interpretación normativista de los delitos de falsedad documental

Hugo Favián Apaza Mamani
conocimiento de aquella inscripción y denuncia al sujeto A y al servidor público R por el
delito de falsedad ideológica. En este supuesto si bien se tiene acreditado que se ha
introducido una declaración falsa en un documento público, al haber actuado en error el
registrador R, entonces no se ha infringido el deber positivo de dar declaraciones veraces al
participar del tráfico documental, aún cuando el sujeto A hubiere actuado con un dominio del
hecho al momento de hacer aquella insertación de datos falsos, no presentándose el delito de
falsedad ideológica 80 .
A la posición que yo afirmó, en relación a esta interpretación de la falsedad ideológica,
se le puede criticar señalando, primero que: el deber de veracidad no es que no sea exigible a
los ciudadanos, sino que bajo ciertas condiciones, puede tener legitimidad esa exigencia, por lo
que la discusión se traslada a la oportunidad, y si bien el Derecho de decir la verdad en
principio solo es exigible a los Funcionarios Públicos, cuando para insertar una declaración –en
un documento público- los funcionarios únicamente puedan valerse de lo dicho por los
particulares, como por ejemplo cuando un par de personas concurren a una notaria para elevar
a escritura pública una minuta, entonces se impone a los particulares el deber de decir la
verdad, y eso porque en tal oportunidad los particulares tienen aquel deber 81 . Como respuesta a
la critica mencionada, cabe decir primero que en efecto en algunas oportunidades existe el
deber de dar una declaración veraz por parte de un particular, y tal como lo dice
BACIGALUPO: “los deberes de veracidad de los particulares han sido fragmentariamente
considerados (…) sobre la base de la idea de subsidiaridad, de tal manera que respecto de
determinados bienes jurídicos sólo interviene cuando la acción del autor ha superado las
barreras de autoprotección de la víctima” 82 , reconociendo como casos donde los particulares
tienen un deber de veracidad en: la estafa, el falso testimonio, los delitos societarios y los
delitos de quiebra. Y ahora toca responder a la critica mencionada, señalando que el tráfico
documental no es un contexto que genere en el particular un deber de dar una declaración
veraz, y ello aún cuando un particular interaccione con un funcionario público; porque si al
interactuar el particular como emisor de la declaración y el receptor es otro particular, este
receptor es quien debe verificar la veracidad de la declaración, ello en aplicación del principio
80 Si bien, en el ejemplo presentado no hay lugar al delito de falsedad ideológica, el actuar del sujeto A, no
quedara impune por cuando al haberse hecho uso de un documento no autentico, se subsumirá en el segundo
párrafo del artículo 427 del CP.
81 Al parecer esta sería la propuesta de Carlos Creus y Jorge Boumpadre, quienes escriben que en el supuesto de
“hacer insertar”, será autor un particular cuando: “el agente esté jurídicamente obligado a decir la verdad. (…)
Dicha carga existe en la hipótesis de que la confianza pública queda librada a la buena fe de los particulares
que declaran ante el oficial público; normalmente se trata de datos de gran trascendencia en la vida civil que no
pueden ser corroborados más que de un modo formal por el oficial público que extiende el documento”, en:
CREUS, Carlos y Jorge E. BUOMPADRE; Falsificación de Documentos en General…p. 138.
82 En: BACIGALUPO, Enrique; Delito de Falsedad Documental…p. 74 a 76
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