autorizado para ejercer este
aprovechamiento en exclusiva. En principio, pues, y sin perjuicio de lo que luego se
dirá, cabría hablar de la responsabilidad de los titulares de los cotos. Sin embargo, el
perjudicado, en su subsidiaria adhesión al recurso, sólo solicita la condena de los
codemandados para la hipótesis de absolución de la Junta de Extremadura, por lo que la
absolución de dichos titulares se impone por exigencias del principio de rogación,
37

congruencia y prohibición de la "reformatio in peius" toda vez que , como se ver en los
siguientes fundamentos, la Administración no puede ser absuelta.
-AP Orense , sec. 1ª , S 28-06-2000, núm. 330/2000, rec. 1/2000. Pte: Otero Seivane,
Josefa
-Por su parte, el art. 33 de dicha ley, proclama la responsabilidad de los titulares de
los aprovechamientos cinegéticos definidos en el art. 6 respecto a los daños originados
por las piezas de Caza "procedentes de los terrenos acotados". En el mismo sentido se
pronuncian el art. 35 del Reglamento y el art. 23 de la Ley de Caza de Galicia. Se trata
de una responsabilidad de carácter objetivo, basada en la utilidad y beneficio
proporcionado a los titulares del Coto por las piezas de caza cuyo aprovechamiento
tiene concedido, ......
-AP Navarra , sec. 3ª , S 26-06-2000, núm. 155/2000, rec. 273/1999. Pte: García Pérez,
Juan José
"Esta obligación de indemnizar, en principio y sin perjuicio de que se acredite la
concurrencia de los requisitos exigidos jurisprudencialmente, derivada de una
responsabilidad extracontractual, sería también predicable de los titulares de los
aprovechamientos cinegéticos de los cotos de caza, por el beneficio que obtienen, con
base en la regulación de la responsabilidad aquilina de la Ley 488.2 Fuero Nuevo y
arts. 1.902 y siguientes del Código Civil, a que se remite la legislación foral.
-AP Teruel , S 15-02-2000, núm. 27/2000, rec. 35/2000. Pte: Hernández Gironella,
Fermín
".........Así las cosas si tal y como queda acreditado el accidente se produjo en terrenos del
coto de caza del que es titular la sociedad demandada, en los cuales el jabalí es especie
objeto de aprovechamiento cinegético, calificándose su presencia en el mismo como
"frecuente" en el correspondiente plan de aprovechamiento, no cabe duda que conforme a
los citados artículos 33 de la Ley Estatal de Caza y 72 de la Ley de Caza de la Comunidad
Autónoma de Aragón, dicha entidad asume la responsabilidad por de los daños que
aquella especie pudiera causar a Terceros, como contrapartida al beneficio que obtiene
por la caza de aquella; lo que conduce necesariamente a rechazar la primera de las
motivaciones del recurso."
AP Zaragoza , sec. 2ª , S 29-11-1999, núm. 724/1999, rec. 531/1999. Pte: Arqué Bescós,
Julián Carlos
" tiene declarado esta Sala (Sentencia de 25 de enero de 1999) la circunstancia de que el
aprovechamiento del costo sea de caza menor no excluye la presencia en el mismo de otras
especies superiores, además no se acredita que se hubieran adoptado las medidas pertinentes
en evitación de daños previsibles y evitables y por cuanto la existencia del coto como tal
produce una serie de restricciones y limitaciones frente a terceros en propio beneficio de
la sociedad cazadora, por todo ello procede revocar la Sentencia de instancia, estimando la
demanda en su totalidad.
-AP Ciudad Real , sec. 1ª , S 31-07-1999, núm. 272/1999, rec. 91/1999. Pte: Casero
Linares, Luis
"Tampoco puede compartirse la apreciación de que al tratarse de un jabalí no
estamos ante un animal que viva de forma permanente en el coto, pues aunque esto
resulte cierto también lo es que el coto se beneficia de este tipo de animales, por lo que
quien obtiene el beneficio debe también asumir los riesgos que el mismo comporte,
siendo ésta una regla hoy básica en el campo de la responsabilidad civil."
-AP Ciudad Real , sec. 1ª , S 31-07-1999, núm. 272/1999, rec. 91/1999. Pte: Casero
Linares, Luis
"Tampoco puede compartirse la apreciación de que al tratarse de un jabalí no estamos
ante un animal que viva de forma permanente en el coto, pues aunque esto resulte cierto
también lo es que el coto se beneficia de este tipo de animales, por lo que quien obtiene el
beneficio debe también asumir los riesgos que el mismo comporte, siendo ésta una
regla hoy básica en el campo de la responsabilidad civil.
Como se puede comprobar la Jurisprudencia es prácticamente unánime al
considerar que la razón suficiente y nexo causal que une al animal salvaje causante del
accidente con el coto de caza es que puesto que el coto se beneficia del animal con
38

exclusividad al resto de los ciudadanos ha de asumir la responsabilidad de los daños que
produzca.
LA CONCLUSIÓN FINAL DE LA JURISPRUDENCIA ES ; PUESTO
QUE EL COTO OBTIENE UN BENEFICIO EXCLUSIVO DEL
APROVECHAMIENTO DE LA PIEZA CINEGÉTICA HA DE PAGAR TODOS
LOS DAÑOS QUE PRODUZCA.
Pues bien, EN EL CASO DE IMPUTACIONES A TITULARES DE
COTOS DE CAZA YA SEAN GESTIONADAS POR ENTIDADES PÚBLICAS O
POR PRIVADOS ESTA CONCLUSIÓN ES ERRÓNEA. El Titular del Coto,
publico o privado, NO OBTIENE BENEFICIO ALGUNO por el animal que es
atropellado esencialmente por DOS RAZONES ;
1).- POR LA CONDICIÓN SUPRANACIONAL DE LAS PIEZAS
CINEGÉTICAS QUE CONFIGURAN LAS EXPECTATIVAS DEL
APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO.
La cualidad esencial de la caza es la INCERTIDUMBRE que se practica sobre
un TERRENO LIBRE DE VALLADO que permita el desplazamiento sin traba a los
animales.
Es impensable que un cazador de un coto o reserva salga al campo conociendo
exactamente la pieza que va abatir, puesto que ello implicaría eliminar, la esencia básica
de caza.
Sería entonces como si al rellenar una quiniela, se conociese con certeza cual es
el premio que le va a corresponder.
Los componentes cazadores de un coto o reserva que ostentan la autorización del
titular de un aprovechamiento cinegético AL SALIR DE CAZA TIENEN UNA
EXPECTATIVA APREHENSIÓN DE CUALQUIER PIEZA CINEGÉTICA que
cumpla con las autorizaciones dadas por la administración y que cumpla las condiciones
de selectividad que propio cazador se autoimponga que por suerte cada vez son más,
pero NO SOBRE UNA PIEZA DE CAZA DETERMINADA, ni un animal
concreto.
Como se ha visto la piezas cinegética al ser salvajes tienen la libertad de
desplazarse libremente a lo largo de todos los territorios de España, ó de Europa, el
cazador TIENE UNA EXPECTATIVA DE CAZAR CUALQUIERA DE ESTOS
ANIMALES.
Pongamos ejemplos de piezas cinegéticas voladoras por su condición de
desplazamiento más rápido y sus costumbres migratorias.
Teniendo permiso de caza de Patos, un cazador Español TIENE UNA
EXPECTATIVA DE CAZAR UN PATO QUE ACTUALMENTE SE PUEDE
ENCONTRAR EN NORUEGA, y un cazador Noruego el que se encuentre en el
mismo momento en una Laguna en territorio nacional. No sería la primera vez que el
cruce de un pato ó una perdiz a producido la rotura de un parabrisas, ó una abolladura
considerable en el frontal ó capó de un vehículo.
¿Quién paga esos daños?, el del coto que acaba de sobrevolar después de
recorrer 10.000 Km. de distancia, como hacen todos los años.
¿Y si una bandada de patos es arrollada por un AVIÓN AL DESPEGAR ó
ATERRIZAR, y dañan el fuselaje, la turbina del motor ó las hélices ó hacen precipitarse
a la aeronave al suelo?, HECHO QUE NO ES INVENCIÓN SINO QUE YA SE HA
PRODUCIDO.
39

¿QUIEN PAGA LOS MILES DE MILLONES QUE PUEDE SIGNIFICAR
TAL SINIESTRO?
¿EL TITULAR DEL COTO QUE TIENE PERMISO DE TIRAR ALGUNOS
PATOS AL AÑO?, pues si aplicásemos indistintamente las normas de las C.A.
referidas y el art. 33 de la Ley 4/1971, y la jurisprudencia junto a su principio del
beneficio el responsable sería el cazador de los patos.
Lo mismo ocurre con la caza mayor en zonas libres. Un cazador Extremeño
tiene una expectativa futura de cazar un jabalí que actualmente se puede encontrar en
Zamora, ó en Francia. Es cierto que las mayores expectativas las tiene sobre los
animales que se encuentren más próximos a su coto, y mientras más cercana se
encuentre la fecha de la cacería, pero ello no elimina las expectativas que tienen todos
los cazadores Españoles ó los Franceses sobre los propios animales que se encuentre en
el referido coto en la fecha actual ya que los mismos pueden llegar a desplazarse
grandes distancias sin grandes problemas. Este hecho no es baladí, un jabalí en menos
de un mes puede atravesar todo el territorio español de norte a sur.
Un ejemplo de supranacionalidad de los animales silvestres que puede ser claro ;
La enfermedad de la Mixomatosis que se inició en una granja de Francia tardó unos
meses tan solo en expandirse por todo Europa, prueba que todas las poblaciones de esta
especie se encontraban interrelacionadas. ¿Respetó fronteras la enfermedad?, pues a la
misma velocidad se puede desplazar cualquier animal mamífero silvestre.
Esto es, el Titular de un aprovechamiento cinegético TIENE UNA
EXPECTATIVA DE CAZA SOBRE TODAS LAS PIEZAS CINEGÉTICAS
HABIDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Y DEL EXTRANJERO EN
ZONAS LIBRES O NO CERCADAS, siempre y cuando sean de las que tiene
reconocido su aprovechamiento dentro de su plan de caza, expectativa que se irá
acrecentando a medida que se acerque la fecha de la cacería, y la proximidad de la caza,
pero ello, no le hace tener NINGUNA TITULARIDAD, DOMINIO, BENEFICIO
O APROVECHAMIENTO SOBRE LOS animales que un momento determinado
se encuentren entre las lindes ó que atraviesen el coto, NI TAN SIQUIERA aunque
las piezas cinegéticas se encontrasen en la mancha específica que se va a cazar el
día de la cacería, ni la presencia de los corzos o los ciervos el día del rececho NO
SE GARANTIZA ni mucho menos su caza, aprehensión, ni su detección ó vista por
algún cazador ó perro en su caso.
2).- EL TITULAR DEL COTO NO OBTIENE BENEFICIO EXCLUSIVO
ALGUNO POR EL PASO DE LA CAZA POR SU COTO.
Si una tirada de Patos está permitida en el mes de Diciembre ¿Qué beneficio
obtiene el coto por que pasen patos en mayo?.
¿De qué le vale a un cazador de patos que atraviesen su coto MILES DE
MILLONES DE PATOS A LO LARGO DEL AÑO SI EL DIA DE LA TIRADA NO
PASA NINGUNO Ó CASI NINGUNO?.¿QUE BENEFICIO HA OBTENIDO EL
TITULAR DEL COTO A LO LARGO DE TODO EL AÑO POR EL PASO DE LO
PÁJAROS?
Y sin embargo, si esos patos hacen caer a una avioneta, ¿Sería responsable?,¿
Por qué?, ¿Por el beneficio que ha obtenido viendo pasar por encima de sus cabezas
todos los pájaros?.
¿QUE BENEFICIO OBTIENE UN TITULAR DE UN APROVECHAMIENTO
CINEGÉTICO POR QUE ATRAVIESEN EL COTO CIENTOS DE JABALÍES,
CIERVOS O CORZOS, si el día de la cacería no se encuentran apenas alguno en la
mancha ó zona a cazar?
40

El Titular del coto NO PUEDE CAMBIAR LAS FECHAS DE LAS
CACERÍAS DE UN DIA PARA OTRO ó las monterías ni la mancha ó zona a
cazar en función de la caza que se observe en momento determinado, puesto que la
Autorización Administrativa es para un día y una zona prefijadas y se solicita con una
prelación mínima de un mes por regla general, y prácticamente con meses.
EL BENEFICIO QUE OBTIENE UN COTO POR EL PASO
CONSTANTE DE PIEZAS CINEGÉTICAS ES ABSOLUTAMENTE NULO, y
por lo tanto EL PRESUPUESTO FÁCTICO BÁSICO DEL BENEFICIO, en el
fundamenta la JURISPRUDENCIA para realizar una imputación de la
responsabilidad del art. 33 de la Ley de 1970 y de las normas de las Leyes caza de
la C.A. ES FALSO Ó ERRÓNEO
CONCLUYENDO ; LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD POR EL BENEFICIO EXCLUSIVO QUE TITULAR DEL
COTO OBTIENE NO ES APLICABLE AL ESPECÍFICO CASO DE LOS
ACCIDENTES EN LAS VIAS DE CIRCULACIÓN PROVOCADOS POR
ANIMALES SILVESTRES, Y LA IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
A LOS TITULARES DE LOS COTOS O RESERVAS POR ESTE MOTIVO ES
ERRÓNEA, ARBITRARIA E INCONSTITUCIONAL.
C.C) 2º.- TEORÍA DEL RIESGO
El razonamiento básico creado jurisprudencialmente a raíz de la aplicación del
art. 1902 del Código Civil que regula responsabilidad extracontractual, como normativa
aplicable desde la legislación civil a los casos en no exista una previa relación
contractual pero que por acción u omisión se provoque un daño a tercero, hace nacer un
deber de resarcimiento en aquellas situaciones en las que se haga provocado un
"agravamiento del riesgo", y este haya aumentado las posibilidades de la producción del
daño, que ha sido denominada Teoría del Riesgo creado.
Esta Teoría imponía además al teórico responsable una doble carga, amén de
responder con su patrimonio, cual es la inversión de la carga probatoria, esto es,
demostrada la producción del daño, es la persona que demandada que con su actividad
ha teóricamente ha aumentado el riesgo, el que ha de demostrar todas sus alegaciones y
en cambio el actor no ha de demostrar nada más, puesto la aplicación estricta de esta
teoría implicaba una responsabilidad OBJETIVA, esto es, solo por el hecho de la
creación del daño ya nace la obligación indemnizatoria, sin tener en consideración la
posible culpa exclusiva de conductor.
En los supuestos de accidentes en las carreteras provocados animales
silvestres cazables le es imputable la responsabilidad al Titular del coto colindante
por no haber puesto toda la diligencia necesaria para evitar el daño al tercero, y es
el que se encuentra obligado a demostrar la no procedencia del animal de su coto,
o resarcir.
Resaltamos jurisprudencia al respecto ;
-AP Barcelona , sec. 18ª , S 02-12-1999, núm. 294/1999, rec. 136/1999. Pte: Valpuesta
Bermúdez, Victoriano
41

", que se justifica en este caso por cuanto que la existencia de un coto limítrofe con
una vía de circulación crea el peligro cierto de que los animales existentes en aquél
interrumpan en ésta. La creación del coto precisamente propicia la presencia en ese
hábitat de distintos animales que encuentran condiciones idóneas para su desarrollo y
subsistencia, y ese agravamiento" de la posibilidad normal de existencia de animales
en beneficio de los que se aprovechan del coto, debe corresponderse justamente con
una mayor exigencia en la responsabilidad frente a terceros. Por eso es a la
demandada a quien correspondería probar que el jabalí no procedía del Coto.
-TS 1ª, S 08-07-1988. Pte: Malpica González-Elipe, Matías
"TERCERO.-- El segundo motivo también al amparo del núm. 5 art. 1692
LEC acusa la infracción del art. 1214 CC, que ha de fracasar ante la
consideración de que en esta materia de la responsabilidad derivada de la culpa
extracontractual, determinada en el art. 1902, la carga de la prueba no gravita
como de ordinario, -sobre todo en las relaciones contractuales y demás
instituciones jurídicas-, sobre quien ejercita la acción dimanante de un derecho
subjetivo subyacente en una relación equilibrada, del mismo nivel ontológico,
sino que aquí la acción se dispara a consecuencia de una actividad mas o menos
lícita de una de las partes que se proyecta sobre la otra a la que produce un daño o
perjuicio sin una recíproca actividad concurrente, pues precisamente cuando se
produce en alguna medida esa actividad por parte de quien sufrió el daño, actúa la
denominada compensación de culpas como correctivo a la reconducción integra
de las consecuencias del daño al patrimonio de quien lo produjo o inició en orden
a la responsabilidad que ello entraña, de suerte que cuando esa actividad se ha
producido, según constatación en autos, ha de ser el agente activo el que por
elemental criterio nivelador de derechos e intereses, ha de acreditar el resultado
inocuo de la misma para que quede libre su patrimonio de la responsabilidad
inherente y ello tanto sea por actividad unilateral, como por la posesión de cosas
que entrañen algún riesgo, máxime si procura lucro o alguna ventaja al
poseedor, todo lo cual comporta lo que se denomina inversión de la carga de
la prueba, como traducción procesal, de lo que en términos sustantivos
culpabilísticos se intitula como teoría del riesgo o de la culpa objetiva, pues a
esto se reduce la aplicación de la doctrina de esta Sala (SS 6 octubre 1981; 10
mayo 1982; 11 abril 1984 y 18 febrero 1987), cuando se dice "que en la culpa
extracontractual debe presumirse la existencia de negligencia en el causante
del daño, salvo cuando, aparte de fuerza mayor, el autor de la acción u
omisión acredite haber actuado con el cuidado que requieran las
circunstancias del lugar, tiempo y modo" cuya misma es la razón determinante
de la solidaridad cuando no se demuestre o no se den los suficientes elementos
conducentes a diferenciar la concreta responsabilidad de cada uno de los agentes
integradores de la pluralidad de sujetos de donde provenga el daño por la
actividad común o concurrente a su acaecimiento (SS 27 noviembre 1981 y 31
octubre 1984)."
-AP Navarra , sec. 2ª , S 31-07-1999, núm. 203/1999, rec. 316/1998. Pte: Goyena
Salgado, Francisco José
-AP Navarra , sec. 3ª , S 26-06-2000, núm. 155/2000, rec. 273/1999. Pte: García
Pérez, Juan José
"Ciertamente y a diferencia de la anterior regulación establecida por la Ley
Foral 2/1993, de 5 de Marzo, que establecía una responsabilidad objetiva, como
ha señalado esta Audiencia (S.A.P. (Sección 2ª) 30-9-95 y S.A.P. (Sección 1ª) 6-
9-94, 14-2-95 y 29-5-95), la actual redacción del art. 31 ya citado, al remitirse a la
legislación civil y en concreto a la Ley 488.2 Fuero Nuevo y arts. 1.902 C. Civil,
ha suavizado el rigor objetivo de la responsabilidad al no prescindir por completo
del elemento culpabilístico, aunque si acercándose a soluciones cuasi-objetivas.
42

Así lo ha señalado la S.T. Superior de Justicia de Navarra de 11-3-94 al señalar:...
que la Jurisprudencia del T.S., de acuerdo con las tendencias actuales en esta
materia, viene desde hace tiempo matizando esa exigencia de forma que, sin
llegar a una total objetivación de la responsabilidad, sin prescindir del
criterio de la culpabilidad como base y fundamento de la misma, atenúa tal
exigencia sentando aquella responsabilidad en atención a la teoría del riesgo
creado, sin erigirla en fundamento único de la obligación de resarcir, acudiendo
al criterio de inversión de la carga de la prueba o de la atenuación del deber que,
acerca de la misma, incumbe a la víctima, o presumiendo culposa toda acción u
omisión generadora de un daño indemnizable, a no ser que el agente demuestre
haber procedido con la diligencia debida a tenor de las circunstancias, sentencias,
entre otras muchas, de 5 de febrero de 1991, 11 de febrero de 1992 y 12 de
febrero, 20 y 25 de mayo de 1993, que siguen y, en cierto modo acentúan el
criterio, próximo a soluciones cuasi-objetivas,.... pues, como expresa la de 8 de
noviembre de 1.990: les de mantener, por el contrario, el moderno concepto de
culpa que no consiste solamente, según el criterio clásico, en la omisión de la
diligencia exigible según las circunstancias del caso, ya que actualmente se ha
ampliado el concepto de culpa para abarcar aquellas conductas donde hay
negligencia sin una conducta antijurídica y aquellas otras en que partiendo de una
actuación diligente y lícita, no sólo en su inicio sino en su desarrollo, se entienden
existente también conducta culposa a virtud de un resultado socialmente dañoso
que impone la desaprobación de la acción o de la conducta, por ser contraria a los
valores jurídicamente exteriorizados; es decir, es una conducta socialmente
reprobada".
Esta obligación de indemnizar, en principio y sin perjuicio de que se acredite la
concurrencia de los requisitos exigidos jurisprudencialmente, derivada de una
responsabilidad extracontractual, sería también predicable de los titulares de
los aprovechamientos cinegéticos de los cotos de caza, por el beneficio que
obtienen, con base en la regulación de la responsabilidad aquiliana de la Ley
488.2 Fuero Nuevo y arts. 1.902 y siguientes del Código Civil, a que se remite
la legislación foral."
-AP Alicante , sec. 6ª , S 07-06-2000, rec. 732/1998. Pte: Rives Seva, José María
"....la Sala no desconoce la evolución doctrinal emanada de la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, especialmente de las sentencias de 24 de enero y 11 de
febrero de 1.992, cuando en éstas se manifiesta que la responsabilidad por culpa
extracontractual o aquiliana, aunque basada originariamente en el elemento
subjetivo de la culpabilidad, ha ido evolucionando, a partir de la sentencia de 10
de julio de 1.943, hacia un sistema que, sin hacer plena abstracción del factor
moral o psicológico y del juicio de valor sobre la conducta del agente, acepta
soluciones cuasi objetivas, ...................E incluso, por último, acudiendo a la
teoría del riesgo, como otro de los elementos atenuantes de aquel principio, y
que es aplicable a aquellos supuestos de daños generados como consecuencia
del desarrollo o ejercicio de actividades peligrosas, y por tal motivo, quién
crea un riesgo, aunque su actuar originario sea lícito, debe soportar las
consecuencias derivadas de su referido actuar peligroso, del que se beneficia,
("cuius est commodum, eius est periculum"), puesto que las actividades
peligrosas se proyectan negativamente sobre la vida de los seres humanos y
exigen, cuando se trata del manejo de determinados aparatos o maquinaria, que se
extremen las medidas de prudencia y diligencia hasta apurarlas, a fin de evitar
que el peligro que ya se crea con la puesta en su funcionamiento, no se convierta
en daño efectivo y real. En este mismo sentido se expresan las sentencias del
Tribunal Supremo de 12 y 22 de noviembre de 1.993 y 9 de julio de 1. 994."
43

-AP Palencia , S 22-03-1999, núm. 83/1999, rec. 60/1999. Pte: Coullaut Ariño,
Gabriel
"SEGUNDO.- Hechas las anteriores precisiones y reiterando el criterio
que en aplicación de citada normativa estatal tenía establecido esta Sala, el
art. 33 de mencionada Ley imputa a los titulares de los aprovechamientos
cinegéticos la responsabilidad por los daños originales por piezas de caza
procedentes de terrenos acotados, es decir estableció una responsabilidad
objetiva que se entendía estaba fundamentada en la teoría del riesgo, según
la cual quien crea el riesgo responde de los daños que tal situación de riesgo
pueda causar a terceros, "
-AP Alava , S 26-02-1992, rec. 54/1992. Pte: Víñez Argüeso, Silvia
"Lo que ocurre es que a la vista de la actual línea jurisprudencial en la
interpretación del art. 1902, y en concreto de la generalizada invocación de la
inversión de la carga de la prueba por parte del Tribunal Supremo, los supuestos
de los arts. 1905.10 han dejado de tener el significado histórico que
probablemente los justificó, a la luz del "progreso o solidez de los principios de
solidaridad social, en el advenimiento o de la llamada responsabilidad por
riesgo, o bien de la responsabilidad por el uso de las cosas, en los que ya,
descolgado el nexo de imputación del modelo voluntarista la conquista de
aquella coacción daño igual a responsabilidad, determinó que, en cualquier
caso, cuando el daño se produce a consecuencia de la presencia del
damnificado en un mundo en que está... el dueño o lucrado con esa actividad
debe responder..." (STS 5-7-89).
-AP Teruel , S 27-01-1992, rec. 145/1991. Pte: Ochoa Fernández, José Antonio
TERCERO.- Hemos de acoger, también, si bien con una importante precisión,
la exposición doctrinal que realiza el Juzgador de instancia en el f. j. 3º, en cuanto
reproduce la construcción tradicional o subjetivista doctrinal y jurisprudencial de
la demanda culpa extracontractual o Aquiliana, pero olvida que esa concepción
clásica, desde la ya lejana STS 10-7-43, pasando por las SS 20-10-63, 11-3-71,
29-12-75, 29-3-83, 25-4-83, 21-6-85, 1-10-85, 19-2-87, 8-5-90 y las 5-2-91 y 8-2-
91, ha derivado hacia posiciones o construcciones objetivistas o cuasi-objetivas,
sin romper, esto no obstante, con la teoría clásica ni prescindir por ello del juicio
de valor sobre la actuación del agente y los elementos psicológicos de su
conducta; evolución impuesta por exigencias sociales ante el incremento
incontrolado de actividades peligrosas y creadoras de riesgos continuos, que la
moderna tecnología conlleva con los avances sorprendentes de nuestro
tiempo; riesgos que pretende moderar imponiendo, a los agentes creadores,
de los mismos y beneficiarios de las ventajas que para ellos se derivan, el
deber de reparar los daños y perjuicios causados a terceros como
compensación aquellos beneficios; lo que se ha plasmado legislativamente
con distinta intensidad; así en materia de circulación terrestre y aérea o en
las actividades de caza, la regla, en síntesis, se puede reducir a que quien
produce un daño debe resarcirlo, a menos que justifique actuó con la
diligencia debida o acredite en forma, la ruptura del nexo causal,
inexcusable en este tipo de responsabilidad culposa, produciéndose en el
ámbito procesal el fenómeno que se conoce por inversión en la carga
tradicional de la prueba, que en nuestro derecho ha recogido el art. 1214 CC,
o imponiendo a los agentes creadores del riesgo mayores exigencias del cuidado
que las simples consignadas en los reglamentos correspondientes, cuando la
observancia de estas medidas se han revelado inútiles o insuficientes para
prevenir y precaver el da ño temido.
44

No vamos a negar que existen voces discordantes, desgraciadamente aisladas,
que con mayor justicia relativizan la aplicación de la, valga la redundancia, INJUSTA
objetivación que supone la estricta aplicación de la Teoría del Riesgo ;
-AP Córdoba , sec. 2ª , S 20-03-2000, núm. 65/2000, rec. 26/2000. Pte: Berdugo
y Gómez de la Torre, Juan Ramón
"En líneas generales, es cierto que la clásica responsabilidad civil subjetiva en
su evolución doctrinal y jurisprudencial, tiende hacia una de índole objetiva,
como consecuencia derivada de que los avances de la técnica hacen surgir una
serie de riesgos con sus correlativos daños, por lo que constituye una
exigencia social la consideración de que el creador de un riesgo, debe asumir
todas las consecuencias de su actividad, si bien, el acercamiento a la
responsabilidad por riesgo se ha producido, en una mayor medida en los
supuestos de actividades empresariales e industriales que lleven inherente un
factor o componente de peligrosidad. .......
Ahora bien aquella responsabilidad cuasiobjetiva solo será exigible cuando se
da una relación de causalidad entre la acción u omisión -causa- y el daño o
perjuicio resultante -efecto-. Por ello el nexo causal se ha considerado en
numerosos casos como base de la culpa del agente, pues no se debe
considerar aisladamente la mera sucesión causal del acontecimiento y que
éste sea indiferente a la responsabilidad si no lleva consigo imputabilidad
para alguna persona. Es decir que la objetivación de la culpa es, obviamente,
partiendo de una verdadera relación de causalidad entre la acción o la omisión
que se alega -o incluso se presume culposa- y el daño o resulta producido. Y en
este punto para la determinación de la existencia de relación o enlace preciso y
directo entre la acción u omisión y el resultado, la jurisprudencia viene apuntando
el principio de la causalidad adecuada que exige, para apreciar la culpa del
agente, que el resultado sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente de la
determinación de la voluntad, debiéndose entender por consecuencia natural,
aquella que propicia entre el acto inicial y el resultado dañoso, una relación de
necesidad, conforme a los conocimientos normalmente aceptados, debiendo
valorarse en cada caso concreto, si el acto antecedente que se presenta como
causa tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive como
consecuencia necesaria el defeco lesivo producido, no siendo suficientes las
simples conjeturas, o la existencia de datos fácticos que, por mera coincidencia,
induzcan a pensar, en una posible interrelación de esos acontecimientos, sino que
es preciso la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la
conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que haga patente la
culpabilidad que obliga a repararlo. Y esta necesidad de una cumplida
justificación no puede quedar desvirtuada por una posible aplicación de la
teoría del riesgo, la objetivación de la responsabilidad o la inversión de la
carga de la prueba, pues el "cómo" y el "por qué" se produjo el hecho
constituyen elementos indispensables en el examen de la causa eficiente del
evento dañoso (SS 17.10.90, 13.2.93 y 3.11.93) pues la afirmación de que una
acción ha causado un resultado no es más que un presupuesto, a partir del
cual hay que precisar si esa causación del resultado es objetivamente
imputable a la acción causal del sujeto, no pudiéndose olvidar, por otra
parte, los llamados cursos o series causales acumulados, hipotéticos,
irregulares y complejos, que son aquellos en los que tienen lugar una
acumulación de causas, pues junto a una causa inmediata pueden concurrir
causas precedentes, concomitantes o simultáneas o sobrevenidas, y estas
últimas excluyen la causalidad, si se originan por un accidente extraño que
no tiene relación con el hecho cometido por el agente, y que suele acontecer
45

cuando a la causa inicial se le añade una acción u omisión ilícita de otra
persona o de la propia víctima. "
Dentro del apartado de la Teoría del Riesgo vamos a estudiar diferentes
apartados interrelacionados entre sí ;
1) INEXISTENCIA DE AGRAVAMIENTO DEL RIESGO POR LA
ACTIVIDAD CINEGÉTICA
2) DILIGENCIA EXIGIBLE ; LA INAPLICABILIDAD AL CASO DE
LA TEORÍA DEL RIESGO
3) ASEGURAMIENTO Ó ABANDONO DEL COTO
4) CARGA PROBATORIA ; INDEMOSTRABILIDAD
1) INEXISTENCIA DE AGRAVAMIENTO DEL RIESGO POR LA
ACTIVIDAD CINEGÉTICA
A) ASPECTO GENERAL; La existencia de Coto en zona no vallada no
supone incremento del riesgo
Como decíamos en la Premisa Previa del Fundamento IV, los cotos de caza se
pueden clasificar desde un punto de vista exclusivamente fáctico en tres tipos ;
1-Los cotos CERCADOS con valla cinegética para caza Mayor .
2-Los APROVECHAMIENTOS INTENSIVOS,
3-Los cotos "LIBRES", en zonas no valladas con libertad de paso a todas
las especies de animales silvestres.(la inmensa mayoría)
Un COTO DE CAZA EN ZONA NO VALLADA O LIBRE DE PASO, NO SE
CREA DONDE NO EXISTE CAZA, o donde no hay posibilidades que la haya, y
espera pacientemente que algún día crezcan la floresta se forme el hábitat, y vengan
piezas cinegéticas, los Cotos de Caza en zona "libre" o no vallado se CREAN DONDE
EXISTE LA CAZA, O TIENE EXPECTATIVAS que pudiese existir, y estos como es
lógico tienen interés en que se mantenga.
En ZONA LIBRE la caza no se trae o crea artificialmente.
EL CAZADOR en zona no vallada, NO CREA Ó CRIA LA CAZA, COMO
UNA GRANJA CRIA POLLOS.
ES IMPENSABLE que un titular de un coto privado DE UNA ZONA "LIBRE"
O NO VALLADA REALICE UNA SUELTA DE PIEZAS DE CAZA MAYOR en su
coto, puesto que inmediatamente todas ellas se diluirían a lo largo de toda zona idónea ó
de la provincia y el esfuerzo pueden verter en beneficio de toda la comunidad pero no
en suyo propio.
Otra cuestión es que la Administración en su afán de protección del Medio
Ambiente realice sueltas de animales silvestres en zonas despobladas de los mismos que
en algún momento pasado los albergaron, pero en una zona libre y no vallada a la
administración como Titular o gestora de una reserva no se le ocurre hacer tal suelta.
Por la existencia de un ACOTADO DE CAZA EN ZONA NO VALLADA NO
SIGNIFICA que vaya a INCREMENTARSE el número de piezas cinegéticas, lo que sí
significa es que con la guardería se va a evitar el furtivismo, y se va mantener la caza
que habría existido.
46

B) ASPECTO EXPECÍFICO ; la práctica en sí de la caza no genera
especial riesgo.
Existe también un dato a tener en cuenta, y es un hecho incuestionable, sólo una
ínfima parte de los accidentes, uno de cada mil coincide con la fecha de la batida ó la
cacería.
De las más de cientos de sentencias que redactor de estas líneas tiene leídas
sobre este tema, solo en una ó dos existía efectiva coincidencia ó relación alguna entre
la fecha ó fechas de las cacerías y la fecha del accidente
Esto es la actividad cinegética en sí no aumenta el riesgo de accidentes de
tráfico por el cruce de animales silvestres de las carreteras, ó si lo hace, es una
excepción.
Se ha comprobado que inmensa mayoría de los accidentes de tráfico en los que
ha intervenido una pieza cinegética se ha producido en épocas NO COINCIDENTES
CON LOS DIAS DE CAZA del coto colindante.
Si no fuese así, no existirían corrientes jurisprudenciales que eximen de
responsabilidad por ocurrir un accidente en ÉPOCA DE VEDA.
Así pues, ni la existencia de los cotos de caza en zona "libre" ó no vallada,
ni la practica de la caza en sí, GENERAN UN RIESGO ADICIONAL AL QUE YA
EXISTÍA PREVIAMENTE a la constitución del coto, y por ello, ES ERRÓNEO
EL PRESUPUESTO FÁCTICO JURISPRUDENCIAL DE AUMENTO DEL
RIESGO EN EL CASO DE LOS COTOS EN TERRENOS NO VALLADOS Y
CON LIBERTAD DE PASO.
Tanto el legislador como la Jurisprudencia parten de una premisa ERRÓNEA ;
UN ACOTADO DE CAZA EN ZONA "LIBRE" Ó NO VALLADA NO
INCREMENTA EL RIESGO DE LA PRODUCCIÓN DEL ACCIDENTES en la
carreteras producidos por animales salvajes cinegéticos.
estas conclusiones no serían válidas , y otra CUESTIÓN MUY DIFERENTE ES
EN FINCAS CON VALLADO CINEGÉTICO Ó CON APROVECHAMIENTO
INTESIVO.
2) DILIGENCIA EXIGIBLE ; LA INAPLICABILIDAD AL
CASO DE LA TEORÍA DEL RIESGO
Vista la Jurisprudencia reflejada en este estudio, esta representación afirma sin
lugar a dudas que la TEORÍA DEL RIESGO NO ES APLICABLE a los casos de
accidentes por irrupción en la vías de circulación de animales cinegéticos, y lo vamos a
razonar.
La TEORÍA DE RIESGO SE BASA EN LA FALTA DE DILIGENCIA en
evitar el daño, cuando en el específico caso que estudiamos, accidentes de Tráfico por
irrupción de animales salvajes en las calzadas, el Titular del Aprovechamiento
cinegético se encuentra IMPOSIBILITADO DE EVITAR la irrupción de estos
animales por varios motivos ;
1º.- Por la propia naturaleza errante de los animales de caza que no tienen
dueño, y campan a sus anchas sin control, y no avisan de su situación ni de su
paso por los caminos y vías públicas, y que solo podrían ser retenidos con la
implantación de vallado cinegéticos.
47

Una pieza cinegética NO ES UN PERRO QUE SU DUEÑO LO PUEDA
ATAR para que no salga a la carretera.
2º.- Por la naturaleza esquiva que les hace sólo o casi exclusivamente por
la noche, que implica una imposibilidad material de control de los mismos
3º.- Por que la instalación de vallados cinegéticos en muchas
comunidades están expresamente prohibidos ó precisan una especial
autorización administrativa, está prohibido cazar.
Destacamos los art. 37 de la Ley de Andalucía, art. 27 de la Ley de
Aragón, Art. 16 de Asturias, Art. 11 de Canarias, Art. 49 de Cantabria, Art. 47
de Castilla y León, Art. 56 de la Ley de Castilla la Mancha, Art. 60 de la Ley de
Extremadura, Art. 26 de la Ley de Galicia, Art. 35 de la Ley de Murcia, Art. 33
de la Ley de la Rioja.
Es cierto que las administraciones públicas se encuentran actualmente
muy sensibilizadas y más dispuestas que años anteriores a permitir la instalación
de vallado lindando con las carreteras sobre todo cuando se han producido ya
algún accidente de atropellos pero personalmente, no creo que la instalación de
vallado cinegético a lo largo de todos los caminos y carreteras de España sea
la solución más idónea y admisible dentro del concepto actual protección
del medio ambiente.
4º.- Por que los cazadores de coto o Reserva se encuentra totalmente
limitado por las autorizaciones o cupos otorgados por los órganos
administrativos, que son quienes deciden, el qué, el cuando y el cuanto de la
caza que se puede abatir.
5º.- Si El Titular de un coto observa como se aproxima un animal de la
especie jabalí, ciervo ó corzo a una carretera, y tiene un arma en sus manos, NO
PUEDE HACER ABSOLUTAMENTE NADA PARA EVITAR QUE
ENTRE EN LA CARRETERA por varias PROHIBICIONES
COMPRENDIDAS EN TODAS LAS LEYES DE CAZA ;
a) Por que en "zona de Seguridad" (cerca de caminos y
carreteras) no se puede realizar el ejercicio de la caza, ni portar armas
listas para su uso, ni realizar ningún disparo.
b) Por que no existe previa autorización administrativa para
cazar que solo se permite los días autorizado por la Agencia de
Medio Ambiente.
c) Por que si es una hembra de cualquier especie, está prohibido
abatirla.
d) Por que si es veda tampoco se puede cazar.
B) Si un Titular de un Coto observa una superpoblación de alguna
especie cinegética, si la administración no lo considera no le conceden más
cupo de caza, y mientras tanto se pueden producir accidentes y el
culpable teórico el es coto.
C) Es frecuente la protesta de los Titulares de cotos no administrativos
por la falta de concesión de permisos en zonas específicas que lo permitirían
pero que por falta de personal y medios administrativos para hacer un
estudio pormenorizado los permisos se conceden desde unas oficinas
48

administrativas aplicado unos varemos igualitarios a todos los cotos
según las Has./pieza sin tener en consideración cada caso en concreto.
La jurisprudencia en aplicación de la Teoría del Riesgo condena a los
Titulares del Coto por "no haber acreditado haber actuado con el cuidado
que requieren las circunstancias" ó " por no haber procedido con la
diligencia debida a tenor de las circunstancias " ;
-TS 1ª, S 08-07-1988. Pte: Malpica González-Elipe, Matías
".... cuando se dice "que en la culpa extracontractual debe presumirse la
existencia de negligencia en el causante del daño, salvo cuando, aparte de
fuerza mayor, el autor de la acción u omisión acredite haber actuado con el
cuidado que requieran las circunstancias del lugar, tiempo y modo"
-AP Navarra , sec. 2ª , S 31-07-1999, núm. 203/1999, rec. 316/1998. Pte:
Goyena Salgado, Francisco José
-AP Navarra , sec. 3ª , S 26-06-2000, núm. 155/2000, rec. 273/1999. Pte: García
Pérez, Juan José
".. que la Jurisprudencia del T.S., de acuerdo con las tendencias actuales en
esta materia, viene desde hace tiempo matizando esa exigencia de forma que, sin
llegar a una total objetivación de la responsabilidad, sin prescindir del criterio de la
culpabilidad como base y fundamento de la misma, atenúa tal exigencia sentando
aquella responsabilidad en atención a la teoría del riesgo creado, sin erigirla en
fundamento único de la obligación de resarcir, acudiendo al criterio de inversión de
la carga de la prueba o de la atenuación del deber que, acerca de la misma, incumbe
a la víctima, o presumiendo culposa toda acción u omisión generadora de un daño
indemnizable, a no ser que el agente demuestre haber procedido con la
diligencia debida a tenor de las circunstancias, sentencias, entre otras muchas, de
5 de febrero de 1991, 11 de febrero de 1992 y 12 de febrero, 20 y 25 de mayo de
1993, que siguen y, en cierto modo acentúan el criterio, próximo a soluciones cuasiobjetivas,....
Pero, ¿CUAL SERÍA PARA LOS TRIBUNALES LA ACTUACIÓN
DILIGENTE DEL TITULAR DEL COTO?
ES CURIOSO EN NINGUNA SENTENCIA INDICA CUAL SERÍA TAL
ACTUACIÓN , NI A TÍTULO INDICIARIO Y TENGA LA SEGURIDAD QUE
NO LO VAN DECIR EN NINGUNA, SIMPLEMENTE por que dada la coyuntura
legal existente y lo específico del caso se puede afirmar que prácticamente NO
EXISTE.
LA JURISPRUDENCIA, PUES PARTE DE OTRO ERROR ;
CONSIDERAR QUE EXISTE UNA DILIGENCIA "IN VIGILANDO". LA
EXIGENCIA DE UNA DILIGENCIA IMPOSIBLE DE CUMPLIR COMO
RAZÓN PARA IMPUTAR UNA RESPONSABILIDAD ES INJUSTA,
ARBITRARIA E INCONSTITUCIONAL.
3) ASEGURAMIENTO Ó ABANDONO DEL COTO
La única actitud diligente de un Titular de un coto de caza, para "salvar" su
patrimonio, es la de contratar un Seguro de cubra estos siniestros.
Al Titular del coto pues, solo le cabe asegurarse, y rezar para existan el mínimo
número de accidentes.
49

En este sentido existe un PROBLEMA AÑADIDO ; SON CADA VEZ
MENOS, Ó ACASO NINGUNA, LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS QUE
CUBREN ESTOS SINIESTROS Y SI LO HACEN EXIGEN UNA PRIMA
INASUMIBLE, dada la cantidad cada vez mayor de este tipo de accidentes, y sobre
todo, el importe de las indemnizaciones.
Este hecho general y es perfectamente CONSTATABLE.
Por las Autoridades Administrativas de la Comunidad de Castilla y León en el
año 2001 se ha hecho una oferta pública entre compañías aseguradoras para cubrir los
riesgos de la Administración por este tipo de accidentes de esta Comunidad, ofreciendo
una prima enorme ; CREO 250 MILLONES DE PESETAS.
RESULTADO ; HA QUEDADO DESIERTA LA LICITACIÓN, NO LE
INTERESA A NINGUNA COMPAÑIA DE SEGUROS, si bien parece ser que hace
poco tiempo se ha llegado a un acuerdo con una Franquicia de 300.000 Pts.
La misma Junta de Castilla y León a impuesto un recargo en los impuestos a los
cotos de caza de la comunidad Autónoma para cubrir estos riesgos, y solo entre el año
1999 y 2000, en ocho meses, los han incrementado, para algunos casos en el 400 por
100, (Grupo I )
Compárese las Ordenes 29-11-2000 y de 15-07-1999 ambas de ;
" Procedimiento de repercusión del coste del seguro de responsabilidad civil que cubre los riesgos
de los daños causados por las piezas de caza mayor en las zonas de seguridad(carreteras) de
Castilla y León para el año (1999 ó) 2000."
COTOS DE CAZA MAYOR Año 1999 PTS./HA. Año 2000 PTS./HA.
GRUPO I 13 48
GRUPO II 39 66
GRUPO III 65 92
GRUPO IV 91 108
Tal es el importe de las primas exigidas por la compañías aseguradoras que,
haciendo una división con el número de piezas de caza mayor permitidas resulta que por
cada una se ha de abonar una media de 50.000 Pts., lo que ocasiona que actualmente se
están abandonando numerosos cotos, ó se encuentran contemplando tal posibilidad, al
resultar imposible de asumir, ó por un lado el costo del la prima ó por otro los daños que
los animales cinegéticos produzcan.
¿Es constitucional que solo los que tengan posibilidad económica sean los que
puedan ejercer la caza?
SI SE ABANDONA EL COTO por ser insostenible económicamente, ¿SE VAN
A DEJAR DE PRODUCIR LOS ACCIDENTES EN LA CARRETERA
COLINDANTE?, no se sabe la respuesta, pero lo más lógico es que no, aunque
abandone el Titular el referido coto las accidentes se van a seguir produciendo de la
misma manera.
4) CARGA PROBATORIA ; INDEMOSTRABILIDAD
A) INDESMOSTRABILIDAD POR IMPOSIBILIDAD FÁCTICA
Cuando sucede un accidente de estas características se conoce un hecho, que se
presupone cierto, el animal ha entrado en la Zona de Seguridad (Carretera) y ha
provocado el accidente.
50

La Jurisprudencia es unánime, al acordar la inversión de la carga probatoria por
aplicación de la Responsabilidad recogida en el art. 1.902 del CC., e imputar tal
obligación al sujeto que teóricamente a ocasionado el Riesgo.
-TS 1ª, S 08-07-1988. Pte: Malpica González-Elipe, Matías
"TERCERO.-- El segundo motivo también al amparo del núm. 5 art. 1692 LEC
acusa la infracción del art. 1214 CC, que ha de fracasar ante la consideración de que
en esta materia de la responsabilidad derivada de la culpa extracontractual,
determinada en el art. 1902, la carga de la prueba no gravita como de ordinario,
..................ha de ser el agente activo el que por elemental criterio nivelador de
derechos e intereses, ha de acreditar el resultado inocuo de la misma para que
quede libre su patrimonio de la responsabilidad inherente y ello tanto sea por
actividad unilateral, como por la posesión de cosas que entrañen algún riesgo,
máxime si procura lucro o alguna ventaja al poseedor, todo lo cual comporta lo
que se denomina inversión de la carga de la prueba, como traducción procesal,
de lo que en términos sustantivos culpabilísticos se intitula como teoría del
riesgo o de la culpa objetiva, pues a esto se reduce la aplicación de la doctrina
de esta Sala (SS 6 octubre 1981; 10 mayo 1982; 11 abril 1984 y 18 febrero 1987),
-AP Navarra , sec. 2ª , S 31-07-1999, núm. 203/1999, rec. 316/1998. Pte: Goyena
Salgado, Francisco José
-AP Navarra , sec. 3ª , S 26-06-2000, núm. 155/2000, rec. 273/1999. Pte: García
Pérez, Juan José
"............ que la Jurisprudencia del T.S., de acuerdo con las tendencias
actuales en esta materia, viene desde hace tiempo matizando esa exigencia de
forma que, sin llegar a una total objetivación de la responsabilidad, sin prescindir
del criterio de la culpabilidad como base y fundamento de la misma, atenúa tal
exigencia sentando aquella responsabilidad en atención a la teoría del riesgo
creado, sin erigirla en fundamento único de la obligación de resarcir, acudiendo al
criterio de inversión de la carga de la prueba o de la atenuación del deber que,
acerca de la misma, incumbe a la víctima, o presumiendo culposa toda acción u
omisión generadora de un daño indemnizable, "
-AP Barcelona , sec. 18ª , S 02-12-1999, núm. 294/1999, rec. 136/1999. Pte: Valpuesta
Bermúdez, Victoriano
"......... ese agravamiento" de la posibilidad normal de existencia de animales en
beneficio de los que se aprovechan del coto, debe corresponderse justamente con una
mayor exigencia en la responsabilidad frente a terceros. Por eso es a la demandada a
quien correspondería probar que el jabalí no procedía del Coto."
-AP Barcelona , sec. 18ª , S 02-12-1999, núm. 294/1999, rec. 136/1999. Pte: Valpuesta
Bermúdez, Victoriano
"......... y ese agravamiento" de la posibilidad normal d e existencia de animales en
beneficio de los que se aprovechan del coto, debe corresponderse justamente con una
mayor exigencia en la responsabilidad frente a terceros. Por eso es a la demandada a
quien correspondería probar que el jabalí no procedía del Coto."
TANTO SI SE APLICASE EL PRINCIPIO ORDINARIO de la carga probatoria
recogido en el art. 1214 del CC., COMO SI SE INVIRTIESE la carga de prueba en
aplicación del concepto de la Responsabilidad extracontractual dado por la
jurisprudencia, nos encontramos con un HECHO INCUESTIONABLE ;
51

NO ES POSIBLE SABER Y POR LO TANTO DEMOSTRAR DE DONDE
PROCEDE UN ANIMAL SALVAJE, POR LA RAZÓN SIMPLE QUE NO
PROCEDE DE TERRENO ESPECÍFICO ALGUNO.
El mismo jabalí puede estar a finales de agosto en zonas de siembras y unos días
mas tarde estar en zona más serrana a la caída de las bellotas de los alcornoques.
Se puede probar que el hábitat es apropiado, por que lo diga un experto, se puede
demostrar, que existe comida en aquellas épocas para ese tipo de animales, se puede
traer testigos que hallan visto muchos, ó pocos, de esos animales, PERO NUNCA SE
PODRÁ DEMOSTRAR LA PROCEDENCIA Ó NO DE UN ESPECÍFICO ANIMAL
SALVAJE de un coto ó de otro.
ES ABSURDO Y UNA ABSOLUTA FALACIA QUE UN TRIBUNAL
IMPONGA, a la parte actora ó a la parte demandada indistintamente, LA
IMPOSIBLE CARGA DE PROBAR DONDE HA ESTADO Ó VIVIDO UN
ANIMAL SALVAJE.
Ninguna Ley, ni Tribunal puede imponer OBLIGACIONES IMPOSIBLES
DE CUMPLIR, por que desde el mismo momento que así fuese, se calificaría
inmediatamente de arbitraria, y se enfrentaría con el Principio de Interdicción de la
Arbitrariedad recogido en el art. 9.3 de nuestra Constitución
B) INDEMOSTRABILIDAD POR EL TRANSCURSO DE TIEMPO
Desde el momento que ocurre un accidente con un animal salvaje, el accidentado
¿Que hace?
Llama a la Guardia Civil ó no, en el momento ó al día siguiente y presenta un a
denuncia ó no, y da cuenta a su compañía de seguros, quien arregla los daños en el
vehículo, y posteriormente este en su propio nombre, con asesoría de su propia
compañía, ó la misma Cía. de Seguros reclama por acción de repetición contra el Titular
del Coto.
¿CUANDO TIENE CONOCIMIENTO EL TITULAR DEL ACCIDENTE?
Salvo que por casualidad se entere, como mínimo 6 MESES ó UN AÑO DESDE
QUE EL ACCIDENTE SE PRODUJO.
Y trascurrido todo ese tiempo ;
¿COMO VA A DEMOSTRAR DONDE VIVIA UNA ANIMAL QUE PASÓ
POR SU COTO HACE MESES?
¿COMO VA COMPROBAR SI HA SIDO EN LA LINDE DE SU COTO
DONDE SE HA PRODUCIDO EL SINIESTRO?
¿COMO VA COMPROBAR QUE HA SIDO UNA PIEZA CINEGÉTICA Y
NO UNA CABRA Ó UN PERRO, ANIMAL PRODUCTOR DE LOS DAÑOS?
¿COMO VA DISCUTIR LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS SI EL
VEHÍCULO YA SE ENCUENTRA ARREGLADO?, en la inmensa mayoría de las
veces.
¿COMO VA COMPROBAR SI DE PASO ARREGLAN OTROS
DESPERFECTOS DEL VEHÍCULO YA EXISTENTES?
En la Mayoría de las ocasiones sucede así, y los Tribunales aplicando una Teoría
del Riesgo le imponen al Titular del Coto por la inversión de la carga probatoria la
52

esponsablidad de DEMOSTRAR LO IMPOSIBLE, y en una situación clara de
INDEFENSIÓN.
Es cierto que este problema se delega a los Atestados del Seprona que obliga a
todo accidentado a realizar que a partir de la Ley de Tráfico reciente para poder
interponer la correspondiente reclamación.
CONCLUYENDO ; LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD POR LA TEORÍA DEL RIESGO NO ES APLICABLE
AL ESPECÍFICO CASO DE LOS ACCIDENTES EN LAS VIAS DE
CIRCULACIÓN PROVOCADOS POR ANIMALES SILVESTRES
VI
CORRIENTES JURISPRUDENCIALES EXIMIDORAS DE LA
RESPONSABILIDAD
También es cierto que la propia Jurisprudencia al darse cuenta, en cierto modo
de la escasa consistencia de las razones que imputaban la responsabilidad a los Titulares
de los cotos, han ido creando también unas corrientes jurisprudenciales que apoyados en
razones fácticas han determinado que ciertos casos eximÍan a los Titulares cinegéticos
por varias Razones ;
1).- POR NO TENER EL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO DE LA
ESPECIE PROVOCANTE DEL ACCIDENTE en los planes técnicos o especiales
del acotado.
Si un coto es de caza menor, y no puede cazar por ello piezas de caza Mayor, no
es razonable que responda por los daños de una animal que no está incluido en su plan
cinegético.
O incluso, aún siendo de Mayor, si solo incluye la especie de jabalí, no puede ser
condenado por el paso de un corzo o un ciervo.
El razonamiento es lógico, si la razón de imputabilidad es el Beneficio exclusivo
y la creación del riesgo, si la especie causante del accidente no está incluida en en el
plan cinegético cae por su base la aplicación de las teoría de imputabilidad de la
responsabilidad.
Hay que hacer mención que ya hay alguna Ley de Caza que han prescrito la
específica responsabilidad de los cotos con independencia de su plan cinegético, para
contravenir esta jurisprudencia, o sea que por cazar tres codornices te puede venir una
demanda de millones por ciervos, jabalíes o corzos, en un intento de trasladar el costo
económico de la administración al los Titulares privados.
Destacamos diferentes sentencias ;
MARGINAL: AC 1996\1182
RESOLUCION: SENTENCIA de 28-6-1996, núm. 175/1996.
Rollo de Apelación núm. 172/1996
JURISDICCION: CIVIL (AUDIENCIA PROVINCIAL DE CACERES, Sección 2ª)
"de una reclamación de daños materiales ocasionados en automóvil propiedad del
actor-apelante como consecuencia de accidente de tráfico ocurrido al invadir la calzada un
jabalí, y colisionar en consecuencia, contra él (folios 1 a 3), la normativa aplicable o
proyectable sería la del artículo 1906 del Código Civil o la de la legislación de Caza,
por contemplar, los casos de daños causados por animales de caza, que comprende al
jabalí, en cuanto animal salvaje catalogado de caza mayor, objeto de regulación por
dicha legislación especial, que en el caso contemplado determina, que estando acreditado
que el demandado sólo es titular de un coto deportivo, de aprovechamiento cinegético,
de caza menor (folios 34, 52 y 55) no quepa atribuirle responsabilidad civil
alguna, por el siniestro en tanto en cuanto el demandado ni posee el animal, libre
53

por otra parte, en la concepción de animal salvaje, que tiene el jabalí (folio 70), ni
tiene la posibilidad de abatirlo u obtener aprovechamiento cinegético por no tener
derecho a ello, según la legislación especial de caza de Extremadura (Ley 8/1990,
de 21 diciembre [RCL 1991\953 y LEXT 1991\6], artículos 6 y 74.1, a), en virtud de la
denominación del coto deportivo, que le fue otorgada por la Junta de
Extremadura, ni consta obtuviera rendimiento económico alguno por dedicarse a la
cría en cautividad de dicha clase de animales (SAP Palencia de 3 octubre 1994 y
SSAP Soria de 22 marzo 1994 y 21 marzo 1995)."
MARGINAL: AC 1996\871
RESOLUCION: SENTENCIA de 20-5-1996, núm. 73/1996.
Rollo de Apelación n£m. 73/1996
JURISDICCION: CIVIL (AUDIENCIA PROVINCIAL DE SORIA)
"TERCERO.- Entrando en lo que constituye el fondo de la cuestión litigiosa, debemos
reafirmar la responsabilidad civil de la Junta de Castilla y León, establecida en la
sentencia de instancia, por aplicación del artículo 1902 del Código Civil.
En primer lugar resulta acreditada e indiscutida la realidad del daño sufrido por el
vehículo matrícula B-4896-IK, as¡ como la valoración del mismo.
Por lo que se refiere a la causa del daño, no cabe duda que la colisión se produjo debido
a la irrupción del corzo en la carretera por la que circulaba el automóvil, aparición repentina
que no pudo ser prevista por el conductor.
En cuanto a la atribución de responsabilidad de los mencionados daños ocasionados
por corzo procedente de un coto de caza, se debe tener presente:
1º) Que no puede exigirse frente al titular del coto porque el corzo no formaba parte
del aprovechamiento previsto en ‚l, dado que era un coto de caza menor y jabalí. El corzo
no puede reputarse en realidad como pieza de caza en dicho coto, requisito necesario para
aplicar el artículo 33.1 de la Ley de Caza y el artículo 35.1 de su Reglamento. Como muy
atinadamente apunta el Juzgador de instancia, el hecho de que la declaración del coto de
caza lleve inherente la reserva del derecho de caza de todas las especies cinegéticas que
existan en ‚l, no implica un derecho efectivo e inmediato del aprovechamiento de todas
ellas, quedando sujeta la caza de las especies no reconocidas a la ampliación del plan de
aprovechamiento o a la obtención de unas específicas autorizaciones cuya aprobación
depende de la Junta de Castilla y León.
2º) En este supuesto sí puede predicarse la responsabilidad civil de la Junta de Castilla
y León en atención a que el coto de caza es un terreno sometido a régimen cinegético
especial -según lo dispone expresamente el artículo 8 de la Ley de Caza- sobre el cual
dicha Administración tiene facultades en cuanto a su concesión, obteniendo el
correspondiente beneficio económico, y en cuanto a su control mediante la posibilidad de
planificación y de inspección (artículo 17 del Reglamento de Caza); dándose así el
fundamento para inscribirnos en la tendencia objetivizadora de la responsabilidad
extracontractual y, con ello, poder presumir iuris tantum la culpa de la Administración
demandada respecto de los daños causados a terceros por los animales que procedan
de tales espacios controlados, siéndole exigible la adopción de medidas oportunas para
su evitación; si bien esta cobertura opera siempre y cuando no entre en juego la
responsabilidad preferente del titular del coto por tratarse de especies no reconocidas en su
aprovechamiento como ocurre en el presente caso.
Hemos de significar, en apoyo de esta conclusión, que la regulación de la Caza
(artículos 33 de la Ley y 35 del Reglamento) tiende a preservar a los terceros de los daños
originados por los animales procedentes de los terrenos sometidos a régimen cinegético
especial. As¡ hay una previsión de responsabilidad a cargo de la Administración cuando
tales perjuicios se originen por caza procedente de refugios, reservas o parques
nacionales.
También se establece una responsabilidad directa de la Administración y de las
sociedades de cazadores en cuanto a los daños producidos por la caza existente en
los terrenos adscritos a r‚gimen de caza controlada sometidos a su jurisdicción. Y
respecto a los cotos de caza se recoge una responsabilidad directa de sus
titulares y subsidiaria de los propietarios; pero cuando tal previsión no sea aplicable
por tratarse de animales de caza no reconocidos en el aprovechamiento del coto, ello
no significa que se quiebre el principio de indemnidad que inspira esta regulación,
siendo conforme a su espíritu la presencia de una responsabilidad inmanente o
54

esidual de la Administración, insita en el genérico artículo 1902 del Código Civil,
y basada en la singular condición cinegética de tales terrenos acotados que hace surgir
un especial régimen de protección en favor de los terceros perjudicados por las
especies de caza procedentes de los mismos.
De lo anteriormente expuesto se desprende la responsabilidad civil de la Junta de la
Castilla y León en relación con los daños aquí reclamados que deber indemnizarlos
conforme ha resuelto el Juez de Primera Instancia."
MARGINAL: AC 1995\930
RESOLUCION: SENTENCIA de 24-5-1995.
Rollo de Apelación núm. 80/1995
JURISDICCION: CIVIL (AUDIENCIA PROVINCIAL DE SORIA)
"Pues bien, bajo tales presupuestos fácticos esta misma Sala ha establecido
reiteradamente la responsabilidad civil extracontractual de la Junta de Castilla y León
que, en este caso se constata desde una doble vía:
a) En primer lugar por aplicación del art. 1902 en relación con el art. 1905 del
Código Civil puesto que siendo la Junta de Castilla y León a quien compete no sólo la
protección sino también la regulación y control de animales como el corzo, conforme
dispone la Ley 27 marzo 1989 (RCL 1989\660) de espacios naturales protegidos,
protección de animales y plantas el RD 8 septiembre 1989 (RCL 1989\2007) sobre
especies que pueden ser objeto de caza y pesca y normas para su protección, es claro que a
ella le corresponde tomar las cautelas y adoptar los medios necesarios para evitar que
tales animales produzcan accidentes. As¡ se puede decir que tal Administración tiene una
forma de posesión sobre estos animales de la que nace una obligación de vigilancia y
reservas como fuera de ellos, por lo que debe asumir la responsabilidad civil primigenia
por los daños que esos animales causen en bienes ajenos; responsabilidad que entrar en
juego de forma residual cuando no existan otras personas específicamente obligadas en
primer término por la legislación de la caza, como serían los titulares y propietarios de los
cotos de caza que tengan reconocido el aprovechamiento de dicha especie, pues en tales
casos se traslada a éstos la posibilidad de caza y de control de estos animales y, con ello, la
responsabilidad civil a tenor de lo prevenido en los arts. 33.1 de la Ley de Caza y 35.1 de
su Reglamento.
En el supuesto de autos es aplicable esta doctrina toda vez que el coto de caza
SO-10293 de donde salió el corzo a la carretera no tenían concedido el aprovechamiento de
esta especie, aflorando la inmanente responsabilidad civil de la Junta de Castilla y León
nacida de un ilícito civil, la cual debe interpretarse de manera objetiva ante las exigencias
sociales tendentes a evitar la indemnidad de las víctimas, presumiéndose iuris tantum que el
daño se ha producido por la insuficiencia de cautelas o prevenciones necesarias de la
Administración a quien corresponde adoptarlas."
MARGINAL: AC 1995\2491
RESOLUCION: SENTENCIA de 2-6-1995, núm. 243/1995.
Rollo de Apelación núm. 179/1995
JURISDICCION: CIVIL (AUDIENCIA PROVINCIAL DE LEON, Sección 2ª)
"No podemos, sin embargo, compartir el alegato del recurso, por cuanto con
independencia de reconocer que los citados preceptos de la legislación de caza establecen
en efecto la responsabilidad objetiva del titular de un coto de caza por los da¤os y
perjuicios causados por las piezas o animales procedentes del mismo, al margen de toda
idea de culpa, es obvio que dicha responsabilidad tiene como fundamento o es la
contrapartida al beneficio que el citado titular percibe por el aprovechamiento de esas
piezas de caza, cuya proliferación (y con ello el aumento del peligro de que puedan
causar daños a terceros) interesa claramente a dicho titular, de modo que es lógico y justo
concluir que se refiere únicamente a los animales que pueden ser objeto de caza en el
coto, pero no a otros que puedan habitar el mismo pero que no pueden ser abatidos y gozan
de protección, como ocurre en el caso que nos ocupa en el que el coto es para caza menor
sin poder incluir el jabalí, causante de los daños, animal de caza mayor que ni puede ser
cazado ni puede controlarse por el titular del coto su proliferación o sus movimientos."
MARGINAL: AC 1995\930
RESOLUCION: SENTENCIA de 24-5-1995.
Rollo de Apelación núm. 80/1995
JURISDICCION: CIVIL (AUDIENCIA PROVINCIAL DE SORIA)
55

Frente a la sentencia de instancia, que absuelve al titular del coto privado de caza
por cuanto este no tenía aprovechamiento cinegético del corzo y condena a la Junta de
Castilla y León al pago de tales daños por aplicación del art. 1902 del Código Civil en
relación con el art. 33 de la Ley de Caza (RCL 1970\579 y NDL 4840) y el art. 35 de
su Reglamento (RCL 1971\641, 940 y NDL 4841) la Junta de Castilla y León interpone
el presente recurso de apelación
TERCERO.- Mediante el segundo motivo referente al aspecto material de la acción
ejercitada, la Junta de Castilla y León trata de eludir toda responsabilidad civil
alegando que no le es aplicable el art. 1902 del Código Civil ni los arts. 33.3 de la Ley
de Caza y 35.2 de su Reglamento, que dice haber sido indebidamente aplicados por la
sentencia recurrida.
Este planteamiento tiene una vertiente exclusivamente jurídica, aceptándose los hechos
que han sido declarados probados en la sentencia de instancia que son los siguientes: sobre
las 8 horas del d¡a 4 de septiembre de 1993 circulaba el vehículo Opel, modelo Corsa
TR 1.2, matrícula SO-2088-C conducido por Eduardo de L. G. por la carretera N-234 a la
altura del km. 382 cuando de forma repentina irrumpió un corzo en la vía procedente del
coto de caza núm. 10293, cuyo titular era en el momento de ocurrir los hechos, José María
V. G. Pese a que el conductor intentó eludir al animal colisionó con el mismo causando
daños en el vehículo por importe de 576.648 pesetas. El expresado coto no tenía
reconocido en el momento de suceder el accidente el aprovechamiento cinegético del
animal citado.
Pues bien, bajo tales presupuestos fácticos esta misma Sala ha establecido
reiteradamente la responsabilidad civil extracontractual de la Junta de Castilla y
León que, en este caso se constata desde una doble vía:
a) En primer lugar por aplicación del art. 1902 en relación con el art. 1905 del
Código Civil puesto que siendo la Junta de Castilla y León a quien compete no s¢lo la
protección sino también la regulación y control de animales como el corzo,
conforme dispone la Ley 27 marzo 1989 (RCL 1989\660) de espacios naturales
protegidos, protección de animales y plantas el RD 8 septiembre 1989 (RCL
1989\2007) sobre especies que pueden ser objeto de caza y pesca y normas para su
protección, es claro que a ella le corresponde tomar las cautelas y adoptar los
medios necesarios para evitar que tales animales produzcan accidentes. Así se
puede decir que tal Administración tiene una forma de posesión sobre estos
animales de la que nace una obligación de vigilancia y reservas como fuera de ellos,
por lo que debe asumir la responsabilidad civil primigenia por los daños que esos
animales causen en bienes ajenos; responsabilidad que entrar en juego de forma
residual cuando no existan otras personas específicamente obligadas en primer
término por la legislación de la caza, como serían los titulares y propietarios de los
cotos de caza que tengan reconocido el aprovechamiento de dicha especie, pues en
tales casos se traslada a éstos la posibilidad de caza y de control de estos animales y,
con ello, la responsabilidad civil a tenor de lo prevenido en los arts. 33.1 de la Ley de
Caza y 35.1. de su Reglamento.
En el supuesto de autos es aplicable esta doctrina toda vez que el coto de caza SO-
10293 de donde salió el corzo a la carretera no tenían concedido el aprovechamiento
de esta especie, aflorando la inmanente responsabilidad civil de la Junta de Castilla
y León nacida de un ilícito civil, la cual debe interpretarse de manera objetiva ante
las exigencias sociales tendentes a evitar la indemnidad de las víctimas, presumiéndose
iuris tantum que el daño se ha producido por la insuficiencia de cautelas o
prevenciones necesarias de la Administración a quien corresponde adoptarlas."
MARGINAL: AC 1996\1396
RESOLUCION: SENTENCIA de 10-7-1996, núm. 103/1996.
Rollo de Apelación núm. 143/1995
JURISDICCION: CIVIL (AUDIENCIA PROVINCIAL DE SORIA)
“Esta Audiencia Provincial en criterio mayoritario en Audiencias Provinciales (la
última León en Sentencia de 2 junio 1995 [AC 1995\2491]) ya ha establecido de
forma reiterada que esta responsabilidad por daños no puede exigirse frente al titular del
coto cuando éstos han sido causados por un animal que éste no puede cazar ni tampoco
puede controlar su proliferación o sus movimientos.
En estos supuestos la responsabilidad es predicable respecto de la
Administración competente en atención a que el Coto de Caza es un terreno
56

sometido a r‚gimen cinegético especial - según lo dispone expresamente el artículo 8
de la Ley de Caza- sobre el cual dicha Administración tiene facultades en cuanto a
su concesión, obteniendo el correspondiente beneficio económico, y en cuanto a su
control mediante la posibilidad de planificación e inspección (artículo 17 del Reglamento
de Caza); dándose as¡ el fundamento para inscribirnos en la tendencia objetivadora de
la responsabilidad extracontractual y, con ello, poder presumir iuris tantum la culpa de la
Administración respecto de los daños causados a terceros por animales que procedan de
tales espacios controlados, siéndole exigible la adopción de medidas oportunas para su
evitación, operando siempre esta cobertura cuando se trate de especies no reconocidas en el
aprovechamiento al titular del coto de caza.”
MARGINAL: AC 1994\2035
RESOLUCION: SENTENCIA de 15-11-1994.
Rollo de Apelación núm. 509/1994
JURISDICCION: CIVIL (AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALLADOLID)
" CUARTO.-Por ello, acreditándose en autos que el coto del que la sociedad
demandada es titular tiene como aprovechamiento principal la caza menor, y no
habiéndose justificado que est‚ reconocido en el coto el aprovechamiento secundario
del jabalí u otras especies de caza mayor (al folio 57 de los autos consta que no tiene
inscritos otros aprovechamientos en la matrícula), ni que sus condiciones
constituyan hábitat natural adecuado para la existencia con cierta permanencia en
el mismo de piezas de caza mayor (sólo se reconoce la posibilidad esporádica de
presencia de piezas de jabalí por la distribución generalizada de este mamífero,
según informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Castilla y León), se estima que, en el caso presente, no
puede imputarse a la Sociedad Deportiva titular del aprovechamiento del
coto la responsabilidad del siniestro en los términos defendidos en la demanda y
asumidos por la sentencia de instancia, cuya revocación procede acordar en esta
resolución."
Es de destacar la desmedida intencionalidad de algunas Comunidades
Autónomas de imponer normativamente aún en estos casos a los Titulares de los Cotos
la responsabilidad de los daños, véase Ley de Caza de Castilla y León, que hace perder
toda la esencia, puesto que si la razón es el aprovechamiento exclusivo o la creación del
riesgo si una Ley lo impone lo hace sin causa o base lógica y por lo tanto es arbitraria.
2).- POR OCURRIR EN EPOCA DE VEDA
Es cierto también que esta corriente no es unánime, pero se llaga a la conclusión
que época de veda, es un tiempo en el que el Titular del Coto o la guardería NADA
PUEDEN HACER por imposibilitárselo la propia normativa.
1998/12929 AP Cáceres , sec. 1ª , S 20-01-1998, núm. 13/1998, rec. 384/1997. Pte:
Castañeda Bocanegra, Salvador
".............Al respecto se dispone en el artículo 74 de la Ley de Caza de Extremadura que
la Administración Regional indemnizar los daños causados por especies cinegéticas de los
terrenos sometidos a régimen cinegético especial: Por el contrario cuando se trate de
animales procedentes de terrenos sometidos a concesión administrativa para su
aprovechamiento privado o deportivo, dichos daños serán indemnizados por los titulares de
dichas concesiones administrativas. La duda que surge es "cuál es la duración de dicha
concesión administrativa", por parte de un sector de la administración se consideran dichas
concesiones anuales por cuanto que la Ley no hace al respecto distinción alguna. Pero es de
tener en cuenta otra opinión contraria que ha sido seguida por esta sección de la Audiencia
Provincial que dichas concesiones administrativas no son anuales sino que estarán
comprendidas en los días y periodos hábiles para la caza. Esta tesis se refuerza por la propia
dicción de la Ley de Caza de Extremadura que en su artículo 54 dispone que el órgano
autonómico competente aprobar antes del 21 de mayo de cada año la "Orden General de
Vedas", donde se hará mención expresa de los terrenos cinegéticos de caza, época, días y
57

periodos hábiles de caza: Quedando prohibiendo cazar en época de veda. Concretamente la
Orden de 17 de Junio de 1.996, establece el periodo hábil de Caza Mayor para la temporada
1.996-1.997, desde el 12 de Octubre de 1.996 a 16 de febrero de 1.997. En el caso que
estamos contemplando el accidente ocurre el 7 de agosto de 1.996, tiempo de veda en el
que no les es posible la caza ni quiera a los propietarios o titulares de las respectivas
concesiones administrativas, no pudiendo por tanto gozar del aprovechamiento de los
animales de caza cuya titularidad y posesión revierte a la Junta de Extremadura, que en
consecuencia, en base a la responsabilidad objetiva establecida en el artículo 1.905 del
Código Civil, seria la que debe hacer frente a los daños causados por dichos animales."
MARGINAL: AC 1996\553
RESOLUCION: SENTENCIA de 13-2-1996, núm. 92/1996.
Rollo de Apelación núm. 39/1996
JURISDICCION: CIVIL (AUDIENCIA PROVINCIAL DE LUGO)
Asimismo de la certificación emitida por la Consellería de Agricultura(folio 53 del
pleito) se deriva la limitación de la caza del corzo a determinados días - desde el 2º
domingo de septiembre hasta el 3º domingo de octubre- y limitado, en los años 1993-1994
y 1994-1995, a ocho piezas.
Por tanto aun teniendo por acreditado que el corzo proviniera, cuando irrumpió a la
carretera, del terreno titularidad del coto demandado es lo cierto que las personas que
representan el mismo nada podrían haber hecho para impedir su inmisión en la carretera
pues la vida de estos animales es, por esencia, libre y salvaje y en la concreta fecha en que
sucedieron los hechos - el 10 de noviembre de 1994- no se podía dar muerte al corzo y
así los titulares del coto eran ajenos, por falta de disposición, a los movimientos
que pudieran desarrollar esos animales y, por eso mismo, no se puede pretender que,
de forma mecánica y matemática vengan en la obligación de responder por la
actividad de un animal sobre el que carecían de poder de disposición por así venirle
limitado por la Administración.
VII
RESPONSABILIDAD EN AUTOPISTAS Y AUTOVIAS
A título informativo con respecto a los accidentes en Autopistas y Autovías
deben de ser asumidas por la entidad concesionaria siempre, y así se ha definido la
Jurisprudencia dada la obligatoriedad que asume la empresa constructora y
concesionaria de mantener y conservar mientras dure la explotación y Art. 27 de la Ley
8/1972, de 10 de Mayo de Construcción, conservación y explotación de Autopistas en
régimen de concesión y facilitar su uso ;
“en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que
originen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los
usuarios de la vía....”
VIII
EFECTOS NEGATIVOS Y CONTRARIOS AL MEDIO AMBIENTE
Dada la errónea concepción de ASUMIR COMO HECHO
INCUESTIONABLE QUE LOS TITULARES DE LOS COTOS O RESERVAS
HAN DE RESPONDER DE LOS DAÑOS, y dada la IMPORTANCIA
ECONOMICA, existe un afán tanto por las entidades privadas como por la
58

administración de echarse las culpas unos a otros, y se denota a la hora de la
promulgación de las diferentes leyes de caza un INTENTO LEGISLATIVO
FORZADO DE TRASLADAR O DERIVAR, en la medida de lo posible LA
RESPONSABILIDAD ECONÓMICA A LAS ENTIDADES PRIVADAS titulares
de los aprovechamientos cinegéticos
Un ejemplo claro, y en este aspecto hay que hacer especial mención al Seguro
General obligatorio que impone el art. 12 de la Ley de Castilla y León.
1.- Imputar la responsabilidad cualquiera que fuese el aprovechamiento cinegético,
esto es, los cotos de caza menor pagan si se cruza un corzo o un ciervo, en
contraposición de todas la jurisprudencia existente en el momento de la
publicación.
2.- Hacer pagar la Prima de un seguro a los Cotos de los accidentes para cubrir
TODOS los accidentes, ya sean en zona libre como en zona acotada liberando a la
administración de tal carga, tiene unos visos de inconstitucionalidad bastante
claros, pero no es motivo de este informe.
Ley 4/1996 de Caza de Castilla y León
“2. La Junta suscribirá un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de los daños
que produzcan las piezas de caza mayor en los supuestos regulados en el apartado d) del
punto anterior. El coste de la prima correspondiente se repercutirá entre los titulares
cinegéticos que realicen aprovechamientos de caza mayor de manera proporcional a los
mismos.”
Es la importancia económica de los daños producidos lo que está
provocando actuaciones tanto privadas como administrativas en las que lo único
perjudicado es el medio ambiente
Los daños producidos por animales salvajes producidos sobre todo en las vías de
circulación es un problema que por evitar su asunción se están provocando unos efectos
no queridos y que en ningún caso pueden ser considerados como beneficiosos para el
Medio Ambiente, pero que la magnitud de los daños ha hecho que tanto, las
administraciones como los Titulares de cotos se planteen medidas que de no ser tan
numerosos los accidentes y cuantiosos sus daños no habrían pensado nunca.
A simple título de ejemplo se resaltan una serie de hechos que son fácilmente
constatables ;
1º.- En toda España, los propios organos administrativos gestores de parques y
reservas los que se encuentran mucho más inclinados a instalar vallado cinegético los
linderos de las reservas con carreteras.
Por al Titular privado también no le queda más remedio que el vallado en la
zona limítrofe con las carreteras y caminos, que no se siempre es autorizado, y si lo es,
se atenta claramente contra el propio medio ambiente que se pretende defender.
En toda España, han crecido alarmantemente las solicitudes de Alambrado
cinegético en TANTO EN COTOS DE CAZA MAYOR COMO DE MENOR que
lindan con caminos ó carreteras, ya que si bien la jurisprudencia está dividida, existen
sentencias que condenan aún siendo de caza menor el coto ;
AP Zaragoza , sec. 2ª , S 29-11-1999, núm. 724/1999, rec. 531/1999. Pte: Arqué Bescós,
Julián Carlos
" tiene declarado esta Sala (Sentencia de 25 de enero de 1999) la circunstancia de que el
aprovechamiento del costo sea de caza menor no excluye la presencia en el mismo de
otras especies superiores, ...."
59

Las Administraciones se encuentran cada vez más permisivas a otorgar las
licencias de instalación de vallado en la carreteras, que de no ser por la magnitud
de este problema no las concederían.
Esta parte considera QUE EL VALLADO NO ES LA SOLUCIÓN
PROBLEMA, Y SOBRE TODO, NO ES LO MÁS CONVIENTE PARA LA
PREVERVACIÓN DEL HABITAT EN SU ESTADO LIBRE.
LA SUBDIVISIÓN DE TODA ESPAÑA CON VALLADO CINEGÉTICO LO
ÚNICO QUE PUEDE CONSEGUIR ES DIVIDIR EN "GUETOS" LA
POBLACIÓN SILVESTRE.
La solución, aunque costosa y con visión de futuro, parte por la construcción en
sus zonas naturales, no donde le salga más barato a Fomento, de pasos en las carreteras
que permitan el cruce de animales para evitar la producción de este tipo de accidentes.
2º.- Se dan paradojas en diferentes Comunidades Autónomas ;
a) Castilla y León se han aumentado los permisos de caza, no porque sea
pernicioso para la especie, si no para evitar los accidentes y su costo. Véase los
antecedes de la 20/06/2000 de la Junta de Castilla y León , que amplia los cupos
de caza ;
"Tras una esmerada gestión en las últimas décadas de la caza mayor en Castilla y León,
las poblaciones de estos animales se han incrementado considerablemente en casi todas
nuestras comarcas.
Debido a esto, hay también un constante aumento de los daños producidos por
piezas de caza mayor en nuestra Comunidad Autónoma, lo que ocasiona perjuicios
en el ámbito agrario y en la seguridad de las vías de comunicación. Todo ello
aconseja efectuar un mayor aprovechamiento de algunas especies de caza mayor, ......
También la alta densidad alcanzada de algunas especies en muchas zonas......."
b) Dado que la Mayoría de la Jurisprudencia considera que los Cotos de
Caza Menor no responden al no tener el aprovechamiento cinegético de la
especie provocante del accidente, pero si el tiene aprovechamiento secundario sí
;
En la Comunidad de Cataluña a TODOS los Cotos de Caza
MENOR se le ha concedido el aprovechamiento secundario de caza mayor
del coto para evitar que la Administración tenga que responder por los
daños producidos en accidentes producidos por los mismos, y se les ha
concedido TAMBIEN SIN SOLICITARSE PERMISOS DE CORZO A
TODOS ELLOS.
FRANCAMENTE, ESQUILMAR TODA LA ESPECIE DEL
CORZO EN CATALUÑA para evitar el pago por la Administración de los
daños ocasionados por estos animales en los accidentes de tráfico no
parece lo más acorde con el principio constitucional de defensa del
MEDIO AMBIENTE y mucho menos PROVINIENDO DE LA PROPIA
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE.
Por el mismo motivo y razón, en la comunidad Autónoma de La
Rioja se CONCEDEN IGUALMENTE permisos de corzo SIN
SOLICITARSE por el mismo motivo exculpatorio, y son devueltos en
muchos casos por los propios Titulares de los Cotos, para no correr el
riesgo de hacerse cargo de un posible accidente.
IX
60

CONCLUSIONES DE LA DOCTRINA
La opinión de la doctrina es escasísima, pero sin embargo, traemos a colación el
específico el estudio realizado por el Ilustrísimo Sr. D. Ortega Martín siendo
Magistrado de la Audiencia Nacional, realizando un estudio sobre la POSIBLE
INCONSTITUCIONALIDAD de las normas y su aplicación en los casos de
accidentes de circulación provocados por atropellos a animales salvajes, incluido
en la obra "Accidentes de Tráfico causados por lo animales objeto de Caza",
editado por Europea del Derecho de reciente publicación del que destacamos sus
conclusiones ;
"COLOFÓN ;
En un Estado de Derecho, y en especial en uno que además refleja entre los
valores superior de su ordenamiento jurídico la justicia (art. 1 CE), el legislador NO
es enteramente libre para establecer las normas que estime oportunas, sean
conformes o no a la constitución, sean justas o injustas, se asienten sobre
presupuestos reales o meramente ficticios"
Esta operación de establecimiento, esa llevanza a la Ley de las opciones
políticas, debe respetar la constitución; y con ella una serie de cautelas que
ciertamente pueden aparecer como tenues o difusas pero que no están exentas de
vigor y poder vinculante y que permiten cerrar el círculo del Ordenamiento.
entre otras cautelas está aquel valor superior de justicia al que
inmediatamente hacíamos referencia; está de forma muy singular el mandato
de INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD (art. 9.3 CE), aplicable al
legislador como reiterada jurisprudencia constitucional ha venido declarando(
STC 233/1999,108/1986 o 233/1989); y está la garantía de la
RESPONSABILIDAD, que exige una justa correspondencia entre los hechos y
sus consecuencias jurídicas.
De otro lado el establecimiento de limitaciones a cualquiera derechos
fundamentales, y el de propiedad privada lo es, y también la fijación legal de cargas
o consecuencias desfavorables para tales derechos fundamentales (aunque sean
derechos de una relativa configuración legal), requiere, en primer lugar, que el
motivo, la causa jurídica, el presupuesto por el que se establezcan, sean reales y no
falsos, y después, que el sacrificio o la carga que se establezca sean proporcionados
a la circunstancia constatada y a los fines que se pretenden alcanzar. Esos fines, a su
vez, han de gozar de legitimidad constitucional en sí mismos.
Por último, lo Tribunales de Justicia deben de interpretar las normas jurídicas en
el sentido más favorable a la plena eficacia de los derechos fundamentales,
agotando las posibilidades de interpretación conforme a la Constitución de las
normas legales y, cuando nada de ello puede ser hecho, han de plantear la cuestión
de inconstitucionalidad ante el supremo intérprete de la constitución.
Quisiera resaltar nuevamente, con el fin de adjuntarles un barniz argumentativo
adicional, el principio de INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD DE
LOS PODERES PÚBLICOS y el de RESPONSABILIDAD.
Se tiene por arbitrario aquello que no puede ser justificado o explicado. Aquello
que tiene guardadas sus razones o causas reales en un lugar distinto del que ha
sacado a la luz. Por ello la percepción de la arbitrariedad y su corrección,
mecanismo al que están acostumbrados lo Tribunales Contencioso Administrativos,
tienen mucho que ver con el respeto a la reglas de la lógica, a la verdad y tiene que
ver con la necesaria transparencia de los motivos reales que inspiran las decisiones.
Pues bien, entiendo-.....- que es DIRECTAMENTE ARBITRARIO QUE LA
LEY ASIGNE RESPONSABILIDAD A LOS PROPIETARIOS DE LAS
FINCAS DE LAS QUE SUPUESTAMENTE PROCEDE UN ANIMAL. El
criterio de atribución es falso que lo correcto será reconocer que NO SABEMOS
61

DE DONDE PROCEDE y desde luego IGNORAMOS DONDE VIVE tal
especímen ; un animal por esencia libre y por naturaleza errático; un animal que
puede haber recorrido centenares de Kilómetros en las ultimas semanas y haber
franqueado multitud de fincas.
En lo que toca al principio de RESPONSABILIDAD algo parecido se puede
expresar. Que exista responsabilidad, en el leguaje común, bien puede decirse,
comporta que una persona sufra determinadas consecuencias desfavorables que se
deriven de sus conductas (acciones) o de su falta de conducta (omisiones). Y poco
se separa el concepto jurídico de la responsabilidad de ese concepto más general. La
responsabilidad jurídica exige también una justa correspondencia, una relación,
entre el hecho y la persona que se le va a exigir. LA CONSECUENCIA
DESFAVORABLE ha de ser, como vimos, TRASUNTO DE ACCIONES U
OMISIONES, NO DE FACTORES EXTERNOS. y sin embargo en nuestro caso
esa justa correspondencia también falla - a mi parecer clamorosamente -, ya
que se obliga a pagar AL TITULAR de un aprovechamiento cinegético daños
causados por UN ANIMAL QUE ES DE TODOS. es más, la responsabilidad
exige como un capítulo previo LA IMPUTABILIDAD, pero no en ese sentido
restringido del término empleado en el Derecho Penal......, sino en esa extensión
más amplia y originaria referente a la posibilidad de la atribución. Pero ya
vimos que la atribución también falla aquí, ya que se asienta sobre puras
conjeturas o presunciones iuris et de iure..
Opino por ello que las leyes que tales preceptos contienen, a salvo, por
supuesto, de los casos de negligencia del titular del predio, en los que será de
aplicación el Código Civil, TIENE POTENTES VISOS DE
INCONSTITUCIONALIDAD. Creo también que la titularidad común de las
especies salvajes y la existencia de una utilidad adicional para los cazadores (para
todos los cazadores en su conjunto, y sobre todos lo animales libres, no sobre
algunos) demanda soluciones respetuosas con la constitución...."
(sic.; el sobresaltado es nuestro)
X
RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR
NORMATIVA ESPECÍFICA
A) DEBER LEGAL DE PRUDENCIA EN LA CONDUCCIÓN
B) NECESARIA INFRACCIÓN DE LA NORMATIVA DE CIRCULACIÓN
C) CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN ; RESPONSABILIDAD,
RECIENTE MODIFICACIÓN
--------------------
A) DEBER LEGAL DE PRUDENCIA EN LA CONDUCCIÓN
Este ponente está convencido que la culpa en los accidentes por atropellos es en
primer término achacable o imputable al conductor del vehículo, no por un intento de
echar “balones fuera” o tratar de inculpar a un tercero, sino por corresponsabilidad con
DEBER DE PRUDENCIA EN LA CONDUCCIÓN que toda persona ha de cumplir a
rajatabla cuando se encuentra al volante de un vehículo.
Este deber OBLIGA AL CONDUCTOR CIRCULAR A UNA VELOCIDAD
ADECUADA A SU CAMPO DE VISIÓN.
DE TAL MANERA QUE ANTE CUALQUIER OBSTÁCULO REPENTINO
QUE APARECIESE PUDIESE DETENER A TIEMPO EL VEHÍCULO.
62

Estas afirmaciones tiene su fundamento en la normativa que lo regula que la
actual Ley de tráfico a mantenido vigentes en su redacción ;
REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRAFICO, CIRCULACION DE
VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.
“ART. 11. NORMAS GENERALES DE CONDUCTORES .
2. EL CONDUCTOR DE UN VEHICULO ESTA OBLIGADO A MANTENER SU PROPIA
LIBERTAD DE MOVIMIENTOS, EL CAMPO NECESARIO DE VISION Y LA ATENCION
PERMANENTE A LA CONDUCCION, QUE GARANTICEN SU PROPIA SEGURIDAD, LA DEL
RESTO DE OCUPANTES DEL VEHICULO Y LA DE LOS DEMAS USUARIOS DE LA VIA.......”
“ART. 19. LIMITES DE VELOCIDAD . 1. TODO CONDUCTOR ESTA OBLIGADO A
RESPETAR LOS LIMITES DE VELOCIDAD ESTABLECIDOS Y A TENER EN CUENTA,
ADEMAS, SUS PROPIAS CONDICIONES FISICAS Y PSIQUICAS, LAS CARACTERISTICAS Y EL
ESTADO DE LA VIA, DEL VEHICULO Y DE SU CARGA, LAS CONDICIONES METEREOLOGICAS,
AMBIENTALES Y DE CIRCULACION Y, EN GENERAL, CUANTAS CIRCUNSTANCIAS
CONCURRAN EN CADA MOMENTO, A FIN DE ADECUAR LA VELOCIDAD DE SU VEHICULO
A LAS MISMAS, DE MANERA QUE SIEMPRE PUEDA DETENERLO
DENTRO DE LOS LIMITES DE SU CAMPO DE VISION Y ANTE
CUALQUIER OBSTACULO QUE PUEDA PRESENTARSE.
REAL DECRETO 13/1992, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION, PARA LA APLICACION Y DESARROLLO DEL
TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRAFICO, CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR Y
SEGURIDAD VIAL.
“ART. 18. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR.
1. EL CONDUCTOR DE UN VEHICULO ESTA OBLIGADO A MANTENER SU PROPIA
LIBERTAD DE MOVIMIENTOS, EL CAMPO NECESARIO DE VISION Y LA ATENCION
PERMANENTE A LA CONDUCCION, QUE GARANTICEN SU PROPIA SEGURIDAD, LA DEL
RESTO DE LOS OCUPANTES DEL VEHICULO Y LA DE LOS DEMAS USUARIOS DE LA VIA. “
SECCION 1. LIMITES DE VELOCIDAD
“ ART. 45. ADECUACION DE LA VELOCIDAD A LAS CIRCUNSTANCIAS.
TODO CONDUCTOR ESTA OBLIGADO A RESPETAR LOS LIMITES DE VELOCIDAD
ESTABLECIDOS Y A TENER EN CUENTA, ADEMAS, SUS PROPIAS CONDICIONES FISICAS Y
PSIQUICAS, LAS CARACTERISTICAS Y EL ESTADO DE LA VIA, DEL VEHICULO Y DE SU
CARGA, LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS, AMBIENTALES Y DE CIRCULACION, Y, EN
GENERAL, CUANTAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRAN EN CADA MOMENTO, A FIN DE
ADECUAR LA VELOCIDAD DE SU VEHICULO A LAS MISMAS, DE MANERA QUE
SIEMPRE PUEDA DETENERLO DENTRO DE LOS LIMITES DE SU CAMPO
DE VISION Y ANTE CUALQUIER OBSTACULO QUE PUEDA
PRESENTARSE “
“ART. 46. MODERACION DE LA VELOCIDAD. CASOS.
1. SE CIRCULARA A VELOCIDAD MODERADA Y, SI FUERA PRECISO, SE DETENDRA
EL VEHICULO, CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO EXIJAN, ESPECIALMENTE EN LOS
CASOS SIGUIENTES:
C) CUANDO HAYA ANIMALES EN LA PARTE DE LA VIA QUE SE ESTE UTILIZANDO O
PUEDA RACIONALMENTE PREVERSE SU IRRUPCION EN LA MISMA.
H) AL APROXIMARSE A PASOS A NIVEL, A GLORIETAS E INTERSECCIONES EN QUE NO
SE GOCE DE PRIORIDAD, A LUGARES DE REDUCIDA VISIBILIDAD O A
ESTRECHAMIENTOS.
SI LAS INTERSECCIONES ESTAN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS Y LA VISIBILIDAD DE LA
VIA ES PRACTICAMENTE NULA, LA VELOCIDAD DE LOS VEHICULOS NO DEBERA
EXCEDER DE 50 KILOMETROS POR HORA.”
B) NECESARIA INFRACCIÓN DE LA NORMATIVA
DE CIRCULACIÓN
El conductor debe de circular a una velocidad suficiente para que en caso que
aparezca cualquier obstáculo repentino pueda detener su vehículo, Y POR EL SIMPLE
HECHO DEL ATROPELLO DE UN ANIMAL EN LA CALZADA SIGNIFICA QUE
CIRCULABA A UNA VELOCIDAD EXCESIVA O SUPERIOR DE LA QUE
DEBERÍA LLEVAR, O SIN LA ATENCIÓN PERMANTENTE SUFICIENTE A LA
QUE DEBERÍA HABER MANTENIDO, ambos deberes exigidos la normativa.
Esto es, la simple producción del accidente significa que el conductor se
encontraba infringiendo los art. 11 del RD. 339/90, y los art. 18 y 45 del R.D.13/1992.
63

C) CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN ;
RESPONSABILIDAD RECIENTE MODIFICACIÓN
Recientemente, y ante la concepción más lógica que los accidentes ocurridos en
vías de circulación se deben de regular en la normativa específica, y así de esta manera,
se ha intentado regular ó arreglar tímidamente la injusticia que se estaba generando
atribuyendo la responsabilidad a los Titulares de los Cotos.
La CONCEPCIÓN OBJETIVA DE LA RESPONSABILIDAD por inversión de
la carga de la prueba, esto es, dar por supuesto que el conductor ninguna culpa tiene y
que todo lo tiene que probar el coto, se ha visto MEDIATIZADA en arras de la Justicia
según, una tímida modificación, en la RECIENTÍSIMA LEY DE TRÁFICO DE
19/2001, DE 19 DE DICIEMBRE QUE HA ENTRADO EN VIGOR EN ENERO
DE ESTE AÑO, de tal manera que LA INFRACCIÓN DE UNA NORMA DE
CIRCULACIÓN PRESUPONE LA RESPONSABILIDAD EL CONDUCTOR EN
ESTOS CASOS ESPECÍFICOS DE ATROPELLOS A ANIMALES
CINEGÉTICAS, y este al demandar debe demostrar expresamente su falta de culpa,
pero quedando vigente todavía la aplicación errónea de la Teoría del Riesgo ;
LEY 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
“Disposición adicional sexta.
En accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas, será
causa legal que permita atribuir la responsabilidad al conductor del
vehículo por los daños producidos en un accidente de circulación el
hecho de que se le pueda imputar un incumplimiento de las normas de
circulación que pueda ser causa suficiente de los daños ocasionados ;
ello sin perjuicio de la responsabilidad que sea exigible a quien
corresponda conforme a la normativa específica y de que sean probadas
debidamente las circunstancias del accidente.”
Simplemente el hecho de ocurrir el accidente implica la infracción de la
normativa de Tráfico y esta infracción implica la responsabilidad del conductor del
automóvil y por ende la del Seguro.
Como todos sabemos todo vehículo para poder circular ha de estar provisto de
un seguro en vigor, véase al actual Ley de 19/2001, ;
Veintiséis) Artículo 65. Cuadro general de infracciones.
6. Las infracciones derivadas del incumplimiento de la obligación de asegurar los vehículos
a motor y de presentación de la documentación acreditativa de la existencia del seguro
obligatorio se regularán y sancionarán con arreglo a su legislación específica."
Veremos en un futuro por donde nos sale la jurisprudencia.
XI
CONCLUSIONES DEL PONENTE
64

A).- EL ART. 33 DE LA LEY DE CAZA DE 1970, NO REGULABA
LOS CASOS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO NI LO PRETENDÍA.
El problema desde mi punto de vista, ha surgido por un error inicial histórico
que asumido por bueno ha sido el desencadenante de despropósitos posteriores.
La Ley de 1902 se hablaba expresamente exclusivamente de daños a predios
ajenos.
El art. 33 de la Ley de 1970, como veíamos, ES UNA NORMA GENERAL Y
NO PRETENDÍA REGULAR LOS CASOS DE ACCIDENTES DE CARRETERA
POR ATROPELLOS DE ANIMALES SALVAJES.
B).- LA APLICACIÓN DEL ART. 33 A LOS CASOS DE ACCIDENTES
DE TRAFICO POR IRRUPCIÓN DE ANIMALES SILVESTRES
ES INCONSTITUCIONAL
La Jurisprudencia, cuando se empezaron a conocer los pleitos por atropellos, y
en un afán de conseguir que el conductor, que por aquellos años no todos estaban
asegurados, fuese indemnizado, y al NO EXISTIR NORMA ESPECIFICA al respecto,
hizo una APLICACIÓN EXTENSIVA DEL PRECEPTO, para condenar a los Titulares
de los aprovechamientos cinegéticos acotados.
Esto es, COMO LA NORMA NO EXPLICABA EL NEXO CAUSAL O LA
RAZÓN DE LA IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD, LOS TRIBUNALES
tuvieron que hacer equilibrismos jurídicos, y echar mano de TEORÍAS JURÍDICAS DE
IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD QUE NO ERAN APLICABLES AL
CASO POR IMPOSIBILIDAD FÁCTICA, más por desconocimiento real de la esencia
material de la fauna silvestre que por otro motivo, ya que NO ES COMPARABLE el
caso de la caída de un muro sobre un viandante en donde si son aplicables las teorías
jurídicas con el atropello de un animal salvaje.
Con entrada en vigor de la Constitución, Y LA Jurisprudencia del Tribunal
Constitucional que declaraba que las normas Injustas o basadas en presupuestos lógicos
o fácticos erróneos son arbitrarias y por lo tanto inconstitucionales por aplicación del
art. 9,3, la aplicación extensiva del art. 33 devino Inconstitucional, pero se siguió
aplicando sin pararse pensar en tal hecho.
Después de este exhaustivo estudio hemos visto que la aplicación del art. 33 a
los casos de accidentes de Tráfico por atropello de fauna salvaje es
INCONSTITUCIONAL.
Resumiendo muy escuetamente su aplicación es inconstitucional por diversas
razones ;
1º.- Reconocida la inexistencia de Titularidad hasta su ocupación o
captura, y reconocida la vigencia del Principio de “Res Nullius”, ya de antemano
se plantea la posible inconstitucionalidad por condenar al Titular del acotado,
sea público o privado, cuando no es dueño del animal, ni puede manejarlo, ni
atarlo, ni encerrarlo.
2º.- Comprobado que sobre el animal cinegético existen una dualidad de
“intereses” colaterales, público y del TAC. sea entidad pública o privada, pero el
primero mucho más intenso al que se supedita totalmente el segundo, la norma
hace un reparto injusto de la responsabilidad al imputar toda la responsabilidad
65

al que tiene el interés más mediatizado y relativo, y nada al que ostenta el mayor
interés.
3º.- El Concepto de “procedencia”, se interprete como se interprete, no
puede ser utilizado como base de imputación suficiente para justificar la
condena de un Titular o Titulares de Aprovechamientos cinegético
4º.- Las teorías generales de Jurisprudencia de Aprovechamiento
exclusivo y de Teoría del Riesgo como nexo causal o razonamiento lógico para
justificar la condena de los cotos colindante no es aplicable a los casos de
accidentes de Tráfico por irrupción de animales salvajes, por basarse en
presupuestos lógicos jurídicos y fáctico erróneos.
5º.- La imposición de la Carga probatoria a cualquier persona sobre
donde vive, se alimenta,, ha estado o pasado un animal salvaje es una prueba
imposible de demostrar, y su imposición es injusta por imposible, y arbitraria
6º.- La necesaria Diligencia exigida para evitar el daño al Titular del
acotado en algunos inexistente, o de a ser permitida va precisamente contra el
Medio ambiente que se pretende proteger ; el vallado.
Si embargo, con la entrada en vigor de la CONSTITUCIÓN NADIE, ni los
Tribunales, ni las Comunidades Autónomas, ni tan siquiera las partes afectadas,
SE PLANTEÓ QUE EL ART. 33 DE LA LEY DE 1970 aplicado a los accidentes
de tráfico por fauna silvestre, ES INCONSTITUCIONAL, ASUMIENDO Y
DANDO POR BUENO COMO HECHO INCUESTIONABLE QUE ERA EL
TITULAR EL QUE DEBÍA DE RESPONDER de los daños en este tipo de
accidentes.
ASUMIDA LA EQUIVOCACIÓN JURÍDICA Y ACEPTADA POR
TODOS, FUERON PUBLICÁNDOSE LAS SUCESIVAS LEYES DE CAZA DE
LA C.A. TODAS ELLAS SIGUIENDO LAS PAUTAS DEL REFERIDO ART. 33,
, ESTABLECIENDO UNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN GENERAL,
Y MANTENIÉNDOSE LA JURISPRUDENCIA CONSTANTE EN LA
APLICACIÓN A ESTOS CASOS, EN PERTINAZ ERROR
----------------------
C).- EL ATROPELLO DE FAUNA SILVESTRE EN VIAS DE
CIRCULACIÓN ES UN ACCIDENTE DE TRÁFICO REGULABLE
POR SU NORMATIVA ESPECÍFICA
LA APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS DE DAÑOS DE CAZA EN
GENERAL contenidas en la Ley de 1970 y las diferentes leyes de caza de la C.A., NO
SON DE APLICACIÓN A LOS CASOS DE ATROPELLOS DE FAUNA
SILVESTRE, por varios MOTIVOS ;
1º.- Por que ES UN ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN, NO DAÑOS
DE CAZA, NI CON MOTIVO DE LA CAZA, NI RELACIONADO CON LA
ACCIÓN CINEGÉTICA, y no debe de ser regulado por la Legislación de Caza, y
es la Legislación especial de tráfico la que lo debe de regular, por varias razones
;
66

a) EL CONDUCTOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONDUCIR CON
PRUDENCIA, salvo que se demuestre lo contrario.
El conductor es una persona que lleva un máquina susceptible de
causar daños, y ha de estar concienciado de ello, y el propio Tribunal
Constitucional a dictaminado que esto es así, obligando a todo propietario de
vehículo a saber por esta razón en todo momento quién conduce el vehículo del
que es propiedad.
como vimos esta obligación de especial prudencia es una obligación
legal.
La inmensa mayoría de los accidentes con la fauna silvestre ocurren POR
LA NOCHE por dos razones ;
a) por que es cuando se suelen mover los animales salvajes
b) por que disminuye la visibilidad.
Todo conductor debe de estar pendiente y atento a la conducción, DE
TAL MANERA QUE SI SE LE CRUZA UN NIÑO DETRÁS DE UN BALÓN
O SE ENCUENTRA CON UN CLICISTA O UN CICLOMOTOR O UN
CARRO O CON UN ARBOL CAIDO PUEDA FRENAR A TIEMPO, Y
DEBE DISMINUIR SU VELOCIDAD Y EXTREMAR SU ATENCIÓN,
EN LAS ZONAS LLAMEMOS “PELIGROSAS” , con poca visibilidad, o
por la noche, o cercanas a colegios, o con avisos de posibles de ciclistas, o
zonas suceptibles de albergar fauna silvestre.
b) EL ANIMAL, OBJETO O PERSONA ATROPELLADA NO
MODIFICA EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
SI UN CONDUCTOR TRAS UNA CURVA POR LA NOCHE
ARROLLA A UN CARRO, A UN CICLISTA, A UN CICLOMOTOR O A
UN NIÑO O SE TOPA CONTRA UN ARBOL CAIDO A NADIE SE LE
OCURRE PENSAR NI POR ASOMO QUE DEBA DE RESPONDER DE
LOS DAÑOS EL CICLISTA O EL CONDUCTOR DEL CICLOMOTOR
O LOS FAMILIARES ESTOS O DEL NIÑO O EL CONDUCTOR DEL
CARRO O EL ULTIMO QUE EXTRAJO MADERA DEL BOSQUE.
Téngase que todos los vehículos mencionados pueden circular a la
velocidad que quieran salvo en Autovías y en Autopistas. Véase Art. 18 Ley de
Tráfico 19/2001 y 38 del R.D.
EN TODOS ELLOS QUIEN RESPONDE ES EL SEGURO DEL
AUTOMÓVIL.
NO SE ENTIENDE QUE SI EN VEZ DE UN CICLISTA, UN
CICLOMOTOR, UN CARRO, UN NIÑO O UN ARBOL ES UN ANIMAL
SALVAJE LA NORMATIVA QUE SE LE HA DE APLICAR O LA
PERSONA QUE HA DE RESPONDER ES DIFERENTE.
El problema es de concienciación ciudadana y que los conductores al
verse en una carretera perfectamente asfaltada y sin apenas curvas y con un
vehículo que corre “que se las pela”, se contengan pisar al acelerador y de llegar
en el menor tiempo posible.
67

c) NECESARIA INFRACCIÓN Y CONSECUENCIAS
La producción del accidente IMPLICA NECESARIAMENTE ó que el
conductor iba a una velocidad superior a la que su campo de visión le permitía, ó
no iba con la atención necesaria y en ambos casos se estaría ante una infracción de
tráfico.
La infracción de Tráfico IMPLICA NECESARIAMENTE LA
RESPONSABILIDAD DE LOS DAÑOS QUE CAUSE, según la ultima
modificación de la Ley de Tráfico.
2º.- LA RELACIÓN DIRECTA DAÑO-VELOCIDAD
El “DAÑO” PRODUCIDO ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA
ENERGÍA POTENCIAL del vehículo atropellante o interviniente en el accidente.
Es absurdo que se impute al Titular del Coto una responsabilidad mayor o
menor en función de las ganas que tuviese el conductor de pisar el acelerador.
3º.- QUIEN PRODUCE EL DAÑO ES EL VEHÍCULO
Y NO EL ANIMAL.
SI UN VEHÍCULO SE DA CONTRA UN MURO LOS DAÑOS NO LOS
PRODUCE ESTE SINO LA ENERGÍA POTENCIAL DEL VEHÍCULO.
Los daños se producen NO POR LA VELOCIDAD DEL ANIMAL SALVAJE
SI NO POR VELOCIDAD DEL VEHÍCULO.
QUIEN PRODUCE EL DAÑO ES EL VEHÍCULO AL ANIMAL SALVAJE Y
NO AL REVÉS.
Y ES POR ELLO EL SEGURO DEL AUTOMÓVIL EL QUE DEBE DE
RESARCIR LOS DAÑOS del vehículo asegurado y los que produjese el mismo.
4º.- EL SEGURO DEL AUTOMOVIL HA DE INDEMNIZAR
TODOS LOS DAÑOS
Dentro de este apartado nos adentramos más todavía, y considera el ponente que
dentro de la relación de los daños se encuentran los del o los vehículos, los de la
personas y también incluso los daños a la fauna silvestre que se hubiesen ocasionado
por la privación de un especímen de una especie salvaje.
En estos casos, quienes deben de ser resarcidos no ha duda que son los
propietarios de los vehículos y la personas afectadas, y con respecto al animal salvaje,
entiendo, Y ES VISIÓN TOTALMENTE PERSONAL que quien debe de ser resarcida
es la entidad que tiene un mayor interés en su preservación y solo en concepto de tal, y
quien debe de ser resarcida es la Administración por el valor del animal, por haber sido
eliminado o dañado un parte intrínseca del medio ambiente como es la fauna silvestre
por una conducción imprudente, indemnizada como representante de todos y por la
Obligación conservacionista que impone la constitución, NUNCA COMO GESTORA o
TITULAR DEL APROVECHAMIENTO DE UNA RESERVA, sino como
Administración común al que se le ha privado de un bien común.
68

5º.- EFECTOS NEGATIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
Dada la magnitud e importancia del importe económico de los daños que se
producen en este tipo de accidentes, por el afán de trasladar en la medida de lo posible,
y a veces rallando o superando la inconstitucionalidad, esta carga a los Titulares
Privados, se están generando una serie de efectos de Negativos no queridos contrarios
al propio medio ambiente que se pretende proteger.
Leía hace unos días que el Estado pretende en 30 años plantar cinco mil millones
de arboles. Solo pienso, la fauna que puede albergar esos bosques, y los accidentes que
se van a producir en las carreteras aledañas. Posiblemente se envuelvan todos de vallado
para que no salgan la fauna, no vaya ser que la atropellen.
XII
DERECHO COMPARADO
Es de destacar en este momento la normativa que pudiese regular ó existir en
otros países sobre este problema y nos encontramos con el estudio realizado por Letrado
Don Jorge Bernard Danzberguer por encargo de la Federación Española de Caza sobre
la situación en otros países Europeos, y a través de la FACE (federación de
Asociaciones de Cazadores de la Unión Europea)
El resultado del estudio sobre 17 países europeos no puede ser más concluyente ;
"EN NINGÚN PAIS DE LA UNIÓN EUROPEA SE HACE
RESPONSABLE AL TITULAR DEL COTO Ó PROPIETARIO DEL
TERRENOS POR LOS DAÑOS DERIVADOS DE ATROPELLOS EN
CARRETERAS DE ESPECIES CINEGÉTICAS.
Unicamente el ejemplo finlandés podría equipararse al español, con la
diferencia de que allí los daños de este tipo son cubiertos con el importe de los
ingresos anuales que percibe la administración por las licencias de caza"
Destacamos también sus conclusiones ;
"CONCLUSION
En la totalidad de los paises europeos la responsabilidad por los
daños producidos por los atropellos de animales recae sobre el conductor
del vehículo y excepcionalmente sobre el estado, nunca sobre el titular del
coto ó el propietario del terreno.
Incluso en paises como Francia, Alemania ó Austria, donde las piezas de
caza tienen el carácter de "Res Nullius" (igual que en España) la responsabilidad
es del conductor ó excepcionalmente del Estado.
Parece obvio que si en España las piezas de caza son "Res Nullius", y las
carreteras son zonas de seguridad, no pudiéndose cazar en ellas, la
responsabilidad de este tipo de accidentes no debería recaer nunca en el titular
de coto ó propietario, que además en la mayoría de los casos no puede hacer
absolutamente nada para impedirlo." (Sic. el resaltado es nuestro)
69

Hay que tener en cuenta que si bien, en España existen aproximadamente 7.000
accidentes anuales, en Alemania se producen al año 400.000 accidentes y en Francia
100.000 accidentes a título de ejemplo.
XIII
SOLUCIONES PUNTUALES
Esta parte no es quien para dar consejos a nadie ni mucho menos dar instrucciones a
persona que dentro de las administraciones están mucha más capacitadas pero tras un estudio
tan pormenorizado del problema y siempre buscado el menor impacto a la Naturaleza y al
Medio ambiente, pero desde la humilde opinión del redactor del Recurso la solución pasa en
primer término por oír a todas las partes que pudiesen verse involucradas por cualquier motivo,
pero existen varias soluciones que esta parte atisba, a modo de simple comentario ;
1º.- con visión de futuro, al construir las carreteras se ha de tener en cuenta los pasos
naturales de los animales, no los más económicos, y oír a las personas que los conozcan ó los
Titulares de los Cotos colindantes.
2º.- Hay soluciones asumibles a corto plazo que ya se aplican en Países europeos con
cierto éxito, según me han comentado, como son ;
a) Dado que la mayoría de los accidentes ocurren por la noche por los
problemas de visibilidad, la instalación de reflectores de luz hacia el campo,
para alertar al animal salvaje de la llegada del vehículo, (no se si existirán
anexos para los mismos reflectores existentes en las carreteras)
b) Existen ya sistemas automáticos de esparcimiento de sustancias con olores
mediante sprays que ahuyenta a la fauna silvestre del borde de las carreteras si
bien es un sistema caro y nada acorde con el medio ambiente.
3º.- Igualmente se ha de reflejar en la normativa y distinguir entre los diferentes tipos de
cotos de caza haciendo una distinción clara entre, por un lado los cotos cercados en su totalidad
o de aprovechamiento intensivo, y por otro, los cotos de zonas libres ó no valladas.
Estudio realizado por ;
Antonio de Palma Villalón
Procurador de los Tribunales
Comisión Legal de la ACE.
70