Tomo - Asamblea Legislativa

I ndice de C ontenido
Anuario Legislativo 2010 - 2011
PARTE CONTENIDO PAGINA
PARTE I
ACUERDOS DE REFORMA A LA CONSTITUCION DE
LA REPUBLICA
PARTE II LEYES 43
PARTE III
PARTE IV
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS,
PRORROGAS Y DEROGATORIAS
ELECCIONES, RENUNCIAS Y EXONERACIONES DE
FUNCIONARIOS
37
385
563
PARTE V AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS 571
PARTE VI RATIFICACIONES A CONVENIOS 669
PARTE VII
TITULOS A POBLACIONES Y FECHAS
CONMEMORATIVAS
PARTE VIII DISTINCIONES HONORIFICAS 697
PARTE IX CONDECORACIONES 733
687
PARTE X DECRETOS VARIOS 749
INDICE GENERAL 835
Indice Legislativo 15
Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Parte VI
Parte VII
Parte IX
Parte X
Parte XI
Indice
General

Anuario Legislativo 2010 - 2011
I ndice según su T emática
DECRETO CONTENIDO PAGINA
378
382
391
446
458
502
520
PARTE I
Acuerdos de Reforma a la Constitución de la República
ACUERDO DE REFORMA CONSTITUCIONAL Nº 1 39
ACUERDO DE REFORMA CONSTITUCIONAL Nº 2 41
PARTE II
Leyes
LEY PARA LA DESAFECTACION Y TRASPASO DE LOS TERRENOS
DEL TRAMO FERROVIARIO EN DESUSO A FAVOR DE FAMILIAS E
INSTITUCIONES QUE LAS HABITAN.
LEY TRANSITORIA PARA LA REGULACION DE MATRICULAS DE
EMPRESA Y REGISTRO DE LOCALES.
LEY DE COMPENSACION ECONOMICA POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL ORGANO JUDICIAL.
LEY ESPECIAL PARA LA DESAFECTACION Y TRASPASO DEL
TERRENO DENOMINADO PATIO DE LA ESTACION DE SANTA LUCIA
EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA A FAVOR DEL FONDO NACIONAL
DE VIVIENDA POPULAR.
LEY DE PROSCRIPCION DE MARAS, PANDILLAS, AGRUPACIONES,
ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE NATURALEZA CRIMINAL.
LEY DE CREACION DEL FIDEICOMISO DE REESTRUCTURACION DE
DEUDAS DE LAS MUNICIPALIDADES -FIDEMUNI-.
LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
PARA LAS MUJERES.
534 LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. 107
564
LEY DE CREACION DEL FIDEICOMISO DE APOYO A LA PRODUCCION
DE CAFE.
592 LEY DE SUPERVISION Y REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO. 158
Indice Legislativo 17
45
51
53
56
59
65
80
149

DECRETO CONTENIDO PAGINA
598 LEY DE FOMENTO DE LA PRODUCCION. 226
599
600
620
18
LEY DE CREACION DEL CENTRO DE TRAMITES DE IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES.
LEY DE REINTEGRO DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS A LA
IMPORTACION.
LEY TRANSITORIA DE COMPENSACION ECONOMICA POR SERVICIOS
PRESTADOS EN EL ORGANO LEGISLATIVO.
644 LEY DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL 250
645
655
661
695
LEY DE IGUALDAD, EQUIDAD Y ERRADICACION DE LA DISCRIMINACION
CONTRA LAS MUJERES.
LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO DE LA
PERSONA MIGRANTE SALVADOREÑA Y SU FAMILIA.
LEY MARCO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y
CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS.
LEY DE REGULACION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE
EL HISTORIAL DE CREDITO DE LAS PERSONAS
Asamblea Legislativa
PARTE III
Reformas, Interpretaciones Auténticas, Prórrogas y Derogatorias
342 REFORMASE LA LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE TERRORISMO. 387
344
350
353
377
REFORMASE LA LEY ORGANICA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS NATURALES.
REFORMASE LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL.
DISPOSICION TRANSITORIA AL DECRETO LEGISLATIVO Nº 193/06,
POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGO LA LEY DE FUTBOL FEDERADO
DE EL SALVADOR.
PRORROGASE LA VIGENCIA DEL TITULO IV Y V DEL LIBRO SEGUNDO
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (ARTS. 659 AL 777),
EL CAPITULO XI DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS MERCANTILES
(ARTS. 77 AL 119).
234
242
248
300
321
336
367
389
391
394
397

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DECRETO CONTENIDO PAGINA
379 REFORMASE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES. 398
380
381
396
398
REFORMASE LA LEY ESPECIAL PARA FACILITAR LA CANCELACION
DE LAS DEUDAS AGRARIA Y AGROPECUARIA.
REFORMASE LA DISPOSICION TRANSITORIA DEL D. L. Nº 641/08,
RELATIVAS AL CODIGO DE COMERCIO.
INTERPRETASE AUTENTICAMENTE EL LITERAL C) DEL ART. 2, DEL
D. L. Nº 295/10.
PRORROGASE PLAZO ESTABLECIDO, PARA LA PRESENTACION DE
LA DECLARACION PATRIMONIAL.
399 REFORMASE LA LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE TERRORISMO. 411
403 REFORMASE LA LEY DE LA CARRERA DOCENTE. 413
410
422
REFORMASE LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE AGUA
CALIENTE, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.
REFORMASE TRANSITORIAMENTE LA LEY DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA JUDICATURA.
424 REFORMASE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. 419
425 REFORMASE LA LEY GENERAL DE EDUCACION. 421
428
430
440
PRORROGASE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 15 DE LA
LEY DE IMPUESTOS SOBRE BEBIDAS GASEOSAS, ISOTONICAS,
FORTIFICANTES O ENERGIZANTES, JUGOS, NECTARES, REFRESCOS
Y PREPARACIONES CONCENTRADAS O EN POLVO PARA LA
ELABORACION DE BEBIDAS.
REFORMASE LA LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA
DEL MUNICIPIO DE NUEVA ESPARTA, DEPARTAMENTO DE LA UNION.
PRORROGASE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 91 DEL CODIGO
TRIBUTARIO.
445 REFORMASE LA LEY DEL REGIMEN ADUANERO DE TIENDAS LIBRES. 428
448 PRORROGASE LOS EFECTOS DEL D. L. Nº 422/10. 430
459 REFORMASE EL CODIGO PENAL. 431
Indice Legislativo 19
403
405
407
409
415
417
422
424
426

DECRETO CONTENIDO PAGINA
461 REFORMASE EL CODIGO PENAL. 434
462
472
20
REFORMASE LA LEY REGULADORA DE LA PRODUCCION
Y COMERCIALIZACION DEL ALCOHOL Y DE LAS BEBIDAS
ALCOHOLICAS.
PRORROGASE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL CODIGO PROCESAL
PENAL.
482 PRORROGASE LOS EFECTOS DEL D. L. Nº 150/03. 443
485 REFORMASE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES. 445
494 REFORMASE LA LEY DE VIALIDAD. 447
499 REFORMASE LA LEY DE LA CARRERA DOCENTE. 449
510
511
REFORMASE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS
PARA ASEGURAR A LA POBLACION EL ABASTECIMIENTO DE
FRIJOL Y MAIZ.
REFORMASE TRANSITORIAMENTE LA LEY DE EQUIPAJES DE
VIAJEROS PROCEDENTES DEL EXTERIOR.
525 PRORROGASE LA VIGENCIA DEL D.L. Nº 456/07. 456
529 REFORMASE EL D. L. Nº 537/04. 458
531 REFORMASE LA LEY ORGANICA JUDICIAL. 460
533 REFORMASE EL D.L. Nº 697/96. 466
537
543
549
550
REFORMASE LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE METAPAN,
DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.
PRORROGASE LA LEY TRANSITORIA PARA LA ESTABILIZACION DE
LAS TARIFAS DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO
DE PASAJEROS.
INTERPRETASE AUTENTICAMENTE EL INCISO SEGUNDO DEL ART. 6
DEL CODIGO PROCESAL PENAL.
INTERPRETASE AUTENTICAMENTE EL ART. 307 DEL CODIGO
PROCESAL PENAL.
552 REFORMASE LA LEY DEL SISTEMA DE TARJETAS DE CREDITO. 479
Asamblea Legislativa
436
442
451
454
472
474
475
477

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DECRETO CONTENIDO PAGINA
554
REFORMASE LA LEY ESPECIAL PARA FACILITAR LA CANCELACION
DE LAS DEUDAS AGRARIA Y AGROPECUARIA.
556 REFORMASE EL CODIGO ELECTORAL. 484
563
REFORMASE LA LEY DE CREACION DEL FONDO PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS.
565 DEROGASE LA LEY DE REACTIVACION DE LAS EXPORTACIONES. 488
568 REFORMASE EL CODIGO TRIBUTARIO. 490
570 REFORMASE LA LEY DE TURISMO. 492
571
PRORROGASE LA EXIGIBILIDAD DEL SEGURO OBLIGATORIO
PARA RESPONDER POR DAÑOS A TERCEROS, OCASIONADOS EN
ACCIDENTES DE TRANSITO.
575 REFORMASE EL CODIGO PENAL. 499
595
REFORMASE LA LEY ORGANICA DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA
DE EL SALVADOR.
596 REFORMASE LA LEY DE BANCOS. 510
597 REFORMASE LA LEY DE MERCADO DE VALORES. 512
604
REFORMASE LA LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA
DEL MUNICIPIO DE AYUTUXTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR.
605 REFORMASE LA LEY DE BOLSAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 515
607 REFORMASE EL D. L. Nº 386/10. 518
628
REFORMASE EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA.
629 REFORMASE EL CODIGO ELECTORAL. 522
630 PRORROGASE POR UN AÑO, EL D. L. Nº 303/10. 525
633 REFORMASE LA LEY ESPECIAL DE OCURSOS DE GRACIA. 526
643 REFORMASE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. 528
Indice Legislativo 21
482
486
497
501
513
520

DECRETO CONTENIDO PAGINA
646 REFORMASE EL CODIGO ELECTORAL. 530
647
658
22
INTERPRETASE AUTENTICAMENTE EL ART. 10 DE LA LEY ESPECIAL
PARA FACILITAR LA CANCELACION DE LAS DEUDAS AGRARIA Y
AGROPECUARIA.
REFORMASE LA LEY TRANSITORIA DE COMPENSACION ECONOMICA
POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ORGANO LEGISLATIVO.
659 REFORMASE EL CODIGO TRIBUTARIO. 536
664
665
666
REFORMASE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR Y RESERVA DE LA
FUERZA ARMADA.
PRORROGASE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS
DE SUSPENSION DE JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES A FAVOR
DE LOS DEUDORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES.
REFORMASE LA LEY TRANSITORIA PARA LA ESTABILIZACION DE
LAS TARIFAS DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO
DE PASAJEROS.
668 REFORMASE EL CODIGO ELECTORAL. 545
677 REFORMASE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO. 547
679
683
694
696
697
698
PRORROGASE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY GENERAL DE
PREVENCION DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
REFORMASE LA LEY GENERAL DE ORDENACION Y PROMOCION DE
PESCA Y ACUICULTURA.
PRORROGASE EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA
DECLARACION PATRIMONIAL, REGULADA EN EL ART. 91 DEL
CODIGO TRIBUTARIO.
REFORMASE LA LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA
DEL MUNICIPIO DE ALEGRIA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.
REFORMASE LA LEY ORGANICA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DEL ESTADO.
REFORMASE LA LEY REGULADORA DEL DEPOSITO, TRANSPORTE
Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PETROLEO.
Asamblea Legislativa
532
534
539
541
543
549
551
554
556
558
560

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DECRETO CONTENIDO PAGINA
395
441
475
480
359
361
370
384
385
PARTE IV
Elecciones, Renuncias y Exoneraciones de Funcionarios
DECLARASE ELECTO PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS, AL LICENCIADO OSCAR HUMBERTO LUNA.
EXONERASE A LA ABOGADA NORA VICTORINA MONTOYA
MARTINEZ, DEL CARGO DE CONSEJAL PROPIETARIA DEL CONSEJO
NACIONAL DE LA JUDICATURA.
ELIGESE MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL CONSEJO
NACIONAL DE LA JUDICATURA.
EXONERASE DEL CARGO DE MAGISTRADO SUPLENTE DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, AL ABOGADO JORGE ALFONSO
QUINTEROS FERNANDEZ.
PARTE V
Autorizaciones y Aprobaciones Legislativas
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Nº 2031, SUSCRITO CON
EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA,
PARA FINANCIAR EL PROYECTO APERTURA DEL BOULEVARD
DIEGO DE HOLGUIN-SANTA TECLA, TRAMO II.
AUTORIZASE QUE AL MOMENTO QUE FALLECIERE MONSEÑOR
JOSE CRISTOBAL CORTEZ RAMIREZ, SUS RESTOS MORTALES
PUEDAN SER INHUMADOS EN EL INTERIOR DE LA BASILICA EL
SAGRADO CORAZON, DE SAN SALVADOR.
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Nº 2015, SUSCRITO CON
EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA,
PARA FINANCIAR EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PREVENCION DE VULNERABILIDAD.
AUTORIZASE AL RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL LA DONACION
DE UN INMUEBLE A LA IGLESIA CATOLICA, ARQUIDIOCESIS DE SAN
SALVADOR.
AUTORIZASE AL RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL LA DONACION
DE UN INMUEBLE, A LA FUNDACION SALVADOREÑA EDUCACION Y
TRABAJO.
Indice Legislativo 23
565
566
567
569
573
575
576
578
582

DECRETO CONTENIDO PAGINA
386
387
392
404
405
438
439
454
24
AUTORIZASE AL RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL TRANSFERIR
EN DONACION UNA PORCION DE TERRENO, A LA IGLESIA
CATOLICA, ARQUIDIOCESIS DE SAN SALVADOR, UBICADA EN SAN
SALVADOR, PARA FORMALIZAR LA TRANSFERENCIA DE VIVIENDAS
CONSTRUIDAS.
AUTORIZASE EL INGRESO EN AGUAS TERRITORIALES, DEL BARCO
HSV SWIFT, DE LA FUERZA NAVAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, SUSCRIBIR CONTRATO DE
PRESTAMO CON EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION
Y FOMENTO, POR US$80,000,000.00, PARA FINANCIAR EL
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES.
AUTORIZASE SUSCRIBIR CONVENIO DE PRESTAMO CON EL
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO,
POR US$100,000,000.00, PARA FINANCIAR EL PROGRAMA
SOSTENIBILIDAD DE LOS LOGROS SOCIALES PARA LA
RECUPERACION ECONOMICA.
AUTORIZASE SUSCRIBIR CONVENIO DE PRESTAMO CON EL
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO, POR
US$50,000,000.00, PARA FINANCIAR EL PROGRAMA PROTECCION
DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD.
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Nº 7806-SV, CON EL
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO,
POR US$100.000.000.00, PARA FINANCIAR EL PROGRAMA
SOSTENIBILIDAD DE LOS LOGROS SOCIALES PARA LA
RECUPERACION ECONOMICA.
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Nº 7811-SV, CON EL
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO, POR
US$50,000,000.00, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PROTECCION
DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD.
AUTORIZASE SUSCRIBIR CONVENIO DE PRESTAMO CON EL
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO, POR
US$20,000,000.00, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FISCAL Y DESEMPEÑO DEL
SECTOR PUBLICO.
Asamblea Legislativa
587
593
594
598
600
603
605
606

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DECRETO CONTENIDO PAGINA
455
457
474
476
488
489
490
491
495
APRUEBASE CONVENIO DE PRESTAMO Nº 7916-SV, CON EL
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO,
POR US$80,000,000.00, PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES.
AUTORIZASE EL INGRESO EN AGUAS TERRITORIALES DEL
BUQUE R/V MELVILLE, OPERADO POR EL INSTITUTO SCRIPPS
DE OCEANOGRAFIA, CON BANDERA DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, PARA QUE PUEDA REALIZAR INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, SUSCRIBIR CONTRATO DE
PRESTAMO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO,
POR US$200,000,000,00, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FISCAL.
AUTORIZASE QUE AL MOMENTO QUE FALLECIERE LA SEÑORA
MARTA ALICIA ZEPEDA AVENDAÑO, SUS RESTOS MORTALES
PUEDAN SER INHUMADOS EN LA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE
LOS POBRES, DE LA CIUDAD DE ZACATECOLUCA.
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Nº 2296/OC-ES,
CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, POR
US$200,000.000.00, PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO FISCAL.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, SUSCRIBIR UN CONTRATO DE
PRESTAMO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO,
POR US$60,000,000.00, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL
PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, SUSCRIBIR UN CONTRATO DE
PRESTAMO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO,
POR US$20,000,000.00, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, SUSCRIBIR UN CONTRATO
DE PRESTAMO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
POR US$35,000,000.00, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL
PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PARA EL DESARROLLO.
AUTORIZASE SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO, POR US$35,000,000,00,
PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE APOYO A
COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS.
Indice Legislativo 25
608
610
611
613
614
616
619
622
624

DECRETO CONTENIDO PAGINA
496
516
532
562
582
583
602
603
608
609
26
AUTORIZASE SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO, POR US$70,000,000,00,
PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS, FASE II .
AUTORIZASE AL RAMO DE ECONOMIA, TRANSFERIR A TITULO DE
DONACION, UN INMUEBLE, A FAVOR DEL FONDO DE SANEAMIENTO
Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, PARA TRANSFERIR A TITULO
DE DONACION AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR, TRES
INMUEBLES.
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Nº 2347/OC-ES,
CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, POR
US$60,000,000.00 PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
INTEGRADO DE SALUD.
AUTORIZASE AL RAMO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA
SOCIAL, PARA QUE ENTREGUE EN DONACION UN INMUEBLE A LA
MUNICIPALIDAD DE ANAMOROS, DEPATAMENTO DE LA UNION.
AUTORIZASE AL FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO LA
DONACION DE UN INMUEBLE A FAVOR DEL RAMO DE HACIENDA.
AUTORIZASE EL INGRESO EN AGUAS TERRITORIALES, A LA FLOTA
DE AMISTAD Nº 100, COMPUESTA POR TRES BUQUES DE COMBATE
DE LA FUERZA NAVAL DE LA REPUBLICA DE CHINA.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, PARA DONAR UN INMUEBLE
AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR.
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Nº 2358/OC-ES,
CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, POR
US$20,000,000.00, PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL.
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Nº 2369/OC-ES,
CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO POR
US$35,000,000.00, PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
CAMINOS RURALES PARA EL DESARROLLO.
Asamblea Legislativa
626
628
631
634
635
637
640
641
646
647

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DECRETO CONTENIDO PAGINA
613
614
615
639
642
654
688
689
AUTORIZASE A LA COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO
LEMPA, PARA QUE ENTREGUE EN DONACION UN INMUEBLE A LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CARMEN, DEPARTAMENTO
DE CHALATENANGO.
AUTORIZASE A LA COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO
LEMPA, PARA QUE ENTREGUE EN DONACION UN INMUEBLE A LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CARMEN, DEPARTAMENTO
DE CHALATENANGO.
AUTORIZASE A LA COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO
LEMPA, PARA QUE ENTREGUE EN DONACION UN INMUEBLE A LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CARMEN, DEPARTAMENTO
DE CHALATENANGO.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, SUSCRIBIR CONTRATO DE
PRESTAMO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO,
POR US$5,000,000,00 PARA FINANCIAR EL PROGRAMA
MODERNIZACION DEL ORGANO LEGISLATIVO.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, SUSCRIBIR CONTRATO DE
PRESTAMO CON EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION
Y FOMENTO, POR US$ 50,000.000,00 PARA FINANCIAR EL
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO POR DESASTRES
NATURALES.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, PARA QUE ENTREGUE EN
DONACION UN INMUEBLE, A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BERLIN,
DEPARTAMENTO DE USULUTAN.
APRUEBASE CONVENIO DE PRESTAMO, CON EL BANCO
INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO, POR
US$50,000,000,00 DENOMINADO PRESTAMO PARA POLITICAS DE
DESARROLLO PARA MANEJO DE RIESGOS DE DESASTRES.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, CONTRIBUIR AL AUMENTO
DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y
SUSCRIPCION DE ACCIONES CON EL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO.
Indice Legislativo 27
648
651
654
657
659
661
664
666

DECRETO CONTENIDO PAGINA
354
388
400
418
419
442
449
478
492
574
28
Asamblea Legislativa
PARTE VI
RConvenios
RATIFICASE PROTOCOLO DE MODIFICACIONES AL CONVENIO
INTERAMERICANO SOBRE EL PERMISO INTERNACIONAL DE
RADIOAFICIONADO.
RATIFICASE CANJE DE NOTAS SUSCRITO CON JAPON, PARA LA
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE
LAS CAPACIDADES PARA ENFRENTAR LOS DESASTRES NATURALES
OCASIONADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO.
RATIFICASE ACUERDO MARCO DE OTORGAMIENTO DE AYUDA, CON
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COREA.
RATIFICASE ENMIENDA Nº 6, A CONVENIO DE DONACION DE
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 519-021, GOBERNANDO CON
JUSTICIA: GOBERNABILIDAD MAS TRANSPARENTE Y CON MAYOR
CAPACIDAD DE RESPUESTA, CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.
RATIFICASE ENMIENDA Nº 7, AL CONVENIO DE DONACION DE
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 519-022, LIBERTAD ECONOMICA:
ECONOMIAS ABIERTAS, DIVERSIFICADAS Y EN EXPANSION, CON EL
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
RATIFICASE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
MUNICIONES EN RACIMO.
RATIFICASE CONVENIO CONSTITUTIVO DEL CENTRO DEL AGUA DEL
TROPICO HUMEDO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE.
RATIFICASE EL CONVENIO BASICO DE COOPERACION TECNICA,
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, CON LA REPUBLICA DE CUBA.
RATIFICASE ACUERDO DE SUBVENCION DE PROGRAMA
Nº SLV 910-GO8-T, DEL FONDO GLOBAL PARA LA PREVENCION
Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN POBLACIONES DE ALTO
RIESGO EN 26 MUNICIPIOS DE EL SALVADOR.
RATIFICASE ACUERDO DE SUBSEDE, CON LA SECRETARIA DE LA
INTEGRACION SOCIAL CENTROAMERICANA.
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DECRETO CONTENIDO PAGINA
612
631
632
670
671
345
356
505
580
347
RATIFICASE CONVENIO SUSCRITO CON EL GOBIERNO DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA LA DONACION DE
PRODUCTOS AGRICOLAS BAJO EL ACTA DE ALIMENTOS PARA EL
PROGRESO.
RATIFICASE PROTOCOLO MODIFICATIVO AL ACUERDO SUSCRITO
CON LA ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA
EDUCACION, LA CIENCIA, LA CULTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE LA SEDE DE LA REPRESENTACION PERMANENTE DE LA OEI EN
EL SALVADOR Y SUS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES.
RATIFICASE EL ACUERDO SOBRE LA FACULTAD LATINOAMERICANA
DE CIENCIAS SOCIALES.
RATIFICASE ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL INSTITUTO
INTERNACIONAL DE DERECHO PARA EL DESARROLLO.
RATIFICASE CONVENIO IBEROAMERICANO SOBRE EL USO DE LA
VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACION INTERNACIONAL ENTRE
SISTEMAS DE JUSTICIA.
PARTE VII
Titulos a Poblaciones y Fechas Conmemorativas
DECLARASE EL 12 DE MAYO DE CADA AÑO, COMO DIA NACIONAL
DE LA SOLIDARIDAD HACIA LAS PERSONAS CON VIH.
OTORGASE EL TITULO DE VILLA A LA POBLACION DE EL CARMEN,
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.
DECLARASE CAPITAL DE LA REPUBLICA, POR UN DIA, A LA CIUDAD
DE SAN VICENTE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.
DECLARASE EL AÑO 2011, COMO AÑO DEL BICENTENARIO DEL
PRIMER GRITO DE INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA.
PARTE VIII
Distinciones H
OTORGASE A DOÑA GLORIA SALGUERO GROSS, LA DISTINCION
HONORIFICA DE HIJA MERITISIMA DE EL SALVADOR.
Indice Legislativo 29
681
682
683
684
685
689
691
692
694
699

DECRETO CONTENIDO PAGINA
348
360
383
402
426
469
470
512
513
539
566
567
576
30
OTORGASE AL CONSEJERO POLITICO DE LA EMBAJADA DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EN EL SALVADOR, SEÑOR PHILIP
GRAHAM LAIDLAW, LA DISTINCION HONORIFICA DE NOBLE AMIGO
DE EL SALVADOR.
OTORGASE AL SEÑOR SYED IKBAL RIZA, LA DISTINCION
HONORIFICA DE NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR.
OTORGASE AL DOCTOR MIGUEL RAFAEL OQUELI COLINDRES, LA
DISTINCION HONORIFICA DE HIJO MERITISIMO DE EL SALVADOR.
OTORGASE A LA SEÑORA CRUZ DEL CARMEN DE PAZ VDA. DE
LOBOS, LA DISTINCION HONORIFICA DE NOTABLE CIUDADANA DE
EL SALVADOR.
OTORGASE AL SEÑOR JUAN IGNACIO PITA RODRIGAÑEZ, LA
DISTINCION HONORIFICA DE NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR.
OTORGASE AL SEÑOR JOSE ARCADIO AGUIÑADA ROSA, CONOCIDO
COMO JHOSEE LORA, LA DISTINCION HONORIFICA DE NOTABLE
ARTISTA NACIONAL.
OTORGASE AL SEÑOR CARLOS GALAN PEREZ, LA DISTINCION
HONORIFICA DE DISTINGUIDO DEPORTISTA DE EL SALVADOR.
OTORGASE AL JOVEN KARATECA WILLIAMS ENRIQUE SERRANO
AGUILAR, LA DISTINCION HONORIFICA DE NOTABLE DEPORTISTA
DE EL SALVADOR.
OTORGASE AL DOCTOR CARLOS EDUARDO MORALES, LA
DISTINCION HONORIFICA DE HIJO MERITISIMO DE EL SALVADOR.
OTORGASE AL MAESTRO FRANCISCO MIRANDA ROMERO,
LA DISTINCION HONORIFICA DE NOTABLE DEPORTISTA DE EL
SALVADOR.
OTORGASE AL DOCTOR JUAN JOSE SABINES GUERRERO, LA
DISTINCION HONORIFICA DE NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR.
OTORGASE AL DOCTOR JOSE NICOLAS ASTACIO SORIA, LA
DISTINCION HONORIFICA DE NOTABLE MEDICO DE EL SALVADOR.
OTORGASE AL PINTOR MIGUEL ANGEL RAMIREZ, LA DISTINCION
HONORIFICA DE NOTABLE ARTISTA DE EL SALVADOR.
Asamblea Legislativa
701
703
705
707
709
711
713
714
716
718
720
723
725

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DECRETO CONTENIDO PAGINA
601
626
634
341
364
374
401
417
447
OTORGASE A MONSEÑOR RICHARD CHARLES ANTALL, LA
DISTINCION HONORIFICA DE NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR.
OTORGASE A LA DOCTORA TRINIDAD JIMENEZ GARCIA-HERRERA,
MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION DEL
REINO DE ESPAÑA, LA DISTINCION HONORIFICA DE NOBLE AMIGA
DE EL SALVADOR.
OTORGASE A DON CARLOS SHIH-CHIEH LIAO, EMBAJADOR DE LA
REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN), LA DISTINCION HONORIFICA DE
NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR.
PARTE IX
Condecoraciones
CONCEDESE PERMISO A LOS SEÑORES: ROMEO MELARA
GRANILLO Y JUAN RICARDO GOMEZ HECHT, PARA ACEPTAR
CONDECORACION, QUE LES HA CONFERIDO LA POLICIA MILITAR
DEL DISTRITO FEDERAL DE BRASILIA.
CONCEDESE PERMISO AL EMBAJADOR DE EL SALVADOR EN
JAPON, DON RICARDO ANTONIO PAREDES OSORIO, PARA
ACEPTAR CONDECORACION, QUE LE HA CONFERIDO EL GOBIERNO
DEL JAPON.
CONCEDESE PERMISO A LA LICENCIADA SYLVIA ROSA HIDALGO
ALVAYERO, PARA ACEPTAR CONDECORACION, QUE LE HA
CONFERIDO LA POLICIA MILITAR DEL DISTRITO DE BRASILIA.
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR GUILLERMO RUBIO FUNES,
EMBAJADOR DE EL SALVADOR EN ARGENTINA, PARA ACEPTAR
CONDECORACION, QUE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
ARGENTINA LE HA CONFERIDO.
CONCEDESE PERMISO AL TENIENTE CORONEL, JOSE VICTOR
GOMEZ GONZALEZ, PARA ACEPTAR CONDECORACION DE LA
CRUZ DEL MERITO MILITAR, CON DISTINTIVO BLANCO, QUE LE HA
CONFERIDO EL REINO DE ESPAÑA.
CONCEDESE PERMISO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CARLOS
MAURICIO FUNES CARTAGENA, PARA ACEPTAR LA ORDEN Y
CONDECORACION, PARLAMENTO CENTROAMERICANO FRANCISCO
MORAZAN EN EL GRADO DE GRAN CRUZ, QUE LE HA CONFERIDO
EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO.
Indice Legislativo 31
727
729
731
735
736
737
738
739
740

DECRETO CONTENIDO PAGINA
471
487
593
621
622
623
627
346
32
CONCEDESE PERMISO AL ALTO MANDO DE LA FUERZA ARMADA
DE EL SALVADOR, PARA ACEPTAR LA CONDECORACION, MEDALLA
DEL PACIFICADOR QUE LES HA CONFERIDO EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL.
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR ROBERTO JOSE KRIETE AVILA,
PARA ACEPTAR CONDECORACION, QUE LE HA CONFERIDO
LA SECRETARIA GENERAL DEL SISTEMA DE INTEGRACION
CENTROAMERICANA.
CONCEDESE PERMISO AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA, CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA, PARA RECIBIR
CONDECORACION, GRAN CRUZ EXTRAORDINARIA PLACA DE ORO,
QUE LE HA CONFERIDO EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
HONDURAS.
CONCEDESE PERMISO AL DOCTOR ENRIQUE BORGO BUSTAMANTE,
PARA ACEPTAR CONDECORACION, GRAN CRUZ DE LA ORDEN DE
ISABEL LA CATOLICA, QUE EL REY DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO
ESPAÑOL, LE HAN CONFERIDO.
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR JAIME OSWALDO AGUILAR
MIRANDA, PARA ACEPTAR CONDECORACION, EN EL GRADO DE
CAVALIERE DE LA ESTRELLA DE LA SOLIDARIDAD ITALIANA, QUE
LE HA CONFERIDO EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ITALIA.
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR ARTURO CLAUDIO ENEA TONA
GIOLITTI, PARA ACEPTAR CONDECORACION, EN EL GRADO DE
COMMENDATORE DE LA ESTRELLA DE LA SOLIDARIDAD ITALIANA
QUE LE HA CONFERIDO EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ITALIA.
CONCEDESE PERMISO AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA, OTHON SIGFRIDO REYES MORALES, PARA ACEPTAR
CONDECORACION, ORDEN 4 DE MAYO, DIA DE LA DIGNIDAD
NACIONAL, QUE LE HA CONFERIDO LA ASAMBLEA NACIONAL DE
NICARAGUA.
Asamblea Legislativa
PARTE X
Decretos Varios
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DESTINADAS A OTORGAR
PLAZAS NUEVAS O VACANTES, EN EL PERIODO DE UN AÑO
UNICAMENTE A EDUCADORES QUE NO HUBIEREN OBTENIDO
NUNCA NOMBRAMIENTO DENTRO DEL SECTOR PUBLICO.
741
742
743
744
745
746
747
751

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DECRETO CONTENIDO PAGINA
349
369
371
372
373
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DESTINADAS A SOLUCIONAR EL
PROBLEMA DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES O PERMISOS A
PERSONAS PROPIETARIAS DE VEHICULOS QUE ESTAN PRESTANDO
EL SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS.
OTORGASE UNA PENSION VITALICIA MENSUAL, A FAVOR DE LA
SEÑORA MARIA LUISA MENDOZA DE HERNANDEZ, ESPOSA DEL
TENIENTE JOSE JULIAN HERNANDEZ AGUILAR.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS SOBRE LA PARTICIPACION DE
LA FUERZA ARMADA EN TAREAS DE CONTROL Y SEGURIDAD
PENITENCIARIA.
CREANSE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LO CIVIL Y MERCANTIL,
PARA CONOCER DE LOS PROCESOS A QUE SE REFIERE EL CODIGO
PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL.
CONCEDESE LICENCIA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CARLOS
MAURICIO FUNES CARTAGENA, PARA QUE PUEDA SALIR DEL PAIS.
394 DISPOSICION TRANSITORIA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION. 767
397
433
466
468
484
486
DECLARASE TRES DIAS DE DUELO NACIONAL, POR VICTIMAS DE
ACTO CRIMINAL OCURRIDO EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2010, EN EL
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.
DISPOSICION TRANSITORIA, A FIN DE PERMITIR LA RENOVACION
ANTICIPADA DEL DUI.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA LA RENOVACION DE LA
AUTORIZACION PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURIDAD.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, A FIN DE PERMITIR QUE LAS
PERSONAS QUE OSTENTAN EL TITULO DE TECNICO O TECNOLOGO,
PUEDAN EJERCER LA DOCENCIA.
DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS PARA ASEGURAR A
LA POBLACION EL ABASTECIMIENTO DE FRIJOL Y MAIZ.
DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS DE SUSPENSION DE
JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES A FAVOR DE LOS DEUDORES
AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES.
Indice Legislativo 33
754
757
759
761
766
768
770
772
774
776
779

DECRETO CONTENIDO PAGINA
498
503
504
506
507
530
535
538
548
555
560
34
FACULTASE A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS, UTILIZAR LA
TOTALIDAD DEL 25% DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL
2010, ASIGNADO EN LA LEY DE CREACION DEL FONDO PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS.
OTORGASE UNA PENSION VITALICIA AL SEÑOR VICENTE SIBRIAN,
POR SU APORTE A LA CULTURA DEL ROCK EN EL PAIS.
DISPOSICIONES PARA REGULAR LOS ASUETOS O PUENTES
LABORALES, EN EL AÑO 2011.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE REGULAN UNA COMPENSACION
ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO DE MAESTROS.
DISPOSICION TRANSITORIA DE EXENCION DE PAGO DE TASAS, POR
LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL
SALVADOR, A LOS VENDEDORES DE PRODUCTOS PIROTECNICOS.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, A EFECTO QUE PARA EL AÑO
2010, SE EXIMA DE LA RETENCION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA, LOS INGRESOS QUE EN CONCEPTO DE AGUINALDO
RECIBAN LOS TRABAJADORES A QUE SE REFIERE EL CODIGO
DE TRABAJO Y LA LEY SOBRE COMPENSACION ADICIONAL EN
EFECTIVO.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA REGULAR EL PROCESO
DE ASCENSO DE LA CATEGORIA DE SUBINSPECTOR, A LA DE
INSPECTOR, EN LA POLICIA NACIONAL CIVIL.
DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS PARA ASEGURAR
A LA POBLACION EL ABASTECIMIENTO DE SEMILLA DE FRIJOL Y
MAIZ E INSUMOS PARA SU PRODUCCION.
DISPOSICIONES PARA MEJORAR CONDICIONES SALARIALES A
EDUCADORES EN LA MODALIDAD EDUCO.
DISPOSICIONES PARA LA POSTULACION DE CANDIDATURAS NO
PARTIDARIAS EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS.
DISPOSICIONES ESPECIALES TRANSITORIAS PARA REGULAR EL
ASCENSO DEL PERSONAL QUE INGRESO A LA POLICIA NACIONAL
CIVIL HASTA LA PROMOCION CINCUENTA Y SIETE.
Asamblea Legislativa
782
784
786
788
790
792
794
797
800
802
808

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DECRETO CONTENIDO PAGINA
572
573
581
586
587
588
594
606
618
656
FACULTASE A LAS MUNICIPALIDADES PARA UTILIZAR HASTA EL
25% DEL 75% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL FONDO
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS.
DISPOSICION TRANSITORIA A LA LEY DE DERECHOS FISCALES
PARA LA CIRCULACION DE VEHICULOS.
DECRETO TRANSITORIO SOBRE LA COMPETENCIA DEL INSTITUTO
SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA, PARA LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO REGULADO EN EL LIBRO II, TITULO VII DE LA LEY
DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
OTORGASE UNA PENSION VITALICIA A DON JUAN ANTONIO
MERLOS CABRERA, COMO UN RECONOCIMIENTO POR SU APORTE
AL DEPORTE NACIONAL.
OTORGASE UNA PENSION VITALICIA AL CIUDADANO GREGORIO
BUNDIO NUÑEZ, POR SU APORTE AL DEPORTE NACIONAL.
DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS DE INCENTIVOS
FISCALES TEMPORALES PARA LA IMPORTACION DE GRANO DE
FRIJOL ROJO.
SUSPENDENSE LOS TERMINOS Y PLAZOS LEGALES, DE LOS
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE TODO EL PAIS, AFECTADOS POR
EL PARO DE LABORES DE ASOCIACIONES SINDICALES.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL ART. 27, DE LA LEY DE
TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.
ESTABLECESE EN $0.000440 MILLONESIMAS DE DOLAR POR
LIBRA DE AZUCAR, LA CONTRIBUCION QUE DEBERAN APORTAR
LOS PRODUCTORES DE CAÑA Y CENTRALES AZUCARERAS O
INGENIOS, DURANTE LA ZAFRA 2010/2011.
DISPOSICIONES PARA QUE EMPLEADOS PUBLICOS Y MUNICIPALES
Y DE INSTITUCIONES OFICIALES AUTONOMAS, GOCEN DE LICENCIA,
LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2011, PARA IMPLEMENTAR
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA VISITA DEL PRESIDENTE DE
LOS ESTADOS UNIDOS, BARACK OBAMA.
Indice Legislativo 35
812
814
815
818
820
822
824
826
829
831

ACUERDO DE REFORMA CONSTITUCIONAL Nº 1
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que en El Salvador, la Constitución establece que los órganos fundamentales
del Gobierno son: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, estableciéndose,
además, los requisitos formales para poder ser electo o integrante de los
referidos Organos fundamentales;
II.- Que asimismo la Constitución en su Art. 85, establece que el Gobierno
es republicano, democrático y representativo, que el sistema político es
pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos que son el único
instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del
Gobierno, y que las normas, organización y funcionamiento, se sujetaran a
los principios de la democracia representativa;
III.- Que a efecto de darle un sustento mayor a los principios antes mencionados,
consagrados en la Constitución, es procedente establecer como requisito
indispensable, para optar al cargo de Diputado, el ser postulado por un
partido político o coalición legalmente inscritos.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa de los Diputados Ciro Cruz
Zepeda Peña, Othon Sigfrido Reyes Morales, José Francisco Merino López, Alberto
Armando Romero Rodríguez, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Elizardo González Lovo,
Roberto José d’Aubuisson Munguía, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Medardo González
Trejo, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Luis Roberto Ángulo Samayoa, Francisco José
Zablah Safie, Santos Guevara Ramos, Douglas Leonardo Mejia Aviles, Miguel Elías
Ahues Karra, José Antonio Almendáriz Rivas, Federico Guillermo Avila Qüehl, Eduardo
Enrique Barrientos Zepeda, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Carmen Elena
Calderón Sol de Escalón, Darío Alejandro Chicas Argueta, José Álvaro Cornejo Mena,
Carlos Cortez Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí Coto Estrada, Nery
Arely Díaz de Rivera, Antonio Echeverría Veliz, Emma Julia Fabián Hernández, Santiago
Flores Alfaro, Hortensia Margarita López Quintana, Ricardo Bladimir González, Norma
Fidelia Guevara de Ramírios, Jorge Schafik Handal Vega Silva, Benito Antonio Lara
Fernández, Reynaldo Antonio López Cardoza, Mario Marroquín Mejía, Inmar Rolando
Reyes, Karina Ivette Sosa de Lara, Guillermo Francisco Mata Bennett, Guillermo Antonio
Olivo Méndez, Rubén Orellana , Orestes Fredesman Ortez Andrade, Rodolfo Antonio
Parker Soto, Mariela Peña Pinto, José Vidal Carrillo Delgado, Gaspar Armando Portillo
Benitez, Cesar Rene Florentin Reyes Dheming, Carlos Armando Reyes Ramos, Gilberto
Rivera Mejia, Jackeline Noemi Rivera Ávalos, David Rodríguez Rivera, Sonia Margarita
Rodríguez Sigüenza, Sandra Marlene Salgado García, Manuel Rigoberto Soto Lazo,
Jaime Gilberto Valdez Hernández, Ramón Aristides Valencia Arana, Mario Eduardo
Valiente Ortiz, María Margarita Velado Puentes, Ana Daysi Villalobo de Cruz, Gloria
Indice Legislativo 39
Parte I

Parte I
40
ACUERDOS DE REFORMA A LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA
Elizabeth Gómez de Salgado, Mauricio Ernesto Rodríguez, Yeymi Elizabett Muñoz
Moran, Ciro Alexis Zepeda Menjivar, Misael Serrano Chávez, Marcos Francisco Salazar
Umaña, Carlos Mario Zambrano Campos, Lucia del Carmen Ayala de León, Patricia
Elena Valdivieso de Gallardo, Valentín Aristides Corpeño, José Armando Grande Peña,
Jaime Ricardo Handal Samayoa, Cesar Humberto Solorzano Dueñas, Edgar Alfonso
Montoya Martínez, y Félix Agreda Chachagua.
ACUERDA: Reformar la Constitución de la República, emitida mediante Decreto
Constituyente Nº 38, de fecha 15 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial
Nº 234, Tomo Nº 281, de fecha 16 del mismo mes y año, de la Asamblea Constituyente,
lo cual se considera en forma individual para su ratificación.
Art.1.- Refórmase el Articulo 126 de la Constitución, de la manera siguiente:
“Art. 126.- Para ser elegido Diputado se requiere ser mayor de veinticinco años,
salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño, de notoria honradez e
instrucción, no haber perdido los derechos de ciudadano en los cinco años anteriores
a la elección y ser postulado por un partido político o coalición legalmente inscritos, y
en el orden de precedencia que el partido o coalición establezca.”
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintinueve días del mes de julio del año dos mil diez.
D. O. Nº 150, Tomo Nº 388, Fecha: 16 de agosto de 2010.
Asamblea Legislativa

ACUERDO DE REFORMA CONSTITUCIONAL Nº 2
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Constitución establece que, para el Gobierno local los departamentos
se dividen en municipios, que estarán regidos por Concejos formados
por un Alcalde un Síndico y dos o mas Regidores cuyo numero será
proporcional a la población, por consiguiente estos gobiernos locales, se
sustentan en el principio de la representación;
II.- Que el Art.85, de la misma Constitución, establece que el sistema político
es pluralista, y se expresa por medio de los partidos políticos que son el
único instrumento para la representación del pueblo dentro del gobierno, y
que las normas organización y funcionamiento se sujetan los principios de
la democracia representativa;
III.- Que con el objeto de sustentar la representatividad de los gobiernos locales,
es procedente establecer como requisito indispensable para optar al cargo
de miembro de los concejos municipales que deben ser postulados por un
partido político o coalición legalmente inscritos.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa de los Diputados Ciro Cruz
Zepeda Peña, Othon Sigfrido Reyes Morales, José Francisco Merino López, Alberto
Armando Romero Rodríguez, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Elizardo González Lovo,
Roberto José d’Aubuisson Munguía, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Medardo González
Trejo,Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Luis Roberto Ángulo Samayoa, Francisco
José Zablah Safie, Santos Guevara Ramos, Douglas Leonardo Mejia Aviles, Miguel
Elías Ahues Karra, José Antonio Almendáriz Rivas, Federico Guillermo Avila Qüehl,
Eduardo Enrique Barrientos Zepeda, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Carmen Elena
Calderón Sol de Escalón, Darío Alejandro Chicas Argueta, José Álvaro Cornejo Mena,
Carlos Cortez Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí Coto Estrada, Nery
Arely Díaz de Rivera, Antonio Echeverría Veliz, Emma Julia Fabián Hernández, Santiago
Flores Alfaro, Hortensia Margarita López Quintana, Ricardo Bladimir González, Norma
Fidelia Guevara de Ramírios, Jorge Schafik Handal Vega Silva, Benito Antonio Lara
Fernández, Reynaldo Antonio López Cardoza, Mario Marroquín Mejía, Inmar Rolando
Reyes, Karina Ivette Sosa de Lara, Guillermo Francisco Mata Bennett, Guillermo
Antonio Olivo Méndez, Rubén Orellana, Orestes Fredesman Ortez Andrade, Rodolfo
Antonio Parker Soto, Mariela Peña Pinto, José Vidal Carrillo Delgado, Gaspar Armando
Portillo Benitez, Cesar Rene Florentin Reyes Dheming, Carlos Armando Reyes Ramos,
Gilberto Rivera Mejia, Jackeline Noemi Rivera Ávalos, David Rodríguez Rivera, Sonia
Margarita Rodríguez Sigüenza, Sandra Marlene Salgado García, Manuel Rigoberto
Soto Lazo, Jaime Gilberto Valdez Hernández, Ramón Aristides Valencia Arana, Mario
Eduardo Valiente Ortiz, María Margarita Velado Puentes, Ana Daysi Villalobo de Cruz,
Indice Legislativo 41
Parte I

Parte I
42
ACUERDOS DE REFORMA A LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA
Gloria Elizabeth Gómez de Salgado, Mauricio Ernesto Rodríguez, Yeymi Elizabett Muñoz
Moran, Ciro Alexis Zepeda Menjivar, Misael Serrano Chávez, Marcos Francisco Salazar
Umaña, Carlos Mario Zambrano Campos, Lucia del Carmen Ayala de León, Patricia
Elena Valdivieso de Gallardo, Valentín Aristides Corpeño, José Armando Grande Peña,
Jaime Ricardo Handal Samayoa, Cesar Humberto Solórzano Dueñas, Edgar Alfonso
Montoya Martínez, y Félix Agreda Chachagua.
ACUERDA: Reformar la Constitución de la República, emitida mediante Decreto
Constituyente Nº 38, de fecha 15 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial
Nº 234, Tomo Nº 281, de fecha 16 del mismo mes y año, de la Asamblea Constituyente,
lo cual se considera en forma individual para su ratificación.
Art. 1.- Refórmase el inciso primero del artículo 202 de la Constitución, de la
manera siguiente:
“Art. 202.- Para el Gobierno Local, los departamentos se dividen en Municipios,
que estarán regidos por Concejos formados de un Alcalde, un Síndico y dos o más
Regidores cuyo número será proporcional a la población y ser postulados a dichos
cargos por un partido político o coalición legalmente inscritos.”
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintinueve días del mes de julio del año dos mil diez.
.D. O. Nº 150, Tomo Nº 388, Fecha: 16 de agosto de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 378
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el artículo 119 de la Constitución de la República establece que el
Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a
ser propietarias de su vivienda;
II.- Que un gran número de familias, ante la imposibilidad de comprar su
vivienda, construye por necesidad todo tipo de viviendas en derechos de
vía, de líneas férreas y calles en desuso que pertenecen al Estado;
III.- Que en el caso de varios tramos ferroviarios ubicados en diversos lugares
del país donde viven miles de familias salvadoreñas organizadas en
comunidades, han venido realizando gestiones durante varios años ante
los organismos de Gobierno competentes, para lograr estabilidad jurídica
del lugar donde habitan; y,
IV.- Que la incertidumbre respecto a sus oportunidades de adquirir vivienda
propia, introducir servicios básicos, realizar mejoras en las construcciones
existentes y garantizar el derecho de sus descendientes, es una de las
más grandes aspiraciones de quienes habitan en estas comunidades; por
lo que se han avocado a las instancias de Gobierno correspondientes, en
no pocas ocasiones, a fin que se les busque una solución jurídica a sus
necesidades.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y
Desarrollo Urbano y con el apoyo de los Diputados y Diputadas: Othon Sigfrido Reyes
Morales, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Irma
Lourdes Palacios Vásquez, Héctor Antonio Acevedo Moreno, Marta Lorena Araujo,
Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, José Alvaro Cornejo Mena, Norma Cristina Cornejo
Amaya, Carlos Cortez Hernández, Blanca Noemí Coto Estrada, Darío Alejandro Chicas
Argueta, Emma Julia Fabián Hernández, Ricardo Bladimir González, Jorge Schafik
Handal Vega Silva, Benito Antonio Lara Fernández, Hortensia Margarita López Quintana,
Guillermo Francisco Mata Bennett, Yeymi Elizabett Muñoz Moran, Oscar Ernesto Novoa
Ayala, Guillermo Antonio Olivo Méndez, Orestes Fredesman Ortez Andrade, Gaspar
Armando Portillo Benitez, Inmar Rolando Reyes, Gilberto Rivera Mejia, Jackeline Noemi
Rivera Avalos, José Mauricio Rivera, David Rodríguez Rivera, Sonia Margarita Rodríguez
Sigüenza, Luis Enrique Salamanca Martínez, Jaime Gilberto Valdez Hernández, Ramón
Aristides Valencia Arana, María Margarita Velado Puentes y Ana Daysi Villalobos de
Cruz,
Indice Legislativo 45
Parte II

Parte II
DECRETA, la siguiente:
46
Asamblea Legislativa
LEYES
LEY PARA LA DESAFECTACION Y TRASPASO DE LOS TERRENOS DEL
TRAMO FERROVIARIO EN DESUSO A FAVOR DE LAS FAMILIAS E
INSTITUCIONES QUE LAS HABITAN
Art.1.- La presente Ley tiene por objeto la desafectación de los inmuebles que
resultan ahora innecesarios para las operaciones actuales del ferrocarril, propiedad
del Estado y Gobierno de El Salvador, administrados por: Ferrocarriles Nacionales de
El Salvador y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, que en el presente Decreto
se denominarán FENADESAL Y CEPA, respectivamente; tramos ferroviarios en desuso
desde 1984; así como regular los procedimientos a seguir para la transferencia del
derecho de dominio de los terrenos que actualmente habitan familias de escasos
recursos económicos o que son utilizados por Instituciones de Utilidad Pública, respecto
de quienes se determinan los mecanismos para facilitarles de manera preferente el
derecho para adquirir en propiedad esos inmuebles.
Art. 2.- Declárase por Ministerio de Ley la desafectación de los inmuebles o
porciones siguientes:
COMUNIDAD MUNICIPIO DEPARTAMENTO KM FERROVIARIO
EXTENSION
ESTIMADA DEL
INMUEBLE
1. La Carrera Usulután Usulután 106.91 8,744.44 Mts2
2. La Poza Usulután Usulután 107.52 9,298.72 Mts2
3. Jiquilisco Jiquilisco Usulután 114.30 9,306.77 Mts2
4. El Coyolito Jiquilisco Usulután 118.20 15,314.79 Mts2
5. El Ramal “A” Zacatecoluca La Paz 155.00 50,211.73 Mts2
6.Tehuacán Tecoluca San Vicente 168.10 7,160.22 Mts2
7. Hielera Acajutla Sonsonate Barrio la Playa 419.27 Mts2
8. “Casa Amarilla” Acajutla Sonsonate Barrio la Playa 1,451.11 Mts2
9. Casa de la Estación Acajutla Sonsonate Barrio la Atarraya 1,259.70.Mts2
10. Bodega San Roque Acajutla Sonsonate Barrio la Playa 2,848.88 Mts2
11. Bodega San Rafael Acajutla Sonsonate Barrio el Campamento 15,720.51 Mts2
12. “Y” Griega Campamento Acajutla Sonsonate Barrio el Campamento 11,626.26 Mts2
13. “Y” Griega El Zope Acajutla Sonsonate Caserío El Zope 11,999.56 Mts2
14. Complemento “Y” Griega El Zope Acajutla Sonsonate 00.00 50,065.53 Mts2
15. Escuela Ateos Sacacoyo La Libertad 56.00 7,764.45 Mts2
16.Terreno adicional Escuela Ateos Sacacoyo La Libertad 56.00 671.51 Mts2
17.”Y” Griega El Guarumal Colón La Libertad 56.00 6,345.09 Mts2
18. “Y” Griega Nejapa Nejapa San Salvador 84.50 5,808,76 Mts2

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Los inmuebles o porciones desafectados de conformidad a este Decreto, se
asignarán para su posterior transferencia a TITULO GRATUITO a las familias e
Instituciones de Utilidad Pública que actualmente los ocupan, en atención a su actual
capacidad económica; para ello, se transfiere el derecho de dominio sobre tales
inmuebles o porciones de éste por Ministerio de Ley, a favor del Fondo Nacional de
Vivienda Popular, FONAVIPO, los cuales se constituyen patrimonios especiales, con el
objeto de ser utilizados con fines específicos, para que FONAVIPO, en coordinación con
el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, sea la entidad encargada de entregar
al cabeza de familia o titular de la institución de utilidad pública, su título de propiedad;
debiendo los beneficiarios cancelar únicamente los gastos necesarios para la emisión
de sus títulos de propiedad.
El beneficio en favor de las entidades de Utilidad Pública será procedente cuando
éstas se hayan constituido como personas jurídicas, presten servicios a la comunidad
y se encontraren ocupando los referidos inmuebles, en virtud de arrendamiento simple
cuando el arrendante sea CEPA o FENADESAL, o sea titular de la posesión del mismo.
Para efectos contables de cargo y descargo contra la entrega de las escrituras,
asignase el precio simbólico de un colón por vara cuadrada o su equivalente en dólares
de los Estados Unidos de América, a cada uno de los inmuebles o porciones de éstos,
contenidos en el presente Decreto.
Art. 3.- Se reconoce como válida la extensión de la porción establecida en virtud
de un contrato de arrendamiento simple cuando el arrendante sea CEPA o FENADESAL
o cuando exista medio de prueba de haberse declarado a FENADESAL o mediante
cualquier otro mecanismo reconocido por ley.
Art.4.- Se reconoce el derecho de dominio a favor de los beneficiarios, en lo que
respecta a las construcciones efectuadas antes de la publicación del presente Decreto;
sin embargo, para los fines de la presente Ley y otros proyectos de urbanización,
podrán afectarse aquellas porciones que obstaculicen la realización de las mejoras a
dichos proyectos, previo el pago de la indemnización respectiva por parte del Ministerio
de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Art.5.- Se prohíbe a los beneficiarios de los inmuebles desafectados por el
presente Decreto:
a) Dar en arrendamiento, uso, habitación, usufructo, posesión o permitir
cualquier otra forma directa o indirecta de explotación o beneficio a terceros
de los bienes transferidos; y,
b) Enajenar total o parcialmente el Inmueble.
El inmueble constituye bien de familia, por lo que se prohíbe su venta.
Indice Legislativo 47
Parte II

Parte II
48
Asamblea Legislativa
LEYES
En el caso de las entidades de utilidad pública que resultaren beneficiadas por
el presente Decreto, les estará especialmente prohibido la tradición del dominio a
cualquier título.
Art. 6.- Para la extensión de la respectiva transferencia del dominio, adjudicación
y emisión del título de propiedad, las personas que habitan en los inmuebles propiedad
del Estado y administrados por CEPA o FENADESAL, relacionados en los Arts.1. y 2
de este Decreto y que conforman las familias a que se refieren los mismos artículos
y que desean beneficiarse, deberán presentarse al Viceministerio de Vivienda y
Desarrollo Urbano, manifestando su voluntad de adquirir la propiedad del inmueble que
ocupan, el tipo de vivienda construido, el nombre del poseedor, la copia del contrato de
arrendamiento simple con FENADESAL o cualquier otro medio de prueba que establezca
la posesión, la extensión y el plano del inmueble que ocupan, los nombres de los
colindantes, la certificación del respectivo Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas
que establezca la carencia de bienes inmuebles del grupo familiar y demás datos
que consideren pertinentes para establecer con claridad la identificación, ubicación y
situación registral y catastral de los mismos; debiendo comprobarse la condición del
solicitante por cualquier medio legal de prueba. El Instituto Libertad y Progreso, ILP,
realizará y levantará la descripción técnica de los inmuebles o porciones de éstos,
así como el levantamiento topográfico, en un plazo no mayor a ciento ochenta días,
contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto.
Para tales efectos, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, levantará
los censos respectivos y publicará en dos de los periódicos de mayor circulación del
país o en otro medio de comunicación, el nombre de las comunidades y el número
de familias que sean beneficiadas en cada una de ellas. Estos deberán comparecer
dentro de un plazo no mayor de ciento ochenta días, a partir de la fecha de la última
publicación.
Art.7.- El Fondo Nacional de Vivienda Popular, FONAVIPO, en coordinación con
el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, hará la transferencia del dominio
de los bienes desafectados a favor de los beneficiarios de este Decreto por medio
de escritura pública y no causará ningún tipo de impuesto, ni derechos registrales,
al igual que, las reuniones de inmuebles, desmembraciones en cabeza de su dueño,
donaciones y otros que fueren necesarios para las finalidades expresadas; debiendo
los registradores inscribir, sin ningún costo registral a favor de FONAVIPO, los inmuebles
objeto del presente Decreto como posteriormente a favor de los beneficiarios.
Asimismo, se exonera del pago de derechos catastrales, todos los trámites que
sean requeridos por CEPA, FENADESAL, FONAVIPO, ILP y el Viceministerio de Vivienda
y Desarrollo Urbano, al Instituto Geográfico Nacional del Centro Nacional de Registros,
en cumplimiento del presente Decreto.
Para los efectos del inciso primero de este artículo, FONAVIPO coordinará con
el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, a fin de destacar los recursos
humanos y materiales de que dispone, para realizar la formalización de la transferencia

Anuario Legislativo 2010 - 2011
de dominio a favor de los beneficiarios, previa cancelación de los respectivos gastos
de escrituración por parte de los mismos.
Art. 8.- Las calles, pasajes y sendas existentes dentro de los terrenos adjudicados
que tradicionalmente han sido usados por los habitantes de las comunidades
beneficiadas, se constituyen en servidumbres legales de tránsito, relativas a la utilidad
de los particulares.
Art.9.- Los beneficiarios que proporcionaren falsa información, la ocultasen o
alterasen los límites de su actual posesión para beneficiarse en virtud del presente
Decreto; perderán su derecho a adquirir por medio del mecanismo establecido en
el mismo, el terreno o posesión que reclamen y éste pasará al dominio del Fondo
Nacional de Vivienda Popular para ser reasignado a otra familia de escasos recursos
económicos.
Art. 10.- Para la aplicación de este Decreto, el Fondo Nacional de Vivienda Popular,
FONAVIPO, en coordinación con el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano,
deberá realizar la entrega de los títulos de propiedad a las familias e instituciones
beneficiadas, dentro de un plazo no mayor de un año contado a partir de la fecha en
que los beneficiarios completen la documentación necesaria para ser considerados
como tales.
Art.11.- Al entrar en vigencia el presente Decreto, las escrituras públicas que estén
en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas respectivo,
por encontrarse aún inscritas a nombre de la empresa Internacional RailwalI of Central
América, IRCA, relativas a los inmuebles desafectados por este Decreto o que todavía
no hayan sido presentadas al Registro competente para su inscripción a favor del
Estado y Gobierno de El Salvador, deberán ser registradas o presentadas al Registro
Social de Inmuebles, en su caso, por el Fondo Nacional de Vivienda Popular, FONAVIPO,
para concluir el trámite de inscripción y posterior registro a su favor.
Art.12.- Libérase de toda responsabilidad a la Comisión Ejecutiva Portuaria
Autónoma, CEPA, respecto de la administración, explotación y dirección de los terrenos
desafectados en este Decreto, que son propiedad del Estado y Gobierno de El Salvador,
lo cual fue conferido por medio del Decreto Legislativo Nº 269, de fecha 22 de mayo
de 1975, publicado en el Diario Oficial No. 93, Tomo Nº 247, de la misma fecha.
Art.13.- Los beneficiarios de esta Ley podrán optar al programa de contribuciones
y créditos para mejoramiento de viviendas que maneja FONAVIPO y otros que tiendan
a mejorar sus condiciones de vida.
Indice Legislativo 49
Parte II

Parte II
50
Asamblea Legislativa
LEYES
Art. 14.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez
días del mes de junio del año dos mil diez.
D. O. Nº 129, Tomo Nº 388, Fecha: 9 de julio de 2010.

DECRETO Nº 382
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Art. 102, inciso 2º de la Constitución establece que el Estado
fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones
necesarias para acrecentar la riqueza nacional, para los beneficios de ésta
al mayor número de habitantes del país;
II.- Que por Decreto Legislativo Nº 671, de fecha 8 de mayo de 1970, publicado
en el Diario Oficial Nº 140, Tomo 228 del 31 de julio de mismo año, se
emitió el Código de Comercio;
III.- Que el referido Código establece que el comerciante individual deberá
matricular su empresa mercantil mediante solicitud que presentará al
Registro de Comercio; y la empresa mercantil de todo comerciante social
se matriculará al quedar inscrito su escritura de constitución en el Registro
de Comercio;
IV.- Que asimismo, dicho cuerpo legal establece que las matrículas deberán
renovarse anualmente y la falta de renovación de éstas, después de
transcurridos 5 meses, es considerado como causal para su cancelación;
V.- Que en la actualidad existen muchas empresas, principalmente pequeñas y
medianas, que por diferentes circunstancias no han podido cumplir con tener
vigentes las matrículas a que se ha hecho referencia, y existe la voluntad
de sus propietarios o representantes de que éstas sean regularizadas, con
el propósito de no encontrarse al margen de lo establecido en las leyes
respectivas;
VI.- Que por las razones antes expuestas, se hace necesario emitir disposiciones
transitorias que les permita a los referidos comerciantes individuales y
sociales que aún no cuentan con matrícula de empresa o cualquiera de
sus renovaciones anuales, cumplir con la obligación de tenerlas vigentes
de conformidad con la ley;
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de los Diputados y
Diputadas César Humberto García Aguilera, José Nelson Guardado Menjívar, Erick
Ernesto Campos y Ana Vilma Castro de Cabrera.
Indice Legislativo 51
Parte II

Parte II
DECRETA, la siguiente:
52
Asamblea Legislativa
LEYES
LEY TRANSITORIA PARA LA REGULACION DE MATRICULAS DE
EMPRESA Y REGISTRO DE LOCALES
Art. 1.- Los comerciantes individuales y sociales tendrán el beneficio para
obtener por primera vez matrícula de empresa o renovar la matrícula de empresa que
no se encuentre vigente, así como el registro de sus sucursales, agencias o locales
comerciales o industriales ante el Registro de Comercio, con sólo presentar la solicitud
correspondiente al año 2010, dentro del período de un año contado a partir de la vigencia
del presente decreto, acompañada únicamente del pago de derechos de registro y del
balance general de cierre del ejercicio 2009, debidamente auditado por un Contador
legalmente autorizado cuando así lo requiera la ley. En consecuencia, cualquier derecho
de registro o multas causados que correspondan a períodos anteriores al año 2009,
quedan sin efecto durante la vigencia del presente decreto.
Art.2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez
días del mes de junio de dos mil diez.
D. O. Nº 119, Tomo Nº 387, Fecha: 25 de junio de 2010.

DECRETO Nº 391
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que en el marco del proceso de modernización que esta llevando a cabo
el Organo Judicial, comprende renovar el personal y reordenar el aparato
administrativo, con el propósito de incrementar los niveles de calidad y
eficiencia en todas las áreas del servicio;
II.- Que para el logro de tal propósito, es necesario promover mediante una
compensación económica el retiro de personas no incluidas en la Ley de
la Carrera Judicial, que cumplan los requisitos que se establecen en la
presente Ley;
III.- Que el Organo Judicial cuenta con los recursos económicos necesarios
para financiar el costo que se requieren para dar cumplimiento de esta Ley.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda,
DECRETA, la siguiente:
LEY DE COMPENSACION ECONOMICA POR SERVICIOS PRESTADOS EN
EL ORGANO JUDICIAL
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto conceder una compensación económica
a las y los funcionarios y empleados del Órgano Judicial, no incluidos en la Ley de la
Carrera Judicial, que estén laborando bajo los regímenes de Ley de Salarios y Contratos,
cumplan un mínimo de cinco años consecutivos dentro de dicho Órgano del Estado y
tengan el tiempo de servicio o la edad para jubilarse, que exige la ley.
Podrán también acogerse a esta Ley quienes, a pesar de no tener el tiempo de
servicio, ni la edad para jubilarse, padezcan alguna enfermedad o impedimento que les
límite la capacidad para desempeñar sus funciones laborales.
Art. 2.- Las personas que deseen retirarse de conformidad con esta Ley, deberán
presentar su renuncia al cargo, la cual surtirá efecto a partir del día primero del mes
siguiente a aquel en el que hayan recibido la compensación económica a que se refiere
esta Ley.
Indice Legislativo 53
Parte II

Parte II
54
Asamblea Legislativa
LEYES
Art. 3.- La compensación económica que se otorgue será calculada en base al
último salario devengado, multiplicado por cada año o fracción mayor de seis meses
de servicio en el Órgano Judicial, sin que la misma exceda de doce mil dólares de los
Estados Unidos de América ($12,000.00), y estará exento del pago del Impuesto sobre
la Renta.
Aquellos funcionarios y empleados a que se refiere esta Ley, que con anterioridad
a la misma hayan sido beneficiados con algún plan de retiro voluntario similar al
presente, no tendrán derecho al beneficio a que esta Ley se refiere.
Art. 4.- El tiempo de servicio en el Órgano Judicial, deberá ser comprobado con
los atestados que extiendan las dependencias de recursos humanos de la referida
institución, con el visto bueno del Gerente General.
La limitación causada por enfermedad deberá ser comprobada mediante dictamen
médico certificado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, con el visto bueno
del Director General.
La edad del interesado será comprobada por medio de certificación de su partida
de nacimiento.
La cuantía del último salario será establecida por medio de certificación extendida
por el pagador o pagadora auxiliar respectivo.
Art. 5.- La solicitud de compensación económica se aceptará si ha sido
presentada antes del 31 de diciembre del año 2009, y se ha dirigido a la Dirección de
Recursos Humanos del Órgano Judicial; y podrá ser canalizada por el jefe inmediato del
interesado o por el interesado.
Art. 6.- El monto de las erogaciones de la compensación económica a que se
refiere esta Ley, será financiada con las asignaciones presupuestarias propias del
Órgano Judicial, producto de las economías generadas por el Órgano Judicial.
Art. 7.- Quienes se retiren acogiéndose a los beneficios de esta Ley, no podrán
optar a una plaza de trabajo en el sector público, sea por Ley de Salarios, Contrato o
cualquier otra forma de pago.
Art. 8.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial, y sus efectos durarán hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil
diez.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de junio del año dos mil diez.
D. O. Nº 129, Tomo Nº 388, Fecha: 9 de julio de 2010.
Indice Legislativo 55
Parte II

Parte II
DECRETO Nº 446
56
Asamblea Legislativa
LEYES
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Art. 104 de la Constitución de la República, establece que los
bienes inmuebles propiedad del Estado, podrán ser transferidos a personas
naturales o jurídicas dentro de los límites y en la forma establecida por la
Ley;
II.- Que la Constitución de la República, en su Art. 119, declara de interés
social la construcción de viviendas y establece que el Estado procurará
que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias
de su vivienda;
III.- Que es facultad del Primer Organo del Estado, desafectar como de uso
público los bienes nacionales, especialmente aquellos, que por el desarrollo,
han perdido el fundamento de su construcción como es el caso del tramo
ferroviario en desuso; y,
IV.- Que habiéndose determinado por parte del Ministerio de Obras Públicas,
Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano y la Comisión Ejecutiva
Portuaria Autónoma, que el inmueble a que hace referencia el presente
Decreto, denominado Patio de la Estación de Santa Lucía, ha perdido
el uso para el que originalmente fue concebido, como fue el de servir
como Estación del Servicio Ferroviario en la Ciudad de Santa Ana, es
procedente emitir la normativa respectiva con la finalidad de declararlo
en desuso y a su vez transferirlo al Fondo Nacional de Vivienda Popular,
para que, a través de su Programa de Contribuciones y en armonía con la
visión social del Gobierno de El Salvador, en el marco del Plan Anticrisis,
pueda favorecer a familias de bajos ingresos facilitándoles el acceso a una
solución habitacional.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y
Desarrollo Urbano,
DECRETA, la siguiente:
LEY ESPECIAL PARA LA DESAFECTACION Y TRASPASO DEL TERRENO
DENOMINADO PATIO DE LA ESTACION DE SANTA LUCIA EN EL
MUNICIPIO DE SANTA ANA A FAVOR DEL FONDO NACIONAL DE

VIVIENDA POPULAR
Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la desafectación del inmueble identificado
como Patio de la Estación de Santa Lucía, situado en el Municipio y Departamento
de Santa Ana, el cual es innecesario para las operaciones actuales del ferrocarril,
propiedad del Estado de El Salvador y administrado por Ferrocarriles Nacionales de
El Salvador y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, que en el presente Decreto
se denominarán FENADESAL y CEPA, respectivamente, pues dicho tramo ferroviario
se encuentra en desuso desde 1984; y regular el procedimiento a seguir para la
transferencia del mismo a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular, FONAVIPO.
La descripción registral del citado inmueble, de conformidad a la inscripción
número DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO del Libro CIENTO VEINTE de Propiedad del
Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de Occidente es la
siguiente: “Desde el kilómetro trescientos cincuenta y seis con seiscientos cincuenta y
ocho metros y ocho décimos y del kilómetro trescientos cincuenta y siete con ciento
treinta y cuatro metros y seis décimos y hacia la izquierda de la faja, se encuentra el
Patio de la Estación de Santa Lucía, en jurisdicción de la ciudad de Santa Ana. Dicho
Patio de Estación que afecta una forma irregular, tiene una superficie total de OCHO
HECTAREAS CINCUENTA Y NUEVE AREAS Y SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS
(8H 59ª 72M), equivalentes a: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS
METROS CUADRADOS (85,972.00 M2), estando situado como se ha dicho hacia la
izquierda de la faja o sea hacia el Oriente de ella”. Dicha inscripción ha sido trasladada
a la Matrícula SIRyC DOS CERO DOS DOS CINCO CUATRO CINCO OCHO-CERO CERO
CERO CERO CERO.
Art. 2.- Declárase por Ministerio de Ley, la desafectación del inmueble a que se
refiere el artículo anterior.
El inmueble desafectado de conformidad a este Decreto, será utilizado por FONAVIPO
para el desarrollo de un proyecto habitacional, que consiste en la construcción
de aproximadamente mil sesenta y ocho apartamentos para familias de escasos
recursos económicos, con sus correspondientes áreas de equipamiento social; dichos
apartamentos serán vendidos a su justo precio a las familias beneficiadas de acuerdo
al Programa de Contribuciones de FONAVIPO; debiendo para ello ser transferida por
Ministerio de Ley la propiedad de tal inmueble a favor del Fondo Nacional de Vivienda
Popular FONAVIPO, el cual se constituye patrimonio especial, con el objeto de ser
utilizado con fines específicos, para que dicha institución sea la entidad encargada
de transferir a las familias de bajos ingresos, su título de propiedad, de acuerdo a las
condiciones establecidas dentro de su normativa.
Art. 3.- El Fondo Nacional de Vivienda Popular, FONAVIPO, hará la transferencia
del dominio de la propiedad a favor de los beneficiarios de este Decreto, a través de
escritura pública y no causará ningún tipo de impuesto, ni derechos registrales, ni
catastrales, al igual que cualquier acto que deba realizar, tales como: remediciones,
Indice Legislativo 57
Parte II

Parte II
58
Asamblea Legislativa
LEYES
reuniones de inmuebles, desmembraciones en cabeza de su dueño, y otros que sean
de carácter registral o técnico catastral, y que fueren necesarios para las finalidades
expresadas, debiendo los registradores, inscribir de oficio y sin ningún costo registral a
favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular el inmueble objeto del presente Decreto.
Para los efectos del inciso anterior, FONAVIPO coordinará las acciones, debiendo
destacar los recursos humanos y materiales de que dispone, para desarrollar el proyecto
habitacional y realizar las acciones necesarias para la promoción y comercialización
de las soluciones habitacionales, pudiendo efectuar convenios con instituciones
financieras públicas o privadas, para el otorgamiento de créditos, favorables a los
beneficiarios, siempre en coherencia a las normas vigentes que rigen el funcionamiento
de dicha Institución Autónoma.
Art. 4.- Al entrar en vigencia el presente Decreto, las escrituras públicas que estén
en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas respectivo,
por encontrarse aún inscritas a nombre de la empresa internacional Railwail of Central
América, IRCA, relativas al inmueble desafectado por este Decreto, o que todavía no
hayan sido presentadas al Registro competente para su inscripción, a favor del Estado
y Gobierno de El Salvador, deberán ser registradas o presentadas al citado Registro, en
su caso, por el Fondo Nacional de Vivienda Popular, FONAVIPO, para concluir el trámite
de inscripción y posterior registro a su favor.
Art. 5.- El presente Decreto, al entrar en vigencia, liberará de toda responsabilidad
a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, de la administración, explotación y
dirección de los terrenos desafectados en este Decreto, que son propiedad del Estado
de El Salvador, lo cual fue conferido por medio del Decreto Nº 269, de fecha 22 de
mayo de 1975, publicado en el Diario Oficial Nº 93, Tomo 247, de la misma fecha.
Art. 6.- FONAVIPO estará exento de toda clase de impuestos fiscales y municipales
en lo que respecta al desarrollo del proyecto habitacional sobre el inmueble objeto del
presente Decreto.
Art. 7.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecinueve días del mes de agosto del año dos mil diez.
D. O. Nº 177, Tomo Nº 388, Fecha: 23 de septiembre de 2010.

DECRETO Nº 458
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad a lo establecido en el Art. 2 de la Constitución, es
obligación del Estado proteger el derecho a la vida, la integridad física y
moral, la libertad, la seguridad, el trabajo, la propiedad, la posesión y la
conservación y defensa de estos derechos;
II.- Que el inciso primero del Art. 7 de nuestra Carta Magna, regula el derecho
a la libre asociación y reunión pacífica y sin armas para cualquier objeto
lícito, por lo que en ningún caso permite fundar y mantener organizaciones
para realizar actividades delictivas, ya sea de hecho o de derecho.
Asimismo, el inciso tercero de la referida norma fundamental prohíbe la
existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial; sin
ser esta última disposición, un catálogo cerrado de la naturaleza de las
organizaciones ilícitas proscritas que impida la acción del legislador;
III.- Que la seguridad y la paz pública, son bienes jurídicos que resultan
afectados por la constitución y funcionamiento de grupos delictivos de los
que se refiere la presente Ley;
IV.- Que es evidente el fortalecimiento y el incremento de la gravedad y el
impacto de la actividad delictiva de las maras o pandillas. Por lo que
se vuelve necesario, aumentar el control sobre estas agrupaciones para
implementar la política integral de justicia, seguridad pública y convivencia,
especialmente en lo relativo a la prevención social de la violencia y el delito
y, en la atención a la víctima. Además se requiere la intervención de las
instituciones del Estado y del municipio para el pleno desarrollo de las
políticas sociales a favor de la comunidad;
V.- Que se han realizado abundantes estudios e informes, procesos y
procedimientos administrativos y judiciales, a partir de los cuales se ha
concluido que existen agrupaciones y organizaciones criminales dedicados
a la comisión de delitos, cuya estructura se convierte en un medio propicio
y peligroso que afecta los bienes jurídicos personales y de la colectividad;
VI.- Que para asegurar el interés público y ofrecer una mejor respuesta de
las instituciones, principalmente del sector justicia; es necesario, crear un
instrumento jurídico dentro de los límites constitucionales que regule la
proscripción de las maras o pandillas.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Indice Legislativo 59
Parte II

Parte II
DECRETA, la siguiente:
60
Asamblea Legislativa
LEYES
LEY DE PROSCRIPCION DE MARAS, PANDILLAS, AGRUPACIONES,
ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE NATURALEZA CRIMINAL
Art. 1.- Son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras tales
como las autodenominadas Mara Salvatrucha, MS-trece, Pandilla Dieciocho, Mara
Máquina, Mara Mao Mao y las agrupaciones, asociaciones u organizaciones criminales
tales como la autodenominada Sombra Negra; por lo que se prohíbe la existencia,
legalización, financiamiento y apoyo de las mismas.
La presente proscripción aplica a las diferentes pandillas o maras y agrupaciones,
asociaciones u organizaciones criminales, sin importar la denominación que adopten o
aunque no asumieren ninguna identidad.
Art. 2.- Cualquier acto jurídico que como parte de la actividad delictiva o de su
estructura realicen estos grupos por medio de sus integrantes u otras personas en su
nombre serán ilícitos y por lo tanto acarrearán las responsabilidades penales, civiles
y administrativas correspondientes para sus promotores, creadores, organizadores,
dirigentes, miembros, colaboradores, financistas y cualquier persona que, a sabiendas
de su ilegalidad, reciba provecho directa o indirectamente.
Art. 3.- Las personas indicadas en el artículo anterior quedarán inhabilitadas por el
doble de tiempo de la condena establecida en el proceso penal o por el término de seis
años en la sentencia administrativa, civil o de otra jurisdicción, en los casos siguientes:
a) Pertenecer a partidos políticos;
b) Ser candidato a cargos de elección popular o de segundo grado;
c) Ser socio, accionista, avalista, miembro, directivo, representante judicial,
administrador o asociado de cualquier persona jurídica;
d) Ser concesionario, licitante o contratista del Estado o del municipio;
e) Ser titular de autorizaciones o permisos estatales o municipales para la
apertura o funcionamiento de negocios;
f) Ser autoridad, funcionario, agente de autoridad o empleado del área de
seguridad y justicia del Estado o del municipio; y,
g) Ser titular, directivo, accionista, administrador o empleado de las personas a
las que se refiere la Ley de los Servicios Privados de Seguridad.
Art. 4.- Los bienes muebles e inmuebles, valores, dinero en efectivo, derechos,
ganancias y ventajas que, como parte de la actividad delictiva, propósitos, funcionamiento

Anuario Legislativo 2010 - 2011
o necesidades de las agrupaciones, asociaciones u organizaciones ilegales, hayan
adquirido las personas promotoras, creadoras, organizadoras, dirigentes, miembros,
colaboradores, financistas o beneficiarias estarán sujetos a la extinción de la titularidad,
dominio, posesión o tenencia por medio de los procedimientos y procesos civiles,
administrativos y penales correspondientes.
Estos bienes, derechos y valores se entregarán y traspasarán a favor del Estado
como se indica en el inciso cuarto del presente artículo. De la misma forma se
procederá con aquellos bienes, derechos y valores que no tuviesen titular reconocido o
sobre los cuales no hubiese reclamo y se encontrasen en cualquiera de los siguientes
supuestos: a) estén relacionados con el delito, b) hayan sido decomisados, c) se
encuentren en los lugares donde se haya realizado actividad ilícita, cometido delito o
ejecutado procedimiento administrativo o judicial relacionado con tal actividad o delito.
Dentro de los procesos correspondientes, los tribunales ordenarán el secuestro o
embargo de los bienes, valores y derechos mencionados.
Sin perjuicio de las devoluciones y reparaciones debidas por los daños y perjuicios
derivados de los hechos cometidos, el tribunal penal declarará el comiso en la sentencia
definitiva, según corresponda, a favor del Estado, y el producto de su liquidación
se destinará en un sesenta por ciento a la partida presupuestaria del Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública para cubrir los gastos derivados de la política integral
de justicia, seguridad pública y convivencia. La Fiscalía General de la República y
el Órgano Judicial recibirán el veinte por ciento cada uno. La entidad administradora
estará a cargo del citado ministerio y se elaborará una normativa interinstitucional
por las entidades mencionadas en la presente disposición con el objeto de distribuir
adecuadamente los fondos, derechos y bienes obtenidos en atención a los principios
de transparencia y probidad.
El juez de otra jurisdicción que resuelva sobre los bienes, valores o derechos
procederá a entregar cautelarmente y traspasar a las instituciones mencionadas los
bienes, valores, derechos o el producto de su liquidación en la proporción indicada.
Si la pérdida es de un derecho o autorización que sea realizable o aprovechable por
las instituciones mencionadas para el cumplimiento de sus atribuciones, se entregará
o traspasarán a la institución o instituciones que determine el Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública.
Será nulo todo instrumento y su correspondiente inscripción registral otorgados a
título gratuito u oneroso, entre vivos o por causa de muerte, cuyo fin sea colocar bienes
fuera del alcance de las medidas de comiso, condena civil o administrativa, sanción,
secuestro o embargo derivados de la presente ley, sin perjuicio de que se respeten los
derechos de terceros que actúan de buena fe.
Art. 5.- El juez competente o la Fiscalía General de la República, en casos de
urgente necesidad, podrán ordenar la inmovilización de las cuentas bancarias de los
promotores, creadores, organizadores, dirigentes, miembros, colaboradores, financistas
o beneficiarios de las agrupaciones, asociaciones u organizaciones ilícitas, así como
Indice Legislativo 61
Parte II

Parte II
62
Asamblea Legislativa
LEYES
de los fondos, valores, derechos y bienes objeto de la investigación, en los delitos a
que se refiere la presente ley.
Si la Fiscalía General de la República ordena dicha inmovilización, se deberá dar
cuenta al juez competente dentro del plazo de quince días hábiles, quien, en resolución
motivada, decidirá sobre la procedencia o no de dicha medida dentro del término de
diez días hábiles, la cual se notificará sin dilación a las instituciones responsables de
ejecutar tales medidas. La institución responsable deberá mantener la inmovilización
hasta que el juez ordene lo contrario.
Las instituciones financieras también informarán de la existencia de bienes,
valores, productos o servicios vinculados a personas integrantes o beneficiarias de las
agrupaciones, asociaciones u organizaciones de las que trata la presente ley cuando
dichas personas hayan sido sometidas a proceso judicial o condena por requerimiento
del juez de la causa.
Las instituciones financieras, al detectar cualquier circunstancia que haga
sospechar de la existencia de operaciones relacionadas con actividades de las maras
o pandillas y de las agrupaciones, asociaciones u organizaciones criminales, informará
a la Fiscalía General de la República y se abstendrá de realizar operaciones que
involucren los bienes, valores, productos y servicios hasta recibir instrucciones de
aquella institución. La emisión de tales instrucciones deberá efectuarse antes de tres
días hábiles.
En el plazo establecido en el inciso anterior, la Fiscalía General de la República
tomará las medidas necesarias para bloquear inmediatamente los bienes o servicios de
las personas mencionadas en el respectivo informe y dictará indicaciones pertinentes
para retener o, en su caso, permitir el flujo de los bienes o servicios de dichas personas.
Las instituciones financieras prestarán especial y permanente atención a
la detección de bienes, valores, productos y servicios y transacciones de los que
se sospeche o de los cuales se tenga indicios razonables de ilicitud y de los que
estén vinculados o puedan ser utilizados para financiar actos de las agrupaciones,
asociaciones y organizaciones citadas en la presente ley. Por ello deberán informar a
la Fiscalía General de la República en un plazo no mayor de tres días.
La Fiscalía General de la República recibirá y analizará dichos reportes, para lo cual
tendrá la facultad de requerir información a las instituciones reportantes o a cualquier
ente o persona pública o privada. Así mismo, podrá compartir dicha información a nivel
nacional e internacional, bajo los parámetros de confidencialidad y de legalidad, para
el descubrimiento de hechos delictivos.
Cualquier persona con un interés legítimo sobre bienes retenidos o inmovilizados
conforme a lo preceptuado en este artículo, podrá solicitar al tribunal competente que
disponga la liberación de ellos si acredita que no tiene relación alguna con la o las
personas referidas en la presente disposición.
Art. 6.- La Fiscalía General de la República, en casos de urgente necesidad, o
el tribunal competente podrá ordenar la incautación, secuestro o embargo preventivo

Anuario Legislativo 2010 - 2011
de bienes, productos o instrumentos situados en su jurisdicción territorial que estén
relacionados con cualquiera de las actividades indicadas en el artículo 2 de la presente
Ley, aún en los casos de hechos cometidos en el extranjero.
Asimismo, a petición de la Fiscalía General de la República, podrá requerir a las
autoridades competentes de otros países la adopción de medidas encaminadas a la
identificación, localización y embargo preventivo, secuestro o incautación del producto
del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos relacionados con las actividades
ilícitas previstas en la presente Ley, con miras a su eventual comiso, pérdida o extinción
de titularidad, dominio o posesión.
Art. 7.- Cuando se compruebe que todos los titulares o accionistas de una
persona jurídica privada permiten, colaboren, apoyen, financien o participen en nombre
o representación de ellas en la comisión de alguna actividad ilícita relacionada en el
artículo 2 de la presente Ley, siempre y cuando se compruebe que no haya existido
coacción alguna, se ordenará, a través del juez que conozca del caso, la disolución
de la persona jurídica privada respectiva y se librará oficio a la autoridad competente
para que proceda. Si los que realizan tales acciones son administradores, directivos o
mayoría de accionistas se aplicará una sanción de cinco a cincuenta salarios mínimos.
La resolución o decisión firme deberá ser publicada en cualquier medio de
comunicación.
Art. 8.- La Fiscalía General de la República, como encargada de la dirección funcional
de la investigación, ordenará a la Policía Nacional Civil las condiciones, requisitos y
parámetros en los que habrá de conducir la recolección de evidencias y conformación
de los expedientes contra las agrupaciones, asociaciones y organizaciones criminales.
Además, la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional Civil, administrará los
tiempos de presentación a los tribunales de los casos, de manera que se pueda
proceder ordenada y consistentemente. Asimismo, la Fiscalía General de la República
de oficio o a petición de parte, deberá proceder a iniciar las acciones legales ante los
tribunales e instituciones públicas y municipales para declarar las nulidades de los
negocios, instrumentos, inscripciones, autorizaciones y permisos que, de acuerdo con
la Ley, carezcan de validez.
Art. 9.- Las niñas, niños y adolescentes que sean identificados como miembros
de maras o pandillas y de agrupaciones, asociaciones u organizaciones criminales,
que por su edad no puedan ser perseguidos penalmente, por su situación de grave
riesgo se procederá con lo establecido en las leyes de la materia y se notificará a la
Procuraduría General de la República, para que siga los procesos de protección a que
hubiere lugar.
Indice Legislativo 63
Parte II

Parte II
64
Asamblea Legislativa
LEYES
Art. 10.- Una normativa especial establecerá las condiciones de retiro o deserción
y rehabilitación de los miembros de las agrupaciones, asociaciones y organizaciones
criminales de las que trata la presente Ley.
Art. 11.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a un día del
mes de septiembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 169, Tomo Nº 388, Fecha: 10 de septiembre de 2010.

DECRETO Nº 502
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad al Artículo 207 de la Constitución, es necesario
garantizar el desarrollo económico y social de los municipios así como su
autonomía económica;
II.- Que de acuerdo a la Ley de Creación del Fondo Para el Desarrollo
Económico y Social de los Municipios, en adelante denominada “Ley
FODES”, el Estado de El Salvador asignó a los municipios el equivalente
al siete por ciento de los ingresos corrientes netos del presupuesto del
Estado para facilitar el financiamiento y realización de obras y proyectos
en beneficio de su respectiva comunidad;
III.- Que conforme al espíritu constitucional y su desarrollo en la Ley FODES, con
el propósito de fortalecer y garantizar la autonomía municipal reconocida
en nuestra Constitución, se vuelve necesario la creación de estructuras e
instrumentos financieros con el debido soporte legal que optimicen este
objetivo;
IV.- Que para lograr el objetivo indicado precedentemente, se vuelve necesario
recurrir a la figura de los fideicomisos, que ofrecen esquemas legales
y seguros para generar y administrar recursos complementarios, que
pueden ser obtenidos a través de la emisión de certificados fiduciarios
u otros valores, entre otros, a fin de que éstos contribuyan a que las
Municipalidades del país tengan solvencia financiera para desarrollar sus
proyectos de inversión y fortalecer su autonomía;
V.- Que el artículo 225 de la Constitución prescribe que es facultad del
Estado, para la consecución de sus fines, la constitución o incremento
de patrimonios especiales destinados a instituciones públicas en la forma
indicada por dicha disposición;
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda,
DECRETA, la siguiente:
LEY DE CREACION DEL FIDEICOMISO DE REESTRUCTURACION DE
DEUDAS DE LAS MUNICIPALIDADES -FIDEMUNI-
Indice Legislativo 65
Parte II

Parte II
66
Asamblea Legislativa
LEYES
Objeto de la Ley
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la constitución, funcionamiento y regulación
del Fideicomiso de Reestructuración de Deudas de las Municipalidades, el cual podrá
abreviarse “FIDEMUNI” o “El Fideicomiso”. Se constituirá por plazo indeterminado y
servirá de base para la emisión de Certificados de Reestructuración de Deudas de las
Municipalidades -CEMUNI-, en adelante “los Certificados”.
El FIDEMUNI por medio del Fiduciario, tendrá entre otras la responsabilidad de
administrar los bienes fideicomitidos. Todo de conformidad a las instrucciones que
deba emitir el Consejo de Vigilancia regulado por esta Ley, en adelante “el Consejo”.
Constitución del Fideicomiso
Art. 2.- El Fideicomitente del FIDEMUNI será el Estado y Gobierno de El Salvador,
por medio del Ministerio de Hacienda, y los Fideicomisarios serán las Municipalidades
que opten participar en el Fideicomiso.
El Fideicomiso orientará sus acciones para reestructurar las deudas que reflejen
en los estados financieros las Municipalidades hasta el 31 de octubre de 2010 y cuyos
datos hayan sido remitidos para tal efecto, a la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental.
El Fiduciario será el Banco Multisectorial de Inversiones, en adelante BMI, con las
necesarias y plenas facultades de gestión. También se entenderán atribuidas al BMI las
facultades que sobre esta materia establece el Código de Comercio.
Requisitos para Optar a Participar en el Fideicomiso
Art. 3.- Para que las Municipalidades participen de los beneficios que otorgue el
Fideicomiso, las deudas a reestructurar deben de cumplir con todas las condiciones
estipuladas en la Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal y en la Ley de
Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios.
Art. 4.- La constitución del Fideicomiso se formalizará por escritura pública
que deberá inscribirse en el Registro de Comercio. La inscripción de la escritura de
constitución, sus modificaciones o su liquidación no causará ningún arancel, tasa o
derecho de Registro.
Al otorgamiento de la escritura pública de constitución del Fideicomiso comparecerá
como Fideicomitente el Estado y Gobierno de El Salvador por medio del Ministro de
Hacienda, o el funcionario que éste designe, y como Fiduciario, el BMI por medio de
su representante legal.
En el instrumento de constitución del Fideicomiso se determinará la comisión
por administración del Fiduciario y su forma de pago, la cual se cargará a los fondos
fideicomitidos, y no podrá exceder del 0.10% anual calculado sobre los saldos de los
montos emitidos.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Bienes Fideicomitidos
Art. 5.- El Fideicomiso se constituirá con un aporte del Fideicomitente por valor
de un millón de dólares de los Estados Unidos de América y además lo conformarán
todos los bienes o derechos adquiridos durante la operación del Fideicomiso y que
lleguen a ser parte de los activos del mismo, tales como:
1) Herencias, legados y donaciones, realizadas por personas u organismos
nacionales o extranjeros, destinados a la consecución de los objetivos del
fideicomiso.
2) Los bienes muebles, inmuebles y valores adquiridos a cualquier título al
inicio de sus funciones o durante su operación.
3) Los intereses, rendimientos o utilidades entre otros, que resulten de las
operaciones del mismo.
4) Cualquier otro aporte que se realice al Fideicomiso.
Para efectos de la presente Ley, siendo el Fideicomiso un patrimonio de afectación
independiente del patrimonio del Fiduciario, se entenderá que el patrimonio propio
de la Institución Fiduciaria no responderá de ninguna manera por las obligaciones
y operaciones del Fideicomiso; asimismo, las operaciones de dicho Fideicomiso
ponderarán cero por ciento en el patrimonio del Fiduciario, para efecto de cuantificar
su nivel de solvencia.
Los bienes fideicomitidos que se tengan registrados podrán utilizarse para el pago
de las deudas de intereses y/o capital que posea el Fideicomiso ante los Tenedores
de los Certificados emitidos, o para cualquier otro pasivo que el mismo posea de
conformidad con las atribuciones y obligaciones contenidas en esta Ley.
Obligaciones del Fideicomitente
Art. 6.- Serán obligaciones del Fideicomitente:
1) Constituir el Fideicomiso de conformidad a las disposiciones de esta Ley,
al Código de Comercio y demás leyes que resulten aplicables en lo que no
contraríen esta Ley.
2) Entregar al Fiduciario los bienes y recursos fideicomitidos.
3) Retener a las Municipalidades, de conformidad a las Ordenes Irrevocables
de Retención y Transferencias de Fondos proporcionadas por los Municipios
participantes, las cantidades acordadas para amortizar el pago de las
deudas reestructuradas. Esta responsabilidad deberá realizarla de manera
prioritaria y de forma mensual de los fondos que le son asignados a las
Municipalidades en virtud de la Ley de Creación del Fondo Para el Desarrollo
Económico y Social de los Municipios, en adelante llamado “FODES”.
Indice Legislativo 67
Parte II

Parte II
68
Asamblea Legislativa
LEYES
4) Proporcionar prioritariamente y de manera mensual al Fiduciario, los fondos
retenidos de conformidad al numeral anterior para que tenga prelación el
pago de las cuotas derivadas de las deudas reestructuradas.
5) Gestionar de conformidad a la Ley cualquier información necesaria para el
Fiduciario para la realización de los fines y objetivos del Fideicomiso.
6) Aceptar, las Ordenes Irrevocables de Retención y Transferencias de Fondos
emitidas por las Municipalidades y hacerlas efectivas, quedando obligado en
los términos de su aceptación.
Obligaciones del Fiduciario
Art. 7.- Serán obligaciones del Fiduciario:
1) Administrar los recursos fideicomitidos de conformidad a las instrucciones
dadas por el Consejo de Vigilancia.
2) Destinar los recursos necesarios e indispensables para el cumplimiento de
los fines del Fideicomiso, en lo que a la administración se requiere, los
cuales serán costeados con el producto de la comisión que recibirá con ese
propósito.
3) Abrir o contratar en el Banco Central de Reserva de El Salvador, en adelante
Banco Central, o en cualquier otro Banco autorizado por la Superintendencia
del Sistema Financiero para realizar operaciones pasivas en el país,
las cuentas necesarias y certificados de depósito necesarios para el
funcionamiento del Fideicomiso.
4) Invertir, conforme a los acuerdos e instrucciones emitidos por el Consejo de
Vigilancia, los recursos líquidos y excedentes del Fideicomiso.
5) Realizar los actos jurídicos que sean necesarios y complementarios para la
consecución de los fines del Fideicomiso.
6) Emitir los Certificados a que hace referencia la presente Ley, previa
autorización del Consejo de Vigilancia.
7) Mantener cuentas y registros contables separados de la contabilidad del
Fiduciario para el manejo de los recursos del fideicomiso.
8) Preparar los estados financieros auditados e informes relacionados con el
cumplimiento de los objetivos del fideicomiso.
9) laborar un informe operativo anual y remitirlo al Fideicomitente y al
Representante de los Tenedores dentro de los primeros noventa días del
ejercicio fiscal inmediato siguiente.
10) Contratar a una firma de auditores externos y a una firma de auditores
fiscales, para que auditen el Fideicomiso.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
11) En caso de ser necesario, para realizar las emisiones a que se refiere el
artículo 1 de la presente Ley, podrá otorgar y firmar cualquier clase de
contrato o convenio con el Fideicomitente, Instituciones del Gobierno,
Municipalidades o terceros.
12) Pagar en la fecha establecida o redimir anticipadamente los certificados que
se hubieren emitido, así como sus respectivos intereses. Llegada la fecha de
pago de capital o intereses de los Certificados que al efecto se emitan por el
Fideicomiso, estas erogaciones tendrán prelación sobre cualquier otro pago
que el Fideicomiso tenga que realizar para su funcionamiento.
13) Elaborar y presentar para aprobación del Consejo de Vigilancia, las
actividades a que se refieren los numerales 11, 12, 13 y 14 del artículo 12
de esta Ley.
14) Remitir al Fideicomitente los Estados Financieros del Fideicomiso
correspondientes al cierre de cada ejercicio fiscal, los Informes de
Clasificación de Riesgo, el Informe Anual Operativo, y los Informes de
Auditoría que se realicen.
15) Publicar por cualquier medio escrito y/o electrónico, los Estados Financieros
del Fideicomiso correspondientes al cierre de cada trimestre y los Informes
de Clasificación de Riesgo que se realicen.
16) Todas las demás establecidas en la presente Ley, las demás leyes aplicables
que no contraríen la presente Ley y las que se establezcan en la escritura de
constitución del fideicomiso.
Art. 8.- El Fideicomiso podrá adquirir e invertir en valores con riesgo bajo, inscritos
en una bolsa de valores local, con el fin de mantener un eficiente manejo de los
recursos, de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal efecto por el Consejo de
Vigilancia del Fideicomiso.
Para todo lo anterior, el Fiduciario queda facultado para suscribir los documentos e
instrumentos necesarios o complementarios para realizar las operaciones y negocios
que directa o indirectamente correspondan al objeto del Fideicomiso y de la presente
Ley.
Obligaciones de los Fideicomisarios
Art. 9.- Serán obligaciones de las Municipalidades que voluntariamente participen
en el Fideicomiso:
1) Incluir en la reestructuración de sus deudas, la totalidad de las deudas de
carácter previsional, correspondientes al Instituto Salvadoreño del Seguro
Social, Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, Instituto Nacional
de Pensiones de los Empleados Públicos y Administradoras de Fondos
de Pensiones, así como las deudas de carácter fiscal con el Ministerio de
Indice Legislativo 69
Parte II

Parte II
70
Asamblea Legislativa
LEYES
Hacienda. No obstante las condiciones establecidas en el inciso segundo
del artículo dos de la presente Ley, los montos a ser considerados en estas
deudas, deberán certificarse por las instituciones acreedoras pertinentes,
con cifras o saldos al cierre del mes inmediato anterior a la fecha de
colocación de las emisiones a efectuarse.
2) Suscribir y otorgar los convenios o contratos que sean necesarios para
cumplir con los fines y objetivos del Fideicomiso, de acuerdo a los
mecanismos e instrumentos establecidos por el Consejo.
3) Autorizar la retención y la transferencia prioritaria de los recursos del
FODES mediante el otorgamiento de una Orden Irrevocable de Retención
y Transferencia de fondos, para que sean entregados por el Ministerio de
Hacienda al Fideicomiso.
4) Reconocer legalmente, así como en su contabilidad y estados financieros,
las obligaciones de las deudas reestructuradas que han sido pagadas por el
Fideicomiso, mediante los documentos que estime el Consejo.
5) Pagar los saldos de los créditos u obligaciones que no hayan sido
reestructurados en virtud del Fideicomiso.
Consejo de Vigilancia
Art. 10.- El Fideicomiso tendrá un Consejo de Vigilancia que tendrá como
responsabilidad principal, entre otras, evaluar las condiciones de mercado a los efectos
de establecer la viabilidad de la emisión de los Certificados que serán colocados en
su oportunidad en el mercado.
El Consejo estará integrado por los siguientes miembros:
1) El Ministro de Hacienda, que fungirá como Director Presidente y su suplente,
que será el Viceministro de Hacienda.
2) El Secretario Técnico de la Presidencia, que fungirá como Director y su
suplente, que será el Subsecretario Técnico de la Presidencia.
3) El Presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El
Salvador, en adelante denominado FISDL, que fungirá como Director y su
suplente que será designado por el Consejo de Administración del FISDL.
4) El Presidente del BMI, que fungirá como Director Secretario y su suplente,
que será designado por la Junta Directiva del referido Banco. El Presidente
del BMI o su suplente, en su calidad de representante del Fiduciario, tendrá
voz pero no voto en las decisiones del Consejo.
5) Dos representantes de la Corporación de Municipalidades de la República
de El Salvador, que se abrevia COMURES, quienes fungirán como Directores
y sus suplentes, quienes serán nombrados por la Junta Directiva de dicha
Corporación.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Los cargos del Consejo de Vigilancia serán desempeñados ad honorem. En caso
de impedimento o ausencia temporal de un Director Propietario, éste será sustituido
por su respectivo suplente. Los Directores Suplentes que sustituyan a un Propietario, lo
harán en forma temporal mientras se supla la vacante.
De las Sesiones del Consejo de Vigilancia y de sus Resoluciones
Art. 11.- El Consejo de Vigilancia se reunirá al menos semestralmente y
extraordinariamente cuando se considere necesario y se tendrá por legalmente instalado
cuando concurran al menos tres directores con derecho a voto y sus resoluciones se
tomarán por mayoría simple. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
Funciones y Atribuciones del Consejo de Vigilancia
Art. 12.- Son funciones y atribuciones del Consejo:
1) Velar porque ingresen oportunamente al Fideicomiso los recursos que le
corresponden y acordar ejercer las acciones legales y extrajudiciales.
2) Asegurar que la administración de los recursos fideicomitidos sea consistente
con el cumplimiento de las finalidades y objetivos del Fideicomiso.
3) Aprobar el Informe Operativo Anual.
4) Nombrar al Auditor Externo y Auditor Fiscal del fideicomiso y velar porque
las auditorías se practiquen por lo menos anualmente. Los honorarios fijados
para la Auditoría Externa y Auditoría Fiscal serán incluidos en el plan anual
de gastos del Fideicomiso.
5) Revisar y aprobar los términos y condiciones para las emisiones de los
Certificados, así como las características de los mismos.
6) Designar al Representante inicial de los Tenedores de los Certificados quien
se mantendrá en funciones hasta que la Junta de Tenedores ratifique o elija
a quien lo sustituirá.
7) Velar por el cumplimiento de las obligaciones del Fideicomitente y del
Fiduciario.
8) Aprobar el plan anual de gastos de funcionamiento del Fideicomiso y del
registro, colocación y emisión de los certificados y cualquier otro gasto
asociado. Es entendido que todos los gastos y pagos que realice el Fiduciario
relacionados con el Fideicomiso, en cualquier concepto, serán liquidados
con los recursos del Fideicomiso.
9) Resolver cualquier otro asunto operativo, administrativo, financiero, funcional
relacionado con el registro, la emisión y colocación de los certificados, que
no esté regulado en esta Ley.
Indice Legislativo 71
Parte II

Parte II
72
Asamblea Legislativa
LEYES
10) Autorizar las políticas de inversión de los recursos líquidos y excedentes del
Fideicomiso. El Consejo deberá determinar a su criterio los valores que se
consideran de bajo riesgo relacionados en el artículo 8 de esta Ley.
11) Autorizar la suscripción de los convenios o contratos a celebrarse con
instituciones gubernamentales, Municipalidades o con terceros, así como
aquellos necesarios para la realización de los procesos de emisión y
administración correspondientes.
12) Aprobar y aceptar los mecanismos y condiciones a través de los cuales el
Fideicomiso incorporará las deudas sometidas por las Municipalidades para
ser reestructuradas de conformidad a la presente Ley, quedando facultado el
Consejo para emitir las normas operativas correspondientes.
13) Aprobar el mecanismo de entrega de los recursos obtenidos en las emisiones,
para el pago de las deudas de las Municipalidades que voluntariamente opten
a la reestructuración financiera.
14) Aprobar el mecanismo y montos por medio del cual el Fiduciario recibirá
de las Municipalidades participantes, a través del Ministerio de Hacienda,
los fondos del FODES en la proporción correspondiente de su cuota
mensual, de conformidad al programa aprobado entre el Fideicomiso y las
Municipalidades, con los cuales se pagarán el capital y los intereses de la
emisión realizada, de acuerdo al beneficio correspondiente recibido.
15) Aprobar cualquier otro mecanismo y condiciones por medio del cual el
Fideicomiso participe en la estructuración de instrumentos financieros que
faciliten la reestructuración de las deudas de las Municipalidades.
16) Aprobar en su caso la liquidación del Fideicomiso, previa solicitud del
Fideicomitente y una vez cumplido el objeto del mismo.
Art. 13.- El BMI, en su calidad de Fiduciario, podrá emitir local o internacionalmente
Certificados hasta por el monto equivalente a la captación de recursos que se necesite
para el pago de las deudas municipales reconocidas y comprobadas, de conformidad
a lo dispuesto en la presente Ley, los cuales se destinarán exclusivamente para el pago
de las mismas.
El producto de los recursos obtenidos por la emisión de los Certificados, se
utilizará por el Fiduciario para pagar las deudas de las Municipalidades hasta por el
saldo de capital más intereses, comisiones ó recargos que existieren al momento de
la liquidación de dichas deudas.
Los saldos de créditos u obligaciones que se reflejen después de la fecha definida
en el artículo 2 de esta Ley, serán pagadas y cumplidas por las Municipalidades de
conformidad a lo que para el efecto se hayan obligado en los documentos respectivos.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
El pago de intereses y el principal de los certificados o el pago de cualquier otra
obligación determinada por el Consejo que se relacione con la emisión, lo efectuará
el Fiduciario con fondos provenientes de las cuotas mensuales establecidas de
conformidad a los procedimientos definidos y acordados con las Municipalidades y
con cualquier otro ingreso financiero y aportaciones que obtenga el Fideicomiso. Estas
cuotas serán retenidas mensualmente por el Ministerio de Hacienda y remitidas al
Fiduciario, de conformidad a las Ordenes Irrevocables de Retención y Transferencias
de Fondos.
El Ministerio de Hacienda realizará la retención indicada en el inciso anterior antes
de efectuar la transferencia de los recursos FODES asignados a las Municipalidades. La
proporción que sobre los mencionados recursos le correspondan a cada municipalidad
después de realizado el descuento, será trasladado a las mismas de acuerdo a lo que
dispone la Ley de Creación del Fondo Para el Desarrollo Económico y Social de los
Municipios.
Art. 14.- La emisión de los Certificados podrá realizarse total o por tramos de
acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo. No obstante, todos los Certificados
independientemente de la emisión o tramo al que pertenezcan, tendrán la misma
prelación y prioridad de pago. En caso que el Consejo autorice otros mecanismos de
financiamiento para la reestructuración de la deuda según el numeral 15 del artículo
12, los instrumentos financieros resultantes de estos mecanismos no podrán tener una
prelación de pago superior a la de los Certificados.
Para realizar las emisiones de los Certificados no se requerirá que la Superintendencia
del Sistema Financiero realice avalúos del patrimonio del Fideicomiso.
Art. 15.- Los Certificados serán valores representados por anotaciones electrónicas
en cuenta que tendrán además de los requisitos legales, las siguientes características:
1) En serie y con plazos de hasta 15 años, los cuales se contarán a partir de
la fecha de emisión.
2) Denominados en dólares de los Estados Unidos de América.
3) Podrán ser a descuento o devengar una tasa de interés, pudiendo establecer
tasa mínima y tasa máxima de interés. En cualquier caso, dicho descuento
o tasa de interés, será definido por el Consejo para cada uno de los tramos
de la emisión de Certificados que se realicen.
4) Los Certificados emitidos podrán ser objeto de redenciones anticipadas
parciales o totales, según lo defina el Consejo para cada una de las emisiones.
5) Cualquier otra que sea determinada por el Consejo.
Indice Legislativo 73
Parte II

Parte II
74
Asamblea Legislativa
LEYES
Art. 16.- Los tenedores de los Certificados a emitirse por el Fideicomiso tendrán
derecho:
1) Al pago de capital e intereses que devenguen los Certificados.
2) A tener igualdad de derechos frente a cualquier otro mecanismo que se
apruebe de conformidad al numeral 15 del artículo 12 de esta Ley, en su
caso.
3) A solicitarle al Fiduciario copia de los Estados Financieros al cierre de
cada trimestre, de los Informes Trimestrales de Clasificación de Riesgo, del
Informe Operativo Anual que éste elabore y de los Informes de Auditoría que
se realicen.
4) Los demás derechos que regule el Código de Comercio y demás leyes
mercantiles, siempre que no se opongan a lo regulado en la presente Ley.
Para el cumplimiento de lo establecido en este artículo, los tenedores de Certificados
que representen al menos un diez por ciento del total del monto emitido por el
Fideicomiso cuando así lo soliciten los tenedores o cuando lo considere conveniente
el Fiduciario, este último deberá convocar a los Representantes de los Tenedores de
los Certificados, a fin de que conformen una junta de tenedores, la cual ejercerá las
acciones y derechos que al conjunto de tenedores le correspondan.
Los tenedores de los Certificados, reunidos en junta general, convocada por el
Fiduciario en el caso previsto en el inciso anterior, designarán un representante común
propietario y un suplente, designándole en ese mismo acto sus atribuciones, quienes
ejercerán su cargo durante el tiempo que la junta general señale al nombrarlo. El voto
estará en función de la participación de cada tenedor de los Certificados respecto del
total emitido.
Para la convocatoria, quórum y toma de decisiones de la junta general de
tenedores se estará a lo dispuesto en las normas establecidas para las juntas generales
extraordinarias de accionistas de las sociedades anónimas reguladas en el Código de
Comercio.
Monto y Otras Características de las Emisiones
Art. 17.- Las emisiones de los Certificados y sus características no definidas por
esta Ley deberán ser aprobadas por el Consejo, las cuales no podrán modificarse una
vez colocadas, salvo que exista un acuerdo de la junta de tenedores de los Certificados
emitidos convocada de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.
La emisión se formalizará por medio de escritura pública, en la cual se especificarán
las características generales y monto máximo de la misma.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Las características particulares de cada tramo deberán ser determinadas por el
Consejo y serán identificadas en las certificaciones de las actas correspondientes que
se emitan al efecto.
Oferta Pública
Art. 18.- La Oferta Pública de los Certificados tendrá el mismo tratamiento que
la Oferta Pública que los valores del Estado y del Banco Central, tienen en la Ley del
Mercado de Valores y en consecuencia en la Ley de Anotaciones Electrónicas de
Valores en Cuenta en lo que corresponda. Igual tratamiento tendrá el BMI en su calidad
de Fiduciario emisor para estos efectos.
Para efectos de inversión con recursos de los Fondos de Pensiones en los
Certificados, se estará al tratamiento que las disposiciones aplicables al Sistema de
Ahorro para Pensiones confiere a los valores emitidos por la Dirección General de
Tesorería, el Banco Central, el Fondo Social para la Vivienda y el BMI, únicamente en
lo referente al límite de inversión por activo del emisor.
No obstante lo anterior, las emisiones a efectuar deberán contar con las
clasificaciones de riesgo emitidas por clasificadoras de riesgos legalmente autorizadas
en el país según lo regule la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.
Facilidades
Art. 19.- El Banco Central pondrá a disposición del BMI sus sistemas de colocación,
liquidación y custodia de valores, de manera que los Certificados puedan ser colocados
utilizando los sistemas del Banco Central. Asimismo pondrá a disposición los sistemas
de negociación electrónicos de valores que correspondan y que son utilizados por el
Banco Central y el Estado.
Por su naturaleza, lo dispuesto en el inciso anterior será aplicado en caso de
colocación en mercado primario.
Emisión en el Exterior
Art. 20.- En el caso que se realice una emisión de Certificados en mercado
internacional, el Fiduciario deberá cumplir con lo requerido por la normativa de la
jurisdicción en que se emitan dichos Certificados y de conformidad a la práctica del
mercado, suscribiendo los instrumentos que sean necesarios para cumplir con este
propósito y absorbiendo los costos y gastos correspondientes con cargo al Fideicomiso.
Colocación
Art. 21.- Los certificados podrán ser colocados en mercado primario y negociados
en mercado secundario a través de bolsas de valores locales e internacionales o en la
forma que establece el Artículo anterior, según lo acuerde el Consejo.
Indice Legislativo 75
Parte II

Parte II
76
Asamblea Legislativa
LEYES
Destino de los Fondos
Art. 22.- Realizada la colocación de los Certificados, el Fiduciario, con los recursos
obtenidos realizará el pago a los acreedores de las Municipalidades, en la forma que
establezca el Consejo.
El Ministerio de Hacienda, de conformidad a lo establecido en la Ley Reguladora
de Endeudamiento Publico Municipal y a través de la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental, registrará los nuevos datos de la Deuda Pública Municipal, luego que el
Fideicomiso pague a los acreedores de las Municipalidades beneficiadas.
Fuente de Recursos para Realizar Pago de Emisiones
Art. 23.- Facúltase al Ministerio de Hacienda para retener mensualmente de
las transferencias de la cuota FODES, de conformidad a las Ordenes Irrevocables de
Retención y Transferencias de Fondos, el monto correspondiente a la cuota mensual
de la deuda registrada por el pago realizado a los acreedores de las Municipalidades
participantes, todo de acuerdo al Mecanismo aprobado por el Consejo.
Facúltase a las Municipalidades para utilizar los Fondos provenientes del FODES en
el pago de las obligaciones adquiridas por su participación en el Fideicomiso creado
por esta ley, emitiendo u otorgando para ello las Ordenes Irrevocables de Retención y
Transferencias de Fondos necesarias.
Art. 24.- Los Fondos provenientes del FODES afectados por las Ordenes Irrevocables
de Retención y Transferencias de Fondos serán inembargables por terceros. Lo anterior
no será aplicable en caso de acciones promovidas por el Fiduciario.
Art. 25.- Las obligaciones de pago contraídas por las Municipalidades con el
Fideicomiso a que se refiere esta Ley, formarán parte de la deuda pública municipal
estipulada en la Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal, y estarán sujetas
a la forma de endeudamiento establecida en la misma.
Para estos efectos, no será necesario que el Ministerio de Hacienda emita la
categorización respectiva que establece la Ley Reguladora de Endeudamiento Público
Municipal.
Las obligaciones adquiridas por las Municipalidades participantes en el Fideicomiso
tendrán prelación de pago, en relación a las demás obligaciones adquiridas por éstas.
Adquisición por Instituciones del Estado y por Particulares
Art. 26.- Sin perjuicio de lo establecido en sus respectivas leyes, quedan autorizados
y facultados para adquirir los Certificados regulados por esta Ley: la Comisión Ejecutiva
Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL; el Fondo Especial de los Recursos Provenientes de

Anuario Legislativo 2010 - 2011
la Privatización de ANTEL, FANTEL; la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA;
y cualquier otra institución pública facultada para invertir en valores.
Quedan facultadas para adquirir los Certificados todas las entidades reguladas
por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito y las entidades
afiliadas a la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores S.C.,
de R.L. de C.V., FEDECREDITO. Las entidades antes mencionadas podrán adquirir
Certificados hasta por el monto equivalente a los pagos realizados por el Fideicomiso
a cada entidad.
Adicionalmente podrán adquirir los Certificados cualquier entidad que estuviere
facultada legalmente para dicho efecto.
Art. 27. -Las inversiones en Certificados que realizaren las entidades supervisadas
por la Superintendencia del Sistema Financiero, no serán consideradas como activos
extraordinarios, y su tratamiento para efectos del cálculo del fondo patrimonial, será el
que la ley le confiere a las inversiones en títulos valores emitidos o garantizados por el
Estado y por el Banco Central.
Auditores Externos y Auditoría Fiscal
Art. 28.- El Fideicomiso deberá contar con una firma de Auditoría Fiscal, y con una
firma de auditoría externa independiente, debidamente registrada en la Superintendencia
de Valores y en el Registro de Auditores que para tal efecto lleva la Corte de Cuentas
de la República.
Las auditorías contempladas en el inciso anterior serán contratadas por el
Fiduciario, previa aprobación del Consejo de conformidad a esta Ley.
Tratamiento Fiscal Aplicable al Fideicomiso
Art. 29.- Los intereses y rendimientos que generen los Certificados que emita el
Fideicomiso, estarán exentos de retención y pago del impuesto sobre la renta.
Los intereses y rendimientos que se obtengan en virtud de las inversiones y
operaciones financieras que realice el Fideicomiso, estarán exentos de retención y
pago del impuesto sobre la renta.
Fiscalización de los Fondos Transferidos
Art. 30.- La Corte de Cuentas de la República será la encargada de fiscalizar que
la utilización de los fondos públicos se realice de conformidad con la ley.
Terminación del Fideicomiso
Art. 31.- El Fideicomitente, podrá solicitar al Consejo la terminación del Fideicomiso,
siempre y cuando estén pagadas totalmente todas las deudas reconocidas por las
Indice Legislativo 77
Parte II

Parte II
78
Asamblea Legislativa
LEYES
Municipalidades al Fideicomiso y las emisiones de los Certificados y cualquier otra
deuda que exista a cargo y a favor del Fideicomiso. La liquidación deberá practicarse
por el Fiduciario en un plazo que deberá establecerse en la escritura de constitución.
Deberá entenderse que los gastos y costos causados por la liquidación, sean
directos o indirectos, así como los honorarios de abogados, notarios y cualesquiera
otro necesarios para dicho fin, correrán por cuenta y costo del Fideicomiso, pagándose
los mismos con los recursos y fondos existentes del mismo.
Con el propósito de garantizar el inicio y finalización del proceso de liquidación del
Fideicomiso, deberá constituirse la correspondiente reserva para tal efecto, cuyo monto
o porcentaje deberá de establecerse en el instrumento de constitución del Fideicomiso.
En caso de existir remanentes después de haberse pagado la totalidad de los
intereses, rendimientos y principal de los Certificados y haberse cubierto los gastos
correspondientes para su liquidación, dicho remanente deberá ser transferido al
Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM, para ser utilizado exclusivamente
en asistencia técnica y capacitación de las Municipalidades que formaron parte en este
Fideicomiso.
Especialidad de la Ley
Art. 32.- La presente Ley, por su carácter especial, prevalecerá sobre cualquier
otra que la contradiga.
En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicará supletoriamente el Código de
Comercio y demás leyes en materia mercantil, bursátil y financieras, y en su defecto,
las normas del derecho común, siempre que no contraríen lo regulado en esta Ley.
Art. 33.- Las Municipalidades que reestructuren sus deudas en virtud de esta Ley,
y requieran contraer nuevas obligaciones de conformidad a lo establecido en la Ley
Reguladora de Endeudamiento Público Municipal, podrán hacerlo, siempre y cuando
sus cuotas de descuento que recaigan sobre recursos FODES, no sobrepasen el treinta
y cinco por ciento de la totalidad de los recursos FODES, asignados para inversión del
Municipio.
La limitación estipulada en el inciso que antecede, no será aplicable, en aquellos
casos en que las Municipalidades, al momento de entrar en vigencia la presente Ley
hayan excedido del límite ya referido, en cuyo caso, podrán optar al financiamiento
conferido por esta Ley.
Vigencia
Art. 34.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once
días del mes de noviembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 218, Tomo Nº 389, Fecha: 22 de noviembre de 2010.
Indice Legislativo 79
Parte II

Parte II
DECRETO Nº 520
80
Asamblea Legislativa
LEYES
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Constitución reconoce a la persona humana como el origen y el
fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de
la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia es
obligación del Estado asegurar a las personas habitantes de la República,
el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la
justicia social. Así mismo, el artículo 144, establece que los tratados
internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con
organismos internacionales, constituyen leyes de la República;
II.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 430, de fecha 23 de agosto de
1995, publicado en el Diario Oficial Nº 154, Tomo Nº 328, de esa misma
fecha, se ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención Belem do Pará”, la cual
establece la obligación a los Estados parte, de incluir en su legislación
interna normas penales, civiles y administrativas; así como, las de otra
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer;
III.- Que es necesario contar con una legislación que regule de manera adecuada
la política de detección, prevención, atención, protección, reparación y
sanción, para la erradicación de todas las formas de violencia contra las
mujeres y el respeto de sus derechos humanos como una obligación del
Estado; se vuelve indispensable, la introducción de un instrumento legal
que oriente adecuadamente, las actuaciones públicas y privadas a favor
de las mujeres, y que garantice, una mejor calidad de vida y un adelanto en
sus capacidades de manera integral;
IV.- Que las violaciones de los derechos humanos derivadas de las diferentes
formas de violencia que afectan la vida, integridad y seguridad ciudadana,
tienen un impacto diferenciado según el género de las víctimas; ya que
toda agresión perpetrada contra una mujer, está directamente vinculada
con la desigual distribución del poder y con las relaciones asimétricas
entre mujeres y hombres en la sociedad;
V.- Que las desigualdades de poder entre hombres y mujeres perpetuadas
a través de la violencia, no le permiten a la mujeres ejercer plenamente
sus derechos en el campo social, político, económico, cultural y familiar,
negándoseles el acceso a una vida libre de violencia, lo cual constituye
una violación de sus derechos humanos y libertades fundamentales; en
razón de lo cual es necesario, legislar de manera integral a través de
medidas que incluyan la detección, prevención, atención, protección,

Anuario Legislativo 2010 - 2011
reparación y sanción de la violencia contra las mujeres en cualquiera de
sus manifestaciones;
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa de las Diputadas y
Diputados: Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Federico
Guillermo Ávila Qüehl, Ana Lucía Baires de Martínez, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda,
Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, José Alvaro Cornejo Mena, Nery Arely Díaz
de Rivera, Margarita Escobar, Emma Julia Fabián Hernández, Carmen Elena Figueroa
Rodríguez, Gloria Elizabeth Gómez de Salgado, Hortensia Margarita López Quintana,
Mario Marroquín Mejía, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Mariella Peña Pinto, Sonia
Margarita Rodríguez Sigüenza, Ana Silvia Romero, Sandra Marlene Salgado García,
Rodrigo Samayoa Rivas, Manuel Rigoberto Soto Lazo, Enrique Alberto Luis Valdés Soto,
Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Margarita Velado; con adhesión a la misma de las
Diputadas y Diputados: Lucía del Carmen Ayala de León, Patricia María Salazar Mejía,
Patricia Elena Valdivieso de Gallardo; y con el apoyo a la misma de las Diputadas
y Diputados: José Francisco Merino López, Alberto Armando Romero Rodríguez,
Francisco Roberto Lorenzana Durán,César Humberto García Aguilera, Elizardo González
Lovo, Roberto José d’Aubuisson Munguía, Karla Gisela Abrego Cáceres, Félix Agreda
Chachagua, Ernesto Antonio Angulo Milla, Marta Lorena Araujo, José Orlando Arévalo
Pineda, Fernando Alberto José Ávila Quetglas, Ana Lucía Baires de Martínez, Reynaldo
Antonio López Cardoza, José Vidal Carrillo Delgado, Darío Alejandro Chicas Argueta,
Norma Cristina Cornejo Amaya, Carlos Cortez Hernández, Blanca Noemí Coto Estrada,
Rosa Alma Cruz de Henríquez, Ana Vilma Castro de Cabrera, Omar Arturo Escobar
Oviedo, José Rinaldo Garzona Villeda, Medardo González Trejo, José Nelson Guardado
Menjivar, Iris Marisol Guerra Henríquez, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Carlos
Walter Guzman Coto, Gladis Marina Landaverde Paredes, Mildred Guadalupe Machado
Argueta, Segundo Alejandro Dagoberto Marroquín, Ana Guadalupe Martínez Menéndez,
Heidy Carolina Mira Saravia, Edgar Alfonso Montoya Martínez, Rafael Ricardo Moran
Tobar, Ana Virginia Morataya Gómez, Yeimi Elizabeth Muñoz Moran, José Margarito
Nolasco Díaz, María Irma Elizabeth Orellana Osorio, Rubén Orellana, Rafael Eduardo
Paz Velis, Mario Antonio Ponce López, Zoila Beatriz Quijada Solís, Carlos René Retana
Martínez, David Ernesto Reyes Molina, Javier Ernesto Reyes Palacios, Dolores Alberto
Rivas Echeverría, Gilberto Rivera Mejía, Jackeline Noemí Rivera Avalos, Pedrina Rivera
Hernández, Cesar René Florentín Reyes Dheming, Luis Enrique Salamanca Martínez,
Marcos Francisco Salazar Umaña, Karina Ivette Sosa de Lara, Jaime Gilberto Valdez
Hernández, Mario Eduardo Valiente Ortiz, Guadalupe Antonio Vásquez Martínez, Ana
Daysi Villalobos de Cruz, Francisco José Zablah Safie, Ciro Alexis Zepeda Menjivar,
DECRETA, la siguiente:
LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA
LAS MUJERES
Indice Legislativo 81
Parte II

Parte II
Artículo 1.- Objeto de la Ley
82
Asamblea Legislativa
LEYES
TITULO I
GARANTIA Y APLICACION DE LA LEY
CAPITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
La presente ley tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de Políticas Públicas orientadas
a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia
contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral,
la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la
igualdad real y la equidad.
Articulo 2.- Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia comprende, ser libres de toda
forma de discriminación, ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de
comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad
o subordinación.
Así mismo, se refiere al goce, ejercicio y protección de los derechos humanos
y las libertades consagradas en la Constitución y en los Instrumentos Nacionales e
Internacionales sobre la materia vigentes, incluido el derecho a:
1. Que se respete su vida y su integridad física, psíquica y moral.
2. Que se respete la dignidad inherente a su persona y se le brinde protección
a su familia.
3. La libertad y a la seguridad personal.
4. No ser sometida a tortura o tratos humillantes.
5. La igualdad de protección ante la ley y de la ley.
6. Un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la amparen
frente a hechos que violen sus derechos.
7. La libertad de asociación.
8. Profesar la religión y las creencias.
9. Participar en los asuntos públicos incluyendo los cargos públicos.

Artículo 3.- Ambito de Aplicación
Anuario Legislativo 2010 - 2011
La presente ley se aplicará en beneficio de las mujeres que se encuentren en el
territorio nacional, sean éstas nacionales o no, o que teniendo la calidad de salvadoreñas,
estén fuera del territorio nacional, siempre que las acciones u omisiones de que trata
la presente ley puedan ser perseguidas con base en parámetros de extraterritorialidad.
Artículo 4.- Principios Rectores
Los principios rectores de la presente ley son:
a) Especialización: Es el derecho a una atención diferenciada y especializada,
de acuerdo a las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres
y de manera especial, de aquellas que se encuentren en condiciones de
vulnerabilidad o de riesgo.
b) Favorabilidad: En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las
disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la más favorable a
las mujeres que enfrentan violencia.
c) Integralidad: Se refiere a la coordinación y articulación de las Instituciones
del Estado para la erradicación de la violencia contra la mujer.
d) Intersectorialidad: Es el principio que fundamenta la articulación de programas,
acciones y recursos de los diferentes sectores y actores a nivel nacional
y local, para la detección, prevención, atención, protección y sanción, así
como para la reparación del daño a las víctimas.
e) Laicidad: Se refiere a que no puede invocarse ninguna costumbre, tradición,
ni consideración religiosa para justificar la violencia contra la mujer.
f) Prioridad absoluta: Se refiere al respeto del derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, en cualquier ámbito.
Artículo 5.- Sujetos de Derechos
La presente ley se aplicará en beneficio de las mujeres, sin distinción de edad, que
se encuentren en el territorio nacional; para ello se prohíbe toda forma de discriminación,
entendida ésta, como toda distinción, exclusión, restricción o diferenciación arbitraria
basada en el sexo, la edad, identidad sexual, estado familiar, procedencia rural o urbana,
origen étnico, condición económica, nacionalidad, religión o creencias, discapacidad
física, psíquica o sensorial, o cualquier causa análoga, sea que provenga del Estado,
de sus agentes o de particulares.
Artículo 6.- Sujetos Obligados
Son sujetos obligados para efectos de esta ley, toda persona natural o jurídica,
que se encuentre o actúe en territorio salvadoreño, quienes deberán cumplir y hacer
Indice Legislativo 83
Parte II

Parte II
84
Asamblea Legislativa
LEYES
cumplir las disposiciones de esta ley, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio
o residencia.
Para la aplicación e interpretación de esta ley, se presume que los tipos y
modalidades de violencia contemplados en la presente ley, tienen como origen la
relación desigual de poder o de confianza; en la cual, la mujer se encuentra en posición
de desventaja respecto de los hombres, consistiendo las mismas en:
a) Relaciones de poder: Son las caracterizadas por la asimetría, el dominio y el
control de una o varias personas sobre otra u otras.
b) Relaciones de confianza: Son las que se basan en los supuestos de lealtad,
credibilidad, honestidad y seguridad que se establecen entre dos o más
personas.
La desigualdad en las relaciones de poder o confianza pueden subsistir, aun cuando
haya finalizado el vínculo que las originó, independientemente del ámbito en que se
hayan llevado a cabo.
Para efectos de esta ley se entenderá por:
a) Atención Integral: Son todas las acciones para detectar, atender, proteger
y restablecer los derechos de las mujeres que enfrentan cualquier tipo de
violencia; para lo cual, el Estado deberá destinar los recursos humanos,
logísticos y financieros necesarios y apropiados para instaurar los servicios
especializados, que garanticen la restitución de derechos y la anulación de
riesgos o daños ulteriores.
b) Acoso Laboral: Es la acción de hostilidad física o psicológica, que de forma
sistemática y recurrente, se ejerce sobre una mujer por el hecho de ser
mujer en el lugar de trabajo, con la finalidad de aislar, intimidar o destruir
las redes de comunicación de la persona que enfrenta estos hechos, dañar
su reputación, desacreditar el trabajo realizado o perturbar u obstaculizar el
ejercicio de sus labores.
c) Desaprendizaje: Es el proceso mediante el cual una persona o grupo de
personas, desestructura o invalida lo aprendido por considerarlo susceptible
de cuestionamiento o inapropiado para su propio desarrollo y el de la
comunidad a la que pertenece.
d) Misoginia: Son las conductas de odio, implícitas o explícitas, contra todo
lo relacionado con lo femenino tales como rechazo, aversión y desprecio
contra las mujeres.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
e) Persona Agresora: Quien ejerce cualquiera de los tipos de violencia contra
las mujeres, en una relación desigual de poder y en cualquiera de sus
modalidades.
f) Prevención: Son normas y políticas para reducir la violencia contra las
mujeres interviniendo desde las causas identificadas de la misma, y cuyo
objetivo es evitar su reproducción y reducir la probabilidad de aparición
del problema; por tanto, se dirigen a transformar el entorno del riesgo y a
fortalecer las habilidades y condiciones de las personas y comunidades para
su erradicación, asegurando una identificación rápida y eficaz, así como la
reducción de los impactos y secuelas cuando se presente el problema y
reincidencia.
g) Publicidad Sexista: Es cualquier forma de publicidad que transmita valores,
roles, estereotipos, actitudes, conductas femeninas y masculinas, lenguaje
verbal y no verbal, que fomenten la discriminación, subordinación, violencia
y la misoginia.
h) Reaprendizaje: Es el proceso a través del cual las personas, asimilan un
conocimiento o conducta luego de su deconstrucción androcéntrica, a partir
de una visión crítica y no tradicional como producto de las nuevas relaciones
establecidas con su entorno social natural.
i) Revictimizar: Son acciones que tienen como propósito o resultado causar
sufrimiento a las víctimas directas o indirectas de los hechos de violencia
contemplados o no en la presente ley, mediante acciones u omisiones
tales como: rechazo, indolencia, indiferencia, descalificación, minimización
de hechos, retardo injustificado en los procesos, falta de credibilidad,
culpabilización, desprotección, negación y falta injustificada de asistencia
efectiva.
j) Sexismo: Es toda discriminación que se fundamenta en la diferencia
sexual que afecta toda relación entre seres humanos y abarca todas las
dimensiones cotidianas de la vida privada o pública que define sentimientos,
concepciones, actitudes y acciones.
k) Violencia contra las Mujeres: Es cualquier acción basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer
tanto en el ámbito público como privado.
l) Víctima Directa: Se refiere a toda mujer a quien se le vulnere el derecho a
vivir libre de violencia, independientemente de que se denuncie, individualice,
aprehenda, enjuicie o condene a la persona agresora.
m) Víctima Indirecta: Es toda persona a quien se le vulnere el derecho a vivir una
vida libre de violencia o que sufra daños al intervenir para asistir a la víctima
directa o prevenir su victimización, indistintamente del tipo de relación que
exista entre ellas.
Indice Legislativo 85
Parte II

Parte II
Artículo 9.- Tipos de Violencia
86
Asamblea Legislativa
LEYES
Para los efectos de la presente ley, se consideran tipos de violencia:
a) Violencia Económica: Es toda acción u omisión de la persona agresora,
que afecta la supervivencia económica de la mujer, la cual se manifiesta a
través de actos encaminados a limitar, controlar o impedir el ingreso de sus
percepciones económicas.
b) Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos
público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas
que conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar en
feminicidio y en otras formas de muerte violenta de mujeres.
c) Violencia Física: Es toda conducta que directa o indirectamente, está dirigida
a ocasionar daño o sufrimiento físico contra la mujer, con resultado o riesgo
de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su
cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación
de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración
de actos de violencia física contra la mujer, los ejercidos por la persona
agresora en su entorno familiar, social o laboral.
d) Violencia Psicológica y Emocional: Es toda conducta directa o indirecta que
ocasione daño emocional, disminuya el autoestima, perjudique o perturbe
el sano desarrollo de la mujer; ya sea que esta conducta sea verbal o no
verbal, que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, mediante
amenazas, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, culpabilización o
limitaciones de su ámbito de libertad, y cualquier alteración en su salud que
se desencadene en la distorsión del concepto de sí misma, del valor como
persona, de la visión del mundo o de las propias capacidades afectivas,
ejercidas en cualquier tipo de relación.
e) Violencia Patrimonial: Son las acciones, omisiones o conductas que afectan
la libre disposición del patrimonio de la mujer; incluyéndose los daños a
los bienes comunes o propios mediante la transformación, sustracción,
destrucción, distracción, daño, pérdida, limitación, retención de objetos,
documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. En
consecuencia, serán nulos los actos de alzamiento, simulación de enajenación
de los bienes muebles o inmuebles; cualquiera que sea el régimen patrimonial
del matrimonio, incluyéndose el de la unión no matrimonial.
f) Violencia Sexual: Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la
mujer a decidir voluntariamente su vida sexual, comprendida en ésta no sólo
el acto sexual sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no
genital, con independencia de que la persona agresora guarde o no relación
conyugal, de pareja, social, laboral, afectiva o de parentesco con la mujer
víctima.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
g) Violencia Simbólica: Son mensajes, valores, iconos o signos que transmiten
y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en
las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la
subordinación de la mujer en la sociedad.
Artículo 10.- Modalidades de Violencia
Para los efectos de la presente ley, se consideran modalidades de la Violencia:
a) Violencia Comunitaria: Toda acción u omisión abusiva que a partir de actos
individuales o colectivos transgreden los derechos fundamentales de la
mujer y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión.
b) Violencia Institucional: Es toda acción u omisión abusiva de cualquier
servidor público, que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o
impedir el goce y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las
mujeres; así como, la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de
las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender,
investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades
de violencia conceptualizadas en esta ley.
c) Violencia Laboral: Son acciones u omisiones contra las mujeres, ejercidas
en forma repetida y que se mantiene en el tiempo en los centros de trabajo
públicos o privados, que constituyan agresiones físicas o psicológicas
atentatorias a su integridad, dignidad personal y profesional, que obstaculicen
su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, o que quebranten
el derecho a igual salario por igual trabajo.
Artículo 11.- Interpretación
Esta ley se interpretará y se aplicará en concordancia con las disposiciones de
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y los demás Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos
vigentes.
CAPITULO II
RECTORIA
Artículo 12.- Institución Rectora y su Objeto
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer es la Institución rectora de
la presente ley; y su objeto es:
Indice Legislativo 87
Parte II

Parte II
88
Asamblea Legislativa
LEYES
a) Asegurar, vigilar y garantizar el cumplimiento y ejecución integral de la ley.
b) Coordinar las acciones conjuntas de las instituciones de la administración
pública para el cumplimiento de la Política Nacional para el Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
c) Formular las Políticas Públicas para el Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, a los Órganos del Estado, Instituciones Autónomas y
Municipales.
d) Convocar en carácter consultivo o de coordinación a organizaciones de la
sociedad civil, universidades, organismos internacionales y de cooperación.
Artículo 13.- Funciones y Atribuciones del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
de la Mujer
En la presente ley el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, tiene las
siguientes atribuciones:
a) Elaborar una política marco que será la referente para el diseño de las
políticas públicas a que se refiere la presente ley.
b) Presentar propuestas a las instituciones del Estado de Políticas Públicas
para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
c) Aprobar, modificar, monitorear, evaluar y velar por el cumplimiento de la
Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
que se define en la presente ley.
d) Definir estrategias y gestionar ante la situación de emergencia nacional o
local, a efecto de prevenir y detectar hechos de violencia contra las mujeres.
e) Rendir informe anual al Órgano Legislativo sobre el estado y situación
de la violencia contra las mujeres de conformidad con esta ley y con los
compromisos internacionales adquiridos en esta materia.
f) Establecer mecanismos y acciones de coordinación y comunicación con los
Órganos del Estado, Alcaldías Municipales y otras Instituciones Autónomas.
g) Efectuar evaluaciones y recomendaciones sobre la aplicación de la presente
ley.
h) Otras acciones que sean indispensables y convenientes para el mejor
desempeño de sus objetivos, el adecuado cumplimiento de esta ley o que
se le atribuyan en otras leyes.
Artículo 14.- Comisión Técnica Especializada
Para garantizar la operativización de la presente ley y la de las Políticas Públicas
para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se crea la Comisión

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Técnica Especializada, cuya coordinación estará a cargo del Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo de la Mujer y estará conformada por una persona representante de
cada institución que forma parte de la junta directiva de dicho Instituto, así como una
persona representante de las siguientes instituciones:
a) Órgano Judicial.
b) Ministerio de Hacienda.
c) Ministerio de Gobernación.
d) Ministerio de Relaciones Exteriores.
e) Ministerio Economía.
f) Una persona designada por la Presidencia de la República.
g) Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Artículo 15.- Integrantes de la Comisión Técnica Especializada
Para ser integrante de la Comisión Técnica Especializada, las personas
representantes de cada una de las instituciones, deberán cumplir con el perfil siguiente:
a) Demostrable honorabilidad.
b) No haber sido condenado por delitos, en los últimos diez años.
c) Especialización en materia de derechos de las mujeres.
d) Sensibilización en el respeto y cumplimiento a los derechos humanos de las
mujeres.
Las Funciones de la Comisión Técnica, se establecerán en base a un instructivo de
trabajo formulado por las instituciones que la integran y deberá estar en concordancia
con la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
CAPITULO III
POLITICA NACIONAL PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA
Artículo 16.- Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia
La Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
en adelante Política Nacional, es el conjunto de objetivos y estrategias de naturaleza
pública que tiene como finalidad garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia, a través de su prevención, detección, atención y protección. Su Plan de
Acción tendrá un período de cinco años.
Indice Legislativo 89
Parte II

Parte II
90
Asamblea Legislativa
LEYES
Artículo 17.- Contenidos de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia
La Política Nacional, deberá contener programas de:
a) Detección, que tengan como fin la identificación temprana y focalización de
los factores que originan los hechos de violencia contra las mujeres tanto
en el ámbito público como privado, estableciendo modelos de detección de
acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contempladas en la presente
ley.
b) Prevención, que tengan como fin evitar la violencia contra las mujeres en
cualquiera de sus tipos y modalidades, a partir del desaprendizaje de los
modelos convencionales que históricamente han sido atribuidos a la imagen
y al concepto de las mujeres, y del reaprendizaje de nuevos modelos basados
en principios de igualdad, equidad, diversidad y democracia.
c) Atención, que tengan como fin atender, proteger y restablecer, de forma
expedita y eficaz, los derechos de las víctimas directas e indirectas de
cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres, tanto en el ámbito
público como privado.
d) Protección, que tengan como fin atender y favorecer de manera integral los
derechos de las mujeres víctimas de violencia, ya sea que se encuentren o
no en situación de riesgo.
e) Erradicación de la violencia contra las mujeres, que tengan como fin la
desestructuración de las prácticas, conductas, normas y costumbres
sociales y culturales que vayan en detrimento de la identidad, dignidad e
integridad física y emocional de las mujeres, o que las sitúen en condiciones
de vulnerabilidad.
f) Seguridad ciudadana, a través del diseño de estrategias que promuevan
espacios públicos seguros para las mujeres, la creación de mapas de
ubicación de violencia territorial, redes ciudadanas nacionales y locales, así
como instituciones que participen activamente en la detección y prevención
de la violencia contra las mujeres.
g) Formación y capacitación, que facilite la inserción laboral y la generación de
ingresos a mujeres que enfrenten hechos de violencia.
h) Desarrollo de estudios e investigaciones sobre violencia contra las mujeres
a nivel nacional.
Así mismo, la Política Nacional, para su cumplimiento e implementación deberá
contener programas de sensibilización, conocimiento y especialización para el
personal prestatario de servicios para la detección, prevención, atención y protección
de los casos de violencia contra las mujeres, así como Protocolos de Actuación y
Coordinación con las diferentes Instituciones del Estado.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Artículo 18.- Del Cumplimiento y Articulación de la Política Nacional para el Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Las Instituciones del Estado de acuerdo a sus competencias, deberán adoptar y
ejecutar los programas y acciones de erradicación de la violencia contra las mujeres
establecidas en la Política Nacional.
Artículo 19.- Participación Ciudadana
Los mecanismos de participación y representación ciudadana a nivel nacional y
local, deberán incluir dentro de sus normativas o reglamentos, acciones para erradicar
la violencia contra las mujeres en coherencia con la Política Nacional.
CAPITULO IV
RESPONSABILIDADES DEL ESTADO
SECCION PRIMERA
RESPONSABILIDADES MINISTERIALES
Artículo 20.- Responsabilidades en el Ambito Educativo
El Ministerio de Educación a través de los programas y procesos educativos de
enseñanza-aprendizaje formales y no formales, en los niveles de educación: parvulario,
básica, media, superior y no universitaria, incluirá dentro de la obligación que tiene de
planificar y normar de manera integral la formación de las personas educadoras, así
como en las actividades curriculares y extracurriculares, la promoción del derecho de
las mujeres a vivir libre de violencia y de discriminación, así como la divulgación de
las medidas destinadas a la prevención y erradicación de cualquier tipo de violencia
contra las mujeres, fomentando para tal efecto las relaciones de respeto, igualdad y
promoción de los derechos humanos de las mujeres.
Así mismo, deberán eliminar de todos los programas educativos las normativas,
reglamentos y materiales que promuevan directa o indirectamente cualquiera de
las formas de violencia contra las mujeres, los esquemas de conducta, prejuicios
y costumbres estereotipadas que promuevan, legitimen, naturalicen, invisibilicen y
justifiquen la violencia contra las mujeres, para lo cual, el Ministerio de Educación
deberá garantizar que los contenidos de todos los materiales que circulan dentro del
sistema educativo cumplan con lo establecido en la presente ley.
Las personas que ejerzan la dirección de los centros educativos públicos y
privados, deberán adoptar las medidas necesarias para la detección y atención de los
actos de violencia contra las mujeres dentro del ámbito escolar, de conformidad con lo
establecido en la Política Nacional.
Indice Legislativo 91
Parte II

Parte II
Artículo 21.- Educación Superior
92
Asamblea Legislativa
LEYES
El Ministerio de Educación, en el ámbito de Educación Superior, garantizará en los
estudios universitarios de grado y en los programas de postgrado relacionados con
los ámbitos de esta ley, conocimientos orientados a la prevención e investigación para
la erradicación de la violencia contra las mujeres y el fomento de las relaciones de
igualdad y no discriminación.
Las instituciones de educación superior deberán reglamentar internamente las
acciones de detección y prevención de toda forma de violencia contra la mujer.
Artículo 22.- Responsabilidades del Ministerio de Gobernación
El Ministerio de Gobernación a través de:
a) La Dirección General de Espectáculos Públicos de Radio y Televisión,
protegerá y defenderá, la imagen de las mujeres en el más amplio sentido
conforme a los principios constitucionales de respeto a la dignidad humana
y los derechos fundamentales.
Garantizando para tal fin, que los anunciantes, medios de comunicación y
agencias de publicidad, incluidos los electrónicos, informáticos y telemáticos,
cuya actividad esté sometida al ámbito de la publicidad y comunicaciones,
no difundan contenidos, ni emitan espacios o publicidad sexista contra las
mujeres, considerándose ésta, cuando se promueva la agresividad, malos
tratos o discriminación contra las mujeres, la salud, la dignidad y la igualdad.
Para el cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Gobernación, por medio
de la Dirección General de Espectáculos Públicos de Radio y Televisión,
garantizará la observancia y aplicación de los Códigos de Ética de los
medios de comunicación.
b) El Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres a través de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención
y Mitigación de Desastres, deberá garantizar que en las situaciones de riesgo
y desastre, la atención a las mujeres se diseñe y ejecute tomando en cuenta
su condición de vulnerabilidad de género y las necesidades propias de su
sexo, para lo cual se deberán incorporar acciones y medidas de prevención,
atención y protección de las diferentes modalidades de violencia contra las
mujeres, en el Plan Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres.
Entre otras, podrán adoptarse las medidas siguientes:
1) Establecer espacios físicos segregados de hombres y mujeres para prevenir
situaciones de violencia.
2) Atención sanitaria, médica y psicosocial que tome en cuenta el entorno de
riesgo de violencia y necesidades específicas de las mujeres.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
3) Exclusión de potenciales personas agresoras que muestren conductas de
violencia, hostigamiento y acoso hacia las mujeres.
4) Establecer procedimientos administrativos para la entrega equitativa de
recursos acorde a las responsabilidades que afrontan las mujeres.
Artículo 23.- Responsabilidades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, será el responsable de:
a) Garantizar las medidas específicas en el ámbito de los servicios de salud
pública, para la prevención, detección temprana, atención e intervención en
los casos de violencia contra las mujeres.
b) Incorporar las medidas necesarias para el seguimiento y evaluación del
impacto en la salud de las mujeres afectadas por la violencia, dando especial
atención a la salud mental y emocional.
c) La prevención y detección temprana de las situaciones de violencia contra
las mujeres, será un objetivo en el ámbito de los servicios de salud pública.
d) Garantizar la no discriminación de las mujeres en cuanto al acceso de los
servicios de salud, así mismo, que el personal de salud no ejerza ningún
tipo de violencia a las usuarias de los servicios, sin que anteponga sus
creencias, ni prejuicios durante la prestación de los mismos.
e) Registrar estadísticamente casos de violencia contra las mujeres manifestados
a través de enfermedades, accidentes y padecimientos atendidos dentro del
servicio de salud pública.
f) Elaborar un informe anual relativo al número de mujeres que han sido
atendidas e identificadas en situaciones de violencia, el cual se remitirá al
Comité Técnico Especializado y al Sistema Nacional de Datos y Estadísticas.
g) Garantizar el cumplimiento en todo el Sistema Nacional de Salud, de las
Normativas Internas en materia de procedimientos de atención para mujeres,
así como, el conocimiento y acceso de las mismas a esos procedimientos.
Artículo 24.- Responsabilidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
El Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tanto en el sector
público como privado, garantizará:
a) La realización en los centros de trabajo de acciones de sensibilización
y prevención de cualquier tipo de violencia contra las trabajadoras, que
afecten sus condiciones de acceso, promoción, retribución o formación.
b) Que las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la
situación física o psicológica derivada de cualquier tipo de violencia, tengan
la consideración de justificadas.
Indice Legislativo 93
Parte II

Parte II
94
Asamblea Legislativa
LEYES
c) La protección de los derechos laborales de las trabajadoras que enfrentan
hechos de violencia.
En los casos en que las mujeres se encuentren en ciclos de violencia y procesos
de denuncia, si así lo solicitaren, se gestionará con el patrón la reubicación temporal o
permanente de su lugar de trabajo, en el caso de las empresas que tienen sucursales;
así como, la reorganización de sus horarios, en los términos que se determinen en los
Convenios Laborales, Tratados Internacionales y legislación vigente.
Artículo 25.- Creación de Unidades Institucionales de Atención Especializada para
las Mujeres
Créanse las Unidades Institucionales de Atención Especializada para las mujeres
que enfrentan hechos de violencia, cuya finalidad será brindar servicios integrales en
condiciones higiénicas y de privacidad, con atención con calidad y calidez, con prioridad
a la atención en crisis; así como también, asesorar e informar sobre los derechos
que les asisten, las medidas relativas a su protección y seguridad, los servicios de
emergencia y acogida, incluido la del lugar de prestación de estos servicios y el estado
en que se encuentran las actuaciones jurídicas o administrativas de sus denuncias.
Existirá una unidad de atención especializada en las siguientes instituciones y en
sus correspondientes delegaciones departamentales:
1. Órgano Judicial.
2. Fiscalía General de la República.
3. Procuraduría General de la República.
4. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
5. Policía Nacional Civil.
6. Instituto de Medicina Legal.
7. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
8. Otras que tengan competencia en la materia.
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer será el encargado de velar
y supervisar que la atención de las unidades sea prestada de la manera prevista en el
inciso primero del presente artículo.
Artículo 26.- Casas de Acogida
Créase el programa de Casas de Acogida, que estará bajo la coordinación y
supervisión del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, cuyos servicios
podrán ser prestados, además del Estado y las municipalidades, por organizaciones no
gubernamentales de protección a mujeres y la sociedad civil, debidamente acreditados
por dicho Instituto, los cuales tendrán como objetivo:

Anuario Legislativo 2010 - 2011
a) Atender a las mujeres y su grupo familiar afectado que se encuentran en
riesgo y desprotección generadas por situaciones de violencia, referidas
por las Instituciones Gubernamentales y no gubernamentales facultadas por
esta ley.
b) Asegurar el apoyo inmediato, la integridad física, emocional y la atención
psicosocial.
Artículo 27.- Otras Instituciones
SECCION SEGUNDA
OTRAS INSTITUCIONES EDUCADORAS
Las Instituciones del Estado directamente responsables de la detección, prevención,
atención, protección y sanción de la violencia contra las mujeres, deberán formar
integralmente a su personal en conocimientos sobre el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia y de discriminación, así como, sobre la divulgación de las
medidas destinadas a la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia,
fomentando para tal efecto las relaciones de respeto, igualdad y promoción de sus
derechos humanos.
Dentro de estas instituciones se encuentran comprendidas:
1. Academia Nacional de Seguridad Pública.
2. Consejo Nacional de la Judicatura.
3. Fiscalía General de la República.
4. Instituto de Medicina Legal.
5. Procuraduría General de la República.
6. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
7. Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia.
8. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
9. Corte Suprema de Justicia.
10. Escuela Penitenciaria.
11. Asamblea Legislativa.
12. Ministerio de Educación.
13. Centros de Formación Municipal.
14. Escuela Militar.
15. Otras instituciones que lleven a cabo procesos de educación superior
especializada, no formal.
Indice Legislativo 95
Parte II

Parte II
96
Asamblea Legislativa
LEYES
Dichas instituciones garantizarán que la formación de su personal capacitador sea
sistemática y especializada en la sensibilización, prevención y atención de las mujeres
que enfrentan hechos de violencia. Dichos capacitadores, deberán conocer y transmitir
el enfoque de género, enfatizando en las causas estructurales de la violencia contra las
mujeres, las causas de desigualdad de relaciones de poder entre hombres y mujeres,
y las teorías de construcción de las identidades masculinas.
Artículo 28.- Responsabilidades de Instituciones Colegiadas
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, fomentará programas
formativos con el objeto de promover la formación especializada, sensibilización
e investigación en los colegios profesionales, entidades de desarrollo científico,
universidades y organizaciones no gubernamentales; en especial, de las áreas
social, jurídica y sanitaria. Asimismo, velará para que los colectivos, facilitadores e
investigadores desarrollen los procesos de manera eficaz y por personas que por su
trayectoria, garanticen conocimientos y valores coherentes con los objetivos de esta
ley.
Artículo 29.- Concejos Municipales
CAPITULO V
DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES
Los Concejos Municipales, para la aplicación de la presente ley, de acuerdo a las
facultades y atribuciones conferidas por el Código Municipal, desarrollarán acciones
coherentes con esta ley y con la Política Nacional, tales como:
a) Elaborar cada tres años, el Plan Municipal para la Prevención y Atención
de la Violencia contra las Mujeres, el cual deberá dar cumplimiento a lo
establecido en la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
b) Convocar y articular a las instituciones y organizaciones locales, para generar
acciones de coordinación, intercambio de información y colaboración para
el cumplimiento de su Plan Municipal.
c) Establecer dentro de su presupuesto una partida etiquetada para la ejecución
de su Plan Municipal y rendir informe anual sobre el mismo, a los y las
ciudadanas de sus municipios y al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
de la Mujer.
d) Remitir al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los datos y estadísticas
sobre los casos de violencia contra las mujeres de los cuales tienen
conocimiento.
Los Concejos Municipales no podrán mediar o conciliar ningún tipo o modalidad
de violencia contra las mujeres.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
CAPITULO VI
SISTEMA NACIONAL DE DATOS, ESTADISTICAS E INFORMACION DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
Artículo 30.- Sistema Nacional de Datos y Estadísticas
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, será el responsable de manejar el
Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de violencia contra las mujeres,
en adelante Sistema Nacional de Datos y Estadísticas; que deberá coordinar con la
Dirección General de Estadísticas y Censos. Dicha Dirección, será la encargada de
solicitar y recibir la información del resto de instituciones que posean y procesen
datos, estadísticas o información sobre hechos de violencia contra las mujeres.
Los informes de dicho Sistema deberán contener:
1. Sistema de indicadores.
2. Evaluación del impacto de las políticas que se desarrollen para la erradicación
de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, y de las acciones que se
implementen, para garantizar la atención integral a aquellas que la hayan
enfrentado.
3. Datos según ubicación geográfica de ocurrencia del hecho o hechos; así
como, la procedencia territorial, edad, ocupación, estado familiar y nivel de
escolaridad de las mujeres que han enfrentado hechos de violencia y de la
persona agresora.
4. Datos de los hechos atendidos, como tipos, ámbitos y modalidades de la
violencia contra las mujeres, frecuencia, tipos de armas o medios utilizados
para ejecutar la violencia, medidas otorgadas y el historial del proceso
judicial.
5. Efectos causados por la violencia contra las mujeres.
6. Datos relativos al número de mujeres que han enfrentado hechos de violencia
atendidas en los centros y servicios hospitalarios, educativos, centros de
trabajo y recurrencia de los diferentes sectores de la economía.
7. Las referencias hechas a otras instancias.
8. Los recursos erogados para la atención de las mujeres que han enfrentado
hechos de violencia.
9. Otros que se consideren necesarios.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, deberá publicar anualmente los
resultados de la sistematización de datos sobre los hechos de violencia contra las
mujeres, mediante la presentación de informes en medios impresos y electrónicos, los
cuales deberán estar disponibles a solicitud de cualquier persona natural o jurídica que
así lo requiera.
Indice Legislativo 97
Parte II

Parte II
98
Asamblea Legislativa
LEYES
Artículo 31.- Finalidad y Conformación del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas
e Información de Violencia Contra las Mujeres
La finalidad del Sistema Nacional de Datos y Estadísticas, será garantizar la base
nacional de datos de hechos de violencia contra las mujeres, para lo cual deberá
recopilar y homologar los datos estadísticos e información brindada, para cuyo efecto
el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en coordinación con la Dirección General
de Estadísticas y Censos, tendrán la obligación de solicitar la información pertinente a
las Instituciones correspondientes; así como, la de rendir mensualmente la información
que se solicite.
Artículo 32.- Informe de Indicadores de Violencia Contra las Mujeres
El Instituto de Medicina Legal, anualmente deberá presentar indicadores diagnósticos
basados en los peritajes realizados que deberán incluir:
a) La prevalencia de casos de Feminicidio.
b) Los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres que
enfrentan hechos de violencia.
c) Los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones sufridas por
los hijos, hijas, niñas, niños o adolescentes, a cargo de la mujer que enfrenta
hechos de violencia.
d) Valoración de la incidencia, la peligrosidad objetiva y el riesgo de reincidencia
de la persona agresora.
Artículo 33.- Presupuesto
CAPITULO VII
PRESUPUESTO, FINANZAS Y FONDO ESPECIAL
Los recursos para financiar la presente ley serán los siguientes:
a) Las asignaciones de las partidas del Presupuesto General de la Nación, que
deberán consignar cada año o aquellos recursos etiquetados en materia de
violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades, a cada una
de las instancias públicas facultadas por esta ley.
b) Aquellos fondos especiales destinados para mujeres víctimas de violencia.
c) Donaciones nacionales e internacionales.
d) Cooperaciones regionales o internacionales.
e) Otras fuentes de financiamiento nacional o internacional.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Artículo 34.- Financiamiento para la Aplicación de la Presente Ley
El Estado a través del Ministerio de Hacienda, deberá garantizar para la ejecución de
la presente ley la asignación de partidas presupuestarias etiquetadas en el Presupuesto
General de la Nación para cada año, a cada una de las instituciones públicas facultadas
en esta ley para su aplicación.
Artículo 35.- Fondo Especial para Mujeres Víctimas de Violencia
Los fondos obtenidos por las sanciones económicas impuestas por infracciones
cometidas a la presente ley, ingresarán al Fondo General de la Nación; y el Ministerio
de Hacienda, deberá trasladarlos íntegramente para financiar aquellos proyectos a que
se refiere esta ley.
Artículo 36.- Fiscalización de Fondos
Corresponderá a la Corte de Cuentas de la República, la fiscalización posterior de
la correcta utilización de los fondos asignados para la ejecución de la presente ley.
Artículo 37.- Ayudas Sociales y Subsidio
CAPITULO VIII
PROTECCION DE LA VIVIENDA
Las ayudas sociales o subsidios, serán compatibles con cualquiera de las previstas
en las leyes vigentes con programas sociales; y provendrán, del Fondo Especial para
mujeres víctimas de violencia.
Artículo 38.- Acceso a Vivienda Social para Mujeres
Las mujeres sujetas a esta ley, serán consideradas colectivos prioritarios en el
acceso a viviendas sociales protegidas y programas, en los términos que determine la
legislación vigente, valorando sus circunstancias y el contexto de desprotección y de
vulnerabilidad.
Artículo 39.-Protección del Uso de Vivienda Arrendada
En los casos y hechos de violencia contra la mujer por su pareja, y éste arriende
la vivienda de habitación, la mujer podrá continuar con el uso de la misma por orden
judicial mediante la medida de protección correspondiente. Lo anterior no exime del
pago de los cánones de arrendamiento, al que deberá ser condenado la persona
agresora.
Dicha medida, se notificará a la persona agresora y al arrendatario, para que la
mujer haga uso de la vivienda hasta por un plazo máximo de noventa días desde que
fue notificada la resolución judicial correspondiente, acompañando de la copia de
Indice Legislativo 99
Parte II

Parte II
100
Asamblea Legislativa
LEYES
dicha resolución judicial o de la parte de la misma, que afecte el uso de la vivienda al
arrendante.
Artículo 40.- Acceso a la Vivienda
El Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo
Urbano, del Fondo Social para la Vivienda (FSV), y del Fondo Nacional de Vivienda
Popular (FONAVIPO), deberá elaborar una Política de Vivienda que progresivamente
incorpore una reserva de viviendas específica para mujeres que enfrentan hechos
violencia, y que se encuentren en total desprotección y condiciones de alto riesgo.
Siendo prioridad las mujeres adultas mayores y las mujeres con discapacidades.
Artículo 41.- Habitación Tutelada
La habitación tutelada, consiste en espacios de vivienda temporal bajo la figura de
la vivienda en protección pública para mujeres que se encuentran en ciclos de violencia
y que hayan establecido dicha situación.
Los espacios de vivienda temporal, serán garantizados por el Estado; para lo cual,
deberá emitir un Reglamento que regule el procedimiento para que las mujeres que
establezcan la situación de violencia, puedan tener acceso a la habitación tutelada.
Las Instituciones obligadas por esta ley, garantizarán a las mujeres que enfrentan
hechos de violencia, el derecho a obtener la certificación de denuncia, la cual deberá
ser expedida dentro del término establecido por la ley.
El funcionario o funcionaria que incumpliere con esta obligación incurrirá en
una sanción equivalente a diez salarios mínimos establecidos para trabajadores del
comercio y servicios vigente, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente.
Artículo 43.- Establecimiento de la Situación de Violencia
En los casos en que así lo requieran, o que se exija el establecimiento de la
situación de violencia contra las mujeres para el reconocimiento de sus derechos, ésta
se acreditará, sin perjuicio de lo establecido para cada caso, a través de:
1. Certificación de resolución judicial por cualquier tipo y modalidad de
violencia.
2. Certificación que acredite la atención especializada, por un organismo
público competente en materia de violencia.

Artículo 44.- Delitos de Acción Pública
TITULO II
DELITOS Y SANCIONES
CAPITULO I
DELITOS Y SANCIONES
Anuario Legislativo 2010 - 2011
Todos los delitos contemplados en el presente capítulo son de acción pública.
Artículo 45.- Feminicidio
Quien le causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio
por su condición de mujer, será sancionado con pena de prisión de veinte a treinta y
cinco años.
Se considera que existe odio o menosprecio a la condición de mujer cuando ocurra
cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido
por el autor contra la mujer, independientemente que el hecho haya sido
denunciado o no por la víctima.
b) Que el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o
vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima.
c) Que el autor se hubiere aprovechado de la superioridad que le generaban las
relaciones desiguales de poder basadas en el género.
d) Que previo a la muerte de la mujer el autor hubiere cometido contra ella
cualquier conducta calificada como delito contra la libertad sexual.
e) Muerte precedida por causa de mutilación.
Artículo 46.- Feminicidio Agravado
El delito de feminicidio será sancionado con pena de treinta a cincuenta años de
prisión, en los siguientes casos:
a) Si fuere realizado por funcionario o empleado público o municipal, autoridad
pública o agente de autoridad.
b) Si fuere realizado por dos o más personas.
c) Si fuere cometido frente a cualquier familiar de la víctima.
d) Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad, adulta mayor o
sufriere discapacidad física o mental.
Indice Legislativo 101
Parte II

Parte II
102
Asamblea Legislativa
LEYES
e) Si el autor se prevaleciere de la superioridad originada por relaciones de
confianza, amistad, doméstica, educativa o de trabajo.
Artículo 47.- Obstaculización al Acceso a la Justicia
Quien en el ejercicio de una función pública propiciare, promoviere o tolerare,
la impunidad u obstaculizare la investigación, persecución y sanción de los delitos
establecidos en esta ley, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años e
inhabilitación para la función pública que desempeña por el mismo plazo.
Artículo 48.- Suicidio Feminicida por Inducción o Ayuda
Quien indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, valiéndose
de cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con prisión de cinco
a siete años:
a) Que le preceda cualquiera de los tipos o modalidades de violencia
contemplados en la presente ley ó en cualquier otra ley.
b) Que el denunciado se haya aprovechado de cualquier situación de riesgo
o condición física o psíquica en que se encontrare la víctima, por haberse
ejercido contra ésta, cualquiera de los tipos o modalidades de violencia
contemplados en la presente ó en cualquier otra ley.
c) Que el inductor se haya aprovechado de la superioridad generada por las
relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima.
Artículo 49.- Inducción, Promoción y Favorecimiento de Actos Sexuales o Eróticos
por Medios Informáticos o Electrónicos
Quien de manera individual, colectiva u organizada publicare, distribuyere, enviare,
promoviere, facilitare, administrare, financiare u organizare, de cualquier forma la
utilización de mujeres, mayores de dieciocho años, sin su consentimiento en actos
sexuales o eróticos, utilizando medios informáticos o electrónicos, será sancionado
con prisión de cinco a diez años.
Artículo 50.- Difusión Ilegal de Información
Quien publicare, compartiere, enviare o distribuyere información personal que
dañe el honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen de la mujer sin su
consentimiento, será sancionado con pena de uno a tres años.
Quien publicare, compartiere, enviare o distribuyere material pornográfico por
cualquier medio informático o electrónico en el que se utilice la imagen o identidad de
la mujer sin su consentimiento, será sancionado con pena de tres a cinco años.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Artículo 52.- Favorecimiento al Incumplimiento de los Deberes de Asistencia
Económica
Quien estando obligado a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir
con los deberes de asistencia económica, ocultare o diere información falsa, tardía,
o incumpliere con orden de autoridad judicial o administrativa, será sancionado con
prisión de uno a tres años, y multa equivalente a treinta salarios mínimos del comercio
y servicios.
Artículo 53.- Sustracción Patrimonial
Quien sustrajere, algún bien o valor de la posesión o patrimonio de una mujer
con quien mantuviere una relación de parentesco, matrimonio o convivencia sin su
consentimiento, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.
Artículo 54.- Sustracción de las Utilidades de las Actividades Económicas Familiares
Quien sustrajere las ganancias o ingresos derivados de una actividad económica
familiar, o dispusiere de ellas para su beneficio personal y en perjuicio de los derechos
de una mujer con quien mantenga una relación de parentesco, matrimonio o convivencia
declarada o no, será sancionado con prisión de tres a seis años.
Artículo 55.- Expresiones de Violencia contra las Mujeres
Quien realizare cualquiera de las siguientes conductas, será sancionado con multa
de dos a veinticinco salarios mínimos del comercio y servicio:
a) Elaborar, publicar, difundir o transmitir por cualquier medio, imágenes o
mensajes visuales, audiovisuales, multimedia o plataformas informáticas
con contenido de odio o menosprecio hacia las mujeres.
b) Utilizar expresiones verbales o no verbales relativas al ejercicio de la
autoridad parental que tengan por fin intimidar a las mujeres.
c) Burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos
de trabajo, educativo, comunitario, espacios de participación política
o ciudadana, institucional u otro análogo como forma de expresión de
discriminación de acuerdo a la presente ley.
d) Impedir, limitar u obstaculizar la participación de las mujeres en cualquier
proceso de formación académica, participación política, inserción laboral o
atención en salud.
e) Exponer a las mujeres a un riesgo inminente para su integridad física o
emocional.
f) Mostrar o compartir pornografía de personas mayores de edad en los
espacios públicos, de trabajo y comunitario.
Indice Legislativo 103
Parte II

Parte II
104
Asamblea Legislativa
LEYES
CAPITULO II
DISPOSICIONES PROCESALES ESPECIFICAS
Artículo 56.- Política de Persecución Penal en Materia de Violencia Contra las
Mujeres
La Fiscalía General de la República deberá crear, la política de persecución penal
en materia de Violencia contra las Mujeres de acuerdo a los principios establecidos en
ésta ley.
Artículo 57.- Garantías Procesales de las Mujeres que Enfrentan Hechos de Violencia
A las mujeres que enfrenten hechos de violencia se les garantizará:
a) Que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad. En consecuencia,
su vida sexual no podrá ser expuesta directa o indirectamente, para justificar,
minimizar o relativizar el daño causado.
b) Que se les extienda copia del requerimiento fiscal, de la denuncia administrativa,
del reconocimiento médico legal y de cualquier otro documento de interés
para la mujer que enfrenta hechos de violencia; así como, a ser tratadas
con dignidad y respeto, especialmente por las partes intervinientes en el
proceso.
c) Ser atendidas en la medida de lo posible, por personas del mismo sexo
expertas y capacitadas en derechos de las víctimas, derechos humanos de
las mujeres, perspectiva de género y prevención de la violencia de género, en
lugares accesibles y que garanticen la privacidad, seguridad y comodidad.
d) No ser discriminadas en razón de su historial sexual o por ninguna otra
causa.
e) Que se proteja debidamente su intimidad y se aplique la reserva total o parcial
del expediente, para evitar la divulgación de información que pueda conducir
a su identificación o la de sus familiares, manteniendo la confidencialidad de
la información sobre su residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre
otros aspectos. Dicha protección incluye a su familia y allegados.
f) Ser informada y notificada en forma oportuna y veraz, de las actuaciones
que se vayan realizando durante todo el proceso judicial o administrativo, así
como de los recursos pertinentes y de los servicios de ayuda. Así mismo,
a qué se le extienda copia de la denuncia administrativa y del requerimiento
fiscal, del reconocimiento médico legal y de cualquier otro documento de
interés para la mujer, garantizando un trato digno y respetuoso.
g) Recibir asistencia integral, adecuada y oportuna, la cual podrá exceder
la duración del proceso administrativo o judicial, independientemente del
resultado.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
h) Recibir atención médica, tratamiento adecuado y especializado, en los casos
que lo ameriten. Así como la utilización del Protocolo de atención en caso de
violencia sexual, para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual y la Guía
Técnica de Atención en Planificación Familiar.
i) El designar a un acompañante durante todo el proceso judicial o administrativo.
j) No ser coercionadas por las declaraciones vertidas durante el proceso.
k) Que de manera inmediata se decreten las medidas emergentes, de protección
o cautelares establecidas en ésta o en el resto de leyes vigentes.
l) Recibir el auxilio y la protección, oportuna y adecuada, de la Policía Nacional
Civil, o de cualquier otra instancia y de la comunidad.
m) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado; así
como, a utilizar la figura del anticipo de prueba.
n) A que se tome en cuenta su estado emocional para declarar en el juicio, y
que este sea realizado de manera individual.
o) Recibir información sobre sus derechos y el proceso en un idioma, lenguaje
o dialecto que comprendan, en forma accesible a su edad y madurez.
p) Solicitar medidas de emergencia, protección y cautelares en caso de que se
otorgue la libertad anticipada a la persona agresora.
Las víctimas del delito de trata además de las garantías ya establecidas, gozarán
de las siguientes:
1. A que no se le apliquen las sanciones o impedimentos establecidos en
la legislación migratoria, cuando las infracciones sean consecuencia de la
actividad desplegada durante la comisión del ilícito que han sido víctimas.
2. A permanecer en el país, de conformidad con la legislación vigente, y a
recibir la documentación o constancia que acredite tal circunstancia.
3. Asesoría jurídica migratoria gratuita.
Las mujeres que enfrentan hechos de violencia, gozarán de todos los derechos
establecidos en la presente ley, en el resto del ordenamiento jurídico y en los Convenios
Internacionales vigentes.
Artículo 58.- Prohibición de la Conciliación y Mediación
Se prohíbe la Conciliación o Mediación de cualquiera de los delitos comprendidos
en la presente ley.
Indice Legislativo 105
Parte II

Parte II
106
Asamblea Legislativa
LEYES
Disposiciones Finales
Artículo 59.- Declaración de Interés Público y Nacional
Se declara de interés público y nacional la implementación de la presente ley.
Artículo 60.-Regla Supletoria
En lo no previsto en la presente ley, se aplicarán las reglas procesales comunes
en lo que fuere compatible con la naturaleza de la misma; así como, las disposiciones
contenidas en el Código Procesal Penal.
Artículo 61.- Vigencia de la Ley
La presente ley entrará en vigencia el uno de enero del dos mil doce, previa
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veinticinco días del mes noviembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 2, Tomo Nº 390, Fecha: 4 de enero de 2011.

DECRETO Nº 534
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de acuerdo a la Constitución de la República y tratados internacionales
sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de
expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra forma;
II.- Que la Convención Interamericana y la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción reconocen que la transparencia, el derecho de acceso
a la información, el derecho a la participación ciudadana y la obligación
de las autoridades a la rendición de cuentas de la gestión pública, son
herramientas idóneas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los
actos de corrupción;
III.- Que el poder público emana del pueblo y los funcionarios son sus
delegados, en razón de lo cual los habitantes tienen derecho a conocer la
información que se derive de la gestión gubernamental y del manejo de
los recursos públicos, por lo que es una obligación de los funcionarios
públicos actuar con transparencia y rendir cuentas;
IV.- Que la transparencia y el acceso a la información pública son condiciones
básicas para una efectiva participación ciudadana, lo cual contribuye al
fortalecimiento de las instituciones públicas, al mejoramiento de la calidad
de la democracia y a la plena vigencia del Estado de derecho;
V.- Que, en virtud de lo expuesto, es indispensable emitir una ley de acceso a
la información pública que regule de manera armónica el ejercicio de los
derechos humanos enunciados, promueva la participación ciudadana, la
eficiencia de la administración pública, la lucha contra la corrupción y la
generación de una cultura de transparencia;
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: César
Humberto García Aguilera, Roberto José d’Aubuisson Munguía, Irma Lourdes Palacios
Vásquez, Mario Alberto Tenorio Guerrero, Miguel Elias Ahues Karra, Federico Guillermo
Avila Qüehl, Fernando Alberto José Avila Quetglas, Carmen Elena Calderón Sol de
Escalón, Erick Ernesto Campos, Margarita Escobar, Carmen Elena Figueroa Rodríguez,
José Rinaldo Garzona Villeda, Ricardo Bladimir González, José Nelson Guardado
Menjivar, Carlos Walter Guzmán Coto, Benito Antonio Lara Fernández, Mario Marroquín
Mejía, Hugo Roger Martínez Bonilla, Erik Mira Bonilla, Rafael Eduardo Paz Velis, Mariela
Peña Pinto, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, Carlos Armando Reyes Ramos, David
Ernesto Reyes Molina, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Rodrigo Samayoa Rivas,
Indice Legislativo 107
Parte II

Parte II
108
Asamblea Legislativa
LEYES
Manuel Rigoberto Soto Lazo, Boris Geovanni Torres Hernández, Enrique Alberto Luis
Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Guadalupe Antonio Vásquez Martínez y
Luis Arturo Fernández Peña (Período 2006 – 2009) y con el apoyo de los Diputados:
Alberto Armando Romero Rodríguez, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Lucia del
Carmen Ayala de León, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Félix Agreda Chachagua,
Darío Alejandro Chicas Argueta, José Alvaro Cornejo Mena, Carlos Cortez Hernández,
Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí Coto Estrada, Raúl Omar Cuéllar, Nery Arely
Díaz de Rivera, Antonio Echeverría Veliz, Emma Julia Fabián Hernández, Santiago
Flores Alfaro, José Armando Grande Peña, Iris Marisol Guerra Henríquez, Norma Fidelia
Guevara de Ramirios, Gladis Marina Landaverde Paredes, Audelia Guadalupe López
de Kleutgens, Hortensia Margarita López Quintana, Guillermo Francisco Mata Bennett,
Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Heidy Carolina Mira Saravia, Guillermo Antonio Olivo
Méndez, Gaspar Armando Portillo Benítez, Zoila Beatriz Quijada Solís, Cesar René
Florentín Reyes Dheming, Inmar Rolando Reyes, Gilberto Rivera Mejía, Jackeline Noemí
Rivera Avalos, José Mauricio Rivera, Gilberto Rivera Mejía, Sonia Margarita Rodríguez
Sigüenza, Ana Silvia Romero Vargas, Marcos Francisco Salazar Umaña, Misael Serrano
Chávez, Karina Ivette Sosa de Lara, Jaime Gilberto Valdez Hernández, Ramón Arístides
Valencia Arana, Mario Eduardo Valiente Ortiz, María Margarita Velado Puentes, Ana
Daysi Villalobos de Cruz.
DECRETA, la siguiente:
LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Objeto
Art. 1.- La presente ley tiene como objeto garantizar el derecho de acceso de
toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las
actuaciones de las instituciones del Estado.
Derecho de Acceso a la Información Pública
Art. 2.-Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada,
administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de
manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna.

Fines
Art. 3.- Son fines de esta ley:
Anuario Legislativo 2010 - 2011
a. Facilitar a toda persona el derecho de acceso a la información pública
mediante procedimientos sencillos y expeditos.
b. Propiciar la transparencia de la gestión pública mediante la difusión de la
información que generen los entes obligados.
c. Impulsar la rendición de cuentas de las instituciones y dependencias
públicas.
d. Promoción de la participación ciudadana en el control de la gestión
gubernamental y la fiscalización ciudadana al ejercicio de la función pública.
e. Modernizar la organización de la información pública.
f. Promover la eficiencia de las instituciones públicas.
g. Promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación y la
implementación del gobierno electrónico.
h. Proteger los datos personales en posesión de los entes obligados y garantizar
su exactitud.
i. Contribuir a la prevención y combate de la corrupción.
j. Fomentar la cultura de transparencia.
k. Facilitar la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de
decisiones concernientes a los asuntos públicos.
Principios
Art. 4.- En la interpretación y aplicación de esta ley deberán regir los principios
siguientes:
a. Máxima publicidad: la información en poder de los entes obligados es pública
y su difusión irrestricta, salvo las excepciones expresamente establecidas
por la ley.
b. Disponibilidad: la información pública debe estar al alcance de los
particulares.
c. Prontitud: la información pública debe ser suministrada con presteza.
d. Integridad: la información pública debe ser completa, fidedigna y veraz.
e. Igualdad: la información pública debe ser brindada sin discriminación alguna.
f. Sencillez: los procedimientos para la entrega de la información deben ser
simples y expeditos.
Indice Legislativo 109
Parte II

Parte II
110
Asamblea Legislativa
LEYES
g. Gratuidad: el acceso a la información debe ser gratuito.
h. Rendición de cuentas. Quienes desempeñan responsabilidades en el Estado
o administran bienes públicos están obligados a rendir cuentas ante el
público y autoridad competente, por el uso y la administración de los bienes
públicos a su cargo y sobre su gestión, de acuerdo a la ley.
Prevalencia del Criterio de Máxima Publicidad
Art. 5.- El Instituto en caso de duda sobre si una información es de carácter
público o está sujeta a una de las excepciones, deberá hacer prevalecer el criterio de
publicidad.
Art. 6.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:
a. Datos personales: la información privada concerniente a una persona,
identificada o identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio, patrimonio,
dirección electrónica, número telefónico u otra análoga.
b. Datos personales sensibles: los que corresponden a una persona en lo
referente al credo, religión, origen étnico, filiación o ideologías políticas,
afiliación sindical, preferencias sexuales, salud física y mental, situación
moral y familiar y otras informaciones íntimas de similar naturaleza o que
pudieran afectar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen.
c. Información pública: es aquella en poder de los entes obligados contenida en
documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo
de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades,
que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico,
independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea
confidencial. Dicha información podrá haber sido generada, obtenida,
transformada o conservada por éstos a cualquier título.
d. Información oficiosa: es aquella información pública que los entes obligados
deberán difundir al público en virtud de esta ley sin necesidad de solicitud
directa.
e. Información reservada: es aquella información pública cuyo acceso se
restringe de manera expresa de conformidad con esta ley, en razón de un
interés general durante un período determinado y por causas justificadas.
f. Información confidencial: es aquella información privada en poder del Estado
cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón
de un interés personal jurídicamente protegido.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
g. Servidor Público: Persona natural que presta servicios ocasional o
permanentemente, remunerados o ad honórem, que ejerzan su cargo por
elección, nombramiento, contrato u otra modalidad dentro de la administración
del Estado, de los municipios y de las entidades oficiales autónomas sin
excepción. Asimismo, comprende a los funcionarios y empleados públicos
y agentes de autoridad en todos sus niveles jerárquicos.
h. Transparencia: es el deber de actuar apegado a la ley, de apertura y publicidad
que tienen los servidores públicos en el desempeño de sus competencias y
en el manejo de los recursos que la sociedad les confía, para hacer efectivo
el derecho de toda persona a conocer y vigilar la gestión gubernamental.
i. Unidades administrativas: aquellas que de acuerdo con la organización de
cada uno de los entes obligados posean la información solicitada.
j. Unidades de Acceso a la Información Pública: la unidad administrativa de
los entes obligados que recibe y da trámite a las peticiones de información.
Capítulo II
Entes Obligados y Titulares
Entes Obligados
Art. 7.- Están obligados al cumplimiento de esta ley los órganos del Estado, sus
dependencias, las instituciones autónomas, las municipalidades o cualquier otra entidad
u organismo que administre recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la
administración pública en general. Se incluye dentro de los recursos públicos aquellos
fondos provenientes de Convenios o Tratados que celebre el Estado con otros Estados
o con Organismos Internacionales, a menos que el Convenio o Tratado determine otro
régimen de acceso a la información.
También están obligadas por esta ley las sociedades de economía mixta y las
personas naturales o jurídicas que manejen recursos o información pública o ejecuten
actos de la función estatal, nacional o local tales como las contrataciones públicas,
concesiones de obras o servicios públicos. El ámbito de la obligación de estos entes
se limita a permitir el acceso a la información concerniente a la administración de los
fondos o información pública otorgados y a la función pública conferida, en su caso.
En consecuencia, todos los servidores públicos, dentro o fuera del territorio de la
República, y las personas que laboren en las entidades mencionadas en este artículo,
están obligados al cumplimiento de la presente ley.
Inclusión de Entes Obligados Regulados en Leyes Orgánicas o Especiales
Art. 8.- Se entienden obligadas por esta ley las instituciones públicas cuyas leyes
orgánicas o especiales estipulen que para adquirir obligaciones mediante otra ley deben
ser nombradas expresamente, tales como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río
Lempa y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Indice Legislativo 111
Parte II

Parte II
112
Asamblea Legislativa
LEYES
Titulares de los Derechos
Art. 9.- El ejercicio de los derechos establecidos en esta ley corresponde a toda
persona, por sí o por medio de su representante, sin necesidad de acreditar interés
legítimo o derecho precedente.
TITULO II
CLASES DE INFORMACION
Capítulo I
Divulgación de Información
Art. 10.- Los entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del
público, divulgarán y actualizarán, en los términos de los lineamientos que expida el
Instituto, la información siguiente:
1. El marco normativo aplicable a cada ente obligado.
2. Su estructura orgánica completa y las competencias y facultades de las
unidades administrativas, así como el número de servidores públicos que
laboran en cada unidad.
3. El directorio y el currículo de los funcionarios públicos, incluyendo sus
correos electrónicos institucionales.
4. La información sobre el presupuesto asignado, incluyendo todas las
partidas, rubros y montos que lo conforman, así como los presupuestos por
proyectos.
5. Los procedimientos de selección y contratación de personal ya sea por el
sistema de Ley de Salarios, contratos, jornales o cualquier otro medio.
6. El listado de asesores, determinando sus respectivas funciones.
7. La remuneración mensual por cargo presupuestario, incluyendo las
categorías salariales de la Ley de Salarios y por Contrataciones, y los
montos aprobados para dietas y gastos de representación.
8. El plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento del
mismo; las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad
con sus programas operativos; y los planes y proyectos de reestructuración
o modernización.
9. Las memorias de labores y los informes que por disposición legal generen
los entes obligados.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
10. Los servicios que ofrecen, los lugares y horarios en que se brindan, los
procedimientos que se siguen ante cada ente obligado y sus correspondientes
requisitos, formatos y plazos.
11. Los listados de viajes internacionales autorizados por los entes obligados que
sean financiados con fondos públicos, incluyendo nombre del funcionario o
empleado, destino, objetivo, valor del pasaje, viáticos asignados y cualquier
otro gasto.
12. La dirección de la Unidad de Acceso a la Información Pública, el nombre
del Oficial de Información, correo electrónico y número telefónico-fax donde
podrán recibirse consultas y, en su caso, las solicitudes.
13. Los informes contables, cada seis meses, sobre la ejecución del presupuesto,
precisando los ingresos, incluyendo donaciones y financiamientos, egresos
y resultados. Asimismo se deberán hacer constar todas las modificaciones
que se realicen al presupuesto, inclusive las transferencias externas y las que
por autorización legislativa se puedan transferir directamente a organismos
de distintos ramos o instituciones administrativas con la finalidad de cubrir
necesidades prioritarias o imprevistas.
14. La información relacionada al inventario de bienes muebles cuyo valor
exceda de veinte mil dólares.
15. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con
fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a
cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo
total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, número
de beneficiarios, empresa o entidad ejecutora y supervisora, nombre del
funcionario responsable de la obra y contenido del contrato correspondiente
y sus modificaciones, formas de pago, desembolsos y garantías en los
últimos tres años.
16. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas
de subsidios e incentivos fiscales, así como el número de los beneficiarios
del programa.
17. Los entes obligados deberán hacer pública la información relativa a montos
y destinatarios privados de recursos públicos, así como los informes que
éstos rindan sobre el uso de dichos recursos.
18. Los permisos, autorizaciones y concesiones otorgados, especificando sus
titulares, montos, plazos, objeto y finalidad.
19. Las contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicadas en firme,
detallando en cada caso:
a. Objeto.
b. Monto.
Indice Legislativo 113
Parte II

Parte II
114
Asamblea Legislativa
LEYES
c. Nombre y características de la contraparte.
d. Plazos de cumplimiento y ejecución del mismo.
e. La forma en que se contrató, ya sea por medio de licitación o concurso,
público o por invitación, libre gestión, contratación directa, mercado
bursátil o cualquier otra regulada por la ley.
f. Detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los
contratos.
20. Los registros a que se refieren los artículos 14 y 15 de la Ley de Adquisiciones
y Contrataciones de la Administración Pública.
21. Los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas existentes
en el ámbito de competencia de cada institución, de las modalidades y
resultados del uso de dichos mecanismos.
22. El informe de los indicadores sobre el cumplimiento de esta ley que diseñe
y aplique el Instituto.
23. La información estadística que generen, protegiendo la información
confidencial.
24. Los organismos de control del Estado publicarán el texto íntegro de sus
resoluciones ejecutoriadas, así como los informes producidos en todas sus
jurisdicciones.
25. Los órganos colegiados deberán hacer públicas sus actas de sesiones
ordinarias y extraordinarias en lo que corresponda a temas de presupuesto,
administración y cualquier otro que se estime conveniente, con excepción a
aquellos aspectos que se declaren reservados de acuerdo a esta ley.
El Ministerio de Hacienda deberá presentar y publicar semestralmente un informe
sobre la ejecución presupuestaria del Estado, dentro de los treinta días siguientes a
cada semestre, el cual contendrá, como mínimo, el comportamiento de las actividades
más relevantes por sector, así como su ejecución presupuestaria. Asimismo, deberá
publicar un informe consolidado sobre la ejecución del presupuesto del Estado, en los
términos del artículo 168 ordinal 6º de la Constitución.
Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda deberá publicar los montos que se
otorguen a los partidos políticos, en concepto de deuda política, así como los informes
financieros que le presenten los partidos políticos y las coaliciones.
Cuando se tratare de información estadística, la información deberá ser publicada
de forma completa y desglosada, incorporando los indicadores de sexo y edad y
cualquier otro que permita que el ciudadano pueda ser correctamente informado.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Las entidades de carácter privado que administren fondos públicos, deberán hacer
pública la información oficiosa contenida en los numerales anteriores, en cuanto se
relacione al uso que hagan de dichos fondos.
La información a que se refiere este artículo, deberá publicarse de forma que
facilite su uso y comprensión y permita asegurar su claridad, veracidad, oportunidad y
confiabilidad. Las dependencias deberán atender los lineamientos y recomendaciones
que al respecto expida el Instituto.
Art. 11.- Será información oficiosa del Órgano Legislativo, además de la contenida
en el artículo 10, la siguiente:
a. El protocolo de entendimiento de los grupos parlamentarios.
b. Los miembros de las comisiones legislativas.
c. Los miembros de los distintos grupos parlamentarios.
d. Las convocatorias a comisiones.
e. El proyecto de agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias de las
comisiones y del pleno legislativo.
f. Las listas de asistencia de los diputados a las reuniones de las comisiones
y a las sesiones plenarias.
g. Piezas de correspondencia recibidas.
h. Los proyectos de ley.
i. Los dictámenes emitidos por las comisiones.
j. Los decretos y acuerdos del Pleno Legislativo.
k. El registro de votos emitidos por cada decreto y acuerdo del pleno.
Art. 12.- Será información oficiosa de la Presidencia de la República y del Consejo
de Ministros, además de la contenida en el artículo 10, la siguiente:
a. El plan general del Gobierno.
b. Los Decretos y Acuerdos Ejecutivos.
c. El proyecto de agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias del
Consejo de Ministros.
d. Las actas de las reuniones del Consejo de Ministros.
e. Los textos de los vetos y observaciones enviados a la Asamblea Legislativa.
Indice Legislativo 115
Parte II

Parte II
116
Asamblea Legislativa
LEYES
Art. 13.- Será información oficiosa del Órgano Judicial, además de la contenida
en el artículo 10, la siguiente:
a. El proyecto de agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno
de la Corte Suprema de Justicia.
b. Las sentencias definitivas e interlocutorias firmes con fuerza de definitiva.
c. La sistematización de la jurisprudencia.
d. Los textos actualizados de la legislación vigente.
e. Las actas y resoluciones que emita la Corte Suprema de Justicia en pleno.
f. Los nombramientos o designaciones de funcionarios de otros entes
nacionales o internacionales que le corresponda efectuar.
g. Los autos de pareatis, extradiciones y la calificación del carácter de orden
público que atribuya a una ley.
h. La nómina de abogados, notarios, jueces y jueces ejecutores, con mención
expresa de las nuevas autorizaciones, suspensiones e inhabilitaciones.
i. Estadísticas de la gestión judicial, y las generadas por el Instituto de Medicina
Legal.
j. Casos relevantes que por su interés público debieran conocer los ciudadanos.
Art. 14.- Será información oficiosa del Consejo Nacional de la Judicatura, además
de la contenida en el artículo 10, la siguiente:
a. El proyecto de agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias del pleno
del Consejo.
b. La relativa a los procesos de selección y evaluación de magistrados y jueces.
c. Los resultados y recomendaciones derivadas de los mismos.
d. Las resoluciones por las que proponga ternas de candidatos para los
cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como la lista
de candidatos que le presente la Federación de Asociaciones de Abogados
de El Salvador.
e. Las resoluciones por las que proponga ternas de candidatos a magistrados
de cámaras de segunda instancia y jueces.
f. Los programas de la Escuela de Capacitación Judicial y el detalle anual de
las capacitaciones realizadas.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 15.- El Tribunal Supremo Electoral deberá divulgar de manera oficiosa,
además de la mencionada en el artículo 10, la siguiente:
a. El proyecto de agenda de sus sesiones ordinarias y extraordinarias.
b. Las actas del pleno.
c. La jurisprudencia emanada de sus resoluciones.
d. Resoluciones emitidas de peticiones, denuncias o recursos interpuestos por
los ciudadanos, partidos políticos o coaliciones.
e. El calendario electoral.
f. El listado de los candidatos a cualquier cargo de elección popular.
g. El resultado de los escrutinios.
h. La conformación de las juntas electorales departamentales y municipales,
y los representantes legales de los partidos o coaliciones ante dichos
organismos
Art. 16.- Además de la información enumerada en el artículo 10, la Corte de
Cuentas de la República deberá dar a conocer los informes finales de las auditorías
practicadas a los entes obligados, con independencia de su conocimiento en la vía
judicial respectiva.
Art. 17.- Además de la información contenida en el artículo 10, los Concejos
Municipales deberán dar a conocer las ordenanzas municipales y sus proyectos,
reglamentos, planes municipales, fotografías, grabaciones y filmes de actos públicos;
actas del Concejo Municipal, informes finales de auditorías, actas que levante el
secretario de la municipalidad sobre la actuación de los mecanismos de participación
ciudadana, e informe anual de rendición de cuentas.
Formas de Divulgación
Art. 18.- La información oficiosa a que se refiere este capítulo deberá estar a
disposición del público a través de cualquier medio, tales como páginas electrónicas,
folletos, periódicos u otras publicaciones, o secciones especiales de sus bibliotecas o
archivos institucionales.
El Instituto fomentará que los entes obligados utilicen tecnologías de la información
y que dentro de un plazo razonable la información esté a disposición del público. No
Indice Legislativo 117
Parte II

Parte II
118
Asamblea Legislativa
LEYES
obstante, ninguna institución podrá negar información so pretexto de no contar con la
tecnología adecuada.
Información Reservada
Art. 19.- Es información reservada:
Capítulo II
Información Reservada
a. Los planes militares secretos y las negociaciones políticas a que se refiere
el artículo 168 ordinal 7º de la Constitución.
b. La que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad
pública.
c. La que menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de
negociaciones diplomáticas del país.
d. La que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier
persona.
e. La que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso
deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión
definitiva.
f. La que causare un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución
de actos ilícitos, en la administración de justicia o en la verificación del
cumplimiento de las leyes.
g. La que comprometiere las estrategias y funciones estatales en procedimientos
judiciales o administrativos en curso.
h. La que pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de
un tercero.
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional.
Plazo de Reserva
Art. 20.- La información clasificada como reservada según el artículo 19 de ésta
ley, permanecerá con tal carácter hasta por un período de siete años. Esta información
podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a esa
calificación, aún antes del vencimiento de este plazo.
El Instituto podrá ampliar el período de reserva por cinco años adicionales a
solicitud de los entes obligados, quienes actuarán de oficio o a petición de persona

Anuario Legislativo 2010 - 2011
interesada, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron origen
a su clasificación.
En caso de los literales “a y b” del artículo 19 de ésta ley, podrán darse prorrogas
por períodos adicionales, si el ente obligado justifica la necesidad de la continuidad de
la reserva.
Cuando concluya el período de reserva la información será pública, sin necesidad
de acuerdo o resolución previa, debiendo protegerse la información confidencial que
aún contenga. El Instituto deberá llevar un registro público de la información que se
desclasifique.
Declaración de Reserva
Art. 21.- En caso que estime que la información debe clasificarse como reservada,
la entidad competente deberá motivar en su resolución que se cumplen los siguientes
extremos:
a. Que la información encuadra en alguna de las causales de excepción al
acceso a la información previstas en el artículo 19 de esta ley.
b. Que la liberación de la información en referencia pudiera amenazar
efectivamente el interés jurídicamente protegido.
c. Que el daño que pudiera producirse con la liberación de la información fuere
mayor que el interés público por conocer la información en referencia.
La resolución deberá contener la siguiente información:
a. Órgano, ente o fuente que produjo la información.
b. La fecha o el evento establecido.
c. La autoridad que adoptó la decisión de reservar la información.
d. Las personas o instancias autorizadas a acceder a esa información,
preservando el carácter confidencial, en caso que las hubiere.
e. Las partes de información que son sometidas a confidencialidad o reserva
y las que están disponibles para acceso al público.
Indice de Información Reservada
Art. 22.- Las Unidades de Acceso a la Información Pública elaborarán
semestralmente y por rubros temáticos un índice de la información clasificada
como reservada. Dicho índice deberá indicar la unidad administrativa que generó la
información, la fecha de la clasificación, su fundamento, el plazo de reserva y, en su
caso, las partes de los documentos que se reservan. Dicha información deberá ser
remitida al Instituto.
Indice Legislativo 119
Parte II

Parte II
120
Asamblea Legislativa
LEYES
En ningún caso el índice será considerado como información reservada y el mismo
deberá ser publicado.
Registro de Reservas
Art. 23.-Al Instituto le corresponderá llevar el registro centralizado de los índices
de información reservada, el cual estará a disposición del público.
Capítulo III
Art. 24.- Es información confidencial:
a. La referente al derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la
propia imagen, así como archivos médicos cuya divulgación constituiría una
invasión a la privacidad de la persona.
b. La entregada con tal carácter por los particulares a los entes obligados,
siempre que por la naturaleza de la información tengan el derecho a restringir
su divulgación.
c. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para
su difusión.
d. Los secretos profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u
otro considerado como tal por una disposición legal.
Los padres, madres y tutores tendrán derecho de acceso irrestricto a la información
confidencial de los menores bajo su autoridad parental.
Consentimiento de la Divulgación
Art. 25.-Los entes obligados no proporcionarán información confidencial sin que
medie el consentimiento expreso y libre del titular de la misma.
Capítulo IV
Acceso a Información Restringida por Autoridades Públicas
Art. 26.- Tendrán acceso a información confidencial y reservada las autoridades
competentes en el marco de sus atribuciones legales.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Custodia de la Información Restringida
Art. 27.- El titular de cada dependencia o entidad deberá adoptar las medidas
necesarias para asegurar la custodia y conservación de los documentos que contengan
información reservada o confidencial.
Responsabilidad
Art. 28.- Los funcionarios que divulguen información reservada o confidencial
responderán conforme a las sanciones que ésta u otras leyes establezcan; de la misma
forma, responderán las personas que a sabiendas del carácter reservado o confidencial
divulgaren dicha información.
Solución de Discrepancias
Art. 29.-En caso de discrepancia sobre la clasificación de la información entre el
particular y un ente obligado o entre entes obligados, resolverá el Instituto.
Versiones Públicas
Art. 30.-En caso que el ente obligado deba publicar documentos que contengan
en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una
versión en que elimine los elementos clasificados con marcas que impidan su lectura,
haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada.
TITULO III
DATOS PERSONALES
Capítulo I
Protección de Datos Personales
Derecho a la Protección de Datos Personales
Art. 31.- Toda persona, directamente o a través de su representante, tendrá
derecho a saber si se están procesando sus datos personales; a conseguir una
reproducción inteligible de ella sin demora; a obtener las rectificaciones o supresiones
que correspondan cuando los registros sean injustificados o inexactos y a conocer
los destinatarios cuando esta información sea transmitida, permitiéndole conocer las
razones que motivaron su petición, en los términos de esta ley. El acceso a los datos
personales es exclusivo de su titular o su representante.
Deberes de los Entes Obligados
Art. 32.-Los entes obligados serán responsables de proteger los datos personales
y, en relación con éstos, deberán:
Indice Legislativo 121
Parte II

Parte II
122
Asamblea Legislativa
LEYES
a. Adoptar procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes
de indagatoria, actualización, modificación y supresión de datos personales.
b. Usar los datos exclusivamente en el cumplimiento de los fines institucionales
para los que fueron solicitados u obtenidos.
c. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados.
d. Rectificar o completar los datos personales que fueren inexactos o
incompletos.
e. Adoptar medidas que protejan la seguridad de los datos personales y eviten
su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.
Prohibición de Difusión
Art. 33.- Los entes obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los
datos personales contenidos en los sistemas de información administrados en el
ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso y libre,
por escrito o por un medio equivalente, de los individuos a que haga referencia la
información.
Difusión sin Consentimiento
Art. 34.- Los entes obligados deberán proporcionar o divulgar datos personales,
sin el consentimiento del titular, en los siguientes casos:
a. Cuando fuere necesario por razones estadísticas, científicas o de interés
general, siempre que no se identifique a la persona a quien se refieran.
b. Cuando se transmitan entre entes obligados, siempre y cuando los datos se
destinen al ejercicio de sus facultades.
c. Cuando se trate de la investigación de delitos e infracciones administrativas,
en cuyo caso se seguirán los procedimientos previstos en las leyes
pertinentes.
d. Cuando exista orden judicial.
e. Cuando contraten o recurran a terceros para la prestación de un servicio que
demande el tratamiento de datos personales. Los terceros no podrán utilizar
los datos personales con propósitos distintos a aquellos para los cuales
se les hubieren proporcionado y tendrán las responsabilidades legales que
genere su actuación.
Lista de Registros o Sistemas de Datos Personales
Art. 35.-Los entes obligados que posean, por cualquier título, registros o sistemas
de datos personales, deberán hacerlo del conocimiento del Instituto, que mantendrá

Anuario Legislativo 2010 - 2011
una lista actualizada de los mismos y de la información general sobre sus protocolos
de seguridad.
Los entes obligados que decidan destruir un sistema de datos personales deberán
notificar al Instituto, para efectos de suprimirlo de la lista.
Capítulo II
Procedimiento
Solicitud de Datos Personales
Art. 36.- Los titulares de los datos personales o sus representantes, previa
acreditación, podrán solicitar a los entes obligados, ya sea mediante escrito libre,
en los términos del artículo 66 de ésta ley o formulario expedido por el Instituto, lo
siguiente:
a. La información contenida en documentos o registros sobre su persona.
b. Informe sobre la finalidad para la que se ha recabado tal información.
c. La consulta directa de documentos, registros o archivos que contengan sus
datos que obren en el registro o sistema bajo su control, en los términos del
artículo 63 de ésta ley.
d. La rectificación, actualización, confidencialidad o supresión de la información
que le concierna, según sea el caso, y toda vez que el procedimiento para
tales modificaciones no esté regulado por una ley especial.
Tratándose de los literales a, b y c, los entes obligados deberán entregar en un
plazo de diez días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud, en
formato comprensible para el solicitante, la información correspondiente; o bien, le
comunicarán por escrito que ese registro o sistema de datos personales no contiene
los requeridos por el solicitante.
En el caso del literal d, la solicitud deberá ser acompañada de la documentación
que respalde lo pedido. El Oficial de Información deberá entregar al solicitante, en un
plazo de treinta días hábiles desde la presentación de la solicitud, una comunicación
que haga constar las modificaciones; o bien, le informará de manera motivada, la razón
por la cual no procedieron las reformas.
Gratuidad de la Entrega de Datos Personales
Art. 37.-La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el
individuo únicamente los costos a que se refiere el artículo 61 de esta ley.
Indice Legislativo 123
Parte II

Parte II
124
Asamblea Legislativa
LEYES
Recurso de Apelación
Art. 38.- Contra la negativa de entrega de informes, de la consulta directa,
rectificación, actualización, confidencialidad o supresión de datos personales,
procederá la interposición del recurso de apelación ante el Instituto. También procederá
dicho recurso en el caso de falta de respuesta en los plazos a que se refiere el artículo
36 de esta ley.
Acciones Legales
Art. 39.- En caso de denegatoria del recurso de apelación ante el Instituto,
quedarán a salvo las demás acciones previstas por la ley.
TITULO IV
Administración de Archivos
Capítulo Único
Lineamientos para la Administración de Archivos
Art. 40.- Corresponderá al Instituto elaborar y actualizar los lineamientos técnicos
para la administración, catalogación, conservación y protección de información pública
en poder de los entes obligados, salvo que existan leyes especiales que regulen la
administración de archivos de los entes obligados.
Los lineamientos tomarán en cuenta las normas, estándares y prácticas
internacionales en la materia.
Los lineamientos serán orientaciones generales para la administración más eficaz
y eficiente de los archivos.
Contenido de los Lineamientos
Art. 41.- Los lineamientos que el Instituto emita para la creación o generación
de datos y archivos, así como para la conservación de los mismos, contendrán los
siguientes aspectos:
a. Criterios sobre la identificación y seguimiento a los datos y documentos
desde el momento en que sean creados o recibidos.
b. Mecanismos que permitan la adecuada administración, catalogación,
conservación y protección de la información de acuerdo con su naturaleza.
c. Mecanismos para la conservación y mantenimiento de la información que
obedezca a estándares mínimos en materia de archivología.
d. La capacitación a funcionarios en técnicas de archivología.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
e. La organización de la información, de manera que facilite la consulta directa
de los particulares.
f. El uso de tecnologías que permitan el resguardo eficiente y eficaz de la
información pública.
Los lineamientos deberán tener en cuenta las capacidades materiales y de recurso
humano de las instituciones a las que se dirijan.
Funcionamiento de Archivos
Art. 42.-Los entes obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables,
deberán asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos, con tal fin:
a. Crearán un sistema de archivo que permita localizar con prontitud y seguridad
los datos que genere, procese o reciba con motivo del desempeño de su
función, el cual deberá mantenerse actualizado.
b. Establecerán programas de automatización de la consulta de archivos por
medios electrónicos.
c. Se guiarán por los lineamientos y observaciones que sobre el particular
emita el Instituto.
Responsable de Archivos
Art. 43.- Los titulares de los entes obligados designarán a un funcionario
responsable de los archivos en cada entidad, quien será el encargado de la organización,
catalogación, conservación y administración de los documentos de la entidad; además,
elaborará y pondrá a disposición del público una guía de la organización del archivo y
de los sistemas de clasificación y catalogación.
Características de los Archivos
Art. 44.-La información en poder de las instituciones públicas deberá estar
disponible en los archivos correspondientes, los que deberán satisfacer las siguientes
características:
a. Cuando se trate de información correspondiente al año que esté en curso,
impresos en papel, digitalizados o en cualquier medio de soporte electrónico.
b. La información oficiosa del año inmediato anterior al que se encuentre en
curso deberá estar disponible de manera electrónica para su consulta y
organizada de acuerdo con los principios archivológicos.
c. Los archivos deberán estar clasificados por períodos, áreas o rubros.
Indice Legislativo 125
Parte II

Parte II
126
Asamblea Legislativa
LEYES
TITULO V
Promoción de la Cultura de Acceso a la Información
Capítulo Unico
Capacitación de los Servidores Públicos
Art. 45.- Con la finalidad de promover una cultura de acceso a la información
en la administración pública, los entes obligados deberán capacitar periódicamente
a todos sus servidores públicos en materia del derecho de acceso a la información
pública y el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, a través de
cursos, seminarios, talleres y toda otra forma de enseñanza y entrenamiento que
consideren pertinente. El Instituto podrá cooperar en el diseño y ejecución de dichas
capacitaciones, para lo cual podrá celebrar convenios con las distintas entidades
públicas.
Promoción de Cultura de Acceso a la Información en Programas de Estudio
Art. 46.- El Ministerio de Educación incluirá en los planes y programas de estudio
de educación formal para los niveles inicial, parvulario, básico y medio, contenidos
que versen sobre la importancia democratizadora de la transparencia, el derecho de
acceso a la información pública, el derecho a la participación ciudadana para la toma
de decisiones y el control de la gestión pública y el derecho a la protección de datos
personales. El Instituto dará sugerencias para dichos planes de estudio y podrá celebrar
convenios con instituciones públicas y privadas que presten servicios de educación
formal a estos niveles. El Ministerio de Educación, con la cooperación del Instituto,
capacitará a los maestros que impartan dichos cursos.
El Instituto promoverá en las instituciones públicas y privadas de educación
superior la integración de los temas señalados en el inciso anterior, dentro de sus
actividades académicas curriculares y extracurriculares. Con tal fin el Instituto podrá
celebrar convenios con dichas instituciones para compartir las experiencias en la
materia y para la asistencia en el diseño de planes y programas de estudio.
Promoción de Cultura de Transparencia en la Sociedad Civil
Art. 47.- El Instituto promoverá la cultura de transparencia en la sociedad civil con
el objeto de que los beneficios de la presente ley puedan proyectarse efectivamente al
servicio de todas las personas. Con tal fin, el Instituto celebrará talleres, conferencias,
seminarios y otras actividades similares para difundir los derechos y obligaciones que
esta ley contempla, así como para capacitar a los integrantes de la sociedad civil en el
ejercicio del derecho de acceso a la información, derecho a la participación ciudadana
para la toma de decisiones y control de la gestión pública, la protección de datos
personales y los demás que contempla la presente ley.
Para lograr los fines señalados, el Instituto podrá suscribir convenios con toda
clase de organizaciones privadas y públicas.

TITULO VI
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
Anuario Legislativo 2010 - 2011
Capítulo I
Unidades de Acceso a la Información Pública
Art. 48.- Los entes obligados del sector público tendrán unidades de acceso a la
información pública, las cuales serán creadas y organizadas según las características
de cada entidad e institución para manejar las solicitudes de información. Se podrán
establecer unidades auxiliares en razón de la estructura organizacional, bases
presupuestarias, clases y volumen de operaciones.
El Oficial de Información será nombrado por el titular de la entidad respectiva para
dirigir la unidad.
El Instituto, mediante resolución motivada, podrá sugerir la creación de Unidades
de Acceso a la Información Pública adicionales con el fin de garantizar el ejercicio
efectivo del derecho de acceso a la información pública, tomando en consideración
los criterios mencionados en el inciso primero de este artículo.
Las municipalidades con un presupuesto anual ordinario menor a dos millones de
dólares, podrán tener Unidades de Acceso a la Información unipersonales integradas
por el Oficial de Información, cuya designación podrá recaer en el Secretario Municipal
o en cualquiera de los miembros del Concejo Municipal.
Art. 49.- Para ser Oficial de Información se requiere:
a. Ser salvadoreño, de reconocida honorabilidad, con experiencia en la
Administración Pública, e idoneidad para el cargo.
b. De preferencia con título universitario.
c. No haber sido condenado por la comisión de algún delito o sancionado
por infringir la Ley de Ética Gubernamental en los cinco años anteriores al
ejercicio del cargo.
d. Estar solvente de responsabilidades administrativas en la Corte de Cuentas
de la República, la Procuraduría General de la República y la Hacienda
Pública. En caso de profesiones regladas, no haber sido sancionado por el
organismo de vigilancia de la profesión en los últimos cinco años.
e. Tener cuando menos veintiún años de edad el día de su designación.
f. Participar en concurso transparente y abierto para acceder al cargo.
g. Recibir un curso preparatorio impartido por el Instituto.
Indice Legislativo 127
Parte II

Parte II
128
Asamblea Legislativa
LEYES
En los casos en que, de conformidad con el artículo anterior, la designación del
oficial recaiga en el Secretario Municipal o en un miembro del Concejo Municipal,
bastará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales a, c, d, e y g del
inciso anterior.
Art. 50.- El Oficial de Información tendrá las funciones siguientes:
a. Recabar y difundir la información oficiosa y propiciar que las entidades
responsables las actualicen periódicamente.
b. Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales a
solicitud del titular y de acceso a la información.
c. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso,
orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la
información que solicitan.
d. Realizar los trámites internos necesarios para localización y entrega de la
información solicitada y notificar a los particulares.
e. Instruir a los servidores de la dependencia o entidad que sean necesarios,
para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.
f. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus
resultados y costos.
g. Garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad
y los particulares.
h. Realizar las notificaciones correspondientes.
i. Resolver sobre las solicitudes de información que se les sometan.
j. Coordinar y supervisar las acciones de las dependencias o entidades
correspondientes con el objeto de proporcionar la información prevista en
esta ley.
k. Establecer los procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en
la gestión de las solicitudes de acceso a la información.
l. Elaborar un programa para facilitar la obtención de información de la
dependencia o entidad, que deberá ser actualizado periódicamente.
m. Elaborar el índice de la información clasificada como reservada.
n. Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste
expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual a que se
refiere el artículo 60 de esta Ley.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Capítulo II
Instituto de Acceso a la Información Pública
Creación del Instituto de Acceso a la Información Pública
Art. 51.- Créase el Instituto de Acceso a la Información Pública, como institución
de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía
administrativa y financiera, encargado de velar por la aplicación de esta ley. En el texto
de la misma podrá denominarse El Instituto.
Integración del Instituto
Art. 52.- El Instituto estará integrado por cinco Comisionados y sus respectivos
suplentes, quienes serán nombrados por el Presidente de la República. Durarán en sus
cargos seis años y no podrán ser reelegidos.
Los comisionados suplentes sustituirán a los propietarios en caso de muerte,
renuncia, permiso, imposibilidad de concurrir, excusa cuando exista conflicto de
intereses u otra razón válida.
El instituto adoptará sus decisiones por mayoría simple.
Procedimiento para la Elección
Art. 53.-Los Comisionados propietarios y suplentes serán electos de ternas
propuestas así:
a. Una terna propuesta por las asociaciones empresariales debidamente
inscritas.
b. Una terna propuesta por las asociaciones profesionales debidamente
inscritas.
c. Una terna propuesta por la Universidad de El Salvador y las universidades
privadas debidamente autorizadas.
d. Una terna propuesta por las asociaciones de periodistas debidamente
inscritas.
e. Una terna propuesta por los sindicatos autorizados por el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social.
La elección de las ternas será realizada en asamblea general por sectores,
convocadas especialmente al efecto. Corresponderá al Ministerio de Economía
convocar a las asociaciones empresariales; al Ministerio de Gobernación convocar a las
asociaciones profesionales; al Ministerio de Educación convocar a las universidades;
a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República convocar a las
asociaciones de periodistas; y al Ministerio de Trabajo y Previsión Social convocar a
los sindicatos.
Indice Legislativo 129
Parte II

Parte II
130
Asamblea Legislativa
LEYES
La convocatoria a la elección de las ternas deberá realizarse sesenta días previos
a la fecha del inicio de funciones.
La convocatoria para cada asamblea general se realizará con quince días de
anticipación, por lo menos, a la fecha señalada para la reunión, por medio de aviso
que se publicará en dos periódicos de circulación nacional. La entidad responsable,
además del aviso, enviará dentro del plazo de la convocatoria una carta circular a las
entidades que deberán elegir las ternas, recordándoles el lugar y la fecha en que se
celebrará la asamblea general.
La asamblea general será presidida por el responsable de la entidad convocante
o su representante o quien haga sus veces y se instalarán válidamente en primera y
única convocatoria cualquiera que sea el número de entidades presentes.
La terna de propietarios y la terna de suplentes deberán ser elegidas por mayoría
simple.
Cada entidad presente y debidamente acreditada tendrá derecho a un voto.
El Presidente de la República contará con treinta días para hacer la selección de
los miembros propietarios y suplentes del Instituto.
Si por cualquier motivo se atrasare la elección de los Comisionados, continuarán
en el cargo los titulares del período anterior hasta que se elijan los nuevos funcionarios.
El Presidente de la República emitirá el reglamento de las Asambleas sectoriales
para la elección de los Comisionados.
Requisitos para ser Comisionado
Art. 54.- Para ser Comisionado se requiere:
a. Ser salvadoreño con título universitario y haberse desempeñado
destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o
académicas.
b. No haber sido condenado por la comisión de algún delito o sancionado por
infringir la Ley de Ética Gubernamental en los últimos cinco años.
c. Estar solvente de responsabilidades administrativas en la Corte de Cuentas
de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos y la Hacienda Pública. En caso
de profesiones regladas, no haber sido condenado por el organismo de
vigilancia de la profesión en los últimos cinco años.
d. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad el día de su designación.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Incompatibilidades
Art. 55.- El cargo de Comisionado es incompatible con cualquier otra actividad
remunerada, salvo el ejercicio de la docencia.
Causas de Remoción
Art. 56.- Los Comisionados podrán ser removidos de sus cargos por el Presidente
de la República en los casos siguientes:
a. Cuando hayan sido condenados por delitos.
b. Por actos u omisiones que afecten gravemente el buen funcionamiento del
Instituto y por incumplimiento de sus funciones.
c. Por incapacidad o inhabilidad sobreviniente.
d. Por divulgar o utilizar información reservada o confidencial, por mala fe o
negligencia.
Presidente del Instituto
Art. 57.- El Instituto será presidido por un comisionado designado por el Presidente
de la República, quien tendrá la representación legal del mismo.
Atribuciones del Instituto
Art. 58.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
a. Velar por la correcta interpretación y aplicación de esta ley.
b. Garantizar el debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública
y a la protección de la información personal.
c. Promover una cultura de transparencia en la sociedad y entre los servidores
públicos.
d. Conocer y resolver los recursos de apelación.
e. Conocer y resolver del procedimiento sancionatorio y dictar sanciones
administrativas.
f. Dictar las medidas cautelares que fueren pertinentes mediante resolución
motivada.
g. Resolver controversias en relación a la clasificación y desclasificación de
información reservada.
h. Proporcionar apoyo técnico a los entes obligados en la elaboración y
ejecución de sus programas de promoción de la transparencia y del derecho
de acceso a la información.
Indice Legislativo 131
Parte II

Parte II
132
Asamblea Legislativa
LEYES
i. Elaborar los formularios para solicitudes de acceso a la información,
solicitudes referentes a datos personales y solicitudes para interponer el
recurso de apelación.
j. Establecer los lineamientos para el manejo, mantenimiento, seguridad y
protección de los datos personales y de la información pública, confidencial
y reservada en posesión de las dependencias y entidades.
k. Elaborar la guía de procedimientos de acceso a la información pública.
l. Evaluar el desempeño de los entes obligados sobre el cumplimiento de esta
ley conforme a los indicadores que diseñe a tal efecto.
m. Desarrollar cursos de capacitación a los servidores públicos en materia de
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y
administración de archivos.
n. Elaborar y publicar estudios e investigaciones sobre la materia de esta ley.
o. Asesorar y cooperar con los entes obligados en el cumplimiento de esta ley.
p. Elaborar su reglamento interno y demás normas de operación.
q. Nombrar y destituir a sus funcionarios y empleados.
r. Publicar la información pública en su posesión, así como sus resoluciones.
s. Preparar su proyecto de presupuesto anual y darle el trámite correspondiente.
t. Las demás que le confiera esta ley.
Art. 59.-Los comisionados estarán obligados a plantear ante el pleno cualquier
conflicto de intereses que pudiera existir ante un caso que se presente al Instituto. En
este caso, se deberá llamar inmediatamente al suplente respectivo.
También podrá señalar dicho conflicto de intereses u otro impedimento legal
la parte que se considere afectada por el mismo. Serán aplicables las causales de
recusación del derecho común. El pleno, sin participación del comisionado señalado,
resolverá si éste deberá de abstenerse de conocer y opinar sobre el caso.
Informe Anual
Art. 60.- El Instituto rendirá anualmente un informe público a la Asamblea
Legislativa sobre el acceso a la información, con base en los datos que le rindan
las dependencias y entidades, que incluirá el número de solicitudes de acceso
a la información presentadas ante cada ente obligado así como su resultado, con
indicación de las solicitudes otorgadas y rechazadas y los motivos del rechazo; su
tiempo de respuesta; el número y resultado de los asuntos atendidos por el Instituto; y
las dificultades observadas en el cumplimiento de la ley.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
TITULO VII
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACION ANTE LOS ENTES OBLIGADOS
Capítulo I
Características del Acceso
Gratuidad
Art. 61.-La obtención y consulta de la información pública se regirá por el principio
de gratuidad, en virtud del cual se permitirá el acceso directo a la información libre de
costos.
La reproducción y envío de la información, en su caso, será sufragada por el
solicitante, si bien su valor no podrá ser superior al de los materiales utilizados y
costos de remisión. Los entes obligados deberán disponer de hojas informativas de
costos de reproducción y envío. El envío por vía electrónica no tendrá costo alguno.
En caso de copias certificadas, se aplicarán las tasas previstas en las leyes
especiales.
Tratándose de copias magnéticas o electrónicas, si el interesado aporta el medio
en que será almacenada la información, la reproducción será gratuita.
Entrega de Información
Art. 62.- Los entes obligados deberán entregar únicamente información que se
encuentre en su poder. La obligación de acceso a la información pública se dará por
cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta directa los
documentos que la contengan en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la
expedición de copias simples, certificadas o por cualquier otro medio tecnológico
conocido o por conocerse.
El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el soporte de la
información solicitada. Se entregarán los documentos en su totalidad o partes de los
mismos según lo haya pedido el solicitante. En caso que la información solicitada
por la persona ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros,
compendios, archivos públicos, formatos electrónicos disponibles en Internet o en
cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.
Consulta Directa
Art. 63.- El solicitante tendrá derecho a efectuar la consulta directa de información
pública dentro de los horarios de atención general del ente obligado correspondiente.
Indice Legislativo 133
Parte II

Parte II
134
Asamblea Legislativa
LEYES
Se permitirá la consulta directa de los datos o registros originales en caso que no
se hallen almacenados en algún medio magnético, digital, microfichas y que su estado
lo permita.
Bajo ninguna circunstancia se prestará o permitirá la salida de registros o datos
originales de los archivos en que se hallen almacenados.
Los entes obligados deberán asesorar al solicitante sobre el servicio de consulta
directa de información pública.
Validez de la Información
Art. 64. Los documentos emitidos por los órganos de la Administración Pública
utilizando tecnologías de la información y comunicaciones gozarán de la validez de
un documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y
conservación, y el cumplimiento de requisitos y garantías que disponga la legislación
pertinente.
Resolución Motivada
Art. 65.-Todas las decisiones de los entes obligados deberán entregarse por
escrito al solicitante y serán motivadas, con mención breve pero suficiente de sus
fundamentos, precisándose las razones de hecho y de Derecho que determinaron e
indujeron a la entidad a adoptar su decisión. Dichas decisiones deberán ser notificadas
por el medio que haya sido indicado por el solicitante.
Capítulo II
Del Procedimiento de Acceso
Solicitud de Información
Art. 66.- Cualquier persona o su representante podrán presentar ante el Oficial
de Información una solicitud en forma escrita, verbal, electrónica o por cualquier otro
medio idóneo, de forma libre o en los formularios que apruebe el Instituto.
La solicitud deberá contener:
a. El nombre del solicitante, lugar o medio para recibir notificaciones, fax o
correo electrónico, o la autorización para que se le notifique por cartelera, y
en su caso los datos del representante.
b. La descripción clara y precisa de la información pública que solicita.
c. Cualquier otro dato que propicie su localización con objeto de facilitar la
búsqueda.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
d. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la
información, ya sea mediante consulta directa, o que se expidan copias
simples o certificadas u otro tipo de medio pertinente.
En caso de que la solicitud sea verbal, deberá llenarse un formulario donde se haga
constar la solicitud.
Será obligatorio presentar documento de identidad. En caso de menores de
dieciocho años de edad, se deberá presentar el respectivo carnet de identificación
personal o, a falta de éste, cualquier documento de identidad emitido por entidades
públicas u organismos privados.
Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastasen para localizar la
información pública o son erróneos, el Oficial de Información podrá requerir, por una
vez y dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que
indique otros elementos o corrija los datos. Este requerimiento interrumpirá el plazo de
entrega de la información. Si el interesado no subsana las observaciones en un plazo
de cinco días desde su notificación, deberá presentar nueva solicitud para reiniciar el
trámite.
Si la solicitud es presentada ante una unidad administrativa distinta, ésta tendrá la
obligación de indicar al solicitante la ubicación física del Oficial de Información.
En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o
justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno.
Se deberá entregar al solicitante una constancia de que su solicitud ha sido
interpuesta.
Información en Manos de Entes Privados
Art. 67.-Las solicitudes de información en las sociedades de economía mixta y
las personas privadas, naturales o jurídicas, obligadas por esta ley se tramitarán ante
el Oficial de Información del ente público al que corresponda su vigilancia o con el que
se vinculen. Estos entes obligados deberán informar al solicitante cuál es la entidad
competente para este propósito.
Asistencia al Solicitante
Art. 68.- Los interesados tendrán derecho la asistencia para el acceso a la
información y al auxilio en la elaboración de las solicitudes, si así lo pide.
Cuando una solicitud de información sea dirigida a un ente obligado distinto del
competente, éste deberá informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse.
Indice Legislativo 135
Parte II

Parte II
136
Asamblea Legislativa
LEYES
Enlace
Art. 69.-El Oficial de Información será el vínculo entre el ente obligado y el
solicitante, y responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta ley. Además,
deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias en la dependencia o entidad a fin
de facilitar el acceso a la información.
Transmisión de Solicitud a Unidad Administrativa
Art. 70.- El Oficial de Información transmitirá la solicitud a la unidad administrativa
que tenga o pueda poseer la información, con objeto de que ésta la localice, verifique
su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se encuentra disponible.
Plazos de Respuesta
Art. 71.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el
menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de diez días hábiles, contados desde
la presentación de aquélla, siempre que la información requerida no exceda de cinco
años de haber sido generada. Si la información requerida excede de los cinco años de
haberse generado, el plazo podrá ampliarse por diez días hábiles más.
En caso de que no pueda entregarse la información en tiempo, por la complejidad
de la información u otras circunstancias excepcionales, por resolución motivada podrá
disponerse de un plazo adicional de cinco días hábiles.
El oficial de información precisará el costo y la modalidad en que será entregada
la información, atendiendo en la medida de lo posible a los términos de la solicitud.
Art. 72.- El Oficial de Información deberá resolver:
a. Si con base en una clasificación de reserva preexistente, niega el acceso a
la información.
b. Si la información solicitada es o no de carácter confidencial.
c. Si concede el acceso a la información.
La resolución del Oficial de Información deberá hacerse por escrito y será notificada
al interesado en el plazo. La concesión de la información podrá hacerse constar con
una razón al margen de la solicitud. En caso de ser negativa la resolución, siempre
deberá fundar y motivar las razones de la denegatoria de la información e indicar al
solicitante el recurso que podrá interponer ante el Instituto.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Información Inexistente
Art. 73.- Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos de
la unidad administrativa, ésta deberá retornar al Oficial de Información la solicitud de
información, con oficio en donde lo haga constar. El Oficial de Información analizará
el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar en la dependencia o entidad
la información solicitada y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarla,
expedirá una resolución que confirme la inexistencia de la información. En caso de
encontrar la información proseguirá con la tramitación.
Excepciones a la Obligación de dar Trámite a Solicitudes de Información
Art. 74.-Los Oficiales de Información no darán trámite a solicitudes de información:
a. Cuando éstas sean ofensivas o indecorosas.
b. Cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso,
deberán indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información.
c. Cuando la solicitud sea manifiestamente irrazonable.
Efectos de la Falta de Respuesta
Art. 75.- La falta de respuesta a una solicitud de información en el plazo establecido
habilitará al solicitante para acudir ante el Instituto, dentro de los quince días hábiles
siguientes, para que éste determine si la información solicitada es o no reservada o
confidencial en un plazo de diez días hábiles. Si la información es de acceso público,
el Instituto ordenará conceder el acceso de la misma al interesado. De cerciorarse que
hay indicios de una conducta infractora, iniciará el proceso correspondiente.
El ente obligado deberá dar acceso a la información solicitada en un período no
mayor a tres días hábiles después de recibir la resolución del Instituto.
De persistir la negativa de entrega de la información, el interesado podrá denunciar
el hecho ante el Instituto para los efectos consiguientes.
TITULO VIII
INFRACCIONES Y SANCIONES
Capítulo Único
Infracciones y Sanciones
Infracciones
Art. 76.- Las infracciones a la presente ley se clasifican en muy graves, graves
y leves.
Indice Legislativo 137
Parte II

Parte II
Son infracciones muy graves:
138
Asamblea Legislativa
LEYES
a. Sustraer, destruir, ocultar, inutilizar o alterar, total o parcialmente, información
que se encuentre bajo su custodia o a la que tengan acceso o conocimiento
con motivo de su empleo, cargo o comisión.
b. Entregar o difundir información reservada o confidencial.
c. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el
Instituto.
d. El incumplimiento por parte del funcionario competente de nombrar a los
Oficiales de Información.
e. Negarse a entregar la información solicitada, sin la debida justificación.
f. Tener la información bajo su custodia de manera desactualizada, desordenada,
en violación ostensible a las medidas archivísticas establecidas en esta ley
y por el Instituto.
Son infracciones graves:
a. Actuar con negligencia en la sustanciación de las solicitudes de acceso
a la información o en la difusión de la información a que están obligados
conforme a esta ley.
b. Denegar información no clasificada como reservada o que no sea
confidencial.
c. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por un
Oficial de Información.
d. Proporcionar parcialmente o de manera ininteligible la información cuya
entrega haya sido ordenada por el Instituto.
e. Invocar como reservada información que no cumple con las características
señaladas en esta ley. La responsabilidad solo existirá cuando haya una
resolución previa respecto del criterio de clasificación de esa información.
f. Proporcionar parcialmente o de manera ininteligible la información cuya
entrega haya sido ordenada por el Oficial de Información.
Son infracciones leves:
a. Pedir justificación para la entrega de información.
b. Elevar los costos de reproducción de la información sin justificación alguna.
c. No proporcionar la información en el plazo fijado por esta ley.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Sanciones
Art. 77.-Por la comisión de las infracciones señaladas en el artículo anterior, se
impondrán al funcionario público con facultad para tomar decisiones dentro de las
atribuciones de su cargo las siguientes sanciones:
a. Por la comisión de infracciones muy graves, se impondrá al infractor una
multa de veinte a cuarenta salarios mínimos mensuales para el sector
comercio y servicios.
La comisión de dos o más infracciones muy graves en el plazo de trescientos
sesenta y cinco días, dará lugar, en función de los criterios de graduación
del artículo siguiente, a la suspensión de funciones por el término de treinta
días calendario ordenada por la autoridad superior correspondiente, salvo si
la conducta es causal de destitución de acuerdo con el régimen del servicio
aplicable.
b. Por la comisión de infracciones graves, se impondrá al infractor una multa
de diez a dieciocho salarios mínimos mensuales para el sector comercio y
servicios.
c. Por la comisión de infracciones leves, se impondrá al infractor una multa
cuyo importe será de uno hasta ocho salarios mínimos mensuales para el
sector comercio y servicios.
Todas las sanciones impuestas serán publicadas en los medios electrónicos del
Instituto e incorporadas como anexos del informe anual.
Graduación de la Cuantía de las Sanciones
Art. 78.-La cuantía de las multas que se impongan, dentro de los límites indicados,
se graduará teniendo en cuenta lo siguiente:
a. La existencia de intencionalidad o de reiteración en el hecho.
b. La reincidencia, por comisión de infracciones de la misma naturaleza,
sancionadas mediante resolución firme.
c. La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados por el infractor.
d. La extensión del período durante el que se haya venido cometiendo la
infracción.
Prescripción
Art. 79.-Las acciones para interponer denuncias por las infracciones a la presente
ley prescribirán en el plazo de noventa días contados desde la fecha en que se hayan
cometido.
Indice Legislativo 139
Parte II

Parte II
140
Asamblea Legislativa
LEYES
Las sanciones impuestas por el Instituto por dichas infracciones prescribirán en
el término de tres años contados desde la fecha en que hubiere quedado firme la
respectiva resolución.
Obligación de Aviso
Art. 80.- El Oficial de Información o el Instituto darán aviso al Fiscal General
de la República, para los efectos legales pertinentes, cuando en los procedimientos
establecidos en la presente ley se hayan encontrado indicios de que se ha cometido
un acto delictivo.
Otras Responsabilidades Legales
Art. 81.- La aplicación de las sanciones se entenderá sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles, administrativas o de otra índole en que incurra el
responsable.
TITULO IX
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y SANCIONATORIO
ANTE EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Capítulo Único
Interposición del Recurso de Apelación
Art. 82.- El solicitante a quien el Oficial de Acceso a la Información haya notificado
resolución que deniegue el acceso a la información, afirme la inexistencia de la misma
o incurra en cualquiera de las causales enunciadas en el artículo siguiente, podrá
interponer por sí o a través de su representante el recurso de apelación ante el Instituto
o ante el Oficial de Información que haya conocido del asunto dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la fecha de la notificación.
Deberá presentarse el recurso por escrito, de forma libre o en los formularios que
apruebe el Instituto. El Oficial de Información deberá remitir la petición y el expediente
al Instituto a más tardar el siguiente día hábil de haberla recibido.
Otras Causales para Interponer el Recurso de Apelación
Art. 83.- El recurso de apelación también procederá cuando:
a. La dependencia o entidad no entregue al solicitante los datos personales
solicitados, o lo haga en un formato defectuoso o incomprensible.
b. La dependencia o entidad se niegue a efectuar modificaciones o correcciones
a los datos personales.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
c. El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad de
entrega.
d. La información entregada sea incompleta o no corresponda a la información
requerida en la solicitud.
Escrito de Interposición del Recurso de Apelación
Art. 84.-El escrito de interposición del recurso de apelación y los formularios
aprobados por el Instituto deberán contener:
a. La dependencia o entidad ante la cual se presentó la solicitud.
b. El nombre del recurrente y el lugar o medio para recibir notificaciones, fax
o correo electrónico.
c. La fecha en que se notificó al recurrente.
d. El acto recurrido y los puntos petitorios.
Medidas Cautelares
Art. 85.- El Instituto podrá adoptar las medidas cautelares que se estimen
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, el
buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y
las exigencias de los intereses generales en cualquier momento del procedimiento,
mediante resolución motivada. En particular, podrá:
a. Notificarse al superior jerárquico del infractor de la existencia de posibles
conductas infractoras y de la incoación del recurso ante el Instituto.
b. Solicitar al titular de la entidad la adopción de medidas especiales de
resguardo y copia de seguridad de la información de que se trate.
c. Solicitar una copia de la información objeto de la apelación excepto si es de
naturaleza reservada, la copia será resguardada de manera confidencial por
el Instituto y devuelta al final del incidente de apelación.
Estas medidas se tomarán con resguardo de los derechos de los particulares a la
protección de sus datos personales cuando éstos pudieran ser afectados.
Se respetará, en todo caso, el principio de proporcionalidad de la medida con los
objetivos que se pretendan alcanzar en cada supuesto.
En ningún caso podrá ordenarse como medida cautelar el secuestro o incautación
de registros, soportes y archivos informáticos y de documentos en general, así como
de aparatos y equipos informáticos de todo tipo.
Indice Legislativo 141
Parte II

Parte II
142
Asamblea Legislativa
LEYES
Admisión
Art. 86.- El Instituto deberá subsanar las deficiencias de derecho de los escritos
interpuestos por los particulares tanto para el recurso de apelación como en las
denuncias y únicamente si esto no fuere posible requerirá al solicitante que subsane
su escrito en un plazo de tres días hábiles. Se admitirá el recurso en un término de tres
días hábiles desde su presentación o de la subsanación por el recurrente o denunciante.
Designación de un Comisionado
Art. 87.- Admitido el recurso o denuncia, el Instituto lo someterá a uno de sus
comisionados el caso de manera rotativa. El comisionado designado deberá, dentro de
los quince días hábiles siguientes a la admisión del recurso o denuncia, dar trámite a
la solicitud, formar el expediente, recabar pruebas y elaborar un proyecto de resolución
que someterá al pleno del Instituto. Este comisionado no participará en las decisiones
del pleno referentes al caso.
Art. 88.- La admisión del recurso de apelación será comunicada al interesado y
al ente obligado, el que deberá rendir informe dentro de un plazo de siete días hábiles
a partir de la notificación. En caso de denuncia o si en el escrito de interposición del
recurso se hiciere denuncia de una infracción por parte de un servidor público, éste
también será notificado inmediatamente y podrá justificar su actuación y alegar su
defensa en el mismo plazo de siete días hábiles.
Imputación de una Infracción
Art. 89.- Si el Comisionado designado encontrare los elementos necesarios para
atribuir a un servidor público la presunta comisión de una infracción, dentro de los
tres días hábiles posteriores a su designación, lo remitirá al pleno del Instituto para
que resuelva sobre la imputación dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles.
El servidor público dispondrá de siete días hábiles contados a partir de la notificación
para rendir su defensa.
También podrá iniciarse el procedimiento de aplicación de sanciones mediante
denuncia escrita de cualquier persona, en la cual se expondrá en detalle los hechos
constitutivos de la infracción a la presente ley y anexará las pruebas que tuviera en su
poder.
Prueba
Art. 90.- Las partes podrán ofrecer pruebas hasta el día de la celebración de
la audiencia oral. Serán admitidos los medios de prueba reconocidos en el derecho
común, en lo que fueren aplicables, incluyendo los medios científicos idóneos. Las
pruebas aportadas en el proceso serán apreciadas según las reglas de la sana crítica.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Audiencia Oral
Art. 91.- El Instituto celebrará una audiencia oral con las partes en la cual conocerá
la prueba y el comisionado designado presentará el proyecto de resolución.
Ampliación del Plazo para Celebrar Audiencia
Art. 92.- Cuando haya causa justificada, el pleno del Instituto podrá ampliar, por
una vez y hasta por un período de diez días hábiles el plazo para celebrar la audiencia.
La resolución motivada en la que se determine nueva fecha para la audiencia será
notificada a las partes inmediatamente.
Solicitud de Información para Mejor Proveer
Art. 93.- La información confidencial que sea solicitada por el Instituto por
estimarla indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter
y no estará disponible en el expediente.
Motivación de Resoluciones
Art. 94.-Las resoluciones expedidas por el Instituto deberán ser fundamentadas
en los hechos probados y las razones legales procedentes, bajo pena de nulidad.
Revocatoria
Art. 95.- Las partes podrán solicitar la revocatoria dentro del tercer día hábil de
haberse notificado la resolución final, la cual deberá ser resuelta en los siguientes tres
días hábiles.
Art. 96.- El pleno resolverá, en definitiva, dentro de los tres días hábiles siguientes
a la celebración de la audiencia. Las resoluciones del pleno serán públicas. Las
resoluciones definitivas del Instituto podrán:
a. Desestimar el recurso por improcedente o sobreseerlo.
b. Confirmar la decisión impugnada del Oficial de Información.
c. Confirmar la inexistencia de la información pública solicitada.
d. Revocar o modificar las decisiones del Oficial de Información y ordenar a la
dependencia o entidad que permita al particular el acceso a la información
solicitada o a los datos personales, que reclasifique la información, o bien,
que modifique tales datos.
e. Establecer sanciones o requerir el trámite de imposición de las mismas a las
autoridades respectivas.
Indice Legislativo 143
Parte II

Parte II
144
Asamblea Legislativa
LEYES
Las resoluciones deberán ser emitidas por escrito, establecerán los plazos para su
cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución. La resolución definitiva
que emita el Instituto tendrá fuerza ejecutiva.
Improcedencia
Art. 97.- El recurso será desestimado por improcedente cuando:
a. Sea incoado en forma extemporánea.
b. El Instituto haya conocido anteriormente del mismo caso.
c. Se recurra de una resolución que no haya sido emitida por el Oficial de
Información.
Sobreseimiento
Art. 98.-El recurso será sobreseído cuando:
a. El recurrente desista expresamente del mismo.
b. El recurrente fallezca o tratándose de personas jurídicas, se disuelvan.
c. Admitido el recurso de apelación, aparezca alguna causal de improcedencia
en los términos de la presente ley.
d. La dependencia o entidad responsable del acto o resolución impugnada lo
modifique o revoque, de tal manera que se extinga el objeto de la impugnación.
Silencio del Instituto
Art. 99.-Si el Instituto no hubiere resuelto el recurso de acceso a la información en
el plazo establecido, la resolución que se recurrió se entenderá revocada por ministerio
de ley.
Art. 100.-Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del procedimiento
que algún servidor público pudo haber incurrido en responsabilidad penal, deberá
hacerlo del conocimiento del titular de la dependencia o entidad responsable y de
la Fiscalía General de la República, en su caso, para que inicien el procedimiento de
responsabilidad que corresponda. Asimismo, dará inicio el incidente sancionatorio ante
el mismo Instituto.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Impugnación por Particulares en Proceso Contencioso Administrativo
Art. 101.- Los particulares podrán impugnar las resoluciones negativas a sus
pretensiones ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de
Justicia.
La Sala de lo Contencioso Administrativo tendrá acceso a la información
confidencial cuando la considere indispensable para resolver el asunto sometido a
su conocimiento. Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no será
agregada en el expediente judicial.
Respeto al Debido Proceso
Art. 102.- El procedimiento deberá respetar las garantías del debido proceso.
Las actuaciones se sujetarán a los principios de legalidad, igualdad de las partes,
economía, gratuidad, celeridad, eficacia y oficiosidad, entre otros. En lo referente al
procedimiento, supletoriamente se sujetará a lo dispuesto por el derecho común.
TITULO X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, POTESTAD REGLAMENTARIA,
APLICABILIDAD Y VIGENCIA
Capítulo Único
Art. 103.-La publicación de la información oficiosa deberá realizarse, a más
tardar, trescientos sesenta y cinco días después de la entrada en vigor de la ley. En
caso de incumplimiento, el Instituto podrá requerirla públicamente antes de iniciar el
procedimiento correspondiente a la infracción.
En todo caso la información oficiosa que los entes obligados puedan tener
disponible al entrar en vigencia la presente ley deberá darse a conocer por cualquier
medio y ponerse a disposición de los interesados.
Art. 104.-Los titulares de los entes obligados designarán al Oficial de Información,
a más tardar ciento ochenta días después de la entrada en vigor de este ordenamiento,
y de inmediato serán juramentados, se instalarán e iniciarán funciones. Posteriormente,
se notificarán los nombramientos al Instituto, quién deberá ponerla a disposición del
público por los medios que estime pertinentes.
Indice Legislativo 145
Parte II

Parte II
146
Asamblea Legislativa
LEYES
Nombramiento de los Comisionados
Art. 105.-La designación de los primeros Comisionados será realizada por el
Presidente de la República ciento ochenta días después de la entrada en vigencia de
la ley.
Tres de los primeros comisionados durarán en sus funciones seis años y dos para
cuatro años.
Plazo para Interponer Solicitudes de Información Pública y Datos Personales
Art. 106.-Los particulares podrán presentar las solicitudes de acceso a la
información y concernientes a datos personales según los procedimientos establecidos
en la presente ley una vez que se informe públicamente que la estructura institucional
correspondiente se ha establecido, a más tardar trescientos sesenta y cinco días
después de la entrada en vigor de la misma.
En el mismo plazo, deberá de hacerse el conocimiento público, por cualquier
medio, la guía de procedimientos y estar disponible en todas las Unidades de Acceso
a la Información Públicay páginas web institucionales.
Publicidad y Funcionamiento de Archivos Públicos
Art. 107.- Dentro de un plazo de trescientos sesenta y cinco días a partir
de la vigencia de la ley, los entes obligados deberán completar la organización y
funcionamiento de sus archivos.
Partida Presupuestaria para el Instituto
Art. 108.- El Presupuesto General de la Nación deberá establecer la partida
presupuestaria correspondiente para la instalación, integración y funcionamiento del
Instituto.
Potestad Reglamentaria
Art.109.- El Presidente de la República emitirá los reglamentos de aplicación de
la ley a más tardar en ciento veinte días contados a partir de la vigencia de la ley.
El reglamento de elección de los Comisionados deberá estar elaborado a más
tardar ciento veinte días después de la entrada en vigencia de esta ley.
Aplicabilidad de la Ley
Art. 110.- La presente ley se aplicará a toda la información que se encuentre en
poder de los entes obligados; por tanto, quedan derogadas todas las disposiciones
contenidas en leyes generales o especiales que la contraríen, incluyendo las que regulen

Anuario Legislativo 2010 - 2011
el régimen de tal información en la Ley del Seguro Social y la Ley de la Comisión
Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa. No se derogan las siguientes disposiciones:
a. Artículo 6 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y
Empleados Públicos.
b. Los artículos 324, 355 y 356 del Código Penal.
c. Las contenidas en la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos.
d. Las que se refieren a la actuación de los agentes policiales encubiertos.
e. Artículo 9 del Código Procesal Civil y Mercantil.
f. Las normas contenidas en leyes procesales, en cuanto al acceso a
expedientes durante el período de su tramitación, así como las destinadas a
preservar la intimidad de las personas o la identidad de menores de edad en
materia procesal de familia, violencia intrafamiliar o de menores.
g. Los artículos 305 y 400 de la Ordenanza del Ejército.
h. Los artículos 64, 124,125, 126 y 145 del Código de Justicia Militar.
i. Las contenidas en leyes tributarias relativas a la confidencialidad de la
información contenida en declaraciones hechas con fines impositivos.
j. El artículo 115 de la Ley de Hidrocarburos.
k. Las contenidas en las distintas leyes que prohíban a los servidores públicos
el uso de información privilegiada para fines personales.
l. Artículo 675 del Código Civil.
m. Artículo 3 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de
Regímenes patrimoniales del Matrimonio.
n. Artículo 461 del Código de Comercio.
o. Artículo 4 de la Ley de Registro de Comercio.
p. Artículo 46 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República.
q. Las contenidas en la Ley del Archivo General de la Nación.
r. Artículo 21 del Reglamento general de la Ley de Educación Superior.
Art. 111.- La presente ley entrará en vigencia treinta días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dos
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
Indice Legislativo 147
Parte II

Parte II
Nota:
148
Asamblea Legislativa
LEYES
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 97, inciso 3º del Reglamento Interior de
este Órgano del Estado, se hace constar que el presente Decreto Nº 534, de fecha
2 de diciembre del 2010, que contiene la Ley de Acceso a la Información Pública,
fue devuelto con observaciones por el Presidente de la República, el día 5 de enero
del presente año, resolviendo esta Asamblea Legislativa aceptar parcialmente dichas
observaciones, en Sesión Plenaria celebrada el día 3 de marzo de 2011.
D. O. Nº 70, Tomo Nº 391, Fecha: 8 de abril de 2011.

DECRETO Nº 564
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el artículo 101 de la Constitución establece que el Estado promoverá
el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción,
la productividad y la racional utilización de los recursos y que con igual
finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción;
II.- Que el artículo 117 de la Constitución declara de interés social la protección,
conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los
recursos naturales;
III.- Que el cultivo y producción de café, sigue siendo una de las actividades
agrícolas más importantes para el engrandecimiento de la economía
nacional en cuanto a la generación de empleo, divisas e ingresos fiscales
se refiere;
IV.- Que el cultivo de la planta de café tiene además una gran importancia
ecológica para el país, ya que propicia la conservación del bosque tropical
de El Salvador y contribuye a la preservación de los mantos acuíferos,
siendo fuente de energéticos, generador de servicios ambientales y
conservador de la biodiversidad;
V.- Que la actividad cafetalera en su conjunto, ha seguido enfrentando
adversidades climatológicas y ciclos recurrentes de caídas de precio, todo
lo cual hace necesario disponer de un mecanismo financiero emergente
que mejore la solvencia e inyecte liquidez en ese sector, a fin de viabilizar
las posibilidades de estimular la renovación y conservación del parque
cafetalero del país, mediante el establecimiento de un incentivo que ayude
a dicho fin;
VI.- Que la fiducia ha demostrado ser una herramienta legal, útil y transparente
para llevar a cabo determinadas tareas encomendadas al Fiduciario.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio de los Ministros de Hacienda y de Agricultura y Ganadería,
DECRETA, la siguiente:
LEY DE CREACION DEL FIDEICOMISO DE APOYO A LA PRODUCCION
DE CAFE
Indice Legislativo 149
Parte II

Parte II
150
Asamblea Legislativa
LEYES
Objeto de la Ley
Art. 1.- El objeto de la presente Ley es regular la constitución y funcionamiento
del Fideicomiso de Apoyo a la Producción de Café, en adelante denominado “El
Fideicomiso”.
El Fideicomiso se constituirá por un plazo de 25 años y su objeto será otorgar los
apoyos, incentivos y beneficios a los productores de café legalmente registrados como
tales en el Consejo Salvadoreño del Café.
Los apoyos, incentivos y beneficios podrán ser presentados a propuesta del
Ministerio de Agricultura y Ganadería y serán aprobados por el Consejo Ejecutivo del
Fideicomiso, junto con sus respectivos procedimientos, destinados a incrementar la
competitividad del sub-sector, por medio de:
a) La renovación del parque cafetalero;
b) El incremento de la productividad y calidad;
c) La innovación en los procesos de financiamiento, comercialización y
mercadeo; o,
d) La sostenibilidad ambiental.
El Fideicomiso, por medio del Fiduciario, tendrá entre otras, la responsabilidad
de administrar los bienes fideicomitidos, entendiéndose como parte de dicha
administración el traslado de los fondos a los fideicomisarios, todo de conformidad
a las instrucciones que deba emitir el Consejo Ejecutivo regulado por esta Ley, en
adelante “el Consejo”.
En el texto de la presente Ley, el Fondo de Emergencia para el Café se podrá
denominar “El Fondo”.
Constitución del Fideicomiso
Art. 2.- La constitución del Fideicomiso se formalizará por escritura pública
que deberá inscribirse en el Registro de Comercio. La inscripción de la escritura de
constitución, sus modificaciones o su liquidación no causará ningún arancel, tasa o
derecho de Registro.
Al otorgamiento de la escritura pública de constitución del Fideicomiso comparecerá
como Fideicomitente el Estado y Gobierno de El Salvador, por medio del Ministro de
Agricultura y Ganadería o el funcionario que éste designe; como Fiduciario, el Banco
Multisectorial de Inversiones, en adelante llamado “BMI” por medio de su representante
legal. Los Fideicomisarios serán los productores de café legalmente registrados como
tales en el Consejo Salvadoreño del Café que reciban apoyos, incentivos o beneficios
generados en virtud del Fideicomiso.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
El BMI, en su calidad de Fiduciario, tendrá las necesarias y plenas facultades de
gestión. También se entenderán atribuidas a éste las facultades que sobre esta materia
establece el Código de Comercio.
Bienes Fideicomitidos
Art. 3.- El Fideicomiso se constituirá con un aporte inicial del Fideicomitente
por valor de DOSCIENTOS MIL dólares de los Estados Unidos de América y además
lo conformarán todos los bienes o derechos adquiridos durante la operación del
Fideicomiso y que lleguen a ser parte de los activos del mismo, tales como:
1) Herencias, legados y donaciones, realizadas por personas u organismos
nacionales o extranjeros, destinados a la consecución de los objetivos del
Fideicomiso;
2) Los bienes muebles, inmuebles y valores adquiridos a cualquier título al
inicio de sus funciones o durante su operación;
3) Los intereses, rendimientos o utilidades entre otros, que resulten de las
operaciones del mismo; o,
4) Cualquier otro aporte que se realice al Fideicomiso.
Para efectos de la presente Ley, siendo el Fideicomiso un patrimonio de afectación
independiente del patrimonio del Fiduciario, se entenderá que el patrimonio propio
de la Institución Fiduciaria no responderá de ninguna manera por las obligaciones y
operaciones del Fideicomiso.
Los bienes fideicomitidos podrán utilizarse por el Fiduciario para los propósitos
establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como para el pago de cualquier otro
pasivo que el mismo posea de conformidad con lo establecido en esta Ley o en su
escritura de constitución.
Art. 4.- Asimismo, formarán parte de los bienes indicados en el artículo anterior,
las contribuciones indicadas en la Ley de Creación del Fondo de Emergencia para el
Café que correspondan al pago de las obligaciones financieras que el Fondo adeuda al
Ministerio de Hacienda, así como las recuperaciones en dinero de las contribuciones
adeudadas por los productores de café que el Fondo realice a partir de la entrada en
vigencia de esta Ley, después de haber realizado las deducciones o devoluciones
que por la Ley de Creación del Fondo de Emergencia para el Café correspondan.
En caso que el Fondo reciba bienes en pago, deberá de liquidarlos y el producto de
dicha liquidación tendrá el mismo tratamiento que las contribuciones y recuperaciones
mencionadas.
Indice Legislativo 151
Parte II

Parte II
152
Asamblea Legislativa
LEYES
Obligaciones del Fideicomitente
Art. 5.- Serán obligaciones del Fideicomitente:
1) Constituir el Fideicomiso de conformidad a las disposiciones de esta Ley,
al Código de Comercio y demás leyes que resulten aplicables, en lo que no
contraríen esta Ley;
2) Entregar al Fiduciario los bienes, derechos y recursos fideicomitidos; y,
3) Gestionar, de conformidad a la Ley cualquier información necesaria para el
Fiduciario para la realización de los fines y objetivos del Fideicomiso.
Obligaciones del Fiduciario
Art. 6.- Serán obligaciones del Fiduciario:
1) Administrar los recursos fideicomitidos de conformidad a las instrucciones
dadas por el Consejo Ejecutivo.
2) Destinar los recursos necesarios e indispensables para el cumplimiento
de los fines del Fideicomiso, en lo que a la administración se requiere,
los cuales serán costeados con el producto de la comisión que recibirá
con ese propósito, según se determine en la escritura de constitución del
Fideicomiso.
3) Firmar, previa autorización del Consejo Ejecutivo, convenios con Instituciones
del Gobierno u otras entidades, con el fin de realizar las revisiones respectivas
para cumplir con los objetivos del Fideicomiso.
4) Abrir o contratar en el Banco Central de Reserva de El Salvador, en adelante
“Banco Central”, o en cualquier otro Banco autorizado por la Superintendencia
del Sistema Financiero para realizar operaciones pasivas en el país, las
cuentas o certificados de depósito necesarios para el funcionamiento del
Fideicomiso.
5) Informar al menos mensualmente al Fideicomitente de las transferencias
de recursos afectos por esta Ley que realice el Fondo al Fideicomiso, para
efectos que se disminuya las obligaciones financieras del Fondo ante el
Fideicomitente.
6) Invertir, conforme a los acuerdos e instrucciones emitidos por el Consejo
Ejecutivo, los recursos líquidos y excedentes del Fideicomiso.
7) Realizar los actos jurídicos que sean necesarios y complementarios para la
consecución de los fines del Fideicomiso.
8) Trasladar a los fideicomisarios los apoyos, incentivos y beneficios a que
hace referencia el artículo 1 de esta Ley, todo de conformidad a los requisitos
y procedimientos que contemple el reglamento operativo que apruebe al
efecto el Consejo Ejecutivo del Fideicomiso.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
9) Mantener cuentas y registros contables separados de la contabilidad del
Fiduciario para el manejo de los recursos del Fideicomiso.
10) Preparar los estados financieros auditados e informes relacionados con el
cumplimiento de los objetivos del Fideicomiso.
11) Elaborar un informe operativo anual y remitirlo al Fideicomitente y a los
miembros del Consejo Ejecutivo que no sean parte del Fiduciario, dentro de
los primeros noventa días del ejercicio fiscal inmediato siguiente.
12) Contratar a una firma de auditores externos para que auditen el Fideicomiso.
13) Remitir al Fideicomitente los Estados Financieros del Fideicomiso correspondientes
al cierre de cada ejercicio fiscal y los informes de Auditoría que se
realicen.
14) Todas las demás establecidas en la presente Ley, las demás leyes aplicables
que no contraríen la presente Ley y las que se establezcan en la escritura de
constitución del Fideicomiso.
Art. 7.- El Fideicomiso podrá adquirir e invertir en títulos valores o valores con
riesgo bajo, inscritos en una bolsa de valores local, con el fin de mantener un eficiente
manejo de los recursos, de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal efecto por
el Consejo Ejecutivo del Fideicomiso.
Para todo lo anterior, el Fiduciario queda facultado para suscribir los documentos e
instrumentos necesarios o complementarios para realizar las operaciones y negocios
que directa o indirectamente correspondan al objeto del Fideicomiso y de la presente
Ley.
Obligaciones de los Fideicomisarios
Art. 8.- Serán obligaciones de los fideicomisarios:
1. No estar en mora con las deudas que posean en el Fondo, de acuerdo a la
información que oportunamente proporcione el Fondo al Fideicomiso.
2. Estar solventes en el pago de sus tributos con el Fisco, comprobando dicho
estado con la constancia de solvencia o de autorización correspondiente.
3. Cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en el reglamento
operativo aprobados por el Consejo Ejecutivo.
4. Permitir la verificación del uso, en lo aplicable, de los apoyos, incentivos y
beneficios establecidos en el artículo 1 de la presente Ley.
Indice Legislativo 153
Parte II

Parte II
154
Asamblea Legislativa
LEYES
Consejo Ejecutivo
Art. 9.- El Fideicomiso tendrá un Consejo Ejecutivo que tendrá como responsabilidad
principal, entre otras, conocer los informes presentados por el Fiduciario sobre las
actividades del Fideicomiso y dictar los lineamientos que mande esta Ley y otros que
considere necesario para las operaciones del mismo. El Consejo estará integrado por
los siguientes miembros:
1) El Ministro de Hacienda, quien fungirá como Director Presidente y su
suplente, que será el Viceministro de Hacienda. En caso necesario, el
Director Presidente tendrá voto de calidad.
2) El Ministro de Agricultura y Ganadería, quien fungirá como Primer Director y
su suplente, que será el Viceministro de Agricultura y Ganadería.
3) El representante legal del Fondo, quien fungirá como Segundo Director y su
suplente que será designado por el Fondo.
4) Un Tercer Director y su suplente respectivo, quien será nombrado por el
Ministro de Hacienda.
5) El Presidente del BMI, quien fungirá como Director Secretario y su suplente,
quien será designado por la Junta Directiva del referido Banco. El Presidente
del BMI o su suplente, en su calidad de representante del Fiduciario, tendrá
voz pero no voto en las decisiones del Consejo.
Los cargos del Consejo Ejecutivo serán desempeñados ad honorem. En caso de
impedimento o ausencia temporal de un Director Propietario, éste será sustituido por
su respectivo suplente. Los Directores Suplentes que sustituyan a un Propietario, lo
harán en forma temporal mientras se supla la vacante.
De las Sesiones del Consejo Ejecutivo y de sus Resoluciones
Art. 10.- El Consejo Ejecutivo se reunirá al menos semestralmente y
extraordinariamente cuando se considere necesario y se tendrá por legalmente instalado
cuando concurran al menos tres directores con derecho a voto y sus decisiones se
tomarán por mayoría.
Funciones y Atribuciones del Consejo Ejecutivo
Art. 11.- Son funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo:
1) Velar porque ingresen oportunamente al Fideicomiso los recursos que le
corresponden.
2) Asegurar que la administración de los recursos fideicomitidos sea consistente
con el cumplimiento de las finalidades y objetivos del Fideicomiso.
3) Aprobar el Informe Operativo Anual.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
4) Nombrar al Auditor Externo y velar porque las auditorías se practiquen por
lo menos anualmente. Los honorarios fijados para la Auditoría Externa serán
incluidos en el plan anual de gastos del Fideicomiso.
5) Aprobar la realización de auditorías al Fondo.
6) Velar por el cumplimiento de las obligaciones del Fideicomitente y del
Fiduciario.
7) Aprobar el plan anual de gastos de funcionamiento del Fideicomiso.
Deberá entenderse que todos los gastos y pagos que realice el Fiduciario
relacionados con el Fideicomiso, en cualquier concepto, serán liquidados
con los recursos del Fideicomiso.
8) Autorizar las políticas de inversión de los recursos líquidos y excedentes del
Fideicomiso.
9) Conocer y aprobar la suscripción de los convenios o contratos celebrados
con instituciones gubernamentales o con terceros que no pertenezcan a
dicho sector, los cuales deberán ser idóneos para cumplir con los objetivos
establecidos en el artículo 1 de esta Ley.
10) Aprobar el reglamento operativo que contendrá los requisitos, procedimientos
y mecanismos para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el
artículo 1 de esta Ley.
11) Aprobar, a propuestas realizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería,
las políticas y procedimientos para la realización de los desembolsos para
el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 1 de esta Ley.
12) Aprobar en su caso la terminación y liquidación del Fideicomiso, previa
solicitud del Fideicomitente y una vez cumplido el objeto del mismo.
Art. 12.- A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, quedan afectos en virtud
de la misma, las contribuciones, las recuperaciones y el producto de las liquidaciones
a que hace referencia el artículo 4 de esta Ley.
En lo que no se contradiga en la presente Ley, para los efectos de la recuperación,
obtención y administración de las contribuciones en general, el Beneficiador/
Exportador, el Consejo Salvadoreño del Café y el Fondo seguirán teniendo las mismas
responsabilidades y facultades que la Ley de Creación del Fondo de Emergencia para
el Café les imponen u otorgan, quedando estos obligados además a realizar o ejecutar
lo que corresponda para cumplir con lo que se indica en la presente Ley para lograr el
objeto del Fideicomiso.
Art. 13.- Los recursos a los que se refiere el inciso primero del artículo anterior,
a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, deberán ser depositados en las
cuentas aperturadas por el Fideicomiso para cumplir con el objeto de esta Ley.
Indice Legislativo 155
Parte II

Parte II
156
Asamblea Legislativa
LEYES
Cualquier erogación que el Fideicomiso realice será con cargo a las cuentas
mencionadas en el inciso anterior.
Art. 14.- Queda expresamente facultado el Fideicomiso, previa aprobación del
Consejo Ejecutivo, para requerirle al Fondo la información que el Fideicomiso considere
necesarias para el cumplimiento de su objeto.
Lo anterior es sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 17 de la Ley de Creación
del Fondo de Emergencia para el Café.
Auditores Externos
Art. 15.- El Fideicomiso deberá contar con una firma de auditoría externa
independiente.
La auditoría contemplada en el inciso anterior será contratada por el Fiduciario,
previa aprobación del Consejo de conformidad a esta Ley.
Terminación del Fideicomiso
Art. 16.- El Fideicomitente, podrá solicitar al Consejo Ejecutivo la terminación del
Fideicomiso, siempre y cuando estén pagadas totalmente todas las deudas reconocidas
por el Ministerio de Hacienda contra el Fondo de Emergencia para el Café, así como
cualquier otra deuda que exista a cargo o a favor del Fideicomiso. La liquidación deberá
practicarse por el Fiduciario en un plazo que deberá establecerse en la escritura de
constitución.
Deberá entenderse que los gastos y costos causados por la liquidación, sean
directos o indirectos, así como los honorarios de abogados, notarios y cualesquiera
otro necesarios para dicho fin, correrán por cuenta y costo del Fideicomiso, pagándose
los mismos con los recursos y fondos existentes del mismo.
En caso de existir recursos o bienes fideicomitidos a la terminación del Fideicomiso,
estos deberán ser transferidos al Estado y Gobierno de El Salvador, por medio del
Ministerio de Hacienda.
Especialidad de la Ley
Art. 17.- La presente Ley, por su carácter especial, prevalecerá sobre cualquier
otra que la contradiga.
En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicará supletoriamente el Código de
Comercio y demás leyes en materia mercantil, bursátil y financieras, y en su defecto,
las normas del derecho común, siempre que no contraríen lo regulado en esta Ley.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Vigencia
Art. 18. - El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 241, Tomo Nº 389, Fecha: 23 de diciembre de 2010.
Indice Legislativo 157
Parte II

Parte II
DECRETO Nº 592
158
Asamblea Legislativa
LEYES
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el marco jurídico bajo el cual se regula el funcionamiento de las
instituciones supervisoras del sistema financiero actualmente se encuentra
establecido en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema
Financiero, contenida en el Decreto Legislativo Nº 628 del 22 de noviembre
de 1990, publicado en el Diario Oficial Nº 278, Tomo 309, del 10 de
diciembre de 1990; en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores,
contenida en el Decreto Legislativo Nº 806, del 11 de septiembre de 1996,
publicado en el Diario Oficial Nº 186, Tomo 333, del 4 de octubre de 1996;
y en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones, contenida en el
Decreto Legislativo Nº 926, de fecha 19 de diciembre de 1996, publicada
en el Diario Oficial Nº 243, Tomo 333, del 23 de diciembre de 1996;
II.- Que el artículo 101 de la Constitución determina que el Estado deberá
promover el desarrollo económico del país y que para lograrlo, es condición
necesaria la estabilidad macroeconómica y la adecuada promoción y
canalización del ahorro interno e inversión a través del sistema financiero,
tal como lo demuestran la experiencia nacional e internacional;
III.- Que el funcionamiento transparente, eficiente y ordenado de los mercados
financieros permite una adecuada asignación de los recursos canalizados
a través del sistema financiero y requiere de las instituciones y entidades
que lo integran, el cumplimiento de regulaciones prudenciales y de buenas
prácticas de gestión de riesgo y gobierno corporativo, el adecuado manejo
de potenciales conflictos de interés, la divulgación de información relevante
y la existencia de controles para evitar el uso indebido de información
privilegiada;
IV.- Que la coyuntura que atraviesan los mercados financieros internacionales y
el impacto respectivo en el sector real de las economías a nivel mundial han
reafirmado la necesidad de contar con sistemas efectivos de supervisión y
regulación financiera;
V.- Que el sistema financiero local y los sistemas financieros regionales, al igual
que el resto del mundo, atienden la demanda de financiamiento mediante
la prestación conjunta de una amplia gama de servicios en sus distintas
modalidades de intermediación de fondos del público, a través de entidades
que prestan tales servicios en varias plazas o conformando conglomerados
financieros integrados por distintos tipos de entidades, haciendo necesario
contar con un nuevo marco institucional de supervisión y regulación que
guarde armonía con esa realidad, que propicie el cumplimiento de los más
altos estándares en materia de servicios financieros y facilite el ejercicio

Anuario Legislativo 2010 - 2011
de una efectiva supervisión consolidada que permita una adecuada gestión
de los riesgos a los que el sistema financiero está expuesto;
VI.- Que para la consecución del bienestar social es de interés del Estado velar
por un sistema financiero sólido y estable y por los recursos patrimoniales
de depositantes, asegurados, inversionistas, pensionados y cotizantes,
siendo necesario para ello que la autoridad administrativa a cargo de la
supervisión financiera cuente con los instrumentos y mecanismos que
le permitan detectar circunstancias y evaluar factores de índole micro y
macroeconómico, que puedan afectar la viabilidad de los intermediarios
financieros; así como dictar oportunamente las medidas correctivas
necesarias que minimicen los costos sociales asociados a dificultades
financieras, prevaleciendo en estos casos el interés social; y
VII.- Que para todo lo anterior, resulta necesario fortalecer la organización del
Estado adecuando sus instituciones a la realidad económica con relación
a la supervisión y regulación del sistema financiero, integrando en una sola
institución toda la supervisión, aprovechando así la experiencia técnica y
de gestión recogida en los distintos organismos de supervisión que se
han encargado de tal actividad en cada uno de los distintos segmentos
del sistema financiero, y coordinarla con la experiencia de naturaleza
macroeconómica y financiera del Banco Central de Reserva de El Salvador
en la estabilidad y desarrollo del sistema financiero.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Economía.
DECRETA, la siguiente:
LEY DE SUPERVISION Y REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TITULO UNO
DEL SISTEMA DE SUPERVISION Y REGULACION FINANCIERA
Capítulo Único
Aspectos Fundamentales
Composición del Sistema
Art. 1.- El Sistema de Supervisión y Regulación Financiera está constituido por la
Superintendencia del Sistema Financiero, en adelante denominada “Superintendencia”,
y por el Banco Central de Reserva de El Salvador, en adelante denominado “Banco
Central”. La supervisión de losintegrantes del sistema financiero y demás supervisados
Indice Legislativo 159
Parte II

Parte II
160
Asamblea Legislativa
LEYES
de conformidad a esta Ley es responsabilidad de la Superintendencia; la aprobación
del Marco Normativo Macro Prudencial necesariopara la adecuada aplicación de
ésta y las demás leyes que regulan a los integrantes del sistema financiero y demás
supervisados, le corresponde al Banco Central. La ejecución y aplicación de la presente
Leyse realizará por la Superintendencia y el Banco Central dentro de sus respectivos
ámbitos de competencia.
Créase la Superintendencia del Sistema Financiero como una Institución de derecho
público, integrada al Banco Central, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de
duración indefinida, con autonomía administrativa y presupuestaria para el ejercicio
de las atribuciones y deberes que estipula la presente Ley y otras leyes vigentes, con
domicilio principal en la ciudad de San Salvador, pudiendo establecer oficinas en otras
ciudades del país, teniendo competencia en todo el territorio de la República.
El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por:
a) Los bienes muebles e inmuebles que, a la fecha de entrada en vigencia de
esta Ley, hubiesen sido propiedad de las Superintendencias del Sistema
Financiero, de Valores y de Pensiones cuyas respectivas leyes orgánicas se
derogan en razón de la presente Ley;
b) Los bienes muebles o inmuebles que adquiera o le sean otorgados a cualquier
título para el desarrollo de sus funciones;
c) Los ingresos que adquiera o le sean otorgados a cualquier título por personas,
entidades, instituciones u organismos nacionales o extranjeros;
d) Otros ingresos o bienes que legalmente pueda obtener.
El Banco Central, por su parte, se seguirá rigiendo por su Ley Orgánica, por las
disposiciones de la presente Ley y por lo dispuesto en otras leyes que le sean aplicables.
Objeto del Sistema
Art. 2.- El Sistema de Supervisión y Regulación Financiera tiene por objeto preservar
la estabilidad del sistema financiero y velar por la eficiencia y transparencia del mismo,
así como velar por la seguridad y solidez de los integrantes del sistema financiero
de acuerdo a lo que establece esta Ley, otras leyes aplicables, los reglamentos y
las normas técnicas que al efecto se dicten, todo en concordancia con las mejores
prácticas internacionales sobre la materia.
El buen funcionamiento del Sistema de Supervisión y Regulación Financiera
requiere por parte de los integrantes del sistema financiero y demás supervisados, el
cumplimiento de las regulaciones vigentes y la adopción de los más altos estándares
de conducta en el desarrollo de sus negocios, actos y operaciones, de conformidad a
lo establecido en esta Ley, en las demás leyes aplicables, en los reglamentos y en las
normas técnicas que se dicten para tal efecto.

TITULO II
DE LA SUPERVISION
Capítulo I
Superintendencia del Sistema Financiero
Anuario Legislativo 2010 - 2011
De la Superintendencia
Art. 3.- La Superintendencia es responsable de supervisar la actividad individual y
consolidada de los integrantes del sistema financiero y demás personas, operaciones
o entidades que mandan las leyes. Para el ejercicio de tales atribuciones contará
con independencia operativa, procesos transparentes y recursos adecuados para el
desempeño de sus funciones.
Al efecto compete a la Superintendencia:
a) Cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de su competencia, las leyes,
reglamentos, normas técnicas y demás disposiciones aplicables a los
supervisados. Asimismo, emitir y hacer cumplir las instrucciones necesarias
para la aplicación de las leyes y normas que rigen a los mismos;
b) Autorizar la constitución, funcionamiento, inicio de operaciones, suspensión
de operaciones, modificación, revocatoria de autorización, cierre y otrosactos
de los integrantes del sistema financiero, de conformidad a las disposiciones
legales, reglamentarias o normativas técnicas establecidas al respecto. En el
caso del cierre, coordinará las acciones que establezcan las leyes con otras
instituciones involucradas;
c) Monitorear preventivamente los riesgos de losintegrantes del sistema
financiero y la forma en que éstos los gestionan, velando por el prudente
mantenimiento de su solvencia y liquidez;
d) Propiciar el funcionamiento eficiente, transparente y ordenado del sistema
financiero;
e) Vigilar que los integrantes del sistema financiero y supervisados realicen,
según corresponda, sus negocios, actos y operaciones de acuerdo a las
mejores prácticas financieras, para evitar el uso indebido de información
privilegiada y la manipulación del mercado;
f) Cooperar con las instituciones responsables de la protección de los derechos
del consumidor y de la competencia, así como con las instituciones
encargadas de garantizar los depósitos del público y la prevención de delitos
financieros, de conformidad a lo que prescriban las leyes;
g) Acordar la intervención de algún integrante del sistema financiero en cuyas
leyes aplicables estuviere contemplada tal medida, salvo en el caso de las
entidades del mercado de valores para las cuales la intervención se regula
en el artículo 75 de esta Ley;
Indice Legislativo 161
Parte II

Parte II
162
Asamblea Legislativa
LEYES
h) Autorizar las inscripciones, los asientos registrales, las modificaciones y
cancelaciones a los mismos, de las personas, instituciones y operaciones
que estuvieren sujetos a dicho requisito, de conformidad con las leyes de
la materia;
i) Requerir que las entidades e instituciones supervisadas sean gestionadas
y controladas de acuerdo a las mejores prácticas internacionales referidas
a la gestión de riesgos y de buen gobierno corporativo, según las normas
técnicas que se emitan;
j) Requerir la colaboración de otras Instituciones del Estado para la realización
de sus atribuciones; asimismo, atender dentro de su capacidad técnica y
atribuciones legales, las peticiones que estas últimas le realicen en el marco
de sus respectivas competencias, a efecto de apoyar el desarrollo de sus
correspondientes labores; y
k) Ejercer las demás funciones que le corresponden de acuerdo a las leyes.
La Superintendencia podrá aplicar y exigir el cumplimiento de medidas preventivas
y correctivas. Asimismo, cuando hubiere lugar, impondrá las sanciones que legalmente
correspondan a los supervisados que resultaren responsables en los actos, hechos u
omisiones que dieren lugar a las mismas.
Para efectos de esta Ley, el término “supervisar” incluye: vigilar, fiscalizar, evaluar,
inspeccionar y controlar; en tanto que dentro del término “operaciones”, se entenderán
comprendidos todos aquellos patrimonios adscritos a un fin determinado, como es el
caso de los Fondos de Titularización, Fondos de Pensiones y otros que señalen las
leyes.
Facultades de la Superintendencia
Art. 4.- La Superintendencia tendrá las facultades siguientes:
a) Emitir las resoluciones pertinentes para los supervisados, dentro de las
facultades que le confieren las leyes;
b) Definir las políticas y criterios bajo los cuales se efectuará la supervisión;
c) Efectuar la supervisión individual y consolidada de los integrantes del
sistema financiero, así como la supervisión de los demás sujetos regulados
por esta Ley;
d) Autorizar la promoción pública, constitución, funcionamiento e inicio de
operaciones, modificación de los pactos sociales y de los estatutos en su
caso y fusión de los integrantes del sistema financiero de conformidad a lo
dispuesto en las leyes especiales de la materia;
e) Autorizar a las instituciones o entidades constituidas con arreglo a leyes
extranjeras que se propongan operar como bancos o sociedades de seguros,

Anuario Legislativo 2010 - 2011
para establecer sucursales y, tratándose de bancos, para establecer oficinas
o para servir como centros de información de sus clientes, o bien colocar
fondos en el país en créditos o inversiones, sin realizar operaciones pasivas
y autorizar el cierre de las mismas;
f) Conocer las políticas internas de los integrantes del sistema financiero, en
materia de gestión de riesgos, códigos de conducta y otro tipo de requisitos
que les son exigidos, en particular, los referidos en los literales c) y d) del
artículo 35 de esta Ley, pudiendo solicitar explicaciones y ampliaciones
cuando lo considere pertinente, en atención a las mejores prácticas
internacionales;
g) Requerir a los supervisados, mediante resolución fundada y razonada, la
aplicación de medidas preventivas y correctivas, consideradas en esta Ley o
en las leyes específicas que les rigen, o una combinación de estas medidas,
según el caso de que se trate;
h) Autorizar la suspensión de operaciones, revocatoria de autorización para
operar y el cierre de los integrantes del sistema financiero, cuando legalmente
corresponda. En este último caso, coordinará las acciones que establecen
las leyes con otras instituciones involucradas;
i) Imponer las sanciones correspondientes de conformidad a las leyes;
j) Informar a la Fiscalía General de la República de cualquier hecho que
presuntamente sea constitutivo de delito, sobre el cual tenga conocimiento
en el ejercicio de sus funciones;
k) Vigilar la liquidación de los integrantes del sistema financiero de conformidad
a lo que las leyes específicas determinen;
l) Supervisar las operaciones bancarias del Banco Central de Reserva
de El Salvador realizadas en el sistema financiero, así como también, la
administración de las reservas de liquidez y sus propias reservas; además
auditará los procesos de administración y custodia de especies monetarias
que realiza el Banco Central; y, certificará los Estados Financieros cuando
se estime que razonablemente representen la situación financiera del Banco
Central;
m) Ordenar la suspensión de operaciones a personas naturales o jurídicas
que sin la autorización correspondiente, realicen actividades propias de
los integrantes del sistema financiero o que requieran una autorización
específica para ser efectuadas;
n) Cooperar, coordinar e intercambiar información con otros organismos
de supervisión que cumplan funciones de similar naturaleza en otras
jurisdicciones, con el objeto de facilitar el cumplimiento de las funciones
encomendadas de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables, pudiendo
al efecto celebrar convenios de cooperación e intercambio de información
con dichos organismos;
Indice Legislativo 163
Parte II

Parte II
164
Asamblea Legislativa
LEYES
o) Publicar información sobre los integrantes del sistema financiero y de los
diferentes mercados financieros;
p) Ejercer todas las demás actividades de supervisión y otras facultades que le
corresponden a la Superintendencia, de conformidad a las leyes específicas
aplicables a los supervisados, en lo que no contradigan a la presente Ley; y
q) Establecer las tarifas de los registros que lleve la Superintendencia.
Art. 5.- Con respecto al Mercado de Valores, adicionalmente a lo indicado en los
artículos anteriores, le compete a la Superintendencia:
a) Autorizar, suspender o cancelar la oferta pública de valores y el funcionamiento
de personas u operaciones que se realicen en el mercado bursátil, de
conformidad a lo establecido en las disposiciones aplicables;
b) Autorizar, modificar, suspender o cancelar el asiento en el Registro Público
Bursátil de valores de oferta pública, emisores, casas de corredores de
bolsa, agentes corredores de bolsa, bolsas de valores, auditores externos,
sociedades clasificadoras de riesgo, sociedades especializadas en el
depósito y custodia de valores, titularizadoras, agentes especializados en
valuación de valores, administradores de las entidades sujetas a registro y
otros que señalen las leyes;
c) Ordenar la suspensión de cotizaciones de valores cuando en el mercado
existan condiciones desordenadas o se efectúen operaciones no conformes
a sanos usos o prácticas;
d) Ordenar la suspensión de la propaganda o la información publicitaria de las
personas jurídicas que realicen oferta pública de valores y de las personas
que realicen intermediación de éstos, cuando contengan características
diferentes a la emisión de valores asentada por la Superintendencia, o cuando
se compruebe que, de acuerdo con la ley, la propaganda o información
publicitaria es engañosa o que contiene datos que no son verídicos, sin
perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes;
e) Supervisar las ofertas públicas de adquisición de valores inscritos en
el Registro Público Bursátil y requerir a los oferentes la revelación de
información que considere necesaria para que se practiquen con la debida
información y transparencia, a efecto de velar por los intereses del público
inversionista; y
f) Promover una autorregulación efectiva en el mercado de valores dentro del
marco legal vigente.
Art. 6.- Con respecto al Sistema de Ahorro para Pensiones y al Sistema de
Pensiones Público y otros sistemas previsionales, adicionalmente a lo indicado en los
artículos anteriores, le compete a la Superintendencia:

Anuario Legislativo 2010 - 2011
a) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y el funcionamiento
del Sistema de Ahorro para Pensiones y del Sistema de Pensiones Público,
particularmente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en adelante
denominado “ISSS”, del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados
Públicos, en adelante referido como “INPEP”, de las instituciones
administradoras de fondos de pensiones; asimismo supervisará al Instituto
de Previsión Social de la Fuerza Armada, en adelante denominado “IPSFA” y
el régimen de riesgos profesionales del ISSS ;
b) Supervisar las inversiones efectuadas con los recursos de los fondos de
pensiones y la estructura de la cartera de inversiones;
c) Acceder en tiempo real a la información de las Instituciones administradoras
de fondos de pensiones, referente a las operaciones efectuadas con recursos
del fondo de pensiones;
d) Designar y remover a los miembros de la Comisión Calificadora de Invalidez,
regulada en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
e) Supervisar la constitución, mantenimiento, operación y aplicación de las
garantías de rentabilidad mínima, reserva de fluctuación de rentabilidad,
aporte especial de garantía, capital social y patrimonio establecido en la
ley correspondiente para las Instituciones Administradoras de Fondos de
Pensiones;
f) Establecer, de conformidad con la ley, las cláusulas de los contratos de
afiliación y de traspaso entre las instituciones administradoras de fondos
de pensiones y sus afiliados y determinar los requisitos mínimos de los
contratos de seguros relacionados al Sistema de Ahorro para Pensiones,
así como los mecanismos de licitación para contratarlos, supervisando su
operación y cumplimiento;
g) Efectuar estudios técnicos que favorezcan el desarrollo y el fortalecimiento
del Sistema de Ahorro para Pensiones;
h) Supervisar el proceso de otorgamiento de las prestaciones establecidas en
la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, en las leyes del ISSS, del
INPEP, del IPSFA y en sus reglamentos;
i) Supervisar los procesos de estimación y gestión de los títulos previsionales;
j) Supervisar los procesos de gestión de recursos financieros por parte de las
instituciones correspondientes del Sistema de Pensiones Público, definido
así en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, ante la institución o
entidad legalmente responsable;
k) Supervisar la adquisición y enajenación de aquellos bienes muebles e
inmuebles del ISSS y del INPEP, en lo relativo al Sistema de Pensiones
Público así como los del IPSFA; y
Indice Legislativo 165
Parte II

Parte II
166
Asamblea Legislativa
LEYES
l) Coordinar y supervisar los mecanismos de tratamiento a la cartera de
préstamos personales e hipotecarios del INPEP, de acuerdo a lo establecido
en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.
Supervisados
Art. 7.- Están sujetos a las disposiciones de esta Ley y por lo tanto a la supervisión
de la Superintendencia:
a) El Banco Central de Reserva en lo relativo a lo establecido en el literal l) del
artículo 4 de esta Ley;
b) Los bancos constituidos en El Salvador, sus oficinas en el extranjero y sus
subsidiarias; las sucursales y oficinas de bancos extranjeros establecidos
en el país;
c) Las sociedades que de conformidad con la ley, integran los conglomerados
financieros, o que la Superintendencia declare como tales, lo que incluye
tanto a sus sociedades controladoras como a sus sociedades miembros;
d) Las instituciones administradoras de fondos de pensiones;
e) Las sociedades de seguros, sus sucursales en el extranjero y las sucursales
de sociedades de seguros extranjeras establecidas en el país;
f) Las bolsas de valores, las casas de corredores de bolsa, las sociedades
especializadas en el depósito y custodia de valores, las clasificadoras de
riesgo, las instituciones que presten servicios de carácter auxiliar al mercado
bursátil, los agentes especializados en valuación de valores y los almacenes
generales de depósito;
g) Los bancos cooperativos, las sociedades de ahorro y crédito y las
federaciones reguladas por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de
Ahorro y Crédito;
h) Las sociedades de garantía recíproca y sus reafianzadoras locales;
i) Las sociedades que ofrecen servicios complementarios a los servicios
financieros de los integrantes del sistema financiero, en particular aquéllas
en los que participen como inversionistas;
j) Las sociedades administradoras u operadoras de sistemas de pagos y de
liquidación de valores;
k) El Fondo Social para la Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda Popular;
l) El INPEP y el ISSS, éste último en lo relativo al Sistema de Pensiones Público,
al Régimen de Riesgos Profesionales y reservas técnicas de salud;
m) El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada;

Anuario Legislativo 2010 - 2011
n) El Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario de El Salvador,
S.A.,y el Banco Multisectorial de Inversiones;
o) La Corporación Salvadoreña de Inversiones;
p) Las casas de cambio de moneda extranjera;
q) Las titularizadoras;
r) El Instituto de Garantía de Depósitos y el Fondo de Saneamiento y
Fortalecimiento Financiero en todo lo concerniente a sus leyes y reglamentos;
s) Las bolsas de productos y servicios; y
t) Las demás entidades, instituciones y operaciones que señalen las leyes.
Cuando se haga referencia al sistema financiero o a los integrantes del sistema
financiero deberá entenderse que son los mencionados en los literales anteriores.
Además están sujetas a la supervisión de la Superintendencia las operaciones
realizadas por las entidades e instituciones antes indicadas, así como los miembros de
los órganos de administración, los representantes legales, mandatarios, funcionarios,
directores, gerentes, los auditores internos y demás personal de los integrantes del
sistema financiero. También serán supervisados, sean éstos personas naturales o
jurídicas, los auditores externos, las sociedades especializadas en la prestación de
servicios de información de créditos que operen en El Salvador, los intermediarios
de seguros, los agentes corredores de bolsa, los agentes de bolsa, los puestos de
bolsas, y los licenciatarios a que se refiere la Ley de Bolsas de Productos y Servicios,
los agentes de servicios previsionales, los peritos, los actuarios, los interventores,
los liquidadores y demás profesionales liberales, específicamente en lo relativo al
desempeño de sus funciones y prestación de servicios en los integrantes del sistema
financiero.
Asimismo, están sujetos a la supervisión de la Superintendencia los emisores de
valores de oferta pública, con especial énfasis en lo referente al cumplimiento de las
obligaciones que les imponen las leyes, reglamentos y normas técnicas bursátiles.
Cuando en el texto de esta Ley se haga referencia a los supervisados o supervisadas,
deberá entenderse que son los mencionados en este artículo.
Conformación de la Superintendencia
Art. 8.- La Superintendencia para el ejercicio de su competencia, atribuciones y
facultades está integrada por un Consejo Directivo, por el Superintendente del Sistema
Financiero, por los Superintendentes Adjuntos y por los funcionarios y empleados que
la institución requiera.
En el texto de esta Ley, el Consejo Directivo y el Superintendente del Sistema
Financiero, se denominarán respectivamente, “el Consejo” y “el Superintendente”.
Indice Legislativo 167
Parte II

Parte II
168
Asamblea Legislativa
LEYES
Asimismo, cuando en el texto de esta Ley se aluda a la expresión “funcionarios de la
Superintendencia”, se entenderá que se refiere a las personas que desempeñen cargos
de dirección y mando dentro de las diferentes unidades técnicas y administrativas
establecidas dentro de la estructura organizativa de la Superintendencia.
Capítulo II
Del Consejo Directivo
Conformación
Art. 9.- El Consejo será la máxima autoridad de la Superintendencia y es el
responsable del ejercicio de las competencias, atribuciones y facultades que esta Ley
le encomienda. El Consejo estará integrado en la forma siguiente:
a) El Superintendente nombrado de conformidad a lo establecido en la presente
Ley, quien presidirá el Consejo;
b) Los Superintendentes Adjuntos nombrados de conformidad al procedimiento
establecido en esta Ley;
c) Un Director nombrado por el Consejo de Ministros de terna propuesta por el
Ministerio de Economía;
d) Un Director nombrado por el Consejo de Ministros de terna propuesta por el
Ministerio de Hacienda;
e) Un Director nombrado por el Presidente de la República de una terna
propuesta por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas; y
f) Un Director nombrado por el Presidente de la República de una terna
propuesta por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría
Pública y Auditoría.
Los miembros del Consejo durarán en sus funciones cinco años. Los y las
funcionarias podrán ser reelectos una vez por un periodo igual.
Por cada uno de los directores a que se refieren los literales c, d, e y f de este
artículo, habrá un director suplente quienes podrán asistir a las sesiones con voz pero
sin voto.
Serán nombrados de la misma manera que los propietarios a quienes remplazarán
como miembros del Consejo en caso de ausencia.
Las ternas a las que se refieren los literales c, d, e y f deberán ser propuestos
con treinta días de anticipación a la finalización del periodo del Director a nombrarse.
Si no se hubieren propuesto las ternas en el periodo mencionado, el superintendente
procederá a proponerlas.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
En caso de muerte, renuncia, ausencia definitiva o impedimento definitivo
de cualquiera de los miembros del Consejo a excepción del Superintendente y los
Superintendentes Adjuntos, se procederá a nombrar al sustituto, para terminar el
periodo de su antecesor, de acuerdo al procedimiento establecido en este artículo.
Remoción
Art. 10.- Los miembros del Consejo únicamente podrán ser separados de su
cargo por decisión adoptada por la autoridad que los nombró y con expresión de
causa. Igual procedimiento se observará en el caso de remoción del Superintendente,
de los Superintendentes Adjuntos y de los miembros del Comité de Apelaciones del
Sistema Financiero regulado en esta Ley. Son causales de remoción las siguientes:
a) Dejar de cumplir los requisitos de su nombramiento;
b) Incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas en esta Ley;
c) Incurrir en graves y manifiestos incumplimientos legales en el ejercicio de
sus funciones o no actuar de forma diligente en el ejercicio de las mismas;
d) Haber sido condenado por delito doloso;
e) Haber perdido o haber sido suspendido en sus derechos de ciudadano;
f) Observar conducta inmoral que pueda comprometer la seriedad o
imparcialidad del ejercicio de su cargo; o
g) Ejercer influencias indebidas prevaleciéndose del cargo.
Cuando por cualquier medio la autoridad competente tenga conocimiento de una
causal de remoción, comisionará la investigación y documentación de la situación en
un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha
en que tuvo conocimiento de dicha causal. Con el informativo, oportunamente emitirá
la resolución correspondiente, desestimando o abriendo el procedimiento de remoción.
En este último caso se le notificará la resolución al funcionario investigado, quien, en un
plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación, podrá pronunciarse al
respecto, adjuntando las pruebas que estime pertinentes. La resolución deberá emitirse
dentro de los veinte días hábiles a contar de la fecha en que el funcionario investigado
se hubiere pronunciado, o si no se pronunciare, este plazo se contará a partir del día
siguiente en el que se le hubiere notificado la resolución correspondiente. Asimismo, la
autoridad competente en cualquier estado del procedimiento podrá de forma motivada
ordenar la suspensión provisional en el cargo del referido funcionario, medida cautelar
que podrá ser modificada o revocada si fuere procedente.
Igual procedimiento se observará en los casos de inhabilitación en lo que fuere
aplicable.
Indice Legislativo 169
Parte II

Parte II
170
Asamblea Legislativa
LEYES
Art. 11.- Los miembros del Consejo deberán ser salvadoreños, mayores de treinta
años de edad, de reconocida honorabilidad, probidad, con grado universitario y notoria
competencia en las materias relacionadas con sus facultades. Además deberán poseer
por lo menos cinco años de experiencia en materias económicas y financieras.
Los miembros del Consejo, previo a asumir su cargo, deberán rendir una
declaración jurada respecto de la no existencia de conflicto de interés para el ejercicio
del cargo, obligándose a ejercerlo con independencia respecto a la persona o entidad
que lo propuso, de igual manera respecto al cumplimiento de los requisitos que la ley
establece para el cumplimento del cargo y de no concurrir en su persona causal alguna
de inhabilidad para el nombramiento y ejercicio del mismo.
Los miembros del Consejo deberán guardar estricta confidencialidad sobre los
asuntos tratados y los documentos que en razón de su calidad de miembro del Consejo
les sean entregados; tampoco deberán utilizar ni aprovechar tal información para fines
personales, a favor de terceros o en detrimento de las funciones y decisiones de la
Superintendencia o del Estado, en cuyo caso incurrirán en responsabilidad por los
daños y perjuicios causados sin menoscabo de las acciones legales o administrativas
de cualquier naturaleza que correspondan.
Los miembros del Consejo, al asumir y al finalizar su cargo, deberá cumplir con lo
que establece la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
Incompatibilidades
Art. 12.- Para los miembros del Consejo será incompatible la participación en la
administración de cualquiera de los integrantes del sistema financiero, o en la propiedad
directa o indirecta del capital o inversiones de cualquiera de las personas supervisadas
por la Superintendencia así como la participación en operaciones supervisadas.
Excepto las operaciones que realicen como usuarios, los miembros del Consejo
no podrán efectuar ningún tipo de negocio con los integrantes del sistema financiero
ni con otro sujeto u operación supervisado por la Superintendencia, situación que se
hará extensiva a sus cónyuges e hijos; tampoco podrán contraer obligaciones con ellos
actuando en calidad de representantes legales de personas jurídicas.
Los miembros del Consejo, sus respectivos cónyuges, hijos menores de edad o
hijos dependientes económicamente deberán informar al Consejo sobre las deudas
y obligaciones que contraigan o hayan contraído con los integrantes del sistema
financiero. Igual información será requerida en caso de prórroga, refinanciamiento o
cualquier modificación a los términos del contrato que documenta la obligación original.
El cargo de Superintendente y Superintendente Adjunto será incompatible con la
prestación de servicios remunerados con fondos públicos o por entidades en que el
Estado tenga participación, excepto las labores docentes y académicas.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Causales de Inhabilidad
Art. 13.- Son inhábiles para el cargo de miembro del Consejo:
a) Los que fueren legalmente incapaces;
b) Los funcionarios que menciona el artículo 236 de la Constitución;
c) El cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República o de los
miembros del Consejo de Ministros;
d) El cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad del Presidente, Vicepresidente del Banco Central o de cualquier
otro miembro de su Consejo Directivo;
e) El cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad de alguno de los miembros del Consejo y los socios de éstos en
cualquier tipo de sociedades;
f) Los Directores, funcionarios, gerentes, administradores, empleados,
accionistas o asociados de las entidades o instituciones bajo la supervisión
de la Superintendencia, así como el cónyuge o parientes de aquéllos dentro
del segundo grado de consanguinidad;
g) Los deudores del sistema financiero por créditos a los que se les haya
constituido una reserva de saneamiento del cincuenta por ciento o más del
saldo. Esta inhabilidad será aplicable también a aquéllos que sean titulares
del veinticinco por ciento o más de las acciones de sociedades que se
encuentren en la situación antes mencionada;
h) Los que se encuentren en estado de quiebra, suspensión de pagos o
concurso de acreedores o quienes hubieren sido calificados judicialmente
como responsables de una quiebra culposa o dolosa;
i) Los que hayan sido administradores como directores, gerentes o
funcionarios de un integrante del sistema financiero en el que se demuestre
administrativamente su responsabilidad para que dicho integrante, a partir
de la vigencia de la Ley de Privatización de los Bancos Comerciales y de
las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, haya incurrido en deficiencias
patrimoniales del veinte por ciento o más del mínimo requerido por la ley; o que
haya recibido aportes del Estado o del Instituto de Garantía de Depósitos para
su saneamiento; o que haya sido intervenido por el organismo competente,
reestructurado o se le haya revocado su autorización para funcionar. Cuando
se trate de los representantes legales, gerente general, director ejecutivo
y directores con cargos ejecutivos de entidades financieras, se presumirá
que han tenido responsabilidad de cualquiera de las circunstancias antes
señaladas. No se aplicará la presunción anterior a aquellas personas que
hayan cesado en sus cargos dos años antes de que se hubiere presentado
tal situación, ni a quienes participaron en el saneamiento de entidades
o instituciones financieras, de conformidad a lo prescrito en la Ley de
Indice Legislativo 171
Parte II

Parte II
172
Asamblea Legislativa
LEYES
Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de
Ahorro y Préstamo, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurrieren
con posterioridad a dicho saneamiento;
j) Los que hayan sido condenados en sentencia ejecutoriada o en otras
resoluciones de similar efecto, en el país o en el extranjero, por haber
tenido participación en actividades relacionadas con el secuestro, crimen
organizado y delitos tipificados por la legislación relativa a las drogas, así
como con el terrorismo, lavado de dinero y de otros activos;
k) Quienes hayan sido condenados en sentencia ejecutoriada o en otras
resoluciones de similar efecto, en el país o en el extranjero, por haber
cometido o participado dolosamente en la comisión de cualquier delito;
l) Quienes hayan sido declarados inhábiles para desempeñar cargos o que
mediante otra denominación de similar efecto se les impidiera desempeñar
cargos en el sistema financiero, o en instituciones supervisoras y reguladoras
en el país o en el extranjero; o que hayan sido sancionados administrativa o
judicialmente por su participación en infracción grave a las leyes y normas
de carácter financiero, en especial la captación de fondos del público sin
autorización; el otorgamiento o recepción de préstamos relacionados en
exceso del límite permitido y los delitos de carácter financiero, ya sea que
las declaraciones de inhabilidades o la imposición de sanciones hayan sido
dictadas en el país o en el extranjero;
m) Los asesores, los apoderados y los auditores externos, así como los socios
o accionistas de los mismos, de cualquiera de las entidades o instituciones
bajo la supervisión de la Superintendencia; y
n) Los abogados y los notarios que directa o indirectamente estén prestando
sus servicios profesionales en cualquiera de los integrantes del sistema
financiero.
Las causales contenidas en la primera parte del literal g) y en los literales h), i), j),
k) y l) que concurran en el cónyuge de alguno de los miembros del Consejo, acarrearán
para éste su inhabilidad.
Declaratoria de Inhabilidad
Art. 14.- Cuando exista o sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad
mencionadas en el artículo anterior, caducará la gestión de cualquiera de los miembros
del Consejo y se procederá a su reemplazo de conformidad a lo dispuesto en esta Ley.
No obstante, los actos autorizados con anterioridad a que la inhabilidad fuere declarada
no se invalidarán con respecto a la Superintendencia ni con terceros.
Corresponderá a la autoridad que lo nombró, de oficio o por denuncia de cualquier
interesado, en forma sumaria, calificar o declarar la inhabilidad de cualquiera de los
miembros del Consejo.

Facultades
Art. 15.- Son facultades del Consejo:
Anuario Legislativo 2010 - 2011
a) Emitir las resoluciones pertinentes para los supervisados, dentro de las
facultades que le confieren las leyes;
b) Definir las políticas y criterios bajo las cuales se efectuará la supervisión;
c) Autorizar la suspensión de operaciones, revocatoria de autorización y cierre
de los integrantes del sistema financiero. En el caso del cierre, coordinará
las acciones que establezcan las leyes con otras instituciones involucradas;
d) Autorizar la promoción pública, constitución, funcionamiento, inicio de
operaciones, modificación de los pactos sociales y estatutos en su caso,
fusión y otros actos de similar naturaleza de los integrantes del sistema
financiero, de conformidad a las disposiciones legales, reglamentarias o
normativas técnicas establecidas al respecto;
e) Autorizar a las instituciones constituidas con arreglo a las leyes extranjeras
que se propongan operar como bancos o sociedades de seguros, para
establecer sucursales y, tratándose de bancos, para establecer oficinas o
servir como centros de información de sus clientes o bien colocar fondos en
el país en créditos o inversiones, sin realizar operaciones pasivas y autorizar
el cierre de las mismas;
f) Monitorear preventivamente los riesgos de los integrantes del sistema
financiero y la forma en que éstos los gestionan, velando por el prudente
mantenimiento de su solvencia y liquidez;
g) Requerir de los supervisados cuando legalmente corresponda, la presentación
y el cumplimiento de un plan de regularización, disponer la reestructuración,
solicitar la intervención judicial, disponer sobre la suspensión de operaciones,
la revocatoria para funcionar, cierre de oficinas y la liquidación voluntaria de
los integrantes del sistema financiero;
h) Acordar la intervención de algún integrante del sistema financiero en cuyas
leyes aplicables estuviere contemplada tal medida, salvo en el caso de las
entidades del mercado de valores para las cuales la intervención se regula
en el artículo 75 de esta Ley;
i) Requerir a los supervisados, mediante resolución fundada y razonada, la
aplicación de medidas preventivas y correctivas, consideradas en esta Ley
o en otras de similar naturaleza contenidas en las leyes específicas que les
rigen, según el caso de que se trate, excepto aquellas que en la presente Ley
se atribuyen al Superintendente;
j) Designar y remover a los miembros de la Comisión Calificadora de Invalidez,
regulada en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
k) Establecer las tarifas de los registros que lleve la Superintendencia;
Indice Legislativo 173
Parte II

Parte II
174
Asamblea Legislativa
LEYES
l) Autorizar, suspender o cancelar la oferta pública de valores y el funcionamiento
de personas u operaciones que se realicen en el mercado bursátil, de
conformidad a lo establecido en las disposiciones aplicables;
m) Autorizar, modificar, suspender o cancelar los asientos registrales en los
registros que lleve la Superintendencia de las personas, instituciones y
operaciones que estuvieren sujetos a dicho requisito, de conformidad con
las leyes de la materia, cuando dichos actos no sean resultado de una
sanción;
n) Ordenar la suspensión de operaciones a personas naturales o jurídicas
que sin la autorización correspondiente, realicen actividades propias de
los integrantes del sistema financiero o que requieran una autorización
específica para ser efectuadas;
o) Emitir dentro de las facultades que le confiere esta Ley, el Reglamento Interno,
el Reglamento de Trabajo y demás normas necesarias para el desarrollo de
las labores de la Superintendencia;
p) Definir y aprobar la estructura organizativa de la Superintendencia,
estableciendo los niveles de jerarquía, responsabilidades, atribuciones
y funciones que permitan un desempeño eficiente para el logro de sus
objetivos;
q) Acordar la creación o supresión de unidades asesoras, técnicas, operativas
y administrativas, así como de oficinas;
r) Aprobar el proyecto de presupuesto que se someterá al Consejo de Ministros
para su aprobación;
s) De forma excepcional y con la previa aprobación de la autoridad legal que
corresponda, declarar como confidencial la información recabada por la
Superintendencia respecto de los integrantes del Sistema Financiero y
demás supervisados cuando a su criterio la divulgación o publicación de la
misma pueda ocasionar perjuicios al interés público; igual facultad tendrá el
consejo directivo del Banco Central de Reserva;
t) Crear una Unidad contra el Lavado de Dinero y Activos; y
u) Otras facultades, competencias y atribuciones establecidas en ésta o en
otras leyes aplicables.
Las resoluciones administrativas relacionadas con las facultades establecidas en
los literales c), g), h), i) y n) agotan la vía administrativa.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
De las Sesiones
Art. 16.- Las sesiones del Consejo serán convocadas por quien lo presida y se
efectuarán al menos una vez al mes. El Superintendente podrá proponer la realización
de las mismas a efecto de cumplir con su mandato establecido en la presente ley.
Para que las sesiones del Consejo se consideren válidas será necesaria, la
asistencia de la mitad más uno de sus miembros con derecho a voto, incluyendo al
Superintendente, o quien ejerce sus funciones. Las resoluciones deberán ser adoptadas
por mayoría simple. En caso de empate el Superintendente tendrá voto de calidad. Los
miembros suplentes del Consejo podrán asistir a las sesiones con voz pero sin voto.
Excusas
Art. 17.- Cuando algún miembro del Consejo tuviere interés personal en cualquier
asunto que debe discutirse o resolverse, o lo tuvieren su cónyuge, parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, sus socios o codirectores
en cualquier tipo de sociedad o empresa, o sus mandatarios o abogados estén
interviniendo en el caso, deberá excusarse de conocer de un determinado asunto con
expresión motivada de causa, debidamente acreditada y por escrito, ante el Consejo.
La excusa deberá hacerse constar en el acta de la sesión respectiva.
Los miembros del Consejo que tengan conocimiento de algún potencial conflicto
de interés de cualquiera de los otros miembros, deberán manifestarlo a fin de que se
delibere si procede o no el retiro del miembro de la sesión.
Capítulo III
Del Superintendente y de los Superintendentes Adjuntos
Art. 18.- El Superintendente tendrá a su cargo la ejecución de las resoluciones
del Consejo y la dirección superior de las actividades de la Superintendencia. Será
nombrado por el Presidente de la República para un período de cinco años, pudiendo
ser reelecto una sola vez. El Superintendente ejercerá su cargo a tiempo completo y
no podrá desempeñar ninguna profesión liberal ni prestar servicios profesionales, con
excepción de las labores docentes y académicas.
Corresponderá al Superintendente o a quien haga sus veces, la representación
legal, judicial y extrajudicial de la Superintendencia, quién a su vez podrá otorgar los
poderes administrativos o judiciales que sean necesarios para el normal desarrollo
de las actividades de la Superintendencia. La representación legal, judicial y laboral
de la Superintendencia también podrá recaer en aquella persona que nombre el
Superintendente o quien haga sus veces, debiendo conferirse a persona con facultades
para ejercer la procuración y como máximo por igual período al de la autoridad que lo
nombre. Esta representación no tendrá más límites que los consignados en el acuerdo
respectivo.
Indice Legislativo 175
Parte II

Parte II
176
Asamblea Legislativa
LEYES
Art. 19.- Corresponde al Superintendente:
a) Dirigir la Superintendencia;
b) Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo;
c) Emitirlas resoluciones pertinentes para los supervisados, dentro de las
facultades que le confieren las leyes;
d) Conocer las políticas internas de los integrantes del sistema financiero, en
materia de gestión de riesgos, códigos de conducta y otro tipo de requisitos
que les son exigidos, en particular, los referidos en los literales c) y d) del
artículo 35 de esta Ley, pudiendo solicitar explicaciones y ampliaciones
cuando lo considere pertinente, en atención a las mejores prácticas
internacionales;
e) Efectuar la supervisión individual y consolidada de los integrantes del
sistema financiero, así como la supervisión de los demás sujetos regulados
por esta Ley;
f) Comunicar a los sujetos supervisados las irregularidades o infracciones que
notare en sus operaciones;
g) Imponer las sanciones correspondientes de conformidad a las leyes;
h) Informar a la Fiscalía General de la República de cualquier hecho que
presuntamente sea constitutivo de delito, sobre el cual tenga conocimiento
en el ejercicio de sus funciones;
i) Vigilar la liquidación de los integrantes del sistema financiero de conformidad
a lo que las leyes específicas determinen;
j) Ordenar la suspensión de cotizaciones de valores cuando en el mercado
existan condiciones desordenadas o se efectúen operaciones no conformes
a sanos usos o prácticas;
k) Ordenar la suspensión de la propaganda o la información publicitaria de las
personas jurídicas que realicen oferta pública de valores y de las personas
que realicen intermediación de éstos, cuando contengan características
diferentes a la emisión de valores asentada por la Superintendencia, o cuando
se compruebe que, de acuerdo con la ley, la propaganda o información
publicitaria es engañosa o que contiene datos que no son verídicos, sin
perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes;
l) Supervisar las ofertas públicas de adquisición de valores inscritos en
el Registro Público Bursátil y requerir a los oferentes la revelación de
información que considere necesaria para que se practiquen con la debida
información y transparencia, a efecto de velar por los intereses del público
inversionista;
m) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y el funcionamiento
del Sistema de Ahorro para Pensiones y del Sistema de Pensiones Público,

Anuario Legislativo 2010 - 2011
particularmente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en adelante
denominado “ISSS”, del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados
Públicos, en adelante referido como “INPEP”, del Instituto de Previsión
Social de la Fuerza Armada y de las instituciones administradoras de fondos
de pensiones; asimismo supervisará el régimen de riesgos profesionales del
ISSS;
n) Supervisar las inversiones efectuadas con los recursos de los fondos de
pensiones y la estructura de la cartera de inversiones;
o) Acceder en tiempo real a la información de las Instituciones administradoras
de fondos de pensiones, referente a las operaciones efectuadas con recursos
del fondo de pensiones;
p) Supervisar la constitución, mantenimiento, operación y aplicación de las
garantías de rentabilidad mínima, reserva de fluctuación de rentabilidad,
aporte especial de garantía, capital social y patrimonio establecido en la
ley correspondiente para las Instituciones Administradoras de Fondos de
Pensiones;
q) Establecer, de conformidad con la ley, las cláusulas de los contratos de
afiliación y de traspaso entre las instituciones administradoras de fondos
de pensiones y sus afiliados y determinar los requisitos mínimos de los
contratos de seguros relacionados al Sistema de Ahorro para Pensiones,
así como los mecanismos de licitación para contratarlos, supervisando su
operación y cumplimiento;
r) Efectuar estudios técnicos que favorezcan el desarrollo y el fortalecimiento
del Sistema de Ahorro para Pensiones;
s) Supervisar los procesos de gestión de recursos financieros por parte de las
instituciones correspondientes del Sistema de Pensiones Público, definido
así en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, ante la institución o
entidad legalmente responsable;
t) Supervisar la adquisición y enajenación de aquellos bienes muebles e
inmuebles del ISSS y del INPEP, en lo relativo al Sistema de Pensiones
Público así como los del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada;
u) Coordinar y supervisar los mecanismos de tratamiento a la cartera de
préstamos personales e hipotecarios del INPEP, de acuerdo a lo establecido
en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
v) Presentar al Consejo informes sobre los resultados de la supervisión de los
sujetos supervisados;
w) Auditar los procesos de administración y custodia de especies monetarias
que realiza el Banco Central y certificar los estados financieros del referido
banco;
Indice Legislativo 177
Parte II

Parte II
178
Asamblea Legislativa
LEYES
x) Cooperar, coordinar e intercambiar información con otros organismos
de supervisión que cumplan funciones de similar naturaleza en otras
jurisdicciones, con el objeto de facilitar las actividades de supervisión
individual y consolidada de los integrantes del sistema financiero, pudiendo
al efecto celebrar convenios de cooperación e intercambio de información
con dichos organismos;
y) Presentar al Consejo el proyecto de Presupuesto Anual y Régimen de Salarios
de la Superintendencia así como sus modificaciones, para su aprobación; y
z) Ejercer las demás funciones de vigilancia, inspección y fiscalización que le
correspondan de acuerdo con las leyes y demás disposiciones aplicables.
Art. 20.- Para el ejercicio de sus funciones, el Superintendente propondrá al Consejo
para su aprobación la estructura organizativa de la Superintendencia estableciendo
los niveles de jerarquía, responsabilidades, atribuciones y funciones que permitan un
desempeño eficiente de la institución en la supervisión relativa a los riesgos, conducta
de mercado, gestión institucional de los supervisados y en otras áreas, velando en
todo caso porque la supervisión sea de carácter especializado en razón de la naturaleza
de las operaciones realizadas por los diferentes integrantes del sistema financiero,
contando para dicho efecto con el apoyo de los Superintendentes Adjuntos y las
diferentes áreas técnicas, administrativas y operativas que sean necesarias, pudiendo
nombrar y remover al personal de la Superintendencia.
Que sean necesarios o convenientes para que la Superintendencia cumpla con sus
responsabilidades legales y para la ejecución del presupuesto, incluyendo contratos
de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas ajenas a la Institución,
para la ejecución de labores temporales y específicas y para las contrataciones
correspondientes a la adquisición de bienes y servicios y todos los actos previos a las
mismas.
Art. 21.- En caso de ausencia o impedimento temporal del Superintendente, será
sustituido por uno de los Superintendentes Adjuntos en el orden de precedencia que
él determine. En caso de renuncia, remoción, ausencia o impedimento definitivo del
Superintendente deberá nombrarse a otro Superintendente, para finalizar el período
en un plazo máximo de treinta días contados a partir del hecho o circunstancia, de
conformidad al inciso primero del artículo 18 de esta Ley; mientras no se realice este
nombramiento el Consejo decidirá quién ejercerá las funciones del Superintendente.
Art. 22.- Los Superintendentes Adjuntos serán funcionarios a tiempo completo,
deberán cumplir con los mismos requisitos que el Superintendente y se les aplicarán
las mismas inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que a éste le aplican. Se
nombrarán, al menos cuatro Superintendentes Adjuntos, cada uno responsable de la
dirección de la unidad especializada que se designe al momento de su nombramiento,
las cuales son: bancos, aseguradoras y otras entidades financieras; Instituciones

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Estatales de carácter financiero; de Valores; de Pensiones. Serán nombrados por el
Presidente de la República de ternas propuestas por el Consejo de Ministros para un
período de cinco años, pudiendo ser nombrados nuevamente por un único período.
Deberán nombrarse por lo menos cuatro Superintendentes Adjuntos, de conformidad
a la estructura organizativa que el Consejo defina, velando porque dicha estructura
responda a la necesidad de efectuar una supervisión especializada en razón de la
naturaleza de las operaciones realizadas por los diferentes integrantes del sistema
financiero. Los Superintendentes Adjuntos ejercerán las atribuciones y facultades
inherentes a su propia especialización y las que el Superintendente les delegue,
inclusive la facultad sancionatoria.
En caso de ausencia o impedimento temporal de un Superintendente Adjunto,
el mismo será sustituido por el funcionario de la Superintendencia designado por el
Superintendente, siempre y cuando dicho período no excediere de treinta días, quien
deberá reunir los requisitos exigibles al Superintendente Adjunto y sus actos tendrán
los mismos efectos que los realizados por el funcionario sustituido, incluso en la
participación y acuerdos que se adopten en el Consejo a que se refiere el artículo 9 de
esta Ley.
Coordinación Interna de la Superintendencia
Art. 23.- Para facilitar la coordinación de las labores de supervisión, el
Superintendente y los Superintendentes Adjuntos deberán compartir entre sí la
información de la cual tengan conocimiento, principalmente la relacionada con:
a) La estrategia diseñada para supervisar a los integrantes del sistema
financiero y sus operaciones de acuerdo a su perfil de riesgo;
b) Los resultados de la supervisión individual y consolidada de los integrantes
del sistema financiero, las medidas adoptadas y la eficacia de las mismas,
así como su perfil de riesgo, evolución, naturaleza y causas del mismo;
c) Los incumplimientos detectados así como la efectividad de las medidas
adoptadas ante tales incumplimientos;
d) Estudios efectuados sobre las tendencias, transparencia, eficiencia y
funcionamiento ordenado de los mercados financieros, de los integrantes
del sistema financiero y de la forma en que éstos gestionan sus riesgos,
identificando el impacto en la confianza de depositantes, inversionistas,
cotizantes, pensionados y asegurados; y
e) Análisis de vulnerabilidad de los integrantes del sistema financiero
considerando su desempeño histórico, las expectativas de desempeño
futuro de los mismos, la formulación de planes de contingencia en caso de
crisis y el entorno en que éstos se desenvuelven.
Indice Legislativo 179
Parte II

Parte II
180
Asamblea Legislativa
LEYES
Delegación de Competencia
Art. 24.- El Superintendente podrá delegar en los Superintendentes Adjuntos o en
otros funcionarios de la Superintendencia el ejercicio de las competencias, atribuciones
y facultades que la ley le encomienda a éste y que son de su responsabilidad, definiendo
directrices para su actuación y la forma en la que le rendirán informes. No obstante lo
anterior, la facultad a que se refiere el literal i) del artículo 4 únicamente podrá delegarse
en los Superintendentes Adjuntos.
Los actos administrativos dictados por delegación manifestarán expresamente
esta circunstancia y se considerarán dictados por el delegante.
El delegado será responsable por el modo en que ejerza la facultad delegada, salvo
que haya actuado por instrucciones escritas y precisas del delegante, caso en el cual
la responsabilidad por la actuación irregular recaerá sobre éste. No podrán delegarse
las facultades que han sido delegadas. El Superintendente podrá en cualquier momento
revocar la delegación conferida.
Delegación de Actuaciones y de Firma
Art. 25.- El Superintendente y los Superintendentes Adjuntos podrán delegar en
cualquier miembro del personal la práctica de inspecciones, revisiones, procedimientos
de fiscalización, vigilancia, control, emplazamientos, citaciones, notificaciones,
auditorías, celebración de audiencias conciliatorias, sustanciación de procedimientos,
firma de correspondencia, transcripciones, certificaciones o cualquiera otra diligencia
administrativa. El delegado deberá relacionar la delegación con la que actúa en el acto
administrativo respectivo. Dicha delegación no alterará la competencia del delegante.
Los actos administrativos definitivos no podrán ser objeto de delegación de firma.
El Consejo podrá delegar en cualquier miembro del personal la práctica de
citaciones, notificaciones, auditorías, firma de correspondencia o cualquiera otra
diligencia administrativa relacionada con sus funciones.
Sustitución de Funcionarios
Art. 26.- Los funcionarios de la Superintendencia podrán ser sustituidos por quien
designe el Superintendente cuando éstos suplan a los Superintendentes Adjuntos.
Art. 27.- Los miembros del Consejo, el Superintendente y los Superintendentes
Adjuntos sólo podrán ser juzgados por los tribunales comunes por los delitos oficiales
que presuntamente hubieren cometido, previa declaratoria de que hay lugar a formación
de causa dada por la Corte Suprema de Justicia. No obstante lo anterior, los antedichos
funcionarios estarán sujetos a los procedimientos ordinarios, por los delitos y faltas
comunes que presuntamente pudieran haber cometido.
Igual tratamiento aplicará a los miembros del Consejo Directivo del Banco Central.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
El Superintendente comparecerá a responder interrogatorios en los juicios y
diligencias judiciales que tengan relación con las actividades propias de su cargo.
Responsabilidad de Daños
Art. 28.- Cualquier resolución, acción u omisión de los miembros del Consejo,
del Superintendente o de los Superintendentes Adjuntos que contravenga las
disposiciones constitucionales los hará incurrir en responsabilidad personal por los
daños que hubieren causado de conformidad al artículo 245 de la Constitución.
Comunicación de las Resoluciones
Art. 29.- Para su validez, las resoluciones del Consejo, del Superintendente,
de los Superintendentes Adjuntos o de otros funcionarios de la Superintendencia
cuando actúen por delegación del Superintendente, que deban ser cumplidas por los
supervisados, se harán del conocimiento de los mismos en forma directa, por fax u
otro medio electrónico que garantice su autenticidad y recepción.
Todas las resoluciones adoptadas deberán ser razonadas y fundamentadas. Las
resoluciones firmes se publicarán de forma resumida en la memoria de labores de la
Superintendencia, de acuerdo a los criterios de materialidad previamente establecidos
por el Consejo. Adicionalmente, las resoluciones en firme que impongan sanciones
se publicarán íntegramente en el sitio de internet de la Superintendencia con una
periodicidad mensual, y de forma resumida en un periódico de circulación nacional.
Los actos administrativos regulados en la presente Ley gozaran de presunción de
legitimidad, ejecutividad y ejecutoriedad. Sin embargo, las multas impuestas deberán
ser ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de esta Ley.
Coordinación con el Banco Central
Art. 30.- La Superintendencia y el Banco Central con el objeto de preservar la
estabilidad del sistema financiero y velar por la eficiencia y transparencia del mismo,
actuando dentro de la competencia legal de cada institución, deberán establecer
los mecanismos que les permitan actuar coordinadamente, de forma transparente y
eficiente, con un permanente intercambio de información para lo cual esta Ley los
faculta. Para estos efectos deberán suscribir convenios de coordinación, cooperación
e intercambio de información en el que se detallarán los alcances de la mencionada
coordinación.
Indice Legislativo 181
Parte II

Parte II
182
Asamblea Legislativa
LEYES
Capítulo IV
Del Proceso de Supervisión
Supervisión
Art. 31.- El Superintendente y los Superintendentes Adjuntos determinarán y
desarrollarán los principios y las características del proceso de supervisión, los objetivos
y las fases que éste comprenda y harán del conocimiento de los integrantes del sistema
financiero, los criterios y políticas que adoptarán para implementar la supervisión con
base a riesgos y para verificar el cumplimiento del marco legal, considerando las
mejores prácticas internacionales. El Superintendente y los Superintendentes Adjuntos
valorarán los aportes técnicos que sobre el particular formulen los integrantes del
sistema financiero.
Al definir las políticas y criterios bajo los cuales efectuará la supervisión, el
Superintendente y los Superintendentes Adjuntos deberán considerar factores de índole
cuantitativo y cualitativo para valorar la idoneidad, adecuación y eficacia de la gestión y
control que realizan los supervisados, el manejo de conflictos de interés, la divulgación
de información relevante y la existencia de controles para evitar el uso indebido de
información privilegiada o reservada. Asimismo, harán un seguimiento permanente de
los mercados financieros para identificar prácticas o conductas que podrían atentar
contra su eficiencia y transparencia, aplicando las medidas pertinentes.
El Superintendente y los Superintendentes Adjuntos se reunirán al menos cada seis
meses con los integrantes del sistema financiero y con el Banco Central, para analizar
las tendencias del sistema financiero y comentar los principios y características del
proceso de supervisión.
Requerimiento de Información
Art. 32.- La Superintendencia, a través del Superintendente, los Superintendentes
Adjuntos o las personas a quienes éstos deleguen, podrá requerir a los supervisados el
acceso directo a todos los datos, informes o documentos sobre sus operaciones por los
medios y la forma que ésta defina. Cuando lo estime conveniente, la Superintendencia
podrá requerir el acceso directo en tiempo real a sistemas de información de los
supervisados. Asimismo, sin necesidad de previo aviso, podrá practicar auditorías,
inspecciones, revisiones y cualquier otra diligencia necesaria para el cumplimiento
de la ley. En aquellos casos en que la Superintendencia encuentre que el supervisado
ha publicado información que no refleja su situación financiera real, deberá requerirle
la publicación de información debidamente corregida, sin perjuicio de otras acciones
legales que deban iniciarse.
La Superintendencia, a través del Superintendente, los Superintendentes Adjuntos o
las personas a quienes éstos deleguen, podrá disponer la realización de inspecciones
especiales a un supervisado para verificar los aspectos de la conducción del negocio
o del conglomerado al que pertenece, con el propósito de establecer el cumplimiento
de los requerimientos legales, reglamentarios y normativos aplicables.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
El Superintendente, los Superintendentes Adjuntos o las personas a quienes éstos
deleguen, comunicarán a los supervisados las deficiencias, excesos, irregularidades
o infracciones que notare en sus operaciones, exigiendo su normalización de
conformidad a la regulación vigente, sin perjuicio de instruir los procesos administrativos
correspondientes y de la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar.
Para los efectos de esta Ley, los integrantes del sistema financiero podrán hacer
uso de microfilm, de discos ópticos, medios magnéticos, medios electrónicos o de
cualquier otro medio que permita archivar documentos e información, con el objeto de
guardar de una manera eficiente los registros, documentos e informes que correspondan,
inclusive títulos valores. Las copias o reproducciones que deriven de microfilm, disco
óptico, medios magnéticos, medios electrónicos o de cualquier otro medio, tendrán el
mismo valor probatorio que los originales, siempre que sean certificadas por notario.
Art. 33.- La información recabada por la Superintendencia será confidencial y
solo podrá ser dada a conocer al Banco Central, al Comité de Apelaciones del Sistema
Financiero regulado por esta Ley, al Instituto de Garantía de Depósitos, a la Corte de
Cuentas de la República en la fiscalización de fondos públicos, a la Fiscalía General de
la República, a las autoridades judiciales cuando así corresponda, a la Corte Suprema
de Justicia y a otras instituciones, cuando de forma expresa lo autorice la ley.
La información recabada por la Superintendencia podrá compartirse con organismos
de supervisión extranjeros que ejerzan similares facultades a las de la Superintendencia,
para efecto de ser utilizada exclusivamente por dichos organismos en el ejercicio de
sus facultades, siempre que la Superintendencia lo considere conveniente o que dichos
organismos demuestren un interés legítimo y se comprometan a guardar la reserva y
confidencialidad de la información compartida, siempre y cuando existan convenios
suscritos de intercambio recíproco de información. El Superintendente deberá informar
mensualmente al Presidente de la República de los hechos relevantes ocurridos en ese
mes, en el sistema financiero.
Colaboración con Homólogos Extranjeros y de Otras Instituciones del Estado
Art. 34.- La Superintendencia podrá actuar por cuenta de organismos de
supervisión homólogos extranjeros cuando éstos soliciten dichas actuaciones en el
ejercicio de sus funciones y cuando éstos estén sometidos a normas de cooperación
que, como mínimo, sean equiparables a las establecidas por las leyes salvadoreñas,
pudiendo suscribir los documentos de cooperación necesarios para tal efecto. La
Superintendencia requerirá a dichos organismos la colaboración necesaria para el
cumplimiento de sus funciones.
Facultase a la Superintendencia para requerir y obtener de otras dependencias
de la Administración Pública y especialmente del Ministerio de Hacienda, de la
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, de la Superintendencia de Competencia,
de la Defensoría del Consumidor, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, del ISSS,
Indice Legislativo 183
Parte II

Parte II
184
Asamblea Legislativa
LEYES
del INPEP, del Registro Nacional de Personas Naturales y del Centro Nacional de
Registros, la información y los datos que considere necesarios para el desempeño de
sus funciones.
Esta información será de carácter confidencial. Cuando la Superintendencia
requiera cualquier información, la certificación de la misma no estará sujeta al pago de
ningún derecho. Las instituciones y dependencias mencionadas deberán proveer a la
Superintendencia, con la prontitud debida, la información que ésta les requiera y que
ellas posean en virtud del ejercicio de sus propias atribuciones y funciones, para lo
cual la Superintendencia deberá convenir o establecer mecanismos de acceso directo
a las bases de datos de dichas instituciones y dependencias.
Obligaciones de los Supervisados
Art. 35.- Sin perjuicio de otras obligaciones que les pudieran corresponder,
los directores, gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de dirección o
de administración en los integrantes del sistema financiero deberán conducir sus
negocios, actos y operaciones cumpliendo con los más altos estándares éticos de
conducta y actuando con la diligencia debida de un buen comerciante en negocio
propio, estando obligados a cumplir y a velar porque en la institución que dirigen o
laboran se cumpla con:
a) El conocimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas
que regulan la actividad de los integrantes del sistema financiero así como
el de las instrucciones emitidas por la Superintendencia de conformidad a
sus facultades legales;
b) El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas
que regulan la actividad de los integrantes del sistema financiero así como
el de las instrucciones emitidas por la Superintendencia de conformidad a
sus facultades legales;
c) La adopción y actualización de políticas sobre estándares éticos de conducta,
manejo de conflictos de interés, uso de información privilegiada, prevención
de conductas que puedan implicar la manipulación o abuso del mercado, así
como el cumplimiento de principios, reglas o estándares en el manejo de los
negocios que establezcan para alcanzar los objetivos corporativos;
d) La adopción y actualización de políticas y mecanismos para la gestión de
riesgos, debiendo entre otras acciones, identificarlos, evaluarlos, mitigarlos
y revelarlos acordes a las mejores prácticas internacionales. En dichas
políticas se deberán incluir las medidas que se adoptarán para prevenir
posibles incumplimientos a requerimientos regulatorios y las que adoptarán
en el evento de que haya incurrido en ellos, debiendo definir en ambas
situaciones los parámetros que orientarán la actuación y los responsables
de implementarlas;
e) La adecuada implementación de medidas para corregir incumplimientos a
las políticas y a las irregularidades que se hubiesen detectado, así como de

Anuario Legislativo 2010 - 2011
los requerimientos que en el ejercicio de sus facultades le hubiese formulado
la Superintendencia;
f) La adecuada revelación contable de la realidad económica y financiera del
integrante del sistema financiero, el cual deberá contar con los respaldos de
sus auditorías interna y externa;
g) El eficiente funcionamiento de los sistemas de registro, tratamiento,
almacenamiento, transmisión, producción, seguridad y control de los flujos
de información;
h) La adecuada divulgación de información, la oportuna disponibilidad de
información relevante sobre el desempeño de las actividades, la transparencia
de las operaciones y el estado económico y financiero para la toma de
decisiones por parte de sus órganos de dirección;
i) La calidad y suficiencia de los informes que deban presentarse a las Juntas
Generales de Accionistas u órganos superiores de administración;
j) La capacitación sistemática y especializada de sus cuadros gerenciales y
demás personal, conforme a las mejores prácticas internacionales;
k) La adopción e implementación de estándares de gobierno corporativo en la
gestión, dirección y control de sus operaciones;
l) La adopción de mecanismos, en todas sus oficinas, para asegurar el
cumplimiento de la libertad notarial en los casos en que las leyes especiales
lo determinen; y,
m) Informar a la Superintendencia todos los hechos relevantes, según se
determine en la normativa técnica que al efecto se emita.
Las políticas y mecanismos a las que hacen referencia los literales c), d) y l) del
presente artículo, así como las modificaciones a las mismas, deberán ser hechas del
conocimiento de la Superintendencia por los integrantes del sistema financiero en un
plazo no mayor a diez días hábiles después de aprobadas.
Art. 36.- Sin perjuicio de otras obligaciones legales, reglamentarias y normativas
que les correspondan, el auditor externo deberá opinar, ante la junta general de
accionistas u órgano superior de administración y ante la junta directiva u órgano
de gobierno del integrante del sistema financiero de que se trate, sobre la integridad,
adecuación y eficacia de los sistemas de control interno.
Los directores, administradores, gerentes, auditores internos y externos, otros
funcionarios y demás personas que presten servicios a cualquier integrante del sistema
financiero, deberán reportar a la Superintendencia las operaciones que ésta les haya
requerido, en particular aquellas que se realicen o se hayan realizado entre aquel y sus
accionistas o administradores y las relacionadas con el conglomerado financiero a
Indice Legislativo 185
Parte II

Parte II
186
Asamblea Legislativa
LEYES
que pertenezca si fuere el caso. La forma, periodicidad y circunstancias en las que se
deberán reportar estas operaciones se establecerán en las normas técnicas que para
tal efecto se emitan.
Art. 37.- Los supervisados deberán facilitar, a requerimiento de la Superintendencia,
por los medios que ésta considere convenientes, sin oponer confidencialidad o reserva
alguna, el examen de sus negocios, actos, operaciones, bienes, libros, cuentas,
archivos, documentos, correspondencia, bases de datos y sistemas de información,
en todo lo pertinente a la actividad de supervisión. Asimismo, sus administradores
y personal deberán proporcionar, a requerimiento de la Superintendencia, todos los
antecedentes y explicaciones que sean necesarias para esclarecer cualquier asunto
de su competencia, estando obligados a prestar la colaboración que ésta les solicite.
Los supervisados, así como sus accionistas o socios, deberán proporcionar toda la
información necesaria para mantener actualizados los registros públicos mencionados
en las leyes que los rigen, dentro de los plazos y en la forma que se establezca.
Los empleadores de los afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones y al Sistema
de Pensiones Público deberán señalar un lugar específico en la ciudad de San Salvador
para oír notificaciones, o en su caso, comisionar a una persona residente en dicha
ciudad para oírlas y para presentar o retirar documentos a su nombre.
Art. 38.- Los directores, administradores, funcionarios y gerentes de los integrantes
del sistema financiero que contravengan las disposiciones de las leyes, reglamentos
o normas aplicables o que por actos u omisiones causen perjuicios al mencionado
integrante o a terceros, serán sancionados de conformidad a lo establecido en la
presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponda por los daños y
perjuicios ocasionados.
Serán sancionados de igual forma los que divulgaren o revelaren cualquier
información de carácter reservada o sujeta a secreto sobre los negocios, actos y
operaciones de los integrantes del sistema financiero o sobre los asuntos comunicados
a ellos, o se aprovecharen de la información para su lucro personal o de terceros, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieren corresponderles.
No está comprendida en el inciso anterior la información que requieran las
autoridades judiciales, la Fiscalía General de la República y las demás autoridades en
el ejercicio de sus atribuciones legales, ni la información que corresponda entregar
al público según lo dispongan las leyes. Tampoco la que deba proporcionarse a la
Superintendencia con relación al servicio de información de crédito bancario, la que
determine la presente Ley y las demás aplicables; así como la información que sea
requerida por organismos supervisores del extranjero en el ejercicio de sus facultades.
La información que requieran las oficinas tributarias será proporcionada por los
supervisados de conformidad a lo que dispone la ley especial que regula esa materia.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Los integrantes del sistema financiero del sector privado responderán solidariamente
por los daños y perjuicios que le causen a terceros las acciones u omisiones de sus
directores, administradores, funcionarios y empleados en el ejercicio de sus funciones.
Respecto a los integrantes del sistema financiero del sector público responderán de
acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Constitución.
Comité de Auditoría
Art. 39.- Cada integrante del sistema financiero deberá contar con un Comité de
Auditoría, cuya conformación será establecida mediante normas técnicas que para
tal efecto deba emitir el Banco Central, debiendo formar parte del referido Comité de
Auditoría al menos dos directores externos, en su caso. El Comité de Auditoría tendrá
las siguientes obligaciones:
a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General u organismo
máximo, de la Junta Directiva o su equivalente y de las disposiciones de
la Superintendencia y del Banco Central y de otras instituciones públicas
cuando corresponda;
b) Dar seguimiento a las observaciones que se formulen en los informes
del auditor interno, del auditor externo, de la Superintendencia y de otras
instituciones públicas, para corregirlas o para contribuir a su desvanecimiento,
lo cual deberá ser informado oportunamente a la Superintendencia;
c) Colaborar en el diseño y aplicación del control interno, proponiendo las
medidas correctivas pertinentes; y
d) Otras que mediante normas técnicas se establezcan con el objeto de
fortalecer el gobierno corporativo de los mencionados integrantes y el
control interno, de acuerdo a mejores prácticas internacionales.
Declaración y Deber de Informar
Art. 40.- El Superintendente podrá citar o tomar declaración en todo momento a
cualquier persona que tenga conocimiento de algún hecho que se requiera aclarar en
alguna operación de los supervisados.
Cuando por segunda vez las personas citadas se abstuvieren de comparecer sin
justa causa, se informará a la Fiscalía General de la República. Cuando se presentaren
y las declaraciones realizadas fueren presumiblemente falsas, el Superintendente
informará a la Fiscalía General de la República para que la misma inicie las acciones
legales que correspondan.
Los directores, administradores, gerentes, empleados, auditores externos, otros
funcionarios y demás personas que presten servicios en cualquier integrante del sistema
financiero, deberán informar a la Superintendencia de todos aquellos acontecimientos
de los cuales hayan tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones que hagan
presumir la existencia de hechos o circunstancias que pudieran considerarse ilícitos, o
Indice Legislativo 187
Parte II

Parte II
188
Asamblea Legislativa
LEYES
que pudieran poner en riesgo la estabilidad y funcionamiento del integrante del sistema
financiero.
Falta de Colaboración
Art. 41.- Si se impidiere, entorpeciere o se difiriere a la Superintendencia el
ejercicio de sus facultades legales, incluyendo la realización de las inspecciones in
situ, revisión y retiro de documentos materiales y electrónicos o de cualquier otra
diligencia que hubiese dispuesto, ésta podrá solicitar el auxilio de las instituciones
encargadas de la seguridad pública, pudiendo hacerse acompañar en todas estas
diligencias por delegados del Ministerio Público, facultándose expresamente a las
instituciones mencionadas para la realización de esta actividad, sin perjuicio de la
deducción de la responsabilidad a que hubiere lugar.
Capítulo V
Medidas Preventivas
Medidas Preventivas
Art. 42.- En caso que un integrante del sistema financiero muestre dificultades
para cumplir las relaciones técnicas que le son exigibles, o exhiba un deficiente manejo
de los riesgos que puedan afectar su nivel de liquidez, solvencia o la integridad de
los mercados, el Consejo basado en informes técnicos y sin perjuicio de aplicar lo
establecido en las leyes específicas, podrá requerir preventivamente la inmediata
implementación de las medidas que se hubieren definido por el integrante del sistema
financiero, de conformidad a lo dispuesto en el literal d) del artículo 35 de esta Ley,
determinándole un plazo para cumplirlas.
Asimismo, cuando un integrante del sistema financiero, esté realizando una práctica
que probablemente le provocará una reducción significativa en el valor de sus activos o
de sus ingresos o un debilitamiento en su condición económica financiera, el Consejo
mediante resolución razonada podrá requerir a la entidad de que se trate el inmediato
cese de tal práctica y la toma de acciones para prevenir un mayor debilitamiento y/o
mejorar su condición.
Cuando por cualquier medio se determine que los libros y registros de una entidad
supervisada sean incompletos o inexactos, de tal forma que se dificulte conocer a
través del proceso normal de supervisión su verdadera condición financiera, o los
detalles y/o propósito de cualquier transacción que pudiese tener un efecto significativo
en la condición financiera y económica de tal entidad, el Consejo mediante resolución
razonada podrá requerir que cese cualquier práctica que haya dado lugar a tales
inexactitudes y las acciones para restaurar los libros y registros a un estado completo
y exacto.
Cuando el integrante del sistema financiero no haya previsto las medidas a tomar
para la situación de que se trate, o que las medidas adoptadas no sean efectivas

Anuario Legislativo 2010 - 2011
o suficientes, el Consejo mediante resolución razonada podrá requerir a la entidad
respectiva, las siguientes medidas:
a) La restricción en el otorgamiento de nuevos créditos, en la realización de
inversiones, en el otorgamiento de refinanciamientos y reestructuraciones;
en la adquisición y venta de activos y en la conducción de otras operaciones;
b) La enajenación o liquidación de activos, la reducción de activos o
contingencias;
c) La renegociación de sus pasivos o su reestructuración, incluyendo la deuda
subordinada;
d) La reducción de gastos de operación;
e) La absorción de pérdidas con cargo a las cuentas patrimoniales, la
capitalización de reservas, de provisiones o de utilidades realmente
percibidas, así como el restablecimiento o aumento e integración del capital
del referido integrante;
f) El aumento de capital mientras se ponen en práctica soluciones permanentes
encaminadas a fortalecer la posición de la institución;
g) La realización de garantías, avales, fianzas recibidas y prohibir al referido
integrante la sustitución y liberación de garantías, avales y fianzas recibidas;
h) La suspensión o limitación de los dividendos a ser distribuidos; e
i) Otras que estén previstas en las leyes específicas aplicables a los referidos
integrantes, para las situaciones comprendidas en esta disposición.
A su vez, el Consejo deberá hacer uso de las medidas antes relacionadas u otras
que estime conveniente, cuando advierta un entorno desfavorable que pudiera llevar a un
deterioro de la situación económica y financiera de las entidades bajo su fiscalización.
Las medidas tomadas por el Consejo de conformidad a este artículo, entrarán en
vigencia el día de la notificación a la entidad respectiva.
Las medidas mencionadas deberán mantenerse mientras persista la situación que
motivó su adopción y serán comunicadas al Banco Central.
El Consejo, con recursos de la Superintendencia, podrá disponer la realización de
auditorías, consultas, estudios actuariales, otros estudios o contrataciones específicas,
con el fin de clarificar aspectos o para presentar o ejecutar las medidas que se
consideren necesarias para subsanar las situaciones a que se refiere este artículo.
Las resoluciones dictadas en razón de este artículo agotan la vía administrativa.
Indice Legislativo 189
Parte II

Parte II
190
Asamblea Legislativa
LEYES
Capítulo VI
Infracciones y Sanciones
Art. 43.- La Superintendencia, observando el procedimiento sancionatorio
establecido en esta Ley, podrá imponer a los supervisados, las sanciones siguientes:
amonestación escrita, multa, inhabilitación, suspensión, cancelación en el registro
respectivo o revocatoria de la autorización que les haya otorgado.
Cuando la conducta que ha originado el incumplimiento o infracción se encuentre
tipificada y sancionada en otra ley de carácter financiero aplicable al supuesto infractor,
la Superintendencia impondrá las sanciones establecidas por el otro cuerpo legal
observando el procedimiento sancionatorio establecido en la presente Ley.
Art. 44.- Las instituciones y personas supervisadas por la Superintendencia
estarán sujetas a las sanciones previstas en el artículo anterior que, si se tratare de
multas, estas podrán ser de hasta el dos por ciento del patrimonio en el caso de
personas jurídicas o hasta de quinientos salarios mínimos urbanos del sector comercio
en caso de personas naturales, cuando incurran en infracciones a lo siguiente:
a) Obligaciones contenidas en esta Ley y en las siguientes que les sean
aplicables: Ley de Bancos; Ley de Sociedades de Seguros; Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones; Ley del Mercado de Valores; Ley de Anotaciones
Electrónicas de Valores en Cuenta; Ley de Bancos Cooperativos y
Sociedades de Ahorro y Crédito; Ley de Titularización de Activos; Ley de
Casas de Cambio de Moneda Extranjera; Ley del Sistema de Garantías
Recíprocas para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Rural y Urbana; Ley
del Fondo Social para la Vivienda; Ley del Instituto de Previsión Social de
la Fuerza Armada; Ley del Banco de Fomento Agropecuario; Ley del Banco
Hipotecario de El Salvador; Ley del Fondo Nacional de Vivienda Popular;
Ley del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria; Ley Orgánica del
Banco Nacional de Fomento Industrial y de la Corporación Salvadoreña de
Inversiones; Ley de Creación del Banco Multisectorial de Inversiones; Ley
de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares; Ley de Privatización
de los Bancos Comerciales y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo;
Régimen de Incorporación del Banco Hipotecario de El Salvador a la Ley de
Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de
Ahorro y Préstamo y Otras Disposiciones Especiales; Ley de Saneamiento
y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y
Préstamo; Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; Ley del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social en lo relativo al Régimen de Invalidez, Vejez
y Sobrevivencia y al Régimen de Riesgos Profesionales; Ley del Instituto
Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos; Ley Orgánica del Banco
Central de Reserva de El Salvador; Código de Comercio; o a otras leyes que
por contener obligaciones de carácter financiero, resulten aplicables a los
sujetos supervisados;

Anuario Legislativo 2010 - 2011
b) Disposiciones contenidas en los reglamentos, normas técnicas e
instructivos que desarrollan las obligaciones establecidas en las leyes antes
mencionadas;
c) Resoluciones que deban cumplir las personas supervisadas, dictadas por el
Consejo Directivo del Banco Central para tal efecto, de conformidad a esta
Ley, a su Ley Orgánica y a las demás leyes que les son aplicables;
d) Instrucciones para hacer cumplir las leyes, reglamentos, normas técnicas e
instructivos que rigen a los supervisados;
e) Regulaciones contenidas en los pactos sociales, estatutos y normas internas
que los supervisados dicten en cumplimiento de la ley; y
f) Otras normas que les son aplicables.
Los recursos percibidos de las sanciones aplicadas deberán ser depositados en
el Fondo General de la Nación.
Art. 45.- El director, funcionario, administrador o gerente del integrante del sistema
financiero que no permita, obstaculice, difiera o impida que se realice la inspección
ordenada por la Superintendencia, o no proporcionare la información a que estuviere
obligado el expresado integrante o lo haga de forma extemporánea, inexacta o parcial,
incurrirá en las sanciones previstas en esta Ley que, si se tratare de multas, éstas serán
de una cuantía hasta de mil salarios mínimos urbanos del sector Comercio.
Los miembros de los órganos de administración, los representantes legales,
mandatarios, funcionarios, gerentes y demás personal de los integrantes del sistema
financiero, los auditores externos, los agentes corredores de bolsa, los intermediarios
de seguros, sean estos personas naturales o jurídicas, los agentes de servicios
previsionales, los peritos, los actuarios, los interventores, los liquidadores y demás
profesionales liberales incurrirán en las sanciones previstas en esta Ley que, si se
tratare de multas, éstas serán de una cuantía de hasta de mil salarios mínimos urbanos
del sector Comercio.
Art. 46.- Los supervisados que incurran en las siguientes conductas: elaboración
o presentación de estados financieros alterados o falsos, alteración de datos o
antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro
documento cualquiera, o que oculten o destruyan estos elementos, dificultando,
desviando, obstaculizando o eludiendo la supervisión que corresponde ejercitar a
la Superintendencia de acuerdo con la ley, serán sancionados de conformidad a lo
previsto en esta Ley, que tratándose de multas, éstas podrán ser de una cuantía de
hasta el cuatro por ciento del patrimonio en caso de personas jurídicas o hasta de mil
salarios mínimos urbanos del sector Comercio en caso de personas naturales. Cuando
la Superintendencia estimare que un acto pudiere ser constitutivo de delito, deberá
comunicarlo a la autoridad correspondiente.
Indice Legislativo 191
Parte II

Parte II
192
Asamblea Legislativa
LEYES
Igual sanción administrativa se impondrá a aquellos que se aprovecharen de la
información a la que tuvieren acceso en el desarrollo de sus funciones y la utilizaren
para su beneficio personal o de terceros.
Sin perjuicio de lo anterior y de la responsabilidad penal que pudiere deducirse
cuando se tratare de personas naturales, estas quedarán inhabilitadas, al menos por
un plazo de diez años, para ocupar cualquier cargo de dirección, administración o de
vigilancia en los integrantes del sistema financiero, siempre que observando el debido
proceso se les haya determinado su responsabilidad.
Art. 47.- Los directores, funcionarios, administradores o gerentes de los integrantes
del sistema financiero que negocien directa o indirectamente con sus respectivas
entidades o instituciones en contravención a las leyes o normativas vigentes, incurrirán
en cualquiera de las sanciones previstas en esta ley, que si se tratare de multas, éstas
podrán ser de una cuantía cuyo monto máximo será equivalente al veinte por ciento de
la operación de que se trate, sin perjuicio de la nulidad del acto.
Art. 48.- Los directores, funcionarios, gerentes o administradores de los integrantes
del sistema financiero, serán sancionados de conformidad con lo previsto en esta ley;
si la sanción fuere de multa ésta podrá ser de una cuantía hasta de quinientos salarios
mínimos urbanos del sector comercio, cuando en cualquiera de los integrantes se
presente alguna de las situaciones siguientes:
a) Se encontraren partidas en la contabilidad sobre las cuales no se presentaren
las debidas justificaciones documentadas;
b) Los estados financieros no se hubieren elaborado y publicado en su plazo
legal;
c) Habiéndose publicado los estados financieros contengan errores u
omisiones;
d) Los dividendos que se repartan o los aumentos de capital por capitalización
de utilidades no tengan origen en las ganancias reales percibidas de los
ejercicios;
e) Se apliquen pérdidas de un ejercicio contra las utilidades no distribuibles;
f) Hayan autorizado créditos en violación a las leyes u otras disposiciones que
regulan a los integrantes del sistema financiero; o
g) Hubieren hecho declaraciones falsas sobre la propiedad y conformación del
capital del integrante respectivo.
Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia podrá exigir la corrección de la
situación respectiva desde el momento en que tenga conocimiento de la misma.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 49.- Los auditores externos, los peritos, los agentes de servicios previsionales,
los agentes corredores de bolsa y los intermediarios de seguros inscritos en los
registros de la Superintendencia deberán ser sancionados por el incumplimiento de
los requisitos de inscripción en el registro correspondiente y de las obligaciones
profesionales o legales; y por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en
otros cuerpos normativos que deben cumplir en su calidad de auditor externo, perito,
agente de servicios previsionales, agente corredor de bolsa o intermediario de seguros
con las sanciones previstas en esta ley; si la sanción fuere de multa su cuantía será
de hasta quinientos salarios mínimos urbanos del sector comercio, o particularmente
con suspensión o cancelación en el registro respectivo que lleva la Superintendencia.
Los referidos auditores externos particularmente serán sancionados cuando
pierdan la independencia respecto de un integrante del sistema financiero por ser titular
de alguna de sus acciones directamente o a través de otros; o cuando, al menos, el
veinticinco por ciento de sus ingresos anuales dependan de un solo cliente o cuando
se comprometa su libertad de ejercicio profesional, en el contexto de las mejores
prácticas internacionales, leyes, reglamentos y normas que rigen su profesión.
Las sanciones que se impongan serán dadas a conocer al Consejo de Vigilancia
de la Contaduría Pública y Auditoría.
Los peritos particularmente serán sancionados cuando observen cualquiera de las
conductas siguientes:
a) Realicen valúos en los integrantes del sistema financiero en donde ellos,
su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad sean directores, administradores, gerentes, funcionarios
o empleados, o tengan conflicto de interés. Las sociedades que realicen
peritajes serán sancionadas cuando el Representante Legal, los miembros
de la Junta Directiva u órgano equivalente y el Gerente General o el que
haga sus veces, realicen valúos en los referidos integrantes en donde ellos,
su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad sean directores, administradores, gerentes, funcionarios
o empleados, o tengan conflicto de interés; y
b) Haga uso indebido del número de inscripción, o permita o faculte a
otra persona para que utilice la autorización que le hubiere otorgado la
Superintendencia.
Aspectos a Considerar para la Imposición de Sanciones
Art. 50.- En todo caso, para la imposición de una sanción, la Superintendencia
deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: la gravedad del daño o del probable
peligro a quienes podrían resultar afectados por la infracción cometida, el efecto
disuasivo en el infractor respecto de la conducta infractora, la duración de la conducta
infractora y la reincidencia de la misma, en los casos en que ésta no haya sido
considerada expresamente por el legislador para el establecimiento de la sanción
respectiva. Además, cuando la sanción a imponer sea una multa, deberá tomar en
Indice Legislativo 193
Parte II

Parte II
194
Asamblea Legislativa
LEYES
consideración la capacidad económica del infractor, pudiendo dicha capacidad ser
determinada por medio de la última declaración de renta del presunto infractor o por
medio de cualquier medio probatorio, según lo requiera la Superintendencia.
Art. 51.- Las sanciones reguladas en este capítulo se impondrán sin perjuicio de
la responsabilidad penal a que hubiere lugar, para lo cual el Superintendente informará
a la Fiscalía General de la República para que ejerza las funciones que la Constitución
de la República le manda.
Art. 52.- Los infractores que hubieren sido sancionados con multa, deberán
enterar su valor en la Colecturía central u oficinas regionales de la Dirección General de
Tesorería del Ministerio de Hacienda dentro de los treinta días siguientes a la notificación
respectiva, para lo cual el Superintendente extenderá el mandamiento correspondiente.
Cuando el obligado al pago de la multa no enterare su valor en el término señalado
en el inciso anterior, la Fiscalía General de la República, a petición del Superintendente,
la hará efectiva por la vía ejecutiva. La certificación de la resolución que extienda el
Superintendente tendrá fuerza ejecutiva.
El retraso en el pago de toda multa que imponga la Superintendencia de conformidad
a la ley, devengará el interés moratorio establecido legalmente para las obligaciones
tributarias en mora.
Art. 53.- Cuando se impongan las sanciones que se mencionan en esta Ley, el
auditor externo, en su informe respectivo, deberá incluir la revelación de infracciones,
incumplimientos o actos en que hayan incurrido los directores, funcionarios,
administradores, gerentes, auditores o liquidadores, a fin de que éstos se hagan del
conocimiento de la Junta General de Accionistas o de los órganos superiores de
administración del integrante del sistema financiero.
Capítulo VII
Procedimiento Sancionador y Recursos
Etapas del Procedimiento
Art. 54.- El presente procedimiento administrativo se establece para determinar
si se ha cometido infracción a las leyes, reglamentos, resoluciones, normas, órdenes,
instrucciones o demás disposiciones que resulten aplicables a los integrantes del
sistema financiero o a los supervisados de conformidad con esta Ley y, en su caso,
imponer las sanciones respectivas.
Las fases o etapas de este procedimiento serán las siguientes: resolución de
inicio, emplazamiento, contestación, término de prueba y resolución final, sin perjuicio
que antes de pronunciarse la resolución final correspondiente y por cualquier motivo o
circunstancia legal pueda darse por concluido.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
En el presente procedimiento deberán respetarse especialmente los derechos de
audiencia, de defensa, de presunción de inocencia y los principios de legalidad, de
proporcionalidad y de responsabilidad.
Será deducible la responsabilidad administrativa a los supervisados cuando
incumplan las obligaciones que les son exigibles, salvo caso fortuito o fuerza mayor,
los cuales deberán ser alegados y comprobados por el presunto infractor.
Art. 55.- El funcionario competente para sancionar, siguiendo el respectivo
procedimiento administrativo sancionador, es el Superintendente. Esta potestad puede
ser delegada de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la presente Ley en
los Superintendentes Adjuntos.
Inicio del Procedimiento
Art. 56.- El procedimiento sancionador puede iniciarse de oficio, por denuncia o a
petición razonada de Instituciones Públicas o de otros Órganos del Estado.
Cualquier director, presidente, presidente ejecutivo, director ejecutivo, gerente o
administrador de los integrantes del sistema financiero que tenga conocimiento de una
infracción atribuible a un integrante de dicho sistema, deberá, en un plazo de cinco días
hábiles, dar aviso por escrito al Superintendente o a su delegado.
Los empleados, funcionarios o demás personas que a cualquier título presten
servicios a la Superintendencia informarán al Superintendente o al respectivo
delegado, por cualquier medio escrito de comunicación interna, la relación detallada
de los hechos que configuran la infracción pudiendo agregar la disposición infringida,
cualquiera sea su naturaleza, la identificación del supuesto infractor y, si existieran,
ofreciendo presentar las pruebas correspondientes en su oportunidad. Si desde un
inicio aquel contara con las pruebas instrumentales o de otra naturaleza que a su
criterio conduzcan a establecer la existencia de la infracción, deberá agregarlas a dicho
informe sin perjuicio de poder aportar otras posteriormente.
Investigación Previa
Art. 57.- El Superintendente o su delegado podrá promover una investigación
previa, en caso de no contar con suficientes elementos que justifiquen el inicio del
procedimiento sancionatorio.
Art. 58.- Con base en el resultado de la investigación ordenada o del informe
recibido y si fuere procedente, el Superintendente o su delegado dictará resolución
razonada ordenando la instrucción del procedimiento correspondiente, la agregación
del informe y el emplazamiento al supuesto infractor, para que, dentro del término de
diez días hábiles contados a partir del día siguiente al del emplazamiento, pueda hacer
uso de sus derechos.
Indice Legislativo 195
Parte II

Parte II
196
Asamblea Legislativa
LEYES
Para tal efecto, se hará del conocimiento del supuesto infractor la resolución
mencionada, anexándole una copia del informe que la motivó y se pondrán a su
disposición en la Superintendencia los anexos y las pruebas agregadas al proceso,
a fin de que puedan ser consultados o fotocopiados dentro de la Superintendencia a
expensas del supuesto infractor.
Art. 59.- El emplazamiento se hará al supuesto infractor de conformidad a lo
siguiente:
a) En el caso de una persona jurídica, se hará por medio de su representante
legal y no encontrándose éste, se hará por medio de esquela que, junto con la
documentación correspondiente, se dejará en poder del director o ejecutivo
de mayor jerarquía administrativa presente en la respectiva institución o
entidad, o en su defecto, de cualquier empleado que se encuentre en sus
instalaciones;
b) En el caso de un director, funcionario, gerente o administrador de un integrante
del sistema financiero, se le hará personalmente en el establecimiento del
integrante referido y no encontrándosele, el emplazamiento se practicará
por medio de esquela que, junto con la documentación correspondiente, se
dejará en poder de cualquier otro empleado del respectivo integrante; y
c) En el caso de otras personas naturales se le hará personalmente en su
domicilio y si no se le encontrare, el emplazamiento se practicará por medio
de esquela que, junto con la documentación correspondiente, se dejará en
poder de su cónyuge, conviviente, parientes o empleados.
Del emplazamiento que se practique, de la entrega de la documentación a que se
refiere el inciso anterior y de todo lo que acontezca en dicha etapa del procedimiento
se deberá dejar constancia en la respectiva acta de notificación.
Para los efectos del emplazamiento o de cualquier otra notificación o cita, se
buscará a las personas de la forma siguiente: si se trata de una persona jurídica o de
uno de sus directores, funcionarios, gerentes o administradores, se le buscará en la
dirección de sus oficinas principales registrada en la Superintendencia, si la tuviere.
En el caso que la persona jurídica no tenga dirección registrada en las oficinas
de la Superintendencia, la comunicación se publicará por una sola vez en uno de los
diarios de mayor circulación nacional la cual contendrá la resolución a comunicarse o
un extracto de ella. Igual procedimiento aplicará en el caso de la persona natural que
no tenga domicilio registrado en la Superintendencia.
En las referidas publicaciones, deberá expresarse que las siguientes notificaciones
se efectuarán mediante edicto que se ubicará en un tablero colocado en un lugar visible
de la primera planta donde se encuentra ubicada la Superintendencia, siempre que no
compareciere o compareciendo no señalare lugar para oír notificaciones. También

Anuario Legislativo 2010 - 2011
deberá colocarse el mencionado edicto en el sitio de internet de la Superintendencia. En
ambos casos, los edictos se mantendrán en los referidos sitios hasta que la resolución
definitiva quede firme.
El término para contestar sobre los hechos que dieron inicio al procedimiento se
contará a partir del día siguiente al de la práctica del emplazamiento, ya sea practicado
personalmente, por medio de acta o a través de edicto.
Las notificaciones a los presuntos infractores que se hubiesen mostrado parte en
el procedimiento, se harán en la dirección señalada por ellos o por medio del número
de fax designado por ellos para esos efectos. Las notificaciones a terceros se harán
observando lo regulado en este artículo.
Del Procedimiento
Art. 60.- Si el supuesto infractor no hiciere uso de sus derechos por no comparecer
en el término legal, se tendrán por contestados negativamente los hechos que dieron
inicio al procedimiento.
El procedimiento se abrirá a pruebas por el término de diez días hábiles, dentro del
cual se deberán aportar las pruebas que fueren pertinentes.
Cuando el supuesto infractor compareciere en el término legal y confesare la
infracción, o se allanare, se omitirá la apertura a pruebas y se pronunciará la resolución
que corresponde, dentro del término de treinta días hábiles posteriores al día de la
comparecencia.
Constituyen pruebas los instrumentos públicos, los auténticos, los instrumentos
privados, las declaraciones de testigos, los resultados de peritajes, la inspección de los
lugares o de las cosas, la confesión, los informes de auditoría de la Superintendencia,
incluyendo los papeles de trabajo respectivos y demás anexos, cualquier otra información
que hubiere sido proporcionada por el presunto infractor a la Superintendencia u obtenida
por la misma en el transcurso de las actividades de supervisión, las presunciones
legales y cualquier otro medio probatorio admisible legalmente.
Cuando el Superintendente o su delegado, de oficio o a petición de parte, considerare
necesario practicar inspección, compulsa o peritaje o se trate de presentación y
agregación de prueba por instrumentos, ordenará la realización inmediata de tales
diligencias en el término probatorio del procedimiento. La compulsa sólo procederá
respecto de expedientes o archivos de carácter administrativo y en esa sede. Los peritos
serán designados por el Superintendente o su delegado. En casos excepcionales, por
resoluciones fundamentadas y con citación de parte, el Superintendente o su delegado
podrán agregar pruebas.
La parte a cuyo favor se ha establecido un término podrá renunciarlo o consentir
su abreviación mediante manifestación expresa.
No obstante, en el caso de las infracciones establecidas en el inciso primero
del artículo 45 y literales b) y g) del artículo 48 de esta Ley, no será aplicable el
procedimiento antes referido, debiendo dictarse dentro del plazo de diez días hábiles,
Indice Legislativo 197
Parte II

Parte II
198
Asamblea Legislativa
LEYES
el acto administrativo definitivo, previa audiencia del presunto infractor por el plazo de
cinco días hábiles improrrogables, a efecto de que exprese las alegaciones que estime
necesarias y presente las pruebas que fueren pertinentes e idóneas.
De la Resolución Final
Art. 61.- Una vez concluido el término de prueba, si hubiere tenido lugar, y
recibidas las pruebas que se presentaren o practicaren en su caso, el Superintendente
o su delegado dictará resolución final dentro del término de treinta días hábiles con
fundamento en las normas jurídicas aplicables, la documentación que sirvió de base al
inicio del procedimiento y en las pruebas vertidas durante el mismo.
Si la resolución final establece la existencia de infracción, además de la sanción,
se fijará al infractor un plazo prudencial, si fuere procedente, en el que deberá subsanar
las deficiencias o incumplimientos que dieron origen al procedimiento, en el caso que
no se hubieren subsanado.
Art. 62.- Si en el plazo legal no se interpusiera el correspondiente recurso contra
la resolución final, esta quedará firme.
Si en la resolución final se estableciera la obligación del pago de una multa, esta
deberá pagarse de conformidad a lo establecido en el artículo 52 de esta Ley.
Reconsideración
Art. 63.- De las resoluciones del Superintendente que no impongan sanciones, se
podrá interponer ante el mismo funcionario y dentro del término de cuatro días hábiles,
contados desde el siguiente al de la notificación, recurso de reconsideración.
El recurso de reconsideración tendrá un carácter optativo y no será un requisito
para agotar la vía administrativa.
En el escrito de interposición del recurso deberán alegarse los puntos de
inconformidad del recurrente, con el fundamento motivador correspondiente.
Recibida la solicitud, el Superintendente o su delegado resolverán lo que fuere
procedente en el plazo de treinta días hábiles.
Art. 64.- De las resoluciones definitivas pronunciadas por el Superintendente o su
delegado que impongan sanciones, se podrá interponer ante el mismo funcionario que
la dictó y dentro del término de cuatro días hábiles, contados desde el siguiente al de
la notificación, recurso de rectificación.
El recurso de rectificación tendrá un carácter optativo y no será un requisito para
agotar la vía administrativa.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
En el escrito de interposición del recurso deberá alegarse los puntos de inconformidad
del recurrente, con el fundamento motivador correspondiente, so pena de declarar
inadmisible el recurso que se interponga. Si existiere nulidad de procedimiento, ésta
deberá alegarse en el mismo escrito.
Recibida la solicitud, el Superintendente o su delegado dictará dentro del tercer día
hábil providencia en la que decidirá sobre la admisibilidad del recurso y, admitido éste,
suspenderá los efectos del acto impugnado si fuere procedente. Posteriormente, en el
plazo de treinta días hábiles con vista de los autos resolverá el recurso.
Comité de Apelaciones
Art. 65.- Créase el Comité de Apelaciones del Sistema Financiero, denominado
en esta Ley “Comité de Apelaciones”, que será la autoridad administrativa competente
para conocer de los recursos de apelación que se interpongan de las resoluciones
finales pronunciadas por el Superintendente o su delegado que impongan sanciones.
El Comité de Apelaciones será de carácter permanente, con autonomía funcional
y su presupuesto de funcionamiento será cubierto de la manera prevista en el artículo
85 de la presente Ley.
El Comité de Apelaciones estará integrado por un Presidente y cuatro Vocales,
quienes ejercerán su cargo a tiempo completo, serán nombrados por el Presidente de la
República para un período de cuatro años, y afectos de una integración escalonada del
comité durarán en sus cargos tres años los vocales nombrados, al entrar en vigencia
esta Ley. Los miembros podrán ser reelectos solo por una vez.
El Presidente de la República nombrará a la persona que fungirá como Presidente
del Comité de Apelaciones. Cada uno de los Vocales será nombrado de ternas que
para dicho efecto sean presentadas al Presidente de la República por el Banco Central,
la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Hacienda, debiendo nombrarse un
miembro de cada una de dichas ternas.
Los miembros del Comité de Apelaciones deberán ser salvadoreños, de reconocida
honorabilidad, mayores de treinta y cinco años de edad, con grado universitario y contar
al menos con diez años de experiencia en materia financiera, siéndoles aplicables
las mismas inhabilidades e incompatibilidades reguladas para el Superintendente y,
en consecuencia, lo dispuesto en los artículos 10, 14, 17 y 27 de la presente Ley.
Por lo menos uno de los miembros del Comité de Apelaciones deberá ser abogado
de la República, quien además deberá contar con conocimientos o experiencia en
procedimientos y recursos en el ámbito administrativo.
Las resoluciones adoptadas por el Comité de Apelaciones requerirán al menos
tres votos conformes y el miembro que se oponga a la decisión razonará su voto. En
caso de ausencia del Presidente, éste será sustituido por uno de los Vocales a quién él
mismo haya designado para tal efecto.
Uno de los Vocales actuará como Secretario y asistirá a las sesiones, con voz pero
sin voto, salvo cuando reemplace a cualquiera de los demás Vocales. El Secretario
Indice Legislativo 199
Parte II

Parte II
200
Asamblea Legislativa
LEYES
del Comité de Apelaciones autorizará las resoluciones adoptadas por éste, recibirá
documentos, velará porque se realicen todos los actos de comunicación necesarios y
tendrá bajo su responsabilidad los expedientes y archivos.
El Banco Central y la Superintendencia, a solicitud del Comité de Apelaciones,
brindarán los recursos y el apoyo necesarios para el cumplimiento de sus funciones,
quedando facultados expresamente por esta Ley para proporcionarlos.
De la Apelación
Art. 66.- De la resolución final o de la rectificación pronunciada por el
Superintendente o su delegado en su caso, procederá recurso de apelación para ante
el Comité de Apelaciones.
Este recurso se interpondrá por escrito debidamente fundado, ante el Superintendente
o su delegado, dentro del término de diez días hábiles posteriores a la notificación del
acto impugnado y dicho funcionario tendrá la obligación de informar de la interposición
del recurso al Comité de Apelaciones, remitiendo el expediente a más tardar dentro del
siguiente día hábil.
Cuando el recurrente intente producir prueba en el procedimiento de la apelación,
la ofrecerá con el escrito de interposición, señalando de forma concreta el hecho que
pretende probar.
La interposición del recurso ante el Superintendente o su delegado, no suspende
la ejecución del acto impugnado excepto cuando la resolución final o la rectificación
impongan una sanción pecuniaria.
Trámite
Art. 67.- El Comité de Apelaciones decidirá dentro de los siguientes cinco días
hábiles al de la recepción del expediente sobre: a) La admisión del recurso; b) La
suspensión del acto impugnado si fuera procedente; y c) La apertura a pruebas, si el
apelante así lo solicita o si se estima procedente, por un término de ocho días hábiles.
Concluidas las actuaciones, el Comité de Apelaciones tendrá un plazo máximo de
treinta días hábiles para resolver.
El Comité de Apelaciones podrá nombrar delegados para efectuar la práctica
de inspecciones, revisiones, procedimientos de fiscalización, vigilancia, control,
emplazamientos, citaciones, notificaciones, auditorías, firma de correspondencia,
celebración de audiencias conciliatorias y sustanciación de procedimientos. El
emplazamiento y las notificaciones se realizarán de conformidad a lo establecido en
esta Ley.
La etapa probatoria será de acuerdo a lo establecido en esta Ley para el
procedimiento administrativo sancionador.
Cuando el Comité de Apelaciones, de oficio o a petición de parte, considerare
necesario practicar inspección, compulsa o peritaje o se trate de presentación y

Anuario Legislativo 2010 - 2011
agregación de prueba por instrumentos, ordenará la realización inmediata de tales
diligencias en cualquier estado del procedimiento antes del acto administrativo
definitivo. La compulsa solo procederá respecto de expedientes o archivos de
carácter administrativo y en esa sede. Los peritos serán designados por el Comité de
Apelaciones.
Antes de emitir el acto administrativo definitivo que resuelva el recurso, el Comité
de Apelaciones mandará a escuchar al Superintendente para que éste, si lo estima
procedente, se pronuncie al respecto.
Art. 68.- El Comité de Apelaciones pronunciará el acto administrativo definitivo y
devolverá el informativo al Superintendente o su delegado, con certificación del mismo,
previa notificación al interesado. Dicha certificación tendrá fuerza ejecutiva en su caso
y se hará efectiva en la forma establecida en el artículo 52 de esta Ley.
Los actos administrativos definitivos del Comité de Apelaciones se circunscribirán
precisamente a los puntos apelados y a aquéllos que debieron haber sido decididos
y no lo fueron en la providencia impugnada, a pesar de haber sido propuestos y
ventilados por las partes, pudiendo confirmar, revocar, reformar o anular la providencia
recurrida, según corresponda en derecho.
De los actos administrativos definitivos dictados por el Comité de Apelaciones no
se admitirá recurso alguno, quedando agotada la vía administrativa.
La Superintendencia deberá publicar en su sitio de Internet las resoluciones
definitivas dictadas por el Superintendente o por el Comité de Apelaciones que
impongan sanciones, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber notificado
al infractor la declaratoria del estado de firmeza de las mismas.
Prescripción
Art. 69.- El plazo de prescripción para promover el procedimiento sancionatorio
establecido en este Capítulo será de diez años contados a partir de la fecha en la que
se haya terminado de cometer el hecho o de ocurrir la omisión, sujeta a sanción.
El plazo de prescripción mencionado se considerará interrumpido:
a) Cuando cualquier director, funcionario, gerente o administrador del integrante
del sistema financiero reconozca, por cualquier medio, la comisión del hecho
o de la omisión, sujetos a sanción; y
b) Por cualquier actuación de la Superintendencia que tenga por finalidad la
investigación de los hechos y omisiones antes relacionados o su ampliación,
siempre que preceda comunicación escrita al supuesto infractor.
Indice Legislativo 201
Parte II

Parte II
202
Asamblea Legislativa
LEYES
Derechos y Deberes del Supuesto Infractor
Art. 70.- El supuesto infractor tendrá derecho a nombrar abogado como apoderado
desde el inicio del procedimiento y a que se le respete el proceso Constitucionalmente
configurado y a interponer los recursos correspondientes.
El supuesto infractor deberá ejercer sus derechos con la moderación debida,
señalar el lugar y los medios para oír notificaciones y si compareciere por medio de
abogado, éste deberá legitimar su personería.
El inicio y tramitación de los informativos se mantendrán confidenciales respecto
de terceros, exceptuando la resolución final y lo establecido en el artículo 59 de esta
Ley.
Causales de Nulidad
Art. 71.- Se establecen como causales de nulidad absoluta en el presente
procedimiento únicamente las siguientes:
a) Los actos dictados por autoridad manifiestamente incompetente;
b) La falta de recepción a prueba o la denegatoria de ella, salvo que el supuesto
infractor se allanare;
c) Los actos cuyo contenido sea de imposible ejecución;
d) Los actos dictados contra ley expresa y terminante; y
e) La falta de citación, emplazamiento o notificación a que se refiere este
procedimiento, cuando imposibilite o perjudique el derecho de defensa.
La nulidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte en cualquier estado
del procedimiento. La declaratoria de nulidad no procede aún en los casos previstos
en la Ley si el acto aunque viciado ha logrado el fin a que estaba destinado, salvo que
el lo hubiere generado la indefensión al supervisado. Son relativamente nulos los actos
que incurran en cualquier vicio que no constituya nulidad absoluta, los cuales podrán
convalidarse de conformidad a lo establecido en esta Ley.
Se podrán convalidar los actos relativamente nulos subsanando los vicios de que
adolezcan. El acto convalidado producirá efecto desde la fecha de su emisión.
Art. 72.- La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador deberá
ser especialmente motivada, conteniendo una relación detallada de los hechos, la
valoración de las pruebas de cargo y de descargo y los argumentos jurídicos en que
se fundamenta la decisión.
En la acreditación de los hechos investigados prevalecerá la libertad probatoria,
permitiéndose cualquier medio de prueba legítima, idónea y pertinente.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Las pruebas serán apreciadas según las reglas de la sana crítica, con facultad de
fijar en cada caso los hechos que deben tenerse por establecidos mediante el examen
y valoración de las mismas, cualquiera que sea su número y calidad.
Capítulo VIII
De la Intervencion Administrativa y Liquidación
Art. 73.- Cuando en la ley aplicable a un integrante del sistema financiero estuviere
contemplada la intervención administrativa, el Consejo Directivo podrá decretar la
intervención de dicho integrante en los siguientes casos:
a) Cuando el referido integrante haya incurrido en alguna de las causales
contempladas en la respectiva ley;
b) En el caso del romano III del artículo 187 del Código de Comercio; y
c) En cualquier otro en que su situación jurídica o financiera pusiere en grave
peligro los intereses del público.
Art. 74.- Al decretar la intervención se determinarán las condiciones de la
misma, el nombramiento de uno o varios interventores y si procede o no la separación
provisional de sus directores, administradores, gerentes y representantes legales.
Cuando la separación de éstos no proceda, se nombrará un interventor con cargo a
la caja.
Si se hubiere acordado la separación de los administradores y representantes
legales, corresponderá a los interventores nombrados, la administración general del
integrante del sistema financiero intervenido y de sus bienes con facultades suficientes
para tomar aquéllas medidas que fueren necesarias para restablecer su equilibrio
financiero o legalizar su situación jurídica. Asimismo, se designará al interventor que
tendrá la representación legal del integrante intervenido. La intervención podrá ser
acordada hasta por el plazo de un año, no obstante podrá ser prorrogada por un año
adicional.
Normalizada la situación y previo informe de los interventores, el Consejo podrá
dar por terminada la intervención en cualquier momento. Si en el plazo máximo de los
dos años de intervención no fuere posible lograr la recuperación económica o el arreglo
de la situación jurídica, o si aún antes de transcurrir dicho plazo los informes de los
interventores confirmaren la imposibilidad de recuperación del integrante del sistema
financiero intervenido, el Consejo podrá requerir al Fiscal General de la República que
solicite su disolución y liquidación.
Art. 75.- En tanto las leyes especiales no dispongan un tratamiento diferente, el
Consejo podrá acordar la intervención de las casas corredoras de bolsa, las bolsas de
valores y las sociedades especializadas en el depósito y custodia de valores, para lo
cual designará un interventor y los asistentes que fueren necesarios y les determinará
Indice Legislativo 203
Parte II

Parte II
204
Asamblea Legislativa
LEYES
sus funciones en el acuerdo respectivo. La referida intervención tendrá por objetivo
proteger los intereses del público.
La intervención podrá ser acordada al ocurrir cualquiera de las siguientes
circunstancias con respecto a las entidades enunciadas en el inciso anterior:
a) Cuando incurriere en alguna de las situaciones previstas en el artículo 187
del Código de Comercio;
b) Cuando la situación jurídica pusiere en grave peligro los intereses del
público; y
c) Cuando no recupere su normalidad en los plazos que se le señalen por
la Superintendencia, o si ésta o sus accionistas no cumplen con las
obligaciones que se le señalen.
La Junta Directiva de la entidad de que se trate no podrá sesionar sin la presencia
del interventor, considerándose inválidas las sesiones que se realicen y las decisiones
que se adopten sin su participación. El interventor tendrá derecho de veto con respecto
a cualquier tipo de medidas que adopte la Junta Directiva o la administración de la
entidad cuando, según su criterio, puedan deteriorar la situación de la misma o afectar
los intereses del público o de los inversionistas o no coadyuven a su normalización.
En todo caso quedará a salvo la responsabilidad del Interventor y de sus asistentes
por aquellos actos o decisiones que, correspondiendo a su competencia, no fueron
sometidos a su consideración.
En el caso en que, dentro del plazo de un año a contar de la fecha en que se
acordó la intervención, el cual podrá ser prorrogado por un año adicional, la entidad
intervenida no haya solventado las situaciones que dieron origen a su intervención,
se deberá proceder a su disolución y liquidación de conformidad a las disposiciones
legales pertinentes, para lo cual, el Consejo convocará a los accionistas de la entidad
a Junta General para informarles sobre los resultados de las medidas adoptadas, a fin
de que reconozcan y resuelvan voluntariamente según corresponda, su disolución y
liquidación.
Si la respectiva Junta General de Accionistas no reconociere la causal de disolución,
el Consejo pedirá al Fiscal General de la República que solicite judicialmente la disolución
y liquidación forzosa de la entidad intervenida, proponiendo en su oportunidad para tales
efectos, el nombre de uno o más liquidadores, los que tendrán las mismas funciones
establecidas en el Código de Comercio.
Los Órganos auxiliares de la administración de justicia y demás autoridades en
general, están en el deber de dar el apoyo y la colaboración necesaria al o a los
interventores para la efectividad de su cometido.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Vigilancia en la Liquidación
Art. 76.- Cuando a iniciativa de los socios o acreedores de un integrante del sistema
financiero se hubiere iniciado el proceso de liquidación del mismo, el Consejo sin
perjuicio de lo establecido en las leyes aplicables al integrante en cuestión, podrá
nombrar un delegado para que supervise el proceso de liquidación, debiendo éste dar
cuenta periódicamente del desarrollo de la misma al Consejo y, eventualmente si
correspondiese, éste último lo informará a la Fiscalía General de la República.
En la situación prevista en este artículo, el mencionado integrante del sistema
financiero y las personas que le presten servicios, deberán brindar al mencionado
delegado, toda su colaboración y proporcionar toda la información que les solicite para
el desempeño de su función.
Si el proceso de liquidación voluntaria no concluyera en el término de dos años
regulado en el Código de Comercio, el referido integrante del sistema financiero, será
considerado como ejecutante de actos ilícitos y le será aplicable en consecuencia el
artículo 349 del Código de Comercio en lo pertinente.
Art. 77.- Los organismos encargados de la seguridad pública y demás autoridades
en general, están en la obligación de dar apoyo y colaboración necesarios al interventor
o al delegado para la efectividad de su cometido.
La actividad de los interventores o delegados nombrados de acuerdo a lo
establecido en el presente capítulo no podrá afectar, en modo alguno, el presupuesto
de la Superintendencia, salvo que circunstancias especiales lo ameriten, lo cual deberá
relacionarse motivadamente en el acuerdo que se expida al efecto.
La Superintendencia no asumirá las obligaciones de la entidad intervenida, cualquiera
que sea la naturaleza de las mismas. Tampoco lo hará cualquier otra institución del
Estado. Todos los gastos incurridos durante la intervención serán imputados a la
intervenida, salvo lo dispuesto en el inciso anterior.
Capítulo IX
Del Registro
Art. 78.- La Superintendencia organizará y mantendrá actualizados los registros
que las leyes le encomiendan y los relativos a:
a) Los integrantes del sistema financiero y sus accionistas, los cuales deberán
proporcionar la información necesaria a la Superintendencia, así como de
todo cambio que afecte la referida información en el plazo previsto en la ley
respectiva o, en su defecto, dentro de los treinta días subsiguientes al hecho
que lo motive;
b) Los accionistas que sean titulares de más del diez por ciento del capital
accionario de los emisores registrados. Para estos efectos, los emisores
deben proporcionar a la Superintendencia la información pertinente sobre
Indice Legislativo 205
Parte II

Parte II
206
Asamblea Legislativa
LEYES
todo cambio en la propiedad accionaria en el plazo previsto en la ley
respectiva o, en su defecto, dentro de los treinta días subsiguientes al hecho
que lo motive;
c) Los administradores de los integrantes del Sistema Financiero. Para efectos
de esta Ley, se considerarán como administradores de los integrantes del
sistema financiero, los miembros de la junta directiva, los directores o
presidentes ejecutivos y los gerentes de éstos o quienes ejercieren sus
funciones, así como los interventores y liquidadores de los mismos;
d) Los peritos, en los casos que la ley señale;
e) Los intermediarios de seguros autorizados por la Superintendencia;
f) Los agentes corredores de bolsa autorizados por la Superintendencia;
g) Los agentes de servicios previsionales;
h) Auditores externos, en los casos que la ley señale;
i) Las sociedades y personas que presten servicios relacionados con el
Sistema de Ahorro para Pensiones, tales como recaudadoras y empresas
de informática;
j) Otros registros que las leyes especiales establezcan;
k) Las Bolsas, los licenciatarios, los agentes y puestos de bolsa a que se
refiere la Ley de Bolsas de Productos y Servicios; y
l) Las sociedades y personas que presten servicios relacionados con
información e historial crediticio.
El Consejo establecerá las tarifas del Registro Público Bursátil tomando en
consideración, entre otros, los costos en que incurre la Superintendencia y la
infraestructura necesaria para llevarlo. En todo caso, los montos a pagar no deberán
superar el costo que implique para la Superintendencia la prestación del servicio de
registro público.
El Consejo podrá reorganizar los registros a cargo de la Superintendencia para
propiciar su eficiencia.
Todos los registros antes mencionados serán públicos.
Art. 79.- Para los efectos del artículo anterior, las instituciones administradoras de
fondos de pensiones deberán proveer la información siguiente:
a) Copia certificada por notario de los testimonios de las escrituras públicas
de constitución o de modificación en su caso, debidamente inscritas en el
Registro de Comercio, copia certificada notarialmente de los estatutos y
de sus modificaciones, si las hubieren, depositados en el referido Registro,

Anuario Legislativo 2010 - 2011
copia certificada por notario de las escrituras de fusión, de disolución y
liquidación de las instituciones administradoras de fondos de pensiones
debidamente inscritas en el Registro de Comercio, las ejecutorias de las
sentencias o las certificaciones de las mismas que declaren la nulidad u
ordenen la disolución y liquidación o fusión de éstas;
b) Estados financieros debidamente auditados de cada período contable; y
c) Documentos en que consten las respectivas políticas de inversión.
Los accionistas y administradores de instituciones administradoras de fondos de
pensiones deberán proveer la siguiente información: certificación de la nómina de
accionistas y su participación social, copia certificada notarialmente de las credenciales
de junta directiva debidamente inscritas y la nómina de los administradores y copias
certificadas notarialmente de los testimonios de escrituras públicas de poderes
administrativos, judiciales y especiales.
Las sociedades de seguros de personas que ofrezcan contratos de invalidez
y sobrevivencia y de renta vitalicia, conforme la Ley del Sistema de Ahorro para
Pensiones, deberán proveer la información siguiente: listado de sus administradores y
accionistas, formato de los contratos que las sociedades de seguros celebren con la
institución administradora de fondos de pensiones y con el afiliado y la calificación de
riesgo de la sociedad, según lo dispuesto en la Ley mencionada anteriormente.
Los agentes de servicios previsionales deberán proveer la siguiente información:
nombres de los agentes y sus generales, código único asignado al agente y copia
del contrato suscrito entre la institución administradora de fondos de pensiones y el
agente. La Superintendencia podrá incorporar otra información al Registro con base en
la autorización que otorgue a los agentes de servicios previsionales, de acuerdo a la
Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y sus reglamentos.
Las sociedades que presten servicios relacionados al Sistema de Ahorro para
Pensiones deberán proveer la información siguiente: listado de los accionistas que
sean titulares de más del tres por ciento del capital y de los administradores, los
estados financieros de cada ejercicio y especificar el tipo de servicios que presta al
Sistema de Ahorro para Pensiones.
Art. 80.- El Consejo, al autorizar el inicio de operaciones de una institución
administradora de fondos de pensiones, efectuará sin más trámite, la inscripción
respectiva. De igual forma procederá cuando autorice una modificación del pacto social
o de los estatutos, la disolución, liquidación o fusión de las instituciones antes dichas.
Asimismo, al revocar la autorización para operar a una institución administradora de
fondos de pensiones deberá dejar constancia en el Registro.
Respecto a los accionistas y administradores de las instituciones administradoras
de fondos de pensiones, el Consejo ordenará la inscripción correspondiente con
la información pertinente que cada una de éstas presente al momento de solicitar
Indice Legislativo 207
Parte II

Parte II
208
Asamblea Legislativa
LEYES
la autorización para el inicio de operaciones. Estas sociedades, después de haber
efectuado el nombramiento o cambio de un administrador, deberán comunicarlo a la
Superintendencia dentro del plazo de tres días hábiles de efectuado el nombramiento
o de ocurrido el cambio.
Con el objeto de mantener actualizada la información del Registro, las instituciones
administradoras de fondos de pensiones, las sociedades de seguros, los agentes de
servicios previsionales y las sociedades que presten servicios relacionados con el
Sistema de Ahorro para Pensiones deberán remitir a la Superintendencia la información
sobre cualquier cambio en lo requerido por dicho Registro, dentro del plazo de ocho
días después de haber ocurrido el cambio, salvo lo dispuesto en el inciso anterior.
Requisitos para Inscripción de Peritos
Art. 81.- Los requisitos que deberán cumplir las personas naturales para ser y
mantenerse inscritas en el Registro de Peritos de la Superintendencia son los siguientes:
a) Contar con la formación universitaria o técnica especializada para el tipo de
bien que valuará, rendir prueba de conocimiento sobre materia de valuación
según lo determine la Superintendencia;
b) Cumplir con las regulaciones que le son aplicables en el ejercicio de sus
deberes profesionales;
c) No ser deudor, codeudor o fiador en los integrantes del sistema financiero
de créditos a los que se les haya constituido el cincuenta por ciento o
más de reservas de saneamiento, de acuerdo a la normativa respectiva y
no encontrarse en estado de quiebra, suspensión de pagos o concurso de
acreedores;
d) No haber sido condenado por cualquier delito doloso; y
e) No ser director, administrador, gerente, funcionario o empleado de algún
integrante del sistema financiero. Este requisito aplicará respecto del
cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad de los peritos.
En el caso de personas jurídicas, los requisitos anteriores serán aplicables a su
representante legal, a los miembros de la Junta Directiva u órgano equivalente y al
gerente general, o el que haga sus veces.
Requisitos para Inscripción de Intermediarios de Seguros, de Agentes Corredores
de Bolsa y Otros Participantes Sujetos a Dichos Requisito
Art. 82.- Los requisitos que deberán cumplir las personas naturales para ser y
mantenerse inscritas en el Registro de Intermediarios de Seguros, en el Registro de
Agentes Corredores de Bolsa de la Superintendencia y en los registros a que hacen
referencia los literales k) y l) del artículo 78 de esta Ley, son los siguientes:

Anuario Legislativo 2010 - 2011
a) Cumplir con los requisitos que establece la normativa aplicable para su
autorización por parte de la Superintendencia;
b) Cumplir con las regulaciones que le son aplicables en el ejercicio de sus
deberes profesionales; y
c) No haber sido condenado por cualquier delito doloso.
En el caso de personas jurídicas, si fuere el caso, los requisitos anteriores serán
aplicables a su representante legal, a los miembros de la junta directiva u órgano
equivalente y al gerente general, o el que haga sus veces.
Capítulo X
Generalidades
Aseguramiento de la Calidad de la Supervisión
Art. 83.- Para efectos de asegurar el cumplimiento de los procesos de supervisión,
el Superintendente propondrá al Consejo para su aprobación, la creación de la unidad
organizativa que controlará el cumplimiento de las políticas adoptadas y la calidad en la
ejecución de los procesos, metodologías, políticas y el cumplimiento de los manuales,
principalmente aquéllos relacionados con la definición del perfil de riesgo de los
integrantes del sistema financiero, así como los manuales del proceso de supervisión.
Adicionalmente, la Superintendencia podrá contratar expertos independientes
nacionales o extranjeros sobre la materia, cuando lo estime conveniente, para realizar
una evaluación sobre la calidad en la ejecución del proceso de supervisión. Los
informes respectivos deberán presentarlos al Consejo.
Auditoría
Art.84.-La inspección y vigilancia de las operaciones y de la contabilidad de la
Superintendencia estará a cargo de un auditor interno, nombrado por el Consejo y
el examen de los estados financieros de la Superintendencia a cargo de un auditor
externo, contratado de conformidad a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, quienes ejercerán sus funciones de
acuerdo a las Normas de Auditoría generalmente aceptadas.
El auditor externo rendirá sus informes a la Superintendencia. Durará un año en
sus funciones, pudiendo ser contratado para nuevos períodos siempre que no excedan
de tres períodos sucesivos y se cumplan las disposiciones contenidas en la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Dicho auditor, si es persona
natural, no deberá ser cónyuge o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad o socio del Superintendente o de los Superintendentes Adjuntos
y, si es persona jurídica, la relación conyugal y los grados de parentesco antes
mencionados se considerarán con relación a sus socios, administradores, gerentes
Indice Legislativo 209
Parte II

Parte II
210
Asamblea Legislativa
LEYES
y auditores, respectivamente. El auditor externo de la Superintendencia deberá estar
registrado previamente en el Registro que para tal efecto lleve la referida institución.
Del Presupuesto de la Superintendencia y del Comité de Apelaciones
Art. 85.- La Superintendencia y el Comité de Apelaciones, con cuatro meses de
anticipación al inicio del ejercicio respectivo, elaborarán sus respectivos proyectos de
presupuesto anual y régimen de salarios de acuerdo a sus necesidades y objetivos.
El Superintendente y el Presidente del Comité de Apelaciones deberán presentarlos
al Ministro de Hacienda para su visto bueno. El Presidente de la República someterá
los respectivos proyectos de presupuesto para su correspondiente consideración y
aprobación del Consejo de Ministros.
Aprobados los presupuestos de la Superintendencia y del Comité de Apelaciones
se harán del conocimiento de los integrantes del sistema financiero.
Los integrantes del sistema financiero contribuirán a cubrir los presupuestos
aprobados en relación proporcional a los servicios recibidos, pagando mensualmente
al Banco Central, el cual enviará estos fondos a la cuenta que el Ministerio de Hacienda
disponga. El Banco Central determinará el monto del pago de las aportaciones que
corresponderá a los supervisados de conformidad a lo siguiente:
a) Las instituciones estatales, hasta un máximo del cero punto quince por
ciento anual de sus activos totales. El total de activos no incluye avales,
fianzas y otros rubros contingentes;
b) Los Bancos hasta un máximo del cero punto quince por ciento anual de sus
activos totales. El total de activos no incluye avales, fianzas y otros rubros
contingentes;
c) Las instituciones administradoras de fondos de pensiones, hasta un máximo
del cuatro por ciento de los ingresos totales anuales que perciban en concepto
de comisiones netas del pago de seguro de invalidez y sobrevivencia;
d) Las sociedades de seguros, hasta un máximo del cero punto ocho por ciento
anual de las primas netas de devoluciones y cancelaciones anuales;
e) Las bolsas de valores, las casas de corredores de bolsa, las sociedades
especializadas en el depósito y custodia de valores, las clasificadoras de
riesgo, las titularizadoras, los agentes especializados en valuación de valores
y los almacenes generales de depósito, hasta un máximo del cero punto
setenta y cinco por ciento anual de los ingresos totales anuales;
f) Los bancos cooperativos, las sociedades de ahorro y crédito, las federaciones
reguladas por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y
Crédito y las sociedades de garantía recíproca pagarán hasta un cero punto
cero setenta y cinco por ciento anual de una manera proporcional a sus
activos totales. El total de activos no incluye avales, fianzas ni otros rubros
contingentes;

Anuario Legislativo 2010 - 2011
g) Los demás integrantes del sistema financiero, a excepción de las instituciones
siguientes: Fondo Nacional de Vivienda Popular FONAVIPO, IPSFA, ISSS, INPEP,
Fondo Social para la Vivienda FSV, Corporación Salvadoreña de Inversiones
CORSAIN, Instituto de Garantía de Depósitos y el Fondo de Saneamiento
y Fortalecimiento Financiero; pagarán tomando como base de cálculo la
mitad de la tasa pagada por los bancos, de una manera proporcional a sus
activos totales. El total de activos no incluye avales, fianzas ni otros rubros
contingentes;
h) Otros que establezcan las leyes en los porcentajes que las mismas
determinen.
El cálculo de la participación de los integrantes del sistema financiero en la
cobertura del presupuesto de la Superintendencia se efectuará con base en los estados
financieros al cierre del ejercicio contable anterior y el Banco Central determinará
anualmente los porcentajes a aplicar en los literales anteriores, para lo cual esta Ley
lo faculta.
El Banco Central cubrirá hasta un máximo del diez por ciento del presupuesto de
la Superintendencia en efectivo, en especie o mediante prestación de servicios, para
lo cual esta Ley lo faculta. Asimismo, el Banco Central será el responsable de que la
Superintendencia reciba oportunamente los fondos para cubrir su presupuesto.
A la finalización de un ejercicio fiscal, la Superintendencia y el Comité de Apelaciones
transferirán los saldos no utilizados al Ministerio de Hacienda, que servirá para financiar
presupuestos de ejercicios posteriores, debiendo imputarse esos excedentes a prorrata
a las contribuciones que correspondan en el ejercicio siguiente.
El período presupuestario de la Superintendencia y del Comité de Apelaciones
será el comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de cada
año. La ejecución del presupuesto de la Superintendencia y del Comité de Apelaciones
estará sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República.
Informe de Ejecución Presupuestaria
Art. 86.- La Superintendencia y el Comité de Apelaciones deberán informar al
Consejo de Ministros sobre la ejecución de sus respectivos presupuestos al menos
con una periodicidad trimestral.
El informe de ejecución presupuestaria deberá hacerse del conocimiento de las
instituciones y entidades que financien su presupuesto.
Memoria de Labores
Art. 87.- El Superintendente aprobará la memoria anual de labores y la presentará
dentro de los primeros cuatro meses de cada año al Presidente de la República, quien
Indice Legislativo 211
Parte II

Parte II
212
Asamblea Legislativa
LEYES
luego de aprobarla la remitirá a la Asamblea legislativa y el Superintendente procederá
a ordenar su publicación en el sitio de internet de la Superintendencia.
Boletín Estadístico
Art. 88.- La Superintendencia editará un boletín estadístico por lo menos dos
veces al año, que contenga información detallada de los integrantes del sistema
financiero y de las operaciones que efectúen.
Divulgación de Información al Público
Art. 89.- La Superintendencia deberá informar al público periódicamente, por los
medios que considere conveniente, los fines y el funcionamiento de los mercados
financieros, a efectos de crear cultura financiera y previsional en los usuarios.
Coordinación Interinstitucional para Atención a Usuarios
Art. 90.- La Superintendencia deberá recibir y atender las consultas, peticiones
o reclamos que formulen los depositantes, inversionistas, usuarios u otros legítimos
interesados en materias de su competencia y en lo procedente se coordinará con la
Institución responsable legalmente de velar por los derechos del consumidor y con la
Institución responsable de velar por el cumplimiento de la Ley de Competencia.
También recibirá y atenderá las consultas, peticiones o reclamos que formulen los
cotizantes y pensionados, en relación con las instituciones administradoras de fondos
de pensiones, ISSS, INPEP y sus administradores, así como con otras relacionadas al
Sistema de Ahorro para Pensiones, al Sistema de Pensiones Público y al Régimen de
Riesgos Profesionales.
Reglamento Interno de Trabajo
Art. 91.- El personal de la Superintendencia se regirá por las disposiciones
del Reglamento Interno de Trabajo y demás instrumentos administrativos internos
que apruebe el Superintendente para el adecuado desarrollo de las funciones de la
Superintendencia, previa consulta con los Superintendentes Adjuntos.
El Reglamento Interno de Trabajo contemplará el régimen laboral a implementarse
especialmente lo concerniente al sistema de remuneraciones, ascensos, capacitaciones
y la metodología de evaluación de desempeño del personal.
Desarrollo del Personal
Art. 92.- El Superintendente y los Superintendentes Adjuntos, aprobarán el plan
anual de capacitación y actualización del personal de la Superintendencia, con base en
las tendencias y mejores prácticas de supervisión a nivel internacional.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
De los Funcionarios y Empleados
Art. 93.- No podrán ser funcionarios ni empleados de la Superintendencia el
cónyuge, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad del Superintendente o de los Superintendentes Adjuntos y demás miembros
del Consejo.
Incompatibilidades del Personal
Art. 94.- Los miembros del personal de la Superintendencia no podrán ser
directores, asesores, gerentes, administradores, ni accionistas o empleados de los
integrantes del sistema financiero; tampoco podrán mantener con ellos relaciones
profesionales, comerciales o financieras, excepto aquéllas que se deriven de su
situación de usuario de los servicios habitualmente proporcionados por los referidos
integrantes.
Asimismo, hasta después de transcurridos tres años de haber dejado de prestar
servicios en la Superintendencia, podrán realizar gestiones ante la misma y ante
el Banco Central, en forma directa o indirecta, a favor o en representación de los
integrantes del sistema financiero.
Asistencia Legal
Art. 95.- Cuando cualquiera de los miembros del Consejo, sean demandados por
el ejercicio de sus facultades legales, la Superintendencia deberá proveer la asistencia
legal necesaria, para lo cual podrá contratar servicios profesionales externos.
Asimismo, la Superintendencia proveerá asistencia legal a los miembros de
su personal que sean demandados por cualquier persona o institución, por actos
ejecutados en el cumplimiento de sus funciones u obligaciones, pudiendo también en
este caso contratar servicios profesionales externos.
Igual asistencia proveerá el Banco Central a los miembros de su Consejo Directivo
y a los del Comité de Apelaciones por actos ejecutados en el cumplimiento de sus
funciones y obligaciones, en cuanto a sus actuaciones relacionadas con los actos
administrativos en los que deban formular opinión de conformidad a las leyes aplicables.
Si en la sentencia definitiva respectiva declarada firme, resultare que el funcionario
o empleado actuó en exceso a sus facultades legales, éste deberá reintegrar a la
Superintendencia o al Banco Central, en su caso, los honorarios por servicios
profesionales que la Superintendencia haya contratado para proveerle la asistencia
legal respectiva.
El plazo de prescripción para promover las demandas civiles, mercantiles y
penales a las que se refiere el presente artículo y que sean promovidas en contra de
los miembros del Consejo Directivo y demás personal mencionado en este artículo,
será de diez años contados a partir de la fecha en que se haya notificado la adopción
de la decisión correspondiente, salvo que en los decretos legislativos especiales se
establezca un plazo menor al respecto.
Indice Legislativo 213
Parte II

Parte II
214
Asamblea Legislativa
LEYES
Prohibiciones
Art. 96.- Queda prohibido a todo funcionario, empleado, delegado, agente, asesor,
auditor, proveedor, apoderado o persona que a cualquier título preste servicio a la
Superintendencia, revelar cualquier detalle de los informes que haya emitido o dar noticia
de cualquier hecho reservado del que haya tomado conocimiento en el desempeño de
su cargo. Los que infrinjan esta disposición serán destituidos de sus cargos o se
terminará su relación contractual sin responsabilidad para la Superintendencia según
corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar.
Se prohíbe al personal de la Superintendencia recibir directa o indirectamente
dinero y otros efectos que, en concepto de premio, obsequio, dádiva u otra forma de
retribución, proceda de los supervisados o de los funcionarios o empleados de éstos,
o prestarles cualquier clase de servicio remunerado.
Asimismo, los empleados y funcionarios de la Superintendencia que sean notarios
no podrán ejercer esta función cuando se trate de instrumentos notariales otorgados
por los supervisados por la Superintendencia, salvo que se trate de instrumentos en los
que la Superintendencia tuviere algún interés.
Obligación de Informar o Requerir Autorización
Art. 97.- Los funcionarios y empleados de la Superintendencia deberán informar
al Superintendente cuando realicen alguna operación relevante con un integrante del
sistema financiero, de conformidad a lo que se defina en el Reglamento Interno de
Trabajo de la Superintendencia, en el mismo se establecerán los casos que requieren
autorización previa.
Art. 98.- El personal de la Superintendencia será miembro del Fondo de Protección
de los Funcionarios y Empleados del Banco Central de Reserva de El Salvador. Asimismo,
estará afiliado al ISSS para la cobertura del Riesgo de Enfermedad, Maternidad y
Riesgos Profesionales, mientras que, para la cobertura del Riesgo de Invalidez, Vejez
y Muerte, estará afiliado a la institución previsional que corresponda, de acuerdo a las
disposiciones contempladas en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.
TITULO III
Capítulo Único
De la Regulación Técnica
Art. 99.- El Banco Central en virtud de esta Ley, es la institución responsable
de la aprobación del marco normativo técnico que debe dictarse de conformidad a
esta Ley y demás leyes que regulan a los supervisados. En el cumplimiento de esta
responsabilidad, el Banco Central deberá velar por que el marco normativo aplicable
al sistema financiero se revise periódicamente procurando su actualización oportuna.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Para estos efectos créase en el Banco Central un Comité de Normas, el cual estará
integrado por el Presidente del Banco Central, el Vicepresidente del Banco Central, el
Superintendente y los Directores del Consejo Directivo que hayan sido propuestos por
los Ministros a los que se refiere el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco Central
de Reserva de El Salvador.
El Comité de Normas será coordinado y presidido por el Presidente del Banco
Central, quien designará como secretario a uno de los miembros del referido Comité.
En caso de ausencia temporal o definitiva de cualquiera de los miembros titulares del
Comité de Normas, serán suplidos por quienes legalmente hagan sus veces.
El referido Comité de Normas se reunirá las veces que sean necesarias para el
cumplimiento de su mandato legal y como mínimo una vez cada tres meses; las
sesiones se celebrarán válidamente con la asistencia de tres de sus miembros y las
decisiones se tomarán por mayoría de los presentes. En caso de empate, el Presidente
del Banco Central tendrá voto de calidad. Los asistentes a sus sesiones deberán guardar
estricta confidencialidad sobre los asuntos allí tratados y los documentos que en razón
de su calidad de miembro del referido Comité les sean entregados; tampoco deberán
utilizar ni aprovechar tal información para fines personales, a favor de terceros o en
detrimento de las funciones y decisiones del Banco Central, de la Superintendencia o
del Estado, en cuyo caso incurrirán en responsabilidad por los daños causados, sin
menoscabo de las acciones legales o administrativas de cualquier naturaleza que sean
procedentes. Corresponderá al mencionado Comité de Normas emitir resoluciones
sobre lo siguiente:
a) La aprobación de normas técnicas, de instructivos y disposiciones que
las leyes que regulan a los supervisados establecen que deben dictarse
para facilitar su aplicación, especialmente los relativos a requerimientos de
solvencia, liquidez, provisiones, reservas, clasificación de activos de riesgo,
criterios para establecer la necesidad de consolidación, prácticas de buen
gobierno corporativo, transparencia de la información y sobre cualquier otro
aspecto inherente a la gestión de riesgos por parte de los supervisados;
b) La aprobación de normas técnicas para que los integrantes del sistema
financiero proporcionen al público información suficiente y oportuna sobre
aspectos jurídicos, económicos y financieros de cada uno, de conformidad
a lo establecido en las leyes que los regulan, así como sobre los productos
y servicios que ofrecen;
c) La aprobación de normas técnicas para la elaboración, aprobación,
presentación y divulgación de los estados financieros e información
suplementaria de los integrantes del sistema financiero; para la determinación
de las obligaciones contables y de los principios conforme a los cuales
deberán llevar su contabilidad y el establecimiento de criterios para la
valoración de activos, pasivos y constitución de provisiones y reservas por
riesgos, todo lo anterior de conformidad a lo establecido en esta Ley y
demás leyes aplicables, con la finalidad de que se refleje la real situación de
liquidez y solvencia de los referidos integrantes;
Indice Legislativo 215
Parte II

Parte II
216
Asamblea Legislativa
LEYES
d) La aprobación de normas técnicas para el establecimiento y vigilancia de
las reservas técnicas y matemáticas, de inversiones y reaseguros de las
sociedades de seguros;
e) El establecimiento de criterios técnicos para determinar los actos y
operaciones que se consideren contrarios a los usos bursátiles o sanas
prácticas del mercado;
f) La emisión de requerimientos exigibles a los auditores internos y externos así
como a los Comités de Auditoría de los integrantes del sistema financiero.
Adicionalmente, dictará las normas que sean necesarias para coordinar
las labores de supervisión de la Superintendencia con las labores de los
auditores internos;
g) La aprobación de normas técnicas en las que se definan las condiciones
mínimas que deben reunir físicamente los locales y sus medidas de
seguridad, como lo relativo a la conservación y archivo de documentación
de los integrantes del sistema financiero;
h) La aprobación de normas técnicas en las que se definan los requisitos
mínimos de los contratos de seguros relacionados al Sistema de Ahorro
para Pensiones;
i) La aprobación previa de los reglamentos e instructivos que emitan las
bolsas de valores para regular la operatividad de las negociaciones del
mercado y de los mecanismos que se implementen para la realización de
las transacciones e instruir los cambios que consideren necesarios, en un
plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir de la solicitud de
aprobación respectiva, de conformidad a las disposiciones aplicables y a
las mejores prácticas internacionales;
j) La aprobación previa a su entrada en vigencia de los reglamentos y manuales
de operación, formatos de contratos y otros documentos correspondientes
a las sociedades especializadas en el depósito y custodia de valores,
velando porque los sistemas instituidos por dichas sociedades otorguen las
garantías de seguridad y eficacia requeridas para la seguridad y estabilidad
del mercado; y
k) Otras resoluciones que señalen las leyes.
Asimismo le corresponderá al Banco Central, la aprobación de las demás
resoluciones que, en el ámbito de su competencia, resulten necesarias para el adecuado
funcionamiento del Sistema de Supervisión y Regulación Financiera, así como para la
aplicación de la presente Ley y en las demás leyes aplicables a los supervisados.
Adicionalmente, le corresponderá al Banco Central por medio de su Presidente
proponer al Presidente de la República la emisión, modificación y derogación de los
Reglamentos que establecen la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, la Ley de
Sociedades de Seguros, la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Bolsas de Productos

Anuario Legislativo 2010 - 2011
y Servicios, y cualquier otro que establezcan las leyes que regulan a los integrantes del
sistema financiero.
Las anteriores funciones las realizará el Comité de Normas de conformidad a lo
regulado en esta Ley, para lo cual ésta lo faculta.
Art. 100.- Previo a la aprobación de normas técnicas, éstas se pondrán a
consulta de los supervisados a fin de que, si lo estiman conveniente, puedan emitir sus
observaciones debidamente razonadas dentro del plazo que al respecto se les establezca.
La consulta podrá efectuarse por medio de comités consultivos multidisciplinarios
conformados según la materia a normar. En ningún caso las referidas observaciones
serán vinculantes.
Las normas técnicas que apruebe el Banco Central de conformidad a esta Ley,
deberán estar debidamente razonadas, establecerán la fecha de su vigencia y serán
hechas del conocimiento de los supervisados al menos quince días antes de su entrada
en vigencia, mediante su publicación en el sitio de internet del Banco Central, lo cual
deberá ser comunicado directamente a los supervisados correspondientes por medios
impresos o electrónicos. Adicionalmente, el Banco Central podrá publicar las referidas
normas en el Diario Oficial o en otros medios físicos o electrónicos que determine
su Consejo Directivo, los cuales hará del conocimiento público. Las normas técnicas
serán de obligatorio cumplimiento a partir de su vigencia.
La Superintendencia deberá mantener actualizadas en su sitio de internet las
referidas normas durante sus correspondientes períodos de vigencia. Excepcionalmente,
en circunstancias que hagan prever la ocurrencia de posibles desequilibrios del sistema
financiero o por razones de interés social, el Comité de Normas con al menos dos de
sus miembros podrá emitir, sin más trámite, normas técnicas de carácter temporal y de
vigencia inmediata, sin la consulta previa a la que se refiere este artículo. La vigencia
de estas normas no podrá exceder de ciento ochenta días.
Las normas técnicas que corresponde aprobar al Comité de Normas serán
elaboradas por el Banco Central. La Superintendencia deberá proveer al Banco Central
los insumos necesarios o realizar propuestas de normas que considere necesarias
para el funcionamiento de los mercados.
TITULO IV
Capítulo Único
Disposiciones Especiales
Continuidad y Traslado de Potestades
Art. 101.- La Superintendencia se regirá por las disposiciones de la presente
Ley y por lo dispuesto en otras leyes que le sean aplicables, transfiriéndosele por
Ministerio de Ley todas aquellas facultades, competencias, potestades, atribuciones y
deberes que se mencionan en las leyes y que, con anterioridad a la fecha de entrada
Indice Legislativo 217
Parte II

Parte II
218
Asamblea Legislativa
LEYES
en vigencia de la presente Ley, le eran atribuidas a la Superintendencia de Valores, a la
Superintendencia de Pensiones y a la Superintendencia del Sistema Financiero creada
por Decreto Legislativo Nº 628 del 22 de noviembre de 1990, publicado en el Diario
Oficial Nº 278, Tomo 309, del 10 de diciembre de 1990.
Cuando en las diferentes leyes se haga alusión a las Leyes Orgánicas de las
Superintendencias que por esta Ley se derogan, deberá entenderse que se refiere a la
presente Ley.
Del mismo modo, quedan transferidas a la Superintendencia, al Comité de
Apelaciones y al Banco Central, en la forma dispuesta por esta Ley, todas aquellas
facultades, competencias, potestades, atribuciones y deberes que se establecen en
las leyes y que, con anterioridad a la vigencia de la presente, les fueron atribuidas
a los Superintendentes o a los Consejos Directivos de las Superintendencias antes
mencionadas, a menos que tales facultades hayan sido otorgadas a otras entidades,
instituciones o autoridades de conformidad a lo establecido en esta Ley.
Quedan transferidas al Banco Central las facultades de aprobar, modificar y derogar
normas técnicas que deban ser cumplidas por los integrantes del sistema financiero
y demás supervisados y que eran atribuidas a las Superintendencias o a los Consejos
Directivos de las Superintendencias cuyas leyes orgánicas deroga la presente.
Art. 102.- Para efectos de imponer sanciones, cuando en las diferentes leyes se
haga referencia al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Superintendencia
del Sistema Financiero, a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de la
Superintendencia de Valores y en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones
que por esta Ley se derogan, deberá entenderse que se hace referencia al procedimiento
establecido en el capítulo VII del Título II de la presente Ley.
Vigencia de Reglamentos y Otras Disposiciones
Art. 103.- Los reglamentos, instructivos, resoluciones, normas, acuerdos y
otras disposiciones generales y particulares aplicables a los supervisados, así como
los dictados en materia administrativa para el funcionamiento interno que hayan
sido emitidos por las autoridades competentes de la Superintendencia del Sistema
Financiero creada por medio del Decreto Legislativo a que se refiere el artículo 101 de
esta Ley, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a la presente, mientras
no sean derogados o modificados expresamente.
Los reglamentos, instructivos, resoluciones, normas, acuerdos y otras
disposiciones generales y particulares aplicables a los supervisados, que hayan sido
emitidos conforme a la ley por las autoridades competentes de la Superintendencia
de Pensiones y de la Superintendencia de Valores, cuyas leyes orgánicas se derogan
por esta Ley, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a la presente,
mientras no sean derogados o modificados expresamente; los concernientes a su
funcionamiento interno y en materias administrativa, de personal y presupuestaria,

Anuario Legislativo 2010 - 2011
quedan derogados a partir del inicio de funciones de la Superintendencia creada por
esta Ley.
Los reglamentos emitidos por la Presidencia de la República para la aplicación
de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y de las leyes del ISSS y del INPEP
en lo que corresponda, y los aplicables al Mercado de Valores y demás fiscalizadas
de conformidad a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores que por esta Ley
se deroga o cualquier otro reglamento aplicable a los supervisados, mantendrán su
vigencia en todo lo que no se oponga a la presente Ley, mientras no sean derogados
o modificados expresamente.
En consecuencia, el incumplimiento a las obligaciones establecidas en los
ordenamientos jurídicos aludidos anteriormente será sancionado por la Superintendencia
creada y regulada por esta Ley, de conformidad al procedimiento establecido en la
misma.
Art. 104.- Para los efectos de esta Ley, cuando en otras leyes se mande la
emisión de instructivos, se entenderá que se trata de la emisión de normas a que se
refiere el artículo 99 de esta Ley, según su naturaleza.
Comisión de Riesgo
Art. 105.- La Comisión de Riesgo a que se refiere el artículo 89 de la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones estará integrada, a partir de la vigencia de esta Ley,
por el Superintendente quien la presidirá, por los Superintendentes Adjuntos, por el
Presidente del Banco Central y por el Ministro de Hacienda y se regirá de conformidad
a las disposiciones de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones en lo que no
contradiga a la presente.
Registros
Art. 106.- La Superintendencia creada y regulada por esta Ley llevará los registros
contemplados en el artículo 78 de la presente Ley. En consecuencia, se trasladan
a la Superintendencia a partir de la vigencia de la presente Ley, los registros que
anteriormente llevaban las Superintendencias cuyas leyes orgánicas se derogan por
esta Ley, los cuales conservarán todas las características legales y finalidades para
los que fueron creados. Los asientos o inscripciones que se hubiesen realizado en
los mencionados registros mantendrán su validez y no necesitarán de ratificación
posterior ni de trámite alguno.
Situaciones no Previstas
Art. 107.- En lo no previsto en la presente Ley se aplicará en lo pertinente la
legislación siguiente:
Indice Legislativo 219
Parte II

Parte II
220
Asamblea Legislativa
LEYES
a) Las leyes financieras, tales como la Ley de Bancos, la Ley de Bancos
Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, la Ley del Mercado de
Valores, la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones;
b) El Código de Comercio; y
c) La legislación civil.
Exclusión Expresa
Art. 108.- Por su carácter supletorio, no serán aplicables a los procedimientos
establecidos en la presente Ley las disposiciones de la Ley de Procedimiento para la
Imposición del Arresto o Multa Administrativos contenida en el Decreto Legislativo Nº
457 del 1 de marzo de 1990, publicado en el Diario Oficial Nº 70, Tomo 30, del 21 de
marzo de 1990.
TITULO V
Capítulo Único
Disposiciones Transitorias
Traslado de Derechos y de Obligaciones
Art. 109.- Se transfieren a la Superintendencia del Sistema Financiero creada
por esta Ley, todos los bienes, derechos y ésta contrae todas las obligaciones
de la Superintendencia de Valores, de la Superintendencia de Pensiones y de la
Superintendencia del Sistema Financiero, creada por Decreto Legislativo Nº 628 del
22 de noviembre de 1990, publicado en Diario Oficial Nº 278, Tomo 309, del 10 de
diciembre de 1990.
El personal de la Superintendencia del Sistema Financiero creada por Decreto
Legislativo Nº 628 del 22 de noviembre de 1990, publicado en el Diario Oficial Nº 278,
Tomo 309, del 10 de diciembre de 1990, que laboraba en la Intendencia de Valores
de esa Institución, que en el año de mil novecientos noventa y siete se trasladó a
laborar a la Superintendencia de Valores, tendrá derecho a una gratificación por los
servicios prestados a la referida Superintendencia del Sistema Financiero, en concepto
de reconocimiento por el tiempo que laboraron respectivamente en dicha Institución en
los términos que dicte el Consejo, facultándose a la Superintendencia creada por esta
Ley para que efectúe dicha erogación.
Art. 110.- El Superintendente y los Superintendentes Adjuntos y los demás
miembros del Consejo deberán ser nombrados el mismo día de la entrada en vigencia
de la presente Ley.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Del Comité de Apelaciones
Art. 111.- El Comité de Apelaciones iniciará sus funciones dentro de los treinta
días siguientes a la vigencia de la presente Ley.
Los plazos que estén en curso en los procedimientos de apelación iniciados, así
como el plazo para interponer dicho recurso, quedarán suspendidos mientras el Comité
de Apelaciones no haya iniciado sus funciones.
Plazo Transitorio de Prescripción
Art. 112.- Durante el primer año de vigencia de la presente Ley el plazo de
prescripción para promover el procedimiento establecido en la misma será de cinco
años contados a partir de la fecha en la que se haya terminado de cometer el hecho o
de ocurrir la omisión sujeta a sanción.
De las Políticas Internas de los Integrantes del Sistema Financiero
Art. 113.- Para cumplir las disposiciones contempladas en los literales c) y d) del
artículo 35 de la presente Ley, los integrantes del sistema financiero deberán presentar
a la Superintendencia un plan para adoptar las políticas y mecanismos a que se refieren
dichas disposiciones, dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta Ley y
comunicar la actualización del mismo cuando corresponda. Anualmente los integrantes
del Sistema Financiero deberán presentar una evaluación de la ejecución del mismo.
Una vez presentado el plan, los mencionados integrantes deberán implementarlo en un
plazo máximo de seis meses contados a partir de su presentación, comunicando las
referidas políticas o disposiciones adoptadas a la Superintendencia dentro de los doce
meses siguientes a la vigencia de esta Ley.
Presupuesto Transitorio de la Superintendencia
Art. 114.- No obstante lo dispuesto en el artículo 85 de esta Ley, el Presupuesto
de la Superintendencia para concluir el ejercicio de funcionamiento correspondiente
al año 2011, se cubrirá con los recursos considerados en la aprobación de los tres
presupuestos totales anuales para el referido ejercicio para la Superintendencia
del Sistema Financiero, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de
Pensiones en base a las leyes orgánicas que las regían y a los recursos ya aprobados
en el Presupuesto General de la Nación para la Superintendencia de Valores y la
Superintendencia de Pensiones. A la vigencia de esta Ley, los referidos recursos
previstos para las Superintendencias de Valores y de Pensiones, serán transferidos
al Banco Central por el Ministerio de Economía, a quien la presente Ley lo autoriza a
efectuarlo, a fin que el referido Banco lo remita oportunamente a la Superintendencia.
La Superintendencia deberá estimar el presupuesto correspondiente al año 2012
dentro de los treinta días siguientes a la vigencia de la presente Ley, será aprobado
de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de la presente Ley y será cubierto de la
manera siguiente:
Indice Legislativo 221
Parte II

Parte II
222
Asamblea Legislativa
LEYES
a) El Banco Central cubrirá con sus recursos hasta un máximo del treinta y
cuatro por ciento;
b) El Ministerio de Hacienda cubrirá con sus recursos hasta un máximo del
dieciséis por ciento;
c) Los bancos, incluyendo el Banco Multisectorial de Inversiones, el Banco
Hipotecario de El Salvador, S.A., y el Banco de Fomento Agropecuario, hasta
un máximo del treinta y cuatro por ciento;
d) Las instituciones administradoras de fondos de pensiones, hasta un máximo
del dieciséis por ciento;
e) Las sociedades de seguros, los agentes especializados en la valuación
de valores, las bolsas de valores, las casas de corredores de bolsa, las
sociedades especializadas en el depósito y custodia de valores, las
clasificadoras de riesgo, las titularizadoras y los almacenes generales de
depósito pagarán hasta un máximo del dos por ciento; y
f) Los bancos cooperativos, las sociedades de ahorro y crédito, las federaciones
reguladas por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro
y Crédito, las sociedades de garantía recíproca y los demás integrantes
del sistema financiero, con excepción del Fondo Nacional de Vivienda
Popular FONAVIPO, IPSFA, ISSS, INPEP, Fondo Social para la Vivienda FSV,
Corporación Salvadoreña de Inversiones CORSAIN, Instituto de Garantía de
Depósitos y el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, pagarán
hasta un máximo del dos por ciento.
Una vez aprobado el presupuesto para el ejercicio 2012 el Banco Central comunicará
al Ministerio de Hacienda el monto correspondiente al literal b) de este artículo, para
que dicho Ministerio incorpore lo necesario en el Presupuesto General del Estado para
el año 2012 y transfiera al Banco Central los recursos correspondientes en el mes de
enero de 2012. La Superintendencia regulada por esta Ley estará en todo caso exenta
del cumplimiento de las regulaciones del Subsistema de Contabilidad Gubernamental.
Art. 115.- Los agentes corredores de bolsa que actualmente estuvieren prestando
sus servicios en casas de corredores de bolsa autorizadas por la Superintendencia,
dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia
de la presente Ley, deberán inscribirse en el registro que para tal efecto llevará la
Superintendencia debiendo para dicho efecto cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 82 de la presente Ley y en la normativa técnica que al efecto sea emitida por
el Banco Central.
Lo establecido en el inciso anterior será asimismo aplicable a los sujetos a que se
refieren los literales K) y l) del artículo 78 de esta Ley.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Asistencia Legal Transitoria
Art. 116.- Para los procesos judiciales pendientes y para los que se inicien
durante el año posterior a la entrada en vigencia de esta Ley, la asistencia legal a que
se refiere el artículo 95 será también aplicable a quienes hayan sido Superintendentes
o miembros de los Consejos Directivos de las Superintendencias existentes antes
de la vigencia de esta Ley y cuyas leyes orgánicas se derogan por ésta. De igual
forma, tendrán asistencia legal por parte del Banco Central quienes hayan fungido
como miembros de su Consejo Directivo.
Liquidaciones en Proceso
Art. 117.- Los procesos de liquidación iniciados de conformidad a las leyes que
por la presente Ley se derogan, continuarán bajo la vigilancia de la Superintendencia.
Vigencia de Procedimientos y Recursos
Art. 118.- Los procedimientos y recursos administrativos que estuvieren
pendientes a la entrada en vigencia de la presente Ley se continuarán tramitando de
conformidad a la ley con que fueron iniciados y por las autoridades reguladas por ésta
con las competencias que la misma les atribuye, de la forma siguiente:
a) Los procedimientos, trámites, diligencias o cualquier otro acto procesal
que estén pendientes de resolución final ante los anteriores titulares de las
Superintendencias cuyas leyes orgánicas se derogan por la presente Ley se
continuarán tramitando ante el Superintendente o el Superintendente Adjunto
que delegue;
b) Los recursos de rectificación que se encuentren en trámite ante los anteriores
titulares de las Superintendencias del Sistema Financiero y de Pensiones, se
continuarán tramitando ante el Superintendente o el Superintendente Adjunto
que delegue;
c) Los recursos de apelación que se estén tramitando ante los anteriores
Consejos Directivos de la Superintendencia del Sistema Financiero y de la
Superintendencia de Valores, se continuarán tramitando ante el Comité de
Apelaciones, regulado en el artículo 65 de esta Ley;
d) Los procedimientos que se estén tramitando ante funcionarios subalternos,
delegados o similares de los anteriores titulares de las Superintendencias
mencionadas se continuarán tramitando ante los funcionarios que el
Superintendente delegue; y
e) Los reclamos a los que se refiere el artículo 113 de la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones, continuarán siendo tramitados por la Comisión
Calificadora de Invalidez, creada de conformidad a dicha Ley y de acuerdo
al procedimiento establecido en el referido artículo.
Indice Legislativo 223
Parte II

Parte II
224
Asamblea Legislativa
LEYES
Las resoluciones definitivas de los Superintendentes a que hacen referencia las
leyes orgánicas que por esta Ley se derogan y de las cuales no haya transcurrido el
plazo para interponer los recursos regulados por aquellas, podrán recurrirse según sea
el caso ante el Superintendente, el Superintendente Adjunto que haya sido delegado o
ante el Comité de Apelaciones regulados por esta Ley.
Art. 119.- La derogatoria del Artículo 14, las modificaciones a los artículos 4, 5,
13, 15, 17 y 29 y la incorporación del Artículo 5-A de la Ley de Bolsas de Productos
y Servicios, que en la presente Ley se efectúan, entrarán en vigencia transcurrido un
año, contado a partir de la vigencia de la misma.
Art. 120.-Los miembros del Consejo Directivo nombrados al entrar en vigencia
la presente Ley, duraran en sus funciones hasta el treinta y uno de mayo del año dos
mil catorce.
TITULO VI
DEROGATORIAS Y VIGENCIA
Capítulo Unico
Art. 121.- Deróganse las siguientes disposiciones:
a) La Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, contenida
en el Decreto Legislativo Nº 628 del 22 de noviembre de 1990, publicado
en el Diario Oficial Nº 278, Tomo 309, del 10 de diciembre de 1990 y sus
reformas;
b) Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores, contenida en el Decreto
Legislativo No. 806, del 11 de septiembre de 1996, publicado en el Diario
Oficial No. 186, Tomo 333, del 4 de octubre de 1996 y sus reformas;
c) La Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones, contenida en el
Decreto Legislativo No. 926, de fecha 19 de diciembre de 1996, publicada
en el Diario Oficial No. 243, Tomo 333, del 23 de diciembre de 1996 y sus
reformas.
d) El artículo 238 de la Ley de Bancos;
e) El artículo 58 de la Ley de Bancos Cooperativos y sociedades de Ahorro y
Crédito;
f) El artículo 97 de la Ley del Mercado de Valores;
g) El artículo 14 de la Ley de Bolsas de Productos y Servicios; y
h) El inciso segundo del artículo 3 de la Ley de Casas de Cambio de Moneda
Extranjera.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Casas de Cambio
Art. 122.- Las facultades conferidas al Banco Central de Reserva de El Salvador
en la Ley de Casas de Cambio de Moneda Extranjera se trasladan, por Ministerio de
Ley, a la Superintendencia del Sistema Financiero regulada por esta Ley, excepto la
relativa a la emisión del Instructivo para la aplicación de la Ley de Casas de Cambio
de Moneda Extranjera que regula las operaciones de las casas de cambio, la cual
continuará siendo competencia del referido Banco.
Los expedientes que contienen la información sobre las Casas de Cambio que
actualmente se encuentran operando, así como las respectivas garantías, deberán
ser trasladados por el citado Banco a la referida Superintendencia, dentro de los tres
meses siguientes a la vigencia de la presente Ley.
Nombramiento de Auditores Externos
Art. 123.- La facultad de nombrar auditores externos conferida al Banco Central
de Reserva de El Salvador en las leyes que rigen a las instituciones siguientes: Banco
Multisectorial de Inversiones, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados,
Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, Comisión Ejecutiva Portuaria
Autónoma e Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, será ejercida a partir
de la vigencia de la presente Ley, por la máxima autoridad de las instituciones antes
mencionadas.
Art. 124.- La presente Ley por su carácter especial prevalecerá sobre cualquier
otra que se le oponga o contraríe; para modificarla o derogarla deberá hacerse mención
expresa a ésta.
En caso de conflicto en la aplicación de las leyes, prevalecerá la presente Ley.
Art. 125.- Cuando en otros ordenamientos legales se haga referencia a la Ley
Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, a la Ley Orgánica de la
Superintendencia de Valores y a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones,
se entenderá que la Ley aplicable es la presente; de igual manera, cuando en
otros ordenamientos legales se aluda al Superintendente del Sistema Financiero, al
Superintendente de Valores y al Superintendente de Pensiones, se entenderá que la
autoridad a la que se refieren es el Superintendente a que hace relación la presente Ley.
Art. 126.- El presente Decreto entrará en vigencia 180 días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce
días del mes de enero de dos mil once.
D. O. Nº 23, Tomo Nº 390, Fecha: 2 de febrero de 2011.
Indice Legislativo 225
Parte II

Parte II
DECRETO Nº 598
226
Asamblea Legislativa
LEYES
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad al artículo 101 de la Constitución de la República, el
orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia
social, que tiendan a asegurar a los habitantes del país una existencia digna
del ser humano, por lo que el Estado promoverá el desarrollo económico
y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la
racional utilización de los recursos.
II.- Que la inserción internacional de la economía a nivel mundial demanda la
formulación de políticas públicas de fomento a la actividad productiva que
permitan a los diferentes sectores aumentar la competitividad, incrementar
y diversificar la producción, con el fin de generar riqueza y empleo nacional
para mejorar las condiciones de vida de su población.
III.- Que para cumplir dicha obligación, es necesario un marco legal e
institucional que responda a los principios establecidos en el considerando
anterior y que a su vez sea acorde con la legislación salvadoreña vigente.
IV.- Que es necesario buscar la mayor eficiencia en la coordinación
interinstitucional por medio de un sistema que de manera integral y en
coordinación con los sectores privados, impulse una agenda de nación de
apoyo a los sectores productivos.
V.- Que por las razones antes expuestas, se hace necesario emitir una norma
que fortalezca y apoye a los sectores productivos del país, acorde a las
reglas que rigen el comercio mundial.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Economía.
DECRETA, la siguiente:
LEY DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
Capítulo I
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto el fortalecimiento y apoyo a los sectores
productivos, acorde a las reglas que rigen el comercio mundial, con la finalidad de

Anuario Legislativo 2010 - 2011
promover la viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas
en el mercado nacional e internacional, contribuyendo así a la generación de empleos
dignos y al desarrollo económico y social del país.
Art. 2.- Para efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones:
a) Competitividad: Conjunto de capacidades de las empresas que les permite
acceder a los distintos mercados, así como adaptarse con rapidez y
flexibilidad a los cambios constantes del entorno.
b) Organizaciones empresariales: Cámaras o asociaciones empresariales, o
sus federaciones; así como instituciones, asociaciones o agrupamientos
que representen a un determinado sector productivo.
c) Programas: Conjunto de proyectos que persiguen apoyar la producción
nacional.
d) Sistema integral: Sistema Integral de Fomento de la Producción Empresarial.
e) Sector público: Conjunto de Secretarías de Estado, instituciones autónomas
y desconcentradas.
f) Comité: Comité del Sistema Integral de Fomento de la Producción Empresarial.
g) Internalización de las empresas y de las mercaderías: Conjunto de acciones
u operaciones orientadas a fortalecer la competitividad de las empresas que
favorezca el ingreso de productos en los mercados internacionales.
Art. 3.- Son objetivos de la presente Ley:
I. Establecer
a) Las bases que permitan al Ministerio de Economía, en el ámbito de sus
competencias y en el marco de esta Ley, desarrollar políticas integrales y
con visión de largo plazo, orientadas a fortalecer la competitividad, propiciar
los procesos de innovación e incrementar la diversificación productiva para
el mercado nacional e internacional;
b) Un mecanismo de coordinación entre el Ministerio de Economía y las demás
instituciones del sector público en el ámbito de sus competencias y con las
organizaciones empresariales;
c) Un marco de planificación e implementación para el fomento de la
competitividad e internacionalización de las empresas;
d) Programas que faciliten la mejora de la capacidad productiva.
Indice Legislativo 227
Parte II

Parte II
II. Promover:
228
Asamblea Legislativa
LEYES
a) La diversificación, fortalecimiento y dinamización de la base productiva
nacional;
b) La calidad, productividad, innovación y tecnología para el desarrollo
competitivo de las empresas;
c) Un entorno favorable para el desarrollo competitivo de las empresas, de
manera que se favorezca e impulse la internacionalización de las mismas;
d) La creación y fomento de una cultura empresarial orientada a la
internacionalización de productos y servicios;
e) La creación y fortalecimiento de programas que impulsen prácticas
empresariales que contribuyan al desarrollo sustentable y equilibrado de
largo plazo.
Art. 4.- La autoridad encargada de la aplicación de la presente Ley será el
Ministerio de Economía, el cual, en el ámbito de su competencia, podrá celebrar todos
los convenios de coordinación y cooperación con las diferentes instancias del sector
público, así como con las diferentes organizaciones empresariales, instituciones
académicas de educación superior y centros de investigación.
Podrá celebrar convenios con organismos internacionales, regionales o
multilaterales en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Capítulo II
De los Programas para el Fortalecimiento de la Producción
Art. 5.- Créase el Sistema Integral de Fomento de la Producción Empresarial, al
Ministerio de Economía le corresponderá la coordinación interinstitucional y con las
organizaciones empresariales.
Art. 6.- El Ministerio de Economía y las demás instituciones del Sector Público
involucradas en al ámbito de sus competencias, elaborarán los programas de
fortalecimiento de la producción, considerando los objetivos y criterios establecidos
en la presente Ley.
Art. 7.- Los programas a que se refiere el artículo anterior deberán contener, entre
otros:
a) Las prioridades y líneas estratégicas de desarrollo económico definidas en
el Plan de Gobierno;

Anuario Legislativo 2010 - 2011
b) Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se implementarán las
líneas estratégicas;
c) Los instrumentos financieros y no financieros, reembolsables y no
reembolsables.
Art. 8.- La planificación y ejecución de los programas deberán atender, entre otros
los siguientes criterios:
a) Impulsar la participación activa, efectiva y coordinada del sector público;
b) Favorecer la concurrencia de fondos nacionales e internacionales;
c) Desarrollar mecanismos de monitoreo, evaluación y medición de impacto;
d) Propiciar un enfoque de gestión por resultados de corto, mediano y largo
plazo;
e) Promover la creación de nuevos programas, considerando las tendencias
del entorno económico internacional.
Art. 9.- Los programas comprenderán las siguientes áreas:
a) Calidad e incremento de la productividad;
b) Innovación y tecnología;
c) Financiamiento y cofinanciamiento para el desarrollo de actividades
productivas;
d) Facilitación del comercio;
e) Promoción e internacionalización de empresas;
f) Encadenamientos productivos y desarrollo de proveedores;
g) Generación de una cultura de emprendimiento;
h) Inteligencia comercial;
i) Negociación, administración y aprovechamiento de tratados comerciales;
j) Atracción de inversiones;
k) Desarrollo sustentable;
l) Producción más limpia y eficiencia energética.
Art. 10.- Los recursos que se asignen al Sistema Integral a cargo del Ministerio
de Economía, deberán orientarse para atender actividades en: calidad y productividad;
producción más limpia y eficiencia energética; cadenas productivas con enfoque de valor
Indice Legislativo 229
Parte II

Parte II
230
Asamblea Legislativa
LEYES
y asociatividad; innovación y tecnología; desarrollo de mercados; y emprendimiento
innovador; pudiendo implementarse bajo esquemas de cofinanciamiento, o en cualquier
otra actividad que fuere necesario y que así lo considere el Comité.
Art. 11.- El Ministerio de Economía en el ámbito de su competencia, podrá elaborar
programas adicionales para el cumplimiento de los objetivos y criterios establecidos
en la presente Ley.
Art. 12.- Podrán establecerse Programas complementarios de otras instituciones
del Estado dentro del Sistema Integral para apoyar a sectores productivos en el fomento
y desarrollo productivo.
Art. 13.- El Ministerio de Economía, en su calidad de coordinador del Sistema
Integral, tendrá las siguientes responsabilidades:
a) Incorporar al Sistema Integral aquellos programas de las instancias
gubernamentales competentes a los objetivos de la presente Ley;
b) Promover los diferentes programas del Sistema Integral;
c) Proponer la celebración de convenios de coordinación y cooperación en el
marco de la presente Ley;
d) Dar seguimiento y evaluar los resultados del Sistema Integral;
e) Proponer la actualización de los programas;
f) Coordinar con diferentes autoridades y entes del Estado, en sus diferentes
niveles y con las organizaciones privadas los diferentes aspectos
relacionados con el Sistema Integral;
g) Definir los mecanismos y los niveles de coordinación para la concertación
entre los sectores involucrados;
h) Considerar las recomendaciones del Comité.
Art. 14.- Las instituciones del Estado encargadas de ejecutar los programas del
Sistema Integral deberán colaborar oportunamente con el Ministerio de Economía,
proporcionándole la información y demás requerimientos pertinentes.
Capítulo III
Del Comité
Art. 15.- Créase el Comité del Sistema Integral de Fomento de la Producción
Empresarial que en el texto de esta Ley deberá denominarse “El Comité”, el cual
tendrá la función de velar por el buen funcionamiento del Sistema Integral de Fomento

Anuario Legislativo 2010 - 2011
de la Producción Empresarial, velando por el cumplimiento y la consecución de sus
objetivos.
Art. 16.- El Comité estará integrado por los siguientes miembros:
a) El Ministro de Economía, quien lo presidirá;
b) El Ministro de Relaciones Exteriores o el representante que éste designe;
c) El Ministro de Hacienda o el representante que éste designe;
d) El Ministro de Agricultura y Ganadería o el representante que éste designe;
e) El Ministro de Turismo o el representante que éste designe;
f) El Secretario Técnico de la Presidencia;
g) El Presidente del Banco Multisectorial de Inversiones;
h) El Director de la Agencia de Promoción de Inversiones;
i) El Director de la Agencia de Promoción de Exportaciones;
j) Dos representantes de la Asociación Salvadoreña de Industriales;
k) Dos representantes de la Corporación de Exportadores de El Salvador;
l) Dos representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador;
m) Un representante del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo;
n) Un representante de las universidades.
Art. 17.- El Comité podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin
voto, a especialistas, personas o instituciones, de acuerdo a la temática de discusión.
Para cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente. El
mecanismo de elección para los representantes a que se refieren los literales j), k), l),
m) y n) del artículo anterior, será el establecido en las normas que rigen a cada una de
dichas instituciones u organizaciones. En el caso de los miembros suplentes del sector
público, éstos deberán tener al menos el nivel de Director o Asesor.
Art. 18.- El Comité contará con un Secretario designado por el Ministro de
Economía, quien tendrá la función de elaborar y dar seguimiento a los acuerdos
tomados por el Comité.
Art. 19.- El Comité sesionará en forma ordinaria por lo menos una vez cada tres
meses y en forma extraordinaria cuando sea necesario para su funcionamiento.
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
teniendo el presidente el voto de calidad en caso de empate.
Indice Legislativo 231
Parte II

Parte II
232
Asamblea Legislativa
LEYES
Para que la sesión sea válida deberá disponerse de la asistencia de por lo menos
la mitad más uno de sus miembros, siempre que se cuente con la presencia del
presidente o su suplente y que la mayoría de los asistentes sean representantes del
sector público.
El Secretario convocará a las sesiones ordinarias o extraordinarias en la forma y
tiempo que establezca el Comité.
Art. 20.- El Comité tendrá las funciones siguientes:
a) Analizar y proponer acciones y medidas de apoyo para el desarrollo de la
internacionalización de las empresas;
b) Proponer acciones que fortalezcan el ingreso y la permanencia de los
productos nacionales en los mercados internacionales;
c) Facilitar la integración de cadenas productivas y de valor agregado;
d) Impulsar la participación de las organizaciones privadas para que aporten o
propongan al Comité mejoras a los programas;
e) Proponer esquemas que faciliten el acceso a instrumentos financieros y no
financieros;
f) Impulsar alianzas estratégicas entre el sector público, privado e instituciones
académicas de educación superior;
g) Velar por el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
Capítulo IV
De los Sujetos
Art. 21.- Podrán gozar de los programas a que se refiere esta Ley, las empresas
que operen en el país, debiendo cumplir con los requisitos específicos establecidos en
el Reglamento.
Las empresas interesadas en participar en dichos programas indicarán el
programa o los programas a los cuales desea acogerse en la institución encargada
de la ejecución, la cual resolverá a favor o denegando la petición al interesado, de
conformidad a los requisitos de cada uno de ellos.
Capítulo V
Gestión de Fondos
Art. 22.- Los recursos con los que serán atendidos los programas a que se refiere
esta Ley, deberán proponerse en la etapa de formulación de su presupuesto, con el

Anuario Legislativo 2010 - 2011
propósito de ser incorporados al Presupuesto General del Estado, correspondiente al
Ramo de Economía.
El Ministerio de Economía podrá hacer las gestiones pertinentes y necesarias
para acceder a recursos externos que deban orientarse a cumplir con los propósitos
regulados en la presente Ley.
En el caso de los programas cuya ejecución dependa de otras instituciones
públicas, será responsabilidad de éstas incluir dentro de sus respectivos presupuestos,
los recursos necesarios para atender dichos programas.
Capítulo VI
Disposiciones Finales
Art. 23.- El Presidente de la República emitirá el Reglamento para la aplicación
de esta Ley.
Art. 24.- La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte
días del mes de enero del año dos mil once.
D. O. Nº 21, Tomo Nº 390, Fecha: 31 de enero de 2011.
Indice Legislativo 233
Parte II

Parte II
DECRETO Nº 599
234
Asamblea Legislativa
LEYES
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 que impulsa el Organo
Ejecutivo tiene entre sus finalidades el impulso de políticas públicas
macroeconómicas; siendo el fomento de las exportaciones uno de los
pilares fundamentales de las políticas sectoriales, resultando importante
estimular dicha actividad con el fortalecimiento de la institucionalidad del
Estado en la prestación de servicios simplificados y transparencia en los
trámites ante el Organo Ejecutivo; por medio de una Ventanilla Única de
Importaciones y Exportaciones;
II.- Que la actual apertura comercial en nuestro país exige procesos
transparentes, eficientes y ágiles, que reduzcan la diversidad y dispersión
de trámites, brinden una respuesta rápida ante los requerimientos de los
importadores, exportadores y de los agentes económicos de los mercados
internacionales;
III.- Que para facilitar el óptimo aprovechamiento de dicha apertura comercial,
es necesario lograr una mayor facilitación para lo cual se requiere centralizar
en un único lugar la gestión de trámites vinculados al comercio exterior,
con el fin de brindar celeridad en el abastecimiento de bienes o materias
primas importadas y que a su vez permita un ágil envío de los productos
elaborados en el país y exportados a los mercados internacionales;
IV.- Que dicha Ventanilla Única tendrá como finalidad centralizar, agilizar y
simplificar los trámites de importación y exportación de mercancías y
otros vinculados al comercio internacional; con el propósito de unificar los
procesos de las distintas instituciones y dependencias del Estado a través
del uso de sistemas automatizados que permitan el registro, autorización
y obtención de los documentos legalmente necesarios para importar y
exportar a través de trámites únicos e integrados.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República por medio del Ministro de Economía,
DECRETA, la siguiente:
LEY DE CREACION DEL CENTRO DE TRAMITES DE IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Del Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones
Art. 1.- Créase el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones que en
el texto de esta Ley podrá abreviarse CIEX El Salvador, como un sistema de ventanilla
única cuyo objeto será centralizar, agilizar y simplificar los trámites legalmente
establecidos para el registro, autorización y emisión de los documentos de las
diferentes instituciones y/o dependencias del Estado involucradas en las operaciones
de importación y exportación de conformidad a sus competencias.
El CIEX El Salvador deberá posibilitar la presentación y transmisión única de
datos e información y un punto único de adopción de decisiones respecto al registro,
autorización y emisión de documentos vinculados al comercio internacional, extendidos
por las diferentes instituciones y/o dependencias del Estado de conformidad a sus
competencias.
El CIEX El Salvador a partir de la vigencia de esta Ley, será responsable de realizar
las actividades que realizaba el Centro de Trámites de Exportación (CENTREX).
Competencia
Art. 2.- La centralización de trámites en el CIEX El Salvador comprenderá el
registro, autorización y emisión de los documentos necesarios para importar y exportar
hacia y desde El Salvador, según lo establezca la legislación respectiva, autoridad
aduanera, las instituciones y/o dependencias del Estado involucradas en el proceso de
importación y exportación.
Para efectos de esta Ley se entenderá por instituciones y/o dependencias del
Estado involucradas, los siguientes Ministerios: Agricultura y Ganadería, Economía,
Hacienda, Defensa Nacional, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud Pública y
Asistencia Social, Consejo Superior de Salud Pública, Viceministerio de Transporte y
cualesquiera otras que de conformidad con las Leyes de la República les corresponde
emitir los permisos, certificaciones, licencias o cualquier otro documento necesario
para importar y exportar mercancías.
Las instituciones y/o dependencias involucradas en los procesos de importación y
exportación, mantendrán todas sus facultades y obligaciones en su respectivo ámbito
de competencia.
Administración
Art. 3.- El Banco Central de Reserva de El Salvador en adelante Banco Central,
será la institución administradora del CIEX El Salvador en cuyas instalaciones estarán
ubicadas sus oficinas.
El Banco Central definirá la estructura organizativa del CIEX El Salvador, establecerá
los niveles de jerarquía que permitan un desempeño eficiente para el logro de sus
objetivos, nombrará el administrador del mismo, el horario de atención al público
y determinará los cobros por servicios, suministro de información y publicaciones
vinculadas al comercio exterior.
Indice Legislativo 235
Parte II

Parte II
236
Asamblea Legislativa
LEYES
El Banco Central a solicitud del CIEX El Salvador, brindará el apoyo técnico y
administrativo necesario para el cumplimiento de sus fines quedando facultado
expresamente por esta Ley para proporcionarlos.
Presupuesto
Art. 4.- El presupuesto anual del CIEX El Salvador será elaborado y aprobado por
el Banco Central, a más tardar el 31 de diciembre de cada año.
Dicho presupuesto estará integrado por:
a) Ingresos por cobro de: servicios, suministro de información y publicaciones
vinculadas al comercio exterior.
b) Donaciones, cooperaciones para lo cual se faculta al Banco Central
para recibirlas e ingresarlas al patrimonio del Banco Central, quien
deberá destinarlas íntegramente para inversiones del CIEX El Salvador en
infraestructura tecnológica, desarrollo o fortalecimiento de los sistemas
informáticos, adquisición de software o para los fines específicos que
determine el donante.
c) Asignaciones que otorgue el Banco Central.
Los ingresos a que se refiere el literal a) de este artículo formarán parte del patrimonio
del Banco Central, quien los destinará íntegramente y priorizando al mejoramiento de
los servicios que presta el CIEX El Salvador.
Si los recursos que se obtengan en el año fueran insuficientes para cubrir
inversiones y gastos de funcionamiento, corresponderá al Banco Central asignar los
recursos necesarios para lo cual queda expresamente facultado.
Del Personal del CIEX El Salvador
Art. 5.- El CIEX El Salvador estará integrado por personal del Banco Central y por
los designados de las Instituciones y/o dependencias involucradas en las importaciones
y exportaciones, quienes dependerán funcionalmente de la persona nombrada por el
Banco Central para coordinar el CIEX El Salvador. Las instituciones y/o dependencias
involucradas deberán designar a uno o más titulares y a los suplentes que sean
necesarios, con el objeto de asegurar la continuidad del servicio; será atribución del
coordinador del CIEX El Salvador previa evaluación, aceptar o proponer la sustitución
del personal designado por la Institución y/o dependencia respectiva.
El personal designado por las instituciones y/o dependencias involucradas
continuará estando sujeto al régimen laboral de la Institución y/o dependencia que lo
designó, manteniendo su salario y prestaciones. El Banco Central podrá otorgar a dicho
personal beneficios complementarios durante el período que dure su designación, con
cargo al presupuesto del CIEX El Salvador.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
El personal designado por las instituciones y/o dependencias involucradas, deberán
cumplir con la normativa y el horario de atención al público que establezca el Banco
Central y cuando laboren en fines de semana, días de asueto, días festivos o fiesta
nacional, se notificará a las Instituciones para los efectos legales que corresponda.
Las funciones del designado por las instituciones y/o dependencias involucradas,
serán ejercidas por él o los titulares, en casos de ausencias de éstos, las instituciones
y/o dependencias involucradas deberán designar a los suplentes para cubrir
inmediatamente las ausencias de los titulares nombrados al efecto.
Art. 6.- El personal del CIEX El Salvador deberá guardar estricta confidencialidad
sobre los datos proporcionados por las instituciones, dependencias y personas
usuarias de los servicios a los que tenga acceso en razón de su cargo, la violación a lo
establecido en este artículo, dará lugar a la responsabilidad civil o penal correspondiente.
El CIEX El Salvador podrá publicar o suministrar por cualquier medio que estime
conveniente, las estadísticas de importación o exportación.
No será aplicable lo dispuesto en el primer inciso de este artículo, la información
que requieran la Asamblea Legislativa, los tribunales judiciales, la Fiscalía General de
la República, Ministerio de Hacienda y demás autoridades competentes en el ejercicio
de sus atribuciones legales, ni la información que corresponda divulgar según lo
dispongan las Leyes.
Cobros por Servicio
Art. 7.- El Banco Central autorizará el cobro por los servicios brindados, suministro
de información estadística y publicaciones vinculadas al comercio exterior que
proporcione el CIEX El Salvador. En todo caso los montos a cobrar no deberán superar
el costo que implique para el CIEX El Salvador la prestación del servicio, suministro de
información y publicaciones vinculadas al comercio exterior.
Intercambio Electrónico de Datos, Firma Digital y Firma Electrónica
Art. 8.- Toda transacción relacionada al proceso de importación y exportación de
mercancías que efectúe el CIEX El Salvador, deberá transmitirse a la Dirección General
de Aduanas a través del intercambio electrónico de datos, que se entenderá como
la transmisión electrónica de conformidad a los parámetros técnicos o estándares
internacionales acordados de forma conjunta entre el CIEX El Salvador con aduana
nacional y/o extranjera.
En el intercambio electrónico de datos podrán actuar los participantes siguientes:
a) Un iniciador de mensaje de datos: Que será toda persona que envíe un
mensaje por cuenta propia o a nombre de un tercero.
Indice Legislativo 237
Parte II

Parte II
238
Asamblea Legislativa
LEYES
b) Un destinatario de un mensaje de datos: Que será toda persona designada
por el iniciador para recibir el mensaje.
c) Un intermediario: Será toda persona que actuando por cuenta de otra, envíe
o reciba el mensaje.
d) Sistemas informáticos: Se entenderá todo sistema utilizado para generar,
enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos.
Las transacciones que se realicen a través del CIEX El Salvador podrán utilizar:
a) Firma digital, entendiéndose por ésta aquella que se obtiene mediante
aplicaciones tecnológicas en la que se utiliza criptografía asimétrica,
también denominada sistemas de cifrado de clave pública, para asegurar la
autenticidad de los mensajes electrónicos y garantizar la integridad de su
contenido.
b) Firma electrónica, que son los datos en forma electrónica consignados en
un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que
puedan ser utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje
de datos e indicar que el firmante aprueba la información recogida en el
mensaje de datos.
Las operaciones que se realicen en el CIEX El Salvador a través del intercambio
electrónico de datos, los reportes, registros o bitácoras que se deriven del sistema
informático, así como las impresiones que reflejen las transacciones efectuadas con
registros de firmas digitales, firmas electrónicas o números de identificación personal
de dichos sistemas, tendrán validez probatoria para cualquiera de los participantes.
Las copias o reproducciones que deriven de los reportes, registros o bitácoras
obtenidas a través de los medios electrónicos que para tal efecto proporcione el CIEX El
Salvador, tendrán el valor de documentos públicos, siempre que tales reproducciones
sean certificadas por el funcionario responsable. En caso de diferencia entre el contenido
de los documentos registrados o archivados electrónicamente y los documentos físicos
u originales prevalecerán los primeros.
Los documentos y demás datos transmitidos electrónica o digitalmente mediante
firma electrónica y firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria como
si se hubiesen firmado en forma manuscrita.
Para efectos de documentar los trámites realizados en el CIEX El Salvador, podrán
utilizarse los documentos electrónicos o digitalizados que emitan las autoridades
extranjeras competentes.
Registros y Controles
Art. 9.- El CIEX El Salvador deberá llevar registros y controles estadísticos del
movimiento de operaciones de importación y exportación autorizadas, pudiendo
notificar a las instituciones y/o dependencias del Estado involucradas sobre los
mismos o proporcionar información a requerimiento de éstas.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
El CIEX El Salvador, además llevará un registro actualizado de los servicios
brindados, usuarios y del movimiento de operaciones de importación y exportación, y
cualquier otro que sea necesario para dar cumplimiento a lo establecido en esta Ley.
Cooperación Interinstitucional
Art. 10.- Las instituciones y/o dependencias del Estado tendrán la obligación de
proporcionar oportunamente al CIEX El Salvador, toda la información que éste requiera,
a fin de darle cumplimiento a esta Ley, en los medios, forma y detalle que el Banco
Central establezca.
Consultas a Sectores Involucrados en el Comercio Exterior
Art. 11.- El CIEX El Salvador podrá realizar encuestas o consultas directas para
identificar oportunidades de mejora con: las gremiales empresariales, exportadores,
importadores, auxiliares de la función pública aduanera, transportistas de carga
internacional u otros actores involucrados en el comercio exterior, con el objeto de
mejorar los servicios a los clientes.
Atribuciones del CIEX El Salvador
Art. 12.- El CIEX El Salvador tendrá las atribuciones siguientes:
a) Atender los trámites vinculados a las importaciones y exportaciones.
b) Requerir información a las instituciones, organismos y otras dependencias
competentes responsables e involucradas en las actividades de importación
y exportación, sobre: regulaciones, restricciones, prohibiciones, registro de
productos, registro de establecimientos, vigencia e inspecciones de plantas
en el extranjero y demás aspectos relativos, los cuales deberá aplicar y
registrar en los sistemas electrónicos.
c) Informar y orientar al interesado sobre el proceso de trámites de importación
y exportación, legislación, reglamentación y procedimientos administrativos,
en coordinación con las instituciones, organismos y otras dependencias
competentes e involucradas en las actividades de importación y exportación.
d) Suspender temporalmente trámites de importación y exportación que
no cumplan con los requisitos establecidos en las respectivas Leyes,
Reglamentos y demás disposiciones que fueren aplicables, notificando
a las autoridades competentes para que dentro de los cinco días hábiles
siguientes se pronuncie sobre su validez.
e) Informar a las instituciones y/o dependencias sobre irregularidades en
los procesos de importación y exportación de mercancías, así como, si
fuera procedente, proponer soluciones a los problemas surgidos en el
funcionamiento del sistema de trámites de importación y exportación.
Indice Legislativo 239
Parte II

Parte II
240
Asamblea Legislativa
LEYES
f) Facilitar el intercambio electrónico de datos con las instituciones y/o
dependencias del Estado involucradas en el comercio exterior, aduanas
extranjeras, ventanillas únicas de otros países, transportistas de carga
internacional u otros actores involucrados en el comercio exterior, con el
objeto de agilizar el registro, autorización y emisión de los documentos
necesarios para importar y exportar. El intercambio electrónico de datos se
efectuará de conformidad con los parámetros técnicos y de seguridad de la
información que defina el Banco Central.
g) Establecer la forma en que los importadores deben de efectuarse los pagos
por los servicios que brindan las instituciones y/o dependencias del Estado
involucradas en el comercio exterior, en coordinación con el Ministerio de
Hacienda.
h) Las demás atribuciones que según su finalidad en materia de importación y
exportación le correspondan.
i) Registrar, autorizar y emitir los permisos, certificados de origen, certificados
fitozoosanitarios, registrar los documentos aduaneros y de transporte para
exportar a través del intercambio electrónico de datos y cualquier otro
documento o restricción que le fueren solicitados de acuerdo a las normas
y regulaciones.
j) Controlar las cuotas de exportación establecidas en el marco de la
Organización Mundial del Comercio, derivadas de los Tratados de Libre
Comercio o determinadas por una institución, organismos u otras
dependencias competentes involucrados en las actividades de exportación.
k) Registrar, autorizar y emitir los documentos de importación, previo registro
en el sistema informático de los documentos de transporte, documentos
aduaneros; así como administrar: regulaciones, restricciones, prohibiciones,
registro de productos, registro de establecimientos, resultado de
inspecciones de plantas en el extranjero, certificados de origen, certificados
fitozoosanitarios y demás documentos que se requieran de conformidad a
las regulaciones vigentes para importar.
l) Digitalizar facturas comerciales derivadas de una importación o cualquier
otro documento emitido a través de Secretarías de Estado, organismos
internacionales o cualquier otra entidad responsable e involucrada en el país
de origen o procedencia.
Asimismo el CIEX El Salvador podrá realizar cualquier otra atribución que le
confieran las Leyes, Tratados y demás disposiciones compatibles con su naturaleza.
Normativa Técnica
Art. 13.- La facultad de emitir normativa técnica relacionada al CIEX El Salvador,
corresponderá al Consejo Directivo del Banco Central.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Utilización de Denominación
Art. 14.- En todos aquellos tratados internacionales, leyes, reglamentos,
instructivos, normas técnicas, contratos y demás disposiciones o estipulaciones en
las que se haga referencia al Centro de Trámites de Exportación (CENTREX), deberá
entenderse que se refiere al CIEX El Salvador.
Art. 15.- Deberá entenderse que lo establecido en este decreto es sin perjuicio de lo
regulado en otras leyes, en convenios y tratados ratificados por el país, particularmente
lo concerniente a las funciones que realizan los agentes aduaneros de El Salvador,
quienes continuarán ejerciendo las funciones que han venido realizando.
Transitorio
Art. 16.- El CIEX El Salvador utilizará para los trámites vinculados a las
importaciones y exportaciones, procesos automatizados para éstas últimas y procesos
manuales o parcialmente automatizados para las importaciones; mientras se desarrolle
la aplicación informática integrada y se ponga a disposición de los usuarios del
comercio exterior. El plazo para el desarrollo y puesta a disposición de la aplicación
informática integrada, no deberá exceder de 24 meses contados a partir de la vigencia
de la presente Ley.
Vigencia
Art. 17.- La presente Ley entrará en vigencia sesenta días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte
días del mes de enero del año dos mil once.
D. O. Nº 21, Tomo Nº 390, Fecha: 31 de enero de 2011.
Indice Legislativo 241
Parte II

Parte II
DECRETO Nº 600
242
Asamblea Legislativa
LEYES
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad a la Constitución, el Estado promoverá el desarrollo
económico y social mediante el incremento de la producción, la
productividad y la racional utilización de los recursos. De igual manera,
fomentará los diversos sectores de la producción.
II.- Que es función del Estado dictar políticas que permitan a las empresas
exportadoras de nuestro país ser competitivas en los mercados extraregionales.
III.- Que como parte de los esfuerzos que realiza el Gobierno, es necesario
apoyar la diversificación de las inversiones y la competitividad, a fin de
facilitar el crecimiento económico y social de nuestro país.
IV.- Que es obligación del Estado velar por el cumplimiento de los compromisos
internacionales de El Salvador en materia comercial.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio de los Ministros de Hacienda y de Economía,
DECRETA, la siguiente:
LEY DE REINTEGRO DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS A LA
IMPORTACION
Reintegro
Art. 1.- Establécese el reintegro de los derechos arancelarios a la importación que
se hayan pagado en la importación de los insumos que se incorporen o se consuman
directamente en el proceso de producción de los bienes industriales y agroindustriales
exportados bajo el “régimen de exportación definitiva” a países que no forman parte del
Tratado General de Integración Económica Centroamericana.
Proporcionalidad
Art. 2.- El reintegro de los derechos arancelarios a la importación pagados, se
efectuarán de acuerdo a las regulaciones establecidas en esta Ley.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 3.- Las personas naturales o jurídicas registradas como exportadores en el
Centro de Trámites de Exportaciones del Banco Central de Reserva de El Salvador,
podrán calificar al sistema de reintegro previsto en esta Ley, previa autorización del
Ministerio de Economía y de la opinión favorable del Ministerio de Hacienda, a través
de la Dirección General de Aduanas.
Art. 4.- El interesado deberá presentar la solicitud de calificación y anexos
correspondientes ante el Ministerio de Economía, que deberá comprender declaración
de mercancías de los insumos importados, declaración de mercancías de los bienes
que exporta, matrícula de comercio, matriz insumo producto de la empresa, solvencias
fiscales y previsionales, descripción detallada y diagrama de flujo del proceso
productivo, así como una declaración jurada que los insumos no son producidos en el
área centroamericana.
Los valores a reintegrar en concepto de derechos arancelarios a la importación no
excederán del valor que resulte de aplicar el promedio ponderado de tasas arancelarias
sobre el costo de los productos exportados a países no suscriptores del Tratado
General de Integración Económica Centroamericana. El interesado presentará la
información del cálculo del promedio ponderado sobre los insumos importados.
Los valores a reintegrar podrán ser objeto de actualización a solicitud del interesado.
Opinión del Ministerio de Hacienda
Art. 5.- El Ministerio de Economía, en el proceso de la calificación, remitirá la
respectiva solicitud, por medio físico o electrónico, cuando estuviere completa a la
Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, para que emita opinión en
un plazo no mayor de ocho días hábiles siguientes a la recepción de la misma. Vencido
el plazo establecido y de no contar con la opinión de aquella Secretaría de Estado, se
entenderá que es favorable.
Plazo para Resolver
Art. 6.- El Ministerio de Economía dispondrá de ocho días hábiles para resolver la
respectiva solicitud, contados a partir del día hábil siguiente a la recepción de la opinión
por parte de la Dirección General de Aduanas o de la fecha de vencimiento del plazo
en que aquella debía haberse recibido, para emitir el Acuerdo correspondiente, en el
cual establecerá la lista de bienes importados que intervienen en el proceso productivo
y los bienes exportados, clasificados según el Sistema Arancelario Centroamericano.
El Acuerdo deberá ser notificado al interesado y para su vigencia y validez deberá ser
publicado en el Diario Oficial a su costa. El Ministerio de Economía remitirá copia del
Acuerdo a la Dirección General de Aduanas.
Indice Legislativo 243
Parte II

Parte II
244
Asamblea Legislativa
LEYES
Si la solicitud no cumpliese con lo establecido en los artículos 1 y 4 de esta Ley,
el Ministerio de Economía emitirá resolución razonada denegando la petición, la cual
será notificada al interesado, en un plazo no mayor de ocho días hábiles a partir de la
emisión de la resolución.
Vigencia del Acuerdo
Art. 7.- El Acuerdo emitido por el Ministerio de Economía tendrá una vigencia y
validez de cuatro años a partir de su publicación en el Diario Oficial, y a solicitud del
interesado podrá prorrogarse por períodos iguales, para lo cual deberá presentar su
solicitud en los términos establecidos en el artículo 4 de la presente Ley, dentro de un
plazo de treinta días hábiles previo a su vencimiento.
Cuando ocurran cambios en el proceso productivo y en el tipo de insumos que son
requeridos, el interesado deberá presentar, con al menos treinta días de anticipación,
una solicitud de conformidad al procedimiento establecido en esta Ley y su Reglamento.
Exclusiones
Art. 8.- No podrán gozar del reintegro establecido en la presente Ley las
exportaciones de cemento y clinker; materias bituminosas, combustibles minerales,
aceites minerales y productos obtenidos de su destilación; productos minerales
metálicos y no metálicos provenientes de la explotación del subsuelo.
No podrán gozar del reintegro de los derechos arancelarios a la importación las
exportaciones a usuarios acogidos a los beneficios que establece la Ley de Zonas
Francas, Industriales y de Comercialización, Ley de Servicios Internacionales y la Ley
del Régimen Aduanero de Tiendas Libres.
Art. 9.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por insumos importados:
materias primas, bienes intermedios, mercancías incorporadas o consumidas
directamente en la producción de un bien. No se considera en esta categoría a los
combustibles, maquinarias, equipos, partes y piezas de máquinas, materiales de
empaque y embalaje, energía eléctrica o cualquier otro servicio.
Requisitos de Reintegro
Art. 10.- Para obtener el reintegro del derecho arancelario a la importación pagado,
los beneficiarios deberán:
a) Presentar ante el Ministerio de Economía la solicitud correspondiente en los
formatos que para tal efecto se requieran.
b) Anexar a la solicitud la siguiente documentación:
1. Acuerdo de calificación emitido por el Ministerio de Economía;

Anuario Legislativo 2010 - 2011
2. Declaración de mercancías de importación de los insumos y
comprobante del pago de los derechos arancelarios;
3. Factura comercial de los insumos importados, incorporando el arancel
pagado y la cantidad de insumos utilizados para el bien exportado,
certificado por auditor externo;
4. Declaración de mercancías de exportación;
5. Factura comercial de exportación, incorporando el detalle de los
valores, cantidades y porcentajes, tanto de los insumos importados
y de aquéllos nacionales del bien exportado, certificados por auditor
externo.
Plazo
Art. 11.- El reintegro del derecho arancelario a la importación pagado deberá
solicitarse dentro de los noventa días calendario siguientes a la fecha de exportación de
los bienes y dentro de los doce meses calendario siguientes a la fecha de importación
de los insumos. Vencidos los plazos antes establecidos, caducará el derecho al
respectivo reintegro para el peticionario.
Denegación
Art. 12.- En caso de no proceder el reintegro, el Ministerio de Economía comunicará
la denegatoria al interesado, mediante resolución debidamente fundada y justificada.
Cuando la solicitud no cumpla con los requisitos señalados en el artículo 10 de la
presente Ley, el Ministerio de Economía prevendrá al interesado para que en un plazo
de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de la notificación, subsane el
requerimiento. Vencido dicho plazo quedará sin efecto la solicitud presentada.
Pago de Reintegro
Art. 13.- El Ministerio de Economía, cuando proceda el reintegro del derecho
arancelario a la importación solicitada, remitirá en el plazo de ocho días hábiles, la
autorización y documentación correspondiente a la Dirección Financiera del Ministerio
de Hacienda para que emita dentro de los ocho días hábiles un documento que se
denominará “Certificado de Reintegro de Derechos Arancelarios a la Importación”,
mediante el mecanismo que para tal efecto establezca dicha Dirección.
Art. 14.- El Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda podrán realizar
posteriormente las verificaciones que consideren pertinentes con respecto a los
reintegros otorgados, quedando obligadas las personas naturales o jurídicas autorizadas
a proporcionar la información que ambas instituciones demanden. En caso que se
Indice Legislativo 245
Parte II

Parte II
246
Asamblea Legislativa
LEYES
compruebe una defraudación fiscal, la persona natural o jurídica autorizada deberá
devolver el reintegro otorgado en un plazo de ocho días hábiles, y se procederá a la
suspensión definitiva de la calificación sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a
que hubiere lugar. Los auditores externos que incurran en alguna infracción respecto de
los documentos que de conformidad con esta Ley deben certificar, serán sancionados
con base en la legislación aplicable. El Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección
General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, podrá ejercer sus
facultades conjunta o separadamente de acuerdo a las leyes correspondientes.
Si el sujeto calificado no proporciona la información requerida, la proporciona
en forma incompleta, obstaculiza o impide su obtención, el Ministerio de Hacienda
por medio de la Dirección General de Aduanas o la Dirección General de Impuestos
Internos, procederá a informar al Ministerio de Economía para que proceda a la
revocación definitiva de la calificación, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
a que hubiere lugar.
En los casos del inciso anterior, el Ministro de Economía notificará al interesado para
que en el plazo de quince días hábiles se pronuncie sobre las infracciones atribuidas al
presunto infractor, se manifieste por escrito y presente las pruebas de descargo.
El Ministro de Economía dentro de los ocho días hábiles siguientes a aquél en el
que se haya evacuado la audiencia, emitirá la resolución que corresponda.
Obligaciones
Art. 15.- Todo exportador deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Llevar los oportunos registros contables en relación con la producción y el
suministro de las mercancías objeto de los beneficios a que refiere esta Ley;
b) Mantener disponibles toda la documentación relacionadas con las materias
primas, insumos intermedios o productos finales incorporados al bien
exportado;
c) Conservar toda la documentación por un período de cinco años, relacionada
con las materias primas, insumos intermedios o productos finales
incorporados a los bienes exportados e incentivados.
Recurso de Revisión
Art. 16.- Contra las resoluciones o acuerdos emitidos por el Ministro de Economía
procederá el recurso de revisión, del cual conocerá el mismo funcionario que pronunció
la resolución impugnada, el que deberá interponerse por escrito en un plazo de cinco
días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, exponiendo las razones de
hecho y de derecho que sustenten el mismo.
Art. 17.- Recibido el escrito mediante el que se interpone el recurso y cumplidos
los requisitos legales establecidos, con el solo análisis del mismo y el expediente

Anuario Legislativo 2010 - 2011
respectivo, el Ministro de Economía resolverá en un plazo de quince días hábiles lo que
conforme a derecho corresponda.
Reglamento
Art. 18.- El Presidente de la República emitirá para la aplicación de esta Ley el
Reglamento respectivo en un plazo de noventa días.
Vigencia
Art. 19.- La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte
días del mes de enero del año dos mil once.
D. O. Nº 21, Tomo Nº 390, Fecha: 31 de enero de 2011.
Indice Legislativo 247
Parte II

Parte II
DECRETO Nº 620
248
Asamblea Legislativa
LEYES
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Asamblea Legislativa está llevando a cabo un proceso de
modernización, el cual comprende, entre otros, el reordenamiento del
personal de la institución y aparato administrativo de la misma, con el
propósito de incrementar los niveles de eficiencia en todas las áreas de
servicio;
II.- Que para el logro de tal propósito y reducir la carga administrativa, es
necesario promover mediante una compensación económica el retiro de
empleados y empleadas que cumplan con los requisitos que se establecen
en la presente ley;
III.- Que por las razones antes expuestas, es necesario emitir una ley transitoria
que garantice a los empleados y empleadas del referido Organo del
Gobierno una compensación económica por los servicios prestados a
éste.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Othon
Sigfrido Reyes Morales, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, José Francisco Merino
López, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Cesar
Humberto García Aguilera, Roberto José d´Aubuisson Munguía e Irma Lourdes Palacios
Vásquez.
DECRETA, la siguiente:
LEY TRANSITORIA DE COMPENSACION ECONOMICA POR SERVICIOS
PRESTADOS EN EL ORGANO LEGISLATIVO
Art. 1.- La presente ley tiene por objeto otorgar una compensación económica
a todos los empleados y funcionarios del Órgano Legislativo, que laboren bajo los
regímenes de Ley de Salarios y Contratos, con excepción de los diputados y diputadas.
Art. 2.- Los empleados y funcionarios que voluntariamente deseen retirarse de
conformidad con esta Ley, deberán presentar su renuncia al cargo, la cual surtirá efecto
a partir de la fecha en que reciban la indemnización a que se refiere esta ley; los que
laboren al servicio de los Grupos Parlamentarios, lo harán ante el correspondiente
Coordinador del Grupo Parlamentario y éste lo notificará a la Junta Directiva.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 3.- La compensación económica a otorgar será calculada en base al último
salario mensual devengado, de conformidad a la siguiente tabla:
a) Hasta 2 años de labores, el equivalente a 2 meses de salario.
b) De más de 2 años a 5 años de labores, el equivalente a 4 meses de salario.
c) De más 5 años a 10 años de labores, el equivalente a 6 meses de salario.
d) De más de 10 años de labores en adelante, el equivalente a 12 meses de
salario.
En todo caso la compensación no podrá exceder al equivalente de un salario
mensual hasta por 12 años de labores, o de treinta mil dólares de los Estados Unidos
de América (US$30,000.00).
Art. 4.- Aquellos empleados y funcionarios a que se refiere esta ley, que con
anterioridad a la misma hayan sido beneficiados con algún plan de retiro voluntario
similar a lo aquí establecido, no tendrán derecho al beneficio a que la misma se refiere.
Art. 5.- El tiempo de servicio en el Órgano Legislativo, deberá ser comprobado
con constancia que extienda la Gerencia de Recursos Humanos de la Asamblea, con el
visto bueno de la Junta Directiva.
La cuantía del último salario será establecida por medio de certificación extendida
por el Tesorero Institucional.
Art. 6.- El monto de las erogaciones para financiar la compensación económica
a que se refiere esta ley, será financiado con economías salariales y cualquier otro
ingreso susceptible de ser incorporado al presupuesto de la Asamblea Legislativa.
Art. 7.- Quienes se retiren acogiéndose a los beneficios de esta ley, comprendidos
en los literales a), b) y c), de la tabla que señala el Art.3, no podrán optar a una plaza de
trabajo en la Asamblea Legislativa durante tres años, y los empleados comprendidos
en el literal d), no podrán optar a ninguna plaza en el sector público, incluyendo la
Asamblea Legislativa, durante tres años.
Art. 8.- El presente Decreto tendrá vigencia hasta el treinta y uno de marzo del
corriente año, previa publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de febrero del año dos mil once.
D. O. Nº 35, Tomo Nº 390, Fecha: 18 de febrero de 2011.
Indice Legislativo 249
Parte II

Parte II
DECRETO N° 644
250
Asamblea Legislativa
LEYES
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de acuerdo con la Constitución de la República, el Estado reconoce a
la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado que
está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y
del bien común; así como el desarrollo económico y social mediante el
incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los
recursos; así mismo declara de interés social la protección, restauración,
desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales y la construcción
de viviendas, carreteras, caminos, vías y obras para el abastecimiento de
agua y energía eléctrica; garantizando la libertad económica en lo que no
se oponga al interés social, debiendo fomentarse y protegerse la iniciativa
privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza
nacional; y se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada
en función social; fomentando la protección a las asociaciones de tipo
económico que tiendan a incrementar la riqueza nacional mediante un mejor
aprovechamiento de los recursos naturales y humanos, en ellas podrán
participar el Estado, los municipios y las entidades de utilidad pública.
Establece el deber de mutua colaboración entre la Administración Pública
Nacional y el Gobierno Local para el desarrollo de planes nacionales,
departamentales o locales de ordenamiento y desarrollo territorial.
II.- Que el Estado de El Salvador ha suscrito y ratificado diversos instrumentos
internacionales en materia ambiental, de desarrollo humano sostenible,
de integración y comercio regional e internacional que establecen
disposiciones normativas relacionadas con el ordenamiento y desarrollo
territorial.
III.- Que El Salvador es un país densamente poblado, con un crecimiento
demográfico importante y con procesos de transformación en los usos del
territorio que requieren de la planificación y gestión territorial concertada
entre los diferentes actores del país.
IV.- Que es necesario crear el marco legal adecuado que regule el ordenamiento
territorial y la institucionalidad que desarrolle la gestión territorial de la
actividad pública y privada, atendiendo normas del uso racional del suelo
y del manejo de los recursos con criterios territoriales de localización.
V.- Que el territorio constituye un recurso que de manera progresiva se
vuelve escaso a los fines del desarrollo humano, económico y social,
sobre el que concurren múltiples demandas, como el desarrollo urbano
y de asentamientos humanos; la construcción de infraestructuras de
conectividad y de servicios públicos; la protección de humedales y de
ecosistemas de gran importancia para la conservación de la biodiversidad;

Anuario Legislativo 2010 - 2011
la preservación de áreas naturales protegidas; la necesidad de áreas para
la producción agropecuaria, agroindustrial e industrial y todas aquellas
que así lo ameriten; en suma, situaciones territoriales que demandan su
positiva canalización y resolución de manera ordenada, a fin de alcanzar la
seguridad jurídica y el bien común a través del proceso de ordenamiento y
desarrollo del territorio.
VI.- Que a fin de facilitar que la propiedad inmobiliaria esté en función social y de
asegurar la necesaria eficacia y eficiencia de la acción de la Administración
Pública y Municipal en materia de ordenamiento y desarrollo territorial
deberá viabilizar la coordinación sectorial de las actuaciones en el territorio
y de las acciones de los distintos niveles de la Administración y de ésta
con la sociedad.
VII.- En el marco de lo establecido por la Constitución y régimen ambiental, el
proceso de ordenamiento y desarrollo territorial, así como el régimen rural
y urbanístico de la propiedad del suelo, asegurará el logro de los objetivos
de sostenibilidad ambiental y territorial, de eficiencia y competitividad, que
constituyen base esencial del desarrollo sostenible del país, impactando
los desequilibrios socio territoriales, realizando para ello la inversión
pública necesaria que estimule a la inversión privada.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de los Diputados Mario
Antonio Ponce López, Santos Guevara Ramos, Orlando Arévalo, Santos Adelmo Rivas
y de los exdiputados Jesús Grande, Abilio Bonilla Bonilla, Ana Elda Flores de Reyna,
Rafael Enrique Guerra Alarcón e Hipólito Baltazar Rodríguez.
DECRETA, la siguiente:
LEY DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Objeto de la Ley
Art. 1.- La presente ley tiene por objeto desarrollar los principios Constitucionales
relacionados con el ordenamiento y desarrollo territorial; establecer las disposiciones
que regirán los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial; enumerar los principios
rectores de la administración pública y municipal; organizar la institucionalidad
que implementará la ley y sus funciones; regular los instrumentos de planificación,
programación, evaluación y de gestión territorial; así como, el régimen sancionatorio
aplicable a la violación de sus disposiciones.
Indice Legislativo 251
Parte II

Parte II
252
Asamblea Legislativa
LEYES
Finalidad y Ambito de Aplicación de la Ley
Art. 2.- La presente ley tiene por finalidad, fortalecer la capacidad institucional del
Estado para ordenar el uso del territorio y orientar las inversiones públicas y privadas
necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible; así como normar, un espacio
intermedio de coordinación entre los niveles de gobierno nacional y local.
El ámbito de aplicación del ordenamiento y desarrollo territorial comprende:
1) La utilización del suelo según su vocación.
2) La conectividad territorial y la conexión de los servicios básicos en los
asentamientos humanos.
3) La protección y conservación de los recursos naturales.
4) La protección y conservación del patrimonio cultural y arqueológico.
Lenguaje de Género
Art. 3.- Las palabras Secretario, Ministro, Alcalde, Funcionario, empleado y otras
semejantes contenidas en la presente ley, que se aplican al género masculino, se
comprenderán indistintamente, al género masculino y femenino según el género del
titular que los desempeña o de la persona a la que haga referencia. Lo anterior, de
conformidad a lo establecido en la Constitución de la República, Tratados Internacionales
y legislación secundaria vigente.
Art. 4.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por ordenamiento y
desarrollo territorial:
Ordenamiento Territorial
La política de Estado que tiene por finalidad orientar el marco de referencia
espacial, mediante procesos de planificación y gestión territorial de manera integral
y concertada, para la inversión pública y el desarrollo de las distintas actividades
humanas en el territorio con énfasis en la conectividad y los servicios a ser brindados
a los asentamientos humanos, a las actividades productivas y a la protección de los
recursos naturales; con enfoque de cuencas, sistema de ciudades, desarrollo económico
y socio cultural, teniendo como centro el desarrollo y bienestar de la persona humana.
Desarrollo Territorial
Es el proceso que propicia la armonía entre el bienestar de la población, el uso del
territorio, la conservación y protección de los recursos naturales y de la promoción de
las actividades productivas, que tiene como objetivo principal el mejoramiento en la
calidad de vida de la población, bajo un enfoque de sostenibilidad.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Principios
Art. 5.- La actuación de la Administración Pública y Municipal en materia de
ordenamiento y desarrollo territorial, se desarrollará con arreglo a los siguientes
principios:
1. Integralidad
Las actuaciones en el ordenamiento y desarrollo territorial han de evaluarse y
resolverse de acuerdo a un enfoque integrado, que considere el respeto a la propiedad
privada, el fomento de la inversión, la equidad social, la cohesión territorial y que
contemple de forma equilibrada el conjunto de aspectos o dimensiones del sistema.
2. Participación ciudadana
Se garantiza la participación de los sectores sociales y de los ciudadanos, mediante
los mecanismos previstos por la ley, en la formulación, ejecución y evaluación de los
instrumentos de ordenamiento y desarrollo territorial.
3. Equidad de género
La planificación, la gestión y todos los instrumentos que promuevan esta ley,
deberán garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el goce
de todos los derechos y la no discriminación por razones de género.
4. Sostenibilidad ambiental
Las decisiones que afecten al territorio, deben asegurar el uso racional de los
recursos naturales; así como la protección, conservación y_ mejoramiento de los
mismos en beneficio de las presentes y futuras generaciones, respetando especialmente
los ecosistemas que sirven de interconexiones entre los corredores biológicos.
5. Gestión integral de riesgos
El proceso de ordenamiento y desarrollo territorial, contribuirá prioritariamente con
acciones para la prevención, mitigación y atención de desastres derivadas de las
amenazas naturales y de las alteraciones de origen antropogénicos.
6. Desarrollo sostenible
La formulación y ejecución de los instrumentos de ordenamiento y desarrollo
territorial, potenciará el aprovechamiento sostenido de los recursos que los distintos
ámbitos geográficos del país pueden proporcionar a los agentes económicos.
Indice Legislativo 253
Parte II

Parte II
7. Coordinación y colaboración institucional
254
Asamblea Legislativa
LEYES
Para la implementación de la presente ley, será necesaria la colaboración y la
actuación coordinada en el territorio de las distintas entidades del Gobierno Central
entre sí y con los Gobiernos Locales.
8. Concertación
Las decisiones que afecten al territorio deben adoptarse mediante procedimientos
previos de información y participación ciudadana e institucional, que favorezcan los
acuerdos entre los distintos niveles de Gobierno con los habitantes, las empresas y
las organizaciones de la sociedad civil, lo cual deberá reflejarse desde su concepción
en todos los instrumentos de planificación para el ordenamiento y desarrollo territorial.
9. Integración social
La acción territorial de la Administración Pública y Municipal ha de favorecer la
inclusión, la mejora de calidad de vida y el desarrollo de los asentamientos humanos
más vulnerables de la población salvadoreña, desarrollando capital humano y social.
10. Solidaridad
La acción territorial de la Administración Pública y Municipal, debe favorecer la
igualdad de oportunidades, procurando facilitar al conjunto de la población salvadoreña
oportunidades para integrarse plenamente a sistemas productivos de desarrollo social y
tener acceso a los bienes y servicios públicos, estimulando la competitividad particular
de cada ámbito territorial según sus potencialidades.
11. Eficiencia y eficacia
El uso de los recursos naturales y territoriales se realizará con racionalidad y con
una afectación o consumo de recursos que sean proporcionales a las necesidades
socioeconómicas a satisfacer, garantizando mecanismos de compensación de los
recursos afectados, procurando la correcta atención de las necesidades económicas,
sociales y culturales de la población. Las actuaciones de la Administración Pública
y Municipal sobre el territorio, deberán realizarse con estricta aplicación de las
orientaciones técnicas de los planes territoriales.
12. Subsidiariedad
La intervención de la Administración Pública y Municipal en los procesos de
desarrollo, se justifica cuando la acción de los particulares o gobiernos locales no es
suficiente para satisfacer el bien común; la acción del Estado, debe realizarse en el
nivel institucional más ligado al territorio y si ésta fuese insuficiente, intervendrán los
demás niveles de la Administración Pública y Municipal.

13. Competitividad
Anuario Legislativo 2010 - 2011
La acción territorial de la Administración Pública y Municipal ha de favorecer el
pleno aprovechamiento de las vocaciones territoriales, de acuerdo con sus recursos:
suelo, agua, clima, vegetación, paisaje; en relación, con sus recursos culturales y
humanos, a través de actuaciones conducentes al desarrollo local, departamental,
nacional y de integración para la competitividad internacional.
14. Acceso a la información
Toda la información sobre los distintos instrumentos del ordenamiento y desarrollo
territorial desde su formulación, sus distintas fases de ejecución, evaluación y
seguimiento, serán de carácter público garantizando su difusión oportuna.
15. Gobernabilidad democrática
Las decisiones que afecten al territorio se tomarán en base a las políticas
establecidas de diálogo, de concertación, de participación, de transparencia en la
gestión pública y el respeto al orden jurídico, garantizando con ello el equilibrio dinámico
entre las demandas de los ciudadanos y la capacidad de respuesta del Estado y entre
los distintos niveles de gobierno.
16. Gradualidad
La acción de ordenamiento y desarrollo territorial, es un proceso que debe
implementar gradualmente la administración pública y municipal, de acuerdo a las
realidades locales, las capacidades institucionales y a los fines de la sostenibilidad con
las necesidades de la población.
TITULO II
AMBITOS TERRITORIALES
CAPITULO I
AMBITOS TERRITORIALES
Ambitos Territoriales
Art. 6.- Para los efectos de la presente Ley, son ámbitos territoriales para la
planificación del ordenamiento y desarrollo territorial, el ámbito nacional, el ámbito
departamental y el ámbito local; comprendiendo estos últimos, los municipios y las
micro regiones como producto de la asociatividad municipal.
Los diferentes niveles de la Administración Pública y Municipal, tienen por
obligación cumplir y velar por la oportuna y debida implementación de los instrumentos
de ordenamiento y desarrollo territorial.
Indice Legislativo 255
Parte II

Parte II
256
Asamblea Legislativa
LEYES
Ambito Nacional
Art. 7.- El territorio de la República de El Salvador, es el establecido en el artículo
84 de la Constitución de la República.
Ambitos Departamentales
Art. 8.- Para los fines del ordenamiento y desarrollo territorial, los departamentos
regulados en el artículo 1 de la Ley del Régimen Político, son los ámbitos a partir de
los cuales se diseñan y ejecutan las estrategias departamentales de ordenamiento y
desarrollo territorial.
Ambito Local
Art. 9.- Para fines de ordenamiento y desarrollo territorial, el ámbito local lo
constituyen el área geográfica de los diferentes municipios.
Los municipios podrán organizarse en asociaciones de municipios que constituirán
el ámbito micro regional.
Los Departamentos
Art. 10.- Los departamentos podrán estar organizados en microregiones, en base
a la libre asociatividad de los municipios y éstos contarán con sus propios planes de
ordenamiento territorial.
Art. 11.- Los municipios podrán solicitar el cambio de micro región al ente
Departamental, en base a los procedimientos definidos en el reglamento de la presente
ley.
Una vez aprobado el cambio, se deberá dar obligatorio cumplimiento y actualización
de todos los instrumentos de esta ley e informar al ente nacional.
CAPITULO II
ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
TERRITORIAL
Características de la Organización
Art. 12.- Las instituciones que ejecutarán la presente ley, deberán garantizar la
presencia y el involucramiento coordinado de las instancias del Órgano Ejecutivo en el
territorio, articulando la toma de decisiones y las acciones, de manera permanente y
equitativa con los Concejos Municipales.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Integración
Art. 13.- La organización institucional para el ordenamiento y desarrollo territorial,
estará integrada, por los siguientes organismos:
1) El Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.
2) Los Consejos Departamentales de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.
3) Los Concejos Municipales y las asociaciones de municipios, que estos
conformen con fines de ordenamiento y desarrollo territorial.
La organización institucional estará comprometida con el desarrollo sostenible;
viabilizará la descentralización, la eficiencia institucional y la asociatividad municipal,
para el desarrollo local integral, utilizando con eficacia y eficiencia los recursos
disponibles, promoviendo la participación ciudadana y empresarial.
Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
Art. 14.- Se crea el Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
el cual será un ente autónomo, con personería jurídica y patrimonio propio, como la
institución rectora de la administración pública y municipal en las materias relacionadas
con el ordenamiento y desarrollo territorial. Se relacionará con el Órgano Ejecutivo por
medio de la Presidencia de la República.
Su patrimonio estará compuesto por las asignaciones que se incluyan en la
Ley de Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales, para efectos del
cumplimiento de sus fines y su funcionalidad.
El Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, estará compuesto
por:
1) Un delegado del Presidente de la República, quien será su representante
legal.
2) El Secretario Técnico de la Presidencia.
3) El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
4) El Ministro de Obras Públicas, de Transporte y de Vivienda y Desarrollo
Urbano.
5) El Ministro de Salud.
6) El Ministro de Agricultura y Ganadería.
7) Tres Alcaldes titulares electos por el directorio de la Corporación de
Municipalidades de la República de El Salvador.
Actuará como Presidente del Consejo, el delegado del Presidente de la República.
Cada miembro del Consejo designará a su suplente, quien asistirá a las sesiones
con voz y voto cuando sustituya al miembro titular. Los suplentes de los Alcaldes a
Indice Legislativo 257
Parte II

Parte II
258
Asamblea Legislativa
LEYES
los que hace referencia el numeral 7 del presente artículo, serán también electos por el
directorio de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador.
Atribuciones del Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
Art. 15.- Son atribuciones del Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial, las siguientes:
1) Formular el proyecto de la Política Nacional de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial, de acuerdo a la presente ley y una vez aprobada, impulsar su
ejecución.
2) Coordinar e impulsar la formulación y ejecución de los instrumentos de
ordenamiento y desarrollo territorial, del ámbito nacional a que se refiere la
presente ley.
3) Conocer y dictaminar respecto a la adecuación de los grandes proyectos
de infraestructura de impacto nacional, teniendo en cuenta las directrices
establecidas en el Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y
prevenir su adecuación cuando fuere procedente.
4) Impulsar la creación del Sistema Nacional de Información Territorial, en los
diferentes niveles de los ámbitos territoriales con la colaboración del Centro
Nacional de Registro, pudiendo compartir los recursos que sean necesarios
para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
5) Formular los proyectos de presupuesto del Plan Nacional de Ordenamiento
y Desarrollo Territorial.
6) Requerir de los diferentes ministerios del gobierno central el desglose de
sus presupuestos anuales de inversión pública en los diferentes ámbitos
Departamentales, a fin de priorizar concertadamente la inversión estratégica
para el ordenamiento y desarrollo territorial, fortaleciendo las capacidades
departamentales y locales.
7) Promover la descentralización, autonomía municipal, la libertad de asociación
y el desarrollo local.
8) Fomentar procesos de consulta ciudadana.
9) Elaborar los reglamentos de funcionamiento, necesarios para el cumplimiento
de las atribuciones ya establecidas y demás disposiciones de la presente
ley.
Consejos Departamentales de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
Art. 16.- Se crean los Consejos Departamentales de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial, que serán las instancias rectoras de la administración pública y municipal
en cada Departamento en las materias relacionadas con el ordenamiento y desarrollo

Anuario Legislativo 2010 - 2011
territorial, los cuales estarán adscritos al Consejo Nacional de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial.
Los Consejos Departamentales estarán integrados por:
1) Un delegado de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República y su
suplente.
2) Delegados propietarios y sus respectivos suplentes, de:
a) El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
b) El Ministerio de Agricultura y Ganadería;
c) El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social;
d) El Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo
Urbano;
e) La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
3) Seis Alcaldes de los municipios del departamento y sus respectivos suplentes;
de los cuales, uno de ellos será el coordinador del Consejo Departamental.
Los delegados de los ministerios, tendrán la capacidad de decisión sobre los
aspectos correspondientes a su institución, en el marco de las actividades establecidas
en los Planes de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de los Departamentos;
desarrollarán sus funciones, de manera permanente en el mismo y no devengarán
ninguna remuneración por su participación en el Consejo.
Para la toma de decisiones del Consejo, respecto de sus atribuciones reguladas
en el artículo 17 de la presente ley, con excepción de las relacionadas a aspectos
administrativos, deberán de concurrir necesariamente, al menos tres votos, de los
Alcaldes para conformar mayoría simple.
Los Alcaldes que integraran los Consejos Departamentales de Ordenamiento
y Desarrollo Territorial, serán electos entre los alcaldes y alcaldesas de cada
departamento, de manera proporcional al número de votos que haya obtenido para
Concejos Municipales del departamento, cada Instituto Político que haya acreditado
alcaldes en la misma, según conste en el acta correspondiente que haya autorizado el
Tribunal Supremo Electoral. Los seis Alcaldes que resulten electos a su vez, elegirán
entre ellos al Vice Coordinador del Consejo Departamental de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial.
Para los efectos del inciso anterior, el total de votos válidos obtenidos a nivel
Departamental para Concejos Municipales, se dividirá entre el número de 6 alcaldes
que integran el Consejo Departamental de Ordenamiento y Desarrollo Territorial,
obteniendo así el cociente electoral. Determinado éste, los Institutos Políticos tendrán
tantos representantes como veces esté contenido el cociente electoral, en el número de
votos que haya obtenido el Instituto Político en las circunscripciones correspondientes
a cada departamento.
Indice Legislativo 259
Parte II

Parte II
260
Asamblea Legislativa
LEYES
Si faltare uno o más Alcaldes que asignar del total de los integrantes del Consejo
Departamental de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, la asignación se hará a favor
de los institutos políticos en el orden decreciente de la cifra residual de su votación,
hasta completar el número de seis integrantes.
Atribuciones de los Consejos Departamentales de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial
Art. 17.- Los Consejos Departamentales de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
tendrán las siguientes atribuciones:
1) Formular, coordinar e impulsar la ejecución de la estrategia departamental de
ordenamiento y desarrollo territorial.
2) Formular, monitorear y evaluar los instrumentos de planificación,
programación y gestión de ordenamiento y desarrollo territorial a nivel
departamental.
3) Contratar, revisar y aprobar los estudios orientados a la formulación de los
planes de ordenamiento y desarrollo territorial micro regionales.
4) Coordinar la formulación de los planes de ordenamiento y desarrollo
territorial departamental y micro regional, de acuerdo con las directrices
del Plan Nacional y de la estrategia de ordenamiento y desarrollo territorial
del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial y en consulta territorial, para
asegurar su coherencia con los demás instrumentos.
5) Conciliar y armonizar los planes de ordenamiento y desarrollo local,
formulados por los municipios o asociaciones de municipios, con las
previsiones del plan de ordenamiento y desarrollo territorial micro regional
correspondiente.
6) Divulgar oportuna y eficazmente, a los sectores interesados y la ciudadanía
en general, a través de diversos medios de comunicación, los planes
de ordenamiento y desarrollo territorial que les corresponden y demás
información pertinente.
7) Estimular la participación de representantes de los organismos regionales
públicos y de los Gobiernos Municipales y de las instituciones privadas y
de cooperación con presencia en el territorio, en las consultas territoriales.
8) Presentar los planes de ordenamiento y desarrollo departamental y micro
regionales, al Consejo Nacional de Desarrollo Territorial.
9) Conformar instancias técnicas para la formulación y ejecución de los
instrumentos de planificación, procediendo también al nombramiento del
equipo técnico departamental correspondiente.
10) Elaborar su proyecto de presupuesto anual para presentarlo al Consejo
Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.

11) Administrar su presupuesto de funcionamiento.
Anuario Legislativo 2010 - 2011
12) Conducir la participación de la Administración Pública Nacional en la
realización de sus propias actividades sectoriales en el ámbito departamental,
para asegurar la ejecución y alcanzar las metas y objetivos de los planes de
ordenamiento y desarrollo territorial.
13) Conocer los planes de trabajo de las diferentes instituciones públicas y de
cooperación en el ámbito departamental y hacer recomendaciones para su
armonización con las metas y objetivos de los planes de ordenamiento y
desarrollo territorial departamental y micro regionales.
14) Crear y mantener actualizado un sistema de información sobre los planes de
ordenamiento y desarrollo territorial y demás documentación pública para
el uso ágil y oportuno de la ciudadanía, enlazado al Sistema Nacional de
Información Territorial.
15) Fomentar y apoyar la asociatividad municipal.
16) Proporcionar asistencia a los Concejos Municipales o asociaciones de
municipios en el desarrollo de sus planes municipales, micro regionales
y parciales de ordenamiento y desarrollo territorial, cuando estos se lo
soliciten.
17) Elaborar una propuesta anual de inversión en infraestructura vial y
equipamientos de salud y educación de interés departamental requerido a
las instancias del gobierno central para que el Consejo Nacional las gestione.
Ambito Local
Art. 18.- En el ámbito Local, la autoridad competente para la implementación
de todo lo concerniente al ordenamiento y desarrollo territorial, serán los Concejos
Municipales, ya sea de manera individual o asociada.
Asociaciones Micro Regionales
Art. 19.- Para fines de ordenamiento y desarrollo territorial los Concejos
Municipales, podrán crear asociaciones micro regionales de acuerdo al siguiente
procedimiento:
1) Los Concejos Municipales interesados, emitirán el acuerdo municipal para
formar parte de la asociación micro regional.
2) Emitir los Concejos Municipales interesados, la correspondiente ordenanza
especial de ordenamiento y desarrollo territorial donde se deleguen las
funciones respectivas en la asociación micro regional.
3) Crear un Concejo micro regional de Concejos Municipales, de conformidad
a la ordenanza especial.
Indice Legislativo 261
Parte II

Parte II
262
Asamblea Legislativa
LEYES
4) La Asociación micro regional, creará la oficina técnica micro regional de
ordenamiento y desarrollo territorial.
5) Una vez constituida la asociación micro regional, informarán al Consejo
Departamental de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, para los efectos
consiguientes.
Atribuciones
Art. 20.- Los Gobiernos Municipales de manera individual o asociada en el ámbito
Departamental, respecto de los instrumentos de ordenamiento y desarrollo territorial
establecidos, tendrán las siguientes atribuciones:
1) Coordinar e impulsar la formulación, aprobación y ejecución de los Planes
Locales siguientes:
a) Planes municipales o micro regionales de ordenamiento y desarrollo
territorial.
b) Planes parciales y esquemas municipales.
2) Conferir carácter legal a los planes por medio de ordenanzas municipales.
3) Conocer, revisar y dictaminar sobre los planes locales del municipio o de la
micro región.
4) Asegurar la adecuación de los planes locales del municipio o de la micro
región a las previsiones del plan departamental correspondiente.
5) Someter los planes locales, ordenanzas y sus enmiendas a un proceso
amplio de divulgación y consulta territorial, de acuerdo al Título IX del Código
Municipal y de la presente ley.
6) Conocer y pronunciarse sobre la adecuación de los planes locales a los
proyectos de infraestructura de importancia nacional y departamental.
7) Asegurar la preservación de las áreas de reserva establecidas en los planes
de ordenamiento y desarrollo territorial y en la respectiva legislación vigente.
8) Prestar los servicios de tramitación y permisos de construcción, urbanización
y lotificación directamente o a través del Comité Departamental de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial, previo al establecimiento de contratos
o convenios.
9) Cumplir con las demás atribuciones de ordenamiento y desarrollo territorial
establecidas en la legislación secundaria vigente.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
De los Equipos Técnicos
Art. 21.- El Consejo nacional y departamental, según la complejidad de sus
atribuciones y competencias, contarán con un equipo de profesionales, quienes les
darán soporte técnico en el ejercicio de sus acciones; el cual, estará integrado por:
1) Un profesional de la planificación territorial;
2) Un profesional de las ciencias ambientales;
3) Un profesional de la sismología;
4) Un profesional de la geología;
5) Un profesional de la sociología;
6) Un profesional de las ciencias jurídicas;
7) Un profesional de las ciencias económicas;
8) Personal de apoyo administrativo.
En el caso del Consejo Nacional, se contará además con un profesional de las
ciencias arqueológicas.
TITULO III
EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
TERRITORIAL
CAPITULO I
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL
Sistema de Ordenamiento Territorial
Art. 22.- Para los efectos de esta Ley, el Sistema de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial estará integrado por los siguientes instrumentos:
La Política Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.
1) Los Instrumentos de Planificación Territorial.
2) En el ámbito nacional y departamental:
a) El Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial;
b) Las Estrategias y Planes Departamentales de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial;
c) Los Planes Especiales Territoriales.
En el ámbito local y microregional:
Indice Legislativo 263
Parte II

Parte II
264
Asamblea Legislativa
LEYES
a) Los Planes Municipales o MicroRegionales de Ordenamiento y
Desarrollo Local;
b) Los Planes de Desarrollo Urbano Rural;
c) Los Planes Parciales.
3) Los Instrumentos de Programación consistentes en Programas de Desarrollo
Territorial.
4) Instrumentos de Análisis, Evaluación y Participación:
a) El Sistema Nacional de Información Territorial;
b) El Sistema de Evaluación de Impacto Territorial;
c) El Sistema de Participación Ciudadana y Consulta Territorial.
Elaboración y Aprobación de los Instrumentos de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial
Art. 23.- La elaboración y aprobación de los instrumentos de ordenamiento y
desarrollo territorial se realizará de la siguiente manera:
1) El Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, elaborará la
Política Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y la propondrá a
consideración de la Presidencia de la República para su correspondiente
aprobación por el Consejo de Ministros.
2) El Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, elaborará y
aprobará los instrumentos nacionales de ordenamiento y desarrollo territorial;
después de lo cual gestionará la emisión de los Decretos Ejecutivos,
siguientes:
a) Del Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial;
b) Del Sistema Nacional de Información Territorial;
c) Del Sistema de evaluación de impacto territorial;
d) Del Sistema de participación ciudadana y consulta territorial;
e) De los Planes Especiales Territoriales.
3) Los Instrumentos de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para el ámbito
departamental serán elaborados por los Consejos Departamentales de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial junto con los Gobiernos Locales
correspondientes, y serán presentados al Consejo Nacional de Ordenamiento
y Desarrollo Territorial, después de lo cual, éste realizará el trámite
correspondiente para que se emitan como Decretos Ejecutivos.
4) Los instrumentos locales y micro regionales serán elaborados por
las municipalidades correspondientes debiendo adecuarse los Planes

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Departamentales y los principios establecidos por la presente ley; después
de ser aprobados por los Concejos Municipales, deberán emitirse las
respectivas ordenanzas municipales para su obligatorio cumplimiento.
CAPITULO II
LA POLITICA NACIONAL DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL
Política Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
Art. 24.- La Política Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial dentro del
marco previsto en el artículo 2 de la presente ley, es la orientación estratégica de
la acción institucional que tiene como finalidad, el logro de una relación armónica,
equilibrada, sostenible y segura, entre la sociedad y el territorio, que favorezca la
calidad de vida de la población, la utilización de las potencialidades productivas del
sistema socioterritorial e integración en el contexto regional y mundial.
El Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial formulará el proyecto
de la Política Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, el cual será propuesto
a la Presidencia de la República, para que lo someta a la aprobación del Consejo de
Ministros, según lo establecido por el ordinal octavo del artículo 167 de la Constitución.
Dicha política servirá de base para el diseño del Plan Nacional de Ordenamiento
y Desarrollo Territorial, el cual guiará la actuación de la Administración Pública y
Municipal y fijará los grandes lineamientos a partir de los cuales se han de concretar
las distintas acciones e instrumentos de la actuación pública sobre el territorio.
La puesta en práctica de la Política Nacional de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial se llevará a cabo mediante los instrumentos previstos y los reglamentos
necesarios para la aplicación de la presente ley.
TITULO IV
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO TERRITORIAL
CAPITULO I
PLAN NACIONAL DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL
Art. 25.- El Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial es el instrumento
que contiene: La identificación de problemas y oportunidades; la expresión de los
principios básicos a partir de los cuales han de desarrollarse las acciones en materia
de política territorial; las acciones propuestas para el fortalecimiento y modernización
de las capacidades institucionales del Estado en la materia; la formulación de los
objetivos básicos y de los criterios de intervención; la identificación de los ámbitos
territoriales sobre los que se ha de concretar la política territorial y las directrices
Indice Legislativo 265
Parte II

Parte II
266
Asamblea Legislativa
LEYES
necesarias para definir y orientar dicha política y para establecer su función dentro del
conjunto de las políticas del Estado.
Este es el instrumento de planificación de mayor jerarquía, que tiene como finalidad
establecer las grandes directrices del ordenamiento y desarrollo territorial surgidas de
la Política Nacional y de la presente ley, constituyéndose en el instrumento básico a
través del cual la Administración Pública y Municipal y los organismos institucionales,
intervienen de manera integral en el territorio nacional, en los procesos de ordenamiento
y desarrollo territorial.
Este instrumento promueve trabajar en forma integral en la mejora de la
sostenibilidad, la competitividad, la seguridad ambiental y en suma en la calidad de
vida de la población, dando la adecuada respuesta para aprovechar los desafíos y
oportunidades del desarrollo sostenible en el territorio nacional.
Contenido
Art. 26.- El Plan Nacional contendrá:
1) Elementos determinantes de la estrategia y del modelo territorial que se
plantea; estructura territorial a nivel nacional, centros de actividad económica,
proyectos estratégicos, áreas motrices y ejes de desarrollo, sistema urbano,
corredores e infraestructuras de transportes, sistema de espacios naturales,
corredores biológicos y ambientales, saneamiento y calidad ambiental,
ámbitos y equipamientos recreativos y turísticos, integración y modernización
de estructuras y actividades rurales.
2) Estrategia y directrices para la integración de la Política Territorial en el
marco regional Centroamericano.
3) Estrategia y directrices con relación a sistemas territoriales o departamentales
a los fines de la planificación.
4) Estrategia y directrices territoriales relativas a la gestión de los recursos
hídricos.
5) Estrategia y directrices territoriales en relación a la protección y gestión de
los recursos naturales y de la biodiversidad.
6) Estrategia y directrices territoriales en relación al sistema de ciudades, y a
la mejora urbana y de los servicios a la población.
7) Estrategia y directrices territoriales para el desarrollo rural en lo relativo a la
población y a la producción.
8) Estrategia y directrices relativas a la prevención y mitigación de riesgos
naturales.
9) Estrategia y directrices relativas al tratamiento y gestión de residuos urbanos,
industriales y especiales.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
10) Estrategia y directrices relativas a las infraestructuras de transportes y las
actividades logísticas, y a los restantes sistemas infraestructurales.
11) Estrategia y directrices territoriales en relación a la localización y desarrollo
de espacios y actividades económicas y de proyectos estratégicos a escala
departamental y nacional.
12) Estrategia y directrices territoriales en relación a la utilización del territorio y
sus recursos como base de la integración y modernización socioeconómica
del país.
Para cada una de las materias a que se refieren los numerales anteriores, el Plan
Nacional deberá cumplir los requisitos siguientes:
1) Formulará un diagnóstico de la situación actual y analizará los procesos
y tendencias predominantes, señalando los problemas y oportunidades
relevantes.
2) Señalará las líneas de actuación, directrices, criterios o delimitaciones
correspondientes, justificando su coherencia con el modelo territorial
propuesto.
3) Establecerá las previsiones que resulten necesarias en relación al marco
administrativo e institucional, para garantizar la efectividad de las previsiones
del Plan y la coordinación ínteradministrativa.
4) Procedimientos para aprobación, revisión, evaluación y actualización del
plan y sus instrumentos.
5) Presupuesto y priorización de las propuestas del plan.
6) Procedimiento para la aplicación de un enfoque con equidad de género.
CAPITULO II
ESTRATEGIAS DEPARTAMENTALES
Art. 27.- Las estrategias departamentales constituyen los instrumentos a través
de los cuales se desarrollan los lineamientos estratégicos de la Política y del Plan
Nacional en el ámbito departamental, atendiendo los objetivos de la calidad de vida y
sostenibilidad de los procesos de desarrollo.
Objetivos
Art. 28.- Las estrategias departamentales son los instrumentos de planificación
territorial que persiguen los siguientes objetivos:
Indice Legislativo 267
Parte II

Parte II
268
Asamblea Legislativa
LEYES
1) Establecer la coherencia entre las políticas nacionales sectoriales y
departamentales, para lograr un uso más eficiente y eficaz de los recursos
disponibles.
2) Fortalecer en la comunidad departamental una visión de futuro y pactar los
principales objetivos intermedios.
3) Facilitar al Gobierno Nacional y Local, el acuerdo sobre las prioridades de
financiamiento y de cooperación internacional.
4) Mejorar la coherencia y sinergia entre iniciativas públicas y las inversiones
privadas y establecer el marco de acción de unos y otros en cada sector.
5) Generar un proceso de participación ciudadana en el origen, validación,
control y evaluación de los proyectos públicos en cada departamento.
6) Tener en cuenta las consideraciones explicitas de las dimensiones del
sistema socioterritorial con especial atención en la dimensión ambiental.
7) Integrar al sistema los elementos estratégicos surgidos de las micro regiones
y municipios.
8) Orientar los proyectos de desarrollo económico de cada uno de los
departamentos.
Contenido
Art. 29.- La estrategia departamental contendrá como contenido básico lo
siguiente:
1) Diagnostico departamental en sus diferentes dimensiones político
administrativa, demográfica, física, medioambiental, social, económica y
cultural; así como, también los principales desafíos que deberá enfrentar el
departamento a futuro.
2) La propuesta de desarrollo sostenible que se expresa a través de:
a) La visión de futuro o imagen objetivo y sus principios orientadores;
b) Los territorios sujetos a planificación;
c) Los objetivos estratégicos, incluyendo los lineamientos generales y
objetivos específicos; y
d) Un conjunto de acciones estratégicas preliminares.
3) La propuesta de gestión, que señala los principales contenidos y
características de los elementos a tener presente en el diseño y ejecución
de las etapas de gestión, difusión y evaluación de la estrategia, aspectos
inherentes al proceso de planificación del desarrollo departamental.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
4) El conjunto de programas y planes de carácter estratégico y que por lo tanto
deberán atravesar transversalmente tanto las líneas estratégicas definidas,
como los ámbitos sectoriales y territoriales, constituyendo un conjunto de
acciones de índole institucional y territorial que benefician, la mayoría de
ellas y a todo el departamento en estudio.
5) Propuesta de un programa de inversión pública para la ejecución de las
estrategias departamentales.
La información anterior habrá de constituir un marco referencial para definir
proyectos que serán presentados a la ciudadanía para su evaluación y validación, a fin
de lograr también su compromiso con el instrumento y una vez realizada la consulta
territorial, será entregado al Órgano Ejecutivo para su integración en el presupuesto
general del Estado.
CAPITULO III
PLANES DEPARTAMENTALES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL
Art. 30.- Los planes departamentales de ordenamiento y desarrollo territorial, son
los instrumentos de planificación que tienen por objeto normar la organización de las
actividades públicas y privadas en el territorio, necesarias para alcanzar el desarrollo
sostenible acorde a las características territoriales en sus dimensiones: ambientales,
sociales, económicas, rurales, urbanísticas, infraestructurales e institucionales,
abarcando los límites municipales que conforman el departamento.
Los planes departamentales de ordenamiento y desarrollo territorial desarrollarán a
escala departamental, los contenidos del plan nacional y las directrices de la estrategia
departamental, los procesos de desarrollo y la regulación de las actividades y el uso
del suelo en los procesos de desarrollo urbano, rural y de áreas protegidas.
Contenido
Art. 31.-Los planes departamentales de ordenamiento y desarrollo territorial,
contendrán básicamente un diagnostico que permita establecer la caracterización
básica de su ámbito, la integración en el sistema socio-territorial departamental y
en sus procesos y políticas relevantes el análisis de problemas y oportunidades que
sirvan de base para la formulación de dichos planes. En los planes departamentales
deberá considerarse el principio de equidad de género y contendrán lo siguiente:
1) La evaluación ambiental estratégica;
2) La planificación prospectiva del territorio que desarrolle la modelación de
escenarios y sus metas e indicadores de gestión;
3) La estrategia de ordenamiento y desarrollo territorial;
4) La identificación, prevención y mitigación de riesgos naturales;
Indice Legislativo 269
Parte II

Parte II
270
Asamblea Legislativa
LEYES
5) La estrategia y programación de actividades y actuaciones en materia de
desarrollo socioeconómico;
6) El esquema de distribución geográfica de usos y actividades que tengan
carácter estructurante o introduzcan condicionantes básicos en el modelo
territorial;
7) Las directrices de conservación, mejora y desarrollo del medio rural;
8) La delimitación de áreas a proteger por sus servicios ambientales o valores
naturales, culturales, productivos o forestales; estableciendo normas de
protección o directrices para la elaboración de planeamiento especializado,
con especial énfasis en la protección de los recursos hídricos tales como
fuentes superficiales, zonas de recarga acuífera y mantos subterráneos;
9) El desarrollo del sistema de ciudades, indicando núcleos y áreas principales
de concentración urbana y de actividad económica o servicios;
10) Esquemas de desarrollo urbano formulados para ámbitos de baja densidad
demográfica relativa y de limitada dinámica urbanística, con el fin de ordenar
la consolidación y expansión de los núcleos existentes ;
11) La determinación y localización de infraestructuras y equipamientos
estructurantes;
12) El señalamiento de dotaciones mínimas de equipamiento e infraestructuras
para el mejoramiento ambiental a incluir en el planeamiento local y
determinación del emplazamiento de las de carácter micro regional;
13) La programación de actuaciones, estableciendo acciones prioritarias;
14) Las normas de aplicación subsidiaria en municipios que carezcan de plan
local; y
15) El presupuesto y programación financiera.
CAPITULO IV
PLANES ESPECIALES TERRITORIALES
Art. 32.- Los planes especiales territoriales son los instrumentos de intervención
sobre el territorio, mediante la ordenación de la dimensión territorial de un único sector
o grupo de sectores o la realización de actuaciones sectoriales sin incidir de manera
integral sobre el territorio, así como el ordenamiento de áreas de protección.
Tendrán la consideración de planes especiales territoriales los siguientes:
1) Los planes elaborados para la realización e integración de actuaciones
sobre el territorio, tanto pública como privada, de un determinado sector o
la intervención sectorial.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
2) Los planes elaborados o aprobados por la Administración Pública y Municipal
en las materias que se establezcan en el reglamento de esta Ley, que no
conllevan a cabo directamente funciones de ordenamiento territorial, pero
inciden de forma importante en la estructuración de los territorios sobre los
que recaen.
3) Los instrumentos destinados a programar actuaciones de un sector
específico en un ámbito territorial determinado.
4) Los Planes Especiales podrán ser de ámbito nacional, departamental o tener
un ámbito propio en función de las necesidades del sector correspondiente
o el área de protección. Cuando se refieran a áreas bajo régimen de
administración especial el ámbito coincidirá con el de esta área.
Incluirán, además de los requerimientos contenidos en la legislación sectorial, las
siguientes determinaciones:
1) Identificación del sector y de los objetivos estratégicos y programas que dan
origen o fundamentan las actuaciones territoriales a realizar.
2) Delimitación del ámbito espacial directa o indirectamente afectado por las
actuaciones propuestas. En el caso de planes de áreas de protección podrán
establecerse, justificadamente zonas periféricas de protección.
3) Análisis del componente territorial del sector o ámbito de protección en sus
dimensiones institucional, ambiental, urbanística, infraestructural, social y
económica, señalando las relaciones con el ordenamiento territorial y el
desarrollo urbano o rural.
4) Criterios de coordinación con otros sectores y con el marco general y
particular del ordenamiento territorial.
5) Cualesquiera otros contenidos exigidos por la legislación sectorial.
En el caso de los Planes Especiales de áreas de protección; incluirán, además:
1) Normas reguladoras de las actividades productivas, recreativas o
educacionales, incluyendo la compatibilidad de los objetivos de protección
o mejora con el desarrollo rural, aprovechando el potencial de la zona.
2) Directrices para la integración del planeamiento local y de los planes de
manejo.
Si estos planes incluyen la programación de actuaciones, se indicarán para cada
una de ellas:
1) Localización;
2) Plazos o prioridades de ejecución;
3) Órgano responsable de la ejecución;
4) Presupuesto previsto;
5) Fuentes de financiamiento.
Indice Legislativo 271
Parte II

Parte II
272
Asamblea Legislativa
LEYES
CAPITULO V
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DEL AMBITO LOCAL Y MICRO REGIONAL
Art. 33.- Los planes municipales y micro regionales de ordenamiento y desarrollo
territorial, tienen por objeto el ordenamiento integral del territorio a nivel local para
encauzar los procesos de desarrollo urbano, rural y áreas de protección reguladas en la
presente ley, estableciendo una normativa detallada del proceso de desarrollo urbano.
El ámbito de estos planes podrá ser municipal y micro regional, abarcando siempre
municipios completos.
Contenido
Art. 34.- Los planes municipales y micro regionales de ordenamiento y
desarrollo territorial, contendrán básicamente un diagnostico que permita establecer
la caracterización básica de su ámbito, integración en el sistema socioterritorial
departamental, sus procesos y políticas relevantes y el análisis de problemas y
oportunidades que sirva de base para la formulación de dichos planes. En estos planes
deberá considerarse el principio de equidad de género y contendrán, las siguientes
disposiciones:
1) El territorio municipal se divide en las siguientes zonas:
a) Zonas urbanas: Comprenden las áreas que cuentan con las infraestructuras
y servicios propios de los núcleos urbanos o se hallan ocupadas por la
edificación en la forma prevista en este artículo. Las zonas urbanas podrán
ser consolidadas y no consolidadas, así:
I) Zonas urbanas consolidadas: Tendrán esta naturaleza las zonas
urbanas que cuenten con infraestructuras y servicios de vialidad,
alumbrado, abastecimiento de aguas, evacuación de aguas
lluvias y saneamiento, con características suficientes para servir
al conjunto de la zona, dando servicio a una proporción de su
superficie no inferior al porcentaje que reglamentariamente se
establezca.
II) Zonas urbanas no consolidadas: Tendrán esta naturaleza las que
cuenten con edificación cuando a pesar de no disponer de las
infraestructuras y servicios a que se refiere el epígrafe anterior,
la densidad de terrenos edificados alcance por lo menos el
porcentaje que reglamentariamente se establezca.
b) Zonas urbanizables: Son las que los planes de ordenamiento y desarrollo
territorial clasifiquen de esta forma por considerarlas susceptibles y
apropiadas para sus transformaciones urbanísticas, en atención a las
necesidades de desarrollo urbano de la población.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
I) Zonas especiales para vivienda de interés social: Se reservan
espacios para desarrollar vivienda para hogares de menores recursos
económicos, con requerimientos especiales de densidad habitacional,
infraestructura de servicios básicos y equipamiento. Estas zonas
contarán con un reglamento especial.
c) Zonas rurales: Comprenden el conjunto del espacio rural con
aprovechamientos primarios y para las que no se contempla su
transformación urbanística a corto y mediano plazo.
d) Zonas no urbanizables: Están constituidas por aquellas áreas que se
excluyen de posibles procesos de urbanización o transformación territorial
en razón a la protección de los servicios ambientales que prestan y de
sus valores naturales, productivos, culturales, de protección o reserva de
infraestructuras, la existencia de limitaciones derivadas de la protección
frente a riesgos naturales o cualesquiera otras establecidas por la ley o
justificadamente, por los instrumentos de planificación.
2) Localización de servicios públicos y equipamientos urbanos generales al
servicio del conjunto de todo el municipio o ámbitos superiores y de aquellos
que constituyen elementos esenciales de las redes locales. Incluirán como
mínimo las relativas a:
a) Red vial y transportes.
b) Abastecimiento, drenaje y saneamiento de aguas.
c) Gestión de desechos sólidos urbanos.
d) Equipamiento urbano, incluyendo equipamientos recreativos como
parques municipales y zonas verdes y el destinado a fines educativos,
culturales, sanitarios, de recreación, esparcimiento y similares al
servicio de la población.
3) Previsiones relativas al desarrollo rural en el marco de los lineamientos
establecidos por las instituciones competentes.
4) Normas y estándares de urbanización, lotificación y edificación, como
mínimo en los temas de:
a) Densidad habitacional.
b) Equipamientos recreativos municipales.
c) Equipamientos sociales.
d) Edificabilidad.
e) Ocupación.
f) Unidades mínimas de actuación.
Indice Legislativo 273
Parte II

Parte II
274
Asamblea Legislativa
LEYES
5) Previsiones para su desarrollo en zonas urbanas no consolidadas o de
expansión urbana.
Las zonas urbanas no consolidadas y las zonas de expansión urbana se
desarrollarán a través de planes parciales. El plan local de ordenamiento y desarrollo
territorial contendrá las previsiones para su desarrollo, que podrá realizarse a través de
la iniciativa privada o pública.
La autoridad promoverá la participación de la empresa privada en los procesos de
transformación y desarrollo urbano, garantizando subsidiariamente, que los procesos de
urbanización se realicen de acuerdo a las previsiones de los planes y a las necesidades
de la población. Entre las previsiones de desarrollo podrá incluirse el establecimiento
de plazos o prioridades de cumplimiento obligatorio para la tramitación de los
correspondientes planes parciales o la realización de actuaciones de urbanización y
edificación.
6) Previsiones de actuación en zonas rurales.
Las zonas rurales acogerán actuaciones de producción agropecuaria y agro
industrial, así como las de transformación urbanística limitada, a fines de posibilitar el
desarrollo de áreas residenciales de baja densidad, de proyectos turísticos y recreativos;
así como de equipamientos y actuaciones que encuentren adecuada localización en
entornos rurales, tales como centros educativos o de investigación, centros sanitarios
o asistenciales especiales y similares. Estos proyectos podrán autorizarse cuando
concurran las siguientes circunstancias:
a) Que la actuación no suponga una transformación paisajística que impacte
negativamente sobre su entorno rural;
b) Que se garantice el mantenimiento de la masa arbórea en el ámbito de la
actuación;
c) Que se garantice la protección de los recursos hídricos, especialmente
las fuentes superficiales, las zonas de recarga acuífera y los mantos
subterráneos;
d) Que se resuelvan por parte del titular de la obra la conexión con los
sistemas generales y en su caso, se garantice la mejora de los mismos
cuando éstos resulten insuficientes o inadecuados para atender las nuevas
demandas derivadas del proyecto;
e) Que se garantice la instalación y mantenimiento de sistemas de saneamiento
por tubería, con plantas de tratamiento adecuadas a las necesidades de la
actuación y a las características naturales del entorno;
f) Que la edificabilidad bruta de la actuación no supere el índice de 0,1 m2de
techo edificado sobre la superficie total de la actuación.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
7) Previsiones para la gestión del proceso de desarrollo; incluyendo, en su
caso, la adscripción de zonas verdes u otros equipamientos a terrenos o
ámbitos de desarrollo específicos a los efectos de su obtención mediante
cesiones.
8) Régimen aplicable a los edificios e instalaciones existentes que se hallen
fuera de ordenación por resultar disconformes con el nuevo planeamiento,
en los que no podrán realizarse otras obras que las expresamente previstas
en el plan. En defecto de previsión expresa en el planeamiento no podrán
realizarse otras obras más que las de reparación y conservación ordinaria,
quedando excluidas las de consolidación, ampliación o mejora.
9) Procedimientos y criterios para solicitar y realizar cambios dentro de la
zonificación del plan. Definiendo un sistema de compensación al municipio,
cuando se solicite un cambio de zona no urbanizable o rural a zona de
expansión urbana.
10) Procedimientos y/o trámites para la obtención de permisos para construcción,
urbanización y lotificación así como cambios de zonificación y usos del
suelo.
11) Definición de zonas sujetas a planes parciales, en aquellos lugares
susceptibles a cambios importantes de usos del suelo y/o inversión pública
y privada.
Planes de Desarrollo Urbano y Rural
Art. 35.- Los planes de desarrollo urbano y rural tienen por objeto el ordenamiento
y desarrollo integral del territorio para encauzar los procesos de desarrollo urbano y
de desarrollo rural, estableciendo una regulación detallada de los referidos procesos.
Los planes de desarrollo urbano y rural serán de ámbito municipal o micro regional,
abarcando siempre municipios completos.
Podrán comprender un ámbito micro regional cuando el proceso de asociatividad
municipal y el desarrollo de las capacidades locales en materia de ordenamiento y
desarrollo territorial alcance la totalidad del referido ámbito.
Contenidos
Art. 36.- Los planes de desarrollo urbano y rural tendrán el contenido apropiado
para ejercer de acuerdo a planificación, la competencia urbanística y de uso de los
suelos productivos y para otorgar permisos o autorizaciones, excepto en ámbitos en
los que por el plan, se establezca la necesidad de planes parciales.
Los planes de desarrollo urbano y rural se configurarán a partir de los siguientes
contenidos mínimos:
Indice Legislativo 275
Parte II

Parte II
276
Asamblea Legislativa
LEYES
1) Esquemas de estructura territorial, con consideración explícita de la
dimensión ambiental y de los factores de riesgo.
2) Zonificación del territorio y determinación de usos globales del suelo.
3) Ordenamiento detallado de áreas para las que el plan así lo prevea.
4) Ordenamiento simplificado de áreas de limitada dinámica urbanística y
medidas de consolidación de sus núcleos de población.
5) Previsiones para la gestión y desarrollo del plan.
6) Previsiones para la mejora de vida de la población y para el desarrollo rural.
7) Régimen aplicable a los edificios e instalaciones existentes que incumplan el
ordenamiento por no estar acorde con la nueva planificación; y,
8) Las restantes determinaciones que conforme a derecho resulten convenientes
para el mejor desarrollo del plan.
Esquemas de Estructura Territorial
Art. 37.- Los esquemas de estructura territorial expresarán la organización
estructural del territorio a gran escala, con señalamiento de los ejes viales principales
de articulación interna y conexión externa, de los principales sistemas infraestructurales
y elementos territoriales condicionantes del ordenamiento territorial, y la orientación
de usos del suelo propuesta para atender las necesidades del desarrollo sostenible a
mediano y largo plazo.
Estos esquemas sirven para entender la estructura territorial en el ámbito del plan y
su integración y articulación con los sistemas territoriales del entorno; y para expresar
las orientaciones básicas, que se proponen por el plan en materia de ordenamiento y
desarrollo territorial.
Los esquemas de estructura territorial incorporarán la dimensión ambiental para el
conjunto del ámbito del plan, estableciendo el régimen ambiental para el ordenamiento
y desarrollo con determinación de los criterios y normas ambientales pertinentes;
incluirán asimismo, el análisis de amenazas y vulnerabilidades dentro del citado ámbito,
estableciendo normas que garanticen la consideración de las mismas en la realización
de actuaciones.
Ordenamiento Detallado de Zonas Urbanas o de Expansión Urbana
Art. 38.- El ordenamiento detallado de las zonas urbanas o de expansión urbana,
podrá incluirse para áreas en las que el Plan considere conveniente facilitar su
transformación directa sin necesidad de un plan de detalle, para lo cual establecerá
la localización de las redes de infraestructuras y servicios, con determinación de las
condiciones de urbanización y edificación, en el marco de la normativa general en la
materia.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
El ordenamiento detallado se establecerá en áreas incluidas en zonas urbanas o de
expansión urbana, para las que se determine la conveniencia de su transformación a
corto plazo, sin necesidad de elaborar y tramitar planes detallados complementarios.
Art. 39.- En ámbitos de baja densidad demográfica relativa y de limitada dinámica
urbanística se establecerá un ordenamiento simplificado con el fin de ordenar la
consolidación y expansión de los núcleos existentes, incluyendo la delimitación del
perímetro urbano y la localización de la red vial y del equipamiento urbano básico.
En estos ámbitos no se establecerán por el plan, ni zonificación ni ordenamiento
detallado y no se podrán delimitar nuevas zonas urbanas o de expansión urbana.
El plan de desarrollo urbano y rural contendrá las previsiones para la gestión y
desarrollo de las zonas urbanas no consolidadas y de las zonas de expansión urbana
que no se hubieran ordenado por menorizadamente a través del propio plan, las que
podrán realizarse a través de la iniciativa pública o privada.
Los Gobiernos Locales promoverán la participación de la empresa privada en los
procesos de transformación y desarrollo urbano, garantizando subsidiariamente que
los procesos de urbanización se realicen de acuerdo a las previsiones de los planes y
a las necesidades de la población.
Mejora de las Condiciones de Vida de la Población y Desarrollo Rural
Art. 40.- Los planes municipales y/o micro regionales de ordenamiento y
desarrollo territorial contendrán las determinaciones, directrices o criterios que
se estimen oportunos para mejorar las condiciones de vida de la población en los
ámbitos urbanos y rurales comprendidos por el plan, en coherencia con las políticas y
programas nacionales aprobados en las respectivas materias.
El plan contemplará los programas y actividades de la Administración Pública
y Municipal para el desarrollo rural, orientados hacia la mejora y dinamización de
las estructuras socioeconómicas de las áreas rurales salvaguardando la estabilidad
ambiental.
Art. 41.- Las edificaciones e instalaciones existentes que incumplan el
ordenamiento establecido por el Plan, estarán sujetas a las normas de construcción
y utilización que para las mismas se establezcan. En ausencia de determinaciones
expresas por parte del Plan, no podrá realizarse en ellas otras obras más que las
de reparación y conservación ordinaria, quedando excluidas las de consolidación,
ampliación o mejora.
Indice Legislativo 277
Parte II

Parte II
278
Asamblea Legislativa
LEYES
Planes Parciales
Art. 42.- Los planes parciales detallan el contenido de los planes municipales
o micro regionales de ordenamiento y desarrollo territorial, localizan las redes de
infraestructuras y servicios públicos propias de su ámbito y establecen el régimen
específico de cada lotificación, así como las condiciones de urbanización y edificación
en el marco de la normativa general en la materia y tienen por objeto establecer
el régimen específico de urbanización y edificación, detallando el contenido de los
planes municipales y/o micro regionales de forma que pueda actuarse directamente sin
necesidad de otros instrumentos de planificación.
Los planes parciales elaborarán para las áreas designadas, a este fin por los
planes municipales o micro regionales de ordenamiento y desarrollo territorial y otras
que por sus características los requieran.
Los planes parciales establecerán las previsiones necesarias para el desarrollo
urbanístico de la zona, incluyendo, como mínimo:
1) Normas de lotificación.
2) Regulación detallada de los usos del suelo incluyendo usos permitidos,
condicionados y prohibidos.
3) Edificabilidad.
4) Ocupación.
5) Paisajismo y arborización.
6) Red Vial.
7) Sistemas de control y regulación de tráfico.
8) Rutas de transporte público.
9) Abastecimiento, drenaje y saneamiento de agua.
10) Alumbrado público.
11) Energía y comunicaciones.
12) Manejo integral de desechos sólidos.
13) Equipamientos recreativos y espacios públicos, incluyendo parques y
jardines.
14) Equipamientos sociales destinados al servicio de la población del ámbito
objeto de desarrollo.
15) Fases, programación y calendario de ejecución de las obras de urbanización
y edificación.
16) Previsiones detalladas para la gestión del proceso de desarrollo; incluyendo
en su caso, la adscripción de zonas verdes u otros equipamientos a terrenos

Anuario Legislativo 2010 - 2011
o ámbitos de desarrollo específicos a los efectos de su obtención mediante
cesiones.
17) Sistema de compensación obligatoria entre propietarios de tierras, dentro
del área del plan parcial.
Los planes parciales podrán desarrollarse por iniciativa del Gobierno Municipal o
por iniciativa privada, previo aval del Gobierno Municipal.
Propuesta por Iniciativa Privada
Art. 43.- Si la propuesta de los planes parciales es desarrollada por iniciativa
privada, ésta deberá contar con el respaldo de los propietarios que posean la mayoría
del suelo sujeto al plan correspondiente. Los promotores de la iniciativa deberán
garantizar los requerimientos del plan, así como las garantías económicas necesarias
para el cumplimiento del mismo. Dichas garantías serán independientes de la fianza
de cumplimiento ambiental que en su caso exija la institución ambiental competente.
Todos los planes parciales deberán aprobarse por el Concejo Municipal o la
asociación de municipios respectivos, por medio de acuerdos municipales y una
ordenanza del plan parcial.
De la Subsidiaridad en la Formulación de los Planes del Ambito Local
Art. 44.- En ausencia de iniciativa o capacidad municipal para desarrollar los
planes municipales, micro regionales y parciales de ordenamiento y desarrollo territorial,
el Gobierno Municipal, asociación de municipios o la micro región acudirá al Comité
Departamental de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, para solicitar su asistencia en
la elaboración de los mismos. Pudiendo establecer de común acuerdo arreglos o a
través de la suscripción de un convenio para tal fin.
TITULO V
INSTRUMENTOS DE PROGRAMACION DEL SISTEMA DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO TERRITORIAL
CAPITULO UNICO
Programas de Desarrollo Territorial
Art. 45.- Los programas de desarrollo territorial constituyen documentos
complementarios de los instrumentos de planificación y tienen por objeto, la ejecución
coordinada de actuaciones públicas en regiones específicas.
El ámbito de los programas de desarrollo territorial será variable, en función de
las actuaciones que se programen y podrá abarcar una o más micro regiones o los
ámbitos específicos que se ajusten a la naturaleza del programa a ejecutar.
Indice Legislativo 279
Parte II

Parte II
280
Asamblea Legislativa
LEYES
Contenido
Art. 46.- Los programas de desarrollo territorial tendrán como mínimo:
1) Definición de los objetivos que se pretende alcanzar;
2) Justificación de su adaptación a los instrumentos de planificación de
ordenamiento y desarrollo territorial;
3) Delimitación de su ámbito;
4) Descripción de actuaciones, indicando para cada una de ellas:
a) Localización;
b) Plazos o prioridades de ejecución;
c) Órgano responsable de la ejecución;
d) Presupuesto previsto;
e) Fuentes de financiamiento.
5) Justificación territorial de las actuaciones propuestas, en relación a las
dimensiones básicas del sistema socio territorial.
Efectos
Art. 47.- Los planes departamentales y locales de ordenamiento y desarrollo
territorial establecerán las reservas de suelo necesarias para la ejecución de las
actuaciones previstas en los programas de desarrollo territorial.
Los programas de desarrollo territorial no podrán incluir actuaciones contrarias a
lo previsto en los instrumentos de planificación territorial del ámbito nacional. Serán
nulas cuantas disposiciones incurran en dicha contradicción.
Las inversiones previstas en los programas de desarrollo territorial se incorporarán
al proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado.
Elaboración
Art. 48.- Corresponde al Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
y a los Consejos Departamentales de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, acordar la
elaboración de programas de desarrollo territorial y enviarlo por medio del Presidente
de la República al Consejo de Ministros, para su aprobación.
En el acuerdo por el que se dé inicio a la elaboración de los programas de desarrollo
territorial se determinará la institución encargada de dirigirlo y las instituciones que
participarán en el proceso.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Tramitación y Aprobación
Art. 49.- Elaborado el proyecto de programa de desarrollo territorial se someterá
al sistema de participación ciudadana y consulta territorial.
Transcurrido el período de información pública e institucional, y a la vista de los
resultados del mismo, el órgano encargado de la elaboración del programa redactará
la propuesta correspondiente y la transmitirá al Consejo Nacional de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial para su conocimiento e informe.
El Consejo Nacional remitirá el texto definitivo del programa por medio del
Presidente de la República al Consejo de Ministros, para su aprobación y legalización
a través de un Decreto Ejecutivo.
Revisión
Art. 50.- La revisión de los programas de desarrollo territorial se llevará a cabo
de acuerdo con el procedimiento establecido para su aprobación.
TITULO VI
DETERMINACIONES GENERALES SOBRE LA TRAMITACION, APROBACION, REVISION
Y ACTUALIZACION DE LOS INTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION
CAPITULO UNICO
Carácter Vinculante
Art. 51.- Una vez aprobado por el Consejo Nacional y ratificado por Decreto Ejecutivo,
el Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y sus determinaciones tendrán
carácter vinculante para los demás instrumentos de planificación y para las acciones
e inversiones de todas las instancias de la administración pública. El Consejo Nacional
del Territorio será el encargado de velar por el cumplimiento de esta disposición.
La programación de actuaciones públicas contenida en el Plan Nacional será
incorporada al proyecto de Presupuesto General del Estado.
Los instrumentos de los ámbitos departamental y local, deberán detallar las
actuaciones propuestas en los planes del ámbito nacional y adaptarlas a las condiciones
específicas ambientales, económicas, sociales, culturales y productivas.
Los instrumentos de ámbito departamental y local podrán proponer cambios en los
instrumentos del ámbito nacional. Estas propuestas de cambio o adaptación deberán ser
presentadas por la instancia responsable, concejo municipal o comité departamental a
la instancia superior y serán ratificadas de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Indice Legislativo 281
Parte II

Parte II
282
Asamblea Legislativa
LEYES
Tramitación y Aprobación
Art. 52.- Una vez formuladas las propuestas de los instrumentos de planificación
y programación, se someterán al proceso de consulta a través del sistema de
participación ciudadana y territorial.
Finalizado dicho proceso, la autoridad nacional o local, según corresponda,
aprobará y legalizará los instrumentos consultados, por medio de Decretos Ejecutivos
u Ordenanzas Municipales, según los respectivos reglamentos.
Todos los instrumentos de planificación deberán contener una estrategia de
comunicación, difusión y consulta, para las fases de elaboración y aprobación del plan.
Revisión y Actualización
Art. 53.- La revisión de todos los instrumentos de planificación y programación de
ordenamiento y desarrollo territorial, se llevará a cabo siguiendo el mismo procedimiento
empleado para su aprobación.
La actualización de contenidos concretos que no afecten a las líneas establecidas
en la Política Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, se realizará por el
procedimiento que en cada caso establezca el Consejo Nacional de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial.
TITULO VII
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y
PARTICIPACION DEL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL
CAPITULO I
Sistema Nacional de Información Territorial
Art. 54.- Créase el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), que estará
conformado por los aportes que brinden las distintas instituciones de la Administración
Pública y Municipal sobre sus planes, programas, acciones y demás actividades que
realicen sobre la temática de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.
En los ámbitos departamental y local los organismos responsables del Ordenamiento
y Desarrollo Territorial diseñarán e implementarán los instrumentos para alimentar de
toda la información surgida de sus actividades al SNIT y además para que esté a la
disposición, la información apropiada para el conocimiento y la toma de decisiones
sobre el territorio y sobre proyectos de incidencia territorial.
El Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, elaborará y mantendrá
actualizado de manera permanente el SNIT para garantizar que la información
relacionada al Ordenamiento y Desarrollo Territorial sea de acceso público de manera
oportuna a la sociedad en general.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
El seguimiento de la Política y del Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial lo llevará a cabo el Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial a través del SNIT y se plasmará en un informe sobre el estado del territorio
que se publicará cada año, sin perjuicio de la publicación de otros informes cuando se
considere conveniente.
El Sistema Nacional de Información Territorial contendrá un sistema básico de
indicadores socioterritoriales que permitirán caracterizar sintética y objetivamente el
país en sus distintos ámbitos.
Se establecerán indicadores específicos según los siguientes temas: medio
ambiente, calidad de vida, evolución económica y demás que se consideren
convenientes para el cumplimiento de las funciones del sistema.
Los instrumentos de planificación y programación que se desarrollen, han
de servirse de dichos indicadores a fin de caracterizar la situación de partida, han
de estimar la incidencia del plan o programa en relación a los mismos, y han de
establecer; en su caso, el sistema complementario de indicadores que permita mejorar
la evaluación y seguimiento de las circunstancias socio territoriales y de la incidencia
del plan o del programa en cuestión sobre los mismos.
Evaluación de Impacto Ambiental
Art. 55.- Es un conjunto de acciones y procedimientos que aseguran que las
actividades, obras o proyectos que tengan un impacto ambiental negativo en el ambiente
o en la calidad de vida de la población, se sometan desde la fase de preinversión a
los procedimientos que identifiquen y cuantifiquen dichos impactos y recomienden
las medidas que los prevengan, atenúen, compensen o potencien; según sea el caso,
seleccionando la alternativa que mejor garantice la protección del medio ambiente.
La referida evaluación deberá realizarse de conformidad a lo establecido en la Ley
de Medio y Ambiente y su respectivo reglamento.
CAPITULO II
PARTICIPACION CIUDADANA, ACADEMICA Y EMPRESARIAL
Art. 56.- Toda la información que surja de la gestión en las instancias, nacional,
departamental y local es pública y debe de ser facilitada por dichas instituciones
cuando esta sea solicitada por los interesados. Las propuestas de planes y los planes
de ordenamiento y desarrollo territorial aprobados, deben ponerse a disposición de la
ciudadanía, instituciones académicas y empresariales, publicándolos de manera que
sean de fácil acceso para los interesados.
Art. 57.- Previo a la aprobación de los planes de ordenamiento territorial, estos
deberán de ser sometidos a por lo menos dos consultas públicas a las que deben de
ser convocadas todas las organizaciones ciudadanas y empresariales relacionadas
con la temática en el ámbito territorial correspondiente. La primera consulta se realizará
para recibir propuestas y debe desarrollarse por lo menos 150 días hábiles antes
Indice Legislativo 283
Parte II

Parte II
284
Asamblea Legislativa
LEYES
de que el plan sea aprobado. La segunda consulta pública se realizará para recibir
observaciones al proyecto final del plan de ordenamiento y desarrollo territorial y debe
de celebrarse por lo menos 25 días hábiles antes de su aprobación.
Art. 58.- Las entidades de ordenamiento y desarrollo territorial deberán incorporar
dentro del reglamento de la presente ley, los procedimientos que hagan efectiva la
aplicación de los artículos 56 y 57; y podrán agregar nuevas formas y mecanismos de
participación ciudadana, académica y empresarial.
TITULO VIII
SISTEMA DE FINANCIAMIENTO
CAPITULO UNICO
Art. 59.- El financiamiento para el funcionamiento institucional del ámbito nacional
y departamental para el cumplimiento de las atribuciones que les asigna la presente ley,
será integrado al Presupuesto General de la República.
Art. 60.- El financiamiento para la inversión territorial, que prevean los Planes de
Desarrollo Territorial, se deberá asegurar mediante la coordinación de los presupuestos
públicos del gobierno nacional y los gobiernos municipales.
TITULO IX
REGIMEN DEL USO DE LOS SUELOS
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
Indemnizaciones
Art. 61.- Será indemnizable cualquier limitación del uso del suelo que impida
la continuidad de usos o actividades de contenido económico que se vinieran
desarrollando legalmente con anterioridad, siempre que se acredite la existencia de un
perjuicio económico efectivo, de acuerdo a las disposiciones de la presente ley.
No se incluyen en la presente disposición usos del subsuelo sujeto a concesiones
o licencias específicas.
Art. 62.- La zonificación del territorio nacional y la determinación de usos globales
del suelo se establecerá a través de:
1) La delimitación de zonas en que se divide el territorio, para los efectos de la
aplicación de la presente Ley, distinguiendo para tal fin:

Anuario Legislativo 2010 - 2011
a) Zonas urbanas, consolidadas y no consolidadas: Comprenden las
áreas que los instrumentos de planificación incluyan en esta categoría,
por contar con las infraestructuras y servicios propios de los núcleos
urbanos o encontrarse ocupadas por la edificación en la forma que
reglamentariamente se determine;
b) Zonas urbanizables: Serán las que los instrumentos de planificación
clasifiquen de esta forma por considerarlas susceptibles y apropiadas para
su transformación urbanística, en atención a las necesidades de desarrollo
urbano de la población;
c) Zonas rurales: comprenden el conjunto del espacio rural con
aprovechamientos primarios, que incluye actividades agropecuarias,
agroindustriales y forestales; y para las que los instrumentos de
planificación, no contemplan su transformación urbanística; y
d) Zonas no urbanizables: Están constituidas por aquellas áreas que se
excluyen de posibles procesos de urbanización o transformación territorial;
en razón, a la protección de los servicios ambientales que prestan y de
sus valores naturales, productivos, culturales, de protección o reserva de
infraestructuras, por estar clasificadas como Áreas Naturales Protegidas,
debido a existencia de limitaciones derivadas de la protección frente a
riesgos naturales, o cualesquiera otras establecidas por la ley, por los
tratados internacionales o justificadamente por los instrumentos de
planificación.
2) La localización de las infraestructuras y equipamientos urbanos generales al
servicio del conjunto del territorio y su población, o de ámbitos superiores.
Competencia en Orden a la Regulación del Uso del Suelo y el Desarrollo Urbano
Art. 63.- Compete a los Consejos Departamentales de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial y a los Concejos Municipales, en su ámbito correspondiente, la regulación
del uso del suelo y el desarrollo urbano de acuerdo con las siguientes funciones:
1) Desarrollar las funciones de control urbanístico, incluido el otorgamiento de
las autorizaciones urbanísticas a que se hace referencia en la presente ley;
2) Favorecer el desarrollo del mercado inmobiliario, en términos coherentes
con los objetivos, principios y acciones, establecidos en la presente ley;
3) Favorecer la equitativa distribución de las cargas y beneficios derivados
de los instrumentos de planificación entre los propietarios en unidades de
actuación;
4) Adquirir terrenos para constituir patrimonios públicos de suelo; y,
5) Ejercer la iniciativa pública cuando se incumplan los plazos y condiciones
establecidos por el planeamiento para la actuación de los particulares de
acuerdo a lo previsto en la presente ley.
Indice Legislativo 285
Parte II

Parte II
286
Asamblea Legislativa
LEYES
Art. 64.- Las actuaciones que se realicen en el territorio con fines urbanísticos
requieren la previa aprobación de la autoridad competente con base en el Plan
Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y en su caso, de planes parciales.
No podrán otorgarse autorizaciones de uso del suelo en ausencia de los instrumentos
de planificación.
Obtención de Terrenos para Infraestructuras y Equipamientos
Art. 65.- Los propietarios de terrenos en zonas urbanas no consolidadas y
zonas urbanizables que pretendan llevar a cabo la transformación urbanística de los
mismos, deberán asegurar el espacio físico para las cuantías establecidas por la Ley
de Urbanismo y Construcción.
La especificación y ubicación de las referidas áreas, quedará a consideración
de los Consejos Departamentales de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y de los
Consejos Municipales respectivos de conformidad al artículo 63.
Art. 66.- Los propietarios de terrenos en zonas urbanas consolidadas, que
pretendan llevar a cabo transformaciones urbanísticas que tengan como consecuencia
el incremento de la densidad poblacional, deberán compensar al municipio de acuerdo
a lo establecido por los planes municipales de ordenamiento y desarrollo territorial y
planes parciales, por los efectos que esto cause en términos de tráfico, generación de
desechos sólidos, prestación de servicios básicos y nuevas demandas de equipamientos
de titularidad pública; tales como, zonas verdes, escuelas y servicios comunales.
Procedimiento y Adquisición de Terrenos
Art. 67.- Los terrenos destinados a obras de utilidad pública e interés social y
que formen parte de los planes de ordenamiento y desarrollo territorial, departamental
o local, se obtendrán por medio del procedimiento de adquisición, establecido en las
leyes vigentes.
Gestión de los Fondos Locales de Obras de Urbanización
Art. 68.- Corresponde a los Gobiernos Municipales la gestión de sus respectivos
Fondos Locales de Obras de Urbanización.
En el supuesto de municipios que desarrollen sus competencias en materia de
desarrollo urbano y rural de forma asociada, los fondos para obras de urbanización
serán gestionados por las instituciones de ámbito micro regional que ejerzan las
referidas competencias municipales.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
En el caso previsto en el inciso anterior, el Consejo Nacional de Ordenamiento
y Desarrollo Territorial canalizará las ayudas necesarias, a través de las referidas
instituciones de ámbito local y micro regional.
Registro de la Propiedad
Art. 69.- La declaratoria de un área protegida y de las que sean objeto de
adquisición dentro del marco del ordenamiento y desarrollo territorial y culminado el
debido proceso; deberán, inscribirse en el correspondiente Registro de la Propiedad
Raíz e Hipotecas a petición de la Autoridad competente en materia de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial, lo cual no causará ningún derecho registral.
La marginación de un bien inmueble de acuerdo a lo previsto en el inciso anterior,
invalidará las transferencias y enajenaciones de ese bien, salvo que se hayan llenado
los requisitos y solemnidades establecidas en esta ley.
CAPITULO II
DE LOS PROPIETARIOS
Derechos y Obligaciones de los Propietarios
Art. 70.- Son derechos y obligaciones de los propietarios de suelo y edificaciones
los siguientes:
1) La utilización de sus terrenos con arreglo a su naturaleza y capacidad para
soportar el aprovechamiento sostenible de sus potencialidades, sin perjuicio
de su entorno. Las limitaciones del uso del suelo que impidan la utilización
natural de los terrenos darán lugar a indemnización; sin incluirse los usos del
subsuelo sujetos a concesiones o licencias específicas.
2) La edificación de sus terrenos en los términos previstos en los instrumentos
de planificación, previa aprobación de los proyectos correspondientes
por la autoridad competente, tan pronto acrediten el cumplimiento de sus
obligaciones en cuanto a la urbanización de los mismos, realización de las
respectivas donaciones de terrenos y pago de las tasas, contribuciones y
demás tributos que en cada caso correspondan;
3) Los propietarios de suelos situados en zonas urbanas y urbanizables para
las que el instrumento de planificación respectivo incluya su ordenamiento
detallado, tendrán derecho a la edificación de sus suelos tan pronto
acrediten que los mismos cumplen todos los requisitos establecidos en el
plan correspondiente;
4) Los propietarios de suelos situados en zonas urbanas no consolidadas
y zonas urbanizables para las que el Plan Municipal de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial no incluya un ordenamiento detallado, deberán proponer
el correspondiente Plan Parcial ante el Concejo Municipal, en los plazos
que en su caso establezca el Plan Municipal de Ordenamiento y Desarrollo
Indice Legislativo 287
Parte II

Parte II
288
Asamblea Legislativa
LEYES
Territorial. Mientras no se apruebe definitivamente dicho Plan Parcial y el
proyecto o los proyectos correspondientes; no podrá realizarse, actuación
alguna de lotificación, urbanización o edificación;
5) Los propietarios de suelos incluidos en zonas urbanas no consolidadas
o zonas urbanizables, estarán obligados a llevar a cabo las obras de
urbanización y satisfacer las tasas y contribuciones especiales que
en cada caso correspondan. La ejecución de las obras de urbanización
podrá realizarse por parte de la autoridad correspondiente por cuenta de
los propietarios obligados, mediante acuerdo con estos últimos en el que
se establezca el monto de las obras y la forma en que los propietarios
obligados garantizarán el pago de la totalidad de las inversiones;
6) Los propietarios de suelos incluidos en zonas rurales tendrán derecho a
la edificación de los mismos de acuerdo con lo que se establezca en el
correspondiente Plan Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
o Plan Parcial, previa aprobación del proyecto y el pago de los tributos
correspondientes; y
7) Los propietarios de suelos incluidos en zonas no urbanizables, tendrán
derecho a mantener y desarrollar usos del suelo y aprovechamientos
económicos que resulten compatibles con la conservación de los valores
ambientales que motivaron su protección, de acuerdo siempre con lo
establecido en los instrumentos de planificación, y en la legislación
ambiental o sectorial que resulte de aplicación. Cuando las condiciones
de compatibilidad establecidas en la planificación impidan la continuidad
de los usos que se vengan desarrollando legalmente en el momento de la
aprobación del Plan, los propietarios tendrán derecho a la correspondiente
indemnización con arreglo a lo establecido en la presente ley. No dará lugar
a indemnización la prohibición de usos que no vinieran desarrollándose
legalmente en el momento de la aprobación del respectivo Plan.
TITULO X
REGIMEN SANCIONATORIO
CAPITULO I
INFRACCIONES Y SANCIONES
Infracciones en Materia de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
Art. 71.- Son infracciones en materia de ordenamiento y desarrollo territorial, las
acciones u omisiones que vulneren o contravengan esta ley, normas u ordenanzas y
demás disposiciones aplicables en esta materia.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Consecuencias Legales de las Infracciones
Art. 72.- Toda acción u omisión tipificada como infracción en la presente ley,
podrá dar lugar a la adopción de las medidas siguientes; sin perjuicio, de las medidas
establecidas específicamente en otros cuerpos legales o reglamentarios:
1) La restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada
o transformada como consecuencia de la actuación ilegal, a través de las
medidas establecidas en la presente ley;
2) La iniciación de los procedimientos de suspensión y anulación de los actos
administrativos en los que presuntamente pudiera ampararse la acción u
omisión ilegal;
3) Las que procedan por incumplimiento de la responsabilidad administrativa y
penal, en su caso; y
4) La responsabilidad civil para el resarcimiento de daños ocasionados
e indemnización de los perjuicios a cargo de quienes sean declarados
responsables de los mismos.
En todo caso la autoridad competente estará obligada a adoptar las medidas
necesarias para que se repongan por el infractor los bienes afectados y dejarlos en el
estado anterior a la infracción.
Restablecimiento de la Legalidad y Sanción de las Infracciones
Art. 73.- Las medidas de restablecimiento de la legalidad son independientes
de las sanciones cuya imposición proceda por razón de la comisión de infracciones
tipificadas en la presente ley.
Art. 74.- Las infracciones en materia de ordenamiento y desarrollo territorial se
clasifican en muy graves y graves.
Infracciones Muy Graves
Art. 75.- Son infracciones muy graves:
1) Las que afecten los inmuebles ubicados en zonas no urbanizables o en áreas
declaradas protegidas por los instrumentos de planificación o la legislación
protectora del medio ambiente y los recursos naturales; así como los
inmuebles destinados a la implantación o construcción de infraestructuras,
equipamientos y servicios públicos y a los de dominio público;
2) El incumplimiento total o parcial de las obligaciones impuestas por medidas
cautelares adoptadas con motivo del ejercicio de la potestad de protección
de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado;
Indice Legislativo 289
Parte II

Parte II
290
Asamblea Legislativa
LEYES
3) La iniciación de lotificaciones u otro tipo de obras físicas que deterioren una
zona no urbanizable o en áreas declaradas protegidas, áreas declaradas de
utilidad pública y de interés social.
Infracciones Graves
Art. 76.- Son infracciones graves:
1) Los actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización
de urbanizaciones, lotificaciones, obras, construcciones, edificaciones o
instalaciones; sin contar, con las aprobaciones, autorizaciones o permisos
necesarios contraviniendo las condiciones de las otorgadas, salvo que se
trate de obras no precisadas legalmente de proyecto técnico alguno y con
escasa repercusión en el ambiente urbano, rural o natural. De darse esta
última salvedad, la infracción será leve. Tendrán en todo caso, la condición
de infracciones graves los actos consistentes en movimientos de tierras y
las talas de árboles no autorizadas;
2) La implantación y el desarrollo de usos incompatibles con lo establecido en
los instrumentos de ordenamiento y desarrollo territorial aplicables;
3) Los incumplimientos con ocasión de la ejecución de los planes, deberes
y obligaciones impuestos por esta ley, y en virtud de la misma, por los
instrumentos de planificación, o asumidos voluntariamente mediante
convenio, salvo que se subsanen voluntariamente tras el primer requerimiento
formulado al efecto por la autoridad correspondiente, en cuyo caso serán
infracciones leves;
4) La negativa u obstrucción de la labor inspectora.
Responsables de las Infracciones
Art. 77.- En las urbanizaciones, lotificaciones, obras, instalaciones, construcciones,
edificaciones, actividades o usos del suelo ejecutados o desarrollados al amparo de
actos administrativos ilegales, podrán ser responsables de las infracciones para los
efectos legales:
1) Los técnicos responsables de los proyectos o documentos técnicos, si
las obras proyectadas fueren incompatibles con los planes previstos en la
presente ley;
2) Los promotores, constructores y financiadores de las urbanizaciones,
lotificaciones, obras o instalaciones y los titulares, directores o explotadores
de los establecimientos, las actividades o los usos; así como, los técnicos
directores de las obras y de su ejecución y los directores de las instalaciones;
3) La autoridad o funcionario que haya otorgado las aprobaciones,
autorizaciones o permisos sin los respectivos informes o en contra de los
emitidos en sentido desfavorable por razón de la infracción, los miembros de

Anuario Legislativo 2010 - 2011
los órganos colegiados que hayan votado a favor de dichas aprobaciones,
autorizaciones o permisos en idénticas condiciones y el o los funcionarios
que hayan informado favorablemente con conocimiento de la vulneración
del orden jurídico.
Para los efectos de la responsabilidad por la comisión de infracciones, se
considerará como promotor a la persona o entidad que realiza las obras; así como, al
propietario del inmueble en el cual se cometa o se ha cometido la infracción, cuando
haya tenido conocimiento de las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones,
actividades o usos infractores.
Circunstancias Agravantes
Art. 78.- Son circunstancias agravantes de la responsabilidad de los infractores
en materia de ordenamiento y desarrollo territorial, las que se enumeran a continuación:
1) Prevalerse para cometer la infracción de la titularidad de un cargo público;
2) Emplear la violencia o cualquier otro tipo de coacción sobre la autoridad o
funcionario público encargado de cumplimiento de la legalidad;
3) Sobornar incluso en grado de tentativa a la autoridad, funcionario público o
cualquier miembro de la administración pública o municipal o cuando ejerza
cualquier tipo de fuerza o coacción;
4) Alterar los supuestos de hecho que presuntamente legitimen la actuación u
omisión, o mediante falsificación de los documentos en que se acreditase el
fundamento legal de la actuación u omisión;
5) Aprovechar o explotar en beneficio propio o de un tercero una grave
necesidad pública o del particular o particulares que resultaren perjudicados;
6) Ofrecer resistencia a las órdenes emanadas de la administración pública
o municipal relativas a la protección de la legalidad o su cumplimiento
defectuoso;
7) Cometer la infracción habiendo sido sancionado con anterioridad, mediante
sanción firme por la comisión de cualesquiera de las infracciones previstas
en la presente ley;
8) Persistir en la infracción tras la iniciación del procedimiento sancionatorio
con arreglo a lo previsto en la presente ley.
Todo lo anterior de conformidad al procedimiento establecido en la presente ley.
Circunstancias Atenuantes
Art. 79.- Son circunstancias cuya concurrencia atenúa la responsabilidad de los
infractores:
Indice Legislativo 291
Parte II

Parte II
292
Asamblea Legislativa
LEYES
1) La reparación voluntaria y espontánea del daño causado antes del inicio de
cualquier actuación administrativa sancionadora;
2) La paralización de las obras o el cese en la actividad o uso de modo
voluntario, tras la advertencia de la autoridad competente.
Art. 80.- Son circunstancias que, según cada caso, pueden agravar o atenuar la
responsabilidad:
1) El mayor o menor conocimiento técnico de los pormenores de la actuación,
de acuerdo con la profesión o actividad habitual del responsable; y
2) El mayor o menor beneficio obtenido de la infracción o en su caso, el haberla
realizado sin consideración ninguna, al posible beneficio económico que de
la misma se derive.
Sanciones
Art. 81.- Las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas de acuerdo
con el valor de la actuación cuestionada:
1) Infracciones graves: hasta 200 salarios mínimos mensuales para el comercio;
2) Infracciones muy graves: hasta 1000 salarios mínimos mensuales para el
comercio.
La cuantía de las multas podrá verse incrementada con arreglo a lo previsto en la
presente ley para la exclusión de beneficio económico.
Para el establecimiento de las sanciones correspondientes, se deberá tomar en
cuenta la capacidad económica del infractor.
Sanción Accesoria
Art. 82.- Además de las multas mencionadas en el artículo anterior, a los
responsables de las infracciones se les podrá imponer la demolición acosta del infractor
de las obras y construcciones realizadas, así como la indemnización correspondiente.
Graduación de las Sanciones
Art. 83.- Cuando en la infracción concurra alguna circunstancia agravante, la
multa se impondrá siempre en su grado máximo. Si concurriere alguna circunstancia
atenuante, la multa se impondrá en su grado mínimo. Las mismas reglas se observarán,
según los casos, cuando concurra alguna o algunas de las circunstancias mixtas.
En las urbanizaciones o lotificaciones ilegales el importe de la multa podrá
ampliarse a una cuantía igual a todo el beneficio obtenido, más los daños y perjuicios

Anuario Legislativo 2010 - 2011
ocasionados. La cuantía de la multa nunca será inferior a la diferencia entre el valor
inicial y el de la venta de los lotes correspondientes.
Carácter Independiente de las Sanciones
Art. 84.- Las multas que se impongan a los distintos responsables por una misma
infracción tendrán; entre sí, carácter independiente.
Concurso de Infracciones
Art. 85.- Las sanciones previstas en esta ley, serán aplicadas sin perjuicio de las
consagradas en otras leyes, ni de las acciones civiles, administrativas o penales a que
hubiere lugar.
No podrá sancionarse dos veces a una misma persona por una misma actuación.
Cuando una sola acción u omisión pueda constituir infracción con arreglo a dos o
más normativas se procederá con arreglo a la que imponga la sanción más severa,
incluyendo en la cuantificación de las infracciones previstas en esta ley, la exclusión
de beneficio económico prevista en el artículo siguiente.
Art. 86.- Las actuaciones que constituyan infracción con arreglo a lo previsto en
la presente ley, no pueden suponer beneficio económico para el infractor. Cuando la
suma de la multa impuesta y del costo de las actuaciones de reposición de los bienes
y situaciones a su primitivo estado, arrojase una cifra inferior a dicho beneficio, se
incrementará la cuantía de la multa hasta alcanzar el monto del mismo.
En los casos en que la restauración de la legalidad no exigiere actuación material
alguna ni existan terceros perjudicados, la multa que se imponga al infractor no podrá
ser inferior al beneficio obtenido con la actividad ilegal.
Actos Administrativos
Art. 87.- Los actos administrativos contrarios a los instrumentos de planificación
previstos en esta ley se considerarán nulos.
Los actos administrativos que contravengan las aprobaciones administrativas,
autorizaciones o permisos otorgados conforme a la ley, se considerarán nulos.
En ambos casos, estos actos no podrán generar derechos a favor de sus
destinatarios.
Los funcionarios y empleados públicos que realicen dichos actos administrativos
contrarios a lo establecido en esta ley, incurren en responsabilidad disciplinaria y
administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil, ambiental y penal por los daños
y perjuicios que causen tanto a la Administración Pública o Municipal, como a los
particulares.
Indice Legislativo 293
Parte II

Parte II
294
Asamblea Legislativa
LEYES
Asimismo, los funcionarios y empleados públicos que los adopten incurren en
responsabilidades administrativas, pudiendo ser sancionados con las multas previstas
en la presente ley.
CAPITULO II
COMPETENCIAS SANCIONADORAS
Planes y Normas de Ambito Nacional, Departamental, Local o de Areas Protegidas
Art. 88.- La autoridad competente para imponer las sanciones administrativas por
la comisión de infracciones a lo establecido en los Instrumentos de Planificación a Nivel
Nacional, Departamental o Local; será el Concejo Municipal o los Concejos Municipales,
donde se encuentren ubicadas territorialmente las obras efecto de infracción.
En las infracciones relativas a las áreas de conservación por razones ambientales,
será el Ministerio competente en materia de medio ambiente y recursos naturales,
siguiendo el procedimiento establecido en la Ley respectiva.
Responsabilidad Civil
Art. 89.- La responsabilidad civil derivada de una infracción, podrá ser exigida
ante los Juzgados competentes en materia civil de la jurisdicción respectiva, por
las personas naturales o jurídicas afectadas. Si se tratare de daños o perjuicios en
bienes del Estado, será la Fiscalía General de la República la que ejercerá la acción
correspondiente.
CAPITULO III
PROCEDIMIENTO
Procedimiento Aplicable
Art. 90.- Cuando sea una Autoridad del Gobierno Nacional, la encargada de la
aplicación de las sanciones correspondientes, se aplicará el procedimiento previsto en
la presente ley.
Cuando sea el Gobierno Local la autoridad competente para la aplicación de una
sanción, se aplicará el procedimiento establecido en el Código Municipal y en las
ordenanzas municipales que cada municipalidad emita al respecto.
Inicio del Procedimiento
Art. 91.- El procedimiento administrativo sancionatorio se iniciará de oficio, por
denuncia o por aviso ante la Autoridad competente según el ámbito de ordenamiento
y desarrollo territorial.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Cuando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de
Obras Públicas, los Concejos Municipales y la Fiscalía General de la República, tuvieren
conocimiento por cualquier medio, de la comisión de una infracción de las previstas en
esta ley y en las ordenanzas municipales correspondientes, procederán de oficio y a
prevención, a inspeccionar el lugar o lugares donde se hubiese cometido la infracción,
previa citación de la persona o personas a quienes se atribuyere la infracción. El
acta de inspección que al efecto se levante, constituirá prueba del cometimiento de
la misma y se remitirán las actuaciones al Concejo Municipal o Concejos Municipales
correspondientes.
Actuaciones Previas
Art. 92.- Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionatorio, se
podrán efectuar actuaciones previas por parte de funcionarios de las Autoridades de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial competentes, con el propósito de determinar
con carácter preliminar, la existencia de circunstancias que justifiquen la sanción, sin
perjuicio de la presunción de inocencia.
Medidas Cautelares
Art. 93.- El Concejo Municipal o Concejos Municipales competentes, en
coordinación con la Fiscalía General de la República, podrán ordenar en cualquier
momento desde que tengan conocimiento de la presunta infracción, la adopción de
medidas cautelares destinadas a impedir la continuación de las mismas y limitar los
posibles daños y perjuicios.
Las medidas cautelares tendrán el alcance necesario para conseguir su propósito
y podrán consistir en el cierre de instalaciones; suspensión de procesos constructivos;
precintado de maquinaria, activo de materiales y utensilios; y, cualesquiera otras que
estimen necesarias, de acuerdo a las circunstancias debidamente razonadas.
Instrucción y Sustanciación del Procedimiento
Art. 94.- La instrucción del procedimiento se ordenará mediante resolución
motivada, en la que se indique por lo menos, lo siguiente:
1) El funcionario que ordena la instrucción con expresión del lugar y fecha de
la resolución;
2) Nombramiento del instructor del procedimiento, que actuará por delegación
y del secretario de actuaciones que tendrá asimismo las atribuciones de
notificador;
3) Exposición sucinta de los hechos que justifican la instrucción, la clase de
infracción de que se trate y la sanción que pudiere corresponder;
4) Indicación del derecho de vista de las actuaciones, las leyes y demás
motivaciones jurídicas que justifiquen lo actuado por el presunto infractor,
Indice Legislativo 295
Parte II

Parte II
296
Asamblea Legislativa
LEYES
presentación de pruebas de descargo y derecho a hacer uso de las garantías
del debido proceso;
5) Las medidas de carácter cautelar que se hayan adoptado.
La resolución que ordene la instrucción, se notificará al presunto infractor
observando las formalidades que establece el Código de Procedimientos Civiles y
Mercantiles. En el acto de la notificación, se le entregará al presunto infractor copia del
acta que al efecto se levante y de las actuaciones previas, si las hubiere.
Los supuestos infractores dispondrán del plazo de diez días hábiles, contados a
partir del día siguiente de la notificación citada en el inciso anterior, para presentar las
alegaciones, documentos e informaciones que estimen convenientes y propondrán los
medios probatorios de los que pretendan hacerse valer y señalarán los hechos que
pretendan probar.
Precluido el plazo relacionado en el inciso anterior, se abrirá a pruebas el
procedimiento por el plazo de ocho días hábiles.
Valoración de la Prueba
Art. 95.- Los informes de los funcionarios y agentes de la autoridad solo constituyen,
principios o indicios probatorios, en los casos en que se hubieren producido sin citación
del presunto infractor, en ocasión de actos previos de procedimientos sancionatorios;
en cuyo caso, deberán ser ratificados para su correspondiente valoración.
La prueba se evaluará de conformidad a las reglas de la sana crítica, con facultad
de fijar en cada caso los hechos que deban tenerse por establecidos, mediante examen
o valoración de las mismas, cualquiera que sea su número y calidad.
Sentencia
Art. 96.- Concluido el término de prueba, la autoridad competente dictará sentencia
dentro de cuatro días hábiles, la cual decidirá la imposición o no de las sanciones
administrativas correspondientes y deberá motivarse debidamente, resolviendo todas
las cuestiones planteadas por las partes.
Además de la sanción, se fijará al infractor un plazo prudencial, si fuere procedente,
en el que deberá subsanar las infracciones que dieron lugar al procedimiento
sancionatorio y resarcir en su caso los daños ocasionados por los mismos.
Si la sentencia es condenatoria, deberá expresar la identidad del infractor, las
pruebas que la fundamenten, la disposición legal infringida, la reincidencia si la hubiere
y la sanción respectiva debidamente razonada.
Para los efectos de calificar la reincidencia, la autoridad sancionadora deberá ser
la relación correspondiente.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Recurso de Revisión
Art. 97.- Notificada la sentencia, el interesado contará con un término de cinco
días hábiles a partir de la notificación, para interponer recurso de revisión, para su
reconsideración, reforma o revocación.
La autoridad competente admitirá el recurso de revisión, del cual conocerá y
resolverá con vista de autos, dentro del plazo de quince días hábiles.
Cuando se trate de las municipalidades, se procederá conforme al Código Municipal
y a las ordenanzas correspondientes.
Ejecución de la Sentencia
Art. 98.- Si no se interpusiere dentro del plazo legal el recurso de revisión contra
la sentencia, ésta quedará firme.
Si en la sentencia se condenare al infractor al pago de una multa, ésta deberá
cancelarse a la autoridad correspondiente, según su ámbito, dentro de los siete días
hábiles siguientes al de la fecha de la notificación de la resolución que declara firme la
sentencia, para lo cual la autoridad sancionatoria competente extenderá al infractor el
mandamiento de pago correspondiente en el mismo acto de la notificación.
Cuando el obligado al pago de la multa no lo hiciere efectivo en el término señalado
en el inciso anterior, el Comité Departamental, los Concejos Municipales o la Fiscalía
General de la República, a petición de la autoridad sancionatoria, la harán efectiva
por la vía ejecutiva. Para tal fin, la certificación de la sentencia y de la resolución
que la declare firme extendida por la autoridad sancionatoria, tendrá fuerza ejecutiva,
pudiendo utilizarse el sistema de fotocopia certificada notarialmente, si fuere necesario.
El retraso en el pago de toda multa que se aplique de conformidad a esta ley,
devengará el interés moratorio establecido legalmente para las obligaciones tributarias
en mora.
TITULO XI
DISPOSICIONES GENERALES
Plazos
Art. 99.- Los plazos establecidos en esta ley se entienden expresados en días
hábiles.
Elaboración y Adaptación de los Planes Locales
Art. 100.- Los Municipios procederán a la elaboración y aprobación de los Planes
de Desarrollo Urbano y Rural o Esquemas de Desarrollo Urbano, dentro del plazo
máximo de cinco años improrrogables, contados a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Indice Legislativo 297
Parte II

Parte II
298
Asamblea Legislativa
LEYES
Los planes que se hallen legalmente vigentes al momento de la entrada en vigencia
de la presente ley, deberán adaptarse a su contenido en el plazo máximo de dos años
improrrogables, contados a partir de dicha fecha.
Transcurrido el plazo establecido en el inciso anterior, la autoridad competente en
materia de ordenamiento y desarrollo territorial, procederá con arreglo a lo previsto en
la presente ley para la elaboración y aprobación subsidiaria de los correspondientes
Esquemas de Desarrollo Urbano.
Régimen de Autorizaciones
Art. 101.- Hasta que no se aprueben los Planes de Desarrollo Urbano y Rural
o Esquemas de Desarrollo Urbano previstos en la presente ley, corresponderá a la
Autoridad Competente en materia de ordenamiento y desarrollo territorial autorizar
la realización de urbanizaciones o lotificaciones con arreglo a lo establecido en los
ordinales siguientes:
1) La ejecución de urbanizaciones o lotificaciones, podrá autorizarse en
toda clase de terrenos que no se hallen incluidos en un área protegida,
en virtud de lo dispuesto en los planes previstos en esta ley, la legislación
ambiental, la legislación protectora del patrimonio cultural o la reguladora de
infraestructuras públicas.
2) No podrá autorizarse urbanizaciones o lotificaciones en terrenos que no
cumplan las condiciones exigidas para la prevención de riesgos naturales.
Corresponderá asimismo a la Autoridad Competente en materia de ordenamiento
y desarrollo territorial, el otorgamiento de autorizaciones de construcción en los
Municipios que no cuenten con Planes de Desarrollo Urbano y Rural o Esquemas de
Desarrollo Urbano, aprobados con arreglo a lo dispuesto en la presente ley. Estas
autorizaciones podrán otorgarse únicamente en zona urbana consolidada y no podrán
implicar lotificación.
En los municipios incluidos en el ámbito del Área Metropolitana de San Salvador y
de los municipios aledaños, seguirá aplicándose el régimen competencial previsto en
la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador
y de los Municipios Aledaños.
Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
Art. 102.- Las disposiciones contenidas en la presente ley, en relación a los
Instrumentos de Ordenamiento y Desarrollo Territorial con excepción de las referidas a
su procedimiento de elaboración y aprobación, serán aplicables a los instrumentos de
homóloga naturaleza que; en su caso, hubiere elaborado o aprobado la Administración
Pública o Municipal antes de la entrada en vigencia de la presente ley.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Derogatorias
Art. 103.- Deróganse todas aquellas disposiciones que contradigan la presente
ley.
Especialidad
Art. 104.- Esta ley es de carácter especial y prevalecerá sobre cualquier otra
disposición que la contraríe.
Disposición Transitoria
Art. 105.- Dentro del período comprendido entre la aprobación de esta ley y
su fecha de entrada en vigencia, se asignarán los recursos necesarios para la
debida aplicación de la misma y se elaborarán y aprobarán los planes nacionales y
departamentales.
Vigencia
Art. 106.- La presente Ley entrará en vigencia doce meses después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once
días del mes de marzo del año dos mil once.
Nota:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 97, inciso 31 del Reglamento Interior
de este Órgano del Estado, se hace constar que el presente Decreto fue devuelto con
observaciones por el Presidente de la República, el día 4 de abril de 2011; resolviendo
esta Asamblea Legislativa no aceptar dichas observaciones, en Sesión Plenaria
celebrada el 14 de julio del presente año.
Elizardo González Lovo,
Tercer Secretario.
D. O. Nº 143, Tomo Nº 392, Fecha: 29 de julio de 2011
Indice Legislativo 299
Parte II

Parte II
DECRETO Nº 645
300
Asamblea Legislativa
LEYES
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el artículo 3 de la Constitución, establece como principio, que
todas las personas son iguales ante la Ley, lo cual se reitera en el texto
constitucional, donde también se indica que, para el goce de los derechos
que este principio implica, no podrán establecerse restricciones que se
basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión.
II.- Que El Salvador es Estado parte de los Tratados y Convenciones
Internacionales y Regionales de Derechos Humanos que postulan la
igualdad de los seres humanos en el goce de tales derechos.
III.- Que es obligación del Estado la eliminación de todas las formas de
discriminación que de manera directa e indirecta, impiden a las mujeres
salvadoreñas el pleno ejercicio de la ciudadanía y el disfrute de los
derechos que esta condición admite.
IV.- Que a fin de darle cumplimiento al artículo 3 de la Ley del Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, que establece que dicha
Institución tendrá por objeto diseñar, dirigir, ejecutar, asesorar y velar por el
cumplimiento de la Política Nacional de la Mujer, es necesario fortalecer su
marco institucional.
V.- Que la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres, en todas las esferas
de la vida colectiva, son condiciones fundamentales para el logro del
desarrollo, la gobernabilidad, la paz y la plena democracia en El Salvador.
VI.- Que es necesario contar con un instrumento legal que desarrolle el
principio constitucional de igualdad en forma jurídica, política, democrática
y administrativamente pedagógica, que fundamente la Política de Estado
para articular la acción de los Organos Públicos a favor de la igualdad de
mujeres y hombres de El Salvador.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las Diputadas y los
Diputados: Othon Sigfrido Reyes Morales, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Irma
Lourdes Palacios Vásquez, Karla Gisela Abrego Cáceres, Héctor Antonio Acevedo
Moreno, Marta Lorena Araujo, Norma Cristina Cornejo Amaya, Blanca Noemí Coto
Estrada, Rosa Alma Cruz de Henríquez, Nery Arely Díaz de Rivera, Emma Julia Fabián
Hernández, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Jorge Schafik Handal Vega Silva,
Rolando Mata Fuentes, Orestes Fredesmán Ortez Andrade, Inmar Rolando Reyes,
José Mauricio Rivera, Jackeline Noemí Rivera Ávalos, Pedrina Rivera Hernández,
Gilberto Rivera Mejia, Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza, Karina Ivette Sosa de Lara,

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Ramón Arístides Valencia Arana y Margarita Velado; y con el apoyo a la misma de
las Diputadas y los Diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, José Francisco Merino López,
Francisco Roberto Lorenzana Durán, Roberto José d’Aubuisson Munguía, José Antonio
Almendáriz Rivas, Ernesto Antonio Angulo Milla, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón,
Darío Alejandro Chicas Argueta, José Álvaro Cornejo Mena, Valentín Arístides Corpeño,
Carlos Cortez Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas, Santos Eduviges Crespo Chávez,
Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, Antonio Echeverría Veliz, Margarita Escobar,
Omar Arturo Escobar Oviedo, Julio César Fabián Pérez, Carmen Elena Figueroa
Rodríguez, Santiago Flores Alfaro, Eduardo Antonio Gomar Morán, Ricardo Bladimir
González, Rafael Antonio Jarquín Larios, Gladis Marina Landaverde Paredes, Benito
Antonio Lara Fernández, Alejandro Dagoberto Marroquín, Mario Marroquín Mejía,
Guillermo Francisco Mata Bennett, Misael Mejía Mejía, Guillermo Antonio Olivo Méndez,
Rubén Orellana, Mariela Peña Pinto, Mario Antonio Ponce López, Gaspar Armando
Portillo Benítez, Zoila Beatriz Quijada Solís, Carlos Armando Reyes Ramos, David
Ernesto Reyes Molina, Santos Adelmo Rivas Rivas, David Rodríguez Rivera, Marcos
Francisco Salazar Umaña, Patricia María Salazar Mejía, César Humberto Solórzano
Dueñas, Manuel Rigoberto Soto Lazo, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Mario Eduardo
Valiente Ortiz y Ana Daysi Villalobos de Cruz.
DECRETA, la siguiente:
LEY DE IGUALDAD, EQUIDAD Y ERRADICACION DE LA
DISCRIMINACION CONTRA LAS MUJERES
Capítulo I
Garantía, Aplicación de la Ley y Principios Rectores
Art. 1.- Garantía de Cumplimiento del Principio Constitucional de Igualdad
Por medio de la presente ley, el Estado ratifica su compromiso con la plena
aplicación del Principio Constitucional de Igualdad de las personas y el cumplimiento
de las obligaciones derivadas en este principio aplicables a la legislación nacional y a
la acción efectiva de las Instituciones del Estado.
De conformidad con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, CEDAW, esta ley prohíbe la discriminación, de derecho
o de hecho, directa o indirecta, contra las mujeres.
Este compromiso, expresa la voluntad política del Estado de hacer de la igualdad
y la erradicación de la discriminación contra las mujeres, una exigencia fundamental
de sus actuaciones en las iniciativas públicas y privadas, para que el principio
constitucional se cumpla real y efectivamente en los hechos, como condición para el
logro de una sociedad democrática, solidaria, justa, respetuosa de las diferencias y
capaz de crear las condiciones de libre y pleno ejercicio de los derechos y de todas
las capacidades jurídicas que confiere la ciudadanía salvadoreña en todos los ámbitos
del quehacer colectivo.
Indice Legislativo 301
Parte II

Parte II
302
Asamblea Legislativa
LEYES
La garantía efectiva del Principio de Igualdad expresa que, para el Estado, mujeres
y hombres son iguales ante la ley y equivalentes en sus condiciones humanas y
ciudadanas; por tanto, son legítimamente, merecedoras y merecedores de igual
protección de sus derechos por las Instituciones competentes y no podrán ser objeto
de ningún tipo de discriminación que impida el ejercicio de tales derechos. En razón
de lo anterior, las leyes y normas que aún mantengan disposiciones de exclusión y
disminución de los derechos y capacidades jurídicas de las mujeres, se consideran
discriminatorias a los efectos de la presente ley.
Art. 2.- Objeto de la Ley
La presente ley es fundamento de la Política del Estado en la materia; y como tal,
está obligado a su cumplimiento. Su objeto es crear las bases jurídicas explícitas que
orientarán el diseño y ejecución de las políticas públicas que garantizarán la igualdad
real y efectiva de mujeres y hombres, sin ningún tipo de discriminación, en el ejercicio
y goce de los derechos consagrados legalmente. A tal fin, la presente ley como
fundamento de la Política del Estado:
a) Establece los principios, propósitos y lineamientos normativos fundamentales
que las políticas gubernamentales u otras instituciones del Estado deben
contemplar, para asegurar las condiciones administrativas, socio políticas
y culturales que exigen la igualdad de derecho, la igualdad de hecho y la
eliminación de las discriminaciones entre las y los ciudadanos salvadoreños.
b) Orienta la actuación de las instituciones nacionales y municipales
responsables de su ejecución.
c) Regula las iniciativas que promuevan la igualdad efectiva y la erradicación
de discriminación en instituciones del Estado.
Art. 3.- Ámbito de Aplicación
La presente ley es de interés social y de aplicación general e involucra a todos los
ámbitos de la vida social, económica, política y cultural de la República de El Salvador.
Las disposiciones, derechos y obligaciones establecidas en esta ley son de
aplicación a toda persona natural o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio
salvadoreño, quienes gozarán de la protección de sus derechos conforme lo establecen
los acuerdos internacionales y las normas nacionales aplicables.
Otros entes y organizaciones de carácter estatal, independientemente de su
naturaleza, quedarán obligados a lo que en cada caso disponga la presente ley.
Art. 4.- Alcances de la Ley
Para el cumplimiento de la presente ley, las instituciones del Estado, de acuerdo
con sus competencias, deberán realizar acciones permanentes orientadas hacia los
siguientes aspectos de alcance general:

Anuario Legislativo 2010 - 2011
1. Eliminación de los comportamientos y funciones sociales discriminatorias,
que la sociedad asigna a mujeres y hombres respectivamente; las cuales
originan desigualdades en las condiciones de vida, y en el ejercicio de
los derechos en la posición, en la valoración social de las capacidades
humanas de las unas con respecto a los otros y en la vida pública.
2. Lograr la igualdad de mujeres y hombres en todas las esferas de la vida
personal colectiva; así como, la eliminación de los factores que impiden
desarrollar sus capacidades para tomar decisiones sobre su vida sin
limitaciones derivadas de patrones culturales discriminatorios.
3. Desarrollar pautas de socialización de mujeres y hombres, basadas en el
reconocimiento de la plena equivalencia humana, política, social, económica
y cultural de ambos, en el mutuo respeto a sus diferencias de cualquier tipo;
en el respeto de sus potencialidades y talentos personales y colectivos;
en el reconocimiento de su corresponsabilidad y de sus contribuciones
equivalentes a la subsistencia y supervivencia humana; de sus aportes
al desarrollo, la democracia, y de sus capacidades para participar en la
dirección y conducción de la sociedad.
4. Eliminación de los obstáculos al desempeño e intervención de las mujeres
en todas las áreas del quehacer colectivo e individual y a la creación de
condiciones que faciliten, propicien y promuevan la participación igualitaria
de las mujeres y hombres en el pleno ejercicio de todos sus derechos.
5. Armonización de las leyes, reglamentos, resoluciones o cualquier otro acto
jurídico o administrativo originado en las instituciones del Estado que limiten
o nieguen los principios de igualdad, no discriminación y los derechos entre
mujeres y hombres.
Art. 5.- Principios Rectores
La presente Ley se fundamenta en los principios de Igualdad, Equidad, No
discriminación, Respeto a las diferencias entre hombres y mujeres, y Transversalidad.
Se reconoce la paridad como un valor y un fin para la garantía de la democracia. Se
considera como paridad la promoción de la participación de representación equitativa
de mujeres y hombres en todos los ámbitos: sociales, económicos y políticos.
A efectos del artículo anterior, los Principios Rectores se definen como:
1. Igualdad: Se entenderá como igualdad para la presente Ley:
a) Un derecho individual y colectivo; por tal razón, su protección deberá
ser exigida cuando su incumplimiento o violación afecte significativa
y negativamente el ejercicio de los derechos ciudadanos, en ambas
circunstancias.
Indice Legislativo 303
Parte II

Parte II
304
Asamblea Legislativa
LEYES
b) El derecho de las y los ciudadanos a recibir, por parte de las instituciones
del Estado, igual respeto, trato y protección de los derechos y garantías
consagrados en la Constitución y en las leyes secundarias; así como,
en las disposiciones incluidas en las Convenciones y Tratados
Internacionales ratificados por El Salvador.
c) La plena realización de la igualdad real a través de la protección,
aplicación y cumplimiento de las obligaciones derivadas de los derechos
establecidos en el ordenamiento jurídico, así como en las normas,
decisiones, procedimientos, prácticas y acciones administrativas de
las instituciones públicas del Estado.
d) Igualdad de Oportunidades: Se refiere a la igualdad y equiparación de
las condiciones para la exigencia de los recursos y los beneficios que
permiten a cada persona acceder por sí misma, a la garantía de los
derechos que establecen las leyes en todos los ámbitos.
e) Igualdad de trato: Se refiere al establecimiento de beneficios justos y
equivalentes, en los grupos discriminados, marginados o vulnerados a
causa de alguna diferencia.
2. Equidad: Son las acciones que conducen a la igualdad. Por lo cual las
instituciones del Estado deberán hacer uso de las acciones positivas, como
instrumentos de justicia social y como mecanismos de corrección que
eliminen las discriminaciones y desigualdades de hecho entre mujeres y
hombres. Para el empleo de dichas acciones, pondrán especial atención
en aquellos colectivos de mujeres en cuya situación y posición concurran
múltiples discriminaciones.
3. No discriminación: Se refiere a la prohibición de la discriminación de derecho
o de hecho, directa o indirecta, contra las mujeres; la cual se define como,
toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por
objeto o por resultado menoscabar o anular el ejercicio por las mujeres,
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todas las
esferas, con independencia de sus condiciones socio económicas, étnicas,
culturales, políticas y personales de cualquier índole.
La discriminación será:
a) Directa: Cuando por razón de sexo, la persona o el colectivo afectado
ha sido tratado en desventaja frente a otro.
b) Indirecta: Cuando por razón de sexo, una norma, disposición, criterio
o práctica produzca desventajas para las mujeres respecto de los
hombres, aun cuando en su texto no exprese discriminación directa.
4. Respeto a las diferencias entre hombres y mujeres: Se entenderá como el
derecho de las personas a vivir legítimamente y en igualdad de derechos
ciudadanos, sin discriminaciones basadas en características biológicas, de
género, preferencias ideológicas y culturales, así como las que se derivan

Anuario Legislativo 2010 - 2011
de necesidades e intereses específicos de género de mujeres y hombres. En
tal sentido, no son admisibles excepciones al principio de igualdad que den
lugar a actos discriminatorios.
5. Transversalidad: Se entenderá como el enfoque estratégico que tiene como
finalidad la integración igualitaria de las necesidades, intereses, experiencias
y contribuciones de mujeres y hombres en las leyes, políticas y ejecutorias
de las instituciones del Estado y en otras organizaciones mencionadas en
esta ley.
Art. 7.- Organismo Rector
El Organismo Rector para promover y apoyar la implementación de la presente
ley en todas las instancias del Estado, es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
de la Mujer, en adelante ISDEMU, que deberá adecuar sus funciones para garantizar el
cumplimiento de la misma.
Para lograr que su desempeño sea eficiente, el Estado deberá fortalecerlo política,
administrativa y técnicamente; así como, dotarlo de los recursos estructurales y
financieros necesarios para su funcionamiento.
Art. 8.- Funciones del Organismo Rector
Son funciones del ISDEMU:
1) Elaborar un “Plan Nacional de Igualdad” que contenga los lineamientos de
la Política de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación, que dé
cumplimiento a la presente ley.
2) Evaluar, diseñar, proponer y apoyar iniciativas dentro del orden institucional
del Estado y de la sociedad, que conduzcan a la construcción y consolidación
de una cultura social y política de erradicación de la discriminación de género
y a favor de la igualdad y equidad.
3) Proponer y coordinar la incorporación sistemática del Principio de
Transversalidad de la igualdad y no discriminación, en el diseño y formulación
de las políticas públicas en las instituciones del Estado.
4) Cooperar técnicamente con el fortalecimiento de las instancias públicas
obligadas a su protección y vigilancia.
5) Dar seguimiento y participar coordinadamente con los organismos
responsables, en el cumplimiento de los compromisos regionales e
internacionales contraídos por el Estado, relacionados con la salvaguarda
de la igualdad y de los derechos de las mujeres.
6) Contribuir a la concientización amplia en la población sobre la importancia
que, para el desarrollo social, el crecimiento económico, la gobernabilidad
Indice Legislativo 305
Parte II

Parte II
306
Asamblea Legislativa
LEYES
y la democracia, sólo se logra con el ejercicio pleno de los derechos de las
mujeres.
7) Promover, difundir y fomentar el conocimiento y sensibilización de la
presente ley, en el sector público y privado.
8) Velar por el estricto cumplimiento de la presente ley, promoviendo en su
caso la investigación correspondiente, en los casos de incumplimiento de la
misma, a fin de determinar las recomendaciones pertinentes y las sanciones
respectivas.
Capítulo II
Instrumentos de las Políticas de Igualdad y Erradicación de la Discriminación
Art. 9.- Alcance del Principio de Transversalidad
En cumplimiento de compromisos regionales e internacionales contraídos por el
Estado en materia de políticas de igualdad y erradicación de la discriminación, las
instituciones del Estado deberán integrar los Principios de Igualdad y No discriminación
en todas las políticas, normativas, procedimientos y acciones desarrolladas en
el ejercicio de sus respectivas competencias, por lo que están obligados por tales
compromisos, a aplicar la estrategia metodológica de transversalidad del enfoque de
género.
Art. 10.- Criterios de Aplicación del Principio de Transversalidad en la Actuación
de las Instituciones del Estado
Son criterios de aplicación los siguientes:
a) La perspectiva conceptual, metodológica y técnica del enfoque de género,
cuyo objetivo es descubrir y reconocer las desigualdades y discriminaciones
existentes entre las personas, creadas sobre la base de las diferencias
sexuales, y que produzcan desventajas, para mujeres o para los hombres, en
el disfrute de los derechos ciudadanos en todos los ámbitos de la sociedad.
b) La estrategia de transversalidad del enfoque de género, se aplicará de
forma progresiva y coordinada en el diseño, implementación, seguimiento
y evaluación de las políticas públicas estatales y de otros instrumentos,
procedimientos, mecanismos y normativas en las instituciones del Estado.
Art. 11.- De la Coordinación de las Instituciones del Estado
El ISDEMU, como organismo rector, velará por el cumplimiento de la aplicación de
la estrategia de transversalidad de los Principios Rectores de esta ley, de la coordinación
entre las instituciones y de la formulación y evaluación de los Planes de Igualdad.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Para el cumplimiento de esta obligación, el ISDEMU desarrollará las siguientes
acciones:
a) Promover y apoyar la creación de mecanismos de coordinación
institucionales para garantizar la aplicación de la transversalidad de los
principios rectores de esta ley en la formulación y ejecución de las políticas
y planes nacionales, descentralizados y sectoriales.
b) Asesorar a las instituciones del Estado en la materia objeto de esta ley.
c) Conocer sobre situaciones de discriminación de las mujeres y emitir las
resoluciones correspondientes, a fin de que sean remitidas a las instancias
del Estado competentes.
d) Formular y proponer por las vías competentes, proyectos de ley y reglamentos
que sean necesarios para el logro de la igualdad y la eliminación de las
discriminaciones contra las mujeres.
e) Gestionar y proporcionar apoyo técnico para el establecimiento de Unidades
de Género en las diferentes instituciones del Estado, para el logro de un
funcionamiento coordinado en relación al cumplimiento de la presente ley.
Art. 12.- Formulación y Evaluación de los Planes de Igualdad y Erradicación de la
Discriminación
El gobierno, a través del ISDEMU, aprobará en cada período administrativo, un Plan
Nacional que exprese y desarrolle de manera global y coordinada, los lineamientos de
la política gubernamental y la estrategia general que en materia de igualdad y combate a
la discriminación, se deba aplicar a los objetivos y acciones que orientarán la actividad
de las instituciones del Estado. El Plan Nacional de Igualdad se fundamentará en los
principios y mandatos que esta ley establece.
Los gobiernos locales deberán elaborar sus propios planes de igualdad dentro
del marco de los lineamientos y objetivos del plan nacional y en coherencia con el
desarrollo que se espera de ellos, de acuerdo con sus capacidades y autonomía.
El gobierno central y los gobiernos locales garantizarán la ejecución de los
respectivos planes de igualdad, mediante la asignación de los recursos financieros y
administrativos necesarios.
Art. 13.- Presupuestos de Género
La presente ley establece que la elaboración de los presupuestos con enfoque de
género, deberán tener en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y hombres,
para potenciar la igualdad y acciones equitativas que hagan realidad los compromisos
gubernamentales con la equidad y la igualdad.
El Estado deberá incorporar en su presupuesto los recursos necesarios para dar
cumplimiento a la presente ley.
Indice Legislativo 307
Parte II

Parte II
308
Asamblea Legislativa
LEYES
La asignación presupuestaria del ISDEMU deberá contemplar los recursos
específicos necesarios que le permitan velar por la implementación de esta ley.
Art. 14.- De las Estadísticas e Indicadores
Las instituciones del Estado deberán desagregar por sexo la recopilación, análisis
y publicación de toda la información estadística relevante para el objeto y mandatos de
esta ley; así como, realizar los estudios y crear los instrumentos que permitan desarrollar
indicadores que faciliten el conocimiento de las situaciones de discriminación y de
brechas existentes en la situación y posición de mujeres y hombres en los diversos
ámbitos de actividad de la sociedad salvadoreña para brindar fundamento objetivo a
las políticas de igualdad.
Así mismo la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de
Economía, deberá incorporar la variable de sexo en todo el Sistema Estadístico Nacional
de manera progresiva a fin de recuperar, registrar, organizar, centralizar, conservar y
suministrar información a quienes institucionalmente corresponda.
Créase el Centro de Información en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de
la Mujer, que en coordinación con la Dirección General de Estadísticas y Censos y las
instituciones del Estado correspondientes, deberá diseñar un Sistema de Indicadores,
así como recopilar, formular, sistematizar y publicar la información que reciba, a fin
de promover la formulación de estudios o investigaciones académicas y de Políticas
Públicas.
Art. 15.- Erradicación del Sexismo en el Lenguaje Institucional y Social
A los efectos de esta ley, se entenderá por uso no sexista del lenguaje la utilización
de aquellas expresiones lingüísticamente correctas sustitutivas de aquellas que, aun
siendo correctas o no, ocultan lo femenino o lo sitúan en un plano secundario o de
menor valor respecto al masculino.
El Estado promoverá sistemáticamente la eliminación del uso sexista del lenguaje
y las expresiones discriminatorias contra las mujeres, en todos los mensajes de su
marco institucional. El ISDEMU, brindará apoyo de información y formación al personal
al servicio de las instituciones del Estado para dar cumplimiento a esta norma. También
realizará acciones que promuevan la erradicación del uso sexista del lenguaje en la
vida social.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Capítulo III
Promoción y Protección de la Igualdad y no Discriminación en el Derecho
a la Educación y Participación Política
Art. 16.- Principios Generales de la Política de Igualdad y No Discriminación en
Materia de Educación
El Estado adopta la transversalización del principio constitucional de la igualdad y
del principio de no discriminación de las personas por razones de sexo como objetivo
fundamental a lograr en todas las actividades educativas dentro de sus competencias.
A tal efecto, desarrollará las acciones que garanticen la educación para la igualdad y
no discriminación entre mujeres y hombres en todo el territorio nacional.
La promoción y protección de la igualdad en educación abarcará la adopción de
normas explícitas, enfoques conceptuales y pedagógicos, criterios técnicos y métodos
didácticos que garanticen la promoción de la igualdad, equidad y no discriminación
entre mujeres y hombres en las siguientes esferas de la acción educativa:
a) En los planes de estudio, en los contenidos curriculares y en los métodos
de evaluación de todos los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del
sistema educativo.
b) En la formación y en la práctica profesional del personal docente de todas
las áreas.
c) En los textos, publicaciones, recursos didácticos y material de apoyo
docente.
d) En los procedimientos que aseguran el acceso y permanencia dentro del
sistema educativo.
Art. 17.- Criterios que Orientarán la Educación para la Igualdad y no Discriminación
de Mujeres y Hombres
El propósito de la educación para la igualdad y no discriminación de mujeres y
hombres, deberá expresarse en las esferas de atención señaladas en el artículo anterior,
tomando en consideración, entre otros, los criterios que se citan a continuación:
1. Igualdad en la oferta educativa sin discriminación por género.
2. Acceso real e igualitario de mujeres y hombres a todas las modalidades y
niveles del sistema educativo.
3. Eliminación de lenguajes sexistas.
4. Reconocimiento de las contribuciones históricas de las mujeres.
5. Desarrollo de actitudes de co-responsabilidad de mujeres y hombres en
las tareas de mantenimiento y cuidado del ámbito doméstico, familiar y de
personas adultas mayores.
Indice Legislativo 309
Parte II

Parte II
310
Asamblea Legislativa
LEYES
6. Prevención de la violencia contra las mujeres.
7. Promoción del respeto a las diferencias étnicas, culturales y entre hombres
y mujeres.
8. Eliminación de actitudes discriminatorias basadas en factores étnicos,
sexuales, raciales, religiosos o discapacidades.
9. Orientación vocacional en áreas no tradicionales para ambos géneros o
donde están representados.
10. Educación que se base en valores y principios, y que permita la formación
sobre responsabilidades, prevención de riesgos y auto cuidado en salud
integral.
11. Acciones positivas en el otorgamiento de becas a mujeres que por
maternidad han tenido que retrasar sus estudios en su edad reproductiva.
12. Igualdad en acceso a facilidades públicas: Premios y financiamientos.
13. Igualdad en las dotaciones bibliotecarias y bibliográficas para que recojan
los aportes de las mujeres al acervo cultural y científico.
No podrá impedírsele a ninguna mujer, en ninguna etapa de su ciclo educativo, el
acceso, permanencia y finalización de sus estudios por razones de discriminación
basadas en su género. Así mismo no podrá impedírsele a mujeres, por razones de
embarazo el acceso, permanencia y finalización de sus estudios.
El Ministerio de Educación conforme a las posibilidades presupuestarias, deberá
considerar en los Programas de Becas de estudios básico, medio, superior o técnico,
o en otros programas de apoyo formativo a las siguientes mujeres:
1) Niñas y adolescentes que por embarazo han interrumpido su proceso
educativo.
2) Mujeres que por discapacidad, vulnerabilidad social, económica y territorial,
no puedan accesar, permanecer y finalizar sus estudios.
En ambos casos el interés de continuar estudiando será expresado por parte de
las niñas, adolescentes o mujeres previo cumplimiento de los requisitos académicos
pertinentes.
Art. 18.- Educación Superior
El gobierno, a través del ISDEMU y del Ministerio de Educación, fomentará, sin
vulnerar la autonomía y libertad establecida en la Ley de Educación Superior o las
instituciones de Educación Superior, la inclusión de la perspectiva de género en los
planes de estudio, proyectos de investigación, otorgamiento de becas con criterios de

Anuario Legislativo 2010 - 2011
igualdad de género, acceso a las carreras tradicionales y no tradicionales en igualdad
de condiciones para mujeres y hombres, y apoyo a la mujer en su inserción laboral.
Art. 19.- Formación Profesional, Vocacional, Artística y Deportiva
Le compete al Estado:
a) Garantizar la igualdad y no discriminación de géneros en las actividades
correspondientes a las disciplinas deportivas y culturales, dirigidas a
contribuir al desarrollo físico saludable, al enriquecimiento y desarrollo de
talentos artísticos e intelectuales y al entretenimiento de mujeres y hombres.
b) Velar por que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente el
acceso a las disciplinas descritas en el literal anterior.
Art. 20.- Sobre la Promoción de Igualdad en el Ejercicio de los Derechos Políticos
Se promoverán la igualdad de mujeres y hombres en el ejercicio de los derechos
políticos, incluidos entre otros, los derechos al voto, la elegibilidad, el acceso a todas
las instancias y niveles de toma de decisiones, así como la libertad de organización,
participación y demás garantías civiles y políticas.
Art. 21.- Promoción de la Igualdad en las Organizaciones Políticas
Los partidos políticos legalmente establecidos, a fin de garantizar la mayor
participación democrática en los procesos de elección de sus autoridades y de
candidatos y candidatas para las diferentes elecciones en que participen, promoverán
acciones que permitan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
establecida en esta ley, a fin de asegurar la no discriminación de las mujeres en las
instancias internas y de representación.
Art. 22.- La Igualdad en los Procesos Electorales
Se fomentará en los procesos electorales la participación política de la mujer en
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la equidad de género en el país y
sobre las políticas públicas que las garantizan.
Art. 23.- Promoción de la Participación de Mujeres en Organos de Dirección
Todas las instituciones y organizaciones acreditadas por el gobierno deberán
promover y sensibilizar la participación en igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres en las posiciones y en los procesos de toma de decisiones, en especial en
sus órganos de dirección.
Indice Legislativo 311
Parte II

Parte II
312
Asamblea Legislativa
LEYES
Capítulo IV
Promoción y Protección de la Igualdad y no Discriminación en los Derechos
Económicos y Laborales
Art. 24.- De la Igualdad y no Discriminación en la Participación Económica
El gobierno garantizará la igualdad y no discriminación de las mujeres en su
participación económica, a través de los organismos directamente vinculados al
fomento y gestión del desarrollo económico y en coordinación con los organismos
competentes de la materia.
Realizará acciones que contribuyan a la participación activa e igualitaria de mujeres
y hombres en las decisiones, disposición y control de los medios de producción que
les permitan igualdad en el acceso al desarrollo económico y a las oportunidades del
goce de sus beneficios.
Con el propósito de potenciar la autonomía económica de las mujeres, el ISDEMU
en alianza con los organismos competentes, gestionará la creación y fortalecimiento
de las empresas de mujeres, mediante el desarrollo de las siguientes actividades:
a) Procesos de formación.
b) Asistencia técnica.
c) Transferencia tecnológica.
d) Incentivos fiscales.
e) Acceso a créditos blandos.
f) Oportunidades de comercialización.
g) Impulso a la competitividad solidaria.
El gobierno, a través del ISDEMU, promoverá y creará programas especiales para
las mujeres que por su condición de vulnerabilidad social, económica, cultural y
ambiental, requieren una atención especializada; asimismo, las instituciones del Estado
con competencia en el otorgamiento de créditos y programas de emprendimiento
económico y las Asociaciones Cooperativas, establecerán normas explícitas que
garanticen el trato igualitario y justo para el fomento de la autonomía económica de
las mujeres.
El Estado previa la calificación correspondiente, otorgará incentivos a las
instituciones crediticias que fomenten programas especiales de emprendimiento
económico para las mujeres.

Art. 25.- De la Participación Igualitaria en el Empleo
Anuario Legislativo 2010 - 2011
El Estado deberá aplicar los siguientes lineamientos en sus políticas de empleo y
acciones de inserción laboral, tomando en consideración la brecha entre lo rural y lo
urbano y las condiciones de trabajo para superar desventajas para las mujeres:
a) Incluir en las políticas de empleo las disposiciones contenidas en la presente
ley, a fin de lograr la igualdad en el ejercicio de los derechos laborales de
mujeres y hombres.
b) Los requisitos y criterios de selección de personal que se establezcan,
deberán contemplar la igualdad de mujeres y hombres y la eliminación de
cualquier sesgo sexista, en detrimento de la igualdad de oportunidades y la
igualdad de trato.
c) Las ofertas de empleo deberán ser anunciadas sobre la base de los requisitos
exigibles para su desempeño, sin tener como criterio de aceptabilidad el
sexo.
d) El organismo competente en la materia de capacitación laboral y demás
instituciones encargadas de ofrecer capacitación para el fomento del empleo
o del mejoramiento laboral, deberán considerar la igualdad de oportunidades
y de trato, tanto en los cupos que se asignen para estas actividades, como
en los contenidos que se impartan.
e) Las normativas públicas de inspección laboral deberán contener criterios de
transversalidad enunciados en esta ley.
f) Las y los empleadores adoptarán medidas especiales para hacer efectiva la
existencia de plazas para mujeres y hombres, de conformidad a la Ley de
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.
g) La eliminación de cualquier diferenciación salarial entre hombres y mujeres
en razón del desempeño de un mismo cargo y función laboral.
h) La promoción de normativas encaminadas a regular y homogenizar las
condiciones laborales de las trabajadoras domésticas a fin de que las
mismas gocen de los beneficios y prestaciones laborales establecidas en el
Código de Trabajo.
El Estado a través de las instancias correspondientes, definirá y ejecutará políticas
dirigidas a prevenir y erradicar el acoso sexual, acoso laboral y otros acosos generados
en las relaciones laborales, en los diferentes regímenes de aplicación.
Indice Legislativo 313
Parte II

Parte II
314
Asamblea Legislativa
LEYES
Capítulo V
Promoción y Protección de la Igualdad y no Discriminación en los Derechos a la
Salud y Otros Derechos Sociales y Culturales
Art. 26.- Igualdad y no Discriminación en la Atención a la Salud integral y a la Salud
Sexual y Reproductiva
El Estado adoptará la transversalización del principio constitucional de la igualdad
y la no discriminación entre mujeres y hombres como objetivo fundamental a lograr en
todas las actividades vinculadas a las responsabilidades públicas en salud.
El Estado, en atención a las obligaciones que le confiere la Constitución, postula
como derechos fundamentales en materia de salud integral, salud sexual y salud
reproductiva: El derecho a recibir información calificada sobre las materias vinculadas
a estos derechos; el derecho a recibir servicios de prevención de riesgos en esta
materia; y, el derecho a la atención integral.
El Ministerio de Salud garantizará la protección de los derechos a la salud integral,
a la salud sexual y reproductiva, y la igualdad y equidad en el acceso y atención en los
servicios correspondientes.
En el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y planes de salud, se aplicarán
los siguientes lineamientos generales:
a) Acceso de mujeres y hombres, sin discriminación alguna y en todas las
etapas de su vida, a información educativa, a servicios gratuitos y de buena
calidad, para la atención de la salud integral.
b) Acceso universal de niñas, niños, adolescentes, adultas y adultos, a
información y educación científica y actualizada, adecuada al ciclo vital,
oportuna, veraz, suficiente y completa sobre el ejercicio responsable de la
sexualidad, auto cuidado y prevención de riesgos en salud sexual y salud
reproductiva, así como acceso a los servicios públicos de información,
atención preventiva y curativa correspondientes.
c) Proveer información científica, educación, normas de higiene, prevención,
detección y atención a riesgos en salud sexual y salud reproductiva, con
especial consideración a las infecciones de transmisión sexual y el Virus de
inmunodeficiencia Humana/Síndrome de inmunodeficiencia Adquirida (VIH-
SIDA).
d) Garantizar servicios de salud de calidad durante la etapa de fertilización,
implantación, embarazo, parto y puerperio a todas las mujeres, sin
discriminación de ningún tipo, incluyendo la garantía de atención a pacientes
que acudan a los establecimientos de salud en busca de atención oportuna,
por problemas y situaciones que pongan en riesgo la continuidad del
embarazo.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
e) Desarrollar actividades sistemáticas calificadas y sostenidas para formar
personas con las capacidades y habilidades que exige la oferta de estos
servicios.
Art. 27.- Reconocimiento del Trabajo Doméstico y del Cuidado
El Estado reconoce el valor económico y la contribución esencial y equivalente
del trabajo reproductivo, doméstico y del cuidado, respecto del trabajo productivo
remunerado.
El Estado, desarrollará de manera sostenida y permanente, políticas dirigidas
a facilitar la corresponsabilidad de mujeres y hombres, en el ámbito del trabajo
reproductivo y del cuidado familiar, lo cual comprende la atención de las exigencias de
la vida doméstica y familiar.
Se comprende dentro de las actividades de trabajo Reproductivo, actividades
como la gestación y el cuido de infantes, la preparación de alimentos, la recolección
de agua, las compras de provisiones, los quehaceres domésticos y la atención de la
salud familiar, incluido el cuidado y mantenimiento de la unidad doméstica y de sus
miembros.
El ISDEMU, desarrollará acciones de concientización de la población sobre la
corresponsabilidad de ambos géneros en la atención a la producción y cuidado de la
subsistencia humana y brindará asesoría a las instituciones que lo soliciten, para el
desarrollo de políticas de corresponsabilidad.
Art. 28.- Persona Adulta Mayor
El Estado, a través de las instancias competentes, promoverá en los organismos
comunitarios y en los gobiernos locales medidas especiales, prestaciones y servicios
de atención integral a las personas adultas mayores, que garanticen su seguridad social
y el desarrollo de sus capacidades vocacionales, creativas, asociativas y educativas.
Art. 29.- Inclusión Social de Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Personal, Social
y Económica
El Estado, a través de las instancias competentes, brindará especial atención y
establecerá entre sus prioridades la generación de capacidades de las mujeres en
condiciones de vulnerabilidad personal por alguna discapacidad, pobreza extrema o
condición económica, social y de género, para promover su acceso a los bienes
y servicios que faciliten su bienestar e inserción social. Dicha garantía se otorgará
cuando existan familias extensas o monoparentales.
Así mismo, en cumplimiento de los tratados y compromisos internacionales, les
deberá garantizar derechos fundamentales tales como el derecho a la vida, la integridad
física y moral, la salud, la libertad, la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y
a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos.
Indice Legislativo 315
Parte II

Parte II
Art. 30.- De la Igualdad a la Seguridad Social
316
Asamblea Legislativa
LEYES
El Estado garantizará el cumplimiento efectivo de las disposiciones contenidas
en las leyes laborales y de seguridad social relativas a la protección de las mujeres
trabajadoras en los sectores formales de la economía y desarrollará disposiciones
que permitan el acceso a prestaciones de seguridad social a las trabajadoras en los
sectores informales.
Art. 31.- Protección e Inclusión Social de Mujeres en Situación de Trata Interna y
Transnacional
El Estado, a través de las instancias competentes, deberá desarrollar una política
integral para la prevención, detección, atención y protección de las mujeres víctimas
de trata interna y transnacional, así como la revisión y actualización permanente de la
legislación sancionatoria o punitiva.
Asimismo, deberá garantizar la restitución de los derechos de las mujeres víctimas
de trata que son explotadas y abusadas sexualmente, ya sea con fines económicos y
sociales o no; y posibilitará la activación y coordinación de los mecanismos de apoyo
comunitario que eliminen la discriminación y estigmatización de las mismas.
Art. 32.- De la Igualdad en las Políticas Ambientales
Las instituciones de Estado competentes en materia de protección ambiental,
deberán tomar en cuenta dentro de sus políticas los efectos socio ambientales que
generan un impacto diferenciado entre mujeres y hombres, y adoptarán e incorporarán
los siguientes lineamientos:
a) Establecer criterios que velen por la igualdad de oportunidad para mujeres
y hombres en el acceso, manejo, uso y control de los recursos naturales y
del ambiente.
b) Garantizar que en la formulación y ejecución de los procesos de formación,
control, protección y en el manejo de los recursos naturales, el ambiente,
la biodiversidad y los impactos del cambio climático, se respete la igualdad
de oportunidades y trato para las mujeres en relación a los hombres en el
acceso y participación en tales procesos.
c) Desarrollar estadísticas e indicadores con enfoque de género, sensibles a
la gestión ambiental y el impacto de las políticas ambientales en la vida de
mujeres y hombres.
d) Promover financiamiento para proyectos administrados o co-administrados
por mujeres, en proyectos de protección, conservación y uso racional de los
recursos naturales que alivien la carga de trabajo de las mujeres y la pobreza
de las familias.
e) Brindar formación y sensibilización sobre los mandatos en materia de igualdad
de género a las personas involucradas en las actividades ambientales.

Art. 33.- De la Igualdad en Materia de Vivienda y Urbanismo
Anuario Legislativo 2010 - 2011
El Estado deberá garantizar los mecanismos necesarios a fin de evitar cualquier
tipo de discriminación, en la adquisición de inmuebles para vivienda, en igualdad de
condiciones para mujeres y hombres.
Asimismo deberá crear programas especiales para facilitar el acceso a la vivienda
a las mujeres cuando son las únicas responsables del hogar y destinar como bien de
familia el inmueble para vivienda.
Las Mujeres que se encuentran bajo la condición señalada en el inciso anterior y
que laboran en el sector informal, que apliquen a los planes de vivienda social, tendrán
derecho a un trato preferencial en cuanto a la exigencia de requisitos formales para
accesar a dichos planes.
Los planes de urbanismo y dotación de servicios urbanos deberán considerar las
diferencias de las necesidades de género de mujeres y hombres en materia de acceso
a servicios de agua, saneamiento, esparcimiento y recreación, integración familiar y
seguridad personal.
Art. 34.- La Igualdad en la Acción de los Medios de Comunicación y la Publicidad
El Estado, a través de los medios de comunicación social de titularidad pública, así
como de aquéllos que subvencione, promoverá, sin vulnerar la libertad de expresión
e información, la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de
las funciones de las mujeres y hombres en la sociedad; y a estos efectos, adelantará
acciones permanentes que favorezcan:
a) El aumento en la presencia visible y audible de las mujeres, en dichos
medios de comunicación social, que deberán ser observadas, evaluadas
y ajustadas, periódicamente, a fin de eliminar prácticas discriminatorias y
sexistas.
b) La programación de campañas en los mismos medios de comunicación,
destinadas a toda la sociedad, sobre la importancia y la necesidad de la
participación cívica, social, económica, política y cultural de las mujeres.
c) La utilización no sexista del lenguaje y de las imágenes, especialmente en el
ámbito de la publicidad, así como la utilización no violenta y discriminativa del
lenguaje y de las imágenes, especialmente en el ámbito de los programas de
radio, televisión, espectáculos públicos, publicaciones, videos, grabaciones
y todo tipo de audiovisual, y en todos los formatos, relativos a los medios
de comunicación social referidos.
Art. 35.- Igualdad en Formación y Acceso a Nuevas Tecnologías
El ISDEMU, en coordinación con las Instituciones del Estado, promoverá la
realización de campañas de sensibilización sobre la importancia del acceso de mujeres
y de hombres a las nuevas tecnologías en condiciones de igualdad de oportunidades; y
Indice Legislativo 317
Parte II

Parte II
318
Asamblea Legislativa
LEYES
la transmisión, a través de los contenidos de esas nuevas tecnologías, de una imagen
igualitaria, plural y no estereotipada de las funciones de las mujeres y de los hombres
en la sociedad.
Capítulo VI
Participación de las Mujeres en el Desarrollo Rural
Art. 36.- Los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo Rural
El Estado, a través de las instituciones competentes, adoptará las medidas
pertinentes a fin de eliminar la discriminación contra las mujeres en zonas rurales,
garantizando el respeto a la libertad sindical, fomentando el trabajo de las Cooperativas
Agropecuarias y Pesqueras, e incentivando la efectiva participación de las mujeres en
puestos de toma de decisiones en las juntas directivas de estas organizaciones y su
participación en los beneficios de un desarrollo rural sostenible.
Para asegurar la participación de las mujeres, se les garantizan los siguientes
derechos:
a) La participación en la elaboración, en la decisión y en la ejecución de
los planes y políticas de desarrollo rural a través de los procedimientos
legalmente establecidos.
b) Participación e integración en organizaciones comunitarias y productivas,
remuneración justa, indemnizaciones, beneficios laborales y de seguridad
social en igualdad con los hombres.
c) El acceso de las mujeres a sistemas de apoyo agrario con la finalidad de
promover la igualdad de las mismas en los beneficios del desarrollo rural.
Art. 37.- Titularidad y Co-titularidad de las Unidades Productivas Agrarias
El Estado, a través de los Ministerios de Economía y de Agricultura y de Ganadería,
adoptará las medidas necesarias para garantizar a la mujer en condiciones de igualdad,
el acceso a la titularidad o co-titularidad de las unidades productivas agropecuarias y
pesqueras.
Capítulo VII
Del Organismo Responsable de la Defensa y Garantía de la Igualdad y no
Discriminación en los Derechos de las Mujeres
Art. 38.- Instancia Responsable
La Procuraduría General de la República, será la encargada de defender, garantizar
y fomentar la igualdad y no discriminación de las mujeres, para lo cual deberá crear la
dependencia pertinente dentro de su estructura y organización.

Art. 39.- Funciones
Anuario Legislativo 2010 - 2011
La dependencia creada por la Procuraduría General de la República, a efecto de
defender, garantizar y fomentar la igualdad y no discriminación de las mujeres, tendrá en
lo que se refiere al cumplimiento de esta ley, como principales funciones las siguientes:
a) Contribuir al cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones que
amparen los derechos de las mujeres.
b) Aplicar los instrumentos internacionales ratificados por el Estado en esta
materia.
c) Estudiar y plantear las reformas y propuestas normativas que sean necesarias
para asegurar la defensa y protección de los derechos de las mujeres.
d) Recibir y canalizar las denuncias formuladas por cualquier persona u
organización y que debidamente fundamentadas en la normativa vigente, se
refieran a la violación o incumplimiento de la presente ley.
e) Brindar asistencia a las personas denunciantes a efecto de promover la
mediación y conciliación para la solución de conflictos, sin perjuicio de las
acciones penales a que hubiere lugar.
f) Brindar asistencia y representar legalmente a la persona u organización
denunciante a efecto de ejercitar las acciones judiciales correspondientes.
g) Elaborar anualmente un informe que registre las actividades realizadas y el
grado de cumplimiento de la presente ley.
h) Promover y difundir el cumplimiento y la defensa de la igualdad y la no
discriminación en los alcances que a estos principios le confiere la
presente ley.
i) Solicitar a las instituciones del Estado proceder a aplicar las sanciones
contempladas en su normativa interna, en caso de acciones u omisiones
que constituyan infracciones administrativas a los derechos establecidos en
esta ley, sin perjuicio de las acciones judiciales que pudiere promover en
defensa de los mismos.
j) Coordinar acciones con el ISDEMU, a fin de garantizar la efectividad de las
medidas, estrategias y normativa legal aplicable.
k) Las derivadas del régimen legal interno de la Procuraduría General de la
República.
Para los efectos de la aplicación de la presente ley la Procuraduría General de la
República mantendrá una relación de colaboración con la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y el ISDEMU, la cual
deberá sujetarse a las facultades y funciones de cada institución.
Indice Legislativo 319
Parte II

Parte II
Art. 40.- Asignación de Recursos
320
Asamblea Legislativa
LEYES
Disposiciones Finales y Transitorias
Las distintas dependencias que se crean en esta ley, se implementarán conforme
a los recursos que deberán ser aprobados en el próximo presupuesto general de la
nación.
Art. 41.- Sanciones a las Violaciones de Derechos
Sin perjuicio de las funciones de la dependencia a la que se refiere el artículo 39
de esta ley, la infracción a las normas para la efectiva aplicación de la presente ley,
será sancionada de acuerdo a las normativas disciplinarias internas de cada una de
las instituciones del Estado, las que deberán en un plazo de seis meses, a partir de
la entrada en vigencia de ésta ley, armonizar las mismas para establecer en ellas las
sanciones pertinentes.
Art. 42.- Derogatoria
Las disposiciones contempladas en la presente ley implicarán la derogatoria de las
disposiciones establecidas en otras normas nacionales que contradigan o imposibiliten
el ejercicio de los derechos establecidos en la misma.
Art. 43.- Regla Supletoria
En lo no previsto en la presente ley, se aplicará lo dispuesto en la legislación
vigente sobre la materia, en lo que fuere compatible con la naturaleza de la misma.
Art. 44.- Vigencia
El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 70, Tomo Nº 391, Fecha: 8 de abril de 2011.

DECRETO Nº 655
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad al Artículo 1 de la Constitución de la República,
El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de
la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la
justicia, la seguridad jurídica y el bien común.
II.- Que el Artículo 32 de la Constitución de la República, establece que la
familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del
Estado, aprobándose la legislación necesaria y creándose los organismos
y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social,
cultural y económico.
III.- Que la Constitución de la República, al definir los derechos individuales,
establece que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y
moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, a
ser protegida en la conservación y defensa de los mismos en igualdad de
condiciones ante las leyes, y nadie puede ser sometido a servidumbre ni
a ninguna otra condición que menoscabe su dignidad.
IV.- Que un creciente número de salvadoreños ha migrado a otros países, con
miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales, sus perspectivas y
las de su familia, por lo que la adopción de la presente ley es apremiante.
V.- Que la normativa nacional e internacional vigente, especialmente la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, protege los derechos
humanos de todas las personas; sin embargo, resulta necesario contar con
una normativa específica que tutele los derechos de la persona migrante
salvadoreña que se encuentre en situación de vulnerabilidad, de tal forma
que provea las herramientas necesarias para mejorar las condiciones de
vida de dicha población.
VI.- Que es imperativo legislar para que en el país se garantice la asistencia
y protección de los derechos de las personas migrantes en situaciones
que perjudican su integridad física y moral, su estatus social, el de su
núcleo familiar y que; asimismo, debe instituirse la creación de una entidad
autónoma, que tenga las competencias y la estructura necesaria para
elaborar, proponer, canalizar y verificar el cumplimiento de las políticas
públicas de servicio a los connacionales salvadoreños, dentro y fuera del
territorio nacional, desarrollando e implementado programas permanentes
de asistencia, protección, integración y cooperación humana, para atender
de manera integral y oportuna el proceso migratorio, desde la partida de la
Indice Legislativo 321
Parte II

Parte II
322
Asamblea Legislativa
LEYES
persona migrante y la atención de su retorno, hasta la etapa de reinserción
a su familia.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Othon
Sigfrido Reyes Morales, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda, Carmen Elena Calderón de
Escalón, Ana Daysi Villalobos de Cruz, Margarita Escobar, Ricardo Bladimir González,
Gladis Marina Landaverde Paredes, Hortensia Margarita López Quintana, Hugo Roger
Martínez Bonilla, Misael Mejía Mejía, Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Ana Virginia
Morataya Gómez, Inmar Rolando Reyes, Cesar Rene Florentin Reyes Dheming, Ana
Silvia Romero Vargas, Manuel Rigoberto Soto Lazo; así como de los Diputados de
la Legislatura 2006-2009: Blanca Flor América Bonilla Bonilla, Salvador Sánchez
Cerén, Sonia Elizabeth Farfán de Cuéllar, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, Walter
Eduardo Durán Martínez, Ana Guadalupe Erazo Castillo, Luis Arturo Fernández Peña,
Argentina García Ventura, Jorge Alberto Jiménez, Israel Montano Osorio y José Alfonso
Pacas González; y con el apoyo de los Diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, Roberto
José d’Aubuisson Munguía, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Francisco Roberto
Lorenzana Durán, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, César Humberto García Aguilera,
Irma Lourdes Palacios Vásquez, Mario Alberto Tenorio Guerrero, Félix Agreda Chachagua,
Miguel Elias Ahues Karra, Federico Guillermo Ávila Qüehl, Yohalmo Edmundo Cabrera
Chacón, José Vidal Carrillo Delgado, Darío Alejandro Chicas Argueta, José Álvaro
Cornejo Mena, Carlos Cortez Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí
Coto Estrada, Santos Eduviges Crespo Chavez, Nery Arely Díaz de Rivera, Antonio
Echeverría Veliz, Omar Arturo Escobar Oviedo, Julio Cesar Fabián Pérez, Carmen Elena
Figueroa Rodríguez, Santiago Flores Alfaro, José Rinaldo Garzona Villeda, Eduardo
Antonio Gomar Moran, José Nelson Guardado Menjivar, Norma Guevara de Ramirios,
Jorge Schafik Handal Vega Silva, Rafael Antonio Jarquín Larios, Benito Antonio
Lara Fernández, Hortensia Margarita López Quintana, Segundo Alejandro Dagoberto
Marroquín, Mario Marroquín Mejía, Guillermo Francisco Mata Bennett, Alexander Higinio
Melchor López, Juan Carlos Mendoza Portillo, Guillermo Antonio Olivo Méndez, Erik Mira
Bonilla, Rafael Ricardo Moran Tobar, Orestes Fredesman Ortez Andrade, Mariela Peña
Pinto, Mario Antonio Ponce López, Gaspar Portillo Benítez, Zoila Beatriz Quijada Solis,
Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Santos Adelmo Rivas
Rivas, Gilberto Rivera Mejia, Jackeline Noemí Rivera Ávalos, Pedrina Rivera Hernández,
Abilio Orestes Rodríguez Menjivar, Mauricio Ernesto Rodríguez, David Rodríguez Rivera,
Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza, Rodrigo Samayoa Rivas, Misael Serrano Chávez,
Cesar Humberto Solorzano Dueñas, Karina Iveth Sosa de Lara, Enrique Alberto Luis
Valdés Soto, Ramón Aristides Valencia Arana, Mario Eduardo Valiente Ortiz, Donato
Eugenio Vaquerano Rivas, Esdras Samuel Vargas Pérez, Guadalupe Antonio Vásquez
Martínez, María Margarita Velado Puentes, Francisco José Zablah Safie y Carlos Mario
Zambrano Campos;

DECRETA, la siguiente:
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO DE LA PERSONA
MIGRANTE SALVADOREÑA Y SU FAMILIA
TITULO I
Capítulo Único
Disposiciones Generales
Art. 1.- Esta ley tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales rectores
garantes de los derechos de la persona migrante salvadoreña y su familia; por medio
del diseño, formulación, evaluación y monitoreo de políticas públicas integrales de
protección y desarrollo, mediante la coordinación interinstitucional e intersectorial del
Estado y la sociedad civil, en los procesos de desarrollo nacional.
Art. 2.- La presente ley se regirá por los siguientes principios:
a) Respeto irrestricto de los derechos humanos: El respeto a los derechos
humanos de la persona migrante, independientemente de su condición
migratoria, constituye una prioridad para el Estado salvadoreño.
b) No discriminación: Los beneficios establecidos en esta ley serán brindados
a las personas migrantes salvadoreñas y su familia, sin distinción de raza,
etnia, género, edad, creencias, religión,pertenencia a determinado grupo
social u opinión política, o cualquier otra condición.
c) Protección extraterritorial: El Estado tiene la obligación de proteger
los derechos humanos de las personas salvadoreñas en el extranjero,
independientemente de su condición migratoria.
d) Protección especial a grupos vulnerables: Se brindará protección especial a
grupos vulnerables, tales como la niñez y adolescencia, la mujer, el adulto
mayor, personas con discapacidad y otras personas migrantes en situación
vulnerable calificadas dentro de la ley.
e) Interés superior de la niñez y adolescencia: Se prestará primordial atención
a la niñez y adolescencia, promoviendo acciones que coadyuven a su
desarrollo físico, psicológico, moral y social, para lograr el pleno y armonioso
desenvolvimiento de su personalidad y el efectivo cumplimiento y garantía
de sus derechos.
f) Codesarrollo: Implica una manera positiva de vincular la migración con el
desarrollo, reconociendo a los migrantes como agentes para el mismo, en el
cual existe responsabilidad del país de origen en la formulación de políticas;
y en la búsqueda de acuerdos con los países de destino.
Indice Legislativo 323
Parte II

Parte II
Art. 3.- Ámbito de aplicación de la Ley:
324
Asamblea Legislativa
LEYES
Esta Ley será aplicable a la persona migrante salvadoreña y su familia.
Art. 4.- Para efectos de la presente ley se entenderá por:
a) Retornado: La persona que voluntariamente o en cumplimiento de una
decisión administrativa o judicial de un tercer Estado, regresa a su país de
origen. Dentro de esta definición se entenderá incluido el deportado.
b) Familia: El grupo social permanente constituido por el matrimonio, la unión
no matrimonial o el parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad.
c) Migrante: Persona de nacionalidad salvadoreña que sale del territorio
nacional y establece su domicilio de manera permanente o temporal en otro
país, indistintamente del estatus migratorio que ostente; o que con el mismo
propósito, transita por un territorio para arribar a un tercer estado.
d) Reinserción: Proceso por el cual una persona salvadoreña que regresa al
país, se incorpora plenamente al desarrollo nacional.
Art. 5.- Las disposiciones de la presente ley deberán entenderse dirigidas a los
géneros femenino y masculino, sin distinción discriminatoria entre géneros.
TITULO II
ESTRUCTURA ORGANICA
Capítulo I
Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su
Familia
Art. 6.- Créase el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona
Migrante y su Familia, como un organismo interinstitucional con la participación de la
sociedad civil y los migrantes, institución de derecho público, sin fines de lucro, de
carácter autónomo, descentralizado, con el fin de elaborar, proponer, canalizar, verificar
el cumplimiento de la política integral de protección y aquellas políticas relacionadas
a los vínculos entre migración y desarrollo. Asimismo, será un ente de coordinación
interinstitucional e intersectorial del Estado y los migrantes salvadoreños.
El Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su
Familia, se denominará “CONMIGRANTES”, o simplemente “el Consejo”.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 7.- Para efectos presupuestarios, el Consejo estará adscrito al Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Art. 8.- El Consejo tendrá personería jurídica y plena capacidad para ejercer
derechos y contraer obligaciones y contará con patrimonio propio.
Art. 9.- El Consejo tendrá su domicilio y oficinas centrales en San Salvador.
Capítulo II
Atribuciones y Obligaciones del Consejo
Art. 10.- Son atribuciones y obligaciones del Consejo:
a) Elaborar, proponer, canalizar y verificar el cumplimiento de las políticas
integrales de protección y desarrollo para la persona migrante salvadoreña
y su familia radicada en territorio nacional.
b) laborar, proponer, canalizar y verificar el cumplimiento de las políticas
integrales sobre migración y desarrollo.
c) Elaborar, proponer, canalizar y verificar la implementación del Plan Estratégico
y demás componentes de las políticas integrales de protección de la persona
migrante salvadoreña.
d) Elaborar, proponer, canalizar y verificar la implementación del Plan Estratégico
y demás componentes de las políticas integrales, sobre migración y
desarrollo.
e) Emitir opinión sobre anteproyectos de ley que fortalezcan el marco jurídico
nacional de protección de la persona migrante salvadoreña y su familia.
f) Emitir opinión sobre anteproyectos de ley que fortalezcan el marco jurídico
nacional sobre migración y desarrollo.
g) Emitir opinión sobre la suscripción o ratificación de declaraciones, convenios
u otros instrumentos internacionales que se relacionen con el objeto de esta
ley.
h) Coordinar acciones con las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro
y organismos internacionales, con el objetivo de gestionar recursos,
procurando asegurar su auto sostenibilidad.
i) Elaborar y aprobar los reglamentos internos necesarios para su
funcionamiento.
j) Crear las unidades técnicas necesarias para la atención de la persona
migrante salvadoreña y su familia dentro del territorio nacional; y cuando se
Indice Legislativo 325
Parte II

Parte II
326
Asamblea Legislativa
LEYES
estime pertinente, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
lo podrá hacer en el exterior.
k) Contratar al personal para el funcionamiento del Consejo.
l) Recomendar la creación de una base de datos de los salvadoreños y
asociaciones de éstos residentes en el exterior.
m) Coordinar esfuerzos y actividades, que beneficien a las personas salvadoreñas
migrantes, con los consulados de la República y con instituciones públicas
y privadas, dentro y fuera del país.
n) Deberá crear mecanismos de consulta directa y virtual con los migrantes
salvadoreños a efecto de atender y canalizar sus propuestas.
o) Deberá rendir informe anual de trabajo a la Asamblea Legislativa en el mes
de septiembre de cada año.
p) Las demás atribuciones que le faculte la Ley.
Capítulo III
De la Estructura Orgánica
Art. 11.- Los fines, atribuciones y obligaciones que esta Ley señala al Consejo
serán ejercidas por:
a) El Pleno del Consejo.
b) La Secretaría Ejecutiva.
c) Las Unidades Técnicas.
Art. 12.- El Pleno del Consejo estará integrado por la persona titular o un
representante delegado de las siguientes instituciones públicas y organizaciones no
gubernamentales:
Representantes Gubernamentales:
a) Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio para los
Salvadoreños en el Exterior.
b) Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
c) Ministerio de Salud.
d) Ministerio de Educación.
e) Ministerio de Economía.

f) Ministerio de Agricultura y Ganadería.
g) Ministerio de Turismo.
Anuario Legislativo 2010 - 2011
h) Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de la Dirección General
de Migración y Extranjería.
i) Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador.
j) Procuraduría General de la República.
k) Registro Nacional de Personas Naturales.
Representantes no Gubernamentales:
l) Tres representantes de las asociaciones de salvadoreños radicados en el
exterior.
m) Un representante de las organizaciones no gubernamentales debidamente
inscritas en El Salvador, interesadas y relacionadas con la materia.
n) Un representante de las universidades privadas.
o) Un representante de la Universidad de El Salvador.
p) Un representante de las asociaciones de la pequeña y mediana empresa.
En caso de ausencia o impedimento, los miembros del Pleno del Consejo serán
reemplazados por los respectivos suplentes designados en la misma forma que los
propietarios, excepto el Viceministro para los Salvadoreños en el Exterior, quien será
reemplazado por quien el Viceministerio designe.
El Pleno del Consejo será presidido por el Viceministro para los Salvadoreños en
el Exterior, quien ejercerá las funciones de Coordinador del Consejo, y las funciones
de Coordinador adjunto las ejercerá el Director General de Migración y Extranjería; en
ausencia de ambos el Pleno será presidido por el representante titular que sea elegido
entre los miembros presentes.
Los miembros propietarios o los suplentes, en su defecto, ejercerán sus funciones
ad honorem.
Art. 13.- Los miembros del Pleno deberán ser salvadoreños, mayores de veintiún
años de edad, de reconocida honorabilidad e idoneidad para el cargo y vinculados e
identificados con el proceso migratorio.
Art. 14.- El procedimiento de selección de los miembros no gubernamentales del
Consejo, a que se refieren los literales: m, n, o y p, del artículo 12, se establecerá en
el respectivo reglamento.
Indice Legislativo 327
Parte II

Parte II
328
Asamblea Legislativa
LEYES
La elección de los miembros no gubernamentales a que se refiere el literal L del
mismo artículo, deberá realizarla el Presidente del Consejo, de tres ternas electas en
la sesión de dichas asociaciones, convocada especialmente al efecto por el mismo
funcionario.
Art. 15.- La Convocatoria para la realización de la sesión de asociaciones de
salvadoreños en el exterior la realizará el Presidente del Consejo por cualquier medio
que permita dejar constancia por escrito de la invitación y de la recepción de la
convocatoria.
En la convocatoria se hará constar el objetivo y fecha de la sesión y se hará por lo
menos con sesenta días de anticipación a la misma.
La convocatoria se dirigirá a las asociaciones de salvadoreños en el exterior que se
encuentren en la base de datos a la que se refiere el Art. 10 letra “l” de la Ley.
La sesión podrá realizarse de manera presencial, plataforma electrónica,
videoconferencia o cualquier otro medio de las tecnologías de información o
comunicación que permitan el debate de los convocados y deje constancia de audio,
video o escrito de lo discutido y acordado.
Lo no contemplado en este artículo será establecido en el Reglamento respectivo.
Art. 16.- Los representantes propietarios y suplentes, excepto el Viceministro
para los Salvadoreños en el Exterior, serán nombrados por un período de tres años.
Las causales de remoción de su cargo serán establecidas en el reglamento.
Art. 17.- El Pleno del Consejo sesionará por lo menos dos veces al mes o con
la frecuencia que sea conveniente para el eficaz desarrollo de sus atribuciones por
convocatoria de su Presidente.
También podrá reunirse por convocatoria de la Secretaría Ejecutiva a iniciativa de
tres o más de sus miembros.
En este último caso, si la Secretaría Ejecutiva no convocare con la anticipación que
requiere la Ley a la sesión solicitada por tres o más de sus miembros, ellos mismos
podrán hacerlo.
Toda sesión se celebrará en el lugar que se determine en la convocatoria, la cual
deberá comunicarse a los miembros del Pleno con no menos de cuarenta y ocho horas
de anticipación al día y hora de la sesión de que se trate.
El Pleno podrá sesionar sin previa convocatoria, siempre y cuando todos sus
miembros se encontraren presentes y decidieren unánimemente celebrar sesión.
Las resoluciones del Pleno se deberán asentar en un Libro de Actas autorizado por
el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 18.- El quórum para que el Pleno pueda sesionar válidamente se formará con
la mitad mas uno de sus miembros propietarios o en su defecto los suplentes. Cada
uno de los miembros propietarios o quien haga sus veces tendrá derecho a un voto.
Las resoluciones se adoptarán válidamente por mayoría simple de sus miembros, en
caso de empate, quien presida la sesión tendrá voto calificado.
Capítulo IV
Del Pleno del Consejo
Art. 19.- Además de ejercer las atribuciones y obligaciones del Consejo establecida
en el Art.10 de la presente Ley, el Pleno tendrá las siguientes facultades:
a) Acordar su organización y métodos de trabajo, de conformidad a lo
establecido en el Art.10, letra i) de la presente Ley.
b) Supervisar la gestión del Secretario Ejecutivo y aprobar o desaprobar sus
actuaciones.
c) Aprobar o desaprobar la memoria anual y el estado de gastos administrativos
que presente el Secretario Ejecutivo.
d) Nombrar y remover al Secretario o Secretaria Ejecutiva y demás funcionarios
de nivel ejecutivo.
e) Examinar y resolver sobre cualquier asunto relacionado con el objeto y fines
del Consejo.
f) Nombrar o remover a los empleados y trabajadores del Consejo que sean
necesarios.
g) Autorizar la contratación de servicios técnicos para la realización de estudios
o trabajos especiales.
h) Determinar la estructura administrativa necesaria para el cumplimiento de
los fines establecidos en la Ley.
i) Evaluar la implementación y cumplimiento de los planes, programas y
proyectos emanados del Consejo.
j) Dar seguimiento a los tratados y convenios internacionales relacionados con
la persona migrante salvadoreña.
k) Ejercer las demás atribuciones o facultades que legalmente le correspondan.
Indice Legislativo 329
Parte II

Parte II
330
Asamblea Legislativa
LEYES
Capítulo V
De la Administración
Art. 20.- La Administración del Consejo estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva,
que será nombrada por el Pleno, elegido entre candidatos propuestos por las diferentes
entidades representadas en la misma.
Art. 21.- Para el cargo en la Secretaría Ejecutiva se requiere ser de nacionalidad
salvadoreña, mayor de treinta años, de reconocida integridad y notoria competencia
para el desempeño del cargo y con experiencia en materia migratoria.
Art. 22.- El cargo de la Secretaría Ejecutiva será desempeñado a tiempo completo
en las oficinas principales del Consejo y será incompatible con cualquier otro cargo
público, excepto la docencia.
Art. 23.- Las atribuciones y deberes de la Secretaría Ejecutiva son:
a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Pleno del Consejo.
b) Proponer al Consejo las medidas administrativas que estime necesarias,
para lograr el cumplimiento de los objetivos y fines de la presente Ley.
c) Elaborar los planes que de conformidad a las directrices del Consejo les
sean requeridos, los cuales serán presentados para su aprobación.
d) Ejecutar el presupuesto de gastos y autorizar las erogaciones de conformidad
al reglamento respectivo.
e) Ejercer la jefatura del personal de la Institución, asignar sus funciones; y
suspenderlos por las faltas que determine el respectivo reglamento.
f) Presentar al Pleno del Consejo para su aprobación la memoria anual y estado
de gastos a que se refiere el Art.19, letra c, de la presente Ley y todos los
informes que le sean requeridos.
g) Supervisar el funcionamiento de las oficinas del Consejo.
h) Establecer los sistemas y normas que regirán la contabilidad y la
presentación de los estados financieros de acuerdo con la Ley, garantizando
la transparencia y rendición de cuentas.
i) Ejercer las demás atribuciones y funciones que le asigne el Consejo.
Art. 24.- La Secretaría Ejecutiva tendrá la representación legal del Consejo.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
En tal carácter le corresponderá actuar en nombre del mismo en los actos y
contratos que celebre; lo mismo que en los procedimientos judiciales o administrativos
en que tenga interés ateniéndose a las instrucciones que al efecto hubiere recibido del
Pleno. Asimismo, podrá conferir poderes generales o especiales previo acuerdo del
Pleno.
Capítulo VI
De las Unidades Técnicas
Art. 25.- El Consejo podrá contar con Unidades Técnicas para asistir en la ejecución
de los servicios de atención a los migrantes que se requieran, en coordinación con el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
La estructura, competencias y demás funciones de estas Unidades Técnicas serán
establecidas en el Reglamento Interno del Consejo.
TITULO III
PLAN ESTRATEGICO PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO DE LA
PERSONA MIGRANTE SALVADOREÑA Y SU FAMILIA
Capítulo I
Art. 26.- El Plan Estratégico para la Protección y Desarrollo de la Persona
Migrante Salvadoreña y su Familia, tendrá un enfoque de derechos, orientado al respeto
irrestricto de los derechos humanos contenidos en la Constitución de la República y
los tratados vigentes, con el objeto de aplicar las políticas públicas que garanticen,
promuevan y restituyan los derechos de los Migrantes y su familia, por medio de la
ejecución de los Programas de Asistencia y Protección Humanitaria; y de Migración y
Desarrollo, sin perjuicio de los demás planes y programas que determine el Consejo
en la política respectiva.
Capítulo II
Del Programa de Asistencia y Protección Humanitaria
Art. 27.- Se establece el Programa de Asistencia y Protección Humanitaria el
cual deberá garantizar la vigencia plena de los derechos humanos, en situaciones que
afectan la dignidad, la vida, la libertad, la integridad física, psicológica y moral de las
personas migrantes y sus familias.
El programa atenderá los servicios de asistencia y repatriación a las personas en
situaciones extremas tales como: accidentes, enfermedades terminales o fallecimiento;
facilitará la búsqueda de personas desaparecidas; asistirá a las víctimas o sobrevivientes
Indice Legislativo 331
Parte II

Parte II
332
Asamblea Legislativa
LEYES
de trata de personas y su familia; dará asistencia a las personas retornadas, a las
víctimas de abuso y explotación sexual; asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y
de rehabilitación. Se harán esfuerzos por facilitar mecanismos de reunificación familiar
y demás que el Consejo estime necesarios.
Art. 28.- Créase el Proyecto de Consulta y Asistencia Legal, Educación y Servicios
de Salud para la Persona Migrante y su Familia.
Art. 29.- Créase un fondo especial para pagar los costos de retorno de heridos
y repatriación de salvadoreños fallecidos en el exterior, el cual se denominará Fondo
Especial de Repatriación de Fallecidos y Heridos.
La asignación de recursos financieros del fondo será de carácter suplementario,
este apoyo estará dirigido a personas de escasos recursos.
La cuantía del fondo deberá ser determinada por el Consejo e incorporada en su
presupuesto.
Art. 30.- Créase el proyecto denominado “Campaña de Concientización sobre los
Riesgos de Migrar de Manera Indocumentada”. Esta campaña tendrá como objetivo
alertar a la población salvadoreña sobre los riesgos de la migración indocumentada
que conlleva un alto costo humano y genera desintegración familiar.
Esta campaña será ejecutada a través de diferentes medios de comunicación y
actividades a nivel nacional.
Capítulo III
Del Programa Migración y Desarrollo
Art. 31.- Se establece un Programa Sobre Migración y Desarrollo, el cual buscará
la integración y cooperación productiva, económica, social y cultural; así como,
deberá garantizar la vigencia plena de los derechos económicos, sociales y culturales
de la persona migrante y su familia, por medio de la implementación de proyectos
productivos de cooperación técnica y desarrollo económico; de retorno a casa, de
identidad cultural y demás que el Consejo estime necesarios.
Art. 32.- El Proyecto de Cooperación Productiva y Cooperación Técnica tiene
como objetivos establecer acciones encaminadas a facilitar la reinserción laboral y
empresarial de las personas migrantes que regresan al país; promoviendo iniciativas
de instalación de pequeña y mediana empresa e inversión de capitales en el territorio
nacional, incluyendo la construcción de alianzas estratégicas entre población migrante
y productores nacionales.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Asimismo, promoverá en el sistema financiero nacional y otros intermediarios
financieros la reducción de los costos de envío de las remesas desde el exterior hacia
el territorio nacional.
Art. 33.- Créase el Proyecto de Transferencia de Tecnología y de Conocimientos
Científicos, Técnicos y Culturales. El Proyecto se efectuará con el fin de que las personas
migrantes salvadoreñas puedan contribuir a fomentar la innovación y a desencadenar
procesos de aprendizaje.
Art. 34.- El Consejo creará una “Bolsa de Empleo” con el fin de facilitar la
reinserción laboral del retornado, considerando sus habilidades y destrezas.
Art. 35.- Créase el Proyecto de Atracción de Inversiones para los Salvadoreños
en el Exterior. El Consejo creará estrategias de promoción de inversiones a través de
incentivos para las pequeñas y medianas empresas.
El Proyecto de Incentivos para la Creación de Pequeñas y Medianas Empresas,
proporcionará asesoramiento, apoyo técnico y fomentará el vínculo entre las remesas y la
financiación de créditos para actividades empresariales, por medio del establecimiento
de mecanismos de cooperación con instituciones del sistema financiero.
Art. 36.- Los migrantes beneficiarios podrán, por una sola vez, ingresar al país sus
pertenencias y menaje de casa, incluido su vehículo cuyo valor C.I.F. no sobrepase los
veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, libre de derechos arancelarios,
excepto el IVA. Podrán además, introducir al territorio nacional sus herramientas
de trabajo y demás bienes propios para el ejercicio de su profesión u oficio, libres
de derechos arancelarios. Se consideraran herramientas de trabajo, la maquinaria,
automotores de tracción y demás equipos utilizados por el migrante para el montaje y
operación de talleres, plantas manufactureras y empresas productivas.
Art. 37.- Para que la persona migrante salvadoreña acceda a los beneficios del
presente Capítulo, deberá comprobar mediante una constancia de las autoridades
respectivas, su condición de retornado.
Sin perjuicio de lo anterior, no gozarán de los beneficios establecidos en este
Capítulo:
a) Los funcionarios y demás miembros del personal administrativo y técnico,
que desempeñan cargos en el servicio exterior. Esta disposición se hará
extensiva al núcleo familiar del funcionario y del personal de la misión
diplomática u oficina consular acreditados en el exterior.
b) Los delegados y enviados especiales que desempeñen por encargo de alguna
dependencia del Gobierno una misión fuera del territorio de la República.
Indice Legislativo 333
Parte II

Parte II
334
Asamblea Legislativa
LEYES
c) Las personas que en el extranjero participen en programas de desarrollo o
de cooperación, en virtud de acuerdos o convenios internacionales.
d) Las personas que residen en el país y que tengan inversiones en el extranjero.
e) Los estudiantes y las personas que gocen de programas de estudio
financiados con fondos provenientes del Estado u otras fuentes de
cooperación nacional e internacional.
f) Los condenados por delito cometido en algún país de tránsito o de
destino, siempre que la acción u omisión constituya delito en El Salvador
y sea sancionado con una pena de prisión igual o mayor en la legislación
salvadoreña.
Art. 38.- Todos los contenidos y alcances de los programas y proyectos del Plan
Estratégico, deberán ser regulados por medio del Reglamento Interno elaborado por el
Consejo.
TITULO IV
Capítulo Unico
Régimen Económico y Financiero
Art. 39.- El patrimonio del Consejo estará constituido por:
a) Los fondos presupuestarios que le sean asignados.
b) Los recursos financieros o en especie que provengan de fideicomisos,
donaciones u otros, conferidos o constituidos por personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras.
c) Los bienes muebles, inmuebles y valores adquiridos con fondos asignados
al Consejo desde su creación.
d) Cualquier otro ingreso o adquisición que incremente su patrimonio.
Art. 40.- El Consejo elaborará el proyecto anual de ingresos y egresos; así como
su respectivo régimen de salarios atendiendo a las políticas, procedimientos y fechas
presupuestarias establecidas por la Ley de Administración Financiera del Estado y el
Ministerio de Hacienda, y lo remitirá por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores
al Órgano Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto General del Estado.
Art. 41.- El proceso de conformación de los miembros del Pleno se iniciará
dentro de los primeros treinta días de vigencia de la presente Ley.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 42.- El Presidente de la República, dentro del plazo de 90 días a partir de la
vigencia de esta Ley, emitirá el reglamento de ejecución de la misma.
Art. 43.- Derógase todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en la
presente Ley.
Art. 44.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 74, Tomo Nº 391, Fecha: 14 de abril de 2011.
Indice Legislativo 335
Parte II

Parte II
DECRETO Nº 661
336
Asamblea Legislativa
LEYES
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad al Art. 1 de la Constitución, El Salvador reconoce a la
persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado; siendo
obligación de éste, asegurar a los habitantes de la República, el goce de la
libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.
II.- Que el Art. 14 de la Constitución, establece que la autoridad administrativa
podrá sancionar mediante resolución o sentencia y previo el debido
proceso, las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas, con
arresto hasta por cinco días o con multa, la cual podrá permutarse por
servicios sociales prestados a la comunidad.
III.- Que el Código Municipal, establece que el municipio constituye la
unidad política administrativa primaria dentro de la organización estatal,
establecida en un territorio determinado que le es propio, organizado
bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la
formación y conducción de la sociedad local; estableciendo además, que
por medio del Alcalde o funcionario delegado, implementará un proceso
para regular las contravenciones a las Leyes u Ordenanzas Municipales.
IV.- Que en razón de lo anterior, se vuelve necesario establecer regulaciones
para la Convivencia Ciudadana, determinando las políticas educativas
apropiadas para tal fin, regulando las contravenciones como conductas
lesivas a la convivencia ciudadana y sus sanciones, e implementando la
administración y resolución alternativa de conflictos como mecanismo de
justicia próxima y expedita.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de los Diputados de la
Legislatura 1997-2000: Miguel Ángel Sáenz Varela, Eduardo Alfonso Linares, Norma
Fidelia Guevara de Ramirios, Gilberto Alegría Morales, José Manuel Melgar Henríquez,
Herber Mauricio Aguilar Zepeda, José Antonio Almendáriz Rivas, José Mauricio Salazar,
Nelson Napoleón García, Ismael José Iraheta Troya, Carlos Guillermo Magaña Tobar,
Elizardo González Lovo, René Napoleón Aguiluz Carranza, Rosario Acosta de Aldana,
José Ricardo Vega Hernández y Juan Ramón Medrano; así como, de los Diputados de
la actual Legislatura 2009-2012: Ramón Aristides Valencia Arana, Hortensia Margarita
López Quintana y Misael Mejía Mejía.

DECRETA, la siguiente:
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LEY MARCO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y
CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Del Objeto, Finalidad, Principios y Valores
Objeto
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de normas de
convivencia ciudadana, que conlleven a la promoción, preservación de la seguridad
ciudadana y la prevención de la violencia social, procurando el ejercicio de los derechos
y pleno goce de los espacios públicos y privados de los municipios, basándose en la
armonía, respeto, tranquilidad, solidaridad y la resolución alternativa de conflictos si
fuere necesario.
Asimismo, desarrolla la facultad de la autoridad administrativa municipal para
poder solucionar las contravenciones que se establecen en el Título V de esta Ley,
mediante la resolución alternativa de conflictos o bajo el procedimiento administrativo
sancionatorio desarrollado en la presente Ley.
Finalidad
Art. 2.- La presente Ley tiene por finalidad:
a) Generar una cultura ciudadana que busque incrementar el respeto entre las
personas así como el cumplimiento de las leyes y normas de convivencia, la
resolución pacífica y alternativa de sus conflictos de convivencia;
b) Fomentar y estimular la participación cívica y la convivencia entre los
habitantes de los distintos municipios del país;
c) Mejorar, fortalecer y adecuar progresiva y permanentemente los servicios
municipales, que contribuyan a la convivencia y seguridad local, coadyuvando
al desarrollo de los municipios; y,
d) Impulsar la coordinación, cooperación y concertación entre los municipios,
las instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales,
empresa privada y población en general, con el propósito de potenciar y
ejecutar programas y proyectos comunes para mejorar la calidad de vida de
los habitantes.
Indice Legislativo 337
Parte II

Parte II
338
Asamblea Legislativa
LEYES
Principios Rectores
Art. 3.- Las políticas municipales de educación en ciudadanía, relacionadas con la
seguridad y convivencia ciudadana incluyendo sus normas, serán elaboradas para su
debida aplicación e interpretación, aplicando los siguientes principios rectores:
a) Principio de Dignidad Humana: Implica respeto, promoción, vigencia y
defensa de los derechos humanos;
b) Principio de Igualdad y Justicia Social: Todo ciudadano tiene derecho a
convivir en un ambiente de tranquilidad y bienestar, garantizándoles el
ejercicio de sus derechos y libertades;
c) Principio de Legalidad: Toda contravención y sanción debe estar previamente
establecida en la Ley;
d) Principio de Equidad de Género: Participación democrática e igualitaria entre
hombres y mujeres;
e) Principio de Participación Ciudadana: Proceso mediante el cual la sociedad
civil interactúa y se relaciona con las estructuras gubernamentales y
participa en el diseño, elaboración, ejecución y supervisión de las políticas
municipales dentro de los límites constitucionales, a través de mecanismos
democráticos;
f) Principio de Convivencia Ciudadana: Es el comportamiento de los ciudadanos
y ciudadanas con el debido respeto de los derechos y deberes en su relación
mutua y en su interrelación con los espacios públicos y privados bajo los
preceptos legales establecidos.
g) Principio de Prevención: Considerar en cualquier decisión, los factores de
riesgo que inciden en las problemáticas existentes en el municipio, creando
medidas que reduzcan las causas que originan conflictos de convivencia;
h) Principio del Orden Público: Implica proteger el interés general de la sociedad
sobre el de los particulares;
i) Principio de Mínima Intervención Judicial: Preeminencia de las acciones
administrativas de prevención y restauración del daño, por sobre las
acciones de carácter sancionatorio;
j) Principio de Participación Protagónica: Fomentar y garantizar por parte de
las autoridades municipales, la participación activa de los ciudadanos en
materias de convivencia, prevención y resolución alternativa de conflictos; y,
k) Principio de Corresponsabilidad: Participación indeclinable de las
comunidades con las municipalidades en cumplimiento de sus deberes, para
el logro de los objetivos de la convivencia ciudadana.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Valores
Art. 4.- En el marco de la presente Ley, son valores fundamentales para la
convivencia ciudadana:
a) La responsabilidad de los ciudadanos en la construcción de la convivencia;
b) La confianza en los entes competentes, como fundamento de la seguridad;
c) La búsqueda de solución de los conflictos, mediante el diálogo y métodos
alternos como la mediación y la conciliación;
d) La tolerancia que conlleva el respeto por las diferencias y la diversidad de
opinión en lo social, político, étnico, cultural y religioso; y,
e) La solidaridad, característica humana que inclina a sentirse unido a sus
semejantes y a cooperar con ellos.
Capítulo II
Art. 5.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
Convivencia: Cualidad que tiene el conjunto de relaciones cotidianas que se dan entre
los miembros de una sociedad, cuando se han armonizado los intereses individuales
con los colectivos; y por tanto, los conflictos se resuelven de manera constructiva,
donde se resalta además la noción de vivir en medio de la diferencia;
Contravención Administrativa: Aquella conducta social que implica un daño o peligro para
determinados bienes jurídicos individuales o colectivos, la paz social, la tranquilidad, el
orden y la seguridad, siempre que no constituya delito o falta;
Violencia: Acción u omisión que lastima de forma física, moral, psicológica o social;
ya sea ésta de carácter individual o colectiva, limitando, impidiendo o destruyendo las
posibilidades de desarrollo de las personas o la naturaleza, pudiendo incluso causar
daños irreversibles;
Prevención de la Violencia: Promoción de capacidades, destrezas, acciones, planes y
políticas integrales encaminadas a evitar o erradicar conductas lesivas a la persona
humana, a su dignidad y al desarrollo pleno de la convivencia armónica en el conjunto
social;
Seguridad Ciudadana: Situación social que contempla mecanismos, procesos,
instituciones y políticas integrales que garanticen la tranquilidad y el orden público, para
ejercitar libremente los derechos y libertades de hombres y mujeres, en un contexto de
participación ciudadana;
Delegado Contravencional Municipal: Instancia administrativa que se encarga de
verificar, sancionar y resolver casos y hechos contemplados en la presente Ley;
Indice Legislativo 339
Parte II

Parte II
340
Asamblea Legislativa
LEYES
Espacio Público: Lugar de convivencia y civismo, administrado y gestionado por
autoridades públicas, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus
actividades de libre circulación, de sano esparcimiento y de encuentro, con pleno
respeto a la dignidad y a los derechos de los demás;
Contraloría Social: Acción legítima que realiza todo ciudadano y ciudadana a través de
las estructuras sociales, organizaciones no gubernamentales o de carácter individual,
dirigida a conocer, obtener información, participar y objetar toda actividad de las
autoridades de la localidad en pro de la convivencia ciudadana. Las autoridades
mencionadas en la presente Ley, deberán rendir los informes pertinentes, bajo el
Principio de Transparencia y Rendición de Cuentas;
Mediación: procedimiento previo, pacifico y de cooperación mutua de resolución de
conflictos, el cual consiste básicamente en el hecho de que las personas involucradas
en el mismo, tienen la oportunidad de participar voluntaria y activamente, con la
asistencia de un mediador capacitado que de una manera imparcial conduce y facilite
el proceso;
Conciliación: Procedimiento previo con la intervención de un tercero que propone
soluciones no vinculantes a las partes, con la finalidad de resolver conflictos o de
reparar el daño causado, teniendo éste un mayor protagonismo en la solución de la
controversia.
Capítulo III
De las Competencias
Encargados de Hacer Cumplir la Ley
Art. 6.-Tendrán competencia y la obligación de hacer cumplir la presente Ley,
dentro del ámbito de sus atribuciones legales, las siguientes entidades:
a) Concejos Municipales y Alcaldes;
b) Delegado Contravencional Municipal;
c) Procuraduría General de la República;
d) Cuerpo de Agentes Municipales; y,
e) Policía Nacional Civil.
De La Colaboracion
Art. 7.- Todas las autoridades, funcionarios públicos o servidores públicos se
encuentran en la obligación de prestar su colaboración a las autoridades indicadas en
la presente Ley, con el objeto de contribuir al cumplimiento de la misma.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Se podrán realizar convenios entre las instituciones gubernamentales, no
gubernamentales y la empresa privada, con la finalidad de viabilizar la efectiva
aplicación de la presente Ley.
Concejos Municipales
Art. 8.- Cada Concejo Municipal tiene la facultad de:
a) Aprobar sus propias ordenanzas y políticas que contribuyan a la convivencia
ciudadana, en el marco de la presente Ley y apegadas a su realidad local;
b) Autorizar y legalizar comités, mesas interinstitucionales y sociales que
contribuyan a la prevención de la violencia y convivencia ciudadana;
c) Promover campañas, talleres y capacitaciones para difundir los principios,
valores y finalidad de la presente ley;
d) Resolver el recurso de apelación;
e) Nombrar al Delegado Contravencional Municipal, propietario y suplente;
f) Crear dentro del presupuesto anual municipal, la partida respectiva para el
funcionamiento del Delegado Contravencional Municipal; y,
g) Revisar periódicamente el funcionamiento del Delegado Contravencional
Municipal.
Alcalde
Art. 9.- Para efectos de la presente Ley, el Alcalde se encargará de:
a) Coordinar los comités, mesas interinstitucionales, sociales y otras
organizaciones que contribuyan a la convivencia ciudadana y de prevención
de la violencia; y,
b) Celebrar convenios de cooperación con organizaciones gubernamentales,
no gubernamentales y empresa privada, que fortalezcan la gestión de la
convivencia ciudadana y la prevención de la violencia.
Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el Código Municipal.
Delegado Contravencional Municipal
Art. 10.- Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley,
existirá un Delegado Contravencional Municipal en adelante “El Delegado”, quien podrá
contar con los colaboradores necesarios.
El Delegado deberá de preferencia ser profesional graduado en las especialidades
necesarias; no obstante, podrá emplearse a estudiantes universitarios que tengan
aprobado como mínimo el 80% de las materias cursadas.
Indice Legislativo 341
Parte II

Parte II
342
Asamblea Legislativa
LEYES
Los mencionados en el inciso anterior, podrán realizar sus horas sociales o en su
caso convalidar las prácticas profesionales, de las carreras afines con el cumplimiento
del Delegado, para lo cual los Concejos Municipales deberán celebrar los convenios
respectivos con las instituciones de educación superior o la Corte Suprema de Justicia.
Atribuciones del Delegado Contravencional Municipal
Art. 11.- Las atribuciones del Delegado, son:
a) Recibir solicitudes de ciudadanos para la resolución alternativa de conflictos;
b) Resolver por medio de la resolución alternativa de conflicto en aquellos
casos que así fuere acordado por las partes; en los que no fuese posible
resolverlos, el Delegado podrá remitir las diligencias a la Procuraduría
General de la República o solicitar la presencia de uno de sus mediadores;
c) Recibir los oficios de remisión, documentación adjunta o lo decomisado si
lo hubiere;
d) Recibir denuncias o avisos de contravenciones cometidas, establecidas en
la presente Ley y desarrolladas en las ordenanzas municipales, las cuales
podrán realizarse por cualquier medio por personas naturales o jurídicas;
e) Iniciar el procedimiento administrativo sancionador;
f) Citar según sea el caso al denunciado o su representante legal;
g) Indagar sobre hechos denunciados, solicitar informes, peritajes y cualquier
otro tipo de diligencias que contribuyan a resolver el conflicto;
h) Imponer sanciones según las contravenciones establecidas en la presente
Ley o en las ordenanzas municipales orientadas para convivencia ciudadana;
i) Llevar registro de audiencias y contravenciones cometidas por ciudadanos
y personas jurídicas; y,
j) Rendir mensualmente los informes respectivos de sus actuaciones al
Concejo Municipal o cuando éste, así lo estime conveniente.
De la Procuraduría General de la República
Art. 12.- La Procuraduría General de la República, deberá:
a) Impulsar y participar con los Concejos Municipales y la Policía Nacional
Civil, en la conformación de los comités, mesas interinstitucionales, sociales
y otras organizaciones que contribuyan a la prevención de la violencia y
convivencia ciudadana;
b) Recibir y dar el trámite correspondiente a los casos que le sean remitidos
por el Delegado por la vía de la resolución alternativa de conflictos; y,

Anuario Legislativo 2010 - 2011
c) Formalizar los acuerdos o lo actuado entre las partes, remitiendo la
certificación de la misma al Delegado.
En caso de incumplimiento por una o ambas partes, de los acuerdos convenidos,
la Procuraduría General deberá remitir certificación del acta donde se da a conocer tal
situación al Delegado.
De la Policía Nacional Civil
Art. 13.- La Policía Nacional Civil, deberá:
a) Impulsar y participar con los Concejos Municipales, la conformación de los
comités, mesas interinstitucionales, sociales y otras organizaciones que
contribuyan a la prevención de la violencia y convivencia ciudadana;
b) Colaborará en la divulgación cultural de las disposiciones contempladas en
la presente Ley, a través de sus diferentes acciones y planes operativos en
forma asociada con los Gobiernos Locales;
c) Orientar al ciudadano de las instancias y lugares donde pueda recurrir para
resolver los conflictos de convivencia social; y,
d) Tramitar las denuncias o avisos en los municipios donde no existieren Cuerpos
de Agentes Municipales y remitirlas a las instancias correspondientes.
Del Cuerpo de Agentes Municipales
Art. 14.- Corresponderá al Cuerpo de Agentes Municipales:
a) Velar por el bien común y la armónica convivencia ciudadana;
b) Iniciar la investigación de las contravenciones de la presente Ley, cuando se
presentare aviso o denuncia, verbal o escrita, por parte de algún ciudadano
o tuviere noticia por cualquier medio;
c) Extender al contraventor la esquela de emplazamiento para efecto de que
pague la multa respectiva si así lo desea o solicite la audiencia ante el
Delegado;
d) Coordinar con el Delegado los días y horas de las audiencias que hayan sido
señaladas por éstos, para los efectos que se consideren pertinentes para el
ejercicio de la presente Ley;
e) Realizar las acciones de la etapa preparatoria del procedimiento administrativo
sancionatorio conforme a los términos referidos en esta Ley;
f) Remitir inmediatamente a la Policía Nacional Civil a todos aquellos ciudadanos,
que sean sorprendidos en flagrancia en la comisión de un hecho delictivo;
g) Intervenir en todo hecho que conlleve perjuicio hacia los bienes públicos;
Indice Legislativo 343
Parte II

Parte II
344
Asamblea Legislativa
LEYES
h) Remitir informes escritos de las denuncias o avisos recibidos a el Delegado;
i) Cumplir con los mandatos emitidos por el Delegado;
j) Participar dentro de sus facultades, en los planes de prevención de la
violencia del municipio; y,
k) Resguardar y asegurar la tranquilidad pública, en coordinación con la Policía
Nacional Civil.
TITULO II
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
Capitulo I
De La Participacion Ciudadana
Espacios de Participación
Art. 15.- En la consecución de los fines previstos en esta Ley, se consideran
espacios de participación local, las Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas, los
Comités de Prevención de la Violencia, ADESCOS, Juntas Vecinales, y otras formas
de participación comunitaria, de conformidad a los principios establecidos en la
Constitución, Leyes de la República y demás Ordenanzas Municipales.
Los Gobiernos Municipales deberán orientar y fomentar la participación ciudadana
a través de los espacios antes señalados, a fin de lograr que las comunidades tomen
parte en la solución de sus problemáticas.
Contraloría Social
Art. 16.-Toda persona podrá ejercer contraloría social, bajo el Principio de
Participación Protagónica y de Corresponsabilidad, en la aplicación de las disposiciones
contenidas en la presente Ley.
Capítulo II
De los Programas para la Educación en Convivencia Ciudadana
Art. 17.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende como Programas
de Educación en Convivencia Ciudadana, todo esfuerzo educativo e informativo,
relacionado con la divulgación de la presente Ley, que tengan por objeto el conocimiento
de los fines, principios y valores de la convivencia ciudadana.
El Ministerio de Educación, deberá contribuir en la divulgación de la presente Ley.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 18.- Para la educación, divulgación y fomento de la cultura y convivencia
ciudadana, los Concejos Municipales deberán crear programas y métodos de
divulgación y educación.
De igual forma los miembros de la comunidad, las asociaciones de vecinos, los
comités ciudadanos del municipio, las instituciones gubernamentales y las organizaciones
no gubernamentales, podrán participar y colaborar activamente en la realización de las
charlas y talleres para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior.
TITULO III
DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Capítulo I
De las Normas de Convivencia Ciudadana
Obligaciones
Art. 19.-Toda persona natural o jurídica está en la obligación de cumplir las normas
contenidas en la presente Ley; contribuyendo en la medida de lo posible, a dirimir
desacuerdos y conflictos surgidos en la interrelación social, aportando soluciones
pertinentes y creativas en el ejercicio de la ciudadanía.
Cumplimiento
Art. 20.-Toda persona natural o jurídica deberá cumplir las resoluciones
pronunciadas por el Delegado, en lo relativo a procesos administrativos sancionatorios,
resoluciones alternativas de conflictos y otras establecidas en la presente Ley, sin
menoscabo a lo dispuesto en las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales.
Deberes
Art. 21.-Toda persona natural o jurídica está en el deber de asumir una conducta
encaminada a la promoción y sostenimiento de las normas de la convivencia
ciudadana, contribuyendo con el bienestar colectivo y fomentando la solidaridad como
valor básico de la interrelación social, haciéndose necesario el cumplimiento de los
deberes enumerados en la presente Ley.
Capítulo II
De los Deberes Ciudadanos con el Medio Ambiente
Art. 22.-Son deberes de toda persona natural o jurídica, con el medio ambiente:
a) Almacenar de forma responsable todo tipo de sustancias, materiales y
equipos que atenten contra la salud o la integridad física de las personas de
acuerdo a lo dispuesto a las leyes de la materia;
Indice Legislativo 345
Parte II

Parte II
346
Asamblea Legislativa
LEYES
b) Garantizar que la posesión de animales domésticos, de granja o mascotas
no provoquen perjuicio a la salud pública, bienestar de la comunidad y
conservación del medio ambiente;
c) Vacunar a los animales domésticos, de granja o mascotas, según las
indicaciones de las autoridades sanitarias y mantener vigentes los
certificados de vacunación respectivos;
d) Garantizar el bienestar de los animales domésticos, de granja o mascotas
que posea, mediante el cuido adecuado y sin maltrato;
e) Cumplir las disposiciones legales ya establecidas de “No Fumar”; al interior
de instituciones públicas, unidades de transporte colectivo, centros de salud,
educativos y lugares públicos en general;
f) No botar desechos u otros objetos en predios baldíos, quebradas, ríos,
lagos, playas y lugares o vía pública;
g) Hacer uso responsable del agua, debiendo proteger y no dañar los recursos
hídricos, sistemas de acueductos de agua potable, servidas y lluvia;
h) Conservar y utilizar adecuadamente las zonas verdes y áreas de recreación
de las localidades, comunidades, colonias, residencias o parques;
i) Conservar los árboles existentes en su propiedad, debiendo asegurar que
éstos no afecten propiedad y servicios públicos o privados;
j) Cumplir con las prohibiciones y precauciones que determinen las leyes,
reglamentos y ordenanzas con respecto a fogatas, quemas controladas y
fuegos artificiales; y,
k) Obedecer las disposiciones establecidas relativas a las zonas declaradas
como áreas naturales protegidas.
Capítulo III
De los Deberes con el Municipio y el Orden Público
Art. 23.-Son deberes de toda persona natural o jurídica, con el patrimonio nacional
y público:
a) Proteger y conservar los bienes públicos, patrimonios, tanto nacionales
como del municipio y aquellos que tengan a su cargo el cuidado o custodia;
b) Acatar las disposiciones que comprenden la prohibición de obstaculizar por
cualquier forma o medio, las zonas de tránsito peatonal, tales como aceras,
pasarelas, parques, de tránsito vehicular, calles, retornos, pasajes, paradas
o terminales de buses y otras determinadas en las leyes, reglamentos y
ordenanzas municipales; y,

Anuario Legislativo 2010 - 2011
c) Dar aviso a las autoridades competentes cuando se incurra en las
contravenciones establecidas en la presente Ley y ordenanzas municipales.
Art. 24.-Son deberes de toda persona natural o jurídica, con el orden público:
a) Proteger el orden y la tranquilidad pública, evitando escándalos, disturbios o
ruidos perturbadores a sus conciudadanos;
b) No realizar necesidades fisiológicas, ni escupir, en la vía, lugares y unidades
de transporte público;
c) Asegurar que los animales domésticos, de granja o mascotas que posea no
causen, ni motiven alteraciones al orden y tranquilidad pública; y,
d) Dar aviso a las autoridades competentes de aquellos negocios que permiten
el ingreso a niñas, niños y adolescentes, cuando estos lugares sean de
carácter prohibitivo a ellos.
Capítulo IV
De los Deberes con las Relaciones Vecinales
Art. 25.- Son deberes de toda persona natural o jurídica, con respecto a sus
demás vecinos:
a) Realizar obras de construcción, ampliación, remodelación, adecuación,
reparación, demolición de edificaciones o vivienda de inmuebles, observando
las normas establecidas sobre urbanismo y construcción, adoptando las
medidas y precauciones para no obstaculizar el paso peatonal; no causando
riesgo o peligro a los vecinos en su seguridad física, personal y a las demás
viviendas; y evitar que los residuos de material de construcción, afecten a
los vecinos y las alcantarillas públicas;
b) Cumplir el tiempo estipulado y planteado en el otorgamiento de los respectivos
permisos, para los efectos regulados en el literal anterior;
c) Evitar los ruidos, sonidos u otras manifestaciones que perturben la
tranquilidad pública o alteren la paz vecinal en días y horas establecidos en
las ordenanzas municipales;
d) Respetar los límites y usos de los espacios de parqueo, estacionamientos,
zonas verdes, áreas comunes y retornos en las distintas formas de residencia;
e) Guardar el debido respeto con sus vecinos;
f) Utilizar correa o correa y bozal, según el caso en las mascotas, de forma
obligatoria, cuando se desplacen por espacios públicos; y,
g) Recoger y disponer de manera adecuada los desechos fisiológicos de los
animales domésticos, de granja o mascotas de su propiedad, en los espacios
públicos, residenciales, de recreación común o privados, especialmente por
donde transiten personas.
Indice Legislativo 347
Parte II

Parte II
348
Asamblea Legislativa
LEYES
Capítulo V
De los Deberes Ciudadanos con la Comunidad
Art. 26.- Son deberes de toda persona natural o jurídica, con su comunidad:
a) Facilitar el tránsito por la vía pública a niñas, niños y adolescentes, personas
adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas
o personas cargando bebés, sobre todo en situaciones que representen
dificultad o peligro;
b) Auxiliar a niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas o personas
cargando bebés; así como a las personas con discapacidad o extraviados,
dando aviso y entregándolos a la autoridad correspondiente;
c) Colaborar para que las niñas, niños, adolescentes y personas adultas
mayores que se encuentren en situación de abandono o riesgo social, sean
albergados en los centros o entidades competentes;
d) Cooperar con la socialización de las niñas, niños y adolescentes de su
comunidad para el desarrollo integral de éstos; así como, en el cumplimiento
de medidas dirigidas a la prevención de riesgos sociales o de violencia;
e) Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, cualquier tipo de
situación irregular que se observe en su localidad, como factor de violencia,
delincuencia o riesgo;
f) Dar aviso de situaciones de violencia de cualquier tipo, entre ellas:
doméstica, de género, juvenil o animal, que se generen en sus localidades a
las autoridades competentes; y,
g) Colaborar en situaciones de emergencia y desastre; así como, cooperar y
acatar los planes generales de acuerdo a las orientaciones establecidas por
las autoridades competentes en dichas situaciones.
Capítulo VI
De los Deberes de las Organizaciones y Entidades Privadas
Art. 27.- Para efectos de la presente Ley, se consideran deberes de organizaciones,
comunidades y personas jurídicas dentro del municipio, los siguientes:
a) Las personas jurídicas y organizaciones tales como: iglesias, asociaciones
comunitarias, instituciones gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales, de conformidad con los valores de solidaridad y
responsabilidad, deberán colaborar en el fomento de la educación, difusión
y aplicación de la presente Ley;
b) Colaborar con la creación de las Políticas de Prevención de la Violencia;

Anuario Legislativo 2010 - 2011
c) Colaborar en el diseño y ejecución de políticas municipales, destinadas a
la inclusión y protección social de los grupos más vulnerables; así como,
contribuir con las medidas establecidas para la atención integral de las
niñas, niños y adolescentes en condición de riesgo social o en cumplimiento
de sanciones judiciales;
d) Colocar carteles informativos en lugares visibles, indicando la prohibición
de acceso a páginas de la web con contenido pornográfico y de juegos de
apuestas; así como, de toda aquella información de prohibición de venta
o suministro de sustancias que generen drogodependencia o que dañan la
salud e integridad física de las niñas, niños y adolescentes;
e) Contribuir a la preservación del orden, la tranquilidad y seguridad de todos
los habitantes de la localidad;
f) Cumplir con las normas establecidas acerca del diseño y estructura de
locales, evitando la obstrucción del paso peatonal y vehicular;
g) Cumplir con las ordenanzas municipales establecidas para el control de
ruidos. Las reuniones sociales, artísticas, religiosas, deportivas, entre otras,
deberán ceñirse a estas mismas normas;
h) Adoptar en la realización de los espectáculos públicos, todas las medidas
de seguridad y las precauciones necesarias para la seguridad física de las
personas, el cumplimiento del orden público y la conservación del medio
ambiente, dejando libre el paso en las puertas de acceso y salidas de
emergencia, en las escaleras o en los pasillos y mantener permanentemente
disponibles rutas de evacuación;
i) Todo empresario que se dedique a la venta y consumo de bebidas alcohólicas
y establecimientos de actividades de exclusividad de adultos, no deberá
establecer sus negocios en cercanías de establecimientos educativos,
religiosos, de salud y espacios de recreación pública; así como, no permitir
el ingreso a este tipo de establecimientos, ni la venta a niñas, niños y
adolescentes de dichas bebidas;
j) Contribuir en su comunidad con el ornato, limpieza y restablecimiento de
espacios y lugares públicos de recreación;
k) Participar de las actividades y políticas de prevención y mantenimiento del
orden público para la convivencia social de su localidad; y,
l) Cumplir con las normas medioambientales.
Indice Legislativo 349
Parte II

Parte II
350
Asamblea Legislativa
LEYES
TITULO IV
DE LAS FACULTADES DE ACTUACION
Capítulo I
De la Facultad Sancionatoria y sus Efectos
Tipos de Sanciones
Art. 28.- El incumplimiento por persona natural o jurídica de las normas de
convivencia establecidas en la presente Ley, darán lugar a contravención, que
deberán ser ventiladas por el Delegado de cada municipio y se basarán en el debido
procedimiento administrativo sancionatorio, para la imposición de cualquiera de las
sanciones siguientes:
a) Amonestación verbal o escrita;
b) Reparación de los daños;
c) Decomisos;
d) Trabajo de utilidad pública;
e) Multas;
f) Suspensiones de permisos y licencias; y,
g) Cierre Definitivo.
Para la imposición de las sanciones, el Delegado llevará a cabo el procedimiento
valorando los Principios de Legalidad y de Proporcionalidad, conforme a la gravedad del
hecho cometido, la pertinencia de la sanción y valorando como opción privilegiada el
procedimiento por medio de la mediación, conciliación o reparación del daño causado.
En los casos que el contraventor sea reincidente, será aplicada una sanción de
mayor gravedad.
Los municipios podrán asociarse entre ellos a fin de nombrar un Delegado, que será
competente para conocer de las contravenciones que se cometan en las respectivas
circunscripciones territoriales de los municipios asociados.
Aquellos municipios que no tuvieren Delegado y optaran por no asociarse para
estos efectos; podrán nombrar de forma conjunta o particular, un Delegado.
De la Amonestación Verbal o Escrita
Art. 29.- Cuando se cometa una contravención por primera vez, el Delegado
podrá considerar conforme a las circunstancia en que sucedió el hecho, la existencia
de elementos atenuantes, analizados conforme a las reglas de la sana crítica, que no
amerite una sanción de mayor gravedad, el contraventor será amonestado verbalmente

Anuario Legislativo 2010 - 2011
en la audiencia respectiva, previniéndole que se abstenga de infringir y advirtiéndole
que de reincidir, le será aplicable una sanción de mayor gravedad, de todo lo cual se
levantará Acta que firmarán las partes involucradas.
En el caso que el contraventor se encontrare imposibilitado para firmar o se negare,
se hará constar en el Acta respectiva.
En caso que el contraventor no se presentare en la audiencia señalada, se le hará
llegar por escrito la amonestación respectiva.
En el caso de las niñas, niños y adolescentes, se aplicará amonestación verbal o
escrita en presencia de los padres, sus representantes legales, tutores o encargados
en su caso. Los expedientes en relación a éstos, deberán guardarse con estricta
confidencialidad.
De la Reparación de Daños
Art. 30.- Si se hubiere dañado un bien público o privado, el contraventor será
sancionado con la reparación del daño causado; el cual deberá ser evaluado, por perito
o técnico nombrado por la municipalidad.
De los Decomisos
Art. 31.- En circunstancias excepcionales, que pongan en riesgo la seguridad
personal, flagrancia o reincidencia; el Delegado podrá ordenar de forma inmediata el
decomiso del bien, con la cual se contraviniere y su correspondiente resguardo, a fin
de que el contraventor sea sometido al procedimiento administrativo sancionatorio
que la presente Ley establece, en el mismo se deberá resolver el destino del bien
decomisado.
Todo proceso que conlleve decomiso, deberá establecerse mediante un acta
que incorpore las razones y circunstancias por las cuales se procedió de tal forma,
debiendo hacerse la descripción clara del bien decomisado y resguardarse a fin de que
sea remitido con oficio al Delegado.
Del Trabajo de Utilidad Pública
Art. 32.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por trabajo de utilidad
pública, toda acción que retribuye a la localidad el daño causado y tendrá por objeto
la educación del contraventor.
El trabajo de utilidad pública deberá ordenarse de tal forma que no resulte infamante
para el contraventor, respetando todos sus derechos humanos, ni perturbando su
actividad laboral normal y adecuada a su capacidad física y psíquica.
El trabajo de utilidad pública no deberá ser mayor de ocho horas semanales,
mismas que serán convenidas por las partes, para su ejecución.
Indice Legislativo 351
Parte II

Parte II
352
Asamblea Legislativa
LEYES
La multa que se permute por trabajo de utilidad pública, deberá respetar la siguiente
regla de conversión: Dos horas de trabajo de utilidad pública, será equivalente a once
dólares con cuarenta y dos ($11.42) centavos de dólar.
Art. 33.- Son trabajos de utilidad pública:
a) La limpieza, pintura, restauración o mantenimiento de centros educativos,
plazas y lugares públicos o de acceso al público, centros de salud y sedes
de organismos o instituciones gubernamentales del municipio de donde se
haya cometido la contravención; y,
b) La realización de actividades docentes en los centros educativos públicos
del municipio correspondiente, dependiendo del grado de instrucción y
profesión del contraventor.
Art. 34.- En caso de reincidencia la medida será la aplicación de los trabajos
de utilidad pública establecidos en el artículo anterior. Cuyo fin es la educación del
contraventor.
De la Multa
Art. 35.- Multa es la sanción administrativa de carácter pecuniario impuesta por
el Delegado, por la comisión de una contravención legalmente establecida, conforme
al procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la presente Ley y
desarrolladas en las ordenanzas municipales, sin importar el lugar de residencia del
contraventor.
La sanción de multa obliga al contraventor, a pagar una suma de dinero a la
municipalidad del lugar donde se haya cometido la contravención, que estará
fundamentada de conformidad a lo estipulado en el Código Municipal.
En el caso de las niñas, niños y adolescentes, la multa será pagada por sus padres,
por la persona que ejerciere la representación legal, el cuidado personal o encargados
en su caso.
Cuando se trate de personas jurídicas o negocios de subsistencia familiar, la multa
será pagada por su representante legal o dueño según sea el caso.
Cuando la persona contraventora residiere o tuviere bienes inmuebles o negocios
en el municipio en el que cometió la contravención, la multa que no hubiere cancelado,
ocasionará que la municipalidad no extienda la solvencia municipal correspondiente.
En caso de que el contraventor no cuente con capacidad económica que le permita
pagar la multa impuesta; podrá permutarse la misma, por trabajos de utilidad pública
correspondientes en el tiempo establecido para la contravención cometida.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Cuando el contraventor no sea residente del municipio donde cometió la
contravención, las municipalidades podrán requerir que se realice la exigencia del pago
de la multa vía cobro por medio del Delegado al que pertenezca el contraventor.
De las Suspensiones de Permisos y Licencias
Art. 36.- Las contravenciones que generen la suspensión de permisos, licencias
o cierre temporal del establecimiento, sea comercial, de subsistencia familiar o de otra
naturaleza, procederá cuando:
a) El medio directo para cometer la contravención haya sido el establecimiento,
comercio o local; y,
b) Al contraventor se le hayan aplicado sanciones de amonestación verbal,
escrita o de multa y la contravención se continuare cometiendo.
En caso de suspensión, ésta no podrá exceder de noventa días.
Art. 37.- El cierre definitivo de establecimientos, sea comercial o de otra
naturaleza, procederá cuando se haya agotado el debido proceso, la imposición de
otras sanciones y aún persistan las contravenciones.
Capítulo II
Art. 38.-Todo conflicto entre ciudadanos que sea establecido como contravención
en la presente Ley y desarrolladas en las ordenanzas municipales, podrán ser resueltos
por la vía de la resolución alternativa de conflictos, procurando la mediación, conciliación
o la reparación del daño.
Art. 39.- La audiencia será celebrada en las instalaciones del Delegado, para lo
cual serán citadas las partes y los testigos.
Art. 40.- Los acuerdos de la audiencia deberán establecer de forma clara, los
compromisos adquiridos por las partes, los plazos de cumplimiento, mismo que serán
sujetos de verificación; en caso de incumplimiento, cualquiera de las partes agraviadas,
podrán hacerlo del conocimiento del Delegado, quien deberá iniciar y agotar la fase
administrativa según el caso para que éste resuelva lo pertinente.
Art. 41.- Las instancias facultadas para instruir alternativamente un conflicto entre
ciudadanos, será el Delegado o la Procuraduría General de la República; estableciendo
Indice Legislativo 353
Parte II

Parte II
354
Asamblea Legislativa
LEYES
un mecanismo expedito y eficaz que asegure al ciudadano denunciante, la atención
debida y la efectividad de la acción a tomar.
Art. 42.- En caso de no lograr acuerdo a través del acto previo de la resolución
alternativa de conflicto, se iniciará el proceso administrativo sancionatorio establecido.
TITULO V
DE LAS CONTRAVENCIONES
Capítulo I
De las Contravenciones Relativas al Debido Comportamiento
en Lugares Públicos
Necesidades Fisiológicas en Lugares no Destinados para tal Fin
Art. 43.-Realizar necesidades fisiológicas en aceras, parques, vías o cualquier
otro lugar público no destinados para tal fin.
Consumo de Bebidas Alcohólicas en Lugares no Autorizados
Art. 44.-Ingerir cualquier tipo de bebida alcohólica, en aceras, parques, vías o
cualquier otro lugar público o privado con acceso al público no autorizado.
Perturbar la tranquilidad pública de los habitantes, participando o promoviendo en
estado de ebriedad, escándalos o desórdenes en lugares públicos o privados.
Venta o Suministro de Bebidas Alcohólicas en Lugares no Autorizados
Art. 45.-Vender o suministrar, cualquier tipo de bebida alcohólica sin contar con
los permisos correspondientes para tal fin.
También será sancionado todo establecimiento comercial que sin la autorización
correspondiente, tolerare el consumo en sus instalaciones de cualquier tipo de bebidas
alcohólicas.
En los casos previstos en la presente disposición, la sanción será aplicable a
los propietarios o representantes legales de los establecimientos o lugares que los
realizaren.
Ensuciar, Deteriorar o Colocar Propaganda en Paredes Públicas o Privadas
Art. 46.- Manchar, rayar, ensuciar de tal manera, que deteriore infraestructura
pública y privada; así como, colocar afiches o propaganda sin la debida autorización.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
En este caso en particular, además de la aplicación de la sanción correspondiente,
deberá reparar el deterioro o daño causado.
Queda exceptuada de la presente disposición, la colocación de propaganda
electoral durante los períodos permitidos, en los términos y lugares establecidos por
la Ley.
Cada municipio dispondrá o designará paredes y espacios para la expresión
artística, en las cuales se podrán realizar libremente tales manifestaciones; en caso
de no respetar dichos espacios o tales manifestaciones generen algún agravio, se
incurrirá en la responsabilidad administrativa o penal pertinente.
Art. 47.- Impedir o dificultar la libre circulación de vehículos o peatones, por causa
de carga o descarga de mercancías de carácter comercial, fuera de las horas y lugares
autorizados para tal efecto; así como también, colocar cualquier tipo de obstáculos o
hacer de la vía pública parqueos privados.
Es responsabilidad de los Concejos Municipales y del Vice Ministerio de Transporte
dentro de sus respectivas facultades legales, regular los lugares y las horas para
los efectos mencionados en el inciso anterior, debiendo de emitir las disposiciones
pertinentes.
Ofrecimiento de Servicios Sexuales y Hostigamiento Sexual en Espacios Públicos
Art. 48.- Ofrecer servicios de carácter sexual en lugares públicos o solicitar
servicios sexuales de manera notoria o con escándalo que perturbe el orden público;
y que aún estando en lugares privados, lesione la moral y las buenas costumbres,
ofenda el pudor con sus desnudeces o por medio de palabras obscenas, gestos,
actitudes o exhibiciones indecorosas, realizare tocamientos impúdicos o asediare
impertinentemente.
Realización de Actos Sexuales en Lugares Públicos
Art. 49.- Realizar actos sexuales diversos o de acceso carnal en lugares públicos.
Realización de Espectáculos o Eventos Públicos
Art. 50.-Realizar o instalar espectáculos o eventos públicos sin el permiso
correspondiente.
Incumplir las medidas de seguridad establecidas en el permiso correspondiente.
Vender en exceso las localidades o permitir el ingreso de una mayor cantidad de
espectadores o asistentes que la autorizada a un espectáculo o evento, o que no resulte
acorde con la capacidad del lugar donde se desarrolle el mismo.
Indice Legislativo 355
Parte II

Parte II
356
Asamblea Legislativa
LEYES
Del Ingreso o Egreso a Espectáculos o Eventos Públicos
Art. 51.- Ingresar en un espectáculo o evento público, en un sector o localidad
diferente al que le corresponda conforme a la índole de la entrada adquirida.
Perturbar el orden de las filas formadas para la adquisición de entradas, ingreso o
egreso del lugar donde se desarrolle un espectáculo o evento público; o irrespetar el
vallado perimetral para el control de los mismos.
Arrojar Objetos en Espectáculos o Eventos Públicos
Art. 52.- Arrojar líquidos, papeles encendidos, objetos o sustancias que puedan
causar daño o molestias a terceros, en espectáculos o eventos públicos.
Ingresar o Vender Bebidas de Contenido Alcohólico en Espectáculos o Eventos
Art. 53.-Ingresar o vender bebidas de contenido alcohólico de más del 6% en
volumen, al lugar donde se desarrollen espectáculos o eventos públicos o privados con
acceso al público, sin la autorización correspondiente de conformidad a lo establecido
en el artículo 32 de la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol
y de las Bebidas Alcohólicas.
Impedir o Afectar el Normal Desarrollo de un Espectáculo o Evento
Art. 54.- Impedir o afectar el normal desarrollo de un espectáculo o evento, que
se realice en un lugar público o privado de acceso al público.
Venta Pública o Suministro de Objetos Peligrosos
Art. 55.-Vender o suministrar en lugares donde se desarrollen espectáculos
o eventos públicos, o en sus inmediaciones, cualquier tipo de objetos que por sus
características, pudieran ser utilizados para provocar agresiones o violencia.
Acciones Contra los Delegados de la Autoridad Municipal
Art. 56.- Obstaculizar, perturbar o impedir la vigilancia o inspección que realicen
delegados de la autoridad municipal competente.
Denunciar Falsamente
Art. 57.- Proporcionar datos falsos o inexactos a la autoridad municipal o a sus
delegados, con el fin de evadir o reducir obligaciones a los que se refiere la presente
Ley.
Denunciar falsamente las contravenciones administrativas, descritas en la presente
Ley.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Peleas o Riñas en Lugares Públicos
Art. 58.- Ocasionar peleas o tomar parte en riñas o agresiones físicas o verbales
en lugares públicos o sitios expuestos al público, siempre y cuando el hecho no sea
constitutivo de delito.
De los Servicios de Emergencia
Art. 59.-Impedir u obstaculizar la circulación de personas o vehículos al momento
de prestar un servicio de emergencia.
Requerir sin motivo alguno un servicio de emergencia a la autoridad municipal.
Circulación y Cruce de Peatones
Art. 60.- Cruzar la vía o calzada fuera de la zona peatonal o de forma imprudente;
o bien, no utilizare la pasarela cuando estuviere a una distancia no mayor de cien (100)
metros.
De la Niñez, Adolescencia o Adultez Mayor
Art. 61.-Molestar, hostigar o perturbar a un niño, niña, adolescente o adulto mayor.
Tolerar o Inducir a Niño, Niña o Adolescente a Cometer Contravenciones
Art. 62.-Tolerar o inducir a un niño, niña o adolescente a contravenir las
disposiciones establecidas en la presente Ley.
Evasión del Pago del Uso de Parqueos Públicos
Art. 63.- Evadir el pago por el uso de cualquier forma de parqueos públicos
habilitados por las municipalidades para el estacionamiento de cualquier medio de
transporte.
Abandono de Vehículos Automotores en Vías Públicas
Art. 64.- Abandonar cualquier clase de vehículos automotores en mal estado, en
vías públicas, retornos, pasajes, aceras, predios e ingresos a viviendas, por un período
no mayor a treinta días.
Daños a la Señalizacion Pública
Art. 65.- Dañar, alterar, quitar, remover, simular, sustituir o hacer ilegible, cualquier
tipo de señalización colocada por la autoridad competente para identificar calles y
avenidas, su numeración o cualquier otra indicación con fines de orientación pública
Indice Legislativo 357
Parte II

Parte II
358
Asamblea Legislativa
LEYES
de lugares, actividades o de seguridad, ya sean señales prohibitivas, preventivas o de
emergencia.
De la Oferta de Utilización de Internet
Art. 66.- Permitir en los cibercafés o en cualquier lugar o local destinado al
público, el acceder a páginas, archivos o sitios de contenido pornográfico.
Art. 67.-Mostrar material, posters, afiches, revistas, películas, audiovisuales de
carácter pornográfico en lugares públicos o de acceso al público.
De las Máquinas de Juegos Electrónicos
Art. 68.- Comercializar, instalar o hacer funcionar sin el debido permiso, máquinas
de juegos electrónicos o de tipo recreativo permitidos por la Ley.
Capítulo II
De las Contravenciones Relativas a la Tranquilidad Pública
Hostigar o Maltratar a otra Persona
Art. 69.- Hostigar o maltratar verbal o psicológicamente a otra persona, siempre
que el hecho no constituya falta o delito penal.
Exigencia de Retribución Económica por Servicios no Solicitados
Art. 70.- Exigir retribución económica por la prestación de servicios no solicitados,
tales como limpieza de parabrisas o cuido de vehículos automotores estacionados en
la vía pública o cobro del espacio público.
Introducir Materiales Pirotécnicos en Espectáculos o Eventos
Art. 71.- Introducir sin autorización cualquier tipo o clase de material pirotécnico
en espectáculos o eventos, sean estos públicos o privados.
Almacenamiento por Particulares de Productos Peligrosos
Art. 72.- Almacenar productos y equipos que pongan en peligro la salud o la
integridad física, sin perjuicio de lo regulado en las leyes de la materia.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Daño de Zonas Verdes y de Recreación
Art. 73.- Dañar, alterar y ensuciar bienes públicos, tales como zonas verdes,
áreas de recreación y parques.
Obstaculización de Retornos y Calles no Principales
Art. 74.- Obstaculizar o invadir retornos de calles no principales, pasajes en
residenciales, urbanizaciones, colonias u otras formas urbanas.
De los Objetos Corto Punzantes o Contundentes
Art. 75.- Portar objetos corto punzantes o contundentes, instrumentos o armas
que no sean de fuego, en lugares públicos y siempre que su uso no se justifique, y se
atente o se ponga en peligro la seguridad de las personas.
Construcción de Obstáculos en la Vía Pública
Art. 76.- Construir canaletas, túmulos e instalar portones, plumas o cualquier otro
tipo de obstáculo en la vía pública que restrinja el libre tránsito, sin el permiso de la
autoridad correspondiente o sin la adecuada señalización y visibilidad.
Instalación de Establecimientos o Desarrollo de Actividad Comercial sin el Permiso
Correspondiente
Art. 77.- Instalar establecimientos o desarrollar cualquier tipo de actividad
comercial, sin el permiso correspondiente.
En aquellos casos en que la actividad comercial no se encuentre regulada, será la
alcaldía municipal quien deberá realizar la inspección y posterior evaluación, con el fin
de emitir la resolución que corresponda.
Afectación de los Servicios Públicos Municipales
Art. 78.- Dañar, sustraer, alterar o afectar el normal funcionamiento de los
servicios de alumbrado eléctrico, aseo, acueductos y alcantarillados que afecten a un
conglomerado o a una persona en particular.
Capítulo III
De las Contravenciones Relativas al Medio Ambiente
Falta de Limpieza e Higiene de Inmuebles
Art. 79.- Permitir en inmuebles la proliferación de maleza, basura, aguas
estancadas, residuos, plagas, vectores y de cualquier materia que denote falta de
Indice Legislativo 359
Parte II

Parte II
360
Asamblea Legislativa
LEYES
limpieza, conservación o higiene que signifique riesgo o peligro para la salud o
seguridad de la población.
Botar o Lanzar Basura o Desperdicios
Art. 80.- Botar o lanzar basura o desperdicios en lugares o espacios públicos o
en días y horarios no autorizados para ese efecto.
Dejar o Botar Ripio en Lugares no Autorizados
Art. 81.- Dejar o botar ripio en lugares o espacios públicos no habilitados para
ese efecto.
Realizacion de Ruidos que Alteren o Perturben la Tranquilidad Pública
Art. 82.- Realizar ruidos que perturben la tranquilidad de las personas, cerca de
lugares como hospitales, escuelas, servicios de emergencia, zonas residenciales; así
como, perturbar el normal desarrollo de las actividades comerciales, religiosas o actos
oficiales.
Perturbar el descanso, la convivencia o la tranquilidad pública mediante ruidos por
medio de volumen, persistentemente o reiterado en horas nocturnas.
Contaminación de Vehículo Automotor
Art. 83.- Realizar contaminación frecuente con humo, ruido o ambos, con su
vehículo en zonas habitacionales, causando molestias a la salud de las personas.
Fumar en Lugares Prohíbidos
Art. 84.- Fumar en lugares cerrados de uso público o de acceso al público no
autorizados.
Los establecimientos podrán disponer de áreas autorizadas para fumadores, las
cuales deberán estar debidamente identificadas.
Quema de Materiales que Produzcan Contaminación
Art. 85.- Quemar materiales que produzcan contaminación en las vías públicas,
centros urbanos o lugares poblados, especialmente en los alrededores y cerca de
centros educativos, centros de salud, zonas protegidas o del patrimonio histórico.
Realizar Construcciones en Inmuebles en Horas no Hábiles
Art. 86.- Realizar construcciones en inmuebles de propiedad privada, en zonas
residenciales, que afecten días y horas determinados para el descanso.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
De las Sustancias que Perjudiquen la Salud
Art. 87.-Almacenar sin la debida autorización, colocar o arrojar sustancias
capaces de causar un daño en perjuicio de la salud.
Arrojar Objetos desde Vehículos
Art. 88.-Arrojar desde cualquier vehículo o medio de transporte en la vía o lugares
públicos o privados, sustancias, basura u objetos.
Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Televisión
Art. 89.- Instalar sin autorización infraestructura de telecomunicaciones, antenas
y equipos accesorios de telefonía móvil, fija, vía radio o de estaciones emisoras,
repetidoras y reemisoras de los servicios públicos de radiodifusión sonora y televisión.
Capítulo IV
De las Contravenciones Relativas a la Tenencia de Animales Domésticos
De los Animales Domésticos, de Granja y Mascotas
Art. 90.- Incumplir las reglas sanitarias del Ministerio de Salud, establecidas para
los propietarios de animales domésticos, con respecto a su tenencia.
Permitir la libre circulación en espacios públicos de mascotas u otros animales
que representen un riesgo para las personas, sin las medidas de seguridad pertinentes.
Mantener en condiciones inadecuadas y maltratar en cualquier forma a animales
domésticos, propios o ajenos deliberadamente.
Prohibición de Animales Salvajes
Art. 91.- Tener sin los permisos correspondientes, ni las debidas medidas
de seguridad y protección animales salvajes en áreas residenciales; lo anterior, sin
perjuicio de las disposiciones legales correspondientes.
Exhibición de Animales Peligrosos
Art. 92.- Exhibir en lugares públicos o abiertos al público, sin las debidas medidas
de seguridad y protección, animales salvajes, que por su instinto agresivo constituyan
un peligro para la integridad o seguridad de las personas.
Advertencia de Perros Guardianes
Art. 93.- Omitir la advertencia en lugar visible, de la peligrosidad y existencia de
perros guardianes en viviendas, establecimientos comerciales o de otra naturaleza.
Indice Legislativo 361
Parte II

Parte II
362
Asamblea Legislativa
LEYES
De las Mascotas en Lugares Públicos o Privados
Art. 94.- Omitir por parte de los dueños o personas responsables de los animales
domésticos, limpiar los desechos fisiológicos o suciedades ocasionados por estos, en
las aceras, vías, plazas, parques, zonas verdes u otros espacios públicos o privados.
Ruidos Molestos de Mascotas
Art. 95.- Permitir ruidos molestos, sonidos prolongados y reiterados de mascotas
o animales domésticos en zonas residenciales.
Prohibición de Pelea de Animales
Art. 96.- Organizar, realizar, fomentar o publicitar peleas de animales, en lugares
públicos o privados, sin la debida autorización.
De la Libre o Inadecuada Circulación de Animales
Art. 97.- Permitir la libre o inadecuada circulación de animales en calles o
carreteras.
Capítulo V
Disposiciones Comunes de los Artículos Precedentes
Art. 98.- El Delegado valorará cuando un contraventor deba asistir a programas y
métodos de educación, divulgación y fomento de la cultura de convivencia ciudadana,
a tenor de lo dispuesto en la presente Ley. El programa seleccionado, guardará relación
con la infracción cometida y se cumplirá simultáneamente con la sanción impuesta.
La charla o taller correspondiente al programa de concientización de que se trate,
será dictado por las entidades autorizadas. En ningún caso la duración del programa de
concientización, podrá exceder del tiempo establecido previamente para la realización
de trabajos de utilidad pública, si fuere el caso.
Art. 99.- Para efecto de verificar el cumplimiento de las sanciones, el Delegado
deberá nombrar a uno de sus colaboradores para verificar lo pertinente o solicitar a la
entidad correspondiente la colaboración necesaria.
Art. 100.- Los contraventores de la presente Ley, tendrán derecho a estar
asistidos por un abogado, si así considera necesario, respetándose el derecho de
defensa establecido en la Constitución.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
TITULO VI
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Capítulo Unico
Art. 101.- El procedimiento administrativo sancionatorio iniciará de oficio o por
medio de denuncia o aviso, que podrá ser interpuesta ante los organismos establecidos
en la presente Ley.
Art. 102.- El procedimiento administrativo sancionatorio de oficio, iniciará
cuando la persona sea sorprendida en el momento de la comisión de cualquiera de
las contravenciones establecidas en la presente Ley y desarrolladas en la ordenanza
municipal respectiva.
El procedimiento administrativo sancionatorio por medio de denuncia o aviso,
iniciará cuando persona agraviada o tercero la realice de manera verbal o escrita.
De la Contravención en Flagrancia
Art. 103.- El contraventor, sea persona natural o jurídica, que fuere sorprendido
en flagrancia se le informará cuál es la norma concreta que ha contravenido,
advirtiéndole que se abstenga de continuar realizándola. Se le solicitará la identificación
correspondiente y se le entregará la esquela de emplazamiento.
La autoridad que intervino en la flagrancia, deberá informar al Delegado, en un
término no mayor de veinticuatro horas del procedimiento realizado, el cual deberá
hacer constar en el oficio de remisión respectivo, junto a la esquela de emplazamiento
y las pruebas recabadas si las hubiere.
En los casos de las contravenciones cometidas en flagrancia y éstas afectaren
a la colectividad de forma significativa, los agentes municipales o la autoridad
correspondiente, además de imponer la esquela de emplazamiento, deberán
advertir al contraventor que se abstenga de continuar realizando tal conducta; en
caso de incumplimiento de la advertencia, se deberá hacer constar en la esquela
de emplazamiento. El Delegado tomará en cuenta para la imposición de la sanción
correspondiente, lo establecido en la referida esquela.
Art. 104.- El Delegado al recibir el oficio de remisión y la demás documentación,
tendrá tres días hábiles para iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio
correspondiente. Siempre y cuando el contraventor no haya cancelado la multa dentro
del término antes señalado o haya optado al procedimiento de la resolución alternativa
de conflictos.
Indice Legislativo 363
Parte II

Parte II
364
Asamblea Legislativa
LEYES
De la Contravención por Medio de la Denuncia
Art. 105.- En caso que las contravenciones sean dadas a conocer por denuncia
o aviso, éstas podrán ser recibidas por los agentes municipales, Procuraduría General
de la República o por cualquiera de las instancias de atención ciudadana de las
municipalidades, la cual deberá ser remitida al Delegado que corresponda; toda la
información recibida deberá constar en el oficio de remisión, en un término de setenta
y dos horas hábiles.
En el caso de la Policía Nacional Civil, ésta deberá orientar al denunciante, de
las instancias y lugares en las que pueda resolver los conflictos de convivencia. En
aquellos municipios en los cuales no existieren instancias municipales facultadas para
recibir denuncias, serán ellos quienes le darán el trámite correspondiente.
Recibida la denuncia, el Delegado deberá seguir el procedimiento conforme lo
establece el Art. 131 del Código Municipal, donde se conocerá de forma oral y pública
de los hechos denunciados como de las pruebas aportadas al caso, conforme a lo
establecido en la Constitución, respecto al debido proceso.
Cuando el Delegado, requiera su convencimiento para resolver sobre la prueba
obtenida o aportada podrá auxiliarse de las instituciones pertinentes.
Art. 106.- El oficio de remisión al Delegado, constará de los siguientes requisitos:
a) Lugar, fecha y hora de la comisión de la contravención;
b) Identificación del supuesto contraventor, nombre, apellido, profesión u oficio
y documento de identidad si lo hubiere; en el caso de la persona jurídica, su
número de identificación tributaria;
c) Dirección de residencia o lugar de trabajo;
d) Naturaleza y circunstancia de la contravención;
e) Disposición legal que se ha contravenido;
f) Descripción de las pruebas que se puedan aportar; y,
g) Nombre, cargo, número de ONI respectivo de los agentes municipales o de
los agentes de la PNC.
De la Apelación
Art. 107.- En caso de que una de las partes intervinientes no esté conforme con
la resolución emitida por el Delegado, ésta podrá ser apelada en un plazo de tres días
hábiles posteriores a la notificación y dicho recurso deberá ser presentado por escrito,
ante el funcionario que emitió la resolución quien deberá remitirlo en un término de tres
días hábiles al Concejo Municipal.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
El Concejo Municipal conocerá de la apelación en la sesión inmediata siguiente a
la fecha de recibida, y tendrá ocho días hábiles para resolver, término en el que podrá
solicitar la prueba para mejor proveer, escuchar a la representación de la Procuraduría
General de la República, en caso sea necesario.
Art. 108.- Cuando el contraventor no cumpla con la medida impuesta por el
Delegado, y que no haya sido apelada por éste, se dispondrá de un término no mayor
de ocho días hábiles, para remitir el caso a la Fiscalía General de la República.
TITULO VII
DEL DESTINO DE LOS FONDOS RECAUDADOS
CAPITULO UNICO
DISPOSICION DE LOS FONDOS RECAUDADOS
Art. 109.- De conformidad con lo establecido en la Constitución, el Código
Municipal y el régimen legal sobre recaudación del Estado, los montos que ingresaren
como consecuencia de la aplicación de la presente Ley, pertenecerán al municipio
donde se haya cometido la contravención.
TITULO VIII
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES FINALES
Art. 110.- Para los efectos de la presente Ley, deberán establecerse los
mecanismos de coordinación entre los municipios, a fin de determinar las necesidades
de:
a) Coordinar los mecanismos y procedimientos entre los municipios, las
gobernaciones departamentales y las entidades encargadas de la aplicación
de la presente Ley;
b) Construcción de infraestructura, ornato, limpieza y restablecimiento de
espacios y lugares públicos de recreación de sus localidades; y,
c) Los Concejos Municipales deberán aprobar o adecuar las ordenanzas
municipales para el desarrollo de las normas de convivencia de su localidad.
Indice Legislativo 365
Parte II

Parte II
366
Asamblea Legislativa
LEYES
De las Horas Sociales
Art. 111.- Quienes realicen horas sociales o prácticas profesionales, en la oficina
del Delegado, se les asignarán funciones para su cumplimiento, de conformidad con
el convenio respectivo.
CAPITULO II
DISPOSICIONES ESPECIALES
Disposicion Transitoria
Art. 112.- Los Concejos Municipales tendrán ciento ochenta días a partir de la
vigencia de la presente Ley, para darle cumplimiento a lo regulado en el literal c), del
Art. 110 de esta Ley.
Derogatoria
Art. 113.- Derógase la Ley de Policía, emitida mediante Decreto Ejecutivo s/n, de
fecha 21 de febrero de 1879, publicado en el Diario Oficial Nº 154, Tomo 49, del 02
de julio de 1900; así como, sus posteriores reformas y todas aquellas Leyes, Decretos
y disposiciones sobre la materia, en todo lo que contraríe el texto y los principios que
contiene la presente Ley.
Vigencia
Art. 114.-La presente Ley entrará en vigencia ciento ochenta días, después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta
y un días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 80, Tomo Nº 391, Fecha: 30 de abril de 2011.

DECRETO N° 695
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Artículo 2, inciso segundo de la Constitución señala que “Se
garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen”.
II.- Que existe una manifestación del derecho a la intimidad, que es precisamente
el derecho a la protección de los datos y consiste en que el individuo
pueda controlar el uso o tratamiento de los mismos, a fin de impedir una
lesión a su esfera jurídica.
III.- Que en nuestro país funcionan empresas que a través del tratamiento
automatizado de datos hacen referencia exclusiva al comportamiento
crediticio de las personas y en muchas ocasiones, dichas empresas
manejan de forma indebida los datos de las personas generando perjuicios
para las mismas por razones de falsedad o discriminación respecto de la
información o por la falta de actualización de dicha información.
IV.- Que es fundamental proteger el derecho de los ciudadanos respecto a la
información de sus créditos para que ésta sea correcta y veraz y evitar
lesionar su Derecho Constitucional al Honor y a la Intimidad.
V.- Que por las razones expuestas es de vital importancia el establecimiento
de una ley general que regule los servicios de información sobre el historial
de crédito de las personas.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Douglas
Leonardo Mejía Avilés y con el Apoyo de los Diputados Antonio Echeverría Veliz, Blanca
Noemí Coto Estrada, Misael Mejía Mejía, Rafael Eduardo Paz Velis, Inmar Rolando
Reyes, Francisco José Zablah Safie, Othon Sigfrido Reyes Morales, Guillermo Antonio
Gallegos Navarrete, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Lorena Guadalupe Peña
Mendoza, Cesar Humberto García Aguilera, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Mario
Alberto Tenorio Guerrero, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, José Álvaro Cornejo
Mena, Norma Cristina Cornejo Amaya, Carlos Cortez Hernández, Luis Alberto Corvera
Rivas, Darío Alejandro Chicas Argueta, Nery Arely Díaz de Rivera, Emma Julia Fabián
Hernández, Santiago Flores Alfaro, José Rinaldo Garzona Villeda, Gloria Elizabeth
Gómez de Salgado, Medardo González Trejo, Ricardo Bladimir González, José Nelson
Guardado Menjívar, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Jorge Schafik Handal Vega
Silva, Benito Antonio Lara Fernández, Hortensia Margarita López Quintana, Guillermo
Francisco Mata Bennett, Erik Mira Bonilla, Guillermo Antonio Olivo Méndez, Orestes
Fredesman Ortez Andrade, Zoila Beatriz Quijada Solís, Dolores Alberto Rivas Echeverría,
Jackeline Noemí Rivera Ávalos, Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, Sonia Margarita
Indice Legislativo 367
Parte II

Parte II
368
Asamblea Legislativa
LEYES
Rodríguez Sigüenza, Luis Enrique Salamanca Martínez, Rodrigo Samayoa Rivas, Karina
Ivette Sosa de Lara, Jaime Gilberto Valdez Hernández, Ramón Arístides Valencia Arana,
María Margarita Velado Puentes y Ana Daysi Villalobos de Cruz.
DECRETA, la siguiente:
LEY DE REGULACION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE EL
HISTORIAL DE CREDITO DE LAS PERSONAS
Objeto
Capitulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto garantizar el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen en el tema de la confiabilidad, la
veracidad, la actualización y el buen manejo de los datos de consumidores o clientes,
relativos a su historial de crédito, incorporados o susceptibles de ser incorporados a una
agencia de información de datos administrada por una persona jurídica, debidamente
autorizada conforme a la presente Ley.
Asimismo, tiene por objeto regular la actividad de las personas jurídicas públicas
o privadas, que tengan autorización para operar como agencias de información de
datos y a los agentes económicos que mantengan o manejen datos sobre el historial
de crédito de los consumidores o clientes.
Ambito de Aplicación
Artículo 2.- La presente Ley será aplicable a los agentes económicos, personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, exceptuando a la Superintendencia del Sistema
Financiero, que realicen cualquier actividad económica, financiera, bancaria, comercial,
industrial o de servicios, que manejen o tengan acceso a datos sobre el historial de
crédito de los consumidores o clientes, por sí mismo, por medio de intermediarios o
por un servicio arrendado.
También será aplicable a las agencias de información de datos, personas jurídicas,
públicas o privadas, exceptuando a la Superintendencia del Sistema Financiero,
que tengan autorización para brindar el servicio de almacenamiento, transmisión e
información, por cualquier medio tecnológico o manual, de los datos sobre el historial
de crédito de los consumidores o clientes.
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Agencia de información de datos: Toda persona jurídica, pública o privada, exceptuando
a la Superintendencia del Sistema Financiero, que se dedica a recopilar, almacenar,
conservar, organizar, comunicar, transferir o transmitir los datos sobre el historial
de crédito de los consumidores o clientes, a través de procedimientos técnicos,
automatizados o no.
Agentes económicos: Son las personas naturales o jurídicas, proveedoras de bienes
y servicios, que registran, suministran y obtienen información de una base de datos.
Base de datos: Conjunto organizado de datos sobre el historial de créditos vigentes
o activos, cancelados o inactivos que el consumidor o cliente tenga o haya tenido,
cualquiera que fuera la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización
y acceso.
Consumidor o cliente: Toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute
de un agente económico bienes o servicios, cualquiera que sea el carácter público
o privado, individual o colectivo de quienes los producen, comercialicen, faciliten,
suministren o expidan.
Dato:Información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes que
conste en una base de datos.
Historial de Crédito: Datos de los consumidores o clientes, debidamente incorporados en
una base de datos, que reflejen las transacciones económicas, mercantiles, financieras
o bancarias pagaderas a plazo.
Tratamiento de Datos: Cualquier operación o conjunto de operaciones o procedimientos
técnicos automatizados o no que, dentro de una base de datos, permiten recopilar,
almacenar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, compartir, comunicar,
transmitir o cancelar datos de consumidores o clientes, relativos a su historial de
crédito.
Principios Generales
Artículo 4.- Lo regulado en la presente Ley se regirá con arreglo a los siguientes
principios:
a) Acceso de la Persona Interesada: Todo consumidor o cliente que demuestre
su identidad tiene derecho a saber si se está procesando información sobre
su historial crediticio, obtener una copia, en el momento que el consumidor
o cliente lo solicite.
Y también tiene derecho a obtener las rectificaciones o supresiones de
acuerdo a esta Ley, cuando los registros sean ilícitos, erróneos, injustificados
o inexactos.
b) Calidad de datos: Los datos sobre historial de crédito brindados por los
consumidores o clientes o por los agentes económicos, los manejados por
las agencias de información de datos y los generados por transacciones de
carácter crediticio, financiero, bancario, comercial o industrial, deberán ser
Indice Legislativo 369
Parte II

Parte II
370
Asamblea Legislativa
LEYES
exactos y actualizados de forma periódica, por lo menos cada mes, para
que respondan con veracidad a la situación real del consumidor o cliente.
c) Reserva: Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que
tengan acceso a cualquier información relacionada con el historial de crédito
de conformidad con esta Ley, deberán guardar la debida reserva sobre dicha
información y, en consecuencia, no podrán revelarla a terceras personas,
salvo que se trate de autoridad competente o información comprendida en
las operaciones ordinarias dentro del giro de las agencias de información.
Las autoridades competentes para solicitar la información a que se refiere el
párrafo anterior son, la Superintendencia del Sistema Financiero, Defensoría
del Consumidor, Fiscalía General de la República y los tribunales judiciales.
Los funcionarios públicos o privados que, con motivo de los cargos que
desempeñen, tengan acceso a la información de que trata esta Ley, quedarán
obligados a guardar la debida reserva, aun cuando cesen en sus funciones.
d) Seguridad de los datos: Los agentes económicos y las agencias de
información de datos sobre historial de crédito, deberán adoptar las medidas
o controles técnicos necesarios para evitar la alteración, pérdida, tratamiento
o acceso no autorizado de los datos sobre historial de crédito que manejen
o mantengan en sus respectivas bases datos.
Autoridad Competente
Artículo 5.- La Superintendencia del Sistema Financiero será la encargada de
autorizar y revocar la autorización a las personas jurídicas, para ejercer la actividad de
agencia de información de datos sobre historial de crédito, y mantener un registro de
éstas.
La Superintendencia tendrá facultad para fiscalizar que las agencias de información
de datos cumplan con los requisitos de seguridad, confiabilidad y actualización de los
datos de los consumidores y clientes, así como cualquier otra que le establezca la
presente Ley.
La Superintendencia del Sistema Financiero deberá dictar las normas técnicas
para la organización, funcionamiento, control y demás aspectos relacionados con las
agencias de información de datos sobre historial de crédito; así como determinar el
tiempo concreto de permanencia de los datos sobre historial de crédito en las bases
de datos de las referidas agencias de información, el cual no podrá ser mayor de tres
años, para los datos negativos; y establecer clara y detalladamente cuales son aquellos
datos personales que deberán ser proporcionados por los consumidores a los agentes
económicos, los cuales deberán tener relación con la información que se necesita para
la elaboración del historial de crédito.
La Superintendencia, dentro del ámbito de sus competencias, sancionará a las
agencias de información de datos que infrinjan lo establecido en la presente Ley, como
resultado de sus funciones de monitoreo e inspección de éstas.

Competencia de la Defensoría del Consumidor
Anuario Legislativo 2010 - 2011
Artículo 6.- La Defensoría del Consumidor, conocerá y atenderá las denuncias o
quejas de los consumidores o clientes, y supervisará e investigará las prácticas de los
agentes económicos y las agencias de información de datos, de acuerdo con el ámbito
de aplicación de la presente Ley.
La Defensoría del Consumidor, por medio del Tribunal Sancionador, estará facultada
para sancionar a los agentes económicos y a las agencias de información de datos
que, como resultado de la investigación de las denuncias o quejas presentadas por
los consumidores o clientes, se les compruebe que han infringido los derechos de los
mismos en los supuestos señalados en esta Ley.
La Defensoría del Consumidor, tendrá facultad para solicitar la información
necesaria y efectuar verificaciones, a fin de realizar las investigaciones administrativas
relacionadas exclusivamente, y en cada caso, con la denuncia o queja presentada.
La Defensoría remitirá mensualmente a la Superintendencia del Sistema Financiero
copia de todas las resoluciones debidamente ejecutoriadas, en las que se impongan
sanciones a las agencias de información de datos, originadas por las infracciones a la
presente Ley en perjuicio de un consumidor o cliente en particular.
Prescripción
Artículo 7.- Los Tribunales Civiles y Mercantiles conocerán de la acción por daños
y perjuicios que se presenten en contra de los agentes económicos y/o agencias de
información de datos.
Para los efectos de esta Ley, el término de prescripción para recurrir ante los
tribunales de justicia correspondientes y solicitar indemnización por daños y perjuicios
es de tres años, contado a partir del momento en que el consumidor o cliente tuvo
conocimiento de la afectación.
El término de prescripción de la acción por daños y perjuicios se interrumpe por
la presentación de reclamo formal ante la Superintendencia del Sistema Financiero o
Defensoría del Consumidor.
Autorización
Capítulo II
Requisitos para Operar una Agencia de Información de Datos
Artículo 8.- Toda persona jurídica pública o privada que desee operar una agencia
de información de datos sobre historial de crédito de las personas, deberá solicitar
autorización a la Superintendencia del Sistema Financiero para ejercer dicha actividad.
La Superintendencia estará facultada para realizar las investigaciones que sean
necesarias, con el objeto de verificar la información suministrada en la solicitud.
Indice Legislativo 371
Parte II

Parte II
Domicilio
372
Asamblea Legislativa
LEYES
Artículo 9.- Las personas jurídicas autorizadas para operar como una agencia de
información de datos sobre historial de crédito, deberán estar domiciliadas en el país.
Solicitud para Personas Jurídicas
Artículo 10.- La solicitud para personas jurídicas será presentada por el
representante legal, en papel simple o en formulario que se proporcionará para tal fin,
y deberá contener la siguiente información:
a) Nombre o razón social de la persona solicitante.
b) Clase de sociedad o asociación de que se trate.
c) Fecha de su inscripción en el Registro Público correspondiente, con
indicaciones del tomo, folio y asiento respectivos.
d) Nombre de sus directores, representante legal y apoderado general, si lo
hubiere.
e) Domicilio legal de la persona solicitante.
f) Nombre comercial de la agencia de información de datos sobre historial de
crédito.
g) Dirección exacta del establecimiento comercial, números telefónicos, postal
y correo electrónico, si lo tuviere.
h) Número de Identificación Tributaria.
Esta solicitud deberá acompañarse con la siguiente documentación:
a) Copia de la escritura pública de Constitución de la Sociedad y de las reformas,
si las hubiere, debidamente inscritos en el Registro correspondiente.
b) Certificación del Registro respectivo, donde conste la vigencia y datos de
inscripción de la persona jurídica, así como el nombre de los directores,
representante legal y apoderado general, si lo hubiere.
c) Fotocopia certificada del Documento Único de Identidad, Pasaporte vigente
o carnet de residente según sea el caso y del Número de Identificación
Tributaria de sus directores, representante legal y apoderado general, si lo
hubiere.
d) Solvencia de Antecedentes Policiales, extendida por la Policía Nacional Civil,
de los directores, representante legal y apoderado general, si lo hubiere.
e) Solvencia de Antecedentes Penales, extendida por la Dirección General
de Centros Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, de los
directores, representante legal y apoderado general, si lo hubiere.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
f) Depósitos de formato de contratos de prestación de servicios en la
Superintendencia del Sistema Financiero y la Defensoría del Consumidor.
g) Solvencia financiera fiscal y municipal de la sociedad.
h) Programa general de funcionamiento, que comprenda por lo menos:
1° La descripción de los sistemas de cómputo y procesos de
recopilación y procesamiento de información.
2° Las características de los productos y servicios que prestarán.
3° Las políticas de prestación de servicios con que pretenden operar.
4° Las medidas de seguridad y control, a fin de evitar el manejo
indebido de la información.
5° Las bases de organización.
6° El plan de contingencia en caso de desastre.
Términos para Resolver sobre la Solicitud
Artículo 11.- Recibida la solicitud y una vez se compruebe que reúne los requisitos
establecidos en esta Ley, la Superintendencia del Sistema Financiero, mediante
resolución motivada, expedirá la autorización correspondiente, en un plazo no mayor
de sesenta días calendario.
La Superintendencia del Sistema Financiero rechazará, mediante resolución
motivada, toda solicitud que no cumpla los requisitos previstos en esta Ley, o que no
se acompañe de los documentos a que se refiere el artículo 10, en un plazo no mayor
de sesenta días calendario.
Registro
Artículo 12.- La autorización expedida por la Superintendencia del Sistema
Financiero, se inscribirá en un registro especial denominado Registro de Agencias de
Información de Datos Sobre Historial de Crédito de las Personas, que para tal efecto
creará dicha Superintendencia.
La inscripción en este Registro contendrá la siguiente información:
a) Número de la resolución y su fecha de expedición.
b) Nombre o razón social, dirección física y electrónica, números telefónicos
de la persona jurídica a quien se dio la autorización y, además, el de su
representante legal.
c) Nombre comercial y dirección exacta del establecimiento donde operará la
empresa.
d) Fecha de inicio de operaciones.
Indice Legislativo 373
Parte II

Parte II
374
Asamblea Legislativa
LEYES
Este registro será público y podrá ser consultado por cualquier persona o institución.
Artículo 13.- Todo cambio o modificación que afecte los datos de la respectiva
inscripción, deberá ser comunicado por el representante legal de la agencia de
información de datos sobre historial de crédito a la Superintendencia del Sistema
Financiero, dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha en que se produjo, a
fin de que se realice la habilitación correspondiente, la cual se anotará en la marginal
de inscripción respectiva en el Registro, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes.
Capítulo III
Derechos y Deberes de los Consumidores o Clientes
Derechos de los Consumidores o Clientes
Artículo 14.- Los consumidores o clientes tendrán los siguientes derechos:
a) Acceso a la información: Los consumidores o clientes tienen derecho a
conocer toda la información que de ellos mantengan o manejen los agentes
económicos y las agencias de información de datos. Para ello las agencias
de información deberán contar con centros de atención al menos por
región, para efectos de que las personas interesadas puedan consultar la
información.
La consulta de esta información no causará costo alguno a los consumidores
o clientes.
La agencia de información de datos correspondiente deberá proveer de forma
escrita, en el momento en que se le solicita, la información al consumidor
o cliente, previo requerimiento realizado de forma verbal o escrita, así como
darle a conocer qué entidades acreedoras tuvieron acceso a su historial de
crédito.
Las agencias de información expedirán copias certificadas del historial de
crédito que les fueren solicitadas, previo pago de una tarifa la cual será fijada
por la Superintendencia del Sistema Financiero, dicha certificación deberá
ser entregada en un plazo no mayor de tres días hábiles.
b) Fidelidad de la información: Los datos de carácter personal y crediticio
serán exactos y actualizados, de forma periódica, por lo menos cada mes
o en la forma que se haya establecido contractualmente entre el agente
económico y la agencia de información de datos, de manera que respondan
con veracidad a la situación actual y real del consumidor o cliente.
c) Buen manejo de la información: Los datos de carácter personal y crediticio
objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades distintas con
aquellas para las que los datos hubieran sido recopilados.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
d) Consentir la recopilación y transmisión de la información: Los datos sobre
historial de crédito brindados por los consumidores o clientes a los agentes
económicos, sólo podrán ser recopilados y/o transmitidos a las agencias de
información de datos y suministrados por éstas a los agentes económicos,
con el consentimiento expreso y por escrito de los consumidores o clientes,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 literal g) de la Ley de
Protección al Consumidor.
Se exceptuarán los casos que consten en cheques protestados por falta de
fondos o por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por orden
de suspensión de pagos.
e) Rectificación, modificación y eliminación de la información: Tan pronto
un consumidor o cliente tenga conocimiento de que se ha registrado o
suministrado un dato sobre su historial de crédito erróneo, inexacto, equívoco,
incompleto, atrasado o falso acerca de cualquier información de crédito o
transacción económica, financiera, bancaria, comercial o industrial que le
afecte, podrá exigir su rectificación, modificación o cancelación, de acuerdo
con el procedimiento establecido en el Capítulo V de esta Ley.
Este procedimiento será aplicable también a todos aquellos datos o
referencias de crédito que, al momento de entrar en vigencia la presente Ley,
mantengan o manejen el agente económico y las agencias de información
de datos o referencias de crédito.
Los agentes económicos deberán crear los procesos para mitigar el daño
ocasionado al consumidor o cliente, en caso de existir algún error en la
información histórica del mismo, así como proveer la documentación que
evidencie el error cometido, para que el consumidor pueda presentarlo
donde corresponda.
f) Indemnización: Los consumidores o clientes que, como consecuencia
del incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley por parte del agente
económico o la agencia de información de datos sobre historial de crédito
de las personas, sufran algún tipo de daño tendrán derecho a presentar la
acción por daños y perjuicios ante la jurisdicción ordinaria correspondiente,
de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la presente Ley.
g) Actualización: Todo consumidor o cliente tiene derecho a que se actualice
su información crediticia.
Lo dispuesto en este artículo, se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la
legislación sobre protección del consumidor.
Acceso para Consulta de Información
Artículo 15.- El agente económico solo podrá tener acceso para consultar
información del historial crediticio del consumidor o cliente, con la debida autorización
de éste, y únicamente en las condiciones en que la misma haya sido conferida.
Indice Legislativo 375
Parte II

Parte II
376
Asamblea Legislativa
LEYES
La autorización a que se refiere este artículo, deberá constar en un documento
especial extendido al efecto y no podrá ser parte de cláusulas generales de los contratos
que el consumidor suscriba con el agente económico.
Deber de los Consumidores o Clientes
Artículo 16.- Los consumidores o clientes deberán suministrar información veraz a
los agentes económicos sobre sus datos personales, así como, rectificar información
a petición del agente económico o agencia de información de datos.
Capítulo IV
Deberes y Obligaciones de las Agencias de Información de Datos Sobre
Historial de Crédito y de los Agentes Económicos
Deberes de las Agencias de Información de Datos
Artículo 17.- Las personas jurídicas que operen como agencias de información de
datos tienen los siguientes deberes:
a) Informar, de manera escrita, sobre su historial crediticio o suministrar al
consumidor o cliente que lo solicite, copia del mismo. Para obtener esta
información, el consumidor deberá presentarse personalmente o por medio
de su Apoderado a las oficinas de la agencia de información de datos
y mostrar su Documento Único de Identidad o el documento con el que
acredite tal calidad, según corresponda.
b) Actualizar cada mes la información sobre el historial de crédito que reciba
de los agentes económicos.
c) En aquellos casos en los que se trate de rectificación de datos relativos al
historial de crédito, que le suministren los agentes económicos, se tendrá un
período de cinco días como máximo para hacerlo.
d) Cumplir lo establecido en la presente Ley, en especial, lo relativo a los
derechos de información, acceso, rectificación y cancelación de los datos
del historial de crédito.
e) Proporcionar, gratuitamente, por solicitud del consumidor o cliente, copia del
registro en la parte pertinente, en caso de solicitud de acceso, modificación
o eliminación de datos.
f) Proporcionar la información requerida por las autoridades competentes.
g) Las agencias de información deberán permitir a la Superintendencia del
Sistema Financiero la realización de Auditorías del sistema informático.
h) Contar al menos con un centro de atención al cliente en cada región del
país, en los cuales se puedan realizar consultas y gestiones relacionadas

Anuario Legislativo 2010 - 2011
al historial de crédito de los consumidores o clientes, las cuales serán
atendidas efectivamente en un tiempo no mayor de tres días hábiles.
i) Cuando una agencia de información de datos por cualquier razón termine
sus operaciones en el país, deberá entregar su base de datos a la
Superintendencia del Sistema Financiero.
Deberes y Obligaciones de los Agentes Económicos
Artículo 18.- Los agentes económicos tienen los deberes y obligaciones siguientes:
a) Proporcionar mensualmente en los primeros quince días calendario la
información actualizada, verdadera y confiable de la totalidad de sus registros
a las agencias de información de datos, a las cuales están afiliados.
Los agentes económicos tienen la obligación de comunicar a los
consumidores y clientes que tipo de información se ingresa en la base de
datos de la agencia de información de datos y cuál es el criterio utilizado
para la mora o retraso en el cumplimiento de la obligación crediticia.
b) Remitir la orden de rectificación de la información suministrada a las
respectivas agencias de información de datos según corresponda, en un
término no mayor de tres días hábiles después de solicitada la corrección
del dato por el consumidor o cliente.
c) Enviar dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, a las agencias
de información de datos correspondientes, la actualización de los datos
referentes a las obligaciones de los clientes o consumidores.
d) Brindar la información que les soliciten las autoridades competentes, tanto
administrativas como jurisdiccionales.
e) Atender las quejas que les presenten los consumidores o clientes.
f) Extender al consumidor o cliente, la respectiva constancia de recepción de
queja o denuncia interpuesta por éste.
Prohibiciones a las Agencias de Información con Relación a sus Bases de Datos
Artículo 19.- Sin perjuicio de otras prohibiciones contenidas en esta Ley, queda
expresamente prohibido lo siguiente:
a) Incluir en la base de datos sin consentimiento expreso del consumidor o
cliente, el historial de pago de los usuarios de los servicios residenciales
básicos, tales como telefonía, electricidad, agua, alcantarillado y recolección
de basura. Este consentimiento se emitirá en un formulario individual.
b) Incluir en las bases de datos de las agencias de información de datos el
nombre de las personas naturales que representen a las personas jurídicas,
Indice Legislativo 377
Parte II

Parte II
378
Asamblea Legislativa
LEYES
salvo el caso de que dichas personas estén vinculadas con la transacción
de crédito correspondiente.
c) Incluir en las bases de datos sobre historial de crédito cualquier tipo de
calificativo subjetivo del consumidor o cliente sobre la experiencia,
comportamiento o manejo en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias.
No se entenderán incluidas dentro de esta prohibición, las calificaciones
objetivas o técnicas que pudieren realizarse respecto a la experiencia,
comportamiento o manejo en el cumplimiento de las obligaciones crediticias
del consumidor o cliente.
d) Publicar, por cualquier medio de comunicación, el nombre de una persona
natural o jurídica, por incumplimiento de sus obligaciones crediticias.
e) Comercializar a título universal sus bases de datos ni entregar toda la
información crediticia contenida en las mismas.
f) Ejercer la actividad de la agencia de información de datos sin haber obtenido
previamente la autorización correspondiente por parte de la Superintendencia
del Sistema Financiero.
g) Recolectar, almacenar, actualizar, grabar, organizar, sistematizar, elaborar,
seleccionar, confrontar, interconectar en sus bases de datos, y, en general,
utilizar en un reporte de crédito, o mediante cualquier otro formato o medio,
las informaciones de los titulares que se especifican a continuación:
1° Información sobre los saldos y movimientos de las cuentas
corrientes y/o de ahorro de los titulares de la información.
2° Información sobre los certificados de depósitos, de cualquier
naturaleza, de un titular en instituciones bancarias o financieras.
3° Informaciones referidas a las características morales o emocionales
de una persona natural.
4° Informaciones relacionadas a hechos o circunstancias de la vida
afectiva de personas naturales, tales como sus hábitos personales.
5° Informaciones sobre los hábitos de consumo.
6° Informaciones sobre las ideologías y opiniones políticas.
7° Información sobre las creencias o convicciones religiosas.
8° Información de los estados de salud física o psíquica.
9° Información sobre la conducta, preferencia u orientación sexual.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Capítulo V
Ejercicio de los Derechos
Artículo 20.- Los derechos de acceso, rectificación, modificación y cancelación
de los datos almacenados para prestar los servicios de información de datos sobre
historial de crédito, podrán ser ejercidos por el consumidor o cliente ante el agente
económico, agencia de información de datos, la Superintendencia del Sistema
Financiero o la Defensoría del Consumidor.
Asimismo, el consumidor o cliente podrá presentar ante la Defensoría del
Consumidor, queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones o prohibiciones
por parte de los agentes económicos.
El consumidor o cliente afectado podrá actuar personalmente o a través de un
apoderado en cuyo caso será necesario que éste acredite tal condición.
Requisitos de la Solicitud
Artículo 21.- La presentación de una queja o denuncia ante el agente económico,
agencia de información de datos, la Superintendencia del Sistema Financiero o la
Defensoría del Consumidor, deberá efectuarse mediante solicitud escrita. Dicha
solicitud, para ser atendida, deberá contener lo siguiente:
a) Generales completas del consumidor o cliente afectado, con especial
indicación de su domicilio, teléfono y cualquier dato que permita localizarlo.
b) Petición en la que se concrete el propósito de la solicitud.
c) Fotocopia del Documento Único de Identidad o, en su defecto, de la
documentación que acredite su identidad.
d) Cualquier documento que el interesado considere demostrativo de la queja
que formula.
e) La identificación y datos generales del proveedor.
Presentación de la Solicitud ante el Agente Económico o Agencia de Información de
Datos
Artículo 22.- En caso de que el consumidor o cliente decida actuar ante el agente
económico o la agencia de información de datos, tal solicitud será presentada por
escrito al encargado del agente económico que éste delegue o la agencia de información
de datos, quien deberá recibirla, expresando el día y la hora en la que lo haga.
El agente económico o la agencia de información de datos, deberá responder
por escrito la solicitud que le dirija el interesado, en un plazo no mayor de cinco días
hábiles.
Indice Legislativo 379
Parte II

Parte II
380
Asamblea Legislativa
LEYES
Presentación de la Solicitud ante la Defensoría del Consumidor
Artículo 23.- Transcurrido el plazo de cinco días hábiles de presentada la solicitud
de rectificación, modificación o cancelación de los datos o referencias de crédito, sin
que el agente económico o la agencia de información de datos, haya dado respuesta
al consumidor o cliente o, habiéndola dado, ésta no lo satisfaga, éste podrá acudir
ante la Defensoría del Consumidor, para entregar copia de la solicitud presentada y
la respuesta si la hubiere, con el objeto de que la Defensoría ordene la investigación
correspondiente y verifique si procede lo solicitado.
Esto, en ningún caso, impedirá que el consumidor o cliente actúe primeramente
ante la Defensoría del Consumidor.
Procedimiento
Artículo 24.- La Defensoría del Consumidor, con fundamento en la solicitud que le
presente el consumidor o cliente, requerirá del agente económico y de la agencia de
información de datos un informe de lo acontecido en donde sustente las razones que
motivaron el suministro de los datos reflejados, o bien las razones por las cuales no
accedió a la solicitud de rectificación, modificación o cancelación solicitada, en caso
de que se hubiere dado.
La Defensoría presentará este requerimiento al encargado del agente económico
y a la agencia de información de datos, quienes tendrán un término de cinco días
hábiles, contado a partir de la fecha en que reciban el requerimiento, para responder y
presentar las pruebas que estimen pertinentes. Si el agente económico y/o la agencia
de información de datos no remiten la información solicitada, la Defensoría deberá
realizar las investigaciones administrativas necesarias en los locales de los agentes
económicos proveedores de datos o en las agencias de información de datos, con
el objeto de obtener la documentación necesaria para resolver la queja o denuncia
presentada.
La Defensoría del Consumidor deberá iniciar el procedimiento administrativo
sancionador, cuando el agente económico o la agencia de información de datos,
obstaculicen las funciones de información, vigilancia e inspección de la misma, o se
negare a suministrar datos e información requerida en cumplimiento de tales funciones.
Resolución
Artículo 25.- La Defensoría del Consumidor, con fundamento en la solicitud que
le presente el consumidor o cliente, en la documentación recabada, así como en la
respuesta que haya recibido del agente económico y/o de la agencia de información
de datos, dictará una resolución motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes.
Dicha resolución contendrá una relación sucinta de los hechos, con fundamento
en las pruebas que consten en el expediente y en la información brindada, en la que
decidirá si procede o no la rectificación, modificación o cancelación de datos, así
como las sanciones que correspondan, de acuerdo con esta Ley, y ordenará, si ello

Anuario Legislativo 2010 - 2011
es lo que procede, al agente económico o a la agencia de información de datos que
rectifique, modifique o cancele la referencia correspondiente.
La resolución se deberá ejecutar en el término de cinco días hábiles, contados a
partir del día siguiente de la notificación.
Articulo. 26.- En el caso que la queja o denuncia sea presentada ante la
Superintendencia del Sistema Financiero, el procedimiento establecido en los artículos
anteriores aplicará en lo pertinente y en base a sus competencias legales.
Tipos de Infracciones
Capítulo VI
Infracciones y Sanciones
Artículo 27.- Las infracciones de los agentes económicos y de las agencias de
información de datos serán graves y muy graves.
Infracciones Graves
Artículo 28.- Son infracciones graves las siguientes:
a) Desatender las solicitudes del consumidor o cliente de acceso, rectificación,
modificación o cancelación de datos personales.
b) Procesar bases de datos de los consumidores o clientes del crédito o
recopilar datos personales, con finalidad diferente a la que se establece en
la Ley.
c) Mantener la información del Historial Crediticio con información
desactualizada.
d) Manejar la información personal de los consumidores o clientes, para otros
fines que no estén relacionados con el objeto para el cual se recopilaron,
conforme lo establece la presente Ley.
e) Mantener la información de los consumidores o clientes en lugares inseguros.
f) Obstruir el ejercicio de la función inspectora de parte de la autoridad
competente.
g) Incurrir en las prohibiciones del artículo 19 de esta Ley.
h) Acceder a la base de datos de una agencia de información de datos sobre
referencias de crédito sin la autorización previa, expresa y escrita, del
consumidor o cliente para obtener información sobre su historial crediticio.
i) Proporcionar, mantener y transmitir datos de los consumidores o clientes
que no sean exactos o veraces.
Indice Legislativo 381
Parte II

Parte II
382
Asamblea Legislativa
LEYES
j) No adoptar las medidas o controles técnicos para evitar la alteración,
pérdida, tratamiento o acceso del dato.
k) Modificar los datos suministrados en la documentación de autorización sin
comunicarlo a la autoridad competente en el tiempo establecido por esta
Ley.
l) No remitir a la agencia de información de datos la actualización de los datos
dentro del término establecido en la presente Ley.
Infracciones muy Graves
Artículo 29.- Son infracciones muy graves las siguientes:
a) Alterar datos de los consumidores o clientes de crédito.
b) No entregar, en el plazo establecido, la información que solicite la Defensoría
del Consumidor con respecto a los casos que ingresen a esta institución y
que, por razón de su competencia, deben conocer.
c) Obtener datos en forma fraudulenta o engañosa.
d) Incumplir las instrucciones que determine la autoridad competente, según
sea el caso, en el incumplimiento de las funciones que le señala esta Ley.
e) Realizar gestiones de cobro difamatorias o injuriantes en perjuicio del
deudor y su familia, así como la utilización de medidas de coacción físicas
o morales para tales efectos.
f) Realizar algunas de las actividades prohibidas por esta Ley.
Sanciones
Artículo 30.- Las infracciones a esta Ley se sancionarán de la siguiente manera:
a) Las infracciones graves serán sancionadas con multa desde cien hasta
trescientos salarios mínimos mensuales urbanos del sector comercio y
servicios. De existir reincidencia en estas infracciones, las subsiguientes se
consideraran muy graves.
b) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa desde trescientos
uno hasta quinientos salarios mínimos mensuales urbanos del sector
comercio y servicios.
La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo al daño causado, a la
reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado
de antijuricidad presente en la concreta actuación infractora.
El procedimiento para la aplicación de las sanciones será de conformidad a lo
establecido en la Ley de la respectiva entidad supervisora.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
La Defensoría del Consumidor y/o la Superintendencia del Sistema Financiero,
sancionará el desacato o desobediencia a las resoluciones emitidas con multa desde
cien hasta quinientos salarios mínimos mensuales urbanos del sector comercio y
servicios. Esta multa será reiterativa y se impondrá por día, hasta que se cumpla con
lo resuelto.
Suspensión de Operaciones
Artículo 31.- En caso de reincidencia en infracciones muy graves, deberá ordenarse
la suspensión de la facultad de operar como agencia de información de datos, por un
plazo no mayor a noventa días.
Cancelación de Operaciones
Artículo 32.- En caso de reincidencia en la suspensión de operaciones, se
procederá a la cancelación de la facultad de operar como agencia de información de
datos.
Adecuación a la Ley
Capítulo VII
Disposiciones Finales
Artículo 33.- Las personas jurídicas, que se dediquen a brindar el servicio de
información sobre historial de crédito, deberán adecuar su actividad y solicitar su
respectiva autorización conforme a los requisitos de la presente Ley, en el término de
hasta seis meses, contados a partir de su entrada en vigencia.
No obstante lo anterior durante el tiempo establecido en el inciso anterior las
agencias de información de datos, que ya estuvieren operando a la entrada en vigencia
de la presente ley, podrán seguir brindando sus servicios.
Adecuación de Cláusulas Contractuales
Artículo 34.- Todas aquellas cláusulas contenidas en los contratos suscritos con
anterioridad a la vigencia de la presente Ley y que contraríen las disposiciones de la
misma, se tendrán por no escritas.
Plazos
Artículo 35.- Los plazos establecidos en la presente Ley se contarán a partir del
siguiente día de la notificación o presentación de la solicitud.
Indice Legislativo 383
Parte II

Parte II
384
Asamblea Legislativa
LEYES
Medios Alternos de Solución de Controversias
Artículo 36.- A fin de resolver los conflictos entre los agentes económicos
las agencias de información crediticia y los consumidores o clientes, a través de
medios alternos de solución de controversias, se podrán utilizar los procedimientos
establecidos en el Capítulo II del Título IV de la Ley de Protección al Consumidor.
Carácter Especial de la Ley
Artículo 37.- La presente ley, por su carácter especial, prevalecerá sobre toda otra
disposición legal que la contraríe.
Reglamentos y Normas Técnicas
Artículo 38.- La Autoridad competente emitirá los reglamentos de aplicación y las
normas técnicas de la presente Ley, dentro de un plazo de noventa días, contados a
partir de la vigencia del presente Decreto.
Derogatoria
Artículo 39.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales que en cualquier
forma contradigan o se opongan a la presente Ley.
Vigencia
Artículo 40.- El presente Decreto entrará en vigencia noventa días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintinueve días del mes de abril de dos mil once.
Nota:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 97, inciso 3° del Reglamento Interior
de este Órgano del Estado, se hace constar que el presente Decreto fue devuelto con
observaciones por el Presidente de la República, el 23 de mayo de 2011, resolviendo
esta Asamblea Legislativa aceptar la mayoría de dichas observaciones, en Sesión
Plenaria celebrada el día 23 de junio de 2011.
D. O. N° 141, Tomo N° 392, Fecha: 27 de julio de 2011.

DECRETO Nº 342
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la lucha contra los delitos del lavado de dinero y el financiamiento al
terrorismo, son iniciativas que actualmente se realizan a escala mundial
y, de igual manera, en El Salvador se han orientado esfuerzos, a fin de
contrarrestar sus acciones, a través de la búsqueda y castigo de las
personas que se dedican a estas actividades.
II.- Que para contrarrestar hechos que se tipifiquen dentro de estas dos figuras
delictivas, se requiere de la interrelación entre naciones, organismos
internacionales y las instituciones financieras de los respectivos países,
por lo que es necesario tener la base legal que permita integrar a las
instituciones, que luchan efectivamente contra estos dos delitos, tanto a
nivel nacional como internacional y, a su vez, que también permitan que las
relaciones financieras, comerciales o de cualquier otra índole, originadas o
intermediadas en El Salvador, sean confiables.
III.- Que a fin de contar con los instrumentos legales que viabilicen el logro de los
objetivos señalados, es procedente reformar, en la parte correspondiente,
la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, emitida mediante Decreto
Legislativo Nº 108, de fecha 21 de septiembre del 2006, publicada en el
Diario Oficial Nº 193, Tomo 373, del 17 de octubre de ese mismo año.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a Iniciativa del Diputado José Antonio
Almendáriz Rivas.
DECRETA, la siguiente:
REFORMA A LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE TERRORISMO
Art. 1.- Refórmase el inciso octavo del Art. 37, e incorpóranse dos nuevos
incisos como noveno y décimo; y en consecuencia los actuales incisos noveno y
décimo, pasan a ser décimo primero y décimo segundo, por consiguiente tal reforma e
incorporaciones quedarán redactados, así:
“Las instituciones financieras prestarán especial y permanente atención a la
detección de bienes y servicios y transacciones que se sospeche o se tenga indicios
razonables que tengan una finalidad ilícita y que los mismos están vinculados o pueden
ser utilizados para financiar actos de terrorismo, ante lo cual deberán informar a la
Indice Legislativo 387
Parte III

Parte III
388
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Fiscalía General de la República, por medio de la Unidad de Investigación Financiera,
en un plazo no mayor de tres días.
Lo anterior sin perjuicio del deber de informar a la Unidad de Investigación
Financiera de la Fiscalía General de la República, en el caso de las personas incluidas
en las listas mencionadas en los incisos precedentes.
La Unidad de investigación Financiera, recibirá y analizará dichos reportes, para
lo cual tendrá la facultad de requerir Información a las instituciones reportantes, o
a cualquier ente o persona pública o privada, así mismo la Unidad de Investigación
Financiera podrá compartir dicha información a nivel nacional e internacional bajo
los parámetros de confidencialidad y de legalidad, para el descubrimiento de hechos
delictivos.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete
días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 100, Tomo Nº 387, Fecha: 31 de mayo de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 344
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Ley Orgánica del Registro Nacional de las Personas Naturales
emitida por Decreto Legislativo Nº 552 de fecha 21 de diciembre de 1995,
publicado en el Diario Oficial Nº 21 Tomo 330, de fecha 31 de enero de
1996, en los artículos 5 y 6 regula respectivamente, a quien corresponde
la Dirección y Administración del Registro Nacional de las Personas
Naturales, los requisitos y período de ejercicio de los cargos.
II.- Que es conveniente reformar los artículos relacionados anteriormente,
para que el Registrador Nacional, por su relevancia, sea nombrado por el
Presidente de la República, y para que al Registrador Nacional Adjunto la
ley le asigne con claridad sus atribuciones.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Mario
Antonio Ponce López, José Antonio Almendáriz Rivas, Rubén Orellana, Serafín Orantes
y Omar Escobar.
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LA LEY ORGANICA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS NATURALES
Art. 1.- Refórmase los literales a) y b) del artículo 5, en los términos siguientes:
a) El Registrador Nacional, quien será su presidente, nombrado por el Presidente
de la República; y,
b) Diez miembros propietarios y sus respectivos suplentes nombrados así:
uno por cada partido político que cuente con representación legislativa no
menor a cinco Diputados; uno por el Tribunal Supremo Electoral; uno por el
Ministerio de Hacienda; uno por el Ministerio de Economía; uno por la Junta
de Vigilancia Electoral; y uno por la Corporación de Municipalidades de la
República de El Salvador.
Art. 2.- Sustitúyase el artículo 6 por el siguiente:
Art. 6.- El Registrador Nacional de las Personas Naturales deberá ser salvadoreño,
Abogado y Notario de la República, o Profesional con título universitario afín a las áreas
Indice Legislativo 389
Parte III

Parte III
390
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
del registro, con cinco años de experiencia mínima, del estado seglar, de reconocida
honorabilidad, mayor de treinta y cinco años de edad, estar en pleno goce de sus
derechos de ciudadano y no ser miembro de algún organismo de dirección de partido
político alguno, legalmente constituido o que esté en proceso de formación.
El período del ejercicio de su cargo será de cinco años y gozará de estabilidad en
el mismo, salvo los casos de destitución que determinen las leyes.
Habrá un Registrador Nacional Adjunto, que deberá reunir los mismos requisitos,
quien será nombrado de la misma manera y por el mismo plazo que el titular.
El Registrador Nacional Adjunto a que se hace referencia en el inciso anterior
tendrá las siguientes atribuciones:
a) Asistir con derecho a voz, a cada una de las sesiones de la Junta Directiva
del Registro Nacional;
b) Sustituir al Registrador Nacional titular en caso de ausencia o cualquier otro
impedimento, teniendo en estos casos derecho a voz y voto;
c) Proponer medidas a la Junta Directiva que contribuyan al mejor desarrollo de
las funciones del Registro Nacional; y
d) Todas aquellas que la Junta Directiva o el Registrador Nacional expresamente
le designe, en el marco de la presente ley.
Son causales de destitución de los funcionarios a que se refiere esta disposición,
las siguientes:
a) Pérdida de confianza;
b) Incumplimiento de sus funciones;
c) Abuso de autoridad.
La respectiva causal, previa audiencia al funcionario, será calificada por el
Presidente de la República, quien sin más trámite podrá proceder a su destitución.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete
días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 89, Tomo Nº 387, Fecha: 17 de mayo de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 350
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 477, de fecha 19 de octubre de 1995,
publicado en el Diario Oficial Nº 212, Tomo Nº 329, del 16 de noviembre
de ese mismo año, se emitió la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, en la que al inicio se establecía que los taxis eran vehículos
destinados al Transporte Colectivo de Pasajeros, al igual que los pick-ups,
solo que en forma excepcional;
II.- Que por medio de Decreto Legislativo Nº 740 de fecha 15 de febrero
del año 2002, publicado en el Diario Oficial Nº 48, Tomo 354, de fecha
11 de marzo del mismo año, y en virtud de que en la Ley señalada en el
Considerando anterior se calificaba a los taxis como transporte colectivo
de pasajeros, similares a los autobuses y microbuses, se reformaron los
Arts. 27 y 28 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
en el sentido de caracterizar a los taxis y a los pick ups como vehículos
destinados al servicio de transporte selectivo y selectivo excepcional de
pasajeros, respectivamente;
III.- Que no obstante que los taxis y los pick-ups, son considerados medios de
transporte de naturaleza distinta al transporte colectivo, los mecanismos e
instrumentos legales mediante los cuales el Estado autoriza la prestación
de dichos servicios de transporte, en la actualidad son similares a los
que se exigen a los prestatarios del servicio de transporte colectivo de
pasajeros, lo que se traduce en una carga excesiva para la administración
al momento de otorgar la prestación de tales servicios;
IV.- Que por las razones anteriores es necesario emitir las reformas pertinentes
a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a efecto de
simplificar los mecanismos e instrumentos legales mediante los cuales se
le otorga a una persona, natural o jurídica, la facultad de prestar el servicio
de transporte selectivo y selectivo excepcional de pasajeros;
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados y
Diputadas: Gaspar Armando Portillo Benítez, David Rodríguez Rivera, Guillermo Antonio
Olivo Méndez, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Ana Lucia Baires de Martínez, José
Alvaro Cornejo Mena, Carlos Cortez Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca
Noemí Coto Estrada, Raúl Omar Cuéllar, Nery Arely Díaz de Rivera, Antonio Echeverría
Veliz, Emma Julia Fabián Hernández, Ricardo Bladimir González, Norma Fidelia Guevara
de Ramirios, Benito Antonio Lara Fernández, Francisco Roberto Lorenzana Durán,
Guillermo Francisco Mata Bennett, Yeymi Elizabett Muñoz Moran, Oscar Ernesto Novoa
Indice Legislativo 391
Parte III

Parte III
392
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Ayala, María Irma Elizabeth Orellana Osorio, Orestes Fredesman Ortez Andrade, Inmar
Rolando Reyes, Gilberto Rivera Mejia, Jackeline Noemi Rivera Avalos, José Mauricio
Rivera, Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza, Jaime Gilberto Valdez Hernández, Ramón
Aristides Valencia Arana, María Margarita Velado Puentes y Carlos Mario Zambrano
Campos.
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
Art. 1.- Agrégase un inciso final al Art. 27, con el contenido especial siguiente:
“De conformidad con lo anterior, los servicios de transporte colectivo público de
pasajeros, se clasifican a su vez en servicios públicos y servicios de oferta libre. Las
características, modalidades, y condiciones a cumplir por los prestatarios para brindar
estos tipos de servicios serán establecidas en la presente ley y en el Reglamento
respectivo.”
Art. 2.- Refórmase los incisos primero y segundo del Art. 28 en los términos
siguientes:
“Art. 28.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende como vehículos destinados
al servicio de transporte selectivo de pasajeros, únicamente a los taxis, los cuales
podrán prestar este tipo de servicio, previa autorización emitida por el Viceministerio de
Transporte, a través de la Dirección General de Transporte y mediante el cumplimiento
de los requisitos señalados en esta ley y sus Reglamentos.
Excepcionalmente los pick-ups podrán ser considerados como medios de
transporte selectivo, los cuales serán autorizados en la forma señalada en el inciso
anterior.”
Art. 3.- Refórmase el inciso segundo del Art. 32 en la forma siguiente:
“La concesión señalada en el inciso anterior podrá transmitirse a los herederos
del prestatario de las modalidades de servicio descritas en el presente capítulo y en la
que se exija este tipo de convenio, siempre que éstos cumplan con todos los requisitos
exigidos para ser calificados como tal.”
Art. 4.- Sustitúyese el Art. 47 por el siguiente:
“Art. 47.- Toda persona natural o jurídica, que pretenda prestar el servicio de
transporte colectivo público de pasajeros, con excepción de los servicios de oferta
libre, deberá contar con la concesión respectiva para la prestación de dicho servicio,
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
la cual será otorgada por el Viceministerio de Transporte para un período de diez años,
prorrogables en iguales condiciones, siempre que para tal efecto el concesionario
cumpla con lo establecido en la ley.”
Art. 5.- De las solicitudes que para prestar servicio de transporte selectivo y
transporte selectivo excepcional de pasajeros, que a partir de la vigencia del presente
Decreto se realicen, el Viceministerio de Transporte, deberá priorizar aquellas en las
que el solicitante compruebe que anteriormente ha estado prestando dicho tipo de
servicio y que además cuenta con los vehículos adecuados para ello.
La autorización para prestar el Servicio de Transporte Selectivo y Selectivo
Excepcional tendrá vigencia de un año, el cual podrá ser prorrogado por períodos
iguales, a juicio de la Dirección General de Transporte Terrestre, siempre que se
cumplan con los requisitos legales y reglamentarios respectivos.
Art. 6.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete
días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 103, Tomo Nº 387, Fecha: 3 de junio de 2010.
Indice Legislativo 393
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 353
394
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Federación Salvadoreña de Fútbol, se fundó en el año 1935 y fue
reconocida por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) en
el año 1938; asimismo, por Decreto Legislativo Nº 529, de fecha 30 de
agosto del año 2001, publicado en el Diario Oficial Nº 175, Tomo Nº 352,
de fecha 18 de septiembre del mismo año, se emitió la Ley de Fútbol
Federado de El Salvador.
II.- Que por Decreto Legislativo Nº 193 de fecha 21 de diciembre de 2006,
publicado en el Diario Oficial Nº 239, Tomo Nº 373 de la misma fecha se
derogó el Decreto Legislativo Nº 529 en el que se emitió la Ley de Fútbol
Federado de El Salvador, con la finalidad de responder a la solicitud de la
FIFA y que El Salvador contara con un marco legal apegado a los estatutos
internacionales emitidos por dicho ente rector, a fin que la normativa del
fútbol nacional esté en consonancia con la del fútbol a nivel internacional.
III.- Que en el Decreto Legislativo Nº 193, se reconoció por Ministerio de Ley
la personalidad jurídica de la Federación Salvadoreña de Fútbol como
entidad de derecho privado no lucrativa, de utilidad pública, la cual debe
regirse con sus propios estatutos los que han sido inscritos en el Registro
correspondiente.
IV.- Que de conformidad al Decreto Legislativo Nº 193 y al Acuerdo Ejecutivo
Nº 169, del Ministerio de Gobernación de fecha 10 de octubre de 2007,
fueron aprobados los estatutos de la Asociación denominada Federación
Salvadoreña de Fútbol, que regirían y regularían el funcionamiento de la
Federación Salvadoreña de Futbol, los cuales fueron publicados en el
Diario Oficial Nº 196, Tomo 377 de fecha 22 de octubre de 2007, en los
que se define los procedimientos para la elección y sustitución de sus
dirigentes.
V.- Que con fecha 3 de septiembre de 2008, el señor Jerome Valcke, Secretario
General de FIFA, señala que desde el día 12 de septiembre de 2008, se
nombra una Comisión de Normalización en la Federación Salvadoreña de
Fútbol, cuya misión era la de elaborar unos nuevos estatutos para esa
Federación; además de conformar y convocar la nueva asamblea para la
misma.
VI.- Que en nota de FIFA dirigida a la Comisión de Normalización de fecha 10
de marzo del corriente año, firmada por el Secretario General Adjunto, el
señor Markus Kattner y el Director de Asociaciones Miembro de Desarrollo,
señor Thierry Regenass, le notifica la reorganización de la Comisión de
Normalización la cual estará en funciones hasta el 31 de julio de 2010, con
la única finalidad de mejorar el fútbol de nuestro país.
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
VII.- Que se vuelve imperioso dotar a la Administración Pública de las herramientas
legales, con el único objetivo de concatenar los requerimientos de la FIFA
y la legislación nacional, ya que de lo contrario bajo los parámetros de
FIFA podrían concretarse suspensiones que afecten el normal desarrollo
de nuestra actividad deportiva.
POR TANTO,
en uso de las facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Othon
Sigfrido Reyes Morales, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Lorena Guadalupe Peña
Mendoza, Roberto José d’Aubuisson Munguía, Karla Gisela Abrego Cáceres, Héctor
Antonio Acevedo Moreno, Félix Agreda Chachagua, José Antonio Almendariz Rivas,
Ernesto Antonio Angulo Milla, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda, Yohalmo Edmundo
Cabrera Chacón, Erick Ernesto Campos, José Alvaro Cornejo Mena, Arístides Corpeño
Valentín, Carlos Cortez Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí Coto
Estrada, Santos Eduviges Crespo Chávez, Raúl Omar Cuéllar, Darío Alejandro Chicas
Argueta, Ana Vilma Castro de Cabrera, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, Gloria
Elizabeth Gómez de Salgado, Cesar Rene Florentín Reyes Dheming, Nery Arely Diaz
de Rivera, Emma Julia Fabián Hernández, Julio Cesar Fabián Pérez, Santiago Flores
Alfaro, José Rinaldo Garzona Villeda, Eduardo Antonio Gomar Moran, Ricardo Bladimir
González, José Nelson Guardado Menjivar, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Jaime
Ricardo Handal Samayoa, Jorge Schafik Handal Vega Silva, Rafael Antonio Jarquín
Larios, Gladis Marina Landaverde Paredes, Benito Antonio Lara Fernández, Reynaldo
Antonio López Cardoza, Mario Marroquín Mejía, Misael Mejía Mejía, Alexander Higinio
Melchor López, Juan Carlos Mendoza Portillo, Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Edgar
Alfonso Montoya Martínez, Rafael Ricardo Moran Tobar, Oscar Ernesto Novoa Ayala,
Guillermo Antonio Olivo Méndez, José Serafín Orantes Rodríguez, Orestes Fredesman
Ortez Andrade, Rodolfo Antonio Parker Soto, Rafael Eduardo Paz Velis, Mariela Peña
Pinto, Mario Antonio Ponce López, Gaspar Armando Portillo Benítez, Zoila Beatriz
Quijada Solís, Carlo René Retana Martínez, José Armando Grande Peña, Inmar Rolando
Reyes, Javier Ernesto Reyes Palacios, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Gilberto Rivera
Mejía, Jackeline Noemí Rivera Avalos, José Mauricio Rivera, Abilio Orestes Rodríguez
Menjivar, David Rodríguez Rivera, María Margarita Velado Puentes, Misael Serrano
Chávez, Cesar Humberto Solórzano Dueñas, Manuel Rigoberto Soto Lazo, Enrique
Alberto Luis Valdés Soto, Jaime Gilberto Valdez Hernández, Marcos Francisco Salazar
Umaña, Ramón Arístides Valencia Arana, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Esdras
Samuel Vargas Pérez, Guadalupe Antonio Vasquez Martínez, María Margarita Velado
Puentes, José Vidal Carrillo Delgado y Francisco José Zablah Safie.
DECRETA la siguiente Disposición Transitoria a incorporarse al:
DECRETO LEGISLATIVO Nº 193 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2006,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL Nº 239, TOMO Nº 373 DE LA
MISMA FECHA.
Indice Legislativo 395
Parte III

Parte III
396
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Art. 1.- Incorpórase el Art. 5-A
“Art. 5-A.- No obstante lo dispuesto en el Art. 5, en el proceso de reorganización
de la nueva institución rectora del fútbol nacional, asociación denominada Federación
Salvadoreña de Fútbol, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) podrá
realizar los cambios que estime convenientes durante el período que no exceda del
31 de julio de 2010, tanto en los estatutos como en la conformación de la Junta
Directiva independientemente de la denominación utilizada, y mientras no se elija la
nueva Junta Directiva de conformidad a los estatutos de la Federación Salvadoreña
de Fútbol; todo ello con la finalidad de asegurar y tener como marco normativo los
estatutos internacionales emitidos por dicho ente rector.
Los cambios antes mencionados, se inscribirán en la oficina de la Dirección
General del Registro de Asociaciones Sin Fines de Lucro, dependencia del Ministerio
de Gobernación, y tendrán vigencia hasta el 31 de Julio de 2010, período en el cual la
Federación Salvadoreña de Fútbol deberá subsanar las observaciones y prevenciones
a efecto de armonizar los estatutos y el nombramiento de sus entes de dirección con
la legislación nacional.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los trece
días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 87, Tomo Nº 387, Fecha: 13 de mayo de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 377
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Art. 705 del Código Procesal Civil y Mercantil, deroga el Código de
Procedimientos Civiles, la Ley de Procedimientos Mercantiles, así como,
todas aquellas leyes o disposiciones que se le contrapongan, sin embargo,
en el primer cuerpo normativo, no se comprenden disposiciones relativas
al concurso de acreedores, a la quiebra y demás medidas normativas
vinculadas con la insolvencia que disciplina las situaciones citadas, se
generará un vacío jurídico que deberá evitarse.
II.- Que en ese sentido, es necesario evitar ese vacío legislativo, mientras no
se dicte una legislación moderna que regule esas materias, por lo que,
resulta imprescindible prorrogar la vigencia de las normas pertinentes.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa del Diputado Federico
Guillermo Ávila Qüehl,
DECRETA:
Art. 1.- Prorrógase la vigencia del Título IV y V del Libro Segundo del Código de
Procedimientos Civiles (Arts. 659 al 777), el Capítulo XI de la Ley de Procedimientos
Mercantiles (Arts. 77 al 119), en tanto no se apruebe una nueva legislación que regule
la materia.
Art. 2.- Todas las normas relativas a la insolvencia, el concurso de acreedores,
la quiebra y la suspensión de pagos no comprendidas en el artículo anterior quedarán
vigentes.
Art. 3.- El presente decreto entrará en vigencia el uno de julio de dos mil diez,
previa su publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres
días del mes de junio del año dos mil diez.
D. O. Nº 116, Tomo Nº 387, Fecha: 22 de junio de 2010.
Indice Legislativo 397
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 379
398
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 142, de fecha 6 de noviembre de 1997,
publicado en el Diario Oficial Nº 218, Tomo Nº 337 del día 21 del mismo
mes y año se aprobó la Ley de Telecomunicaciones;
II.- Que el Artículo 110 de la Constitución de la República, establece que es
deber del Estado regular y vigilar los servicios públicos prestados por
Empresas Privadas, velando y protegiendo los intereses sociales de la
población;
III.- Que la Ley de Telecomunicaciones establecida en el considerando I,
adolece de algunos vacíos como consecuencia del desarrollo y adelanto
tecnológico del sector, que han dado origen a algunas irregularidades en la
prestación de tan vital servicio y que afectan los intereses de los usuarios,
lo que vuelve necesario introducir modificaciones a dicho cuerpo legal,
para irlo actualizando y modernizando en relación al avance técnico que
permanentemente tiene el mismo;
IV.- Que en consonancia con lo expuesto en el considerando anterior, se ha
podido determinar que se vuelve imperativo introducir por el momento,
algunas reformas que le garanticen al usuario de la telefonía fija y móvil, y
de otros servicios de telecomunicaciones en general, sus derechos como
tal; entre ellos lo relativo a la portabilidad numérica; la vigencia ilimitada
de las tarjetas pre-pago; dejando claro en este punto el derecho al usuario
de saber el tiempo de consumo que tiene la tarjeta, de acuerdo al valor
de la misma; finalmente en relación a estos derechos del consumidor,
establecer la tasación y facturación al segundo exacto por parte de las
operadoras, por el uso del servicio de telefonía que el usuario utilice; y por
último disminuir el plazo que las operadoras tienen para dar respuesta a
los reclamos interpuestos por el usuario, como consecuencia de alguna
anomalía presentada en el uso de dicho servicio; entre otros.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de los Diputados y Diputadas
Orestes Fredesman Ortez Andrade, Blanca Noemí Coto Estrada, Anselmo Méndez, y
Douglas Leonardo Mejía Avilés; y con el apoyo de los Diputados y Diputadas Ana Daysi
Villalobos de Cruz, Antonio Echeverría Veliz, Benito Antonio Lara Fernández, Carlos
Cortez Hernández, Darío Alejandro Chicas Argueta, David Rodríguez Rivera, Emma
Julia Fabián Hernández, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Gaspar Armando Portillo
Benítez, Gilberto Rivera Mejía, Guillermo Antonio Olivo Méndez, Guillermo Francisco
Mata Bennet, Inmar Rolando Reyes, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Jackeline Noemí
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Rivera Ávalos, Jaime Gilberto Valdéz Hernández, Jorge Shafik Handal Vega Silva, José
Alvaro Cornejo Mena, Karina Sosa, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Luis Alberto
Corvera Peña, María Margarita Velado Puentes, Medardo González Trejo, Nery Arely
Díaz de Rivera, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Othon Sigfrido Reyes Morales,
Ramón Arístides Valencia Arana, Santiago Flores Alfaro, Sonia Margarita Rodríguez
Sigüenza, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón y Zoila Beatriz Quijada Solis.
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DE TELECOMUNICACIONES
Art. 1.- Modifícase el literal i), e incorpóranse los literales j), k) y l) al Artículo 29
así:
i) A que los operadores resuelvan sus reclamos por el incumplimiento
del contrato de los servicios de telecomunicaciones, por cobros indebidos
o por cualquier otra causa de las establecidas en el Art. 98
de esta ley, de acuerdo al procedimiento determinado en este cuerpo
legal; debiendo entenderse como servicio de telecomunicaciones él o
los conceptos definidos en la presente ley.
j) A la portabilidad del número telefónico; estableciéndose ésta como
un derecho de los usuarios y una obligación de los operadores
de telefonía fija y móvil; en particular, la portabilidad del número
consistente en que un usuario podrá cambiarse voluntariamente de
operador, conservando su número móvil o fijo sin costo alguno. Así
mismo, es obligación del operador de origen del servicio, realizar
con agilidad y sin costo para el usuario, todos los trámites para la
migración de éste al operador que él haya seleccionado.
La SIGET será la responsable de realizar el estudio de factibilidad
para la selección de los tipos de portabilidad y modelo de sistema a
implementar y emitir el reglamento correspondiente, todo ello según
lo más conveniente a los intereses de los usuarios, en un plazo no
mayor de seis meses contados a partir de la vigencia de este decreto.
k) A tener vigencia ilimitada en el saldo de las tarjetas prepago de
servicio de telefonía, pines, recargas electrónicas y traslados de
saldos; sin perjuicio de los casos de vencimiento de la línea telefónica
por no registrar en ésta movimiento alguno de entrada o salida de
llamadas en el término de tres meses calendario.
El operador está obligado a hacer del conocimiento del usuario,
mediante el procedimiento y técnica adecuada; del saldo disponible
que contiene la tarjeta adquirida, pines, recargas electrónicas y
traslados de saldo, según el valor de la misma, debiendo asegurarse
que su descuento sea en razón del tiempo exacto utilizado.
Indice Legislativo 399
Parte III

Parte III
400
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
l) A ser tasado y facturado al segundo exacto en todos los servicios de
telefonía, donde el tiempo sea la unidad de medida, excepto cuando
fuere acordado entre operador y usuario una modalidad diferente a
favor de este último.
Art. 2.- Sustitúyese el artículo 98 y su acápite por el siguiente:
Solución de Reclamos de los Usuarios
Art. 98.- El operador deberá resolver, en un plazo máximo de diez días hábiles y
sin costo alguno, los reclamos que presenten los usuarios de los servicios de telefonía
fija y móvil.
Las causas por las que los usuarios podrán interponer un reclamo, son las
siguientes:
a) FACTURACIÓN: Montos que figuran en el recibo o comprobante de pago que
se reclama y respecto a los cuales el usuario desconoce el consumo del
servicio o el título del cual se deriva el derecho de la empresa operadora
para facturarlos. En el caso de reclamos por facturación de servicios
suplementarios o adicionales, el reclamo por facturación incluirá los montos
por el concepto reclamado que hubieren sido facturados, incluso en recibos
anteriores al recibo respecto al cual se presenta el reclamo;
b) COBRO DEL SERVICIO SIN COSTO ALGUNO: Montos cobrados al usuario por
el servicio público de telefonía fija y móvil, que corresponden a conceptos
distintos a los oportunamente facturados, y respecto de los cuales el usuario
desconoce el consumo del servicio o el título del cual se deriva el derecho
de la empresa operadora para cobrarlos;
c) INSTALACIÓN O ACTIVACIÓN DEL SERVICIO: Incumplimiento de la empresa
operadora de la instalación o activación del servicio a la que se hubiere
comprometido al momento de la contratación o cuando la empresa operadora
estableciera un plazo mayor al permitido por la normatividad vigente para
proceder a dicha instalación o activación. Incluye también el incumplimiento
de la empresa operadora en activar o desactivar servicios suplementarios o
adicionales que hubieren sido solicitados por el usuario;
d) TRASLADO DEL SERVICIO: Incumplimiento de la empresa operadora de
efectuar el traslado del servicio en la fecha en la que se hubiere comprometido
o cuando frente a una solicitud de traslado, no hubiere respuesta o no se
encontrase conforme con la misma;
e) SUSPENSIÓN O CORTE DEL SERVICIO: Casos en los que el usuario considere
que ha sufrido una suspensión injustificada o que su servicio ha sido cortado
sin causa justificada;
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
f) CALIDAD DE IDONEIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INCLUYENDO
VERACIDAD DE LA INFORMACION BRINDADA AL USUARIO: Problemas
derivados de un inadecuado funcionamiento de la red que generan
insatisfacción del usuario, tales como la comunicación imperceptible, el
ruido y la interferencia en la línea, la imposibilidad de hacerse escuchar y
el servicio intermitente. Del mismo modo, se considerarán como problemas
de calidad de los servicios públicos de telefonía fija y móvil, los que surgen
como consecuencia de la prestación misma del servicio o del incumplimiento
de la obligación de informar verazmente a los usuarios sobre el servicio o
sobre el estado de los reportes que hubieran formulado;
g) Falta de entrega del recibo o de la copia del mismo solicitada por el usuario;
h) Incumplimiento por parte de la Empresa Operadora en efectuar las
devoluciones ordenadas por la SIGET a favor de los usuarios;
i) TARJETAS DE PAGO FÍSICAS O VIRTUALES: Problemas derivados de la
prestación de servicios mediante sistemas de tarjetas de pago, tales como,
la habilitación del servicio, el crédito que otorga la tarjeta de pago, entre
otros;
j) Negativa de la Empresa Operadora a contratar con el solicitante del servicio;
y
k) Otras medidas que señale la SIGET.
Las empresas operadoras deberán contar con un Sistema de Registro de Reclamos,
en el cual se consignen los datos generales de reclamos efectuados por los usuarios.
El reclamo presentado, así como las notificaciones, medios probatorios y demás
documentos referidos al mismo, deberán formar un expediente cuya organización
y conservación será responsabilidad de las empresas operadoras. Las empresas
operadoras asignarán al expediente un código o número del reclamo, mismo que se
mantendrá en el transcurso del procedimiento administrativo.
Las empresas operadoras adoptarán las medidas necesarias a fin de preservar la
unidad e intangibilidad del expediente de reclamo.
Las partes tienen derecho a conocer en cualquier momento, del estado de la
tramitación de sus reclamos, así como tener acceso al expediente correspondiente.
Las partes podrán solicitar se les expida copia simple o certificada de las piezas del
expediente correspondiente al trámite de reclamo.
La solución del reclamo, favorable o desfavorable, deberá ser fundamentada y
suscrita por el o los funcionarios responsables, con indicación expresa de cada uno de
los medios probatorios actuados que sustenten su decisión y de las normas legales
aplicadas en la resolución de cada caso. La notificación de la solución del reclamo
deberá ser comunicada por escrito al usuario afectado, al día siguiente de vencido el
plazo, enviando una copia de la misma a la SIGET; dicha notificación se efectuará en la
Indice Legislativo 401
Parte III

Parte III
402
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
dirección donde se remiten los recibos por el servicio reclamado o en la que el usuario
hubiere señalado por escrito durante el procedimiento de reclamo.
De no obtener ninguna comunicación el usuario en el plazo establecido, se
considerará la solución a su favor, quedando el operador obligado a compensarlo por
los daños que le hubiere ocasionado. En caso de cobros indebidos, deberá reintegrar
la cantidad que el usuario haya cancelado al operador, sin perjuicio de las acciones
legales correspondientes.
Si el usuario no aceptare la solución a su reclamo propuesta por el operador, podrá
interponer queja ante la Defensoría del Consumidor.
La SIGET, a requerimiento de la Defensoría del Consumidor, deberá presentar un
informe técnico sobre el reclamo, en un plazo máximo de ocho días hábiles. Para ello
el operador estará obligado a proporcionar a la SIGET, a requerimiento de ésta y en
un plazo no mayor de tres días hábiles después de recibida la solicitud, el respaldo
documental de los cobros o condiciones de prestaciones del servicio, según sea el
caso. Asimismo, el operador deberá enviar el expediente correspondiente al reclamo.
Si la resolución emitida por las autoridades que velan por la protección al
consumidor fuere favorable al usuario, el operador quedará obligado a compensarlo por
los daños que le hubiere ocasionado. En casos de cobros indebidos, deberá reintegrar
la cantidad que el usuario haya cancelado al operador, sin perjuicio de las acciones
legales correspondientes.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez
días del mes de junio de dos mil diez.
Nota:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 97, del inciso 3º del Reglamento Interior
de este Órgano del Estado, se hace constar que el presente Decreto fue recibido el 6 de
julio con observaciones por el Presidente de la República, resolviendo esta Asamblea
Legislativa aceptar dichas observaciones en la Sesión Plenaria del día veintiuno de
octubre del presente año.
IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ
Sexta Secretaria.
D. O. Nº 213, Tomo Nº 389, Fecha: 15 de noviembre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 380
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 263, de fecha 23 de marzo de 1998,
publicado en el Diario Oficial Nº 64, Tomo 339, del 02 de abril del mismo
año, se aprobó la Ley Especial para Facilitar la Cancelación de las Deudas
Agraria y Agropecuaria, la que tiene como objetivo principal el de convertir
a sus beneficiarios, en sujetos de crédito a través de los beneficios que
ésta concede, específicamente en la readecuación de sus créditos a su
valor actual, mediante los mecanismos que la misma establece;
II.- Que ante la crisis Mundial que ha afectado a nuestro país y en especial
al sector Campesino a pagar cantidades de dinero para saldar las deudas
Agraria y Agropecuaria, y ante las consideraciones antes mencionadas, se
vuelve de imperiosa necesidad la prórroga de los efectos de la Ley Especial
para Facilitar la Cancelación de las Deudas Agraria y Agropecuaria que
vence el 30 de los corrientes, por un plazo de 06 meses más que vencerán
el 31 de diciembre del año 2010, a efecto de que en este lapso de tiempo
se puedan superar todas aquellas situaciones, principalmente económicas
que no han posibilitado el estricto cumplimiento del Decreto Legislativo Nº
263, señalado en el considerando uno.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de la Diputada Irma Lourdes
Palacios Vásquez y el Diputado Saúl Anselmo Méndez.
DECRETA, la siguiente:
REFORMA A LA LEY ESPECIAL PARA FACILITAR LA CANCELACION DE
LAS DEUDAS AGRARIA Y AGROPECUARIA
Art.1.- Refórmase el inciso primero del Art. 4, así:
“Art. 4.- Las Instituciones del Sistema Financiero, podrán suscribir con las
Instituciones acreedoras citadas en esta Ley, un convenio que permita conceder a los
beneficiarios que lo soliciten de los nominados en el Art. 2 de la misma, y que a la
fecha de vigencia no hayan cancelado lo adeudado, un préstamo al 6% de interés anual
a un plazo de hasta 12 años, dentro del cual estará comprendido un período de gracia
de 2 años, en el que no habrá pago de capital e intereses. Estos préstamos deberán
tramitarse y formalizarse dentro del período que finalizará el 31 de diciembre de 2010”.
Indice Legislativo 403
Parte III

Parte III
404
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez
días del mes de junio de dos mil diez.
D. O. Nº 120, Tomo Nº 387, Fecha: 28 de junio de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 381
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Constitución de la República en su Art. 102 inciso segundo,
establece que el Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro
de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para
asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país;
II.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 671, de fecha 08 de mayo de 1970,
publicado en el Diario Oficial Nº 140, Tomo Nº 228, del 31 de julio del
mismo año, se emitió el Código de Comercio;
III.- Que el 12 de junio de 2008, por medio de Decreto Legislativo Nº 641,
publicado en Diario Oficial Nº 120, Tomo Nº 379, del 27 junio de 2008, se
aprobaron las Reformas al Código de Comercio, habiéndose establecido
en las disposiciones transitorias, un plazo de dos años a partir de la
vigencia del Decreto en referencia, para adecuar los pactos sociales de
conformidad a las reformas contenidas en la reforma indicada, plazo que
vence el 27 de los corrientes;
IV.- Que a la fecha y a días de vencerse el término a que se hace referencia en el
considerando anterior, muchas empresas, sobre todo pequeños y micros,
no han podido cumplir con la obligación antes señalada por causas ajenas
a su voluntad, por lo es conveniente apoyar a este sector, ampliándoles el
plazo hasta el 31 de mayo del 2011, en su proceso de modificación de
los pactos sociales.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados y
Diputadas Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, Carlos Armando Reyes, Carmen
Elena Figueroa, Donato Eugenio Vaquerano y David Reyes.
DECRETA, la siguiente:
REFORMA A LA DISPOSICION TRANSITORIA DEL DECRETO Nº 641,
QUE CONTIENE REFORMAS AL CODIGO DE COMERCIO
Art. 1.- Refórmese el Art. 85, inciso primero, Disposiciones Transitorias, de la
siguiente manera:
“Art. 85.- Las Sociedades Mercantiles existentes, tendrán hasta el 31 de mayo del
dos mil once, para adecuar sus pactos sociales de conformidad con las presentes
Indice Legislativo 405
Parte III

Parte III
406
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
reformas y en los casos que sea necesario. Las modificaciones respectivas deberán
ser inscritas en el Registro de Comercio”.
Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez
días del mes de junio del dos mil diez.
D. O. Nº 119, Tomo Nº 387, Fecha: 25 de junio de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 396
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad al Art. 131, ordinal 5º de la Constitución Política,
corresponde a la Asamblea Legislativa interpretar auténticamente las leyes
secundarias;
II.- Que con fecha 06 de noviembre de 1997, se creó el Decreto Legislativo
Nº 142 que contiene la Ley de Telecomunicaciones, publicada en el Diario
Oficial Nº 218, Tomo Nº 337, de fecha 21 de noviembre de 1997, cuyo
objetivo principal es normar las actividades del sector Telecomunicaciones,
entre otras, la regulación de los servicios públicos de Telefonía fija y móvil;
III.- Que por Decreto Legislativo Nº 295, del 4 de marzo de 2010, publicado en
el Diario Oficial Nº 67, Tomo 387, del 14 de abril de 2010, se decretaron
reformas a la Ley de Telecomunicaciones;
IV.- Que a pesar de la prohibición del cobro de cargos o tarifas en concepto
de tiempo aire, varios operadores de telefonía móvil, apoyándose en una
interpretación equívoca del citado Decreto Legislativo Nº 295, pretenden
continuar cobrando dicho cargo, apropiarse del derecho de determinar la
tarifa que el operador de acceso debe cobrar al usuario de servicio fijo que
inicia la llamada e impedir que los usuarios finales gocen de beneficios,
tales como una tarifa fijo-móvil menor que los máximos establecidos en el
Decreto Nº 295; la eliminación de distorsión en los precios y la operación
dentro de un esquema de sana competencia;
V.- Que para evitar interpretaciones equívocas y garantizar que los consumidores
efectivamente gocen de los beneficios dispuestos en el Decreto Legislativo
Nº 295, es conveniente interpretar auténticamente el literal c) del Art. 2 del
referido Decreto Legislativo.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de los Diputados José
Francisco Merino López, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Irma Lourdes Palacios
Vásquez, Rodolfo Antonio Parker Soto y José Nelson Guardado Menjívar.
DECRETA:
Art. 1.- Se interpreta auténticamente la letra c) del Art. 2, del Decreto Legislativo
Nº 295, del 4 de marzo de 2010, publicado en el Diario Oficial Nº 67, Tomo 387, de
fecha 14 de abril de 2010, en los siguientes términos: En el caso de una llamada desde
una terminal de servicio fijo a una terminal de servicio móvil, la tarifa del usuario es
Indice Legislativo 407
Parte III

Parte III
408
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
determinada exclusivamente por el operador de la red de acceso desde la cual se inicia
la llamada; en consecuencia, la red de destino no podrá cobrar al usuario que origina
o recibe la llamada, ningún cargo o tarifa en concepto de tiempo aire o uso de red
adicional al cargo de interconexión de terminación en red móvil.
Art. 2.- La presente interpretación auténtica queda incorporada al texto del Art. 2
del Decreto Legislativo Nº 295, de fecha 4 de marzo de 2010, publicado en el Diario
Oficial Nº 67, Tomo 387, de fecha 14 de abril de 2010.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veinticuatro días del mes de junio de dos mil diez.
Nota:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 97, del inciso 3º del Reglamento Interior
de este Órgano del Estado, se hace constar que el presente Decreto fue recibido el 6 de
julio con observaciones por el Presidente de la República, resolviendo ésta Asamblea
Legislativa aceptar dichas observaciones en la Sesión Plenaria del día quince de julio
del presente año.
CESAR HUMBERTO GARCIA AGUILERA
Segundo Secretario
D. O. Nº 148, Tomo Nº 388, Fecha: 12 de agosto de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 398
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 230, de fecha 14 de diciembre de 2000,
publicado en el Diario Oficial Nº 241, Tomo Nº 349, del 22 del mismo mes
y año, se emitió el Código Tributario.
II.- Que por Decreto Legislativo Nº 233, de fecha 16 de diciembre de 2009,
publicado en el Diario Oficial Nº 239, Tomo Nº 385, del 21 del mismo
mes y año, se reformó el Código a que se refiere el considerando anterior,
estableciendo en el Art. 91 la obligación de elaborar una declaración del
estado patrimonial, la cual deberá ser anexa a la declaración del impuesto
sobre la renta y será obligatoria a partir del ejercicio del 2010, quedando
la declaración patrimonial para el año 2009 de carácter opcional.
III.- Que por Decreto Legislativo Nº 336, de fecha 28 de abril de 2010, publicado
en el Diario Oficial Nº 78, Tomo Nº 387, del 29 del mismo mes y año,
prorrogó el plazo para presentar la declaración patrimonial, por un plazo de
60 días a partir del 1º de mayo del año 2010, a la que hace referencia el
Art. 91 del Código Tributario.
IV.- Que existen contribuyentes que por circunstancias ajenas a su voluntad, no
han podido acogerse a los beneficios que el referido Decreto otorga, por lo
que es procedente prorrogar su plazo por 45 días adicionales, a fin de que
la mayor cantidad de contribuyentes puedan dar cumplimiento a la nueva
exigencia establecida en el Art. 91 del Código Tributario.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados José
Francisco Merino López, Roberto José d´Aubuisson Munguía, Donato Eugenio
Vaquerano Rivas, Mario Marroquín Mejía, Federico Guillermo Ávila Qüehl y Rodolfo
Antonio Parker Soto.
DECRETA:
Art. 1.- Prorrógase por un plazo de 45 días contados a partir del 29 de junio del
presente año, el plazo establecido en el Art. 1 del Decreto Legislativo Nº 336, de fecha
28 de abril de 2010, publicado en el Diario Oficial Nº 78, Tomo Nº 387, del 29 de abril
de ese mismo año, para la presentación de la declaración patrimonial a que se refiere
el Art. 91 del Código Tributario.
Indice Legislativo 409
Parte III

Parte III
410
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veinticuatro días del mes de junio del año dos mil diez.
D. O. Nº 119, Tomo Nº 387, Fecha: 25 de junio de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 399
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 108, de fecha 21 de septiembre de
2006, publicado en el Diario Oficial Nº 193, Tomo 373, del 17 de octubre
del mismo año, se emitió la Ley Especial contra Actos de Terrorismo,
para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las actividades terroristas
respondiendo a las circunstancias actuales y excepcionales que afectan a
la comunidad internacional.
II.- Que es nuestra obligación como legisladores asegurar a los habitantes de
nuestro país la vida, la seguridad jurídica y su integridad de conformidad
con la Constitución.
III.- Que los últimos hechos de violencia y terrorismo que se viven en nuestro
país, constituyen una grave amenaza para la seguridad, la paz pública y
afecta directamente la vida y la integridad física de nuestros ciudadanos.
IV.- Que es necesario reformar la Ley contra Actos de Terrorismo para
incorporar como un hecho delictivo, el atentar contra las unidades de
transporte público de pasajeros y sancionarlo severamente cuando se
provoquen muertes o lesiones.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Ernesto
Antonio Angulo Milla, Alberto Armando Romero Rodríguez, Mario Marroquín Mejía,
Margarita Escobar, Carmen Elena Figueroa Rodríguez, Roberto José d´Aubuisson
Munguía, Manuel Vicente Menjívar, Marcos Francisco Salazar Umaña, Federico Guillermo
Ávila Qüehl, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda, Valentín Arístides Corpeño, Lucía del
Carmen Amaya de León, César René Florentín Reyes Dheming, Rafael Ricardo Morán,
Mariela Peña Pinto, Santos Adelmo Rivas, Misael Serrano Chávez, Manuel Rigoberto
Soto Lazo, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, Mario Eduardo Valiente Ortíz, Donato
Eugenio Vaquerano Rivas, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, José Alvaro Cornejo
Mena, Cristina Cornejo Amaya, Carlos Cortez Hernández, Luís Alberto Corvera Rivas,
Darío Alejandro Chicas Argueta, Nery Arely Díaz de Rivera, Antonio Echeverría Ortiz,
Emma Julia Fabián Hernández, Santiago Flores Alfaro, Medardo González Trejo,
Ricardo Bladimir González, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Jorge Schafik Handal
Vega, Benito Antonio Lara Fernández, Hortensia Margarita López Quintana, Ana Virginia
Morataya Gómez, Yeimi Elizabett Muñoz Morán, Guillermo Olivo, Gaspar Armando
Portillo Benítez, Zoila Beatriz Quijada Solís, Inmar Rolando Reyes, Othon Sigfrido Reyes
Morales, Gilberto Rivera Mejía, David Rodríguez Rivera, Sonia Margarita Rodríguez
Sigüenza, Ana Silvia Romero, Karina Ivette Sosa de Lara, Jaime Gilberto Valdez
Hernández, Ramón Arístides Valencia Arana, Margarita Velado, Ana Daysi Villalobos
Indice Legislativo 411
Parte III

Parte III
412
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Membreño, Carlos Mario Zambrano, Fernándo Ávila, Erick Ernesto Campos, José
Garzona Villeda, Eduardo Antonio Gomar Morán, Erick Mira Bonilla, Rafael Eduardo
Paz Velis, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Rodrigo Samayoa Rivas, Mario Alberto
Tenorio Guerrero, José Antonio Almendáriz Rivas, Santos Eduviges Crespo Chávez,
Omar Arturo Escobar Oviedo, Rafael Antonio Jarquín Larios, Alexander Higinio Melchor
López, Mario Antonio Ponce López, Esdras Samuel Vargas Pérez, José Vidal Carrillo
Delgado, Santos Guevara Ramos, Ana Guadalupe Martínez, Douglas Avilés y José
Orlando Arévalo Pineda.
DECRETA, la siguiente:
REFORMA A LA LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE TERRORISMO
Art. 1.- Refórmase el Art. 15, inciso primero, de la siguiente manera:
“Art. 15.- El que utilizare, activare o detonare, armas de fuego, artefactos o sustancias
inflamables, asfixiantes, tóxicas o explosivas, armas de destrucción masiva, agentes
químicos, biológicos o radiológicos o artículos similares, en los lugares públicos,
unidades de transporte público de pasajeros, terminales de transporte público, en
instalaciones públicas, gubernamentales, militares o policiales, provocando la muerte
o lesiones físicas o psicológicas de una o más personas, será sancionado con prisión
de cuarenta a sesenta año.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veinticuatro días del mes de junio del año dos mil diez.
D. O. Nº 118, Tomo Nº 387, Fecha: 24 de junio de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 403
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Art. 131, ordinal 5º de la Constitución de la República, establece que
es facultad de este Organo de Estado: “Decretar, interpretar auténticamente,
reformar y derogar las leyes secundarias”.
II.- Que por Decreto Legislativo Nº 665, de fecha 7 de marzo de 1996,
publicado en el Diario Oficial Nº 58, Tomo Nº 330, del día 22 de ese
mismo mes y año, se emitió la Ley de la Carrera Docente.
III.- Que el Art. 33-A de la Ley de la Carrera Docente establece un sistema de
incentivos al desempeño de los docentes de centros educativos oficiales,
a través del cual se les otorga un reconocimiento económico en el mes de
junio, y otro en el mes de diciembre, el cual depende del resultado obtenido
del rendimiento académico de los estudiantes, en la Prueba de Aptitudes y
Aprendizaje de Egresados de Educación Media (PAES).
IV.- Que el Art. 57 de la Ley General de Educación establece que la finalidad de
dicha prueba es: “Medir el aprendizaje y aptitudes de los estudiantes que
permita establecer su rendimiento y la eficacia en las diferentes áreas de
atención curricular…”, y no evaluar el desempeño docente.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Yohalmo
Edmundo Cabrera Chacón, Argentina García Ventura de la Legislatura 2006-2009,
Guillermo Francisco Mata Bennett, Mauricio Ernesto Rodríguez, Karina Ivette Sosa de
Lara y Jaime Gilberto Valdez Hernández.
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DE LA CARRERA DOCENTE
Art.1.- Refórmase el numeral 11-A) del Art. 30, de la siguiente manera:
“11-A) Optar a los beneficios del Sistema de Incentivos y bonos conforme a la ley.”
Art. 2.- Refórmase el Art. 33-A, incluido su acápite, de la siguiente manera:
Indice Legislativo 413
Parte III

Parte III
“Reconocimientos Económicos
414
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Art. 33-A.- Se establece una bonificación al desempeño de los docentes de centros
educativos oficiales, debiendo otorgar a todos los docentes, un bono en el mes de
junio y un segundo bono en el mes de diciembre.
El Ministerio de Educación aplicará y regulará todo lo relativo a dichos bonos
otorgados a los docentes, pero en ningún caso podrán otorgarse cuando se encontraren
suspendidos o inhabilitados por sanciones impuestas por la Junta de la Carrera Docente,
debido a faltas graves o muy graves establecidas en esta ley.”
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a un día del
mes de julio del año dos mil diez.
D. O. Nº 147, Tomo Nº 388, Fecha: 11 de agosto de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 410
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 133 numeral 4, 203 inciso
1º y 204 numeral 6 de la Constitución de la República y Art. 2 de la Ley
General Tributaria Municipal, se sientan las bases o principios generales
para que los municipios ejerciten su iniciativa de Ley, elaborando su tarifa
de impuestos y proponerla como Ley a la Asamblea Legislativa.
II.- Que de conformidad a la Ley General Tributaria Municipal, los impuestos
municipales deberán fundamentarse en la capacidad económica de los
contribuyentes y en los principios de generalidad igualdad, equitativa
distribución de la carga tributaria y de no confiscación.
III.- Que por medio del Decreto Legislativo Nº 259 de fecha 28 de enero del
año 2010, publicada en el Diario Oficial Nº 37, Tomo 386 de fecha 23 de
febrero de 2010, se emitió la Ley de Impuestos a la Actividad Económica
del Municipio de Agua Caliente Departamento de Chalatenango.
IV.- Que actualmente el Concejo Municipal de Agua Caliente, consciente de la
situación económica del municipio y de sus habitantes y con el afán de
incentivar el desarrollo económico y social del mismo, estima conveniente
reformar su Ley de Impuestos Municipales vigente, modificando así algunos
parámetros de aplicación de la Base Imponible para que sean acordes a la
realidad.
POR TANTO,
en uso de las facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Mario
Eduardo Valiente Ortiz y Julio César Fabián.
DECRETA:
Art. 1.- Refórmase el Art. 12, así:
“Art. 12.- Se gravan las actividades económicas con impuesto fijo e impuesto
variable, de acuerdo a la tabla siguiente, tomando como base el activo imponible
obtenido de conformidad al Art. 10 de esta Ley.”
Indice Legislativo 415
Parte III

Parte III
416
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
TABLA DE APLICACION DE IMPUESTOS A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO
SI EL ACTIVO IMPONIBLE ES: IMPUESTO MENSUAL:
Hasta $500.00 Pagaran una tarifa fija de $1.25
De $500.01 a $1,000.00 $1.25 más $2.00 por millar o fracción excedente de $ 500.00
De $1,000.01 a $2,000.00 $2.00 más $2.00 por millar o fracción excedente de $ 1,000.00
De $2 ,000.01 a $3,000.00 $4.00 más $2.00 por millar o fracción excedente de $ 2,000.00
De $3,000.01 a $6,000.00 $6.00 más $1.50 por millar o fracción excedente de $ 3,000.00
De $6,000.01 a $10,000.00 $10.00 más $1.50 por millar o fracción, excedente a $ 6,000.00
De $10,000.01 a $15,000.00 $12.00 más $1.50 por millar o fracción, excedente a $ 10,000.00
De $15,000.01 a $20,000.00 $15.00 más $1.50 por millar o fracción, excedente a $15,000.00
De $20,000.01 a $25,000.00 $20.00 más $1.50 por millar o fracción, excedente a $20,000.00
De $25,000.01 a $30,000.00 $25.00 más $1.50 por millar o fracción, excedente a $25,000.00
De $30,000.01 a $60,000.00 $63.00 más $1.00 por millar o fracción, excedente a $30,000.00
De $60,000.01 a $100,000.00 $93.00 más $0.80 por millar o fracción, excedente a $60,000.00
De $100,000.01 a $200,000.00 $125.00 más $0.70 por millar o fracción, excedente a $100,000.00
De $200,000.01 a $300,000.00 $195.00 más $0.60 por millar o fracción, excedente a $200,000.00
De $300,000.01 a $400,000.00 $255.00 más $0.45 por millar o fracción, excedente a $300,000.00
De $400,000.01 a $500,000.00 $300.00 más $0.40 por millar o fracción, excedente a $400,000.00
De $500,000.01 a $1,000,000.00 $340.00 más $0.30 por millar o fracción, excedente a $500,000.00
De $1,000,000.01 en adelante $ 490.00 más $0.18 por millar o fracción, excedente a $1,000,000.00
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a un día del
mes de julio del año dos mil diez.
D. O. Nº 147, Tomo Nº 388, Fecha: 11 de agosto de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 422
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 748 de fecha 20 de julio de 2005, publicado
en el Diario Oficial Nº140, Tomo Nº 368 del 27 de julio de 2005, se
eligieron a los miembros propietarios y suplentes del Consejo Nacional de
la Judicatura, en representación de los sectores de Abogados, Magistrados
y Jueces, y del Ministerio Público;
II.- Que los referidos funcionarios fueron electos, inicialmente, para el período
legal correspondiente de tres años, y posteriormente el plazo de funciones
fue ampliado a cinco años, mediante reforma a la Ley del Consejo Nacional
de la Judicatura, emitida por Decreto Legislativo Nº 1042, de fecha 30
de abril del año 2006, y por consiguiente el periodo de los miembros
propuestos por los sectores mencionados concluye el 20 de julio de 2010;
III.- Que ante la falta de elección de los nuevos consejales, y con el objeto de
que el Consejo Nacional de la Judicatura pueda continuar realizando las
labores, que constitucional y legalmente le corresponden, es procedente
ampliar hasta por treinta días el período de los actuales miembros.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Othon
Sigfrido Reyes Morales, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, José Francisco Merino
López, Federico Guillermo Avila Qüehl, Zoila Beatriz Quijada Solís, Luis Roberto Angulo
Samayoa, José Nelson Guardado Menjívar, Santos Guevara Ramos, y Douglas Leonardo
Mejía Avilés.
DECRETA:
Art. 1.- Refórmase, en forma transitoria, el inciso primero del Art. 10 de la Ley del
Consejo Nacional de la Judicatura, así:
“Amplíase hasta por treinta días, el plazo de las funciones de los actuales miembros
del Consejo Nacional de la Judicatura, electos mediante el Decreto Legislativo Nº 748,
de fecha 20 de julio de 2005, publicado en el Diario Oficial Nº 140, Tomo Nº 368 del
27 de julio de 2005, cuyas funciones concluirían el 20 de julio del corriente año.
No obstante lo anterior, si antes del cumplimiento del plazo mencionado, se emitiere
el dictamen correspondiente, que viabilice la elección de los nuevos miembros del
Consejo Nacional de la Judicatura, se procederá a la referida elección, y realizada ésta,
cesarán en sus funciones los consejales antes de los treinta días a que se refiere el
inciso que antecede.”
Indice Legislativo 417
Parte III

Parte III
418
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los quince
días del mes de julio del año dos mil diez.
D. O. Nº 135, Tomo Nº 388, Fecha: 19 de julio de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 424
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 773, de fecha 18 de julio de 1996,
publicado en el Diario Oficial Nº 144, Tomo 332, de fecha 07 de agosto de
ese mismo año, se emitió la Ley de la Carrera Policial, la que tiene como
objeto regular todo lo concerniente al ingreso de aspirantes a la Policía
Nacional Civil, así como lo relativo a los ascensos y la terminación de
dicha Carrera Policial.
II.- Que posterior a la graduación de la Academia Nacional de Seguridad
Pública, los alumnos para poder ingresar a la Policía Nacional Civil tienen
que ser evaluados por el Tribunal de Ingresos y Ascensos de la misma,
según lo establece el Artículo 19 de la Ley de la Carrera Policial.
III.- Que el mecanismo arriba mencionado, establece un paso innecesario que
entorpece y burocratiza el inmediato accionar del personal capacitado
como policías en el cumplimiento de tales funciones, dado el problema de
la criminalidad existente en el país que tanto se necesitan.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados José
Antonio Almendáriz Rivas, Mario Antonio Ponce López y Luis Roberto Angulo Samayoa.
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL
Art. 1.- Derógase el literal b) del Art. 19.
Art. 2.- Refórmase el Art. 23, de la siguiente manera:
“Art. 23.- Aprobado que sea el curso correspondiente, el alumno obtendrá su
respectivo título. Una vez graduado podrá presentarse ante el Tribunal de Ingreso
y Ascensos de la PNC con la documentación que acredite haber cumplido todos
los requisitos exigidos en el Art. 20 de la presente Ley y una declaración jurada,
comprometiéndose a portar y, en su caso, a usar las armas reglamentarias según lo
establecido en la Ley Orgánica de la PNC. ”
Indice Legislativo 419
Parte III

Parte III
420
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Art. 3.- Refórmase el Art. 24, de la siguiente manera:
“Art. 24.- El graduado podrá ingresar a la PNC, previo cumplimiento de los siguientes
pasos:
1) Ser investido por el Director General de la Policía Nacional Civil en la
categoría correspondiente;
2) Prestar juramento de cumplir la Constitución, Leyes y Reglamentos de la
República;
3) Tomar posesión del cargo.”
Art. 4.- Incorpórase un inciso final al Art. 39, así:
“Para los alumnos graduados de la ANSP, no será necesario cumplir con el requisito
de evaluación de este Tribunal para su respectivo ingreso a la Policía Nacional Civil.”
Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós
días del mes de julio del año dos mil diez.
Nota:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 97, inciso tercero del Reglamento Interior
de este Órgano de Estado, se hace constar que el presente Decreto fue devuelto con
observaciones por el Presidente de la República, el 19 de agosto del presente año,
resolviendo esta Asamblea Legislativa, aceptar parcialmente dichas observaciones en
Sesión Plenaria del veintiséis de agosto del año en curso, todo de conformidad al Art.
137, inciso tercero de la Constitución.
CESAR HUMBERTO GARCIA AGUILERA
SEGUNDO SECRETARIO
D. O. Nº 181, Tomo Nº 388, Fecha: 29 de septiembre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 425
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con los Artículos 53 y 56, inciso segundo de la
Constitución de la República, el derecho a la educación y a la cultura es
inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad
primordial del Estado su conservación, fomento y difusión; asimismo,
se establece que la educación parvularia, básica, media y especial será
gratuita cuando la imparta el Estado.
II.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 5º de la Constitución de
la República, corresponde a este Organo del Estado decretar, interpretar
auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados de la
Legislatura 2006-2009: Argentina García Ventura, Jorge Alberto Jiménez y Hugo Roger
Martínez Bonilla.
DECRETA, la siguiente:
REFORMA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION
Art. 1.- Refórmase el inciso primero del Art. 76, de la siguiente manera:
“Art. 76.- La educación parvularia, básica, media y especial es gratuita cuando la
imparte el Estado.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós
días del mes de julio del año dos mil diez.
D. O. Nº 150, Tomo Nº 388, Fecha: 16 de agosto de 2010.
Indice Legislativo 421
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 428
422
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por decreto Legislativo Nº 237 de fecha 17 de diciembre de 2009,
publicado en el Diario Oficial Nº 239,Tomo Nº 385 del 21 del mismo mes y
año, se emitió la Ley de Impuestos sobre las Bebidas Gaseosas, Isotónicas,
Fortificantes o Energizantes, Jugos, Néctares, Refrescos y preparaciones
concentradas o en polvo para la elaboración de bebidas.
II.- Que el Art. 15 del referido marco legal entre otros establece, que aquellos
bienes referidos en dicha ley, producidos en el país, el productor les deberá
consignar en forma impresa en los envases el precio de venta sugerido al
público en general y en aquellos bienes importados, el importador deberá
colocar el precio de venta sugerido al público en general mediante etiqueta
en cada envase que las contenga.
III.- Que así mismo el Art. 23 de la referida ley determina un plazo de seis
meses a partir de la vigencia de la referida ley, para el cumplimiento de
la obligación de consignar en los envases de los referidos productos de
bebidas el precio de venta sugerido al público en general, plazo que venció
el treinta de junio del presente año.
IV.- Que por razones no imputables a las empresas, éstas no han podido dar
cumplimiento a lo establecido en las disposiciones antes referidas, por
lo que es procedente emitir disposición transitoria a efecto de que las
empresas puedan cumplir con el mandato de ley.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Guillermo
Antonio Gallegos Navarrete, Francisco Merino López y Francisco José Zablah Safie.
DECRETA:
TRANSITORIO:
Art 1.- Concédase un plazo hasta el 31 de diciembre del presente año, para
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Impuesto Sobre las
Bebidas Gaseosas, Isotónicas, Fortificantes o Energizantes, Jugos, Néctares, Refrescos
y Preparaciones Concentradas o en Polvo para la Elaboración de Bebidas, en dicho
período se publicarán en periódicos de circulación nacional cada vez que varíen los
precios de venta sugerido a que se refiere el mencionado artículo 15.
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós
días del mes de julio del dos mil diez.
D. O. Nº 149, Tomo Nº 388, Fecha: 13 de agosto de 2010.
Indice Legislativo 423
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 430
424
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que en los artículos 133 numeral 4, 203 inciso 1º y 204 numeral 6 de la
Constitución de la República y Art. 2 de la Ley General Tributaria Municipal,
se establecen los principios generales para que los municipios ejerciten su
iniciativa de Ley, elaborando así su tarifa de impuestos y proponiéndola a
consideración de este Organo de Estado.
II.- Que de conformidad a la Ley General Tributaria Municipal, los impuestos
municipales deberán fundamentarse en la capacidad económica de los
contribuyentes y en los principios de generalidad, igualdad, equitativa
distribución de la carga tributaria y de no confiscación.
III.- Que por medio del Decreto Legislativo Nº 210 de fecha 3 de diciembre del
año 2009, publicado en el Diario Oficial Nº 241, Tomo 385 de fecha 23
de diciembre del mismo año, se emitió la Ley de Impuestos a la Actividad
Económica del Municipio de Nueva Esparta, Departamento de La Unión.
IV.- Que actualmente el Concejo Municipal de Nueva Esparta, consciente de la
situación económica del municipio y de sus habitantes y con el afán de
incentivar el desarrollo económico y social del mismo, estima conveniente
reformar su Ley de Impuestos Municipales vigente, modificando así algunos
parámetros de aplicación de la base imponible para que sean acordes a la
realidad económica vigente.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Elizardo
González Lovo.
DECRETA, la siguiente:
REFORMA A LA LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA
DEL MUNICIPIO DE NUEVA ESPARTA, DEL DEPARTAMENTO DE LA
UNION
Art. 1.- Refórmase el Art. 12, de la siguiente manera:
Art. 12.- Se gravan las actividades económicas con impuesto fijo e impuesto
variable, de acuerdo a la tabla siguiente, tomando como base el activo imponible
obtenido de conformidad al Art. 10 de esta Ley.
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
TABLA DE APLICACION DE IMPUESTOS A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO
SI EL ACTIVO IMPONIBLE ES: IMPUESTO MENSUAL:
Hasta $500.00 Pagarán una tarifa fija de $1.25
De $500.01 a $1,000.00 $1.25 más $1.50 por millar o fracción excedente de $500.00
De $1,000.01 a $2,000.00 $2.00 mas $1.50 por millar o fracción excedente de $1,000.00
De $2,000.01 a $3,000.00 $3.00 mas $1.50 por millar o fracción excedente de $2,000.00
De $3,000.01 a $6,000.00 $5.00 mas $1.25 por millar o fracción excedente de $3,000.00
De $6,000.01 a $10,000.00 $9.00 más $1.25 por millar o fracción, excedente a $6,000.00
De $10,000.01 a $15,000.00 $12.00 más $1.25 por millar o fracción, excedente a $10,000.00
De $15,000.01 a $20,000.00 $15.00 más $1.25 por millar o fracción, excedente a $15,000.00
De $20,000.01 a $25,000.00 $20.00 más $1.25 por millar o fracción, excedente a $20,000.00
De $25,000.01 a $30,000.00 $25.00 más $1.25 por millar o fracción, excedente a $25,000.00
De $30,000.01 a $60,000.00 $63.00 más $1.00 por millar o fracción, excedente a $30,000.00
De $60,000.01 a $100,000.00 $93.00 más $0.80 por millar o fracción, excedente a $60,000.00
De $100,000.01 a $200,000.00 $125.00 más $0.70 por millar o fracción, excedente a $100,000.00
De $200,000.01 a $300,000.00 $195.00 más $0.60 por millar o fracción, excedente a $200,000.00
De $300,000.01 a $400,000.00 $255.00 más $0.45 por millar o fracción, excedente a $300,000.00
De $400,000.01 a $500,000.00 $300.00 más $0.40 por millar o fracción, excedente a $400,000.00
De $500,000.01 a $1,000,000.00 $340.00 más $0.30 por millar o fracción, excedente a $500,000.00
De $1,000,000.01 en adelante. $490.00 más $0.18 por millar o fracción, excedente a $1,000,000.00
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós
días del mes de julio del año dos mil diez.
D. O. Nº 152, Tomo Nº 388, Fecha: 18 de agosto de 2010.
Indice Legislativo 425
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 440
426
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 230, de fecha 14 de diciembre de 2000,
publicado en el Diario Oficial Nº 241, Tomo Nº 349, del 22 del mismo mes
y año, se emitió el Código Tributario.
II.- Que el Decreto Legislativo Nº 233, de fecha 16 de diciembre de 2009,
publicado en el Diario Oficial Nº 239, Tomo Nº 385, del 21 del mismo
mes y año, se reformó el Código a que se refiere el considerando anterior,
estableciendo en el Art. 91 la obligación de elaborar una declaración del
estado patrimonial, la cual deberá ser anexa a la declaración del impuesto
sobre la renta. No obstante lo dispuesto en el Art. 91 del Código, el Art.
92 del Decreto Legislativo Nº 233 establece su obligatoriedad a partir del
ejercicio del 2010.
III.- Que el Decreto Legislativo Nº 336, de fecha 28 de abril de 2010, publicado
en el Diario Oficial Nº 78, Tomo Nº 387 del 29 del mismo mes y año,
prorrogó el plazo para presentar la declaración patrimonial, por un plazo
de 60 días a partir del 1 de mayo del año 2010, a la que hace referencia el
Art. 91 del Código Tributario.
IV.- Que el Decreto Legislativo Nº 398, de fecha 24 de junio de 2010, publicado
en el Diario Oficial Nº 119, Tomo Nº 387 del 25 del mismo mes y año,
prorrogó el plazo para presentar la declaración patrimonial, por un plazo de
45 días a partir del 29 de julio del presente año, a la que hace referencia el
Art. 91 del Código Tributario.
V.- Que existen contribuyentes que por circunstancias ajenas a su voluntad
aún no han presentado la declaración patrimonial, por lo que es procedente
prorrogar su plazo por 60 días adicionales, a fin de que la mayor cantidad de
contribuyentes puedan dar cumplimiento a la nueva exigencia establecida
en el Art. 91 del Código Tributario.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Guillermo
Antonio Gallegos Navarrete, Mario Alberto Tenorio Guerrero, Miguel Elías Ahues Karra,
Ernesto Antonio Angulo Milla, Federico Guillermo Avila Qüehl, José Antonio Almendariz
Rivas, Luis Roberto Angulo Samayoa, José Orlando Arévalo Pineda, Eduardo Enrique
Barrientos Zepeda, Margarita Escobar, José Rinaldo Garzona Villeda, Carlos Walter
Guzmán Coto, Santos Guevara Ramos, Reynaldo Antonio López Cardoza, José Rafael
Machuca Zelaya, Rafael Ricardo Morán Tobar, Rafael Eduardo Paz Velis, Carlos René
Retana Martínez, José Serafín Orantes Rodríguez, Rubén Orellana, Rodolfo Antonio
Parker Soto, César René Florentín Reyes Dheming, Carlos Armando Reyes Ramos,
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Dolores Alberto Rivas Echeverría, Mauricio Ernesto Rodríguez, Donato Eugenio
Vaquerano Rivas, Guadalupe Antonio Vásquez Martínez y Francisco José Zablah Safie.
DECRETA:
Art. 1.- Prorrógase por un plazo de sesenta días contados a partir del 14 de
agosto del presente año, el plazo establecido en el Art. 1 del Decreto Legislativo Nº
336, de fecha 28 de abril de 2010, publicado en el Diario Oficial Nº 78, Tomo Nº 387
del 29 del mismo mes y año, para la presentación de la declaración patrimonial a que
se refiere el Art. 91 del Código Tributario.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los doce
días del mes de agosto del año dos mil diez.
D. O. Nº 149, Tomo Nº 388, Fecha: 13 de agosto de 2010.
Indice Legislativo 427
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 445
428
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 373, de fecha 5 de abril de 2001, publicado
en el Diario Oficial Nº 81, Tomo Nº 351, del 2 de mayo de ese mismo año,
se emitió la Ley del Régimen Aduanero de Tiendas Libres.
II.- Que los objetivos de la referida Ley, son regular la autorización y
funcionamiento para operar establecimientos comerciales dentro del
Aeropuerto Internacional El Salvador, bajo el Régimen Aduanero de Tiendas
Libres.
III.- Que el inciso segundo del Art. 3, de la Ley a que se refiere el considerando
primero de este decreto, establece el derecho de los sujetos regidos por
dicho régimen introducir mercancías exentas de impuestos, para destinarlas
exclusivamente para la venta de viajeros que salgan o entren al país por
vía aérea de acuerdo a los requisitos establecidos en la Ley de Equipajes
Procedentes del Exterior.
IV.- Que la disposición anterior, no establece que dichas ventas se realizaran sin
cargar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación
de Servicios (IVA), por lo que es procedente reformar la Ley del Régimen
Aduanero de Tiendas Libres, a efecto de dejar claramente establecido el
no pago de este impuesto por las ventas realizadas bajo dicho régimen.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Lorena
Guadalupe Peña Mendoza, Carmen Elena Calderón de Escalón, José Francisco Merino
López, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Inmar Rolando Reyes, Orestes Fredesman
Ortez Andrade, Mariela Peña Pinto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Guillermo Antonio
Gallegos Navarrete, José Nelson Guardado Menjívar, Mario Antonio Ponce López,
Francisco José Zablah Safie, Douglas Leonardo Mejía Avilés y Rolando Mata.
DECRETA:
Art. 1.- Refórmase el inciso segundo del Art. 3, de la Ley del Régimen Aduanero
de Tiendas Libres, así:
“Al amparo del precitado régimen podrán introducir mercancías con liberación del
pago de Derechos Arancelarios a la Importación, Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios y demás impuestos aplicables generados por la
importación, para destinarlas exclusivamente a la venta de viajeros que salgan o entren
al país por vía aérea conforme los requisitos que al efecto establece la Ley de Equipajes
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
de Viajeros Procedentes del Exterior. Dicho Régimen implica también exoneración del
pago al Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios,
para la venta de mercancías que se realicen a los viajeros que salgan o entren al
país por vía aérea, de acuerdo al concepto de viajero regulado en la Ley de Equipaje
de Viajeros Procedentes del Exterior; excepto la comercialización de mercancías de
manufacturación nacional en las tiendas libres, las cuales están sujetas al Régimen de
Exportaciones Definitivas.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecinueve días del mes de agosto del año dos mil diez.
D. O. Nº 177, Tomo Nº 388, Fecha: 23 de septiembre de 2010.
Indice Legislativo 429
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 448
430
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 422 de fecha 15 de julio del corriente
año, publicado en el Diario Oficial Nº 135, Tomo Nº 388, de fecha 19 de
julio del corriente año, se amplió hasta por treinta días, el plazo de las
funciones de los actuales miembros del Consejo Nacional de la Judicatura,
electos mediante Decreto Legislativo Nº 748, de fecha 20 de julio de 2005,
publicado en el Diario Oficial Nº 140, Tomo Nº 368 del 27 de julio de 2005,
cuyas funciones concluían el 20 de julio del corriente año;
II.- Que la ampliación del plazo, a que se refiere el considerando anterior,
concluye en esta misma fecha y aun persisten las razones que lo motivaron,
por lo que es procedente ampliar hasta por 60 días, los efectos del referido
Decreto Legislativo Nº422, del 15 de julio del corriente año.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Ciro Cruz
Zepeda Peña, Othon Sigfrido Reyes Morales, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, y Luis
Roberto Angulo Samayoa.
DECRETA:
Art. 1- Amplíase, hasta por 60 días, los efectos del Decreto Legislativo Nº 422, de
fecha 15 de julio del corriente año, publicado en el Diario Oficial Nº135, Tomo Nº 388,
de fecha 19 de julio del corriente año.
No obstante lo anterior, si antes del cumplimiento del plazo mencionado, se emitiere
el dictamen correspondiente, que viabilice la elección de los nuevos miembros del
Consejo Nacional de la Judicatura, se procederá a la referida elección, y realizada ésta,
cesarán en sus funciones los referidos Consejales antes de los 60 días a que se refiere
el inciso que antecede.
Art. 2.-El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecinueve días del mes de agosto del año dos mil diez.
D. O. Nº 154, Tomo Nº 388, Fecha: 20 de agosto de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 459
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad a la Constitución, es obligación del Estado proteger
el derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la seguridad,
el trabajo, la propiedad, la posesión y la conservación y defensa de estos
derechos.
II.- Que la estabilidad del Estado constitucional de derecho y de las instituciones
democráticas exige contar con herramientas apropiadas para proteger
a las comunidades ante el incremento del número y la gravedad de las
acciones violentas del crimen organizado y las maras o pandillas. Tales
instrumentos son necesarios para mejorar la lucha frontal contra el delito
y para implementar, desde el Estado y el municipio, políticas de prevención
social de la violencia y el crimen, de atención a la víctima y, en general, de
políticas sociales a favor de la comunidad.
III.- Que es de conocimiento público e institucional, que las maras o pandillas
son agrupaciones que no solo afectan la convivencia e integración social;
sino que además, se convierten en medios peligrosos y efectivos para
causar daño a personas y a la sociedad, por su acumulación de fuerzas,
uso de armas, distribución amplia en el territorio, estructuración propicia
para realizar actividades delictivas y otras características que demuestran
que la sola pertenencia a estos grupos, representa un riesgo grave para los
bienes jurídicos individuales y la lesión efectiva de bienes colectivos de la
población.
IV.- Que el actual Art. 345 del Código Penal, requiere de una formulación mucho
más precisa y cercana a la doctrina y legislación internacional, que facilite
la labor de las instituciones del sector justicia y que agrave la sanción de
las maras, pandillas, agrupaciones y organizaciones de naturaleza criminal.
V.- Que por las razones antes expuestas, se hace necesario reformar el Art.
345 del Código Penal, emitido mediante el Decreto Legislativo Nº 1030,
de fecha 26 de abril de 1997, publicado en el Diario Oficial Nº 105, Tomo
335, del 10 de junio de ese mismo año.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Indice Legislativo 431
Parte III

Parte III
DECRETA, la siguiente:
432
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
REFORMA AL CODIGO PENAL
Art. 1.- Modifícase el Art. 345 del Código Penal, de la siguiente manera:
“Agrupaciones Ilícitas
Art. 345.- Serán consideradas penalmente ilícitas las agrupaciones, asociaciones
y organizaciones siguientes:
1) Aquellas con, al menos, estas características: que estén conformadas por
tres o más personas; de carácter temporal o permanente; de hecho o de
derecho; que posean algún grado de estructuración y que tengan la finalidad
de delinquir.
2) Las mencionadas en el Art. 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas,
Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal.
El que tomase parte en una agrupación, asociación u organización ilícita de las
mencionadas en el apartado 1) de este artículo, será sancionado con prisión de tres a
cinco años. Los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas de
las mencionadas agrupaciones, serán sancionados con prisión de seis a nueve años.
El que tomase parte en las asociaciones u organizaciones indicadas en el apartado
2) de la presente disposición, será penado con prisión de cinco a ocho años. Si el
sujeto fuese organizador, jefe, dirigente, cabecilla o financista de dichas agrupaciones,
la sanción será de nueve a catorce años de prisión.
El que reclutare a menores de edad para su ingreso o incorporación en las distintas
formas de agrupaciones mencionadas en el presente artículo o utilizare a menores de
edad como parte de una estructura delictiva, será sancionado con prisión de quince a
veinte años.
Si el autor o partícipe fuera autoridad pública, agente de autoridad, funcionario o
empleado público, la pena se agravará hasta una tercera parte del máximo en cada
caso y la inhabilitación absoluta del cargo por el doble del tiempo.
Los que promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia
en las agrupaciones, asociaciones u organizaciones comprendidas en el apartado 1)
del presente artículo u obtengan provecho de ellas, serán sancionados con la pena de
uno a tres años de prisión. Si se tratase de las expresadas en el numeral 2), la pena
será de tres a seis años de prisión.
La proposición y conspiración para cometer cualquiera de los hechos previstos
por la presente disposición, serán sancionadas con prisión de seis meses a dos años.
El presente tipo penal se castigará en concurso con otros delitos.”
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a un día del
mes de septiembre del año dos mil diez.
Nota:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 97, inciso tercero del Reglamento Interior
de este Órgano de Estado, se hace constar que el presente Decreto fue devuelto con
observaciones por el Presidente de la República, el 22 de septiembre del presente año,
resolviendo esta Asamblea Legislativa, aceptar parcialmente dichas observaciones en
Sesión Plenaria del treinta de septiembre del año en curso, todo de conformidad al Art.
137, inciso tercero de la Constitución.
CESAR HUMBERTO GARCIA AGUILERA
SEGUNDO SECRETARIO
D. O. Nº 190, Tomo Nº 389, Fecha: 12 de octubre de 2010.
Indice Legislativo 433
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 461
434
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad a lo establecido en el Art. 2 de la Constitución, es
obligación del Estado proteger el derecho a la vida, la integridad física y
moral, la libertad, la seguridad, el trabajo, la propiedad, la posesión y la
conservación y defensa de estos derechos a todos los habitantes de la
República.
II.- Que es de conocimiento público e institucional, que las denominadas
maras o pandillas son agrupaciones que no solo afectan la convivencia
e integración social del país; sino que además, se convierten en medios
peligrosos y efectivos para causar daño a personas y a la sociedad en
general, por su acumulación de fuerzas, uso de armas, distribución amplia
en el territorio, estructuración propicia para realizar actividades delictivas
y otras características que demuestran que la sola pertenencia a estos
grupos delictivos, representa un riesgo grave para las personas, los bienes
jurídicos individuales y la lesión efectiva de los bienes colectivos de la
población.
III.- Que mediante el Decreto Legislativo Nº 1030, de fecha 26 de abril de
1997, publicado en el Diario Oficial Nº 105, Tomo 335, del 10 de junio de
ese mismo año, se emitió el Código Penal, el que en su Art. 345, tipifica el
delito de las “Agrupaciones Ilícitas”.
IV.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 458, de fecha 01 de septiembre
del año en curso, se emitió la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas,
Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal; la
que entre otras cosas establece, que se prohíbe la existencia, legalización,
financiamiento y apoyo a las mismas; así como, que se le aplicará a las
Agrupaciones Ilícitas sin importar la denominación que adopten.
V.- Que por las razones anteriormente expuestas, se vuelve necesario reformar
el referido Código Penal, en el sentido de incorporar un Art. 347-A, a fin de
tipificar como un nuevo hecho delictivo, el Delito de Provisión de Armas,
Municiones, Explosivos y Artículos Similares a las Agrupaciones Ilícitas o
Crimen Organizado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados José
Antonio Almendáriz Rivas, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Benito Antonio Lara
Fernández, Ernesto Antonio Angulo Milla, Ramón Arístides Valencia Arana, Hortensia
Margarita López Quintana y con el apoyo de los Diputados Rodolfo Antonio Parker Soto
y Santos Guevara Ramos.
Asamblea Legislativa

DECRETA, la siguiente:
REFORMA AL CODIGO PENAL
Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 1.- Intercálase el Art. 347-A, entre el Art. 347 y el Art. 348, de la siguiente
manera:
“PROVISION DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ARTICULOS SIMILARES A
LAS AGRUPACIONES ILICITAS O CRIMEN ORGANIZADO
Art. 347-A.- Quien provea de armas, municiones, explosivos y artículos similares;
como también, de material o equipo que aumente el poder delictivo de las Agrupaciones
Ilícitas o Crimen Organizado, será sancionado con prisión de cinco a dieciséis años.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los nueve
días del mes de septiembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 183, Tomo Nº 389, Fecha: 1 de octubre de 2010.
Indice Legislativo 435
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 462
436
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 640, de fecha 22 de febrero de 1996,
publicado en el Diario Oficial Nº 47, Tomo Nº 330, del 7 de marzo del mismo
año, se emitió la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del
Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas.
II.- Que el referido cuerpo normativo ha sido objeto de múltiples reformas,
motivadas por el comportamiento de los agentes económicos involucrados
en los distintos hechos generadores regulados por la referida Ley.
III.- Que actualmente se hace necesario establecer mecanismos de control de la
utilización del alcohol etílico potable para mantener una sana competencia
en el mercado.
IV.- Que es necesario modificar las alícuotas del impuesto al contenido
alcohólico e incrementar el impuesto ad-valorem sobre las bebidas
alcohólicas, a fin de sufragar los costes sociales del consumo de las
bebidas alcohólicas.
V.- Que en atención a las consideraciones precedentemente descritas, se
vuelve de imperiosa necesidad introducir reformas a la Ley Reguladora de
la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda,
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LA LEY REGULADORA DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL ALCOHOL Y DE LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS
Art. 1.- Refórmanse los incisos primero y segundo del artículo 42-A de la siguiente
manera:
“Art. 42-A.- Constituyen hechos generadores de los impuestos que establece esta
Ley, la producción y la importación de bebidas alcohólicas y alcohol etílico potable, así
como el retiro o desafectación de los inventarios de los productos en mención para
uso o consumo personal del productor, socios, accionistas, directivos, apoderados,
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
asesores, funcionarios o personal de la empresa, grupo familiar de cualquiera de ellos
o de terceros.”
“Se consideran retirados o desafectados todo el alcohol etílico potable y todas
las bebidas alcohólicas que faltaren en los inventarios y cuya salida de la empresa
no se debiere a caso fortuito o fuerza mayor o a causas inherentes a las operaciones,
modalidades de trabajo o actividades normales del negocio.”
Art. 2.- Refórmase el inciso primero del artículo 42-B de la siguiente manera:
“Art. 42-B.- En el caso de la producción de alcohol etílico potable y de bebidas
alcohólicas, el hecho generador gravado se entiende ocurrido y causado el impuesto,
al momento de la salida de la fábrica, de las bodegas, centros de almacenamiento o
de acopio, o de cualquier otro establecimiento de los referidos productos, en el que el
productor los almacene.”
Art. 3.- Intercálese entre el artículo 42-C y 43 un artículo 42-D de la siguiente
manera:
“Art. 42-D.- Para el alcohol etílico potable producido en el país o importado, se
establece un impuesto de DIEZ CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA ($0.10), por litro de alcohol etílico potable o proporción del mismo.
Los productores o importadores de alcohol etílico potable, son sujetos pasivos del
impuesto señalado en el inciso anterior, y deberán detallar en los comprobantes de
crédito fiscal que emitan, el monto del impuesto correspondiente. La obligación antes
señalada también le es aplicable a los que efectúen ventas de alcohol etílico potable.
El incumplimiento a la presente obligación, será sancionado conforme lo regulado en
el artículo 55-B literal a) de esta Ley.
Para efectos del cálculo del impuesto regulado en esta Ley, se deberán excluir
las exportaciones de alcohol etílico potable correspondientes al mismo período de
su producción. En el caso que la exportación se realice en períodos posteriores al
correspondiente período tributario de la producción o importación de alcohol etílico
potable, el impuesto pagado podrá acreditarse del causado por la producción del alcohol
etílico potable en períodos tributarios posteriores al de su producción o importación.
En el caso que los valores de impuestos acreditados excedieren al impuesto causado
en un período tributario, el productor tendrá derecho a acreditarlo de los impuestos
causados por la producción de alcohol etílico potable en futuros períodos tributarios,
lo que deberá informar a la Administración Tributaria, previa a su acreditación en el
período tributario correspondiente.”
Art. 4.- Refórmase el artículo 43 de la siguiente manera:
“Art. 43.- Para todas las bebidas alcohólicas producidas en el país o importadas,
se establecen los siguientes gravámenes:
Indice Legislativo 437
Parte III

Parte III
438
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
a) Impuesto ad-valorem; y,
b) Impuesto sobre el contenido alcohólico.
La tasa o alícuota del impuesto ad-valorem será el ocho por ciento (8%).
Dicha tasa se aplicará sobre:
i) El precio de venta sugerido al público, declarado por el productor o
importador a la Administración Tributaria.
ii) El diferencial de precio, cuando se venda al consumidor de bebidas
alcohólicas a precios superiores del sugerido al público.
El precio declarado de venta sugerido al público, señalado en el inciso anterior
como base del impuesto ad-valorem, deberá incluir todas las cantidades o valores
que integran la contraprestación y se carguen o se cobren adicionalmente en la
operación, además de los costos y gastos de toda clase imputables al producto,
aunque se facturen o contabilicen separadamente, incluyendo: embalajes, fletes, el
valor de los envases retornables y no retornables, los márgenes de utilidad de los
agentes económicos hasta que llegue el producto al consumidor final, excluyendo los
impuestos establecidos en la presente Ley y el Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios.
Además de lo anterior, para los productos importados, el precio de venta
sugerido al público deberá incluir el valor aduanero, los impuestos, gravámenes, tasas,
derechos, recargos y accesorios que sean liquidados en la declaración de mercancías,
formulario aduanero o documento análogo, aunque tales pagos se encuentren diferidos
o afianzados, excluyendo los impuestos establecidos en la presente Ley y el Impuesto
a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
Se entenderá por precio de venta sugerido al público, el precio de venta sugerido al
consumidor final de las bebidas alcohólicas; no se considera precio de venta sugerido
al público, el precio facturado al distribuidor, intermediario, detallista, o a cualquier otro
agente económico distinto al que vende las bebidas alcohólicas al consumidor final, ni
el que se determine en la transferencia de dominio de los productos afectos que realice
el productor o importador de bebidas a sujetos relacionados. Se entenderá por sujetos
relacionados lo establecido en el Código Tributario.
El impuesto sobre el contenido alcohólico será aplicado en dólares de los Estados
Unidos de América, tomando como referencia la clasificación arancelaria de acuerdo
al detalle siguiente:
Asamblea Legislativa

PARTIDA
ARANCELARIA
DESCRIPCIÓN
Anuario Legislativo 2010 - 2011
alícuota a aplicar por
cada uno por ciento
en volumen de alcohol
por litro de bebida ($)
22.03.00.00 Cerveza de Malta 0.0900
22.04
Vino de Uvas Frescas, incluso encabezado; Mosto de uva excepto
de la partida 20.09:
22.04.10.00 Vino Espumoso 0.0900
22.04.20
Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha
impedido o cortado añadiendo alcohol:
22.04.21.00 En recipientes con capacidad igual o inferior a 2 litros 0.0900
22.04.29.00 Los demás 0.0900
22.04.30.00 Los demás mostos de uva 0.0900
22.05
Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o
sustancias aromáticas:
22.05.10.00 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros. 0.0900
22.05.90.00 Los demás 0.0900
22.06.00.00
22.08
Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, agua,
miel); mezcla de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas
no expresadas ni comprendidas en otra parte.
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico
inferior a 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas
espirituosas:
0.0900
22.08.20 Aguardiente de vino o de orujo de uvas:
22.08.20.10 Con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 60% vol 0.0900
22.08.20.90 Otros 0.0900
22.08.30 Whisky:
22.08.30.10 Con grado alcohólico volumétrico superior a 60% vol 0.1600
22.08.30.90 Otros 0.1600
22.08.40 Ron y demás aguardientes de caña:
22.08.40.10 Ron: con grado alcohólico volumétrico superior a 37% vol 0.0900
Ron: con grado alcohólico volumétrico hasta 37% vol 0.0500
22.08.40.90 Otros 0.0325
22.08.50.00 Gin y Ginebra 0.1600
22.08.60 Vodka:
22.08.60.10 Con grado alcohólico volumétrico superior a 60% vol. 0.0900
22.08.60.90
Otros: con grado alcohólico volumétrico superior a 37% vol.
Otros: con grado alcohólico volumétrico hasta 37% vol.
0.0900
0.0500
22.08.70.00 Licores 0.1600
22.08.90 Los demás:
22.08.90.20
Aguardientes obtenidos por fermentación y destilación de mostos
de cereales, con grado alcohólico volumétrico superior a 60%.
0.0900
22.08.90.90 Otros 0.0900
Indice Legislativo 439
Parte III

Parte III
440
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
El impuesto al contenido alcohólico a que se refiere esta Ley se determinará
aplicando la alícuota que corresponda a cada uno por ciento en volumen de alcohol
por litro de bebida o por la proporción de bebida correspondiente.
Las bebidas alcohólicas estarán sujetas al pago de la tasa máxima de impuesto
al contenido alcohólico que establece este artículo, cuando no exista clasificación
arancelaria que la identifique. La regla anterior también es aplicable cuando se cree una
nueva partida arancelaria.
Los productores o importadores de bebidas alcohólicas, son sujetos pasivos del
impuesto, y deberán detallar en los comprobantes de crédito fiscal que emitan, el monto
del impuesto sobre el contenido alcohólico y ad-valorem correspondiente; asimismo
son sujetos pasivos los mencionados en el artículo 42-C de esta Ley.
Los impuestos de que trata esta Ley pagados al momento de la importación o
adquisición local de materias primas e insumos, utilizados para la producción de
bebidas alcohólicas, podrán acreditarse de los impuestos causados por la producción
de las referidas bebidas en el período tributario respectivo.
En el caso que los valores de impuestos acreditados excedieren al impuesto
causado en un período tributario, el productor tendrá derecho a acreditarlo de los
impuestos causados por la producción de bebidas alcohólicas en futuros períodos
tributarios, lo que deberá informar a la Administración Tributaria, previa a su acreditación
en el período tributario correspondiente.
Para efectos del cálculo de los impuestos regulados en esta Ley, se deberán
excluir las exportaciones de bebidas alcohólicas correspondientes al mismo período
de su producción. En el caso que la exportación se realice en períodos posteriores al
correspondiente período tributario de la producción, o en su caso se hubiere pagado
impuesto a la importación por las bebidas exportadas, los impuestos pagados podrán
acreditarse de los impuestos causados por la producción de las bebidas alcohólicas
en períodos tributarios posteriores al de su producción o importación.
Los impuestos que trata esta Ley pagados o causados al momento de la importación,
producción o adquisición local, no constituye costo ni gasto para los sujetos pasivos
y los comercializadores o vendedores de alcohol etílico potable y bebidas alcohólicas.
Los exportadores de alcohol etílico y de bebidas alcohólicas, deberán consignar
en los documentos legales que emitan para amparar las exportaciones de dichos
productos, el lote de producción al que corresponden las unidades exportadas, o en
su caso si dichos bienes no fueron producidos en el territorio nacional, el número de
la declaración de mercancía, formulario aduanero o documento análogo mediante el
cual fueron importadas dichas unidades. El incumplimiento a la presente obligación
será sancionado de conformidad a lo regulado en el artículo 55-B literal b) de esta Ley.”
Art. 5.- Intercálese un Artículo 66-C, en su orden y de la siguiente manera:
“Art. 66-C.- Lo regulado en el inciso primero del artículo 37, artículo 45, artículo
45-B y artículo 45-F, todos de esta Ley, deberá ser cumplido por los productores e
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
importadores de alcohol etílico potable. Asimismo, los referidos sujetos pasivos deberán
consignar el impuesto específico por litro de alcohol etílico potable en el informe a que
hace referencia el inciso tercero del artículo 45 de la mencionada Ley. Igualmente los
comercializadores o vendedores de alcohol etílico potable deberán presentar el informe
a que se refiere el artículo 45-F de la Ley referida.
Los comercializadores o vendedores del alcohol etílico potable, deberán cumplir
con las obligaciones establecidas en el artículo 45-B de esta Ley. El incumplimiento
a las obligaciones contenidas en dicho artículo 45-B será sancionado conforme a lo
regulado en el artículo 55-H de la mencionada Ley.
Las Direcciones Generales de Aduanas y de Impuestos Internos tendrán las mismas
facultades establecidas en el artículo 47-A de esta Ley, respecto a la importación y
elaboración de alcohol etílico potable.
Art. 6.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los nueve
días del mes de septiembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 177, Tomo Nº 388, Fecha: 23 de septiembre de 2010.
Indice Legislativo 441
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 472
442
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 733, de fecha 22 de octubre del
año 2008, publicado en el Diario Oficial Nº 20, Tomo Nº 382, del 30 de
enero del año 2009, se decretó el Código Procesal Penal, para establecer
mecanismos que permitan una administración de justicia más rápida
y efectiva, por medio de la cual se tutelen de manera más eficaz los
derechos de las víctimas en un justo equilibrio con los del imputado, y se
potencie una mayor efectividad de las instituciones del sistema de justicia
penal.
II.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 47, de fecha 18 de junio del año
2009, publicado en el Diario Oficial Nº 117, Tomo Nº 383, del 25 del
mismo mes y año, se prorrogó su vigencia hasta el 1 de enero del año
2010; asimismo, mediante Decreto Legislativo Nº 219, de fecha 11 de
diciembre del año 2009, publicado en el Diario Oficial Nº 241, Tomo Nº
385 de fecha 23 del mismo mes y año, se prorrogó su vigencia hasta el 1
de octubre del año 2010.
III.- Que ante la tardía solicitud del Fiscal General de la República y para evitar
caos en la administración de justicia, se hace procedente otorgar otra
nueva prórroga de la entrada en vigencia del Código relacionado en el
considerando primero, hasta el 1 de enero del año 2011.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa de los Diputados Guillermo
Antonio Gallegos Navarrete, Cesar Humberto García Aguilera, Elizardo Gonzalez Lovo,
y Mario Alberto Tenorio Guerrero.
DECRETA:
Art. 1.- Prorrógase hasta el día 1 de enero del año 2011, la entrada en vigencia
del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 733, de fecha 22 de
octubre del año 2008, publicado en Diario Oficial Nº 20, Tomo Nº 382, del 30 de enero
del año 2009.
Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós
días del mes de septiembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 183, Tomo Nº 389, Fecha: 1 de octubre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 482
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 150, de fecha 2 de octubre del 2003,
publicado en el Diario Oficial Nº 198, Tomo Nº 361, del 24 de octubre del
mismo año, se declaró por un período de 3 años, exentos del pago de todo
tipo de impuestos incluyendo los municipales que pudiesen causar, las
presentaciones que realicen conjuntos musicales y artistas salvadoreños
en sus diferentes especialidades según tabla establecida en el mismo.
II.- Que por Decreto Legislativo Nº 96, de fecha 25 de septiembre del 2006,
publicado en el Diario Oficial Nº 190, Tomo Nº 373 del 12 de octubre
de 2006, se prorrogaron por el período de 3 años más, los efectos
establecidos en el Decreto a que se refiere el considerando anterior.
III.- Que por Decreto Legislativo Nº 146, de fecha 8 de octubre de 2009,
publicado en el Diario Oficial Nº 199, Tomo Nº 385 del 26 del mismo mes
y año, se prorrogó por el período de 1 año más, los efectos establecidos
en el Decreto a que se refiere el considerando primero de este Decreto.
IV.- Que los referidos Decretos se emitieron a raíz de la crisis económica por
la que atraviesan los artistas nacionales, situación que les desmotiva a
seguirse desarrollando, por lo que era necesario otorgarles incentivos
fiscales con el objeto de contribuir al fortalecimiento de éstos.
V.- Que la crisis económica por la que atraviesan los referidos conjuntos
musicales y artistas salvadoreños aún persisten, y por estar próximo
el vencimiento de dicho incentivo fiscal, el cual vence el 26 de octubre
del presente año, es conveniente prorrogar por un año más los efectos
establecidos en el Decreto Legislativo Nº 150 a que se ha hecho referencia.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados José
Francisco Merino López, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, César Humberto García
Aguilera, Roberto José d’Aubuisson Munguía, Inmar Rolando Reyes, Miguel Elías
Ahues Karra, Hortensia Margarita López Quintana, José Margarito Nolasco Díaz y José
Mauricio Rivera,
DECRETA:
Art. 1.- Prorrógase por 1 año más a partir del 26 de octubre del presente año,
lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 150, de fecha 2 de octubre del 2003,
publicado en el Diario Oficial Nº 198, Tomo Nº 361, del 24 de octubre del mismo año.
Indice Legislativo 443
Parte III

Parte III
444
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta
días del mes de septiembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 194, Tomo Nº 389, Fecha: 18 de octubre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 485
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 142 de fecha 06 de noviembre de 1997,
se aprobó la Ley de Telecomunicaciones, marco legal que tiene dentro de
uno de sus objetivos la regulación y garantización de uno de los servicios
públicos esenciales para el desarrollo económico y social de los pueblos,
como es el de las telecomunicaciones;
II.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 295, de fecha 04 de marzo del
año 2010, se emitieron reformas a la Ley señalada en el considerando
que antecede, siendo una de ellas el Art. 8 de la misma, en cuyo inciso
primero se establece que la SIGET determinará el valor máximo tanto de las
tarifas básicas del servicio público de telefonía fija y móvil, como de los
cargos básicos de interconexión, basándose éstos en estudio de costos
y comparaciones internacionales de precio, y cuyo método, además de
ser reconocido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),
debería ser implementada por la SIGET en un plazo no mayor de seis
meses, contados a partir de la vigencia de dicho decreto;
III.- Que el plazo a que hace referencia el considerando anterior y cuyo
período es de seis meses, vence el veintitrés de los corrientes; y en
reunión sostenida con funcionarios de la Superintendencia General de
Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET, manifestaron que si bien el
proceso de aprobación y elaboración de la metodología a que alude el
considerando segundo, se encuentra en un estado muy avanzado, éste por
la complejidad del mismo, difícilmente podrá ser diseñado y terminado al
vencimiento del plazo que el inciso primero del artículo 8 reformado de la
Ley de Telecomunicaciones establece, lo que hace necesario y urgente
ampliar el mismo, a criterio de dicho funcionario, por quince meses;
IV.- Que después de analizados los diferentes planteamientos sobre la
conveniencia, y especialmente sobre el tiempo adecuado de ampliación
del referido plazo se ha llegado a la conclusión de que los quince meses
solicitados por la SIGET es excesivo, considerándose que lo prudencial
son nueve meses, dado que dicho proceso de elaboración, según opinión
del Superintendente de esta entidad está muy adelantado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de los Diputados y
Diputadas Blanca Noemí Coto Estrada, Orestes Fredesman Ortez Andrade, Francisco
Roberto Lorenzana Durán, José Margarito Nolasco y Carlos Mario Zambrano.
Indice Legislativo 445
Parte III

Parte III
DECRETA, las siguientes:
446
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
REFORMAS A LA LEY DE TELECOMUNICACIONES
Art. 1.- Refórmase el inciso primero del Art. 8, de la siguiente manera:
APROBACION Y REGULACION DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELEFONIA
Art. 8.- La SIGET determinará el valor máximo tanto de las tarifas básicas del servicio
público de telefonía fija y móvil, como de los cargos básicos de interconexión, en ambos
casos que vienen siendo ya regulados por SIGET, de acuerdo a normativa reglamentaria,
que se basará en estudios de costos y en comparaciones internacionales de precios,
cuya metodología sea reconocida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT). Dicha metodología deberá ser implementada en un plazo no mayor de nueve
meses contados a partir de la vigencia de este Decreto.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete
días, del mes de octubre de dos mil diez.
D. O. Nº 201, Tomo Nº 389, Fecha: 26 de octubre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 494
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 1308, de fecha 22 de diciembre de 1953,
publicado en el Diario Oficial Nº 232, Tomo Nº 161 del 22 del mismo mes
y año, se emitió la Ley de Vialidad.
II.- Que la referida Ley crea un impuesto percibido por las municipalidades
como un fondo especifico, estableciendo el artículo 26 inciso segundo,
que dicho impuesto deberá pagarse en la alcaldía del domicilio principal
del contribuyente, definiendo como domicilio aquel en cuya jurisdicción
reside el contribuyente la mayor parte del año.
III.- Que el referido inciso esta desactualizado con la realidad del país, ya
que la disposición ha generado por parte de los sujetos de retención una
aplicación errónea, debido a que estos descuentan el monto del impuesto
y lo remiten de forma arbitraria a los municipios que estiman conveniente,
situación que ha generado disconformidad en los contribuyentes, ya que
en muchas oportunidades el impuesto es remitido a municipios diferentes
al que residen.
IV.- Que por las razones antes expuestas, se hace necesario reformar el artículo
26 inciso segundo de la ley a que se refiere el considerando primero de
este decreto.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las Diputadas y
Diputados Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Carmen Elena Calderón de Escalón, José
Francisco Merino López, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Inmar Rolando Reyes,
Orestes Fredesman Ortez Andrade, Mariela Peña Pinto, Donato Eugenio Vaquerano
Rivas, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, José Nelson Guardado Menjívar, Mario
Antonio Ponce López, Francisco José Zablah Safie, Douglas Leonardo Mejía Avilés,
Ana Daysi Villalobos de Cruz, Nery Arely Díaz de Rivera y Carlos Cortez Hernández.
DECRETA, la siguiente:
REFORMA A LA LEY DE VIALIDAD
Art. 1.- Refórmase el inciso segundo del Art. 26, de la siguiente manera:
“El impuesto deberá pagarse en el Municipio del domicilio que aparece en el
Documento Único de Identidad del contribuyente. Para este efecto los Pagadores
Indice Legislativo 447
Parte III

Parte III
448
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Habilitados Oficiales, Tesoreros Municipales o Sujetos de Retención, deberán retener
el referido impuesto y enviarlo al Municipio donde corresponda el domicilio del
contribuyente que aparece en el respectivo Documento Único de Identidad. Al que
pagare su impuesto en otro Municipio distinto del que le corresponde conforme a la
regla anterior, no le será abonado dicho pago cuando se le exija que lo haga en el
municipio donde debió pagarlo, salvo que lo haya efectuado por igual o mayor cantidad
que la señalada por esta Ley.”
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintiocho días del mes de octubre del año dos mil diez.
D. O. Nº 222, Tomo Nº 389, Fecha: 26 de noviembre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 499
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Constitución de la República consagra el derecho de toda persona
a la integridad física y a la seguridad, y a ser protegida en la conservación
y defensa de los mismos;
II.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 665, de fecha 7 de marzo de 1996,
publicado en el Diario Oficial Nº 58, Tomo Nº 330, de fecha 22 de ese
mismo mes y año, se aprobó la Ley de la Carrera Docente;
III.- Que la actual situación de inseguridad por la que atraviesa el país, ha
afectado a los docentes de los centros escolares, pues éstos están siendo
extorsionados y asesinados en sus lugares de trabajo, por lo que se deben
tomar medidas inmediatas destinadas a proteger la integridad física de los
docentes que se encuentran en esta situación; y,
IV.- Que resulta necesario facultar al Ministerio de Educación, para decidir
sobre traslados de docentes en aquellos casos en que se encuentre en
riesgo su vida, salud o integridad física; así como flexibilizar, ante las
circunstancias expresadas, los requisitos exigidos por la Ley; por lo que
se hace necesario reformar la Ley de la Carrera Docente, en el sentido
expresado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Mario
Alberto Tenorio Guerrero, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Ana Vilma Castro de
Cabrera, José Rinaldo Garzona Villeda, Guillermo Francisco Mata Bennett, Douglas
Leonardo Mejía Avilés, Karina Ivette Sosa de Lara, Jaime Gilberto Valdez Hernández y
Francisco José Zablah Safie.
DECRETA, la siguiente:
REFORMA A LA LEY DE LA CARRERA DOCENTE
Art. 1.- Refórmase el inciso segundo del numeral 11, del Art. 30 de la Ley de la
Carrera Docente, de la siguiente manera:
“El traslado será voluntario y podrá solicitarse para realizar estudios de
especialidad o universitarios; para mejorar en las condiciones de trabajo o por razones
de conveniencia familiar. Se concederá, mediante el procedimiento respectivo, siempre
que el educador solicitante haya cumplido tres años, por lo menos, de laborar en el
Indice Legislativo 449
Parte III

Parte III
450
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
centro educativo de procedencia y que dicho traslado no afecte el desarrollo normal
del proceso educativo. No obstante lo anterior y por el período de un año, el Ministerio
de Educación podrá decidir, a la brevedad posible, traslados de docentes, siempre
a petición del interesado, cuando estuviere en riesgo su vida, integridad física, o su
salud por enfermedades limitantes que comprometan la actividad física o mental de los
docentes comprobadas en los primeros dos casos por la constancia de la denuncia
respectiva presentada ante la Fiscalía General de la República y por constancia médica
en el tercero. En dichos supuestos no se exigirá el procedimiento establecido en el
Art. 18 de la Ley, ni el requisito de tres años laborados en el centro educativo de
procedencia, establecido en el presente inciso.”
“El Ministerio de Educación deberá nombrar conforme al artículo 40 de la Ley, al
docente interino para cubrir dicha plaza.”
Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cinco
días del mes de noviembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 222, Tomo Nº 389, Fecha: 26 de noviembre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 510
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 484, de fecha de 30 de septiembre de
2010, publicado en el Diario Oficial Nº 183, Tomo N° 389, del 1 de octubre
del mismo año, se emitieron las Disposiciones Especiales y Transitorias
para Asegurar a la Población el Abastecimiento de Frijol y Maíz;
II.- Que en el Art 1 de las Disposiciones precitadas, se asegura la adquisición
emergente y excepcional de contingentes de frijol y/o maíz para consumo
humano, a consecuencia de la pérdida de cosechas por el impacto del
cambio climático;
III.- Que con el objetivo de asegurar el abastecimiento sostenible de frijol y/o
maíz para consumo, es necesario modificar las Disposiciones Especiales
y Transitorias en cuestión, a fin de asegurar el abastecimiento a bajo costo
de semillas, granos e insumos necesarios para la seguridad alimentaria de
la población salvadoreña.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República por medio del Ministro de Agricultura y Ganadería.
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS
PARA ASEGURAR A LA POBLACION EL ABASTECIMIENTO DE FRIJOL Y
MAIZ
Art. 1.- Sustitúyese el Art 1, por el siguiente:
“Art. 1.- Facúltase al Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, a través de la
Dirección General de Economía Agropecuaria, DGEA y mediante los mecanismos
que estime convenientes, la adquisición emergente y excepcional de contingentes de
semilla o grano de frijol y/o maíz e insumos necesarios para la producción de frijol y/o
maíz, a través de la compra directa a proveedores nacionales o extranjeros, sean estos
personas naturales o jurídicas, con el objeto de garantizar su abastecimiento y a un
precio favorable a la población salvadoreña.
La comercialización de los contingentes de semilla o grano de frijol y/o maíz e
insumos necesarios para su producción, se podrá realizar a través de la Bolsa de
Indice Legislativo 451
Parte III

Parte III
452
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Productos Agropecuarios de El Salvador o directamente por medio de la DGEA, dentro
de un periodo que caducará en doce meses contados a partir de la adquisición de
dichos contingentes.
Art. 2.- Refórmase el Art. 2, de la siguiente manera:
“Art. 2.- Con la finalidad de conservar las propiedades de los productos a adquirir,
la DGEA coordinará con las unidades organizativas del MAG que estime conveniente,
los procesos para garantizar una oportuna rotación de los productos en atención a
su volumen, el periodo de tiempo de la conservación de los mismos y definir entre
otros aspectos, las condiciones y ubicación geográfica de la infraestructura para su
almacenamiento y distribución.”
Art. 3.- Refórmase el Art 3, de la siguiente manera:
“Art. 3.- Una vez adquiridos los contingentes de semilla o grano de frijol y/o maíz
e insumos necesarios para su producción, el MAG deberá determinar el precio de
referencia al que deberán venderse los productos, así como el momento en que éstos
se colocarán y las cantidades que se enviarán al mercado.
La toma de decisión del precio de la venta en cualquiera de las modalidades antes
relacionadas, por medio de las cuales se comercializarán los productos a que alude el
inciso anterior, deberá ser justificado a través de una resolución emitida por el titular
del MAG.”
Art. 4.- Refórmase el Art 4, de la siguiente manera:
“Art. 4.- Facúltase al MAG para que efectúe todas las erogaciones necesarias para
la importación, administración, almacenamiento y comercialización de los contingentes
de semilla o grano de frijol y/o maíz e insumos necesarios para su producción, y
en caso de ser necesario, pueda venderlo a menor precio que el de su costo de
adquisición, garantizando así un precio favorable a la población.”
Art. 5.- Refórmase el Art. 5, de la siguiente manera:
“Art. 5.- Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería
para que utilice fondos provenientes del Fideicomiso MAG-BFA-PRODAP hasta por la
cantidad de UN MILLON QUINIENTOS MIL DOLARES de los Estados Unidos de América
(US$1,500,000.00), para la adquisición de los contingentes de semilla o grano de frijol
y/o maíz e insumos y los costos derivados de la administración, almacenamiento y
comercialización de los productos antes referidos.
El MAG reintegrará la totalidad del monto utilizado al fideicomiso MAG-BFA-
PRODAP, al finalizar la operación.”
Asamblea Legislativa

Art. 6.- Refórmase el Art 6, de la siguiente manera:
Anuario Legislativo 2010 - 2011
“Art 6.- El MAG emitirá un instructivo que regule las actividades relacionadas con la
adquisición, administración, almacenamiento y comercialización de semilla o grano de
frijol y/o maíz e insumos que sean necesarios, para abastecer debidamente el mercado
salvadoreño.”
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once
días del mes de noviembre de dos mil diez.
D. O. Nº 217, Tomo Nº 389, Fecha: 19 de noviembre de 2010.
Indice Legislativo 453
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 511
454
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 680, de fecha 20 de octubre de 1993,
publicado en el Diario Oficial Nº 6, Tomo Nº 322 del 10 de enero de 1994,
se emitió la Ley de Equipajes de Viajeros Procedentes del Exterior.
II.- Que el Art. 4 de la referida Ley, establece que el viajero puede introducir
exento de impuestos, bienes cuyo valor total en aduana sea de UN MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,000.00).
III.- Que en la época de navidad y año nuevo, retornan a nuestro país muchos
compatriotas que viven en el extranjero, con el propósito de compartir
con sus familias dichas festividades, ocasión que aprovechan para traer
regalos, enseres de uso familiar y otros diferentes artículos.
IV.- Que estos salvadoreños han emigrado en busca de trabajo, con lo cual
nuestro país se ha visto favorecido por el ingreso de divisas provenientes
de remesas familiares, que constituyen uno de los mayores rubros para la
captación de tales divisas.
V.- Que es procedente retribuirles en parte su aporte a la economía del país,
permitiéndoles introducir equipaje libre de gravámenes por un monto
superior a lo establecido en la citada Ley y por un tiempo limitado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Ciro Cruz
Zepeda Peña, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, José Francisco Merino López,
Alberto Armando Romero Rodríguez, César Humberto García Aguilera, Mario Alberto
Tenorio Guerrero, Federico Guillermo Avila Qüehl, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda,
Margarita Escobar, Carmen Elena Calderón de Escalón, Eduardo Antonio Gomar Morán,
José Antonio Almendáriz Rivas, Fernando Alberto José Avila Quetglas, Erick Ernesto
Campos,José Vidal Carrillo Delgado, Valentín Arístides Corpeño, Santos Eduviges Crespo
Chávez, César René Florentín Reyes Dheming, Carmen Elena Figueroa Rodríguez,José
Rinaldo Garzona Villeda, José Armando Grande Peña, José Nelson Guardado Menjívar,
Reynaldo Antonio López Cardoza, Juan Carlos Hernández Portillo,Mario Marroquín
Mejía,Douglas Leonardo Mejía Avilés, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Alexander
Higinio Melchor López, Erik Mira Bonilla, Mariela Peña Pinto, David Ernesto Reyes
Molina,Manuel Rigoberto Soto Lazo, Heidy Carolina Mira Saravia, Rafael Ricardo
Morán Tobar, Rafael Eduardo Paz Velis, Mario Antonio Ponce López, Carlos René
Retana Martínez, Rodrigo Samayoa Rivas, Misael Serrano Chávez, César Humberto
Solorzano Dueñas, Mario Eduardo Valiente Ortiz, Donato Eugenio Vaquerano Rivas,
Esdras Samuel Vargas Pérez y Francisco José Zablah Safie.
Asamblea Legislativa

DECRETA:
Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 1.- Modifícase temporalmente a partir del 1º de diciembre del año 2010 al 31
de enero del año 2011, el Art. 4 de la Ley de Equipajes de Viajeros Procedentes del
Exterior, así:
“Art. 4.- El viajero podrá introducir también con exención del pago de derechos e
impuestos, bienes nuevos cuyo valor total en aduana no sea superior al equivalente de
TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,000.00).”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día 1º de diciembre del
año 2010, previa publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once
días del mes noviembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 217, Tomo Nº 389, Fecha: 19 de noviembre de 2010.
Indice Legislativo 455
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 525
456
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por medio de Decreto Legislativo Nº 456, del 31 de octubre de 2007,
publicado en el Diario Oficial Nº 235, Tomo Nº 377 del 17 de diciembre de
2007, se emitió el Decreto de Restricción de Exportaciones de Desperdicios
y Desechos Ferrosos y No Ferrosos, el cual tiene una vigencia hasta el 31
de diciembre de 2009.
II.- Que de conformidad al artículo 101 de la Constitución, es deber del
Estado promover el desarrollo económico mediante el incremento de la
producción y la productividad y, asimismo fomentar los diversos sectores
de la producción.
III.- Que al inicio de la vigencia del Decreto de Restricción de Exportaciones
de Desperdicios y Desechos Ferrosos y No Ferrosos, disminuyó de forma
considerable el hurto de cable telefónico y de energía eléctrica, permitiendo
con ello la continuidad de la prestación de los servicios públicos de
distribución de energía eléctrica y de telefonía, facilitando con ello el
acceso a servicios de emergencia y de seguridad pública y contribuyendo
a las actividades de producción, transformación y/o distribución de bienes
y prestación de servicios.
IV.- Que no obstante que por Decreto Legislativo Nº 232, del dieciséis de
diciembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial Nº 241, Tomo Nº
385, del veintitrés de diciembre de dos mil nueve, se prorrogó la vigencia
del Decreto de Restricción de Exportaciones de Desperdicios y Desechos
Ferrosos y No Ferrosos, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil
diez, durante el año 2010 se ha observado un incremento considerable
en los hurtos de materiales ferrosos y no ferrosos, sobre todo hurtos
de cable de cobre de energía eléctrica y de telefonía y hurtos de hierro,
lo que presupone que el incremento de los casos se deriva del próximo
vencimiento de la prórroga de este decreto.
V.- Que en vista que ha quedado evidenciada la relación directa que existía
entre la exportación desmesurada de cobre y los hurtos de cables de
distribución de energía eléctrica y de telefonía, se hace necesario, con el
objetivo de garantizar la continuidad de los servicios básicos de energía
eléctrica y telecomunicaciones, prorrogar la medida de Restricción de
Exportaciones de Desperdicios y Desechos Ferrosos y No Ferrosos.
Asamblea Legislativa

POR TANTO,
Anuario Legislativo 2010 - 2011
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Mario
Antonio Ponce López, Rubén Orellana, José Serafín Orantes Rodríguez, Alejandro
Dagoberto Marroquín, Ciro Alexis Zepeda Menjívar y Omar Arturo Escobar Oviedo.
DECRETA:
Art. 1.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre del año 2013, lo establecido en el
Decreto Legislativo Nº 456, del 31 de octubre de 2007, publicado en el Diario Oficial
Nº 235, Tomo Nº 377 del 17 de diciembre de 2007.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 239, Tomo Nº 389, Fecha: 21 de diciembre de 2010.
Indice Legislativo 457
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 529
458
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 627, de fecha 22 de noviembre de 1990,
publicado en el Diario Oficial Nº 276, Tomo Nº 309, del 6 de diciembre
del mismo año, se emitió la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de
Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, a través del
cual se creó el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, al cual
se le otorgó la finalidad de llevar a cabo el saneamiento de los Bancos
Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo.
II.- Que por Decreto Legislativo Nº 537, de fecha 8 de diciembre de 2004,
publicado en el Diario Oficial Nº 233, Tomo Nº 365, de fecha 14 del mismo
mes y año, el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero adquirió
activos propiedad del Banco Hipotecario de El Salvador, estableciendo
limitaciones a dicha institución en cuanto a la captación de algunas fuentes
de fondos y al otorgamiento de créditos.
III.- Que por Decreto Legislativo Nº 165, de fecha 30 de noviembre de
2006, publicado en el Diario Oficial Nº 231, Tomo Nº 373, de fecha 11
de diciembre del mismo año, se reformó el Decreto mencionado en el
considerando anterior, por medio del cual se reducen las limitantes que
tiene el Banco Hipotecario de El Salvador, en el otorgamiento de créditos a
los sectores productivos del país.
IV.- Que a pesar de las anteriores reformas, se hace necesario facultar al Banco
Hipotecario de El Salvador, para que pueda otorgar créditos a empresarios
del transporte colectivo público de pasajeros, en mejores condiciones que
las ofertadas por los Bancos comerciales del país, para la renovación de
los vehículos destinados a dicho servicio público.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Lorena
Guadalupe Peña Mendoza, Carmen Elena Calderón de Escalón, José Francisco Merino
López, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Inmar Rolando Reyes, Orestes Fredesman
Ortez Andrade, Mariela Peña Pinto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Guillermo Antonio
Gallegos Navarrete, José Nelson Guardado Menjívar, Mario Antonio Ponce López,
Francisco José Zablah Safie, Douglas Leonardo Mejía Avilés, Gaspar Armando Portillo
Benítez, José Antonio Almendáriz Rivas, José Orlando Arévalo Pineda, Guillermo
Antonio Olivo Méndez, Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza, Rosa Alma Cruz y Ana
Guadalupe Martínez.
Asamblea Legislativa

DECRETA, la siguiente:
Anuario Legislativo 2010 - 2011
REFORMA AL DECRETO LEGISLATIVO Nº 537, DE FECHA 8 DE
DICIEMBRE DE 2004, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL Nº 233,
TOMO Nº 365, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2004
Art. 1.- Incorpóranse tres incisos al literal “c” del Art. 2, así:
“Cuando el crédito que se otorgue sea para la renovación de vehículos que a la fecha
de entrada en vigencia del presente Decreto presten servicio de transporte colectivo
público de pasajeros, tales créditos podrán otorgarse hasta un plazo de ocho años.
Los créditos a que se refiere el inciso precedente, deberán garantizarse mediante
la caución correspondiente de los vehículos que oportunamente se adquieran, así como
por cualquiera de las garantías establecidas en el inciso primero de este literal.
Para los efectos de la presente disposición, si el plazo de la vigencia de la concesión
fuere menor que el del crédito, éste se ampliará de pleno derecho, hasta el vencimiento
del plazo del mismo. Bajo estas circunstancias, se faculta al Ministerio de Obras
Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, por medio del Viceministerio de
Transporte para la suscripción de los documentos que en cumplimiento de la presente
facultad fuese necesario otorgar.”
Art. 2.- En razón de las disposiciones contenidas en el presente Decreto, se deroga
cualquier otra disposición o regulación de orden legal que contraríe al presente texto.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación el en Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dos
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
Nota:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 97 inciso tercero del Reglamento Interior
de este Órgano del Estado, se hace constar que el presente Decreto fue devuelto con
observación por el Presidente de la República, el 16 de diciembre del 2010, habiendo
sido ésta aceptada por esta Asamblea Legislativa, en sesión plenaria del 13 de enero
del 2011.
CÉSAR HUMBERTO GARCÍA AGUILERA
SEGUNDO SECRETARIO
D. O. Nº 25, Tomo Nº 390, Fecha: 4 de febrero de 2011.
Indice Legislativo 459
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 531
460
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del Art. 172
de la Constitución, la organización y funcionamiento del Organo Judicial,
serán determinados por la Ley.
II.- Que mediante Acuerdo Judicial Nº 339, de fecha 24 de septiembre de
1990, publicado en el Diario Oficial Nº 246, Tomo 309, del 23 de octubre
de ese mismo año, se emitió el Reglamento General del Instituto de
Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer”; por medio del cual, se determinó
la creación, estructura y organización del referido Instituto, como órgano
colaborador de la administración de justicia, regulando sus funciones y el
valor probatorio de sus consultas y dictámenes.
III.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 123, de fecha 06 de junio de 1984,
publicado en el Diario Oficial Nº 115, Tomo 283, del 20 de ese mismo mes
y año, se emitió la Ley Orgánica Judicial, la que en su Título IV, Capítulo VII,
regula lo pertinente a los Médicos Forenses y demás Peritos Judiciales.
IV.- Que actualmente, es imperioso garantizar una efectiva protección y tutela
de los derechos fundamentales de las personas; volviéndose necesario,
contar con mecanismos e instituciones idóneas que permitan la recolección,
realización y análisis de medios de prueba válidos, para ser presentados
en los respectivos procesos judiciales.
V.- Que en razón de lo anteriormente expuesto y con el propósito de fortalecer
el actual Instituto de Medicina Legal, es conveniente emitir las reformas
legales pertinentes a la Ley Orgánica Judicial vigente, a efecto darle una
nueva estructura y organización al referido Instituto.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: José
Antonio Almendáriz Rivas, Jaime Gilberto Valdez Hernández, Juan Carlos Mendoza
Portillo, Federico Guillermo Ávila Qüehl, Rodrigo Samayoa Rivas, José Serafín Orantes
Rodríguez, Ramón Arístides Valencia Arana, Sandra Marlene Salgado García, Ernesto
Antonio Angulo Milla y Carlos Walter Guzmán Coto.
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LA LEY ORGANICA JUDICIAL
Asamblea Legislativa

Fines
Art. 1.- Sustitúyase el Capítulo VII, del Título IV, así:
“CAPITULO VII
DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 98.- El Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer”, en adelante “El
Instituto”, tendrá como finalidad principal la prestación de los servicios periciales, de
forma independiente, para lo cual emitirá los dictámenes que se le requieran conforme
a la Ley.
Funciones del Instituto
Art. 99.- El Instituto tendrá las siguientes funciones:
a) Proporcionar los servicios periciales que le sean solicitados por la autoridad
competente, guardando las Reglas de la Cadena de Custodia respectiva;
b) Recopilar, organizar, conservar y publicar datos y estadísticas sobre las
materias del Instituto; y,
c) Realizar investigaciones científicas, capacitación y actualización para su
personal técnico y científico, tanto a nivel nacional como internacional.
Domicilio
Art. 100.- El Instituto tendrá su domicilio en la ciudad de San Salvador, con sedes
regionales por zonas del país, subsedes y oficinas en cualquier parte del territorio
nacional.
Estructura Orgánica
Art. 101.- El Instituto estará integrado de la siguiente forma:
a) Consejo Directivo;
b) Dirección General;
c) Departamento Administrativo;
d) Departamento de Clínica Forense;
e) Departamento de Patología Forense;
f) Departamento de Química Forense;
g) Departamento de Biología Forense;
Indice Legislativo 461
Parte III

Parte III
462
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
h) Departamento de las Ciencias de la Conducta Forense;
i) Departamento Académico y Estadística;
j) Jefaturas Regionales; y,
k) Cualquier otro departamento que se determine en el reglamento.
Las Jefaturas Regionales y los Departamentos se organizarán en secciones y
dependerán administrativamente de la Dirección General.
Consejo Directivo
Art. 102.- El Consejo Directivo del Instituto, en adelante “El Consejo”, estará
integrado de la manera siguiente:
a) El Magistrado Presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de
Justicia;
b) El Gerente General Administrativo de la Corte Suprema de Justicia;
c) El Gerente General de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia;
d) El Director General del Instituto; y,
e) El Presidente del Comité Técnico Consultivo del Instituto.
Atribuciones del Consejo Directivo
Art. 102-A.- Son atribuciones de El Consejo, las siguientes:
a) Aprobar las políticas, estrategias y líneas de acción del Instituto;
b) Proponer a la Corte Suprema de Justicia el nombramiento o la remoción de
los titulares de la Dirección General, los Jefes de Departamento y los peritos;
así mismo, nombrar al personal administrativo y auxiliar correspondiente;
c) Aprobar el plan anual operativo, los protocolos, manuales, instructivos y
demás instrumentos de trabajo necesarios para el cumplimiento de los fines
del Instituto;
d) Aprobar la suscripción de convenios de cooperación con instituciones
públicas o privadas, nacionales o internacionales, en materias de
competencia del Instituto;
e) Promover la coordinación y cooperación en el ámbito de sus atribuciones con
los Ministerios del Órgano Ejecutivo, Ministerio Público, Consejo Nacional de
la Judicatura, Policía Nacional Civil y demás instituciones relacionadas con
su competencia; y,
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
f) Promover las innovaciones tecnológicas y científicas para mejorar el servicio
pericial.
Reuniones
Art. 102-B.- El Consejo se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes.
La dirección de las sesiones corresponderá al Magistrado Presidente de la Sala de
lo Penal. Las convocatorias a sesión las hará el Director General de El Instituto y los
puntos de agenda, serán presentados por cada miembro de El Consejo.
Tanto para establecer el quórum de asistencia; así como para poder sesionar, se
requerirá la presencia de la mayoría de sus miembros.
Director General
Art. 102-C.- La Dirección General del Instituto, estará a cargo de un Director
General y, en ausencia de éste, de un Sub-Director General, quienes deberán de reunir
los requisitos siguientes:
a) Ser salvadoreño por nacimiento;
b) Mayor de treinta y cinco años de edad;
c) Poseer Título de grado o post-grado Universitario, en las áreas siguientes:
Ciencias Jurídicas, Medicina, Química y Biología o afines;
d) Con al menos diez años de experiencia en la investigación del delito o
ciencias forenses; y,
e) De moralidad notoria.
Atribuciones del Director General
Art. 102-D.- El Director General, tendrá las atribuciones siguientes:
a) Ejercer la representación de El Instituto, ante cualquier autoridad o institución,
pública o privada, nacional o internacional, dentro de los alcances de su
competencia y funciones;
b) Elaborar el plan anual operativo, los protocolos, manuales, instructivos y
demás instrumentos de trabajo necesarios para el cumplimiento de los fines
de El Instituto y someterlos a la aprobación de El Consejo;
c) Requerir, cuando el caso lo amerite, a otras instituciones públicas, los
servicios para el cumplimiento de sus atribuciones;
d) Proponer a El Consejo, la aprobación de suscripción de convenios de
cooperación de El Instituto, con entidades nacionales o internacionales,
públicas o privadas;
Indice Legislativo 463
Parte III

Parte III
464
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
e) Implementar y supervisar la aplicación de los estándares internacionales
vigentes, en materia forense y la actualización de manuales y protocolos;
f) Convocar a concursos públicos de oposición para contratación de peritos y
hacer las propuestas a El Consejo para la selección respectiva, con base en
las normas y procedimientos establecidos reglamentariamente;
g) Seleccionar previo concurso al personal administrativo y auxiliar para su
nombramiento conforme a la Ley; y,
h) Las demás que El Consejo y el reglamento le señalen.
Servicios de El Instituto
Art. 102-E- Podrán requerir o solicitar los servicios de El Instituto:
a) Los Jueces y Tribunales de la República;
b) El Fiscal General de la República y sus Agentes Auxiliares;
c) El Procurador General de la República, en el marco de sus competencias;
d) Los Oficiales y Agentes de la Policía Nacional Civil, cuando lo soliciten de
conformidad a la Ley; y,
e) Aquellos a quienes expresamente se autorice por Ley.
Escalafón
Art. 102-F.- Se establecerá un escalafón para el cuerpo de peritos mediante un
sistema de promociones y ascensos que tenga como base el área geográfica, la
eficiencia, rendimiento, preparación académica, investigaciones publicadas, esfuerzo
laboral, ética en el trabajo y antigüedad.
El régimen laboral y disciplinario de los servidores de El Instituto, estará sujeto a
una normativa especial de trabajo, en virtud de la labor que desempeñan.
Capacitación
Art. 102-G.- El Departamento Académico será el responsable de promover,
organizar y desarrollar eventos de capacitación para el personal de El Instituto y los
operadores del sector justicia, respecto de las áreas especializadas tanto a nivel de
pregrado, postgrado y formación continua. Así mismo, el Departamento Académico
tendrá una Sección de Estadística.
El Instituto contará con una revista para la divulgación de los resultados de las
investigaciones, avances científicos, desarrollo de las prácticas forenses y demás
información que se considere de interés, cuya edición corresponderá al Departamento
Académico.
Asamblea Legislativa

Comité Técnico Consultivo
Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 102-H.- La gestión de la calidad de los procesos periciales de El Instituto,
estará a cargo del Comité Técnico Consultivo, el cual estará integrado por un miembro
de cada sección designado de conformidad a lo previsto en el reglamento; quien vigilará
el mantenimiento de los estándares técnicos acorde a las exigencias internacionales, y
formulará las propuestas que resulten necesarias para la mejor prestación del servicio
pericial.
Para los efectos del inciso anterior, el Comité Técnico Consultivo tendrá en cuenta las
observaciones formuladas por el Comité Legal conformado de forma interinstitucional.
El Comité Técnico Consultivo, también será responsable de la coordinación y
cooperación interinstitucional ante la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia de
conformidad a la Ley.
Se designará Un Presidente, quien será el representante ante El Consejo, la
Comisión Coordinadora y el Comité Legal.
Reserva Presupuestaria
Art. 102-I.- La Corte Suprema de Justicia, del Presupuesto del Órgano Judicial,
deberá disponer los recursos necesarios para el funcionamiento de El Instituto.
Reglamento
Art. 102-J.- Para el desarrollo del presente Capítulo, El Instituto deberá contar con
su propio Reglamento, el cual deberá ser emitido por la Corte Suprema de Justicia,
dentro del plazo de ciento veinte días, a partir de la vigencia del presente Decreto.”
Art. 2.- Derógase el Capítulo VIII, del Título IV.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dos
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 240, Tomo Nº 389, Fecha: 22 de diciembre de 2010.
Indice Legislativo 465
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 533
466
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 697, de fecha 9 de mayo de 1996,
publicado en el Diario Oficial Nº 97, Tomo Nº 331, del 28 del mismo mes
y año, se autorizó al Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de
Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, para que
entregara, en calidad de comodato y por el plazo de veinte años, a la Alcaldía
Municipal de Sonsonate, dos inmuebles de su propiedad: el PRIMERO, de
una extensión superficial de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS PUNTO TREINTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (16,456.34 M 2 ),
y el SEGUNDO de una extensión superficial de UN MIL SESENTA Y TRES
PUNTO CUARENTA Y UN METROS CUADRADOS (1063.41 M 2 ); los cuales
fueron utilizados por Ferrocarriles Nacionales de El Salvador, FENADESAL,
y que eran administrados por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma,
CEPA, situados en el Barrio El Ángel, Final Décima Avenida Sur, conocida
como Avenida José Carmen Di Pietro y Boulevard Oscar Osorio, de la
ciudad de Sonsonate; dichos comodatos fueron autorizados respecto del
PRIMER inmueble, para la construcción de una cancha de fútbol y respecto
del SEGUNDO inmueble, para la instalación de un museo ferroviario.
II.- Que mediante el Punto Décimo (Varios) del Acta 2233, de fecha 19 de mayo
de 2009, la Junta Directiva de la CEPA acordó autorizar que se gestionará
ante el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo
Urbano la modificación del Decreto Legislativo Nº 697 relacionado en el
considerando anterior, en el sentido de incorporar la autorización para
que el Estado y Gobierno de El Salvador, en el citado Ramo, entregue en
comodato a la Alcaldía Municipal de Sonsonate, otros dos inmuebles de su
propiedad que utilizó FENADESAL y que han sido administrados por CEPA;
los cuales para efectos del presente Decreto, se denominarán TERCERO
y CUARTO; siendo el TERCERO, de una extensión superficial de TRES MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA Y NUEVE METROS
CUADRADOS (3,645.59 M 2 ), y el CUARTO de OCHO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SIETE PUNTO VEINTIOCHO METROS CUADRADOS (8,867.28
M 2 ), los que también se encuentran situados en el Barrio El Ángel, Final
Décima Avenida Sur, conocida como Avenida José Carmen Di Pietro
y Boulevard Oscar Osorio, de la ciudad de Sonsonate, los cuales son
adicionales a los ya relacionados en el primer considerando del presente
Decreto; por lo que los cuatro inmuebles hacen en total un área de TREINTA
MIL TREINTA Y DOS PUNTO SESENTA Y DOS (30,032.62 M 2 ). Además, la
Junta Directiva de CEPA, autorizó gestionar que los cuatro comodatos se
den por el plazo de VEINTICINCO años, a partir de la firma de los nuevos
contratos y modificaciones contractuales, en su caso, y modificar el
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
artículo 2 del mencionado Decreto, en el sentido que los cuatro inmuebles
serán utilizados para la construcción de una plaza pública.
III.- Que dichos inmuebles forman parte de un inmueble general de mayor
extensión superficial, el cual se encontraba inscrito a favor del Estado y
Gobierno de El Salvador, al número Treinta del Libro Número Doscientos
Veinticuatro del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas de la Tercera
Sección de Occidente; sin embargo, en la actualidad el inmueble general
mencionado, ha sido trasladado a varias Matrículas SIRyC.
IV.- Que el Consejo de Ministros por medio del Punto Cuatro, letra H), de la
Sesión Número DIEZ, celebrada el día veintisiete de septiembre de dos
mil diez, autorizó al Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de
Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, para que
ampliara de VEINTE A VEINTICINCO AÑOS el plazo de los comodatos de los
inmuebles denominados: PRIMERO de una extensión total de DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PUNTO TREINTA Y CUATRO METROS
CUADRADOS (16,456.34 M 2 ); y SEGUNDO de una extensión total de UN
MIL SESENTA Y TRES PUNTO CUARENTA Y UN METROS CUADRADOS
(1,063.41 M 2 ); en consecuencia, entregará, en calidad de comodato, por el
plazo de veinticinco años, a la Municipalidad de Sonsonate, los inmuebles
denominados: TERCERO de una extensión superficial de TRES MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA Y NUEVE METROS
CUADRADOS (3,645.59 M 2 ), y CUARTO, de una extensión superficial de
OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PUNTO VEINTIOCHO METROS
CUADRADOS (8,867.28 M 2 ), y cambiará la finalidad de los inmuebles
denominados PRIMERO y SEGUNDO, ya que los cuatro inmuebles serán
utilizados por la citada Alcaldía para que se construya en éstos una plaza
pública.
V.- Que de conformidad al Artículo 233 de la Constitución de la República,
los bienes raíces de la Hacienda Pública y los de uso público, sólo podrán
donarse, darse en comodato, arrendamiento y usufructo con autorización
del Organo Legislativo a entidades de utilidad general.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y
Desarrollo Urbano,
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS AL DECRETO LEGISLATIVO Nº 697, DE FECHA 9 DE MAYO
DE 1996, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL Nº 97, TOMO Nº 331,
DEL 28 DEL MISMO MES Y AÑO.
Indice Legislativo 467
Parte III

Parte III
468
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Art. 1.- Sustitúyese el Art. 1, por el siguiente:
“Art. 1.- Autorízase al Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Obras
Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, para que entregue en comodato
a la Alcaldía Municipal de Sonsonate, por el plazo de veinticinco años contados a partir
de la formalización de las escrituras correspondientes o modificaciones contractuales
en su caso, cuatro inmuebles que utilizó Ferrocarriles Nacionales de El Salvador,
FENADESAL y que son administrados por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma,
los cuales tienen las descripciones técnicas siguientes:
Inmueble denominado PRIMERO: Partiendo de la intersección de la 10ª. Avenida
Sur con calle Obispo Marroquín de la ciudad de Sonsonate y con un rumbo Sur de
treinta y cinco grados cero cinco punto ocho minutos Oeste y una distancia de ciento
diecisiete metros setenta y un centímetros, sobre el eje de la 10ª. Avenida Sur y
una deflexión negativa de noventa grados y una distancia de ocho metros cincuenta
centímetros se llega al mojón “A” de donde da inicio la presente descripción técnica,
así: partiendo del mojón “A” con un tramo recto rumbo Sur de treinta y cinco grados
cero cinco punto ocho minutos Oeste y una distancia de ciento sesenta y tres metros
veinticinco centímetros se llega al mojón “B” con tramo curvo longitud sesenta y tres
metros setenta centímetros se llega al mojón “C”, luego partiendo del mojón “C” con
un tramo recto rumbo Sur veinticuatro grados diecinueve punto nueve minutos Este y
una distancia de veinte metros cincuenta centímetros se llega al mojón “D” lindando en
estos tres tramos con terrenos de FENADESAL, 10ª Avenida Sur de por medio, luego
partiendo del mojón “D” con tramo curvo de longitud treinta y cuatro metros se llega al
mojón “E”, lindando en este tramo con el Plantel de la Dirección General de Caminos,
10ª Avenida Sur de por medio y con la Asociación Ganadera Departamental, Carretera
al Puerto de Acajutla de por medio; luego partiendo del mojón “E” con un tramo recto
de doscientos diecisiete metros veinticinco centímetros rumbo Norte de treinta y siete
grados diecinueve punto seis minutos Este se llega al mojón “F”, lindando este tramo
con Asociación Ganadera Departamental, y Cruz Roja de Sonsonate, Carretera al
Puerto de Acajutla de por medio; luego partiendo del mojón “F” con un tramo recto de
setenta y nueve metros y ochenta centímetros rumbo Norte de cincuenta y tres grados
veinte punto veinticinco minutos Oeste, se llega al mojón “A” que es donde dio inicio la
presente descripción, lindando en este tramo con terrenos propiedad de Isidra Viana,
María Olimpia Sosa Parada, Julio César Sosa Parada y Olivia Pérez V. de Cabrera,
tapial de adobe de por medio que corresponde a este terreno. El terreno anteriormente
descrito determina un área total de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PUNTO TREINTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (16,456.34 M 2 ), equivalentes a
VEINTITRES MIL QUINIENTAS CUARENTA Y CINCO PUNTO SETENTA Y TRES VARAS
CUADRADAS (23,545.73 V 2 ).
Inmueble denominado SEGUNDO: Partiendo de la intersección de la 10ª. Avenida
Sur con Calle Obispo Marroquín de la Ciudad de Sonsonate y con un rumbo Sur
de treinta y cinco grados cero cinco punto ocho minutos Oeste y una distancia de
doscientos ochenta y seis punto dieciocho metros sobre el eje de la 10ª Avenida Sur se
llega a un punto auxiliar denominado “A” y con una deflexión positiva de noventa grados
y distancia de ocho punto treinta y seis metros, se llega al mojón 7A de donde da
inició la presente descripción técnica así: partiendo del mojón 7A con un tramo curvo
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
de longitud treinta y dos punto cuarenta y ocho metros y un radio de ochenta punto
noventa y tres metros se llega al mojón 7B lindando en este tramo con la 10ª. Avenida
Sur; luego partiendo del mojón 7B con un tramo recto de longitud treinta y seis punto
setenta y dos metros y un rumbo Norte cincuenta y nueve grados cuarenta y nueve
punto uno minutos Oeste se llega al mojón 7C; luego partiendo del mojón 7C con tramo
recto de longitud treinta y dos metros y rumbo Norte treinta grados diez punto nueve
minutos Este se llega al mojón 7D; luego partiendo del mojón 7D con tramo recto
de longitud treinta y uno punto noventa y dos metros y rumbo Sur cincuenta y nueve
grados cuarenta y nueve punto uno minutos Este, se llega al mojón 7A que es donde
dio inicio la presente descripción, lindando en estos tres tramos con terrenos del Patio
de la Estación Ferroviaria de Sonsonate. El terreno anteriormente descrito determina un
área total de UN MIL SESENTA Y TRES PUNTO CUARENTA Y UN METROS CUADRADOS
(1,063.41 M 2 ), equivalentes a UN MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PUNTO CINCUENTA Y
TRES VARAS CUADRADAS (1,521.53 V 2 ).
Inmueble denominado TERCERO: “Inmueble denominado Patio Estación Sonsonate
(Porción Nº 2) propiedad del Estado y Gobierno de El Salvador, ubicado en Barrio
El Ángel, Carretera a Acajutla, final Décima Avenida Sur, Municipio de Sonsonate,
departamento de Sonsonate, con una extensión superficial de TRES MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (3,645.59
M 2 ), equivalentes a CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PUNTO ONCE VARAS
CUADRADAS (5,216.11 V 2 ). El vértice Nor Poniente que es el punto de partida de
esta descripción técnica tiene las siguientes coordenadas: Norte doscientos ochenta
y ocho mil trescientos veintiséis punto sesenta y cuatro, Este cuatrocientos veintiún
mil cuatrocientos noventa punto noventa y tres. Lindero Norte partiendo del vértice Nor
Poniente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo
uno, Sur sesenta grados cero tres minutos treinta y un segundos Este con una distancia
de treinta y seis punto setenta y dos metros; colindando con Ferrocarriles Nacionales
de El Salvador, FENADESAL, porción No. 1 dada en comodato a la municipalidad de
Sonsonate con lindero sin materializar, Lindero Oriente partiendo del vértice Nor Oriente
está formado por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno,
segmento circular con un rumbo para la cuerda de Sur cero ocho grados diecinueve
minutos cero cinco segundos Oeste con una longitud de curva de tres punto ochenta y
nueve metros; y un radio de setenta y nueve punto veintiocho metros; Tramo dos, Sur
treinta y cuatro grados veintisiete minutos diez segundos Oeste con una distancia de
cincuenta y cinco punto noventa y nueve metros; Tramo Tres, Sur treinta y dos grados
veintiún minutos cincuenta y nueve segundos Oeste con una distancia de cuarenta y
nueve punto veintiún metros; colindando con Ferrocarriles Nacionales de El Salvador,
FENADESAL, parcela ocupada por la delegación de la Policía Nacional Civil con un
tapial de bloque concreto, Lindero Sur partiendo del vértice Sur Oriente está formado
por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte sesenta y cinco
grados cincuenta y siete minutos cuarenta y tres segundos Oeste con una distancia de
veintiocho punto cincuenta y seis metros; colindando con Adilia Viuda de Alfaro con
tapial de ladrillo. Lindero Poniente partiendo del vértice Sur Poniente está formado por
un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte veintiocho grados
dieciséis minutos cero dos segundos Este con una distancia de ciento once punto
cincuenta y nueve metros; colindando con Ferrocarriles Nacionales de El Salvador,
Indice Legislativo 469
Parte III

Parte III
470
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
FENADESAL, resto del terreno del cual se desmembra con lindero sin materializar. Así
se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción”, el
cual según oficio número uno uno cinco ocho, Referencia cuatro tres cero tres de fecha
veintidós de julio de dos mil nueve, remitido por la Dirección General del Presupuesto,
ha sido valuado en TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($319,280.00).
Inmueble denominado CUARTO: Inmueble propiedad del Estado y Gobierno de El
Salvador ubicado en Barrio El Ángel, Calle Obispo Marroquín y final Décima Avenida
Sur, Municipio de Sonsonate, departamento de Sonsonate, con una extensión superficial
de OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PUNTO VEINTIOCHO METROS
CUADRADOS (8,867.28 M 2 ) equivalentes a DOCE MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y SIETE
PUNTO TREINTA VARAS CUADRADAS (12,687.30 V 2 ). El vértice Sur Poniente que
es el punto de partida de esta descripción técnica tiene las siguientes coordenadas:
NORTE doscientos ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y cuatro punto treinta y
siete, ESTE cuatrocientos veintiún mil quinientos seis punto noventa y uno. LINDERO
PONIENTE partiendo del vértice Sur Poniente está formado por un tramo con los
siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte veintidós grados treinta y ocho
minutos veinticuatro segundos Este con una distancia de ciento setenta y cinco punto
treinta y cuatro metros; colindando con FENADESAL, resto del terreno del cual se
desmembra el terreno a dar en comodato con lindero sin materializar. LINDERO NORTE
partiendo del vértice Nor Poniente está formado por un tramo con los siguientes rumbos
y distancias: Tramo Uno, Sur cincuenta y cinco grados veinte minutos cero cuatro
segundos Este con una distancia de setenta y dos punto diez metros; colindando con
FENADESAL, resto del terreno del cual se desmembra el terreno a dar en comodato
con lindero sin materializar, LINDERO ORIENTE partiendo del vértice Nor Oriente está
formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur treinta y
cinco grados cincuenta y cinco minutos dieciocho segundos Oeste con una distancia
de ciento sesenta y ocho punto noventa metros; colindando con FENADESAL, terreno
dado en comodato a la Municipalidad de Sonsonate (cancha de fútbol) con final Décima
Avenida Sur de por medio, LINDERO SUR partiendo del vértice Sur Oriente está formado
por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte sesenta
grados cero tres minutos trece segundos Oeste con una distancia de treinta y un punto
noventa y siete metros; colindando con FENADESAL, terreno dado en comodato a la
Municipalidad de Sonsonate para museo ferroviario con tapial de bloque concreto. Así
se llega al vértice Sur Poniente, que es el punto donde se inició esa descripción”, el
cual según oficio número cero dos dos ocho, Referencia cuatro tres cero tres- tres
cuatro, de fecha veintidós de enero de dos mil nueve, remitido por la Dirección General
del Presupuesto ha sido valuado en UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,516.060.00).
Dichos inmuebles forman parte de un inmueble de mayor extensión superficial,
el cual tiene una extensión superficial de SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (62,853.39 M 2 ),
y se encontraba inscrito a favor del Gobierno y Estado de El Salvador, al Número
TREINTA del Libro Número DOSCIENTOS VEINTICUATRO del Registro de la Propiedad
Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección de Occidente. Sin embargo, en la actualidad,
el inmueble general del cual forman parte las cuatro porciones de terreno, ha sido
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
trasladado a varias Matrículas SIRyC, habiéndose determinado por parte de técnicos
de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, Ministerio de Obras Públicas,
Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano y Alcaldía Municipal de Sonsonate,
que tres de los inmuebles solicitados y que son los denominados como inmuebles
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO y que serán dados en comodato, forman parte del
inmueble con Matrícula SIRyC UNO CERO UNO SEIS SEIS NUEVE UNO OCHO- CERO
CERO CERO CERO CERO y que el PRIMER inmueble forma parte del inmueble cuya
Matrícula SIRyC es UNO CERO UNO SEIS SEIS NUEVE DOS NUEVE- CERO CERO CERO
CERO CERO.
Cabe advertir, que registralmente el inmueble inscrito bajo la Matrícula SIRyC UNO
CERO UNO SEIS SEIS NUEVE UNO OCHO- CERO CERO CERO CERO CERO es de una
extensión superficial de DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PUNTO OCHENTA METROS
CUADRADOS (12,790.80 M 2 ), y que el inmueble inscrito bajo la Matrícula SIRyC
UNO CERO UNO SEIS SEIS NUEVE DOS NUEVE- CERO CERO CERO CERO CERO es de
una extensión superficial de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PUNTO SEIS MIL
QUINIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS (16,670.6540 M2), por lo que CEPA,
en coordinación con el MOP y la Alcaldía Municipal de Sonsonate, podrán realizar las
diligencias necesarias a fin de remedir o reunir, en su caso, los inmuebles mencionados
y entregados en comodato, a fin que sus respectivas extensiones superficiales reales
coincidan con sus extensiones superficiales registradas”.
Art. 2.- Sustitúyese el Art. 2, por el siguiente:
“Art. 2.- La Alcaldía Municipal de Sonsonate utilizará los cuatro inmuebles descritos
anteriormente, para la construcción de una Plaza Pública para el beneficio de los
habitantes de dicho municipio.”
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dos
días del mes de diciembre de 2010.
D. O. Nº 241, Tomo Nº 389, Fecha: 23 de diciembre de 2010.
Indice Legislativo 471
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 537
472
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el artículo 133 numeral 4 de la Constitución de la República establece,
que los Concejos Municipales, tienen iniciativa de ley ante el Organo
Legislativo para proponer impuestos municipales de su jurisdicción.
II.- Que por Decreto Legislativo Nº 86 de fecha 17 de octubre de 1991,
publicado en el Diario Oficial Nº 242, Tomo 313 de fecha 21 de diciembre
de ese mismo año, se emitió la Ley General Tributaria Municipal, la cual
prescribe en su artículo 158 la obligación que tienen los municipios de la
República, de actualizar sus ordenamientos tributarios con arreglo a lo
dispuesto en dicha Ley General.
III.- Que de conformidad a la Ley a que se refiere el Considerando anterior, los
impuestos municipales deberán fundarse en la capacidad económica de
los contribuyentes y en los principios de generalidad, igualdad, equidad en
la distribución de la carga tributaria y de no confiscación.
IV.- Que asimismo, la Ley General Tributaria Municipal ordena que en la
estructuración de los impuestos municipales, deberá asegurarse la
conservación del capital productivo y de cualquier otra fuente generadora
de ingresos y además debe permitir que los municipios obtengan los
recursos que necesitan para cumplir satisfactoriamente con sus fines.
V.- Que la Ley de Impuestos Municipales de Metapán, emitida por Decreto
Legislativo Nº 628 de fecha 7 de febrero de 1996, publicada en el Diario
Oficial Nº 46, Tomo 330 de fecha 6 de marzo de 1996 y sus reformas
vigentes; contienen clasificaciones de tributos que ya no responden a las
necesidades actuales del municipio, por lo que es conveniente modificar
dichas clasificaciones.
VI.- Que por las razones anteriormente expuestas y de conformidad al artículo
131 ordinal 5 de la Constitución, se hace necesario reformar la Ley de
Impuestos Municipales del Municipio de Metapán.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Nelson
Guardado, José Francisco Merino López, Elizardo González Lovo, Mario Antonio
Ponce López, Guillermo Antonio Gallegos, Francisco Roberto Lorenzana Durán, César
Humberto García Aguilera.
Asamblea Legislativa

DECRETA, las siguientes:
Anuario Legislativo 2010 - 2011
REFORMAS A LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE METAPAN,
DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
Art. 1.- Refórmase el numeral 13.6.49.1 del Art. 13, de la siguiente manera:
13.6.49.1 Por el precio de venta de cada 94.5 libras de cemento producido. 4%
Art. 2.- Refórmase el numeral 13.6.49.2 del Art. 13, de la siguiente manera:
13.6.49.2 Por el precio de venta de cada tonelada de cemento no pulverizado
conocido como (clinker) o de cualquier otro producto de la piedra caliza. 4%
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los nueve
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
Nota:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 97 inciso 3º del Reglamento Interior de
este Órgano del Estado, se hace constar que el presente Decreto fue devuelto con
observaciones por el Presidente de la República, el 11 de enero del 2011, resolviendo
esta Asamblea Legislativa aceptar dichas observaciones en Sesión Plenaria celebrada
el día 14 de enero del 2011.
ELIZARDO GONZALEZ LOVO,
Tercer Secretario.
D. O. Nº 10, Tomo Nº 390, Fecha: 14 de enero de 2011.
Indice Legislativo 473
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 543
474
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 487, de fecha 23 de noviembre del año
2007, publicado en el Diario Oficial Nº 222, Tomo Nº 377 de fecha 28 del
mismo mes y año, se emitió la Ley Transitoria para la Estabilización de las
Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, cuyos
efectos vencen el 31 de diciembre del 2010.
II.- Que las razones que llevaron a esta Asamblea Legislativa para la aprobación
de la Ley anterior aún persisten, y con el propósito de continuar protegiendo
la economía familiar de las personas que hacen uso del transporte público
de pasajeros, se hace necesario mantener inalterado en los niveles
actuales el costo del pasaje de autobús y microbús por medio de una
compensación al sector transporte.
III.- Que por las razones antes expuestas, se hace necesario prorrogar por un
año más los efectos establecidos en la Ley Transitoria para la Estabilización
de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Lorena
Guadalupe Peña Mendoza, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Gaspar Armando
Portillo Benítez, Guillermo Antonio Olivo Méndez, Rosa Alma Cruz de Henríquez,
Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza, Inmar Rolando Reyes, Orestes Fredesman Ortez
Andrade, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, José Nelson Guardado Menjívar, José
Francisco Merino López, Mario Antonio Ponce López, Francisco José Zablah Safie y
Douglas Leonardo Mejía Avilés.
DECRETA:
Art. 1.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre del año 2011, lo establecido en la
Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte
Colectivo de Pasajeros, emitida por Decreto Legislativo Nº 487, de fecha 23 de
noviembre del año 2007, publicado en el Diario Oficial Nº 222, Tomo Nº 377 de fecha
28 del mismo mes y año, y sus posteriores reformas.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los nueve
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 240, Tomo Nº 389, Fecha: 22 de diciembre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 549
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el artículo 6 inciso segundo insertó en el Título I del Libro Primero
del Código Procesal Penal vigente, que regula los plazos máximos de la
detención provisional, ha sido interpretado desde su vigencia por la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido que
dichos plazos hacen referencia al tiempo en que se tramita un proceso
penal, siempre y cuando no se haya proveído la sentencia condenatoria;
puesto que si ésta se ha pronunciado, tales plazos de acuerdo al artículo
297 del mismos cuerpo legal, parten de la pena previsible y de las reglas
relativas a la suspensión o remisión de la pena o de la libertad condicional,
con lo que se pretende asegurar la ejecución de la condena que en su día
se dictó.
II.- Que los límites máximos de los plazos del citado artículo, denominados
por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia “plazo
de caducidad”, han sido interpretados en la actualidad en forma distinta
por el referido tribunal, en el sentido que todos los jueces y magistrados
encargados de dirimir el proceso penal, estarán obligados a poner en
libertad a la persona procesada, una vez llegado a su término el aludido
“plazo de caducidad”, ya sea 12 ó 24 meses, según el caso, aún cuando se
trate de sentencias condenatorias cuyo recurso extraordinario de casación
se encuentre pendiente de resolución.
III.- Que para evitar que la redacción del referido artículo 6 en su segundo inciso
del Código Procesal Penal, siga generando diversidad de interpretaciones
que provoquen inseguridad jurídica, es necesario interpretar auténticamente
el expresado artículo 6 inciso segundo, en el sentido que dichos plazos
máximos se refieren al tiempo en que se tramita un proceso penal, en
tanto no se haya dictado la sentencia condenatoria, puesto que si ésta
se hubiere pronunciado, aún siendo recurrible o recurrida, cambiaría la
situación jurídica del sentenciado y por consiguiente la duración de la
privación de libertad se computaría en relación a la pena previsible y a
las reglas relativas a la suspensión o remisión de la pena o de la libertad
condicional, asegurándose de esa manera la eventual ejecución de la pena
impuesta.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa de los Diputados Roberto
José d’Aubuisson Munguía, Federico Guillermo Avila Qüehl, Norma Cristina Cornejo
Amaya, Jaime Gilberto Valdez Hernández, Mario Eduardo Valiente Ortiz, y María
Margarita Velado Puentes.
Indice Legislativo 475
Parte III

Parte III
476
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
DECRETA:
Art. 1.- Interprétase auténticamente el artículo 6 inciso segundo del Código Procesal
Penal vigente, en el sentido que los plazos máximos de la detención provisional, de
doce meses para los delitos menos graves o veinticuatro meses para los graves, se
refieren al tiempo en que se tramita un proceso penal, en tanto no se haya dictado
la sentencia condenatoria, puesto que si ésta se hubiere pronunciado, aún siendo
recurrible o recurrida, habría cambiado la situación jurídica del sentenciado y, por
consiguiente, la duración de la privación de libertad se computaría en relación a la
pena previsible y a las reglas relativas a la suspensión o remisión de la pena o de la
libertad condicional.
Art. 2.- La presente interpretación auténtica, se entenderá incorporada al texto del
artículo 6 inciso segundo del Código Procesal Penal vigente.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los nueve
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 241, Tomo Nº 389, Fecha: 23 de diciembre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 550
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el artículo 307 insertó en el capítulo IX, Título I del Libro Segundo
del Código Procesal Penal vigente, que regula el examen obligatorio de
la detención o internación provisional, ha sido interpretado por la Sala
de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido
de comprender dentro de la expresión “juez”, a toda aquélla autoridad
jurisdiccional, competente en materia penal para la tramitación del
proceso penal, incluyendo en la misma al tribunal que conoce del recurso
extraordinario de casación penal.
II.- Que tal interpretación contradice el contenido de otras disposiciones del
mismo Código y de la Ley Orgánica Judicial, tales como los Arts. 50
inciso primero Nº 3 e inciso segundo Nº 1, 413 inciso primero, 423 y 427
del Código Procesal Penal y Arts. 51 inciso primero Nº 15 y 55 inciso
primero Nº 1 de la Ley Orgánica Judicial, lo cual genera disfunciones en
la competencia de los tribunales que, conforme a la Constitución de la
República y demás leyes, conocen del recurso extraordinario de casación
penal.
III.- Que para evitar que se produzcan tales disfunciones, es necesario
interpretar auténticamente el artículo citado, en el sentido de que la
expresada disposición, se refiere únicamente a los jueces y tribunales que
conocen en primera instancia los procesos penales y no a aquéllos que
conforme al ordenamiento jurídico les corresponde conocer del recurso
extraordinario de casación penal.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa de los Diputados Roberto
José d’Aubuisson Munguía, Federico Guillermo Avila Qüehl, Norma Cristina Cornejo
Amaya, Jaime Gilberto Valdez Hernández, Mario Eduardo Valiente Ortiz, y María
Margarita Velado Puentes.
DECRETA:
Art.1.- Interprétase auténticamente el artículo 307 del Código Procesal Penal
vigente, en el sentido de que la expresión “juez” contenida en tal disposición, se refiere
únicamente a los jueces y tribunales que conocen en instancia los procesos penales, y
no a aquéllos que de conformidad a la Constitución de la República y demás leyes, les
corresponde conocer del recurso extraordinario de casación penal.
Indice Legislativo 477
Parte III

Parte III
478
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Art. 2.- La presente interpretación auténtica, se entenderá incorporada al texto del
artículo 307 del Código Procesal Penal vigente.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los nueve
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 241, Tomo Nº 389, Fecha: 23 de diciembre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 552
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 181, de fecha 12 de noviembre de
2009, publicado en el Diario Oficial Nº 241, Tomo Nº 385 del día 23 de
diciembre del mismo año, se emitió la Ley del Sistema de Tarjetas de
Crédito, que tiene por objeto establecer el marco jurídico del sistema de
tarjetas de crédito y la regulación de las relaciones que se originan entre
todos los participantes del sistema y de estos con el Estado.
II.- Que la raíz de muchas inconformidades de los tarjetahabientes es que han
sido víctimas de cobros indebidos u otras irregularidades que sanciona
la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito y no han tenido una pronta
respuesta a su demanda por que las entidades fiscalizadoras no cuentan
con suficiente capacidad para recibir y dar seguimiento a las denuncias
recibidas.
III.- Que la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito eliminó la facultad que tiene
la Defensoría del Consumidor de actuar directamente frente a los reclamos
por violaciones a los derechos de los tarjetahabientes en su calidad de
consumidores, trasladando esa responsabilidad a las Superintendencias
del Sistema Financiero y de Obligaciones Mercantiles, así como al Instituto
Salvadoreño de Fomento Cooperativo, cuya capacidad se vio superada
cuando se agregó a sus responsabilidades la defensa de los derechos
del consumidor y provocaron que dichos reclamos hayan terminado en
un plano secundario, negándole así a los tarjetahabientes una pronta y
cumplida respuesta.
IV.- Que la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito no reconoce a ninguna
institución facultades para ordenar la devolución en el caso de cobros
indebidos, convirtiéndose en un retroceso para la defensa de los intereses
económicos de los tarjetahabientes como consumidores de los servicios
financieros.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados y Diputadas:
Francisco José Zablah Safie, Douglas Leonardo Mejía Avilés, Rafael Eduardo Paz Veliz,
Othon Sigfrido Reyes Morales, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Lorena Guadalupe
Peña Mendoza, Antonio Echeverría Veliz, Hortensia Margarita Lopez Quintana, Misael
Mejia Mejia, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Darío Alejandro Chicas Argueta, José
Alvaro Cornejo Mena, Carlos Cortez Hernandez, Luis Alberto Corvera Rivas, Nery Arely
Díaz de Rivera, Emma Julia Fabián Hernández, Santiago Flores Alfaro, Ricardo Bladimir
González, Iris Marisol Guerra Henríquez, Jorge Schafik Handal Vega Silva, Gladis
Indice Legislativo 479
Parte III

Parte III
480
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Maria Landaverde Paredes, Benito Antonio Lara Fernández, Guillermo Francisco Mata
Bennett, Guillermo Antonio Olivo Méndez, María Irma Elizabeth Orellana Osorio, Orestes
Fredesman Ortez Andrade, Gaspar Armando Portillo Benítez, Zoila Beatriz Quijada Solís,
Gilberto Rivera Mejia, Jackeline Noemí Rivera Avalos, David Rodriguez Rivera, Sonia
Margarita Rodríguez Sigüenza, Luis Enrique Salamanca Martínez, Karina Ivette Sosa
de Lara, Jaime Gilberto Valdés Hernández, Ramón Arístides Valencia Arana, María
Margarita Velado Puentes, Ana Daysi Villalobos de Cruz.
DECRETA, la siguiente:
REFORMAS A LA LEY DEL SISTEMA DE TARJETAS DE CREDITO
Art. 1.- Refórmase un inciso segundo al artículo 36, de la siguiente manera:
“Autoridades de aplicación
Art. 36.- Para los fines de aplicación de la presente Ley actuarán como autoridad
la Superintendencia del Sistema Financiero, la Superintendencia de Obligaciones
Mercantiles y el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, según corresponda.
Corresponderá a la Defensoría del Consumidor, como institución llamada a proteger
efectivamente los derechos del consumidor, recibir las denuncias de los tarjetahabientes;
y a través de su Tribunal Sancionador, ordenar devoluciones en casos individuales y
colectivos de cobros indebidos, e imponer las sanciones que correspondan.”
Art. 2.- Refórmase el artículo 42, de la manera siguiente:
“Aplicación de Sanciones
Art. 42.- La Superintendencia del Sistema Financiero, la Superintendencia de
Obligaciones Mercantiles y el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, de
oficio o por denuncia la cual puede ser presentada directamente por el afectado, su
apoderado o representante legal, así como por la Defensoría del Consumidor, según
la gravedad de las violaciones a la presente Ley y a la reincidencia en las mismas,
deberán aplicar a los emisores, coemisores o comercios afiliados, una vez agotado el
proceso correspondiente en el que se establezca la violación, las siguientes sanciones:
a) Suspensión de la facultad para emitir o coemitir tarjetas de crédito.
b) Cancelación de la facultad para emitir o coemitir tarjetas de crédito.
Corresponderá a la Defensoría del Consumidor imponer a través de su Tribunal
Sancionador y de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Protección al
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Consumidor, las multas por las violaciones a la presente Ley y a la reincidencia en las
mismas.”
Art. 3.- Agrégase un segundo inciso al artículo 52, de la siguiente manera:
“Corresponderá a la Defensoría del Consumidor imponer, a través de su Tribunal
Sancionador, las sanciones que correspondan según lo establecido en la presente Ley
y de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Protección al Consumidor.”
Art. 4.- Agrégase un segundo inciso al artículo 57, de la siguiente manera:
“Los emisores o coemisores deberán informar a las autoridades de aplicación de
la presente Ley, las resoluciones de las denuncias registradas en el Sistema.”
Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los nueve
días del mes diciembre de dos mil diez.
D. O. Nº 10, Tomo Nº 390, Fecha: 14 de enero de 2011.
Indice Legislativo 481
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 554
482
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 263 de fecha 23 de marzo de 1998,
Publicado en el Diario Oficial Nº 64, Tomo Nº 339, del 02 de abril de ese
mismo año, se aprobó la Ley Especial para la Cancelación de las Deudas
Agraria y Agropecuaria;
II.- Que la referida ley tiene como propósito esencial contribuir a la reactivación
del sector agropecuario, mediante la readecuación de los créditos de sus
beneficiarios a su valor actual, a través de mecanismos financieros que les
permitan cancelar sus deudas contraídas como resultado de la ejecución
del proceso de la reforma agraria y de los diferentes programas surgidos
por la firma de los Acuerdos de Paz, permitiéndoles volverlos sujetos de
créditos con el Sistema Financiero;
III.- Que como consecuencia de la aplicación de la ley mencionada en el
considerando I, los resultados obtenidos han cumplido en parte con los
objetivos que se persiguieron a la fecha de su aprobación, situación que
ha llevado a ir prorrogando paulatinamente la misma; y dado que la fecha
de vigencia de este decreto finaliza el 31 de los corrientes, y todavía faltan
muchos beneficiarios, los cuales por diversas causas ajenas a su voluntad
no han podido acogerse a la misma, volviéndose urgente y necesario
prorrogar sus efectos hasta el 30 de junio del 2011, a fin de que durante
este plazo y mediante los mecanismos legales y financieros pertinentes
pueda resolverse en forma definitiva la temática de la deuda agraria y
agropecuaria en su totalidad.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de los Diputados y Diputadas
Irma Lourdes Palacios Vásquez, Mario Marroquín Mejía, Orestes Fredesman Ortez
Andrade, José Francisco Merino López, Blanca Noemí Coto Estrada, Francisco Roberto
Lorenzana Durán, Roberto José d’Aubuisson Munguía, Eduardo Enrique Barrientos
Zepeda, Francisco José Zablah Safie, Douglas Leonardo Mejía Avilés, Rodolfo Antonio
Parker Soto, César Humberto García Aguilera y José Orlando Arévalo Pineda.
DECRETA:
LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY ESPECIAL PARA FACILITAR LA
CANCELACION DE LAS DEUDAS AGRARIA Y AGROPECUARIA
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 1.- Refórmase el inciso primero del Art. 4 de la siguiente manera:
“Art. 4.- Las Instituciones del Sistema Financiero, podrán suscribir con las
Instituciones acreedoras citadas en esta ley, un convenio que permita conceder a los
beneficiarios que lo soliciten de los nominados en el Art. 2 de la misma, y que a la
fecha de vigencia no hayan cancelado lo adeudado, un préstamo al 6% de interés anual
a un plazo de hasta 12 años, dentro del cual estará comprendido un período de gracia
de 2 años, en el que no habrá pago de capital e intereses, estos préstamos deberán
tramitarse y formalizarse dentro del período que finaliza el 30 de junio de 2011.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: a los dieciséis días del mes
de diciembre de dos mil diez.
D. O. Nº 240, Tomo Nº 389, Fecha: 22 de diciembre de 2010.
Indice Legislativo 483
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 556
484
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 417 de fecha 14 de diciembre de 1992,
publicado en el Diario Oficial Nº 16, Tomo 318 del 25 de enero de 1993, se
emitió el Código Electoral, el cual establece regulaciones y prohibiciones
a los partidos políticos o coaliciones, personas naturales y jurídicas, en
relación a su derecho a realizar propaganda electoral.
II.- Que la pinta como medio de hacer propaganda durante los procesos
electorales, afecta el adecuado ornato, limpieza y embellecimiento de las
ciudades en todos los municipios del país, lo que también genera que las
municipalidades eroguen fuertes sumas de dinero en la limpieza necesaria,
una vez que ha finalizado el evento electoral.
III.- Que por lo antes expuesto, es necesario prohibir expresamente esa
práctica, en todos los lugares públicos del territorio nacional.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Alberto
Armando Romero Rodríguez, Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Federico Guillermo
Ávila Qüehl, Roberto José d’Aubuisson Munguía y de los Diputados del periodo 2006-
2009, Walter Eduardo Durán Martínez, Herberth Amaya y Jorge Jiménez.
DECRETA, la siguiente:
REFORMA AL CODIGO ELECTORAL
Art. 1.- Refórmase los incisos primero y último del artículo 230, de la siguiente
manera:
“Art. 230.- Se prohíbe a los partidos políticos o coaliciones y a todos los medios
de comunicación, personas naturales o jurídicas, hacer propaganda por medio de
la prensa, la radio, la televisión, mítines, manifestaciones, concentraciones, hojas
volantes, vallas, aparatos parlantes, en lugares públicos, antes de la iniciación del
período de propaganda que regula el artículo 81 de la Constitución de la República,
durante los tres días anteriores a la elección y en el propio día de la misma. Tampoco
se permitirá la propaganda partidista en los centros de votación. Queda prohibido
realizar pintas de cualquier tipo de propaganda electoral en todos los lugares públicos
del territorio nacional”.
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
“En las áreas urbanas de los municipios, la pega de afiches se cerrará a las doce
horas del último día hábil de propaganda.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 10, Tomo Nº 390, Fecha: 14 de enero de 2011.
Indice Legislativo 485
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 563
486
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 74, de fecha 8 de septiembre de 1988,
publicado en el Diario Oficial Nº 176, Tomo Nº 300 del 23 del mismo
mes y año, se emitió la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo
Económico y Social de los Municipios.
II.- Que el Art. 1 de la referida Ley, establece que el Fondo estará constituido,
entre otros, por un aporte anual del Estado igual al 7% de los ingresos
corrientes netos del Presupuesto del Estado, el que deberá consignarse en
el mismo en cada ejercicio fiscal.
III.- Que asimismo, el Art. 4 de dicha Ley, entre otros, establece que el monto
a distribuir anualmente a los municipios se asignará proporcionalmente
de conformidad a los criterios siguientes: población 50%, equidad 25%,
pobreza 20% y extensión territorial 5%.
IV.- Que en la actualidad los municipios del país no cuentan con los recursos
económicos necesarios, para hacerle frente a las necesidades que
demandan sus habitantes.
V.- Que en razón de lo antes expuestos, se hace necesario garantizar el
desarrollo económico y social de los municipios, a través de un incremento
del uno por ciento (1%) adicional de los ingresos corrientes netos del
Presupuesto del Estado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Norma
Fidelia Guevara de Ramirios, Nery Arely Díaz de Rivera, Jorge Schafik Handal Vega
Silva, Carlos Cortez Hernández, Ana Daysi Villalobos de Cruz, Lorena Guadalupe Peña
Mendoza, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, José Francisco Merino López, Inmar
Rolando Reyes, Orestes Fredesman Ortez Andrade, Mariela Peña Pinto, Donato Eugenio
Vaquerano Rivas, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, José Nelson Guardado Menjívar,
Mario Antonio Ponce López, Rodolfo Antonio Parker Soto y Douglas Leonardo Mejía
Avilés.
DECRETA, la siguiente:
REFORMA A LA LEY DE CREACION DEL FONDO PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS
Asamblea Legislativa

Art. 1.- Refórmase el Art. 1, así:
Anuario Legislativo 2010 - 2011
“Art. 1.- Créase el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios
de El Salvador, que podrá denominarse “FODES”, el cual estará constituido por:
Un aporte anual del Estado igual al ocho por ciento de los ingresos corrientes netos
del Presupuesto del Estado, que deberá consignarse en el mismo en cada ejercicio
fiscal, y entregado en forma mensual y de acuerdo a lo establecido en los Artículos 4
y 4-A de esta Ley, el cual podrá financiarse con:
a) Los subsidios y aportes que posteriormente le otorgue el Estado.
b) Aportes y donaciones.
c) Préstamos externos e internos.
d) Bonos u otros ingresos que por cualquier concepto reciba.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día primero de enero del año
dos mil doce, previa publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 10, Tomo Nº 390, Fecha: 14 de enero de 2011.
Indice Legislativo 487
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 565
488
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 460, de fecha 15 de marzo de 1990,
publicado en el Diario Oficial Nº 88, Tomo Nº 307 del 18 de abril del
mismo año, se emitió la Ley de Reactivación de las Exportaciones.
II.- Que con la finalidad de cumplir con los compromisos adquiridos por
El Salvador en el marco de la Organización Mundial del Comercio,
principalmente en lo que se refiere al Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias, se hace indispensable derogar la Ley mencionada en el
considerando anterior.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Economía.
DECRETA:
Art. 1.- Derógase el Decreto Legislativo Nº 460, de fecha 15 de marzo de 1990,
publicado en el Diario Oficial Nº 88, Tomo Nº 307 del 18 de abril del mismo año, el
cual contiene la Ley de Reactivación de las Exportaciones, así como sus reformas
posteriores.
Art. 2.- TRANSITORIO. Todas aquellas solicitudes de devolución del 6% que a la
entrada en vigencia del presente Decreto se encuentren en trámite ante el Ministerio de
Economía, previo cumplimiento de los requisitos y plazos establecidos en la normativa
aplicable, deberán ser autorizadas y hacerse efectiva la devolución correspondiente.
Art. 3.- TRANSITORIO. Las empresas beneficiarias de la Ley de Reactivación de
las Exportaciones que hubieren realizado exportaciones con anterioridad a la vigencia
del presente Decreto, tendrán un plazo de 90 días calendario a partir de la fecha de
haberse efectuado la exportación, para presentar la solicitud de devolución del 6%
ante el Ministerio de Economía, debiendo ser resuelta de conformidad a la normativa
aplicable; de no hacerlo en dicho plazo perderá el derecho a la devolución.
Art. 4.- TRANSITORIO. El Centro de Trámites de Exportación, CENTREX, seguirá
cumpliendo sus funciones, que son las de centralizar, agilizar y simplificar los trámites
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
administrativos relacionados con la actividad exportadora, mientras no sea creado otro
organismo que realice las mismas funciones.
Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del primero de febrero del
año dos mil once, previa publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 241, Tomo Nº 389, Fecha: 23 de diciembre de 2010.
Indice Legislativo 489
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 568
490
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 230, de fecha 14 de diciembre de
2000, publicado en el Diario Oficial Nº 241, Tomo Nº 349, del 22 de ese
mismo mes y año, se emitió el Código Tributario, con cuya aprobación
se ha venido dotando a la Administración Tributaria de herramientas de
control y de fiscalización que han significado un avance en la eficiencia
administrativa, incidiendo ello en el incremento de la recaudación tributaria,
facilitando a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.
II.- Que el Art. 158 de dicho Código regula todo lo relacionado con la retención
a los sujetos de impuesto no domiciliados, aplicando para el caso, la
retención como pago definitivo a las tasas reducidas sobre las sumas
pagadas o acreditadas por los servicios de financiamiento prestados por
instituciones financieras domiciliadas en el exterior, supervisadas por
un ente de regulación financiera en sus países de origen y previamente
calificadas por el Banco Central de Reserva de El Salvador, a sujetos
pasivos domiciliados en el país.
III.- Que es necesario regular el que las instituciones financieras domiciliadas en
el exterior a que se refiere el considerando anterior, deban estar autorizadas
o registradas por autoridad competente, como requisito adicional a la
supervisión por parte del ente de regulación financiera, exceptuándose
de dicho tratamiento a los servicios de financiamiento prestados entre
sujetos relacionados a los que se les aplicará el porcentaje del veinte
por ciento que regula el inciso primero del artículo a que se refiere el
anterior considerando; por lo que es menester introducir la pertinente
modificación a la citada disposición legal para posibilitar lo dicho en estos
considerandos y por ende, orientar a un mayor control del cumplimiento
tributario de los contribuyentes.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda,
DECRETA, la siguiente:
REFORMA AL CODIGO TRIBUTARIO
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 1.- Refórmese en el Art. 158, en el inciso tercero, la letra c), de la siguiente
manera:
“c) Retención a la tasa del diez por ciento (10%) sobre las sumas
pagadas o acreditadas por los servicios de financiamiento prestados
por instituciones financieras domiciliadas en el exterior, supervisadas
por un ente de regulación financiera o autorizadas o registradas
por autoridad competente en sus países de origen y previamente
calificadas por el Banco Central de Reserva de El Salvador, a sujetos
pasivos domiciliados en el país. Se exceptúan del presente tratamiento
a los servicios de financiamiento prestados entre sujetos relacionados,
a los que se les aplicará el porcentaje del veinte por ciento (20%)
regulado en el inciso primero de este artículo. En aquellos casos que
se necesite calificación del Banco Central de Reserva de El Salvador,
la Administración Tributaria y la citada entidad financiera, en conjunto
elaborarán el instrumento necesario que incluirá el procedimiento y los
requisitos que garanticen el cumplimiento del propósito de la reducción
del porcentaje de retención regulada en este literal.”
Art. 2.- Deróguese el artículo 14 Transitorio del Decreto Legislativo Nº 236, de
fecha 17 de diciembre de 2009, publicado en el Diario Oficial Nº 239, Tomo Nº 385,
del 21 de ese mismo mes y año.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 237, Tomo Nº 389, Fecha: 17 de diciembre de 2010.
Indice Legislativo 491
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 570
492
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 899, de fecha 10 de diciembre de
2005, publicado en el Diario Oficial Nº 237, Tomo Nº 369, del 20 de
ese mismo mes y año, se emitió la Ley de Turismo, con el objetivo de
fomentar, promover y regular los servicios turísticos en el país, prestados
por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras.
II.- Que en razón de la importancia estratégica del sector turismo en la
economía nacional y debido a que este año vence el plazo establecido en
el artículo 36 de la Ley a que se refiere el Considerando anterior, se vuelve
necesario prorrogar el plazo para solicitar que las inversiones en el área
turística sean calificadas como Proyectos de Interés Turístico Nacional.
III.- Que en razón de la importancia estratégica del sector turismo en la economía
nacional, es necesario continuar fomentando las actividades turísticas que
desarrollan las empresas, enfatizando la inclusión de todos los sectores,
expandiendo las posibilidades de apoyo para su viabilidad, productividad,
competitividad y sustentabilidad, incrementando su participación en los
mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que
generen mayor valor agregado nacional con la finalidad que tengan acceso
al otorgamiento de incentivos, fomentando empleo, bienestar social
y económico a todos los participantes en este importante sector de la
economía.
IV.- Que durante el tiempo de vigencia de la Ley antes referida, se ha observado
la necesidad de regular mecanismos que permitan la determinación
correcta de los beneficios establecidos en la misma, en aras de brindar
seguridad jurídica al inversionista y garantizar el interés fiscal, así como,
establecer una mejor coordinación entre las instituciones que intervienen
en el procedimiento para su otorgamiento.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio de los Ministros de Hacienda y de Turismo,
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DE TURISMO
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 1.- Adiciónase al Art. 2 las letras j), k), l) y m), de la siguiente manera:
“j) Construcción: Creación o edificación de obras nuevas.
k) Ampliaciones: Constituyen una inversión complementaria para
aumentar una obra ya existente.
l) Remodelación: Es el cambio en la estructura o la forma de una obra
arquitectónica que aumenta el valor de la misma.
m) Mejoras: Son aquéllas que se introducen en obras o estructuras ya
existentes sustituyendo ciertas partes, aumentando el valor de las
mismas.”
Art. 2.- Refórmase el Art. 22, de la siguiente manera:
“Art. 22.- La Secretaría de Estado, mediante el acuerdo respectivo, será la encargada
de otorgar la calificación o denegatoria de los Proyectos de Interés Turístico Nacional,
previa opinión favorable del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales y de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República,
para aquellas inversiones que superen los cincuenta mil dólares de los Estados Unidos
de América (US$50,000.00). Para las inversiones menores de cincuenta mil dólares
de los Estados Unidos de América (US$50,000.00), bastará la opinión favorable del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la República y Ministerio de Turismo.
El otorgamiento de los referidos incentivos fiscales en forma asociada sólo aplicará
cuando los proyectos de inversión se realicen dentro de una misma área geográfica.
Estas áreas podrán estar localizadas en cualquier parte del país con vocación turística.
La vigilancia y control de las inversiones realizadas con los beneficios establecidos
en el presente Capítulo, será responsabilidad de la Secretaría de Estado a través de
delegados debidamente identificados y autorizados por la misma.”
Art. 3.- Refórmase el Art. 36, de la siguiente manera:
“Art. 36.- Durante el plazo de cinco años contados a partir de la vigencia de
la presente Ley, toda nueva inversión que sea calificada como Proyecto de Interés
Turístico Nacional conforme a lo regulados en el Art. 22 de esta Ley, por un monto igual
o mayor a veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$25,000.00),
tendrá derecho a los siguientes incentivos:
a) Exención del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces que afecte la
adquisición del inmueble o inmuebles que serán destinados al proyecto.
b) Exención de los derechos arancelarios a la importación de sus bienes,
equipos y accesorios, maquinaria, vehículos, aeronaves o embarcaciones
para cabotaje y los materiales de construcción para las edificaciones hasta
Indice Legislativo 493
Parte III

Parte III
494
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
la finalización del proyecto. El monto exonerado no podrá ser mayor al 100%
del capital invertido del proyecto en cuestión.
c) Exención del pago del impuesto sobre la Renta por el período de diez años,
contados a partir del inicio de operaciones.
Para la aplicación de la presente exención se deberán observar las siguientes
reglas:
1. La exención a que hace referencia el presente literal, será aplicable a
las rentas que genere la nueva inversión, para lo cual el beneficiario
deberá llevar registros separados que le permitan identificar
plenamente dichas rentas, a efecto de no incorporarlas como rentas
gravadas y además, que permita comprobar el inicio y fin del goce de
los incentivos fiscales.
2. Cuando no sea posible identificar las rentas generadas por las nuevas
inversiones tales como mejoras o remodelaciones, el monto de las
rentas exentas se determinará por ejercicio o período impositivo,
aplicando un factor al total de las rentas de la actividad turística. Dicho
factor se calculará dividiendo el valor de las nuevas inversiones entre
el valor total de los bienes muebles e inmuebles relacionados con la
actividad turística, poseídos al cierre del ejercicio inmediato anterior al
de calificación del proyecto.
3. No gozarán de exención el mantenimiento o reparación parcial o total,
de bienes inmuebles, equipo, maquinaria y demás bienes muebles;
además, aquel mantenimiento que obligue a la sustitución de bienes
por el uso o utilización normal de éstos en la actividad desarrollada.
4. Las personas naturales o jurídicas que ya se encuentren establecidas
y que sean titulares de empresas turísticas y que cumplan con los
requisitos regulados en esta Ley, podrán gozar de los incentivos,
siempre y cuando el Proyecto de Interés Turístico Nacional de la
inversión consistente en ampliación, remodelación o mejora sea igual
o superior al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes muebles
e inmuebles relacionados con la actividad turística, poseídos al cierre
del ejercicio inmediato anterior al de la calificación del proyecto.
El veinte por ciento (20%) en todo caso, no podrá ser menor al monto
establecido en el inciso primero, parte primera de este artículo.
5. Dentro del plazo de exención del presente literal, si la persona titular
de un Proyecto de Interés Turístico Nacional decide realizar una
ampliación, mejora o remodelación del proyecto calificado, el plazo de
la exención se extenderá por otros diez años, que se contarán a partir
de la fecha en que el Ministerio de Turismo califique el nuevo proyecto.
En este caso, la inversión en el proyecto de ampliación, mejora o
remodelación, deberá ser igual o superior al veinte por ciento (20%)
de la inversión aprobada inicialmente.
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
La extensión del plazo para el goce de la exención podrá solicitarse
una sola vez durante el plazo establecido en el inciso primero de este
artículo.
6. En todo caso, los beneficios establecidos en este literal finalizarán
cuando termine el plazo de diez años o en su caso, cuando la exención
del impuesto sobre la renta alcance el monto del valor de o los
proyectos calificados.
Para los efectos del inciso anterior, las personas titulares de Proyectos
de Interés Turístico Nacional calificadas por el Ministerio de Turismo,
deberán calcular el incentivo fiscal por la exención del impuesto sobre
la Renta en cada ejercicio fiscal, para lo cual deberán realizar un cálculo
del impuesto no pagado con base a las rentas exentas determinadas
de acuerdo a los numerales 1 y 2 de este literal y a la proporción de
costos y gastos correspondientes según lo dispuesto en el Art. 28,
inciso segundo de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
d) Exención parcial de los impuestos municipales por el período de 5 años,
contados a partir del inicio de operaciones, relativas a las actividades
turísticas hasta por un 50% de su valor. Para ello, el interesado presentará
al municipio correspondiente su inscripción en el registro turístico, la
calificación de proyecto turístico otorgada por Acuerdo Ejecutivo en el
Ramo de Turismo y certificación de la declaración de renta presentada al
Ministerio de Hacienda. Estos incentivos podrán ser solicitados por una
sola vez durante el plazo establecido en el inciso primero, parte primera
del presente artículo; no obstante lo anterior, si realizan dentro de dicho
plazo, ampliaciones, remodelaciones o mejoras en la infraestructura de la
empresa turística solicitante, cada una de ellas por un monto equivalente
al establecido en el inciso primero, parte primera de este artículo, podrá
solicitar la concesión de incentivos por cada una de dichas ampliaciones,
remodelaciones o mejoras.”
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 4.- Las personas naturales o jurídicas con empresas turísticas que a la entrada
en vigencia del presente Decreto tengan en trámite procedimiento de calificación de
proyecto de interés turístico nacional, deberán culminarlo de acuerdo a lo establecido
a la normativa con la cual iniciaron dicho procedimiento.
Art. 5.- A partir de la vigencia del presente Decreto, se prorroga por un período de
cinco años el plazo para solicitar los incentivos fiscales a que se refiere el Art. 36 de
la Ley de Turismo.
Art. 6.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
Indice Legislativo 495
Parte III

Parte III
496
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 241, Tomo Nº 389, Fecha: 23 de diciembre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 571
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 477, de fecha 19 de octubre de 1995,
publicado en el Diario Oficial Nº 212, Tomo Nº 329, del 16 de noviembre del
mismo año, se emitió la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, en la que se incluyeron una serie de disposiciones relacionadas con
el seguro obligatorio para toda clase de vehículos automotores y la fianza
para los conductores del oficio;
II.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 283, de fecha 18 de febrero de 2010,
publicado en el Diario Oficial Nº 37, Tomo Nº 386, del 23 del mismo mes
y año, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2010, la exigencia del
seguro obligatorio y la fianza para responder por los daños a terceros y se
mandató al Viceministerio de Transporte para que elaborase la normativa
correspondiente con la finalidad de ejecutar lo dispuesto en tal Decreto,
así como en los artículos 110 a 115 de la Ley de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial;
III.- Que en virtud de informe rendido por el Viceministerio de Transporte a
la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de esta Asamblea
Legislativa, aún están pendientes de concluirse diversos análisis que
permitan garantizar el éxito y permanencia del seguro obligatorio en el
tiempo, en condiciones que promuevan la participación del sector público
y privado en la prestación de este tipo de seguro; circunstancia por la cual
se hace necesario emitir la correspondiente prórroga a la exigencia del
seguro obligatorio regulado en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y
Desarrollo Urbano,
DECRETA:
Art. 1.- Prorrógase hasta el treinta de junio del año dos mil once, la exigibilidad del
seguro obligatorio para responder por los daños a terceros, ocasionados en accidentes
de tránsito, a que se refieren los artículos del 110 al 115 de la Ley de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Indice Legislativo 497
Parte III

Parte III
498
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Art. 2.- Dentro del plazo señalado en el inciso anterior, el Ministerio de Obras
Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, a través del Viceministerio de
Transporte, deberá conformar y presidir una Comisión integrada por representantes
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Superintendencia del Sistema
Financiero y Defensoría del Consumidor, con el fin de elaborar y presentar la normativa
pertinente relacionada con el seguro obligatorio para vehículos automotores y el cual
deberá garantizar su efectiva aplicación, así como la participación del Estado y los
particulares, en la ejecución del referido seguro.
Para efecto de lo señalado en el inciso anterior, el Viceministerio de Transporte
deberá informar en forma bimensual a la Asamblea Legislativa sobre los avances
del proyecto encomendado, debiendo los organismos antes mencionados prestar la
colaboración necesaria para la ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de diciembre de dos mil diez.
D. O. Nº 241, Tomo Nº 389, Fecha: 23 de diciembre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 575
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Constitución reconoce a la persona humana como el origen y el
fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de
la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común; asimismo también,
prohíbe toda especie de tormento.
II.- Que el Estado salvadoreño, mediante el Decreto Legislativo Nº 833, de
fecha 23 de marzo de 1994, publicado en el Diario Oficial Nº 92, Tomo Nº
323, de fecha 19 de mayo del mismo año; ratificó en todas sus partes la
“Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes”, la cual debe cumplir de buena fe lo pactado, que implica
entre otras, homologar la legislación nacional con la Convención e
incorporar el tipo penal, acciones graves como el ordenar, instigar, inducir
a la comisión y la incorporación de la utilización de métodos para disminuir
la capacidad física o mental de las víctimas.
III.- Que de conformidad a los Considerandos que anteceden se hace necesario
y procedente en reformar el Código Penal, en el sentido de derogar el delito
de tortura del Art. 297 e incorporarlo como Art. 366-A al Capítulo que
tipifica los delitos contra la humanidad.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Zoila
Beatriz Quijada Solís y Darío Alejandro Chicas Argueta, del actual período e Irma
Segunda Amaya Echeverría y Rubidia Cortez Solórzano, del período 2006-2009 y con
el apoyo de los Diputados: Othon Sigfrido Reyes Morales, Francisco Roberto Lorenzana
Durán, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Karla Gisela Abrego Cáceres, Yohalmo Edmundo
Cabrera Chacón, Carlos Cortez Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí
Coto Estrada, Nery Arely Díaz de Rivera, Antonio Echeverría Veliz, Emma Julia Fabián
Hernández, Santiago Flores Alfaro, Ricardo Bladimir González, Iris Marisol Guerra
Henríquez, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Jorge Schafik Handal Vega Silva,
Guillermo Francisco Mata Bennett, Misael Mejía Mejía, Saúl Anselmo Méndez, Guillermo
Antonio Olivo Méndez, Orestes Fredesman Ortez Andrade, Gaspar Armando Portillo
Benítez, Inmar Rolando Reyes, Gilberto Rivera Mejía, David Rodríguez Rivera, Sonia
Margarita Rodríguez Sigüenza, Ana Silvia Romero Vargas, Karina Ivette Sosa de Lara,
Jaime Gilberto Valdez Hernández, Ramón Arístides Valencia Arana, María Margarita
Velado Puentes y Ana Daysi Villalobos de Cruz.
Indice Legislativo 499
Parte III

Parte III
DECRETA, las siguientes:
500
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Art. 1.- Derógase el Art. 297.
REFORMAS AL CODIGO PENAL
Art. 2.- Adiciónase el Art. 366-A de la siguiente manera:
“Tortura
Art. 366-A.-El funcionario, empleado público, autoridad pública o agente de autoridad
pública que, con ocasión de las funciones de su cargo, inflija intencionadamente a
una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de
obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto
que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a
esa persona o a otra, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación,
instigue, induzca o consienta tales actos o no impida su ejecución, será sancionado
con prisión de seis a doce años e inhabilitación para el ejercicio del cargo o empleo
respectivo por el mismo tiempo.
Al particular que actúe instigado, inducido o en nombre de los sujetos a que se
refiere el inciso anterior o en calidad de partícipe le será aplicable el régimen general de
autoría y participación prescrito en el Capítulo IV, del título II, del libro I, de éste Código.
No se consideran tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean
consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas”.
Art. 3.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los seis
días del mes de enero del año dos mil once.
Nota:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 97, inciso 3º del Reglamento Interior de
éste Órgano del Estado, se hace constar que el presente Decreto Nº 575, de fecha 6
de enero del presente año, que contiene reformas al Código Penal, en relación al delito
de Tortura, fue devuelto con observaciones por el Presidente de la República, el día 26
de enero del presente año, resolviendo esta Asamblea Legislativa aceptar parcialmente
dichas observaciones, en Sesión Plenaria celebrada el día 10 de marzo de 2011.
D. O. Nº 70, Tomo Nº 391, Fecha: 8 de abril de 2011.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 595
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 746, de fecha 22 de marzo de 1991,
publicado en el Diario Oficial Nº 80, Tomo 311, del 3 de mayo de ese
mismo año, se emitió la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El
Salvador.
II.- Que es necesario reformar la Ley descrita en el Considerando anterior, a
fin que guarde armonía con la nueva normativa relativa a la Supervisión
y Regulación del Sistema Financiero que concede nuevas facultades al
Banco Central de Reserva, respecto a la creación de la regulación técnica.
III.- Que para los efectos anteriores, se hace necesario efectuar reformas a la
Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Economía.
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LA LEY ORGANICA DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA
DE EL SALVADOR
Art. 1.- Sustitúyase el artículo 5 de la manera siguiente:
“Art. 5.- El ejercicio financiero del Banco corresponderá al año calendario y al
término de cada ejercicio se elaborarán los estados financieros básicos, teniendo
en consideración, los estándares internacionales que sean aplicables y las prácticas
adoptadas por otros bancos centrales. La Superintendencia del Sistema Financiero
certificará los estados financieros del Banco.
El balance general y el estado de resultados correspondientes a cada ejercicio
financiero deberán publicarse en el Diario Oficial y en un periódico de circulación
nacional, dentro de los primeros tres meses siguientes a la finalización del ejercicio
correspondiente, incluyendo las notas relevantes, la certificación de la Superintendencia
del Sistema Financiero y el dictamen del auditor externo. También deberán publicarse
el balance general y el estado de resultados, por lo menos tres veces al año, en un
periódico de circulación nacional, uno de los cuales estará referido al treinta de junio
de cada año. Adicionalmente podrán publicarse a través de los medios electrónicos
que determine su Consejo.
Indice Legislativo 501
Parte III

Parte III
502
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
El Banco conformará un Comité de Auditoría, en el cual deberán figurar al menos
tres miembros del Consejo, de los cuales dos no deberán ser ejecutivos de tiempo
completo.”
Art. 2.- Agrégase un inciso final al artículo 6 de la manera siguiente:
“No podrán distribuirse los productos que no hayan sido realmente percibidos.”
Art. 3.- Modifícase el artículo 10 de la manera siguiente:
I. Sustitúyanse los literales b), c), d) y e), así:
“b) Un Vicepresidente nombrado por el Presidente de la República;
c) Dos directores nombrados por el Presidente de la República de ternas
propuestas por los Ministros de Hacienda y de Economía;
d) Dos directores nombrados por el Presidente de la República de ternas
propuestas por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y
por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y
Auditoría; y
e) Un director nombrado por el Presidente de la República de una terna
propuesta por las Universidades Privadas, que tenga conocimiento en
materia Económica o Financiera.”
II. Deróguese los literales f) y g).
III. Sustitúyense los incisos tercero y cuarto por los siguientes:
“Por cada uno de los directores a que se refieren los literales c), d) y e) de
este artículo, habrá un director suplente, quienes asistirán a las sesiones con
voz pero sin voto. Serán nombrados de la misma manera que los propietarios
a quienes reemplazarán como miembros del Consejo en caso de ausencia.
Las ternas a que se refieren los literales c), d) y e) deberán ser propuestas
con treinta días de anticipación a la finalización del período del Director a
sustituirse. Si no se hubieren propuesto las ternas en el período mencionado,
el Presidente del Banco deberá proceder a designarlas.”;
IV. Sustitúyase el inciso sexto por el siguiente:
“Los miembros del Consejo, previo a asumir su cargo, deberán rendir una
declaración jurada respecto de la no existencia de conflicto de interés para el
ejercicio del cargo, obligándose a ejercerlo con independencia respecto a la
persona o entidad que lo propuso, de igual manera respecto al cumplimiento
de los requisitos que la ley establece para el cumplimento del cargo y de no
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
concurrir en su persona causal alguna de inhabilidad para el nombramiento y
ejercicio del mismo.”;
V. Adiciónase un inciso séptimo, como sigue:
“Los miembros del Consejo Directivo deberán guardar estricta
confidencialidad sobre los asuntos tratados y los documentos que en razón
de su calidad de miembro del Consejo les sean entregados; tampoco deberán
utilizar ni aprovechar tal información para fines personales, a favor de terceros
o en detrimento de las funciones y decisiones del Banco Central o del Estado,
en cuyo caso incurrirán en responsabilidad por los daños y perjuicios causados
sin menoscabo de las acciones legales o administrativas de cualquier naturaleza
que correspondan.”
Art. 4.- Modifícase el inciso primero del artículo 16 de la manera siguiente:
“Art. 16.- Cualquier resolución, acción u omisión del Consejo que contravenga
las disposiciones constitucionales, hará incurrir a todos los miembros que hubieren
concurrido con su voto a formar resolución, en responsabilidad personal por los daños
y perjuicios que hubiere causado de conformidad al artículo 245 de la Constitución.”
Art. 5.- Sustitúyase el inciso primero del artículo 18 de la manera siguiente:
“Art. 18.- Para los miembros del Consejo será incompatible la participación en
la administración o en la propiedad, directa o indirecta, del capital de cualquiera de
las instituciones integrantes del sistema financiero así como el mantenimiento de
relaciones profesionales, comerciales o financieras, excepto aquellas que se deriven
de su situación de usuario de los servicios habitualmente proporcionados por las
instituciones integrantes del sistema financiero.”
Art. 6.- Modifícase el artículo 22 de la manera siguiente:
“Art. 22.- Los miembros del Consejo no podrán ser separados de sus cargos sino
por decisión adoptada por la autoridad que los nombró y con expresión de causa. La
remoción deberá fundarse en alguna de las causales siguientes:
a) Dejar de cumplir los requisitos de su nombramiento;
b) Incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas en esta Ley;
c) Haber sido condenado por delito doloso; o
d) Haber perdido o haber sido suspendido en sus derechos de ciudadano.”
Indice Legislativo 503
Parte III

Parte III
504
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Art. 7.- Sustitúyense los literales i) y l) del artículo 23 de la manera siguiente:
“i) Aprobar, el presupuesto anual del banco, así como el régimen de
salarios y otras remuneraciones de sus directivos, funcionarios y
empleados, en concordancia con el régimen de salarios del sector
financiero del país. Dicho presupuesto deberá ser aprobado a más
tardar el 31 de diciembre del año anterior;”
“l) Dictar, previo informe de la Superintendencia, las normas relativas
a los requisitos y condiciones generales de los estados financieros
del Banco. Dichos estados financieros deberán ser auditados y
dictaminados por un auditor externo nombrado para tal efecto, el cual
podrá ser nombrado para períodos sucesivos de conformidad a las
leyes respectivas siempre y cuando no exceda cinco años sucesivos;”
Art. 8.- Sustitúyese el literal b) del artículo 49 de la manera siguiente:
“b) Ceder documentos de su cartera de créditos e inversiones a los bancos
y demás instituciones del sistema financiero, estas últimas en forma
temporal o definitiva, y adquirir de estas entidades documentos de su
cartera de préstamos e inversiones, estas últimas en forma temporal
o definitiva. Tendrá esta misma facultad con los bancos cooperativos,
las sociedades de ahorro y crédito, las sociedades de seguros, las
administradoras de fondos de pensiones y las casas de corredores de
bolsa. Todo en las condiciones que determine el Consejo.”
Art. 9.- Intercálese entre los artículos 49 y 50 un artículo 49-A, de la manera
siguiente:
“Art. 49-A.- No obstante lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Banco
Central de Reserva de El Salvador, facúltase al Banco Central para que con recursos de
organismos financieros internacionales o regionales, bancos centrales u otros estados,
conceda créditos o cualquier otra forma de financiamiento de liquidez a los bancos,
según lo determine su Consejo, para atender retiros de depósitos, únicamente en los
casos siguientes:
a) En caso de deterioro estructural de la liquidez de una o más instituciones;
b) Para prevenir situaciones de iliquidez general del sistema financiero;
c) Para restablecer la liquidez en caso de una crisis causada por una fuerte
contracción del mercado; y,
d) Calamidad Pública.
Para el ejercicio de esta facultad, el Banco Central deberá contar oportunamente
con toda la información pertinente, la cual requerirá a los bancos y a la Superintendencia
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
en la forma y medios que determine su Consejo. Los bancos estarán obligados a
proporcionar al Banco Central toda la información que les sea requerida para estos
efectos.
Los términos de otorgamiento de estos créditos, deberán guardar armonía con la
fuente de recursos.
Estas operaciones tendrán la misma prelación de pagos que los créditos a que se
refiere el literal c) del artículo 112-A de la Ley de Bancos.
El Banco Central emitirá las normas técnicas respectivas para la aplicación de este
Artículo.”
Art. 10.- Intercálase entre los artículos 50 y 51 un artículo 50-A, de la manera
siguiente:
“Art. 50-A.- En el Banco Central deberá constituirse un Comité de Vigilancia de la
Reserva de Liquidez, el cual estará conformado por dos representantes propietarios con
sus suplentes, propuestos por las instituciones que constituyan Reserva de Liquidez
en el referido banco, quienes deberán cumplir y comprobar los requisitos siguientes:
a) Cinco años de experiencia en cargos de dirección o de administración
superior en instituciones bancarias o financieras, como mínimo;
b) Ser de reconocida honorabilidad y solvencia económica; y
c) Contar con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera así
como en mercados financieros internacionales.
El Consejo Directivo emitirá la normativa para el funcionamiento del Comité de
Vigilancia de la Reserva de Liquidez.
El Comité de Vigilancia de la Reserva de Liquidez deberá darle seguimiento trimestral
a lo siguiente:
a) Cumplimiento de la política de inversión de la reserva de liquidez que haya
sido constituida en el Banco Central en depósitos o títulos del Banco Central,
así como las modificaciones a la misma;
b) Detalle de los activos que respaldan la reserva de liquidez que haya sido
constituida en el Banco Central en depósitos o títulos del Banco Central, de
conformidad a la Ley de Bancos; y
c) Principales evaluaciones de riesgo de las inversiones.
El Comité de Vigilancia podrá presentar recomendaciones en materia de gestión de
la Reserva de Liquidez para consideración del Consejo.
Indice Legislativo 505
Parte III

Parte III
506
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
El auditor externo del Banco Central deberá hacer un examen especial de los
activos que conforman la reserva de liquidez, emitiendo un dictamen cada tres meses
y un dictamen anual. Este dictamen se hará del conocimiento del Comité de Vigilancia
y se divulgará al público por medios escritos o electrónicos, según lo determine el
Consejo.”
Art. 11.- Se adiciona un tercero y cuarto inciso al Art. 54 de la manera siguiente:
“En caso que un banco transfiera créditos de su cartera de préstamos al Banco
Central de Reserva de El Salvador, no será necesaria la entrega material de los títulos
ni la notificación al deudor para la perfección del acto. No obstante el Banco Central
de Reserva de El Salvador, tendrá en todo tiempo el derecho de exigir la entrega de los
referidos títulos y de notificar en la forma establecida en este artículo la transferencia.
Igual procedimiento se observará cuando sea el Banco Central el que efectúe la cesión
de créditos.
Los contratos celebrados por el Banco Central, en el ejercicio de sus facultades
legales, no causarán derechos de registro en el Centro Nacional de Registros.”
Art. 12.- Sustitúyese el literal e) del artículo 55 de la manera siguiente:
“e) Vender y comprar billetes, monedas extranjeras y efectos de comercio.
Asimismo podrá realizar operaciones en el exterior con productos
derivados con el objeto de administrar sus riesgos financieros;”
Art. 13.- Sustitúyase el artículo 64 de la manera siguiente:
“Art. 64.- El Banco deberá elaborar y publicar, oportunamente, las principales
estadísticas macroeconómicas de carácter monetario, de balanza de pagos, de cuentas
nacionales e indicadores de corto plazo, de comercio exterior; y otras que estime
necesario el Consejo, definiendo éste los medios en los que se divulgarán.
Para los efectos previstos en el inciso anterior, el Consejo Directivo del Banco
Central deberá establecer la naturaleza, contenido y periodicidad de la información que
dará a conocer.
El Gobierno Central, las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo, las
instituciones oficiales de crédito, las municipalidades, las diferentes Superintendencias,
los bancos, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y demás instituciones encargadas
de la previsión social, las sociedades de seguros, las bolsas de valores y mercancías,
las casas de cambio, los administradores u operadores de sistemas de pagos y de
liquidación de valores, las casas de corredores de bolsa, y las demás instituciones
integrantes del sistema financiero, así como las entidades privadas no financieras,
tendrán la obligación de proporcionar oportunamente al Banco toda la información
pertinente que éste requiera, para el cumplimiento de sus funciones, en los medios,
plazo, forma y detalle que el Banco establezca.
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
El Banco y su personal deberán guardar confidencialidad sobre los datos
individuales proporcionados por las instituciones, entidades y personas antes
mencionadas, y divulgará información a nivel agregado para facilitar el análisis de
la situación económica del país así como para promover la cultura financiera. Queda
prohibido a todo funcionario, empleado, asesor, auditor o persona que a cualquier
título preste servicio al Banco, revelar cualquier detalle de la información obtenida
de conformidad a este artículo. Los que infrinjan esta disposición serán sancionados
de conformidad a esta Ley, sin responsabilidad para el Banco, sin perjuicio de la
responsabilidad penal a que hubiere lugar.
En caso de incumplimiento a la obligación de proporcionar oportunamente al
Banco toda la información pertinente que éste requiera, el Banco Central sancionará
de conformidad a la presente Ley cuando el incumplimiento provenga de sujetos no
supervisados por la Superintendencia del Sistema Financiero; el incumplimiento de
los sujetos supervisados por la referida Superintendencia, será sancionado por ésta
de conformidad al procedimiento establecido en su Ley. En todo caso deberá fijarse
un plazo prudencial en el que deberá proporcionarse la información requerida por el
Banco Central.
El Banco podrá cobrar por el suministro de la información económica que elabora,
cuando ésta le sea solicitada para propósitos específicos que requieran series más
amplias que las publicadas, o en formatos diferentes a los publicados, según lo que
determine su Consejo. En todo caso, los montos a cobrar no deberán superar el costo
que implique para el Banco, el suministro de la información.”
Art. 14.- Sustitúyase el artículo 67 de la manera siguiente:
“Art. 67.- El Banco velará por el normal funcionamiento de los sistemas de
pagos y de liquidación de valores, especialmente por aquellos que son fundamentales
para la eficiencia y estabilidad del sistema financiero. Asimismo, dictará las normas
técnicas que definirán el ingreso, la participación, la suspensión y la exclusión de los
participantes y administradores de los sistemas de pago y de liquidación de valores.
La operación de los sistemas de pago podrá ser efectuada por el Banco Central o
por otras entidades.
Las operaciones que se efectúen en los sistemas de pago podrán realizarse
mediante intercambio electrónico de datos. Para tal efecto, tendrán validez probatoria
para cualesquiera de los participantes, incluyendo al Banco, los registros o bitácoras
contenidas en los sistemas informáticos, las impresiones que reflejen las transacciones
efectuadas por los mismos registros de firmas digitales o de números de identificación
personal de los participantes autorizados en dichos sistemas. Las certificaciones
extendidas por el funcionario autorizado por el Banco para llevar registros y controles
de lo anteriormente referido tendrán fuerza ejecutiva contra la parte que incumplió.
El Banco cobrará por los servicios de los sistemas de pagos, según lo establezca
su consejo, considerando los costos que implica la prestación del servicio. También
cobrará los costos que impliquen la prestación de un servicio o cualquier participación
Indice Legislativo 507
Parte III

Parte III
508
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
en otra actividad que, independientemente de sus funciones, la Ley le encomiende,
según lo determine su Consejo.
El incumplimiento a las normas técnicas a las que se refiere este artículo, será
sancionado por el Banco Central.”
Art. 15.- Adiciónase como inciso segundo del artículo 71 de la manera siguiente:
“El Banco podrá hacer uso de microfilm, de discos ópticos, medios magnéticos,
medios electrónicos o de cualquier otro medio que permita archivar documentos e
información, con el objeto de guardar de una manera eficiente los registros, documentos
e informes que correspondan, inclusive títulosvalores, de conformidad a lo que
establezca el Consejo. Las copias o reproducciones que deriven de microfilm, disco
óptico, medios magnéticos, medios electrónicos o de cualquier otro medio, tendrán el
mismo valor probatorio que los originales siempre que tales copias o reproducciones
sean certificadas por el Banco.”
Art. 16.- Intercálase entre el artículo 75 y 77 de la manera siguiente:
“Art. 76.- El Banco Central formulará, analizará, evaluará y velará por la ejecución
de políticas públicas del sector financiero.”
Art. 17.- Sustitúyase el artículo 94 de la manera siguiente:
“Art. 94.- Toda persona que, por acción u omisión infrinja la presente Ley o no
cumpla las resoluciones u órdenes que se dicten en su aplicación, será sancionada
con multa de hasta trescientos salarios mínimos urbanos del sector comercio,
tomando en consideración los aspectos que para la imposición de sanciones aplica la
Superintendencia del Sistema Financiero, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
penales que le pudiera afectar.
En caso de infracciones a la regulación relativa a sistemas de pago, el Banco
podrá imponer las siguientes sanciones: multa, suspensión y exclusión, dependiendo
del impacto que la conducta infractora tenga en el normal funcionamiento del sistema
de pagos del país.”
Art. 18.- Sustitúyase el artículo 95 de la manera siguiente:
“Art. 95.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior serán impuestas por
el Banco, aplicando en lo pertinente el procedimiento que observa la Superintendencia
del Sistema Financiero en la imposición de sanciones.”
Art. 19.- En un plazo máximo de sesenta días a partir de la vigencia de este
Decreto, el Banco Central deberá modificar su manual contable para identificar los
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
activos que respaldan la reserva de liquidez que haya sido constituida en el Banco
Central en depósitos o títulos del Banco Central.
Continuidad de Funciones y Nombramiento
Art. 20.- Los miembros del Consejo Directivo del Banco Central de Reserva de
El Salvador que se encuentren en el ejercicio de su cargo al momento de entrar en
vigencia la reforma a la referida Ley, continuarán en sus funciones hasta concluir su
período de nombramiento.
En un plazo que no deberá exceder a 30 días, a partir de la vigencia de esta Ley,
deberá nombrarse el segundo director correspondiente al literal c) del artículo 10 de
la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador que por este Decreto se
modifica.
Art. 21.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte
días del mes de enero del año dos mil once.
D. O. Nº 28, Tomo Nº 390, Fecha: 9 de febrero de 2011.
Indice Legislativo 509
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 596
510
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad a la Constitución, el Estado debe ser el promotor
del desarrollo económico y social del país mediante el incremento de la
producción, la productividad y la racional utilización de los recursos.
II.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 697, de fecha 2 de septiembre de
1999, publicado en el Diario Oficial Nº 181, Tomo Nº 344, del 30 de ese
mismo mes y año, se emitió la Ley de Bancos.
III.- Que Las reservas de liquidez que hayan sido constituidas en forma de
depósitos de dinero en dólares de los Estados Unidos de América, a la
vista en el Banco Central o en títulos valores emitidos por éste en la misma
moneda, deberán mantenerse en efectivo o ser invertidas en el mercado
internacional con un perfil de riesgo altamente conservador.
IV.- Que para los efectos anteriores, se hace necesario efectuar reformas a la
Ley de Bancos.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Economía.
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DE BANCOS
Art. 1.- Sustitúyase el inciso cuarto del artículo 47 de la Ley de Bancos y agrégase
un último inciso, de la manera siguiente:
“Las reservas de liquidez que hayan sido constituidas en forma de depósitos de
dinero en dólares de los Estados Unidos de América, a la vista en el Banco Central o en
títulos valores emitidos por éste en la misma moneda, deberán mantenerse en efectivo o
ser invertidas en el mercado internacional con un perfil de riesgo altamente conservador,
conforme a las políticas de inversión que el Consejo Directivo determine. En el caso
de las inversiones, éstas deben ser realizadas en oro monetario, tenencias de activos
internacionales de reservas con el Fondo Monetario Internacional y con organismos
financieros multilaterales o activos financieros líquidos emitidos por emisores no
residentes y estar denominados en monedas libremente convertibles según sea el
caso. La gestión de las reservas también puede incluir operaciones de reportes en
títulos de la reserva federal de los Estados Unidos de América, tipo de cambio, swaps
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
o permutas financieras, futuros y opciones con el propósito de cobertura de riesgos
financieros, de acuerdo con las mejores prácticas del mercado y gestión de reservas
realizadas por los bancos centrales. En ningún caso la reserva de liquidez podrá estar
invertida en documentos o valores emitidos por el Estado, instituciones y empresas
estatales de carácter autónomo, semi autónomo, de economía mixta, bancos estatales
o Fideicomisos que sirvan como vehículo de financiamiento para estas instituciones o
el Estado.”
“Cuando el uso de la reserva de liquidez así lo requiera, el Banco Central podrá
realizar operaciones de reporte en un plazo hasta de treinta días directamente en su
ventanilla con los títulos valores que constituyen la reserva de liquidez.”
Art. 2.- Adiciónase como inciso final al artículo 49-B de la Ley de Bancos, el
siguiente:
“El Banco Central podrá realizar directamente en ventanilla las operaciones de
reporte a las que se refiere este artículo, ya sean valores físicos o desmaterializados.
En estos casos, la transferencia se realizará conforme al derecho común. El adquirente
acreditará su calidad de propietario ante quien corresponda con el instrumento público
pertinente a fin de que se proceda a efectuar la transferencia entre cuentas. El Consejo
Directivo del Banco Central dictará las normas técnicas que faciliten la aplicación de
este inciso. Por su carácter especial, esta disposición prevalecerá sobre cualquier otra
que la contraríe.”
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte
días del mes de enero del año dos mil once.
D. O. Nº 28, Tomo Nº 390, Fecha: 9 de febrero de 2011.
Indice Legislativo 511
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 597
512
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 809 de fecha 16 de febrero de 1994,
publicado en el Diario Oficial Nº 73, Tomo 323 del 21 de abril de ese
mismo año se promulgó la Ley del Mercado de Valores.
II.- Que los agentes corredores de bolsa son los profesionales contratados
por las Casas de Corredores de Bolsa para la intermediación de valores
en el mercado bursátil, por lo que deben de ser incluidos en el Registro
Público Bursátil y cumplir con los requisitos de información establecidos
por la Ley.
III.- Que para los efectos anteriores, se hace necesario efectuar reformas a
la Ley del Mercado de Valores a fin de que los agentes corredores de
bolsa sean asentados dentro del Registro Público Bursátil que lleva la
Superintendencia del Sistema Financiero.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Economía.
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DEL MERCADO DE VALORES
Art. 1.- Modifícanse los literales i) y j) del artículo 6 y adiciónase el literal k) de la
Ley del Mercado de Valores, de la manera siguiente:
i) De Titularizadoras;
j) De Agentes Especializados en Valuación de Valores; y
k) De Agentes Corredores de Bolsa.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte
días del mes de enero del año dos mil once.
D. O. Nº 28, Tomo Nº 390, Fecha: 9 de febrero de 2011.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 604
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que en los artículos 133 numeral 4, 203 inciso 1º y 204 numeral 6 de
la Constitución de la República y artículo 2 de la Ley General Tributaria
Municipal, se establecen los principios generales para que los municipios
ejerciten su iniciativa de Ley, elaborando así su tarifa de impuestos y
proponiéndola a consideración de este Organo de Estado.
II.- Que de conformidad a la Ley General Tributaria Municipal, los impuestos
municipales deberán fundamentarse en la capacidad económica de los
contribuyentes y en los principios de generalidad, igualdad, equitativa
distribución de la carga tributaria y de no confiscación.
III.- Que por medio de Decreto Legislativo Nº 265, de fecha 4 de febrero del
año 2010, publicado en el Diario Oficial Nº 45, Tomo 386, del 5 marzo
del mismo año, se aprobó la Ley de Impuestos a la Actividad Económica
del Municipio de Ayutuxtepeque del Departamento de San Salvador, Ley
que actualmente establece algunas clasificaciones en la base imponible
que no responden a las condiciones actuales del municipio, volviéndose
en algunos casos regresivas, lesionando los ingresos municipales y
comprometiendo la ejecución de obras de beneficio social de la localidad,
por lo que es conveniente modificar dicha tarifa.
IV.- Que es conveniente a los intereses del Municipio reformar la Ley de
Impuestos a la Actividad Económica mencionada en el Considerando que
antecede.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Concejo Municipal de
Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador.
DECRETA, la presente:
REFORMA A LA LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA
DEL MUNICIPIO DE AYUTUXTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR
Art. 1.- Refórmase el literal d) del art. 12, de la siguiente manera:
d) Los activos desde cien mil punto cero uno dólares $100,000.01, se
calcularán de acuerdo con la siguiente tabla:
Indice Legislativo 513
Parte III

Parte III
514
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
ACTIVO IMPONIBLE TARIFA
De $100,000.01 a $200,000.00
De $200,000.01 a $300,000.00
De $300,000.01 a $400,000.00
De $400,000.01 a $500,000.00
De $500,000.01 a $1,000,000.00
De $1,000,000.01 en adelante
Asamblea Legislativa
$281.00 más $1.05 por millar o fracción de millar
que exceda de $ 100,000.00
$285.00 más $1.10 por millar o fracción de millar
que exceda de $200,000.00
$300.00 más $1.20 por millar o fracción de millar
que exceda de $ 300,000.00
$400.00 más $1.30 por millar o fracción de millar
que exceda de $400,000.00
$500.00 más $1.40 por millar o fracción de millar
que exceda de $500,000.00
$1,000.00 más $1.50 por millar o fracción de
millar que exceda de $1,000,000.00
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintisiete días del mes de enero del año dos mil once.
D. O. Nº 40, Tomo Nº 390, Fecha: 25 de febrero de 2011.

DECRETO Nº 605
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 33 de fecha 19 de junio de 1997, publicado
en el Diario Oficial Nº 144, Tomo Nº 336 del 8 de agosto de ese mismo
año, se emitió la Ley de Bolsas y Productos.
II.- Que la creación de la nueva normativa de Supervisión y Regulación del
Sistema Financiero, establece que será la Superintendencia del Sistema
Financiero la encargada del control y supervisión del efectivo cumplimiento
de las disposiciones establecidas en la Ley descrita en el Considerando
anterior.
III.- Que para los efectos anteriores, específicamente armonizar ambos cuerpos
normativos, se hace necesario efectuar reformas a la Ley de Bolsas de
Productos y Servicios.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Blanca
Noemí Coto Estrada, Raúl Omar Cuéllar, Alejandro Dagoberto Marroquín, Antonio
Echeverría Veliz, Hortensia Margarita López Quintana, Douglas Leonardo Mejía Avilés,
Misael Mejía Mejía, Inmar Rolando Reyes y Francisco José Zablah Safie.
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LA LEY DE BOLSAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Art. 1.- Sustitúyase el artículo 4, por el siguiente:
“Art. 4.- La vigilancia del efectivo cumplimiento de las disposiciones de esta ley,
estará a cargo de la Superintendencia del Sistema Financiero, en lo sucesivo denominada
la Superintendencia, la cual tendrá facultad para autorizar, vigilar y sancionar a los
infractores de la misma.
La facultad para emitir normativa técnica aplicable a las bolsas de productos y
servicios, así como la revisión, modificación y aprobación de las normas que éstas
emiten le corresponderá al Banco Central de Reserva de El Salvador, en adelante Banco
Central, de conformidad a la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.”
Indice Legislativo 515
Parte III

Parte III
516
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Art. 2.- Sustitúyase el artículo 5, por el siguiente:
“Art. 5.- La Superintendencia, de conformidad a las regulaciones de la Ley de
Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, tendrá para con las bolsas de
productos y servicios las siguientes atribuciones:
a) Autorizar a quienes deseen constituir bolsas y extender los permisos para
que operen y rehabilitarlos cuando hubieren sido suspendidos;
b) Definir y verificar los controles que se estimen convenientes a efecto de
vigilar la actuación de las bolsas, puestos de bolsas y agentes de bolsas;
c) Sancionar, conforme esta Ley, a las bolsas que infrinjan las disposiciones
legales o fundamentadas en éstas;
d) Autorizar los estatutos de las bolsas y sus modificaciones;
e) Autorizar la disolución y liquidación de las bolsas;
f) Hacer efectiva la vigilancia de los actos efectuados en las bolsas;
g) Sancionar a Directores o Administradores de Sociedades con calidad de
bolsas;
h) Publicar la información de operaciones de las bolsas cuando fuere necesario;
i) Las demás que le confiera la Ley.
Las atribuciones contenidas en los literales a), c) y d) las ejercerá el Consejo
Directivo de la Superintendencia.”
Art. 3.- Intercálase entre los artículos 5 y 6, un artículo 5-A, como sigue:
“Art. 5-A. Corresponderán al Banco Central las atribuciones siguientes:
a) Elaborar y proponer al Presidente de la República para su aprobación,
el Reglamento necesario para la aplicación de esta Ley, así como sus
modificaciones;
b) Elaborar las normas técnicas necesarias para la aplicación de esta Ley;
c) Reformar o dejar sin efecto las normas o instructivos que se hubieren emitido
en relación con esta Ley o su Reglamento;
d) Recomendar las medidas legales que sean necesarias para el buen
desenvolvimiento de las bolsas;
e) Aprobar los Reglamentos de las bolsas para su funcionamiento y
organización; y
f) Las demás que le confiera la Ley.”
Asamblea Legislativa

Art. 4.-Modifícase el artículo 13, de la manera siguiente:
Anuario Legislativo 2010 - 2011
“Art. 13.- Recibida la documentación, el Consejo Directivo de la Superintendencia
procederá a su análisis, pudiendo solicitar la información que hiciere falta o las
aclaraciones que estimare convenientes, disponiendo para lo anterior de un plazo
máximo de veinte días hábiles. Transcurrido este plazo, deberá emitir una resolución
autorizando o denegando la solicitud.
Si fuere denegada la solicitud y los interesados estimaren que no existen razones
justificadas para ello, podrán interponer los recursos de ley.”
Art. 5.- Modifícase el artículo 15, de la manera siguiente:
“Art. 15.- Cualquier modificación a los Estatutos de una bolsa, deberá ser aprobada
por el Consejo Directivo de la Superintendencia, para lo cual deberá hacerse la solicitud
respectiva, indicándose las razones para la modificación. El Consejo Directivo de la
Superintendencia deberá resolver lo pertinente en un plazo máximo de veinte días
hábiles.
La disolución y liquidación de una bolsa también deberá ser autorizada por el
Consejo Directivo de la Superintendencia quien la aprobará si la bolsa no tiene casos
pendientes, ni reclamos, o si se garantiza suficientemente los intereses de quienes
pudieren ser afectados.
Cualquier modificación a los reglamentos de una bolsa, deberán ser aprobados por
el Banco Central, para lo cual deberá hacerse la solicitud respectiva, indicándose las
razones para la modificación. El Banco Central deberá resolver lo pertinente en un plazo
máximo de veinte días hábiles.”
Art. 6.- Modifícase el primer inciso del artículo 17, de la manera siguiente:
“Art. 17.- Las bolsas deberán reglamentar su organización básica y las materias
que sean necesarias para su eficaz funcionamiento. El Reglamento deberá ser sometido
a aprobación del Banco Central.”
Art. 7.- Modifícase el literal f) del artículo 29, de la manera siguiente:
“f) Cumplir con las disposiciones de la bolsa, de la Superintendencia, del
Banco Central y las que se motivaren en esta Ley.”
Art. 8.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintisiete días del mes de enero de dos mil once.
D. O. Nº 40, Tomo Nº 390, Fecha: 25 de febrero de 2011.
Indice Legislativo 517
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 607
518
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que, el artículo 131 de la Constitución de la República, en su numeral 5º
establece que corresponde a la Asamblea Legislativa decretar, interpretar
auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias.
II.- Que en el Punto Ocho de la sesión número cuarenta y nueve de Consejo
de Ministros, celebrada el día veinticuatro de marzo de dos mil nueve,
modificado por medio del Punto Dos de la sesión de Consejo de Ministros
número cuatro, celebrada el día veintiuno de septiembre de dos mil nueve,
éste acordó autorizar al Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo
de la Defensa Nacional, para que transfiriera en calidad de donación, una
porción de terreno de una extensión superficial de TRES MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO PUNTO CERO SEIS METROS CUADRADOS (3,785.06
M2), valuada por la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de
Hacienda en QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, la cual forma parte de un inmueble de
mayor extensión superficial, de naturaleza urbana, situado en Avenida Las
Camelias, Barrio El Calvario, de la ciudad y departamento de San Salvador,
en el cual se encontraban instalados los Talleres del Estado Mayor Conjunto
de la Fuerza Armada y que ha sido denominado como Porción Dos, inscrito
al Asiento UNO de la Matrícula Número SEIS CERO DOS DOS CINCO SIETE
DOS OCHO- CERO CERO CERO CERO CERO del Registro de la Propiedad
Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, departamento de San
Salvador, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Arquidiócesis de San
Salvador, con la finalidad de formalizar la transferencia de treinta y dos
viviendas que fueron construidas en el mismo, con fondos provenientes de
dicha Iglesia, para beneficiar a elementos lisiados de guerra de la Fuerza
Armada y residentes de la Comunidad Nuevo Israel II, que vivían en lugares
de alto riesgo.
III.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 386, de fecha 17 de junio de
2010, publicado en el Diario Oficial Nº 130, Tomo Nº 388, del 12 de
julio del mismo año, la Honorable Asamblea Legislativa autorizó al Organo
Ejecutivo proceder a la donación del inmueble mencionado en el anterior
considerando.
IV.- Que de conformidad con la Ley Relativa a las Tarifas y Otras Disposiciones
Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, la escritura
de donación otorgada por el Estado y Gobierno de El Salvador a favor de la
referida Iglesia, para ser inscrita en el Registro de la Propiedad respectivo,
requiere la cancelación de una tasa equivalente a TRES MIL SEISCIENTOS
CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA
Y SEIS CENTAVOS (US$3,604.86).
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
V.- Que el artículo 50-C de la Ley a que alude el considerando anterior, prohíbe
la prestación gratuita de servicios, así como cualquier forma de exención
o rebaja no establecida de acuerdo con la Ley, los tratados internacionales
o el arancel que contiene a misma.
VI.- Que el Señor Arzobispo Metropolitano de San Salvador ha solicitado a
la Presidencia de la República gestionar ante la Honorable Asamblea
Legislativa que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en El Salvador,
Arquidiócesis de San Salvador, sea exonerada del pago de los derechos
de registro correspondientes por la donación del inmueble señalado en
el segundo considerando; por lo que es menester reformar el Decreto
Legislativo Nº 386, mencionado en el tercer considerando, en el sentido
apuntado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de la Defensa Nacional,
DECRETA, la siguiente:
REFORMA AL DECRETO LEGISLATIVO Nº 386, DE FECHA 17 DE JUNIO
DE 2010, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL Nº 130, TOMO Nº 388,
DEL 12 DE JULIO DE ESE MISMO AÑO
Art. 1.- Adiciónase al Art. 3, dos nuevos incisos, de la siguiente manera:
“Exonérase a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Arquidiócesis de San
Salvador, del pago de los derechos registrales a que diere origen la inscripción de
la escritura de donación otorgada por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa
Nacional, a favor de la citada Iglesia, relacionados con el inmueble señalado en el Art.
1 del presente Decreto.
El Centro Nacional de Registro deberá inscribir sin ningún costo registral, por los
servicios prestados y a favor de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Arquidiócesis
de San Salvador, el inmueble donado por parte del Estado y Gobierno de El Salvador,
en el Ramo de la Defensa Nacional.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cuatro
días del mes de febrero del año dos mil once.
D. O. Nº 41, Tomo Nº 390, Fecha: 28 de febrero de 2011.
Indice Legislativo 519
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 628
520
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 756, de fecha 28 de julio del año 2005,
publicado en el Diario Oficial Nº 198, Tomo Nº 369, del 25 de octubre del
año 2005, se aprobó el Reglamento Interior de esta Asamblea;
II.- Que el Art. 21 del referido Reglamento regula la integración de los Diputados
y Diputadas suplentes al trabajo legislativo;
III.- Que en la práctica, frecuentemente, se da el caso de que las reuniones
de las Comisiones no puedan llevarse a cabo por la falta de quórum, en
atención a que por situaciones emergentes los Diputados propietarios y
Diputadas propietarias no pueden asistir a la hora de la convocatoria;
IV.- Que a fin de evitar la falta de reuniones de las comisiones, por la causal
antes mencionada, es procedente reformar el Art. 21 del citado Reglamento
Interior, incorporándole un inciso que contenga disposiciones que viabilicen
la integración de los Diputados y Diputadas suplentes, con voz y voto, en
las comisiones.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa de los Diputados Luis
Roberto Angulo Samayoa, Zoila Beatriz Quijada Solís, Roberto José d´Aubuisson
Munguía y Douglas Leonardo Mejía Avilés.
DECRETA:
Art. 1.- Incorpórase, como inciso segundo, al Art. 21 del Reglamento Interior de la
Asamblea Legislativa, lo siguiente:
“No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, los Diputados y Diputadas suplentes
que no estén llamados a conformar Asamblea, podrán incorporarse a las comisiones
legislativas con voz y voto, en sustitución de Diputados propietarios y Diputadas
propietarias, por designación y a través de una nota firmada por el correspondiente
coordinador o coordinadora, o coordinador adjunto o coordinadora adjunta, en su caso,
del grupo parlamentario al que pertenece, siempre y cuando el Diputado propietario o
Diputada propietaria, a quien se sustituye, no realice simultáneamente trabajos en otra
comisión; esta incorporación podrá realizarse también con Diputados propietarios o
Diputadas propietarias, en las mismas condiciones establecidas para los Diputados y
Diputadas suplentes.”
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres
días del mes de marzo del año 2011.
D. O. Nº 46, Tomo Nº 390, Fecha: 7 de marzo de 2011.
Indice Legislativo 521
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 629
522
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Decreto Legislativo Nº 417 del 14 de diciembre de 1992, publicado
en el Diario Oficial Nº 16, Tomo 318, del 25 de enero de 1993 contiene el
Código Electoral, el cual regula el proceso electoral en general, y establece
además como se conforman las Juntas Electorales Municipales como
organismos electorales temporales y sus funciones.
II.- Que el voto residencial será implementado en nueve departamentos
en el total de sus municipios y en dos de las principales cabeceras
departamentales que son San Salvador y Santa Tecla, haciendo un total
de 185 Municipios en las próximas elecciones legislativas y municipales a
desarrollarse en 2012.
III.- Que lo anterior implica para las Juntas Electorales Municipales aumentar
sensiblemente su logística el día de la votación y en consecuencia, se
requiere diversificar esfuerzos para lograr el cumplimiento de las funciones
establecidas en la ley, por lo que resulta necesario dotar de recursos que
permitan a la Junta Electoral Municipal cumplir sus atribuciones.
IV.- Que en tal sentido es necesario reformar el Código Electoral, para
contemplar la figura de los delegados de la Junta Electoral Municipal que
coadyuven a dicha Junta a cumplir las funciones que la ley le establece,
exclusivamente el día de las elecciones.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las Diputadas Jackeline
Noemí Rivera Avalos, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Yeimi Elizabeth Muñoz Morán
y del Diputado Rolando Mata Fuentes.
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS AL CODIGO ELECTORAL
Art. 1.- Agrégase dos incisos al Artículo 113, de la siguiente manera:
“Las Juntas Electorales Municipales podrán nombrar los delegados que sean
necesarios, por cada uno de los centros de votación establecidos en los municipios
en los que se lleve a cabo las elecciones bajo la modalidad de voto residencial, y en
aquellos Municipios que no teniendo voto residencial, tengan más de diez centros de
votación; dichos nombramientos se harán de las propuestas hechas por los Partidos
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Políticos que integren la Junta Electoral Municipal. El desempeño de los delegados
tendrá lugar en el centro de votación al que son asignados y sus funciones son de apoyo
a la Junta Electoral Municipal como organismo colegiado, y solo tendrán las funciones
que expresamente establece la ley, inician un día antes de la elección, y finalizan un día
después de éstas; y ejercerán el voto en el lugar en el que les corresponde, de acuerdo
al Registro Electoral.”
“Los delegados serán capacitados previamente por el Tribunal para el correcto
desempeño de sus funciones.”
Art. 2.- Refórmase los numerales dos, tres, cinco y siete del Art. 116, de la
siguiente manera:
2) Entregar de manera oportuna bajo su responsabilidad a las Juntas
Receptoras de Votos, por si o por medio de sus delegados, todos los
objetos y papelería que el proceso electoral requiera;
3) Supervisar por si o por medio de sus delegados la integración de las
Juntas Receptoras de Votos al momento de iniciarse la votación y
tomar las medidas pertinentes para su legal integración, tomando en
cuenta lo establecido en los artículos 243 y 244 de este Código;
5) Recibir las Actas y la documentación que le entreguen sus delegados,
o las Juntas Receptoras de Votos y en base a éstas, elaborar un Acta
General Municipal preliminar del escrutinio, de conformidad a este
Código y entregar inmediatamente al Tribunal el original con una copia
a la Junta Electoral Departamental que corresponda y otra a cada uno
de los Partidos Políticos o Coaliciones contendientes, a más tardar
dieciocho horas después de terminada la votación y conservar en su
poder uno de los originales del acta a que se refiere el Art. 254, de
este Código, para los efectos que la misma señale; la no entrega de
la copia del acta mencionada a los Partidos Políticos o Coaliciones
contendientes, será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Art.
280 de este Código;
7) Vigilar estrictamente el funcionamiento de las Juntas Receptoras de
Votos; además deberá por si o a través de sus delegados, velar por la
seguridad del traslado de los paquetes electorales.
Art. 3.- Refórmase los numerales uno y cuatro del Art. 126 de la siguiente manera:
1) Recibir bajo su responsabilidad, de la Junta Electoral Municipal o de sus
delegados, los paquetes que contienen los materiales y documentos
electorales para ser usados durante las votaciones, de conformidad a
los instructivos especiales dictados por el Tribunal;
4) Retornar, a las Juntas Electorales Municipales o a sus delegados, los
materiales y documentos electorales.
Indice Legislativo 523
Parte III

Parte III
524
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres
días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 66, Tomo Nº 391, Fecha: 4 de abril de 2011.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 630
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 303, de fecha 11 de marzo de 2010,
publicado en el Diario Oficial Nº 64, Tomo Nº 387 del 9 de abril del mismo
año, se aprobó exención de impuestos migratorios por el período de un
año a personas beneficiadas con el Programa Misión Milagro, así como
el aterrizaje de aeronaves por el uso de las instalaciones del Aeropuerto
Internacional El Salvador, que trasladarán a los beneficiados en dicho
programa.
II.- Que el Decreto mencionado en el considerando anterior ha permitido
que sean atendidos en el exterior salvadoreño de escasos recursos
económicos, y que padecen de enfermedades comprendidas dentro del
Programa Misión Milagro.
III.- Que por las razones antes expuestas, y de conformidad a las facultades que
a esta Asamblea Legislativa le confiere la Constitución de la República, es
procedente prorrogar por un año los efectos del Decreto antes mencionado,
en razón de que los efectos de éste están próximos a vencerse.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Lorena
Guadalupe Peña Mendoza, Inmar Rolando Reyes y Santiago Flores Alfaro.
DECRETA:
Art. 1.- Prorrógase por un año, los efectos del Decreto Legislativo Nº 303, de
fecha 11 de marzo del 2010, publicado en el Diario Oficial Nº 64, Tomo Nº 387 del 9
de abril del mismo año.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres
días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 66, Tomo Nº 391, Fecha: 4 de abril de 2011.
Indice Legislativo 525
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 633
526
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el ordinal 26° del artículo 131 de nuestra Carta Magna establece que
corresponde a la Asamblea Legislativa conceder indultos, previo informe
favorable de la Corte Suprema de Justicia.
II.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 436, de fecha 8 de octubre de 1998,
publicado en el Diario Oficial Nº 206, Tomo Nº 341 de fecha 5 de noviembre
de 1998, se emitió la Ley Especial de Ocursos de Gracia, la cual tiene por
objeto regular la promoción, trámite y efectos de los Ocursos de Gracia.
III.- Que la Ley Especial en comento establece en su Artículo 17 que el Informe
de la Corte Suprema de Justicia si fuere favorable a la gracia solicitada
expondrá razones morales, de justicia o de equidad que favorecen el indulto;
siendo necesario sobre la base de la legislación y la doctrina especializada
en la materia, que la Corte Suprema de Justicia pueda valorar las razones
de índole humanitaria como motivos para el otorgamiento de la gracia de
indulto, así como para la conmutación de la pena.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados y las
Diputadas María Margarita Velado Puentes, David Ernesto Reyes Molina, Santos
Guevara Ramos, Darío Alejandro Chicas Argueta, David Rodríguez Rivera, Ricardo
Bladimir González, Rodrigo Samayoa Rivas, Raúl Omar Cuéllar, Erik Mira Bonilla, Heydi
Carolina Mira Saravia, José Rafael Machuca Zelaya, César Humberto Solorzano Dueñas
y Ana Silvia Romero.
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LA LEY ESPECIAL DE OCURSOS DE GRACIA
Art.1.- Modifícase el término establecido en el inciso primero del Art.17 y
agréguese un inciso segundo de la siguiente manera:
“Art.17.- La Corte Suprema de Justicia emitirá el informe dentro de un término que
no excederá de sesenta días hábiles y si fuere favorable a la gracia solicitada expondrá
las razones morales, de justicia o de equidad que favorecen el indulto. En el caso de
pena de muerte, el informe deberá ser rendido dentro del plazo de quince días.”
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
“También deberán considerarse como razones que favorecen el indulto, el
padecimiento de una enfermedad crónica degenerativa y daño orgánico severo del
condenado, su edad y el tiempo que haya cumplido de la pena impuesta.”
Art. 2.-Modifícase el plazo establecido en el inciso segundo del Art.25 de la
manera siguiente:
El Consejo Criminológico deberá remitir el informe solicitado, dentro del plazo de
quince días hábiles.
Art.3.- Agréguese un inciso segundo al Art.33 de la siguiente manera:
“Para efectos de emitir el dictamen a que hace alusión el inciso anterior, la Corte
Suprema de Justicia deberá considerar razones morales, de justicia, de equidad, el
padecimiento de una enfermedad crónica degenerativa y daño orgánico severo, así
como la edad del condenado.”
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez
días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 70, Tomo Nº 391, Fecha: 8 de abril de 2011.
Indice Legislativo 527
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 643
528
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad a la Constitución, la Policía Nacional Civil tiene a
su cargo las funciones de policía urbana y policía rural para garantizar el
orden, la seguridad y la tranquilidad pública, así como la colaboración en
el procedimiento de investigación del delito, y todo ello con apego a la Ley
y estricto respeto a los derechos humanos.
II.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 773, de fecha 18 de julio de 1996,
publicado en el Diario Oficial Nº 144, Tomo 332, del 07 de agosto de ese
mismo año, se emitió la Ley de la Carrera Policial, la que tiene por objeto
regular todo lo concerniente al ingreso de aspirantes a la Policía Nacional
Civil, así como lo relativo a los ascensos y la terminación de dicha Carrera
Policial.
III.- Que actualmente, el Art. 28 de la Ley a que se hace referencia en el
Considerando anterior, establece literalmente que: “Cuando al tiempo de
iniciarse el proceso selectivo o durante el mismo, el aspirante que sea
sometido a procedimiento disciplinario por falta grave o muy grave, dicho
ascenso quedará condicionado a que la resolución definitiva lo exonere de
toda responsabilidad”.
IV.- Que con la finalidad de colaborar con la transparencia de la Corporación
Policial y procurando evitar que se vulnere el derecho que tienen todos
los miembros de la Institución Policial a optar a un ascenso, se vuelve
necesario emitir las reformas legales pertinentes.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: José
Nelson Guardado Menjivar, Abilio Orestes Rodríguez Menjivar, Francisco José Zablah
Safie, Erick Ernesto Campos, Melvin David González Bonilla, Mauricio Ernesto
Rodríguez; y con el apoyo de los Diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña, Miguel Elías
Ahues Karra, José Antonio Almendáriz Rivas, Ernesto Antonio Angulo Milla, Luis
Roberto Angulo Samayoa, Fernando Alberto José Ávila Quetglas, Federico Guillermo
Ávila Qüehl, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda, José Vidal Carrillo Delgado, Ana Vilma
Castro de Cabrera, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, César René Florentín Reyes
Dheming, Margarita Escobar, Carmen Elena Figueroa Rodríguez, Guillermo Antonio
Gallegos Navarrete, César Humberto García Aguilera, José Rinaldo Garzona Villeda,
Eduardo Antonio Gomar Morán, Elizardo González Lovo, José Armando Grande Peña,
Carlos Walter Guzmán Coto, José Rafael Machuca Zelaya, Mario Marroquín Mejía,
Manuel Vicente Menjivar Esquivel, José Francisco Merino López, Erick Mira Bonilla,
Edgar Alfonso Montoya Martínez, Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Mariela
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Peña Pinto, Carlos Armando Reyes Ramos, David Ernesto Reyes Molina, Marcos
Francisco Salazar Umaña, Sandra Marlene Salgado García, Rodrigo Samayoa Rivas,
Misael Serrano Chávez, César Humberto Solórzano Dueñas, Manuel Rigoberto Soto
Lazo, Mario Eduardo Valiente Ortiz, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Esdras Samuel
Vargas Pérez y Guadalupe Antonio Vásquez Martínez.
DECRETA, la siguiente:
REFORMA A LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL
Art. 1.- Refórmase el Art. 28, así:
“Art. 28.- Cuando al tiempo de iniciarse el proceso de ascenso o durante el mismo,
el aspirante que sea sometido a procedimiento disciplinario por falta grave o muy
grave, dicho ascenso quedará condicionado a que la resolución definitiva lo exonere
de toda responsabilidad.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez
días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 70, Tomo Nº 391, Fecha: 8 de abril de 2011.
Indice Legislativo 529
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 646
530
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 417 de fecha 14 de diciembre de 1992,
publicado en el Diario Oficial Nº16, Tomo 318 del 25 de enero de 1993, se
emitió el Código Electoral.
II.- Que la Constitución de la República y los principales instrumentos
internacionales de derechos humanos reconocen el derecho de toda
persona a la participación política y a estar protegida contra todo tipo de
discriminación.
III.- Que el Código Electoral contiene disposiciones que se consideran
discriminatorias, al imponer límites a la participación política de personas
con discapacidad sobre la base de diferenciaciones no razonables y por
tanto, deben ser reformadas.
IV.- Que los eventos electorales son el único medio para configurar los
órganos que ejercen el poder, por lo que es necesario que estas sean
libres, transparentes y competitivas, sin otro respaldo legítimo que el de la
voluntad libre, soberana y espontánea de los residentes de cada uno de los
municipios del país.
V.- Que en vista de que los organismos electorales temporales cumplen
una función política de trascendencia, es necesario que quienes los
integren sean personas residentes de los municipios en que ejercerán sus
atribuciones.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados y
Diputadas Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Jackeline Noemí Rivera Avalos, Zoila
Beatriz Quijada Solís, Rodolfo Antonio Parker Soto; y con adhesión a la misma de los
Diputados: Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Alberto Armando Romero Rodríguez,
Francisco Roberto Lorenzana Durán, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, César Humberto
García Aguilera, Roberto José d’Aubuisson Munguía, Miguel Elías Ahues Karrá, Ernesto
Antonio Angulo Milla, Federico Guillermo Avila Qüehl, Lucía del Carmen Ayala de León,
Eduardo Enrique Barrientos Zepeda, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Carmen Elena
Calderón Sol de Escalón, Darío Alejandro Chicas Argueta, Norma Cristina Cornejo
Amaya, Carlos Cortéz Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí Coto
Estrada, Nery Arely Díaz de Rivera, Antonio Echeverría Veliz, Margarita Escobar, Emma
Julia Fabián Hernández, Carmen Elena Figueroa Rodríguez, Santiago Flores Alfaro, José
Rinaldo Garzona Villeda, Ricardo Bladimir González, Eduardo Antonio Gomar Morán,
José Nelson Guardado Menjívar, Iris Marisol Guerra Henríquez, Jorge Schafik Handal
Vega Silva, Benito Antonio Lara Fernández, Hortensia Margarita López Quintana, Mario
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Marroquín Mejía, Guillermo Francisco Mata Bennett, Juan Carlos Mendoza Portillo,
Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Erick Mira Bonilla, Heidy Carolina Mira Saravia, Rafael
Ricardo Morán Tobar, Ana Virginia Morataya Gómez, Yeymi Elizabett Muñoz Morán,
Oscar Ernesto Novoa Ayala, Guillermo Antonio Olivo Méndez, Orestes Fredesmán
Ortez Andrade, Rafael Eduardo Paz Velis, Mariella Peña Pinto, Gaspar Armando Portillo
Benítez, Carlo René Retana Martínez, Carlos Armando Reyes Gómez, Inmar Rolando
Reyes, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Gilberto Rivera Mejía, David Rodríguez Rivera,
Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza, Mauricio Ernesto Rodríguez, Marcos Francisco
Salazar Umaña, Sandra Marlene Salgado García, Rodrigo Samayoa Rivas, Karina Ivette
Sosa de Lara, Jaime Gilberto Valdez Hernández, Ramón Arístides Valencia Arana, Mario
Eduardo Valiente Ortíz, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Guadalupe Antonio Vásquez
Martínez, María Margarita Velado Puentes y Francisco José Zablah Safie.
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS AL CODIGO ELECTORAL
Art. 1.- Refórmase el numeral 4 del Art. 222 de la siguiente manera:
“4) Los enajenados mentales.”
Art. 2.- Refórmase el Art. 352, de la siguiente manera:
“Art. 352.- Todos los miembros propietarios y suplentes de las Juntas Electorales
Departamentales, Juntas Electorales Municipales y Juntas Receptoras de Votos, deberán
residir en el Departamento y Municipio respectivo donde ejercerán sus funciones como
miembros de organismos electorales temporales, lo cual acreditarán con su respectivo
Documento Único de Identidad.
Una vez rendida la protesta de ley por parte de las Juntas Electorales Departamentales,
Juntas Electorales Municipales, y Juntas Receptoras de Votos, estos organismos estarán
en la obligación de recibir la capacitación correspondiente para el buen desempeño de
sus funciones; la que será impartida por los delegados de la Unidad de Capacitación,
con la supervisión de la Junta de Vigilancia Electoral.
La inasistencia a dicha capacitación será sancionada por el Tribunal en la forma
que éste estime conveniente.”
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 73, Tomo Nº 391, Fecha: 13 de abril de 2011.
Indice Legislativo 531
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 647
532
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Ley Especial para Facilitar la Cancelación de las Deudas Agraria y
Agropecuaria, promulgada por Decreto Legislativo Nº 263, de fecha 23 de
marzo de 1998, publicado en el Diario Oficial Nº 64, Tomo 339 del día 2
de abril del mismo año, establece en su Art. 10, el beneficio de exenciones
arancelarias, registrales y catastrales, por servicios prestados por el Centro
Nacional de Registros, para la inscripción de documentos relacionados
con la adjudicación de tierras en virtud del Proceso de la Reforma Agraria,
y de otros programas de Transferencia de Tierra realizados por el ISTA;
II.- Que así mismo, la Ley Especial citada en el considerando anterior, como
sus distintas reformas, han generado dudas sobre los alcances de
las exenciones otorgadas, tanto en su tiempo de vigencia como en su
aplicación, situación que ha dado lugar a interpretaciones equívocas que
han dificultado la inscripción de instrumentos y la realización de actividades
por parte del mencionado Centro, situación que es urgente y necesario
corregir mediante la interpretación auténtica de la expresada disposición
legal a fin de agilizar el proceso de inscripción de dichos instrumentos.
POR TANTO,
en uso de las facultades Constituciones, y a iniciativa de los Diputados y Diputadas
Mario Marroquín Mejía, Orestes Fredesman Ortez Andrade, José Francisco Merino
López, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Irma Lourdes Palacios, Blanca Noemi Coto
Estrada, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Roberto José d’Aubuisson, Eduardo
Enrique Barrientos Zepeda, José Serafín Orantes Rodríguez, Francisco José Zablah
Safie, Douglas Leonardo Mejía Avilés, José Nelson Guardado Menjívar, César Humberto
García Aguilera y José Orlando Arévalo Pineda.
DECRETA:
Art. 1.- Interprétase auténticamente el Art. 10 de la Ley Especial para Facilitar
la Cancelación de las Deudas Agraria y Agropecuaria, promulgada por el Decreto
Legislativo Nº 263, de fecha 23 de marzo de 1998, publicado en el Diario Oficial Nº
64, Tomo 344 del día 02 de abril del mismo año, así como el contenido del Decreto
Legislativo Nº 344, de fecha 21 de junio de 2007, publicado en el Diario Oficial Nº
117, Tomo Nº 375, del día 27 del mismo mes y año, que contiene reformas a dicha
Ley, así como el de otros decretos legislativos que han reformado o prorrogado sus
beneficios, en el sentido que la inscripción de documentos, la aprobación de planos y
los demás servicios registrales y catastrales que el Centro Nacional de Registros preste
al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria y sus adjudicatarios de tierras
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
legalmente establecidos, están exentos del pago de aranceles registrales y catastrales;
en consecuencia, valídense todos los actos, convenios, exenciones y beneficios que
hubiesen sido realizados u otorgados en cumplimiento de la Ley Especial anteriormente
citada.
Art. 2.- La presente interpretación auténtica se tendrá por incorporada al Texto del
Art. 10 de dicha Ley Especial, contenida en el Decreto Legislativo Nº 263, de fecha 23
de marzo de 1998, publicado en el Diario Oficial Nº 64, Tomo Nº 339 del 02 de abril
del mismo año.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de marzo de dos mil once.
D. O. Nº 75, Tomo Nº 391, Fecha: 15 de abril de 2011.
Indice Legislativo 533
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 658
534
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 620, de fecha 17 de febrero de 2011,
publicado en el Diario Oficial Nº 35, Tomo Nº 390 del 18 del mismo mes
y año, se emitió la Ley Transitoria de Compensación Económica por
Servicios Prestados en el Organo Legislativo.
II.- Que el nombre de la referida Ley y otras disposiciones de la misma, no
son congruentes con otras disposiciones legales vigentes, por lo que es
necesario reformarla, con el propósito de armonizar y aplicar su contenido
en debida forma.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Sigfrido
Reyes, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, José Francisco Merino López, Francisco
Roberto Lorenzana Durán, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Cesar Humberto García
Aguilera e Irma Lourdes Palacios Vásquez.
DECRETA:
INCORPORANSE REFORMAS A LA LEY TRANSITORIA DE
COMPENSACION ECONOMICA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL
ORGANO LEGISLATIVO
Art. 1.- Sustitúyese el nombre de la Ley, de la siguiente manera:
“Ley Transitoria de Bonificación Económica de Retiro Voluntario por Servicios
Prestados en el Órgano Legislativo.”
Art. 2.- Sustitúyese el Art. 1, por el siguiente:
“Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto otorgar una bonificación económica
a todos los empleados y funcionarios del Órgano Legislativo, que laboren bajo los
regímenes de Ley de Salarios y Contratos, con excepción de las diputadas y diputados.”
Art. 3.- Refórmase el Art. 3, por el siguiente:
“Art. 3.- La bonificación a otorgar será calculada en base al último salario mensual
devengado, de conformidad a la siguiente tabla:
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
a) Hasta 2 años de labores, el equivalente a 2 meses de salario;
b) De más de 2 años a 5 años de labores, el equivalente a 4 meses de salario;
c) De más de 5 años a 10 años de labores, el equivalente a 6 meses de salario;
d) De más de 10 de labores en adelante, el equivalente a 12 meses de salario.
En todo caso la bonificación no podrá exceder al equivalente de un salario mensual
hasta por 12 meses de labores, o de treinta mil dólares de los Estados Unidos de
América (US$30,000.00).”
Art. 4.- Refórmase el Art. 6, por el siguiente:
“Art. 6.- El monto de las erogaciones para financiar la bonificación a que se refiere
esta Ley, será financiado con economías salariales y cualquier otro ingreso susceptible
de ser incorporado al presupuesto de la Asamblea Legislativa.”
Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 60, Tomo Nº 390, Fecha: 25 de marzo de 2011.
Indice Legislativo 535
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 659
536
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 230, de fecha 14 de diciembre de 2000,
publicado en el Diario Oficial Nº 241, Tomo Nº 349, del 22 del mismo mes
y año, se emitió el Código Tributario.
II.- Que el Decreto Legislativo Nº 233, de fecha 16 de diciembre de 2009,
publicado en el Diario Oficial Nº 239, Tomo Nº 385, del 21 del mismo
mes y año, se reformó el Código a que se refiere el considerando anterior,
estableciendo en el Art. 91 la obligación de elaborar una declaración del
estado patrimonial, la cual deberá ser anexa a la declaración del Impuesto
Sobre la Renta y será obligatoria a partir del ejercicio fiscal 2010, quedando
la declaración patrimonial para el año 2009 de carácter opcional.
III.- Que centenares de ciudadanos nos han expresado su preocupación por
las dificultades que han enfrentado para demostrar la posesión de los
bienes muebles y el valor de los mismos, y se debe principalmente a que
en nuestro país, no había sido de carácter obligatorio para las personas
naturales, guardar facturas para respaldar todo lo que adquiere.
IV.- Que debido a las dificultades que tienen los ciudadanos para cumplir a
cabalidad con las disposiciones contempladas en el Art. 91 del Código
Tributario, especialmente con relación a la demostración de los bienes
muebles y sus valores, y tomando en cuenta que es materialmente
imposible para el Ministerio de Hacienda la verificación de los mismos, es
conveniente y necesario reformar el mencionado artículo a fin de facilitar y
viabilizar el cumplimiento de la Ley, en el sentido de sustituir la declaración
patrimonial por la declaración de los bienes inmuebles.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados José
Nelson Guardado Menjívar, Miguel Elías Ahues Karra, José Rinaldo Garzona Villeda y
Rafael Eduardo Paz Velis.
DECRETA, la siguiente:
REFORMA AL CODIGO TRIBUTARIO
Art. 1.- Refórmase el inciso sexto, séptimo, noveno, onceavo del Art. 91, así:
“Adicionalmente a las obligaciones anteriores, las personas naturales sujetas a
los tributos internos, deberán elaborar una declaración de bienes inmuebles, la cual
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
deberá presentarse anexa a la declaración del Impuesto sobre la Renta. Se excluyen de
la presente obligación las personas naturales que obtengan rentas iguales o inferiores
a trescientos sesenta y dos salarios mínimos mensuales en el ejercicio o período de
imposición.
a) Que tengan el dominio de inmuebles con valores iguales o inferiores a un mil
cuatrocientos cuarenta y seis salarios mínimos mensuales.
b) Que no tengan dominio de inmuebles.
La declaración de bienes inmuebles, deberá incluir las obligaciones o deudas
relacionadas a los mismos, del ejercicio o período de imposición correspondiente a la
declaración del Impuesto sobre la Renta que se acompaña. Los valores de los bienes
inmuebles se consignarán al valor de adquisición y el de las deudas se consignará al
valor del respectivo instrumento menos las amortizaciones o pagos efectuados.
La Administración Tributaria establecerá los formularios, medios, requisitos y
las especificaciones técnicas para la presentación de la declaración e información
anterior, la cual se considerará complementaria de las declaraciones tributarias que
correspondan al ejercicio o período de imposición respectivos.
La declaración de bienes inmuebles será utilizada por la Administración Tributaria
para el ejercicio de sus facultades legales, y aplicar la presunción por incremento
patrimonial no justificado por el sujeto pasivo, y determinar el Impuesto sobre la Renta,
el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y el
Impuesto Ad-valorem o Específico, según el caso, que resulte por dicho ajuste.
La Administración establecerá las medidas administrativas que garanticen la
confidencialidad del contenido de la información presentada. Los funcionarios o
empleados públicos que revelaren o divulgaren, información o documentación que
debieren permanecer en reserva o facilitaren de alguna manera el conocimiento de los
mismos, estarán sujetos a la responsabilidad penal correspondiente.
Los cálculos y procedimientos previstos en este artículo con base en la declaración
de los bienes inmuebles, únicamente podrá efectuarse a partir del respectivo año de su
exigibilidad; la declaración de bienes inmuebles base del ejercicio fiscal 2009 no será
sujeta de fiscalización alguna.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil once.
Indice Legislativo 537
Parte III

Parte III
Nota:
538
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Se hace constar que en la Sesión Plenaria de este día, fueron conocidas las
observaciones del Presidente de la República al Decreto Legislativo Nº 659, de fecha
24 de marzo del corriente año, las cuales fueron consideradas y no aceptadas por el
Pleno Legislativo y, en consecuencia, se devuelven, para su correspondiente sanción
y publicación, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del Art. 137 de la
Constitución.
San Salvador, a los trece días del mes de abril del año dos mil once.
ROBERTO JOSE D’AUBUISSON MUNGUIA
CUARTO SECRETARIO DIRECTIVO.
D. O. Nº 81, Tomo Nº 391, Fecha: 2 de mayo de 2011.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 664
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad al Art.211 de la Constitución, la Fuerza Armada es una
Institución permanente al Servicio de la Nación. Es obediente, profesional,
apolítica y no deliberante.
II.- Que el Art.212 de la Constitución, establece que la Fuerza Armada tiene
por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del
territorio. El Presidente de la República podrá disponer excepcionalmente
de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la paz interna, de acuerdo
con lo dispuesto por la misma.
III.- Que el Art. 215 de nuestra Carta Magna, prescribe la obligatoriedad del
servicio militar para todos los salvadoreños comprendidos entre los
dieciocho y los treinta años de edad.
IV.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 298, de fecha 30 de julio de 1992,
publicado en el Diario Oficial Nº 144, Tomo Nº 316, del 10 de agosto de
1992 se emitió la Ley del Servicio Militar y Reserva de la Fuerza Armada;
la cual establece en el inciso primero del Art.5 que: “El servicio militar
se prestará por un período de doce meses, sin embargo por razones de
carácter administrativo, en lo que respecta a una clase de llamados al
servicio el Presidente de la República, podrá disponer que sea ampliado
hasta un máximo de dieciocho meses…”
V.- Que con el fin de dar mejor cumplimiento a la misión Constitucional, como
también para una mayor capacitación de los elementos de tropa, se estima
necesario ampliar el tiempo de prestación del Servicio Militar por un tiempo
mayor al que se estipula en la presente ley.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Ramón
Aristides Valencia Arana, Benito Antonio Lara Fernández, Mildred Guadalupe Machado
y German Gregorio Linares.
DECRETA, la siguiente:
REFORMA A LA LEY DEL SERVICIO MILITAR Y RESERVA DE LA
FUERZA ARMADA
Indice Legislativo 539
Parte III

Parte III
540
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Art. 1.- Refórmase el inciso primero del Art.5, así:
Art. 5.- El servicio militar se prestará por un período de dieciocho meses, sin
embargo por razones de carácter administrativo, en lo que respecta a una clase de
llamados al servicio el Presidente de la República, podrá disponer que sea ampliado
hasta un máximo de veinticuatro meses. En este caso dentro de los quince días
siguientes deberá informar a la Asamblea Legislativa de las razones que justificaron la
medida.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta
y un días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 86, Tomo Nº 391, Fecha: 11 de mayo de 2011.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 665
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 486, de fecha 07 de octubre de 2010
y publicado en el Diario Oficial Nº 201, Tomo Nº 389 de fecha 26 de
octubre de 2010, se aprobaron las Disposiciones Especiales y Transitorias
de Suspensión de Juicios Ejecutivos Mercantiles a Favor de los Deudores
Agropecuarios y Agroindustriales;
II.- Que la situación económica nacional y la lenta recuperación de los sectores
productivos, entre ellos el sector agropecuario, no han logrado generar
el crecimiento esperado y anunciado por Organismos Internacionales, lo
que dificulta la capacidad de pago de los productores agropecuarios que
adeudan a las diferentes Instituciones Financieras Públicas y Privadas, así
como a beneficiadores y exportadores;
III.- Que dado los diferentes factores económicos y climatológicos que han
afectado recientemente al sector agropecuario y el acercamiento del plazo
de vencimiento para suspender los Juicios Mercantiles de Embargo, es
necesario prorrogar sus efectos para permitir que las y los deudores
agrícolas y agropecuarios recuperen sus cosechas, y así tengan capacidad
de pago para responder a sus obligaciones financieras, evitando de esta
manera el deterioro financiero de éstos y permitir un repunte al desarrollo
agropecuario y rural.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de la Diputada Irma Lourdes
Palacios Vásquez.
DECRETA:
Art.1.- Prorróganse hasta el 31 de diciembre de 2011 las Disposiciones
Especiales y Transitorias de Suspensión de Juicios Ejecutivos Mercantiles a Favor de
los Deudores Agropecuarios y Agroindustriales, contenidas en el Decreto Legislativo
Nº 486 de fecha siete de octubre de dos mil diez, publicado en el Diario Oficial Nº 201,
Tomo Nº 389 del mismo mes y año.
Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
Indice Legislativo 541
Parte III

Parte III
542
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta
y un días del mes de marzo de dos mil once.
D. O. Nº 65, Tomo Nº 391, Fecha: 1 de abril de 2011.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 666
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 487, de fecha 23 de noviembre de
2007, publicado en el Diario Oficial Nº 222, Tomo Nº 377, del 28 de ese
mismo mes y año, se emitió la Ley Transitoria para la Estabilización de las
Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros;
II.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 543, de fecha 9 de diciembre de
2010, publicado en el Diario Oficial Nº 240, Tomo Nº 389, del 22 del
mismo mes y año, fueron prorrogados los efectos de la Ley a que se
refiere el considerando anterior, hasta el día 31 de diciembre de 2011,
debido a que las razones que llevaron a la Asamblea Legislativa para la
aprobación de la Ley en cuestión aún persistían;
III.- Que no obstante la prórroga introducida por medio del Decreto Legislativo
a que alude el considerando anterior, a la fecha los precios de los
combustibles se han elevado a uno superior al previsto, por lo que con
el fin de seguir protegiendo la economía familiar y la seguridad de las
personas que hacen uso del servicio público de transporte, se vuelve
necesario reformar la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas
del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, con el objeto
de ajustarla a los precios actuales de los combustibles, estableciéndose
además condiciones para que el servicio público de transporte se preste
en condiciones de seguridad para los usuarios.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y
Desarrollo Urbano,
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LA LEY TRANSITORIA PARA LA ESTABILIZACION DE LAS
TARIFAS DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE
PASAJEROS
Art. 1.- Sustitúyese en el Art. 7, el inciso segundo, por el siguiente:
“Los recursos en referencia serán utilizados para subsidiar con TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO Dólares de los Estados Unidos de América ($375.00) mensuales, a
Indice Legislativo 543
Parte III

Parte III
544
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
los microbuses autorizados y SETECIENTOS CINCUENTA Dólares de los Estados Unidos
de América ($750.00) mensuales, a los autobuses autorizados, ambos para prestar
el servicio público de transporte colectivo de pasajeros. Las unidades de transporte
deberán contar con tarjeta de circulación vigente, con permiso de línea, debidamente
autorizado por el Viceministerio de Transporte y deberán estar operando el servicio.”
Art. 2.- Adiciónanse al Art. 12, dos incisos, de la siguiente manera:
“Procederá asimismo la suspensión del goce de los beneficios fijados en la
presente Ley, cuando el prestatario del servicio público de transporte no adopte en sus
unidades las directrices emanadas del Viceministerio de Transporte, las cuales serán
fijadas en el Reglamento de esta Ley, todo con el objeto de garantizar la seguridad de
los usuarios de dicho servicio.
La suspensión que de conformidad con este artículo se imponga, no podrá ser
superior a tres meses. Vencido el período de suspensión, el prestatario estará facultado
para continuar gozando de los beneficios fijados en la presente Ley, siempre que haya
cumplido con las condiciones fijadas por el Viceministerio de Transporte.”
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta
y un días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 75, Tomo Nº 391, Fecha: 15 de abril de 2011.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 668
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 417, de fecha 14 de diciembre de 1992,
publicado en el Diario Oficial Nº 16, Tomo Nº 318, del 25 de enero de 1993,
se aprobó el Código Electoral con la finalidad primordial de regular las
actividades del Cuerpo Electoral, Organismos Electorales, Partidos Políticos
y la actividad del Estado en cuanto se refiere al Proceso Eleccionario.
II.- Que ante la nueva realidad política de nuestro país, y la necesidad de
fortalecer el proceso democrático e ir cambiando aquello se ha vuelto
obsoleto y va perdiendo legitimidad, es necesario actualizar nuestro
sistema electoral.
III.- Que por lo anterior es necesario reformar lo relativo a los organismos
electorales temporales, y al derecho de vigilancia que tiene todo partido
político legalmente constituido en cada evento electoral, para que ejerzan
fiscalización durante el tiempo en que funcionen dichos organismos.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados José
Nelson Guardado Menjívar, Mario Alberto Tenorio Guerrero, Rafael Morán Tobar, Carlos
Walter Guzman Coto, Erik Mira Bonilla, Dolores Alberto Rivas, Rafael Eduardo Paz Velis,
Mauricio Ernesto Rodríguez, Miguel Elías Ahúes Karrá y Erick Ernesto Campos.
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS AL CODIGO ELECTORAL
Art. 1.- Intercálese un inciso entre el inciso primero y segundo del Art. 109 del
Código Electoral, de la manera siguiente:
“Cuando no se hubiera completado los cuatro miembros que señala el inciso anterior,
debido a que en las últimas elecciones sólo hayan participado dos o tres partidos
políticos o coaliciones de partidos, los espacios vacantes, serán completados por el
o los partidos políticos contendientes que tengan mayor representación legislativa.”
Art. 2.- Intercálese un inciso entre el inciso primero y segundo del Art. 113 del
Código Electoral, de la manera siguiente:
Indice Legislativo 545
Parte III

Parte III
546
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
“Cuando no se hubiera completado los cuatro miembros que señala el inciso anterior,
debido a que en las últimas elecciones sólo hayan participado dos o tres partidos
políticos o coaliciones de partidos, los espacios vacantes serán completados por el o
los partidos políticos contendientes que tengan mayor representación legislativa.”
Art. 3.- Intercálese un inciso entre el inciso primero y segundo del Art. 117 del
Código Electoral, de la manera siguiente:
“Cuando no se hubiera completado los cuatro miembros que señala el inciso anterior,
debido a que en las últimas elecciones sólo hayan participado dos o tres partidos
políticos o coaliciones de partidos, los espacios vacantes serán completados por el o
los partidos políticos contendientes que tengan mayor representación legislativa.”
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta
y un días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 75, Tomo Nº 391, Fecha: 15 de abril de 2011.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 677
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 3, de fecha 23 de diciembre de 1983,
publicado en el Diario Oficial Nº 239, Tomo Nº 281, de esa misma fecha,
se emitieron las Disposiciones Generales de Presupuestos cuyo marco
legal es aplicable a diversas materias relacionadas con operaciones de
tesorería, contabilidad, personal y otras, incluyendo lo referente al pago
por trabajo extraordinario.
II.- Que por Decreto Legislativo Nº 553, de fecha 9 de diciembre de 2010,
publicado en el Diario Oficial Nº 237, Tomo Nº 389, del 17 del mismo mes
y año, se asignó a partir del uno de enero de 2011 un incremento salarial
del 6% y 10% a los servidores públicos que devengan salarios hasta de
$1,000.
III.- Que con el objeto de armonizar en las Disposiciones Generales de
Presupuestos antes relacionadas, las cuantías máximas a pagar por trabajos
desempeñados en horas extraordinarias, con los nuevos niveles salariales
que han resultado de la aplicación de dicho incremento salarial, se hace
necesario introducir reformas al Art. 113 de las citadas Disposiciones en
los términos que establece este Decreto.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda,
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTOS
Art. 1.- Refórmanse en el Art. 113, los numerales 3,4, 5, inciso primero y 6, de
la siguiente manera:
“3. Los empleados que prestan servicio fuera de las horas de audiencia y cuyos
sueldos no excedan de $476.15, tendrán derecho a remuneración extraordinaria
conforme la siguiente regulación: de las seis a las diecinueve horas sin recargo; de las
diecinueve hasta las seis horas, con el 50% de recargo. Se exceptúa de la limitación
relativa al sueldo a los empleados de la Asamblea Legislativa.
4. Para los individuos del Servicio de Aduanas que, conforme a la ley especial
de la materia, tengan derecho a emolumentos extraordinarios, no regirá la limitación
Indice Legislativo 547
Parte III

Parte III
548
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
del sueldo de $476.15.Tales emolumentos se computarán como lo indica el numeral
anterior.
5. En casos excepcionales, el Ministerio de Hacienda podrá autorizar el pago por
servicios extraordinarios a funcionarios y empleados que devenguen más de $476.15
sin exceder de $539.00.
6. A los empleados de las demás dependencias gubernamentales con sueldos
mayores de $476.15 excepto aquellos a quienes el Ministerio de Hacienda les haya
autorizado el pago, se les concederá licencia con goce de sueldo equivalente al tiempo
trabajado en horas extraordinarias, y computado según el numeral 3 del presente
artículo, durante cada año fiscal. En ningún caso estas licencias excederán de quince
días y serán concedidas en el tiempo más oportuno a juicio del jefe del servicio.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete
días del mes de abril del año dos mil once.
D. O. Nº 86, Tomo Nº 391, Fecha: 11 de mayo de 2011.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 679
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 254 de fecha 21 de enero de 2010,
publicado en el Diario Oficial Nº 82, Tomo Nº 387, del 5 de mayo de 2010
se emitió la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de
Trabajo.
II.- Que la mencionada ley en su artículo 89, establece que los empleadores
tendrán un plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de dicha ley y
de sus respectivos reglamentos, para el cumplimiento de todo lo previsto
en aquella.
III.- Que actualmente no existen las condiciones necesarias, no solo en el caso
de las empresas sino también en el caso del mismo Estado, en materia de
normas de seguridad e infraestructura, así como de recursos necesarios
y suficientes que permitan una tutela eficientes y efectiva de la salud y
seguridad en el trabajo, para dar cumplimiento a lo regulado en la referida
ley, siendo por ello necesario y procedente modificar el referido artículo en
el sentido de prorrogar por seis meses adicionales, contados a partir de la
fecha de publicación del Decreto respectivo, el plazo previsto en el artículo
89 de la misma.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Rodolfo
Antonio Parker Soto, José Nelson Guardado Menjivar, Ernesto Antonio Angulo Milla,
Roberto José d’Aubuisson Munguía, Federico Guillermo Avila Qüehl, Lucía del Carmen
Ayala de León, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda, Carmen Elena Calderón Sol de
Escalón, Carmen Elena Figueroa Rodríguez, Osmin López Escalante, Manuel Vicente
Menjívar Esquivel, Carlos Armando Reyes Ramos, David Ernesto Reyes Molina, Abilio
Orestes Rodríguez Menjivar, Misael Serrano Chávez, Manuel Rigoberto Soto Lazo,
Enrique Alberto Luis Valdés Soto y Mario Eduardo Valiente Ortíz.
DECRETA:
Art. 1.- Prorrógase por seis meses adicionales, contados a partir de la fecha de
publicación en el Diario Oficial, del presente Decreto, el plazo previsto en el artículo 89
de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el
Diario Oficial.
Indice Legislativo 549
Parte III

Parte III
550
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete
días del mes de abril del año dos mil once.
D. O. Nº 77, Tomo Nº 391, Fecha: 27 de abril de 2011.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 683
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el artículo 101 de la Constitución determina que el Estado promoverá
el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción,
la productividad y la racional utilización de los recursos, y para lograrlo es
condición necesaria proteger los recursos naturales, así como la diversidad
e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible,
lo cual se establece en el artículo 117 de dicha Carta Magna, y declara
de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional,
restauración o sustitución de los recursos naturales.
II.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 637, de fecha 13 de diciembre del
año 2001, publicado en el Diario Oficial Nº 240, Tomo Nº 353, de fecha 19
del mismo mes y año, se emitió la Ley General de Ordenación y Promoción
de Pesca y Acuicultura, la cual tiene como objeto regular la ordenación
y promoción de las actividades de pesca y acuicultura asegurando la
conservación y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos.
III.- Que para mantener los recursos naturales, proteger las distintas especies
marinas y en general el medio ambiente marino y que estos recursos
naturales sean fuentes de empleo para nuestros pescadores y sus familias;
manteniendo así la sostenibilidad alimentaria y el desarrollo económico
en ese rubro, es necesario delimitar el marco de la actividad pesquera,
reformando la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y
Acuicultura.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados y
Diputadas: Irma Lourdes Palacios Vásquez, Alberto Armando Romero Rodríguez,
Roberto José d’Aubuisson Munguía, Ramón Arístides Valencia Arana, Rodolfo Antonio
Parker Soto, Santos Guevara Ramos; y con el apoyo de los Diputados y Diputadas:
Rubén Orellana Mendoza, Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Nery Arely Díaz de Rivera,
Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Gilberto Rivera Mejía, Rodrigo Samayoa Rivas,
Mario Alberto Tenorio Guerrero y Manuel Rigoberto Soto Lazo,
DECRETA, las siguientes:
REFORMAS A LA LEY GENERAL DE ORDENACION Y PROMOCION DE
PESCA Y ACUICULTURA
Indice Legislativo 551
Parte III

Parte III
552
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
Art. 1.- Refórmase el Art. 28 de la manera siguiente:
“Art. 28.- Los métodos de pesca por arrastre y aquellos que no sean selectivos o
autorizados por la autoridad competente, quedan prohibidos en las áreas de reserva
acuática.
Para los efectos de esta Ley se declaran áreas de reserva acuática las siguientes:
las bocanas de Garita Palmera, Barra de Santiago, Cordoncillo, Desembocadura del Río
Lempa y La Bahía de Jiquilísco que comprende las bocanas de El Bajón y La Chepona;
con un área de protección de dos millas a partir de cada extremo de la bocana y cinco
millas mar adentro.
De igual manera se declara área de reserva acuática la distancia de una milla
marina contada a partir de la línea de más baja marea en toda la costa salvadoreña”
Art. 2.- Adiciónase un Art. 31-A, entre el Art. 31 y el Art. 32, de la siguiente
manera:
“Art. 31-A.- Se prohíbe la pesca industrial dentro de las tres millas marinas
contadas desde la línea de más baja marea. Dentro de dicha zona y después del área
de reserva acuática, únicamente podrá autorizarse la pesca artesanal, de pequeña
escala o la no comercial.”
Art. 3.- Refórmanse los literales a) e i) del Art. 79, de la siguiente manera:
“a) Realizar cualesquiera de las fases de las actividades de pesca y acuicultura
en contravención a las disposiciones de la presente Ley o sin la autorización
o licencia correspondiente, sean éstas efectuadas por embarcaciones
nacionales o por embarcaciones con bandera extranjera no acreditadas en
el país; considerándose esta actividad como un acto de piratería;”
“i) Realizar actividades de extracción dentro de las áreas de reserva acuática
o en contravención de lo dispuesto en el artículo 31-A;”
Disposición Transitoria
Art. 4.- Todo permiso, autorización o licencia concedida a la actividad de pesca
industrial, quedará modificada por ministerio de ley sin necesidad de decreto o
modificación alguna, y deberá entenderse redactada conforme lo dispuesto en el Art.
31-A.
Vigencia
Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: a los trece días del mes
de abril del 2011.
Asamblea Legislativa

Nota:
Anuario Legislativo 2010 - 2011
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97 inciso 31 del Reglamento Interior
de este Organo del Estado, se hace constar que el presente Decreto fue devuelto con
observaciones por el Presidente de la República el día once de mayo del año dos
mil once, resolviendo esta Asamblea Legislativa no aceptar dichas observaciones, en
Sesión Plenaria celebrada el día dieciocho de agosto de dos mil once.
ELIZARDO GONZÁLEZ LOVO
Tercer Secretario Directivo
D. O. Nº 170, Tomo Nº 392, Fecha: 12 de septiembre de 2011.
Indice Legislativo 553
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 694
554
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 230, de fecha 14 de diciembre de 2000,
publicado en el Diario Oficial Nº 241, Tomo Nº 349, del 22 del mismo mes
y año, se emitió el Código Tributario.
II.- Que el Decreto Legislativo Nº 233, de fecha 16 de diciembre de 2009,
publicado en el Diario Oficial Nº 239, Tomo Nº 385, del 21 del mismo
mes y año, estableció la obligatoriedad de elaborar una declaración del
estado patrimonial y a partir del ejercicio del 2010. Que el plazo para la
presentación de la Declaración del Estado Patrimonial vence el 30 de abril
del presente año.
III.- Que a la fecha existe el Decreto Nº 659, que modifica el Código Tributario
en esta materia y que se encuentra en proceso de sanción, publicación y
por ende su vigencia, por lo que es procedente aprobar una disposición
transitoria en el sentido de ampliar el plazo para la presentación de dicha
declaración por 31 días, a fin de que las declaraciones presentadas por los
contribuyentes estén en consonancia con la reforma aprobada.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Guillermo
Antonio Gallegos Navarrete, José Nelson Guardado Menjívar, Luis Roberto Angulo
Samayoa, Santos Guevara Ramos, Federico Guillermo Ávila Qüelh y Mariela Peña Pinto.
DECRETA la siguiente:
DISPOSICION TRANSITORIA
Art. 1.- Prorrógase hasta el día 31 de mayo de 2011 el plazo para la presentación
de la Declaración del Ejercicio Fiscal 2010, a que se refiere el Art. 91 del Código
Tributario.
Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el
Diario Oficial y, por ser de Orden Público, sus efectos se retrotraen al día 30 de abril
de 2011.
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintinueve días del mes de abril del año dos mil once.
D. O. Nº 93, Tomo Nº 391, Fecha: 20 de mayo de 2011.
Indice Legislativo 555
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 696
556
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 260 de fecha 28 de enero de 2010,
publicado en el Diario Oficial Nº 37, Tomo 386 de fecha 23 de febrero del
mismo año, se aprobó la Ley de Impuestos a la Actividad Económica del
Municipio de Alegría, Departamento de Usulután.
II.- Que es necesario considerar el principio constitucional del derecho a
la tributación en forma equitativa, por lo que considerando que algunas
empresas invierten recursos económicos, en crear una empresa, la cual es
generadora de empleos y a la vez invierte estos recursos en la conocida
responsabilidad social; por lo que es necesario evitar cargas excesivas, a
estas empresas y por el contrario debe haber una carga justa y razonable.
III.- Por lo que es procedente considerar que las empresas dedicadas a la
generación de energía eléctrica no se les puede cargar con impuestos que
de alguna manera minen sus respectivos patrimonios, pues a la larga el
costo es trasladado al ciudadano y esto vendría a encarecer más la vida
de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
IV.- Por lo antes expuesto es procedente reformar la Ley de Impuestos a
la Actividad Económica del Municipio de Alegría, del Departamento de
Usulután, en el sentido de crear un nuevo hecho generador, para que las
empresas de energía eléctrica puedan pagar sus respectivos impuestos
bajo una nueva modalidad.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Carlos
Cortez Hernández, Ana Daysi Villalobos, Jorge Schafik Handal Vega y Nery Arely Díaz
de Rivera.
DECRETA, la siguiente:
REFORMA A LA LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA
DEL MUNICIPIO DE ALEGRIA
Art. 1.- Intercálese entre los artículos 12 y 13, el Art. 12-A, de la siguiente manera:
Art. 12-A.-Las empresas generadoras de energía eléctrica dentro del Municipio,
pagarán en concepto de impuestos al mes, una tarifa fija de diez mil dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica, más veinticinco centavos de dólar, por megavatio/
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
hora inyectado al sistema eléctrico al que se encuentren interconectadas, ya sea de
transmisión o distribución. Para la verificación de los megavatios/hora producidos, al
municipio se le proporcionará por medio de la empresa generadora de energía eléctrica
un informe mensual de la Unidad de Transacciones S. A. de C.V.
En caso de no existir generación, las empresas generadoras de energía eléctrica
únicamente pagarán al municipio la tarifa fija mensual de diez mil dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica, siempre y cuando posean activos dentro del municipio.
Las empresas generadoras de electricidad que posean instalaciones dentro
del ámbito del municipio de Alegría, únicamente pagarán en concepto de impuesto
municipal y a partir de la vigencia del presente artículo, el impuesto por generación de
energía eléctrica.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintinueve días del mes de abril del año dos mil once.
D. O. Nº 81, Tomo Nº 391, Fecha: 2 de mayo de 2011.
Indice Legislativo 557
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 697
558
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 516, de fecha 23 de noviembre de
1995, publicado en el Diario Oficial Nº 7, Tomo Nº 330, del 11 de enero de
1996, se emitió la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado;
II.- Que la Ley antes referida, en su Art. 78, considera el uso de Nota de
Crédito del Tesoro Público como instrumento para agilizar el pago de las
obligaciones del Estado y en lo que respecta al subsidio al precio de venta
del gas licuado de petróleo, lo limita hasta un veinte por ciento (20%) del
valor adeudado; y,
III.- Que por lo expuesto, es necesario introducir reformas a la Ley en cuestión,
que posibiliten el pago total del subsidio al precio de venta del gas licuado
de petróleo.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda,
DECRETA, la siguiente:
REFORMA TRANSITORIA A LA LEY ORGANICA DE ADMINISTRACION
FINANCIERA DEL ESTADO
Art. 1.- Sustitúyese el Art. 78, por el siguiente:
“Devolución a través de Notas de Crédito del Tesoro Público.
Art. 78.- Facúltase a la Dirección General de Tesorería para que, en casos de
insuficiencia de recursos de la caja fiscal, pueda devolver a los sujetos que mediante
resolución se determine que hayan pagado impuestos en exceso o en forma indebida,
reintegro de créditos fiscales por impuestos a la transferencia de bienes muebles y a
la prestación de servicios a exportadores, subsidio al precio de venta del gas licuado
de petróleo envasado destinado para consumo doméstico (GLP), a través de Notas de
Crédito del Tesoro Público, con vencimiento de 180 días. Estos títulos servirán para el
pago de cualquier tipo de obligación fiscal de los contribuyentes al Gobierno Central;
dichos títulos podrán ser traspasados por endoso entre los contribuyentes.
El Reglamento de esta Ley establecerá las características de las Notas de Crédito
del Tesoro Público.”
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 2.- La reforma establecida en el presente Decreto, tendrá validez únicamente
para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintinueve días del mes de abril del año dos mil once.
D. O. Nº 81, Tomo Nº 391, Fecha: 2 de mayo de 2011.
Indice Legislativo 559
Parte III

Parte III
DECRETO Nº 698
560
REFORMAS, INTERPRETACIONES AUTENTICAS, PRORROGAS Y DEROGATORIAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que es necesario que el Estado cumpla con el mandato de defender los
intereses de los consumidores, y que el orden económico debe responder
esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar a todos
los habitantes del país una existencia digna del ser humano, así como
promover el desarrollo económico y social mediante la racional utilización
de los recursos según lo dispone el Art. 101 de la Constitución;
II.- Que es deber del Estado fomentar y proteger la iniciativa privada dentro de
las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y asegurar
los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país;
III.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 169, de fecha 19 de noviembre de
1970, publicado en el Diario Oficial Nº 235, Tomo Nº 229 de fecha 23 de
diciembre de 1970, se aprobó la Ley Reguladora del Depósito, Transporte
y Distribución de Productos de Petróleo y que el 17 de enero de 2008
mediante el Decreto Legislativo Nº 535, publicado en el Diario Oficial Nº
24, Tomo 378 del 05 de febrero del mismo año se introdujeron reformas
a esta Ley incluyendo en su texto, entre otros, el Art. 9-A;
IV.- Que se vuelve indispensable una inmediata reforma a la Ley Reguladora del
Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, buscando
ampliar la cobertura del beneficio del subsidio al gas, a todas aquellas
personas que lo necesitan para su sobrevivencia, tales como los negocios
de subsistencia y a aquellas que ofrecen servicios educativos como los
centros escolares y a las entidades de asistencia sin fines de lucro.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de las Diputadas y
Diputados Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Blanca
Noemí Coto Estrada, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Orestes Fredesman Ortez
Andrade y Mario Antonio Ponce López.
DECRETA, la siguiente:
REFORMA A LA LEY REGULADORA DEL DEPOSITO, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PETROLEO
Art. 1.- Sustitúyese el Art. 9-A, por el siguiente:
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
“Art. 9-A.- Mientras sea un producto subsidiado, el Ministerio, por medio de
Acuerdo Ejecutivo, deberá establecer el precio máximo de venta del GLP envasado
y el monto individualizado del subsidio, asimismo, determinará los sujetos que serán
sus beneficiarios, quienes deberán formar parte de sectores de consumo doméstico
de limitada capacidad adquisitiva, negocios de subsistencia dedicados a la elaboración
de alimentos, centros escolares y complejos educativos públicos; y entidades de
asistencia sin fines de lucro que preparan alimentos para personas en situación
vulnerable, debidamente acreditadas por el Ministerio.
Para tal efecto, elaborará la normativa correspondiente en base a principios de
equidad, transparencia y eficacia, la cual deberá contener los criterios de selección y
el mecanismo de pago del subsidio al GLP que garantice la entrega en forma directa a
los beneficiarios.
El GLP para automotores sólo podrá suministrarse a los vehículos en estaciones de
servicio o tanques para consumo debidamente autorizados por la Dirección.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintinueve días del mes de abril de dos mil once.
D. O. Nº 85, Tomo Nº 391, Fecha: 6 de mayo de 2011.
Indice Legislativo 561
Parte III

DECRETO Nº 395
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
de conformidad con lo establecido en el Art. 131, ordinal 19º de la Constitución,
DECRETA:
ARTICULO UNICO.- Declárase electo Procurador Para la Defensa de los Derechos
Humanos, al Licenciado OSCAR HUMBERTO LUNA, para el período de tres años, que
señala el artículo 192 de la Constitución, que inicia el seis de julio del corriente año y
concluye el cinco de julio del año dos mil trece.
El licenciado Oscar Humberto Luna, rindió la protesta constitucional correspondiente,
ante esta Asamblea Legislativa, en esta misma fecha.
DADO EN EL SALON AZUL, PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticuatro
días del mes de junio del año dos mil diez.
D. O. Nº 119, Tomo Nº 387, Fecha: 25 de junio de 2010.
Indice Legislativo 565
Parte IV

Parte IV
DECRETO Nº 441
566
ELECCIONES, RENUNCIAS Y EXONERACIONES DE FUNCIONARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
Conocida la solicitud de la Consejal Propietaria del Consejo Nacional de la
Judicatura, Abogada Nora Victorina Montoya Martínez, en el sentido se le exonere
del referido cargo, a partir de esta fecha, y poder reincorporarse a sus labores que
desempeñaba como Jueza Noveno de Instrucción de San Salvador, en atención a que
le ha caducado el permiso que al respecto le concedió la Corte Suprema de Justicia,
para desempeñarse como miembra propietaria del Consejo Nacional de la Judicatura.
DECRETA:
ARTICULO UNICO.- Acéptase la exoneración del cargo de Miembra Propietaria
del Consejo Nacional de la Judicatura, a la Abogada Nora Victorina Montoya Martínez,
a partir de esta fecha.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los doce
días del mes de agosto del año dos mil diez.
D. O. Nº 155, Tomo Nº 388, Fecha: 23 de agosto de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 475
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
De conformidad a lo dispuesto en los Artículos 131, Ordinal 19° y 187, inciso 3º,
de la Constitución, y lo establecido en la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura,
DECRETA:
ARTICULO UNICO.- Decláranse electos Miembros Propietarios y Suplentes del
Consejo Nacional de la Judicatura a los Abogados siguientes:
PROPIETARIOS:
POR EL GREMIO DE ABOGADOS
Tito Edmundo Zelada Mejía
Manuel Francisco Martínez
Alcides Salvador Funes Teos
POR EL SECTOR DE MAGISTRADOS DE CAMARA DE SEGUNDA INSTANCIA, JUECES DE
PRIMERA INSTANCIA Y JUECES DE PAZ
Jorge Alfonso Quinteros Hernández
POR EL SECTOR DEL MINISTERIO PUBLICO
Luis Enrique Campos Díaz
SUPLENTES:
POR EL GREMIO DE ABOGADOS
Manuel Alcides Galdámez Ardón
José Efraín Gutiérrez Martínez
Oscar Alberto López Jerez
POR EL SECTOR DE MAGISTRADOS DE CAMARA DE SEGUNDA INSTANCIA, JUECES DE
PRIMERA INSTANCIA Y JUECES DE PAZ
Doris Luz Rivas Galindo
Indice Legislativo 567
Parte IV

Parte IV
568
ELECCIONES, RENUNCIAS Y EXONERACIONES DE FUNCIONARIOS
POR EL SECTOR DEL MINISTERIO PUBLICO
Douglas Yudise Campos Ayala
Los profesionales mencionados, iniciarán sus funciones a partir de esta misma
fecha y finalizarán el día el 22 de septiembre del año 2015, debiendo rendir, ante esta
Asamblea, la protesta Constitucional correspondiente.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintitrés
días del mes de septiembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 179, Tomo Nº 388, Fecha: 27 de septiembre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 480
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
Conocida la solicitud del Magistrado Suplente de la Corte Suprema de Justicia,
Abogado Jorge Alfonso Quinteros Hernández, en el sentido se le exonere del referido
cargo, en atención a que fue electo como Miembro Propietario del Consejo Nacional
de la Judicatura.
DECRETA:
ARTICULO UNICO.- Acéptase la exoneración del cargo de Magistrado Suplente
de la Corte Suprema de Justicia, al Abogado Jorge Alfonso Quinteros Hernández.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta
días del mes de septiembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 190, Tomo Nº 389, Fecha: 12 de octubre de 2010.
Indice Legislativo 569
Parte IV

DECRETO Nº 359
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 328, de fecha 15 de abril de 2010, publicado
en el Diario Oficial Nº 76, Tomo Nº 387 del 27 de abril del mismo año,
esta Asamblea autorizó al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda
para que por medio de su Titular o del representante que él designare,
negociare y suscribiera en nombre del Estado y Gobierno de la República
de El Salvador el Contrato de Préstamo con el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), por un monto de hasta DIECIOCHO
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$18,340,000.00), recursos que se utilizarán para
desarrollar el Proyecto “Apertura del Boulevard Diego de Holguín - Santa
Tecla Tramo II.”
II.- Que el referido Contrato de Préstamo fue suscrito el 4 de mayo de 2010,
por el señor Ministro de Hacienda en correspondencia a la autorización
conferida por el Decreto Legislativo Nº 328 antes relacionado.
III.- Que en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal
requeridas en nuestra legislación, procede aprobar en todas sus partes el
Contrato de Préstamo, que ha sido sometido a esta Asamblea, para lo cual
se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 148 de la Constitución
de la República.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales.
DECRETA:
Art. 1.- Apruébase en todas sus partes el Contrato de Préstamo Nº 2031 suscrito
el 4 de mayo de 2010, entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de hasta DIECIOCHO
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US $18,340,000.00), recursos que se utilizarán para financiar el Proyecto
“Apertura del Boulevard Diego de Holguín - Santa Tecla Tramo II.”
Art. 2.- El Ministro de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo
Urbano, a partir de la fecha del primer desembolso, presentará a esta Asamblea
Legislativa un informe trimestral de la ejecución física y financiera del proyecto a que
se refiere el artículo anterior, hasta que se complete y se dé por recibido el mismo.
Indice Legislativo 573
Parte V

Parte V
574
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia desde su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte
días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 93, Tomo Nº 387, Fecha: 21 de mayo de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 361
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que Monseñor José Cristóbal Cortez Ramírez, sacerdote católico, originario
de la Ciudad de Tejutla, Departamento de Chalatenango y que desempeña
sus funciones sacerdotales en la Basílica del Sagrado Corazón de esta
ciudad, actualmente se encuentra en grave estado de salud.
II.- Que durante sus años de sacerdocio, ha desempeñado con esmero y
dedicación su ministerio pastoral, fortaleciendo la fe de la comunidad
católica de la Ciudad de San Salvador y brindando su apoyo, a través de
obras sociales.
III.- Que atendiendo el clamor de la feligresía, es procedente autorizar que al
momento de su fallecimiento, sus restos mortales sean inhumados en la
referida Basílica del Sagrado Corazón.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Ana Vilma
Castro de Cabrera, José Rinaldo Garzona Villeda y José Nelson Guardado Menjívar.
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase que al momento del fallecimiento del Presbítero y Monseñor
José Cristóbal Cortez Ramírez, sus restos mortales sean inhumados en el interior de la
Basílica del Sagrado Corazón de esta ciudad.
Esta autorización es sin menoscabo de los demás trámites que de conformidad
a la normativa correspondiente, deben cumplirse para la inhumación de los restos
mortales de personas naturales.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte
días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 110, Tomo Nº 387, Fecha: 14 de junio de 2010.
Indice Legislativo 575
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 370
576
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 329, de fecha 15 de abril de 2010,
publicado en el Diario Oficial Nº 76, Tomo Nº 387 del 27 de abril del
mismo año, esta Asamblea autorizó al Organo Ejecutivo en el Ramo de
Hacienda para que por medio de su Titular o del representante que él
designare, negociare y suscribiera en nombre del Estado y Gobierno
de la República de El Salvador el Contrato de Préstamo con el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de
hasta CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA (US $143,433,870.00), recursos que se destinarán para
financiar la ejecución del “Programa para el Desarrollo de Infraestructura
Social y Prevención de Vulnerabilidad.”
II.- Que el referido Contrato de Préstamo fue suscrito el 4 de mayo de 2010,
por el señor Ministro de Hacienda en correspondencia a la autorización
conferida por el Decreto Legislativo Nº 329 antes relacionado.
III.- Que en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal
requeridas en nuestra legislación, procede aprobar en todas sus partes el
Contrato de Préstamo, que ha sido sometido a esta Asamblea, para lo cual
se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 148 de la Constitución
de la República.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales.
DECRETA:
Art. 1.- Apruébase en todas sus partes el Contrato de Préstamo Nº 2015, suscrito
el 4 de mayo de 2010, entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de hasta CIENTO
CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$143,433,870.00),
recursos que se destinarán para financiar la ejecución del “Programa para el Desarrollo
de Infraestructura Social y Prevención de Vulnerabilidad.”
Art. 2.- El Coordinador Especial para el Seguimiento y Ejecución de la Inversión
Pública,a partir de la fecha del primer desembolso, presentará a esta Asamblea
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Legislativa un informe trimestral de la ejecución física y financiera de los proyectos a
que se refiere el artículo anterior, hasta que se completen y se den por recibidos los
mismos.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia desde su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintisiete días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 107, Tomo Nº 387, Fecha: 9 de junio de 2010.
Indice Legislativo 577
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 384
578
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de la Defensa
Nacional, es dueño y actual poseedor de un inmueble de naturaleza urbana,
de una extensión superficial de DOS MIL DOS PUNTO SESENTA Y CUATRO
METROS CUADRADOS (2,002.64 M 2 ), situado en Alameda Manuel Enrique
Araujo, Boulevard Venezuela y Avenida Las Camelias, Barrio El Calvario,
Departamento de San Salvador, inscrito bajo la Matrícula SEIS CERO
DOS DOS CINCO SIETE DOS NUEVE- CERO CERO CERO CERO CERO en
el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del
Centro, denominado Porción Tres, el cual ha sido valuado por la Dirección
General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda en DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA ($250,050.00), según nota número uno seis tres siete, Ref. cero
nueve cero cero, de fecha cinco de septiembre de dos mil ocho.
II.- Que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Arquidiócesis de San
Salvador, ha solicitado la donación del citado inmueble, con la finalidad
de desarrollar un proyecto habitacional que beneficiará a personas que
residen en sectores de alto riesgo en la Comunidad Nuevo Israel; asimismo,
se destinarán seis viviendas para que sean asignadas a ex-miembros de la
Fuerza Armada discapacitados del conflicto armado.
III.- Que el Consejo de Ministros, en el Punto de Acta Número Nueve, de la
Sesión Número Cuarenta y Nueve, celebrada el veinticuatro de marzo del
año dos mil nueve, autorizó al Organo Ejecutivo en el Ramo de la Defensa
Nacional para que transfiriera, en calidad de donación, dicho inmueble a la
Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Arquidiócesis de San Salvador.
IV.- Que los artículos 119 y 233 de la Constitución de la República establecen
que el Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas
lleguen a ser propietarias de su vivienda; y que los bienes de la Hacienda
Pública y los de uso público sólo podrán donarse o darse en usufructo,
comodato o arrendamiento, con autorización del Organo Legislativo, a
entidades de utilidad general, respectivamente.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de la Defensa Nacional,
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, para
que transfiera en calidad de donación, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana,
Arquidiócesis de San Salvador, un terreno cuya extensión superficial es de DOS MIL
DOS PUNTO SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (2,002.64 M 2 ), situado en
Alameda Manuel Enrique Araujo, Boulevard Venezuela y Avenida Las Camelias, Barrio
El Calvario, de la ciudad y departamento de San Salvador, inscrito bajo la matrícula
número SEIS CERO DOS DOS CINCO SIETE DOS NUEVE-CERO CERO CERO CERO CERO
del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, con
la finalidad de desarrollar en éste un proyecto habitacional que beneficiará a personas
que residen en sectores de alto riesgo en la Comunidad Nueva Israel; asimismo, se
destinarán seis viviendas para que sean asignadas a ex-miembros de la Fuerza Armada
discapacitados como resultado del conflicto armado, que no hayan sido beneficiados
con otros programas similares del Gobierno. La descripción técnica del inmueble es la
siguiente: “Partiendo del punto de intersección P. I. del eje del Boulevard Venezuela y
el eje de la Avenida Las Camelias, se mide sobre el eje de esta última una distancia de
cincuenta y tres punto cincuenta y cuatro metros con rumbo Sur cuarenta y un grados
veintisiete minutos treinta y ocho segundos Este, llegando a un punto “B”, donde se
hace una deflexión negativa de noventa grados y se mide un tramo recto de ocho punto
ochenta y cinco metros para llegar al mojón M-UNO con coordenadas geodésicas
Longitud: Cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y seis punto treinta y
ocho y Latitud: Doscientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta y dos punto ochenta
y siete, donde da inicio la presente descripción técnica: LINDERO NORTE, partiendo del
mojón M-UNO, se mide un tramo recto con distancia de veintiocho punto treinta metros
y rumbo Norte setenta y seis grados cero cero minutos dieciséis segundos Este y una
distancia de veintiocho punto treinta metros se llega al mojón M-DOS, lindando todos
los dos tramos antes mencionados con La Comunidad La Fortaleza, pasaje peatonal
de por medio. LINDERO ORIENTE, partiendo del mojón M-DOS, se miden siete tramos
rectos en línea quebrada así: Tramo uno, con distancia de seis punto treinta metros y
rumbo Sur sesenta y dos grados treinta y ocho minutos cuarenta y siete segundos Este;
Tramo dos, con distancia de ocho punto diez metros y rumbo Sur cincuenta y cuatro
grados treinta y un minutos cincuenta y siete segundos Este; Tramo tres, con distancia
de veintiuno punto cero tres metros y rumbo Sur cuarenta y cinco grados treinta y
siete minutos treinta y dos segundos Este; Tramo cuatro, con distancia de cuatro
punto sesenta y tres metros y rumbo Sur treinta y seis grados dieciocho minutos trece
segundos Este; Tramo cinco, con distancia de diez punto ochenta y cuatro metros y
rumbo Sur veintisiete grados diecisiete minutos cincuenta y tres segundos Este, tramo
seis con una distancia de seis punto treinta y tres metros y rumbo Sur veinticuatro
grados cincuenta y un minutos catorce segundos Este; y tramo siete, con una distancia
de diez punto setenta y cuatro metros y rumbo Sur veinte grados cincuenta y ocho
minutos cincuenta segundos Este se llega al mojón M-NUEVE, lindando los tramos
antes mencionados con viviendas de La Comunidad Nueva Israel, con pasaje peatonal
de por medio. LINDERO SUR, Partiendo del mojón M-NUEVE, se miden tres tramos así:
Tramo uno, con distancia de tres punto setenta y un metros y rumbo Sur sesenta y un
grados veinte minutos cuarenta y cuatro segundos Oeste; Tramo dos, con distancia
de catorce punto dieciséis metros y rumbo Sur cuarenta y nueve grados treinta y tres
Indice Legislativo 579
Parte V

Parte V
580
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
minutos cincuenta y un segundos Oeste; y Tramo tres, con distancia de cuatro punto
treinta y seis metros y rumbo Sur cuarenta y ocho grados cincuenta y cinco minutos
cuarenta y nueve segundos Oeste y se llega al mojón M-DOCE, lindando los tramos
antes mencionados con la Comunidad Nueva Israel. LINDERO PONIENTE, partiendodel
mojón M-DOCE, se miden cinco tramos rectos en línea quebrada así: Tramo uno: con
distancia de dos punto cero cero metros y rumbo Norte cuarenta y un grados cuarenta
y cuatro minutos diez segundos Oeste; Tramo dos: con distancia de seis punto cero
cinco metros y rumbo Norte cuarenta y un grados cincuenta y tres minutos cuarenta
segundos Oeste; Tramo tres: con distancia de cuarenta y ocho punto cero ocho metros
y rumbo Norte cuarenta y un grados veintidós minutos treinta y un segundos Oeste;
Tramo cuatro: con distancia de seis punto treinta y cinco metros y rumbo Norte cuarenta
y un grados veintitrés minutos cuarenta y cuatro segundos Oeste; y tramo cinco con
una distancia de quince punto cuarenta y cinco metros y rumbo Norte cuarenta y un
grados veintisiete minutos cero siete segundos Oeste se llega al mojón M-UNO, donde
dio inicio la presente descripción técnica, lindando los dos primeros tramos con la
Comunidad Nueva Israel; y los restantes tramos con inmueble propiedad del Estado
asignado al Ministerio de la Defensa Nacional denominado como Porción Dos, todos
los tramos con Avenida Las Camelias de por medio”.
Art. 2.- La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Arquidiócesis de San Salvador,
destinará seis viviendas para que sean asignadas a ex-miembros de la Fuerza Armada
discapacitados como resultado del conflicto armado, que no hayan sido beneficiados
con otros programas similares del Gobierno, de conformidad a nómina que ese
Ministerio proporcionará a dicha Iglesia.
Art. 3.- Deberá consignarse en las escrituras públicas de donación que
correspondan a cada beneficiario, como requisito para ser inscrita, que el inmueble
donado no podrá enajenarse ni gravarse, sino transcurridos veinte años a contar de la
fecha de otorgamiento de la escritura de donación a su favor.
Art. 4.- La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Arquidiócesis de San Salvador,
elaborará las escrituras públicas de donación a cada una de las familias que habitan
el inmueble y les entregará el Título de Propiedad debidamente inscrito. Las familias
beneficiarias cancelarán los gastos necesarios para la emisión de sus títulos de
propiedad, los cuales no causarán ningún tipo de impuestos ni derechos registrales.
Art. 5.- Corresponderá a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Arquidiócesis
de San Salvador, el pago de los impuestos municipales y demás contribuciones que le
sean requeridas.
Art. 6.- Facúltase al Fiscal General de la República o al funcionario que éste
delegue, para que en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador,
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
otorgue la escritura pública de donación a favor de la Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, Arquidiócesis de San Salvador.
Art. 7.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de junio del año dos mil diez.
D. O. Nº 132, Tomo Nº 388, Fecha: 14 de julio de 2010.
Indice Legislativo 581
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 385
582
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de la Defensa Nacional,
es dueño y actual poseedor de un inmueble de naturaleza urbana situado
entre la Cincuenta Avenida Norte y Calle Agua Caliente, de la ciudad y
departamento de San Salvador, el cual, a su vez, forma parte de la porción
Uno del terreno general denominado “La Naval”, según el plano respectivo
y se encuentra inscrito bajo la matrícula número SEIS CERO CERO DOS
SEIS NUEVE OCHO UNO-CERO CERO CERO CERO CERO del Registro de la
Propiedad Raíz e Hipotecas del Departamento de San Salvador.
II.- Que la FUNDACIÓN SALVADOREÑA EDUCACIÓN Y TRABAJO, EDYTRA, ha
solicitado la donación de una porción de terreno de una extensión superficial
de SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO VEINTE
METROS CUADRADOS (75,833.20 mts 2 ), la cual forma parte del inmueble
descrito en el considerando anterior y que ha sido valuada por la Dirección
General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda en SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($745,245.00), según oficio número
cero cero dos uno, Ref. cero nueve cero cero- tres- L, de fecha once de
enero de dos mil siete, con la finalidad de construir en ésta un complejo
habitacional que beneficiará a personas de escasos recursos económicos
que pertenecen a las Comunidades Nor-Oriente- Sector Iberias, del municipio
de San Salvador, que son zonas muy pobladas y cuyos residentes viven
en champas ubicadas en áreas de alto riesgo y a miembros de la Fuerza
Armada y lisiados de guerra de la misma Institución.
III.- Que el Consejo de Ministros, en el Punto Número Siete de la Sesión
Número Cuarenta y Nueve, celebrada el veinticuatro de marzo del año dos
mil nueve, autorizó al Organo Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional
para que transfiera en calidad de donación dicha porción de terreno a la
Fundación Salvadoreña Educación y Trabajo, EDYTRA.
IV.- Que los artículos 119 y 233 de la Constitución de la República establecen
que el Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas
lleguen a ser propietarias de su vivienda y que los bienes de la Hacienda
Pública y los de uso público sólo podrán donarse o darse en usufructo,
comodato o arrendamiento, con autorización del Organo Legislativo, a
entidades de utilidad general, respectivamente.
Asamblea Legislativa

POR TANTO,
Anuario Legislativo 2010 - 2011
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de la Defensa Nacional,
DECRETA:
Art. 1.-Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, para
que transfiera en calidad de donación a la Fundación Salvadoreña Educación y Trabajo,
EDYTRA, una porción de terreno de una extensión superficial de SETENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO VEINTE METROS CUADRADOS (75,833.20
mts 2 ), la cual forma parte del inmueble de mayor extensión superficial de naturaleza
urbana, situado entre la Cincuenta Avenida Norte y Calle Agua Caliente, en esta ciudad,
el cual, a su vez, forma parte de la porción Uno del terreno general denominado “La
Naval” e inscrito bajo la matrícula número SEIS CERO CERO DOS SEIS NUEVE OCHO
UNO-CERO CERO CERO CERO CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del
Departamento de San Salvador, con la finalidad de construir en ésta un complejo
habitacional que beneficiará a personas de escasos recursos económicos que residen
en las Comunidades Nor-Oriente- Sector Iberias y a Discapacitados de la Fuerza
Armada activos y de baja y que no hayan sido beneficiados con otros programas
similares del Gobierno, para lo cual el Ministerio de la Defensa Nacional deberá solicitar
informe al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, al Viceministerio de
Vivienda y Desarrollo Urbano y a otras Instituciones pertinentes. La porción de terreno
que será donada a la Fundación Salvadoreña Educación y Trabajo, EDYTRA, se describe
técnicamente de la forma siguiente: “Partiendo del punto de intersección Pl de los ejes
de la Calle Antigua a Soyapango conocida como Calle Agua Caliente y la Cincuenta
Avenida Norte, se mide sobre el eje de esta última en línea recta con rumbo Sur
veintinueve grados treinta y tres minutos diecisiete segundos Oeste y una distancia de
veintiocho punto noventa y cuatro metros, se llega a un punto sobre este mismo eje
que al hacer una deflexión positiva de noventa grados y una distancia de quince punto
treinta y ocho metros, se llega al mojón Uno de esta porción del terreno general, con
coordenadas geodésicas Longitud: Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Quinientos Setenta
punto Diez y Latitud: Doscientos Ochenta y Siete mil Doscientos Sesenta y Nueve
punto Noventa y Siete; y que luego midiendo un tramo recto con rumbo Sur ochenta y
seis grados cuarenta y ocho minutos treinta segundos Este y una distancia de treinta
y tres punto veinticinco metros se llega al mojón uno de la porción a segregar donde
da inicio la presente descripción, así: LINDERO NORTE: Partiendo del mojón Uno se
miden seis tramos rectos en línea quebrada así: Tramo Uno, con rumbo Sur ochenta y
seis grados cuarenta y ocho minutos treinta segundos Este y distancia de cincuenta y
nueve punto ochenta y ocho metros; Tramo Dos, con rumbo Sur setenta y ocho grados
treinta y seis minutos cero cero segundos Este y distancia de trece punto setenta y un
metros; Tramo Tres, con rumbo Sur ochenta y un grados cincuenta y tres minutos
treinta segundos Este y distancia de dieciocho punto cincuenta metros; Tramo Cuatro,
con rumbo Norte cincuenta y cinco grados veintitrés minutos dieciocho segundos Este
y distancia de cuarenta y seis punto cincuenta y cinco metros; Tramo Cinco, con
rumbo Norte setenta y seis grados cero dos minutos dieciocho segundos Este y
distancia de veintidós punto trece metros; y Tramo Seis, con rumbo Norte veintidós
Indice Legislativo 583
Parte V

Parte V
584
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
grados cero un minutos cero cero segundos Este y distancia de dos punto once metros
se llega al mojón siete, lindando los tramos antes mencionados con inmueble propiedad
de la Cruz Roja Salvadoreña, Calle Antigua a Soyapango conocida como Calle Agua
Caliente de por medio LINDERO ORIENTE: Del mojón siete se miden diez tramos rectos
en línea quebrada así: Tramo Uno, con rumbo Sur cuarenta y nueve grados cuarenta
minutos cuarenta y un segundos Este y distancia de treinta y seis punto once metros;
Tramo Dos, con rumbo Sur cuarenta y dos grados cincuenta minutos cero tres
segundos Oeste y distancia de treinta y siete punto cero nueve metros; Tramo Tres,
con rumbo Sur cuarenta y siete grados cincuenta y cuatro minutos cero cero segundos
Oeste y distancia de cuarenta y uno punto setenta y nueve metros; Tramo Cuatro, con
rumbo Sur cincuenta grados cuarenta y cuatro minutos cero tres segundos Oeste y
distancia de treinta y uno punto sesenta y nueve metros; Tramo Cinco, con rumbo Sur
setenta grados diecisiete minutos veinte segundos Oeste y distancia de veinticinco
punto cuarenta y seis metros; Tramo Seis, con rumbo Sur cincuenta y seis grados cero
dos minutos cincuenta y un segundos Este y distancia de veinticuatro punto dieciocho
metros; Tramo Siete, con rumbo Sur cuarenta y cinco grados treinta y tres minutos
veintiséis segundos Este y distancia de cuarenta punto ochenta y cuatro metros; Tramo
Ocho, con rumbo Sur sesenta grados treinta y nueve minutos dieciocho segundos Este
y distancia de once punto ochenta y un metros; Tramo Nueve, con rumbo Sur setenta
y dos grados treinta y dos minutos cero cero segundos Este y distancia de cincuenta
y cuatro punto ochenta y tres metros; y Tramo Diez, con rumbo Sur diez grados cero
nueve minutos veinticuatro segundos Este y distancia de noventa y cuatro punto
veintiséis metros, se llega al mojón diecisiete, lindando los tramos antes mencionados
con inmueble propiedad del Fondo Nacional de Vivienda Popular, FONAVIPO. LINDERO
SUR: Del mojón diecisiete se miden veintiún tramos rectos en línea quebrada así:
Tramo Uno, con rumbo Sur treinta y nueve grados veintidós minutos cincuenta y cuatro
segundos Oeste y distancia de trece punto veintiún metros; Tramo Dos, con rumbo Sur
veinte grados veintiséis minutos cuarenta y dos segundos Oeste y distancia de treinta
y dos punto veintiséis metros; Tramo Tres, con rumbo Sur cuarenta y un grados
diecinueve minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste y distancia de veintiuno punto
treinta y tres metros; Tramo Cuatro, con rumbo Sur once grados diecisiete minutos
treinta y seis segundos Oeste y distancia de cuarenta y uno punto cero cero metros;
Tramo Cinco, del mojón veintiuno con rumbo Sur setenta y tres grados cincuenta y
ocho minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste y distancia de cincuenta punto
sesenta y tres metros; Tramo Seis: con rumbo Sur cincuenta y tres grados doce
minutos veinticuatro segundos Oeste y distancia de veintinueve punto setenta y dos
metros; Tramo Siete, con rumbo Sur ochenta grados dieciséis minutos cuarenta y dos
segundos Oeste y distancia de nueve punto noventa y cinco metros; Tramo Ocho, con
rumbo Norte cero nueve grados cincuenta y nueve minutos veinticuatro segundos
Oeste y distancia de dos punto treinta metros; Tramo Nueve, con rumbo Sur ochenta y
dos grados cuarenta minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste y distancia de
dieciocho punto veintinueve metros; Tramo Diez, con rumbo Sur setenta y nueve grados
treinta y tres minutos treinta y seis segundos Oeste y distancia de cuarenta y nueve
punto sesenta y nueve metros; Tramo Once, con rumbo Norte cero un grados treinta y
ocho minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste y distancia de veintidós punto
noventa y cuatro metros; Tramo Doce, con rumbo Norte cero ocho grados cincuenta y
un minutos veinticuatro segundos Oeste y distancia de cuarenta y siete punto cincuenta
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
y cinco metros; Tramo Trece, con rumbo Norte ochenta y ocho grados veintinueve
minutos treinta segundos Oeste y distancia de diez punto sesenta y tres metros; Tramo
Catorce, con rumbo Norte cincuenta y tres grados cero seis minutos cero seis segundos
Oeste y distancia de veintitrés punto sesenta y tres metros; Tramo Quince, con rumbo
Norte ochenta y seis grados veintiocho minutos dieciocho segundos Oeste y distancia
de veintiséis punto ochenta y un metros; Tramo Dieciséis, con rumbo Norte ochenta y
ocho grados cuarenta y ocho minutos cuarenta y ocho segundos Oeste y distancia de
veintiuno punto sesenta y ocho metros; Tramo Diecisiete, con rumbo Norte cincuenta
y un grados cuarenta y ocho minutos dieciocho segundos Este y distancia de cuarenta
y tres punto noventa y siete metros; Tramo Dieciocho, con rumbo Norte sesenta y seis
grados veintidós minutos cero seis segundos Oeste y distancia de treinta y cuatro
punto sesenta y tres metros; Tramo Diecinueve, con rumbo Sur setenta y ocho grados
dieciséis minutos cero seis segundos Oeste y distancia de ocho punto veintitrés
metros; Tramo Veinte, con rumbo Norte ochenta y tres grados diecinueve minutos
cincuenta y cuatro segundos Oeste y distancia de tres punto sesenta y tres metros; y,
Tramo Veintiuno: con rumbo Norte setenta y ocho grados once minutos doce segundos
Oeste y distancia de uno punto cero seis metros se llega al mojón treinta y ocho,
lindando los primeros diez tramos con Colonia Altos del Boulevard, los siguientes cinco
tramos con inmueble conocido como Caites del Diablo de la Administración Nacional
de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, el tramo dieciséis con Cancha El Dorado de
UNISOLA y los últimos cinco tramos con inmueble de Polígono Industrial Don Bosco.
LINDERO PONIENTE: Del mojón treinta y ocho se miden once tramos rectos en línea
quebrada así: Tramo Uno, con rumbo Norte cero tres grados treinta y tres minutos
cincuenta y nueve segundos Oeste y distancia de uno punto ochenta y cinco metros;
Tramo Dos, con rumbo Norte cero cero grados treinta y siete minutos once segundos
Oeste y distancia de trece punto ochenta y siete metros; TramoTres, con rumbo Norte
cero dos grados cincuenta y siete minutos veintitrés segundos Este y distancia de
ocho punto cincuenta y tres metros; Tramo Cuatro, con rumbo Norte cero cuatro
grados treinta y tres minutos cuarenta y tres segundos Este y distancia de cinco punto
sesenta y seis metros; Tramo Cinco, con rumbo Norte cero seis grados cero tres
minutos veintiséis segundos Este y distancia de setenta y cuatro punto cuarenta y
nueve metros; Tramo Seis, con rumbo Norte diez grados quince minutos diez segundos
Este y distancia de veinticuatro punto sesenta y seis metros; Tramo Siete, con rumbo
Norte veintiún grados cuarenta y cinco minutos cincuenta y cuatro segundos Este y
distancia de treinta y ocho punto cero cinco metros; Tramo Ocho, con rumbo Norte
treinta y tres grados dieciocho minutos cincuenta y un segundos Este y distancia de
sesenta y tres punto ochenta y dos metros; Tramo Nueve, con rumbo Norte treinta y
seis grados cero cinco minutos doce segundos Este y distancia de cuatro punto
noventa y siete metros; Tramo Diez, con rumbo Norte treinta grados cero cero minutos
once segundos Este y distancia de veintitrés punto doce metros; y, Tramo Once, con
rumbo Norte treinta y tres grados cuarenta y nueve minutos treinta segundos Este y una
distancia de trece punto veinticinco metros, se llega al mojón Uno donde dio inicio la
presente Descripción Técnica, lindando los tramos antes mencionados con inmueble
propiedad del Estado y Gobierno de El Salvador denominado como Porción Remanente
Nº 1 donde se encuentra la Cincuenta Avenida Norte.”
Indice Legislativo 585
Parte V

Parte V
586
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
Art. 2. La donación del inmueble queda afecta a una condición resolutoria, la
cual consiste en que EDYTRA tiene el plazo de siete años contados a partir de la firma
de la escritura de donación del Estado y Gobierno de El Salvador a su favor, para
edificar el cincuenta por ciento del total de las casas que constituirán el mencionado
complejo habitacional y entregarlas a discapacitados de la Fuerza Armada, activos y de
baja, que no hayan sido beneficiados con otros programas similares del Gobierno, de
conformidad a nómina que ese Ministerio proporcionará a EDYTRA en su oportunidad;
pero en caso que no las edifique o ya existiendo no las entregue en el plazo antes
referido a los citados beneficiarios, la condición se tendrá por no cumplida y como
consecuencia las cosas volverán al estado en que se encontraban antes de la donación,
quedando el Estado y Gobierno de El Salvador relevado de la obligación de indemnizar
a EDYTRA y todo lo que existiere en el inmueble donado quedará en propiedad del
Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional.
Art. 3.- Deberá consignarse en las escrituras de donación que correspondan a
cada beneficiario, como requisito para ser inscrita, que el inmueble donado no podrá
enajenarse ni gravarse, sino transcurridos treinta años contados a partir de la fecha de
otorgamiento de la escritura de donación a su favor.
Art. 4.- La Fundación Salvadoreña Educación y Trabajo, EDYTRA, elaborará las
escrituras públicas de donación a cada una de las familias que habitan el inmueble y
les entregará el Título de Propiedad debidamente inscrito. Las familias beneficiarias
cancelarán los gastos necesarios para la emisión de sus títulos de propiedad, los
cuales no causarán ningún tipo de impuestos ni derechos registrales.
Art. 5.- Corresponde a la Fundación Salvadoreña Educación y Trabajo, EDYTRA,
el pago de los impuestos municipales y demás contribuciones que le sean requeridas.
Art. 6.- Facúltase al Fiscal General de la República o al funcionario que éste
delegue, para que en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador
otorgue la escritura pública de donación a favor de EDYTRA.
Art. 7.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de junio del año dos mil diez.
D. O. Nº 130, Tomo Nº 388, Fecha: 12 de julio de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 386
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que, el Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de la Defensa
Nacional, es dueño y actual poseedor de un inmueble de naturaleza urbana,
de una extensión superficial de 12,040.04 metros cuadrados, situado en
Avenida Las Camelias, Barrio El Calvario, de la Ciudad y Departamento
de San Salvador, en el cual se encontraban instalados los Talleres del
Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y que ha sido denominado
como Porción Dos, inscrito al Asiento UNO de la matrícula número SEIS
CERO DOS DOS CINCO SIETE DOS OCHO-CERO CERO CERO CERO CERO
del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del
Centro, Departamento de San Salvador.
II.- Que, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Arquidiócesis de San
Salvador, ha solicitado la donación de una porción de terreno, que forma
parte del bien raíz citado en el anterior Considerando, con la finalidad de
formalizar la transferencia de treinta y dos viviendas que fueron construidas
en el mismo, con fondos provenientes de dicha Iglesia, para beneficiar
a elementos lisiados de guerra de la Fuerza Armada y residentes de la
Comunidad Nuevo Israel II, que vivían en lugares de alto riesgo, siendo la
extensión superficial de la porción a donar de TRES MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO PUNTO CERO SEIS METROS CUADRADOS 3,785.06
metros cuadrados, valuada por la Dirección General del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda en QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($572,110.00).
III.- Que, el Consejo de Ministros, en el punto Ocho de la sesión número 49,
celebrada el día veinticuatro de marzo de dos mil nueve, acordó autorizar
al Organo Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, para transferir, en
calidad de donación, la porción de terreno antes mencionada, a la Iglesia
Católica, Apostólica y Romana, Arquidiócesis de San Salvador.
IV.- Que, el mencionado Punto Ocho, fue modificado por medio del punto Dos
del Acta de Sesión de Consejo de Ministros número Cuatro, celebrada el día
veintiuno de septiembre de dos mil nueve, en el sentido que de las treinta
y dos casas construidas, cinco serían destinadas para ser adjudicadas a
elementos lisiados de guerra de la Fuerza Armada.
V.- Que, según lo dispone en sus artículos 119 y 233, nuestra Carta Magna
establece como principios constitucionales que el Estado procurará que el
mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarios de su
vivienda y que los bienes de la Hacienda Pública y los de uso público, sólo
podrán donarse con autorización del Organo Legislativo, a entidades de
utilidad general.
Indice Legislativo 587
Parte V

Parte V
POR TANTO,
588
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de la Defensa Nacional,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Organo Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional para
que, de un inmueble de su propiedad, de una extensión superficial de doce mil cuarenta
punto cero cuatro metros cuadrados, identificado como Porción Dos, situado en
Avenida Las Camelias, Barrio El Calvario de la Ciudad y Departamento de San Salvador,
inscrito al asiento UNO, de la matrícula número SEIS CERO DOS DOS CINCO SIETE DOS
OCHO-CERO CERO CERO CERO CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de
la Primera Sección del Centro, Departamento de San Salvador, pueda segregar y
transferir, a título de donación, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Arquidiócesis
de San Salvador, una porción de terreno cuya extensión superficial es de TRES MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PUNTO CERO SEIS METROS CUADRADOS (3,785.06
M 2 ), con la finalidad de formalizar la transferencia de treinta y dos viviendas que fueron
construidas en dicha porción de terreno, con fondos provenientes de la referida Iglesia,
y de las cuales, cinco, fueron adjudicadas para beneficiar a elementos lisiados de
guerra de la Fuerza Armada que ya habitan las mismas, y el resto de éstas están siendo
habitadas por residentes de la Comunidad Nuevo Israel II y que vivían en sectores de
alto riesgo. La descripción técnica de la porción de terreno a donar, es la siguiente:
“Partiendo del punto de intersección P. I. del eje del Boulevard Venezuela y el eje de la
Avenida Las Camelias, se mide sobre el eje de esta última una distancia de ciento
dieciséis punto once metros con rumbo Sur cuarenta y un grados veintisiete minutos
treinta y ocho segundos Este, llegando a un punto “A”, donde se hace una deflexión
positiva de noventa grados y se mide un tramo recto de ocho punto treinta metros para
llegar al mojón Uno con coordenadas geodésicas Longitud: Cuatrocientos setenta y
cinco mil cuatrocientos catorce punto noventa y seis y Latitud: Doscientos ochenta y
cinco mil seiscientos catorce punto sesenta y tres, dando inicio a la presente descripción
técnica: LINDERO SUR: Partiendo del mojón Uno, se miden treinta y ocho tramos rectos
en línea quebrada así: Tramo uno, con distancia de veintiséis punto setenta y siete
metros y rumbo Sur cincuenta y seis grados veinticuatro minutos cuarenta y ocho
segundos Oeste; Tramo dos, con distancia de siete punto sesenta y ocho metros y
rumbo Sur cincuenta y cuatro grados treinta y siete minutos cincuenta y nueve segundos
Oeste; Tramo tres, con distancia de tres punto quince metros y rumbo Sur cuarenta y
seis grados cero minutos cuarenta y seis segundos Oeste; Tramo cuatro, con distancia
de tres punto once metros y rumbo Sur cuarenta grados cincuenta y siete minutos
veintidós segundos Oeste; Tramo cinco: con distancia de tres punto veintitrés metros
y rumbo Sur cuarenta y ocho grados veintiséis minutos diecisiete segundos Oeste;
Tramo seis, con distancia de tres punto cero un metros y rumbo Sur cincuenta y cinco
grados diecinueve minutos cincuenta y siete segundos Oeste; Tramo siete, con
distancia de tres punto cero dos metros y rumbo Sur cincuenta y siete grados doce
minutos cincuenta y nueve segundos Oeste; Tramo ocho, con distancia de tres punto
dieciocho metros y rumbo Sur sesenta y seis grados treinta y seis minutos treinta
segundos Oeste; Tramo nueve, con distancia de seis punto veinte metros y rumbo Sur
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
cuarenta y siete grados diecisiete minutos cuarenta y seis segundos Oeste; Tramo
diez, con distancia de nueve punto treinta y seis metros y rumbo Sur cincuenta y seis
grados veinticuatro minutos treinta y nueve segundos Oeste; Tramo once, con distancia
de nueve punto treinta y seis metros y rumbo Sur cincuenta y cuatro grados diecisiete
minutos treinta y seis segundos Oeste; Tramo doce, con distancia de tres punto cero
un metros y rumbo Sur cincuenta y siete grados treinta y tres minutos cero dos
segundos Oeste; Tramo trece, con distancia de seis punto veintisiete metros y rumbo
Sur cincuenta y seis grados cero minutos treinta y seis segundos Oeste; Tramo catorce,
con distancia de dos punto treinta metros y rumbo Sur cincuenta y tres grados quince
minutos cincuenta y un segundos Oeste; Tramo quince, con distancia de cero punto
veintiún metros y rumbo Sur treinta y siete grados once minutos veinticinco segundos
Oeste; Tramo dieciséis, con distancia de cuatro punto diecisiete metros y rumbo Sur
cuarenta y nueve grados cuarenta y nueve minutos cuarenta y seis segundos Oeste;
Tramo diecisiete, con distancia de dos punto dieciocho metros y rumbo Sur cuarenta
y seis grados cero cuatro minutos cero cinco segundos Oeste; Tramo dieciocho, con
distancia de cinco punto sesenta y dos metros y rumbo Sur sesenta y cinco grados
cincuenta y nueve minutos veintinueve segundos Oeste; Tramo diecinueve, con
distancia de nueve punto treinta y cuatro metros y rumbo Sur sesenta y siete grados
diecinueve minutos veintidós segundos Oeste; Tramo veinte, con distancia de diez
punto sesenta y seis metros y rumbo Sur sesenta y dos grados cuarenta minutos cero
siete segundos Oeste; Tramo veintiuno, con distancia de uno punto setenta y dos
metros y rumbo Sur cincuenta y siete grados veintisiete minutos cuarenta y dos
segundos Oeste; Tramo veintidós, con distancia de cero punto quince metros y rumbo
Sur cero ocho grados cero un minutos cincuenta y cinco segundos Oeste; Tramo
veintitrés, con distancia de seis punto veinticuatro metros y rumbo Sur sesenta y un
grados diecinueve minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste; Tramo veinticuatro,
con distancia de nueve punto veintinueve metros y rumbo Sur cincuenta y tres grados
cero seis minutos cero segundos Oeste; Tramo veinticinco, con distancia de nueve
punto veinticuatro metros y rumbo Sur cincuenta y tres grados treinta minutos dieciséis
segundos Oeste; Tramo veintiséis, con distancia de nueve punto veintiocho metros y
rumbo Sur cuarenta y nueve grados cincuenta y tres minutos treinta y ocho segundos
Oeste; Tramo veintisiete, con distancia de dos punto cuarenta metros y rumbo Sur
cuarenta y cuatro grados doce minutos cincuenta y dos segundos Oeste; Tramo
veintiocho, con distancia de ocho punto diecisiete metros y rumbo Sur cincuenta y un
grados treinta y siete minutos cincuenta y siete segundos Oeste; Tramo veintinueve,
con distancia de cuatro punto veintiocho metros y rumbo Sur veintiún grados treinta
minutos cuarenta y siete segundos Oeste; Tramo treinta, con distancia de quince punto
veintinueve metros y rumbo Sur treinta y ocho grados cero un minutos cincuenta
segundos Oeste; Tramo treinta y uno, con distancia de nueve punto noventa y seis
metros y rumbo Sur treinta y un grados cuarenta y cuatro minutos quince segundos
Oeste; Tramo treinta y dos, con distancia de tres punto setenta y nueve metros y rumbo
Sur cuarenta y cinco grados veintisiete minutos once segundos Oeste; Tramo treinta y
tres, con distancia de quince punto dieciocho metros y rumbo Sur cuarenta grados
veintitrés minutos veinte segundos Oeste; Tramo treinta y cuatro, con distancia de
cuatro punto treinta y cinco metros y rumbo Sur veintiocho grados cincuenta y un
minutos trece segundos Oeste; Tramo treinta y cinco, con distancia de cuatro punto
cuarenta y siete metros y rumbo Sur cero grados cero cinco minutos cuarenta y siete
Indice Legislativo 589
Parte V

Parte V
590
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
segundos Este; Tramo treinta y seis, con distancia de cinco punto cero tres metros y
rumbo Sur dieciocho grados cuarenta y cuatro minutos cincuenta y cinco segundos
Oeste; Tramo treinta y siete, con distancia de ocho punto setenta y nueve metros y
rumbo Sur treinta y tres grados treinta y cinco minutos cero ocho segundos Oeste; y
Tramo treinta y ocho, con distancia de uno punto diecinueve metros y rumbo Sur
catorce grados cero un minutos cincuenta y cuatro segundos Este, se llega al mojón
treinta y nueve, lindando todos los tramos antes mencionados con La Comunidad
Nuevo Israel. LINDERO PONIENTE: Partiendo del mojón treinta y nueve, se miden nueve
tramos rectos en línea quebrada así: Tramo uno, con distancia de tres punto noventa y
nueve metros y rumbo Sur setenta y seis grados cero un minutos treinta y un segundos
Oeste; Tramo dos, con distancia de tres punto veinticuatro metros y rumbo Norte
ochenta y tres grados quince minutos veintinueve segundos Oeste; Tramo tres, con
distancia de dos punto ochenta metros y rumbo Norte cuarenta y seis grados once
minutos treinta y tres segundos Oeste; Tramo cuatro, con distancia de dos punto
ochenta y seis metros y rumbo Sur cincuenta y cinco grados cuarenta y dos minutos
cero dos segundos Oeste; Tramo cinco, con distancia de cuatro punto sesenta metros
y rumbo Sur ochenta y cuatro grados treinta y tres minutos cero tres segundos Oeste;
Tramo seis, con distancia de uno punto cero ocho metros y rumbo Norte ochenta y
seis grados treinta y tres minutos dieciocho segundos Oeste; Tramo siete, con distancia
de diez punto cero metros y rumbo Norte diez grados cero dos minutos cincuenta y
cuatro segundos Oeste; Tramo ocho, con distancia de seis punto setenta metros y
rumbo Norte veintiocho grados cero dos minutos diecisiete segundos Oeste; y Tramo
nueve, con distancia de diecisiete punto sesenta y siete metros y rumbo Norte veintiocho
grados veintisiete minutos cincuenta y un segundos Oeste y se llega al mojón cuarenta
y ocho, lindando los tramos antes mencionados con viviendas de La Comunidad Nuevo
Israel. LINDERO NORTE: Partiendo del mojón cuarenta y ocho, se miden diecinueve
tramos rectos en línea quebrada así: Tramo uno, con distancia de seis punto sesenta
y dos metros y rumbo Norte cincuenta y tres grados cero nueve minutos cuarenta
segundos Este; Tramo dos, con distancia de nueve punto cincuenta y seis metros y
rumbo Norte cero grados cero un minutos diecisiete segundos Oeste; Tramo tres, con
distancia de cuatro punto cuarenta y ocho metros y rumbo Norte cincuenta y cinco
grados diez minutos cincuenta segundos Este; Tramo cuatro, con distancia de tres
punto cuarenta y siete metros y rumbo Norte treinta y dos grados treinta y un minutos
quince segundos Este; Tramo cinco, con distancia de uno punto cero tres metros y
rumbo Norte cero nueve grados cincuenta y un minutos treinta y nueve segundos Este;
Lindando los tramos anteriores con porción Uno, donde se encuentran las instalaciones
del Ministerio de la Defensa Nacional, quebrada de por medio; Tramo seis, con distancia
de veintisiete punto cuarenta y nueve metros y rumbo Sur sesenta y dos grados
dieciséis minutos cincuenta y cinco segundos Este; Tramo siete, con distancia de
veintiséis punto noventa y dos metros y rumbo Norte treinta y cinco grados veinticuatro
minutos veinticinco segundos Este; Tramo ocho, con distancia de veintitrés punto
veintidós metros y rumbo Norte cuarenta y nueve grados cincuenta y cinco minutos
veintisiete segundos Este; Tramo nueve, con distancia de diecinueve punto cincuenta y
cinco metros y rumbo Norte cincuenta y tres grados dieciocho minutos cero seis
segundos Este; Tramo diez, con distancia de nueve punto cero cuatro metros y rumbo
Norte cincuenta y nueve grados treinta y siete minutos cuarenta y un segundos Este;
Tramo once, con distancia de once punto cuarenta y un metros y rumbo Norte sesenta
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
y dos grados cuarenta minutos cero siete segundos Este; Tramo doce, con distancia
de trece punto catorce metros y rumbo Norte sesenta y seis grados cuarenta y nueve
minutos veintidós segundos Este; Tramo trece, con distancia de cinco punto cincuenta
metros y rumbo Norte cuarenta y nueve grados trece minutos cero un segundos Este;
Tramo catorce, con distancia de tres punto cero dos metros y rumbo Norte cincuenta
y tres grados quince minutos cincuenta y un segundos Este; Tramo quince, con
distancia de seis punto treinta y tres metros y rumbo Norte cincuenta y seis grados
cero minutos treinta y seis segundos Este; Tramo dieciséis, con distancia de veintisiete
punto cuarenta y nueve metros y rumbo Norte cincuenta y tres grados cuarenta y ocho
minutos diecisiete segundos Este; Tramo diecisiete, con distancia de dieciocho punto
cincuenta y nueve metros y rumbo Norte cincuenta y dos grados veintitrés minutos
treinta y siete segundos Este; Tramo dieciocho, con distancia de ocho punto trece
metros y rumbo Norte cincuenta y cuatro grados treinta y siete minutos cincuenta y
nueve segundos Este y Tramo diecinueve, con distancia de veinticinco punto cuarenta
y cinco metros y rumbo Norte cincuenta y seis grados treinta y cinco minutos catorce
segundos Este, se llega al mojón sesenta y siete, lindando los tramos antes mencionados
con resto del inmueble propiedad del Estado de El Salvador asignado al Ministerio de
La Defensa Nacional y ocupado por talleres del Estado Mayor Conjunto de La Fuerza
Armada denominado como Porción Dos, de donde éste se ha segregado LINDERO
ORIENTE: Partiendo del mojón sesenta y siete se miden un solo tramo recto con
distancia de doce punto cero dos metros y rumbo Sur cuarenta grados cuarenta y tres
minutos veintiún segundos Este, se llega al mojón uno donde dio inicio la presente
descripción técnica, lindando con inmueble propiedad del Estado de El Salvador y
asignado al Ministerio de La Defensa Nacional denominado como Porción Tres, Avenida
Las Camelias de por medio.”
Art. 2.-La Donación se realizará con la finalidad de formalizar la transferencia
de treinta y dos viviendas que fueron construidas con fondos provenientes de la
Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Arquidiócesis de San Salvador, para beneficiar
a elementos lisiados de guerra de la Fuerza Armada que habitan en las mismas y
a residentes de la Comunidad Nuevo Israel II, que residen en ellas y que vivían en
sectores de alto riesgo.
Art. 3.-Será por cuenta de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Arquidiócesis
de San Salvador, la elaboración, formalización e inscripción de las escrituras públicas
de donación a favor de los responsables de hogar, de cada una de las familias que
habitan los inmuebles, debiendo entregarles el Título de Propiedad debidamente
inscrito. Las familias beneficiarias cancelarán los gastos necesarios para la emisión de
sus títulos de propiedad, los cuales no causarán ningún tipo de impuestos, ni derechos
registrales.
Art. 4.-Deberá consignarse en las escrituras de donación que correspondan a
cada beneficiario, como requisito para ser inscrita, que el inmueble donado no podrá
Indice Legislativo 591
Parte V

Parte V
592
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
enajenarse ni gravarse, sino transcurridos veinte años contados a partir de la fecha de
otorgamiento de la escritura de donación a su favor.
Art. 5.-Corresponderá a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Arquidiócesis
de San Salvador, el pago de los impuestos municipales y demás contribuciones que le
sean requeridas.
Art. 6.-Facultase al Fiscal General de la República, o al funcionario que éste
delegue, para que en nombre y representación del Estado, otorgue la escritura pública
de donación a favor de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, Arquidiócesis de San
Salvador.
Art. 7.-El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de junio del año dos mil diez.
D. O. Nº 130, Tomo Nº 388, Fecha: 12 de julio de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 387
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 10 de junio de 2010, el Pleno Legislativo conoció la iniciativa de
varios Diputados, en el sentido que esta Asamblea autorice el ingreso a
aguas territoriales salvadoreñas del Barco “HSV SWIFT” de la Fuerza Naval
de los Estados Unidos de América, durante el período comprendido del 16
de junio hasta el 4 de julio del corriente año.
II.- Que de conformidad al Art. 131, Ordinal 29º de la Constitución es
procedente conceder el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: José
Francisco Merino López, Lourdes Palacios, Lorena Guadalupe Peña Mendoza y Miguel
Elías Ahues Karrá,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase el ingreso y el estacionamiento en aguas territoriales
salvadoreñas durante el periodo comprendido del 16 de junio al 4 de julio de 2010
en el Puerto de Corsain, en el Departamento de La Unión, del Barco “HSV SWIFT” con
bandera estadounidense, comandado por el Capitán Rhett Mann, de la Fuerza Naval de
los Estados Unidos de América, con una tripulación de 5 oficiales, 18 marineros y 17
civiles, con el objetivo de realizar una misión de adiestramiento con la Fuerza Naval de
El Salvador; el cual tiene las siguientes especificaciones: Dimensiones del barco: largo,
98 metros; ancho, 26.6 metros; calado, 3.43 metros; armamento: un cañón MK 96, un
cañón MK 45 y 4 ametralladoras M2 calibre 50.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de junio del año dos mil diez.
D. O. Nº 114, Tomo Nº 387, Fecha: 18 de junio de 2010.
Indice Legislativo 593
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 392
594
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la crisis económica global en El Salvador obstaculiza el desarrollo
económico y social por lo que el Gobierno de la República, está impulsando
medidas encaminadas a estimular la inversión municipal, mejorar el marco
legal de descentralización y la capacidad técnica y financiera de los
gobiernos locales y las Instituciones de apoyo para prestar los servicios
básicos municipales.
II.- Que para la ejecución de lo antes mencionado, se ha gestionado ante el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el otorgamiento
de un préstamo hasta por un monto de OCHENTA MILLONES DE DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $80,000,000.00), recursos
que se destinaran para financiar el “Proyecto de Fortalecimiento de
Gobiernos Locales.”
III.- Que en atención a lo antes expuesto y con base a lo establecido en el
Art 148 de la Constitución de la República, es conveniente autorizar al
Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que suscriba con el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), un Convenio de
Préstamo para los fines antes relacionados.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por
medio de su Titular o del funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado y
Gobierno de la República, un Convenio de Préstamo hasta por un monto de OCHENTA
MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $80,000,000.00),
con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que estará sujeto a
las condiciones siguientes;
MONTO DEL PRESTAMO: Hasta OCHENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $80,000,000.00)
PLAZO TOTAL: Treinta (30) años, incluyendo cinco (5) años de gracia.
INTERÉS: Para cada período de intereses, se pagará la tasa base
LIBOR a seis meses en dólares de los Estados Unidos
de América más un margen fijo. La tasa de interés será
fijada al momento en que cada desembolso alcance
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
o supere los tres millones de dólares de los Estados
Unidos de América (US $3,000,000.00). A la fecha
la tasa aplicada es de uno punto veintiuno por ciento
(1.21%) anual, incluyendo un margen fijo de cero punto
setenta y cinco por ciento (0.75%).
COMISION INICIAL: Un cuarto del uno por ciento (0.25%) del monto total del
préstamo, pagadera una sola vez, la cual se financiará
con los fondos del préstamo.
FORMA DE PAGO: Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo
posible iguales hasta la total cancelación del mismo.
Las cuotas serán pagaderas las fechas 15 de febrero y
15 de agosto de cada año.
DESTINO: Financiar el “Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos
Locales.”
Art. 2.- El Contrato de Préstamo a que se refiere el presente decreto se modifica
y se distribuye en los términos siguientes:
Directamente a municipalidades para infraestructura, distribuidos de conformidad
a los criterios establecidos en la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social
de los Municipios (FODES).
a) Preinversión para los 262 municipios, DOS MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
($2,750,000);
b) Inversión para los 262 municipios, CINCUENTA MILLONES DE DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($50,000,000);
Directamente a municipios para fortalecimiento gestión de riesgos, distribuidos
de conformidad a los criterios establecidos en la Ley del Fondo para el Desarrollo
Económico y Social de los Municipios (FODES).
a) Gestión de riesgos para los 262 municipios, OCHO MILLONES CIENTO
OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($8,185,359);
Directamente a municipios en situación crítica para fortalecimiento de la gestión
municipal, distribuidos de conformidad a los criterios establecidos en la Ley del Fondo
para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).
a) Para fortalecimiento de gestión municipal, SIETE MILLONES DE DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,000,000);
Indice Legislativo 595
Parte V

Parte V
596
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
Para fortalecimiento de la gestión municipal:
a) Planificación, participación y transparencia, DOS MILLONES OCHOCIENTOS
UN MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
($2,801,300);
b) Profesionalización personal alcaldías, UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA ($1,168,952);
c) Administración financiera contable, UN MILLON CIENTO CUARENTA
MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
($1,140,200);
d) Sistema de información geográfico, SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL
QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($627,500).
Total para proyectos municipales, SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA ($73,673,311).
Para otras instituciones, instancias o actividades en el proyecto:
a) Fortalecimiento institucional o apoyo actividades a FISDL, ISDEM, SSDT,
MH, COMURES, DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
($2,876,708);
b) Unidad ejecutora Proyecto (UEP), UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA ($1,414,535);
c) Administración y comunicación, SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA ($668,879);
d) Apoyo al proceso de descentralización, SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
($699,200);
Total para otras instituciones, CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
($5,659,322).
Total para imprevistos, SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($667,367).
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Todo lo anterior hace un total de OCHENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($80,000,000).
Art. 3.- El Convenio de Préstamo que suscriba el Gobierno de la República de
El Salvador, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), de
conformidad con el presente Decreto, deberá someterse a la aprobación de esta
Asamblea Legislativa para su validez.
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de junio del año dos mil diez.
D. O. Nº 130, Tomo Nº 388, Fecha: 12 de julio de 2010.
Indice Legislativo 597
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 404
598
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el desempeño de la economía nacional se ha visto fuertemente afectada
por la crisis económica global, lo cual ha impactado negativamente en
la recaudación de impuestos y con ello se ha afectado severamente
la disponibilidad de recursos financieros para proteger y fortalecer la
cobertura de programas económicos y sociales, cuyo objetivo es atenuar
los impactos negativos de la crisis global principalmente en la población
más vulnerable.
II.- Que se vuelve de vital importancia el disponer de los recursos financieros
necesarios para fortalecer el Presupuesto General del Estado 2010,
asegurando la protección del gasto social y el financiamiento de
aquellos proyectos y programas prioritarios de atención a la población,
contribuyendo al mismo tiempo a impulsar el crecimiento económico del
país.
III.- Que para la ejecución de lo antes mencionado, se ha gestionado ante el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el otorgamiento
de un préstamo hasta por un monto de CIEN MILLONES DE DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $100,000,000.00), recursos que
se destinarán a apoyar el Presupuesto General del Estado 2010.
IV.- Que en atención a lo antes expuesto y con base a lo establecido en el
Art. 148 de la Constitución de la República, es conveniente autorizar
al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que suscriba con el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), un Convenio de
Préstamo para los fines antes relacionados.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República por medio del Ministro de Hacienda,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por
medio de su Titular o del Funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado
y Gobierno de la República de El Salvador, un Convenio de Préstamo hasta por un
monto de CIEN MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$100,000,000.00), con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), que estará sujeto a las condiciones siguientes:
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
MONTO DEL PRESTAMO: Hasta CIEN MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US $100,000,000.00).
PLAZO TOTAL: Treinta (30) años, incluyendo cinco (5) años de gracia.
INTERES: Para cada período de intereses, se pagará la tasa base
LIBOR a seis meses en Dólares de los Estados Unidos
de América más un margen fijo. A la fecha la tasa
aplicada es de uno punto sesenta por ciento (1.60%)
anual, incluyendo un margen fijo de cero punto setenta
y cinco por ciento (0.75%).
COMISION INICIAL: Un cuarto del uno por ciento (0.25%) del monto total del
préstamo, pagadera una sola vez, la cual se financiará
con los fondos del préstamo.
FORMA DE PAGO: Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo
posible iguales hasta la total cancelación del mismo.
Las cuotas serán pagaderas las fechas 15 de febrero y
15 de agosto de cada año.
DESTINO: Financiar el Programa “Sostenibilidad de los Logros
Sociales para la Recuperación Económica”, cuyo objeto
es apoyar el Presupuesto General del Estado 2010.
Art. 2.- El Convenio de Préstamo que suscriba el Gobierno de la República de
El Salvador, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), de
conformidad con el presente Decreto, deberá someterse a la aprobación de esta
Asamblea Legislativa, para su validez.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a un día del
mes de julio del año dos mil diez.
D. O. Nº 133, Tomo Nº 388, Fecha: 15 de julio de 2010.
Indice Legislativo 599
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 405
600
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la crisis alimentaria, los altos precios de los combustibles y la crisis
financiera internacional surgida en las economías desarrolladas afectó el
dinamismo de la economía salvadoreña, reduciendo el flujo de remesas,
contrayendo las importaciones y exportaciones, y disminuyendo los niveles
de empleo, situaciones que han influenciado negativamente a los hogares
salvadoreños, disminuyendo los niveles de ingreso y restringiendo las
oportunidades de trabajo.
II.- Que para hacer frente a los efectos descritos en el considerando
precedente, se está implementando el Plan Global Anticrisis, el cual tiene
entre sus objetivos fundamentales proteger a la población más pobre
de los efectos negativos de la crisis, incluyendo el Programa de Apoyo
Temporal al Ingreso (PATI) que pretende atender las demandas de ingreso
y empleabilidad de la población más vulnerable de las áreas urbanas del
país mediante la participación de jóvenes en actividades comunitarias y de
capacitación, procurando la mayor inclusión posible de mujeres, a fin de
contribuir a minimizar el impacto del desempleo en las zonas urbanas del
país.
III.- Que para el financiamiento de lo antes considerado, se ha gestionado
ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), un
préstamo hasta por un monto de CINCUENTA MILLONES DE DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $50,000,000.00) denominado
“Protección de Ingresos y Empleabilidad”, cuyos recursos se destinarán a
apoyar el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso.
IV.- Que en atención a lo antes expuesto y con base a lo establecido en el Art.
148 de la Constitución de la República, es conveniente autorizar al Organo
Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que suscriba un Convenio de
Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para lo
fines antes relacionados.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República por medio del Ministro de Hacienda,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por
medio de su Titular o del Funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado
y Gobierno de la República de El Salvador, un Convenio de Préstamo hasta por un
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
monto de CINCUENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US $50,000,000.00), con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
que estará sujeto a las condiciones siguientes:
MONTO DEL PRESTAMO: Hasta CINCUENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $50,000,000.00).
APORTE LOCAL: Hasta CUATRO MILLONES DE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $4,000,000.00).
PLAZO TOTAL: Treinta (30) años, incluyendo cinco (5) años de gracia.
INTERES : Para cada período de intereses, se pagará la tasa base
LIBOR a seis meses en Dólares de los Estados Unidos
de América más un margen fijo, siendo fijada dicha tasa
al momento en que cada desembolso alcance o supere
los cinco millones de Dólares de los Estados Unidos
de América (US $5,000,000.00). A la fecha la tasa
aplicada es de uno punto sesenta por ciento (1.60%)
anual, incluyendo un margen fijo de cero punto setenta
y cinco por ciento (0.75%).
COMISION INICIAL: Un cuarto del uno por ciento (0.25%) del monto total
del préstamo, pagadera una sola vez, la cual se financia
con los fondos del préstamo.
FORMA DE PAGO: Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo
posible iguales hasta la total cancelación del mismo.
Las cuotas serán pagaderas las fechas 15 de febrero y
15 de agosto de cada año.
DESTINO: Financiar el Proyecto de “Protección de Ingresos y
Empleabilidad”, cuyo objetivo es: a) proveer apoyo
temporal al ingreso de la población urbana pobre más
vulnerable; b) mejorar la cobertura de los servicios
laborales de intermediación y capacitación a la
población urbana pobre más vulnerable; y c) mejorar la
capacidad institucional del Gobierno para desarrollar el
Sistema de Protección Social Universal.
Art. 2.- El Convenio de Préstamo que suscriba el Gobierno de la República de
El Salvador, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), de
conformidad con el presente Decreto, deberá someterse a la aprobación de esta
Asamblea Legislativa, para su validez.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
Indice Legislativo 601
Parte V

Parte V
602
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a un día del
mes de julio del año dos mil diez.
D. O. Nº 133, Tomo Nº 388, Fecha: 15 de julio de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 438
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 404, de fecha 1 de julio de 2010, publicado
en el Diario Oficial Nº 133, Tomo Nº 388 del 15 de julio del mismo año,
esta Asamblea autorizó al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda
para que por medio de su Titular o del representante que él designare,
suscriba en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador
el Convenio de Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), por un monto de hasta CIEN MILLONES DE DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $100,000,000.00), recursos
que se destinarán para financiar el Programa “Sostenibilidad de los Logros
Sociales para la Recuperación Económica.”
II.- Que el referido Contrato de Préstamo fue suscrito el 19 de julio de 2010,
por el señor Ministro de Hacienda en correspondencia a la autorización
conferida por el Decreto Legislativo No. 404 antes relacionado.
III.- Que en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal
requeridas en nuestra legislación, procede aprobar en todas sus partes
el Convenio de Préstamo, que ha sido sometido a esta Asamblea, para
lo cual se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 148 de la
Constitución de la República.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales,
DECRETA:
Art. 1.- Apruébase en todas sus partes el Convenio de Préstamo Nº 7806-SV,
suscrito el 19 de julio de 2010, entre el Gobierno de la República de El Salvador y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de CIEN
MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$100,000,000.00),
recursos que se destinarán para financiar el Programa “Sostenibilidad de los Logros
Sociales para la Recuperación Económica.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
Indice Legislativo 603
Parte V

Parte V
604
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los doce
días del mes de agosto del año dos mil diez.
D. O. Nº 150, Tomo Nº 388, Fecha: 16 de agosto de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 439
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 405, de fecha 1 de julio de 2010, publicado
en el Diario Oficial Nº 133, Tomo Nº 388 del 15 de julio del mismo año, esta
Asamblea autorizó al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que
por medio de su Titular o del representante que él designare, suscriba en
nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador el Convenio
de Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), por un monto de hasta CINCUENTA MILLONES DE DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $50,000,000.00), recursos
que se destinarán para financiar el Proyecto “Protección de Ingresos y
Empleabilidad.”
II.- Que el referido Contrato de Préstamo fue suscrito el 19 de julio de 2010,
por el señor Ministro de Hacienda en correspondencia a la autorización
conferida por el Decreto Legislativo Nº 405 antes relacionado.
III.- Que en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal
requeridas en nuestra legislación, procede aprobar en todas sus partes el
Convenio de Préstamo que ha sido sometido a esta Asamblea, para lo cual
se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 148 de la Constitución
de la República.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales,
DECRETA:
Art. 1.- Apruébase en todas sus partes el Convenio de Préstamo Nº 7811-SV,
suscrito el 19 de julio de 2010, entre el Gobierno de la República de El Salvador y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de CINCUENTA
MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $50,000,000.00),
recursos que se destinarán para financiar el Proyecto “Protección de Ingresos y
Empleabilidad.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los doce
días del mes de agosto del año dos mil diez.
D. O. Nº 157, Tomo Nº 388, Fecha: 25 de agosto de 2010.
Indice Legislativo 605
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 454
606
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que dentro de la política económica y social definida por el Gobierno de la
República de El Salvador, se ha propuesto contribuir para una recuperación
económica sólida y oportuna, así como propiciar las condiciones idóneas
para implementar los programas de desarrollo nacional.
II.- Que con el objetivo de fortalecer la gestión financiera y contribuir al
fortalecimiento fiscal en el mediano plazo, resulta relevante incrementar la
eficiencia de la administración de los ingresos fiscales, mejorar la gestión
del gasto, fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia del sector
público, contribuyendo a generar una cultura de acceso a la información
pública.
III.- Que para la ejecución de lo antes mencionado, se ha gestionado ante el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el otorgamiento
de un préstamo hasta por un monto de VEINTE MILLONES DE DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $20,000,000.00), recursos
que se destinarán para financiar el “Proyecto Fortalecimiento de la Gestión
Fiscal y Desempeño del Sector Público.”
IV.- Que en atención a lo antes expuesto y con base a lo establecido en el
Art. 148 de la Constitución de la República, es conveniente autorizar al
Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que suscriba el Convenio
de Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), para lo fines antes expuestos.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República por medio del Ministro de Hacienda,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por
medio de su Titular o del Funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado
y Gobierno de la República de El Salvador, un Convenio de Préstamo hasta por un
monto de VEINTE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$ 20,000,000.00), con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
que estará sujeto a las condiciones siguientes:
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
MONTO DEL PRESTAMO: Hasta VEINTE MILLONES DE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $20,000,000.00).
PLAZO TOTAL: Treinta (30) años, incluyendo cinco (5) años de gracia.
INTERES: Para cada período de intereses, se pagará la tasa base
LIBOR a seis meses en Dólares de los Estados Unidos
de América más un margen fijo, siendo fijada dicha tasa
al momento en que cada desembolso alcance o supere
los tres millones de Dólares de los Estados Unidos
de América (US $3,000,000.00). A la fecha la tasa
aplicada es de uno punto sesenta por ciento (1.60%)
anual, incluyendo un margen fijo de cero punto setenta
y cinco por ciento (0.75%).
COMISION INICIAL: Un cuarto del uno por ciento (0.25%) del monto total del
préstamo, pagadera una sola vez, la cual se financiará
con los fondos del préstamo.
FORMA DE PAGO: Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo
posible iguales hasta la total cancelación del mismo.
Las cuotas serán pagaderas las fechas 15 de febrero y
15 de agosto de cada año.
DESTINO: Financiar el “Proyecto Fortalecimiento de la Gestión
Fiscal y Desempeño del Sector Público”, cuyo objetivo
es fortalecer la capacidad institucional de procesos
y dependencias específicas del Gobierno a fin de
incrementar la efectividad y eficiencia de la gestión de
los ingresos y gastos, y mejorar la rendición de cuentas
y transparencia en el sector público.
Art. 2.- El Convenio de Préstamo que suscriba el Gobierno de la República de
El Salvador, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), de
conformidad con el presente Decreto, deberá someterse a la aprobación de esta
Asamblea Legislativa, para su validez.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintiséis del mes de agosto del año dos mil diez.
D. O. Nº 174, Tomo Nº 388, Fecha: 20 de septiembre de 2010.
Indice Legislativo 607
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 455
608
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 392, de fecha 17 de junio de 2010, publicado
en el Diario Oficial Nº 130, Tomo Nº 388 del 12 de julio del mismo año, esta
Asamblea autorizó al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que
por medio de su Titular o del representante que él designare, suscriba en
nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador el Convenio
de Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), por un monto de hasta OCHENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $80,000,000.00), recursos que se
destinarán para financiar la ejecución del “Proyecto de Fortalecimiento de
Gobiernos Locales.”
II.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 392, antes señalado, se distribuyen
los recursos del Financiamiento, específicamente SIETE MILLONES DE
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $7,000,000.00),
para municipios en situación crítica para el fortalecimiento de la gestión
municipal, de conformidad a los criterios establecidos en la Ley del Fondo
para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).
III.- Que el referido Convenio de Préstamo fue suscrito el 19 de julio de 2010,
por el señor Ministro de Hacienda en correspondencia a la autorización
conferida por el Decreto Legislativo No. 392 antes relacionado.
IV.- Que en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal
requeridas en nuestra legislación, procede aprobar en todas sus partes el
Convenio de Préstamo que ha sido sometido a esta Asamblea, para lo cual
se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 148 de la Constitución
de la República.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales,
DECRETA:
Art. 1.- Apruébase en todas sus partes el Convenio de Préstamo
Nº 7916-SV, denominado “Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales”,
suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el 19 de
julio de 2010, por un monto de OCHENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$80,000,000.00).
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 2.- Deberá entenderse que lo establecido en el literal a) del inciso tercero
del Art. 2 del Decreto Legislativo Nº 392, de fecha 17 de junio de 2010, publicado
en el Diario Oficial Nº 130, Tomo Nº 388 del 12 de julio del mismo año, en la parte
relacionada con la distribución de los SIETE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$7,000,000.00), en el sentido que dichos recursos sean
distribuidos solamente a aquellos municipios calificados en situación más crítica
clasificados acorde a criterios financieros y socioeconómicos que incluyen, índice
de endeudamiento, autonomía operativa y financiera, e índice de desarrollo humano;
recursos que se distribuirán de conformidad a los criterios establecidos en la Ley
del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), para
fortalecimiento de los procesos administrativos y equipamiento.
Asimismo, deberá dársele cumplimiento al resultado de las negociaciones que
resultaren entre representantes de la Corporación de Municipalidades de la República
de El Salvador (COMURES) y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, en la distribución
de éstos, debiendo a la vez ser beneficiado el 60% de los municipios del país.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintiséis días del mes de agosto del año dos mil diez.
D. O. Nº 174, Tomo Nº 388, Fecha: 20 de septiembre de 2010.
Indice Legislativo 609
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 457
610
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 28 de julio del 2010, el Pleno Legislativo conoció la iniciativa del
Presidente de la República, por medio del Ministro de Relaciones Exteriores,
en el sentido se autorice el ingreso a aguas territoriales de El Salvador, del
buque “R/V Melville”, con bandera de los Estados Unidos de América, para
que pueda transitar y realizar investigaciones científicas, entre el 14 y 18
de octubre del 2010.
II.- Que de conformidad al Art. 131, Ordinal 24º de la Constitución es
procedente conceder el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Relaciones Exteriores, y de conformidad al Art.
131 ordinal 24º de la Constitución,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase el ingreso al país del buque con bandera de los Estados Unidos
de América “R/V Melville”, operado por el Instituto “Scripps de Oceanografía”, para que
pueda realizar investigaciones científicas durante los días comprendidos entre el 14
y el 18 de octubre del 2010, en aguas territoriales de El Salvador; con las siguientes
especificaciones técnicas: 2,516 toneladas, 85 metros de eslora y un calado máximo
de 5 metros, con una tripulación de 23 personas, señal de llamada por radio WECB.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a un día del
mes de septiembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 179, Tomo Nº 388, Fecha: 27 de septiembre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 474
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Gobierno de la República de El Salvador tiene el propósito de
promover el fortalecimiento de las finanzas públicas y la protección del
financiamiento de los programas sociales y económicos que benefician a
los sectores de menores ingresos.
II.- Que para la consecución de lo anterior se ha gestionado con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) un Contrato de Préstamo hasta por
un monto de DOSCIENTOS MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$200,000,000.00), recursos que se destinarán a
apoyar el Presupuesto General del Estado.
III.- Que en atención a lo antes expuesto y en base a lo establecido en el
Art. 148 de la Constitución de la República, es conveniente autorizar al
Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que suscriba el Convenio
de Préstamo para financiar el proyecto mencionado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por
medio de su Titular o del funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado
y Gobierno de la República de El Salvador, un Contrato de Préstamo con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), préstamo que estará sujeto a las siguientes
condiciones y estipulaciones:
MONTO DEL PRESTAMO: Hasta DOSCIENTOS MILLONES DE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $200,000,000.00)
PLAZO DE AMORTIZACION: Veinte (20) años.
PERIODO DE GRACIA: Cinco (5) años.
INTERESES: Se aplicará una Tasa de Interés variable Basada en
LIBOR a tres meses para préstamos de la Facilidad
Unimonetaria de Capital Ordinario, la cual a la fecha es
de 1.32%. Se pagarán semestralmente, comenzando a
Indice Legislativo 611
Parte V

Parte V
612
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
los seis (6) meses contados a partir de la fecha de
vigencia del Contrato.
COMISION DE CREDITO: El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo no
desembolsado del Financiamiento del Capital Ordinario,
una comisión de crédito equivalente a un porcentaje
que será establecido por el Banco periódicamente
como resultado de su revisión de cargos financieros,
de conformidad con las disposiciones aplicables de la
política del Banco sobre metodología para el cálculo de
cargos para préstamos del Capital Ordinario, sin que, en
ningún caso pueda exceder el 0.75% por año.
INSPECCION Y VIGILANCIA: Establecida de conformidad a las disposiciones
aplicables de la política del Banco sobre metodología
para el cálculo de cargos para préstamos del capital
ordinario. En ningún caso podrá cobrarse por este
concepto en un semestre determinado más de lo que
resulte de aplicar el 1% al monto de Financiamiento,
dividido por el número de semestres comprendido en el
plazo original de desembolsos.
FORMA DE PAGO: Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo
posible iguales hasta la total cancelación del mismo.
DESTINO: Financiar la ejecución del “Programa de Fortalecimiento
Fiscal”, cuyo objeto es apoyar el Presupuesto General
del Estado.
Art. 2.- El Contrato de Préstamo que suscriba el Gobierno de conformidad con
el presente Decreto, deberá someterse a la aprobación de esta Asamblea Legislativa,
para su validez.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós
días del mes de septiembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 177, Tomo Nº 388, Fecha: 23 de septiembre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 476
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que a esta Asamblea ha presentado solicitud el Vicario General de la
Diócesis de Zacatecoluca y Párroco de la Catedral “Nuestra Señora de los
Pobres”, a efecto de que al momento de que ocurra el fallecimiento de la
Señora Marta Alicia Zepeda Avendaño, sus restos mortales puedan ser
inhumados en la referida Catedral.
II.- Que según lo manifiesta el mencionado Vicario General de dicha Diócesis,
la señora Zepeda Avendaño, durante toda su vida, ha prestado sus servicios
a la Iglesia, distinguiéndose como Presidenta de diversas agrupaciones
parroquiales y religiosas de la localidad.
III.- Que en atención a lo antes expuesto y de conformidad a lo establecido en
la Ley que rige sobre la materia, es procedente acceder a lo solicitado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Ciro Cruz
Zepeda Peña y Mario Alberto Tenorio Guerrero.
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase que, al momento del fallecimiento de la señora Marta Alicia
Zepeda Avendaño, sus restos mortales sean inhumanos en el interior de la Catedral
“Nuestra Señora de los Pobres”, de la Ciudad de Zacatecoluca.
Esta autorización es sin menoscabo de los demás trámites que, de conformidad
a la normativa correspondiente, deben cumplirse para la inhumación de los restos
mortales de personas naturales.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintitrés
días del mes de septiembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 194, Tomo Nº 389, Fecha: 18 de octubre de 2010.
Indice Legislativo 613
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 488
614
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 474, de fecha 22 de septiembre de 2010,
publicado en el Diario Oficial Nº 177, Tomo Nº 388 del 23 de septiembre
del mismo año, esta Asamblea autorizó al Organo Ejecutivo en el Ramo
de Hacienda para que por medio de su Titular o del representante que él
designare, suscriba en nombre del Estado y Gobierno de la República
de El Salvador el Convenio de Préstamo con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), por un monto de hasta DOSCIENTOS MILLONES DE
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $200,000,000.00),
recursos que se destinarán para financiar el “Programa de Fortalecimiento
Fiscal.”
II.- Que el referido Contrato de Préstamo fue suscrito el 29 de septiembre
de 2010, por el señor Ministro de Hacienda en correspondencia a la
autorización conferida por el Decreto Legislativo Nº 474 antes relacionado.
III.- Que en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal
requeridas en nuestra legislación, procede aprobar en todas sus partes
el Convenio de Préstamo, que ha sido sometido a esta Asamblea, para
lo cual se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 148 de la
Constitución de la República.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales,
DECRETA:
Art. 1.- Apruébase en todas sus partes el Contrato de Préstamo N° 2296/OC-ES
suscrito el 29 de septiembre de 2010, entre el Gobierno de la República de El Salvador y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de DOSCIENTOS MILLONES
DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $200,000,000.00), recursos
que se destinarán para financiar el “Programa de Fortalecimiento Fiscal.”
Art. 2.- Del segundo desembolso de este Contrato de Préstamo correspondiente
al ejercicio fiscal 2011, deben destinarse TREINTA Y CUATRO MILLONES DE DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $34,000,000), equivalentes al 1% del
Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), porcentaje
que complementaría el 8% de dicho Fondo.
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia desde su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce
días del mes de octubre del año dos mil diez.
D. O. Nº 193, Tomo Nº 389, Fecha: 15 de octubre de 2010.
Indice Legislativo 615
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 489
616
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Gobierno de la República de El Salvador con el propósito de mejorar
la salud de la población de El Salvador, está implementando una red pública
integrada de salud que desarrolle un nuevo modelo de gestión y atención
centrado en la estrategia de atención primaria en salud integral, que brinde
atención de calidad, con enfoque de universalidad de derechos, abordaje
intersectorial y participativo.
II.- Que para la consecución de lo anterior se ha gestionado con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) un Contrato de Préstamo hasta por un
monto de SESENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA (US $60,000,000.00) recursos que serán utilizados para
financiar el “Programa Integrado de Salud.”
III.- Que en atención a lo antes expuesto y en base a lo establecido en el
Art. 148 de la Constitución de la República, es conveniente autorizar al
Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que suscriba el Convenio
de Préstamo para financiar el proyecto mencionado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por
medio de su Titular o del funcionario que él designe, negocie y suscriba en nombre
del Estado y Gobierno de la República de El Salvador, el Contrato de Préstamo
Nº 2347/OC-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recursos que se
utilizarán para financiar el “Programa Integrado de Salud”, préstamo que estará sujeto
a las siguientes condiciones y estipulaciones:
MONTO DEL PRESTAMO: Hasta SESENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $60,000,000.00).
PLAZO DE AMORTIZACION: Veinticinco (25) años.
PERIODO DE GRACIA: Cinco (5) años y seis (6) meses.
INTERESES: Se aplicará una Tasa de Interés variable Basada en
LIBOR a tres meses para préstamos de la Facilidad
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Unimonetaria de Capital Ordinario, la cual a la fecha es
de 1.51%. Se pagarán semestralmente, comenzando
a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de
vigencia del Contrato.
COMISION DE CREDITO: El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo no
desembolsado del Financiamiento del Capital Ordinario,
una comisión de crédito equivalente a un porcentaje
que será establecido por el Banco periódicamente,
como resultado de su revisión de cargos financieros,
de conformidad con las disposiciones aplicables de la
política del Banco sobre metodología para el cálculo de
cargos para préstamos del Capital Ordinario, sin que en
ningún caso pueda exceder el 0.75% por año.
INSPECCION Y VIGILANCIA: Establecida de conformidad a las disposiciones
aplicables de la política del Banco sobre metodología
para el cálculo de cargos para préstamos del capital
ordinario. En ningún caso podrá cobrarse por este
concepto en un semestre determinado más de lo que
resulte de aplicar el 1% al monto de Financiamiento,
dividido por el número de semestres comprendido en
el plazo original de desembolsos.
APORTE LOCAL: Hasta VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$22,745,494.00).
MONTO DEL PROGRAMA: Hasta OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US$ 82,745,494.00).
FORMA DE PAGO: Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo
posible iguales hasta la total cancelación del mismo.
DESTINO: Financiar la ejecución del “Programa Integrado de
Salud.”
Art. 2.- El Contrato de Préstamo que suscriba el Gobierno de conformidad con el
presente Decreto, deberá de someterse a la aprobación de esta Asamblea Legislativa
para su validez.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
Indice Legislativo 617
Parte V

Parte V
618
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce
días del mes de octubre del año dos mil diez.
D. O. Nº 193, Tomo Nº 389, Fecha: 15 de octubre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 490
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Gobierno de la República de El Salvador pretende mejorar las
condiciones de vida de la población de El Salvador mediante la provisión
de servicios adecuados de agua potable y saneamiento.
II.- Que para la consecución de lo anterior se ha gestionado con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) un Contrato de Préstamo hasta por
un monto de VEINTE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA (US$20,000,000.00), que serán utilizados para financiar el
“Programa de Agua y Saneamiento Rural.”
III.- Que en atención a lo antes expuesto y en base a lo establecido en el
Art. 148 de la Constitución de la República, es conveniente autorizar al
Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que suscriba el Convenio
de Préstamo para financiar el proyecto mencionado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por
medio de su Titular o del funcionario que él designe suscriba en nombre del Estado
y Gobierno de la República de El Salvador, el Contrato de Préstamo Nº 2358/OC-ES
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el “Programa de Agua
y Saneamiento Rural”, préstamo que estará sujeto a las siguientes condiciones y
estipulaciones:
MONTO DEL PRESTAMO: Hasta VEINTE MILLONES DE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$20,000,000.00).
PLAZO DE AMORTIZACION: Veinticinco (25) años.
PERIODO DE GRACIA: Cinco (5) años y seis (6) meses.
INTERESES: Se aplicará una Tasa de Interés variable Basada en
LIBOR a tres meses para préstamos de la Facilidad
Unimonetaria de Capital Ordinario, la cual a la fecha es
de 1.51%. Se pagarán semestralmente, comenzando
Indice Legislativo 619
Parte V

Parte V
620
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de
vigencia del Contrato.
COMISION DE CREDITO: El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo no
desembolsado del Financiamiento del Capital Ordinario,
una comisión de crédito equivalente a un porcentaje
que será establecido por el Banco periódicamente,
como resultado de su revisión de cargos financieros,
de conformidad con las disposiciones aplicables de la
política del Banco sobre metodología para el cálculo de
cargos para préstamos del Capital Ordinario, sin que, en
ningún caso pueda exceder el 0.75% por año.
INSPECCION Y VIGILANCIA: Establecida de conformidad a las disposiciones
aplicables de la política del Banco sobre metodología
para el cálculo de cargos para préstamos del capital
ordinario. En ningún caso podrá cobrarse por este
concepto en un semestre determinado más de lo que
resulte de aplicar el 1% al monto de Financiamiento,
dividido por el número de semestres comprendido en
el plazo original de desembolsos.
FORMA DE PAGO: Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo
posible iguales hasta la total cancelación del mismo.
DESTINO: Financiar la ejecución del “Programa de Agua y
Saneamiento Rural.
CONTRAPARTIDA: Hasta VEINTICUATRO MILLONES DE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$24,000,000.00),
fondos que provienen del Convenio de Financiamiento
No Reembolsable de Inversión del Fondo Español de
Cooperación para Agua y Saneamiento en América
Latina y el Caribe Nº GRT/WS-12281-ES.
MONTO DEL PROGRAMA: Hasta CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$44,000,000.00).
Art. 2. - El Contrato de Préstamo que suscriba el Gobierno de conformidad con el
presente Decreto, deberá de someterse a la aprobación de esta Asamblea Legislativa
para su validez.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce
días del mes de octubre del año dos mil diez.
D. O. Nº 193, Tomo Nº 389, Fecha: 15 de octubre de 2010.
Indice Legislativo 621
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 491
622
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Gobierno de la República de El Salvador tiene el propósito de
contribuir a mejorar las condiciones de la infraestructura vial rural, a fin
de posibilitar el transporte permanente en dichas zonas, dando prioridad a
aquéllas zonas rurales que cuenten con potencial de desarrollo productivo.
II.- Que para la consecución de lo anterior se ha gestionado con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) un Contrato de Préstamo hasta por un
monto de TREINTA Y CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US $35,000,000.00), que serán utilizados para
financiar el “Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo.”
III.- Que en atención a lo antes expuesto y en base a lo establecido en el
Art. 148 de la Constitución de la República, es conveniente autorizar al
Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que suscriba el Convenio
de Préstamo para financiar el proyecto mencionado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por
medio de su Titular o del funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado y
Gobierno de la República de El Salvador, el Contrato de Préstamo Nº 2369/OC-ES con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el “Programa de Caminos
Rurales para el Desarrollo”, préstamo que estará sujeto a las siguientes condiciones y
estipulaciones:
MONTO DEL PRESTAMO: Hasta TREINTA Y CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$35,000,000.00).
PLAZO DE AMORTIZACION: Veinticinco (25) años.
PERIODO DE GRACIA: Cuatro años (4) y seis (6) meses.
INTERESES: Se aplicará una Tasa de Interés variable Basada en
LIBOR a tres meses para préstamos de la Facilidad
Unimonetaria de Capital Ordinario, la cual a la fecha es
de 1.51%. Se pagarán semestralmente, comenzando
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de
vigencia del Contrato.
COMISION DE CREDITO: El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo no
desembolsado del Financiamiento del Capital Ordinario,
una comisión de crédito equivalente a un porcentaje
que será establecido por el Banco periódicamente,
como resultado de su revisión de cargos financieros,
de conformidad con las disposiciones aplicables de la
política del Banco sobre metodología para el cálculo de
cargos para préstamos del Capital Ordinario, sin que, en
ningún caso pueda exceder el 0.75% por año.
INSPECCION Y VIGILANCIA: Establecida de conformidad a las disposiciones
aplicables de la política del Banco sobre metodología
para el cálculo de cargos para préstamos del capital
ordinario. En ningún caso podrá cobrarse por este
concepto en un semestre determinado más de lo que
resulte de aplicar el 1% al monto de Financiamiento,
dividido por el número de semestres comprendido en
el plazo original de desembolsos.
FORMA DE PAGO: Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo
posible iguales hasta la total cancelación del mismo.
DESTINO: Financiar la ejecución del “Programa de Caminos
Rurales para el Desarrollo.”
Art. 2- El Contrato de Préstamo que suscriba el Gobierno de conformidad con el
presente Decreto, deberá de someterse a la aprobación de esta Asamblea Legislativa
para su validez.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce
días del mes de octubre del año dos mil diez.
D. O. Nº 193, Tomo Nº 389, Fecha: 15 de octubre de 2010.
Indice Legislativo 623
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 495
624
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Gobierno de la República de El Salvador pretende promover la
inversión en capital humano de las familias que residen en zonas urbanas
y que viven en situación de pobreza y exclusión social, a través del
financiamiento de los siguientes Componentes: I) Mejoramiento de la
Gestión del Sistema de Protección Universal (SPSU), para fortalecer a las
Comunidades Solidarias Urbanas (CSU); II) Fortalecimiento de la Oferta de
Servicios de Nutrición y Salud; III) Fortalecimiento del Modelo de Atención
Integral para la Primera Infancia; y IV) Intervenciones para la Prevención de
la Violencia.
II.- Que para la consecución de lo anterior se ha gestionado con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) un Contrato de Préstamo hasta por un
monto de TREINTA Y CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US $35,000,000.00), que serán utilizados para
financiar el Programa “Apoyo a Comunidades Solidarias Urbanas.”
III.- Que en atención a lo antes expuesto y en base a lo establecido en el
Art. 148 de la Constitución de la República, es conveniente autorizar al
Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que suscriba el Convenio
de Préstamo para financiar el proyecto mencionado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA.
Art. 1.- Autorízase al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por
medio de su Titular o del funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado
y Gobierno de la República de El Salvador, el Contrato de Préstamo Nº 2375/OC-ES
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa “Apoyo
a Comunidades Solidarias Urbanas”, préstamo que estará sujeto a las siguientes
condiciones y estipulaciones:
MONTO DEL PRESTAMO: Hasta TREINTA Y CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$35,000,000.00).
PLAZO DE AMORTIZACION: Veinticinco (25) años.
PERIODO DE GRACIA: Cuatro (4) años y seis (6) meses.
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
INTERESES: Se aplicará una Tasa de Interés variable Basada en
LIBOR a tres meses para préstamos de la Facilidad
Unimonetaria de Capital Ordinario, la cual a la fecha es
de 1.51%. Se pagarán semestralmente, comenzando
a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de
vigencia del Contrato.
COMISION DE CREDITO: El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo no
desembolsado del Financiamiento del Capital Ordinario,
una comisión de crédito equivalente a un porcentaje
que será establecido por el Banco periódicamente,
como resultado de su revisión de cargos financieros,
de conformidad con las disposiciones aplicables de la
política del Banco sobre metodología para el cálculo de
cargos para préstamos del Capital Ordinario, sin que, en
ningún caso pueda exceder el 0.75% por año.
INSPECCION Y VIGILANCIA: Establecida de conformidad a las disposiciones
aplicables de la política del Banco sobre metodología
para el cálculo de cargos para préstamos del capital
ordinario. En ningún caso podrá cobrarse por este
concepto en un semestre determinado más de lo que
resulte de aplicar el 1% al monto de Financiamiento,
dividido por el número de semestres comprendido en
el plazo original de desembolsos.
FORMA DE PAGO: Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo
posible iguales hasta la total cancelación del mismo.
DESTINO: Financiar la ejecución del Programa “Apoyo a
Comunidades Solidarias Urbanas.”
Art. 2.- El Contrato de Préstamo que suscriba el Gobierno de conformidad con el
presente Decreto, deberá de someterse a la aprobación de esta Asamblea Legislativa
para su validez.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintiocho días del mes de octubre del año dos mil diez.
D. O. Nº 205, Tomo Nº 389, Fecha: 3 de noviembre de 2010.
Indice Legislativo 625
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 496
626
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Gobierno de la República de El Salvador tiene el propósito de
mejorar las condiciones habitacionales de la población de ingresos bajos
y medios, aumentando la capacidad del sector vivienda de atender la
demanda habitacional de los salvadoreños y salvadoreñas con eficiencia y
equidad.
II.- Que en razón de lo anterior se ha gestionado con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) un Contrato de Préstamo hasta por un monto de
SETENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$70,000,000.00) recursos que serán utilizados para financiar el
“Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos
Precarios, Fase II.”
III.- Que en atención a lo antes expuesto y en base a lo establecido en el
Art. 148 de la Constitución de la República, es conveniente autorizar al
Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que suscriba el Convenio
de Préstamo para financiar el proyecto mencionado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por
medio de su Titular o del funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado y
Gobierno de la República de El Salvador, el Contrato de Préstamo Nº 2373/OC-ES con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recursos que se utilizarán para financiar el
“Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios,
Fase II”, préstamo que estará sujeto a las siguientes condiciones y estipulaciones:
MONTO DEL PRESTAMO: Hasta SETENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $70,000,000.00).
PLAZO DE AMORTIZACIÓN: Veinticinco (25) años.
PERIODO DE GRACIA: Cuatro (4) años y seis (6) meses.
INTERESES: Se aplicará una Tasa de Interés variable Basada en
LIBOR a tres meses para préstamos de la Facilidad
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Unimonetaria de Capital Ordinario, la cual a la fecha es
de 1.51%. Se pagarán semestralmente, comenzando
a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de
vigencia del Contrato.
COMISION DE CREDITO: El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo no
desembolsado del Financiamiento del Capital Ordinario,
una comisión de crédito equivalente a un porcentaje
que será establecido por el Banco periódicamente,
como resultado de su revisión de cargos financieros,
de conformidad con las disposiciones aplicables de la
política del Banco sobre metodología para el cálculo de
cargos para préstamos del Capital Ordinario, sin que, en
ningún caso pueda exceder el 0.75% por año.
INSPECCION Y VIGILANCIA: Establecida de conformidad a las disposiciones
aplicables de la política del Banco sobre metodología
para el cálculo de cargos para préstamos del capital
ordinario. En ningún caso podrá cobrarse por este
concepto en un semestre determinado más de lo que
resulte de aplicar el 1% al monto de Financiamiento,
dividido por el número de semestres comprendido en
el plazo original de desembolsos.
FORMA DE PAGO: Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo
posible iguales hasta la total cancelación del mismo.
DESTINO: Financiar la ejecución del “Programa de Vivienda y
Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos
Precarios, Fase II.”
Art. 2.- El Contrato de Préstamo que suscriba el Gobierno de conformidad con el
presente Decreto, deberá de someterse a la aprobación de esta Asamblea Legislativa
para su validez.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintiocho días del mes de octubre del año dos mil diez.
D. O. Nº 205, Tomo Nº 389, Fecha: 3 de noviembre de 2010.
Indice Legislativo 627
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 516
628
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Artículo 104 inciso primero de la Constitución establece que los
bienes inmuebles de propiedad del Estado podrán ser transferidos dentro
de los límites y en la forma establecida en la ley; y que el artículo 233
de la misma ordena que los bienes raíces de la Hacienda Pública y los
de uso público sólo podrán donarse o darse en usufructo, comodato o
arrendamiento, con autorización del Organo Legislativo, a entidades de
utilidad general;
II.- Que el Artículo 552 inciso tercero del Código Civil establece el procedimiento
para realizar enajenaciones de bienes raíces de corporaciones y fundaciones
de derecho público, o de cualesquiera otras instituciones integrantes del
Estado, a favor de entidades del mismo carácter jurídico; en el que se
omite el requisito de la subasta pública que contempla el mismo en su
inciso primero, sustituyéndose por un Acuerdo del Organo Ejecutivo en
Consejo de Ministros;
III.- Que el Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Economía, es el
dueño por ministerio de ley, de un Lote de terreno urbano, en el cual se
encuentra construido un edificio comercial de tres plantas, de sistema
mixto; de una extensión superficial de un mil sesenta y cinco punto ochenta
y seis metros cuadrados, ubicado en el Paseo General Escalón, Block
Setenta y dos de la Lotificación de la Hacienda San Diego, hoy Colonia
Escalón, de la ciudad de San Salvador; aún no inscrito a nombre de dicho
Ministerio, pero es inscribible por estar inscrito actualmente a favor del
desaparecido Instituto Salvadoreño de Comercio Exterior, al Número
veintisiete del Libro Dos mil dos de Propiedad del Departamento de San
Salvador, en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera
Sección del Centro, del Centro Nacional de Registros;
IV.- Que dicho inmueble ha dejado de serle de utilidad al Ministerio de Economía;
y en cambio le es útil al Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero
-FOSAFFI-, por lo que a solicitud de éste, ha decidido transferírselo a título
de donación irrevocable, pura y simple, para que lo utilice de acuerdo
a los fines de esa institución y contribuir al logro de los objetivos de
las políticas públicas relacionadas con el apoyo al financiamiento de la
pequeña y mediana empresa del país;
V.- Que a solicitud de la autorización correspondiente de parte del señor
Ministro de Economía y previo el valúo del inmueble mencionado, realizado
por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda; el
Consejo de Ministros, en el PUNTO CUATRO. B) del Acta de la sesión
número DIEZ, celebrada el día veintisiete de septiembre de dos mil diez,
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
emitió el Acuerdo en el que autoriza al Ministerio de Economía para que
done al Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero -FOSAFFI-,
el inmueble urbano y construcción que contiene, relacionados en el
Considerando III.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República por medio del Ministro de Economía,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Organo Ejecutivo en el Ramo de Economía, para que
transfiera a título de Donación Irrevocable, pura y simple, al Fondo de Saneamiento
y Fortalecimiento Financiero -FOSAFFI-, el inmueble urbano ubicado sobre el Paseo
General Escalón, Block Setenta y dos de la Lotificación de la Hacienda San Diego,
hoy Colonia Escalón de la ciudad de San Salvador; y la construcción que contiene,
consistente en un edificio comercial de tres plantas, de sistema mixto, con todos sus
servicios y anexidades necesarios para su uso; de una extensión superficial de un mil
sesenta y cinco punto ochenta y seis metros cuadrados, equivalentes a un mil quinientos
veinticinco varas cuadradas tres centésimos de vara cuadrada; inscrito al número
veintisiete del Libro dos mil dos de Propiedad del Departamento de San Salvador, en el
Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, del Centro
Nacional de Registros, a nombre del desaparecido Instituto Salvadoreño de Comercio
Exterior y que por ministerio de ley ahora es de propiedad del Órgano Ejecutivo en el
Ramo de Economía, conforme a las disposiciones legales de los decretos citados en
el Acuerdo del Consejo de Ministros, relacionado; valuado por la Dirección General
de Presupuesto del Ministerio de Hacienda en la cantidad de un MILLON CUARENTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS Estados Unidos de América
($1,047,280.00).
Art. 2.- El Fiscal General de la República o el funcionario que el delegue para dicho
acto o que haya delegado en forma general para esta clase de formalizaciones, deberá
comparecer en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, de
conformidad con la Constitución, a otorgar la correspondiente escritura de Donación
ante el Notario que designe el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero
-FOSAFFI-.
Art. 3.- Con la finalidad de cumplir con el Principio Registral de Tracto Sucesivo,
el Centro Nacional de Registros previo a inscribir el inmueble a favor del Fondo de
Saneamiento y Fortalecimiento Financiero -FOSAFFI-, por la transferencia de dominio
por la Donación del mismo, deberá realizar la inscripción del inmueble a favor del
Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Economía, por ministerio de ley,
conforme al Decreto Ley número ochocientos dieciocho de fecha treinta de septiembre
Indice Legislativo 629
Parte V

Parte V
630
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
de mil novecientos ochenta y uno, publicado en el Diario Oficial número ciento ochenta,
Tomo número doscientos setenta y dos, de la misma fecha, y del Decreto Legislativo
número doscientos noventa y cinco, de fecha veintisiete de julio de mil novecientos
ochenta y nueve, publicado en el Diario Oficial número ciento cuarenta, Tomo número
Trescientos cuatro, de fecha veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y nueve.
Las inscripciones registrales ordenadas en el inciso anterior, por las transferencias
de dominio del inmueble a donarse, que realice el Centro Nacional de Registros,
gozarán de las exenciones del pago de cualquier impuesto aplicable y de los derechos
registrales correspondientes.
Art. 4.- Las Unidades Financieras Institucionales del Ministerio de Economía y del
Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero -FOSAFFI-, deberán registrar las
operaciones pertinentes, así como realizar el descargo y el cargo de dicho bien en sus
respectivos inventarios.
Corresponderá al Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero -FOSAFFI-,
el pago de los gastos de mantenimiento y conservación del inmueble, así como de los
impuestos, tasas municipales y demás contribuciones que genere, a partir de la fecha
del otorgamiento de la Escritura de Donación correspondiente.
Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 237, Tomo Nº 389, Fecha: 17 de diciembre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 532
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Constitución de la República en el Artículo 119 declara de interés
social la construcción de viviendas y establece que el Estado procurará
que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias
de su vivienda.
II.- Que dentro del Bienestar Económico toda persona tiene derecho a la
propiedad y posesión, la cual está reconocida por el Estado en función
social, para lo cual el Estado puede disponer de los bienes raíces de
la Hacienda Pública a fin de donarlos, darlos en usufructo, comodato o
arrendamiento, previa autorización de la Asamblea Legislativa a entidades
de utilidad general, precepto constitucional plasmado en el artículo 233 de
la Constitución de la República.
III.- Que a fin de reducir el déficit habitacional, el Estado cuenta con
instituciones de utilidad pública como lo es el Fondo Nacional de Vivienda
Popular (FONAVIPO), a fin de desarrollar programas que contribuyan para
que sectores de bajos ingresos económicos, puedan adquirir una vivienda
digna por medio de crédito que les permita solucionar su problema de
vivienda, y procurar las condiciones más favorables para el financiamiento
habitacional de interés social.
IV.- Que el Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Hacienda, es
dueño de tres inmuebles de naturaleza rústica, situados en el Cantón Las
Delicias, Finca La Bretaña, Jurisdicción de San Martín, Departamento de
San Salvador, de los cuales ha requerido FONAVIPO que se les transfiera
mediante donación, para desarrollar un proyecto habitacional que dentro
del Plan del Gobierno se realiza y en el marco del Programa Casa para
Todos, para beneficiar con viviendas dignas a familias de escasos recursos
económicos.
V.- Que el Consejo de Ministros autorizó al Estado y Gobierno de El Salvador,
en el Ramo de Hacienda, mediante Punto de Acta cuatro, de la Sección
número diez de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diez, transferir
en carácter de donación a FONAVIPO tres inmuebles imprescindibles para
los fines de la Hacienda Pública, pero de gran utilidad para lograr los fines
de dicha institución.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda,
Indice Legislativo 631
Parte V

Parte V
632
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para donar
en forma gratuita, simple e irrevocable a favor del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
POPULAR (FONAVIPO), tres inmuebles de naturaleza rústica, situados en el Cantón Las
Delicias, Finca La Bretaña, Jurisdicción de San Martín, Departamento de San Salvador,
PRIMERO: identificados como PORCION UNO SUR, CUATRO-UNO, CINCO-UNO, inscrito
bajo la Matrícula SEIS CERO DOS CERO CUATRO UNO CERO UNO-CERO CERO CERO
CERO CERO, ASIENTO CINCO, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la
Primera Sección del Centro, Departamento de San Salvador, de un área de CIENTO
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PUNTO OCHENTA Y TRES
METROS CUADRADOS, equivalentes a CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PUNTO OCHENTA Y SEIS VARAS CUADRADAS; SEGUNDO:
identificados como SECTOR SUR DIEZ-DOS-SEIS, inscrito a la Matrícula SEIS CERO
DOS CERO CUATRO SIETE OCHO CUATRO-CERO CERO CERO CERO CERO, ASIENTO
TRES, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro,
Departamento de San Salvador, de un área de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
DIECISEIS PUNTO TREINTA METROS CUADRADOS, equivalentes a SESENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTAS TREINTA Y CINCO PUNTO CUARENTA Y CUATRO VARAS CUADRADAS, y
TERCERO: identificados como PORCION TRES, CUATRO, CINCO Y SIETE “A” PONIENTE,
inscrito a la Matrícula SEIS CERO DOS CERO SEIS CINCO CINCO NUEVE-CERO CERO
CERO CERO CERO, ASIENTO TRES, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de
la Primera Sección del Centro, Departamento de San Salvador, de un área de TREINTA
Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y SEIS METROS
CUADRADOS, equivalentes a CINCUENTA MIL CUATROCIENTAS SETENTA PUNTO
SETENTA VARAS CUADRADAS.
Art. 2.- Que los inmuebles que se autorizan donar, serán utilizados para desarrollar
un proyecto habitacional en el marco del Programa Casa para Todos, para beneficiar
con viviendas dignas a familias de escasos recursos económicos.
Art. 3.- Que los valores de los inmuebles de conformidad al valúo practicado
por la Dirección General del Presupuesto son: para el inmueble identificado como
PORCIÓN UNO SUR, CUATRO-UNO, CINCO-UNO, en la suma de UN MILLON TREINTA Y
UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
($1,031,132.00); inmueble identificado como SECTOR SUR DIEZ-DOS-SEIS, en la
suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($335,960.00); y PORCIÓN TRES, CUATRO,
CINCO y SIETE “A” PONIENTE, en la suma de DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS
OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($260,680.00).
Art. 4.- Exonérase del pago de los derechos registrales que genere la transferencia
para la inscripción de la donación que se efectuará a favor del Fondo Nacional de
Vivienda Popular, de los inmuebles objeto de este Decreto.
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Asimismo, exonérase del pago del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces,
derivado de la transferencia que se otorgue en cumplimiento a este Decreto.
Art. 5.- Es responsabilidad del Fondo Nacional de Vivienda Popular, el pago de los
impuestos, tasas y contribuciones municipales de los inmuebles descritos en el artículo
1 de este Decreto, a partir de la fecha de formalización de la escritura de donación.
Art. 6.- Facúltase al Fiscal General de la República o al funcionario que él delegue,
para que en nombre y representación del Estado, otorgue la Escritura Pública de
Donación correspondiente ante Notario que el Fondo Nacional de Vivienda Popular
designe.
Art. 7.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dos
días del mes de diciembre de dos mil diez.
D. O. Nº 239, Tomo Nº 389, Fecha: 21 de diciembre de 2010.
Indice Legislativo 633
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 562
634
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 489, de fecha 14 de octubre de 2010,
publicado en el Diario Oficial Nº 193, Tomo Nº 389 del 15 del mismo mes
y año, esta Asamblea Legislativo autorizó al Organo Ejecutivo en el Ramo
de Hacienda para que por medio de su Titular o del representante que
él designare, negociare y suscribiera en nombre del Estado y Gobierno
de la República de El Salvador el Contrato de Préstamo con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de SESENTA MILLONES
DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$60,000,000.00),
recursos que se utilizarán para financiar el “Programa Integrado de Salud.”
II.- Que el referido Contrato de Préstamo fue suscrito el 22 de octubre de 2010,
por el señor Ministro de Hacienda, en correspondencia a la autorización
conferida por el Decreto Legislativo Nº 489 antes relacionado.
III.- Que procede aprobar en todas sus partes el Contrato de Préstamo, que ha
sido sometido a esta Asamblea, para lo cual se ha dado cumplimiento a lo
establecido en el Art. 148 de la Constitución de la República.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales,
DECRETA:
Art. 1.- Apruébase en todas sus partes el Contrato de Préstamo N° 2347/OC-ES,
suscrito el 22 de octubre de 2010, entre el Gobierno de la República de El Salvador y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de SESENTA MILLONES DE
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$60,000,000.00), recursos que
se utilizarán para financiar el “Programa Integrado de Salud.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 241, Tomo Nº 389, Fecha: 23 de diciembre de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 582
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Salud Pública
y Asistencia Social, es dueño y actual poseedor de un inmueble de
naturaleza urbana, situado en el Barrio Las Flores, Municipio de Anamorós,
Departamento de La Unión, de una extensión superficial de NOVECIENTOS
METROS CUADRADOS (900.00 M 2 ), inscrito a la Matrícula número NUEVE
CINCO CERO CUATRO SIETE OCHO NUEVE SIETE - CERO CERO CERO CERO
CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección
de Oriente, Departamento de La Unión.
II.- Que la Alcaldía Municipal de Anamorós solicitó al Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social la donación del inmueble antes citado, el cual
no es más de utilidad para la mencionada Secretaría de Estado, pero es
importante para la Municipalidad de Anamorós, ya que en él se encuentran
las instalaciones del mercado municipal, lo cual ha sido autorizado en
la Sesión Número DIEZ, Punto Número CUATRO, letra G), del Consejo de
Ministros, celebrada el día veintisiete de septiembre de dos mil diez.
III.- Que de conformidad con el Art. 233 de la Constitución, los bienes de
la Hacienda Pública y los de uso público sólo podrán donarse o darse
en usufructo, comodato o arrendamiento, con autorización del Organo
Legislativo, a entidades de utilidad general.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio de la Ministra de Salud Pública y Asistencia Social,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Organo Ejecutivo, en el Ramo de Salud Pública y Asistencia
Social, para que entregue en donación a la Municipalidad de Anamorós, un inmueble
de naturaleza urbana, situado en el Barrio Las Flores, Municipio de Anamorós,
Departamento de La Unión, de una extensión superficial de NOVECIENTOS METROS
CUADRADOS (900.00 M 2 ), inscrito a la Matrícula Número NUEVE CINCO CERO CUATRO
SIETE OCHO NUEVE SIETE - CERO CERO CERO CERO CERO del Registro de la Propiedad
Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección de Oriente, Departamento de La Unión, el cual
posee las medidas y linderos siguientes: al Norte, cuarenta y cinco metros, con solar
de Iglesia Parroquial de Anamorós; al Oriente, veinte metros, con casa y solar de
don Felícito Álvarez, calle pública de por medio; al Poniente; veinte metros, calle de
por medio, con la plaza pública; y al Sur, cuarenta y cinco metros, con terrenos de
Indice Legislativo 635
Parte V

Parte V
636
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
Tiburcio Vanegas y Pablo Flores, calle pública de por medio, el cual ha sido valuado
por la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda en la cantidad
de NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA ($92,825.00), de acuerdo a oficio número mil quinientos treinta
y seis, ref. tres mil doscientos, de fecha catorce de julio de dos mil diez.
Art. 2. Facúltase al Fiscal General de la República o al funcionario que éste delegue,
para que en nombre del Estado y Gobierno de El Salvador otorgue la escritura pública
correspondiente.
Art. 3.- Facúltase a los organismos pertinentes, para que efectúen las operaciones
contables de cargo y descargo correspondiente.
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los trece
días del mes de enero de dos mil once.
D. O. Nº 21, Tomo Nº 390, Fecha: 31 de enero de 2011.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 583
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 627, de fecha 22 de noviembre de
1990, publicado en el Diario Oficial Nº 276, Tomo Nº 309, del 6 de diciembre
de ese mismo año, se emitió la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de
Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, a través de la
cual se creó el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, con
personalidad jurídica y patrimonio propio.
II.- Que en el Art. 11, inciso cuarto de la Ley mencionada en el considerando
anterior, se determina que los bienes muebles o inmuebles que adquiera
dicho Fondo podrán ser transferidos de conformidad con la ley y con
las disposiciones que al efecto emita el Banco Central de Reserva de El
Salvador.
III.- Que el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero es el actual
dueño y poseedor de un inmueble de naturaleza urbana y construcciones de
sistema mixto que contiene, de una extensión superficial de TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (349.00 M 2 ), que se encuentra
ubicado en Calle San Antonio Abad y Avenida Santa Mónica, número Dos
Mil Cuarenta y Siete, Colonia Buenos Aires, en la ciudad y departamento
de San Salvador, el cual le fue adjudicado en pago, y se encuentra inscrito
bajo Matricula SEIS CERO UNO CUATRO CINCO CINCO CINCO CINCO-
CERO CERO CERO CERO CERO en el Asiento CATORCE, del Registro de la
Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro.
IV.- Que en razón que el citado inmueble es necesario e indispensable para la
consecución de los objetivos institucionales del Estado y Gobierno de El
Salvador en el Ramo de Hacienda, se ha solicitado autorizar la transferencia
de dicho bien en calidad de donación, a favor del Estado y Gobierno de El
Salvador en el Ramo de Hacienda.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero para donar
en forma gratuita, simple e irrevocable a favor del Estado y Gobierno de El Salvador, en
el Ramo de Hacienda, un inmueble de naturaleza urbana y construcciones de sistema
mixto que contiene, situado en Calle San Antonio Abad y Avenida Santa Mónica,
Indice Legislativo 637
Parte V

Parte V
638
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
Número Dos Mil Cuarenta y Siete, Colonia Buenos Aires, en la ciudad y departamento
de San Salvador, inscrito bajo la Matrícula SEIS CERO UNO CUATRO CINCO CINCO
CINCO CINCO - CERO CERO CERO CERO CERO, en el Asiento CATORCE, del Registro de
la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, departamento de San
Salvador, de una extensión superficial de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE METROS
CUADRADOS (349.00 M 2 ), en el cual se ha construido el edificio Función Forma,
compuesto de cuatro niveles y sótano, y cuya descripción técnica es la siguiente: A
partir de la intersección de los ejes de la Calle San Antonio Abad y la Avenida Santa
Mónica, se mide sobre el eje de esta última una distancia de treinta y dos metros
cinco centímetros, con un rumbo Sur, cero grados cero minutos Oeste, a continuación
se mide una deflexión derecha de noventa grados, luego se mide una distancia de
veinticinco metros sesenta y cinco centímetros para llegar al esquinero Sur-Oeste del
lote cuyas medidas y linderos a partir del mencionado esquinero son: AL PONIENTE:
Partiendo del vértice Sur-Oeste en un tramo con rumbo Norte, cinco grados treinta y
dos minutos seis décimos de minuto Este, con una distancia de veintiún metros, se
llega al vértice Nor-Oeste, lindando en este tramo con terreno propiedad de Torogoz;
AL NORTE: Partiendo el vértice Nor-Oeste en dos tramos: el primero, con rumbo Norte,
ochenta y un grados cincuenta y ocho minutos cinco décimas de minuto Este, con
una distancia de ocho metros; y el segundo, con línea curva de doce metros y radio
de cinco metros ochenta y cinco centímetros, lindando en este tramo, con Colegio
Cristóbal Colón, Calle San Antonio Abad de diecinueve metros ochenta centímetros
de por medio; AL ORIENTE: Partiendo del vértice Nor-Este en un tramo, con rumbo
Sur, cero grados cero minutos Oeste, con una distancia de dieciséis metros, lindando
en este tramo, con gasolinera Shell Centroamérica, Avenida Santa Mónica de quince
metros ochenta centímetros de por medio; y al SUR: Partiendo del vértice Sur-Este en
un tramo con rumbo Sur noventa grados Oeste, con una distancia de diecisiete metros
setenta y cinco centímetros, lindando en este tramo, con terreno propiedad de Torogoz.
Art. 2.- El valor del inmueble, incluyendo terreno, construcciones y obras
complementarias, de conformidad al valúo practicado por la Dirección General del
Presupuesto, es por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($593,320.00), según oficio
número dos uno cero dos, Ref. cero siete cero cero, de fecha doce de octubre de dos
mil diez.
Art. 3.- Exonérase del pago de los derechos registrales que genere la inscripción
de la transferencia, en calidad de donación, que se efectuará a favor del Estado y
Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Hacienda, del inmueble a que se refiere el Art.
1 de este Decreto.
Art. 4.- Facúltase al Presidente del Comité Administrador del Fondo de Saneamiento
y Fortalecimiento Financiero, o al funcionario que él delegue, para que en nombre y
representación del Fondo otorgue la Escritura Pública de Donación correspondiente
ante Notario que el Ministerio de Hacienda designe.
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 5.-Autorízase al Fiscal General de la República, en representación del Estado
y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Hacienda, para que personalmente o por
medio del funcionario que delegue, comparezca ante Notario a otorgar la escritura a
que se refiere el artículo anterior.
Art. 6.-El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los trece
días del mes de enero de dos mil once.
D. O. Nº 21, Tomo Nº 390, Fecha: 31 de enero de 2011.
Indice Legislativo 639
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 602
640
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que con fecha 6 de enero de 2011, el Pleno Legislativo conoció la Iniciativa
de varios Diputados, en nombre del Subdirector General de Protocolo y
Órdenes, en el sentido se autorice el ingreso a aguas territoriales de El
Salvador de la Flota de Amistad Nº 100, compuesta por tres buques de
combate de la Fuerza Naval de la República de China (Taiwán) del 28 al 30
de abril del corriente año.
II.- Que de conformidad a lo establecido el Art. 131, Ordinal 29º de la
Constitución es competencia de esta Asamblea Legislativa permitir o
negar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la república, y el
estacionamiento de naves o aeronaves de guerra de otros países, por más
tiempo del establecido en los tratados o prácticas internacionales, siendo
procedente conceder el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Alberto
Armando Romero Rodríguez, Lorena Guadalupe Peña Mendoza y Roberto José
d´Aubuisson Munguía,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase el ingreso, tránsito y estacionamiento en aguas territoriales
salvadoreñas, en el período comprendido del 28 al 30 de abril del corriente año, a la
Flota de Amistad N° 100, compuesta por tres buques de combate de la Fuerza Naval de
la República de China (Taiwán), los cuales tienen las siguientes características: WU-YI,
con un peso total de: 16,939 toneladas, largo: 162.12 metros, ancho: 22 metros,
tripulación: 436, calado: 8.6 metros; CHENG-DE, peso total: 3750 toneladas, largo:
124.21 metros, ancho: 15.43 metros, calado: 9.63 metros y una tripulación de 170
personas; CHENG-HO, peso total: 4,104 toneladas, largo: 138.07 metros, ancho: 14.3
metros, y calado: 9.14 metros y una tripulación de 199 personas.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintisiete días del mes de enero del año dos mil once.
D. O. Nº 40, Tomo Nº 390, Fecha: 25 de febrero de 2011.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 603
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Constitución de la República en el Artículo 119 declara de interés
social la construcción de viviendas y establece que el Estado procurará
que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias
de su vivienda.
II.- Que en el marco del bienestar económico, toda persona tiene derecho a
la propiedad y posesión, la cual está reconocida por el Estado en función
social, para lo cual el Estado puede disponer de los bienes raíces de
la Hacienda Pública a fin de donarlos, darlos en usufructo, comodato o
arrendamiento, previa autorización de la Asamblea Legislativa a entidades
de utilidad general, precepto constitucional plasmado en el artículo 233 de
la Constitución de la República.
III.- Que a fin de reducir el déficit habitacional, el Estado cuenta con instituciones
de utilidad pública como lo es el Fondo Nacional de Vivienda Popular
FONAVIPO, a la que compete desarrollar programas que contribuyan para
que sectores de bajos ingresos económicos tengan oportunidad para
que puedan adquirir una vivienda digna por medio de créditos, que les
permitan solucionar su problema de vivienda y procurar las condiciones
más favorables para el financiamiento habitacional de interés social.
IV.- Que el Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Hacienda, es
dueño de un inmueble de naturaleza rústica, hoy urbano, situado según
antecedentes en el Cantón Los Chupaderos y por nomenclatura actual sobre
Calle Principal, Cuarenta y Siete Calle Poniente, sin número, de la ciudad
y departamento de Santa Ana, de una extensión superficial de SESENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PUNTO OCHENTA Y CINCO
METROS CUADRADOS (67,497.85 M 2 ), del cual ha requerido FONAVIPO
que se les transfiera mediante donación, una porción de terreno de una
extensión superficial de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
TRES PUNTO DIEZ METROS CUADRADOS (37,893.10 M 2 ), para desarrollar
un Proyecto Habitacional que dentro del Plan de Gobierno se realiza, en el
marco del Programa Casa para Todos, que se denominará “Urbanización
Procavia.”
V.- Que el Consejo de Ministros autorizó al Estado y Gobierno de El Salvador,
en el Ramo de Hacienda, mediante Punto de Acta Cuatro, literal J), de la
Sesión Número DIEZ, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diez,
transferir en carácter de donación a FONAVIPO, una porción del citado
inmueble el cual es prescindible para los fines de la Hacienda Pública,
pero de gran utilidad para lograr los fines de la mencionada institución
autónoma.
Indice Legislativo 641
Parte V

Parte V
POR TANTO,
642
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda y con el apoyo de los Diputados: Lorena
Guadalupe Peña Mendoza, Roberto José d’Aubuisson Munguía, Irma Lourdes Palacios
Vásquez, Karla Gisela Abrego Cáceres, Héctor Antonio Acevedo Moreno, Ernesto
Antonio Angulo Milla, Félix Agreda Chachagua, Federico Guillermo Avila Qüehl, Eduardo
Enrique Barrientos Zepeda, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Carmen Elena Calderón
Sol de Escalón, Darío Alejandro Chicas Argueta, Norma Cristina Cornejo Amaya, José
Alvaro Cornejo Mena, Valentín Arístides Corpeño, Carlos Cortez Hernández, Luis
Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí Coto Estrada, Raúl Omar Cuéllar, Nery Arely
Díaz de Rivera, Antonio Echeverría Veliz, Emma Julia Fabián Hernández, Carmen Elena
Figueroa Rodríguez, Santiago Flores Alfaro, Eduardo Antonio Gomar Moran, Ricardo
Bladimir González, Mario Marroquín Mejía, Guillermo Francisco Mata Bennett, Misael
Mejía Mejía, Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Heidy Carolina Mira Saravia, Ana Virginia
Morataya Gómez, Guillermo Antonio Olivo Méndez, Orestes Fredesman Ortez Andrade,
Mariela Peña Pinto, Gaspar Armando Portillo Benítez, Zoila Beatriz Quijada Solís, Inmar
Rolando Reyes, Santos Adelmo Rivas Rivas, Gilberto Rivera Mejía, Sonia Margarita
Rodríguez Sigüenza, Karina Ivette Sosa de Lara, Enrique Alberto Luis Valdés Soto,
Ramón Arístides Valencia Arana, Mario Eduardo Valiente Ortiz, María Margarita Velado
Puentes y Ana Daysi Villalobos de Cruz.
DECRETA:
Art. 1. Autorízase al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para donar en
forma gratuita, simple e irrevocable a favor del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
POPULAR, FONAVIPO, una porción de terreno, de naturaleza rústica, hoy urbana, de una
extensión superficial de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PUNTO
DIEZ METROS CUADRADOS (37,893.10 M2), que será desmembrada de un inmueble
de mayor extensión superficial, situado según antecedente en el Cantón Los Chupaderos
y por nomenclatura actual sobre Calle Principal, Cuarenta y Siete Calle Poniente, sin
número, de la ciudad y departamento de Santa Ana, el cual se encuentra inscrito bajo
la Matrícula DOS CERO CERO UNO CERO OCHO CINCO SEIS - CERO CERO CERO CERO
CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de Occidente,
departamento de Santa Ana. La citada porción de terreno, de conformidad a la revisión
y aprobación del plano de desmembración correspondiente por parte de la oficina de
Mantenimiento Catastral de la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional
del Centro Nacional de Registros, tiene la descripción técnica siguiente: “Descripción
Técnica de una Porción de Terreno Rústico, denominado: Urbanización Procavia,
Ubicado sobre Calle Principal y Cuarenta y Siete Calle Poniente, Sin Número, Jurisdicción
de Santa Ana; con una extensión superficial de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y TRES PUNTO DIEZ METROS CUADRADOS (37,893.10 M 2 ) equivalentes a
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PUNTO CUARENTA Y CINCO
VARAS CUADRADAS (54,217.45 V 2 ). Descripción que comienza en el Esquinero Nor-
Este, mojón al que llamaremos Vértice Número uno, con Coordenadas Geodésicas:
LONGITUD Cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno punto treinta
y siete metros y LATITUD Trescientos dieciséis mil ochocientos veintisiete punto
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
sesenta y tres metros, del cual se mide y linda: AL ORIENTE, formado por trece tramos,
el tramo uno con rumbo sur dieciocho grados nueve minutos quince segundos oeste y
distancia de Veintidós metros veinticinco centímetros. Colinda en este tramo con
propiedad de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, el tramo dos con rumbo sur dieciséis
grados seis minutos veintiséis segundos oeste y distancia de veinticuatro metros
cuarenta y seis centímetros. Colinda en este tramo con propiedad de la Alcaldía
Municipal de Santa Ana, el tramo tres con rumbo norte setenta y cuatro grados treinta
y nueve minutos y once segundos oeste y distancia cero metros cincuenta y ocho
centímetros. Colinda en este tramo con propiedad de la Alcaldía Municipal de Santa
Ana, el tramo cuatro con rumbo sur diecinueve grados cuatro minutos y diecinueve
segundos oeste y distancia de cuatro metros sesenta y ocho centímetros. Colinda en
este tramo con propiedad de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, el tramo cinco con
rumbo sur setenta y cuatro grados cuarenta y ocho minutos y cincuenta y un segundos
este y distancia de cero metros noventa centímetros. Colinda en este tramo con
propiedad de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, el tramo seis con rumbo sur dieciséis
grados siete minutos seis segundos oeste y distancia de cincuenta y cinco metros
cuarenta y cuatro centímetros. Colinda en este tramo con propiedad de la Alcaldía
Municipal de Santa Ana, el tramo siete con rumbo sur dieciséis grados veinticuatro
minutos dieciséis segundos oeste y distancia de Sesenta metros sesenta y siete
centímetros. Colinda en este tramo con propiedad de la Alcaldía Municipal de Santa
Ana, el tramo ocho con rumbo sur dieciséis grados cuarenta y tres minutos treinta y
siete segundos oeste y distancia de veinticinco metros doce centímetros. Colinda en
este tramo con propiedad de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, el tramo nueve con
rumbo sur quince grados trece minutos y veintiséis segundos oeste y distancia de
treinta y cuatro metros treinta y un centímetros. Colinda en este tramo con propiedad
de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, el tramo diez con rumbo sur dieciséis grados
tres minutos treinta y ocho segundos oeste y distancia de diecinueve metros dieciocho
centímetros. Colinda en este tramo con propiedad de la Alcaldía Municipal de Santa
Ana, el tramo once con rumbo sur catorce grados veintiún minutos diecinueve segundos
oeste y distancia de nueve metros veinticuatro centímetros. Colinda en este tramo con
propiedad de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, el tramo doce con rumbo sur dieciocho
grados veinte minutos cincuenta y seis segundos oeste y distancia de seis metros
treinta y dos centímetros. Colinda en este tramo con propiedad de la Alcaldía Municipal
de Santa Ana, el tramo trece con rumbo sur dieciséis grados treinta y un minutos
treinta y seis segundos oeste y distancia de diecisiete metros setenta y tres centímetros.
Colinda en este tramo con propiedad de la Alcaldía Municipal de Santa Ana. AL SUR,
formado por un tramo, con rumbo norte setenta y tres grados cincuenta y cuatro
minutos cuarenta y cuatro segundos oeste y distancia de ciento treinta y cuatro metros
veinte centímetros. Colinda en este tramo con resto de terreno general cerco de alambre
de púas de por medio. AL PONIENTE, formado por Diecinueve tramos, el tramo uno con
rumbo norte catorce grados veintinueve minutos treinta y seis segundos este y distancia
de cuatro metros sesenta centímetros. Colinda en este tramo con Colonia San Luis,
calle principal de por medio, el tramo dos con rumbo norte catorce grados veintinueve
minutos treinta y seis segundos este y distancia de tres metros ochenta y siete
centímetros. Colinda en este tramo con Colonia San Luis, calle principal de por medio,
el tramo tres con rumbo norte dieciséis grados cero dos minutos dieciséis segundos
este y distancia de veinte metros ochenta centímetros. Colinda en este tramo con
Indice Legislativo 643
Parte V

Parte V
644
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
Colonia San Luis, calle principal de por medio, el tramo cuatro con rumbo norte
dieciséis grados once minutos doce segundos este y distancia de veinte metros treinta
y un centímetros. Colinda en este tramo con Colonia San Luis, calle principal de por
medio, el tramo cinco con rumbo norte dieciséis grados dieciocho minutos cero seis
segundos este y distancia de dieciocho metros veintinueve centímetros. Colinda en
este tramo con Colonia San Luis, calle principal de por medio, el tramo seis con rumbo
norte dieciséis grados dieciséis minutos diecisiete segundos este y distancia de veinte
metros setenta y dos centímetros. Colinda en este tramo con Colonia San Luis, calle
principal de por medio, el tramo siete con rumbo norte dieciséis grados veinticinco
minutos cincuenta y dos segundos este y distancia de dieciocho metros treinta y
cuatro centímetros. Colinda en este tramo con Colonia San Luis, calle principal de por
medio, el tramo ocho con rumbo norte dieciséis grados cero tres minutos cero siete
segundos este y distancia de dieciséis metros cincuenta y seis centímetros. Colinda en
este tramo con Colonia San Luis, calle principal de por medio, el tramo nueve con
rumbo norte quince grados cincuenta minutos treinta segundos este y distancia de seis
metros ocho centímetros. Colinda en este tramo con Colonia San Luis, calle principal
de por medio, el tramo diez con rumbo norte diecisiete grados treinta minutos dieciséis
segundos este y distancia de cinco metros veinte centímetros. Colinda en este tramo
con Colonia San Luis, calle principal de por medio, el tramo once con rumbo norte
quince grados veintitrés minutos cuarenta y ocho segundos este y distancia de cinco
metros veintinueve centímetros. Colinda en este tramo con Colonia San Luis, calle
principal de por medio, el tramo doce con rumbo norte dieciséis grados veinticuatro
minutos treinta y ocho segundos este y distancia de veintidós metros treinta centímetros.
Colinda en este tramo con Colonia San Luis, calle principal de por medio, el tramo trece
con rumbo norte dieciséis grados veinte minutos cincuenta segundos este y distancia
veinte metros cuarenta y nueve centímetros. Colinda en este tramo con Colonia San
Luis, calle principal de por medio, el tramo catorce con rumbo norte dieciséis grados
dieciocho minutos quince segundos este y distancia de diecinueve metros setenta
centímetros. Colinda en este tramo con Colonia San Luis, calle principal de por medio,
el tramo quince con rumbo norte dieciséis grados veintiocho minutos cero ocho
segundos este y distancia de veinte metros seis centímetros. Colinda en este tramo
con Colonia San Luis, calle principal de por medio, el tramo dieciséis con rumbo norte
dieciséis grados cero cinco minutos treinta y tres segundos este y distancia de
veintiséis metros catorce centímetros. Colinda en este tramo con Colonia San Luis,
calle principal de por medio, el tramo diecisiete con rumbo norte dieciséis grados
veintiséis minutos catorce segundos este y distancia de trece metros diez centímetros.
Colinda en este tramo con Colonia San Luis, calle principal de por medio, el tramo
dieciocho con rumbo norte dieciséis grados cero nueve minutos catorce segundos este
y distancia de tres metros sesenta y nueve centímetros. Colinda en este tramo con
Colonia San Luis, calle principal de por medio, el tramo diecinueve con rumbo norte
dieciséis grados dieciocho minutos once segundos este y distancia de veinte metros
tres centímetros. Colinda en este tramo con Colonia San Luis, calle principal de por
medio. AL NORTE, formado por un tramo, con rumbo sur setenta y un grados quince
minutos treinta y cuatro segundos este y distancia de ciento treinta y cuatro metros
sesenta y seis centímetros. Colinda en este tramo con resto de terreno general cerco
de alambre de púas de por medio, llegando de esta manera al esquinero sur-oeste
donde se inició la presente descripción.”
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 2.- Que el inmueble que se autoriza donar, será utilizado para desarrollar
un Proyecto Habitacional, en el marco del Programa Casa para Todos, el cual forma
parte del Plan de Gobierno, denominado “Urbanización Procavia”, con la finalidad de
beneficiar con viviendas dignas a familias de escasos recursos económicos.
Art. 3.- Que el valor de la porción del inmueble en referencia, de conformidad
a valúo practicado por la Dirección General del Presupuesto, según oficio número
uno nueve dos uno, Referencia cero siete cero cero, de fecha ocho de septiembre de
dos mil diez, asciende a la suma de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
($2,146,645.00).
Art. 4.- Exonérase del pago de los derechos registrales que genere la inscripción
de la transferencia, en calidad de donación, del inmueble objeto de este Decreto que
se efectuará a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular. Asimismo, exonérase del
pago del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces, derivado de la transferencia
que se otorgue en cumplimiento a este Decreto.
Art. 5.- Es responsabilidad del Fondo Nacional de Vivienda Popular, FONAVIPO, el
pago de los impuestos, tasas y contribuciones municipales del inmueble descrito en
el artículo 1 de este Decreto, a partir de la fecha de formalización de la escritura de
donación.
Art. 6.- Autorízase al Fiscal General de la República o al funcionario que éste
delegue, para que en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador,
otorgue la Escritura Pública de Donación correspondiente ante Notario que el Fondo
Nacional de Vivienda Popular designe.
Art. 7.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintisiete días del mes de enero de dos mil once.
D. O. Nº 28, Tomo Nº 390, Fecha: 9 de febrero de 2011.
Indice Legislativo 645
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 608
646
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 490, de fecha 14 de octubre de 2010,
publicado en el Diario Oficial Nº 193, Tomo Nº 389 del 15 del mismo mes
y año, esta Asamblea Legislativa autorizó al Organo Ejecutivo en el Ramo
de Hacienda para que por medio de su Titular o del representante que él
designare, suscribiera en nombre del Estado y Gobierno de la República
de El Salvador el Contrato de Préstamo con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), por un monto de VEINTE MILLONES DE DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$20,000,000.00), recursos que
se utilizarán para financiar el “Programa de Agua y Saneamiento Rural.”
II.- Que el referido Contrato de Préstamo fue suscrito el 22 de octubre de 2010,
por el señor Ministro de Hacienda, en correspondencia a la autorización
conferida por el Decreto Legislativo Nº 490 antes relacionado.
III.- Que procede aprobar en todas sus partes el Contrato de Préstamo, que ha
sido sometido a esta Asamblea, para lo cual se ha dado cumplimiento a lo
establecido en el Art. 148 de la Constitución de la República.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales,
DECRETA:
Art. 1.- Apruébase en todas sus partes el Contrato de Préstamo Nº 2358/OC-ES,
suscrito el 22 de octubre de 2010, entre el Gobierno de la República de El Salvador y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de VEINTE MILLONES DE
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$20,000,000.00), recursos que
se utilizarán para financiar el “Programa de Agua y Saneamiento Rural.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cuatro
días del mes de febrero del año dos mil once.
D. O. Nº 27, Tomo Nº 390, Fecha: 8 de febrero de 2011.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 609
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 491, de fecha 14 de octubre de 2010,
publicado en el Diario Oficial Nº 193, Tomo Nº 389 del 15 del mismo mes
y año, esta Asamblea Legislativa autorizó al Organo Ejecutivo en el Ramo
de Hacienda para que por medio de su Titular o del representante que él
designare, suscribiera en nombre del Estado y Gobierno de la República
de El Salvador el Contrato de Préstamo con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), por un monto de TREINTA Y CINCO MILLONES DE
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$35,000,000.00),
recursos que se utilizarán para financiar el “Programa de Caminos Rurales
para el Desarrollo.”
II.- Que el referido Contrato de Préstamo fue suscrito el 22 de octubre de 2010,
por el señor Ministro de Hacienda, en correspondencia a la autorización
conferida por el Decreto Legislativo Nº 491 antes relacionado.
III.- Que procede aprobar en todas sus partes el Contrato de Préstamo, que ha
sido sometido a esta Asamblea, para lo cual se ha dado cumplimiento a lo
establecido en el Art. 148 de la Constitución de la República.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales,
DECRETA:
Art. 1.- Apruébase en todas sus partes el Contrato de Préstamo Nº 2369/OC-ES,
suscrito el 22 de octubre de 2010, entre el Gobierno de la República de El Salvador
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de TREINTA Y CINCO
MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$35,000,000.00),
recursos que se utilizarán para financiar el “Programa de Caminos Rurales para el
Desarrollo.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cuatro
días del mes de febrero del año dos mil once.
Primera Publicación: D. O. Nº 27, Tomo Nº 390, Fecha: 8 de febrero de 2011.
Segunda Publicación: D. O. Nº 34, Tomo Nº 390, Fecha: 17 de febrero de 2011.
Indice Legislativo 647
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 613
648
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, en sesión celebrada
el día 18 de agosto del año 2005, autorizó otorgar en calidad de donación
un inmueble de una extensión de cinco mil doscientos treinta y ocho punto
ochenta y nueve metros cuadrados (5,238.89 m 2 ), equivalentes a siete
mil cuatrocientos noventa y cinco varas cuadradas (7,495.95 v 2 ), que se
desmembra de otro de mayor extensión a favor del municipio de San Luis
del Carmen del departamento de Chalatenango.
II.- Que el inmueble al que se hace referencia en el considerando que
antecede, será utilizado única y exclusivamente para la construcción de
un Cementerio, en el Cantón Los Naranjos de la jurisdicción del mismo
municipio.
III.- Que siendo una prioridad de la Alcaldía Municipal de San Luis del Carmen,
disponer de los bienes y la infraestructura necesaria para emprender obras
del municipio es procedente facultar la donación solicitada.
IV.- Que la Constitución establece, que los bienes raíces de la Hacienda Pública
y los de uso público solo podrán donarse y darse en usufructo, comodato
o arrendamiento, con autorización del Organo Legislativo a entidades de
utilidad general.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Gilberto Rivera
Mejía y con el apoyo de: Ciro Cruz Zepeda Peña, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Karla
Gisela Abrego Cáceres, José Antonio Armendáriz Rivas, Ernesto Antonio Angulo Milla,
Federico Guillermo Avila Qüehl, Ana Lucia Baires de Martínez, Eduardo Enrique Barrientos
Zepeda, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón,
Darío Alejandro Chicas Argueta, Norma Cristina Cornejo Amaya, José Álvaro Cornejo
Mena, Valentín Arístides Corpeño, Carlos Cortez Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas,
Blanca Noemí Coto Estrada, Nery Arely Díaz de Rivera, Antonio Echeverría Veliz, Emma
Julia Fabián Hernández, Julio Cesar Fabián Pérez, Carmen Elena Figueroa Rodríguez,
Ricardo Bladimir González, Rafael Antonio Jarquín Larios, Gladis Marina Landaverde
Paredes, Benito Antonio Lara Fernández, Reynaldo Antonio López Cardoza, Mario
Marroquín Mejía, Segundo Alejandro Dagoberto Marroquín, Misael Mejía Mejía, Yeymi
Elizabeth Muñoz Moran, José Margarito Nolasco Díaz, Guillermo Antonio Olivo Méndez,
José Serafín Orantes Rodríguez, Rubén Orellana, Orestes Fredesman Ortez Andrade,
Mario Antonio Ponce López, Gaspar Armando Portillo Benítez, David Ernesto Reyes
Molina, Jackeline Noemí Rivera Avalos, José Mauricio Rivera, David Rodríguez Rivera,
Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza, Ana Silvia Romero Vargas, Marcos Francisco
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Salazar Umaña, Karina Ivette Sosa de Lara, Manuel Rigoberto Soto Lazo, Patricia Elena
Valdivieso de Gallardo, Ramón Arístides Valencia Arana, Esdras Samuel Vargas Pérez,
María Margarita Velado Puentes y Ana Daysi Villalobos de Cruz.
DECRETA:
Art. 1.-Autorízase a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), para
que desmembré de la Parcela número 34, una porción de cinco mil doscientos treinta y
ocho punto ochenta y nueve metros cuadrados (5,238.89 m 2 ), equivalentes a siete mil
cuatrocientos noventa y cinco punto noventa y cinco varas cuadradas (7,495.95v 2 ),
ubicado en el cantón Los Naranjos, de la jurisdicción del mismo municipio, y que la
otorgue en calidad de Donación gratuita y revocable a favor del municipio de San Luís
del Carmen departamento de Chalatenango, cuya descripción técnica es la siguiente:
inmerso en la parcela treinta y cuatro, ubicado en el costado Poniente del mismo,
con las coordenadas geodésicas siguientes: longitud quinientos cuatro mil trescientos
treinta y nueve punto cincuenta y latitud trescientos dieciséis mil trescientos setenta
y siete punto cero cero, el punto de partida de la presente descripción es el esquinero
Nor Poniente. Punto uno según planos de CEL, compuesto de dieciséis tramos rectos,
cuyas medidas y linderos son: LINDERO NORTE, en línea quebrada de seis tramos
rectos, del punto uno con rumbo sur sesenta y nueve grados cuarenta y seis minutos
treinta y un segundos Este y distancia de veinte punto veinticinco metros, se llega al
punto dos, del punto dos con rumbo Norte treinta y seis grados cero un minuto treinta
y nueve segundos Este y distancia de trece punto sesenta metros, se llega al Punto
tres, del punto tres con rumbo Norte cuarenta y cinco grados cero cero minutos cero
cero segundos Este y distancia de catorce punto catorce metros, se llega al punto
cuatro, del punto cuatro con rumbo Norte setenta y cuatro grados cero tres minutos
diecisiete segundos Este y distancia de veintiuno punto ochenta y cuatro metros, se
llega al punto cinco, del punto cinco con rumbo Sur cincuenta y tres grados cero siete
minutos cuarenta y ocho segundos Este y distancia de diez punto cero cero metros,
se llega al punto seis, del punto seis con rumbo Sur sesenta grados quince minutos
dieciocho segundos Este y distancia de dieciséis punto doce metros, se llega al punto
siete; LINDERO ORIENTE, en línea quebrada de dos tramos, del punto siete con rumbo
Sur cero ocho grados cuarenta y cuatro minutos cuarenta y seis segundos Este y
distancia de treinta y nueve punto cuarenta y seis metros, se llega al punto ocho, del
punto ocho con rumbo Sur cero ocho grados cuarenta y cuatro minutos cuarenta
y seis segundos Oeste y distancia de trece punto quince metros, se llega al punto
nueve; LINDERO SUR, en línea quebrada de cinco tramos, del punto nueve con rumbo
sur sesenta y nueve grados cuarenta y seis minutos treinta y un segundos Oeste y
distancia de cuarenta punto cincuenta metros, se llega al punto diez, del punto diez con
rumbo Norte setenta y dos grados diecisiete minutos cincuenta y ocho segundos Oeste
y distancia de cuarenta y nueve punto treinta y cuatro metros, se llega al punto once,
del punto once con rumbo Sur treinta y tres grados cuarenta y un minutos veinticuatro
segundos Oeste y distancia de tres punto setenta y un metros, se llega al punto doce,
del punto doce con rumbo Sur cero siete grados cuarenta minutos cero cero segundos
Oeste y distancia de cincuenta y dos punto cuarenta y siete metros, se llega al punto
trece, del punto trece con rumbo Norte ochenta y dos grados veinte minutos cero cero
Indice Legislativo 649
Parte V

Parte V
650
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
segundos Oeste y distancia de cuatro punto cero cero metros, se llega al punto catorce;
LINDERO PONIENTE, en línea quebrada de tres tramos, del punto catorce con rumbo
Norte cero siete grados cincuenta y un minutos veinticinco segundos Este y distancia
de cincuenta punto noventa y cuatro metros, se llega al punto quince, del punto quince
con rumbo Norte catorce grados cero dos minutos diez segundos Este y distancia
de veinticuatro punto setenta y cuatro metros, se llega al punto dieciséis, del punto
dieciséis con rumbo Norte cero cinco grados once minutos cuarenta segundos Este y
distancia de once punto cero cinco metros, llegando así al esquinero Nor Poniente que
fue donde dio inicio la presente descripción. Dicha propiedad se encuentra inscrita al
Nº 27 del Libro 97, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del Departamento
de Chalatenango.
Art. 2.- El inmueble al que se hace referencia en el Art. 1 del presente Decreto, el
donatario lo utilizará única y exclusivamente para la construcción de un cementerio y
el donante se reserva el derecho de recuperarlo, en caso que no se cumpla con dicha
obligación.
Art. 3.-Facúltase a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), para
que otorgue ante Notario la correspondiente Escritura Pública de Donación.
Art. 4.-El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez
días del mes de febrero de dos mil once.
D. O. Nº 46, Tomo Nº 390, Fecha 7 de marzo de 2011.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 614
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, en sesión
celebrada el día 18 de agosto del año 2005, autorizo otorgar en calidad
de donación un inmueble de una extensión de seiscientos setenta y nueve
punto cero cero metros cuadrados (679.00 m 2 ), equivalentes a novecientos
setenta y uno punto cincuenta y tres varas cuadradas (971.53 v 2 ), que se
desmembra de otro de mayor extensión a favor del municipio de San Luís
del Carmen del departamento de Chalatenango.
II.- Que el inmueble al que se hace referencia en el considerando que antecede,
será utilizado en la construcción de una Casa Comunal, en el cantón Santa
Cruz de la jurisdicción del mismo municipio.
III.- Que siendo una prioridad de la Alcaldía Municipal de San Luís del Carmen,
disponer de los bienes y la infraestructura necesaria para emprender obras
de reactivación económica y social del municipio, se hace imprescindible
facultar lo solicitado.
IV.- Que la Constitución establece, que los bienes raíces de la Hacienda Pública
y los de uso público solo podrán donarse y darse en usufructo, comodato
o arrendamiento, con autorización del Organo Legislativo a entidades de
utilidad general.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Gilberto Rivera
Mejía y con el apoyo de: Ciro Cruz Zepeda Peña, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Karla
Gisela Abrego Cáceres, José Antonio Almendariz Rivas, Ernesto Antonio Angulo Milla,
Federico Guillermo Avila Qüehl, Ana Lucia Baires de Martínez, Eduardo Enrique Barrientos
Zepeda, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón,
Darío Alejandro Chicas Argueta, Norma Cristina Cornejo Amaya, José Alvaro Cornejo
Mena, Valentín Arístides Corpeño, Carlos Cortez Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas,
Blanca Noemí Coto Estrada, Nery Arely Díaz de Rivera, Antonio Echeverría Veliz, Emma
Julia Fabián Hernández, Julio Cesar Fabián Pérez, Carmen Elena Figueroa Rodríguez,
Ricardo Bladimir González, Rafael Antonio Jarquín Larios, Gladis Marina Landaverde
Paredes, Benito Antonio Lara Fernández, Reynaldo Antonio López Cardoza, Mario
Marroquín Mejía, Segundo Alejandro Dagoberto Marroquín, Misael Mejía Mejía, Yeymi
Elizabeth Muñoz Moran, José Margarito Nolasco Díaz, Guillermo Antonio Olivo Méndez,
José Serafín Orantes Rodríguez, Rubén Orellana, Orestes Fredesman Ortez Andrade,
Mario Antonio Ponce López, Gaspar Armando Portillo Benítez, David Ernesto Reyes
Molina, Jackeline Noemí Rivera Avalos, José Mauricio Rivera, David Rodríguez Rivera,
Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza, Ana Silvia Romero Vargas, Marcos Francisco
Indice Legislativo 651
Parte V

Parte V
652
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
Salazar Umaña, Karina Ivette Sosa de Lara, Manuel Rigoberto Soto Lazo, Patricia Elena
Valdivieso de Gallardo, Ramón Arístides Valencia Arana, Esdras Samuel Vargas Pérez,
María Margarita Velado Puentes y Ana Daysi Villalobos de Cruz.
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL),
para que desmembre del Lote numero 50-32, una porción de seiscientos setenta y
nueve punto cero cero metros cuadrados (679.00 m 2 ), equivalentes a novecientos
setenta y uno punto cincuenta y tres varas cuadradas (971.53 v 2 ), ubicado en el
cantón Santa Cruz, de la jurisdicción del mismo municipio, y que la otorgue en calidad
de Donación gratuita y revocable a favor del municipio de San Luís del Carmen
departamento de Chalatenango, cuya descripción técnica es la siguiente: inmerso en
la parcela cincuenta - treinta y dos, ubicado en el costado Nor Poniente del mismo,
con las coordenadas geodésicas siguientes: longitud quinientos cuatro mil seiscientos
cincuenta y seis punto diecisiete y latitud trescientos catorce mil setecientos veintiocho
punto ochenta, el punto de partida de la presente descripción es el esquinero Nor
Poniente. Punto uno según planos de CEL, compuesto de siete tramos rectos, cuyas
medidas y linderos son: LINDERO NORTE, en línea quebrada de dos tramos, del punto
uno con rumbo norte setenta y cinco grados dieciséis minutos cuarenta y dos segundo
Este y distancia de doce punto cero cero metros, se llega al punto dos, del punto
dos con rumbo Norte setenta grados cero cinco minutos cero dos segundos Este y
distancia de once punto cero cinco metros, se llega al punto tres; LINDERO ORIENTE, en
línea recta de un tramo, del punto tres con rumbo sur cero siete grados treinta y cinco
minutos cuarenta y ocho segundos Este y distancia de treinta y dos punto veinticuatro
metros, se llega al punto cuatro; LINDERO SUR, en línea quebrada de tres tramos, del
punto cuatro con rumbo sur sesenta y cinco grados cuarenta y ocho minutos cincuenta
y ocho segundos Oeste y distancia de doce punto diecisiete metros, se llega al punto
cinco, del punto cinco con rumbo Norte treinta y nueve grados cero nueve minutos
cincuenta y seis segundos Oeste y distancia de doce punto cero ocho metros, se llega
al punto seis, del punto seis con rumbo Norte cincuenta y nueve grados cuarenta y
tres minutos dieciocho segundos Oeste y distancia de nueve punto noventa metros,
se llega al punto siete; LINDERO PONIENTE, en línea recta de un tramo, del punto siete
con rumbo Norte cero tres grados cuarenta y dos minutos y ocho segundos Este y
distancia de quince punto ochenta y un metros, llegando así al esquinero Nor Poniente
que fue donde dio inicio la presente descripción. Dicha propiedad se encuentra inscrita
al Nº 36 del Libro 130 del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del Departamento
de Chalatenango.
Art. 2.- El inmueble al que se hace referencia en el Art. 1 del presente Decreto,
el donatario lo utilizará única y exclusivamente para la construcción de una Casa
Comunal y el donante se reserva el derecho de recuperarlo, en caso que no se cumpla
con dicha obligación.
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 3.- Facúltase a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), para
que otorgue ante Notario la correspondiente Escritura Pública de Donación.
Art. 4.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez
días del mes de febrero de dos mil once.
D. O. Nº 46, Tomo Nº 390, Fecha: 7 de marzo de 2011.
Indice Legislativo 653
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 615
654
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, en sesión
celebrada el día 13 de noviembre del año 2003, autorizó otorgar en calidad
de donación un inmueble de una extensión de tres mil seiscientos cuarenta
y cuatro metros cuadrados (3,644.00 m 2 ), equivalentes a cinco mil
doscientos trece punto ochenta y cuatro varas cuadradas (5,213.84 v 2 ),
que se desmembra de otro de mayor extensión a favor del municipio de
San Luis del Carmen del departamento de Chalatenango.
II.- Que el inmueble al que se hace referencia en el considerando que antecede,
será utilizado en la construcción de una cancha de Fútbol, en el Cantón
Santa Cruz de la jurisdicción del mismo municipio.
III.- Que siendo una prioridad de la Alcaldía Municipal de San Luis del Carmen,
disponer de los bienes y la infraestructura necesaria para emprender obras
de reactivación social del municipio, y así brindar esparcimiento de la niñez
y juventud de la Comunidad.
IV.- Que la Constitución establece, que los bienes raíces de la Hacienda Pública
y los de uso público sólo podrán donarse y darse en usufructo, comodato
o arrendamiento, con autorización del Organo Legislativo a entidades de
utilidad general.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Gilberto Rivera
Mejía y con el apoyo de: Ciro Cruz Zepeda Peña, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Karla
Gisela Abrego Cáceres, José Antonio Almendariz Rivas, Ernesto Antonio Angulo Milla,
Federico Guillermo Avila Qüehl, Ana Lucia Baires de Martínez, Eduardo Enrique Barrientos
Zepeda, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón,
Darío Alejandro Chicas Argueta, Norma Cristina Cornejo Amaya, José Alvaro Cornejo
Mena, Valentín Arístides Corpeño, Carlos Cortez Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas,
Blanca Noemí Coto Estrada, Nery Arely Díaz de Rivera, Antonio Echeverría Veliz, Emma
Julia Fabián Hernández, Julio Cesar Fabián Pérez, Carmen Elena Figueroa Rodríguez,
Ricardo Bladimir González, Rafael Antonio Jarquín Larios, Gladis Marina Landaverde
Paredes, Benito Antonio Lara Fernández, Reynaldo Antonio López Cardoza, Mario
Marroquín Mejía, Segundo Alejandro Dagoberto Marroquín, Misael Mejía Mejía, Yeymi
Elizabeth Muñoz Moran, José Margarito Nolasco Díaz, Guillermo Antonio Olivo Méndez,
José Serafín Orantes Rodríguez, Rubén Orellana, Orestes Fredesman Ortez Andrade,
Mario Antonio Ponce López, Gaspar Armando Portillo Benítez, David Ernesto Reyes
Molina, Jackeline Noemí Rivera Avalos, José Mauricio Rivera, David Rodríguez Rivera,
Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza, Ana Silvia Romero Vargas, Marcos Francisco
Salazar Umaña, Karina Ivette Sosa de Lara, Manuel Rigoberto Soto Lazo, Patricia Elena
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Valdivieso de Gallardo, Ramón Arístides Valencia Arana, Esdras Samuel Vargas Pérez,
María Margarita Velado Puentes y Ana Daysi Villalobos de Cruz.
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL),
para que desmembre del Lote número 55, una porción de tres mil seiscientos cuarenta
y cuatro metros cuadrados (3,644.00 m 2 ), equivalentes a cinco mil doscientos trece
punto ochenta y cuatro varas cuadradas (5,213.84 v 2 ), ubicado en el cantón Santa
Cruz, de la jurisdicción del municipio de San Luis del Carmen, departamento de
Chalatenango, y que la otorgue en calidad de Donación gratuita y revocable a favor
de dicho municipio, cuya descripción técnica es la siguiente: inmerso en la parcela
cincuenta y cinco, ubicado en el costado Poniente del mismo, con las coordenadas
geodésicas siguientes: longitud quinientos cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro
punto cincuenta y cinco y latitud trescientos quince mil ciento diecinueve punto setenta
y cinco, el punto de partida de la presente descripción es el esquinero Nor Poniente.
Punto uno según planos de CEL, compuesto de cuatro tramos rectos, cuyas medidas
y linderos son: LINDERO NORTE, en línea recta de un tramo, del punto uno con rumbo
sur ochenta y ocho grados cuarenta y seis minutos cincuenta y dos segundos Este
y distancia de cuarenta y siete punto cero un metros, se llega al punto dos; LINDERO
ORIENTE, En línea recta de un tramo, del punto dos con rumbo Sur doce grados
cincuenta y cuatro minutos veintisiete segundos Este y distancia de noventa y ocho
punto cuarenta y nueve metros, se llega al punto tres; LINDERO SUR, en línea recta
un tramo, del punto tres con rumbo sur ochenta y un grados quince minutos catorce
segundos Oeste y distancia de veintiséis punto treinta y un metros, se llega al punto
cuatro; LINDERO PONIENTE, en línea recta de un tramo, del punto cuatro con rumbo
Norte veintitrés grados cero tres minutos cuarenta y un segundos Oeste y distancia de
ciento nueve punto setenta y siete metros, llegando así al esquinero Nor Poniente que
fue donde dio inicio la presente descripción. Dicha propiedad se encuentra inscrita al
Nº 26 del Libro 97, con fecha 24 de mayo de 1973, del Registro de la Propiedad Raíz
e Hipotecas del Departamento de Chalatenango.
Art. 2.- El inmueble al que se hace referencia en el Art. 1 del presente Decreto, el
donatario lo utilizará única y exclusivamente para la construcción de una Cancha de
Fútbol y el donante se reserva el derecho de recuperarlo, en caso que no se cumpla
con dicha obligación.
Art. 3.- Facúltase a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL),
para que otorgue ante Notario la correspondiente Escritura Pública de Donación.
Art. 4.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
Indice Legislativo 655
Parte V

Parte V
656
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez
días del mes de febrero de dos mil once.
D. O. Nº 46, Tomo Nº 390, Fecha: 7 de marzo de 2011.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 639
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Organo Legislativo de la República de El Salvador pretende el
fortalecimiento Institucional, mejorando la eficacia y eficiencia de sus
funciones, para modernizar la gestión interna y facilitar un proceso de
acercamiento con los ciudadanos.
II.- Que el Organo Ejecutivo, comprometido con el fortalecimiento de
la Asamblea Legislativa de El Salvador, ha gestionado con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), un Contrato de Préstamo hasta por un
monto de CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US$5,000,000.00), recursos que serán utilizados para financiar
el Programa “Modernización del Organo Legislativo II.”
III.- Que en atención a lo antes expuesto y en base a lo establecido en el
Art. 148 de la Constitución de la República, es conveniente autorizar al
Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que suscriba el Convenio
de Préstamo para financiar el proyecto mencionado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por
medio de su Titular o del funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado y
Gobierno de la República de El Salvador, el Contrato de Préstamo Nº 2492/OC-ES con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Programa “Modernización
del Órgano Legislativo II”, préstamo que estará sujeto a las siguientes condiciones y
estipulaciones:
MONTO DEL PRESTAMO: Hasta CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$5,000,000.00).
PLAZO DE AMORTIZACIÓN: Veinticinco (25) años.
PERIODO DE GRACIA: Cuatro (4) años y seis (6) meses.
INTERESES: Se aplicará una Tasa de Interés variable Basada en
LIBOR a tres meses para préstamos de la Facilidad
Unimonetaria de Capital Ordinario, la cual a la fecha es
Indice Legislativo 657
Parte V

Parte V
658
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
de 1.14%. Se pagarán semestralmente, comenzando
a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de
vigencia del Contrato.
COMISION DE CREDITO: El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo no
desembolsado del Financiamiento del Capital Ordinario,
una Comisión de Crédito equivalente a un porcentaje
que será establecido por el Banco periódicamente,
como resultado de su revisión de cargos financieros,
de conformidad con las disposiciones aplicables de la
política del Banco sobre metodología para el cálculo de
cargos para préstamos del Capital Ordinario, sin que, en
ningún caso pueda exceder el 0.75% por año.
INSPECCION Y VIGILANCIA: Establecida de conformidad a las disposiciones
aplicables de la política del Banco sobre metodología
para el cálculo de cargos para préstamos del Capital
Ordinario. En ningún caso podrá cobrarse por este
concepto en un semestre determinado más de lo que
resulte de aplicar el 1% al monto de Financiamiento,
dividido por el número de semestres comprendido en
el plazo original de desembolsos.
FORMA DE PAGO: Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo
posible iguales hasta la total cancelación del mismo.
DESTINO: Financiar la ejecución del Programa “Modernización del
Órgano Legislativo II.”
CONTRAPARTIDA: Hasta UN MILLON DE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$ 1,000,000.00).
MONTO DEL PROGRAMA: Hasta SEIS MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$6,000,000.00).
Art. 2.- El Contrato de Préstamo que suscriba el Gobierno de la República de
El Salvador con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de conformidad con el
presente Decreto, deberá de someterse a la aprobación de esta Asamblea Legislativa
para su validez.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez
días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 53, Tomo Nº 390, Fecha: 16 de marzo de 2011.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 642
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el territorio de la República de El Salvador por su ubicación geográfica,
es vulnerable a sufrir desastres naturales, tales como huracanes, tormentas
tropicales, terremotos y epidemias, por lo que el Gobierno de la República
tiene como objetivo implementar un Programa de Administración del
Riesgo por Desastres Naturales.
II.- Que para el financiamiento de lo antes considerado, se ha gestionado
ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), un
préstamo hasta por un monto de CINCUENTA MILLONES DE DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$50,000,000.00) denominado
Préstamo para Políticas de Desarrollo para Manejo de Riesgos de
Desastres.
III.- Que en atención a lo antes expuesto y con base a lo establecido en Art,
148 de la Constitución de la República, es conveniente autorizar al Organo
Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que suscriba un Convenio de
Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para lo
fines antes relacionados.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República por medio del Ministro de Hacienda y de los diputados Lorena Guadalupe
Peña Mendoza, Carmen Elena Calderón de Escalón, José Francisco Merino López,
Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Inmar Rolando Reyes, Orestes Fredesman Ortez
Andrade, Mariela Peña Pinto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Guillermo Antonio
Gallegos Navarrete, José Nelson Guardado Menjívar, Mario Antonio Ponce López,
Rodolfo Antonio Parker Soto y Douglas Leonardo Mejía Avilés.
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por
medio de su Titular o del Funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado
y Gobierno de la República de El Salvador, un Convenio de Préstamo hasta por un
monto de CINCUENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$ 50,000,000.00), con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
que estará sujeto a las condiciones siguientes:
MONTO DEL PRESTAMO: Hasta CINCUENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$50,000,000.00).
Indice Legislativo 659
Parte V

Parte V
660
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
PLAZO TOTAL: Veintinueve (29) años y seis (6) meses, incluyendo
cinco (5) años de gracia.
INTERES: Para cada período de intereses, se pagará la tasa base
LIBOR a seis meses en Dólares de los Estados Unidos
de América más un margen fijo, siendo fijada dicha tasa
al momento en que cada desembolso alcance o supere
los cinco millones de Dólares de los Estados Unidos de
América (US$5,000,000.00). A la fecha la tasa vigente
es de uno punto sesenta y cuatro por ciento (1.64%)
anual, que incluye un margen fijo de cero punto setenta
y cinco por ciento (0.75%).
COMISION INICIAL: Un medio del uno por ciento (0.50%) del monto total del
préstamo.
FORMA DE PAGO: Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo
posible iguales hasta la total cancelación del mismo.
Las cuotas serán pagaderas las fechas 15 de febrero y
15 de agosto de cada año.
DESTINO: Financiar el “Programa de Administración del Riesgo
por Desastres Naturales.”
Art. 2.- El Convenio de Préstamo que suscriba el Gobierno de la República de
El Salvador, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), de
conformidad con el presente Decreto, deberá someterse a la aprobación de esta
Asamblea Legislativa, para su validez.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez
días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 51, Tomo Nº 390, Fecha: 14 de marzo de 2011.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 654
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Estado y Gobierno de El Salvador es propietario y actual poseedor
de un inmueble de naturaleza rústica denominado Recibidero Berlín, situado
en el lugar conocido como Zapategia en los suburbios del municipio y
contiguo al Cementerio General de Berlín del Departamento de Usulután.
II.- Que en cumplimiento de sus fines, la Alcaldía Municipal, solicitó al Organo
Ejecutivo en el Ramo de la Hacienda, se le entregue en calidad de donación
dicho inmueble, por ser necesidad prioritaria el ampliar el Cementerio
General de esa Municipalidad.
III.- Que mediante Acuerdo Ejecutivo en Concejo de Ministros, emitido el día
7 de septiembre de 1995, autoriza al Organo Ejecutivo en el Ramo de
Hacienda, para formalizar la donación solicitada.
IV.- Que el artículo 233 de la Constitución establece que los bienes de la
Hacienda Pública y los de uso público sólo podrán donarse o darse
en usufructo, comodato o arrendamiento, con autorización del Organo
Legislativo, a entidades de utilidad general.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado José Rafael
Machuca Zelaya y con el apoyo de los Diputados: Darío Alejandro Chicas Argueta, José
Alvaro Cornejo Mena, Carlos Cortez Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca
Noemí Coto Estrada, Nery Arely Díaz de Rivera, Antonio Echeverría Veliz, Emma Julia
Fabián Hernández, Santiago Flores Alfaro, Ricardo Bladimir González, Norma Fidelia
Guevara de Ramirios, Jorge Schafik Handal Vega Silva, Benito Antonio Lara Fernández,
Hortensia Margarita López Quintana, Guillermo Francisco Mata Bennett, Yeymi Elizabett
Muñoz Moran, Guillermo Antonio Olivo Méndez, Orestes Fredesman Ortez Andrade,
Gaspar Armando Portillo Benítez, Zoila Beatriz Quijada Solís, Inmar Rolando Reyes,
Gilberto Rivera Mejía, Jackeline Noemí Rivera Avalos, Pedrina Rivera Hernández,
David Rodríguez Rivera, Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza, Karina Ivette Sosa de
Lara, Ramón Arístides Valencia Arana, María Margarita Velado Puentes y Ana Daysi
Villalobos de Cruz.
DECRETA:
Art. 1.-Autorízase al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que transfiera
en calidad de donación en forma gratuita y revocable a la Alcaldía Municipal de Berlín,
Departamento de Usulután, el inmueble denominado Recibidero Berlín, situado en el
lugar conocido como Zapategia, en los suburbios de dicho municipio y departamento,
Indice Legislativo 661
Parte V

Parte V
662
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
contiguo al Cementerio General de la misma; de una extensión superficial de cuatro
mil ciento ochenta metros cuadrados (4,180.00 m 2 ), equivalente a cinco mil dos varas
cuadradas (5,002.00 v 2 ), según antecedente y medidas efectuadas por la Dirección
General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, posee una extensión superficial de
tres mil cuatrocientos sesenta y tres punto setenta metros cuadrados (3.463.70m 2 ),
equivalentes a cuatro mil novecientos cincuenta y cinco punto ochenta y seis varas
cuadradas (4,955.86 v 2 ); el cual tiene los linderos especiales siguientes: AL NORTE:
Con porción vendida a la Municipalidad de Berlín, que actualmente es el Cementerio
General, línea recta de ciento seis metros ochenta centímetros, equivalente a ciento
veinte punto setenta y cinco varas; AL ORIENTE: Con terreno de Gregorio Hernández,
calle de por medio, actualmente de Antonia Araujo de Funes, línea recta de treinta y uno
punto ocho metros cuadrados según antecedentes, pero son lineales, equivalentes a
treinta y ocho varas; AL SUR: Con resto del terreno del cual se desmembró, propiedad
de la señora Reyes de Estrada, línea recta de ciento trece punto tres metros, equivalente
a ciento treinta y cinco punto cinco varas; y AL PONIENTE: Con terreno de Basilio Alejo,
cerco de alambre de por medio, actualmente de Ricardo Baires, quebrada artificial
de por medio que corre proporcionalmente por la porción vendida y el terreno de
Ricardo Baires, línea recta de treinta y uno punto ocho metros, equivalente a treinta y
ocho varas. Dicho inmueble posee construcciones de saltex de un valor de CUATRO
MIL TRESCIENTOS CUATRO PUNTO CUARENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS
ÚNIDOS DE AMERICA ($4,304.46), en el inmueble relacionado se encuentra una
báscula de treinta mil libras, una instalación eléctrica, cerca, portones y teléfono. El
inmueble descrito se encuentra inscrito a favor del Estado de El Salvador, en el Ramo
de Hacienda, en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Segunda Sección
de Oriente, del Departamento de Usulután, bajo el número CUARENTA Y SEIS del LIBRO
UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO.
Art. 2.- El inmueble descrito deberá ser transferido juntamente con los accesorios
y construcciones que contiene, con excepción de la báscula relacionada, la que será
retirada en su oportunidad, por parte del Ministerio de Hacienda.
Art. 3.- La Alcaldía Municipal de Berlín, destinará única y exclusivamente el
inmueble descrito en el artículo 1 de este decreto, para ampliar las instalaciones del
Cementerio General de ese municipio.
Art. 4.- Autorízase al Fiscal General de la República o al funcionario que éste
delegue, para que en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador,
otorgue la Escritura Pública de donación correspondiente ante notario que la Alcaldía
Municipal designe.
Art. 5.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de marzo de dos mil once.
D. O. Nº 77, Tomo Nº 391, Fecha: 27 de abril de 2011.
Indice Legislativo 663
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 688
664
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 642, de fecha 10 de marzo de 2011,
publicado en el Diario Oficial Nº 51, Tomo Nº 390 del 14 del mismo mes y
año, esta Asamblea autorizó al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda
para que por medio de su Titular o del representante que él designare,
suscriba en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador
el Convenio de Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), denominado Préstamo para Políticas de Desarrollo
para Manejo de Riesgos de Desastres, por un monto de hasta CINCUENTA
MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US
$50,000,000.00).
II.- Que el referido Convenio de Préstamo fue suscrito el 16 de marzo de 2011,
por el señor Ministro de Hacienda en correspondencia a la autorización
conferida por el Decreto Legislativo Nº 642 antes relacionado.
III.- Que en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal
requeridas en nuestra legislación, procede aprobar en todas sus partes el
Convenio de Préstamo que ha sido sometido a esta Asamblea, para lo cual
se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 148 de la Constitución
de la República.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales,
DECRETA:
Art. 1.- Apruébase en todas sus partes el Convenio de Préstamo Nº 7997-SV,
denominado Préstamo para Políticas de Desarrollo para Manejo de Riesgos de
Desastres, suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el
16 de marzo de 2011, por un monto de CINCUENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $50,000,000.00).
Los recursos provenientes de este Contrato de Préstamo, únicamente podrán ser
utilizados cuando por desastres naturales y previa declaratoria de calamidad pública,
el país así lo demande.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los trece
días del mes de abril del año dos mil once.
D. O. Nº 80, Tomo Nº 391, Fecha: 30 de abril de 2011.
Indice Legislativo 665
Parte V

Parte V
DECRETO Nº 689
666
AUTORIZACIONES Y APROBACIONES LEGISLATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo,
suscrito en Washington, D.C. Estados Unidos de América, el 8 de abril
de 1959, fue aprobado en todas sus partes por el Organo Ejecutivo en
el Ramo de Relaciones Exteriores, por Acuerdo Nº 512, de fecha 19 de
octubre de 1959 y ratificado mediante Decreto Legislativo Nº 2966, de
fecha 16 de noviembre de 1959, publicado en el Diario Oficial Nº 222,
Tomo Nº 185, del 4 de diciembre de ese mismo año, estableciéndose que
el capital autorizado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), puede
ser incrementado por su Asamblea de Gobernadores.
II.- Que la Asamblea de Gobernadores del expresado Banco, con fecha 21 de
julio de 2010, mediante la Resolución AG-7/10, aprobó el Noveno Aumento
General de Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual se
propone un incremento tanto para los recursos generales, como para los
recursos de Operaciones Especiales.
III.- Que de conformidad a lo antes señalado, corresponde a la República de
El Salvador contribuir al Fondo para Operaciones Especiales del referido
Banco con la cantidad de US$1,049,444.00 y suscribir 25,123 acciones
desglosado en 611 acciones de Capital Ordinario pagadero en efectivo por
un monto de US$7,370,757.18 y 24,512 acciones de Capital Ordinario
exigible por un monto de US$295,698,854.51.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda,
DECRETA:
Art. 1.- Autorízase al Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por
medio de su titular o del funcionario que él designe, en nombre y representación del
Estado y Gobierno de la República de El Salvador, contribuya al aumento de los recursos
del Fondo para Operaciones Especiales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y suscriba 25,123 acciones del Noveno Aumento General de Recursos de Capital
Ordinario del referido Banco, reiterando que todo ello es con el propósito de concurrir
al aumento de los recursos del Fondo de Operaciones Especiales y la suscripción de
acciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que se realizará de la forma
siguiente:
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
1) AUMENTO DE LOS RECURSOS PARA EL FONDO DE OPERACIONES
ESPECIALES.
UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$1,049,444.00), mediante cinco cuotas anuales de US $226,667.00
cada una, las cuales serán efectivas los días 31 de octubre de cada año,
a partir de 2011 hasta el 2015 inclusive, o en las fechas posteriores que
determine el Directorio Ejecutivo del Banco.
2) AUMENTO GENERAL DE RECURSOS DE CAPITAL ORDINARIO
SUSCRIPCION DE CAPITAL EXIGIBLE.
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 51/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA (US$295,698,854.51), mediante cinco (5) cuotas anuales, cuatro de
US $59,134,945.53 y una de US $59,159,072.39, las cuales serán efectivas el 31
de octubre de cada año, a partir de 2011 hasta el 2015 inclusive o en las fechas
posteriores que determine el Directorio Ejecutivo del Banco. Para estos efectos, se
podrán emitir pagarés no negociables que no devengarán intereses y no se pagarán en
efectivo y se autoriza suscribirlos al Ministro de Hacienda en representación del Estado
y Gobierno de la República de El Salvador.
SUSCRIPCION DE CAPITAL PAGADERO EN EFECTIVO.
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
18/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$7,370,757.18), mediante
cinco (5) cuotas anuales, cuatro de US$1,471,738.75 y una de US$1,483,802.18, las
cuales serán efectivas el 31 de octubre de cada año, a partir de 2011 hasta el 2015
inclusive o en las fechas posteriores que determine el Directorio Ejecutivo del Banco,
para lo cual se podrán emitir pagarés no negociables que no devengarán intereses, que
reemplacen total o parcialmente la suscripción de Capital pagadero en efectivo.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los trece
días del mes de abril del año dos mil once.
D. O. Nº 80, Tomo Nº 391, Fecha: 30 de abril de 2011.
Indice Legislativo 667
Parte V

DECRETO Nº 354
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 10 de junio de 2003, fue adoptado el Protocolo de Modificaciones
al Convenio Interamericano sobre el Permiso Internacional de
Radioaficionados.
II.- Que el Gobierno de la República de El Salvador se adhirió al Protocolo
mencionado en el considerando anterior, mediante Acuerdo Ejecutivo Nº
1532/2009, del 7 de octubre de 2009 y lo aprobó en todas sus partes
mediante Acuerdo Nº 547/2010 del 27 de abril de 2010, por lo cual ha sido
sometido a consideración de esta Asamblea Legislativa para su inclusión
en el ordenamiento jurídico salvadoreño, vigente y positivo.
III.- Que dicho Instrumento no contiene ninguna disposición contraria a la
Constitución de la República, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de la potestad establecida en el Art. 131, ordinal 7º de la Constitución de la
República en relación con el Art. 168, ordinal 4º de la misma, y a iniciativa del Ministro
de Relaciones Exteriores,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes el Protocolo de Modificaciones al Convenio
Interamericano sobre el Permiso Internacional de Radioaficionados, adoptado en la
Cuarta Sesión Plenaria de la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, el 10 de junio de 2003, en Santiago de Chile, que consta de Un Preámbulo
y Ocho Artículos, al cual el Gobierno de la República de El Salvador se adhirió por
medio de Acuerdo Ejecutivo Nº 1532/2009, del 7 de octubre de 2009, aprobado por el
Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, mediante Acuerdo Nº 547/2010,
del 27 de abril de 2010.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte
días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 114, Tomo Nº 387, Fecha: 18 de junio de 2010.
Indice Legislativo 671
Parte VI

Parte VI
DECRETO Nº 388
672
Asamblea Legislativa
RATIFICACIONES A CONVENIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 28 de abril de 2010 fue suscrito el Canje de Notas entre el Gobierno de
la República de El Salvador y el Gobierno del Japón para la Implementación
del Programa para el Mejoramiento de las Capacidades para Enfrentar los
Desastres Naturales Ocasionados por el Cambio Climático.
II.- Que el referido Instrumento ha sido aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo
Nº 725/2010, del 26 de mayo de 2010 y sometido a consideración de
esta Asamblea Legislativa para su inclusión en el ordenamiento jurídico
salvadoreño, vigente y positivo.
III.- Que dicho Instrumento no contiene ninguna disposición contraria a la
Constitución de la República, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de la potestad establecida en el Art. 131, ordinal 7º de la Constitución
de la República en relación con el Art. 168, ordinal 4º de la misma, y a iniciativa del
Presidente de la República por medio del Ministro de Relaciones Exteriores,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes el Canje de Notas entre el Gobierno de la
República de El Salvador y el Gobierno del Japón para la Implementación del Programa
para el Mejoramiento de las Capacidades para Enfrentar los Desastres Naturales
Ocasionados por el Cambio Climático, suscrito el 28 de abril de 2010, el cual consta
de: Una Nota de Propuesta; Una Nota de Respuesta; Minutas de Acuerdo sobre los
Detalles del Procedimiento; Apéndice I, relativo a la Lista de Componentes y Comisiones;
Apéndice II, relativo al Alcance de los Servicios del Agente; Apéndice III, relativo al
Certificado de la Adquisición Elegible para el Monto Remanente (Procedimiento de
Reembolso); Apéndice IV, relativo a los Términos de Referencia del Comité; y, Una
Memoria de Discusión, aprobado por el Órgano Ejecutivo mediante Acuerdo Nº
725/2010 del 26 de mayo de 2010.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de junio del año dos mil diez.
D. O. Nº 121, Tomo Nº 387, Fecha: 29 de junio de 2010.

DECRETO Nº 400
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 19 de enero de 2010 fue suscrito el Acuerdo Marco de Otorgamiento
de Ayuda entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de
la República de Corea.
II.- Que el referido Instrumento ha sido aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo
Nº 618/2010, del 11 de mayo de 2010 y sometido a consideración de
esta Asamblea Legislativa para su inclusión en el ordenamiento jurídico
salvadoreño, vigente y positivo.
III.- Que dicho Instrumento no contiene ninguna disposición contraria a la
Constitución de la República, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de la potestad establecida en el Art. 131, ordinal 7º de la Constitución
de la República en relación con el Art. 168, ordinal 4º de la misma, y a iniciativa del
Presidente de la República por medio del Ministro de Relaciones Exteriores,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes el Acuerdo Marco de Otorgamiento de
Ayuda entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de
Corea, el cual consta de Un Preámbulo y Quince Artículos, suscrito el 19 de enero de
2010, y aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 618/2010 del 11 de mayo de 2010.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veinticuatro días del mes de junio del año dos mil diez.
D. O. Nº 135, Tomo Nº 388, Fecha :19 de julio de 2010.
Indice Legislativo 673
Parte VI

Parte VI
DECRETO Nº 418
674
Asamblea Legislativa
RATIFICACIONES A CONVENIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 31 de agosto de 2009 fue suscrita la Enmienda Nº 6 al Convenio
de Donación de Objetivo Estratégico entre el Gobierno de los Estados
Unidos de América, actuando por medio de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional y el Gobierno de la República de
El Salvador, para el Objetivo Estratégico Nº 519-021, “Gobernando con
Justicia: Gobernabilidad más Transparente y con mayor Capacidad de
Respuesta”, Actividad Nº 519-0461.
II.- Que el referido Instrumento ha sido aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo
N° 700/2010, del 26 de mayo de 2010 y sometido a consideración de
esta Asamblea Legislativa para su inclusión en el ordenamiento jurídico
salvadoreño, vigente y positivo.
III.- Que dicho Instrumento no contiene ninguna disposición contraria a la
Constitución de la República, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de la potestad establecida en el Art. 131, ordinal 7º de la Constitución
de la República en relación con el Art. 168, ordinal 4º de la misma, y a iniciativa del
Presidente de la República por medio del Ministro de Relaciones Exteriores,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes la Enmienda Nº 6 al Convenio de Donación
de Objetivo Estratégico entre el Gobierno de los Estados Unidos de América, actuando
por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el
Gobierno de la República de El Salvador, para el Objetivo Estratégico Nº 519-021,
“Gobernando con Justicia: Gobernabilidad más Transparente y con mayor Capacidad
de Respuesta”, Actividad N° 519-0461, suscrita el 31 de agosto de 2009, el cual
consta de Un Preámbulo, Cuatro Numerales y Anexo 1, aprobado mediante Acuerdo
Ejecutivo Nº 700/2010 del 26 de mayo de 2010.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los quince
días del mes de julio del año dos mil diez.
D. O. Nº 150, Tomo Nº 388, Fecha: 16 de agosto de 2010.

DECRETO Nº 419
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 27 de agosto de 2009 fue suscrita la Enmienda Nº 7 al Convenio
de Donación de Objetivo Estratégico entre el Gobierno de los Estados
Unidos de América, actuando por medio de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional y el Gobierno de la República de El
Salvador, para el Objetivo Estratégico Nº 519-022, “Libertad Económica:
Economías Abiertas, Diversificadas y en Expansión”, Actividad Nº 519-
0462, Crecimiento Económico para el Siglo 21 (CRECER 21).
II.- Que el referido Instrumento ha sido aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo
Nº 701/2010, del 26 de mayo de 2010 y sometido a consideración de
esta Asamblea Legislativa para su inclusión en el ordenamiento jurídico
salvadoreño, vigente y positivo.
III.- Que dicho Instrumento no contiene ninguna disposición contraria a la
Constitución de la República, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de la potestad establecida en el Art. 131, ordinal 7º de la Constitución
de la República en relación con el Art. 168, ordinal 4º de la misma, y a iniciativa del
Presidente de la República por medio del Ministro de Relaciones Exteriores,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes la Enmienda Nº 7 al Convenio de Donación
de Objetivo Estratégico entre el Gobierno de los Estados Unidos de América, actuando
por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el
Gobierno de la República de El Salvador, para el Objetivo Estratégico Nº 519-022,
“Libertad Económica: Economías Abiertas, Diversificadas y en Expansión”, Actividad
Nº 519-0462, Crecimiento Económico para el Siglo 21 (CRECER 21), suscrito el 27
de agosto de 2009, la cual consta de Un Preámbulo, Tres Numerales y Adjunto “A”,
aprobado mediante Acuerdo Nº 701/2010 del 26 de mayo de 2010.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los quince
días del mes de julio del año dos mil diez.
D. O. Nº 150, Tomo Nº 388, Fecha: 16 de agosto de 2010.
Indice Legislativo 675
Parte VI

Parte VI
DECRETO Nº 442
676
Asamblea Legislativa
RATIFICACIONES A CONVENIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 30 de mayo de 2008, fue adoptada y suscrita la Convención de
Naciones Unidas sobre Municiones en Racimo.
II.- Que la referida Convención ha sido aprobada mediante Acuerdo Ejecutivo
Nº 1064/2010, del 21 de julio de 2010 y sometido a consideración de
esta Asamblea Legislativa para su inclusión en el ordenamiento jurídico
salvadoreño, vigente y positivo.
III.- Que el Instrumento Internacional a que se refieren los considerandos
anteriores no contiene ninguna disposición contraria a la Constitución de
la República, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de la potestad establecida en el Art. 131, ordinal 7º de la Constitución
de la República en relación con el Art. 168, ordinal 4º de la misma, y a iniciativa del
Presidente de la República por medio del Ministro de Relaciones Exteriores,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes la Convención de Naciones Unidas sobre
Municiones en Racimo, la cual consta de Un Preámbulo y Veintitrés Artículos, adoptada
y suscrita el 30 de mayo de 2008, aprobada mediante Acuerdo Ejecutivo 1064/2010,
del 21 de julio de 2010; en el entendido que, para el Estado de El Salvador, lo dispuesto
en el párrafo 1 del Artículo 10 de la Convención, se interpreta en el sentido que no implica
el reconocimiento o sometimiento obligatorio de una controversia a la jurisdicción de la
Corte Internacional de Justicia, sino, la facultad meramente potestativa de cada Estado
Parte, de someterse a ella, si así le conviniere.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecinueve días del mes de agosto del año dos mil diez.
D. O. Nº 177, Tomo Nº 388, Fecha: 23 de septiembre de 2010.

DECRETO Nº 449
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 3 de abril de 2009, fue suscrito el Convenio Constitutivo del Centro
del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe, (CATHALAC).
II.- Que el referido Instrumento ha sido aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo
No. 640/2010, del 14 de mayo de 2010 y sometido a consideración de
esta Asamblea Legislativa para su inclusión en el ordenamiento jurídico
salvadoreño, vigente y positivo.
III.- Que dicho Instrumento no contiene ninguna disposición contraria a la
Constitución de la República, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de la facultad establecida en el Art. 131, ordinal 7º de la Constitución de
la República en relación con el Art. 168, ordinal 4º. de la misma, y a iniciativa del
Presidente de la República por medio del Viceministro para los Salvadoreños en el
Exterior, encargado del Despacho.
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes el Convenio Constitutivo del Centro del
Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe, (CATHALAC), el cual consta
de Un Preámbulo, Quince Artículos y Un Anexo I, Relativo a las Especificaciones del
Aporte del Gobierno de Panamá como Sede del Centro, suscrito el 3 de abril de 2009,
aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 640/2010 del 14 de mayo de 2010.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintiséis días del mes de agosto del año dos mil diez.
D. O. Nº 179, Tomo Nº 388, Fecha: 27 de septiembre de 2010.
Indice Legislativo 677
Parte VI

Parte VI
DECRETO Nº 478
678
Asamblea Legislativa
RATIFICACIONES A CONVENIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 13 de marzo de 2010 fue suscrito el Convenio Básico de Cooperación
Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de El
Salvador y el Gobierno de la República de Cuba.
II.- Que el referido Instrumento ha sido aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo
Nº 503/2010, del 20 de abril de 2010 y sometido a consideración de
esta Asamblea Legislativa para su inclusión en el ordenamiento jurídico
salvadoreño, vigente y positivo.
III.- Que dicho Instrumento no contiene ninguna disposición contraria a la
Constitución de la República, siendo procedente su ratificación, teniendo a
la vista la declaración interpretativa contenida en el romano IV del Dictamen
número 61 favorable, a la ratificación del Convenio.
POR TANTO,
en uso de la facultad establecida en el Art. 131, ordinal 7º de la Constitución de
la República en relación con el Art. 168, ordinal 4º de la misma, y a iniciativa del
Presidente de la República por medio del Ministro de Relaciones Exteriores,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes el Convenio Básico de Cooperación
Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de El Salvador y el
Gobierno de la República de Cuba, suscrito el 13 de marzo de 2010 y que consta de
Un Preámbulo y Trece Artículos, aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 503/2010
del 20 de abril de 2010.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta
días del mes de septiembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 183, Tomo Nº 389, Fecha: 1 de octubre de 2010.

DECRETO Nº 492
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 24 de mayo de 2010, fue suscrito el Acuerdo de Subvención de
Programa SLV-910-G08-T, del Fondo Global para la “Prevención y Control
de la Tuberculosis en Poblaciones de Alto Riesgo en 26 Municipios en El
Salvador.”
II.- Que el referido Instrumento ha sido aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo
No. 1466/2010, del 7 de octubre de 2010 y sometido a consideración de
esta Asamblea Legislativa para su inclusión en el ordenamiento jurídico
salvadoreño, vigente y positivo.
III.- Que dicho Instrumento no contiene ninguna disposición contraria a la
Constitución de la República, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de la potestad establecida en el Art. 131, ordinal 7º de la Constitución
de la República en relación con el Art. 168, ordinal 4º de la misma, y a iniciativa del
Presidente de la República por medio del Ministro de Relaciones Exteriores,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes el Acuerdo de Subvención de Programa
SLV910-G08-T, del Fondo Global para la “Prevención y Control de la Tuberculosis en
Poblaciones de Alto Riesgo en 26 Municipios en El Salvador”, el cual consta de dos
páginas, un Anexo de cuarenta y tres artículos, un Listado de Siglas, y un Anexo A;
suscrito el 24 de mayo de 2010, aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo 1466/2010 del
7 de octubre de 2010.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiún
días del mes de octubre del año dos mil diez.
D. O. Nº 218, Tomo Nº 389, Fecha: 22 de noviembre de 2010.
Indice Legislativo 679
Parte VI

Parte VI
DECRETO Nº 574
680
Asamblea Legislativa
RATIFICACIONES A CONVENIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 19 de julio de 2010, fue suscrito el Acuerdo de Subsede entre
la República de El Salvador y la Secretaría de la Integración Social
Centroamericana.
II.- Que el referido Instrumento ha sido aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo
Nº 1744/2010, del 17 de noviembre de 2010 y sometido a consideración
de esta Asamblea Legislativa para su inclusión en el ordenamiento jurídico
salvadoreño, vigente y positivo.
III.- Que dicho Instrumento no contiene ninguna disposición contraria a la
Constitución de la República, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de la potestad establecida en el Art. 131, ordinal 7º. de la Constitución
de la República en relación con el Art. 168, ordinal 4º de la misma, y a iniciativa
del Presidente de la República por medio del Viceministro de Cooperación para el
Desarrollo, Encargado del Despacho,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes el Acuerdo de Subsede entre la República
de El Salvador y la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, el cual consta
de una parte considerativa y diez artículos, suscrito el 19 de julio de 2010, aprobado
por el Órgano Ejecutivo mediante Acuerdo Nº 1744/2010, del 17 de noviembre de
2010.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los seis
días del mes de enero del año dos mil once.
D. O. Nº 24, Tomo Nº 390, Fecha: 3 de febrero de 2011.

DECRETO Nº 612
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 15 de octubre y el 5 de noviembre del 2010, fueron suscritos,
respectivamente, el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos
de América y el Gobierno de El Salvador para la Donación de Productos
Agrícolas Bajo el Acta de Alimentos para el Progreso y su Enmienda Nº 1.
II.- Que los referidos Instrumentos han sido aprobados mediante Acuerdo
Ejecutivo Nº 64/2011, del 19 de enero de 2011 y sometidos a consideración
de esta Asamblea Legislativa para su inclusión en el ordenamiento jurídico
salvadoreño, vigente y positivo.
III.- Que dichos Instrumentos no contienen ninguna disposición contraria a la
Constitución de la República, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de la potestad establecida en el Art. 131, ordinal 7º de la Constitución
de la República en relación con el Art. 168, ordinal 4º de la misma, y a iniciativa
del Presidente de la República por medio del Viceministro de Relaciones Exteriores,
Integración y Promoción Económica, Encargado del Despacho,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes el Convenio entre el Gobierno de los
Estados Unidos de América y el Gobierno de El Salvador para la Donación de Productos
Agrícolas Bajo el Acta de Alimentos para el Progreso, suscrito el 15 de octubre de
2010, el cual consta de Un Preámbulo, Tres Capítulos, Anexo A, “Plan de Operación
Alimentos para el Progreso Año Fiscal 2011”, Anexo B, “Especificaciones del Producto
Trigo Soft White”, Anexo B, “Especificaciones del Producto Trigo Hard Red Spring”,
Anexo B, “Especificaciones del Producto Trigo Hard Red Winter”; y Enmienda Nº 1,
suscrita el 5 de noviembre de 2010; aprobados por el Órgano Ejecutivo mediante
Acuerdo Nº 64/2011, del 19 de enero de 2011.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez
días del mes de febrero del año dos mil once.
D. O. Nº 42, Tomo Nº 390, Fecha:1 de marzo de 2011.
Indice Legislativo 681
Parte VI

Parte VI
DECRETO Nº 631
682
Asamblea Legislativa
RATIFICACIONES A CONVENIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 13 de octubre de 2010, fue suscrito el Protocolo Modificativo al
Acuerdo entre la República de El Salvador y la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para el
Establecimiento de la Sede de la Representación Permanente de la OEI en
El Salvador y sus Privilegios e Inmunidades.
II.- Que el referido Instrumento ha sido aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo
Nº 210/2011, del 15 de febrero de 2011 y sometido a consideración de
esta Asamblea Legislativa para su inclusión en el ordenamiento jurídico
salvadoreño, vigente y positivo.
III.- Que dicho Instrumento no contiene ninguna disposición contraria a la
Constitución de la República, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de la potestad establecida en el Art. 131, ordinal 7º de la Constitución
de la República en relación con el Art. 168, ordinal 4º de la misma, y a iniciativa del
Presidente de la República por medio del Ministro de Relaciones Exteriores,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes el Protocolo Modificativo al Acuerdo
entre la República de El Salvador y la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura(OEI) para el Establecimiento de la Sede de la
Representación Permanente de la OEI en El Salvador y sus Privilegios e Inmunidades;
que consta de una parte considerativa y dos artículos; suscrito el 13 de octubre de
2010; aprobado por el Órgano Ejecutivo mediante Acuerdo Nº 210/2011, del 15 de
febrero de 2011.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez
días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 71, Tomo Nº 391, Fecha: 11 de abril de 2011.

DECRETO Nº 632
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 21 de enero de 2011, mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 79/2011, el
Gobierno de la República de El Salvador se adhirió al Acuerdo sobre la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
II.- Que el referido Instrumento ha sido aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo
Nº 163/2011, del 7 de febrero de 2011 y sometido a consideración de
esta Asamblea Legislativa para su inclusión en el ordenamiento jurídico
salvadoreño, vigente y positivo.
III.- Que dicho Instrumento no contiene ninguna disposición contraria a la
Constitución de la República, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de la potestad establecida en el Art. 131, ordinal 7º de la Constitución
de la República en relación con el Art. 168, ordinal 4º de la misma, y a iniciativa
del Presidente de la República por medio del Viceministro de Relaciones Exteriores,
Integración y Promoción Económica, Encargado del Despacho.
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes el Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO), hecho en San José, Costa Rica, en junio de 1979; que
consta de Un Preámbulo y Quince Artículos, al cual el Gobierno de la República de El
Salvador se adhirió el 21 de enero de 2011, mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 79/2011;
aprobado por el Órgano Ejecutivo mediante Acuerdo Nº 163/2011 del 7 de febrero de
2011.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez
días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 71, Tomo Nº 391, Fecha: 11 de abril de 2011.
Indice Legislativo 683
Parte VI

Parte VI
DECRETO Nº 670
684
Asamblea Legislativa
RATIFICACIONES A CONVENIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 5 de febrero de 1988, fue adoptado el Acuerdo para el Establecimiento
del Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo, al cual el Gobierno
de la República de El Salvador, se adhirió mediante Acuerdo Ejecutivo
Nº 1726/2010 del 12 de noviembre de 2010.
II.- Que el Convenio a que se refiere el considerando anterior ha sido aprobado
mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 207/2011, del 14 de febrero del 2011 y
sometido a consideración de esta Asamblea Legislativa para su inclusión
en el ordenamiento jurídico salvadoreño, vigente y positivo.
III.- Que dicho Instrumento no contiene ninguna disposición contraria a la
Constitución de la República, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de la potestad establecida en el Art. 131, ordinal 7º de la Constitución
de la República en relación con el Art. 168, ordinal 4º de la misma, y a iniciativa del
Presidente de la República por medio del Ministro de Relaciones Exteriores,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes el Acuerdo para el Establecimiento del
Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo, el cual consta de un preámbulo y
quince artículos, al cual el Gobierno de la República de El Salvador se adhirió mediante
Acuerdo Ejecutivo Nº 1726/2010 del 12 de noviembre de 2010; aprobado por el
Órgano Ejecutivo mediante Acuerdo Nº 207/2011 del 14 de febrero del 2011.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete
días del mes de abril del año dos mil once.
D. O. Nº 89, Tomo Nº 391, Fecha: 16 de mayo de 2011.

DECRETO Nº 671
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 3 de diciembre de 2010, fue suscrito el Convenio Iberoamericano
sobre el Uso de la Videoconferencia en la Cooperación Internacional entre
Sistemas de Justicia y su Protocolo Adicional.
II.- Que el referido Instrumento ha sido aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo
Nº 208/2011, del 15 de febrero de 2011 y sometido a consideración de
esta Asamblea Legislativa para su inclusión en el ordenamiento jurídico
salvadoreño, vigente y positivo.
III.- Que dicho Instrumento no contiene ninguna disposición contraria a la
Constitución de la República, siendo procedente su ratificación.
POR TANTO,
en uso de la potestad establecida en el Art. 131, ordinal 7º de la Constitución
de la República en relación con el Art. 168, ordinal 4º de la misma, y a iniciativa del
Presidente de la República por medio del Ministro de Relaciones Exteriores,
DECRETA:
Art. 1.- Ratifícase en todas sus partes el Convenio Iberoamericano sobre el Uso
de la Videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia, el
cual consta de un preámbulo y once artículos y su Protocolo Adicional, que consta de
cuatro artículos, suscrito el 3 de diciembre de 2010, aprobado por el Órgano Ejecutivo
mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 208/2011 del 15 de febrero del 2011.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete
días del mes de abril del año dos mil once.
D. O. Nº 89, Tomo Nº 391, Fecha: 16 de mayo de 2011.
Indice Legislativo 685
Parte VI

DECRETO Nº 345
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el artículo 131, ordinal 11°, de la Constitución
de la República, es facultad de esta Asamblea Legislativa, decretar, de una
manera general, beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza,
para la promoción de actividades culturales, científicas y de cualquier otra
índole.
II.- Que en el marco de la conmemoración póstuma a las personas que han
fallecido a consecuencia del SIDA, desde 1983 el Programa del Consejo
Mundial para la Salud, Candleligth Memorial (Vigilia Mundial), cuyo objetivo
es aumentar la conciencia social sobre la infección, les recuerda el tercer
domingo del mes de mayo de cada año.
III.- Que a pesar de que las campañas de prevención del VIH han llegado a
casi todos los rincones del mundo, se reporta que cada día ocurren 7,000
nuevas infecciones, lo que ha hecho creer que el conocimiento público de
la infección, lejos de aumentar, ha disminuido en los últimos años.
IV.- Que no obstante los esfuerzos realizados en El Salvador por diferentes
instituciones, las estadísticas actuales reportan 15,087 personas con VIH
y 8,644 personas en fase de SIDA, de las cuales el 95% se encuentra
recibiendo Tratamiento Antirretroviral; estimando que el 82.2% de los
casos de SIDA son del área urbana frente a un 17.5% del área rural, siendo
la mayoría de personas infectadas de edades que oscilan entre los 25 y 34
años, seguido por otro grupo que tiene entre 15 y 24 años.
V.- Que es necesario que Instituciones Gubernamentales, Instituciones No
Gubernamentales, Asociaciones Comunitarias y Población en general,
adopten una actitud propositiva ante el avance de esta enfermedad y se
solidaricen con las personas afectadas por la misma.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Irma
Lourdes Palacios Vásquez, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Guillermo Francisco
Mata Bennett, Ana Virginia Morataya Gómez, Zoila Beatriz Quijada Solís, David Ernesto
Reyes Molina y Pedrina Rivera Hernández; y con apoyo a la misma de los Diputados:
Francisco Roberto Lorenzana Durán, José Álvaro Cornejo Mena, Carlos Cortez
Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí Coto Estrada, Raúl Omar Cuéllar,
Darío Alejandro Chicas Argueta, Nery Arely Díaz de Rivera, Antonio Echeverría Veliz,
Emma Julia Fabián Hernández, Santiago Flores Alfaro, Medardo González Trejo, Ricardo
Bladimir González, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Benito Antonio Lara Fernández,
Audelia Guadalupe López de Kleutgens, Hortensia Margarita López Quintana, Oscar
Indice Legislativo 689
Parte VII

Parte VII
690
TITULOS A POBLACIONES Y FECHAS CONMEMORATIVAS
Ernesto Novoa Ayala, Guillermo Antonio Olivo Méndez, María Irma Elizabeth Orellana
Osorio, Orestes Fredesmán Ortez Andrade, Gaspar Armando Portillo Benítez, Inmar
Rolando Reyes, Gilberto Rivera Mejía, Jackeline Noemí Rivera Ávalos, José Mauricio
Rivera, David Rodríguez Rivera, Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza, Jaime Gilberto
Valdez Hernández, Ramón Arístides Valencia Arana, María Margarita Velado Puentes,
Ana Virginia Morataya Gómez y Carlos Mario Zambrano Campos.
DECRETA:
Art. 1.- Declárase el día 12 de mayo de cada año, como: “Día Nacional de la
Solidaridad hacia las personas con VIH.”
Art. 2.- El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia ocho días después de
su publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete
días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 100, Tomo Nº 387, Fecha: 31 de mayo de 2010.
Asamblea Legislativa

DECRETO Nº 356
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad al artículo 131 ordinal 22º de la Constitución,
corresponde a la Asamblea Legislativa la facultad de conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida.
II.- Que el municipio de El Carmen, Departamento de Cuscatlán, en la actualidad
ha alcanzado notable progreso, debido a que cuenta con los servicios
públicos y privados necesarios para el bienestar y el desarrollo de sus
habitantes; cumpliendo así, con los requisitos establecidos en la Ley de
Distinciones Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, para elevar su actual
categoría a la de Villa.
III.- Que por las razones anteriormente expuestas, el municipio de El Carmen,
Departamento de Cuscatlán, reúne las condiciones para concederle el
Título de Villa.
POR TANTO,
en uso de las facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Alberto
Armando Romero Rodríguez y con el apoyo de los Diputados Mario Antonio Ponce
López y Roberto José d’Aubuisson Munguía.
DECRETA:
Art. 1.- Otórgase el Título de Villa a la población de El Carmen, Departamento de
Cuscatlán.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte
días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 110, Tomo Nº 387, Fecha: 14 de junio de 2010.
Indice Legislativo 691
Parte VII

Parte VII
DECRETO Nº 505
692
TITULOS A POBLACIONES Y FECHAS CONMEMORATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22º de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo del Estado, conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida.
II.- Que la Ciudad de San Vicente, Departamento de San Vicente, fue fundada
el 26 de diciembre de 1635, bajo un árbol de Tempisque, a orilla del Río
Acahuapa, y que tuvo por nombre San Vicente de Lorenzana, en honor a
San Vicente Abad o San Vicente de León Superior del Monasterio de San
Claudio en León y quien pertenecía a la casa de Lorenzana, la misma del
Capitán General del Reino y que gracias a una donación de 1,600 pesos al
Rey Felipe IV de España, la Real Audiencia de Guatemala otorgó al poblado
el título de Villa en 1658, siendo declarada el 4 de octubre de 1834 Capital
de la República por Decreto Legislativo; esto se debió al traspaso de la
ciudad de la República General de Centro América a San Salvador.
III.- Que la ciudad de San Vicente posee un profundo e importante legado
histórico y cultural para el pueblo salvadoreño, constituyéndose en una
ciudad emblemática de la memoria histórica de El Salvador.
IV.- Que la ilustre ciudad de San Vicente tiene méritos suficientes para ser
declarada simbólicamente “Capital de la República de El Salvador por un
Día”, con el fin de contribuir al realce de la celebración de sus 375 años de
fundación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Donato Eugenio
Vaquerano Rivas y con adhesión a la misma de los Diputados: Othon Sigfrido Reyes
Morales, José Francisco Merino López, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Francisco
Roberto Lorenzana Durán, Roberto José d’Aubuisson Munguía, Irma Lourdes Palacios
Vásquez, Fernando Alberto José Ávila Quetglas, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda,
Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, José Vidal Carrillo Delgado, Darío Alejandro Chicas
Argueta, Norma Cristina Cornejo Amaya, José Álvaro Cornejo Mena, Carlos Cortez
Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí Coto Estrada, Santos Eduviges
Crespo Chávez, César René Florentín Reyes Dheming, Nery Arely Díaz de Rivera,
Antonio Echeverría Veliz, Margarita Escobar, Omar Arturo Escobar Oviedo, Emma Julia
Fabián Hernández, Carmen Elena Figueroa Rodríguez, Santiago Flores Alfaro,Melvin
David González Bonilla, Ricardo Bladimir González, José Armando Grande Peña, Iris
Marisol Guerra Henríquez, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Rafael Antonio Jarquín
Larios, Omar Eliseo Romero Lazo, Hortensia Margarita López Quintana, Mario Marroquín
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Mejía, Ana Guadalupe Martínez Méndez, Guillermo Francisco Mata Bennett, Alexander
Higinio Melchor López, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Heidy Carolina Mira Saravia,
Edgar Alfonso Montoya Martínez, Rafael Ricardo Morán Tobar, Ana Virginia Morataya
Gómez, Oscar Ernesto Novoa Ayala, María Irma Elizabeth Orellana Osorio, Rubén
Orellana, Orestes Fredesmán Ortez Andrade, Mario Antonio Ponce López, Gaspar
Armando Portillo Benítez, Zoila Beatriz Quijada Solís, Carlos Armando Reyes Ramos,
David Ernesto Reyes Molina, Inmar Rolando Reyes, Javier Ernesto Reyes Palacios,
Gilberto Rivera Mejía, David Rodríguez Rivera, Marcos Francisco Salazar Umaña,
Misael Serrano Chávez, César Humberto Solórzano Dueñas, Karina Ivette Sosa de
Lara, Manuel Rigoberto Soto Lazo, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Jaime Gilberto
Valdez Hernández, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, Ramón Arístides Valencia
Arana,Mario Eduardo Valiente Ortiz, Esdras Samuel Vargas Pérez, Guadalupe Antonio
Vásquez Martínez, María Margarita Velado Puentes, Ana Daysi Villalobos de Cruz y
Carlos Mario Zambrano Campos.
DECRETA:
Art. 1.- Declárase, simbólicamente, “CAPITAL DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
POR UN DIA”, la ciudad de San Vicente, Departamento de San Vicente, el día 26
de diciembre del año 2010, en ocasión de conmemorarse los 375 años de haberse
fundado.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once
días del mes de noviembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 222, Tomo Nº 389, Fecha: 26 de noviembre de 2010.
Indice Legislativo 693
Parte VII

Parte VII
DECRETO Nº 580
694
TITULOS A POBLACIONES Y FECHAS CONMEMORATIVAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 5 de noviembre del corriente año, se conmemorará el bicentenario
de una de las gestas heroicas de gran relevancia en el proceso de
independencia de las provincias, que conformaron la “Capitanía General
de Guatemala”, de la sujeción a la Corona Española, con la que dio inicio
a una serie de sucesos, que culminaron con la referida independencia, que
finalmente se firmó el 15 de septiembre de 1821.
II.- Que tal acontecimiento se ha mantenido en el calendario cívico como un
hecho trascendente y se le recuerda como el “Primer Grito de Independencia
de Centroamérica”, el cual tuvo lugar en San Salvador el 5 de noviembre del
1811 y fue ejemplo para muchas naciones latinoamericanas, que lograron
igualmente su independencia; también ha servido de inspiración, para que
en los distintos momentos de la historia patria, se mantenga el fervor
cívico y la identidad de los pueblos de Centroamérica, que inicialmente
unificaron sus provincias y que no han perdido el anhelo de volver a sus
raíces y aunar esfuerzos para consolidarse como una sola nación, que
hoy más que nunca, se requiere para hacer frente a las exigencias que
demandan las estructuras económicas, sociales y políticas del mundo
moderno.
III.- Que a fin de coadyuvar a darle mayor prestancia a las celebraciones
por esa efeméride, que contribuyen a fortalecer los valores patrióticos
y a reactivar el proceso de integración centroamericana, es procedente
declarar el corriente año 2011, como “Año del Bicentenario del Primer Grito
de Independencia de Centroamérica”, dentro de las diferentes actividades
que realizará esta Asamblea, para sumarse a las celebraciones de tan
digno acontecimiento.
POR TANTO,
en uso de las facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Ciro Cruz
Zepeda Peña, Othon Sigfrido Reyes Morales, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete,
José Francisco Merino López, Alberto Armando Romero Rodríguez, Francisco Roberto
Lorenzana Durán, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, César Humberto García Aguilera,
Roberto José d’Aubuisson Munguía, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Mario Alberto
Tenorio Guerrero; y con adhesión a la misma de los Diputados: Elizardo González
Lovo, Karla Gisela Ábrego Cáceres, Miguel Elías Ahues Karra, Ernesto Antonio Angulo
Milla, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Erick
Ernesto Campos, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, José Vidal Carrillo Delgado,
Darío Alejandro Chicas Argueta, Carlos Cortez Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas,
Blanca Noemí Coto Estrada, Raúl Omar Cuéllar, Nery Arely Díaz de Rivera, Antonio
Asamblea Legislativa

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Echeverría Veliz, Omar Arturo Escobar Oviedo, Emma Julia Fabián Hernández, Carmen
Elena Figueroa Rodríguez, Santiago Flores Alfaro, Melvin David González Bonilla, José
Armando Grande Peña, Ricardo Bladimir González, José Nelson Guardado Menjívar, Iris
Marisol Guerra Henríquez, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Santos Guevara Ramos,
Rafael Antonio Jarquín Larios, Gladis Marina Landaverde Paredes, Hortensia Margarita
López Quintana, Mildred Guadalupe Machado Argueta, Mario Marroquín Mejía, Ana
Guadalupe Martínez Méndez, Guillermo Francisco Mata Bennett, Misael Mejía Mejía,
Alexander Higinio Melchor López, Juan Carlos Mendoza Portillo, Manuel Vicente
Menjívar Esquivel, Erick Mira Bonilla, Heidy Carolina Mira Saravia, Yeymi Elizabeth Muñoz
Morán, Guillermo Antonio Olivo Méndez, Orestes Fredesmán Ortez Andrade, Rafael
Eduardo Paz Velis, Mariela Peña Pinto, Mario Antonio Ponce López, Gaspar Armando
Portillo Benítez, Zoila Beatriz Quijada Solís, César René Florentín Reyes Dheming,
Inmar Rolando Reyes, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Santos Adelmo Rivas Rivas,
Gilberto Rivera Mejía, Pedrina Rivera Hernández, Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza,
Mauricio Ernesto Rodríguez, Sandra Marlene Salgado García, Rodrigo Samayoa Rivas,
Misael Serrano Chávez, César Humberto Solórzano Dueñas, Karina Ivette Sosa de Lara,
Manuel Rigoberto Soto Lazo, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Jaime Gilberto Valdez
Hernández, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, Ramón Arístides Valencia Arana,
Mario Eduardo Valiente Ortiz, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Esdras Samuel Vargas
Pérez, Guadalupe Antonio Vásquez Martínez, María Margarita Velado Puentes, Francisco
José Zablah Safie y Santos Antonio Zelaya Mendoza.
DECRETA:
Art. 1.- Declárase el corriente año 2011, como “Año del Bicentenario del Primer
Grito de Independencia de Centroamérica.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los seis
días del mes de enero del año dos mil once.
D. O. Nº 11, Tomo Nº 390, Fecha: 17 de enero de 2011.
Indice Legislativo 695
Parte VII

DECRETO Nº 347
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22º de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo del Estado conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a
la Patria.
II.- Que el Artículo 6, literal a) de la Ley de Distinciones Honoríficas,
Gratificaciones y Títulos, establece que la nominación de “Hijo o Hija
Meritísima de El Salvador” constituye una altísima distinción y se otorgará
a las personas salvadoreñas que se dediquen o se hayan dedicado a la
práctica de actividades humanitarias y altruistas, o por sus trascendentales
aportes o servicios al conocimiento humano, de un modo tal, que dicho
aporte represente un beneficio nacional, regional o universal.
III.- Que Doña Gloria Salguero Gross, nacida en la heroíca ciudad de Santa Ana,
realizó sus estudios superiores en el Centro Universitario de Occidente y en la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas -UCA, especializándose
en Ciencias Económicas, conocimientos que contribuyeron al liderazgo
que como política demostró y que la han hecho acreedora de una amplia
y reconocida trayectoria política en El Salvador.
IV.- Que su trayectoria como Diputada a la Asamblea Legislativa de 1982
al año 2000, es altamente reconocida a nivel nacional e internacional,
iniciando su primera diputación con una doble función: Constituyente y
Legislativa, formando parte de la Honorable Junta Directiva de ese entonces,
permitiéndole convertirse en la legislatura 1994-1997 en Presidenta de la
Asamblea Legislativa, siendo la segunda mujer hasta la fecha en la historia
de El Salvador, que ocupa ese importante cargo, caracterizando su período
por el desempeño de sus responsabilidades con inteligencia, firmeza y
honestidad, siendo la artífice de muchas decisiones que han hecho historia
dentro de esa Institución.
V.- Que en virtud de los méritos antes señalados, es procedente conceder
el máximo galardón que este Organo Fundamental del Estado confiere a
personas salvadoreñas, declarándole “Hija Meritísima de El Salvador”, por
su reconocida y sobresaliente trayectoria política en El Salvador.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Ana
Vilma Castro de Cabrera, Margarita Escobar, Santos Guevara Ramos, Norma Fidelia
Indice Legislativo 699
Parte VIII

Parte VIII
700
Asamblea Legislativa
DISTINCIONES HONORIFICAS
Guevara de Ramirios, Mario Marroquín Mejía, Ana Guadalupe Martínez, Mariela Peña
Pinto, Rafael Eduardo Paz Velis y Mario Antonio Ponce López.
DECRETA:
Art. 1.- Declárase a Doña Gloria Salguero Gross, “Hija Meritísima de El Salvador”,
por su reconocida y sobresaliente trayectoria política en El Salvador.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete
días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 100, Tomo Nº 387, Fecha: 31 de mayo de 2010.

DECRETO Nº 348
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22º de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo del Estado conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a
la Patria.
II.- Que, de conformidad con el Artículo 6, literal b) de la Ley de Distinciones
Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, se establece que la nominación de
“Noble Amigo o Amiga de El Salvador” constituye una altísima distinción
que podrá otorgarse cuando, tratándose de personas extranjeras, los
hechos que se pretendan galardonar constituyan un beneficio para el
Estado de El Salvador o para la población salvadoreña.
III.- Que el señor Philip Graham Laidlaw, Consejero Político de la Embajada de
los Estados Unidos de América, en El Salvador, ha trabajado desde el año
2005, en diferentes aspectos de mucho beneficio a nivel nacional, y se ha
desempeñado como Consejero Político desde el año 2007, gestión durante
la cual ha prestado su valiosa colaboración y ayuda, en el sostenimiento
permanente de una comunicación fluida entre ambas naciones.
IV.- Que el señor Laidlaw ha desarrollado una importante gestión humanitaria
efectiva en los desastres naturales; así como la ayuda decidida en
la conformación del Grupo Binacional de trabajo para tratar asuntos
migratorios; igualmente, ha participado en coordinación con la Cancillería
en la realización y seguimiento de la iniciativa Caminos a la Prosperidad,
entre otras actividades diplomáticas que han fortalecido los lazos de unión
entre nuestro país y los Estados Unidos de América, y en consecuencia
han constituido un beneficio para el Estado de El Salvador y su población.
V.- Que en virtud de los méritos antes señalados, es procedente conceder
el máximo galardón que este Organo Fundamental del Estado confiere a
extranjeros, declarándolo “Noble Amigo de El Salvador”, por su valioso
aporte en beneficio del Estado salvadoreño mediante el fortalecimiento de
los lazos de unión entre la República de El Salvador y los Estados Unidos
de América.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Othon
Sigfrido Reyes Morales y César Humberto García Aguilera.
Indice Legislativo 701
Parte VIII

Parte VIII
DECRETA:
702
Asamblea Legislativa
DISTINCIONES HONORIFICAS
Art. 1.- Declárase al señor Philip Graham Laidlaw, Consejero Político de la
Embajada de los Estados Unidos de América, en nuestro país, “NOBLE AMIGO DE
EL SALVADOR”, por su valioso aporte en beneficio del Estado salvadoreño mediante el
fortalecimiento de los lazos de unión entre la República de El Salvador y los Estados
Unidos de América.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete
días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 100, Tomo Nº 387, Fecha: 31 de mayo de 2010.

DECRETO Nº 360
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22 de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo del Estado conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a
la Patria.
II.- Que de conformidad con el Artículo 6, literal b) de la Ley de Distinciones
Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, se establece que la nominación de
“Noble Amigo o Amiga de El Salvador” constituye una altísima distinción
que podrá otorgarse cuando, tratándose de personas extranjeras, los
hechos que se pretendan galardonar constituyan un beneficio para el
Estado de El Salvador o para la población salvadoreña.
III.- Que el señor Syed Iqbal Riza, durante el período de 1991 hasta 1993,
fungió como Jefe de la Misión de Observadores de la Organización de las
Naciones Unidas-ONU para El Salvador en el proceso de los Acuerdos de
Paz, dando ejemplo personal de su dedicación y afecto al servicio de este
país, con un sentido profundo de justicia e identificación con la causa de
la paz.
IV.- Que en virtud de los méritos antes señalados, es procedente conferir al
señor Syed Iqbal Riza el máximo galardón que este Organo Fundamental del
Estado confiere a extranjeros, declarándolo “Noble Amigo de El Salvador”,
por su valioso aporte en el proceso de los Acuerdos de Paz, mediante el
fortalecimiento de una relación de confianza entre los actores políticos
nacionales.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Othon
Sigfrido Reyes Morales, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Santiago Flores Alfaro,
Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Santos Guevara Ramos, Jorge Schafik Handal
Vega Silva, Mario Marroquín Mejía, Douglas Leonardo Mejía Avilés, Mario Antonio
Ponce López, Mauricio Ernesto Rodríguez y Mario Alberto Tenorio Guerrero.
DECRETA:
Art. 1.- Declárase al señor Syed Iqbal Riza “Noble Amigo de El Salvador”, por su
valioso aporte en el proceso de los Acuerdos de Paz, mediante el fortalecimiento de
una relación de confianza entre los actores políticos nacionales.
Indice Legislativo 703
Parte VIII

Parte VIII
704
Asamblea Legislativa
DISTINCIONES HONORIFICAS
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte
días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 110, Tomo Nº 387, Fecha: 14 de junio de 2010.

DECRETO Nº 383
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22º de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo del Estado conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a
la Patria.
II.- Que el Artículo 6, literal a) de la Ley de Distinciones Honoríficas,
Gratificaciones y Títulos, establece que la nominación de “Hijo o Hija
Meritísima de El Salvador” constituye una altísima distinción y se otorgará
a las personas salvadoreñas que se dediquen o se hayan dedicado a la
práctica de actividades humanitarias y altruistas, o por sus trascendentales
aportes o servicios al conocimiento humano, de un modo tal, que dicho
aporte represente un beneficio nacional, regional o universal.
III.- Que el Doctor Miguel Rafael Oqueli Colindres, Médico Ortopeda, nacido
en San Salvador, el 20 de enero de 1933, nominado “Médico del Año” en
el 2003, Fundador de la Sociedad de Ortopedia de El Salvador y miembro
del Colegio Médico de El Salvador, ha sido un ejemplo para muchas
generaciones en diversos campos, especialmente en el de la medicina, lo
que lo ha hecho acreedor de la admiración y respeto de sus colegas, por
los conocimientos impartidos a lo largo de su trayectoria y por la atención
que ha brindado a más de doscientos mil pacientes que lo han consultado.
IV.- Que en virtud de los méritos antes señalados, es procedente conceder
el máximo galardón que este Organo Fundamental del Estado confiere a
personas salvadoreñas, declarándole “Hijo Meritísimo de El Salvador”, por
su invaluable contribución a la población salvadoreña en el campo de la
medicina.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Luis
Roberto Angulo Samayoa, Rafael Antonio Jarquín Larios, Guillermo Francisco Mata
Bennett, Rubén Orellana, Mario Antonio Ponce López, Manuel Alfonso Rodríguez
Saldaña, Mario Alberto Tenorio Guerrero y Donato Eugenio Vaquerano Rivas.
DECRETA:
Art. 1.- Declárase al Doctor Miguel Rafael Oqueli Colindres, “Hijo Meritísimo de El
Salvador”, por su invaluable contribución a la población salvadoreña en el campo de
la medicina.
Indice Legislativo 705
Parte VIII

Parte VIII
706
Asamblea Legislativa
DISTINCIONES HONORIFICAS
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez
días del mes de junio del año dos mil diez.
D. O. Nº 129, Tomo Nº 388, Fecha: 9 de julio de 2010.

DECRETO Nº 402
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22º de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo de Estado conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a
la Patria.
II.- Que el Artículo 6, literal c) de la Ley de Distinciones Honoríficas,
Gratificaciones y Títulos, establece que las distinciones honoríficas de
Notable y Distinguido o Distinguida, en su orden de relevancia, podrán
otorgarse a personas salvadoreñas o extranjeras residentes, cuando los
servicios o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén relacionados
con la difusión y el aprovechamiento de la ciencia, el arte, la cultura,
la educación y el deporte o cualquiera otra forma de servicio altruista o
colectivo; de un modo tal que represente un innegable beneficio para el
Estado salvadoreño o sus habitantes.
III.- Que la señora Cruz del Carmen de Paz viuda de Lobos, nacida el 14 de
septiembre de 1926, en San Juan Opico, Departamento de La Libertad, el
18 de abril del año 2010, a la edad de 84 años, logró materializar su más
anhelado sueño, al graduarse de Bachiller General, dando de esta manera
una enseñanza a la sociedad salvadoreña de que la educación no tiene
edad ni fronteras, sino que basta con poseer valores como la diligencia,
perseverancia y entusiasmo para alcanzar los propósitos.
IV.- Que doña Cruz del Carmen de Paz viuda de Lobos, ha superado las
barreras que limitan el acceso y goce del pleno derecho a la educación, de
quienes por dedicarse al cuidado de sus familias, postergan sus metas y
aspiraciones personales, al demostrar con su esfuerzo y dedicación que la
edad no es un límite para alcanzar las metas.
V.- Que en virtud de los méritos antes señalados, es procedente concederle
la Distinción Honorífica de “Notable Ciudadana de El Salvador”, por su
perseverancia, dedicación y deseos de superación, lo que constituye un
digno ejemplo para la sociedad salvadoreña.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Karla
Gisela Ábrego Cáceres, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Guillermo Francisco Mata
Bennett y Karina Ivette Sosa de Lara.
Indice Legislativo 707
Parte VIII

Parte VIII
DECRETA:
708
Asamblea Legislativa
DISTINCIONES HONORIFICAS
Art. 1.- Declárase a la señora Cruz del Carmen de Paz viuda de Lobos, “NOTABLE
CIUDADANA DE EL SALVADOR”, por su perseverancia, dedicación y deseos de
superación, lo que constituye un digno ejemplo para la sociedad salvadoreña.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a un día del
mes de julio del año dos mil diez.
D. O. Nº 136, Tomo Nº 388, Fecha: 20 de julio de 2010.

DECRETO Nº 426
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22º de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo del Estado conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a
la Patria.
II.- Que de conformidad con el Artículo 6, literal b) de la Ley de Distinciones
Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, se establece que la nominación de
“Noble Amigo o Amiga de El Salvador” constituye una altísima distinción
que podrá otorgarse cuando, tratándose de personas extranjeras, los
hechos que se pretendan galardonar constituyan un beneficio para el
Estado de El Salvador o para la población salvadoreña.
III.- Que Don Juan Ignacio Pita Rodrigañez, de nacionalidad española, nacido
el 27 de junio de 1963, se ha destacado como miembro de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, bajo el
cargo de Coordinador General de la Cooperación Española en El Salvador,
desde el año 2005.
IV.- Que durante su estadía en El Salvador, ha realizado diferentes actividades,
con el propósito de beneficiar a la población salvadoreña, siendo las
más recientes el apoyo a la construcción de políticas nacionales para la
reducción de pobreza y la articulación de respuestas de la Cooperación
Española ante los huracanes Stan e Ida.
V.- Que en virtud de los méritos antes señalados, es procedente conferir a
Don Juan Ignacio Pita Rodrigañez, el máximo galardón que este Organo
Fundamental del Estado confiere a extranjeros, declarándolo “Noble Amigo
de El Salvador.”
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Jorge
Schafik Handal Vega Silva, Jackeline Noemí Rivera Ávalos y Karina Ivette Sosa de Lara.
DECRETA:
Art. 1.- Declárase a Don Juan Ignacio Pita Rodrigañez, “NOBLE AMIGO DE EL
SALVADOR”, por su destacada labor en beneficio del Estado salvadoreño y su población.
Indice Legislativo 709
Parte VIII

Parte VIII
710
Asamblea Legislativa
DISTINCIONES HONORIFICAS
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós
días del mes de julio del año dos mil diez.
D. O. Nº 149, Tomo Nº 388, Fecha: 13 de agosto de 2010.

DECRETO Nº 469
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22º de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo de Estado conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a
la Patria.
II.- Que el Artículo 6, literal c) de la Ley de Distinciones Honoríficas,
Gratificaciones y Títulos, establece que la distinción honorífica de Notable,
podrá otorgarse a personas salvadoreñas o extranjeras residentes,
cuando los servicios o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén
relacionados con la difusión y el aprovechamiento de la ciencia, el arte,
la cultura, la educación y el deporte o cualquiera otra forma de servicio
altruista o colectivo; de un modo tal que represente un innegable beneficio
para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III.- Que el señor José Arcadio Aguiñada Rosa, conocido artísticamente como
“Jhosse Lora”, nació en la Ciudad de San Sebastián, Departamento de San
Vicente, el 1 de septiembre de 1953; e inició su carrera artística en 1972.
IV.- Que “Jhosse Lora” cuenta con una larga y destacada trayectoria artística,
en la que ha compuesto diferentes canciones que realzan las costumbres
y tradiciones salvadoreñas, teniendo la oportunidad de compartir escenario
con artistas internacionales, poniendo en alto el nombre de El Salvador
fuera de nuestras fronteras patrias.
V.- Que los singulares méritos artísticos de “Jhosse Lora” le han permitido el
reconocimiento a nivel nacional e internacional, por lo que es procedente
que este Organo de Estado le confiera la Distinción Honorífica de “Notable
Artista Nacional.”
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: José
Antonio Almendáriz Rivas, José Vidal Carrillo Delgado, Rafael Antonio Jarquín Larios,
Reynaldo Antonio López Cardoza, Mario Antonio Ponce López y César Humberto
Solórzano Dueñas.
Indice Legislativo 711
Parte VIII

Parte VIII
DECRETA:
712
Asamblea Legislativa
DISTINCIONES HONORIFICAS
Art. 1.- Declárase al ciudadano José Arcadio Aguiñada Rosa, conocido
artísticamente como “Jhosse Lora”, “Notable Artista Nacional”, por su destacada
trayectoria artística.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis
días del mes de septiembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 184, Tomo Nº 389, Fecha: 4 de octubre de 2010.

DECRETO Nº 470
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22º de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo de Estado conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a
la Patria.
II.- Que el Artículo 6, literal c) de la Ley de Distinciones Honoríficas,
Gratificaciones y Títulos, establece que la distinción honorífica de
Distinguido, podrá otorgarse a personas salvadoreñas o extranjeras
residentes, cuando los servicios o aportes que se hayan brindado a la
Patria, estén relacionados con la difusión y el aprovechamiento de la
ciencia, el arte, la cultura, la educación y el deporte o cualquiera otra
forma de servicio altruista o colectivo; de un modo tal que represente un
innegable beneficio para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III.- Que el joven Carlos Galán Pérez, deportista de Karate Do, se ha destacado
por su talento dentro de dicha disciplina, cosechando triunfos a nivel
nacional e internacional, con lo cual ha puesto en alto el nombre del país.
IV.- Que en virtud de los méritos antes expuestos es procedente declarar al
joven Carlos Galán Pérez, “Distinguido Deportista de El Salvador”, en
reconocimiento a su destacada trayectoria en la disciplina del Karate Do a
nivel nacional e internacional.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Karla
Gisela Ábrego Cáceres, José Álvaro Cornejo Mena y Guillermo Antonio Olivo Méndez.
DECRETA:
Art. 1.- Declárase al joven Carlos Galán Pérez, “Distinguido Deportista de El
Salvador”, por su destacada trayectoria en la disciplina del Karate Do a nivel nacional
e internacional.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis
días del mes de septiembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 184, Tomo Nº 389, Fecha: 4 de octubre de 2010.
Indice Legislativo 713
Parte VIII

Parte VIII
DECRETO Nº 512
714
Asamblea Legislativa
DISTINCIONES HONORIFICAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22º de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo de Estado conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a
la Patria.
II.- Que el Artículo 6, literal c) de la Ley de Distinciones Honoríficas,
Gratificaciones y Títulos, establece que la distinción honorífica de Notable,
podrá otorgarse a personas salvadoreñas o extranjeras residentes,
cuando los servicios o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén
relacionados con la difusión y el aprovechamiento de la ciencia, el arte,
la cultura, la educación y el deporte o cualquiera otra forma de servicio
altruista o colectivo; de un modo tal que represente un innegable beneficio
para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III.- Que el joven karateca Williams Enrique Serrano Aguilar, deportista de Karate
Do, se ha destacado por su talento dentro de dicha disciplina, cosechando
triunfos a nivel nacional e internacional, con lo cual ha puesto en alto el
nombre del país.
IV.- Que en virtud de los méritos antes expuestos es procedente declarar al
joven karateca Williams Enrique Serrano Aguilar, “Notable Deportista de El
Salvador”, en reconocimiento a su destacada trayectoria como deportista.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Blanca
Noemí Coto Estrada, Antonio Echeverría Veliz y Guillermo Antonio Olivo Méndez.
DECRETA:
Art. 1.- Declárase al joven karateca Williams Enrique Serrano Aguilar, “Notable
Deportista de El Salvador”, en reconocimiento a su destacada trayectoria como
deportista en la disciplina del Karate Do a nivel nacional e internacional.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 229, Tomo Nº 389, Fecha: 7 de diciembre de 2010.
Indice Legislativo 715
Parte VIII

Parte VIII
DECRETO Nº 513
716
Asamblea Legislativa
DISTINCIONES HONORIFICAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22º de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo del Estado conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a
la Patria.
II.- Que el Artículo 6, literal a) de la Ley de Distinciones Honoríficas,
Gratificaciones y Títulos, establece que la nominación de “Hijo o Hija
Meritísima de El Salvador” constituye una altísima distinción y se otorgará
a las personas salvadoreñas que se dediquen o se hayan dedicado a la
práctica de actividades humanitarias y altruistas, o por sus trascendentales
aportes o servicios al conocimiento humano, de un modo tal, que dicho
aporte represente un beneficio nacional, regional o universal.
III.- Que el Doctor Carlos Eduardo Morales, nacido en El Salvador el 6 de mayo
de 1950, es un médico destacado y especialista en la rama de Cardiología,
quien se graduó como Doctor en Medicina de la Escuela de Medicina de la
Universidad Autónoma de El Salvador, el 2 de octubre de 1976, realizando
posteriormente, su post grado en Cardiología.
IV.- Que su amplio conocimiento académico, lo ha hecho acreedor de diversos
reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que se pueden
mencionar: Profesor del Año de la Universidad de Texas (2004); Premio
Mejor Cardiólogo del Año 2010, otorgado por The Monitor en el Reader’s
Choice Award 2010 y Premio “Champions of Medicine”, otorgado por el
Senado de los Estados Unidos de Norteamérica a los mejores médicos de
dicho país.
V.- Que, en virtud de los méritos antes señalados, es procedente conceder
el máximo galardón que este Organo Fundamental de Estado confiere a
personas salvadoreñas, declarándole “Hijo Meritísimo de El Salvador”, por
su capacidad, brillante y amplia trayectoria en el campo de la medicina,
en la especialidad de Cardiología, logrando poner en alto el nombre de El
Salvador.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Ciro
Cruz Zepeda Peña, Santos Eduviges Crespo Chávez, Omar Arturo Escobar Oviedo,
Rafael Antonio Jarquín Larios, Reynaldo Antonio López Cardoza, José Rafael Machuca
Zelaya, Alejandro Dagoberto Marroquín Cabrera, Alexander Higinio Melchor López,
Rubén Orellana, Mario Antonio Ponce López y Esdras Samuel Vargas Pérez; y con

Anuario Legislativo 2010 - 2011
apoyo a la misma de los Diputados: Othon Sigfrido Reyes Morales, Lorena Guadalupe
Peña Mendoza, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Francisco Roberto Lorenzana
Durán, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Mario Alberto Tenorio Guerrero, Félix Ágreda
Chachagua, Miguel Elías Ahues Karra, José Antonio Almendáriz Rivas, Federico
Guillermo Ávila Qüehl, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda, Yohalmo Edmundo Cabrera
Chacón, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, José Vidal Carrillo Delgado, Darío
Alejandro Chicas Argueta, José Álvaro Cornejo Mena, Carlos Cortez Hernández, Luis
Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí Coto Estrada, Nery Arely Díaz de Rivera, Margarita
Escobar, Emma Julia Fabián Hernández, Carmen Elena Figueroa Rodríguez, Santiago
Flores Alfaro,José Rinaldo Garzona Villeda, Eduardo Antonio Gomar Morán, Melvin
David González Bonilla, Ricardo Bladimir González, José Nelson Guardado Menjívar,
Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Carlos Walter Guzmán Coto, Jorge Schafik Handal
Vega Silva, Benito Antonio Lara Fernández,Gladis Marina Landaverde Paredes, Audelia
Guadalupe López de Kleutgens, Guillermo Francisco Mata Bennett, Juan Carlos Mendoza
Portillo, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Erick Mira Bonilla, Heidy Carolina Mira Saravia,
Edgar Alfonso Montoya Martínez, Rafael Ricardo Morán Tobar, Virginia Morataya
Gómez, Oscar Ernesto Novoa Ayala, Guillermo Antonio Olivo Méndez, José Serafín
Orantes Rodríguez, Rafael Eduardo Paz Velis, Mariela Peña Pinto, Gaspar Armando
Portillo Benítez, Zoila Beatriz Quijada Solís, César René Florentín Reyes Dheming, David
Ernesto Reyes Molina, Inmar Rolando Reyes, Carlos Armando Reyes Ramos, Jackeline
Noemí Rivera Ávalos, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Gilberto Rivera Mejía, José
Mauricio Rivera, David Rodríguez Rivera, Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza, Marcos
Francisco Salazar Umaña, Sandra Marlene Salgado García, Rodrigo Samayoa Rivas,
Manuel Rigoberto Soto Lazo, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Jaime Gilberto Valdez
Hernández, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, Ramón Arístides Valencia Arana,
Mario Eduardo Valiente Ortiz,Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Guadalupe Antonio
Vásquez Martínez,María Margarita Velado Puentes y Ana Daysi Villalobos de Cruz.
DECRETA:
Art. 1.- Declárase al Doctor Carlos Eduardo Morales, “Hijo Meritísimo de El
Salvador”, por su capacidad, brillante y amplia trayectoria en el campo de la medicina,
en la especialidad de Cardiología, logrando poner en alto el nombre de El Salvador.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 229, Tomo Nº 389, Fecha: 7 de diciembre de 2010.
Indice Legislativo 717
Parte VIII

Parte VIII
DECRETO Nº 539
718
Asamblea Legislativa
DISTINCIONES HONORIFICAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22º de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo de Estado conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a
la Patria.
II.- Que el Artículo 6, literal c) de la Ley de Distinciones Honoríficas,
Gratificaciones y Títulos, establece que la distinción honorífica de Notable,
podrá otorgarse a personas salvadoreñas o extranjeras residentes,
cuando los servicios o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén
relacionados con la difusión y el aprovechamiento de la ciencia, el arte,
la cultura, la educación y el deporte o cualquiera otra forma de servicio
altruista o colectivo; de un modo tal que represente un innegable beneficio
para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III.- Que el Ingeniero Francisco Miranda Romero, padre del karate do en El
Salvador, cuenta con una trayectoria íntegra de estudioso académico y
abnegado deportista, que ha enaltecido con su historial y reconocimientos,
el nombre de nuestro querido El Salvador a nivel mundial; y que aunado a
su empeño y esmero, se ha constituido como el forjador de generaciones
de jóvenes karatecas.
IV.- Que en virtud de los méritos antes expuestos es procedente declarar al
Maestro Francisco Miranda Romero, “Notable Deportista de El Salvador”,
en reconocimiento a su destacada e íntegra trayectoria en la disciplina del
karate do, a nivel nacional e internacional.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: César
Humberto García Aguilera, Eric Ernesto Campos, José Rinaldo Garzona Villeda, Eduardo
Antonio Gomar Morán, José Nelson Guardado Menjívar, Carlos Walter Guzmán Coto,
Erick Mira Bonilla y Rafael Eduardo Paz Velis.
DECRETA:
Art. 1. Declárase al Maestro Francisco Miranda Romero, “Notable Deportista de El
Salvador”, en reconocimiento a su destacada e íntegra trayectoria en la disciplina del
karate do, a nivel nacional e internacional.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los nueve
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 241, Tomo Nº 389, Fecha: 23 de diciembre de 2010.
Indice Legislativo 719
Parte VIII

Parte VIII
DECRETO Nº 566
720
Asamblea Legislativa
DISTINCIONES HONORIFICAS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22º de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo del Estado conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a
la Patria.
II.- Que de conformidad con el Artículo 6, literal b) de la Ley de Distinciones
Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, se establece que la nominación de
“Noble Amigo o Amiga de El Salvador” constituye una altísima distinción
que podrá otorgarse cuando, tratándose de personas extranjeras, los
hechos que se pretendan galardonar constituyan un beneficio para el
Estado de El Salvador o para la población salvadoreña.
III.- Que el Señor Juan José Sabines Guerrero, actual Gobernador del Estado de
Chiapas, México, ha realizado diversas acciones que muestran su deseo
y voluntad de respetar los Derechos Humanos de las personas migrantes
en el Estado de Chiapas, en donde destacan varias iniciativas y políticas
de protección que han beneficiado a cientos de salvadoreños que transitan
por esa zona en aras de encontrar un futuro mejor, entre las que se pueden
mencionar: la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de
los Delitos contra los Migrantes; la promulgación de la Ley contra la Trata
de Personas y la Reforma al Artículo 56 del Código Civil Chiapaneco, que
permite a todos los menores de edad que nacieron en territorio Mexicano,
ser inscritos sin importar si los padres residen de manera legal o irregular.
IV.- Que las iniciativas antes mencionadas han favorecido a nuestros
compatriotas migrantes salvadoreños y centroamericanos, que transitan
por territorio Mexicano, específicamente por la zona de Chiapas, las cuales
constituyen en su conjunto, una política pública que denominada, “Política
de Atención a Migrantes para el Desarrollo”, favorece los derechos de los
migrantes y sus familias; y que a su vez, forma parte de un mecanismo
interinstitucional con la participación de funcionarios de los tres niveles
del Gobierno de México y representantes consulares de las Repúblicas de
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Ecuador.
V.- Que la referida Política de Atención a Migrantes para el Desarrollo en
Chiapas, de la cual el Gobernador Juan José Sabines Guerrero, es precursor,
brinda especial énfasis al proceso de dignificación y humanización de
la población migrante, a través de su reconocimiento como gente de
progreso y desarrollo de las ciudades y campos de ese Estado; radicando
su importancia, en que su visión incorporada como eje transversal se

Anuario Legislativo 2010 - 2011
encuentra incluida en acciones de: a) Protección a los migrantes; b)
Migración y Trabajo; c) Migración y Educación; y, d) Migración y Salud.
VI.- Que el gobernador Sabines, ha mantenido desde hace varios años
una estrecha relación con este Organo fundamental de Estado lo que
ha contribuido para el impulso de acciones de cabildeo político dentro
del Estado de Chiapas, con diferentes organizaciones que velan por los
derechos humanos y en el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos a
favor de nuestros compatriotas migrantes.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: César
Humberto García Aguilera, Margarita Escobar, José Rinaldo Garzona Villeda, Juan
Carlos Mendoza Portillo, José Serafín Orantes Rodríguez y Karina Ivette Sosa de Lara
y con el apoyo a la misma de los Diputados: Othon Sigfrido Reyes Morales, José
Francisco Merino López, Alberto Armando Romero Rodríguez, Francisco Roberto
Lorenzana Durán, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Roberto José d’Aubuisson
Munguía, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Mario Alberto Tenorio Guerrero, Félix Ágreda
Chachagua, Miguel Elías Ahues Karra, José Antonio Almendáriz Rivas, Eduardo Enrique
Barrientos Zepeda, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Carmen Elena Calderón Sol de
Escalón, José Vidal Carrillo, Darío Alejandro Chicas Argueta, Norma Cristina Cornejo
Amaya, José Álvaro Cornejo Mena, Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí Coto
Estrada, Santos Eduviges Crespo Chávez, Raúl Omar Cuéllar, Lucía del Carmen Ayala
de León, Nery Arely Díaz de Rivera, Antonio Echeverría Veliz, Omar Arturo Escobar
Oviedo, Emma Julia Fabián Hernández, Carmen Elena Figueroa Rodríguez, Santiago
Flores Alfaro, Eduardo Antonio Gomar Morán, Ricardo Bladimir González, José Nelson
Guardado Menjívar, Iris Marisol Guerra Henríquez, Carlos Walter Guzmán Coto, Rafael
Antonio Jarquín Larios, Gladis Marina Landaverde Paredes, Benito Antonio Lara
Fernández, Hortensia Margarita López Quintana, Mario Marroquín Mejía, Guillermo
Francisco Mata Bennett, Misael Mejía Mejía, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Erick
Mira Bonilla, Rafael Ricardo Morán Tobar, Oscar Ernesto Novoa Ayala, Guillermo
Antonio Olivo Méndez, Orestes Fredesman Ortez Andrade, Rafael Eduardo Paz Velis,
Mariela Peña Pinto, Mario Antonio Ponce López, Gaspar Armando Portillo Benítez,
Carlos Armando Reyes Ramos, Inmar Rolando Reyes, Dolores Alberto Rivas Echeverría,
Jackeline Noemí Rivera Ávalos, Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, Manuel Rodríguez,
Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza, Mauricio Ernesto Rodríguez, Rodrigo Samayoa
Rivas, Misael Serrano Chávez, Manuel Rigoberto Soto Lazo, Enrique Alberto Luis Valdés
Soto, Jaime Gilberto Valdez Hernández, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, Ramón
Arístides Valencia Arana,Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Guadalupe Antonio Vásquez
Martínez, María Margarita Velado Puentes, Ana Daysi Villalobos de Cruz, Francisco
José Zablah Safie y Carlos Mario Zambrano Campos,
Indice Legislativo 721
Parte VIII

Parte VIII
722
Asamblea Legislativa
DISTINCIONES HONORIFICAS
DECRETA:
Art.1.- Declárase al señor Juan José Sabines Guerrero, “Noble Amigo de El
Salvador”, en reconocimiento a su loable labor para proteger, tutelar y restituir los
Derechos Humanos de nuestra comunidad salvadoreña migrante que transita o reside
en Chiapas, México.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 8, Tomo Nº 390, Fecha: 12 de enero de 2011.

DECRETO Nº 567
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22º de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo de Estado conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a
la Patria.
II.- Que el Artículo 6, literal c) de la Ley de Distinciones Honoríficas,
Gratificaciones y Títulos, establece que la distinción honorífica de Notable,
podrá otorgarse a personas salvadoreñas o extranjeras residentes,
cuando los servicios o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén
relacionados con la difusión y el aprovechamiento de la ciencia, el arte,
la cultura, la educación y el deporte o cualquiera otra forma de servicio
altruista o colectivo; de un modo tal, que represente un innegable beneficio
para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III.- Que el Doctor José Nicolás Astacio Soria, nacido el 22 de octubre de 1928,
en el Departamento de Sonsonate, y graduado como Doctor en Medicina
de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, en 1955, es
un eminente médico y patólogo, que se ha dedicado por más de cincuenta
años a la formación de profesionales de la salud y a la investigación en la
rama de la Patología.
IV.- Que el Doctor Astacio Soria, autor de varias publicaciones científicas,
que han sido reconocidas por entidades nacionales e internacionales, con
reconocimientos, debido a su alto valor, fue nombrado, entre otros, Médico
del Año 2000, Profesor Emérito del Instituto Salvadoreño del Seguro Social;
y que actualmente, se desempeña como Decano de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad “Dr. José Matías Delgado” y como Presidente
del Comité Directivo de la Fundación “Benjamín Bloom.”
V.- Que en virtud de los méritos antes expuestos es procedente declarar al
Doctor José Nicolás Astacio Soria “Notable Médico de El Salvador”, en
reconocimiento a los servicios relevantes prestados a la Patria en el área
de la Medicina.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Federico
Guillermo Ávila Qüehl, Ernesto Antonio Angulo Milla, Manuel Vicente Menjívar Esquivel,
Mario Antonio Ponce López, Rafael Eduardo Paz Velis, Patricia María Salazar Mejía,
Mario Eduardo Valiente Ortiz y Donato Eugenio Vaquerano Rivas; y con el apoyo a
la misma de los Diputados: Alberto Armando Romero Rodríguez, Roberto José
Indice Legislativo 723
Parte VIII

Parte VIII
724
Asamblea Legislativa
DISTINCIONES HONORIFICAS
d’Aubuisson Munguía, Félix Ágreda Chachagua, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda,
Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, Lucía del Carmen Ayala de León, Margarita
Escobar, Carmen Elena Figueroa Rodríguez, Eduardo Antonio Gomar Morán, Misael
Mejía Mejía, Rafael Ricardo Morán Tobar, Mariela Peña Pinto, Carlos Armando Reyes
Ramos, Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, Misael Serrano Chávez, Manuel Rigoberto
Soto Lazo, Enrique Alberto Luis Valdés Soto y Patricia Elena Valdivieso de Gallardo.
DECRETA:
Art. 1.- Declárase al Doctor José Nicolás Astacio Soria, “Notable Médico de El
Salvador”, en reconocimiento a los servicios relevantes prestados a la Patria en el área
de la Medicina.
Art. 2.-El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 8, Tomo Nº 390, Fecha: 12 de enero de 2011.

DECRETO Nº 576
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22º de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo del Estado conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a
la Patria.
II.- Que el Artículo 6, literal c) de la Ley de Distinciones Honoríficas,
Gratificaciones y Títulos, establece que la distinción honorífica de Notable,
podrá otorgarse a personas salvadoreñas o extranjeras residentes,
cuando los servicios o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén
relacionados con la difusión y el aprovechamiento de la ciencia, el arte,
la cultura, la educación y el deporte o cualquiera otra forma de servicio
altruista o colectivo; de un modo tal que represente un innegable beneficio
para el Estado salvadoreño o sus habitantes.
III.- Que el artista Miguel Ángel Ramírez, nacido en San Salvador el 9 de febrero
de 1960, es un pintor cuya formación la obtuvo en el Centro Nacional de
Artes de San Salvador y en los Talleres de Artes Plásticas de la Universidad
de El Salvador; y quien siendo fundador de la Casa Taller Encuentros
Panchimalco, El Salvador, que es un centro dedicado a la formación de
niñas, niños y adolescentes, pintores y escultores de los 7 a los 18 años,
tiene como objeto transmitir sus conocimientos artísticos.
IV.- Que don Miguel Ángel Ramírez, a lo largo de su vida artística ha participado
en numerosas exposiciones nacionales e internacionales, lo que lo ha
hecho acreedor de diversos reconocimientos, ya que sus obras son el
reflejo del sentimiento que como artista plasma en cada una de ellas.
V.- Que, en virtud de los méritos antes señalados, es procedente conceder
la Distinción Honorífica de “Notable Artista de El Salvador”, como
reconocimiento a su aporte artístico y cultural al pueblo salvadoreño, así
como a la formación de nuevas generaciones de artistas.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Yohalmo
Edmundo Cabrera Chacón, Iris Marisol Guerra Henríquez, Hortensia Margarita López
Quintana, Misael Mejía Mejía,Karina Ivette Sosa de Lara, Jaime Gilberto Valdez
Hernández; y con el apoyo a la misma, de los Diputados: Othon Sigfrido Reyes
Morales, Alberto Armando Romero Rodríguez, Francisco Roberto Lorenzana Durán,
Roberto José d’Aubuisson Munguía, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Karla Gisela
Ábrego Cáceres, Ernesto Antonio Angulo Milla, Federico Guillermo Ávila Qüehl, Eduardo
Indice Legislativo 725
Parte VIII

Parte VIII
726
Asamblea Legislativa
DISTINCIONES HONORIFICAS
Enrique Barrientos Zepeda, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, Darío Alejandro
Chicas Argueta, Carlos Cortez Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí
Coto Estrada, Raúl Omar Cuéllar, Lucía del Carmen Ayala de León, Nery Arely Díaz
de Rivera, Antonio Echeverría Veliz, Emma Julia Fabián Hernández, Carmen Elena
Figueroa Rodríguez, Santiago Flores Alfaro, Eduardo Antonio Gomar Morán, Melvin
David González Bonilla,Ricardo Bladimir González, Norma Fidelia Guevara de Ramirios,
Santos Guevara Ramos, Jorge Schafik Handal Vega Silva, Mario Marroquín Mejía, Ana
Guadalupe Martínez Méndez, Guillermo Francisco Mata Bennett, Saúl Anselmo Méndez,
Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Guillermo Antonio Olivo Méndez, Orestes Fredesmán
Ortez Andrade, Mariella Peña Pinto, Gaspar Armando Portillo Benítez, Zoila Beatriz
Quijada Solís, Carlos Armando Reyes Ramos, César René Florentín Reyes Dheming,
Inmar Rolando Reyes, Gilberto Rivera Mejía, David Rodríguez Rivera, Sonia Margarita
Rodríguez Sigüenza, Ana Silvia Romero Vargas, Manuel Rigoberto Soto Lazo, Enrique
Alberto Luis Valdés Soto, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, Ramón Arístides
Valencia Arana, Mario Eduardo Valiente Ortiz, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María
Margarita Velado Puentes y Ana Daysi Villalobos de Cruz.
DECRETA:
Art. 1.- Declárase a don Miguel Ángel Ramírez, “NOTABLE ARTISTA DE EL
SALVADOR”, como reconocimiento a su aporte artístico y cultural al pueblo salvadoreño,
así como a la formación de nuevas generaciones de artistas.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los seis
días del mes de enero del año dos mil once.
D. O. Nº 15, Tomo Nº 390, Fecha: 21 de enero de 2011.

DECRETO Nº 601
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22º de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo de Estado conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a
la Patria.
II.- Que el Artículo 6, literal b) de la Ley de Distinciones Honoríficas,
Gratificaciones y Títulos, establece que la distinción honorífica de “Noble
Amigo o Amiga de El Salvador”, constituye una altísima distinción que
podrá otorgarse cuando, tratándose de personas extranjeras, los hechos
que se pretendan galardonar constituyan un beneficio para el Estado de El
Salvador o para la población salvadoreña.
III.- Que Monseñor Richard Charles Antall, de nacionalidad estadounidense y
actual Vicario de Promoción Humana de la Arquidiócesis de San Salvador,
llegó a nuestro país como voluntario misionero; y a lo largo de los años, ha
fungido como Sacerdote responsable de varias Parroquias en La Libertad,
San Miguel y San Salvador, dedicando gran parte de su vida a realizar
obras a favor de las personas más desfavorecidas de nuestro país.
IV.- Que dentro de los cargos que ha ostentado se encuentran: Secretario
Ejecutivo de la Comisión Episcopal para Atención Pastoral a los Emigrantes
en el Extranjero, Director Ejecutivo del Secretariado Social Caritas
Arquidiocesana y Docente en la Escuela Parroquial Inmaculada Concepción;
asimismo, ha compartido su fe a través de tres Libros: El Camino de la
Compasión, Testigos del Calvario y Jesús tiene una pregunta para ti, que
está basado en las preguntas que hace Jesús en los evangelios.
V.- Que en virtud de los méritos antes expuestos es procedente declarar a
Monseñor Richard Charles Antall, “Noble Amigo de El Salvador”, por sus
servicios relevantes prestados a la patria.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Roberto
José d’Aubuisson Munguía, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, David Ernesto Reyes
Molina; y con adhesión a la misma de los Diputados: Othon Sigfrido Reyes Morales,
José Francisco Merino López, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Lorena Guadalupe
Peña Mendoza, César Humberto García Aguilera, Irma Lourdes Palacios Vásquez,
Mario Alberto Tenorio Guerrero, Karla Gisela Ábrego Cáceres, Héctor Antonio Acevedo
Moreno, Miguel Elías Ahues Karra, Fernando Alberto José Ávila Quetglas, Federico
Guillermo Ávila Qüehl, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda, Carmen Elena Calderón
Indice Legislativo 727
Parte VIII

Parte VIII
728
Asamblea Legislativa
DISTINCIONES HONORIFICAS
Sol de Escalón, Erick Ernesto Campos, José Vidal Carrillo Delgado, Darío Alejandro
Chicas Argueta, Norma Cristina Cornejo Amaya, José Álvaro Cornejo Mena, Carlos
Cortez Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí Coto Estrada, Santos
Eduviges Crespo Chávez, Raúl Omar Cuéllar, Lucía del Carmen Ayala de León, Nery
Arely Díaz de Rivera, Antonio Echeverría Veliz, Margarita Escobar, Omar Arturo Escobar
Oviedo, Julio César Fabián Pérez, Emma Julia Fabián Hernández, Santiago Flores
Alfaro, José Rinaldo Garzona Villeda, Melvin David González Bonilla, Ricardo Bladimir
González, José Nelson Guardado Menjívar, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Santos
Guevara Ramos, Jorge Schafik Handal Vega Silva, Rafael Antonio Jarquín Larios,
Hortensia Margarita López Quintana, Osmín López Escalante, Reynaldo Antonio López
Cardoza, Mildred Guadalupe Machado Argueta, Mario Marroquín Mejía, Ana Guadalupe
Martínez Méndez, Guillermo Francisco Mata Bennett, Juan Carlos Mendoza Portillo,
Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Erick Mira Bonilla,Heidy Carolina Mira Saravia,
Rafael Ricardo Morán Tobar, Guillermo Antonio Olivo Méndez, Rubén Orellana, Orestes
Fredesmán Ortez Andrade, Rafael Eduardo Paz Velis, Mariela Peña Pinto, Mario Antonio
Ponce López, Gaspar Armando Portillo Benítez, Zoila Beatriz Quijada Solís, Carlo René
Retana Martínez, César René Florentín Reyes Dheming, Inmar Rolando Reyes, Santos
Adelmo Rivas Rivas, Gilberto Rivera Mejía, Pedrina Rivera Hernández, David Rodríguez
Rivera, Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza,Mauricio Ernesto Rodríguez, Marcos
Francisco Salazar Umaña, César Humberto Solórzano Dueñas, Enrique Alberto Luis
Valdés Soto, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, Ramón Arístides Valencia Arana,
Mario Eduardo Valiente Ortiz, Esdras Samuel Vargas Pérez, Guadalupe Antonio Vásquez
Martínez, María Margarita Velado Puentes, Ana Daysi Villalobos de Cruz, Francisco
José Zablah Safie y Ciro Alexis Zepeda Menjívar.
DECRETA:
Art. 1-Declárase a Monseñor Richard Charles Antall, “Noble Amigo de El Salvador”,
por sus servicios relevantes prestados a la patria.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte
días del mes de enero del año dos mil once.
D. O. Nº 24, Tomo Nº 390, Fecha: 3 de febrero de 2011.

DECRETO Nº 626
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22º de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo de Estado conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a
la Patria.
II.- Que de conformidad con el Artículo 6, literal b) de la Ley de Distinciones
Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, se establece que la nominación de
“Noble Amigo o Amiga de El Salvador” constituye una altísima distinción
que podrá otorgarse cuando, tratándose de personas extranjeras, los
hechos que se pretendan galardonar constituyan un beneficio para el
Estado de El Salvador o para la población salvadoreña.
III.- Que la Doctora Trinidad Jiménez García-Herrera, Ministra de Asuntos
Exteriores y de Cooperación del Reino de España, nació en Málaga, el 4
de junio de 1962, es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma
de Madrid, donde en 1983 fue fundadora de la Asociación Estudiantes
Socialistas, ingresando en 1984 en el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE); presidiendo desde entonces hasta 1986, el Comité de Relaciones
Internacionales del Consejo de la Juventud de España.
IV.- Que la Ministra Jiménez García-Herrera ha sido la responsable de
las relaciones políticas con América en la Secretaría de Relaciones
Internacionales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y Asesora
en la Comisión Progreso Global de la Internacional Socialista, elegida en
el año 2000 como Secretaria de Política Internacional de la Comisión
Ejecutiva Federal de dicho partido, logrando su reelección en el cargo en
el año 2004.
V.- Que la Doctora Jiménez García-Herrera, ha tenido una destacada trayectoria
dentro de la cooperación que ha brindado el gobierno del Reino de España
a la población salvadoreña para su desarrollo humano.
VI.- Que en el año 2009, fue nombrada Ministra de Sanidad y Política Social,
fungiendo desde el 21 de octubre del año 2010, como Ministra de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, por lo que es procedente conferir a la Doctora
Trinidad Jiménez García-Herrera, el máximo galardón que este Organo
Fundamental de Estado confiere a extranjeros, declarándola “NOBLE AMIGA
DE EL SALVADOR.”
Indice Legislativo 729
Parte VIII

Parte VIII
POR TANTO,
730
Asamblea Legislativa
DISTINCIONES HONORIFICAS
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Othon Sigfrido
Reyes Morales,
DECRETA:
Art. 1.- Declárase a la Doctora Trinidad Jiménez García-Herrera, Ministra de
Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España “NOBLE AMIGA DE EL
SALVADOR.”
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil once.
D. O. Nº 40, Tomo Nº 390, Fecha: 25 de febrero de 2011.

DECRETO Nº 634
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad con el Artículo 131, ordinal 22º de la Constitución de
la República, es facultad de este Organo de Estado conceder a personas o
poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a
la Patria.
II.- Que de conformidad con el Artículo 6, literal b) de la Ley de Distinciones
Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, se establece que la nominación de
“Noble Amigo o Amiga de El Salvador” constituye una altísima distinción
que podrá otorgarse cuando, tratándose de personas extranjeras, los
hechos que se pretendan galardonar constituyan un beneficio para el
Estado de El Salvador o para la población salvadoreña.
III.- Que Don Liao Shih-Chieh, conocido como Carlos S.C. Liao, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República de China Taiwán, se ha
desempeñado en dicho cargo desde el 28 de agosto de 2006, gestión
durante la cual este loable diplomático ha contribuido con la cooperación
que la República de China (Taiwán) ha brindado a El Salvador, a través de
diferentes proyectos como donaciones y cooperación técnica, académica
y a nivel regional.
IV.- Que el Embajador Liao, se ha destacado dentro de los cargos desempeñados
y particularmente durante la gestión realizada en El Salvador, por el
aporte y apoyo brindado a los más necesitados en nuestro país, no solo
mediante la donación de ropa, juguetes, alimentos, computadoras nuevas
y muebles a la población más vulnerable, sino que además a través de
su participación como precursor en la implementación de proyectos
académicos y técnicos, en favor de más de 600 salvadoreños que han
podido formar parte de programas de capacitación y han obtenido títulos
universitarios y de postgrados.
V.- Que en virtud de los méritos anteriores, es procedente conferir a Don Liao
Shih-Chieh, conocido como Carlos S.C. Liao, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República de China Taiwán, el máximo galardón
que este Organo Fundamental de Estado confiere a personas extranjeras,
declarándolo “NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR”, por haber contribuido
durante su gestión al progreso, desarrollo y prosperidad de los habitantes
de diferentes sectores de nuestro país.
Indice Legislativo 731
Parte VIII

Parte VIII
POR TANTO,
732
Asamblea Legislativa
DISTINCIONES HONORIFICAS
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las y los Diputados:
Othon Sigfrido Reyes Morales, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Alberto Armando
Romero Rodríguez, Roberto José d’Aubuisson Munguía, Luis Roberto Angulo Samayoa,
Federico Guillermo Ávila Qüehl, Santos Guevara Ramos, Mariela Peña Pinto, Jackeline
Noemi Rivera Avalos, Misael Serrano Chávez y Ciro Alexis Zepeda Menjivar; y con
adhesión a la misma de las y los Diputados: José Francisco Merino López, Elizardo
González Lovo, Mario Alberto Tenorio Guerrero, Miguel Elías Ahues Karra, José Antonio
Almendáriz Rivas, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda, Erick Ernesto Campos, Santos
Eduviges Crespo Chávez, Ana Vilma Castro de Cabrera, Carmen Elena Calderón Sol de
Escalón, Margarita Escobar, Carmen Elena Figueroa Rodríguez, José Rinaldo Garzona
Villeda, Eduardo Antonio Gomar Morán, José Nelson Guardado Menjívar, Reynaldo
Antonio López Cardoza, Alejandro Dagoberto Marroquín Cabrera, Mario Marroquín
Mejía, Douglas Leonardo Mejía Avilés, Juan Carlos Mendoza Portillo, Manuel Vicente
Menjivar Esquivel, Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Rafael Eduardo Paz
Velis, Mario Antonio Ponce López, Carlo René Retana Martínez, Carlos Armando Reyes
Ramos, David Ernesto Reyes Molina, César René Florentín Reyes Dheming, Dolores
Alberto Rivas Echeverría, Mauricio Ernesto Rodríguez, Marcos Francisco Salazar
Umaña, Patricia María Salazar Mejía, Rodrigo Samayoa Rivas, Manuel Rigoberto Soto
Lazo, Mario Eduardo Valiente Ortiz, Esdras Samuel Vargas Pérez, Guadalupe Antonio
Vásquez Martínez y Francisco José Zablah Safie.
DECRETA:
Art. 1.- Declárase a Don Carlos Shih-Chieh Liao, conocido como Carlos S.C.
Liao,Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de China Taiwán,
“NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR”, por haber contribuido durante su gestión al progreso,
desarrollo y prosperidad de los habitantes de diferentes sectores de nuestro país.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez
días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 60, Tomo Nº 390, Fecha: 25 de marzo de 2011.

DECRETO Nº 341
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 28 de abril de 2010, el Pleno Legislativo conoció la moción del
Diputado David Reyes, en nombre de los señores: Romeo Melara Granillo
y Juan Ricardo Gómez Hecht, en el sentido se les conceda permiso para
que puedan aceptar la Condecoración de Medalla Alferes Joaquim José da
Silva Xavier TIRADENTES, que le ha conferido la Policía Militar del Distrito
Federal de Brasilia.
II.- Que de conformidad a lo establecido en el Ordinal 23º del Art. 131 de la
Constitución, es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de su facultad constitucional establecida en el Art. 131, Ordinal 23º y a
iniciativa del Diputado David Reyes,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso a los ciudadanos salvadoreños, Romeo Melara
Granillo y Juan Ricardo Gómez Hecht, en el sentido se les conceda permiso para que
puedan aceptar la Condecoración de Medalla Alferes Joaquim José da Silva Xavier
TIRADENTES, que le ha conferido la Policía Militar del Distrito Federal de Brasilia.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete
días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 100, Tomo Nº 387, Fecha: 31 de mayo de 2010.
Indice Legislativo 735
Parte IX

Parte IX
DECRETO Nº 364
736
Asamblea Legislativa
CONDECORACIONES
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 20 de mayo de 2010, el Pleno Legislativo conoció la moción
de varios Diputados, en nombre del Subdirector General de Protocolo y
Órdenes, en el sentido se conceda permiso al Embajador de El Salvador
en Japón, Don Ricardo Antonio Paredes Osorio, para que pueda aceptar la
Condecoración del “Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente”, que le ha
conferido el Gobierno de Japón.
II.- Que de conformidad a lo establecido en el Ordinal 23º del Art. 131 de la
Constitución, es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de su facultad constitucional establecida en el Art. 131, Ordinal 23º y a
iniciativa de los Diputados José Francisco Merino López y Roberto José d’Aubuisson
Munguía,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano salvadoreño Don Ricardo Antonio
Paredes Osorio, para que pueda aceptar la Condecoración del “Gran Cordón de la
Orden del Sol Naciente”, que le ha conferido el Gobierno de Japón.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintisiete días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 114, Tomo Nº 387, Fecha: 18 de junio de 2010.

DECRETO Nº 374
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 27 de mayo de 2010, el Pleno Legislativo conoció la moción de la
Diputada Margarita Escobar, en el sentido se conceda permiso a la Licenciada
Sylvia Rosa Hidalgo Alvayero, para que pueda recibir la Condecoración
“Medalla Alferes Joaquim José da Silva Xavier, TIRADENTES”, que le ha
sido conferida por la Policía Militar del Distrito Federal de Brasilia.
II.- Que de conformidad a lo establecido en el Ordinal 23º del Art. 131 de la
Constitución, es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de su facultad constitucional establecida en el Art. 131, Ordinal 23º y a
iniciativa de la Diputada Margarita Escobar,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso a la ciudadana salvadoreña Sylvia Rosa Hidalgo
Alvayero, para que pueda recibir la Condecoración “Medalla Alferes Joaquim José da
Silva Xavier, TIRADENTES”, que le ha sido conferida por la Policía Militar del Distrito
Federal de Brasilia.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres
días del mes de junio del año dos mil diez.
D. O. Nº 122, Tomo Nº 387, Fecha: 30 de junio de 2010.
Indice Legislativo 737
Parte IX

Parte IX
DECRETO Nº 401
738
Asamblea Legislativa
CONDECORACIONES
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 17 de junio de 2010, el Pleno Legislativo conoció la moción de varios
Diputados, en nombre del Director General de Ceremonial Diplomático, en
el sentido se conceda permiso al Señor Guillermo Rubio Funes, Embajador
de El Salvador en Argentina, para que pueda aceptar la Condecoración
General San Martín en el Grado de Gran Cruz, que el Gobierno de la
República Argentina le ha conferido.
II.- Que de conformidad a lo establecido en el Ordinal 23º del Art. 131 de la
Constitución, es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de su facultad constitucional establecida en el Art. 131, Ordinal 23º y a
iniciativa de los Diputados Othon Sigfrido Reyes Morales, Francisco Roberto Lorenzana
Durán, Lorena Guadalupe Peña Mendoza y Roberto José d’Aubuisson Munguía,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano salvadoreño Don Guillermo Rubio Funes,
Embajador de El Salvador en Argentina, para que pueda aceptar la Condecoración
General San Martín en el Grado de Gran Cruz, que el Gobierno de la República Argentina
le ha conferido.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a un día del
mes de julio del año dos mil diez.
D. O. Nº 141, Tomo Nº 388, Fecha: 27 de julio de 2010.

DECRETO Nº 417
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 8 de julio de 2010, el Pleno Legislativo conoció moción de varios
Diputados, en nombre del Subdirector General de Protocolo y Órdenes, en
el sentido se conceda permiso al Teniente Coronel del Ejército de Tierra
Salvadoreño, José Víctor Gómez González, para que pueda aceptar la
Condecoración de la Cruz del Mérito Militar, con Distintivo Blanco, que le
ha conferido el Ilustre Reino de España.
II.- Que de conformidad a lo establecido en el Ordinal 23º del Art. 131 de la
Constitución, es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de su facultad constitucional establecida en el Art. 131, Ordinal 23º y a
iniciativa de los Diputados José Francisco Merino López y Lorena Guadalupe Peña
Mendoza,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano salvadoreño Don José Víctor Gómez
González, para que pueda aceptar la Condecoración de la Cruz del Mérito Militar, con
Distintivo Blanco, que le ha conferido el Ilustre Reino de España.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los quince
días del mes de julio del año dos mil diez.
D. O. Nº 148, Tomo Nº 388, Fecha: 12 de agosto de 2010.
Indice Legislativo 739
Parte IX

Parte IX
DECRETO Nº 447
740
Asamblea Legislativa
CONDECORACIONES
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 19 de agosto de 2010, el Pleno Legislativo conoció la moción
de varios Diputados, en nombre del Director General de Ceremonial
Diplomático, de la Dirección General de Protocolo y Órdenes, en el sentido
se conceda permiso al Presidente de la República para que pueda aceptar
la Orden y Condecoración “Parlamento Centroamericano, Francisco
Morazán”, en el Grado de Gran Cruz, que le ha conferido el Parlamento
Centroamericano.
II.- Que de conformidad a lo establecido en el Ordinal 23º del Art. 131 de la
Constitución, es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de su facultad constitucional establecida en el Art. 131, Ordinal 23º y a
iniciativa de las Diputadas: Lorena Guadalupe Peña Mendoza e Irma Lourdes Palacios
Vásquez,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano Presidente de la República, Don
Carlos Mauricio Funes Cartagena, para que pueda aceptar la Orden y Condecoración
“Parlamento Centroamericano, Francisco Morazán” en el Grado de Gran Cruz, que le ha
conferido el Parlamento Centroamericano.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecinueve días del mes de agosto del año dos mil diez.
D. O. Nº 179, Tomo Nº 388, Fecha: 27 de septiembre de 2010.

DECRETO Nº 471
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 9 de septiembre de 2010, el Pleno Legislativo conoció la moción de
los Diputados: Lorena Guadalupe Peña Mendoza, César Humberto García
Aguilera y Elizardo González Lovo, en nombre del Director de Inmunidades y
Privilegios, Encargado a.i, de la Dirección General de Protocolo y Órdenes,
en el sentido se conceda permiso al Alto Mando de la Fuerza Armada de
El Salvador: Ministro y Viceministro de la Defensa Nacional, Jefe y Subjefe
del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, para que puedan aceptar
la Condecoración Medalla del Pacificador, que el Gobierno de la República
Federativa del Brasil, les ha conferido.
II.- Que de conformidad a lo establecido en el Ordinal 23º del Art. 131 de la
Constitución, es procedente concederles el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de su facultad constitucional establecida en el Art. 131, Ordinal 23º y a
iniciativa de los Diputados Lorena Guadalupe Peña Mendoza, César Humberto García
Aguilera y Elizardo González Lovo,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso a los ciudadanos salvadoreños integrantes del Alto
Mando de la Fuerza Armada de El Salvador: Ministro de la Defensa Nacional, General
de División, David Victoriano Munguía Payés; Viceministro de la Defensa Nacional,
General de División, José Atilio Benítez Parada; Jefe del Estado Mayor Conjunto de
la Fuerza Armada, General de Brigada, Francisco Ramón Salinas Rivera y Sub Jefe
del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, General de Brigada Aérea, Jaime
Leonardo Parada González; para que puedan aceptar la condecoración “Medalla del
Pacificador”, que les ha otorgado el Ilustrado Gobierno de la República Federativa del
Brasil.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós
días del mes de septiembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 200, Tomo Nº 389, Fecha: 25 de octubre de 2010.
Indice Legislativo 741
Parte IX

Parte IX
DECRETO Nº 487
742
Asamblea Legislativa
CONDECORACIONES
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 7 de octubre de 2010, el Pleno Legislativo conoció la moción de
varios Diputados, en el sentido se conceda permiso al Señor Roberto José
Kriete Ávila, para que pueda aceptar la condecoración del Sistema de la
Integración Centroamericana en el Grado de Gran Cruz, que la Secretaría
del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA), le ha conferido.
II.- Que de conformidad a lo establecido en el Ordinal 23º del Art. 131 de la
Constitución, es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de su facultad constitucional establecida en el Art. 131, Ordinal 23º y a
iniciativa de los Diputados: Carmen Elena Calderón de Escalón, Guillermo Ávila Qüehl,
Alejandro Dagoberto Marroquín, Rodolfo Antonio Parker Soto y Mariela Peña Pinto.
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano salvadoreño Roberto José Kriete
Ávila, para que pueda aceptar la Condecoración del Sistema de la Integración
Centroamericana, en el Grado de Gran Cruz, que la Secretaría General del Sistema de
Integración Centroamericana, le ha conferido.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete
días del mes de octubre del año dos mil diez.
D. O. Nº 201, Tomo Nº 389, Fecha: 26 de octubre de 2010.

DECRETO Nº 593
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Honorable Congreso de la República de Honduras ha comunicado a
esta Asamblea, que ha decidido otorgarle una condecoración al Presidente
de este Organo del Estado, Diputado Ciro Cruz Zepeda Peña, denominada:
“Gran Cruz Extraordinaria, Placa de Oro”, en atención a relevantes virtudes
personales y a la dedicada trayectoria en pro de la democracia y el
fortalecimiento de las relaciones legislativas, entre ambas naciones.
II.- Que el Señor Presidente de esta Asamblea Legislativa, ha solicitado a este
Pleno el permiso correspondiente, para poder recibir tal condecoración,
de conformidad a lo establecido en el Ordinal 23º de la Constitución.
III.- Que en razón de lo anterior, es procedente otorgar el referido permiso, ya
que esta condecoración enaltece al Presidente Ciro Cruz Zepeda Peña y a
la Asamblea Legislativa de El Salvador.
POR TANTO,
en uso de su facultad constitucional establecida en el Art. 131, Ordinal 23º y a
iniciativa del Diputado Ciro Cruz Zepeda Peña.
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano salvadoreño y Presidente de la Asamblea
Legislativa, Licenciado Ciro Cruz Zepeda Peña, para recibir la condecoración “Gran
Cruz Extraordinaria, Placa de Oro”, que le ha otorgado el Honorable Congreso de la
República de Honduras.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce
días del mes de enero del año dos mil once.
D. O. Nº 10, Tomo Nº 390, Fecha: 14 de enero de 2011.
Indice Legislativo 743
Parte IX

Parte IX
DECRETO Nº 621
744
Asamblea Legislativa
CONDECORACIONES
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 10 de febrero de 2011, el Pleno Legislativo conoció la moción de
Diputados de ARENA, en nombre del Dr. Enrique Borgo Bustamante, ex
embajador de El Salvador en España, en el sentido se le conceda permiso
para que pueda aceptar la Condecoración: “Gran Cruz de la Orden de
Isabel la Católica”, que Su Majestad, el Rey de España y el Gobierno
Español le han conferido, en reconocimiento de la labor que realizó durante
su gestión como Embajador de la República de El Salvador en España.
II.- Que de conformidad a lo establecido en el Ordinal 23º del Art. 131 de la
Constitución, es procedente conceder el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de su facultad constitucional establecida en el Art. 131, Ordinal 23º y a
iniciativa de los Diputados: Federico Guillermo Ávila Qüehl y Mariela Peña Pinto.
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano salvadoreño, Dr. Enrique Borgo
Bustamante, ex embajador de El Salvador en España, para que pueda aceptar la
Condecoración: “Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica”, que Su Majestad, el Rey
de España y el Gobierno Español le han conferido.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de febrero del año dos mil once.
D. O. Nº 98, Tomo Nº 391, Fecha: 27 de mayo de 2011.

DECRETO Nº 622
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 4 de febrero de 2011, el Pleno Legislativo conoció la moción del
Diputado Jorge Schafik Handal Vega Silva, en nombre del Director General
de Protocolo y Órdenes, en el sentido se conceda permiso al Señor Jaime
Oswaldo Aguilar Miranda, para que pueda aceptar condecoración en
el Grado de Cavaliere de la Estrella de la Solidaridad Italiana, que le ha
conferido el Gobierno de la República Italiana.
II.- Que de conformidad a lo establecido en el Ordinal 23º del Art. 131 de la
Constitución, es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de su facultad constitucional establecida en el Art. 131, Ordinal 23º y a
iniciativa del Diputado Jorge Schafik Handal Vega Silva,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano salvadoreño, Señor Jaime Oswaldo
Aguilar Miranda, para que pueda aceptar condecoración en el Grado de Cavaliere de
la Estrella de la Solidaridad Italiana, que le ha conferido el Gobierno de la República
Italiana.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil once.
D. O. Nº 61, Tomo Nº 390, Fecha: 28 de marzo de 2011.
Indice Legislativo 745
Parte IX

Parte IX
DECRETO Nº 623
746
Asamblea Legislativa
CONDECORACIONES
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 4 de febrero de 2011, el Pleno Legislativo conoció la moción del
Diputado Jorge Schafik Handal Vega Silva, en nombre del Director General
de Protocolo y Órdenes, en el sentido se conceda permiso al Señor Arturo
Claudio Enea Tona Giolitti, para que pueda aceptar condecoración en el
Grado de Commendatore de la Estrella de la Solidaridad Italiana, que le ha
conferido el Gobierno de la República Italiana.
II.- Que de conformidad a lo establecido en el Ordinal 23º del Art. 131 de la
Constitución, es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de su facultad constitucional establecida en el Art. 131, Ordinal 23º y a
iniciativa del Diputado Jorge Schafik Handal Vega Silva,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano salvadoreño, Señor Arturo Claudio Enea
Tona Giolitti, para que pueda aceptar condecoración en el Grado de Commendatore de
la Estrella de la Solidaridad Italiana, que le ha conferido el Gobierno de la República
Italiana.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil once.
D. O. Nº 61, Tomo Nº 390, Fecha: 28 de marzo de 2011.

DECRETO Nº 627
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el 24 de febrero de 2011, el Pleno Legislativo conoció la moción del
Diputado Presidente de esta Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes
Morales, en el sentido se le conceda permiso para recibir la condecoración:
“Orden 4 de Mayo, Día de la Dignidad Nacional”, que le ha conferido la
Asamblea Nacional de Nicaragua.
II.- Que de conformidad a lo establecido en el Ordinal 23º del Art. 131 de la
Constitución, es procedente concederle el permiso solicitado.
POR TANTO,
en uso de su facultad constitucional establecida en el Art. 131, Ordinal 23º y a
iniciativa del Diputado: Othon Sigfrido Reyes Morales,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese permiso al ciudadano salvadoreño y Honorable Presidente
de esta Asamblea Legislativa, Diputado Othon Sigfrido Reyes Morales, para recibir la
condecoración: “Orden 4 de Mayo, Día de la Dignidad Nacional”, que le ha conferido la
Asamblea Nacional de Nicaragua.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres
días del mes de marzo del año dos mil once.
D. O. Nº 70, Tomo Nº 391, Fecha: 8 de abril de 2011.
Indice Legislativo 747
Parte IX

DECRETO Nº 346
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 665, de fecha 7 de marzo de 1996,
publicado en el Diario Oficial Nº 58, Tomo Nº 330, del día 22 de ese
mismo mes y año, se emitió la Ley de la Carrera Docente con la finalidad
de garantizar que la docencia sea ejercida por educadores inscritos en el
Registro Escalafonario del Ministerio de Educación.
II.- Que de conformidad al numeral 4) del Art. 5 de la citada Ley, se establece
como deber del Ministerio de Educación, alcanzar, entre otros objetivos, el
proporcionar y garantizar, en lo posible, plena ocupación a los educadores
formados.
III.- Que en el Art. 18 de esa misma Ley, se encuentra establecido el procedimiento
a seguir para la asignación de las plazas vacantes, nuevas o antiguas de
los docentes al servicio del Estado y que mediante la aplicación de dicho
procedimiento, los docentes graduados por las distintas universidades del
país, tienen escasa oportunidad para obtener una de esas plazas, debido a
la preferencia que de conformidad con la Ley, se les otorga a los docentes
con base al derecho de traslado, a la antigüedad de los mismos en el
servicio y a su reingreso.
IV.- Que año con año se incrementa el número de docentes graduados, lo cual
vuelve cada vez más difícil la posibilidad que éstos puedan obtener una
plaza en el sector público; por lo que es necesario dictar una normativa
de excepción y transitoria, que permita a los docentes, de acuerdo a la
antigüedad de su graduación, acceder a dichas plazas.
V.- Que es importante priorizar criterios de selección para dichas plazas,
tomando en consideración la antigüedad de su año de graduación, la
especialidad y su lugar de residencia con el centro educativo requirente de
la plaza.
VI.- Que con fecha 7 de septiembre de 2006 se emitió el Decreto Legislativo
No. 87, mediante el cual se establece que por el período de un año, se
asignen las plazas vacantes de docentes a aquellos educadores que jamás
han sido nombrados de manera permanente.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Mauricio
Ernesto Rodríguez, y con el apoyo a la misma de los Diputados: Ciro Cruz Zepeda Peña,
José Francisco Merino López, Roberto José d’Aubuisson Munguía, César Humberto
García Aguilera, Félix Ágreda Chachagua, Ernesto Antonio Angulo Milla, Federico
Guillermo Ávila Qüehl, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda, Erick Ernesto Campos,
Indice Legislativo 751
Parte X

Parte X
752
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
Santos Eduviges Crespo Chávez, Ana Vilma Castro de Cabrera, Margarita Escobar,
Omar Arturo Escobar Oviedo, Carmen Elena Figueroa Rodríguez, José Rinaldo Garzona
Villeda, Eduardo Antonio Gomar Morán, José Armando Grande Peña, José Nelson
Guardado Menjívar, Carlos Walter Guzmán Coto, Rafael Antonio Jarquín Larios, Mario
Marroquín Mejía, Alexander Higinio Melchor López,Manuel Vicente Menjívar Esquivel,
Erick Mira Bonilla,Rafael Ricardo Morán Tóbar, Rubén Orellana, Mariela Peña Pinto,
Mario Antonio Ponce López, Carlos Armando Reyes Ramos, César René Florentín
Reyes Dheming, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Abilio Orestes Rodríguez Menjívar,
Manuel Alfonso Rodríguez Saldaña, Rodrigo Samayoa Rivas, Misael Serrano Chávez,
César Humberto Solórzano Dueñas, Manuel Rigoberto Soto Lazo, Mario Alberto Tenorio
Guerrero, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo y Mario Eduardo Valiente Ortiz.
DECRETA:
Art.1.- Las plazas nuevas o vacantes que el Ministerio de Educación publique
por cualquier causa, en el período de un año contado a partir de la vigencia del
presente Decreto, serán asignadas por los organismos correspondientes, de manera
permanente, únicamente a los educadores aspirantes que no hubieren obtenido nunca
nombramiento de plaza de docente dentro del sector público, y que cuenten con la
especialidad requerida.
Los docentes del Programa EDUCO, interinos y horas clases podrán optar a las
plazas a las que se refiere el inciso anterior.
Art. 2.- Para otorgar las referidas plazas, se tomará en cuenta la antigüedad del
año de graduación, la especialidad y el lugar de residencia del solicitante.
Para la aplicación de la especialidad deberá entenderse que los Licenciados y
Licenciadas de Ciencias de la Educación en sus diferentes opciones y los docentes
formados en otras especialidades como Estudios Sociales, Biología, Letras,
Matemáticas, están capacitados para laborar en los niveles de primero y segundo ciclo
de educación básica.
Art. 3.- Durante el período establecido en el presente Decreto, el Tribunal Calificador
otorgará las plazas; para tal efecto los docentes deberán presentar la documentación
requerida de acuerdo a los requisitos establecidos en la Ley de la Carrera Docente.
Art. 4.- En caso de que en el concurso de las plazas, existiere igualdad de
condiciones entre los aspirantes, el Tribunal Calificador las asignará conforme a los
resultados obtenidos en las pruebas de selección administrada a los aspirantes de
tales plazas.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia el mismo día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete
días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 103, Tomo Nº 387, Fecha: 3 de junio de 2010.
Indice Legislativo 753
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 349
754
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 477, de fecha 19 de octubre de 1995,
publicado en el Diario Oficial Nº 212, Tomo Nº 329, del 16 de noviembre
de ese mismo año, se emitió la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial;
II.- Que el Art. 32 inciso segundo de la Ley señalada, en el considerando
anterior, determina que la concesión que se otorgue en materia de servicio
de transporte colectivo público de pasajeros, por medio de autobuses y
microbuses del servicio, podrá transmitirse únicamente a los herederos del
prestatario de transporte, de cualquiera de las modalidades descritas en
dicha ley; por lo que está prohibida la transferencia de toda concesión por
acto entre vivos;
III.- Que a pesar de lo señalado en el anterior considerando, muchos operadores
del servicio de transporte colectivo público de pasajeros, ya sea mediante
concesión o permiso, han traspasado a favor de terceros los vehículos
con que prestaban dicho servicio, lo que ha provocado serias dificultades
administrativas y legales a los propietarios de estos bienes, al no poder
adquirir con dichos traspasos la concesión o permisos, y con ello las
prerrogativas que dichos instrumentos le confieren a sus titulares;
IV.- Que a fin de evitar la suspensión del servicio de transporte colectivo público
de pasajeros, de quienes se encuentran en las anteriores circunstancias,
se vuelve necesario emitir las disposiciones transitorias pertinentes
para permitir el traspaso de las concesiones o permisos a los actuales
propietarios de los vehículo vinculados a dichos instrumentos legales;
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados y
Diputadas: José Francisco Merino López, Francisco Roberto Lorenzana Durán, César
Humberto García Aguilera, Roberto José d’Aubuisson Munguía, Gaspar Armando
Portillo Benítez, David Rodríguez Rivera, Félix Agreda Chachagua, Ernesto Antonio
Angulo Milla, Fernando Alberto José Ávila Quétglas, Federico Guillermo Ávila Qüehl,
Ana Lucia Baires de Martínez, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda, Yohalmo Edmundo
Cabrera Chacón, Erick Ernesto Campos, José Álvaro Cornejo Mena, Carlos Cortez
Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí Coto Estrada, Santos Eduviges
Crespo Chávez, Raúl Omar Cuéllar, Darío Alejandro Chicas Argueta , Ana Vilma Castro
de Cabrera, Cesar René Florentín Reyes Dheming, Nery Arely Díaz de Rivera, Antonio
Echeverría Veliz, Margarita Escobar, Omar Arturo Escobar Oviedo, Emma Julia Fabián
Hernández, Carmen Elena Figueroa Rodríguez, José Rinaldo Garzona Villeda, Eduardo

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Antonio Gomar Morán, Ricardo Bladimir González, José Armando Grande Peña, José
Nelson Guardado Menjivar, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Carlos Walter Guzmán
Coto, Jaime Ricardo Handal Samayoa, Rafael Antonio Jarquin Larios, Benito Antonio
Lara Fernández, Audelia Guadalupe López de Kleutgens, Hortensia Margarita López
Quintana, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Mario Marroquín Mejía, Guillermo
Francisco Mata Bennett, Alexander Higinio Melchor López, Manuel Vicente Menjivar
Esquivel, Erik Mira Bonilla, Rafael Ricardo Moran Tobar, Yeymi Elizabett Muñoz Moran,
Oscar Ernesto Novoa Ayala, Guillermo Antonio Olivo Méndez, María Irma Elizabeth
Orellana Osorio, Esdras Samuel Vargas Pérez, Orestes Fredesman Ortez Andrade,
Mariela Peña Pinto, Mario Antonio Ponce López, Carlos Armando Reyes Ramos, Inmar
Rolando Reyes, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Gilberto Rivera Mejía, Jackeline
Noemi Rivera Avalos,José Mauricio Rivera, Abilio Orestes Rodríguez Menjivar, Manuel
Alfonso Rodríguez Saldaña, Sonia Margarita Rodríguez Siguenza, Rodrigo Samayoa
Rivas, Misael Serrano Chávez, Cesar Humberto Solorzano Dueñas, Manuel Rigoberto
Soto Lazo, Mario Alberto Tenorio Guerrero, Jaime Gilberto Valdez Hernández, Patricia
Elena Valdivieso de Gallardo, Ramón Aristides Valencia Arana, Mario Eduardo Valiente
Ortiz, María Margarita Velado Puentes, Ana Virginia Morataya Gómez y Carlos Mario
Zambrano Campos,
DECRETA, las siguientes:
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 1.- Toda persona natural o jurídica que se encuentre prestando el servicio de
transporte colectivo público de pasajeros, en virtud de haberle sido traspasado alguno
de los vehículos descritos en el Artículo 27 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial, vinculado a una concesión o permiso tendrá un plazo de ciento veinte
días, contados a partir de la vigencia del presente Decreto, para informar de ésta
circunstancia al Viceministerio de Transporte.
Verificada que sea la información a que se refiere el inciso anterior, el Viceministerio
de Transporte, con el fin de evitar la suspensión del servicio procederá a traspasar la
concesión o permiso al propietario actual del vehículo vinculado a dicho instrumento
legal, y a efectuar las modificaciones en los Registros que al efecto lleve.
Para el ejercicio de la prerrogativa establecida en los incisos anteriores, el
solicitante, deberá presentar los documentos mediante los cuales acredite ser el titular
del vehículo, así como de que a la fecha se encuentra prestando el correspondiente
servicio.
La persona natural o jurídica, adquirirá la concesión o permiso en las mismas
condiciones en las que le fue otorgado a su antecesor. En todo caso, el nuevo titular
deberá cumplir con los requisitos legales para poseer dicha calidad.
Indice Legislativo 755
Parte X

Parte X
756
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
Art. 2.- Los trámites fijados en el presente Decreto, generarán una tasa de
cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, por cada vehículo que sea objeto
de traspaso, y los cuales deberán ser cancelados en la colecturía del Viceministerio
de Transporte.
Art. 3.- Para la ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto, no tendrá
aplicación lo señalado en el Art. 133 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de
la Administración Pública.
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete
días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 103, Tomo Nº 387, Fecha: 3 de junio de 2010.

DECRETO Nº 369
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el día 14 de abril del presente año, murió en cumplimiento del deber
el Teniente José Julián Hernández Aguilar, de 45 años de edad, miembro
del cuerpo de Bomberos de El Salvador, quien contaba con 25 años de
servicio en dicha entidad.
II.- Que el Teniente Hernández Aguilar deja desprotegida a su esposa, quien
dependía del salario que él devengaba, y con el propósito de que pueda
satisfacer las necesidades que requiere, es importante garantizarle un
ingreso económico.
III.- Que por las razones antes expuestas, y como un reconocimiento a la
acción heroica que éste realizó para sofocar los efectos de un incendio en
una empresa ubicada a la altura del Boulevard del Ejército, es procedente
otorgarle a la esposa una pensión económica mensual.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Othon
Sigfrido Reyes Morales, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Lorena Peña Mendoza,
Roberto José d’Aubuisson Munguía, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Federico
Guillermo Ávila Qüehl, Félix Ágreda Chachagua, Margarita Escobar, Manuel Vicente
Menjívar Esquivel, Manuel Rigoberto Soto Lazo, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo,
Ana Lucía Baires de Martínez, Eduardo Enrique Barrientos Zepeda, Yohalmo Edmundo
Cabrera Chacón, José Álvaro Cornejo Mena, Valentín Arístides Corpeño, Carlos Cortez
Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí Coto Estrada, Rosa Alma Cruz
de Henríquez, Darío Alejandro Chicas Argueta, Antonio Echeverría Veliz, Emma Julia
Fabián Hernández, Carmen Elena Figueroa Rodríguez, Santiago Flores Alfaro, Medardo
González Trejo, Ricardo Bladimir González, Iris Marisol Guerra Henríquez, Norma Fidelia
Guevara de Ramirios, Gladis Marina Landaverde Paredes, Benito Antonio Lara Fernández,
Audelia Guadalupe López de Kleutgens, Hortensia Margarita López Quintana, Mario
Marroquín Mejía, Guillermo Francisco Mata Bennett, Juan Carlos Mendoza Portillo,
Edgar Alfonso Montoya Martínez, Rafael Ricardo Morán Tobar, Guillermo Antonio Olivo
Méndez, Orestes Fredesmán Ortez Andrade, Rodolfo Antonio Parker Soto, Mariela
Peña Pinto, Gaspar Armando Portillo Benítez, Inmar Rolando Reyes Ramos, Carlos
Armando Reyes, Javier Ernesto Reyes Palacios, César René Florentín Reyes Dheming,
Gilberto Rivera Mejía, Jackeline Noemí Rivera Ávalos, Pedrina Rivera Hernández, Sonia
Margarita Rodríguez Sigüenza, Mauricio Ernesto Rodríguez, Marcos Francisco Salazar
Umaña, Misael Serrano Chávez, Karina Ivette Sosa de Lara, Ramón Arístides Valencia
Arana, Mario Eduardo Valiente Ortiz, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Margarita
Velado Puentes, Francisco José Zablah Safie y Douglas Leonardo Mejía Avilés.
Indice Legislativo 757
Parte X

Parte X
758
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
DECRETA:
Art. 1.- Otórgase una pensión económica vitalicia mensual equivalente a dos (2)
salarios mínimos del sector comercio y servicio vigente, a favor de la señora María
Luisa Mendoza de Hernández, esposa del Teniente José Julián Hernández Aguilar,
miembro del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, quien falleció en cumplimiento del
deber el día miércoles 14 de abril del presente año, pensión que se deberá ajustar en
la misma proporción en que se incrementen los referidos salarios.
Art. 2.- Se faculta al Ministerio de Hacienda, aplicar la erogación a que se refiere
el artículo anterior, a la asignación presupuestaria correspondiente a las clases pasivas
en el Ramo de Hacienda, contenidas en las obligaciones generales del Estado.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintisiete días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 119, Tomo Nº 387, Fecha: 25 de junio de 2010.

DECRETO Nº 371
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de acuerdo al Art. 168 ordinal 12º de la Constitución, es atribución del
Presidente de la República, disponer de la Fuerza Armada para la defensa de
la soberanía del Estado, de la integridad de su territorio. Excepcionalmente,
si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz
interna, la tranquilidad y la seguridad pública, el Presidente de la República
podrá disponer de la Fuerza Armada para ese fin. La actuación de la Fuerza
Armada se limitará al tiempo y a la medida de lo estrictamente necesario
para el restablecimiento del orden y cesará tan pronto se haya alcanzado
ese cometido;
II.- Que de conformidad con el Art. 27 inciso tercero de la Constitución, el
Estado organizará los centros penitenciarios con el objeto de corregir a
los delincuentes, educarlos y formarles hábito de trabajo, procurando su
readaptación y la prevención de los delitos;
III.- Que actualmente el sistema penitenciario del país, se encuentra saturado
en su capacidad instalada, volviéndose difícil para los organismos
administrativos aplicadores de la Ley Penitenciaria bajo ciertas
IV.circunstancias,
mantener el orden, la seguridad de los internos y de los
centros penitenciarios mismos; por lo que se vuelve necesario, que previa
decisión motivada y de manera excepcional del Presidente de la República,
pueda temporalmente y por un plazo determinado, recurrir a la utilización de
la Fuerza Armada y/o de la Policía Nacional Civil, en tareas de colaboración
en el control y seguridad de los centros penitenciarios del país, a fin de
garantizar los derechos y la integridad física de los internos;
Que por tal razón, es conveniente emitir las disposiciones legales transitorias,
a fin de permitir al Presidente de la República el uso excepcional de la
Fuerza Armada y/o de la Policía Nacional Civil, para colaborar en las tareas
de control y seguridad de los centros penitenciarios del país;
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Justicia y Seguridad Pública y de los Diputados
Benito Antonio Lara Fernández y Rodolfo Antonio Parker Soto.
DECRETA, las siguientes:
DISPOSICIONES TRANSITORIAS SOBRE LA PARTICIPACION DE
LA FUERZA ARMADA EN TAREAS DE CONTROL Y SEGURIDAD
PENITENCIARIA
Indice Legislativo 759
Parte X

Parte X
760
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
Art. 1.- No obstante lo prescrito en el numeral 4) del Art. 22 de la Ley Penitenciaria,
el Presidente de la República, previa decisión motivada y de manera excepcional,
podrá temporalmente y por el plazo que determine, recurrir a la utilización de la Fuerza
Armada y/o de la Policía Nacional Civil para la colaboración en el control y seguridad
de los centros penitenciarios del país; así como, para los registros y controles de
ingresos y egresos a dichos centros.
La Fuerza Armada solo podrá emplearse en el manejo directo de los internos,
dentro de las circunstancias previstas en el artículo 25-Bis de la Ley Penitenciaria o
cuando las circunstancias así lo ameriten.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la administración de los
centros penitenciarios continuará bajo la responsabilidad de la Dirección General de
Centros Penales.
Art. 2.- Los Ministros de Justicia y Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, una
vez adoptada la decisión presidencial a la que se hace referencia en el artículo anterior,
deberán coordinar los mecanismos necesarios para facilitar la misión encomendada
a la Fuerza Armada y/o a la Policía Nacional Civil, en las tareas de control y seguridad
de los centros penitenciarios; para lo cual, deberán elaborar un Manual de Actuación
de las mismas.
Art. 3.- A más tardar en los quince días siguientes a la finalización de la medida
excepcional a la que se refiere el Art. 1 del presente Decreto, el Presidente de la
República deberá presentar un informe circunstanciado a la Asamblea Legislativa,
sobre la participación de la Fuerza Armada en las tareas de control y seguridad dentro
del sistema penitenciario del país; lo anterior, de conformidad a lo establecido en el
ordinal 12º del Art. 168 de la Constitución.
Art.4.- Las disposiciones transitorias establecidas en el presente Decreto,
prevalecerán sobre cualquier otra que las contraríen.
Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial y sus efectos caducarán hasta el día treinta de junio del año dos mil
once.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintisiete días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 113, Tomo Nº 387, Fecha: 17 de junio de 2010.

DECRETO Nº 372
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad al Art. 172 de la Constitución corresponde al Organo
Judicial la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia civil,
mercantil y laboral, entre otras, a través de los juzgados de primera instancia
y cámaras de segunda instancia; su organización y funcionamiento estarán
determinados por la Ley.
II.- Que por Decreto Legislativo Nº 712, de fecha 18 de septiembre de 2008,
publicado en el Diario Oficial Nº 224, Tomo Nº 381, de fecha 27 de
noviembre de 2008, se promulgó el Código Procesal Civil y Mercantil, en
cuyo artículo 704 dispone que los Jueces que conozcan en las ciudades
de San Salvador, Santa Ana y San Miguel de los procesos a que se refiere
dicho Código, serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia, de las
ternas que le envíe el Consejo Nacional de la Judicatura.
III.- Que como consecuencia de la implementación del Código Procesal Civil
y Mercantil, es necesario crear y convertir tribunales que lo apliquen.
Asimismo, es menester reorganizar la distribución del trabajo judicial entre
los ya existentes, los que se crearán y convertirán, a fin de que la misma
sea equilibrada y acorde con la especialización de la materia jurídica
correspondiente. Además, es aconsejable como medida de buen gobierno
judicial y conforme a estudios realizados, para enfrentar la mora en el
diligenciamiento de los asuntos judiciales, nombrar Jueces que apliquen
el Código Procesal Civil y Mercantil. Lo anterior persigue asegurar a los
justiciables una pronta y cumplida justicia, lo cual implica, la modificación
de la Ley Orgánica Judicial.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de
Justicia,
DECRETA:
Art. 1.- Los Juzgados que se crean o transforman mediante este Decreto
Legislativo serán competentes para conocer de los procesos a que se refiere el Código
Procesal Civil y Mercantil.
Art. 2.- Créanse en el municipio de San Salvador cinco juzgados pluripersonales
que se denominarán: Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil; Juzgado Segundo de lo
Civil y Mercantil; Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil; Juzgado Cuarto de lo Civil
Indice Legislativo 761
Parte X

Parte X
762
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
y Mercantil; Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil. Todos tendrán competencia, a la
que se refiere el Código Procesal Civil y Mercantil, en el municipio de San Salvador.
Además, el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil conocerá del municipio de Rosario
de Mora; el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil del municipio de Guazapa; y el
Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil del municipio de Panchimalco.
Art. 3.- Los actuales Juzgados Primero y Segundo de Inquilinato se convierten en
Juzgados Tercero y Cuarto de Menor Cuantía respectivamente, con residencia ambos
en San Salvador.
Art. 4.- Los Juzgados Primero y Segundo de lo Civil de San Salvador, conocerán
también a partir de la vigencia del presente Decreto: de los juicios de inquilinato que
en razón de la conversión de la competencia del Juzgado Primero de Inquilinato, les
remitiere el mismo de la siguiente manera: Al Juzgado Primero de lo Civil le remitirá
los procesos clasificados en número impar y al Juzgado Segundo de lo Civil, los
clasificados en número par.
Los Juzgados Tercero y Cuarto de lo Civil de San Salvador, conocerán también a
partir de la vigencia del presente Decreto:De los juicios de inquilinato que en razón de
la conversión de la competencia del Juzgado Segundo de Inquilinato, les remitiere el
mismo de la siguiente manera: Al Juzgado Tercero de lo Civil le remitirá los procesos
clasificados en número impar y al Juzgado Cuarto de lo Civil, los clasificados en
número par.
Los procesos a que se refieren los dos incisos anteriores serán conocidos por los
juzgados de lo civil hasta su completa terminación, conforme a las leyes sustantivas y
de procedimiento con que se iniciaron.
Los Juzgados Primero y Segundo de Inquilinato deberán remitir los procesos en
trámite en un plazo perentorio de treinta días calendario contados a partir de la entrada
en vigencia de este decreto. Los procesos fenecidos deberán remitirlos al archivo
general dentro de dicho plazo y enviar una nómina de los mismos a los juzgados de lo
civil que a cada uno corresponda.
Art. 5.- Créanse tres juzgados en el municipio de Santa Ana que se denominarán:
Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil; Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil; y
Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil. Tendrán competencia en el municipio de Santa
Ana. Además, el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil conocerá de los municipios de
El Congo y Santiago de la Frontera; el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de los
municipios de Texistepeque y Candelaria de la Frontera y el Juzgado Tercero de lo Civil
y Mercantil de los municipios de Coatepeque y San Antonio Pajonal.
Art. 6.- Créanse tres juzgados en el municipio de San Miguel que se denominarán:
Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil; Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil;

Anuario Legislativo 2010 - 2011
y Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil. Tendrán competencia en el municipio de
San Miguel. Además, el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de los municipios de
Comacarán, Uluazapa y Quelepa; el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil conocerá
de los municipios de Chirilagua y Moncagua; el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil
conocerá de los municipios de Chapeltique y Sesori.
Art. 7.- Refórmase el inciso segundo del Art. 6 de la Ley Orgánica Judicial así: “Los
mencionados tribunales conocerán en segunda instancia de los asuntos que fueren
de su competencia: La Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro
conocerá de los procesos tramitados en los Juzgados Primero y Segundo de lo Civil;
Primero y Segundo de lo Mercantil; Primero y Tercero de Menor Cuantía; asimismo de
los procesos sustanciados por los Juzgados Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil.”
Art. 8.- Refórmase el inciso tercero del Art. 6 de la manera siguiente: “La Cámara
Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro conocerá en segunda instancia
de los procesos sustanciados en los Juzgados Tercero y Cuarto de lo Civil; Tercero y
Cuarto de lo Mercantil; Segundo y Cuarto de Menor Cuantía; asimismo de los procesos
que fueren conocidos por los Juzgados Tercero y Cuarto de lo Civil y Mercantil.”
Art. 9.- Refórmase el inciso cuarto del Art. 6 así: “La Cámara Tercera de lo Civil
de la Primera Sección del Centro conocerá en segunda instancia de los procesos
sustanciados en los Juzgados Quinto de lo Civil y Quinto de lo Mercantil; y de los
sustanciados en los Juzgados Civiles con residencia en Apopa, San Marcos, Mejicanos,
Soyapango, Delgado; también del Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque.
Asimismo conocerá de los procesos sustanciados en el Juzgado Quinto de lo Civil y
Mercantil.”
Art. 10.- La competencia de las cámaras que mediante este decreto se otorga es
sin perjuicio de las conferidas por otras leyes.
Art. 11.- Los Juzgados de lo Civil de los municipios de Chalchuapa, Metapán,
Sonsonate, Ahuachapán, Delgado, Mejicanos, Soyapango, San Marcos, Apopa,
Quezaltepeque, Zacatecoluca, Cojutepeque, San Vicente, Usulután, La Unión, Santa
Rosa de Lima y Santa Tecla, conocerán de los procesos regulados en el Código
Procesal Civil y Mercantil dentro de la circunscripción territorial que les corresponde
de acuerdo a la Ley Orgánica Judicial.
Además, el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla conocerá del municipio de Zaragoza;
el Juzgado de lo Civil de Sonsonate conocerá de todos los municipios del departamento
de Sonsonate; con excepción de Izalco, Acajutla y Armenia.
Los Juzgados de Primera Instancia de los municipios de: Izalco, Acajutla, Armenia,
Atiquizaya, Tonacatepeque, San Juan Opico, La Libertad, Chalatenango, Tejutla, Dulce
Indice Legislativo 763
Parte X

Parte X
764
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
Nombre de María, San Pedro Masahuat, Suchitoto, San Sebastián, Sensuntepeque,
Ilobasco, Chinameca, Ciudad Barrios, Jiquilisco, Berlín, Santiago de María, Jucuapa,
Juzgado Primero de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Juzgado Segundo de
Primera Instancia de San Francisco Gotera serán Tribunales pluripersonales, teniendo
cada uno de los Jueces jurisdicción y competencia individual e independiente. El Juez
nombrado por la Corte Suprema de Justicia en razón de la entrada en vigencia del
Código Procesal Civil y Mercantil, conocerá de los procesos a que se refiere el mismo;
asimismo, conocerá de los procesos en materia laboral que ingresen luego de la entrada
en vigencia del Código. El otro Juez continuará conociendo hasta su terminación y
archivo de los procesos pendientes conforme a la normativa correspondiente; sin
perjuicio de la competencia que establezcan otras leyes.
El nombramiento de jueces pluripersonales en los municipios antes citados, se
realizará por la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que la carga laboral en las
materias a que se refiere el Código Procesal Civil y Mercantil, lo amerite.
Art. 12.- Los juzgados de paz, conocerán de los actos de conciliación conforme
a las reglas establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil; además, continuarán
conociendo de los procesos civiles y mercantiles iniciados antes de la entrada en
vigencia de esta Ley. Sin perjuicio de la competencia establecida en otras leyes.
Art. 13.- Los juzgados de lo civil, juzgados de lo mercantil y de menor cuantía del
departamento de San Salvador, así como los juzgados de lo civil de los departamentos
de Santa Ana y San Miguel que han conocido de los procesos conforme al Código
de Procedimientos Civiles y otras leyes especiales, antes de la entrada en vigencia
del Código Procesal Civil y Mercantil, continuarán conociendo de los mismos hasta
su completa finalización. Posteriormente, avisarán a la Corte sobre la culminación de
la sustanciación de dichos procesos para que previo diagnóstico que acredite esa
situación, los juzgados conozcan de los procesos conforme al Código Procesal Civil
y Mercantil.
Art. 14.- Los juzgados de lo laboral, que conocen en materia de inquilinato, civil
y mercantil o alguna de dichas materias, dejarán de conocer de las mismas y serán
competentes exclusivamente para conocer en materia laboral; sin embargo, deberán
continuar conociendo de los procesos que se encuentren en trámite en las referidas
materias, a la fecha de entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil hasta
su completa finalización.
Art. 15.- La distribución de las demandas y solicitudes entre los juzgados creados
por este decreto en la ciudad de San Salvador se realizará por la Secretaría Receptora
y Distribuidora de Demandas.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 16.- Intercálase entre el Art. 153 y el 154 de la Ley Orgánica Judicial lo
siguiente: Art. 153-Bis- Créanse en cada uno de los departamentos de Santa Ana y
San Miguel una Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas, con las mismas
características establecidas en el Art. 153 de la Ley Orgánica Judicial. Ambas
secretarías tendrán su asiento en las cabeceras departamentales correspondientes.
Art. 17.-Los procesos en trámite al entrar en vigencia el Código Procesal Civil
y Mercantil, deberán ser sustanciados a más tardar al término del plazo de dos años
contados a partir de la entrada en vigencia del referido Código. Sin embargo, dicho
plazo podrá ser prorrogado por un término prudencial que determinará la Corte Suprema
de Justicia, previo diagnóstico que al efecto se realice.
Art. 18.- La interpretación y aplicación de este decreto deberá efectuarse en
armonía con la Ley Orgánica Judicial, el Código Procesal Civil y Mercantil y demás
leyes especiales, cuidando de integrar los posibles vacíos legales del decreto mediante
el empleo de dichas normativas.
Art. 19.-El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintisiete días del mes de mayo del año dos mil diez.
D. O. Nº 100, Tomo Nº 387, Fecha: 31 de mayo de 2010.
Indice Legislativo 765
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 373
766
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Presidente de la República, Señor Mauricio Funes, en cumplimiento a
lo establecido en los artículos 131 ordinal 15 o y 158 de la Constitución, ha
solicitado a esta Asamblea, se le conceda permiso para salir del territorio
nacional, a partir de esta fecha, hasta el 31 de mayo del 2011, con el objeto
de visitar cualquier país de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y
del Caribe, así como cualquier país de los continentes Asiático, Europeo,
Africano y de Oceanía;
II.- Que la licencia solicitada por el Presidente de la República ha sido ratificada
personalmente, ante esta Asamblea, durante la Sesión Plenaria celebrada
en esta misma fecha;
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales, y de conformidad a lo dispuesto en el
ordinal 15º del artículo 131 de la Constitución,
DECRETA:
Art. 1.- Concédese licencia al Presidente de la República, Señor Mauricio Funes,
para que, en ese carácter, pueda salir del territorio nacional, con el objeto de realizar
visita a cualquier país de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y del Caribe, así
como también a cualquier país de los continentes Asiático, Europeo, Africano y de
Oceanía; a partir de esta fecha, hasta el 31 de mayo del 2011, para atender invitación
de Gobiernos amigos o visitas de Estado, así como cualquier visita de carácter privado.
Art. 2.- Durante la ausencia del Presidente de la República, será sustituido en su
cargo de conformidad a lo que preceptúa el artículo 155 de la Constitución.
Art. 3.- El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres
días del mes de junio del año dos mil diez.
D. O. Nº 105, Tomo Nº 387, Fecha: 7 de junio de 2010.

DECRETO Nº 394
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el día martes 22 de los corrientes habrá asueto para los maestros,
en el ejercicio del Magisterio del Sector Público, mismo que incluye a los
maestros del sector rural.
II.- Que a los maestros del sector rural les resulta inconveniente trasladarse a
los lugares donde laboran, por razones de la distancia, a lo cual se agrega
que en razón de que dicho asueto, como ya se dijo, será el día martes 22
de los corrientes, teniendo dichos maestros que laborar el día lunes 21 del
mismo mes y año, razón por la cual es conveniente, a efecto de beneficiar
a los maestros en el ejercicio del Magisterio del Sector Público, para que
puedan gozar de asueto en forma continua desde el día domingo 20 al
día martes 22 de los corrientes, que éstos laboren el día sábado 26 del
presente mes y año.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Rodolfo
Antonio Parker Soto y Santos Guevara Ramos.
DECRETA, la siguiente:
DISPOSICION TRANSITORIA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION
Art. 1.- Habilítase como día laboral, el día sábado 26 de los corrientes, para
los maestros en el ejercicio del Magisterio del Sector Público, a efecto de que éstos
puedan gozar de asueto el día 21 del mismo mes y año.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el mismo día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de junio del año dos mil diez.
D. O. Nº 114, Tomo Nº 387, Fecha: 18 de junio de 2010.
Indice Legislativo 767
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 397
768
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el día 20 de junio del corriente año, con demostración de barbarie y
total desprecio por la vida, fueron atacadas dos unidades del transporte
público, con pasajeros en su interior, en la jurisdicción de Mejicanos, en tal
acción murieron 15 personas y 16 personas resultaron lesionadas;
II.- Que las víctimas eran todas personas honradas, de diferentes estratos
sociales que, después de realizar algunos de ellos sus labores cotidianas
y otros de gozar de sus horas de descanso del día domingo, se conducían
hacia sus hogares;
III.- Que estos repudiables hechos han provocado una situación de indignación,
consternación generalizada y repudio nacional ante estas irracionales
acciones criminales;
IV.- Que tales hechos exigen que se expresen las muestras de solidaridad con
las familias de las víctimas y que la nación entera comparta el dolor que
embarga a las familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos,
por lo que es procedente declarar tres días de duelo nacional, por las
victimas del acto criminal y terrorista.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Ciro Cruz
Zepeda Peña, Othon Sigfrido Reyes Morales, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete,
José Francisco Merino López, Alberto Armando Romero Rodríguez, Francisco Roberto
Lorenzana Durán, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Cesar Humberto García Aguilera,
Elizardo González Lovo, Roberto José d’Aubuisson Munguía, Sandra Marlene Salgado
García, José Antonio Almendáriz Rivas, Ernesto Antonio Angulo Milla, Santos Eduviges
Crespo Chavez, José Orlando Arévalo Pineda, Federico Guillermo Avila Qüehl, Eduardo
Enrique Barrientos Zepeda, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Valentín Aristides
Corpeño, Darío Alejandro Chicas Argueta, José Álvaro Cornejo Mena, Carlos Cortez
Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas,Ana Virginia Morataya Gómez, Douglas
Leonardo Mejia Aviles, Nery Arely Díaz de Rivera, Antonio Echeverría Veliz, Margarita
Escobar, Emma Julia Fabián Hernández, Carmen Elena Figueroa Rodríguez, Santiago
Flores Alfaro, Hortensia Margarita López Quintana, José Rinaldo Garzona Villeda,
Eduardo Antonio Gomar Moran, Ricardo Bladimir González, Medardo González Trejo,
José Nelson Guardado Menjivar, Norma Fidelia Guevara de Ramírios, Santos Guevara
Ramos, Fernando Alberto José Avila Quetglas, Jorge Schafik Handal Vega Silva, Benito
Antonio Lara Fernández, José Vidal Carrillo Delgado, Esdras Samuel Vargas Pérez,
Mario Marroquín Mejía, Inmar Rolando Reyes, Karina Ivette Sosa de Lara, Ana Silvia
Romero Vargas, Juan Carlos Mendoza Portillo, Misael Serrano Chávez, Carlo René

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Retana Martínez, Guillermo Antonio Olivo Méndez, José Serafín Orantes Rodríguez,
Alexander Higinio Melchor López, Carlos Mario Zambrano Campos, Rodolfo Antonio
Parker Soto, Rafael Eduardo Paz Velis, Mariela Peña Pinto, Mario Antonio Ponce López,
Gaspar Armando Portillo Benitez, Zoila Beatriz Quijada Solís, Cesar Rene Florentin
Reyes Dheming, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, Carlos Armando Reyes Ramos,
Dolores Alberto Rivas Echeverría, Gilberto Rivera Mejia, Norma Cristina Cornejo Amaya,
David Rodríguez Rivera, Abilio Orestes Rodríguez Menjivar, Sonia Margarita Rodríguez
Siguenza, Rodrigo Samayoa Rivas, Manuel Rigoberto Soto Lazo, Mario Alberto Tenorio
Guerrero, Santos Adelmo Rivas Rivas, Jaime Gilberto Valdez Hernández, Ramón
Aristides Valencia Arana, Mario Eduardo Valiente Ortiz, Donato Eugenio Vaquerano
Rivas, Guadalupe Antonio Vásquez Martínez, María Margarita Velado Puentes, Ana
Daysi Villalobos, Francisco José Zablah Safie, Yeymi Elizabett Muñoz Moran, y Rafael
Ricardo Morán Tobar;
DECRETA:
Art. 1.- Decláranse Tres Días de Duelo Nacional, a partir del 25 de junio del
corriente año, por las victimas del acto criminal y terrorista, ocurrido el día 20 de junio
del presente año, en la jurisdicción de Mejicanos, Departamento de San Salvador, en
demostración de pesar y solidaridad con los familiares de las referidas víctimas.
Art. 2.- En consecuencia, la Bandera Nacionalse mantendrá a media asta en los
edificios públicos, y los Ministerios de Gobernación y de la Defensa Nacional tomarán
las providencias necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en este Decreto.
Art.3.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veinticuatro días del mes de junio del año 2010.
D. O. Nº 118, Tomo Nº 387, Fecha: 24 de junio de 2010.
Indice Legislativo 769
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 433
770
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 581, de fecha 18 de octubre del 2001,
publicado en el Diario Oficial Nº 206, Tomo 353 del 31 del mismo mes y
año, se emitió la Ley Especial Reguladora de la Emisión del Documento
Único de Identidad.
II.- Que el artículo cuatro de dicha ley establece que es obligación renovar el
documento identificatorio cada ocho años, lo que debe hacerse en el mes
de cumpleaños del solicitante.
III.- Que en el presente año en que se ha iniciado la renovación, hay una
considerable cantidad de personas que aún deben solicitar su documento,
lo que supone que, conforme se acerca el fin de año, habrá una afluencia
masiva de solicitantes, por lo que se hace necesario permitir que el
DUI pueda obtenerse anticipadamente, a fin de evitar aglomeraciones
innecesarias.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados y Diputadas
Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Alberto Armando Romero Rodríguez, Mario Antonio
Ponce López, María Margarita Velado Puentes, Ricardo Bladimir González, Jackeline
Noemí Rivera Avalos, Federico Guillermo Ávila Qüehl, Mariella Peña Pinto, José Nelson
Guardado Menjivar, José Rinaldo Garzona Villeda y Santos Guevara Ramos,
DECRETA, la siguiente:
DISPOSICION TRANSITORIA
Art.1.- Las personas que están obligadas a renovar su documento único de
identidad, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 4 de la Ley
Especial Reguladora de la Emisión del Documento Único de Identidad, podrán hacerlo
anticipadamente, antes del mes de su nacimiento, en el plazo comprendido entre la
entrada en vigencia de este decreto y el 31 de diciembre del 2010.
Art. 2.- Los Documentos Únicos de Identidad obtenidos anticipadamente, a partir
de la entrada en vigencia de este decreto, tendrán una vigencia de ocho años contados
a partir del mes de nacimiento del solicitante.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 3.-Derógase el Decreto Legislativo Nº 262 de fecha 28 de Enero del 2010,
publicado en el Diario Oficial Nº 20, Tomo 386 del 29 del mismo mes y año.
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintiocho días del mes de julio del dos mil diez.
D. O. Nº 159, Tomo Nº 388, Fecha: 27 de agosto de 2010.
Indice Legislativo 771
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 466
772
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 227, de fecha 14 de diciembre del
2000, publicado en el Diario Oficial Nº 18, Tomo 350, del 24 de enero
del año 2001, se emitió la Ley de los Servicios Privados de Seguridad;
la que en su Art. 20, literal g), establece como requisito que debe cumplir
el personal contratado por las agencias o empresas de seguridad, para
desempeñarse como agente de seguridad privada, que: “g) Luego de
cumplir con lo establecido en el literal anterior, deberá recibir y aprobar
un curso de capacitación que incluye las asignaturas de Procedimientos
de Agentes Privados de Seguridad y Derechos Humanos, entre otros,
afines a los propósitos de tal adiestramiento, según cupo disponible en
la Academia Nacional de Seguridad Pública, donde se desarrollarán los
cursos respectivos.” “La no aprobación del curso de capacitación referido,
constituye una prohibición a desempeñarse como agente de seguridad
privada; la contravención a la misma será considerada falta grave imputable
a la entidad de servicios privados de seguridad contratante.”
II.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 226, de fecha 14 de diciembre del
2000, publicado en el Diario Oficial Nº 18, Tomo 350, del 24 de enero
del año 2001, se emitió la Ley de los Servicios de Seguridad del Estado,
Instituciones Autónomas y de las Municipalidades, la que en su Art. 8,
literales g) y h), establece como requisitos que debe cumplir todo el personal
contratado por las instituciones públicas para desempeñarse como agente
de seguridad, que: “g) Someterse y superar un examen psicotécnico en
la Academia Nacional de Seguridad Pública, como requisito de ingreso
al respectivo curso de capacitación” y “h) Recibir y aprobar un curso de
capacitación impartido por la Academia Nacional de Seguridad Pública”.
III.- Que en razón de lo anterior, se vuelve necesario emitir disposiciones
transitorias a fin de suspender por un año, el requisito del Curso de
Capacitación impartido por la Academia Nacional de Seguridad Pública,
para desempeñarse como Agente de Seguridad Privada, al que se hace
referencia en los cuerpos normativos anteriormente indicados.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados José
Antonio Almendáriz Rivas y Mario Antonio Ponce López.

DECRETA, las siguientes:
Anuario Legislativo 2010 - 2011
DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA LA RENOVACION DE LA
AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS PRIVADAS
DE SEGURIDAD
Art. 1.- Suspéndase por el período de un año a partir de la vigencia del presente
Decreto, el requisito establecido en el Art. 20, literal g) de la Ley de los Servicios
Privados de Seguridad; y los contenidos en el Art. 8, literales g) y h) de la Ley de los
Servicios de Seguridad del Estado, Instituciones Autónomas y de las Municipalidades.
Así mismo, los procesos administrativos abiertos contra las entidades de servicios
a consecuencia del requisito arriba mencionado, quedarán sin efecto a partir de la
vigencia del presente Decreto.
Art. 2.- La Academia Nacional de Seguridad Pública, deberá ejecutar los
mecanismos necesarios para desarrollar los referidos cursos.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis
días del mes de septiembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 192, Tomo Nº 389, Fecha: 14 de octubre de 2010.
Indice Legislativo 773
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 468
774
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 665, de fecha 7 de marzo de 1996,
publicado en el Diario Oficial Nº 58, Tomo Nº 330, del 22 de ese mismo
mes y año, se emitió la Ley de la Carrera Docente con la finalidad de
garantizar que la docencia sea ejercida por educadores inscritos en el
Registro Escalafonario del Ministerio de Educación.
II.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 593, de fecha 26 de enero de 2005,
publicado en el Diario Oficial Nº 37, Tomo Nº 366, del 22 de febrero del
referido año, se reformó, entre otros, el inciso primero del artículo 16 de la
misma Ley, estableciendo que las personas que posean título universitario
distinto al de Profesor, Licenciado, Máster o Doctor en Educación, podrán
ejercer la docencia según el nivel educativo a que se asimile su título en el
área de su especialidad o en un área afín, cursando y aprobando estudios
pedagógicos con una duración no menor de un año académico.
III.- Que actualmente las instituciones de educación media que ofrecen
bachillerato técnico vocacional no cuentan con docentes especializados
para impartir asignaturas en las áreas de educación media técnica,
especialmente el Modelo MEGATEC, el cual desarrolla una articulación
de la formación técnica entre el nivel medio y el nivel tecnológico; por
lo que es necesario introducir excepcionalmente y de manera transitoria
disposiciones en el sentido de permitir a las personas que cuentan u
ostentan los grados de técnicos o tecnólogos, puedan ingresar y ejercer la
docencia.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Educación,
DECRETA, las siguientes:
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, A FIN DE PERMITIR QUE LAS
PERSONAS QUE OSTENTAN EL TITULO DE TECNICO O TECNOLOGO,
PUEDAN EJERCER LA DOCENCIA
Art.1.- Facúltase a los profesionales que ostentan títulos de técnicos o tecnólogos
en las diferentes especialidades académicas que hayan sido obtenidos en cualquier
institución de educación superior y que hayan cursado y aprobado el curso de formación

Anuario Legislativo 2010 - 2011
pedagógica determinado por el Ministerio de Educación, con una duración no menor de
un año y un mínimo de treinta y dos unidades valorativas, para que ejerzan la docencia
en su especialidad técnica respectiva.
El Ministerio de Educación, podrá contratar al personal que posea título de técnico
o tecnólogo para que ejerza la docencia en educación media técnica, cuando dicha
Secretaría de Estado establezca la necesidad de ello; dichos profesionales deberán
iniciar su curso de formación pedagógica a partir de su contratación, pudiendo optar al
escalafón docente, una vez finalizado el mismo.
En los casos establecidos en los incisos anteriores, el Ministerio de Educación,
a través de la unidad organizativa correspondiente, establecerá el procedimiento que
contenga las condiciones y requisitos para el cumplimiento de los presentes fines.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial y sus efectos fenecerán hasta el 31 de diciembre del año 2012.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis
días del mes de septiembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 192, Tomo Nº 389, Fecha: 14 de octubre de 2010.
Indice Legislativo 775
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 484
776
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que los impactos causados por las tormentas IDA y AGATHA en la agricultura,
especialmente en la producción de granos básicos ha desmejorado la
situación alimentaria actual del país.
II.- Que se requiere de acciones urgentes e inmediatas para enfrentar el alza
en los precios, en los alimentos de sensibles adquisición para la población
en general y especialmente para la población más vulnerable.
III.- Que las actuales condiciones climáticas del país y las proyecciones que
el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) ha previsto para el
período agosto-noviembre de 2010 por el impacto del fenómeno de la
Niña, son factores determinantes para que el mercado enfrente una posible
escasez de granos básicos, por las pérdidas que ello podría traer a la
producción agrícola.
IV.- Que en nuestro país el consumo de granos básicos, forma parte esencial
de la dieta alimentaria, siendo importante garantizar el abastecimiento del
producto y precios justos.
V.- Que por las razones expuestas en los considerandos anteriores, es de
especial urgencia proveer al país de la disponibilidad de frijol y maíz
suficientes para enfrentar el riesgo de desabastecimiento y con ello incidir
en precios favorables al consumidor; y
VI.- Que la Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA), dependencia
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), está facultada para realizar
este tipo de actividades, de conformidad a lo estipulado en el Art. 2, letra
h) de su Ley de creación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República por medio del Ministro de Agricultura y Ganadería.
DECRETA, las siguientes:
DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS PARA ASEGURAR A LA
POBLACION EL ABASTECIMIENTO DE FRIJOL Y MAIZ

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 1.- Facúltase al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la
Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA) y mediante mecanismos que
estime convenientes, la adquisición emergente y excepcional de contingentes de frijol
y/o maíz, a través de la compra directa a proveedores nacionales o extranjeros sean
estos personas naturales o jurídicas, con el objeto de garantizar su abastecimiento y
un precio favorable a la población salvadoreña.
La comercialización del contingente de frijol y/o maíz, se podrá realizar a través
de la Bolsa de Productos Agropecuarios de El Salvador, o directamente por medio de
la DGEA, dentro de un período que caducará en seis meses contados a partir de la
adquisición del contingente del frijol o maíz.
Art. 2.- Con la finalidad de conservar las propiedades nutricionales de los productos
a adquirir para el consumo humano, la DGEA coordinará con las unidades organizativas
del MAG que estime convenientes, los procesos para garantizar una oportuna rotación
de los productos en atención a su volumen, el período de tiempo de la conservación de
los mismos y definir entre otros aspectos, las condiciones y ubicaciones geográficas
de la infraestructura para su almacenamiento y distribución.
Art. 3.- Una vez adquirido el contingente de frijol o maíz, el MAG deberá determinar
el precio de referencia al que deberán venderse los productos, así como el momento
que éste se colocará y las cantidades que se enviarán al mercado para su consumo.
La toma de decisión del precio de la venta en cualquiera de las modalidades antes
relacionadas, por medio de las cuales se comercializará el frijol y/o el maíz deberá ser
justificado a través de una resolución emitida por el titular del MAG.
Art. 4.- Facúltase al MAG para que efectúe todas las erogaciones necesarias para
la importación, administración, almacenamiento y comercialización del contingente de
frijol o maíz y en caso de ser necesario, pueda venderlo a menor precio que el de su
costo de adquisición, garantizando así un precio favorable a la población.
Art. 5.- Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería
para que utilice fondos provenientes de Fideicomisos MAG-BFA-PRODAP hasta por
la cantidad de un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América
($1,500,000.00), para la adquisición del contingente de frijol y/o maíz y los costos
derivados de la administración, almacenamiento y comercialización de los productos
antes referidos.
El MAG reintegrará la totalidad del monto utilizado al Fideicomiso MAG-BFA-
PRODAP, al finalizar la operación.
Indice Legislativo 777
Parte X

Parte X
778
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
Art. 6.- El MAG emitirá un instructivo que regule las actividades relacionadas con
la adquisición, administración, almacenamiento y comercialización del contingente de
frijol y/o maíz que sea necesario para abastecer debidamente el mercado salvadoreño.
Art. 7.- Con el fin de garantizar un expedito y oportuno proceso de adquisición,
administración, almacenaje y comercialización así como aquellas otras actividades que
sean necesarias y que se deriven de dicho proceso y por tratarse de operaciones de
carácter emergente y vital a los intereses de la población salvadoreña en general, las
disposiciones de este decreto se declaran de carácter especial, no siéndole aplicable
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
Art. 8.- Exonérase al MAG del pago de todo impuesto, aranceles u otros relacionados
con la adquisición, importación, administración, almacenamiento y comercialización de
los productos sujetos a este Decreto, con el objeto de disminuir al mínimo los costos
indirectos generados en beneficio de la sociedad salvadoreña y por el carácter especial
de estas medidas.
Art. 9.- Facúltase al MAG a través de la DGEA para que pueda donar a entidades
de utilidad pública, de beneficencia y otras de similar naturaleza, aquellos excedentes
que a la fecha del vencimiento del plazo para la comercialización de frijol y/o maíz no
se hayan realizado.
Art. 10.- El Presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta
días del mes de septiembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 183, Tomo Nº 389, Fecha: 1 de octubre de 2010.

DECRETO Nº 486
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 121, de fecha 18 de septiembre del año
2009, publicado en el Diario Oficial Nº 239, Tomo 385, del 21 de diciembre
del mismo año, se aprobaron Disposiciones Especiales y Transitorias de
Suspensión de Juicios Ejecutivos Mercantiles a favor de los Deudores
Agropecuarios y Agroindustriales, por un plazo de nueve meses que
vencieron el 20 de septiembre recién pasado;
II.- Que en razón del contenido del considerando anterior, mediante el Decreto
Legislativo Nº 479, del 30 de septiembre del presente año, se prorrogaron
los efectos de la Ley señalada en el considerando que antecede, decreto
que lleva consigo un error de contenido, dado que en este caso la prórroga
solicitada no procede, pues a la fecha de aprobación de este decreto,
las referidas disposiciones especiales ya habían perdido vigencia, siendo
lo correcto y adecuado la aprobación de unas nuevas disposiciones que
contengan el texto completo del Decreto Legislativo Nº 121 aludido, con la
finalidad de perseguir el objetivo de esta ley;
III.- Que siendo el sector agropecuario un pilar fundamental en la economía del
país como fuente generador de ingresos para las familias salvadoreñas
y para las finanzas del Estado, así como también creador de empleo
en uno de los segmentos de la población más necesitada del país, es
necesario apoyarlo con medidas, por ahora transitorias, para resolverles
posteriormente su situación financiera y productiva de manera integral, para
lo que se cuenta con la voluntad política de las entidades representadas en
el Primer Organo del Estado;
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de los Diputados Y Diputadas
Irma Lourdes Palacios Vásquez, Marina Landaverde, Audelia López y Anselmo Méndez.
DECRETA, las siguientes:
DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS DE SUSPENSION DE
JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES A FAVOR DE LOS DEUDORES
AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
Art. 1.- Suspéndase por un plazo que vence el 31 de marzo del año 2011, los
Juicios Ejecutivos Mercantiles iniciados en contra de toda persona natural o jurídica
Indice Legislativo 779
Parte X

Parte X
780
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
que adquirieron créditos con el Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario o
Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento del Sistema Financiero (FOSAFFI); mediante
créditos directos o con fondos correspondientes o provenientes de los Fideicomisos
siguientes: Fideicomiso de Conservación del Parque Cafetalero (FICAFE); Fideicomiso
Especial para el Sector Agropecuario (FIDEAGRO); Fideicomiso Especial de Desarrollo
Agropecuario (FEDA); Fideicomiso de Crédito denominado Programa de Garantía
Agropecuaria (PROGARA); Fideicomiso de Saneamiento Agropecuario (FINSAGRO);
FIDEICOMISO ALEMAN KFW; Fideicomiso para el Proyecto de Desarrollo Rural en la
Región Central (PRODAP II); Fideicomiso Especial para el Pago de la Deuda Agraria
(FEPADA), y Fideicomiso de Apoyo a la Inversión en la Zona Norte (FIDENORTE); así
como mediante créditos directos o por medio de los beneficiadores y exportadores,
únicamente cuando el origen de la deuda haya sido para financiar actividades de
producción agropecuaria y/o agroindustrial, para lo cual deberá expresarlo así el
respectivo documento que dio origen a la relación crediticia.
Dicha suspensión procesal incluye desde la admisión de la demanda hasta el
pronunciamiento de la sentencia, trámites de recursos ordinarios y extraordinarios
derivados de dichos procesos o juicios ejecutivos mercantiles, siempre que la sentencia
no haya sido ejecutoriada.
Para efectos de la suspensión establecida, se tendrá por interrumpida la caducidad
de la instancia durante el plazo señalado, interrupción que también será extensiva a
los efectos de la prescripción y generación de intereses legales o convencionales
correspondientes.
Art. 2.- La suspensión anterior operará respecto de los acreedores y programas
de crédito incluidos en el Artículo 1 del presente Decreto, conforme a la clasificación
siguiente, así:
a) Para las personas naturales o jurídicas que obtuvieron créditos con el Banco
de Fomento Agropecuario, cuyo monto original fue igual o inferior a treinta
mil dólares de los Estados Unidos de América;
b) Para las personas naturales o jurídicas cuyos créditos originales sean iguales
o inferiores a cien mil dólares de los Estados Unidos de América, que
obtuvieron créditos con el resto de los acreedores indicados en el Artículo
1 del presente Decreto; y
c) Para todas las personas jurídicas que operan bajo la figura del Cooperativismo
o Asociaciones Campesinas, que adquirieron créditos cuyos montos
originales fueron iguales o inferiores a los cien mil dólares de los Estados
Unidos de América; para deudores del Banco de Fomento Agropecuario; y
para el resto de los programas y/o acreedores indicados en el Artículo 1
del presente Decreto, cuyos montos originales fueron iguales o inferiores a
ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 3.- Para la aplicación e interpretación del artículo anterior, se entenderá por
documento origen de la relación crediticia con destino agropecuario o agroindustrial
cualesquiera de las siguientes opciones:
a) Que así haya sido expresado en la solicitud escrita, hecha por el deudor a
la institución, previo al otorgamiento del respectivo crédito;
b) Que el giro o actividad productiva del cliente se encuentre catalogado
bajo la asignación de Sección A o B, conforme a la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme revisión 3.0 adaptada para El Salvador (CIIU);
c) Que el instrumento notarial que dio origen a la relación crediticia así lo
exprese.
Todo deudor podrá abocarse a la institución pertinente, a solicitar información
respecto de su crédito, y específicamente exigir que se le notifique por escrito, si el
documento origen de la relación crediticia se encuentra dentro de las opciones antes
establecidas.
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete
días del mes de octubre del dos mil diez.
D. O. Nº 201, Tomo Nº 389, Fecha: 26 de octubre de 2010.
Indice Legislativo 781
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 498
782
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 74, de fecha 8 de septiembre de 1988,
publicado en el Diario Oficial Nº 176, Tomo Nº 300 de fecha 23 del mismo
mes y año, se emitió la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo
Económico y Social de los Municipios.
II.- Que el Art. 8 de la Ley antes relacionada, reformado mediante Decreto
Legislativo Nº 141, de fecha 9 de noviembre del año 2006, publicado en
el Diario Oficial Nº 230, Tomo Nº 373 de fecha 8 del mismo mes y año,
establece que los Municipios no podrán utilizar más del 25% del Fondo
para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios en gastos de
funcionamiento.
III.- Que en la actualidad, los municipios del país tienen dificultades para
hacerle frente a sus obligaciones económicas, por lo que es necesario
emitir disposiciones que les permita utilizar la totalidad del 25% de la
cuota correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del presente
ejercicio fiscal, asignado por la ley relacionada en el considerando primero
y su reforma mencionada en el segundo considerando.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Mario
Antonio Ponce López, Reynaldo Antonio López Cardoza, José Serafín Orantes Rodríguez
y José Vidal Carrillo Delgado.
DECRETA:
Art. 1.- Facúltase a los municipios del país, utilizar la totalidad del 25% de la cuota
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del presente ejercicio fiscal,
asignado por la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de
los Municipios, para el pago de salarios, aguinaldo y deudas a instituciones públicas y
privadas y otros gastos de funcionamiento. Erogaciones que deberán ser fiscalizadas
por la Corte de Cuentas de la República.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los cinco
días del mes de noviembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 218, Tomo Nº 389, Fecha: 22 de noviembre de 2010.
Indice Legislativo 783
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 503
784
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el señor Vicente Sibrián, es un destacado artista musical, principalmente
en el género del rock, quien fue afectado por la poliomielitis, lo que le
ocasionó quedar de por vida en silla de ruedas, situación que jamás le
imposibilitó para alcanzar su meta de ser un gran músico salvadoreño.
II.- Que su vida es un gran ejemplo de lucha y perseverancia para vencer las
adversidades que el destino le depara a cada ser humano, sin embargo,
en la actualidad atraviesa por una situación económica que le imposibilita
poder cumplir con sus obligaciones económicas, ya que es el responsable
de llevar el sustento a su familia.
III.- Que por las razones antes expuestas, y como un reconocimiento del pueblo
salvadoreño a su ardua labor al heredar un legado musical a las actuales
y futuras generaciones, por su dedicación a la máxima expresión musical
principalmente el género del rock, es procedente otorgarle una pensión
vitalicia de dos salarios mínimos.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de Diputados: Douglas
Leonardo Mejía Avilés, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Carmen Elena Calderón de
Escalón, José Francisco Merino López, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Inmar
Rolando Reyes, Orestes Fredesman Ortez Andrade, Mariela Peña Pinto, Donato Eugenio
Vaquerano Rivas, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, José Nelson Guardado Menjívar,
Mario Antonio Ponce López, Francisco José Zablah Safie, Roberto José d´Aubuisson
Munguía, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Gerson Martínez, Zoila Beatriz Quijada
Solís y David Ernesto Reyes Molina.
DECRETA:
Art. 1.- Otórgase una pensión vitalicia mensual, a favor del señor Vicente Sibrián,
equivalente a dos (2) salarios mínimos mensual vigente, correspondiente a los sectores
industria, comercio y servicio, los cuales se deberán ajustar en la misma proporción en
que se incremente los referidos salarios.
Art. 2.- Se faculta al Ministerio de Hacienda, aplicar la erogación a que se refiere
el artículo anterior, a la asignación presupuestaria correspondiente a las clases pasivas
en el Ramo de Hacienda, contenidas en las obligaciones generales del Estado.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once
días del mes de noviembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 222, Tomo Nº 389, Fecha: 26 de noviembre de 2010.
Indice Legislativo 785
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 504
786
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Ley que regula los asuetos, vacaciones y licencias de los empleados
públicos, establece asueto remunerado el 10 de mayo y el 15 de septiembre
de cada año, con motivo de conmemorarse el “Día de la Madre” y el “Día
de la Independencia”, respectivamente.
II.- Que para el año 2011, el 10 de mayo será día martes y el 15 de septiembre
será día jueves, y los empleados públicos y municipales tendrían que
laborar el día lunes 9 de mayo y el viernes 16 de septiembre.
III.- Que en atención a lo anterior, es procedente conceder licencia con goce
de sueldo a los referidos empleados, el día lunes 9 de mayo y el viernes
16 de septiembre, y en compensación laborar en jornada ordinaria el día
sábado 30 de abril y el día sábado 10 de septiembre del año 2011.
IV.- Que para no ocasionar inconvenientes en las actividades productivas del
país, es importante dar a conocer con anticipación a los usuarios de los
servicios que presta la Administración Pública y Municipal el cambio de los
días de asueto y compensatorios.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Ciro Cruz
Zepeda Peña, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, José Francisco Merino López,
Cesar Humberto García Aguilera, Irma Lourdes Palacios Vásquez y Mario Alberto
Tenorio Guerrero.
DECRETA:
Art. 1.- Los empleados y trabajadores de la Administración Pública y Municipal,
así como los que laboran en Instituciones Oficiales Autónomas, para el año 2011,
además del 10 de mayo y 15 de septiembre, gozarán de licencia el día lunes 9 de mayo
y el viernes 16 de septiembre, y en compensación, laborarán en jornada ordinaria, el
día sábado 30 de abril y el día sábado 10 de septiembre de ese mismo año.
Se exceptúa de la disposición anterior, a los empleados y trabajadores del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y
de la Policía Nacional Civil; en razón de los servicios de salud y seguridad pública
que prestan al pueblo salvadoreño; asimismo, aquellos empleados del Ministerio de
Hacienda, que a discreción del titular de dicha cartera sean necesarios su presencia
para atender el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 2.- Los Jefes de Unidades Primarias de Organización velarán para que en los
días compensatorios, el servicio se preste con normalidad, durante la jornada completa
de ocho horas.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once
días del mes de noviembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 218, Tomo Nº 389, Fecha: 22 de noviembre de 2010.
Indice Legislativo 787
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 506
788
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que es conveniente dignificar a los docentes que han entregado su vida y
conocimientos en pro de la educación, y con el propósito que éstos tengan
mejor reconocimiento al tiempo y esfuerzo dedicado a la formación de los
niños, niñas y jóvenes en los distintos centros educativos del país, por
medio de una compensación económica.
II.- Que existen peticiones de docentes en edad de jubilación y otro grupo con
tiempo considerable de servicio, de retirarse voluntariamente de la labor
educativa, lo que permitiría al Ministerio de Educación efectuar un cambio
de generación de educadores que permita impactar positivamente en las
estructuras del nivel docente.
III.- Con el objeto de retribuir por parte del Estado al esfuerzo realizado por
los docentes antes mencionados, se estima conveniente otorgar una
compensación económica por el tiempo de servicios educativos prestados
al Ministerio de Educación.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Juan
Carlos Mendoza Portillo, Francisco José Zablah Safie, Mauricio Ernesto Rodríguez,
Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Carmen Elena Calderón de Escalón, José Francisco
Merino López, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Inmar Rolando Reyes, Orestes
Fredesman Ortez Andrade, Mariela Peña Pinto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas,
Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, José Nelson Guardado Menjívar, Mario Antonio
Ponce López y Douglas Leonardo Mejía Avilés.
DECRETA, las siguientes:
DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE REGULAN UNA COMPENSACION
ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO DE MAESTROS, PARA 235
DOCENTES
Art. 1.- El presente Decreto tiene por objeto regular los aspectos y condiciones
que deben de estipularse, para regular los términos de concesión de una compensación
económica para 235 docentes.
Para acogerse a los beneficios de la compensación económica en las condiciones
establecidas en este Decreto, los 235 docentes del Ministerio de Educación que

Anuario Legislativo 2010 - 2011
voluntariamente deseen retirarse, deberán presentar su renuncia al cargo que
desempeñan, la cual será efectiva a partir del 1 de enero de 2011, por su parte el
Ministerio de Educación, aceptará la renuncia de los solicitantes sin ninguna objeción.
Art. 2.- Los docentes que obtengan los beneficios que otorga el presente Decreto,
no perderán la antigüedad para los efectos de tener derecho a la pensión que conforme
a la respectiva Ley les corresponde; y podrán seguir cotizando en la forma que disponga
la misma, si este fuere el caso.
Art. 3.- Se autoriza al Ministerio de Educación, para que con cargo a sus propias
asignaciones presupuestarias, proceda a otorgar una compensación económica a 235
docentes que han manifestado su voluntad de retiro de la labor educativa a partir de
25 años de prestar servicio como educadores en el Ministerio de Educación, sin límite
de edad.
Art. 4.- El docente que por cualquier causa hubiere recibido anteriormente del
Estado una indemnización o compensación económica por retiro del servicio en virtud
de Decretos similares o análogos al presente, no podrán acogerse en ningún caso a
los beneficios de este Decreto.
Art. 5.- Los docentes retirados tendrán derecho a una compensación económica
equivalente a doce salarios mensuales devengados tomando de referencia el devengado
al 31 de Diciembre de 2009; dicha compensación deberá realizarse mediante un solo
desembolso, durante el mes de enero de 2011.
Art. 6.- Los educadores a que se refiere el artículo anterior no podrán en ningún
momento y bajo ninguna circunstancia, desempeñar en el futuro ningún cargo dentro
de la Administración Pública o Municipal.
Art. 7.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once
días del mes noviembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 214, Tomo Nº 389, Fecha: 16 de noviembre de 2010.
Indice Legislativo 789
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 507
790
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 829, de fecha 26 de enero de 2000,
publicado en el Diario Oficial Nº 33, Tomo Nº 346, del 16 de febrero de
ese mismo año, se emitieron las Tasas por la Prestación de Servicios del
Cuerpo de Bomberos de El Salvador.
II.- Que con la finalidad de garantizar la protección permanente de parte
del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, durante la época de festejos
navideños, es necesario establecer medidas que no afecten la situación
económica de los vendedores de productos pirotécnicos.
III.- Que con el objetivo de generar certeza jurídica sobre el cobro de tasas para
la protección permanente que brinda el Cuerpo de Bomberos de El Salvador
durante la época de festejos navideños, es conveniente el establecimiento
y la regulación de algunas medidas de carácter transitorio al Decreto a que
se refiere el primer considerando para tal fin.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Gobernación y de los Diputados José Francisco
Merino López, Alberto Armando Romero Rodríguez y Lorena Guadalupe Peña Mendoza.
DECRETA, la siguiente:
DISPOSICION TRANSITORIA DE EXENCION DE PAGO DE TASAS POR
LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL
SALVADOR A LOS VENDEDORES DE PRODUCTOS PIROTECNICOS
Art. 1.- Suspéndese la aplicación del número 5, del Art. 4, del Decreto Legislativo
Nº 829, de fecha 26 de enero de 2000, publicado en el Diario Oficial Nº 33, Tomo Nº
346, del 16 de febrero de ese mismo año, mediante el cual se emitieron las Tasas
por la Prestación de Servicios del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, a todas las
personas que instalen sus ventas colectivas de productos pirotécnicos en inmuebles
públicos o privados, autorizados por la Alcaldía Municipal competente y que además
sean previamente calificados por el Cuerpo de Bomberos de El Salvador y la División
de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil, según el Reglamento Especial para
el Control y Regulación de Artículos Similares a Explosivos, Sustancias Químicas y
Productos Pirotécnicos.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 2.- La disposición anterior prevalecerá sobre cualquier otra disposición que
la contraríe.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial y sus efectos durarán hasta el 31 de diciembre de 2010.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once
días del mes noviembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 217, Tomo Nº 389, Fecha: 19 de noviembre de 2010.
Indice Legislativo 791
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 530
792
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que las familias salvadoreñas se han visto afectadas por la crisis económica
internacional, situación que les ha reducido su capacidad adquisitiva.
II.- Que es necesario contribuir a paliar dicha crisis especialmente en estas
épocas de fiesta de navidad y fin de año.
III.- Que por las razones antes expuestas es conveniente emitir disposiciones
transitorias que permitan no hacer efectivo para el presente año, la
retención y pago que se efectúa a los aguinaldos a que se refiere el Código
de Trabajo y la Ley Sobre la Compensación Adicional en Efectivo hasta un
límite de dos salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Lorena
Guadalupe Peña Mendoza, Carmen Elena Calderón de Escalón, José Francisco Merino
López, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Inmar Rolando Reyes, Orestes Fredesman
Ortez Andrade, Mariela Peña Pinto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Guillermo Antonio
Gallegos Navarrete, José Nelson Guardado Menjívar, Mario Antonio Ponce López,
Francisco José Zablah Safie, Douglas Leonardo Mejía Avilés, Mario Eduardo Valiente
Ortiz, Mario Marroquín Mejía, Federico Guillermo Avila Qüehl, Santos Adelmo Rivas
Rivas, Lucia del Carmen Ayala de León, Margarita Escobar, Félix Agreda Chachagua,
César Rene Florentín Reyes Dheming, Carmen Elena Figueroa Rodríguez, José Armando
Grande Peña, Manuel Vicente Menjivar Esquivel, Heidy Carolina Mira Saravia, David
Ernesto Reyes Molina, Marcos Francisco Salazar Umaña, Enrique Alberto Luis Valdés
Soto y Ana Guadalupe Martínez.
DECRETA:
Art. 1.- No obstante lo dispuesto en la Ley de Impuesto sobre la Renta y Código
Tributario, para el corriente año se exime de la retención y pago del impuesto sobre
la renta los ingresos que en concepto de aguinaldo, reciban los trabajadores a que se
refiere el Código de Trabajo y la Ley Sobre Compensación Adicional en Efectivo hasta
un monto no mayor de dos salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dos
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 228, Tomo Nº 389, Fecha: 6 de diciembre de 2010.
Indice Legislativo 793
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 535
794
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de conformidad a la Constitución, la Policía Nacional Civil tiene a
su cargo las funciones de policía urbana y policía rural para garantizar el
orden, la seguridad y la tranquilidad pública, así como la colaboración en
el procedimiento de investigación del delito, y todo ello con apego a la Ley
y estricto respeto a los derechos humanos.
II.- Que por Decreto Legislativo Nº 5, de fecha 13 de mayo del 2009, publicado
en el Diario Oficial Nº 92, Tomo 383, del 21 del mismo mes y año, se
emitieron “Disposiciones Transitorias para Regular el Proceso de Ascenso
a la Categoría de Inspector en la Policía Nacional Civil”, teniendo por objeto
establecer un procedimiento de ascenso a la Categoría de Inspector, para
Subinspectores del Nivel Ejecutivo graduados de la primera a la quinta
promoción de la Academia Nacional de Seguridad Pública; siendo que a la
fecha, el referido procedimiento de ascenso ha concluido.
III.- Que actualmente, se vuelve necesario continuar con el proceso de
consolidación institucional, dictando las disposiciones pertinentes, a fin
de actualizar y adecuar la estructura de la organización de mando de la
Policía Nacional Civil, para lo cual debe regularse lo concerniente a las
convocatorias de los Oficiales Subinspectores de las promociones sexta
y séptima de la Academia Nacional de Seguridad Pública, tomando en
consideración el tiempo de servicio y la experiencia adquirida en el ejercicio
policial respectivamente.
IV.- Que con la finalidad de incorporar al proceso de ascenso a la Categoría
de Inspector a la sexta y séptima promoción del Nivel Ejecutivo de
Subinspectores de la Policía Nacional Civil, se hace necesario emitir las
disposiciones legales pertinentes.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado Mario Antonio
Ponce López; y con el apoyo de los Diputados: Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón,
Darío Alejandro Chicas Argueta, José Álvaro Cornejo Mena, Carlos Cortez Hernández,
Luis Alberto Corvera Rivas, Blanca Noemí Coto Estrada, Raúl Omar Cuellar, Nery Arely
Díaz de Rivera, Antonio Echeverría Véliz, Emma Julia Fabián Hernández, Santiago Flores
Alfaro, Ricardo Bladimir González, Iris Marisol Guerra Henríquez, Norma Fidelia Guevara
de Ramirios, Gladis Marina Landaverde Paredes, Benito Antonio Lara Fernández,
Audelia Guadalupe López de Kleutgens, Hortensia Margarita López Quintana, Francisco
Roberto Lorenzana Durán, Guillermo Mata Bennett, Guillermo Olivo, Lourdes Palacios,
Gaspar Armando Portillo Benítez, Zoila Beatriz Quijada Solís, Inmar Rolando Reyes,

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Gilberto Rivera Mejía, Jackeline Noemi Rivera Ávalos, José Mauricio Rivera, Sonia
Margarita Rodríguez Siguenza, Ana Silvia Romero Vargas, Karina Ivette Sosa de Lara,
Jaime Gilberto Valdez Hernández, Ramón Arístides Valencia Arana, María Margarita
Velado y Ana Daysi Villalobos Membreño.
DECRETA, las siguientes:
DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA REGULAR EL PROCESO DE
ASCENSO DE LA CATEGORIA DE SUBINSPECTOR A LA DE INSPECTOR
EN LA POLICIA NACIONAL CIVIL
Objeto
Art. 1.- El presente Decreto, tiene por objeto establecer un procedimiento de
ascenso a la categoría de Inspector, para Subinspectores del Nivel Ejecutivo graduados
de las promociones sexta y séptima de la Academia Nacional de Seguridad Pública y
que carezcan de expedientes disciplinarios abiertos por faltas graves o muy graves.
Convocatorias
Art. 2.- El Ministro de Justicia y Seguridad Pública a propuesta del Director
General de la Policía Nacional Civil, convocará a los cursos de ascenso para optar a
la categoría de Inspector a todos aquellos que pertenezcan a las promociones sexta y
séptima, que han prestado su servicio desde el ingreso a la Corporación Policial y que
carezcan de expedientes disciplinarios abiertos por faltas graves o muy graves; los que
serán convocados al curso de ascenso, el cual dará inicio a partir del primer trimestre
del año dos mil once. Dicho curso durara 60 días y será de manera externa.
Requisitos
Art. 3.- Para aplicar a los beneficios del presente Decreto y obtener el ascenso,
los Subinspectores deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Deberán ser graduados de la Academia Nacional de Seguridad Pública, de
las promociones sexta y séptima del Nivel Ejecutivo;
b) Encontrarse en servicio activo y haber prestado como mínimo servicio
efectivo de cuatro años;
c) Carecer en el Historial de Servicio de anotación de sanción disciplinaria por
falta grave o muy grave, no cancelada; y,
d) Haberse sometido y aprobado el curso de ascenso impartido por la Academia
Nacional de Seguridad Pública.
Indice Legislativo 795
Parte X

Parte X
796
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
El contenido del curso de ascenso será aprobado por la Academia Nacional de
Seguridad Pública y la Policía Nacional Civil, teniéndose en cuenta que la modalidad en
que se impartirá no afecte las necesidades del servicio.
Dichos cursos de ascenso los organizará e impartirá la Academia Nacional de
Seguridad Pública en lo pertinente y el que dará la continuidad a los mismos, no
debiendo excederse de dos meses de duración cada uno de los cursos y con un
número que no exceda de los cuarenta Oficiales por grupo, para cada uno de los
mismos.
Procedimiento para el Ascenso
Art. 4.- Los Oficiales que aprueben el curso de ascenso después de graduados,
deberán presentar su expediente con las notas certificadas por la Academia Nacional
de Seguridad Pública, su diploma de Subinspector, constancia de carecer en el
Historial de Servicio de anotación de sanción disciplinaria por falta grave o muy grave,
no cancelada, y de carecer de antecedentes penales donde hayan sido declarados
culpables.
Todo ello será ratificado por el Tribunal de Ingresos y Ascensos de la Policía
Nacional Civil, quienes asignarán el escalafón conforme a la nota obtenida en el curso
aprobado en La Academia.
Las disposiciones del presente Decreto, prevalecerán sobre cualquier otra que la
contraríe.
Aprobación de Plazas
Art. 5.- El Ministerio de Hacienda asignará los fondos necesarios para el pago de
las plazas que resulten de los Subinspectores que asciendan a Inspectores, a petición
del Ministro de Justicia y Seguridad Pública y del Director General de la Policía Nacional
Civil.
Vigencia
Art. 6.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dos
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 239, Tomo Nº 389, Fecha: 21 de diciembre de 2010.

DECRETO Nº 538
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I- Que las condiciones climáticas que ha experimentado el país en el año
2010 ha repercutido negativamente en el mercado nacional, el cual se
ha visto afectado por la escasez de granos básicos como consecuencia
del exceso de lluvias sobre el cultivo, pérdidas de cosechas por plagas y
daños directos al cultivo por el alto índice de humedad en los granos;
II.- Que dichos factores climáticos obligan al Ministerio de Agricultura y
Ganadería a adoptar las medidas y acciones necesarias para enfrentar el
alza en los precios de los alimentos básicos que, como el frijol y el maíz,
forman parte de la dieta alimenticia básica de la población; por lo que es
necesario asegurar el abastecimiento en el mercado nacional, de semillas
y granos de frijol y/o maíz, así como de los insumos necesarios para su
producción;
III.- Que en nuestro país el consumo de granos básicos forma parte esencial
de la dieta alimentaria, siendo importante garantizar el abastecimiento
del producto y precios justos; así como también reviste vital importancia
asegurar la producción de dichos granos y los insumos que incrementen
dicha producción, a fin de lograr abastecer con producción nacional tales
productos;
IV.- Que por las razones expuestas en los considerandos anteriores, es
indispensable proveer al país de la disponibilidad de semillas y granos de
frijol y/o maíz, así como de los insumos necesarios para su producción,
suficiente para enfrentar el riesgo de desabastecimiento y con ello incidir
en precios favorables al consumidor, proporcionándose además, las
atribuciones respectivas al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través
de la Dirección General de Economía Agropecuaria a los mismos efectos.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Agricultura y Ganadería y de los Diputados
Orestes Fredesman Ortez Andrade, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Irma Lourdes
Palacios Vásquez y Blanca Noemy Coto Estrada.
DECRETA, las siguientes:
DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS PARA ASEGURAR A LA
POBLACION EL ABASTECIMIENTO DE SEMILLA Y GRANO DE FRIJOL
Y/O MAIZ E INSUMOS PARA SU PRODUCCION
Indice Legislativo 797
Parte X

Parte X
798
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
Art. 1.- Facúltase al Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, a través de la
Dirección General de Economía Agropecuaria, DGEA y mediante los mecanismos que
estime convenientes, la adquisición emergente y excepcional de contingentes de semilla
y grano de frijol y/o maíz e insumos necesarios para su producción, a través de la
compra directa a proveedores nacionales o extranjeros, sean éstos personas naturales
o jurídicas, con el objeto de garantizar su abastecimiento y un precio favorable a la
población salvadoreña.
La comercialización de los contingentes de semilla y grano de frijol y/o maíz e
insumos para su producción, se podrá realizar a través de la Bolsa de Productos
Agropecuarios de El Salvador o directamente por medio de la DGEA, dentro de un
período que caducará en doce meses contados a partir de la adquisición de dichos
contingentes.
Art. 2.- Con la finalidad de conservar las propiedades de los productos a adquirir,
la DGEA coordinará con las unidades organizativas del MAG que estime conveniente,
los procesos para garantizar una oportuna rotación de los productos en atención a
su volumen, el período de tiempo de la conservación de los mismos y definir entre
otros aspectos, las condiciones y ubicación geográfica de la infraestructura para su
almacenamiento y distribución.
Art. 3.- Una vez adquiridos los contingentes de semilla y grano de frijol y/o maíz e
insumos para su producción, el MAG deberá determinar el precio de referencia al que
deberán venderse los productos, así como el momento en que éstos se colocarán y
las cantidades que se enviarán al mercado.
La toma de decisión del precio de la venta en cualquiera de las modalidades antes
relacionadas, por medio de las cuales se comercializarán los productos a que alude el
inciso anterior, deberá ser justificada a través de una resolución emitida por el titular
del MAG.
Art. 4.- Facúltase al MAG para que efectúe todas las erogaciones necesarias para
la importación, administración, almacenamiento y comercialización de los contingentes
de semilla y grano de frijol y/o maíz e insumos necesarios para su producción, y
en caso de ser necesario, pueda venderlo a menor precio que el de su costo de
adquisición, garantizando así un precio favorable a la población.
Art. 5.- Autorízase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería para
que utilice fondos provenientes de la reasignación presupuestaria autorizada mediante
Decreto Legislativo Nº 519, de fecha 25 de noviembre de 2010, publicado en el Diario
Oficial Nº 222, Tomo Nº 389, del 26 del mismo mes y año, hasta por la cantidad de
Cinco Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$5,000,000,00),
para la adquisición de los contingentes de semilla y grano de frijol y/o maíz e insumos

Anuario Legislativo 2010 - 2011
para su producción y los costos derivados de la administración, almacenamiento y
comercialización de los contingentes antes referidos.
El MAG creará un Fondo Revolvente o Rotatorio, el cual será destinado para la
ejecución de proyectos de desarrollo del Sector Agrario Productivo.
Art 6.- El MAG emitirá un instructivo que regule las actividades relacionadas
con la adquisición, administración, almacenamiento y comercialización de semilla y
grano de frijol y/o maíz e insumos necesarios para abastecer debidamente el mercado
salvadoreño.
Art. 7.- Con el fin de garantizar un expedito y oportuno proceso de adquisición,
administración, almacenaje y comercialización, así como aquellas otras actividades
que sean necesarias y que se deriven de dicho proceso, y por tratarse de operaciones
de carácter emergente y vital a los intereses de la población salvadoreña en general, las
disposiciones de este Decreto se declaran de carácter especial y no le será aplicable la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
Art. 8.- Exonérase al MAG del pago de todo impuesto, aranceles u otros relacionados
con la adquisición, importación, administración, almacenamiento y comercialización de
los productos sujetos a este Decreto, con el objeto de disminuir al mínimo los costos
indirectos generados en beneficio de la sociedad salvadoreña y por el carácter especial
de estas medidas.
Art. 9.-Facúltase al MAG, a través de la DGEA, para que pueda donar a entidades
de utilidad pública, de beneficencia y otras de similar naturaleza, aquellos excedentes
que a la fecha de vencimiento del plazo para la comercialización de grano, semilla de
frijol o maíz e insumos que no se hayan realizado.
Art. 10.- Derógase el Decreto Legislativo Número 484, de fecha 30 de septiembre
del 2010, publicado en el Diario Oficial Número 183, Tomo 389, del 1° de octubre del
presente año.
Art. 11.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los nueve días
del mes de diciembre del dos mil diez.
D. O. Nº 239, Tomo Nº 389, Fecha: 21 de diciembre de 2010.
Indice Legislativo 799
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 548
800
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 665, de fecha 7 de marzo de 1996,
publicado en el Diario Oficial Nº 58,Tomo Nº 330, del 22 de ese mismo
mes y año, se emitió la Ley de la Carrera Docente, cuya finalidad es
garantizar que la docencia sea ejercida por educadores inscritos en el
Registro Escalafonario del Ministerio de Educación, asegurándoles su
estabilidad laboral, como medio para lograr una educación de calidad.
II.- Que el Art. 101 de dicha Ley, establece que se podrá efectuar la incorporación
de los educadores que se encuentran laborando en la modalidad EDUCO a
la Ley de Salarios.
III.- Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 74, de fecha 7 de agosto de 1996,
publicado en el Diario Oficial Nº 145, Tomo Nº 332, del 8 de ese mismo
mes y año, se emitió el Reglamento de la Ley de la Carrera Docente, el cual
en su Art. 33, letra b) contempla la sustitución de horas clase por personal
de aula, a través de nuevas partidas a favor de docentes que se han venido
desempeñando como horas clase en la misma institución.
IV.- Que el Art. 18 de la Ley de la Carrera Docente establece diversidad de
criterios y un proceso de selección, que tiene poca oportunidad para que
los docentes de la modalidad EDUCO y los docentes contratados por horas
clase con más de cinco años de servicio, puedan optar a una plaza por Ley
de Salarios.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Educación,
DECRETA:
Art. 1.- El presente Decreto tiene por objeto incorporar a los educadores que se
encuentran laborando en la modalidad EDUCO en plazas por Ley de Salarios; así como,
sustituir las horas clase de nivel de educación media, por partidas de sueldo base
docente en la Ley de Salarios, a favor de los docentes que se desempeñan únicamente
como horas clase en la misma institución.
Art. 2.- Se beneficiarán con lo dispuesto en el presente Decreto, aquellos docentes
contratados en propiedad por las Asociaciones Comunales para la Educación, ACE, con
fondos asignados por el Ministerio de Educación para tal efecto, y que se encuentren

Anuario Legislativo 2010 - 2011
laborando en la modalidad EDUCO, en los niveles de educación parvularia, básica y
media.
De igual beneficio gozarán los docentes de educación media, que bajo la modalidad
de horas clase y que a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, hubieren
acumulado un tiempo de servicio igual o mayor a cinco años; y que además, tengan
asignadas un mínimo de noventa y seis horas clase mensuales en la misma institución
educativa.
Art. 3.- Las plazas que se asignen a los docentes de la modalidad EDUCO, se
harán tomando en cuenta su nivel y el tiempo de servicio activo del docente, de
conformidad con lo establecido en la Ley de la Carrera Docente.
Las plazas que se asignen a los docentes horas clase, corresponderán a la
Categoría 6 Nivel II, teniendo el derecho de ascender de categoría y nivel educativo al
presentar la documentación que ampare su tiempo de servicio activo, de conformidad
al procedimiento establecido en la Ley de la Carrera Docente, y sean programados y
aprobados los fondos correspondientes en la Ley de Presupuesto General del Estado.
Art. 4.- Los docentes beneficiados podrán incorporarse al régimen de salud, de
acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 83 de la Ley del Instituto Salvadoreño
de Bienestar Magisterial.
Art. 5.- Las partidas creadas para educación parvularia, educación básica y
educación media de la modalidad EDUCO, y las horas clase que serán sustituidas por
sueldo base docente para educación media, serán consignadas y se harán efectivas
en la Ley de Salarios del ejercicio fiscal 2011.
En ambos casos, se exceptúa por esta única vez la aplicación del procedimiento
de selección para el ingreso a la docencia establecido en el artículo 18 de la Ley de la
Carrera Docente.
Art. 6.- Facúltase al Ministerio de Educación para desarrollar las disposiciones
contenidas en el presente Decreto y crear la normativa respectiva para la correcta y
justa aplicación del mismo.
Art. 7.- El presente Decreto tendrá la vigencia de un año, a partir de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los nueve
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 240, Tomo Nº 389, Fecha: 22 de diciembre de 2010.
Indice Legislativo 801
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 555
802
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Constitución de la República establece en su Art. 72 que son
derechos políticos del ciudadano ejercer el sufragio; asociarse para
constituir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya
constituidos; y optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que
determinan esta Constitución y las leyes secundarias.
II.- Que nuestra Carta Magna en su Art. 78. establece además que el voto
será libre, directo, igualitario y secreto, características que se consideran
actualmente condiciones necesarias para la democracia.
III.- Que en aras de promover una mayor participación democrática de la
ciudadanía en el proceso electoral y potenciar la plena libertad en el ejercicio
del voto, es necesario emitir disposiciones que regulen lo pertinente para
la inscripción de candidaturas no partidarias para la elección de las
diputaciones a la Asamblea Legislativa.
POR TANTO,
en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa del Diputado Ricardo
Bladimir González, y las Diputadas Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Jackeline
Noemí Rivera Avalos, Cristina Cornejo y Yeymi Elizabeth Muñoz,
DECRETA, las siguientes:
DISPOSICIONES PARA LA POSTULACION DE CANDIDATURAS NO
PARTIDARIAS EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS
Objeto de la Ley
Art. 1.- Las presentes disposiciones tienen como objeto regular la participación
de las candidaturas no partidarias y de los grupos de apoyo que les respalden en las
elecciones legislativas.
Autoridad Competente
Art. 2.- La institución responsable de aplicar las presentes disposiciones es el
Tribunal Supremo Electoral, que en adelante se nominará como “el Tribunal”.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Para la aplicación de lo regulado en las presentes disposiciones, especialmente en
lo referido a la inscripción o denegatoria de inscripción de una candidatura no partidaria,
se requerirá el voto favorable de cuatro de los cinco magistrados del Tribunal.
Art. 3.- Para efectos de la aplicación de las presentes disposiciones se entenderá
por:
Candidata o candidato no partidario: aquella ciudadana o ciudadano que inscribe su
candidatura a una diputación, sin encontrarse afiliado ni ser postulado por un partido
político, acompañado de su respectivo suplente.
Grupo de Apoyo: Es un grupo conformado por un mínimo de diez ciudadanos, residentes
en una misma circunscripción electoral departamental, que se constituyen a fin de
respaldar una candidatura no partidaria en la circunscripción electoral en la que les
corresponde votar. Estos grupos caducan cuando el Tribunal emite la declaración en
firme de los resultados electorales de la correspondiente elección legislativa que la
motivó, salvo la existencia de obligaciones patrimoniales pendientes de liquidar.
Art. 4.- Los ciudadanos aptos para ejercer el sufragio podrán asociarse para
respaldar una candidatura no partidaria mediante la conformación de Grupos de Apoyo
de conformidad con las presentes disposiciones.
Queda prohibido que las personas jurídicas de cualquier naturaleza integren Grupos
de Apoyo.
Art.5.- Para configurar un Grupo de Apoyo, se requiere que un mínimo de diez
ciudadanos concurran ante notario, quien levantará un acta en la que dichos ciudadanos
deberán expresar que se constituyen para respaldar una candidatura no partidaria y que
se obligan todos solidariamente junto con el referido candidato y su respectivo suplente
para asumir compromisos económicos con terceros. Esta acta también deberá ser
suscrita por el candidato y su respectivo suplente, de lo contrario será nula.
Esta acta deberá presentarse ante el Tribunal, quien llevará un registro de los Grupos
de Apoyo que se configuren, así como de sus miembros y consignará el nombre del
candidato propietario y de su respectivo suplente a quien le otorgan su apoyo.
Proceso de Recolección de Firmas
Art. 6.- Dentro del plazo de tres días después de la convocatoria a elecciones
hecha por el Tribunal, las personas interesadas en participar como candidatos no
Indice Legislativo 803
Parte X

Parte X
804
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
partidarios, solicitarán por escrito al Tribunal ser reconocidas como tales, y presentarán
los libros para la recolección de firmas necesarias para su inscripción al Tribunal para
su autorización. El Tribunal autorizará a más tardar dentro de cuarenta y ocho horas
los libros necesarios para recoger el número de firmas requeridas de conformidad a lo
que establece el presente Decreto.
Los interesados devolverán los libros conteniendo las firmas a más tardar
dentro de los veinticinco días después de recibidos. El Tribunal procederá a verificar
el cumplimiento de los requisitos establecidos y emitirá si fuere procedente, una
constancia que habilitará para la inscripción de la candidatura.
Postulación de Candidaturas no Partidarias
Art. 7.- Podrá postular su candidatura a una diputación en las elecciones
legislativas, cualquier ciudadano que cumpliendo los requisitos constitucionales y
legales, se encuentre en el goce de sus derechos políticos y no se encuentre dentro
de las prohibiciones legalmente establecidas.
La solicitud de inscripción se presentará personalmente por los respectivos
candidatos propietarios y suplentes y deberá contener el nombre completo del
ciudadano que se postula como candidato a una Diputación en calidad de propietario y
su respectivo suplente, para una determinada circunscripción departamental y deberá
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 215 del Código Electoral en lo
aplicable.
Se prohíbe a los candidatos no partidarios realizar alianzas o coaliciones con
partidos políticos.
Requisitos para Postular Candidaturas no Partidarias
Art. 8.- Las candidaturas no partidarias serán presentadas de manera individual
o respaldadas por un Grupo de Apoyo, y se requerirá presentar al Tribunal, para que
autorice la inscripción de la candidatura, los siguientes requisitos:
a) Certificación de la Partida de Nacimiento o el documento supletorio del
candidato postulado, así como el del padre o la madre o la resolución en
que se concede la calidad de salvadoreño a cualquiera de los mismos;
b) Acta Notarial en la cual se haga constar la configuración del Grupo de Apoyo
con el objeto de respaldar a un candidato como propietario con su respectivo
suplente, en una determinada circunscripción electoral, y el compromiso de
asumir solidariamente las responsabilidades contraídas en el ejercicio de
las actividades correspondientes al proceso electoral; el nombre y distintivo
con el que se identifica el candidato no partidario o su Grupo de Apoyo,
el cual deberá respetar las especificaciones establecidas en el Código
Electoral; y la protesta solemne de desarrollar sus actividades conforme a
la Constitución y las leyes. Este requisito únicamente será exigible en caso

Anuario Legislativo 2010 - 2011
de que el candidato no partidario que se postule cuente con el respaldo de
un Grupo de Apoyo;
c) Una cantidad de firmas o huellas en su caso, no menor al residuo con el que
resultó electo en la elección anterior, el Diputado o Diputada del Departamento
en el cual se postula, quienes deberán encontrarse en el ejercicio de sus
derechos y no deberán estar afiliados a ningún partido político o Grupo de
Apoyo. Esta relación se hará constar en libros que previamente autorizará
para tales efectos el tribunal y deberá contener el nombre, edad, profesión
u oficio, nacionalidad, número de DUI vigente y firma de los ciudadanos
respaldantes, quienes deberán estar inscritos en el padrón electoral en la
circunscripción electoral en donde se pretende postular la candidatura. En el
caso de que alguno de los ciudadanos respaldantes no supiere o no pudiere
firmar, se hará constar esa circunstancia y plasmará la huella de su dedo
pulgar derecho o en su defecto del izquierdo, indicándolo de esa manera y
las huellas deberán ser validadas por el Tribunal, mediante el Sistema de
Identificación de Huellas conocido como AFI, por sus siglas en ingles;
d) Fianza para responder por las obligaciones contraídas con terceros en el
ejercicio de las actividades correspondientes al proceso electoral, por un
monto mínimo equivalente al cincuenta por ciento del presupuesto estipulado
para el desarrollo de su campaña proselitista;
e) Plataforma Legislativa para el período por el cual se postula; y
f) Un proyecto de presupuesto con el cual se financiará su campaña proselitista
avalado por un contador autorizado.
Prohibiciones para Candidaturas no Partidarias
Art. 9.- Se prohíbe la postulación como candidatos no partidarios a:
a) Los ciudadanos que señala el artículo 82 y 127 de la Constitución de la
República;
b) Los funcionarios comprendidos en el Art. 4 de la Ley del Servicio Civil, a
menos que renuncien seis meses antes a la elección legislativa;
c) Las personas que se encuentren afiliadas a cualquier partido político o que
hayan estado afiliadas durante los últimos tres años previos a la elección
convocada o que se encuentren en los listados de respaldo de otro Grupo
de Apoyo; y
d) Quienes hayan resultado electos como Diputados dentro de los tres años
anteriores a la convocatoria a elecciones.
Indice Legislativo 805
Parte X

Parte X
806
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
Financiamiento Electoral
Art. 10.- El candidato no partidario podrá recibir donaciones de fuentes privadas,
para lo cual abrirá una cuenta bancaria única a su nombre o del Grupo de Apoyo que
lo respalda. Adicionalmente el candidato deberá llevar un libro de contabilidad formal
autorizado por el Tribunal donde se registren los ingresos y egresos totales, así como
las donaciones en especie que reciba, los cuales deberán liquidarse al final del proceso
electoral, todo lo cual servirá para fiscalizar el origen y uso lícito de los fondos.
Las donaciones solo podrán recibirse luego de autorizada la inscripción por el
Tribunal.
Se prohíben las donaciones de otros grupos o de partidos políticos y las donaciones
en dinero o especies que no puedan ser susceptibles de registro o comprobación.
El aporte patrimonial de los candidatos no partidarios, entre propietario y suplente,
no podrá exceder del cincuenta por ciento del total del presupuesto previsto para el
desarrollo de la campaña electoral respectiva.
Concluido el proceso electoral y en caso de haber remanente producto de la
liquidación, este deberá pasar al Tribunal y será destinado a la Fundación para el
Mantenimiento Fortalecimiento y Desarrollo de los Partidos Políticos.
El origen y uso de los fondos empleados estarán sujetos a la fiscalización que la
ley establezca.
Los candidatos no partidarios no podrán gozar de la deuda política en virtud de lo
estipulado en el artículo 210 de la Constitución de la República.
Retiro de Candidaturas
Art. 11.- Transcurridos treinta días de iniciado el proselitismo electoral, no se
podrán retirar candidaturas no partidarias inscritas.
En caso de retiro de candidaturas dentro del plazo permitido, éstos y/o sus Grupos
de Apoyo no podrán desarrollar actividades de proselitismo a favor de otra candidatura
y los fondos que se hubieren colectado, luego de ser liquidados, deberán pasar al
Tribunal y serán destinados a la Fundación para el Mantenimiento, Fortalecimiento y
Desarrollo de los Partidos Políticos.
El fallecimiento o incapacidad legal de cualquiera de los candidatos, acarrea la
cancelación de la inscripción, lo cual será declarado de oficio por el Tribunal sin más
trámite ni diligencia.
Campaña Electoral
Art. 12.- Los candidatos no partidarios y los Grupos de Apoyo se sujetarán a lo
que establece el Código Electoral con respecto a la propaganda electoral y estarán
sujetos a las mismas sanciones que se contemplan para los Partidos Políticos.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Observación Electoral
Art. 13.- En cada Centro de Votación correspondiente a su circunscripción,
los candidatos no partidarios podrán acreditar un observador propietario y un
suplente, quienes deberán aparecer en alguno de los padrones correspondientes a su
circunscripción.
Los candidatos no partidarios no podrán proponer miembros para conformar
organismos electorales temporales en virtud de lo que estipula el artículo 209 de la
Constitución de la República.
Para conocer los resultados electorales, los candidatos no partidarios que participen
en la elección, tendrán derecho de solicitar una copia del acta de cierre y escrutinio.
Para ello, podrán acreditar un representante que será el autorizado para reclamarlas a
la Junta Electoral Departamental o a la Fiscalía General de la República.
Disposiciones Finales
Art 14.- En todo lo no previsto en estas disposiciones, se aplicará supletoriamente
el Código Electoral en lo que fuere pertinente.
Art. 15.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 8, Tomo Nº 390, Fecha: 12 de enero de 2011.
Indice Legislativo 807
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 560
808
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 269, de fecha 25 de junio de 1992,
publicado en el Diario Oficial Nº 144, Tomo 316, del 10 de agosto de
ese mismo año, se emitió por primera vez la Ley Orgánica de la Policía
Nacional Civil; en la que se estableció inicialmente el perfil del personal
policial a ingresar en los Niveles Básico, Ejecutivo y Superior y los requisitos
específicos para cada nivel;
II.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 773, de fecha 18 de julio de 1996,
publicado en el Diario Oficial Nº 144, Tomo 332, del 7 de agosto de ese
mismo año, se emitió la Ley de la Carrera Policial; por medio de la cual se
regulan los ascensos y la terminación de dicha carrera, estableciéndose
nuevos requisitos particulares y académicos para los aspirantes a ingresar
en los diversos niveles, quedando un vacío legal para el personal que
ingresó bajo las regulaciones originales;
III.- Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 38, de fecha 18 de marzo de 1999,
publicado en el Diario Oficial Nº 55, Tomo 342, del 19 de ese mismo
mes y año, se emitió el Reglamento de Ascensos de la Policía Nacional
Civil, el cual tiene por objeto regular lo relativo al ascenso en las distintas
categorías y niveles de la Policía Nacional Civil; así como, los requisitos
generales, específicos y el procedimiento sobre ello;
IV.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 581, de fecha 15 de abril de 1999,
publicado en el Diario Oficial Nº 84, Tomo 343, del 7 de mayo de ese mismo
año, se emitieron las Disposiciones para Facilitar el Primer Proceso de
Ascensos en la Policía Nacional Civil, las que permitieron la consolidación
de categoría de los mandos provisionales del Nivel Básico, los ascensos a
las categorías inmediatas superiores del Nivel al que pertenecían, con los
requisitos iniciales de su ingreso a la Institución Policial;
V.- Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 88, de fecha 17 de octubre de 2000,
publicado en el Diario Oficial Nº 205, Tomo 349, del 1 de noviembre de ese
mismo año, se emitió el Reglamento de los Cursos de Ascensos para los
Miembros de la Policía Nacional Civil, el cual establece que es el Consejo
Académico de la Academia Nacional de Seguridad Pública el que aprobará
el contenido, diseño, sistema de evaluación, método y la correspondiente
duración de los cursos de ascensos; y,
VI.- Que por las razones anteriormente expuestas, se vuelve necesario emitir
las Disposiciones Especiales Transitorias pertinentes, a efecto de subsanar
el vacío legal referido y permitir el normal desarrollo de la profesión policial
de los miembros que ingresaron a la Institución Policial, con los requisitos

Anuario Legislativo 2010 - 2011
que como perfiles se establecieron en los Acuerdos de Paz, quienes
continuarán sus ascensos en la Carrera Policial con esos requisitos hasta
la terminación de la misma.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Justicia y Seguridad Pública.
DECRETA, las siguientes:
DISPOSICIONES ESPECIALES TRANSITORIAS PARA REGULAR EL
ASCENSO Y PROMOCION INTERNA DEL PERSONAL QUE INGRESO A LA
POLICIA NACIONAL CIVIL DE EL SALVADOR, HASTA LA PROMOCION
NUMERO CINCUENTA Y SIETE DEL NIVEL BASICO Y CONSOLIDACION
DE LA CATEGORIA DE CABOS Y SARGENTOS
Art. 1.- El personal policial que ingresó a la Policía Nacional Civil de El Salvador
hasta la Promoción cincuenta y siete del Nivel Básico, podrán concursar para su
ascenso a la categoría de Sub-Inspector.
Art. 2.- Los Agentes, Cabos y Sargentos miembros del Nivel Básico de la Policía
Nacional Civil, que ostentaren un Título Universitario, debidamente registrado en el
Ministerio de Educación a nivel de Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Doctorado y
que se encuentren en servicio activo dentro de la PNC, serán convocados al ascenso a
la Categoría de Subinspector en el Nivel Ejecutivo como promoción interna.
Art. 3.- El personal policial que estuviere desempeñando Mandos Provisionales
de Cabo y Sargento, podrán consolidar la categoría que ostenten siempre y cuando
cumpla los requisitos siguientes:
1) El tiempo de servicio mínimo en la categoría:
- Cabo 2 años.
- Sargento 3 años.
2) Asistir y aprobar un curso que para tal efecto elaborará la Academia Nacional
de Seguridad Pública -ANSP-.
Art. 4.- En los procesos de ascenso o promoción interna o consolidación de
categoría, regulados por el presente Decreto, no se exigirá requisito de edad.
Indice Legislativo 809
Parte X

Parte X
810
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
No podrán participar quienes tengan en el historial de servicio anotación de sanción
disciplinaria, por falta grave o muy grave, no cancelada o quienes tengan antecedentes
penales por delitos dolosos. Cuando al tiempo de iniciarse el proceso selectivo o
durante el mismo, el aspirante que sea sometido a procedimiento disciplinario, por falta
grave o muy grave, dicho ascenso quedará condicionado a que la resolución definitiva
lo exonere de toda responsabilidad.
Art. 5.- La ANSP elaborará un programa de estudio para los cursos que regula
el presente Decreto. Los que deberán tener una duración de seis meses para el Nivel
Ejecutivo, en la categoría de Sub-Inspector.
Para la consolidación de las Categorías de Cabos y Sargentos, el curso será de
tres meses.
Art. 6.- En la fase de selección el Tribunal de Ingresos y Ascensos -TIA-, recibirá
toda la documentación de los aspirantes al curso de ascenso a la categoría o nivel
inmediato superior.
Art. 7.- Los aspirantes al curso de ascenso o Promoción Interna a la Categoría de
Sub Inspector, deberán aprobar cada una de las siguientes fases:
a) Concurso: Comprenderá una Prueba de Conocimientos Policiales, Física y
Psicotécnica;
b) Formación: Comprende el proceso de formación Académica en la ANSP; y,
c) Acreditación: Es la fase en la que al haber aprobado el curso de ascenso
en la ANSP, el interesado se presentará al TIA, con el respectivo Diploma y
la Constancia de Notas, para que sea investido por el Director General de
la PNC.
La prueba física a la que se hace referencia en el literal a) del presente artículo,
será acorde a la edad del aspirante.
Art. 8.- Los miembros de la Institución Policial, que sin menoscabar la Ley
Disciplinaria Policial; hayan sufrido lesiones que les impidan o limiten su funcionabilidad,
podrán igualmente accesar al proceso de ascenso o promoción interna, siendo
dispensados de aquellas pruebas incompatibles con su estado físico, previo dictamen
emitido por Profesionales Médicos de la Unidad de Servicios Médicos de la PNC.
Art. 9.- Una vez finalizados y aprobados los cursos mencionados en la ANSP,
ésta, establecerá el listado definitivo ordenado de mayor a menor por la nota obtenida

Anuario Legislativo 2010 - 2011
en el mismo; la cual será remitida al Director General de la Policía Nacional Civil, para
la correspondiente incorporación a la categoría.
Art. 10.- El TIA previamente deberá constatar que los aspirantes de ascenso o
Promoción Interna cumplan con lo siguiente:
a) Presentación de Diploma de Aprobación y Certificación de Notas obtenidas
en la ANSP; y,
b) Carecer en el Historial de Servicios de anotaciones de sanciones disciplinarias
por falta grave o muy grave, no canceladas o tener antecedentes penales por
delitos dolosos.
Art. 11.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis
días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 240, Tomo Nº 389, Fecha: 22 de diciembre de 2010.
Indice Legislativo 811
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 572
812
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 74, de fecha 8 de septiembre de 1988,
publicado en el Diario Oficial Nº 176, Tomo Nº 300 del 23 del mismo mes
y año, se emitió la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico
y Social de los Municipios, reformada por Decretos Legislativos Nº 617,
del 1° de febrero de 1996, publicado en el Diario Oficial Nº 43, Tomo Nº
330 del 1º de marzo del mismo año; Nº 76 de fecha 11 de septiembre
de 1997, publicado en el Diario Oficial Nº 196, Tomo Nº 337, del 22 de
octubre del mismo año; Nº 217, del 22 de enero de 1998, publicado en
el Diario Oficial Nº 28, Tomo Nº 338 del 11 de febrero del mismo año, Nº
348, de fecha 16 de junio del 2004, publicado en el Diario Oficial No. 112,
Tomo Nº 363 del 17 del mismo mes y año; Nº 733, de fecha 14 de julio del
2005, publicado en el Diario Nº 147, Tomo Nº 368 del 12 del de agosto del
2005 y Nos. 141 y 142 de fechas 09 de noviembre del 2006, publicados
en el Diario Nº 230, Tomo Nº 373 del 08 de diciembre del 2006.
II.- Que por Decreto Legislativo Nº 850, de fecha 17 de abril de 2009, publicado
en el Diario Oficial Nº 81, Tomo Nº 383 del 6 de mayo del mismo año,
se faculta a las municipalidades para que a partir del primero de mayo del
2009 al 30 de abril de 2010, puedan utilizar hasta el cincuenta por ciento
del setenta y cinco por ciento de los recursos asignados por el Fondo
para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), para la
realización de las actividades concernientes a la recolección, transporte
y disposición final de los desechos sólidos y el cierre técnico de los
botaderos a cielo abierto que se generan en sus municipios.
III.- Que por Decreto Legislativa Nº 334, de fecha 22 de abril de 2010, publicado
en el Diario Oficial Nº 78, Tomo Nº 387 del 29 de abril del mismo año,
la Asamblea Legislativa, prorrogó el Decreto Legislativo relacionado en
el Romano I, a partir del primero de mayo del año 2010 hasta el 31 de
diciembre del mismo año.
IV.- Que a la fecha las municipalidades aún requieren hacer uso de los beneficios
que les otorga el decreto mencionado en los considerandos anteriores, ya
que ello permitirá continuar satisfaciendo las necesidades que le demanda
la población en materia de actividades relacionadas con la recolección,
transporte, disposición final de los desechos sólidos, y cierre técnico de
los botaderos a cielo abierto, lo cual a la vez permitirá garantizar la salud
de los habitantes en cada uno de los municipios.

POR TANTO,
Anuario Legislativo 2010 - 2011
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Luis
Roberto Ángulo Samayoa, Mario Antonio Ponce López, Donato Eugenio Vaquerano
Rivas, Carlos Cortez Hernández, Raúl Omar Cuéllar,Nery Arely Díaz de Rivera y Ana
Daysi Villalobos de Cruz
DECRETA:
Art. 1.- No obstante lo establecido en la Ley del FODES, facultase a las
municipalidades para que a partir del 1º de enero de 2011 al 30 de abril de 2012,
puedan utilizar hasta el veinticinco por ciento del setenta y cinco por ciento, de
los recursos asignados por el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de
los Municipios (FODES), para la realización de las actividades concernientes a la
recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos y el cierre técnico
de los botaderos a cielo abierto que se generan en sus municipios.
Para estos efectos, las municipalidades deberán elaborar y documentar el proyecto
mediante la elaboración de la carpeta correspondiente, que incorpore aspectos técnicos
y presupuestarios de las acciones a realizar. La utilización de los recursos asignados
por el Fondo se hará de acuerdo a la normativa propia de cada Municipalidad.
Art. 2.- La utilización excepcional de una parte del setenta y cinco por ciento de los
recursos asignados al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios,
para las actividades relacionadas con la recolección, transporte y disposición final de
los desechos sólidos no deberá ser en detrimento del cumplimiento de las obligaciones
y compromisos financieros que los Municipios ya hubiesen adquirido o que estén por
adquirir y que se encuentren previstos en el presupuesto correspondiente.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 241, Tomo Nº 389, Fecha: 23 de diciembre de 2010.
Indice Legislativo 813
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 573
814
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 504, de fecha 16 de abril de 1993, y
publicado en el Diario Oficial Nº 73, Tomo Nº 319 del 23 del mismo mes y
año, se aprobó la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos.
II.- Que en la referida Ley se establece que ningún vehículo de cualquier tipo
podrá circular sin las respectivas placas, previo al pago de los derechos
fiscales correspondientes, siendo el período de validez de las mismas de
cinco años, validez que vence el 31 de los corrientes.
III.- Que en razón de la situación de crisis económica imperante en nuestro
país y que sufre actualmente la mayor parte de las familias salvadoreñas,
se hace necesario ampliar el período de validez del uso de las actuales
placas de los vehículos en circulación, por un plazo de cuatro meses que
vencen el 30 de abril del 2011, todo ello con la finalidad de no golpear ni
impactar más la economía de los propietarios de vehículos que en estos
momentos se les imposibilita cubrir dichos costos, así como también
impactar lo menos posible las arcas fiscales del Estado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Guillermo
Antonio Olivo Méndez, Gaspar Armando Portillo Benítez, David Rodríguez Rivera, Sonia
Margarita Rodríguez Sigüenza y María Margarita Velado Puentes.
DECRETA, la siguiente:
DISPOSICION TRANSITORIA A LA LEY DE DERECHOS FISCALES POR
LA CIRCULACION DE VEHICULOS
Art. 1.- Amplíase el período de validez de las actuales placas de los vehículos
automotores a que se refiere el Art. 14, inciso segundo de esta Ley, por un período de
cuatro meses que vencen el 30 de abril del 2011.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil diez.
D. O. Nº 241, Tomo Nº 389, Fecha: 23 de diciembre de 2010.

DECRETO Nº 581
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo número 839 del 26 de marzo de 2009,
publicado en el Diario Oficial Nº 68, Tomo Nº 383, de fecha 16 de abril
del mismo año, se aprobó la Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia, la cual entró en vigencia total el pasado 1 de enero de 2011.
II.- Que de conformidad al artículo 1 de la citada Ley, la misma tiene por
finalidad, entre otras, garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos
de toda niña, niño y adolescente en El Salvador.
III.- Que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en su artículo
159, establece la existencia de las Juntas de Protección de la Niñez y de la
Adolescencia, en adelante, “Juntas de Protección”, cuya función primordial
es la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
en el ámbito local, con competencia para “conocer en su ámbito de
competencia, de oficio o a petición de parte, de las amenazas o violaciones
individualizadas de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”
y “dictar y velar por la aplicación de las medidas administrativas de
protección que sean necesarias para proteger los derechos amenazados o
violados”, de conformidad a las letras a) y b) del artículo 161 de la misma
Ley, siendo los únicos entes competentes para dictar tales medidas, según
lo dispuesto en el artículo 122 de la misma Ley.
IV.- Que el artículo 250 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia establece que en el primer año de vigencia de la Ley, el
Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia deberá coordinar
las acciones necesarias para, entre otras, apoyar la constitución de las
Juntas de Protección, lo cual deberá ser un proceso sistemático, según los
parámetros establecidos en el artículo 162 de la misma Ley, razón por la
cual su constitución no será inmediata.
V.- Que, sin embargo, el artículo 258 letra d) de la Ley de Protección Integral de
la Niñez y Adolescencia derogó totalmente la Ley del Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, en adelante “ISNA”,
la cual en su artículo 4 letra d), le otorgaba la competencia de “conocer
de la amenaza o violación de los derechos del menor y de la situación de
orfandad en que se encuentre el mismo; investigar y evaluar su situación,
la de su familia y la de aquellos que pretendan brindarle protección en
su hogar, y en su caso, tomar las medidas de protección a favor del
menor que se compruebe está amenazado o violado en sus derechos o en
situación de orfandad”, competencia que desarrollaba según lo dispuesto
en los capítulos VI, IX, X y XI de la ahora derogada Ley.
Indice Legislativo 815
Parte X

Parte X
816
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
VI.- Que, por lo anteriormente expuesto, mientras no se constituyan las Juntas
de Protección, no hay un ente con competencia para dictar medidas de
protección administrativas contra la amenaza o vulneración de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, por lo cual es necesario establecer un
mecanismo transitorio que supere ese vacío mientras se constituyan las
mencionadas Juntas de Protección para la aplicación de aquellas medidas
administrativas establecidas en la Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales, a iniciativa del Presidente de la República
por medio del Ministro de Educación y de los Diputados y Diputadas: Emma Julia
Fabián Hernández, Carmen Elena Figueroa Rodríguez, Juan Carlos Mendoza Portillo,
José Serafín Orantes Rodríguez, Mariella Peña Pinto, Gilberto Rivera Mejía, Sonia
Margarita Rodríguez Sigüenza y Sandra Marlene Salgado García.
DECRETA el siguiente,
DECRETO TRANSITORIO SOBRE LA COMPETENCIA DEL INSTITUTO
SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA PARA LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO REGULADO EN EL LIBRO II, TITULO VII DE LA LEY
DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Artículo 1.- Competencia del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la
Niñez y la Adolescencia para la Aplicación del Procedimiento Administrativo.
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia,
ISNA, tendrá la competencia establecida en los artículos 122 inciso primero, 123, 168
y las atribuciones asignadas en el artículo 161 de la Ley de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia, mientras no se constituyan las Juntas de Protección de la Niñez
y de la Adolescencia en los respectivos Departamentos de la República.
El Presidente del Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Niñez y de la
Adolescencia determinará el inicio de funciones de las Juntas de Protección, de
acuerdo a lo previsto en la normativa interna y de funcionamiento, las cuales deberán
ser conformadas y nombradas progresivamente dentro de la vigencia del presente
decreto y conforme al artículo 250, inciso 2, literal a) de la Ley de Protección Integral
de la Niñez y Adolescencia.
El ISNA entregará los expedientes de las medidas de protección administrativas
que dicte en el marco del presente decreto, a las respectivas Juntas de Protección en
los primeros 15 días de constituidas éstas.

Artículo 2.- Otras Facultades
Anuario Legislativo 2010 - 2011
Durante la vigencia del presente Decreto, el ISNA podrá requerir la colaboración
y auxilio a que se refiere el artículo 107 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia.
Asimismo, los asuntos sujetos al proceso general de protección a que se refiere
el artículo 226 de la misma Ley acerca de las actuaciones u omisiones de las Juntas
de Protección, se entenderán aplicables respecto del Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia.
Artículo 3.- Vigencia
El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial
y finalizará el uno de enero del año 2012.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los seis
días del mes de enero del año dos mil once.
D. O. Nº 5, Tomo Nº 390, Fecha: 7 de enero de 2011.
Indice Legislativo 817
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 586
818
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el señor Juan Antonio Merlos Cabrera, es un destacado futbolista
salvadoreño, que militó en equipos de fútbol del balompié nacional, tales
como Racing, Dragón, Club Deportivo Águila y Municipal Limeño, además
formó parte de la Selección Nacional de El Salvador, habiéndose convertido
en campeón del Torneo Centroamericano y del Caribe; asimismo, ha sido
director técnico de primera y segunda división del futbol nacional, dentro
de los cuales entrenó a equipos como Municipal Limeño, Luis Ángel Firpo,
Santiagueño y Liberal de Quelepa.
II.- Que su vida es un gran ejemplo de lucha y perseverancia para vencer las
adversidades que el destino le depara a cada ser humano, sin embargo,
en la actualidad atraviesa por una situación económica que le imposibilita
poder cumplir con sus obligaciones económicas, ya que es el responsable
de llevar el sustento a su familia.
III.- Que por las razones antes expuestas, y como un reconocimiento del pueblo
salvadoreño a su ardua labor al heredar un legado deportivo a las actuales
y futuras generaciones, por su dedicación a la máxima expresión deportiva
principalmente el fútbol, es procedente otorgarle una pensión vitalicia de
dos salarios mínimos.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Lorena
Guadalupe Peña Mendoza, Inmar Rolando Reyes, Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza,
Ramón Arístides Valencia Arana, Carmen Elena Calderón de Escalón, José Francisco
Merino López, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Orestes Fredesman Ortez Andrade,
Mariela Peña Pinto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Guillermo Antonio Gallegos
Navarrete, José Nelson Guardado Menjívar, Mario Antonio Ponce López, Rodolfo
Antonio Parker Soto y Douglas Leonardo Mejía Avilés.
DECRETA:
Art. 1.- Otórgase una pensión vitalicia mensual, a favor del señor Juan Antonio
Merlos Cabrera, equivalente a dos (2) salarios mínimos mensual vigente, correspondiente
a los sectores industria, comercio y servicio, los cuales se deberán ajustar en la misma
proporción en que se incremente los referidos salarios.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 2.- Se faculta al Ministerio de Hacienda, aplicar la erogación a que se refiere
el artículo anterior, a la asignación presupuestaria correspondiente a las clases pasivas
en el Ramo de Hacienda, contenidas en las obligaciones generales del Estado.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los trece
días del mes de enero del año dos mil once.
D. O. Nº 23, Tomo Nº 390, Fecha: 2 de febrero de 2011.
Indice Legislativo 819
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 587
820
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el señor Gregorio Bundio Núñez se estableció en el país desde el año
1953, terruño al que ha servido y amado en todo los momentos de su
vida, principalmente en el ámbito deportivo, ya que ha formado cientos de
jóvenes futbolistas que han destacado en los equipos que ha dirigido como
director técnico, entre ellos Club Deportivo Atlético Marte, Alianza FC del
que fue su primer entrenador, Dragón, Universidad de El Salvador, Adler,
Club Deportivo Fas, entre otros; que asimismo, le cabe el honor de haber
clasificado a nuestra selección de fútbol a su primer campeonato mundial
de fútbol celebrado en México en el año de 1970.
II.- Que su vida es un gran ejemplo de lucha y perseverancia para vencer las
adversidades que el destino le depara a cada ser humano, sin embargo por
su avanzada edad, en la actualidad atraviesa por una situación económica
que le imposibilita poder cumplir con sus obligaciones económicas, ya que
es el responsable de llevar el sustento a su familia.
III.- Que por las razones antes expuestas, y como un reconocimiento del pueblo
salvadoreño a su ardua labor al heredar un legado deportivo a las actuales
y futuras generaciones, por su dedicación a la máxima expresión deportiva
principalmente el futbol, es procedente otorgarle una pensión vitalicia de
dos salarios mínimos.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Lorena
Guadalupe Peña Mendoza, Mario Alberto Tenorio Guerrero, José Nelson Guardado
Menjívar, Erick Ernesto Campos, José Rinaldo Garzona Villeda, Juan Carlos Hernández
Portillo, Juan Carlos Mendoza Portillo, Erick Mira Bonilla, Rafael Eduardo Paz Velis,
Carlos René Retana Martínez, Rodrigo Samayoa Rivas, Guadalupe Antonio Vásquez
Martínez, Carmen Elena Calderón de Escalón, José Francisco Merino López, Norma
Fidelia Guevara de Ramirios, Inmar Rolando Reyes, Orestes Fredesman Ortez Andrade,
Mariela Peña Pinto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Guillermo Antonio Gallegos
Navarrete, José Nelson Guardado Menjívar, Mario Antonio Ponce López, Rodolfo
Antonio Parker Soto y Douglas Leonardo Mejía Avilés.
DECRETA:
Art. 1.- Otórgase una pensión vitalicia mensual, a favor del señor Gregorio Bundio
Núñez, equivalente a dos (2) salarios mínimos mensual vigente, correspondiente a los

Anuario Legislativo 2010 - 2011
sectores industria, comercio y servicio, los cuales se deberán ajustar en la misma
proporción en que se incremente los referidos salarios.
Art. 2.- Se faculta al Ministerio de Hacienda, aplicar la erogación a que se refiere
el artículo anterior, a la asignación presupuestaria correspondiente a las clases pasivas
en el Ramo de Hacienda, contenidas en las obligaciones generales del Estado.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los trece
días del mes de enero del año dos mil once.
D. O. Nº 23, Tomo Nº 390, Fecha: 2 de febrero de 2011.
Indice Legislativo 821
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 588
822
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que la Organización Mundial del Comercio, OMC, permite mediante la
figura del contingente de desabastecimiento, la desgravación temporal
para permitir abastecimientos de emergencia ante situaciones no previstas
o catástrofes naturales.
II.- Que las condiciones climáticas que azotaron al país durante el año 2010,
han sido factores determinantes para que el mercado enfrente una probable
escasez de granos básicos por las pérdidas que dichas condiciones traen
a los productores agrícolas.
III.- Que dichos factores climáticos obligan al Ministerio de Agricultura y
Ganadería a adoptar las medidas y acciones necesarias para enfrentar
el alza en los precios de los alimentos básicos, producto de la probable
escasez de granos básicos a causa del exceso de lluvias, pérdidas de
cosecha por plagas y daños directos al cultivo por el exceso de agua y
humedad, especialmente de aquéllos que, como el frijol, forman parte de la
dieta alimenticia básica de la población.
IV.- Que es necesario la creación de incentivos fiscales temporales para la
empresa privada a fin de fomentar las importaciones de grano de frijol que
permitan asegurar un precio accesible a la población, evitándose además,
el desabastecimiento del mercado.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio de los Ministros de Hacienda y de Agricultura y Ganadería.
DECRETA, las siguientes:
DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS DE INCENTIVOS
FISCALES TEMPORALES PARA LA IMPORTACION DE UNO PUNTO
DOS MILLONES DE QUINTALES DE GRANO DE FRIJOL ROJO PARA
CONSUMO HUMANO
Art. 1.- Autorízase la importación de grano de frijol rojo para consumo humano por
particulares, exento de todo arancel a la importación, específicamente cuando el origen
de la importación sea de países que no gozan de ningún trato preferencial otorgado

Anuario Legislativo 2010 - 2011
por Tratados de Libre Comercio ratificados por El Salvador, o que están gravados con
porcentajes de arancel superior a cero por ciento.
Art. 2.- Con el objeto de garantizar el abastecimiento del grano de frijol para
consumo a un precio favorable a la población salvadoreña, la autorización a la que se
refiere el artículo anterior no podrá ser superior en volumen de importación total a UNO
PUNTO DOS MILLONES DE QUINTALES DE GRANO DE FRIJOL ROJO PARA CONSUMO
HUMANO. Una vez agotado el volumen establecido, lo que exceda del mismo deberá
pagar los aranceles respectivos.
Se entiende por volumen de importación total, la sumatoria de los quintales
importados por los diferentes actores privados. En ningún momento debe interpretarse
como cuota asignada que pueda limitar el comercio.
Art. 3.- Todas las importaciones de grano de frijol rojo para consumo humano
deberán cumplir con las Normas Fitosanitarias requeridas en la legislación salvadoreña
sin distinción alguna, siguiendo el procedimiento y cumpliendo con todos los requisitos
de ley establecidos.
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial y sus efectos durarán hasta el día 31 de diciembre de 2011.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los trece
días del mes de enero del año dos mil once.
D. O. Nº 21, Tomo Nº 390, Fecha: 31 de enero de 2011.
Indice Legislativo 823
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 594
824
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que las acciones ilegales desarrolladas por algunos miembros de
organizaciones de empleados judiciales han impedido las labores
jurisdiccionales y administrativas del Organo Judicial, incidiendo en el
trámite de los procesos judiciales.
II. - Que la anterior situación requiere que los términos y plazos procesales
o sus prórrogas, en los distintos procedimientos judiciales, deban ser
suspendidos a partir de la medianoche del día dieciséis de enero de dos
mil once, a efecto de evitar perjuicios en la Administración de Justicia.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados ,
Othon Sigfrido Reyes Morales, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Donato Eugenio
Vaquerano Rivas, José Nelson Guardado Menjivar, Douglas Leonardo Mejia Aviles,
Edgar Alfonso Montoya Martínez, Santos Guevara Ramos, Federico Guillermo Avila
Qüehl, José Antonio Almendariz Rivas, José Orlando Arevalo Pineda, María Margarita
Velado Puentes, Rafael Eduardo Paz Velis, Mario Eduardo Valiente Ortiz y Ciro Alexis
Zepeda Menjívar,
DECRETA:
Art. 1.- Suspéndense los términos y plazos legales, no constitucionales, en los
procedimientos judiciales tramitados en los Juzgados y Tribunales de todo el territorio
nacional afectados por el paro de labores efectuado por las diferentes asociaciones
sindicales del Órgano Judicial, en el estado procesal en que se encontraban a partir de
la medianoche del día dieciséis de enero del presente año.
Art. 2.- Suspéndense los términos de prescripción y caducidad respecto a las
acciones por ejercerse en los Juzgados y Tribunales de todo el territorio nacional
afectados por la razón y partir del momento expresados en el artículo anterior. Dichos
términos se computarán restando a los respectivos plazos el período de suspensión.
Art. 3.- Tales suspensiones terminarán al desaparecer la causa que las motivó,
previo acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, el que se publicará en el Diario Oficial
y en dos periódicos de circulación nacional.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte
días del mes de enero de dos mil once.
D. O. Nº 15, Tomo Nº 390, Fecha: 21 de enero de 2011.
Indice Legislativo 825
Parte X

Parte X
DECRETO Nº 606
826
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 477, de fecha 19 de octubre de
1995, publicado en el Diario Oficial Nº 212, Tomo Nº 329, del 16 de
noviembre de ese mismo año, se emitió la Ley de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial;
II.- Que el Art. 32 inciso segundo de la Ley señalada, en el considerando
anterior, determina que la concesión que se otorgue en materia de servicio
de transporte colectivo público de pasajeros, por medio de autobuses y
microbuses del servicio, podrá transmitirse únicamente a los herederos
del prestatario de transporte, de cualquiera de las modalidades descritas
en dicha ley; por lo que está prohibida la transferencia de toda concesión
por acto entre vivos;
III.- Que a pesar de lo señalado en el anterior considerando, muchos operadores
del servicio de transporte colectivo público de pasajeros, ya sea mediante
concesión o permiso, han traspasado a favor de terceros los vehículos
con que prestaban dicho servicio, lo que ha provocado serias dificultades
administrativas y legales a los propietarios de estos bienes, al no poder
adquirir con dichos traspasos la concesión o permisos, y con ello las
prerrogativas que dichos instrumentos le confieren a sus titulares;
IV.- Que a fin de evitar la suspensión del servicio de transporte colectivo
público de pasajeros, por parte de los empresarios que se encuentran en
las anteriores circunstancias, se vuelve necesario emitir las disposiciones
transitorias pertinentes para permitir el traspaso de las concesiones o
permisos a los actuales propietarios de los vehículos vinculados a dichos
instrumentos legales;
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados y
Diputadas: Elizardo González Lovo, Santos Guevara Ramos, Gaspar Armando Portillo
Benítez, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Alberto Armando Romero Rodríguez,
Roberto José d’Aubuisson Munguía, César Humberto García Aguilera, Mario Alberto
Tenorio Guerrero, Miguel Elías Ahues Karrá, Ernesto Antonio Angulo Milla, Federico
Guillermo Ávila Qüehl, Douglas Leonardo Mejía Áviles, Carmen Elena Calderón Sol
de Escalón, Cesar René Florentín Reyes Dheming, Carmen Elena Figueroa Rodríguez,
Eduardo Antonio Gomar Morán, José Nelson Guardado Menjivar, Carlos Walter Guzmán
Coto, Mario Marroquín Mejía, Juan Carlos Mendoza, Manuel Vicente Menjivar Esquivel,
Erick Mira Bonilla, Heidy Carolina Mira Saravia, Rafael Eduardo Paz Velis, Mariela Peña
Pinto, Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, Rodrigo Samayoa Rivas, Manuel Rigoberto

Anuario Legislativo 2010 - 2011
Soto Lazo, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo,
Mario Antonio Valiente Ortiz y Francisco José Zablah Safie y con el apoyo de las
Diputadas y Diputados siguientes: Karla Gicela Abrego Cáceres, Yohalmo Edmundo
Cabrera Chacón, Darío Alejandro Chicas Argueta, Carlos Cortez Hernández, José Alvaro
Cornejo Mena, Blanca Nohemí Coto Estrada, Nery Arely Díaz de Rivera, Enma Julia
Fabián Hernández, Santiago Flores Alfaro, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Benito
Antonio Lara Fernández, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Guillermo Francisco Mata
Bennett, Misael Mejía Mejía, Yeimi Elizabeth Muñoz Morán, José Margarito Nolasco
Díaz, Oscar Ernesto Novoa Ayala, Guillermo Antonio Olivo Méndez, Orestes Fredesman
Ortez Andrade, Irma Lourdes Palacios Vásquez, Lorena Guadalupe Peña Mendoza,
Gaspar Armando Portillo Benítez, Zoila Beatriz Quijada Solís, David Rodríguez Rivera,
Sonia Margarita Rodríguez Sigüenza, Ana Silvia Romero Vargas, Karina Ivette Sosa
de Lara, Jaime Gilberto Valdez Hernández, Ramón Arístides Valencia Arana, María
Margarita Velado Puentes y Ana Daysi Villalobos de Cruz.
DECRETA, las siguientes:
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 1.- Toda persona natural o jurídica que se encuentre prestando el servicio
de transporte público colectivo de pasajeros, en virtud de haberle sido traspasado
alguno de los vehículos descritos en el Artículo 27 de la Ley de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, vinculado a una concesión o permiso tendrá un plazo de
ciento ochenta días hábiles, contados a partir de la vigencia del presente Decreto, para
informar de ésta circunstancia al Viceministerio de Transporte.
Verificada que sea la información a que se refiere el inciso anterior, el Viceministerio
de Transporte, con el fin de evitar la suspensión del servicio procederá a traspasar la
concesión o permiso al propietario actual del vehículo vinculado a dicho instrumento
legal, y a efectuar las modificaciones en los Registros que al efecto lleve.
Para el ejercicio de la prerrogativa establecida en los incisos anteriores, el
solicitante, deberá presentar los documentos mediante los cuales acredite ser el titular
de vehículo, así como de que a la fecha se encuentra prestando el correspondiente
servicio.
La persona natural o jurídica, adquirirá la concesión o permiso en las mismas
condiciones en las que le fue otorgado a su antecesor. En todo caso, el nuevo titular
deberá cumplir con los requisitos legales para poseer dicha calidad.
La prerrogativa y procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable
también al Transporte Selectivo de Pasajeros, toda vez las solicitudes que se realicen
no sean de aquellas autorizaciones emitidas durante la vigencia del Decreto Legislativo
Nº 186, de fecha 14 de Diciembre de 2006, publicado en el Diario Oficial Nº 239, Tomo
Nº 373, del 21 de ese mismo mes y año, y sus distintas prórrogas.
Indice Legislativo 827
Parte X

Parte X
828
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
Art. 2.- Los trámites fijados en el presente Decreto, generarán una tasa de
cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, por cada vehículo que sea objeto
de traspaso, y los cuales deberán ser cancelados en la colecturía del Viceministerio
de Transporte.
Art. 3.- Para la ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto, no tendrá
aplicación lo señalado en el Art. 133 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de
la Administración Pública.
Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
veintisiete días del mes de enero del año dos mil once.
Nota:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 97, inciso 3º del Reglamento Interior
de este Órgano del Estado, se hace constar que el presente Decreto fue recibido el
17 de febrero de 2011, con observaciones hechas por el Presidente de la República,
resolviendo esta Asamblea Legislativa aceptar dichas observaciones en la Sesión
Plenaria del día veinticuatro de febrero del presente año.
D. O. Nº 46, Tomo Nº 390, Fecha: 7 de marzo de 2011.

DECRETO Nº 618
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que por Decreto Legislativo Nº 490, de fecha 26 de julio del 2001, publicado
en el Diario Oficial Nº 153, Tomo Nº 352 del 17 de agosto del mismo año,
se aprobó la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de
la Agroindustria Azucarera de El Salvador.
II.- Que de conformidad con el Art. 4 de la referida Ley, se ha creado el
Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), como un
organismo estatal con autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de
Economía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, siendo la máxima
autoridad para la aplicación de la citada Ley.
III.- Que el Art. 16 de la referida Ley estipula que la Asamblea Legislativa,
a propuesta del Ministerio de Hacienda, establecerá una contribución
que deberán aportar los productores de caña y las centrales azucareras
o ingenios por libra de azúcar extraída, debiendo ser recaudada dicha
contribución por el citado Ministerio, la cual servirá para cubrir el
presupuesto de gastos e inversiones anuales del Consejo Salvadoreño de
la Agroindustria Azucarera.
IV.- Que en cumplimiento a lo estipulado en el considerando anterior, se hace
necesario establecer la contribución que deberán aportar los productores
de caña y las centrales azucareras o ingenios por libra de azúcar extraída
para la zafra 2010/2011.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República por medio del Ministro de Hacienda.
DECRETA:
Art. 1.- Establécese en CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONESIMAS DE DOLAR
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($0.000440) por libra de azúcar, la contribución
que deberán aportar los productores de caña y centrales azucareras o ingenios por
libra de azúcar extraída durante la zafra 2010/2011, para financiar el presupuesto de
gastos e inversiones anuales del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera
para el ejercicio financiero fiscal 2011.
Esta aportación se hará en forma trimestral y anticipada dentro de los primeros
ocho días hábiles de cada trimestre. No se autorizarán a las centrales azucareras o
Indice Legislativo 829
Parte X

Parte X
830
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
ingenios los permisos de exportación de azúcar, mientras no cumplan con lo dispuesto
en el presente Decreto.
Art. 2.-El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de febrero del año dos mil once.
D. O. Nº 50, Tomo Nº 390, Fecha: 11 de marzo de 2011.

DECRETO Nº 656
Anuario Legislativo 2010 - 2011
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama
conferirá a la República de El Salvador el honor de su visita, misma que
ha sido programada para ser efectuada los días 22 y 23 de marzo del año
2011.
II.- Que en esa histórica ocasión se abordarán entre tan distinguido gobernante,
su comitiva y nuestros más altos dignatarios, temas de común interés para
las agendas de las naciones por ellos representados.
III.- Que para llevar a cabo tales reuniones, es indispensable adoptar las más
estrictas medidas de seguridad que garanticen el debido orden y la mayor
tranquilidad a sus asistentes.
IV.- Que dentro de las medidas de seguridad consideradas para esos fines
sobresalen tanto la prohibición de circular en arterias próximas a las
oficinas públicas, en donde se desarrollarán dichos eventos, situación que
dificultaría ostensiblemente el libre flujo vehicular y peatonal, así como
la no difusión anticipada de las áreas sobre las cuales se aplicarán tales
providencias, cuya delimitación corresponderá al Jefe del Estado Mayor
Presidencial.
V.- Que en atención a lo antes expuesto y con el propósito de no ocasionar
inconveniente alguno al ingente trabajo de protección que girará en torno
a la realización de lo proyectado, se estima la necesidad de conceder
licencia con goce de sueldo a la generalidad de los empleados públicos,
municipales y de Instituciones Oficiales Autónomas, que laboren en el
Departamento de San Salvador, La Libertad y en las zonas delimitadas
conforme al considerando precedente, únicamente durante las fechas
acotadas, contribuyendo de esa manera a las acciones tomadas para
resguardar el óptimo desarrollo de los mencionados eventos.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de la Defensa Nacional.
DECRETA:
Art. 1.- Los empleados públicos, municipales y de Instituciones Oficiales
Autónomas, del Departamento de San Salvador y de La Libertad, gozarán de licencia
Indice Legislativo 831
Parte X

Parte X
832
Asamblea Legislativa
DECRETOS VARIOS
con goce de sueldo durante los días 22 y 23 de marzo de 2011, por lo que no se
presentarán al desempeño de sus labores ordinarias, en atención al cumplimiento de las
medidas de seguridad establecidas en torno a la visita a El Salvador en esas fechas, del
Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama y su acompañamiento.
La licencia a que se refiere el inciso anterior comprende únicamente a aquellos
empleados públicos, municipales, y de Instituciones Oficiales Autónomas que
desarrollen sus labores en el Departamento de San Salvador y La Libertad, en áreas
delimitadas al efecto por el Jefe del Estado Mayor Presidencial.
En consecuencia, todos aquellos empleados públicos, municipales y de
Instituciones Oficiales Autónomas, que desarrollen sus labores fuera de los espacios
circunscritos, deberán presentarse con normalidad a sus lugares de trabajo, en los
horarios habituales.
Art. 2- Excluyese de la aplicación de la licencia con goce de sueldo establecida
por el presente Decreto, a aquellos empleados y trabajadores del Ministerio de Justicia
y Seguridad Pública, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y de la Policía
Nacional Civil, en razón de los servicios de salud y seguridad pública que prestan al
pueblo salvadoreño; asimismo, aquellos empleados del Ministerio de Hacienda que a
discreción del titular de dicha cartera, sean necesarios su presencia para atender el
cumplimiento de obligaciones fiscales.
De igual forma se excluye de la aplicación de la licencia con goce de sueldo
antes referida, a los empleados y trabajadores cuya presencia obedezca a labores
relacionadas con la mencionada visita, según lo disponga cada Jefe de Servicio, en
coordinación con las autoridades encargadas de la organización y de la seguridad del
evento, para lo cual, dichas autoridades les otorgarán las respectivas credenciales que
les permitirá movilizarse en los sitios vinculados a su desarrollo.
En cuanto a los términos y plazos de los distintos procesos administrativos y
judiciales, no constitucionales, que estuviesen corriendo los días 22 y 23 de los
corrientes, quedan suspendidos a partir del estado en que se encuentren en las fechas
antes referidas; asimismo suspéndense los términos de prescripción y caducidad
respecto a las acciones por ejercerse en los juzgados y tribunales de los departamentos
de San Salvador y de La Libertad, dichos términos se computarán restando a los
respectivos plazos el período de suspensión.
Las autoridades encargadas de la seguridad del evento tomarán las providencias
necesarias en cuanto a la circulación de otras personas que por diversos motivos
tengan la imperiosa necesidad de transitar por las zonas restringidas, entendiéndose
entre éstas, quienes residen, estudien o laboren en los lugares de acceso restringido.
Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Diario Oficial.

Anuario Legislativo 2010 - 2011
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
diecisiete días del mes de marzo del año 2011.
D. O. Nº 55, Tomo Nº 390, Fecha: 18 de marzo de 2011.
Indice Legislativo 833
Parte X

Anuario Legislativo 2010 - 2011
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN. TOMO II
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS. TOMO II
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS, LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN VEHICULO Y LA RIFA DEL MISMO, A FAVOR DE LA
FUNDACION DEI VERBUM.
CONCEDESE PERMISO A LOS SEÑORES: ROMEO MELARA
GRANILLO Y JUAN RICARDO GOMEZ HECHT, PARA ACEPTAR
CONDECORACION, QUE LES HA CONFERIDO LA POLICIA MILITAR
DEL DISTRITO FEDERAL DE BRASILIA.
REFORMASE LA LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE
TERRORISMO.
REFORMASE LA LEY DE PROTECCION DE PERSONAS SUJETAS A
SEGURIDAD ESPECIAL.
REFORMASE LA LEY ORGANICA DEL REGISTRO NACIONAL DE
LAS PERSONAS NATURALES.
DECLARASE EL 12 DE MAYO DE CADA AÑO, COMO DIA NACIONAL
DE LA SOLIDARIDAD HACIA LAS PERSONAS CON VIH.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DESTINADAS A OTORGAR
PLAZAS NUEVAS O VACANTES, EN EL PERIODO DE UN AÑO
UNICAMENTE A EDUCADORES QUE NO HUBIEREN OBTENIDO
NUNCA NOMBRAMIENTO DENTRO DEL SECTOR PUBLICO.
OTORGASE A DOÑA GLORIA SALGUERO GROSS, LA DISTINCION
HONORIFICA DE HIJA MERITISIMA DE EL SALVADOR.
OTORGASE AL CONSEJERO POLITICO DE LA EMBAJADA DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EN EL SALVADOR, SEÑOR
PHILIP GRAHAM LAIDLAW, LA DISTINCION HONORIFICA DE
NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DESTINADAS A SOLUCIONAR EL
PROBLEMA DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES O PERMISOS
A PERSONAS PROPIETARIAS DE VEHICULOS QUE ESTAN
PRESTANDO EL SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS.
7 MAY 10 104 387 4 JUN 10
7 MAY 10 104 387 4 JUN 10
7 MAY 10 100 387 31 MAY 10
7 MAY 10 100 387 31 MAY 10
7 MAY 10 100 387 31 MAY 10
7 MAY 10 O B S E R V A D O
7 MAY 10 89 387 17 MAY 10
7 MAY 10 100 387 31 MAY 10
7 MAY 10 103 387 3 JUN 10
7 MAY 10 100 387 31 MAY 10
7 MAY 10 100 387 31 MAY 10
7 MAY 10 103 387 3 JUN 10
Indice Legislativo 837
Indice
General

Indice
General
838
Asamblea Legislativa
INDICE GENERAL
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
REFORMASE LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO
Y SEGURIDAD VIAL.
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE TECOLUCA, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE. TOMO II
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA REALIZACION DEL
EVENTO DENOMINADO 13º BANQUETE DEL AMOR, A FAVOR DE
LA ASOCIACION AGAPE DE EL SALVADOR.
DISPOSICION TRANSITORIA AL DECRETO LEGISLATIVO Nº
193/06, POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGO LA LEY DE FUTBOL
FEDERADO DE EL SALVADOR.
RATIFICASE PROTOCOLO DE MODIFICACIONES AL CONVENIO
INTERAMERICANO SOBRE EL PERMISO INTERNACIONAL DE
RADIOAFICIONADO.
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN. TOMO II
OTORGASE EL TITULO DE VILLA A LA POBLACION DE EL
CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN VEHICULO Y LA RIFA DEL MISMO, A FAVOR DE LA
FUNDACION SALVADOREÑA DE LA TERCERA EDAD.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Nº 2031, SUSCRITO CON
EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA,
PARA FINANCIAR EL PROYECTO APERTURA DEL BOULEVARD
DIEGO DE HOLGUIN-SANTA TECLA, TRAMO II.
OTORGASE AL SEÑOR SYED IKBAL RIZA, LA DISTINCION
HONORIFICA DE NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR.
AUTORIZASE QUE AL MOMENTO QUE FALLECIERE MONSEÑOR
JOSE CRISTOBAL CORTEZ RAMIREZ, SUS RESTOS MORTALES
PUEDAN SER INHUMADOS EN EL INTERIOR DE LA BASILICA EL
SAGRADO CORAZON, DE SAN SALVADOR.
7 MAY 10 103 387 3 JUN 10
13 MAY 10 104 387 4 JUN 10
13 MAY 10 93 387 21 MAY 10
13 MAY 10 87 387 13 MAY 10
20 MAY 10 114 387 18 JUN 10
20 MAY 10 114 387 18 JUN 10
20 MAY 10 110 387 14 JUN 10
20 MAY 10 100 387 31 MAY 10
20 MAY 10 93 387 21 MAY 10
20 MAY 10 93 387 21 MAY 10
20 MAY 10 110 387 14 JUN 10
20 MAY 10 110 387 14 JUN 10

Anuario Legislativo 2010 - 2011
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA. 20 MAY 10 97 387 27 MAY 10
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN DONATIVO DE BIENES, A FAVOR DEL CLUB ROTARIO
SIRAMA, DE SAN MIGUEL.
CONCEDESE PERMISO AL EMBAJADOR DE EL SALVADOR EN
JAPON, DON RICARDO ANTONIO PAREDES OSORIO, PARA
ACEPTAR CONDECORACION, QUE LE HA CONFERIDO EL
GOBIERNO DEL JAPON.
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN. TOMO II
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE JUCUARAN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN. TOMO II
REFORMASE EL D. L. Nº 289/ 2010, POR MEDIO DEL CUAL SE
EXONERO DEL PAGO DE IMPUESTOS, LA INTRODUCCION AL
PAIS DE 80 BIDONES DE VINO DE CONSAGRAR, A FAVOR DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL DE EL SALVADOR.
REFORMASE LA LEY DE SALARIOS, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA
SOCIAL.
OTORGASE UNA PENSION VITALICIA MENSUAL, A FAVOR DE LA
SEÑORA MARIA LUISA MENDOZA DE HERNANDEZ, ESPOSA DEL
TENIENTE JOSE JULIAN HERNANDEZ AGUILAR.
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Nº 2015, SUSCRITO
CON EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA, PARA FINANCIAR EL PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PREVENCION
DE VULNERABILIDAD.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS SOBRE LA PARTICIPACION DE
LA FUERZA ARMADA EN TAREAS DE CONTROL Y SEGURIDAD
PENITENCIARIA.
CREANSE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LO CIVIL Y
MERCANTIL, PARA CONOCER DE LOS PROCESOS A QUE SE
REFIERE EL CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL.
20 MAY 10 106 387 9 JUN 10
27 MAY 10 114 387 18 JUN 10
27 MAY 10 118 387 24 JUN 10
27 MAY 10 118 387 24 JUN 10
27 MAY 10 110 387 14 JUN 10
27 MAY 10 119 387 25 JUN 10
27 MAY 10 119 387 25 JUN 10
27 MAY 10 106 387 9 JUN 10
27 MAY 10 113 387 17 JUN 10
27 MAY 10 100 387 31 MAY 10
Indice Legislativo 839
Indice
General

Indice
General
840
Asamblea Legislativa
INDICE GENERAL
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
373
374
375
376
377
378
CONCEDESE LICENCIA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA, PARA QUE PUEDA
SALIR DEL PAIS.
CONCEDESE PERMISO A LA LICENCIADA SYLVIA ROSA HIDALGO
ALVAYERO, PARA ACEPTAR CONDECORACION, QUE LE HA
CONFERIDO LA POLICIA MILITAR DEL DISTRITO DE BRASILIA.
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN. TOMO
II
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN VEHICULO Y LA RIFA DEL MISMO, A FAVOR DEL CLUB
ROTARIO DE SANTA TECLA.
PRORROGASE LA VIGENCIA DEL TITULO IV Y V DEL LIBRO
SEGUNDO DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (ARTS.
659 AL 777), EL CAPITULO XI DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS
MERCANTILES (ARTS. 77 AL 119).
LEY PARA LA DESAFECTACION Y TRASPASO DE LOS TERRENOS
DEL TRAMO FERROVIARIO EN DESUSO A FAVOR DE FAMILIAS E
INSTITUCIONES QUE LAS HABITAN.
3 JUN 10 105 387 7 JUN 10
3 JUN 10 122 387 30 JUN 10
3 JUN 10 122 387 30 JUN 10
3 JUN 10 119 387 25 JUN 10
3 JUN 10 116 387 22 JUN 10
10 JUN 10 129 388 9 JUL 10
379 REFORMASE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES. 10 JUN 10 213 389 15 NOV 10
380
381
382
383
384
385
REFORMASE LA LEY ESPECIAL PARA FACILITAR LA
CANCELACION DE LAS DEUDAS AGRARIA Y AGROPECUARIA.
REFORMASE LA DISPOSICION TRANSITORIA DEL D. L. Nº
641/08, RELATIVAS AL CODIGO DE COMERCIO.
LEY TRANSITORIA PARA LA REGULACION DE MATRICULAS DE
EMPRESA Y REGISTRO DE LOCALES.
OTORGASE AL DOCTOR MIGUEL RAFAEL OQUELI COLINDRES,
LA DISTINCION HONORIFICA DE HIJO MERITISIMO DE EL
SALVADOR .
AUTORIZASE AL RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL LA DONACION
DE UN INMUEBLE A LA IGLESIA CATOLICA, ARQUIDIOCESIS DE
SAN SALVADOR.
AUTORIZASE AL RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL LA
DONACION DE UN INMUEBLE, A LA FUNDACION SALVADOREÑA
EDUCACION Y TRABAJO.
10 JUN 10 120 387 28 JUN 10
10 JUN 10 119 387 25 JUN 10
10 JUN 10 119 387 25 JUN 10
10 JUN 10 129 388 9 JUL 10
17 JUN 10 132 388 14 JUL 10
17 JUN 10 130 388 12 JUL 10

Anuario Legislativo 2010 - 2011
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
386
387
388
389
390
391
392
393
AUTORIZASE AL RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL TRANSFERIR
EN DONACION UNA PORCION DE TERRENO, A LA IGLESIA
CATOLICA, ARQUIDIOCESIS DE SAN SALVADOR, UBICADA EN
SAN SALVADOR, PARA FORMALIZAR LA TRANSFERENCIA DE
VIVIENDAS CONSTRUIDAS.
AUTORIZASE EL INGRESO EN AGUAS TERRITORIALES, DEL
BARCO HSV SWIFT, DE LA FUERZA NAVAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.
RATIFICASE CANJE DE NOTAS SUSCRITO CON JAPON, PARA LA
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO
DE LAS CAPACIDADES PARA ENFRENTAR LOS DESASTRES
NATURALES OCASIONADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE HACIENDA.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL ORGANO JUDICIAL.
LEY DE COMPENSACION ECONOMICA POR SERVICIOS
PRESTADOS EN EL ORGANO JUDICIAL.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, SUSCRIBIR CONTRATO
DE PRESTAMO CON EL BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCION Y FOMENTO, POR US$80.000,000.00, PARA
FINANCIAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS
LOCALES.
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNION. TOMO II
17 JUN 10 130 388 12 JUL 10
17 JUN 10 114 387 18 JUN 10
17 JUN 10 121 387 29 JUN 10
17 JUN 10 130 388 12 JUL 10
17 JUN 10 119 387 25 JUN 10
17 JUN 10 129 388 9 JUL 10
17 JUN 10 130 388 12 JUL 10
17 JUN 10 132 388 14 JUL 10
394 DISPOSICION TRANSITORIA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION. 17 JUN 10 114 387 18 JUN 10
395
396
397
DECLARASE ELECTO PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS, AL LICENCIADO OSCAR HUMBERTO
LUNA.
INTERPRETASE AUTENTICAMENTE EL LITERAL C) DEL ART. 2,
DEL D. L. Nº 295/10.
DECLARASE TRES DIAS DE DUELO NACIONAL, POR VICTIMAS
DE ACTO CRIMINAL OCURRIDO EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2010,
EN EL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.
24 JUN 10 119 387 25 JUN 10
24 JUN 10 148 388 12 AGO 10
24 JUN 10 118 387 24 JUN 10
Indice Legislativo 841
Indice
General

Indice
General
842
Asamblea Legislativa
INDICE GENERAL
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
398
399
400
401
402
PRORROGASE PLAZO ESTABLECIDO PARA LA PRESENTACION
DE LA DECLARACION PATRIMONIAL.
REFORMASE LA LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE
TERRORISMO.
RATIFICASE ACUERDO MARCO DE OTORGAMIENTO DE AYUDA,
CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COREA.
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR GUILLERMO RUBIO FUNES,
EMBAJADOR DE EL SALVADOR EN ARGENTINA, PARA ACEPTAR
CONDECORACION, QUE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
ARGENTINA LE HA CONFERIDO.
OTORGASE A LA SEÑORA CRUZ DEL CARMEN DE PAZ VDA. DE
LOBOS, LA DISTINCION HONORIFICA DE NOTABLE CIUDADANA
DE EL SALVADOR.
24 JUN 10 119 387 25 JUN 10
24 JUN 10 118 387 24 JUN 10
24 JUN 10 135 388 19 JUL 10
24 JUN 10 141 388 27 JUL 10
1 JUL 10 136 388 20 JUL 10
403 REFORMASE LA LEY DE LA CARRERA DOCENTE. 1 JUL 10 147 388 11 AGO 10
404
405
406
407
408
409
AUTORIZASE SUSCRIBIR CONVENIO DE PRESTAMO CON EL
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO,
POR US$100,000,000.00, PARA FINANCIAR EL PROGRAMA
SOSTENIBILIDAD DE LOS LOGROS SOCIALES PARA LA
RECUPERACION ECONOMICA.
AUTORIZASE SUSCRIBIR CONVENIO DE PRESTAMO CON EL
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO,
POR US$50,000,000.00, PARA FINANCIAR EL PROGRAMA
PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD.
PRORROGASE LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL D. L. Nº
677/08.
REFORMASE LA LEY DE SALARIOS, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE A LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DEL CONCILIO
LATINOAMERICANO DE LA IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL DE
EL SALVADOR.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA CORPORACION
HERMANOS MARISTAS DE EL SALVADOR.
1 JUL 10 133 388 15 JUL 10
1 JUL 10 133 388 15 JUL 10
1 JUL 10 147 388 11 AGO 10
1 JUL 10 136 388 20 JUL 10
1 JUL 10 147 388 11 AGO 10
1 JUL 10 147 388 11 AGO 10

Anuario Legislativo 2010 - 2011
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
REFORMASE LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE AGUA
CALIENTE, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.
LEY PARA AUTORIZAR LA LECTURA DE LA BIBLIA EN EL
SISTEMA EDUCATIVO.
DISPOSICIONES ESPECIALES TRANSITORIAS, A EFECTO DE QUE
SE MANTENGAN A NOMBRE DEL ESTADO TODOS LOS BIENES
INMUEBLES DE LA FESFUT.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN VEHICULO A FAVOR DE LA IGLESIA CATOLICA,
ARQUIDIOCESIS DE SAN SALVADOR.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA IGLESIA CATOLICA,
ARQUIDIOCESIS DE SAN SALVADOR.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, PARA INCORPORAR
EL PRESUPUESTO DEL CONSEJO SALVADOREÑO DE LA
AGROINDUSTRIA AZUCARERA.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE HACIENDA.
CONCEDESE PERMISO AL TENIENTE CORONEL, JOSE VICTOR
GOMEZ GONZALEZ, PARA ACEPTAR CONDECORACION DE LA
CRUZ DEL MERITO MILITAR, CON DISTINTIVO BLANCO, QUE LE
HA CONFERIDO EL REINO DE ESPAÑA.
RATIFICASE ENMIENDA Nº 6, A CONVENIO DE DONACION DE
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 519-021, GOBERNANDO CON
JUSTICIA: GOBERNABILIDAD MAS TRANSPARENTE Y CON
MAYOR CAPACIDAD DE RESPUESTA, CON EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
RATIFICASE ENMIENDA Nº 7, AL CONVENIO DE DONACION DE
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 519-022, LIBERTAD ECONOMICA:
ECONOMIAS ABIERTAS, DIVERSIFICADAS Y EN EXPANSION, CON
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA REALIZACION DEL
EVENTO NOCHES DE ALABANZA, A FAVOR DE LA IGLESIA
KEMUEL, LEVANTADOS POR DIOS.
1 JUL 10 147 388 11 AGO 10
1 JUL 10 V E T A D O
1 JUL 10 V E T A D O
8 JUL 10 148 388 12 AGO 10
8 JUL 10 148 388 12 AGO 10
8 JUL 10 148 388 12 AGO 10
8 JUL 10 148 388 12 AGO 10
15 JUL 10 148 388 12 AGO 10
15 JUL 10 150 388 16 AGO 10
15 JUL 10 150 388 16 AGO 10
15 JUL 10 148 388 12 AGO 10
Indice Legislativo 843
Indice
General

Indice
General
844
Asamblea Legislativa
INDICE GENERAL
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
421
422
423
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO PERULAPAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.
TOMO II
REFORMASE TRANSITORIAMENTE LA LEY DEL CONSEJO
NACIONAL DE LA JUDICATURA.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN DONATIVO , A FAVOR DE LA PARROQUIA
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
15 JUL 10 148 388 12 AGO 10
15 JUL 10 135 388 19 JUL 10
15 JUL 10 148 388 12 AGO 10
424 REFORMASE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. 22 JUL 10 181 388 29 SEP 10
425 REFORMASE LA LEY GENERAL DE EDUCACION. 22 JUL 10 150 388 16 AGO 10
426
427
428
429
430
431
OTORGASE AL SEÑOR JUAN IGNACIO PITA RODRIGAÑEZ, LA
DISTINCION HONORIFICA DE NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA ASOCIACION LUMEN
2000 DE EL SALVADOR.
PRORROGASE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 15 DE LA
LEY DE IMPUESTOS SOBRE BEBIDAS GASEOSAS, ISOTONICAS,
FORTIFICANTES O ENERGIZANTES, JUGOS, NECTARES,
REFRESCOS Y PREPARACIONES CONCENTRADAS O EN POLVO
PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA REALIZACION DE LA
XI FERIA DE TURISMO, A FAVOR DE LA CAMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE EL SALVADOR, FILIAL LA UNION.
REFORMASE LA LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA
DEL MUNICIPIO DE NUEVA ESPARTA, DEPARTAMENTO DE LA
UNION.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE EDUCACION.
22 JUL 10 149 388 13 AGO 10
22 JUL 10 152 388 18 AGO 10
22 JUL 10 149 388 13 AGO 10
22 JUL 10 152 388 18 AGO 10
22 JUL 10 152 388 18 AGO 10
22 JUL 10 149 388 13 AGO 10
432 REFORMASE EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 376/10. 22 JUL 10 152 388 18 AGO 10
433
DISPOSICION TRANSITORIA, A FIN DE PERMITIR LA RENOVACION
ANTICIPADA DEL DUI.
28 JUL 10 159 388 27 AGO 10

Anuario Legislativo 2010 - 2011
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
434
435
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN DONATIVO, A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. TOMO II
28 JUL 10 154 388 20 AGO 10
12 AGO 10 169 388 10 SEP 10
436 REFORMASE EL D. L. Nº 357/10. 12 AGO 10 169 388 10 SEP 10
437
438
439
440
441
442
443
444
445
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE
Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Nº 7806-SV, CON EL
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO,
POR US$100.000.000.00, PARA FINANCIAR EL PROGRAMA
SOSTENIBILIDAD DE LOS LOGROS SOCIALES PARA LA
RECUPERACION ECONOMICA.
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Nº 7811-SV, CON EL
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO,
POR US$50,000,000.00, PARA FINANCIAR EL PROYECTO
PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD.
PRORROGASE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 91 DEL CODIGO
TRIBUTARIO.
EXONERASE A LA ABOGADA NORA VICTORINA MONTOYA
MARTINEZ, DEL CARGO DE CONSEJAL PROPIETARIA DEL
CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA.
RATIFICASE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
MUNICIONES EN RACIMO.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN DONATIVO A FAVOR DEL COMPLEJO EDUCATIVO
CONFEDERACION SUIZA.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA ASOCIACION COMANDOS
DE SALVAMENTO GUARDAVIDAS INDEPENDIENTES DE EL
SALVADOR.
REFORMASE LA LEY DEL REGIMEN ADUANERO DE TIENDAS
LIBRES.
12 AGO 10 159 388 27 AGO 10
12 AGO 10 150 388 16 AGO 10
12 AGO 10 157 388 25 AGO 10
12 AGO 10 149 388 13 AGO 10
12 AGO 10 154 388 20 AGO 10
19 AGO 10 177 388 23 SEP 10
19 AGO 10 177 388 23 SEP 10
19 AGO 10 177 388 23 SEP 10
19 AGO 10 177 388 23 SEP 10
Indice Legislativo 845
Indice
General

Indice
General
846
Asamblea Legislativa
INDICE GENERAL
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
446
447
LEY ESPECIAL PARA LA DESAFECTACION Y TRASPASO DEL
TERRENO DENOMINADO PATIO DE LA ESTACION DE SANTA
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, A FAVOR DEL FONDO
NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR.
CONCEDESE PERMISO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA, PARA ACEPTAR LA
ORDEN Y CONDECORACION, PARLAMENTO CENTROAMERICANO
FRANCISCO MORAZAN EN EL GRADO DE GRAN CRUZ, QUE LE
HA CONFERIDO EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO.
19 AGO 10 177 388 23 SEP 10
19 AGO 10 179 388 27 SEP 10
448 PRORROGASE LOS EFECTOS DEL D. L. Nº 422/10. 19 AGO 10 154 388 20 AGO 10
449
450
451
452
453
454
455
456
RATIFICASE CONVENIO CONSTITUTIVO DEL CENTRO DEL AGUA
DEL TROPICO HUMEDO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE MERCADERIA, A COMERCIALIZAR EN EL BAZAR
ITALIANO, A FAVOR DE LA ASOCIACION BENEFICA DE DAMAS
ITALIANAS.
REFORMASE LA LEY DE PROTECCION DE PERSONAS SUJETAS A
SEGURIDAD ESPECIAL.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA REALIZACION DE UN
BINGO, A FAVOR DE LA ASOCIACION CONGREGACION MARIANA
DE SEÑORAS DE SAN MIGUEL.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN VEHICULO A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
CITALA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.
AUTORIZASE SUSCRIBIR CONVENIO DE PRESTAMO CON EL
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO,
POR US$20,000,000.00, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FISCAL Y DESEMPEÑO
DEL SECTOR PUBLICO.
APRUEBASE CONVENIO DE PRESTAMO Nº 7916-SV, CON EL
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO,
POR US$80,000,000.00, PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE A LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA.
26 AGO 10 179 388 27 SEP 10
26 AGO 10 179 388 27 SEP 10
26 AGO 10 V E T A D O
26 AGO 10 163 388 2 SEP 10
26 AGO 10 179 388 27 SEP 10
26 AGO 10 174 388 20 SEP 10
26 AGO 10 174 388 20 SEP 10
1 SEP 10 182 388 30 SEP 10

Anuario Legislativo 2010 - 2011
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
457
458
AUTORIZASE EL INGRESO EN AGUAS TERRITORIALES DEL
BUQUE R/V MELVILLE, OPERADO POR EL INSTITUTO SCRIPPS
DE OCEANOGRAFIA, CON BANDERA DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, PARA QUE PUEDA REALIZAR INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS.
LEY DE PROSCRIPCION DE MARAS, PANDILLAS, AGRUPACIONES,
ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE NATURALEZA CRIMINAL.
1 SEP 10 179 388 27 SEP 10
1 SEP 10 169 388 10 SEP 10
459 REFORMASE EL CODIGO PENAL. 1 SEP 10 190 389 12 SEP 10
460
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE SANTIAGO
DE MARIA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.
9 SEP 10 182 388 30 SEP 10
461 REFORMASE EL CODIGO PENAL. 9 SEP 10 183 389 1 OCT 10
462
463
464
465
466
467
468
REFORMASE LA LEY REGULADORA DE LA PRODUCCION
Y COMERCIALIZACION DEL ALCOHOL Y DE LAS BEBIDAS
ALCOHOLICAS.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LAS PRESENTACIONES
EN EL PAIS DEL CIRCO CHINO DE BEIGING, A FAVOR DEL
INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION DE INVALIDOS.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA PRESENTACION EN
EL PAIS DEL ARTISTA EDUARDO VERASTEGUI, A FAVOR DE LAS
FUNDACIONES SI A LA VIDA Y MATERNAL JOSE Y MARIA.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE
Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA LA RENOVACION DE LA
AUTORIZACION PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURIDAD.
REFORMASE LA LEY DE SALARIOS, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE, A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, A FIN DE PERMITIR QUE
LAS PERSONAS QUE OSTENTAN EL TITULO DE TECNICO O
TECNOLOGO, PUEDAN EJERCER LA DOCENCIA.
9 SEP 10 177 388 23 SEP 10
9 SEP 10 182 388 30 SEP 10
9 SEP 10 182 388 30 SEP 10
16 SEP 10 185 389 5 OCT 10
16 SEP 10 192 389 14 OCT 10
16 SEP 10 201 389 26 OCT 10
16 SEP 10 192 389 14 OCT 10
Indice Legislativo 847
Indice
General

Indice
General
848
Asamblea Legislativa
INDICE GENERAL
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
OTORGASE AL SEÑOR JOSE ARCADIO AGUIÑADA ROSA,
CONOCIDO COMO JHOSEE LORA, LA DISTINCION HONORIFICA
DE NOTABLE ARTISTA NACIONAL.
OTORGASE AL SEÑOR CARLOS GALAN PEREZ, LA DISTINCION
HONORIFICA DE DISTINGUIDO DEPORTISTA DE EL SALVADOR.
CONCEDESE PERMISO AL ALTO MANDO DE LA FUERZA ARMADA
DE EL SALVADOR, PARA ACEPTAR LA CONDECORACION,
MEDALLA DEL PACIFICADOR QUE LES HA CONFERIDO EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL.
PRORROGASE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL CODIGO
PROCESAL PENAL.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE A VARIOS RAMOS DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, SUSCRIBIR CONTRATO DE
PRESTAMO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO,
POR US$200,000,000,00, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FISCAL.
ELIGESE MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL CONSEJO
NACIONAL DE LA JUDICATURA.
AUTORIZASE QUE AL MOMENTO QUE FALLECIERE LA SEÑORA
MARTA ALICIA ZEPEDA AVENDAÑO, SUS RESTOS MORTALES
PUEDAN SER INHUMADOS EN LA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA
DE LOS POBRES, DE LA CIUDAD DE ZACATECOLUCA.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN DONATIVO A FAVOR DEL CLUB ROTARIO SIRAMA
DE SAN MIGUEL.
RATIFICASE EL CONVENIO BASICO DE COOPERACION TECNICA,
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, CON LA REPUBLICA DE CUBA.
PRORROGASE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y
TRANSITORIAS DE SUSPENSION DE JUICIOS EJECUTIVOS
MERCANTILES A FAVOR DE LOS DEUDORES AGROPECUARIOS
Y AGROINDUSTRIALES.
EXONERASE DEL CARGO DE MAGISTRADO SUPLENTE DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, AL ABOGADO JORGE ALFONSO
QUINTEROS FERNANDEZ.
16 SEP 10 184 389 4 OCT 10
16 SEP 10 184 389 4 OCT 10
22 SEP 10 200 389 25 OCT 10
22 SEP 10 183 389 1 OCT 10
22 SEP 10 177 388 23 SEP 10
22 SEP 10 177 388 23 SEP 10
23 SEP 10 179 388 27 SEP 10
23 SEP 10 194 389 18 OCT 10
30 SEP 10 194 389 18 OCT 10
30 SEP 10 183 389 1 OCT 10
30 SEP 10 V E T A D O
30 SEP 10 190 389 12 OCT 10

Anuario Legislativo 2010 - 2011
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
481
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN DONATIVO, A FAVOR DE LA ASOCIACION DE
DESARROLLO PASTORAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE
MEANGUERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.
30 SEP 10 187 389 7 OCT 10
482 PRORROGASE LOS EFECTOS DEL D. L. Nº 150/ 03. 30 SEP 10 194 389 18 OCT 10
483
484
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
DE CANDELARIA DE LA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA
ANA.
DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS PARA ASEGURAR
A LA POBLACION EL ABASTECIMIENTO DE FRIJOL Y MAIZ.
30 SEP 10 194 389 18 OCT 10
30 SEP 10 183 389 1 OCT 10
485 REFORMASE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES. 7 OCT 10 201 389 26 OCT 10
486
487
488
489
490
491
DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS DE SUSPENSION
DE JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES A FAVOR DE LOS
DEUDORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES.
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR ROBERTO JOSE KRIETE AVILA,
PARA ACEPTAR CONDECORACION, QUE LE HA CONFERIDO
LA SECRETARIA GENERAL DEL SISTEMA DE INTEGRACION
CENTROAMERICANA.
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Nº 2296/OC-ES,
CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, POR
US$200,000.000.00,PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO FISCAL.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, SUSCRIBIR UN
CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO, POR US $60,000,000.00, PARA FINANCIAR
LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, SUSCRIBIR UN
CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO, POR US$20,000,000.00, PARA FINANCIAR LA
EJECUCION DEL PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, SUSCRIBIR UN
CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO POR US$35,000,000.00, PARA FINANCIAR LA
EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PARA EL
DESARROLLO.
7 OCT 10 201 389 26 OCT 10
7 OCT 10 201 389 26 OCT 10
14 OCT 10 193 389 15 OCT 10
14 OCT 10 193 389 15 OCT 10
14 OCT 10 193 389 15 OCT 10
14 OCT 10 193 389 15 OCT 10
Indice Legislativo 849
Indice
General

Indice
General
850
Asamblea Legislativa
INDICE GENERAL
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
492
RATIFICASE ACUERDO DE SUBVENCION DE PROGRAMA Nº SLV
910-GO8-T, DEL FONDO GLOBAL PARA LA PREVENCION Y
CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN POBLACIONES DE ALTO
RIESGO EN 26 MUNICIPIOS DE EL SALVADOR.
21 OCT 10 218 389 22 NOV 10
493 REFORMASE EL CODIGO TRIBUTARIO. 21 OCT 10 V E T A D O
494 REFORMASE LA LEY DE VIALIDAD. 28 OCT 10 222 389 26 NOV 10
495
496
497
498
AUTORIZASE SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTAMO CON
EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, POR
US$35,000,000,00, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL
PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS.
AUTORIZASE SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTAMO CON
EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, POR
US$70,000,000,00, PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS
URBANOS PRECARIOS, FASE II.
EXONERASE DEL PAGO DE DERECHOS ARANCELARIOS A LA
IMPORTACION, LAS MERCANCIAS QUE SEAN IMPORTADAS AL
TERRITORIO NACIONAL PARA LA XXIII FERIA INTERNACIONAL.
FACULTASE A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS, UTILIZAR LA
TOTALIDAD DEL 25% DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL
2010, ASIGNADO EN LA LEY DE CREACION DEL FONDO PARA
EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS.
28 OCT 10 205 389 3 NOV 10
28 OCT 10 205 389 3 NOV 10
28 OCT 10 206 389 4 NOV 10
5 NOV 10 218 389 22 NOV 10
499 REFORMASE LA LEY DE LA CARRERA DOCENTE. 5 NOV 10 222 389 26 NOV 10
500
501
502
503
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN DONATIVO, A FAVOR DE LA FUNDACION
SALVADOREÑA DE LA TERCERA EDAD.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA REALIZACION DE
UN BINGO, A FAVOR DE LA FUNDACION SALVADOREÑA DE
SINDROME DOWN PARAISO DOWN EL SALVADOR. *
LEY DE CREACION DEL FIDEICOMISO DE REESTRUCTURACION
DE DEUDAS DE LAS MUNICIPALIDADES -FIDEMUNI-.
OTORGASE UNA PENSION VITALICIA AL SEÑOR VICENTE
SIBRIAN, POR SU APORTE A LA CULTURA DEL ROCK EN EL PAIS.
5 NOV 10 218 389 22 NOV 10
5 NOV 10 218 389 22 NOV 10
11 NOV 10 218 389 22 NOV 10
11 NOV 10 222 389 26 NOV 10

Anuario Legislativo 2010 - 2011
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
DISPOSICIONES PARA REGULAR LOS ASUETOS O PUENTES
LABORALES, EN EL AÑO 2011.
DECLARASE CAPITAL DE LA REPUBLICA, POR UN DIA, A LA
CIUDAD DE SAN VICENTE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE REGULAN UNA
COMPENSACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO DE
MAESTROS.
DISPOSICION TRANSITORIA DE EXENCION DE PAGO DE
TASAS, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL CUERPO
DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, A LOS VENDEDORES DE
PRODUCTOS PIROTECNICOS.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA MERCANCIA
INTRODUCIDA AL PAÍS PARA LA EXPOSICION COMERCIAL DE LA
REPUBLICA POPULAR DE CHINA. *
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE HACIENDA. *
REFORMASE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS
PARA ASEGURAR A LA POBLACION EL ABASTECIMIENTO DE
FRIJOL Y MAIZ.
REFORMASE TRANSITORIAMENTE LA LEY DE EQUIPAJES DE
VIAJEROS PROCEDENTES DEL EXTERIOR.
OTORGASE AL JOVEN KARATECA WILLIAMS ENRIQUE SERRANO
AGUILAR, LA DISTINCION HONORIFICA DE NOTABLE DEPORTISTA
DE EL SALVADOR.
OTORGASE AL DOCTOR CARLOS EDUARDO MORALES, LA
DISTINCION HONORIFICA DE HIJO MERITISIMO DE EL SALVADOR.
11 NOV 10 218 389 22 NOV 10
11 NOV 10 222 389 26 NOV 10
11 NOV 10 214 389 16 NOV 10
11 NOV 10 217 389 19 NOV 10
11 NOV 10 214 389 16 NOV 10
11 NOV 10 217 389 19 NOV 10
11 NOV 10 217 389 19 NOV 10
11 NOV 10 217 389 19 NOV 10
18 NOV 10 229 389 7 DIC 10
18 NOV 10 229 389 7 DIC 10
514 LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011. 18 NOV 10 230 389 8 DIC 10
515 LEY DE SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011. 18 NOV 10 230 389 8 DIC 10
516
517
AUTORIZASE AL RAMO DE ECONOMIA, TRANSFERIR A TITULO
DE DONACION, UN INMUEBLE, A FAVOR DEL FONDO DE
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO.
18 NOV 10 237 389 17 DIC 10
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA. 18 NOV 10 227 389 3 DIC 10
Indice Legislativo 851
Indice
General

Indice
General
852
Asamblea Legislativa
INDICE GENERAL
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
518
519
520
521
522
523
524
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA ASOCIACION ATLACATL
VIVO POSITIVO.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN DIVERSOS RAMOS
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.
LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
PARA LAS MUJERES.
DISPOSICION TRANSITORIA A EFECTO DE OTORGAR PLAZO
, PARA QUE PERSONAS QUE POSEAN ARMAS DE FUEGO
CON REGISTRO VENCIDO O SIN REGISTRARSE PUEDAN
REGISTRARLAS.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE A LA ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE
Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS A LA REALIZACION DE
UNA FIESTA DEL CASINO MIGUELEÑO, DENTRO DEL CONTEXTO
DEL CARNAVAL DE SAN MIGUEL, 2010.
18 NOV 10 227 389 3 DIC 10
25 NOV 10 222 389 26 NOV 10
25 NOV 10 2 390 4 ENE 11
25 NOV 10 V E T A D O
25 NOV 10 229 389 7 DIC 10
25 NOV 10 229 389 7 DIC 10
25 NOV 10 222 389 26 NOV 10
525 PRORROGASE LA VIGENCIA DEL D .L. Nº 456/07. 25 NOV 10 239 389 21 DIC 10
526
527
528
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. TOMO II
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE SALCOATITAN, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. TOMO II
LEY TRANSITORIA PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS.
2 DIC 10 241 389 23 DIC 10
2 DIC 10 241 389 23 DIC 10
2 DIC 10 V E T A D O
529 REFORMASE EL D. L. Nº 537/04. 2 DIC 10 26 390 4 FEB 11
530
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, A EFECTO QUE PARA EL AÑO
2010, SE EXIMA DE LA RETENCION Y PAGO DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA, LOS INGRESOS QUE EN CONCEPTO DE
AGUINALDO RECIBAN LOS TRABAJADORES A QUE SE REFIERE
EL CODIGO DE TRABAJO Y LA LEY SOBRE COMPENSACION
ADICIONAL EN EFECTIVO.
2 DIC 10 228 389 6 DIC 10

Anuario Legislativo 2010 - 2011
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
531 REFORMASE LA LEY ORGANICA JUDICIAL. 2 DIC 10 240 389 22 DIC 10
532
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, PARA TRANSFERIR A
TITULO DE DONACION AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
POPULAR, TRES INMUEBLES.
2 DIC 10 239 389 21 DIC 10
533 REFORMASE EL D.L. Nº 697/96. 2 DIC 10 241 389 23 DIC 10
534 LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. 2 DIC 10 70 391 8 ABR 11
535
536
537
538
539
540
541
542
543
DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA REGULAR EL PROCESO
DE ASCENSO DE LA CATEGORIA DE SUBINSPECTOR, A LA DE
INSPECTOR, EN LA POLICIA NACIONAL CIVIL.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LAS PRESENTACIONES
EN EL PAIS, DEL GRUPO LOS GUARAGUAO, A FAVOR DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD.
REFORMASE LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE METAPAN,
DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.
DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS PARA ASEGURAR
A LA POBLACION EL ABASTECIMIENTO DE SEMILLA DE FRIJOL Y
MAIZ E INSUMOS PARA SU PRODUCCION.
OTORGASE AL MAESTRO FRANCISCO MIRANDA ROMERO,
LA DISTINCION HONORIFICA DE NOTABLE DEPORTISTA DE EL
SALVADOR.
2 DIC 10 239 389 21 DIC 10
2 DIC 10 231 389 9 DIC 10
9 DIC 10 10 390 14 ENE 11
9 DIC 10 239 389 21 DIC 10
9 DIC 10 241 389 23 DIC 10
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN DONATIVO, A FAVOR DE LA FUNDACION AGUILARES. 9 DIC 10 241 389 23 DIC 10
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA IGLESIA DE DIOS
PENTECOSTAL LA VOZ DE CRISTO AL MUNDO.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA REALIZACION DE LA
TELETON 2011, A FAVOR DE LA ASOCIACION TELETON PRO-
REHABILITACION FUNTER.
PRORROGASE LA LEY TRANSITORIA PARA LA ESTABILIZACION
DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
COLECTIVO DE PASAJEROS.
9 DIC 10 241 389 23 DIC 10
9 DIC 10 241 389 23 DIC 10
9 DIC 10 237 389 17 DIC 10
Indice Legislativo 853
Indice
General

Indice
General
854
Asamblea Legislativa
INDICE GENERAL
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
544
545
546
547
548
549
550
551
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA
SOCIAL.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA
SOCIAL.
REFORMASE EL PRESUPUESTO DEL FONDO SOLIDARIO PARA
LA SALUD.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, RAMO
DE RELACIONES EXTERIORES Y REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS NATURALES.
DISPOSICIONES PARA MEJORAR CONDICIONES SALARIALES A
EDUCADORES EN LA MODALIDAD EDUCO.
INTERPRETASE AUTENTICAMENTE EL INCISO SEGUNDO DEL
ART. 6 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.
INTERPRETASE AUTENTICAMENTE EL ART. 307 DEL CODIGO
PROCESAL PENAL.
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. TOMO II
9 DIC 10 237 389 17 DIC 10
9 DIC 10 234 389 14 DIC 10
9 DIC 10 234 389 14 DIC 10
9 DIC 10 237 389 17 DIC 10
9 DIC 10 240 389 22 DIC 10
9 DIC 10 241 389 23 DIC 10
9 DIC 10 241 389 23 DIC 10
9 DIC 10 241 389 23 DIC 10
552 REFORMASE LA LEY DEL SISTEMA DE TARJETAS DE CREDITO. 9 DIC 10 10 390 14 ENE 11
553
554
555
APRUEBASE INCREMENTO SALARIAL PARA LOS EMPLEADOS
PUBLICOS.
REFORMASE LA LEY ESPECIAL PARA FACILITAR LA CANCELACION
DE LAS DEUDAS AGRARIA Y AGROPECUARIA.
DISPOSICIONES PARA LA POSTULACION DE CANDIDATURAS NO
PARTIDARIAS EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS.
9 DIC 10 237 389 17 DIC 10
16 DIC 10 240 389 22 DIC 10
16 DIC 10 8 390 12 ENE 11
556 REFORMASE EL CODIGO ELECTORAL. 16 DIC 10 10 390 14 ENE 11
557
558
LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO
DE CABAÑAS. TOMO II
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE. TOMO II
16 DIC 10 12 390 18 ENE 11
16 DIC 10 12 390 18 ENE 11

Anuario Legislativo 2010 - 2011
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
559
560
561
562
563
564
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE CIUDAD DELGADO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.
TOMO II
DISPOSICIONES ESPECIALES TRANSITORIAS PARA REGULAR
EL ASCENSO DEL PERSONAL QUE INGRESO A LA POLICIA
NACIONAL CIVIL HASTA LA PROMOCION CINCUENTA Y SIETE.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS, LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN DONATIVO A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN JULIAN, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Nº 2347/OC-ES,
CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, POR
US $60,000,000.00 PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
INTEGRADO DE SALUD.
REFORMASE LA LEY DE CREACION DEL FONDO PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS.
LEY DE CREACION DEL FIDEICOMISO DE APOYO A LA
PRODUCCION DE CAFE.
16 DIC 10 12 390 18 ENE 11
16 DIC 10 240 389 22 DIC 10
16 DIC 10 241 389 23 DIC 10
16 DIC 10 241 389 23 DIC 10
16 DIC 10 10 390 14 ENE 11
16 DIC 10 241 389 23 DIC 10
565 DEROGASE LA LEY DE REACTIVACION DE LAS EXPORTACIONES. 17 DIC 10 241 389 23 DIC 10
566
567
OTORGASE AL DOCTOR JUAN JOSE SABINES GUERRERO, LA
DISTINCION HONORIFICA DE NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR.
OTORGASE AL DOCTOR JOSE NICOLAS ASTACIO SORIA, LA
DISTINCION HONORIFICA DE NOTABLE MEDICO DE EL SALVADOR.
17 DIC 10 8 390 12 ENE 11
17 DIC 10 8 390 12 ENE 11
568 REFORMASE EL CODIGO TRIBUTARIO. 17 DIC 10 237 389 17 DIC 10
569
APRUEBASE PRESUPUESTO ESPECIAL EXTRAORDINARIO PARA
EMISION DEL VOTO RESIDENCIAL 2010.
17 DIC 10 241 389 23 DIC 10
570 REFORMASE LA LEY DE TURISMO. 17 DIC 10 241 389 23 DIC 10
571
572
PRORROGASE LA EXIGIBILIDAD DEL SEGURO OBLIGATORIO
PARA RESPONDER POR DAÑOS A TERCEROS, OCASIONADOS
EN ACCIDENTES DE TRANSITO.
FACULTASE A LAS MUNICIPALIDADES PARA UTILIZAR HASTA
EL 25% DEL 75% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL
FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS
MUNICIPIOS.
17 DIC 10 241 389 23 DIC 10
17 DIC 10 241 389 23 DIC 10
Indice Legislativo 855
Indice
General

Indice
General
856
Asamblea Legislativa
INDICE GENERAL
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
573
574
DISPOSICION TRANSITORIA A LA LEY DE DERECHOS FISCALES
PARA LA CIRCULACION DE VEHICULOS.
RATIFICASE ACUERDO DE SUBSEDE, CON LA SECRETARIA DE
LA INTEGRACION SOCIAL CENTROAMERICANA.
17 DIC 10 241 389 23 DIC 10
6 ENE 11 24 390 3 FEB 11
575 REFORMASE EL CODIGO PENAL. 6 ENE 11 70 391 8 ABR 11
576
577
578
579
580
581
582
583
584
OTORGASE AL PINTOR MIGUEL ANGEL RAMIREZ, LA DISTINCION
HONORIFICA DE NOTABLE ARTISTA DE EL SALVADOR.
ESTABLECESE LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS
DE SANTA ISABEL ISHUATAN Y SAN JULIAN AMBOS DEL
DEPARTAMENTO DE SONSONATE. TOMO II
ESTABLECESE LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS
DE SAN ANTONIO DEL MONTE Y SANTA CATARINA MASAHUAT
AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE SONSONATE. TOMO II
ESTABLECESE LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS
DE CALUCO Y CUISNAHUAT AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE
SONSONATE. TOMO II
DECLARASE EL AÑO 2011, COMO AÑO DEL BICENTENARIO DEL
PRIMER GRITO DE INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA.
DECRETO TRANSITORIO SOBRE LA COMPETENCIA DEL
INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PARA LA APLICACION DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REGULADO EN EL LIBRO II,
TITULO VII DE LA LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA.
AUTORIZASE AL RAMO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA
SOCIAL, PARA QUE ENTREGUE EN DONACION UN INMUEBLE
A LA MUNICIPALIDAD DE ANAMOROS, DEPARTAMENTO DE LA
UNION.
AUTORIZASE AL FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
LA DONACION DE UN INMUEBLE A FAVOR DEL RAMO DE
HACIENDA.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA FUNDACION
SALVADOREÑA DE LA TERCERA EDAD.
6 ENE 11 15 390 21 ENE 11
6 ENE 11 24 390 3 FEB 11
6 ENE 11 24 390 3 FEB 11
6 ENE 11 24 390 3 FEB 11
6 ENE 11 11 390 17 ENE 11
6 ENE 11 5 390 7 ENE 11
13 ENE 11 21 390 31 ENE 11
13 ENE 11 21 390 31 ENE 11
13 ENE 11 23 390 2 FEB 11

Anuario Legislativo 2010 - 2011
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
585
586
587
588
589
590
591
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN DONATIVO A FAVOR DE LA IGLESIA EMANUEL DE
LAS ASAMBLEAS DE DIOS.
OTORGASE UNA PENSION VITALICIA A DON JUAN ANTONIO
MERLOS CABRERA, COMO UN RECONOCIMIENTO POR SU
APORTE AL DEPORTE NACIONAL.
OTORGASE UNA PENSION VITALICIA AL CIUDADANO GREGORIO
BUNDIO NUÑEZ, POR SU APORTE AL DEPORTE NACIONAL.
DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS DE INCENTIVOS
FISCALES TEMPORALES PARA LA IMPORTACION DE GRANO DE
FRIJOL ROJO.
ESTABLECESE LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS
DE CALUCO Y SAN JULIAN, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE
SONSONATE. TOMO II
ESTABLECESE LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS
DE CUISNAHUAT Y SANTA ISABEL ISHUATAN, AMBOS DEL
DEPARTAMENTO DE SONSONATE. TOMO II
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE SAN JOSE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
TOMO II
13 ENE 11 23 390 2 FEB 11
13 ENE 11 23 390 2 FEB 11
13 ENE 11 23 390 2 FEB 11
13 ENE 11 21 390 31 ENE 11
13 ENE 11 28 390 9 FEB 11
13 ENE 11 28 390 9 FEB 11
13 ENE 11 24 390 3 FEB 11
592 LEY DE SUPERVISION Y REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO. 13 ENE 11 23 390 2 FEB 11
593
594
595
CONCEDESE PERMISO AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA, CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA, PARA RECIBIR
CONDECORACION, GRAN CRUZ EXTRAORDINARIA PLACA DE
ORO, QUE LE HA CONFERIDO EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
DE HONDURAS.
SUSPENDENSE LOS TERMINOS Y PLAZOS LEGALES, DE LOS
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE TODO EL PAIS, AFECTADOS
POR EL PARO DE LABORES DE ASOCIACIONES SINDICALES.
REFORMASE LA LEY ORGANICA DEL BANCO CENTRAL DE
RESERVA DE EL SALVADOR.
14 ENE 11 10 390 14 ENE 11
20 ENE 11 15 390 21 ENE 11
20 ENE 11 28 390 9 FEB 11
596 REFORMASE LA LEY DE BANCOS. 20 ENE 11 28 390 9 FEB 11
597 REFORMASE LA LEY DE MERCADO DE VALORES. 20 ENE 11 28 390 9 FEB 11
598 LEY DE FOMENTO DE LA PRODUCCION. 20 ENE 11 21 390 31 ENE 11
Indice Legislativo 857
Indice
General

Indice
General
858
Asamblea Legislativa
INDICE GENERAL
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
599
600
601
602
603
604
LEY DE CREACION DEL CENTRO DE TRAMITES DE IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES.
LEY DE REINTEGRO DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS A LA
IMPORTACION.
OTORGASE A MONSEÑOR RICHARD CHARLES ANTALL, LA
DISTINCION HONORIFICA DE NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR.
AUTORIZASE EL INGRESO EN AGUAS TERRITORIALES, A LA
FLOTA DE AMISTAD Nº 100, COMPUESTA POR TRES BUQUES DE
COMBATE DE LA FUERZA NAVAL DE LA REPUBLICA DE CHINA.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, PARA DONAR UN
INMUEBLE AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR.
REFORMASE LA LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA
DEL MUNICIPIO DE AYUTUXTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR.
20 ENE 11 21 390 31 ENE 11
20 ENE 11 21 390 31 ENE 11
20 ENE 11 24 390 3 FEB 11
27 ENE 11 40 390 25 FEB 11
27 ENE 11 28 390 9 FEB 11
27 ENE 11 40 390 25 FEB 11
605 REFORMASE LA LEY DE BOLSAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 27 ENE 11 40 390 25 FEB 11
606
DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL ART. 27, DE LA LEY DE
TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.
27 ENE 11 46 390 7 MAR 11
607 REFORMASE EL D. L. Nº 386/10. 4 FEB 11 41 390 28 FEB 11
608
609
610
611
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Nº 2358/OC-ES, CON
EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, POR US $
20,000,000.00, PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL.
APRUEBASE CONTRATO DE PRESTAMO Nº 2369/OC-ES, CON
EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO POR US $
35,000,000.00, PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAMINOS
RURALES PARA EL DESARROLLO.
ESTABLECESE LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS
DE QUELEPA Y SAN MIGUEL, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE
SAN MIGUEL. TOMO II
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS, LA REALIZACION DEL
EVENTO DENOMINADO 14º BANQUETE DEL AMOR, A FAVOR DE
LA ASOCIACION AGAPE DE EL SALVADOR.
4 FEB 11 27 390 8 FEB 11
4 FEB 11 34 390 17 FEB 11
4 FEB 11 41 390 28 FEB 11
4 FEB 11 41 390 28 FEB 11

Anuario Legislativo 2010 - 2011
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
RATIFICASE CONVENIO SUSCRITO CON EL GOBIERNO DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA LA DONACION DE
PRODUCTOS AGRICOLAS BAJO EL ACTA DE ALIMENTOS PARA
EL PROGRESO.
AUTORIZASE A LA COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL
RIO LEMPA, PARA QUE ENTREGUE EN DONACION UN INMUEBLE
A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CARMEN,
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.
AUTORIZASE A LA COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL
RIO LEMPA, PARA QUE ENTREGUE EN DONACION UN INMUEBLE
A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CARMEN,
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.
AUTORIZASE A LA COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL
RIO LEMPA, PARA QUE ENTREGUE EN DONACION UN INMUEBLE
A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CARMEN,
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA AUTORIZAR POR UN
1 AÑO, QUE LAS RUTAS 202, 406, 456 Y 456-A, PUEDAN
INGRESAR A LA CIUDAD DE SANTA ANA.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN DONATIVO A FAVOR DE LA IGLESIA CENTRO
EVANGELISTICO VIDA REAL.
ESTABLECESE EN $0.000440 MILLONESIMAS DE DOLAR POR
LIBRA DE AZUCAR, LA CONTRIBUCION QUE DEBERAN APORTAR
LOS PRODUCTORES DE CAÑA Y CENTRALES AZUCARERAS O
INGENIOS, DURANTE LA ZAFRA 2010/2011.
REFORMASE LA LEY DE SALARIOS, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE EDUCACION.
LEY TRANSITORIA DE COMPENSACION ECONOMICA POR
SERVICIOS PRESTADOS EN EL ORGANO LEGISLATIVO.
CONCEDESE PERMISO AL DOCTOR ENRIQUE BORGO
BUSTAMANTE, PARA ACEPTAR CONDECORACION, GRAN CRUZ
DE LA ORDEN DE ISABEL LA CATOLICA, QUE EL REY DE ESPAÑA
Y EL GOBIERNO ESPAÑOL, LE HAN CONFERIDO.
10 FEB 11 42 390 1 MAR 11
10 FEB 11 46 390 7 MAR 11
10 FEB 11 46 390 7 MAR 11
10 FEB 11 46 390 7 MAR 11
10 FEB 11 V E T A D O
17 FEB 11 39 390 24 FEB 11
17 FEB 11 50 390 11 MAR 11
17 FEB 11 50 390 11 MAR 11
17 FEB 11 35 390 18 FEB 11
17 FEB 11 98 391 27 MAY 11
Indice Legislativo 859
Indice
General

Indice
General
860
Asamblea Legislativa
INDICE GENERAL
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
622
623
624
625
626
627
628
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR JAIME OSWALDO AGUILAR
MIRANDA, PARA ACEPTAR CONDECORACION, EN EL GRADO DE
CAVALIERE DE LA ESTRELLA DE LA SOLIDARIDAD ITALIANA,
QUE LE HA CONFERIDO EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
ITALIA.
CONCEDESE PERMISO AL SEÑOR ARTURO CLAUDIO ENEA TONA
GIOLITTI, PARA ACEPTAR CONDECORACION, EN EL GRADO
DE COMMENDATORE DE LA ESTRELLA DE LA SOLIDARIDAD
ITALIANA QUE LE HA CONFERIDO EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE ITALIA.
REFORMASE LA LEY DE CONTROL Y REGULACION DE ARMAS,
MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ARTICULOS SIMILARES.
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. TOMO II
OTORGASE A LA DOCTORA TRINIDAD JIMENEZ GARCIA-
HERRERA, MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACION DEL REINO DE ESPAÑA, LA DISTINCION
HONORIFICA DE NOBLE AMIGA DE EL SALVADOR.
CONCEDESE PERMISO AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA, OTHON SIGFRIDO REYES MORALES, PARA
ACEPTAR CONDECORACION, ORDEN 4 DE MAYO, DIA DE LA
DIGNIDAD NACIONAL, QUE LE HA CONFERIDO LA ASAMBLEA
NACIONAL DE NICARAGUA.
REFORMASE EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA.
24 FEB 11 61 390 28 MAR 11
24 FEB 11 61 390 28 MAR 11
24 FEB 11 V E T A D O
24 FEB 11 61 390 28 MAR 11
24 FEB 11 40 390 25 FEB 11
3 MAR 11 70 391 8 ABR 11
3 MAR 11 46 390 7 MAR 11
629 REFORMASE EL CODIGO ELECTORAL. 3 MAR 11 66 391 4 ABR 11
630 PRORROGASE POR UN AÑO, EL D. L. Nº 303/10. 3 MAR 11 66 391 4 ABR 11
631
632
RATIFICASE PROTOCOLO MODIFICATIVO AL ACUERDO SUSCRITO
CON LA ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA, LA CULTURA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE LA SEDE DE LA REPRESENTACION
PERMANENTE DE LA OEI EN EL SALVADOR Y SUS PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES.
RATIFICASE EL ACUERDO SOBRE LA FACULTAD
LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES.
10 MAR 11 71 391 11 ABR 11
10 MAR 11 71 391 11 ABR 11
633 REFORMASE LA LEY ESPECIAL DE OCURSOS DE GRACIA. 10 MAR 11 70 391 8 ABR 11

Anuario Legislativo 2010 - 2011
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
634
OTORGASE A DON CARLOS SHIH-CHIEH LIAO, EMBAJADOR DE
LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN), LA DISTINCION HONORIFICA
DE NOBLE AMIGO DE EL SALVADOR.
10 MAR 11 60 390 25 MAR 11
635 REFORMASE EL CODIGO ELECTORAL. 10 MAR 11 V E T A D O
636
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN DONATIVO A FAVOR DE LA ASOCIACION BENEFICA
EL BUEN SAMARITANO DE EL SALVADOR.
10 MAR 11 73 391 13 ABR 11
637 REFORMASE EL D. L. Nº 414/10. 10 MAR 11 66 391 4 ABR 11
638
639
640
641
642
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE A LOS RAMOS DE RELACIONES EXTERIORES Y
DE ECONOMIA.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, SUSCRIBIR CONTRATO DE
PRESTAMO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO,
POR US$5,000,000,00 PARA FINANCIAR EL PROGRAMA
MODERNIZACION DEL ORGANO LEGISLATIVO.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE ECONOMIA.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE A VARIOS RAMOS DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, SUSCRIBIR CONTRATO
DE PRESTAMO CON EL BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCION Y FOMENTO, POR US$50,000.000,00 PARA
FINANCIAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO
POR DESASTRES NATURALES.
10 MAR 11 53 390 16 MAR 11
10 MAR 11 53 390 16 MAR 11
10 MAR 11 53 390 16 MAR 11
10 MAR 11 53 390 16 MAR 11
10 MAR 11 51 390 14 MAR 11
643 REFORMASE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. 10 MAR 11 70 391 8 ABR 11
644 LEY DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL. 11 MAR 11 143 392 29 JUL 11
645
LEY DE IGUALDAD, EQUIDAD Y ERRADICACION DE LA
DISCRIMINACION CONTRA LAS MUJERES.
17 MAR 1 70 391 8 ABR 11
646 REFORMASE EL CODIGO ELECTORAL. 17 MAR 11 73 391 13 ABR 11
647
INTERPRETASE AUTENTICAMENTE EL ART. 10 DE LA LEY
ESPECIAL PARA FACILITAR LA CANCELACION DE LAS DEUDAS
AGRARIA Y AGROPECUARIA.
17 MAR 11 75 391 15 ABR 11
Indice Legislativo 861
Indice
General

Indice
General
862
Asamblea Legislativa
INDICE GENERAL
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
REFORMASE LA LEY REGULADORA DEL DEPOSITO,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PETROLEO.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA ALDEA INFANTIL SAN
ANTONIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN VEHICULO A FAVOR DE LA IGLESIA MINISTERIO
CRISTIANO OASIS DE AMOR INTERNACIONAL.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LOS HONORARIOS
QUE EL CONSEJO SALVADOREÑO DEL CAFE CANCELE A LA
FUNDACION ALIANZA PARA LA EXCELENCIA DEL CAFE INC, POR
LA ASESORIA PARA EL EVENTO DENOMINADO TAZA DE LA
EXCELENCIA.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE RELACIONES EXTERIORES Y AL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE SALUD PUBLICA.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, PARA QUE ENTREGUE
EN DONACION UN INMUEBLE, A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
BERLIN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.
LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO DE LA
PERSONA MIGRANTE SALVADOREÑA Y SU FAMILIA.
DISPOSICIONES PARA QUE EMPLEADOS PUBLICOS Y
MUNICIPALES Y DE INSTITUCIONES OFICIALES AUTONOMAS,
GOCEN DE LICENCIA, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2011,
PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA VISITA
DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, BARACK OBAMA.
ESTABLECESE LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS
DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN Y SONSONATE, AMBOS DEL
DEPARTAMENTO DE SONSONATE. TOMO II
REFORMASE LA LEY TRANSITORIA DE COMPENSACION
ECONOMICA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ORGANO
LEGISLATIVO.
17 MAR 11 O B S E R V A D O
17 MAR 11 74 391 14 ABR 11
17 MAR 11 74 391 14 ABR 11
17 MAR 11 74 391 14 ABR 11
17 MAR 11 69 391 7 ABR 11
17 MAR 11 69 391 7 ABR 11
17 MAR 11 77 391 27 ABR 11
17 MAR 11 74 391 14 ABR 11
17 MAR 11 55 390 18 MAR 11
24 MAR 11 77 391 27 ABR 11
24 MAR 11 60 390 25 MAR 11
659 REFORMASE EL CODIGO TRIBUTARIO. 24 MAR 11 81 391 2 MAY 11

Anuario Legislativo 2010 - 2011
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
660
661
662
663
664
665
666
667
ESTABLECESE LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS
DE SAN ANTONIO DEL MONTE Y SANTO DOMINGO DE GUZMAN,
AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE SONSONATE. TOMO II
LEY MARCO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y
CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS.
ESTABLECESE LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS
DE NAHUIZALCO Y SANTA CATARINA MASAHUAT, AMBOS DEL
DEPARTAMENTO DE SONSONATE. TOMO II
ESTABLECESE LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS
MUNICIPIOS DE NAHUIZALCO Y SAN ANTONIO DEL MONTE, DEL
DEPARTAMENTO DE SONSONATE. TOMO II
REFORMASE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR Y RESERVA DE LA
FUERZA ARMADA.
PRORROGASE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y
TRANSITORIAS DE SUSPENSION DE JUICIOS EJECUTIVOS
MERCANTILES A FAVOR DE LOS DEUDORES AGROPECUARIOS
Y AGROINDUSTRIALES.
REFORMASE LA LEY TRANSITORIA PARA LA ESTABILIZACION
DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
COLECTIVO DE PASAJEROS.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN DONATIVO, A FAVOR DEL CLUB DE LEONES DE SAN
MIGUEL-DECANO, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.
24 MAR 11 77 391 27 ABR 11
31 MAR 11 80 391 30 ABR 11
31 MAR 11 85 391 6 MAY 11
31 MAR 11 85 391 6 MAY 11
31 MAR 11 86 391 11 MAY 11
31 MAR 11 65 391 1 ABR 11
31 MAR 11 75 391 15 ABR 11
31 MAR 11 86 391 11 MAY 11
668 REFORMASE EL CODIGO ELECTORAL. 31 MAR 11 75 391 15 ABR 11
669
670
671
672
INTERPRETASE AUTENTICAMENTE EL ART. 63; NUMERAL 3 Y 6
DEL ART. 81; DEL CODIGO ELECTORAL.
RATIFICASE ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL
INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO PARA EL
DESARROLLO.
RATIFICASE CONVENIO IBEROAMERICANO SOBRE EL USO DE
LA VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACION INTERNACIONAL
ENTRE SISTEMAS DE JUSTICIA.
ESTABLECESE LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS
DE CALUCO Y SONSONATE, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE
SONSONATE. TOMO II
31 MAR 11 O B S E R V A D O
7 ABR 11 89 391 16 MAY 11
7 ABR 11 89 391 16 MAY 11
7 ABR 11 86 391 11 MAY 11
Indice Legislativo 863
Indice
General

Indice
General
864
Asamblea Legislativa
INDICE GENERAL
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
ESTABLECESE LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS
DE IZALCO Y SONSONATE, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE
SONSONATE. TOMO II
7 ABR 11 86 391 11 MAY 11
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA FUNDACION DEI VERBUM. 7 ABR 11 87 391 12 MAY 11
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN DONATIVO, A FAVOR DEL CLUB KIWANIS LOS
ROBLES.
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION
AL PAIS DE UN VEHICULO, A FAVOR DE LA PARROQUIA LA
TRANSFIGURACION, DE LA ARQUIDIOCESIS DE SAN SALVADOR.
REFORMASE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE
PRESUPUESTO.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO, EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO
MUNICIPAL.
PRORROGASE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY GENERAL
DE PREVENCION DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
EXONERASE AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
Y A LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN),
POR IMPORTACION DE LOS AUTOMOVILES, MOTOCICLETAS Y
ACCESORIOS DE LOS MISMOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO
APOYO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA, MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD PARA
DIFERENTES AREAS DE ATENCION.
ESTABLECESE LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS
DE EL CONGO E IZALCO, DEPARTAMENTOS DE SANTA ANA Y
SONSONATE RESPECTIVAMENTE. TOMO II
ESTABLECESE LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS
DE SONSONATE Y SONZACATE AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE
SONSONATE. TOMO II
REFORMASE LA LEY DE ORDENACION Y PROMOCION DE PESCA
Y ACUICULTURA.
7 ABR 11 87 391 12 MAY 11
7 ABR 11 87 391 12 MAY 11
7 ABR 11 86 391 11 MAY 11
7 ABR 11 75 391 15 ABR 11
7 ABR 11 77 391 27 ABR 11
7 ABR 11 72 391 12 ABR 11
13 ABR 11 86 391 11 MAY 11
13 ABR 11 86 391 11 MAY 11
13 ABR 11 170 392 12 SEP 11

Anuario Legislativo 2010 - 2011
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LAS PRESENTACIONES
EN EL PAIS DEL CIRCO DE RENATO, EL REY DE LOS PAYASOS, A
FAVOR DE LA FUNDACION AMIGO.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE
Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE
Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.
REFORMASE LA LEY DE PRESUPUESTO EN LA PARTE QUE
CORRESPONDE AL RAMO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE
Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.
APRUEBASE CONVENIO DE PRESTAMO, CON EL BANCO
INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO, POR
US$50,000,000,00 DENOMINADO PRESTAMO PARA POLITICAS
DE DESARROLLO PARA MANEJO DE RIESGOS DE DESASTRES.
AUTORIZASE AL RAMO DE HACIENDA, CONTRIBUIR AL
AUMENTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE OPERACIONES
ESPECIALES Y SUSCRIPCION DE ACCIONES CON EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO.
ESTABLECESE LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS
DE ACAJUTLA Y SONSONATE, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE
SONSONATE. TOMO II
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. TOMO II
LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO
DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE MORAZAN. TOMO II
EXONERASE DEL PAGO DE IMPUESTOS LA INTRODUCCION AL
PAIS DE UN DONATIVO A FAVOR DEL CLUB ROTARIO DE CIUDAD
MERLIOT-SANTA TECLA.
PRORROGASE EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA
DECLARACION PATRIMONIAL, REGULADA EN EL ART. 91 DEL
CODIGO TRIBUTARIO.
LEY DE REGULACION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION
SOBRE EL HISTORIAL DE CREDITO DE LAS PERSONAS.
13 ABR 11 82 391 3 MAY 11
13 ABR 11 80 391 30 ABR 11
13 ABR 11 80 391 30 ABR 11
13 ABR 11 80 391 30 ABR 11
13 ABR 11 80 391 30 ABR 11
13 ABR 11 80 391 30 ABR 11
29 ABR 11 94 391 23 MAY 11
29 ABR 11 108 391 10 JUN 11
29 ABR 11 104 391 6 JUN 11
29 ABR 11 89 391 16 MAY 11
29 ABR 11 93 391 20 MAY 11
29 ABR 11 141 392 27 JUL 11
Indice Legislativo 865
Indice
General

Indice
General
866
Asamblea Legislativa
INDICE GENERAL
D. L. Nº CONTENIDO EMITIDO D. O. Nº TOMO PUBLICADO
696
697
698
REFORMASE LA LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD
ECONOMICA DEL MUNICIPIO DE ALEGRIA, DEPARTAMENTO DE
USULUTAN.
REFORMASE LA LEY ORGANICA DE ADMINISTRACION
FINANCIERA DEL ESTADO.
REFORMASE LA LEY REGULADORA DEL DEPOSITO,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PETROLEO.
ACUERDOS DE REFORMA A LA CONSTITUCION
29 ABR 11 81 391 2 MAY 11
29 ABR 11 81 391 2 MAY 11
29 ABR 11 85 391 6 MAY 11
ACUERDO DE REFORMA CONSTITUCIONAL Nº1 28 JUL 10 150 388 16 AGO 10
ACUERDO DE REFORMA CONSTITUCIONAL Nº 2 28 JUL 10 150 388 16 AGO 10