Construyendo Agenda 21 para el Departamento de ... - Corpoica

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• Instituto SINCHI

Las instituciones sociales terminan desarrollando economías ilegales muy diversas,

debido al ordenamiento territorial altamente restrictivo y a las precisiones de orden biológico

que orientan el manejo de los recursos naturales, en el marco de una visión hemisférica

de la preservación y conservación ambiental que ordena el territorio en función de aprovechamientos

de empresas de gran calado. En el marco prohibitivo de acceso a los recursos se

fortalecen las economías ilegales y la existencia de paraestados. Por un lado va la planeación

centralizada y el ordenamiento territorial ambiental, expresado en el cuerpo jurídico

aplicado al Departamento de Guainía y, por otro, la realidad social poco articulada a la estructura

económica de aprovechamiento regional de los recursos naturales.

Ante la ausencia de propuestas innovadoras, se afianzan las economías ilícitas: coca,

contrabando, fraude público, comercio de armas, bandolerismo indígena, que para poder

contrarrestar demandan una política ambiental entendida como ordenamiento territorial

para su aprovechamiento con base en planes de manejo y un sistema de áreas protegidas

que más allá de la preservación, tenga un propósito productivo y de transformación óptima

in situ de materias primas y una definición ajustada de economía extractiva para el desarrollo

ambiental sostenible.

Los planes de manejo existentes para la región no se aplican; como en los casos del

Plan de Manejo de la Reserva Natural Puinawai y de la Leopoldinia Piassava s., diseñados por

la Universidad Javeriana. La capacidad de operación de la CDA se limita a proyectos puntuales

y, además, carece de la financiación que le permita mover políticas de base.

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