estratégica del delito - Ministerio Público

Fiscalía de la Nación
Año 1 N° 07 Julio 2010
Fiscalías especializadas en
criminalidad organizada
Boletín del
Observatorio de Criminalidad
Persecución
estratégica del delito
Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses
Política
institucional
del Ministerio
Público
4 6 Violencia
familiar

Boletín del Observatorio de
Criminalidad del Ministerio Público
Año 1 Nº 7 | Julio 2010
FISCAL DE LA NACIÓN
Gladys Margot Echaiz Ramos
Comité editorial
Juan Huambachano Carbajal
Gerente del Observatorio de
Criminalidad
Rocío Villanueva Flores
Asesora
Equipo de investigación
Zenaida Franco Mendoza
Rubi Elisbeth Rivas Cossio
Óscar Adolfo Sandoval Rojas
Procesamiento de datos
Jakelin Karina Ruiz Vilca
Doris Gaby Simón Lezama
Gabriela Chaparro Delgado
Tadeo Rodríguez Vargas
Diseño y diagramación
Nancy Sandoval Guerrero
Dirección
Av. Abancay cuadra 5 s/n, Lima - Perú
Piso 11 de la sede central
Página web:
http://www.mpfn.gob.pe/info_estad_boletin.php
Teléfono: (051-1) 625-5555 anexos 6537,
6820, 6823, 6824 y 6825
Fax: 6822 y 6866
El presente boletín es una publicación
mensual producida por el Observatorio
de Criminalidad del Ministerio Público
Hecho el depósito legal en la Biblioteca
Nacional del Perú Nº 2010-02750
DISTRIBUCIÓN GRATUITA
Fiscalías especializadas
en criminalidad organizada
Enero – Diciembre 2009
Se registró el ingreso de 243 denuncias por delitos cometidos por
organizaciones criminales.
El Perú ratificó la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (Convención de Palermo) del
año 2000 mediante Resolución Legislativa
N° 27527, de 8 de enero de 2001.
Esta convención compromete a los Estados
partes a adoptar medidas legislativas,
administrativas o de otra índole que sean
necesarias para prevenir, investigar y
sancionar esta forma de criminalidad, así
como la participación en grupos delictivos
organizados y el ocultamiento del origen
ilícito de bienes que sean productos de
delitos cometidos por estas organizaciones
criminales (lavado de activos).
En virtud de ello, y en cumplimiento de su
función de perseguir el delito, el Ministerio
Público ha creado las fiscalías especializadas
en criminalidad organizada. Su organización,
competencia y funciones se encuentran
reguladas por el Reglamento de las Fiscalías
Especializadas en Criminalidad Organizada,
aprobado mediante Resolución de la Fiscalía
de la Nación N° 042-2007-MP-FN-JFS, de 7 de
setiembre de 2007.
Este reglamento establece que la competencia
de las mencionadas fiscalías especializadas
comprende la investigación de los delitos
de tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de
drogas, trata de personas, tráfico Ilícito de
migrantes y lavado de activos provenientes
de estos delitos, siempre que sean cometidos
por organizaciones criminales1 y que revistan
especial complejidad.
También conocen las investigaciones por
transacciones financieras sospechosas
derivadas de la Unidad de Inteligencia
Financiera. Por otro lado, la Fiscalía de la
Nación puede atribuir excepcionalmente
a estas fiscalías la competencia para
investigar asuntos especialmente complejos
que requieran una investigación especial,
pudiendo disponer el apoyo de otras
fiscalías.
Las fiscalías especializadas en criminalidad
organizada tienen su sede en la ciudad
de Lima y tienen competencia a nivel
nacional. Están a cargo de un Fiscal Superior
Coordinador designado por la Fiscalía de la
Nación, quien se encarga de planificar, dirigir
y supervisar las actividades de estas fiscalías
especializadas, organizar los equipos de
trabajo, distribuir la carga laboral, establecer
criterios de actuación común, entre otras
funciones.
Asimismo, estas fiscalías cuentan con
dos órganos de apoyo. En primer lugar, la
Secretaría Técnica se encarga de obtener
y sistematizar la información proveniente
de instituciones y organismos públicos
y privados, nacionales e internacionales
vinculados a la investigación de delitos
cometidos por organizaciones criminales.
En segundo lugar, la Unidad de expertos y
asesores en la investigación está integrada
por profesionales que realizan estudios e
informes conforme a los requerimientos de
las fiscalías especializadas en criminalidad
organizada.
Los fiscales provinciales que durante la
investigación de un delito consideren que
éste se refiere a un caso de criminalidad
organizada, elevarán un informe sustentado
al Fiscal Superior Coordinador de las
fiscalías especializadas en criminalidad
organizada, quien determinará a qué fiscalía
le corresponde conocer la investigación, sin
perjuicio de que el fiscal provincial realice las
diligencias que resulten necesarias hasta que
se determine la fiscalía competente.
Por su parte, los fiscales especializados
en criminalidad organizada que en una
investigación criminal de su conocimiento
determinen que no se trata de un caso de
su competencia, deberán remitir un informe
sustentado sobre la materia al Fiscal Superior
Coordinador, el cual se encarga de derivar el
caso a la fiscalía que resulte competente.
A continuación presentamos los resultados
más relevantes correspondientes al año 2009,
reportados por las fiscalías especializadas en
criminalidad organizada:
1
1 El Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada define a la organización criminal como
un grupo estructurado de tres o más personas, permanente en el tiempo y que actúa concertadamente con el
propósito de cometer uno o más delitos. Esta definición es compatible con el artículo 2 a) de la Convención de
Palermo.

Fiscalías especializadas en criminalidad organizada
Denuncias ingresadas
Cuadro Nº 1
Investigación Fiscalías provinciales preliminarespecializadas
en criminalidad organizada
Carga laboral (4 fiscalías provinciales)
Estado
Expedientes e incidentes
(UIF, PNP y otros)
Trámite Investigación Archivadas, preliminar derivadas
o acumuladas
Formalizadas
Ingresados
Expedientes e incidentes
Dictaminados
Denuncias ingresadas
Estado
(UIF, PNP 243y otros)
Trámite 178 Archivadas, 31 derivadas
o acumuladas
Formalizadas 34 Ingresados 334 Dictaminados 334
243 178 31 34 334 334
Expedientes
Cuadro Nº 2
Fiscalías superiores especializadas en criminalidad organizada
Carga laboral (2 fiscalías superiores)
Incidentes Quejas
Juicio oral
Expedientes
Incidentes Quejas
Juicio oral
189 69 47
96
189 69 47
96
Fuente: Fiscalías especializadas en criminalidad organizada
Cifras generales
1. Fiscalías provinciales especializadas
• La mesa de partes única de las
fiscalías provinciales especializadas en
criminalidad organizada registró un
total de 243 denuncias a nivel nacional
por presuntos delitos cometidos por
organizaciones criminales, los cuales
fueron reportados por la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), la Policía
Nacional del Perú y las fiscalías penales
comunes. De este total, 34 denuncias
fueron formalizadas, 178 se encontraban
en trámite a diciembre de 2009 y 31 fueron
archivadas, acumuladas o derivadas a las
fiscalías competentes (Cuadro N° 1).
• Asimismo, se registró un total de 334
expedientes e incidentes provenientes
de los cuatro juzgados supraprovinciales
de la Sala Penal Nacional del Poder
Judicial para recibir dictamen. Cabe
mencionar que, a diciembre de 2009,
la totalidad de estos expedientes e
incidentes había recibido dictamen.
2. Fiscalías superiores especializadas
• Las fiscalías superiores especializadas en
criminalidad organizada registraron un
total de 189 expedientes y 69 incidentes
provenientes de la Sala Penal Nacional
del Poder Judicial para recibir dictamen.
Asimismo, registraron 47 quejas
provenientes de las fiscalías provinciales
especializadas (Cuadro N° 2).
• Por otro lado, se registraron 96 notificaciones
para juicio oral. De este total, 33 casos
recibieron sentencia (28 condenatorias
y 5 absolutorias) y 63 se encontraban en
trámite a diciembre de 2009.
Normativa internacional
Información básica
Sentencias
Condenatorias Absolutorias
Sentencias
28
Condenatorias
5
Absolutorias
33
28 5
La Convención de Palermo tiene como objetivo promover la cooperación entre los Estados partes
para la prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos graves, siempre que sean de carácter
transnacional e involucren la participación de un grupo delictivo organizado. Esta convención cuenta
con tres protocolos complementarios:
• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños
Este protocolo busca prevenir y combatir la trata de personas, definida como la captación, el
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso
de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación sexual,
laboral, esclavitud o prácticas análogas a la misma, extracción de órganos, entre otros.
Busca también proteger y ayudar a las víctimas de este delito, respetando plenamente sus
derechos. En virtud de ello, el protocolo establece que cada Estado debe proteger la privacidad
y la identidad de las víctimas, brindarles información sobre los procedimientos judiciales y
administrativos que resulten pertinentes y adoptar medidas destinadas a prever su recuperación,
prestando atención a la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres, las niñas y los niños.
• Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire
El protocolo busca prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como promover la
cooperación entre los Estados en esta materia. Este delito está definido como la facilitación de la
entrada ilegal de una persona en un Estado del cual no es nacional o residente permanente, con el
fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.
Cabe precisar que los migrantes no están sujetos a enjuiciamiento penal por haber sido objeto
de tráfico, sino que los Estados deben adoptar todas las medidas apropiadas para proteger los
derechos de estas personas, en particular el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a
tortura o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones
Este protocolo busca prevenir, combatir y erradicar la fabricación, montaje, importación,
exportación y transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes o municiones que
no cuenten con licencia o autorización por parte de una autoridad competente, así como de
aquellas que no cuenten con marcas que permitan identificar el nombre del fabricante, el país
o lugar de fabricación.
Asimismo, compromete a cada Estado a adoptar medidas para detectar, prevenir y eliminar el
robo, la pérdida o la desviación de armas, sus piezas, componentes y municiones, así como
a establecer o mantener un sistema eficaz de licencias o autorizaciones de exportación e
importación para este tipo de bienes.
33
3

4
Boletín del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público
Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses
Enero - Diciembre 2009
El 68% de las atenciones del IML correspondió a reconocimientos clínico
forenses
El Instituto de Medicina Legal del Perú
“Leonidas Avendaño Ureta” (IML) fue creado
mediante Ley N° 24128 de 24 de mayo de
1985. Su finalidad principal consiste en
realizar peritajes y emitir dictámenes técnicocientíficos
de medicina legal y ciencias
forenses en apoyo a la administración
de justicia. Estas acciones contribuyen a
esclarecer los hechos y a identificar a las
víctimas y a los presuntos autores, brindando
sustento fáctico a la teoría del caso elaborada
por el fiscal a cargo de la investigación.
Este instituto fue creado como un organismo
público descentralizado del Sector Justicia.
Posteriormente, mediante la Primera
Disposición Transitoria y Complementaria del
Decreto Ley N° 25993, de 21 de diciembre
de 1992, las funciones, personal, recursos y
acervo documental del Instituto de Medicina
Legal fueron transferidos al Ministerio Público.
Para el desarrollo de sus funciones, el IML
cuenta con diversas unidades orgánicas,
administrativas, técnicas y operativas.
La Jefatura Nacional es el órgano de
mayor jerarquía y se encarga de ejecutar
políticas y directivas que aseguren el buen
funcionamiento del Instituto. Esta jefatura
cuenta con tres gerencias y dos equipos
forenses que constituyen órganos de apoyo
y brindan asesoría.
En primer lugar, la Gerencia de Criminalística es
una unidad que tiene cobertura a nivel nacional
y se especializa en el análisis de la escena de
crimen en casos de muertes violentas u otros
casos de especial complejidad. Para el desarrollo
de sus funciones cuenta con las siguientes
áreas de referencia nacional: a) división clínico
forense, b) división de tanatología forense,
c) laboratorio de toxicología y químico legal
y d) laboratorio de biología molecular y de
genética - ADN.
Cabe mencionar que el laboratorio de
biología molecular y de genética de ADN
cuenta con la Certificación ISO-9001 desde
hace tres años y el sistema de determinación
de alcoholemia del laboratorio de toxicología
recibió esta certificación en el año 2009.
En segundo lugar, la Gerencia de Operaciones
es responsable de supervisar y coordinar
el trabajo de las divisiones médico legales
de cada distrito judicial. Estas divisiones
constituyen órganos de apoyo a los fiscales
y desarrollan actividades en el campo de
la clínica forense, tanatología forense y
exámenes auxiliares de laboratorio en el
ámbito de su competencia regional y local.
En tercer lugar, la Gerencia de Garantía de
la Calidad se encarga de la supervisión de la
calidad de los servicios y del desarrollo de los
planes y proyectos de implementación del IML.
Actualmente se viene implementando el plan
de descentralización de los laboratorios de
ADN y el plan de fortalecimiento, para lo cual se
han distribuido equipos básicos para la escena
del crimen en todos los distritos judiciales, así
como equipos para la perennización de los
procedimientos tanatológicos y de lesiones.
Respecto de los equipos forenses que brindan
apoyo a la Jefatura Nacional, el primero de
ellos se especializa en la identificación y
análisis de la evidencia en casos de personas
fallecidas en contextos de violencia política
(EFE). Este equipo fue creado para dar
cumplimiento a los mandatos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
referidos a la investigación de casos de
desaparición forzada. El segundo equipo
forense se especializa en la investigación de
delitos contra el ambiente (EFOMA).
Actualmente se viene elaborando la segunda
edición de la Guía médico legal de evaluación
integral a presuntas víctimas de delitos contra
la libertad sexual del año 2009.
A continuación presentamos los resultados
más importantes registrados por el Instituto
de Medicina legal a nivel nacional durante el
año 2009:
Cifras generales
Se brindó un total de 850,806 servicios médico
legales1 , de los cuales 578,753 correspondieron
a servicios de reconocimiento clínico forense,
34,298 a servicios de tanatología forense,
211,859 a servicios de laboratorio, 24,605 a
servicios especializados en ADN y 1,291 a
electrocardiografías 2 .
1. Servicios clínicos forenses
• Comprenden exámenes clínicos
integrales, descripciones de lesiones
(reconocimientos clínicos), exámenes
periciales de gineco-obstetricia y
sexología, reconocimientos psicológicos,
reconocimientos psiquiátricos, entre
otros.Los exámenes clínicos realizados
con mayor frecuencia estuvieron
referidos a lesiones en general (55.4%) y
a lesiones por violencia familiar (25.8%)
(Gráfico Nº 1).
• La mayor cantidad de exámenes de
gineco-obstetricia y sexología (96.1%)
correspondió a casos de presuntos
delitos contra la libertad sexual
(Gráfico Nº 2).
• El mayor número de pericias psicológicas
correspondió a casos de violencia familiar
(58.3%) y a exámenes psicológicos para
determinar el daño psíquico sufrido por
una persona (41.4%) (Gráfico Nº 3).
• El mayor porcentaje de las pericias
psiquiátricas correspondió a exámenes
psiquiátricos en general (89.1%) y a
exámenes sobre el estado de salud
mental para otorgar testamento (7.9%)
(Gráfico Nº 4).
2. Servicios de tanatología forense
Comprenden servicios tales como
levantamiento de cadáveres, necropsias de
ley, exhumación y examen de cadáveres
y restos humanos, estudios de anatomía
patológica de órganos, tejidos y células, entre
otros.
• La mayor cantidad de servicios
tanatológicos consistió en necropsias
(68.1%) y levantamientos de cadáveres
(21.2%) (Gráfico Nº 5).
• Los exámenes de individualización de
cadáveres son el principal servicio de
antropología (86.6%) (Gráfico Nº 6).
1
1 Una persona puede haber recibido más de un servicio médico legal. El IML sistematiza la información de acuerdo con el número de servicios dados y no de acuerdo al número
de personas atendidas.
2 Fuente: Ministerio Público. Anuario estadístico 2009.

Lesiones en
accidentes
de tránsito
Exámenes clínicos
Ampliación
de reconocimiento
4.6% 5.3% 3.9%
25.8%
L e s i o n e s
por violencia
familiar
Conservación
de cadáveres
en refrigeración
55.4%
L e s i o n e s
en general
Necropsias
clínicas
3.9% 1.9% 1.2%
21.2%
Levantamiento
de cadáveres
Toma de
muestras en
cadáveres
22.5 %
Dosaje
etílico
11.6%
Estudios
post-facto
3. Servicios de laboratorio
Otros
Comprenden exámenes en el campo
biológico, toxicológico, diagnóstico por
imágenes, estomatología, entre otros.
• Los exámenes biológicos corresponden
principalmente a exámenes
espermatológicos (27.6%) y análisis de otro
tipo de muestras (23.9%) (Gráfico Nº 7).
• El 75.6% de diagnósticos por imágenes
corresponde a exámenes radiológicos en
cadáveres y el 12.9% a exámenes radiológicos
en personas vivas. (Gráfico Nº 8).
Exámenes de gineco-obstetricia
y sexología
Examen por
p r e s u n t o
aborto
Determinación
de potencia
sexual
96.1%
Casos de presuntos delitos
contra la libertad sexual
Determinación
d e p a r t o
anterior
0.8% 0.3% 0.2%
Determinación
d e e s t a d o
gestacional
2.5% 0.1%
Determinación
de sexo
Odontogramas en
cadáveres y restos
humanos
17.3 %
17.6 %
Determinación de
edad odontológico
Otros
7.3 %
• La mayor cantidad de servicios de
toxicología fueron exámenes de tóxicos
orgánicos fijos (57.9%) y dosajes etílicos
(22.5%) (Gráfico Nº 9).
• Los exámenes de muestras procesadas
(29%) y las tomas de muestras de
cadáveres (25.6%) son los principales
exámenes de anatomía patológica
realizados en el periodo materia de
análisis (Gráfico Nº 10).
• Los exámenes de estomatología
corresponden principalmente a
odontogramas en personas (33.7%) y a
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Servicios tanatológicos Servicios de antropología
Exámenes biológicos
Diagnósticos por imágenes
68.1%
Necropsias Otros
Servicios de toxicología
Toma de
muestras
en personas
57.9 %
Examen de
tóxicos
metálicos
Examen de tóxicos
orgánicos fijos
5%
Traslados a
fosa común
3.7%
Determinación
de sustancias
químicas
4.0% 1.8% 1.5%
0.7%
Otros
Estudio
premorten
Estudio
comparativo
1.5% 1.5% 1.5%
Estudio
postmorten
19.7%
6.7% 2.2%
86.6%
Individualización
d e c a d á v e r e s
Atención
a personas
vivas
Exámenes de anatomía patológica
Estudios
histopatológicos
M u e s t r a s
informadas
15.3%
Asistencia a
necropsias
Toma de muestras
en personas
25.6%
Toma de muestras
en cadáveres
Otros
Estudios
citopatológicos
9.6% 0.6%
0.1%
29%
M u e s t r a s
procesadas
Determinación de
coeficiente intelectual
58.3%
Casos por violencia
familiar
Determinación
de hepatitis
8.6 %
12.2 %
M u e s t r a s
en cadáveres
Pericias psicológicas Pericias psiquiátricas
Determinación
de VIH
7.8 % 4.5 %
23.9 %
Muestras
en personas
0.2%
Examen para beneficio
penitenciario
41.4%
Exámenes de
determinación de ETS
Odontogramas
e n p e r s o n a s
24 %
15.4 %
Exámenes de estomatología
0.1%
Examen psicológico
(daño psíquico)
Otros
27.6 %
Examen
espermatológico
33.7 %
Examen odontológico
para determinar lesiones
Fármacodependencia
Ecografías
obstétricas
Examen radiológico
en personas vivas
Identificación
18.9%
exámenes odontológicos para determinar
lesiones (24%) (Gráfico Nº 11).
4. Servicios de ADN
Pronunciamiento
radiológico
75.6%
Examen radiológico
en cadáveres
Servicios de ADN
67.5 %
13.3%
Ecografías
pélvicas
9.9% 1.1% 0.2%
12.9%
Examen para
beneficio
penitenciario
2.7% 0.2%
Estado de salud
mental para otorgar
testamento
Toma de
muestras
7.9%
89.1%
Perfil
psicosexual
0.1%
Examen psiquiátrico
0.2%
Ampliación
de peritaje
Determinación
de paternidad
0.2%
Servicios
a terceros
Comprenden exámenes para la identificación
de personas y cadáveres, realizando perfiles
genéticos y exámenes periciales de ADN.
• El 67.5% de servicios de ADN
correspondió a toma de muestras y el
18.8% a la identificación de ADN en
casos de agresión criminal, de delitos
contra la libertad sexual, entre otros
(Gráfico Nº 12).
5

6
Boletín del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público
Violencia familiar
Enero - Diciembre 2009
Se registró un total de 160,910 denuncias por violencia familiar. Hay más
denuncias por violencia familiar que por delitos contra el patrimonio
La Convención interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer (Convención de Belém do Pará), de
1994, define esta violencia como cualquier
acción o conducta que cause muerte, daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la
mujer, basada en su género, tanto en el ámbito
público como en el privado1 . Esta convención
refuerza la obligación del Estado peruano de
proteger los derechos a la vida, a la integridad
moral, psíquica y física de las personas bajo
su jurisdicción, que se desprende del artículo
2° inciso 1) de la Constitución.
El Texto Único Ordenado de la Ley de
protección frente a la violencia familiar,
aprobado mediante Decreto Supremo
N° 006-97-JUS, regula el procedimiento para
interponer denuncias por violencia familiar,
según el cual el fiscal actúa de oficio, al tomar
conocimiento de hechos que constituyen
violencia familiar, o a solicitud de parte.
En este último caso, el fiscal investiga las
denuncias remitidas por la Policía Nacional
del Perú o aquellas presentadas por la víctima,
sus familiares u otras personas o instituciones
públicas o privadas que tomen conocimiento
de los hechos de violencia.
Una vez evaluado el caso, el fiscal dicta las
medidas de protección inmediatas que la
situación exija, tales como la prohibición de
comunicarse con la víctima o de acercarse a
ella. Culminada la investigación, si los hechos
denunciados constituyen violencia familiar,
el fiscal interpone demanda ante el juez
de familia y pone en su conocimiento las
medidas de protección que haya adoptado.
La Directiva N° 005-2009-MP-FN, aprobada
por Resolución de la Fiscalía de la Nación
N° 1690-2009-MP-FN, precisa que la
dirección y conducción de la investigación
de la denuncia le corresponde al Ministerio
Público. En tal sentido, el fiscal provincial
de familia dirige la investigación, tanto en
sede policial como en sede fiscal, hasta la
presentación de la demanda ante el juez de
familia. En aquellos distritos judiciales en los
cuales no existen fiscalías de familia, el fiscal
mixto es quien cumple esta función.
Asimismo, si la situación lo amerita, el fiscal
derivará a la víctima a la Unidad de Asistencia
a Víctimas y Testigos, conforme a los criterios
establecidos en el Reglamento del Programa
Nacional de Asistencia a Víctimas y Testigos. Por
otro lado, si en la investigación por violencia
familiar se encuentran indicios de la comisión
de un delito, el fiscal de familia o mixto remitirá
esta denuncia al fiscal provincial penal de turno 2 .
A continuación presentamos las cifras más
importantes referidas a las denuncias por
violencia familiar registradas por las fiscalías
provinciales de familia y mixtas durante el
año 2009.
Cifras generales
• Las fiscalías provinciales de familia y
mixtas registraron un total de 160,910
denuncias por violencia familiar a nivel
nacional, representando un incremento
de 96.4% en comparación con el año
2008. Esto equivale a un promedio de
13,409 denuncias mensuales, 447 diarias,
19 cada hora o 3 cada 10 minutos.
• Cabe mencionar que el número de
denuncias por violencia familiar es mayor al
número de denuncias por delitos contra el
patrimonio registradas en el mismo período
(132,339 delitos), siendo éstos últimos los de
mayor incidencia a nivel nacional.
• Los distritos judiciales en los cuales se
registró el mayor número de denuncias
fueron Lima (35,791), Arequipa (19,355),
Lima Norte (11,851), Cusco (10,612), Piura
(8,759) y Lambayeque (8,207). Estos seis
distritos judiciales representan el 58.8%
del total (ver mapa de ubicación).
• Con relación a la procedencia de las
denuncias, el 64.4% (103,645) fue remitido
por la Policía Nacional del Perú, el 22.7%
(36,589) fue presentado al Ministerio Público
por las propias víctimas o sus familiares
y el 12.8% (20,676) por otras personas o
instituciones (Defensorías Municipales
del Niño y del Adolescente, Centros de
Emergencia Mujer u organizaciones no
gubernamentales) (ver detalle N° 1).
• En el 50.6% de las denuncias (81,387),
el fiscal formuló demanda ante el Poder
Judicial, el 25.1% de las denuncias
(40,361) fue archivado debido a que los
hechos denunciados no constituyeron
violencia familiar o no existía el vínculo
familiar entre el agredido y el agresor,
entre otros motivos, el 11.1% (17,930)
fue derivado a las fiscalías penales por
encontrarse indicios de la comisión de
delitos, el 7.3% (11,797) se encontraba
en investigación y el 5.9% (9,435) se
registraba como denuncia pendiente 3
hasta el 31 de diciembre de 2009
(ver detalle N° 2).
Medidas de protección
Informacián básica
Mediante la Resolución de la Fiscalía de la
Nación N° 1690-2009-MP-FN, de fecha 20
de noviembre de 2009, el Ministerio Público
aprobó la Directiva N° 005-2009-MP-FN
referida a la intervención de los fiscales
de familia, penales y mixtos frente a la
violencia familiar y de género. El objetivo de
esta directiva consiste en unificar criterios
de actuación fiscal frente a la violencia
familiar, de tal manera que se dispongan de
manera oportuna y eficiente las medidas de
protección, las órdenes de asistencia a las
víctimas y testigos, así como el tratamiento a
los agresores.
Según esta directiva, las medidas de protección
son dictadas por el fiscal de familia o mixto
teniendo en cuenta la situación de riesgo de
la presunta víctima, la gravedad del hecho, así
como la posibilidad de una futura agresión,
la urgencia, necesidad y oportunidad que el
caso exija. A fin de contribuir con la eficacia
de la medida de protección, la Directiva
N° 005-2009-MP-FN prohíbe que se dicte
como medida de protección la simple orden
de “cese de violencia”.
En caso de encontrarse frente a un hecho
punible que al mismo tiempo constituya
violencia familiar, el fiscal de familia debe
comunicarse con el fiscal penal para ponerse
de acuerdo sobre la determinación de las
medidas de protección inmediatas y el fiscal
que las solicitará.
1 Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (“Convención de Belém do Pará”), artículo 1.
2 Cabe mencionar que mediante la Ley Nº 29282, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de noviembre de 2008, se modificaron los artículos 121º-A y 122º-A, se incorporaron
los artículos 121º-B y 122º-B, y se reformó el artículo 144º del Código Penal, a fin de incorporar supuestos agravados del delito de lesiones en casos de violencia familiar.
3 Este término hace referencia a las denuncias que han ingresado a las fiscalías en un período determinado para que el fiscal inicie la investigación y califique los hechos.

Nivel nacional
Denuncias registradas por las scalías provinciales de familia y mixtas
Detalle N o 1
Según procedencia
Detalle N o 2
Según estado de la denuncia
160,910 103,645 36,589 20,676 81,387 40,361 17,930 11,797
Total de denuncias PNP De parte
Número de denuncias
(scalías de familia y mixtas)
547 - 1,225
1,226 - 3,018
3,019 - 5,569
5,570 - 19,355
19,356 - 35,971
Piura
De oficio, otras
personas o
instituciones
Demandas
formuladas
Denuncias
archivadas
Denuncias
derivadas
Mapa de ubicación
Denuncias por violencia familiar registradas según distrito judicial
Enero - Diciembre 2009
Lambayeque
Fuente: Ministerio Público. Anuario estadístico 2009.
Cajamarca
Amazonas
La Libertad
Santa
Ancash
Huaura
San Martín
Huánuco
Pasco
Lima
Cañete
Junín
Huancavelica
Ica
Loreto
Ayacucho
Ucayali
Apurímac
Cusco
Arequipa
Madre
de Dios
Moquegua
Tacna
Puno
Denuncias en
investigación
Violencia familiar
9,435
Denuncias
pendientes
7

8
Boletín del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público
Registro Nacional de Detenidos y
Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva
Enero - Diciembre 2009
Se registró un total de 54,730 personas detenidas, el 41.4% de las cuales fue
registrado en el distrito judicial de Lima
El Registro Nacional de Detenidos y
Sentenciados a Pena Privativa de Libertad
Efectiva (RENADESPPLE) es un organismo
público descentralizado creado mediante
la Ley N° 26295 de 21 de febrero de 1994.
A partir del 15 de diciembre de 1997, el
Ministerio Público asumió su administración
y organización conforme a lo dispuesto por
la Ley N° 26900.
El RENADESPPLE cuenta con una Comisión
Coordinadora que se encarga de asegurar su
funcionamiento y de verificar que las entidades
que lo integran remitan información sobre
las personas que se encuentran detenidas,
así como sobre aquellas que han sido
condenadas con pena privativa de libertad
efectiva a nivel nacional. Esta Comisión está
presidida por un representante del Ministerio
Público e integrada por representantes
de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio
de Justicia, del Ministerio del Interior, del
Ministerio de Defensa, del Poder Judicial y del
Congreso de la República.
En su primera fase, el registro comprendía
información respecto de los detenidos por
miembros de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional por delitos de terrorismo, traición
a la Patria y contra el Estado y la defensa
nacional. Posteriormente, su competencia se
extendió a todo tipo de delitos. Por ello, todos
los sectores que participan en el proceso de
investigación y sanción de un delito tipificado
en el Código Penal o en leyes especiales
proporcionan información actualizada para
su inclusión en el RENADESPPLE.
En ese sentido, el Ministerio Público, a través
de los fiscales, registra información sobre
los detenidos a nivel nacional y realiza el
seguimiento de aquellos casos en los cuales
se inicia un proceso penal, para lo cual se
emplean las fichas DETO1 y DETO2. Estos datos
son complementados con la información
proporcionada por las siguientes entidades:
• El Ministerio del Interior, a través de
la Policía Nacional del Perú, brinda
información sobre las detenciones
registradas en las comisarías a nivel
nacional.
• El Poder Judicial brinda información
sobre personas detenidas, procesadas y
sentenciadas a nivel nacional a través de
un enlace web con el Sistema de Registro
Nacional de Internos, Procesados y
Sentenciados (RENIPROS).
• El Ministerio de Justicia, a través del
Instituto Nacional Penitenciario (INPE),
brinda información sobre las personas
recluidas en los establecimientos
penitenciarios a nivel nacional, los
traslados y los egresos de personas
registrados en los mismos.
El RENADESPPLE tiene su sede principal en la
ciudad de Lima y cuenta además con oficinas
en 20 distritos judiciales1 . En el caso de los
9 distritos judiciales que no cuentan con
una oficina de este registro2 , la información
es remitida a la sede central de Lima. No
obstante, conforme a lo establecido en el Plan
de Trabajo Institucional 2010 del Ministerio
Público, se ha proyectado la creación de
cuatro nuevas oficinas a nivel nacional.
Toda persona natural o jurídica pública
o privada que lo requiera puede acceder
a la información del RENADESPPLE a fin
de identificar y localizar a las personas
detenidas y sentenciadas por cualquier
tipo de delito. También permite conocer
la edad, sexo y grado de instrucción de los
detenidos, así como la situación jurídica de
los internos recluidos en los establecimientos
penitenciarios a nivel nacional.
A continuación presentamos los resultados
más importantes registrados por el
RENADESPPLE durante el año 2009:
Cifras generales
• Los fiscales y efectivos de la Policía
Nacional del Perú reportaron un total
de 54,730 personas detenidas a nivel
nacional.
• Los distritos judiciales donde se efectuó
el mayor número de detenciones son
Lima (22,648), Lima Norte (5,561), Callao
(4,131), Lambayeque (2,514), Junín
(2,403) y La Libertad (2,385). Estos seis
distritos judiciales registraron el 72.4%
del total de detenciones.
• El 72.5% de las detenciones se realizó
en flagrancia delictiva, mientras que el
8% se efectuó por existir una requisitoria
contra la persona detenida.
• Las personas detenidas presuntamente
cometieron delitos contra el patrimonio
(42.3%), seguridad pública (30.5%),
familia (6.2%), libertad (6.1%) y la vida,
el cuerpo y la salud (5.9%). Estos cinco
delitos corresponden al 91% del total de
las detenciones registradas.
Registro de detenidos
Información básica
Conforme lo establece la Directiva
N° 003-2001-MP-FN, los fiscales que tomen
conocimiento de la detención de una
persona deben consignar los datos del
detenido en el formato “Ficha de entrevista
del detenido” (DETO1).
Este formato recoge además información
sobre el momento de su detención,
la autoridad responsable de la misma,
el delito por el cual fue detenido, la
modalidad delictiva, el establecimiento en
el cual permaneció detenido y la fecha de
detención.
Asimismo, los fiscales deben realizar el
seguimiento de la situación jurídica del
detenido, especificando, de ser el caso, el
establecimiento penitenciario en el que ha
sido recluido el detenido. Para ello deben
colocar la información en el formato “Ficha
de seguimiento de la situación jurídica del
detenido” (DETO2).
Este formato permite además identificar a
las autoridades policiales, fiscales y judiciales
a cargo de la investigación, el número de
denuncia o carpeta a nivel fiscal y el número
de expediente a nivel judicial.
Los fiscales deben informar inmediatamente
de las detenciones realizadas y deben
remitir la información referida a la situación
jurídica de los detenidos a la oficina de
RENADESPPLE de su distrito judicial, o en
su defecto, a la sede central de Lima, bajo
responsabilidad.
1
1 Estas oficinas se encuentran en los distritos judiciales de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima Norte, Puno, San
Martín, Tacna, Ucayali, Piura, Loreto, Apurímac, Santa y Madre de Dios.
2 Los distritos judiciales de Amazonas, Tumbes, Pasco, Moquegua, Huancavelica, Huaura, Cañete, Ancash y Lima Sur no cuentan con oficinas RENADESPPLE.

1
Fuente: Ministerio Público. Anuario estadístico 2009.
Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva
Detenciones reportadas por las scalías y Policía Nacional
Nivel nacional Detenciones según tipo de delito (mayor incidencia)
54,730 23,596 17,005 3,480 3,404 3,326
Total de detenciones Patrimonio Seguridad pública Familia Libertad
Número de detenciones
26 - 348
349 - 1,032
1,033 - 2,058
2,059 - 5,561
5,562 - 22,648
Mapa de ubicación
Detenciones reportadas por las fiscalías y Policia Nacional a nivel nacional
Enero - Diciembre 2009
Piura
Lambayeque
Cajamarca
Amazonas
La Libertad
Santa
Ancash
Huaura
San Martín
Huánuco
Pasco
Lima
Cañete
Junín
Huancavelica
Ica
Loreto
Ayacucho
Ucayali
Apurímac
Cusco
Arequipa
Madre
de Dios
Moquegua
Puno
Tacna
Vida, el cuerpo y la
salud
9

10
Boletín del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público
Homicidio y feminicidio
Julio 2010
El 50% de las víctimas mujeres lo fue de un feminicidio y el 22.7% de un
posible feminicidio
El Observatorio de Criminalidad presenta los
datos sobre feminicidio correspondientes
al mes de julio de 2010, reportados por los
fiscales penales y mixtos a nivel nacional
en cumplimiento de lo dispuesto por
la Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 1690-2009-MP-FN.
1. Cifras globales
Se han registrado 82 casos de homicidio con
un total de 98 víctimas. Esta diferencia entre
el número de casos y el número de víctimas
obedece a que en 10 casos se produjo la
muerte de más de una persona. En cuanto al
sexo de las víctimas, el 22.4% (22) era mujer y
el 77.6% hombre (76).
a) Víctimas mujeres: De las 22 víctimas, 11 lo
fueron de un feminicidio, 6 lo fueron de un
homicidio que no constituye feminicidio y
las 5 restantes fueron víctimas de un posible
feminicidio1 .
b) Víctimas hombres: De las 76 víctimas, el
51.3% (39) fue presuntamente asesinado por
un desconocido, el 15.8% por un conocido
hombre (12), el 4% por un familiar hombre (2)
o familiar mujer (1) y el 1.3% (1) por la pareja
mujer. En un 27.6% de casos (21) no existe
información sobre el homicida ni sobre las
características de la muerte, pues sólo se sabe
que la víctima era hombre.
2. Cifras sobre feminicidio
Se han registrado 11 víctimas de feminicidio, 9
de las cuales lo fueron de un feminicidio íntimo
y 2 lo fueron de uno no íntimo (Cuadro Nº 1).
2.1. Características de la víctima
• El 27.3% de las víctimas (3) tenía entre
35 y 44 años y el 18.2% (2) entre 25 y 34
años. Tres víctimas tenían 22, 48 y 61 años
respectivamente. Se han reportado tres
víctimas menores de 18 años (27.3%).
• El 72.7% de las víctimas (8) fue
presuntamente asesinada por la pareja,
el 9.1% (1) por un familiar hombre y el
18.2% (2) restante por un conocido.
• El 54.5% de las víctimas (6) tenía hijos,
mientras que el 45.5% (5) no los tenía.
• No se reportaron casos de víctimas
embarazadas.
2.2. Características del presunto victimario
Las 11 víctimas de feminicidio fueron
presuntamente asesinadas por el mismo
número de victimarios.
Resumen de los
casos de feminicidio
Feminicidio íntimo
• Un hombre de 26 años presuntamente
disparó a su pareja sentimental de 17
años, por celos.
• Un hombre de 26 años presuntamente
acuchilló a su suegra y a su conviviente,
de 48 y 24 años respectivamente, porque
esta última no quería continuar con la
relación de pareja.
• Un hombre de 43 años presuntamente
estranguló a su esposa de 40 años, para
evitar ser denunciado por el delito de
violación sexual en agravio de una de las
hijas de la víctima.
• Un hombre de 65 años presuntamente
estranguló a su conviviente de 42 años,
por celos.
• Un hombre de 35 años presuntamente
acuchilló a su pareja sentimental de
32 años, porque la víctima no quería
continuar con la relación de pareja.
• Un hombre de 47 años presuntamente
mató a golpes a su conviviente de 39 años,
por celos.
• Un hombre de 29 años presuntamente
acuchilló a su pareja sentimental de 61
años.
• Un hombre de 27 años presuntamente
acuchilló a su conviviente de 22 años,
por duda sobre la paternidad del hijo.
Feminicidio no íntimo
• Un hombre de 46 años presuntamente
acuchilló a una niña de 9 años, para
ocultar el delito de violación sexual.
• Un hombre de 25 años presuntamente
acuchilló a su vecina de 13 años, para
ocultar el delito de violación sexual del
que había sido previamente víctima.
• El 45.5% de los presuntos victimarios
(5) tiene entre 25 y 34 años, el 27.3% (3)
tiene entre 35 y 44 años y el 18.2% (2)
tiene entre 45 y 54 años. En un caso el
presunto victimario tiene 65 años.
• De los 11 presuntos victimarios, dos
se suicidaron después de cometer el
feminicidio (18.2%). Además, un presunto
homicida intentó suicidarse después de
asesinar a su pareja sentimental.
2.3. Características del feminicidio
• El 63.6% de los feminicidios (7) ocurrió
dentro de la casa y el 36.4% (4) fuera de ella.
• En el 27.3% (3) de los casos el presunto
motivo del crimen fueron los celos, en el
18.2% (2) las víctimas fueron violadas antes
de ser asesinadas y en el 18.2% restante
la víctima fue asesinada por resistirse a
continuar con la relación de pareja.
• El 54.5% de las víctimas fue acuchillada
(6), el 27.3% fue asfixiada o estrangulada
(3), una víctima fue baleada y una murió
a consecuencia de los golpes.
• El 18.2% (2) de los feminicidios se reportó
en el distrito judicial de Arequipa, el
18.2% (2) en el distrito judicial de Piura
y los demás casos se reportaron en
Ancash (1), Cusco (1), Huánuco (1), Lima
Norte (1), Junín (1), Loreto (1) y Tacna (1).
3. Casos en los que hay denuncias por
violencia familiar o por la comisión de
delitos
• Ninguna de las víctimas de feminicidio
registra denuncias por violencia familiar.
• Un presunto victimario tiene cuatro
denuncias ante el Ministerio Público
por violencia familiar, las cuales
fueron presentadas por otras parejas,
ex parejas o familiares distintos de la
víctima de feminicidio. Dos denuncias
correspondieron a violencia física
y psicológica y dos a violencia
psicológica. En todos los casos el
Ministerio Público formuló demanda
ante el Poder Judicial.
1
1 Son muertes de mujeres que tuvieron lugar en circunstancias que hacen sospechar que se trata de un feminicidio, aunque la información disponible al cierre de esta edición no
permitía establecer que se trata de un feminicidio.

El homicidio
en las familias
Durante el mes de julio de 2010, el número
de víctimas de homicidio en el ámbito de las
familias asciende a 13, lo que representa el
13.3% del total de víctimas reportadas durante
el mes de julio (98). De este total, el 69.2% (9)
de víctimas era mujer mientras que el 30.8%
era hombre (4). En el caso de este tipo de
homicidios hay 12 presuntos perpetradores,
10 hombres y 2 mujeres.
Del total de muertes ocurridas en las familias,
ocho mujeres murieron a manos de su pareja
o ex pareja hombre, cifra que representa el
61.5% del total de víctimas dentro del ámbito
familiar, mientras que una víctima murió a
manos de su yerno. En cambio, la víctima
hombre que murió a manos de su pareja
mujer (conviviente) representa el 7.7% del
total de víctimas de homicidio en las familias
y los hombres que murieron a manos de un
familiar hombre (el hijo) o familiar mujer (la
madre) representan el 23.1% de este total.
Cuadro Nº 1
Fiscales que reportaron feminicidios
Nivel nacional
Fuente: Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público
Estadísticas consolidadas
Enero - Julio 2010
Homicidio y feminicidio
Entre los meses de enero y julio de 2010, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público ha registrado 723 víctimas de homicidio,
149 mujeres y 574 hombres. De las víctimas mujeres, el 39.6% (59) lo fue de un feminicidio, el 26.2% (39) lo fue de un homicidio que no
constituye feminicidio y el 34.2% (51) restante fue víctima de un posible feminicidio.
Edad
Presunto homicida
Hijos
Edad
Suicidio e intento
Presunto motivo
Forma de homicidio
Lugar de ocurrencia
De cada 10 víctimas mujeres, 4 son asesinadas
a manos de sus parejas, ex parejas o familiares.
Leyenda
Características de la víctima
Características del presunto
victimario
Características del feminicidio
Feminicidio
Homicidio de hombres
Víctimas: 59 Víctimas: 574
18 - 24 años
25 - 34 años
Esposo, conviviente
y ex conviviente
Enamorado y
ex enamorado
Sí
Número de
huérfanos
25 - 34 años
18 - 24 años
Suicidio
Intento de suicidio
Celos
Violación sexual
previa al homicidio
Asfixiada o
estrangulada
Acuchillada
Golpeada
Dentro de la casa
Fuera de la casa
N° Distrito judicial
31%
24%
44%
12%
51%
61
37%
24%
6%
13%
38%
14%
34%
29%
13%
67%
33%
Provincia Fiscalía Fiscal
2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa
1 Arequipa Arequipa de Paucaparta
Javier Vera Salazar 2
2 Piura
Paita
1° Fiscalía Provincial Penal Corporativa Carlos Grados La Rosa 1
2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa Erika Sernaqué Mechato 1
3 Ancash Huaraz 2° Fiscalía Provincial Penal María López Bernuy 1
4 Cusco Urubamba Fiscalía Provincial Mixta de Machupicchu Janeth Florez Álvarez 1
5 Junín Jauja 1° Fiscalía Provincial Mixta Fausto Morillo Acuña 1
6 Tacna Tacna Fiscalía Provincial Penal Corporativa José Vega Pilco 1
7 Loreto Maynas 2° Fiscalía Provincial Mixta Carlos Cruz Ortega 1
8 Lima Norte Lima 6° Fiscalía Provincial Penal Luis Peláez Arriola 1
9 Huánuco Leoncio Prado 1° Fiscalía Provincial Penal César Gonzales Ramos 1
Edad
Presunto(a) homicida
Edad
Total
Suicidio e intento
Presunto motivo
Forma de homicidio
Lugar de ocurrencia
25 - 34 años
18 - 24 años
Desconocido
hombre
Conocido hombre
Familiar hombre
18 - 24 años
25 - 34 años
Intento de suicidio
26%
21%
32%
10%
3%
No hay información 86%
Robo
Ajuste de cuentas
Venganza
Baleado
Acuchillado
Golpeado
Fuera de la casa
Dentro de la casa
5%
4%
0.1%
27%
17%
12%
60%
15%
9%
82%
14%
De cada 10 víctimas hombres, 1 es asesinado a
manos de su pareja, ex pareja o familiar.
Características de la víctima
Características del(a) presunto(a)
victimario(a)
Características del homicidio
Leyenda
Total
11
11

12
Boletín del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público
Operativos de prevención y
accidentes de tránsito
Julio 2010
De acuerdo con los reportes de los fiscales a nivel nacional, se registraron 89
personas fallecidas y 277 heridas en accidentes de tránsito
El Observatorio de Criminalidad da a conocer
los resultados del monitoreo de operativos
de prevención e intervención fiscal en
accidentes de tránsito, correspondientes al
mes de julio del presente año.
Entre los resultados más importantes
comunicados por los fiscales de
prevención, penales y mixtos a nivel
nacional tenemos:
1. Operativos de prevención (formato Nº 1)
• Se han reportado 176 operativos de
prevención de accidentes de tránsito en
23 distritos judiciales (cuadro Nº 1).
• En los distritos judiciales de Moquegua
(30), Pasco (27), Arequipa (26), Tacna
(14), Apurímac (12), Huánuco (9),
Lambayeque (8), Piura (7), Ica (7) y Cusco
(7) se ha realizado el 83.5% del total de
los operativos reportados.
• Del total de operativos realizados, 66
se realizaron en el marco del programa
“Tolerancia Cero”, 59 correspondieron
a operativos de seguridad y control
vial, 32 correspondieron a operativos
de alcoholemia y 19 consistieron
en charlas de sensibilización e
información.
• En los operativos de alcoholemia
se han examinado a 1,033
personas (998 hombres y 35
mujeres), de las cuales 67 arrojaron
resultado positivo en la prueba de
alcoholemia (examen cualitativo).
Posteriormente, al realizarse el dosaje
etílico correspondiente (examen
cuantitativo), 54 personas resultaron
con una proporción mayor a 0.5
gramos/litro de alcohol en la sangre,
quienes fueron derivadas a la Fiscalía.
2. Accidentes de tránsito (formato Nº 2)
• Se han reportado 83 accidentes de tránsito
en 23 distritos judiciales (cuadro Nº 2).
• Los distritos judiciales con mayores
índices de accidentes de tránsito
reportados son: Lima (12), Arequipa
(9), Junín (8), Ica (7), Puno (5), Ancash
(5) y Piura (4). Estos siete distritos
judiciales registran el 60.2% del total de
accidentes.
N°
Cuadro Nº 1
Fiscales que reportaron operativos de prevención
Nivel nacional
Distrito
judicial Provincia Fiscalía Fiscal
Ilo
Fiscalía Provincial de
Prevención del Delito
2 Pasco Pasco
Fiscalía Provincial de
Prevención del Delito
Karin Charre Gonzales 9 5 7 6 27 27
1° Fiscalía Provincial de
Prevención del Delito
3 Arequipa Arequipa
Patricia Delgado Mesías 2 3 2 1 8 26
2° Fiscalía Provincial de
Prevención del Delito
Esther de Amat Loza 1 1
3° Fiscalía Provincial de
Prevención del Delito
4 Tacna Tacna
Fiscalía Provincial
Prevención del Delito
de
Alberto Sías Rodríguez
Yanet Olivera Cáceres
10
2
2 12
2
14
5 Apurímac Abancay Fiscalía Provincial
Prevención del Delito
de
Shelvy Villegas Tello
Edison Huarcaya Carazas
4
1
4
3
8
4
12
6 Huánuco Huánuco Fiscalía Provincial
Prevención del Delito
de Rocío Castro Martínez 4 5 9 9
7 Lambayeque Chiclayo
1° Fiscalía Provincial de
Prevención del Delito
Amada Odar Piscoya 7 1 8 8
8 Piura Sullana
Fiscalía Provincial
Prevención del Delito
de
Carlos Castillo Barreto 3 4 7 7
9 Ica Ica
Fiscalía Provincial
Prevención del Delito
de
Dany Sotelo Contreras 5 2 7 7
10 Cusco
Cusco
Anta
Fiscalía Provincial de
Prevención del Delito
Fiscalía Provincial Civil y de
Familia
Gaby Noriega Guzmán
Jhon Jerí Montalvo
4
3
4
3
7
11 Huaura Huaura
Fiscalía Provincial
Prevención del Delito
de
Rolando Ttito Quispe 3 2 5 5
12 Huancavelica Huancavelica
Fiscalía Provincial
Prevención del Delito
de
Julio Salas Cruces 4 4 4
13 Loreto
Maynas
Fiscalía Provincial
Prevención del Delito
de
Elma Vergara Cabrera 1 1 2
3
Requena Fiscalía Provincial Mixta Carlos Lam Chong 1 1
14 Puno
Puno
Azángaro
1° Fiscalía Provincial de
Prevención del Delito
Fiscalía Provincial Civil y de
Familia
Marleny Urbina Herrera
Juan Salinas Cuadros
3
1
3
1
4
15 Cañete Cañete
Fiscalía Provincial
Prevención del Delito
de
Yeder Ibarra Mendoza
Emilio Prado Macalupú
2
1
2
1
3
16 Callao Callao
Fiscalía Provincial
Prevención del Delito
de
Enrique Albújar Cayetano 1 1 2 2
17 Tumbes Tumbes
Fiscalía Provincial
Prevención del Delito
de
María Pisconti Durand 2 2 2
18 Lima Norte Lima
1° Fiscalía Provincial de
Prevención del Delito
Arturo Rosales Criollo 1 1 1
19 Santa Santa
Fiscalía Provincial
Prevención del Delito
de
Sahara Torres Zúñiga 1 1 1
20 Ucayali Coronel Portillo
Fiscalía Provincial
Prevención del Delito
de
Victoria Pomalaya Trillo 1 1 1
21 Amazonas Bongará
1° Fiscalía Provincial de
Prevención del Delito
Edwin Ortiz Medina 1 1 1
22 Lima Lima
2° Fiscalía Provincial de
Prevención del Delito
Martha Salinas Zavala 1 1 1
23 Ayacucho Huanta
Fiscalía Provincial
Prevención del Delito
de
Luis Yalán Ramírez 1 1 1
176
Total
Fuente: Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público
66 59 32 19
Tolerancia Cero
Seguridad y
control vial
Alcoholemia
Sensibilización e
información
Luis Gonzales Toro 4 14 2 20
Víctor Banda Pinto 2 2 4
1 Moquegua
30
Erick Quiroz Lozada 3 2 5
Mariscal Nieto
Fiscalía Provincial de
Prevención del Delito
Liliana Morales Cutimbo 1 1
Percy Romero Bueno 2 1 6 9
Jaime Lima Hercilla 1 5 6
Ana Cordero Echenique 2 2
Total

• Hubo 89 personas fallecidas, 65 hombres
(73%) y 24 mujeres (27%). El 68.5% de las
muertes (61) se registró en los distritos
judiciales de Puno (17), Arequipa (11), La
Libertad (8), Ayacucho (7), Cajamarca (7),
Lima (6) y Piura (5).
• Hubo 277 heridos, 188 hombres (67.9%)
y 89 mujeres (32.1%). El 78.3% de los
heridos sufrió el accidente en buses
interprovinciales (96), camiones de carga
(61) y combis (60).
• El 69.9% de los accidentes de tránsito
ocurrió en carreteras (58), el 14.5% en
avenidas (12) y el 13.3% en calles (11). Se
registraron dos accidentes en una trocha
carrozable.
• El 34.9% de los accidentes fue por
atropello (29), el 28.9% por volcadura o
desbarranque (24), seguido de un 26.5%
por colisión o choque (22). De los ocho
accidentes restantes, tres ocurrieron por
despiste, dos por caída de pasajeros de
los vehículos, dos por fallas mecánicas
y uno por causas que se encuentran en
investigación al cierre de esta edición.
• Tres empresas de transporte
interprovincial han ocasionado la muerte
de 13 personas: Ave Fénix (EMTRAFESA)
(6), Expreso Cial (6) y Bella Durmiente (1).
Estas mismas empresas registraron un
total de 24 heridos.
• El estado de ebriedad del conductor
(21), la imprudencia del chofer o mala
maniobra (17) y el exceso de velocidad
(10) han ocasionado el 57.8% de los
accidentes de tránsito.
• El 100% de los conductores son hombres,
con edades que fluctúan entre los 19 y
30 años (22.9%), les siguen conductores
que tienen entre 31 y 40 años (18.1%) y
aquellos que tienen entre 41 y 50 años
(16.9%).
Estadísticas consolidadas
Enero - Julio 2010
Entre los meses de enero y julio
del presente año, los fiscales de
prevención del delito y mixtos
han reportado un total de 1,151
operativos según el siguiente detalle:
433 operativos de seguridad y control
vial (37.6%), 373 operativos realizados
en el marco del programa “Tolerancia
Cero” (32.4%), 317 operativos de
alcoholemia (27.5%) y 28 charlas de
sensibilización e información (2.4%).
El total de accidentes de tránsito
reportados por los fiscales penales
y mixtos fue de 639. Hubo 683
personas fallecidas, 487 hombres
(71.3%) y 196 mujeres (28.7%). Los
heridos ascienden a 1,652 en total,
1,040 hombres (62.9%) y 612 mujeres
(37.1%).
N°
Distrito
judicial
Operativos de prevención y accidentes de tránsito
Cuadro Nº 2
Fiscales que reportaron accidentes de tránsito
Nivel nacional
Provincia Fiscalía Fiscal
23 Pasco Pasco 1° Fiscalía Provincial Penal Juan Reinoso Zamudio 1 1
Total
83
Fuente: Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público
44° Fiscalía Provincial Penal Sylvia Sack Ramos 4
45° Fiscalía Provincial Penal Humberto Méndez Saldaña 2
1 Lima
Lima 46° Fiscalía Provincial Penal María Cabello Arce 1 12
2
47° Fiscalía Provincial Penal Teresa Acuña Deza 2
48° Fiscalía Provincial Penal Liz Benavides Vargas 3
Williams Cáceres Torres 1
Juan Flores Cáceres 1
2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa Manuela Villar Ramírez 1
2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Jacobo Hunter Percy Tejada Llerena 4
Caravelí Fiscalía Provincial Penal Corporativa Percy Chalco Ccallo 1
Islay Fiscalía Provincial Penal Corporativa Víctor Hernani Neyra Zevallos 1
Junín Fiscalía Provincial Mixta Zina Romero Chávez 1
Yauli Fiscalía Provincial Mixta Juan Alcántara Medrano 1
3 Junín
Tarma 1° Fiscalía Provincial Mixta Francisco Ruiz Cochachín 2 8
Chanchamayo 1° Fiscalía Provincial Penal Carmen Sarmiento Pumarayme 2
Tayacaja Fiscalía Provincial Mixta Delia Laureano Ricapa 2
Gonzalo Carbajal Bellido 2
Karina Arcos Cuadros 2
4 Ica
Ica
2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa Ángel Mendoza Supo 1 7
Delfín Gavilano Vargas 1
Félix Peña Meléndez 1
Ángel Lima Condori 2
Puno 1° Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Evangelina Alave Choque 1
5 Puno
Carabaya Fiscalía Provincial Penal Arturo Flores Estuco 1
5
Moho Fiscalía Provincial Mixta Abad Choque Apaza 1
Carhuaz 1° Fiscalía Provincial Mixta Jeny Delia Maguiña 4
6 Ancash 5
Carlos Fermín
Fiscalía Provincial Mixta Américo Alvarado Tuya 1
Fitzcarrald
Piura 3° Fiscalía Provincial Penal Corporativa Rosa Carbonel Chozo 1
Sechura 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa Fredy Hoyos Castillo 1
7 Piura
4
Paita 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa Omar Rosillo Sánchez 1
Huancabamba 2° Fiscalía Provincial Mixta Corporativa Martín Rijalba Gutiérrez 1
Cajamarca 3° Fiscalía Provincial Penal Dalia Cárdenas Ruiz 1
8 Cajamarca
Chota Fiscalía Provincial Penal David Chambilla Osco 1 3
Contumazá 2° Fiscalía Provincial Penal Angélica Castillo Obregón 1
Cusco 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa Gustavo Bellido Alarcón 1
9 Cusco
Urubamba 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa Neil Beltrán Bazalar 1 3
Calca 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa Eddy Salazar Flores 1
Huamanga 5° Fiscalía Provincial Penal Mario Oré Prado 2
10 Ayacucho 3
La Convención 5° Fiscalía Provincial Mixta Alejandro Arriarán López 1
Trujillo 1° Fiscalía Provincial Penal Corporativa Reggis Chávez Sánchez 1
11 La Libertad
Ascope
Fiscalía Provincial Penal Corporativa Reina Ruiz Guio 1 3
Fiscalía Provincial Mixta Corporativa Silvia Rivas Saavedra 1
1° Fiscalía Provincial Penal Corporativa Marlene Mariños Lecca 1
Lambayeque
12 Lambayeque
2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa Alex Malca Hernández 1 3
13 Huaura
14
Huancabamba Fiscalía Provincial Mixta Corporativa Eddie Quilcate Mestanza 1
Huaral Fiscalía Provincial Penal Corporativa Alexander Morales Alva 1
Barranca Fiscalía Provincial Penal Corporativa Rosío Morales Navarro 1
Marco Espíritu Matos 1
Carmen Villar Acosta 1
Santa 2° Fiscalía Provincial Mixta Augusto Chiy Arias 1
15 Santa 2
Casma Fiscalía Provincial Mixta Julio Obregón Chinchay 1
18
Arequipa
16 Lima Este
Arequipa
Huánuco Huánuco
Lima
1° Fiscalía Provincial Penal Corporativa
3° Fiscalía Provincial Penal
17 Moquegua Mariscal Nieto Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Tumbes Contralmirante Villar Fiscalía Provincial Mixta Corporativa
2° Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita Neyde Cachay Chávez 1
1° Fiscalía Provincial Mixta de Huaycán Angello Cárdenas Chaucallanqui 1
Víctor Muñoz Leiva 1
Ramiro Molina Zevallos 1
Danny Morales Saavedra 1
César Ramírez Alemán 2
19 Lima Norte Lima 1° Fiscalía Provincial Penal de Condevilla Omar Benavides Quintanilla 1 1
20 Tacna Tacna Fiscalía Provincial Penal Corporativa Judith Álvarez Becerra 1 1
21 Loreto Maynas 2° Fiscalía Provincial Mixta Carlos de la Cruz Ortega 1 1
22 Cañete Cañete 2° Fiscalía Provincial Penal de Mala Richard Ramos Magallanes 1 1
Total
9
2
2
2
2
3
13

14
Boletín del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público
Jurisprudencia
DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS: DESAPARICIÓN FORZADA
SENTENCIA DE 25 DE MAYO DE 2010
CASO CHITAY NECH Y OTROS VS. GUATEMALA
(Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas)
1. Hechos del caso
El 1° de abril de 1981, el señor Florencio Chitay Nech, un dirigente
político perteneciente a la etnia maya kaqchikel, se encontraba en
una calle de la ciudad de Guatemala en compañía de su menor hijo
Estermerio Chitay Rodríguez cuando fue interceptado por un grupo
de hombres armados que bajaron de un vehículo. Los hombres
pretendieron llevarse al señor Chitay, pero al ver que éste opuso
resistencia, uno de ellos encañonó a su hijo, por lo cual dejó de
resistirse y subió al vehículo.
El mismo 1° de abril se interpuso una denuncia ante la Policía
Nacional guatemalteca por la desaparición del señor Chitay, la cual
no levantó acta alguna. Asimismo, sus familiares lo buscaron en
hospitales y morgues pero no lo encontraron. El 12 de octubre de
2004 fue interpuesto un recurso de hábeas corpus a favor del señor
Chitay, el cual fue declarado improcedente. Posteriormente, el 2 de
marzo de 2009 se presentó ante el Ministerio Público una denuncia
por su desaparición forzada.
2. Demanda
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la
Comisión) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante, la Corte) que declare a Guatemala responsable por la
violación de los derechos reconocidos en los artículos 3 (derecho
al reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (derecho a la
vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad
personal) y 23 (derechos políticos) de la Convención Americana de
Derechos Humanos (en adelante, CADH), en relación con el artículo
1.1 (obligación de respetar los derechos) del mismo instrumento,
así como los artículos I y II de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas (en adelante CIDFP), en perjuicio
de Florencio Chitay.
Solicitó asimismo que se declare la violación de los derechos reconocidos
en los artículos 8 y 25 (garantías judiciales y protección judicial) de
la CADH, en relación con los artículos 1.1 (obligación de respetar los
derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) del
mismo tratado, en perjuicio de los cinco hijos del señor Chitay.
En tercer lugar, solicitó que se declare la violación de los derechos
reconocidos en los artículos 5 (derecho a la integridad personal) y 17
(protección a la familia) de la CADH, en relación con el artículo 1.1 del
mismo instrumento, en perjuicio de los cinco hijos del señor Chitay,
así como la violación del artículo 19 (Derechos del Niño) de la citada
Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio
del entonces menor de edad Estermerio Chitay.
Adicionalmente a ello, los representantes de las presuntas víctimas alegaron
la vulneración de los derechos reconocidos en los artículos 21 (derecho
a la propiedad privada) y 22 (derecho de circulación y de residencia) de
la CADH, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en
perjuicio de Florencio Chitay, su esposa, su cuñada y sus hijos.
Sumilla: La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de
Guatemala por la desaparición forzada de un dirigente indígena, así como por la
situación de desplazamiento forzado a la que fue sometida su familia, lo cual afectó
su vínculo tradicional y cultural con la tierra en la cual nacieron y crecieron.
3. Excepciones preliminares (párrafos 22 al 39)
En su escrito de contestación de la demanda, el Estado interpuso dos
excepciones preliminares. En la primera excepción, el Estado señaló
que los peticionarios no habían presentado acciones judiciales de
ningún tipo para reivindicar sus derechos de propiedad a nivel interno,
así como que la Comisión no incluyó en su escrito de demanda los
artículos 21 y 22 de la CADH, ni hizo referencia a los hechos que
pudieran considerarse violatorios de los mismos, lo cuales tampoco
fueron considerados en los informes de admisibilidad y de fondo
emitidos por la Comisión.
En relación con la presunta violación del derecho de propiedad, la
Corte reconoció que los hechos alegados por los representantes de
las presuntas víctimas configuraban hechos nuevos, en razón de que
no se encontraban en el marco fáctico de la demanda. No obstante,
respecto de la alegación referida al derecho de libre circulación y
residencia, la Corte precisó que en la demanda se establecían hechos
respecto de los cuales se podrían desprender consecuencias jurídicas
debido a la complejidad del fenómeno de desplazamiento interno,
lo cual sería analizado en el fondo junto con los demás elementos
probatorios. Por tanto, la Corte admitió la excepción preliminar
solamente en relación con la alegada violación del artículo 21.
Respecto de la segunda excepción, el Estado argumentó que
los representantes se habían negado a convenir en una solución
amistosa. Al respecto, la Corte recordó que dicho procedimiento
no era obligatorio para las partes y su omisión no contravenía la
admisibilidad y la competencia de la Corte para resolver un litigio. En
consecuencia, la Corte declaró improcedente la segunda excepción
preliminar interpuesta por el Estado.
4. Derechos vulnerados
4.1. Desaparición forzada del señor Chitay, en relación con la
obligación de respetar los derechos de la Convención Americana y
con las obligaciones establecidas por la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas (párrafos 63 al 121)
La Corte corroboró que antes de su desaparición, el señor Chitay
participó en diversas causas sociales y perteneció a movimientos
campesinos de la región. También llegó a ocupar el cargo de alcalde
del Municipio de San Martín Jilotepeque, a raíz de lo cual recibió notas
anónimas amenazándolo para que dejara el cargo. Asimismo, el señor
Chitay y su familia sufrieron tres intentos de secuestro y atentados en
su domicilio, por lo cual huyeron a la ciudad de Guatemala, lugar en
el que el señor Chitay fue posteriormente detenido y desaparecido.
En su análisis jurídico de los hechos, la Corte reiteró su jurisprudencia
constante referida a la naturaleza permanente del delito de
desaparición forzada y al hecho de que esta conducta vulnera
simultáneamente un conjunto de derechos humanos1 . Dado que en
el presente caso no existía controversia respecto de los hechos que
configuraron la desaparición del señor Chitay, la Corte declaró que se

habían vulnerado los derechos a la libertad personal, a la integridad
personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica
del señor Chitay al haber sido detenido ilegalmente por agentes del
Estado o por particulares que actuaron con su aquiescencia.
Adicionalmente a ello, la Corte declaró que se vulneró el derecho
a la participación política del señor Chitay en representación de su
comunidad debido a que su hostigamiento y posterior desaparición
no sólo truncaron el ejercicio de sus derechos políticos dentro del
período comprendido en su cargo, sino que también le impidieron
participar en el proceso de formación de líderes comunitarios. Por su
parte, la comunidad se vio privada de la representación de uno de sus
líderes en diversos ámbitos de su estructura social, principalmente
en el acceso al ejercicio pleno de la participación directa de un líder
indígena en las estructuras del Estado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
resaltó la importancia de que las comunidades
indígenas cuenten con representacion política
a fin de lograr su inclusión dentro de un Estado
plural y democrático.
Por todo lo expuesto, la Corte declaró también que el Estado
incumplió con su obligación de no practicar, permitir o tolerar la
práctica de la desaparición forzada, conforme a lo dispuesto en el
artículo I. a) de la CIDFP.
4.2. El desplazamiento forzado, las afectaciones en el entorno familiar
y en los niños, en relación con la obligación de respetar los derechos
de la Convención Americana (párrafos 122 al 171)
La Corte reconoció que, después de varias semanas de ocurrida
la desaparición forzada del señor Chitay, su esposa y sus cinco
hijos regresaron a San Martín Jilotepeque, pero enfrentaron serias
dificultades para reasentarse debido a que sus familiares no les
brindaban apoyo por temor a las represalias y eran marginados por
sus vecinos. A consecuencia de ello, la familia Chitay Rodríguez nunca
volvió a radicar de forma definitiva y continua en su comunidad.
La Corte consideró que en este caso la libertad de circulación y de
residencia de los miembros del núcleo familiar del señor Chitay se
vio restringida de facto debido a las amenazas y hostigamientos que
han provocado su partida, así como al temor fundado generado
por todo lo ocurrido a su padre, otros familiares y miembros de la
comunidad, aunado a la falta de investigación y enjuiciamiento de
los responsables de los hechos, lo que los ha mantenido alejados de
su comunidad.
Según la Corte, el Estado tampoco cumplió con establecer las
condiciones ni proveer los medios que permitieran a los miembros
de la familia Chitay Rodríguez regresar de forma segura y con
dignidad a su comunidad. Asimismo, la Corte reconoció que el
desplazamiento de los familiares de Florencio Chitay fuera de su
comunidad provocó una ruptura con su identidad cultural, afectando
su vínculo con sus familiares, su idioma y su pasado ancestral. La
situación de desplazamiento sufrida por esta familia repercutió de
manera particular en la condición de tres de los hijos del señor Chitay
por ser menores de edad. Ellos se vieron particularmente privados de
recibir una educación oral al interior de su comunidad y no pudieron
formarse y crecer dentro de su entorno natural y cultural.
Por estas razones, la Corte consideró que el Estado no garantizó a los
miembros de la familia Chitay Rodríguez su derecho de circulación y
de residencia, así como también incumplió su obligación de proteger
a toda persona contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, en
perjuicio de los cinco hijos del señor Chitay. Declaró asimismo que la
situación sufrida por los entonces niños indígenas Eliseo, Estermerio
y María Rosaura Chitay Rodríguez constituyó una violación de la
obligación estatal de brindar especial protección a los niños.
Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
4.3. Derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, en
relación con la obligación de respetar los derechos y el deber de
adoptar disposiciones de derecho interno conforme a la Convención
Americana, así como con las obligaciones establecidas por la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
(párrafos 172 al 215)
La Corte comprobó que en el presente caso, pese a la gravedad de
los hechos alegados y el contexto en que ocurrieron, las autoridades
estatales no cumplieron con su deber de investigar de oficio, dentro
de un plazo razonable y de una manera seria, imparcial y efectiva
la detención y posterior desaparición forzada del señor Chitay para
identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables de
los hechos y evitar así la impunidad, ni habían realizado las diligencias
necesarias para localizar a la víctima. Por otro lado, el Estado no había
actuado con la debida diligencia para garantizar el acceso a la justicia
de las otras víctimas, ya que la investigación por la desaparición
forzada de señor Chitay se inició recién en el año 2009, más de 29
años después de ocurridos los hechos y 23 años después de que
Guatemala reconoció la competencia contenciosa de la Corte.
Consecuentemente, la Corte concluyó que el Estado era responsable
de la violación de las garantías judiciales y la protección judicial
consagradas en la CADH, en perjuicio de los cinco hijos del señor
Chitay, así como del incumplimiento de la obligación de sancionar a
los autores y partícipes del delito de desaparición forzada de personas
consagrada en el artículo I.b) de la CIDFP.
4.4. Derecho a la integridad personal en relación con la obligación
de respetar los derechos de la Convención Americana (párrafos 216
al 226)
Respecto de la integridad personal de los miembros de la familia
Chitay Rodríguez, la Corte señaló que los sufrimientos ocasionados
por el impacto de la desaparición forzada de Florencio Chitay Nech
quedaban evidenciados en las declaraciones de sus familiares. Afirmó
también que la denegación de justicia y el desconocimiento del
paradero del señor Chitay que persisten hasta la fecha han ocasionado
en sus familiares un impacto traumático y han generado sentimientos
de indignación, frustración e incluso de temor.
Asimismo, la Corte consideró que las afectaciones a la integridad
personal sufridas por los miembros de la familia Chitay Rodríguez,
comprendidas integralmente en el fenómeno de la desaparición
forzada de Florencio Chitay, subsistían mientras persistiesen los
factores de impunidad a los que se ha hecho referencia anteriormente
y no se tenga conocimiento del paradero del señor Chitay, lo cual
no ha permitido cerrar el proceso de duelo de los familiares. En
consecuencia, la Corte declaró responsable al Estado por la violación
del derecho a la integridad personal, en perjuicio de los hijos del
señor Chitay.
5. Reparaciones (párrafos 227 al 296)
Entre las medidas de reparación dispuestas en la presente sentencia,
la Corte señaló que el Estado debe conducir eficazmente, con la
debida diligencia y dentro de un plazo razonable, la investigación
y los procesos penales relacionados con la detención y posterior
desaparición forzada de Florencio Chitay Nech, para determinar las
correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente
las sanciones y consecuencias que la ley prevea.
Por otro lado, el Estado debe realizar, cada primer domingo de mes
al menos en cuatro ocasiones, una transmisión radial del resumen
oficial de la sentencia. Esta transmisión debe efectuarse en español
y en maya kaqchikel.
Adicionalmente a ello, el Estado debe realizar un acto público de
reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del
presente caso y en desagravio a la memoria de Florencio Chitay Nech.
Dicho acto debe efectuarse también en español y en maya kaqchikel.
1
1 Para mayor información sobre las características de la desaparición forzada, véase el resumen de la sentenciaAnzualdo Castro vs. Perú (Excepción preliminar, fondo, reparaciones
y costas) publicado en el Boletín del Observatorio de de Criminalidad N° 2, febrero 2010, pp. 16-17.
15

16
Boletín del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público
Jurisprudencia
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERú
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N° 012-2008-PI/TC
1. Antecedentes
El demandante y más de cinco mil ciudadanos interpusieron
demanda de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de
los Decretos Legislativos Nos 982, 983, 988 y 989. Señalaron, entre
otros argumentos, que la exención de responsabilidad penal a los
miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional establecida en
el Decreto Legislativo N° 982 podría generar impunidad, así como
que la modificatoria del delito de extorsión dispuesta por este mismo
decreto vulneraba el derecho a la huelga y la libertad de pensamiento
y de expresión.
2. Fundamentos destacados
2.1. Exención de responsabilidad para miembros de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional (artículo 20° inciso 11 del Código
Penal)
El artículo 1° del Decreto Legislativo N° 982 incorpora el inciso 11)
al artículo 20° del Código Penal, el cual establece una exención
de responsabilidad penal aplicable a los miembros de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional que causen lesiones o muerte a
consecuencia del uso de sus armas en forma reglamentaria y en el
cumplimiento de su deber.
El Tribunal consideró que el inciso 11) del artículo 20° puede
considerarse como una disposición que desarrolla el contenido del
inciso 8) del mismo artículo, el cual exime de responsabilidad penal a
quien obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o
en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. En este caso, el
legislador ha considerado conveniente poner énfasis en la actuación
de los agentes estatales encargados de proteger la seguridad
ciudadana, el orden público y la defensa nacional, así como el respeto
de la ley y los derechos ciudadanos, para lo cual estos agentes están
autorizados a utilizar armas que pueden lesionar bienes jurídicamente
tutelados, tales como la vida y la integridad. Por tanto, el Tribunal
declaró que lo dispuesto en el inciso 11) del artículo 20º del Código
Penal, añadido por el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 982, no es
inconstitucional.
No obstante, según el Tribunal, esta exención de responsabilidad no
debe interpretarse en el sentido que permita o consienta que toda
actuación de los efectivos de la Fuerzas Armadas o Policía Nacional
del Perú deba quedar impune si es que se han cometido delitos
de función, delitos comunes o graves violaciones a los derechos
humanos. Por ello, corresponderá al juez competente evaluar, en
el marco de un debido proceso penal, si concurren circunstancias
agravantes o eximentes de responsabilidad, así como emitir una
sentencia que imponga las sanciones respectivas o exprese las
razones por las que ello no corresponde.
2.2. Modificación de la regulación del delito de extorsión (artículo
200º del Código Penal)
El artículo 2° del Decreto Legislativo N° 982 modificó el artículo 200
del Código Penal (delito de extorsión) estableciendo una sanción
de inhabilitación para el funcionario público con poder de decisión
o el que desempeña cargo de confianza o de dirección que,
Sumilla: El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de
inconstitucionalidad contra algunos artículos de los decretos legislativos Nº 982,
Nº 983, Nº 988 y Nº 989, que establecen diversas medidas dirigidas a combatir el
crimen organizado.
contraviniendo lo establecido en el artículo 42° de la Constitución
Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener
para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica
indebida u otra ventaja de cualquier otra índole.
Al respecto, el Tribunal señaló que la infraccion de las limitaciones a
los derechos de sindicacion y huelga previstas en el artículo 42º de la
Constitución puede dar lugar a que se establezcan responsabilidades
de distinta naturaleza, entre ellas la penal. Por ello, según el Tribunal,
la modificación legislativa no es inconstitucional porque penaliza una
conducta prohibida por la Constitución, la cual resulta grave cuando
los servidores públicos además hagan uso de la violencia o amenacen
hacerlo, características que son propias del delito de extorsión.
No obstante ello, precisó que no se les prohíbe a los funcionarios
públicos aludidos en la norma constitucional expresar su opinión o
protestar, siempre que dichas manifestaciones sean pacíficas y no
alteren el orden público o afecten derechos de terceros. Por tanto,
el Tribunal señaló que corresponderá en cada caso al juez penal
determinar si la conducta del procesado se adecúa a éste o a otros
tipos penales, tomando en cuenta tanto el nexo causal como el
resultado de tales conductas.
2.3. Regulación del tratamiento de la “prueba trasladada” (artículo
261º del Código de Procedimientos Penales)
El artículo 1° del Decreto Legislativo Nº 983 modificó el artículo
261° del Código de Procedimientos Penales, estableciendo que una
sentencia dictada en un proceso penal podrá constituir prueba en
otro proceso distinto de aquel en el que se dictó, cuando en dicha
sentencia se acredite la existencia o naturaleza de una organización
delictiva, una modalidad o patrón de actuación en la comisión de
hechos delictivos o los resultados o daños derivados de los mismos.
En este caso, el Tribunal consideró que la norma impugnada es
constitucional siempre que se observen los siguientes criterios para
evitar defectos o vicios en su aplicación:
• En principio, la sentencia de un proceso penal puede ser
utilizada en cualquier otro proceso, pero ello no la convierte en
prueba plena.
• Los hechos acreditados en esa sentencia lo están en relación a
los condenados. Si un tercero es juzgado por los mismos hechos,
puede cuestionar no sólo si tales hechos han ocurrido, sino
también cuestionar su participación en ellos.
• El medio probatorio debe ser incorporado al proceso, de modo
que se garanticen las garantías procesales penales establecidas
en la Constitución, entre ellas la relacionada con los derechos de
contradicción y de defensa.
• Respecto del valor probatorio de una sentencia en un proceso
distinto de aquel en el cual fue emitida, éste dependerá de
la evaluación que el juez realice de todos los actuados en el
proceso, conforme al artículo 283° del Código de Procedimientos
Penales, que establece que los hechos y las pruebas que los
abonen serán apreciados con criterio de conciencia.

Notas
breves
■ Ministerio Público y Tribunal Constitucional del Perú
suscribieron convenio interinstitucional para el fortalecimiento
del sistema democrático del país
El 7 de julio de 2010 en la sede central del Ministerio Público, la doctora
Gladys Echaiz Ramos, Fiscal de la Nación, y el doctor Carlos Mesía
Ramírez, Presidente del Tribunal Constitucional del Perú, suscribieron
un convenio marco de colaboración interinstitucional con los
siguientes objetivos específicos: a) ejecutar acciones de capacitación
sobre derecho penal, derecho constitucional, derecho procesal y
derechos fundamentales, las cuales estarán dirigidas no solamente
al personal de ambas instituciones sino también a la población en
general, b) realizar estudios y análisis sobre la jurisprudencia nacional
e internacional, c) brindar asistencia para elaborar publicaciones
sobre las mencionadas materias y d) establecer mecanismos viables
para la transferencia de bienes. Ambas instituciones difundirán a
través de sus páginas web los procesos y resultados del ejercicio del
referido convenio.
Cabe resaltar que, en el marco de este acuerdo interinstitucional
de cooperación, el Ministerio Público se comprometió a apoyar las
iniciativas de modernización del Tribunal Constitucional orientadas
a mejorar las condiciones para el ejercicio pleno de la justicia
constitucional.
■ Fiscal de la Nación participó de la ceremonia del lanzamiento
del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo.
El 20 de julio de 2010, la Fiscal de la Nación asistió, en representación
del Ministerio Público, al lanzamiento del Plan Nacional de Lucha
contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realizado
en la sede de Palacio de Gobierno. Participaron de la ceremonia el
doctor Alan García Pérez, Presidente de la República del Perú, quien
presidió la ceremonia, el doctor Javier Villa Stein, Presidente del Poder
Judicial, la doctora Mercedes Aráoz, Ministra de Economía y Finanzas
y el señor Felipe Tam Fox, Superintendente de Banca, Seguros y AFP.
En el referido evento, el presidente García señaló que la lucha contra
el narcotráfico debe orientarse hacia la determinación exacta de
los lugares donde se encuentran las fortunas logradas a través de
actividades ilícitas, para lo cual resulta necesario un trabajo conjunto
entre las entidades públicas, tales como el Poder Judicial y el
Ministerio Público.
Por su parte, la Fiscal de la Nación resaltó la importancia de la
cooperación jurídica internacional para afrontar la problemática
nacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Además, destacó el trabajo articulado que viene realizando
el Ministerio Público con instituciones públicas como la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT),
la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas
y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, cuyos resultados
han permitido detectar a las organizaciones criminales que
realizan lavado de activos y otras actividades ilícitas relacionadas.
■ Ministerio Público y Ministerio del Ambiente suscribieron
convenio interinstitucional
El 26 de julio de 2010 en la sede central del Ministerio Público, la
doctora Gladys Echaiz Ramos, Fiscal de la Nación, y el Ministro
Antonio Brack Egg, titular del Ministerio del Ambiente, suscribieron un
compromiso interinstitucional, mediante el cual ambas instituciones
se comprometieron a establecer mecanismos que permitan
realizar acciones conjuntas en materia de control y vigilancia del
cumplimiento de las normas legales y de la prevención del delito en
materia ambiental.
Este convenio contempla también el compromiso de ambas
instituciones de intercambiar información pertinente sobre
protección del medio ambiente, normatividad básica en materia
ambiental, protección y conservación de los recursos naturales.
Síntesis informativa
La titular del Ministerio Público señaló que la suscripción
del convenio con el Ministerio del Ambiente fortalecerá las
capacidades y el compromiso institucional en lo concerniente
a la preservación del medio ambiente. Por su parte, el Ministro
del Ambiente expresó su satisfacción con la firma del convenio
para contribuir a mantener un ambiente sano y saludable para
el país.
En el mismo acto, el Ministerio Público suscribió convenios de
cooperación interinstitucional con el Servicio Nacional de Áreas
Naturales protegidas (SERNANP) y con el Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (OEFA), con la finalidad de fortalecer las
capacidades de estas instituciones en materia de prevención y
detección de los delitos contra el ambiente.
■ Ministerio Público realizó jornadas de acercamiento a la
población
Durante el mes de julio, el Ministerio Público ha realizado 2 jornadas
de acercamiento a la población en igual número de distritos
judiciales, en las cuales se aplicaron 297 encuestas de factores
de riesgo en niños, niñas y adolescentes asociados al consumo
de drogas (Cuestionario A) y 473 encuestas de percepción de
inseguridad y victimización (Cuestionario B), conforme al siguiente
detalle:
• El sábado 3 de julio se realizó una jornada de acercamiento
en el distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchip (Tacna).
Se aplicaron 150 encuestas con el Cuestionario A y 250
encuestas con el Cuestionario B.
• El sábado 10 de julio se realizó una jornada de acercamiento
en el distrito de Yanacancha (Pasco). Se aplicaron 147
encuestas con el Cuestionario A y 223 encuestas con el
Cuestionario B.
■ Ministerio Público realizó charlas de prevención y orientación
Durante el mes de julio, el Ministerio Público ha realizado 15 charlas
de prevención y orientación en los distritos de Castilla (Piura),
Tarapoto (San Martín), Chimbote (Santa), Moyobamba (Madre de
Dios), Chachapoyas (Amazonas), Huancavelica (Huancavelica),
Huayllay (Pasco), San Martín de Porres (Lima Norte), Cajamarca
(Cajamarca), Ascensión (Huancavelica), Carhuaz (Ancash), Amarilis
(Huánuco), Huancayo (Junín) y Trujillo (La Libertad). En estas
charlas se aplicaron 1,241 encuestas referidas a factores de riesgo
asociados a la violencia, drogas y medio ambiente, las cuales están
dirigidas a madres y padres de familia (Cuestionario C).
■ Ministerio Público aplicó encuestas a fiscales escolares y
fiscales escolares ambientales
Durante el mes de julio, el Ministerio Público aplicó 1,381 encuestas de
factores de riesgo asociados a la violencia, drogas y medio ambiente
(Cuestionario D) a escolares de nivel secundario en el marco del
programa “Fiscales escolares y fiscales escolares ambientales”.
Los escolares encuestados pertenecían a instituciones educativas
de los distritos de Huayllay y Yanacancha (distrito judicial de Pasco),
Belén (distrito judicial de Loreto), Huancavelica y Ascensión (distrito
judicial de Huancavelica), Cayma (distrito judicial de Arequipa),
Samegua e Ilo (distrito judicial de Moquegua), Castilla (distrito
judicial de Piura), Cercado del Callao (distrito judicial de Callao) y
Andahuaylas (distrito judicial de Apurímac).
■ Ministerio Público aplicó encuestas a jóvenes en riesgo
Durante el mes de julio, el Ministerio Público aplicó 295 encuestas
de factores de riesgo asociados a la problemática juvenil
(Cuestionario E) a jóvenes participantes del programa “Jóvenes
líderes hacia un futuro mejor”.
Los jóvenes encuestados provenían de los distritos de Ate y Villa
El Salvador (distrito judicial de Lima), Chimbote (distrito judicial de
Santa), Chachapoyas (distrito judicial de Amazonas), Cajamarca
(distrito judicial de Cajamarca), Amarilis (distrito judicial de Huánuco),
El Porvenir (distrito judicial de La Libertad), Samegua (distrito judicial
de Moquegua), La Victoria (distrito judicial de Lambayeque), Castilla
(distrito judicial de Piura) y Puno (distrito judicial de Puno).
17
17

18
LOS FISCALES
Sábados 11 am
Sábados 11 a.m.
En el mes de julio, los temas abordados en el programa radial “Los
Fiscales” han sido los siguientes:
■ Sábado 3 de julio: adolescentes en conflicto con la ley penal
Se entrevistó a la doctora Pilar Castillo, Fiscal Provincial de Familia
de Lima, quien explicó los antecedentes y definición del término
infracción a la ley penal, así como las medidas aplicables a los
infractores. Por otro lado, se contó con la presencia del doctor Jaime
Zevallos Durand, Fiscal Provincial de Familia de El Agustino, y de la
doctora Olga Escudero, integrante del equipo multidisciplinario
del proyecto “Justicia Juvenil Restaurativa”. El fiscal Zevallos explicó
las ventajas de la aplicación de este modelo de justicia a los
adolescentes infractores, mientras que la doctora Escudero explicó
la estructura y organización del equipo multidisciplinario que se
encarga de realizar el acompañamiento al infractor y a la víctima.
Asimismo, se conversó por vía telefónica con la doctora Marena
Mendoza Sánchez, Fiscal Provincial Mixta de José Leonardo Ortiz,
distrito judicial de Lambayeque, quien resaltó los logros de la
aplicación del proyecto y la respuesta de la sociedad frente a esta
iniciativa.
■ Sábado 10 de julio: trabajo conjunto entre el Ministerio
Público y la Contraloría General de la República
Se entrevistó al doctor Pedro Angulo Arana, Fiscal Superior
Penal, quien señaló en qué casos se comete un delito contra la
administración pública y cuáles son los delitos más frecuentes
que se cometen en el ejercicio de la función pública. Por su parte,
la doctora Yanny Pilar Sánchez, Fiscal Provincial Especializada en
Control Gubernamental, explicó la finalidad de las fiscalías de
control gubernamental y las líneas de acción que se trabajan de
manera conjunta con la Contraloría General de la República.
Asimismo, se conversó por vía telefónica con la doctora Ana María
Romero, Fiscal Provincial Especializada en Control Gubernamental,
quien explicó la labor de las fiscalías en control gubernamental y
resalto los casos de mayor incidencia.
■ Sábado 17 de julio: el principio de oportunidad como
alternativa al proceso judicial
Se entrevistó al doctor Demetrio Quinta Pérez, Fiscal Provincial
Mixto de Ventanilla, quien explicó que el principio de oportunidad
tiene como objetivo solucionar conflictos con celeridad.
Seguidamente hizo un resumen de sus principales ventajas, entre
las que destacan la pronta reparación a la víctima, la reducción de
la carga procesal y la disminución del recurso a las penas privativas
de la libertad.
Por otro lado la doctora Marlene Malqui Falcón, Fiscal Provincial
Penal de Huaura, explicó las características de un acuerdo
reparatorio y señaló las principales diferencias entre este acuerdo
y el principio de oportunidad. Finalmente el doctor Santiago
Irigoyen, Fiscal Superior Penal de Arequipa, explicó en qué casos se
viene aplicando el acuerdo reparatorio en su distrito judicial.
■ Sábado 24 de julio: el régimen de jubilación especial de la
sociedad conyugal y de las sociedades de hecho
Se entrevistó a las doctoras Olenka Díaz Leiva y Yadira de la Cruz
Sihuay, fiscales provinciales civiles de Lima, quienes explicaron
las características de este nuevo régimen especial previsional, así
como los alcances de esta nueva modalidad pensionaria respecto
de los cónyuges y convivientes. La fiscal Díaz señaló los requisitos
para acceder a este régimen, mientras que la fiscal De la Cruz
explicó la importancia de este nuevo régimen, en especial para las
personas que no alcanzaron el número de aportes para acceder a
una pensión.
Se entrevistó también a la doctora María Rodríguez Fernández, Fiscal
Provincial Civil de Lima, quien se refirió a los procedimientos que
deben efectuarse al momento de realizar el trámite de la pensión
bajo el régimen especial ante la Oficina de Normalización Previsional.
Síntesis informativa
Domingos 10 a.m.
En el mes de julio, los temas abordados en el programa televisivo
“Los Fiscales” han sido son los siguientes:
■ Domingo 4 de julio: ¿cómo realizar una denuncia ante las
fiscalías penales?
Se entrevistó al doctor Alonso Peña Cabrera Freyre, Fiscal Adjunto
Superior de Lima, quien detalló los elementos que debe contener
la denuncia al momento de presentarla.
En segundo lugar, la doctora Nelly Castro Olaechea, Fiscal Provincial
Penal de Lima, explicó a los televidentes el procedimiento que
debe realizar una persona al formular una denuncia ante la fiscalía
penal y describió el accionar de los fiscales frente a la comisión de
delitos graves.
Finalmente se entrevistó también a la doctora Fanny Quispe Farfán,
Fiscal Provincial Anticorrupción de Lima, quien comentó el trabajo
de las fiscalías penales en el marco del Nuevo Código Procesal
Penal y destacó la labor de las fiscalías de decisión temprana.
■ Domingo 11 de julio: pornografía infantil
Se entrevistó al señor Dimitri Senmanche Artola, Presidente de la
Red Peruana contra la Pornografía Infantil, quien señaló que los
menores de edad pueden ser captados a traves de la Internet y
convertirse en víctimas de abuso sexual. También se entrevistó al
doctor Mariano Querol Lambarri, médico psicoterapeuta, quien se
refirió a los daños que sufren las víctimas de la pornografía infantil.
Por su parte, el doctor Humberto Ruiz Peralta, Fiscal Provincial Penal
de Lima, explicó el delito de pornografía infantil, las sanciones, las
modalidades y sus agravantes, así como los delitos vinculados a
esta conducta ilícitia. Finalmente, el doctor Raúl Solís Benítez, Fiscal
Provincial Mixto de San Juan de Lurigancho, explicó el contenido
de la Ley N° 28119, la cual prohíbe el acceso a menores de edad a
páginas web con contenido pornográfico.
■ Domingo 18 de julio: análisis de los procedimientos
administrativos sancionadores
Se entrevistó a la doctora Lina Balvín Álvarez, Fiscal Provincial Civil
de Lima, quien explicó la intervención de las fiscalías civiles en los
procedimientos sancionadores, las sanciones más frecuentes y las
infracciones más frecuentes. Por su parte, la doctora Aurora Castillo
Fuerman, Fiscal Superior Civil de Lima, explicó los requisitos de un
procedimiento administrativo sancionador válido.
Finalmente, se entrevistó al doctor Benjamín Morón Domínguez,
Fiscal Adjunto Superior Civil de Lima, quien se refirió al
procedimiento de ejecución coactiva, sus características y los
pasos que se deben seguir en este tipo de procedimiento.
■ Domingo 25 de julio: labor de las fiscalías especializadas en
delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual
En este programa se desarrolló una mesa de diálogo con la
participación del señor Pedro Olaechea Álvarez–Calderón,
Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y la doctora
Lucila Cabrera Loayza, Fiscal Especializada en Delitos Aduaneros
y Contra la Propiedad Intelectual de Lima. Se discutió sobre los
delitos contra la propiedad intelectual y los daños que originan a la
sociedad en general.
Se entrevistó también a la doctora Giselle Callalli Campana,
Fiscal Provincial Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la
Propiedad Intelectual de Lima, quien explicó que las modalidades
más frecuentes de los delitos contra los derechos intelectuales
son la reproducción y distribución con fines comerciales de discos
musicales, películas y libros.
En tercer lugar, el doctor Roberto Lozada Ibáñez, Fiscal Provincial
Especializado en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad
Intelectual del Callao, resaltó el trabajo que se realiza en el Callao
frente a los casos de contrabando, defraudación de rentas de
aduanas y tráfico de mercancías restringidas.

Tipo de norma Número
Fecha de
publicación
Resolución Ministerial 0157-2010-JUS 08/07/2010
Ley 29554 13/07/2010`
Ley 29555 13/07/2010
Ley 29559 16/07/2010
Resolución
Administrativa
193-2010-CE-PJ 23/07/2010
Decreto Supremo 009-2010-JUS 23/07/2010
Síntesis normativa
El Observatorio de Criminalidad presenta a continuación un resumen de las normas más importantes publicadas durante el mes de julio del
presente año.
Título de la norma Resumen
Constituyen comisión
encargada de elaborar
propuesta normativa para
la creación de la entidad
estatal encargada del
diseño y evaluación de la
política criminal del
Estado
Ley que modifica el
artículo 8° de la Ley
N° 29357, Ley de
Organización y Funciones
del Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ley que implementa la
incorporación progresiva
de las plazas y
presupuestos de los
órganos de control
institucional a la
Contraloría General de la
República
Ley que modifica la Ley
N° 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito
Terrestre
Disponen que la Corte
Superior de Justicia de
Lima adopte medidas para
remitir al Juzgado
Especializado en Materia
de Ejecución de Sentencias
Supranacionales las
sentencias emitidas por los
tribunales internacionales
en materia de derechos
humanos
Aprueban procedimiento
para el pago de la
reparación civil a favor del
Estado en casos de
procesos seguidos sobre
delitos de corrupción y
otros delitos conexos
Esta resolución crea con carácter temporal una comisión de
especialistas en el Ministerio de Justicia con la finalidad de
elaborar una propuesta normativa que establezca una
entidad encargada de diseñar y evaluar la política criminal
del Estado.
La modificación del artículo 8° hace referencia a la estructura
orgánica básica del Ministerio de Relaciones Exteriores en las
áreas de Alta Dirección, de Control Institucional, de
Administración Interna y de Línea.
La incorporación progresiva de las plazas y presupuestos de
los órganos de control institucional establecida por esta ley
se realiza de acuerdo a lo previsto en la décima tercera
disposición final de la Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2010. Tiene como finalidad
consolidar la independencia y autonomía del órgano de
control institucional en el ejercicio del control
gubernamental en las entidades a su cargo.
Esta ley modifica el párrafo 24.2 del artículo 24°, el cual
establece que el propietario y el prestador del servicio de
transporte son solidariamente responsables ante la
autoridad administrativa de las infracciones vinculadas a las
condiciones técnicas del vehículo. Asimismo modifica el
párrafo 26.1 del artículo 26°, el cual señala las sanciones por
infracciones a las normas de transporte y tránsito terrestre.
Esta resolución permite establecer las medidas pertinentes
para que las sentencias emitidas por los tribunales
internacionales en materia de derechos humanos que se
encuentren en trámite ante otros órganos jurisdiccionales y
las que se presenten en el futuro sean remitidas al Juzgado
Especializado en Sentencias Supranacionales, en
concordancia con lo dispuesto por la Resolución
Administrativa N° 089-2010-CE-PJ, de 11 de marzo del
presente año.
El presente decreto establece el procedimiento para el pago
de la reparación civil a favor del Estado en casos de procesos
por delitos de corrupción y otros delitos conexos, en
aplicación de la Tercera Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo N° 1068, Ley del Sistema de Defensa
Jurídica del Estado.
19

Enlaces de interés
Aplicación del cuestionario
E en Ate (Huaycán)
El 3 de julio de 2010, en coordinación con
el doctor Jorge Mandujano Santiváñez,
titular de la Sexta Fiscalía Provincial de
Prevención del Delito de Lima, se realizó
la segunda aplicación del cuestionario
sobre, problemática juvenil y factores de
riesgo (Cuestionario E) en el distrito de
Ate (Huaycán), en el marco del programa
“Jóvenes líderes hacia un futuro mejor”. Se
encuestó a un total de 31 adolescentes y
jóvenes cuyas edades se encontraban entre
los 13 y 29 años.
Centro de Estudios de la Violencia
http://espanol.nevusp.org/
Actividades
Observatorio de Criminalidad
Ministerio Público
Aplicación del cuestionario
C en El Agustino
El 8 de julio de 2010, en coordinación con
el doctor Jaime Zevallos Durand, titular
de la Fiscalía Provincial del Módulo Básico
de Justicia de El Agustino, se realizó la
aplicación de los cuestionarios sobre
factores de riesgo asociados a la violencia,
drogas y medio ambiente (Cuestionario
C) en la Institución Educativa “Fe y Alegría
N° 39”, en el marco de la realización de
una charla de prevención y orientación. Se
encuestó a un total de 100 madres y padres
de familia.
El Centro de Estudios de la Violencia (NEV) fue creado en el año 1987 y es uno de los centros de apoyo a
las investigaciones de la Universidad de São Paulo. El NEV desarrolla proyectos de investigación, cursos y
actividades dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos. También realiza denuncias
en casos de violación a los derechos humanos, a través de la Comisión Teotônio Vilela. Entre sus líneas de
investigación se encuentran el análisis de la democracia, los derechos humanos y la violencia, así como el
monitoreo de los derechos humanos en Brasil.
Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile
http://www.cesc.uchile.cl/
El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) es un centro que depende del Instituto de Asuntos
Públicos de la Universidad de Chile. El CESC orienta su trabajo al diseño de políticas públicas en materia de
seguridad ciudadana y prioriza el trabajo preventivo para la reducción de la violencia. Entre sus principales
objetivos destacan la elaboración de estudios e investigaciones sobre el tratamiento de la criminalidad
y la violencia en general, la construcción de sistemas de información de apoyo para las políticas locales
y nacionales y el diseño, evaluación y sistematización de los programas de prevención de la violencia y
reducción de la criminalidad.
Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad
Candido Mendes de Brasil
http://www.ucamcesec.com.br/
El Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESEC) está orientado a promover el diseño de políticas
públicas en el marco de los derechos humanos. Su trabajo recoge el principio de acceso de los diferentes
grupos sociales al ejercicio pleno de su ciudadanía. El CESEC es parte de la organización internacional
Altus – Global Alliance, que integra a otras instituciones de los países de India, Rusia, Nigeria, Chile y
los Estados Unidos. Entre los objetivos principales del CESEC se encuentran la formulación de políticas
públicas sobre seguridad, justicia y ciudadanía, y el monitoreo y evaluación de los programas y actividades
sobre seguridad pública.
Aplicación del cuestionario E
en Villa El Salvador
El 24 de julio de 2010 se aplicaron los
cuestionarios sobre problemática juvenil
y factores de riesgo (Cuestionario E) en
el marco del programa “Jóvenes líderes
hacia un futuro mejor” en la institución
educativa “República de Nicaragua”,
en coordinación con la Sexta Fiscalía
Provincial de Prevención del Delito
de Lima a cargo del doctor Fernando
Rojas Díaz. Se encuestó a un total de 29
adolescentes y jóvenes cuyas edades se
encontraban entre los 13 y 29 años.