MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL

proponentes que aparecieran como deudores en las bases de datos de la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
—DIAN— y en aquellas que las entidades territoriales establecieran a través
de sus organizaciones gremiales. Frente a esta disposición se encuentran
marcadas diferencias con la Ley 550 de 1999 en lo concerniente al momento
contractual en que procedía dicha exigencia, dado que la disposición anterior
que la contenía, declarada inexequible, artículo 57 de la Ley 550 de 1999,
exigía estar al día con el Estado respecto de obligaciones fiscales, para
participar en licitaciones y concursos públicos de
méritos, presentación de ofertas o adjudicación de contratos con alguna
entidad del Estado, lo cual resultaba distinto del requisito contemplado en la
Ley 617 de 2000, como quiera que esta última no refería tal exigencia a los
aspirantes a contratar con el Estado.
Así también, se observa que mientras la Ley 550 de 1999, artículo 57,
determinaba que la DIAN certificaría que el aspirante o contratista se
encontrara al día respecto de obligaciones fiscales de carácter nacional, lo
cual implicaba la obtención de un paz y salvo, la Ley 617 de 2000, artículo 70,
sugirió que tal circunstancia pudiera ser determinada por un cruce interno
entre entidades, puesto que ya no aludía a una certificación, sino a la base de
datos de la DIAN.
Estas apreciaciones son de carácter meramente informativas, toda vez que
el artículo 134 de la Ley 633 de 2000 derogó expresamente el artículo 70 de la
Ley 617 de 2000, dejando sin base legal la exigencia de hallarse el proponente
y/o contratista al día en el pago de sus obligaciones tributarias con la DIAN,
razón por la cual tales requisitos dejaron de ser de forzosa observancia tanto
para las entidades como para los oferentes.
12. Toda obligación contractual debe estar respaldada de manera
anticipada por un estudio de conveniencia y oportunidad así como de la
respectiva disponibilidad presupuestal, y su celebración debe sujetarse a los
términos anuales de apropiación, compromiso o reserva, establecidos para
cada vigencia.
En este punto es de anotar que todo aspecto relativo a inversión y su
consecuencial desarrollo contractual debe soportarse en los proyectos
inscritos en los bancos nacional , territorial o sectorial de Programas y
Proyectos previstos en el Decreto-Ley 111 de 1996, artículo 9º, y que las
reservas provenientes de relaciones contractuales sólo podrán constituirse
con fundamento en los contratos debidamente perfeccionados, ahora bien,