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LAS GARANTÍAS
INDIVIDUALES

IGNACIO BURGOA O.
DOCTOR EN DERECHO Y MAESTRO EMÉRITO
DE L\ UNIVER-"iID,\D NACIONAL AlITÓNOMA DE MÉXICO
LAS GARANTÍAS
INDIVIDUALES
4 O" edici6n
EDITORIAL PORRÚA
AV. REPÚBLICA ARGENTINA 15
MÉXICO. 2008

PALABRAS SOBRE LA TRIGÉSIMA NOVENA EDICIÓN
El Foro Nacional en su conjunto, toda la Academia Jurídica de México,
especialmente la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
de México, sus seres queridos, muchos amigos y por qué no decirlo, este amado
país dio a Ignacio Burgoa Orihuela, mi señor padre y autor de este libro,
entre otros que todos conocemos, el postrer adiós la mañana del domingo
seis de noviembre de 2005.
Han transcurrido los meses dentro de un duelo multifacético que no pretendo
describir, hasta que llegó el día en que la nueva edición de esta obra
debía salir a la luz dando continuidad al afán permanente de su autor: mantenerla
siempre vigente. Arrostré entonces como hijo obediente la responsabilidad
sublime de cumplir tal anhelo, máxime que este libro es uno de los
"hijos intelectuales" de Don Ignacio Burgoa Orihuela, y por ende es también
mi hermano.
El más sincero amor filial y un profundo respeto a la personalidad inmortal
de mi padre y maestro me llevan al convencimiento de que ni yo ni nadie
debe alterar ni un ápice el contenido y la estructura formal de ninguna de sus
obras que la posteridad recibe como un legado invaluable.
Tratando de cumplir con ambas premisas superiores e insoslayables, mi
modestísirna labor respecto a esta Trigésima Novena Edición ha consistido en
insertar las reformas y adiciones constitucionales que entraron en vigor después
de la edición anterior, expresando los correspondientes comentarios
bajo mi más estricta responsabilidad, dejándolo indicado en el contexto de la
obra, a través de los señalamientos de impresión adecuados. De esta manera
el lector estudioso tendrá en sus manos un libro actualizado que cumpla con el
beneficio que tantas generaciones ha recibido.
Tales reformas y adiciones corresponden a los artículos 1°, 3", 14. 18,21,
22 Y26 constitucionales.
La memoria de Ignacio Burgoa Orihuela permanecerá brillando en el firmamento
de las ideas.
Ciudad de México, febrero de 2007.
VII
IGNACIO BURGOA LLANO

I
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN
El conocimiento cotidiano del juicio de amparo a través de los múltiples y
muy diversos casos concretos en que se traduce su vida pragmática, suscita pa·
ralelamente variadas cuestiones que conciernen a las garantías individuales
(cuya denominación correcta debiera ser la de "garantías del gobernado").
por constituir ellas. según es bien sabido. la primordial materia de preservación
de nuestro medio de tutela constitucional. La experiencia jurídica que
en más de dos años y medio he adquirido como Juez Segundo de Distrito en
1Materia Administrativa del Distrito Federal. cuyo cargo he venido desempeñando
desde el 7 de mayo de 1951, así como estudios de carácter teórico-esipeculativo
que sobre tópicos de Derecho Constitucional he realizado, implican
la fuente de las consideraciones que se contienen en esta segunda edición de
mi libro intitulado LAs GARANTIAs INDIVIDUALES, esperando que las ideas que
en ella se exponen sean acogidas por el Foro Nacional con la misma benevolencia
que ha dispensado a todas mis modestas y deficientes obras de investígación
jurfdica,
México, D. F., diciembre de 1953.
IGNACIO BURGOA O.
PALABRAS PRELIMINARES SOBRE LA TERCERA EDICIÓN
Toda obra jurídica debe estar inexorablemente sometida a una constante
revisión. Su autor tiene la ineludible obligación intelectual de asumir una actitud
de redoblada vigilancia sobre la evolución y las transformaciones que, en
el devenir del tiempo, experimente la materia de derecho que constituya el
tema respecto del que haya emitido sus ideas, a efecto de renovarlas, actualizarlas
e, inclusive, rectificarlas.
Si entre las instituciones jurídicas y la realidad debe existir la mejor adecuación
posible para evitar que el Derecho se convierta en obsoleto y. por
ende, en inútil o hasta regresivo, la producción literaria sobre ellas debe también
observar un dinamismo periódico que impida que las obras jurfdicas sólo
conserven un valor histórico, sin proyección de actualidad.
Estas reflexiones siempre han estimulado y orientado mi modesta labor
autoral. Con base en ellas he procurado mejorar mis obras, al presentarse la
oportunidad de su re-edición. Vuelvo, pues, a someter mis Garantías Individua-

2
PREFACIO
les, a la sana crítica jurídica con motivo de esta nueva edición, en la que he tratado
de superar las anteriores. Creo así cumplir el deber intelectual que he
mencionado, y para cuya observancia he escatimado, al arduo y absorbente
ejercicio profesional, los momentos deliciosos de la cátedra, del estudio y de la
meditación.
México, D. F., enero de. 1961.
ADVERTENCIA SOBRE LA CUARTA EDICIÓN
IGNACIO BURGOA O.
Siguiendo el propósito que ha animado a las ediciones anteriores, en la
que ahora sometemos a la opinión jurídica nacional hemos procurado actualizar
el presente libro mediante el tratamiento de las cuestiones que, en torno
al tema que comprende, se han suscitado por la jurisprudencia y la doctrina.
Además, considerando que nunca obra humana alguna es perfecta sino'
constantemente perfectible, hemos propendido en esta cuarta edición a mejo- '
rar y ampliar el examen de los tópicos que al contenido del presente estudio I
conciernen, siempre bajo la idea de su continua superación, estimulada por la
crítica constructiva y cuya formulación anticipadamente agradecemos.
México, D. F., diciembre de 1964.
IGNACIO BURGOA O.
PALABRAS DEL AUTOR SOBRE LA QUINTA EDICIÓN
Fieles a la tendencia anunciada con motivo de cada publicación de la presente
obra, hemos procurado completarla y actualizarla en esta quinta edición.
Todo autor tiene el ineludible deber de perfeccionar sus libros, de
corregirlos y superarlos mediante una minuciosa revisión de las consideraciones
que informan el contenido de los variados temas que comprenden.
Ese deber es fruto del compromiso intelectual que contrae con los lectores y
estudiosos y nunca lo hemos eludido. Prueba de ello es que en esta edición intentamos
mejorar las anteriores, siempre acatando el 'principio que enseña
que toda obra humana es imperfecta aunque perfectible. Esperamos que así lo
juzgue la crítica benevolente y constructiva del lector.
México. D. F., noviembre de 1967.
IGNACIO BURGOA O.

4 PREFACfO
Por último, huelga decir que esta edición como las anteriores, la sometemos
a la sana crítica del lector, del investigador y del estudioso, bajo la promesa
de que enmendaremos los errores en que hayamos podido incurrir y
cuyo señalamiento agradeceremos cordialmente.
México, D. F., agosto de 1975.
NOTA PREVIA SOBRE LA DÉCIMA EDICIÓN
IGNACIO BURGOA O.
En esta edición hemos actualizado el presente libro mediante la aplicación
de las tesis jurisprudenciales y ejecutorias importantes que aparecen publicadas
en el Apéndice 1975 y en los Informes correspondientes a los años de 1975 y
1976, del Semanario Judicial de la Federación. Estimamos que esta actualización
contribuirá a incrementar la utilidad consultiva y de estudio de los diferentes
lemas que conforman el contexto de nuestra obra.
México, D. F., enero de 1977.
IGNACIO BURGOA O.
PREFACIO SOBRE LA DECIMOPRIMERA EDICIÓN
Es innecesario reiterar el deber que tiene todo autor, consistente en mejorar
permanentemente su obra. En la presente edición hemos tratado de cumplir
ese deber mediante la ampliación de varios temas de carácter histórico
sobre la materia de "Garantías Individuales" y la actualización de las consideraciones
que sobre ellos formulamos, al través de la invocación y del comentario
de los últimos criterios jurisprudenciales y doctrinales. Abrigamos la
esperanza de que nuestro libro siga teniendo, para los estudiosos de tan importante
materia, la utilidad que benévolamente le han reconocido.
México, D. F., noviembre de 1977.
IGNACIO BURGOA O.
ADVERTENCIA SOBRE LA DECIMOSEGUNDA EDICIÓN
En esta edición hemos incluido un capítulo sobre un tema muy interesante
y debatido que se relaciona con el "derecho a In información", que es complementario
del que estriba en la libertad de expresión del pensamiento previsto
en los artículos 6 y 7 constitucionales, habiendo actualizado nuestra obra, ade-

PREFACIO 5
más, con la invocación y el señalamiento de las tesis conducentes a su temática
publicadas en el Informede 1978.
México, D. F., marzo de 1979.
IGNACIO BURGOA O.
PALABRAS SOBRE LA DECIMOTERCERA EDICIÓN
Dos han sido las reformas que en materia de garantías individuales se formularon
durante e! año de 1979, a saber: la que concierne a la elevación de la
autonomía uniuersuaria al rango constitucional y a la preservación de los menores.
Por ende, en la presente edición comentamos ambas brevemente para mantener
nuestro libro en permanente actualidad, señalando, por otra parte, las tesis
jurisprudenciales y ejecutorias de la Segunda Sala de la Suprema Corte
aplicables a los temas respectivos y que se publican en el Informe de J979.
México, D. F., febrero de 1980.
PALABRAS PRELIMINARES RESPECTO
DE LA DECIMOCUARTA EDICIÓN
IGNACIO BURGOA O.
Durante el lapso comprendido entre la presente edición y la inmediata
anterior, el Congreso de la Unión adicionó la Ley Federal de! Trabajo con diversas
disposiciones que regulan las relaciones laborales universilarías. Como uno
de los subternas de este libro concierne a la autonomía universitaria, hemos
asumido la obligación de aludir someramente a tales disposiciones, sin pretender
estudiarlas a fondo por no corresponder este tópico al contenido de nuestra
obra. Por otra parte, para dar mayor congruencia a la temática de la
misma, hemos colocado, en un capítulo final, el referente a las garantías sociales,
royo tratamiento ampliamos con algunas breves consideraciones en tomo
a la idea de interés social. Con las ampliaciones a que acabamos de hacer referencia
estimamos haber cumplido con el deber que tiene todo autor jurídico
de mantener siempre actualizados sus libros.
México, D. F., noviembre de 1980.
NOTA SOBRE LA DECIMOQUINTA EDICIÓN
IGNACIO BURGOA O.
Es lógico suponer que durante e! breve lapso entre la edición inmediata
anterior y la presente, no se registraron cambios importantes en la normación

8 PREFAC10
nos referimos, aunque con someridad a tales reformas, ampliando y actualizando
con ello el presente libro.
México, D. F., abril de 1994.
IGNAGIO BURGOA O.
PALABRAS SOBRE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA, VIGÉSIMA OCTAVA,
VIGÉSIMA NOVENA, TRIGÉSIMA, TRIGÉSIMA PRIMERA,
TRIGÉSIMA SEGUNDA Y TRIGÉSIMA TERCERA EDICIONES
En diciembre de 1994 se publicaron importantes reformas constitucionales
en el Diario Oficia! de la Federación. Entre ellas figuran las concernientes a su
artículo 21 estableciendo la impugnabilUúui jurisdiccionai de las decisiones del Ministerio
Público de no ejercitar la acción penal y de desistirse de la misma. En la vigésima
séptima edición aludimos a dicha reforma, que también prescribe la
necesidad de normativizar la seguridad públua como función del Estado. Con
fecha 3 de julio de 1996 se adicionó el artículo 16 de la Constitución con un
párrafo para posibilitar jurídicamente la llamada "intervencián telefónica" como
medida para combatir la "delincuencia organiwda". En la Vigésima Octava y
Vigésima Novena ediciones aludimos a dicha adición, así como a las modificaciones
practicadas a los artículos 20, 21 Y22 constitucionales que se publicaron
en la última fecha indicada.
En la Trigésima Edición, formulamos algunas consideraciones sobre los
derechos humanos desde el punto de vista axiologico y dentológiJ;o tendientes a
precisar su naturaleza para distinguirlos de los derechos subjetivos generales
del gobernado.
Por lo que concierne a la Trigésima Primera Edición, Trigésima Segunda
y a la presente, nos referimos a las reformas que en 1999 y 2000 se practicaron
a algunos preceptos constitucionales, tales como el 16, el 20, el 22, el 27 y
el 28, para mantener actualizada esta obra.
México, D. F., abril de 1995, agosLO de 1996, septiembre de 1997, agosto
de 1998, julio de 1999, mayo de 2000 y febrero de 200 J.
IGNACIO BURGOA O.
NOTA SOBRE LA TRIGÉSIMA CUARTA Y TRIGÉSIMA QUINTA
EDICIÓN
Mediante Decreto Congresional pubiicado el 14 de agosto de 2001 se adicionó
el artículo primero constitucional y se reformaron los artículos 2, 4 Y 18de
la Ley Fundamental, La referencia respectiva la hacemos en estas ediciones
para tener siempre actualizada la presente obra.
Cuidad de México, diciembre de 2001 y noviembre de 2002.
IGNACIO BURGOA O.

INTRODUCCIÓN
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LAS GARANTÍAS
INDIVIDUALES
Sumario: l.-La persona humana. H.-La libertad humana. III.-El individuo,
la Sociedad y el Derecho. IV.-Individualismo y Colectivismo.
V.-El Marx-leninismo. VI.-El bien común. VIl.-La Justicia Social.
VIIL-Conc1usión.
I. LA PERSONA HUMANA
Si analizamos sin ningún prejuicio ideológico los actos, las aspiraciones,
las inquietudes, las tendencias 'y, en general, la vida del hombre, podemos
observar claramente que todo ello gira alrededor de un solo fin, de un solo
propósito, tan constante como insaciable: superarse a sí mismo, obtener una
perenne satisfacción subjetiva que pueda brindarle la felicidad anhelada. Si
se toma en consideración esta teleología, inherente a la ·naturaleza humana,
se puede explicar y hasta justificar cualquier actividad del hombre,
quien, en cada caso concreto, pretende conseguirla mediante la realización
de los fines específicos que se ha propuesto y que se determinan, particularmente,
de acuerdo con una vasta serie de causas concurrentes que sería prolijo
mencionar.
De esta guisa, podemos decir, sin salirnos de la normalidad, que los seres
humanos, por más diversos que parezcan sus caracteres y sus temperamentos,
por más disímiles sus fines particulares, por más contrarias sus
actitudes, coinciden en un punto fundamental: en una genérica aspiración
de obtener su felicidad, que se traduce en una situación subjetiva consciente de
bienestar duradero, que no es otra cosa que una satisfacción íntima permanente.
Así, para el egoísta, la felicidad estribará en procurarse a sí mismo los
mayores beneficios posibles, aun en perjuicio de sus semejantes; para el altruista,
para el filántropo, en cambio, la felicidad, que se revela, repetimos,
genérica y formalmente corno una satisfacción vital subjetiva de carácter durable.
consistirá en hacer el bien a sus congéneres, a su pueblo, a la sociedad
de que forma parte.
Con toda intención hemos señalado estos dos ejemplos, cuya materia la
constituyen precisamente dos tipos opuestos de individuos, para subrayar
la circunstancia indubitable y apodíctica de que todo hombre tiene un fin
9

12 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
La circunstancia de que todo ser humano tenga o deba tener una "tcleología
axiológica, e! hecho de que e! sujeto encauce su actividad externa e
interna hacia la obtención concreta de un valor o hacia su realización particular,
ha provocado la consideración de la personalidad humana en su
sentido filosófico, esto es, ha suscitado la concepción del hombre como persona.
En efecto, se ha dicho que e! hombre es persona en cuanto que tiende
a conseguir un valor, a objetivarlo en actos y sucesos concretos e individuales,
por 10 que de esta guisa, e! concepto de personalidad resulta de la relación
entre el hombre como ser real y biológico y su propia releología
axiológica, esto es, de! vínculo finalista que el ser humano, como tal, entable
con el reino o esfera valoratíva o, como diría e! doctor Recaséns
Siches, "el criterio para determinar la personalidad es e! constituir una
instancia individual de valores, el ser la persona misma una concreta estructura
de valor", agregando: "El hombre es algo real, participante de
las leyes de la realidad; pero al mismo tiempo es distinto de todos los demás
seres reales, pues tiene una conexión metafísica con el mundo de los
valores, está en comunicación con su idealidad."
Como 10 hace notar el mismo autor, "en Kant el concepto de persona
surge a la luz de una idea ética. Esto es, la persona se define no atendiendo
sólo a la especial dimensión de su ser (v. gr., la racionalidad, la individualidad,
la identidad, etc.), sino descubriendo en ella la proyección de otro
mundo distinto al de la realidad, subrayando que persona es aquel ente
que tiene un fin propio que cumplir por propia determinaewn, aquel que
tiene su fin en sí mismo y que cabalmente por eso, posee dignidad, a diferencia
de todos los demás, de las cosas, que tienen su fin fuera de sí, que
sirven como mero medio a fines ajenos y que, por tanto, tienen precio"."
Comentando e! pensamiento de [aoques Maritain, Recaséns Siches añade:
"Cuando decimos que e! hombre es persona, con esto significamos que
no es solamente un pedazo de material, un elemento individual en la naturaleza,
como un átomo, una espiga de trigo, una mosca o un elefante.
Cierto que el hombre es un animal y un individuo; pero no como los demás.
El hombre es un individuo que se caracteríza por la inteligencia y la
voluntad. No existe sólo de un modo biológico, antes bien, hay en él una
existencia más rica y más elevada; superexiste igualmente en conocimiento
y en amor."·
humana debe estar vinculada, ya que simplemente hemos reputado a la felicidad del
hombre como un objeto vital desde el estricto punto de vista formal, r-sto cs. como un
continente susceptible: de colmarse por variados contenidos.
11 Filolofl:a del 1Jnulw. págs. '103 y 209,
• Panorama del Pensamiento Jurídico t!'n et Siglo XX. Tomo H, pág-. lttl. Ed. 1963.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LAS GARANTiAs INDlVIDUALES
II. LA LffiERTAD HUMANA
Una de las condiciones indispensables, sine qua non, para que el individuo
realice sus propios fines, desenvolviendo su personalidad y propendiendo a
lograr su felicidad, es precisamente la libertad, concebida no solamente como
una mera potestad psicológica de elegir propósitos determinados y escogitar
los medios subjetivos de ejecución de los mismos, sino como una actuación
externa sin limitaciones o restricciones que hagan imposible o impracticable
los conductos necesarios para la actualización de la teleología humana. La
existencia sine quu non de la libertad, como elemento esencial dé! desarrollo
dc la propia individualidad, encuentra su sustrato evidente en la misma naturaleza
de la personalidad humana.' nr Efectivamente, hemos hecho hincapié
en la circunstancia de que la persona tiende siempre a realizar su propia
finalidad, que por lo general se traduce en el anhelo de operar valores subjetiva
u objetivamente, según el caso. Ahora bien, la calidad y cualidad de
los fines particulares deben estar de acuerdo con la idiosincrasia y el temperamento
específicos del que los. concibe. Por ende, los fines o propósitos
deben ser forjados por la propia persona interesada, pues sería un contrasentido
que le fueran impuestos, ya que ello implicaría no sólo un valladar
insuperable para el desenvolvimiento de la individualidad humana, sino
que constituiria la negación misma de la personalidad, porque la noción de
ésta "implica la de totalidad y la de independencia".'
Los anteriores asertos se robustecen con la estimación kantiana acerca
de la personalidad, en la que se la aprecia como un auto-fin humano, esto
es, que el hombre constituye un fin de sí mismo y no un mero medio para
realizar otros propósitos, que se suponen impuestos. Si el hombre, si la persona
human" estuvieran constreñidos a realizar ciertos fines determinados
de antemano sin intervención de su libre albedrío, se destruiria entonces la
personalidad, ya que en tal hipótesis, el sujeto sería empicado como un mero
medio de verificación de los propósitos materia de la aludida pre-determinación,
no constituyendo, por ende, un fin en sí mismo (auto-fin), en que
estriba su propia evolución. Sobre el particular, Juan Manuel Terán Mata,
en un interesante estudio sobre los valores jurídicos, se expresa así: "En su
valor positivo existiría la libertad en cuanto no se tenga un medio como
puro fin, porque en este caso, la conducta o el acontecer libre se encadena,
ya que lo condicionado, medio, se hace condicionante y a priori desaparece
la posibilidad de elegir fines que sólo se dan para el su¡eto en cuanto no se
subordina a un motivo limitado, a lo que debe ser medio, sino que aspira
4 bis Libertas est naturalis facultas eius, quod cuique lacere libet, nisi si quid vi, aut
jure proñibetur, (La libertad es una facultad natural de hacer aquello que a cada uno le
agrada, si no le está prohibido por alguna ley o lo impida la violencia.} (FLORENTINO,
Digesto, Libro l. Título Quinto y número 4.)
e Op. Cit.} la misma página.
13

16 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
de su propiedad particular, cuando se excluye absolutamente la idea de que
pueda gozar de la pertenencia privativa de determinado bien, su actividad
económica desplegada en relación al objeto, materia de la propiedad, se realiza
ante algo que corresponde a una estructura social que está sobre él, la que por
consiguiente, lo emplea como un mero medio de obtención de fines que ella
misma forja, 10 cual implica, evidentemente, una negación de Ia libertad del
hombre, cuando menos en su aspecto económico. El individuo, ya Jo dijimos,
desempeña su conducta para lograr un objetivo que él mismo ha seleccionado
y, dentro de la esfera económica, la ejecuta para procurarse un bienestar correlativo.
Cuando se le condena a no ser titular de ningún bien, sino que se le
constriñe a actuar en objetos que corresponden a la colectividad, su actuaci6n
deja de ser libre, desde el momento en que no sólo es un servidor de los fines
de ésta, sino un trabajador de los bienes que ella tiene como medios. Para corroborar
estas afirmaciones, no pretendemos referirnos a varias realidades sociales
en las que el individuo no pasa de ser un mero instrumento, no ya digamos
de la colectividad o del pueblo, sino de aquellos audaces que se dicen sus genuinos
representantes y paladines, abstenci6n que adoptamos con la convicción
de que aquéllas son bien conocidas. Tampoco pretendemos, al constatar que
la existencia de la propiedad privada es una de las condiciones extrínsecas del
ejercicio de la verdadera y completa libertad humana, colocarnos en una postura
individualista, pues estimamos que ésta, como extremo contrario a aquella
que criticamos; es también falsa y absurda, por muchas causas que no son del
caso anotar, ya que nosotros en muchas ocasiones, y ésta es una de ellas, a
menudo nos remitimos al célebre aforismo aristotélico que establece que la verdad
está en el justo medio, en la armonía ecléctica. Si aludimos al régimen de
propiedad colectiva y lo desechamos cuando se pretende que sea el único que
exista en el Estado, con exclusión de cualquier otro, ello obedeció a que procuramos
reafirmar más nuestra idea en el sentido de que el hombre, para ser
o querer ser libre, económicamente al menos, debe disponer de algo que le sea
propio y que lo destine a la consecución de sus fines particulares y siempre que
éstos no sean incompatibles con el interés social o no lo lesionen.
Creemos pertinente enfatizar 1a idea de que, al considerar a la propiedad
privada como elemento necesario para el ejercicio de la libertad, no nos referirnos
al concepto estrictamente individualista de "propiedad", ni por ende, al
que ésta asumía en el Derecho Romano, según el cual su titular podía usar,
disfrutar y abusar de la cosa. La propiedad particular-- en este sentido, seria
siempre la causa que provocarla la prevalencia del interés individual del propietario
sobre el interés colectivo, lo que es inadmisible. Dicho tipo de propiedad,
para poder subsistir dentro de un orden socio-económico legítimamente,
debe implicar una funci6n social, es decir, ser susceptible de afectarse o, inclusive,
de suprimirse en cada caso concreto, si constituye un obstáculo para el
bienestar de la sociedad, un impedimento para la satisfacción de las necesidades
públicas o un elemento de damnificación colectiva.
En resumen, fácilmente se comprende, de lo que llevamos expuesto, la
.relación inextricable de identidad entre el concepto de hombre y de persona
y entre éste y el de libertad. Si el hombre es un ser esencialmente volitivo
y si su voluntad se enfoca invariable y absolutamente hacia la obtención
de su felicidad, es evidente que constituye, como lo concibe Kant, un ente
antoteleológico (persona). Por consiguiente, en función de la auto-teleolo-

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LAS GARANTiA's INDIVIDUALES 17
gia, el hombre es naturalmente libre para concebir sus propios fines vitales
y para seleccionar y poner en práctica los medios tendientes a su realización.
De ahí que, filosóficamente, la libertad sea un atributo consubstancial
de la naturaleza humana, es decir, que el hombre, en su íntima esencia,
es libre por necesidad ineludible de su personalidad, o sea de su autoteleología,
como elemento substancial de su ser.
111. EL INDMDUO, LA SOCIEDAD Y El. nERECHO
Expusimos que el ser humano es quien crea sus -propias normas que se
resuelven en juicios lógicos, para poner en juego los medios tendientes a la
cristalización de los fines que se proponga, por lo que se dice que la libertad
humana, en los términos genéricos en que la hemos concebido, esto es,
como facultad o posibilidad de forjación de fines y de cscogitación de los
medios idóneos respectivos, subjetivos y objetivos, es eminentemente autónoma,
puesto que ella misma Crea sus propias reglas. Este es, pues, el panorama
que se nos presenta a la observación aislada y singular de la persona.
Sin embargo, el hombre es un ser esencialmente sociable, o, como dijera
Aristóteles, un zoon politikon, pues es imposible forjar siquiera su existencia
fuera de la convivencia con sus semejantes. La vida social del ser humano
es siempre un constante contacto con los demás individuos miembros de la
sociedad, equivaliendo, por tanto, a relaciones de diversa índole, sucesivas
y de reaparición interminable." Ahora bien, para que la vida en común
sea posible y pueda desarrollarse por un sendero de orden, para evitar el
caos en la sociedad, es indispensable que exista una regulación que encauce
y dirija esa vida en común, que nOnTIC las relaciones humanas sociales; en
una palabra, es menester que exista un Derecho, concebido formalmente
10 Refiriéndose a. las ideas .de Jacques Maritain, Recaséns Siches asevera: "La persona
es un todo, pero no un todo cerrado, antes bien, un todo abierto. Por naturaleza
la persona tiende a la vida social y a la comunicación. Es aSÍ, no s610 a causa de las..
necesidades y de las indigencias de la naturaleza humana, por raz6n de las cuales cada
uno tiene necesidad de los otros para su vida material, intelectual y moral; sino que es
así, también por razón de la generosidad radical inscrita en el ser mismo de la persona;
a causa de ese hallarse abierto a las comunicaciones .de la inteligencia y del amor, rasgos
propios del espíritu y que le exige entrar en (elación con otras personas. En términos
absolutos, podemos decir que la personalidad no puede estar sola. Así pues, la sociedad
se forma como algo exigido por la naturaleza, precisamente por la naturaleza humana,
como una obra realizada por un trabajo de la razón y de la voluntad, y libremente
concebida." Panorama del Pensamiento [urídíco en ..:1 Siglo XX. Tomo 11, pig. 833.
Edici6n 1963. Estas ideas siempre han predominado en el pensamiento sociol6gico y filosó·
Iico de todos los tiempos. pues independientemente de la concepción aristotélica del
hombre como zoon politikon J Marco AU'lelio afinnaba que "Los hombres han nacido los
unos para los otros", y modernamente lhering sostiene que "La naturaleza misma ha seña.
lado al ser humano el camino que debe tomar para ganar a otros para sus fines: es la
asociaci6n del propio fin con el interés ajeno" (Cfr. respectivamente El Pensamiento Anti.
euo, Tomo 11, pág. 205, y Op. cit.. Tomo 1, pig. 47).

22
LAS GARANriAS INDIVlDUALES
extrinsecos de su ejercicio: la igualdad y la propiedad, sin los que aquélla
seria nugatoria.
Cualquier régimen jurídico, social o político debe tener siempre presente
en su implantación y en su funcionamiento ese mínimo de libertad
y los mencionados factores de ejercicio de ésta, si no se quiere degenerar
en la autocracia y gestar pueblos -serviles y abyectos, creando su orden jurídico
respectivo en atención a las condiciones históricas de cada Estado en
concreto. Asl, cualquier régimen estatal, liberal, socialista, etc., será respetable
y respetado, pues estaría basado en la dignidad y en la libertad de la persona
humana. Y no se diga que sobre ésta en particular existen entidades superiores,
como el pueblo, el Estado, la sociedad, la nación, etc., en aras de
cuyo beneficio el ser humano debe sacrificarse totalmente hasta el grado
"tl sobre esa base, no hay en el Derecho principios de fondo preestablecidos. Se opera
en él considerando las posibilidades que admite el ambiente social siempre cambiante y
usando habilidad para lograr la mayor eficacia de las normas con el IIÚnimO de esfuerzo
de los mecanismos sociales disponibles. Los criterios pr4cticos son los decisivos en- él.
N g) mucho menos hay preceptos o principios jurídicos inmutables. Las normas jurídicas
deben adaptarse constantemente a la evolución y cambios que experimenten las
ideas políticas directrices y a las variaciones continuas del ambiente social, que exigen
alterarlas para mejor cumplir esas ideas, aun cuando estas mismas permanezcan InalterabIes
por un tiempo. El jurista debe estar, por ello, siempre alerta a la readaptacióq de
las normas; las fórmulas jurídicas tienen que ser dinámicas y hallarse en reelaboración
permanente, porque la sociedad y sus concepciunes políticas tienen la movilidad de los
organismos vivos." (Op. cit., págs. 80 Y 81.)
La contradicción que se advierte en la obra de Ncvoa Monreal radica en que, por
una parte, considera al Derecho "como obstáculo al cambio social" sin distingo ni salvedad,
y, por la otra, estima, como nosotros en cierto modo, que el Derecho es Indispensable
para la vida social y que las disposiciones que integran básicamente su orden
normativo deben constantemente renovarse y actualizarse conforme a las transformaciones
que vaya experimentando la colectividad humana, lo que no sólo no implica -el
"obstáculo" de que dicho autor chileno habla, sino la canalización jurídica de los postulados
que resulten de los cambios sociales.
14 El Hbertícidío, o sea, la eliminación de la libertad humana dentro de un contexto
político, social y económico, ha sido un fenómeno que la historia 'registra con cierta frecuencia.
Su causación ha obedecido parad6jicamente a la tutela jurídica de la libertad
del hombre dentro de la sociedad, tutela que es uno de los atributos de todo régimen
auténticamente democrático. Así, al amparo de esa protección jurídica, los enemigos
de la libertad se valen de ella para luchar por la entronización de sistemas autocráticos
y totalitarios. Con toda razón el pensamiento digno del hombre ha proclamado el principio
de que no puede haber libertad contra la libertad, condenando todas aquellas tendencias,
de variada ideología y hasta a-ideológicas, que, aprovechando abusivamente las
libertades jurídicas dentro de los regímenes democráticos, se empeñan en destruirlas
para implantar dictaduras dE; derecha o de izquierda. Al respecto, el maestro Luis Recaséns
Síches advierte que "no debe permitirse el ejercicio de la libertad encaminado
a la supresión de la libertad" y que "cualquier conducta externa que se proponga Ia
supresión de las libertades básicas de la persona individual debe ser definida como tipo
de delito y castigada con severas penas, tiene una intrínseca validez y una plenaria justificación
en todo miembro y en todo Jugar", agregando que "tal principio se ha actúalizado
con máximo relieve, Con perentoria urgencia en nuestros días, Jo mismo a modo
de necesidad práctica inesquivable, como también en tanto que problema que requiere
apremiantemente una plena justificación teórica". (Cfr. "El Delito de Ejercitar la Libertad
para Destruir la Libertad". Artículo publicado en la Revista Mexicana de Derecho
Penal, volumen correspondiente a noviembre de 1964.)

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LAS GARANrlAS INDIVIDUALES 25
a la persona humana basta el grado de reputada como la entidad suprema
en la sociedad, en aras de cuyos intereses debería sacrificarse todo aquello
que implicara una merma o menoscabo para los mismos. De esta guisa, los
diversos regímenes jurídicos que se inspiraron en la famosa Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, eliminaron todo lo que
pudiera obstaculizar la seguridad de los derechos naturales del individuo,
forjando una estructura normativa de las relaciones entre gobernantes y gobernados
con un contenido eminentemente individualista v liberal. Indivioualísta
porque, como ya dijimos, consideraron al íncnvíduo como la oase
y fin, esencial de la organización estatal; y liberal, en virtud de que el Estado
y sus autoridades deberían asumir una conducta de abstención en las
relaciones sociales, dejando a los sujetos en posibilidad de desarrollar libremente
su actividad, la cual sólo se limitaba por el poder público cuando el
libre juego de los derechos de cada gobernado originaba conflictos personales.
Fiel a la idea de no obstaculizar la actuación de cada miembro de la
comunidad, el liberal-individualismo proscribió todo fenómeno de asociación,
de coalición de gobernados para defender sus intereses comunes, pues
se decía que entre el Estado como suprema persona moral y política y el
individuo no deberían existir entidades intermedias. Es más, la tesis individualista
pura, en su implicación estricta o rigurosa, ha tendido a repudiar
a la sociedad y al Estado Como realidades distintas de las entidades individuales.
Por necesidad sociológica y jurídica el individualismo clásico no se
atrevió a proclamarse anti-social o anti-estatal, es decir, proscriptor de la
sociedad y del Estado, aunque su natural inclinación lo condujera al anarquismo,
como expresión culminatoria de su postura. Según afirma Solages,"
"la sociedad no se le presenta (al individualismo), sino como una yuxtaposición
de individuos, una suma o un agregado. Nada hay en ella, por consiguiente,
que sea fuente de unidad real".
Como toda postura extremista y radical, el liberal-individualismo incidió
en errores tan ingentes, que provocaron una reacción ideológica tendiente
a concebir la finalidad del Estado en un sentido claramente opuesto. Los
regímenes liberal-individualistas proclamaron una igualdad teórica o legal
del individuo; asentaban que éste era igual ante la ley, pero dejaron de
advertir que la desigualdad real era el fenómeno inveterado que patentemente
se ostentaba dentro del ambiente social. No todos los hombres estaban
colocados en una misma posición de hecho, habiéndose acentuado el
desequilibrio entre las capacidades reales de cada uno merced a la proclamación
de la igualdad legal y del abstencionismo estatal. El Estado, obedeciendo
al principio liberal del laissez [aire, laissez passer; tout va de lui-méme,
dejaba que los hombres actuaran libremente, teniendo su conducta ninguna
as Coleccíó a de EstudiosSociales. Persona y Sociedad. Traducción de Héctor Gonzátez
Uribe. "Editorial Jus", 1947, pág. 109.

26 LAS GARANmS INDIVIDUALES
o casi ninguna barrera juridica; las únicas limitaciones a la potestad libertaria
individual eran de naturaleza eminentemente fáctica. De esta manera,
era más libre el sujeto qu6, gozaba de una posición real privilegiada, y menos
libre la persona que no disfrutaba de condiciones de hecho que le permitieran
realizar sus actividades conforme a sus intenciones y deseos. Al abstenerse
el Estado de acudir en auxilio y defensa de los fácticamente débiles,
consolidó la desigualdad social y permitió tácitamente que los poderosos
aniquilaran a los que no estaban en situación de combatirlos en las diversas
'relaciones sociales. Tratar igualmente a los desiguales fue el gravísimo error
en que incurrió elIiberal-individualismo como sistema radical de estructuración
jurídica y social del Estado.
Las consecuencias de hecho que de tal régimen se derivaron fueron aprovechadas
para la proclamación de ideas colectivistas o totalitarias, al menos
en el terreno económico, manifestándose abiertamente opuestas a las teorias
individualistas y liberales. El individuo, según el colectivismo, no es ni la
única ni mucbo menos la suprema entidad social. Sobre los intereses del
hombre en particular existen intereses de grupo, que deben prevalecer sobre
los primeros. En caso de oposición entre la esfera individual y el ámbito
colectivo, es preciso sacrificar al individuo, que no es, para las ideas colectivistas,
sino una parte del todo social cuya actividad debe realizarse en beneficio
de la sociedad. Como ésta persigue fines específicos, los objetivos individuales
deben ser medios para realizarlos, dejando de ser la persona
humana, por tal motivo, un auto-fin, para convertirse en un mero conducto
de consecución de' las finalidades Sociales, variables según el tiempo y el
espacio y 'de hecho impuestas por gobiernos ocasionales. Al individuo, por
ende, le está prohibido desplegar cualquier actividad que no sólo sea opuesta,
sino diferente, de aquella que se estime en el totalitarismo como idónea
para lograr tales fines sociales específicos.
"Lo que caracteriza la forma sociológica de los regímenes totalitarios,
dice Solages," es que la colectividad anuncia la pretensión de regir toda la
actividad de los individuos, a la que subordina estrechamente en todos los
dominios. El poder que la misma reivindica no es solamente reglamentario,
sino, que quiere dirigir e inspirar hasta la actividad intelectual y moral de
los ciudadanos y obtener por la educación un conformismo general según
el tipo determinado de antemano." "Los individuos -y las diversas sociedades
particulares a las que pueden pertenecer y de cuya trama se compone
la sociedad entera- son considerados, en estos sistemas, como las partes de
un todo y este todo es concebido como un organismo único en el que las
células no gozan de una autonomía verdadera. Estos diversos elementos le
están subordinados. Por consecuencia, las personas son para la sociedad
como las partes para el todo: están relegadas al rango de medio al servicio
del fin social."
.. Op. cit., págs, 119, 121 y 122.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LAS GARANTÍAS INDMDUALES 29
los capítaustas, Debemos aplastarlos a fin de liberar a la humanidad de la
esclavitud del salario; su resistencia debe ser quebrada mediante la fuerza.
Es claro que donde hay represión hay también violencia; no hay libertad,
no hay democracia." "Bajo el capitalismo, agrega, tenemos un Estado en
el sentido propio del vocablo, esto es, una maquinaria especial para la represión
de una clase por otra... Durante la transición del capitalismo al
comunismo la represión es aún necesaria; pero es la represión de la minoría
de explotadores por la mayoría de los explotados. Todavía es necesario un
aparato especial, una maquinaria especial de represión, el 'Estado', pero se
trata ahora de un Estado transicional, no ya de un Estado en el sentido
usual ..." 23
Cuando la clase de los "explotados" haya conquistado violentamente el
poder político, cuando los "explotadores" hayan desaparecido completamente
de la sociedad, la dictadura del proletariado, es decir, el "Estado
socialista de transición", ya no tendrá razón de subsistir, pues habrá sido
reemplazado por la "sociedad comunista", cuya vida no necesitará de ninguna
organización coactiva. "El proletariado, sostiene Lenin, arroja a un
lado, considerándola una mentira burguesa, la máquina llamada Estado.
Hemos quitado esa máquina a los capitalistas; la hemos tomado para nosotros.
Con ella --o con un garrote- haremos pedazos toda clase de explotación
y -cuando ya no quede ninguna posibilidad de explotación en el
mundo, cuando ya no queden dueños de tierras o de fábricas, cuando ya
no se harten unos mientras los muchos padecen hambre- sólo entonces,
cuando ya no existan esas posibilidades, devolveremos esa máquina para
que sea destruida. No habrá entonces ni Estado ni explotación"," prediciendo
que la extinción del Estado obedecerá a que "liberado de la esclavitud
capitalista, de los indecibles horrores, el salvajismo, los absurdos e
infamias de la explotación capitalista, el 'pueblo se acostumbrará gradualmente
a observar las reglas elementales de la vida social, conocidas durante
siglos y repetidas durante miles de años en todos los textos escolares; se
acostumbrará a observarlas sin fuerza, sin compulsión, sin subordinación,
sin el aparato compulsivo especial que se llama Estado"."
B. Su critica
El marx-leninismo es una teoría que se autocalifica como revolucionaria
y que afirma preconizar una política revolucionaria. Su móvil es la abolición
de la propiedad privada de los medios de producción, o sea, su socialización.
Por consiguiente, importa una ideología de contenido esencialmente
económico, para cuya implantación proclama dos objetivos: uno inmediato,
a saber. el establecimiento de la dictadura del proletariado, como situación
23 tu« Págs. 81, 82 Y 83.
2. KELSEN. Op. cit., pág. 85.
en tsu. Pág. 86.

30 LAS GARANTIAS INDIVIDUALES
política transitoria y otro mediato, es decir, la creación de la sociedad comunista
como finalidad definitiva.
Para conseguir e! primero de estos objetivos adopta como táctica de lucha
la violencia, es decir, la conquista cruenta de! poder político para aniquilar
a los dueños o detentadores de los medios de producci6n; y para
obtener e! segundo, predice y fomenta la educaci6n psicológica de! pueblo
para vivir dentro de las "reglas elementales de vida de la sociedad" (se
entiende bajo la concepción comunista), y cuya observancia será "natural
y espontánea" y no requerirá de poder coactivo alguno para hacerlas curnplír,
vaticinando, por este motivo, la desaparici6n de! "Estado". Consiguientemente,
para e! marx-leninismo la sociedad comunista o sociedad "perfecta",
en que ya no existirá ninguna "clase", ninguna explotaci6n del hombre
por el hombre, será una sociedad "sin Estado" y quizá "sin Derecho", pues
éste habrá sido reemplazado por esas "reglas elementales" de la vida social.
El cuadro ideológico del marx-leninismo no puede ostentar mayores aberraciones
que, proyectadas a la realidad social, se convierten en tan inonstruosas
atrocidades, que no s610 aherrojan la libertad del hombre y afectan
su dignidad, sino que propenden a alterar su naturaleza como individuo
y como ente social. La concepción marx-leninista de la sociedad humana
atenta contra su ser esencial, predestinándola a la condición de grupo o
masa gregaria que únicamente se da en el reino animal.
Estas afirmaciones, que podrían antojarse apasionadas o fruto de una
vehemente animosidad contra e! marx-leninismo, se deducen, sin embargo,
del análisis jurídíco-político y aun simplemente lógico de las tesis que preconiza.
Es inconcuso que toda revolución se traduce en un movimiento violento
que persigue la destrucción de un determinado régimen para sustituirlo por
otro en que se realicen política, jurídica y socialmente los móviles que la
inspiran y los motivos teleológicos que la impulsan. La revoluci6n es por
ello formalmente. al mismo tiempo destructiva y constructiva. Bajo el pri
mer aspecto, la que proclama el marx-leninismo no tiene nada de censurable,
ya que su finalidad estriba en abolir el régimen capitalista para reemplazarlo
por un sistema económico en que los medios de producción no
se concentren en ciertos grupos o clases, sino que su detentaci6n o posesi6n
y utilización Correspondan al pueblo. Sin embargo, si éste es su objetivo
económico definitivo o mediato, la revolución marx-leninista persigue un
fin inmediato, que a su vez es la manera sine qua non para implantar la sociedad
comunista, y que consiste en el establecimiento de la dictadura del
proletariado, la cual, organizada políticamente, es el "Estado socialista"
como aparato transitorio de coacci6n para suprimir las "clases explotadoras",
para impedir su resurgimiento y para "educar" al pueblo en la vida
social comunista que se desarrollará "espontáneamente" sin la maquinaria
estatal.

32 LAS GARANTÍAS INDMDUALES
mantenida mediante una maquinaria coercitiva que Marx, Engeís y Lenin
llamaban "Estado", y en la que el proletariado no es sujeto sino objeto de
gobierno, no es pastor sino rebaño.
Por otra parte, la dictadura equivale a la negación de la seguridad jurídica,
sin la cual la persona humana, independientemente de su condici6n
social específica, no puede conservar su naturaleza auto-teleol6gica ni, por
- ende, su hbertad dentro de la vida social, pues se convierte en instrumento
al servicio Ilimitado e ilimitable del gobemante dictatorial y en simple medio
de realización de su voluntad arbitraria, es decir, no sometida a ningún
régimen de derecho. En una dictadura, o el gobernado se resigna a esa
condición servil e indigna para poder sobrevivir o es eliminado. Tal es el
pavoroso dilema que afronta el hombrc dentro de un estado dictatorial,
con independencia ce la ideología que éste sustente o conforme a la cual
se haya organizado.
Además, las decisiones de un gobierno dictatorial son dogmáticas, es decir,
no susceptibles de crítica valorativa alguna dentro del régimen respectivo.
"Quod principii placuü, legis habet uigorem" es la máxima que recoge
el absolutismo político de los otrora Estados monárquicos y que se aplica
a cualquier dictadura de todos los tiempos como un alud que aplasta la
libertad de expresi6n del pensamiento. Censurar al dictador, aun con un
propósito constructivo, equivale al suicidio, al cautiverio o al destierro.
Ninguna revoluci6n auténticamente popular ha tenido como aspiraci6n
el establecimiento de un régimen dictatorial. Es más, las dictaduras de cualquier
índole han provocado múltiples movimientos revolucionarios. La historia
político-social de la humanidad nos proporciona innumerables ejemplos
que sería ocioso señalar. Las aspiraciones de un pueblo, sus ideas, su
designio de mejorar sus condiciones de vida, su querer, en una palabra, han
tendido a estabilizarse o' institucionalizarse en un orden jurídico, implantable
e implantado al triunfo dc la revoluci6n. Sería negar la historia y desfigurar
la teleología revolucionaria con el solo hecho de concebir a un pueblo
que quisiese vivir fuera de toda legalidad, es decir, que pretendiese abolir
un régimen jurídico-político sin substituirlo por otro mejor, o sea, que tratase
de entronizar la opresi6n renunciando a la libertad y depositando su
destino en un poder dictatorial. Sería francamente absurdo, ilógico y contrario
a la dinámica natural de los pueblos, que, mediante una revoluci6n,
abdicaran de su condici6n de sociedades humanas para convertirse en masas
serviles con el único "derecho" de obedecer y callar ante la voz imperativa
de sus amos. Un pueblo que quiera, por propia voluntad, ser instrumento de
una dictadura, ser esclavo de sus gobernantes, no merece sino el repudio
de la historia y su rechazamiento por la conciencia libertaria universal. Un
pueblo soporta y padece la dictadura, pero jamás la desea; nunca puede
erigirla a la categoría de finalidad revolucionaria o evolutiva, aunque sea
con un carácter transitorio, pues basta que así la acepte como objetivo,

34 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
La sociedad comunista, meta ideal de esta tesis, se caracterizaría por
lo siguiente: abolici6n de "explotadores" y "explotados" (sociedad sin clases,
o sea, comunidad indivisa e indivisible); observancia de las "reglas
elementales de la vida social" (según expresión de Lenin); cumplimiento
de estas reglas sin compulsi6n, sin subordinación, es decir, sin el aparato
coactivo llamado "Estado'"; obligaciones sociales a cargo de cada individuo
"según su capacidad" y derechos de cada quien "según sus necesidades"; y
substitución del Derecho, como expresi6n normativa de la voluntad estatal,
por la acci6n espontánea del principio de justicia distributiva. Para lograr
estos objetivos que en conjunto configurarían la "sociedad comunista", el
marx-leninismo preconiza una. especie de "psicoterapia social" tendiente a
imbuir en las conciencias individuales las ideas que entrañan. Este método
"educativo" debe imponerse durante la etapa de la dictadura del proletariado
para que, una vez logrados sus resultados, se llegue al establecimiento
del tipo de sociedad mencionado.
Es obvio que la sola utilización de dicho método no únicamente coarta,
sino elimina, la libertad de expresi6n del pensamiento en todas sus manifestaciones,
pues constriñe la mente humana a aceptar las ideas predeterminadas
que constituyen su finalidad y coaccionan al hombre a comportarse
de acuerdo con ellas sin posibilidad de apartarse del carnina que señalan.
De esta guisa, el ser humano se vería despojado de su natural condici6n
de ente auto-teleológico, arrebatándosele la potestad esencial que tiene para
concebir y realizar fines vitales y de escoger los medios para su consecución,
ya que dentro de la vida social no sería sino instrumento de una ideología
opresiva que ]0 convertiría en siervo de sus sostenedores.
Por otra parte, la sociedad comunista supone necesariamente una igualdad
absoluta entre todos los miembros que la componen, pues sin ella no
podría ni siquiera concebirse. No nos referimos a la proporcionalidad económica
que como mero ideal y a través de la fórmula marxista de "cada
uno según su capacidad y a cada quien según sus necesidades", sí sería deseable
o, al menos no censurable en términos generales. Aludimos a la igualdad
o uniformación de todos los seres humanos desde el punto de vista sicológico,
mental o moral. Asi, para que cada persona pudiese actuar dentro
de las "reglas elementales de la vida social" por modo espontáneo, o sea,
sin compulsión alguna, sería indispensable que prescindiera de su individualidad,
esto es, de todos aquellos elementos naturales, inherentes a su ser e
inseparables de él, que lo han conformado desde que por primera vez sur­
¡¡i6 en el mundo. a saber, instintivos, sentimentales. morales e intelectuales
mos con qué rapidez y graduación" se lograría ese resunaco, a.'Stegando " .. . tenemos dereche
a hablar s61\) de la extinción inevitable del Estado, subrayando la prolongación de este
proceso (la dictadura del proletariado), su supeditación a la rapidez con que se desarrolle
la fase superior del comunismo, y dejando completamente en pie la cuestión de los plazos
o las formas concretas de la extinción, pues no tenemos datos para poder resolver estas
cuestiones". (Op. oit., págs. 267 y 273.)

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LAS GARA>'ITiAS INDIVIDUALES 37
la manera hegeliana que, admitiendo y rechazando respectivamente los
aciertos y errores radicales de la tesis y de la antítesis, se integra con un
contenido ecléctico que atingentemente explica y fundamenta la posición
de. las entidades individual y social como elementos que deben coexistir y
ser respetados por el Derecho. Descartado el liberal-individualismo clásico
como ideología político-jurídica, que erigia al gobernado particular en el
objeto esencial de tutela por parte de las instituciones de derecho y vedaba
a la acción gubernativa toda injerencia en las relaciones sociales que no
tuviera como finalidad evitar pugnas o conflictos entre las actividades libres
de los individuos, desconociendo eorrelativamcnte otras esferas reales
que no se resumiesen en la personalidad humana específica; eliminado
también el colectivismo que, .como tesis opuesta a la anteriormente mcnclonada,
despojaba al sujeto de sus fundamentales prerrogativas como ser
humano para convertirlo en un conducto de realización de los fines sociales
o estatales generalmente impuestos- por la inclinación política de gobiernos
perecederos, en la actualidad, dentro de los sistemas democráticos, sc va
perfilando la doctrina del Bien Común, que, como veremos, no es sino la
adecuada y debida sintesis entre la postura liberal-individualista y la coleetivista.
El concepto de Bien Común no es, sin embargo, de elaboración reciente.
Ya Aristóteles y Santo Tomás de Aquino lo empleaban en sus doctrinas políticas,
estimándolo el doctor Angélico como el fin a que dcbian tender
todas las leyes humanas. No obstante, el Bien Común se ha revelado como
una idea inexplicada en el pensamiento político de todos los tiempos, dándose
por supuesto sin definirse 0, al menos, sin explicarse. Es cierto que el
ilustre estagirita consideraba como "bien" aquello que apetece el hombre;
pero esta consideración, más propiamente formulada en el terreno moral
que en cI social, no nos resuelve el problema político que estriba en fijar
el alcance de dicho concepto y de su actualización como finalidad de la
convivencia humana,
El Bien Común, como idea lógica y como meta .ética del orden jurídico
estatal y de la política gubernativa, puede ser ponderado partiendo de un
doble punto de vista o adoptando un doble criterio: el formal y el material,
a lOS cuales nos referiremos sucesivamente.
A. Criterio formal
El Bien Común es, ante todo, un concepto sintético, o sea, implica la
aceptación eidética armoniosa de los aciertos de la tesis y de la antitesis
Ole e mevitabte que algunos individuos cometan excesos, como tampoco negamos la nccesidad
de reprimir tales excesos. Pero. en primer lugar, para esto no hace falta de una
'néquina especial (normas iuridicas y tribunales Que las apliquen. decirnos nosotros}. un

38 LAS GARANTiAS INDIVIDUALES
"teleológica del Estado. Por ello, no se fundamenta ni en el"individualismo
ni en el colectivismo excluyentemente, y como fin verdadero de la organización
y funcionamiento estatales, debe atender a las dos esferas reales que
ineluctablemente se -re[¡lStran en la sociedad: la particular y la colectiva o
de grupo. Con vista al carácter sintético del Bien Común, tanto como ente de
razón como bajo el aspecto ético-político, aquél necesariamente debe abarcar,
en una pretensión de tutela y fomentación, a las entidades individuales
y a las sociales propiamente dichas, implicando una concordancia entre los
desiderata de ambas. Ahora bien, ¿cómo se revela dicha síntesis?
a) Hemos afirmado anteriormente que el hombre está dotado de una
capacidad natura! para procurar su felicidad, cuyo contenido se integra con
fines vitales que él mismo se forja, seleccionando libremente, en consecuencia,
los conductos que repute idóneos para la consecución de éstos. Siendo
la libertad bajo tales auspicios un factor consubstancial a la personalidad
del hombre, el orden jurídico debe reconocerla o, al menos, no afectarla
esencialmente a través de sus múltiples derivaciones especificas. Por tanto,
para pretender realizar el Bien Común, el Derecho debe garantizar una
esfera mínima de acción en favor del gobernado individual. De esta guisa,
el Bien Común se traduce, frente al individuo, en la permisión que el
orden juridico de un Estado debe establecer en el sentido de tolerar al gobernado
el desempeño de su potestad libertaria a través de variadas manifestaciones
especiales que se consideran como medios indispensables para la
obtención de la felicidad personal: libertad de trabajo, de expresión del
pensamiento, de reunión y asociación, de comercio, etc. De esta suerte, las
diferentes facetas de la libertad individual natural, de simples fenómenos
fácticos, se erigen por el Derecho Objetivo y en acatamiento de principios
éticos derivados de la naturaleza del ente humano, en derechas públicas
subjetivas.
b) Ahora bien, tal permisión no debe ser absoluta, ya que, según aseveramos
con antelación, el Derecho, como esencialmente normativo, al regular
las relaciones sociales, forzosamente limita la actividad de los sujetos
de dicho vinculo. Por ende, para mantener el orden dentro de la sociedad
y evitar que ésta degenere en caos, la norma debe prohibir que la desenfrenada
libertad individual origine conflictos entre los miembros del todo
social y afecte valores o intereses que a éste corresponden. Tal prohibición
debe instituirse por el Derecho atendido a diversos factores que verdaderamente
y de manera positiva la justifiquen. En consecuencia, todo régimen
jurídico que aspire a, realizar el Bien Común, al consigna! la permisión de
un mínimo de actividad individual, correlativamente tiene que establecer
aparato especial de represión, esto lo hará el mismo pueblo armado (linchamiento, agregarnos)
con la misma sencillez y facilidad COn que un grupo cualquiera de personas civilizadas
l ?), incluso en la sociedad actual, separa a los que están peleando o impide que se maltrate
a una mujer ... 1>. (Op. cít., págs. 269 y 270.)

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LAS GARANTiAS INDiVIDUALES 39
limites o prohibiciones al ejercicio absoluto de ésta para mantener el orden
dentro de la sociedad y preservar los intereses de la misma o de un grupo
social determinado, En este sentido, pues, el Bien Común se ostenta como
la tendencia esencial del Derecho y de la actividad estatal a restringir el
desempeño ilimitado de la potestad libertaria de! sujeto.
e) Pues bien, además de las esferas jurídicas individuales existen ámbitos
sociales integrados por los intereses de la colectividad, por lo que cI
sujeto no es ni debe ser el único y primordial pupilo del orden jurídico. El
individuo debe desempeñar su actividad, no sólo enfocándola hacia el logro
de su felicidad personal, sino dirigiéndola al desempeño de funciones sociales.
El hombre no debe ser la persona egoísta que exclusivamente vele
por sus propios intereses. Al miembro de la sociedad como tal, se le impone
el deber de actuar en beneficio de la comunidad bajo determinados aspectos,
imposición que no debe rebasar en detrimento del sujeto ese minimo
de potestad libertaria que sea cI factor indispensable para la obtención del
bienestar individual. Es inconcuso que el orden jurídico ha salido ya de los
estrechos límites que le demarcaba el sistema liberal-individualista, y ello
se revela patentemente en el concepto y función de la propiedad privada.
En efecto, ésta ya no es un derecho absoluto bajo la idea romana, según
la cual el propietario estaba facultado para usar, disfrutar y abusar de la
cosa, sino un elemento que debe emplear e! dueño pasa desplegar una función
social, cuyo no ejercicio o indebido uSO origina la intervención del Estado
traducida en diferentes actos de imposición de modalidades o, inclusive.
en la expropiación.
Por tanto, bajo este tercer aspecto, el orden jurídico que tienda a conseguir
e! Bien Común puede válidamente imponer al gobernado oblígacione,
que Duguit denomina individuales públicas, puesto que las contrae cI sujeto
en favor del Estado o de la sociedad a que pertenece. Es evidente que la
imposición de tales obligaciones debe tener como limite ético cI respeto a
la esfera mínima de actividad dcl gobernado, a efecto de no imposibilitar
a éste para realizar su propia finalidad vital, pues si la tendencia impositiva
estatal fuese irrestrícra, se despojaría a la persona de la categoría de ente
auto-teleológico y se gestarían regimenes autocráticos que necesariamente
generan la desgracia de los pueblos, al hacer incidir a sus componentes individuales
en la infelicidad.
d) Según aseveramos con antelación, la verdadera igualdad que debe
establecer el Derecho se basa en el principio que enuncia un tratamiento
igual para los iguales y desigual para los desiguales. El fracaso de! liberalindividualismo
-clásico, tal como se concibió en la ideología de la Revolución
francesa, obedeció a la circunstancia de que se pretendió instaurar una
igualdad teórica, desconociendo las desigualdades reales, lo que originó en
la práctica el desequilibrio social y económico, que incrementó a las'corrientes
colectivistas, conforme lo hemos expresado. Pues bien, como e! estable-

40 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
cimiento de una igualdad real es un poco menos que imposible de lograr,
la norma jurídica debe facultar al poder estatal para intervenir en las relaciones
sociales, principalmente en las de orden económico, a fin de proteger
a la parte que esté colocada en una situación de desvalimiento. Tal
acontece, por ejemplo, en el ámbito obrero-patronal, en el que el Estado
tiene injerencia, a través de variados aspectos, para preservar a la parte
débil en la relación de trabajo, situándola en una posición de verdadera
igualdad real a través de las denominadas garantías sociales.
El desiderátum consistente en implantar la igualdad real en la sociedad,
no debe ser otra cosa que uno de los fines del orden jurídico estatal y una
de las metas de la actividad gubernamental. Por ello, si se pretende lograr
el Bien Común en un Estado, es menester que tal objetivo se consume simultáneamente
con los demás que hemos apuntado, de lo que se concluye
que un régimen de derecho que merezca ostentar positivamente el calificativo
de verdadero conducto de realización del Bien Común, no debe fundarse
o inspirarse en una sola tendencia ideológica generalmente parcial y, por ende,
errónea, sino tener como ideario director todos aquellos postulados o principios
que se derivan de la observación exhaustiva de la realidad social y
que tienden a exaltar, en una adecuada armonla, tanto a las entidades individuales
como a los intereses y derechos colectivos.
e) De lo brevemente delineado con anterioridad, podemos inferir que
el Bien Común es una síntesis teleológica del orden jurídico estatal y, por
tanto, de la actividad gubernativa, 'condensándose en varias posturas éticas
en relación con diferentes realidades sociales. Asl, frente al individuo, el
Bien Común se revela como el reconocimiento o pérmisiÓ'Tl de las prerrogativas
esenciales del sujeto, indispensables para el desenvolvimiento de su
personalidad humana, a la par que como la prohibición o limitación de la
actividad. individual respecto de actos que perjudiquen a la sociedad o a
otros sujetos de la convivencia humana, imponiendo al gobernado determinadas
obligaciones cuyo cumplimiento redunde en beneficio social. Por otra
parte, frente a los intereses colectivos, el Bien Común debe autorizar la intervención
del poder público en las relaciones sociales para preservar los
intereses .de la comunidad o de los grupos desvalidos, con tendencia a procurar
una igualdad real, al menos en la esfera económica. Claro está que
esta síntesis teleológica, que no implica sino la necesaria armonía de diferentes
y concurrentes imperativos éticos del orden jurídico estatal y de la
misma actividad del Estado, debe establecer siempre el justo equilibrio entre
sus finalidades parciales, de tal manera que no se menoscabe esencialmente
ninguna de las esferas cuya subsistencia y garantía se preténda. Cuando dicha
justa armonía no se logra, el régimen del Estado degenera en extremismos
absurdos e inicuos que envilecen y prosternan en la miseria a los pueblos
o, al menos, imposibilitan la realización del Bien Común en los términos
ya anotados. Así, verbigracia, si se desconocen los intereses colectivos,

42 LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
Determinar hasta qué punto debe el orden jurídico Iímitar la actividad
y esfera de los particulares y hacer prevalecer frente a éstos los intereses y
derechos sociales, es un problema asaz complejo que no es posible resolver
a priori. S610 nos es dable afirmar, no a guisa de contestación, sino como
mera orientaci6n para posibles soluciones a tal cuestión, que la demarcaci6n
de las fronteras entre los diferentes objetivos de! Bien Común, cuya
realizaci6n produce una sinergia de factores individuales y colectivos; nunca
debe rebasar una órbita mírnma de subsistencia y desenvolvimiento atribuida
a las realidades individual y social. Dicho de otra manera, en e! afán de
proteger auténticos intereses de la sociedad, bajo el deseo de establecer en
el seno de la misma una verdadera igualdad real mediante un intervencionismo
estatal en favor de los grupos desvalidos, no se debe restringir a tal
grado el ámbito de actividad de la persona humana, que impida a ésta
realizar su propia felicidad individual.
Ahora bien, como los intereses sociales, como las exigencias privativas
de cada Estado, como las deficiencias, vicios y errores que se deben corregir
en cada régimen hist6ricamente dado para procurar el bienestar y el progreso
de un pueblo, varían por razones temporales y espaciales, es evidente
que no puede aducirse un contenido universal de Bien Común a través de
cada uno de los aspectos sintéticos que éste presenta. Por ende, para fijar
dicho contenido hay que atender a una multitud de factores propios de
cada nación, tales como la idiosincrasia del pueblo, la tradición, la raza, la
problemática social, económica, cultural, etc., pero siempre respetando, sin
embargo, la 6rbita mínima de desenvolvimiento libre en favor de las entidades
individuales y colectivas a efecto de no degenerar en extremismos que
no conducen sino a la desgracia o infelicidad individual y social.
componentes de la sociedad. En otras palabras, no puede concebirse que la sociedad, COmo
conjunto, persiga fines diversos de los que importan los objetivos particulares de sus miembros
integrantes. Por consiguiente, al hablarse de "intereses" o "derechos" sociales, en esencia
se alude a los intereses y derechos individuales conjuntivos de los miembros. de la
sociedad. En estas condiciones, la oposición entre un interés o derecho individual y un
interés o derecho social, en el fondo equivale a la contraposición entre lo singular y lo
plural o entre lo particular y lo general, es decir, entre lo minoritario y lo mayoritario,
ya que la sociedad, como una entidad ficticia, deshumanizada, no es concebible, ni tampoco
imaginable COn "derechos" o "intereses" ajenos a los que corresponden .a todos sus
miembros o a la mayoría de ellos. De lo que brevemente hemos expuesto se infiere que la
"equilibrada armonía" a que hicimos mención. en substancia denota la compatibilizacíón
entre los intereses o derechos .de los pocos con los intereses o derechos de los muchos, o
sea, entre las singularidades y las pluralidades o entre las minorías y las mayorías dentro
de un conglomerado humano.
Este mismo pensamiento lo comparte el maestro Anlonw Pérez .n.1c;..,..." al afinnar
que "El bien del individuo exige el bien del cuerpo social, pero a condición de que éste
haga posible la libre integración de las personas, y tampoco podrá decirse que alguna
persona podrá integrarse alguna vez, si no reconoce que necesita de la comunidad y
pertenece a ella por naturaleza y. por lo mismo, debe aportar a ella, en la medida de
:;u) posibilidades y capacidades, lo que dicha comunidad necesita para su desarrollo y
su progreso," rOpo cit., pág. 68.)

FUNDAMENTACIÓN FII.OSÓFlCA DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES 43
De la exposición que acabamos de hacer acerca de 10 que, en nuestro
concepto, debe ser e! Bien Común, se infiere que el elemento central que
debe ser tomado en cuenta por e! orden jurídico estatal a propósito de la oro
ganización o estructuraci6n de la entidad política denominada "Estado" y
de la nonnaci6n de las relaciones que dentro de ella se entablan, es nada
menos Que la persona humana, el individuo que, en concurso" con sus sernejantes,
forma la sociedad o los grupos seciales. Es por ello por lo que cuando
se tutela jurídicamente al sujeto particular, en las proporciones anteriormente
apuntadas, se preserva por igual a las entidades seciales, pues éstas
no están compuestas sino por personas individuales, de lo que se colige que,
procurando la felicidad de cada una de las partes -individuos- se pretende
obtener el bienestar de! todo -seciedad o pueblo."
Desgraciadamente, la historia nos otrece múltiples ejemplos de regímenes
políticos y sociales en los que no sólo no se respetó la libertad' humaná,
sino que se escarneció vilmente al hombre, tratándolo algunas veces como
una verdadera bestia, Lejos de corresponder a su naturaleza deontológica,
que hemos delineado en párrafos anteriores, muchos Estados históricamente
dados menospreciaron los derechos fundamentales del individuo, coartando'
considerablemente su libertad, ccn especialidad en las monarquías absolutas,
en las que la voluntad del rey era la suprema ley y en las que imperaba
la arbitrariedad más completa, que en la mayoría de las veces no se desplegaba
por senderos de equidad y justicia, sino teniendo como guías los caprichos
más depravados, fundado todo ello tal vez en el concepto erróneo
de! origen divino de la seberanía en favor del monarca. Ejemplos sobre
este particular abundan en la historia, en especial en las épocas de! absolutismo
monárquíco imperante en diferentes países y en diversas épocas.
Transcurrieron casi dieciocho siglos de la Era Cristiana sin que los pueblos
exigieran al Estado o a sus autoridades e! reconocimiento de sus derechos
fundamentales, dentro de los que descuella la libertad humana. Bien
es cierto, como después veremos, que en Inglaterra se suscitaron algunos
incidentes tendientes a restringir la autoridad real mediante e! reconocimiento
de ciertos derechos en favor de determinadas clases sociales y políticas;
que en e! sistema jurídico español existían diversas limitaciones a' la actividad
del rey y sus autoridades delegadas y que en los Estados Unidos se
inici6 cl constitucionalismo quc ensalzó Tocqueville en su obra La Democracia
en América; mas fue menester que el suelo de Francia se ensangrentara
con tilla revoluci6n cruenta y despiadada para que el hombre; el individuo,
encontrara sus derechos fundamentales cristalizados en preceptos legales,
miciándose así una nueva etapa política, secial y jurídica en la historia: e!
liberalismo e individualismo, cuyos postulados cundieron universalmente y
se plasmaron en la mayor parte de las leyes fundamentales de muchos países,
principalmente de! nuestro. Es a partir del célebre año de 1789 cuando
31 Véase la nota inmediata anterior.

44 LAS CARANTIAS INDIVIDUALES
en Jos regímenes estatales se autolirriitan la acción y el poder de las autoridades
por ellos creadas, en el sentido de oponer un dique a la arbitrariedad
y al abuso: los derechos del hombre, en especial, la libertad del sujeto.
Hist6ricamente, en forma clara y definida, surge de la Revolución francesa
Un orden juridico estatal que responde al deber-ser, a la deontología de
todo orden de derecho, como ya habíamos indicado: respetar un mínimo
de libertad humana, erigiéndola en derecho. público individual, tal como
pasó después a muchas legislaciones.
El reconocimiento que el orden juridico estatal hace respecto de ese
mínimo eje libertad humana y de sus lógicas y naturales derivaciones, así
como de otros factores o circunstancias imprescindibles para el desenvolvímiento
de la personalidad del hombre, es, pues, lo que constituye los derechos
/Júblicos indioiduales, que en nuestro sistema constitucional reciben el
nombre de garantías indiuiduaies, contenidas en los veintinueve primeros
articulos de nuestra Constitución. Pero, además de que los derechos públicos
individuales se consideran como un reconocimiento en los términos
ya anotados, expresado por el orden jurídico de un Estado, equivalen también
a una autolimitación de la actividad de los órganos o autoridades de
éste en favor de los individuos o de sus miembros en general, o sea, que
el Estado, en ejercicio de la soberanía, como poder social supremo, se impone
a sí mismo cortapisas o diques a su actuación, que no son sino los derechos
fundamentales del hombre. En nuestro régimen constitucional, el reconocimiento
de la libertad del individuo, de sus derivaciones específicas y
de sus elementos de ejercicio, está expresado por nuestra Ley Fundamental
en la declaración contenida en el articulo primero, que además encierra un
principio general de igualdad, corroborado por el artículo 29, y que, como
ya dijimos, es una condición sine qua non del desempeño efectivo de la libertad.
Sin embargo, dados los términos en que está redactado dicho artículo
primero, parece ser que las disposiciones relativas a los derechos públicos
individuales no son recognoscitivas de los mismos, sino constitutivas, al preceptuarse
que: "En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará
de las garantías que otorga esta Constitución..." El sentido de este
primer precepto constitucional contrasta evidentemente con la indole del
correspondiente de la Constitución de 1857, en la que las disposiciones concernientes
a las garantías individuales se revelan no sólo cqmo un reconocimiento
que hace el Estado Mexicano de éstas, sino que además contienen
como teleología primordial la protección del individuo al estatuir que: "El
pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto
de las instituciones sociales..." y comentando este artículo, el licen­
CIado JOsé Maria Lozano, dice: "Notemos que nuestro articulo constitucional
no dice que el pueblo mexicano declara o establece, sino que reconoce.
Anterior; pues. a la Constitución e independiente de ella, es el hecho que
se limita simplemente a reconocer como tal. Los derechos del hombre. son

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LAS GARANTiAS INDMDUALES 45
la base de las instituciones sociales y son al mismo tiempo su objeto. Una
institución en que se desconozca como base los derechos de la humanidad,
es decir, del hombre, será viciosa." ea
Sea lo que fuere, independientemente de la concepción y la forma en
que se establezcan constitucionalmente los derechos públicos individuales,
lo cierto es que en nuestro régimen jurídico estatal éstos se estatuyen con
claridad y precisión, de tal suerte que en nuestro país se cumple, aunque
sólo sea teóricamente en muchos casos, desde un mero punto de vista normativo,
con el deber-ser de todo orden de derecho: respetar la personalidad humana,
mediante la erección en garantías individuales de los medios indispensables
para su desenvolvimiento.
VII. LA JUSTICIA SOCIAL
La justicia social, cuyo logro constituye el objeto primordial de la Revolución
mexicana de 1910, no equivale sino al mismo Bien Común del
que hemos tratado en el parágrafo que antecede. Por ende, comprendiéndose
ambas ideas dentro de un solo concepto esencial, la justicia social no es
sino la síntesis deontológiéa de todo orden jurídico y de la política gubernativa
del Estado. Etimológicamente, la expresión "justicia social" denota
la "justicia para la sociedad"; y como ésta se compone de individuos, su
alcance se extiende a los miembros particulares de la comunidad y a la
comunidad misma como un todo humano unitario.
Ya hemos afirmado que los derechos e intereses sociales implican, en
substancia, los derechos e intereses de todos y cada uno de los sujetos integrantes
de la sociedad, pues suponer que ésta tenga derechos e intereses
per-se, es decir, con independencia de sus miembros individuales componentes,
equivaldría a deshumanizarla, o sea, a considerarla como una mera
ficción. No debe olvidarse, además, que antes que el hombre fuese campesino,
obrero, empresario, profesionista, etc., es y sigue siendo un ser humano,
cuya personalidad como tal no se altera por pertenecer a determinada
clase social o económica.
La justicia social entraña un concepto y una situación que consisten en
una sintesis armónica y de respetabilidad reciproca entre los intereses sociales
y los intereses particulares del individuo. Sin esa esencia sintética no
puede válidamente hablarse de justicia social, ya que al romperse el equilibrio
que supone, se incide fatalmente cn cualquiera de estos dos extremos
indeseables, que son: el totalismo colectivista y el individualismo que sólo
atiende a la esfera particular de cada quien.
Si un régimen jurídico se estructura tomando exclusivamente en cuenta
ios intereses de los grupos mayoritarios de la sociedad sin considerar los
82 Los Derechos del Hombre. pág. 586.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LAS CARANTÍAS INDIVIDUALES 47
!» Es evidente que sobre los intereses particulares de cada quien están
los intereses colectivos, que se resumen dentro del concepto genérico de "interés
social", el cual, a su vez, presenta diversas implicaciones demográficas,
que se expresan en el "interés público", el "interés comun", el "interés nacionai",
el "interés general" o el "interés mayoritario", Atendiendo a la
indiscutible hegemonía del interés social sobre el interés particular, a nadie
le debe estar permitido desplegar su conducta mediante actos quc lesionen
o perjudiquen dicho interés en sus variadas manifestaciones. Por ende, el
ejercicio de la auténtica libertad excluye la realización de dichos actos lesivos.
c) Si la prevalencia del interés social sobre el interés particular impone
a todo miembro de la sociedad la obligación negativa de no comportarse
nocivamente en detrimento de la colectividad. toda persona, merced al inobjetable
principio de solidaridad humana, debe desempeñar su conducta en
beneficio de losgrupos mayoritarios que forman la sociedad." b l a Dicho principio
impone a todos los mdiViduos diversos deberes sociales queno. entrañan
meras abstenciones, sino actos, funciones o conductas de beneficio colectivo.
Por consiguiente, si, a pretexto de desempeñar su libertad, el sujeto incumple
los debefes sociales a su cargo, la actuación seudo libertaria en que tal
incumplimiento se traduzca caerá fuera de la verdadera y auténtica libertad.
Las tres hipótesis limitativas que hemos esbozado, al preverse jurídicamente
y al aplicarse con toda atingencia en la realidad política, social,
económica y cultural de un país, son las que expresan lo que debe entenderse
por justicia social que tiene como principal" exigencia la consideración
del hombre romo persona, con todos los atributos naturales y esenciales que
a esta calidad corresponden. Por consiguiente, despojar a la persona humana
de estos atributos para diluirla dentro del todo social y convertirla en instrumento
servil del gobernante, importaría negar la justicia social, ya que
el más grave atentado que pueda cometerse contra la sociedad sería privarla
de su condición de comunidad de hombres para transformarla en un simple
conjunto de siervos.
Por otra parte, si la justicia social es incompatible con la explotacron
y degradación del hombre por el Estado (en puridad conceptual debe decirse
"por .J gobierno del Estado"), una de sus más importantes finalidades
estriba además, en eliminar la explotación del hombre por el hombre
dentro de la vida comunitaria. La abolición de ambos tipos de explotaciones,
en cuya consecución radica la esencia teleológica de la justicia social, se
3.21>15 La prevalencia 'del interés social sobre el interés particular la reitera IheTing
expresando al efecto las siguientes ideas: "El Interés de la sociedad, sin embargo, tiende
no sólo a lo que conviene al individuo, sino a lo que conviene a todos, en lo que todos
pueden existir, y esto, como lo he advertido más arriba ya, no es otra cosa que la jwticia.
Ella está por encima de la l!J1ettad. El individuo no existe sólo para sí, sino también para
el mundo - por eso la libertad: lo que conviene al individuo. debe subordinarse a la
justicia, que conviene a todos." (Op. cit., T. 1, pág. 117.)

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LAS GARANTiAS INDMDUALES 49
ritarios de la población a efecto dc conseguir una existencia decorosa para
sus miembros integrantes en todos sus aspectos. El conjunto normativo que
se estatuya bajo esos objetivos .,,10 que se denomina garantías socuues."
cuyo establecimiento, protección y ampliación es otra de las finalidades inherentes
a la justicia social, radicando su esencia teleológica en las tendencias
coordinadas siguientes: a) institución y observancia de las "garantías
del gobernado", y b) consagración, efectividad coactiva y ampliación pero
manente de las "garantías sociales". Por ende, ningún orden jurídico ni
ninguna política del Estado que no' actualicen armónica y compatiblemente
las dos tendencias apuntadas, pueden entrañar un régimen de justicia social."
VIII. CONCLuStÓN
Aplicando las ideas anteriormente expuestas a nuestro régimen constitucional,
y por lo que concierne a las garantías individuales que expresamente
se contienen en los veintinueve primeros preceptos de la Ley Fundamental,
se puede llegar sin duda a la conclusión de que ésta cumple con la
deontologia de todo orden jurídico, la cual consiste, según dijimos, en armonizar,
en conjugar o hacer compatibles las diferentes tendencias del derecho
positivo. En efecto, si analizamos cualquier garantía en la forma 'en
que ésta se concibe en nuestra· Constitución, se puede constatar no sólo
la consagración que aquélla implica respecto de las potestades naturales
de todo ser humano, sino la limitaci6n que al ejercicio de ellas debe consignarse
para no dañar intereses individuales o intereses sociales, pues el
desempeño de cualquier actividad particular del gobernado' s6lo está pero
mitido por la Ley Suprema en tanto que no afecte una esfera individual
ajena o no lesione a la sociedad o comunidad misma, Además, nuestro
ordenamiento político impone al gobernado obligaciones que Duguit llama
"públicas individuales", es decir, servicios o prestaciones que deben realizar-
".. El concepto respectivo lO tratamos en el caprtuto 1V de este hbro.
35 El antiguo profesor de la Facultad de Derecho, don Josi Rivera Pérez Campos, sustenta
un pensamiento análogo al que hemos expresado, demarcando con toda precisión la
situación que la persona humana, como ente social. ocupa dentro del Estado. destacando
la _posición arménica y compatible que debe existir entre aquélla y éste. posición Que, según
hemos aseverado. denota la verdadera y auténtica justicia social. Dicho protesor afirma,
en efecto que u...hasta d6nde es legítimo el mando y hasta dónde la obediencia es virtud,
antes-de-que el hombre caiga en la degradación, la servidumbre o la" renuncia a su propio
destino. Por ello hablamos de libertad humana; la libertad del hombre-persona, no como
fin del Estado, sino como condición que haga posible el fin propio de este último; libertad
del Estado-entidad, tampoco como fin del hombre, sino como condición que propicie a
éste último la captación o la realizaci6n de los valores a que propende; en resumen, libertad
del hombre-hombre, que significa: su libertad Como individuo, en cuanto no dañe con
su ejercicio la consecución del valor del Estado j su sumisión al Estado, en cuanto contribuye
a realizar el valor de éste; la libertad de acción y mando del Estado, en cuanto no impide
la realización de valores por la persona; la sumisión por la autolimítación jurídica del poder.
sufrida por el Estado. en cuanto contribuye con su auspicio y fomento a la realización de

FUNDAMENTACiÓN FILOSÓFICA DE I.AS GARANTÍAS INorvmUALES
humana? -Todo ser individual es hombre? De la respuesta que se dé a estas
y otras varias cuestiones depende la demarcación de los derechos humanos y
de su titular.
Prima [acie, históricamente los derechos humanos son, con evidencia, los
derechos naturales del hombre proclamados por el jusnaturalismo que surgió.
con Diderot y D'Alambert, durante e! siglo XVIII como corriente filosófica
que recogió la famosa y ecuménica Declaración france sa de 1789. Según
la doctrina sostenida por el pensamiento jusnaturalista, tales derechos son
inherentes a la persona humana. es decir, su naturaleza los ostenta como anteriores
y superiores al Estado constriñéndolo éticamente a respetarlos y a
establecer. en e! orden jurídico positivo. normas que aseguren sustantiva y
adjetivamente su observancia, objetivo que en nuestro país se alcanza con las
garantías individuales y e! juiciode amparo. En atención a los atributos de
anterioridad y superioridad mencionados, los derechos humanos no emanan
de la ley positiva ni de ningún hecho o acto concreto que se registre en cualquier
ámbito de la vida social. puesto que existen por sí mismos con e!
hombre. siendo. en consecuencia, inalienables e imprescriptibles. Esta inextricable
vinculación no permite. por ende. calificar como derechos humanos
a los derechos personales que no sean narurales al hombre, o sea. que emanen
de la ley positiva. de algún acto contractual, administrativo o judicial. o
de cualquier hecho jurídico.
Ni la Constitución ni la legislación secundaria de México han formulado
ninguna definición, o al menos catalogación, de los derechos humanos.
Tampoco la encontramos en la jurisprudencia. Sin embargo. se encuentran
imbíbitos en las garantías individuales o del gobernado a título de "derechos
subjetivos públicos" enfrentables al poder del Estado. Esta involucración, no
obstante. no excluye la necesidad de tipificarlos y el único documento que
puede servir para este objetivo es la Declaración Universal de Derechos Humanos
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciem­
In-e de 1948 y que nuestro país suscribió. En su preámbulo se considera que
"la libertad. la justicia y la paz en el mundo tienen por base e! reconocimiento
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana". Dentro de esta genérica concepción
se coloca primordialmente el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de la persona humana en cuanto que nadie puede ser arbitrariamente
detenido, preso ni desterrado y de que todo hombre se debe presumir inocente
mientras no se pruebe su. culpabilidad. Además, en e! rango de derechos
humanos tal Declaración sitúa diversas libertades específicas que tutela
nuestra Constitución a guisa de garantías individuales y sociales, así como
fundamentales derechos políticos del ciudadano. enfatizando que ninguno de
sus preceptos "podrá interpretarse en e! sentido de que confiere derecho alguno
al Estado. a un grupo o a una persona. para emprender y desarrollar
actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos
y libertades proclamados en la propia Declaración" (Art. 30).
Por otra parte. siguiendo los planteamientos formulados, debemos advertir,
pecando de tautológicos, que los derechos humano. son derechos de!
hombre. no de cualquier individuo en su sola dimensión sicosomática. El ser
53

FUNDAMENTACiÓN FIlOSÓnCA DE lAS GARANTíAS INDIVIDUALES 55
Fácilmente se comprende que el hombre, como zoon politikon, según lo
concibe Aristóteles, es un sujeto de imputación de derechos y deberes frente
a la sociedad o colectividad a que pertenece. En otras palabras, esta dualidad
imputativa, en si misma indisoluble, le impone la obligación social de ejercer
sus derechos y de cumplir sus deberes. Desde el punto de vista élICO este
cumplimiento valida tal ejercicio. Nadie está legitimado para exigir el respeto
de sus derechos si elude sus deberes. Moralmente esta c1usión merma la
condición de hombre y llega hasta extinguirla si la conducta del individuo es
antisocial. Seria un contrasentido vulnerante de la justicia si a éste se le reconocieran
sólo sus derechos y no Se le obligase compulsivamente a no dañar a
la sociedad o a reparar el daño que a ésta haya causado su conducta. Esta
hipótesis se actualiza en el caso de la llamada "delincuencia organizada".
¿Podría sostenerse válidamente, desde el punto de vista ético, que los jndividuos
que la componen y que hacen del delito su modus vivendi, sean verdaderos
y auténticos hombres titulares de derechos humanos no obstante la
grave damnificación social que haya causado y cause su conducta pretérita o
futura? Prescindiendo de meros formulismos normativos que conciernen al
ámbito de la scripta lex, y sustentando un criterio superior de justicia los tales
delincuentes "organizados", inadaptables a la vida social y en permanente
peligrosidad contra la colectividad, no merecen ser sujetos de derechos humanos
aunque la Constitución y la ley no hagan este distingo. Sin embargo,
pese a esta omisión, debe interpretarse la idea de "individuo" que utiliza el
articulo 10 de nuestra Ley Fundamental, desde un punto de vista ético y
axiológico conforme a las breves consideraciones que anteceden, prescindiendo
de la connotación meramente formal y gramatical de dicha palabra.
Reconocemos que esta interpretación no está exenta de cuestionamientos y
objeciones que puedan basarse en la falta de precisión de lo que deba entenderse
por "delincuentes organizados", circunstancia omisiva que podría conducir
a injusticias considerativas en el ámbito de la concreción, hipótesis
viable que, sin embargo, no desvirtúa las observaciones filosóficas y ético-sociales
que hemos formulado en un terreno estrictamente especulativo.
En resumen, la validez filosófica, ética y social de los derechos humanos
está condicionada a la conjunción de los siguientes factores: a) Que su titularidad
corresponda al hombre en su carácter de "zoon politikon"como centro
de imputación de deberes sociales; b) Que la conducta humana no
traduzca el incumplimiento permanente y reiterado de estos deberes; e) Que
dicha conducta. por su desempeño habitual, no sea contraria a los intereses
de la sociedad, contrariedad que ostenta la llamada "delincuencia organizada".
La insatisfacción de estos requisitos excluye la integración. en el individuo
que no los observe, de los derechos humanos aunque su goce se derive,
"erga omnes'', de la mera normatividad jurídica positiva.

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 59
representante de Dios sobre la Tierra, es decir, del gobernante ungido como
tal por la voluntad divina, de la cual derivaba su investidura. Por este motivo,
las arbitrariedades autoritarias del poder en los pueblos orientales de
la antigüedad, eran acatadas por los súbditos al amparo de la conciencia
que éstos abrigaban, en el sentido de ser aquéllos emanaciones o designios
de ·una voluntad sobrenatural expresada por el gobernante. Esta creencia
acerca del origen del poder y de la autoridad reales estaba generalizada de
tal manera, que podemos afirmar que casi todos los regímenes de gobierno
de dichos pueblos eran teocráticos, como el egipcio, el hebreo, etc., máxime
si se, toma en cuenta que el derecho y la religión se confundían en un conjunto
de prácticas sociales indiferenciadas.
"La forma general del Estado en el mundo oriental, afirma Gettel, fue
la de una autocracia o monarquía despótica, teniendo por sanción de su
autoridad la religión o la conquista. Los monarcas fueron venerados como
dioses, tal es el caso de Egipto, o considerados como agentes de los dioses,
según en Persia y Asiria." 38
Además, puede afirmarse que todas las legislaciones primitivas tuvieron
un origen divino (revelación) y por ello su aplicación se encomendó a una
casta privilegiada que las interpretaba y proveía a su observancia (sacerdocio).
Las disposiciones que las integraban eran excesivamente minuciosas,
pues no sólo regulaban los actos externos de los individuos, en sus relaciones
sociales, sino su conducta privada cotidiana, llegando a prescribir lo que
se debía comer y vestir, no desde un punto de vista puramente biológico
o convencional, sino religioso.
En los Estados orientales, el hombre estaba cercado por una multitud
de prohibiciones no únicamente de índole fáctica sino de carácter jurídico,
inherentes al régimen teocrático en que, por lo general, estaban organizados.
La desorbitada reglamentación legal o consuetudinaria aprisionaba en
normas rígidas y estáticas la actividad humana, manteniendo al individuo
en la ignorancia por la falta casi absoluta de libertad y de iniciativa personal,
así como por la sujeción incondicional del gobernado al gobernante,
cuyo poder, consignado en las leyes reveladas, era ilimitado.
Bien es verdad que en algunos de los pueblos del Oriente antiguo, como
el hebreo, la actividad de los gobernantes se hallaba restringida por normas
religiosas teocráticas, en las que implícitamente se reconocían ciertos derechos
a los súbditos, pues se suponía que dichas normas, como las de Jehová,
38 RAVMOND G. GETTEL, Historia de las Ideas 'Polítícas, tomo 1, pág. 63. Refiriéndose
específicamente a Egipto, CÉSAR CANTÚ exponía: "Mas, no obstante los elogios prodigados
a los egipcios, ¿qué _pensar de un gobierno en d que un faraón medita los medios de
oprimir sabiamente á un pueblo refugiado y que, no pudiendo diezmado imponiéndole
enormes trabajos, ordena la degollación de todos los recién nacidos? ¿Qué pensar de un
país donde hay de un lado dominadores instruidos y del otro siervos ignorantes y embrutecidos,
10 cual es peor aún que vencidos y vencedores?" (Historia Universal, torno 11,
pág. 34.)

60 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
eran producto de un pacto entre Dios y el pueblo, cuyas disposiciones debían
ser inviolables," mas también es cierto que, en primer lugar, esas restricciones
eran muy débiles y la apreciación de su extralimitación quedaba al
arbitrio de los propios gobernantes que eran sus intérpretes y, en segundo
término, no exima ninguna sanción para sus posibles contravenciones.
En estas condiciones, los regímenes gubernamentales, basados en tales
principios o creencias, evidentemente pugnaban con toda idea de libertad
humana, y más aún, con su reconocimiento, por lo que no es posible aseverar
que en los pueblos orientales de la antigüedad existiera tal derecho y
mucho menos un medio de preservarlo, pues cama ya dijimos, el individuo
estaba relegado a un plano ínfimo, si no es que había incidido en la esclavitud.
Sin embargo, como una notable excepción al régimen político y social
oriental, existe la circunstancia de que la India no estaba dotada de un
gobierno teocrático. El Estado temporal era independiente de la religión y
los sacerdotes no debían tener injerencia en la vida política, sino consagrarse
exclusivamente a su cometido religioso." Descartado el principio
89 Las leyes mosaicas, contenidas principalmente en el Decálogo y en el Levítico, descansaban
sobre el principio de la igualdad religiosa. Todos los hebreos eran iguales ante
Jehová, según lo proclamó Moisés, y tenían el derecho de intervenir en las asambleas populares,
de las que no estaban excluidas las mujeres. Los privilegios se acordaban en favor
de los miembros de la casta sacerdotal, o sea, a los "servidores de Dios". La omnipotencia
divina, que alentaba el pensamiento mosaico, explica por qué éste no preconizó un monarca
absoluto, pues para Moisés "el reyes Iehové".
Estas ideas, que fueron observadas por mucho tiempo en el pueblo hebreo, se refrendaron
en las palabras del profeta Samuel, al reprochar la tendencia para implantar la monarquía.
Así, dirigiéndose a los hebreos, decía: "Vosotros queréis un rey. Ahora bien, he
aquí el derecho del monarca que os gobernará: Tomará a vuestros hijos para conducir sus
carruajes; los hará gente de a caballo y los hará correr delante de su carro; hará de vuestras
hijas cocineras y panaderas; tomará lo mejor de vuestros campos, viñas y olivares y lo
dará a sus criados; tomará a vuestros jóvenes, a vuestros criados y criadas y a vuestros asnos
y Jos hará trabajar para él. .." (Cfr. "Los Reyes". Libro 1, capítulo VlIL Antiguo Testamento.)
Pese a las ideas políticas de Moisés.y a la profecía de Samucl, el pueblo hebreo se
constituyó en una monarquía, en cuyo régimen el poder del rey estaba atemperado por la
casta sacerdotal. Sus miembros, a pretexto de interpretar y ejecutar la voluntad dc Dios, se
erigieron en verdaderos tiranos. Como se sabe. la tiranía sacerdotal fue la causa permanente
de las guerras civiles que provocaron el desmembramiento del Estado de Israel. Su
bandera fue la oposición tenaz al sistem-a hereditario en la sucesión dc las dignidades
sacerdotales. sistema que el propio Moisés había reservado a la tribu dc Levl.
Además, y según hemos dicho. en el pueblo hebreo, como en todos los de la antigüedad,
existía la institución de la esclauitud, proscriptora en sí misma de la igualdad jurídica y,
-'por ende. de la libertad para los que yacían en esa inhumana situación, y que ni el propio
Moisés pudo abolir, aunque sí mitigar con algunas atinadas disposiciones de derecho
civil y penal que se consignaron en el Levítico y en el Deuteronomio.
.fQ Quizá la separación entre el poder sacerdotal y el civil haya obedecido a la falta de
unidad religiosa de la India. impidiendo fa formación de un régimen teocrático. En efecto.
entre el pueblo indio había. y existen en la actualidad, numerosos grupos de profesantes
de diversas religiones. tales como el brahmanismo. el budismo, el islamismo. el judaísmo e,
inclusive, el cristianismo, teniendo eada una de ellas diferentes concepciones y orígenes.
Así, el brahmanismo tiene como fundamento el naturalismo de Jos Vedas y el deísmo,

SITUACIÓN DEL COBERNADO EN LA HISTORIA 61
teocrático del poder público, el pensamiento hindú se reveló marcadamente
democrático y liberal; los pensadores de la India no reputaban al régimen
estatal como la realización del ideal humano de convivencia ante el cual las
personalidades individuales palidecían; antes bien afirmaban que en un
principio el hombre vivía en un estado de naturaleza, tal como lo consideró
Rousseau, y que, para evitar las injusticias que en su desenfrenado libertinaje
cometían los fuertes en detrimento de los débiles, fue necesario constituir
el Estado, no como una forma de perfeccionamiento humano, sino
como una urgencia de protección mutua. Para hacer prevalecer el orden
dentro de la sociedad, producto de dicha necesidad, debería existir una
autoridad o poder social, superior a las voluntades individuales, encargado
de implantar el equilibrio entre las conductas desiguales de los hombres.
Dicho poder debería ejercerse por el monarca, a quien no era lícito actuar
arbitrariamente, esto es, sin sujeción a normas preestablecidas, sino que
estaba obligado a obrar de acuerdo con un sentido de justicia y equidad,
asesorado por las personas más cultas. Ya en lo tocante a los derechos del
hombre o garantías índividuales, el pensamiento hindú abrigaba la tendencia
a respetar la personalidad humana, principalmente por lo que ve al
derecho específico de libertad,
Las corrientes políticas doctrinales en China asumen caracteres análogos
a los de aquellas que tuvieron lugar en la India. Los más destacados
filósofos chinos, talcs como Confucio, Mencio, Moh.ti y Lao Tse, predica-
constituido por una especie de trinidad compuesta de Brahma, el Creador, de Vichnú, el
conservador y de Siva, el destructor. Por su parte, el budismo establecido por Siddharta
el Buda, es decir, el sapiente por excelencia, reconoció en un principio la" religión brahmánica,
pero posteriormente le introdujo fundamentales modificaciones, mismas que provocaron
un movimiento religioso de reivindicación del brahmanismo, cuyos adeptos lograron
expulsar de la India a 105 budistas, quienes se refugiaron en China, en Japón, en Java y
en otras regiones del Asia Meridional. El mahometismo o islamismo también hizo prosélitos
en dicho país, en donde sus preceptos fueron observados con menos rigor que en el
Asia Occidental, habiendo originado, sin embargo, a una especie de faquires y monjes
mendicantes, que aún se pueden observar en nuestros días. El judaísmo esté también representado
en la India por un cierto número de judíos dispersos en su vasto territorio, quienes
han conservado las prescripciones mosaicas y las tradiciones del Talmud. Por 10 que
respecta al cristianismo, se introdujo desde tiempos remotos entre diferentes sectores del
pueblo indio, merced a los incesantes esfuerzos de las misiones.
Como se ve, presentando la India el aspecto de un mosaico religioso, era imposible la
constitución de un régimen teocrático, que se basa principalmente en la unidad de la fe,
circunstancia que viene a explicar la causa de que dicho país haya significado una notable
excepción, en cuanto a su forma de gobierno. frente a las demás naciones o pueblos del
Oriente.
Por otra parte, la población india estaba dividida en castas, cuyo establecimiento reconocía
un origen divino, es decir, emanadas de la voluntad de Brahma. Cada una de dichas
castas estaba colocada en una situación de desigualdad religiosa, jurídica y social, habiendo
existido entre ellas una especie de jerarquía, a saber: la de los brahmanes (a quienes, dentro
de los privilegios de que gozaban, les estaba reservado el" sacerdocio, la judicatura y la
medicina); la de los chatriás (compuesta por los guerreros); la de los varias (integrada
por los comerciantes, labradores y artesanos); la de los sudras (que implicaba una forma
de esclavitud), y la de los parias (que constituía la "casta vitanda", proscrita de la comunidad
y de todo trato con los individuos pertenecientes a las demás).

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 63
Más aún, en Esparta habla una verdadera desigualdad social, estando
dividida la población en tres capas, que eran: los ilotas o siervos que se
dedicaban a los trabajos agricolas; los periecos o clase media, quienes desempeñaban
la industria y el comercio; y, por último, los espartanos propiamente
dichos que constituían la clase aristocrática y privilegiada. Ante
esta jerarquía social, es inútil hablar de la existencia de derechos del hombre
o garantías individuales como conjunto de potestades juridicas oponibles coercitivamente
al poder público, en vista de que no existia la situación igualitaria
que presupone todo derecho público individual. Siendo el Estado en
Esparta una estructura superhumana a la cual todo miembro de la comunidad
debla una natural sumisión, el gobernado como tal no tenia ningún
derecho frente. al poder público, frente a las autoridades. Su esfera juridica
se integraba exclusivamente por derechos políticos y civiles, como ya dijimos,
esto es, por potestades que lo hadan participar activa o pasivamente en los
destinos sociales como elector o funcionario, y por factores juridicos en las' relaciones
de coordinación con sus semejantes.
Sin embargo, Esparta no estaba constituida en un estado autocrático.
Como en casi todas las ciudades griegas, su forma de gobierno se asentaba
sobre bases democráticas. Lo que pudiéramos denominar "función administrativa"
estaba encomendada a dos reyes llamados arqueguetas, cuyas
facultades estaban muy restringidas, pues propiamente se reducían a recibir
a los embajadores extranjeros y a presidir el Senado o Consejo de Ancianos.
Además, los monarcas espartanos eran una especie de sumoa sacerdotes que
celebraban las ceremonias religiosas y designaban a los prelados inferiores.
En tiempo de guerra, "los reyes dirigían personalmente el ejército y marchaban
al combate en el primer puesto"."
La actividad gubernativa en Esparta se depositó en el Senado o Consejo
de Ancianos, llamado Gerusia, el cual desplegaba también funciones
judiciales, decidiendo en última instancia los negocios importantes en que
el Estado tuviese interés. Sobre el Senado, la asamblea del pueblo, compuesta
exclusivamente por los espartanos, ejercía una especie de control, ya
que debla someterse a su aprobación cualquier asunto.
Una magistratura singular fue la de los éforos quienes "velaban sobre
la educación de la juventud, convocaban las asambleas populares, presidian
los juegos y los festines, trataban con los enviados del extranjero e íntervenían
en las controversias de carácter privado. Podían pedir la acusación
y destitución de los magistrados, incluso de los reyes, cuando ciertos fenómenos
sobrenaturales indicaban, de acuerdo con su propia interpretación,
engendrado al Estado, y el Estado, que conservaba la religi6n, sostenianse mutuamente
y s6lo formaban una: estos dos poderes asociados y confundidos' formaban una fuerza
casi humana, a la que alma y cuerpo quedaban esclavizadas." Agrega dicho tratadista
que "Nada había en el hombre que fuese'"1indepcndiente. Su cuerpo pertenecía al Estado
y estaba consagrado a su defensa.'" (La Ciudad Antigua. Edición 1908. Pág. 307.)
« DE VEDIA y MITRE, MARIANO, Historia de las Ideas Políticas. Tomo 1, pág. 15.

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 65
feriares dentro de la polis; la tercera clase social estaba compuesta por los
zeugitas, entre quienes se reclutaban los soldados; y por último, eran los tetes
los que componian la clase social más baja en Atenas, habiendo estado
privados de derechos políticos.
El régimen plutocrático de Atenas, que substituy6, según dijimos, a la
primitiva aristocracia, fue evolucionando hacia el sistema democrático directo,
cuya implantaci6n se consuma dehnitivamente bajo el gobierno de
Pericles y durante el cual culminó el esplendor político y cultural ateniense.
Una de las conquistas logradas fue la consistente en el establecimiento de
la isonomla o igualdad ante la ley. Además, se implant6 una especie de "garantía
de legalidad", implicada en la circunstancia de que todo acle público
y toda norma legal deberían estar de acuerdo con la costumbre jurídica.
De esta guisa, se crearon importantes funcionarios que recibían el nombre
de nomotetas o "guardianes de las leyes", y cuya primordial misi6n estribaba
en impugnar ante la asamblea las normas legales inadecuadas. o impertinentes.
Merced a la gestión impugnativa de los "nornotetas", las asamblcas
de ciudadanos revisaban sus propias leyes con el objeto de constatar
lo que suele llamarse su "causa final", es decir, su idoneidad desde el punto
de vista social, económico o político en aras de los intereses de Atenas.
Sin embargo, fuera de ese control o equilibrio ejercido por la asamblea
ateniense, que era el 6rgano supremo del Estado, no existía dentro del régimcn
jurídico de la luminosa polis griega ninguna instituci6n que hubiese
establecido derechos en favor del gobernado frente al gobernante, circunstancia
que no fue sino la consecuencia de la concepci6n política dominante
de la época, en el sentido de que s610 a través de la organizaci6n estatal
el individuo encontraba su verdadera perfecci6n, por lo que el poder del
Estado no tenia límites, pudiendo inclusive injerirse hasta en los detalles
más nimios de la vida privada.
En resumen, cI individuo como gobernado no era titular de ningún derecho
frente al poder público, o sea, en las llamadas relaciones de supra a
subordinaci6n o de gnbierno propiamente dichas. Su personalidad como
hombre se diluía dentro de la polis. S610 valía o tenía alguna significaci6n
en la medida en que, como ciudadano, intervenía en la actividad estatal
como miembro de los diferentes órganos de gobierno, tales como las asambleas
y los tribunales. En Atenas, el pueblo (demos) lo era todo. A él incumbia
la e1aboraci6n de las leyes y la administraci6n de justicia, misma
que impartiaconstituyéndose en el célebre tribunal de los heliastas. El signo
transpcrsonalista y estatista que caracteriz6 al régimen jurídico-politice de
Atenas y, en general, de las demás ciudades griegas, trajo como consecuencia
la minimizaci6n de la persona humana como tal, esto es, en su calidad
de gobernado; y si el ateniense pudo escalar las más alta. cúspides del pensamiento
y de la expresi6n artística y cultural, fue debido a la actitud de
tolerancia y de respeto extrajurídicos que los g-obernantes asumianfrcnte

66 LAS GARANTiAS INDIVIDUALES
a la libertad natura! del hombre, que no se erigió a la categoría de derecho
público subjetivo. '
Los sofistas reaccionaron contra estas concepciones. Afirmando que "el
hombre es la medida de todas las cosas" y que, por ende, ninguna verdad
o supuesta verdad tiene validez universal, puesto que su sentido depende
de cada sujet?, llegaron a presuponer a la anarquía como la situación natural
del individuo. Por tal motivo, no se ocuparon de la cuestión relativa
a los derechos del hombre o garantías individuales como prerrogativas jurídicas
de éste frente a la autoridad estatal, ya que para ellos ésta no deberla
existir, aun cuando, ante la realidad que vivían, explicaban al Estado como
el fruto de un pacto socia!, sin que esta explicación significara la justificación
de su existencia.
Para apoyar su tesis anarquista, los sofistas, a través de las ideas de Hippías
y Alcidamas, sostenían la existencia de los derechos del hombre, pero
no a título de prerrogativas que el gobernado dentro del Estado o polis debiera
tener frente a la autoridad, como ya sc dijo, sino reputándolos como
elementos inseparables de la persona humana en un estado de naturaleza,
en que nadie está supeditado a nadie y en que todos son libres e iguales,
situación que significa para los discípulos de H erádiio el ideal de la humanidad
que se alcanzarla al suprimir la organización estatal."
S6crates impugnó las ideas sofistas, aun cuando su pensamiento coincidía
en muchos aspectos con el contenido de éstas. Estimaba que el hombre
había nacido en un plano de igualdad con sus semejantes; proclamó el
principio de la racionalidad en todos los actos de la vida individual y pública,
llegando hasta sostener que el gobernado debía obedecer los imperativos
de su razón con preferencia a las leyes positivas estatales injustas e irracionales,
pretendiendo que toda la actuación humana, social o particular, se
sujetase a una norma ética de validez universal. Para Sócrates, la razón
era el factor omnideterminante de la vida, por lo que es dable presumir,
de acuerdo con su .pensamiento, que el gobernado deberla tener todas aquellas
prerrogativas que estuvieren fundadas racionalmente frente a las arbitrariedades
y despotismos de la autoridad del Estado.
Si bien es verdad que Platón siguió en términos generales los lineamientos
de la doctrina de su maestro Sócrates, en muchos puntos las ideas
de ambos discrepan profundamente, en especial por lo que concierne a la
situación del individuo como gobernado frente a las autoridades. En efecto,
Platón justificaba la desigualdad social, propugnando la sumisión de los
mediocres respecto de los mejores, a quienes debía encomendarse la dirección
del Estado. En estas condiciones, se puede fácilmente concluir que en
la doctrina platónica estaban proscritas las ideas de derechos del individuo
frente a! poder público, pU,esto que éste se suponia desempeñado por personas
capacitadas intelectual y culturalmente, a las cuales el gobernado de-
46 ENRIQUE ROMMEN, Derecho Natural, ed. 1950, pág. 18.

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 67
bia sumisión. Platón llegaba hasta el extremo, en s'el concepclOn ideal del
Estado, de considerar a éste como la realidad non plus ultra que debía absorber
toda la actividad individual. Fue por esto por lo que la te;'ría platónica
en materia política proponía la abolición de la propiedad privada
y de los lazos familiares para asegurar la unidad orgánica del Estado.
Arist6teles, discípulo del anterior, no obstante que en lineamientos generales
adopta la teoría política de su maestro, se muestra liberal, por asi
decirlo, en cuanto al problema de la situación del individuo frente al poder
público. Según el estagirita, para que el hombre pueda alcanzar un
grado de perfección, que' no se lograba tuera de la convivencia social, era
menester gozar de cierto radio de libertad, el cual implicaba, correlativamente,
ciertas limitaciones al poder estatal. Sin embargo, a esa esfera de
libertad individual, Aristóteles no la colocaba en el rango de derecho público
del gobernado, oponible obligatoriamente al Estado; según la tesis aristotélica
sobre el particular, las autoridades deberian asumir el papel de
tolerancia o consenso frente a una determinada actividad libre del ciudadano,
pero nunca se deberían ver obligadas a respetarla como si se tratara
de un verdadero derecho. Por lo que ve a la igualdad, Aristóteles la proscribia
al justificar la esclavitud y la existencia de clases sociales completamente
diversas, en vista de lo cual es inconcuso que en la doctrina política
del ilustre estagirita no podemos vislumbrar ninguna concepción respecto
a los derechos públicos individuales ni, consiguientemente, por lo que concierne
a ningún medio jurídico de protección a los mismos."
No obstante, ello no implica que para Aristóteles no existiera una le}
natural anterior a las leyes positivas de la polis, ya que para él éstas deberían
corresponder a la "justicia" quc deberia integrar su contenido. De ahí
que, cuando no existiese esa correspondencia, incumbía al juzgador, mediante
la equidad, resolver en justicia cualquier caso concre.to que se presentase.
Sin embargo, las ideas de Aristóteles sobre la supervivencia de una
ley natural sobre las leyes positivas, deben sólo considerarse como un pensamiento
tímido quc cede a la concepción vigorosa de la polis, considerada
por el estagirita, siguiendo a su maestro Platón, como el estado en que el
individuo encuentra su perfección, de lo que concluye Rommen que, contra
la polis, según las ideas aristotélicas, "no podía prevalecer, propiamente
hablando, ningún derecho natural subjetivo del ciudadano"."
41 Es evidente que Aristóteles, al preconizar la existencia de diferentes clases sociales
dentro del Estado. combatió la "isonomla", es decir, la mera igualdad te6rica ante
la ley. Conforme al pensamiento aristotélico, la verdadera igualdad consiste en el tratamiento
"igual para los iguales" y "desigual para los desiguales". pues sólo así puede obtenerse
el equilibrio social. es decir, la justicia. Por consiguiente, ésta, según las ideas del
célebre estagirita. únicamente se consigue por la.s leyes positivas si el legislador atiende, al
elaborarlas. a las desigualdades reales existentes, adoptando las medidas idóneas para establecer
entre ellas la armonía, que no es sino el supuesto ineludible de la paz pública
y de la felicidad de los pueblos.
48 ROMMEN, op. cit .• pág. 27.

68 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
IV. ROMA
En Roma, la situación del individuo y, por ende, de su libertad como
derecho exigible y oponible al poder público,· era parecida a la que privaba
en Grecia. Bien es verdad que el civis romanus tenia como elemento de su
personalidad juridica el status libertatis, pero esta libertad se refería a sus
relaciones civiles y políticas, ya que, repetimos, no' se concebía como un de;
recho intocable y recognoscible por el orden jurídico. El status libertatis
más bien se reputaba como una cualidad en oposición a la condición del
senrus, o sea, como una facultad de actuar y comportarse pqr propia voluntad
y determinación. Además, puede afirmarse que la libertad en el régimen
romano 'estaba reservada a cierta categoría de personas, como el
pater-familias, quien gozaba de amplio poder sobre los miembros de su
familia y sobre los esclavos.
En las relaciones de derecho privado, el ciudadano, romano estaba plenamente
garantizado como individuo, al grado que el Derecho Civil en
Roma alcanzó tal perfección, que aún hoy en día constituye la base jurídica
de gran parte de las legislaciones, principalmente en los pueblos de extraeción
latina. Análogamente a lo que sucedía en Grecia, el romano, el homo
liber, disfrutaba también del derecho de votar y ser votado, de la facultad
de intervenir en la vida pública, integrando los órganos de autoridad y
teniendo injerencia en Su funciónamiento. Por esto, en el Derecho R¿mano
tanto la libertad civil como la libertad politica alcanzaron gran incremento,
mas en el campo de las relaciones entre el poder público y el ciudadano
romano, no como depositario de una cierta actividad política, sino como
mero particular, como simple individuo, la libertad humana como derecho
público era desconocida.
En síntesis, la libertad del hombre como tal, conceptuada como un derecho
público individual inherente a la personalidad humana, oponible al
Estado en sus diversas manifestaciones y derivaciones no existía en Roma,
pues se disfrutaba como un hecho, sin consagración jurídica alguna, respetable
y respetada sólo en las relaciones de derecho privado y como facultad
de índole politíca,
La única garantía del pueblo frente a las arbitrariedades posibles de la
autoridad radicaba en la acusación del funcionario cuando expiraba el término
de su cargo, lo cual de ninguna manera implicaba un derecho
público individual, pues éste es un obstáculo juridico, cuyo titular es el gobernado,
frente al poder público, que siempre tiene que respetarlo, mientras
que la mencionada acusación era el acto inicial de una especie de juicio
de responsabilidad iniciado en contra de la persona flsica que encarnaba
a la autoridad y nunca un dique a la actividad de ésta, la cual, en dicha
hipótesis, se presumía ya desplegada. Además, el juicio de responsabilidad
tiene como finalidad esencial sancionar al funcionario público y nunca im-

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 69
plica una verdadera protección del gobernado frente al gobernante, como
es la garantía individual.
Independientemente de que, según acabamos de indicar, la libertad en
Roma, como atributo esencial del estatuto personal, era de carácter civil
y político, sin registrarse como contenido de un verdadero derecho público
subjetivo, la desigualdad jurídica fue lo que peculiariz6 al derecho público
romano durante las tres etapas hist6ricas de este gran pueblo.
Durante la época de los reyes, la población de los hombres libres se
dividia en dos primordiales clases sociales: .la de los patricios y la de los
plebeyos. Aquéllos gozaban en plenitud de su libertad civil y política; éstos,
en cambio, estaban privados del disfrute de la segunda. Las funciones del
Estado romano se depositaron durante cl periodo de los reyes en tres cuerpos
políticos que eran el pueblo, constituido exclusivamente por los patricios,
el senado, que era un órgano aristocrático y el rey. Entre dichos cuerpos
políticos no existía una verdadera diferenciaci6n funcional, pues las actividades
gubernativas de cada uno de ellos se interferían.
La célula primaria de la clase patricia era la familia, cuyos miembros
componentes estaban colocados ,bajo la autoridad omnímoda y hasta despótica
del patero Éste era el único libre e independiente (sui juris) y su
poder era tan monstruosamente ilimitado, que podía, inclusive, privar de
la vida no sólo a sus esclavos sino a sus hijos. Ante esta situación, es inconcuso
que dentro del sistema del jus quiritum, rigorista y esencialmente formalista,
que reconocía esa tremenda potestad al paterfamilias, no es posible
hablar siquiera de derechos de la persona humana oponibles a una
verdadera autoridad que sc depositaba en el jefe de la familia patricia,
Como basc de la organización social de Roma en la época monárquica.
La ciudadanía en Roma estaba constituida exclusivamente por los patricios
que componían el gmpo político en quien residía el gobierno del
Estado, formando una porción minoritaria de la población, En situación
de inferioridad se encontraban numerosos sectores humanos integrados por
los vencidos, los extranjeros, los libertos y los clientes de familias patricias
extinguidas. Todos ellos eran la plebe (plebs) y sus individuos estaban proscritos
de los derechos civiles y políticos, sin poder unirse matrimonialmente
a los patricios, aunque frecuentemente eran utilizados como soldados, como
sucedi6 bajo el gobierno de Servio Tulio.
En la República romana, los plebeyos lograron mejorar su situación
política dentro del Estado, conquistando ciertos derechos y prerrogativas
que antes estaban reservadas a los patricios." De esta manera, la plebe ya
49 Es bien conocida la lucha' de clases emprendida por la plebe contra los patricios, y
cuyo hecho más sobresaliente consistió en el retiro de los plebeyos armados al Monte Sacro
en actitud hostil, ante la cual el Senado les envió al célebre Menenio Agrippa, quien, vatiéndase
de la metáfora de lilas miembros y el estómago", demostró que los patricios y
plebeyos componían un solo organismo en la sociedad romana Con tareas y funciones específicas
pero coordinadas que en concurrencia lo mantenían vivo y actuante.

70 LAS 'GARANTÍAS INDIVIDUALES
pudo participar en las funciones gubernativas, puesto que podía concurrir
a las asambleas populares y oponeroe a las leyes que afectaran sus intereses
a través de un funcíonario denominado tribunus plebis. La Ley de las Doce
Tablas, expedida durante la época republicana, consagró algunos principios
muy importantes que significaron una especie de seguridad jurídica
de los gobernados frente al poder público. Así, la Tabla IX consignó el
demento generalidad como esencial de toda ley, prohibiendo que ésta se
contrajese a un individuo en particular. Esta prohibición significa e! antecedente
jurídico romana del postulado constitucional moderno que veda que
todo hombre sea juzgado por leyes privativas. Además, y en la propia Ta- '
bla, se estableció una garantía competencial, en e! sentido de que los comicios
por centurias eran los únicos que tenían la facultad de dictar decisiones
que implicasen la pérdida de la vida, de la libertad y de los derechos
de! ciudadano.
Las instituciones juridicas romanas, al menos en lo que concierne al derecho
público, y que alcanzaron su plenitud durante la república, sufrieron
una notoria decadencia en la época de los emperadores. Al emperador se
le divinizó; el pueblo degeneró en una muchedumbre indolente, que contemplaba
impasible los desmanes y las arbitrariedades de! césar; e! senado
se convirti6 en un órgano incondicional de éste y la preponderancia política
recay6 en las manos de los militares' que, con la fuerza de las armas y la
violencia, deponían a su capricho al jefe del Estado. Por tanto, si durante
la etapa republicana se puede vislumbrar un intento vago y tímido para
asegurar la situación del gobernado, según se advierte en la Ley de las Doce
Tablas, en el periodo imperial y hasta antes de la adopci6n del cristianismo
por e! emperador Constantino, el gobernado, independientemente de
la clase social a la que hubiese pertenecido, qued6 a merced del poder público,
personalizado en el César, cuya investidura, haciéndose ficticiamente
derivar de los designios de los dioses, se apoyaba en la soldadesca.
Durante toda su historia, los romanos hicieron siempre una radical distinci6n
jurídica y política entre el civis o ciudadano y el que no tenía esta
calidad, a pesar de ser hombre libre. Dentro de los no ciudadanos se contaban
los peregrinos, los enemigos y los bárbaros. Si bien ninguno de estos
tres tipos era reputado como esclavo, tampoco gozaba, por el contrario, de
libertad civil ni de libertad politica, como substratum de un derecho subjetivo.
El peregrino era el extranjero radicado dentro de los confines del
Estad" romano, sin gozar de ninguna prerrogativa política ni civil. Su
discriminación de la vida pública de Roma llegó a tal extremo, que los tribunales
ordinarios estaban impedidos para impartirle justicia, habiendo sido
necesaria la creación de un funcionario judicial especial que se encargara
de ventilar y dirimir los conflictos en que era parte (praetor peregnnus).
El enemigo (hostis) era el extranjero que aún no se había sometido a la
dominación romana; y el bárbaro era el sujeto que se hallaba fuera del

80
LAS GARANTÍAS- INDivmuALES ,
!
quíco absoluto, condenaba la tirania en sus aspectos brutales y totalmente
despóticos, al atemperar con máximas morales e! poder irrestricto del rey.
Las demás Partidas regulan cuestiones de derecho procesal; cívíly penal,
cuya refereucia rebasa los límites propios de! presente libro, por lo que omitimos
su tratamiento.
A pesar del designio real para que las Siete Partidas ímplicasen un cuerpo
dispositivo unificador de! derecho estatutario español derramado en difercntes
ordenamientos, lo cierto fue que subsistió la diversidad de cuerpos
legales multiplicada por infinidad de fueros generales, provinciales y municipales.
En e! decurso de la vida jurídica de España y hajo la idea de
establecer una unidad legislativa, en diferentes épocas se expidieron diversos
ordenamientos, tales como e! Espéculo (considerado por el mismo rey
don Alfonso el Sabio como el "espejo de todos los dercchos'ó[, y las Ordenanzas
Reales de Castilla, que fue una especie de compilación de varias
leyes dispersas o contenidas en los antiguos códigos, como e! Fuero Real, las
Leyes de Estilo y el Ordenamiento de Alcalá, formulada por e! jurisconsulto
Alfonso Diaz de Montalvo y que en realidad no formó parte de! derecho
positivo español por no haber, obtenido la sanción real.
En el año de 1505 e! rey don Fernando e! Católico, después de! fallecimiento
de su consorte la reina Isabel, ordenó la publicación de las llamadas
Leyes de Toro, denominadas así porque se expidieron por las Cortes
celebradas en la villa de ese nombre. Sin embargo. no se logró la unificación
de la legislación española, habiendose urgido en el año ce 1523 al
emperador Carlos y para que procediese a la expedición de un ordenamiento
que se aplicasejridistintamente en todo e! reino y que concluyese la anarquía
que en el orden' legal existía. Años más tarde, y después de reiteradas
reclamaciones formuladas por las Cortes, se nombró a varios jurisconsultos
para que emprendiesen la tarea unificadora mediante la expedición de un
ordenamiento que viniese a resumir a los múltiples y variados cuerpos legales
dispersos, y fue así como en el año de 1567, bajo e! reinado de Felipe I1,
se publicó un importante código que se conoce con el nombre de Recopilacwn
de las Leyes de España, dividido en nueve libros. Dicha Recopilación,
según lo afirma Díaz y Mendoza," era incongruente, contradictoria y poco
práctica, pues su aplicación en la realidad ofrecía muchas dificultades. Fue
preciso que la autoridad real, a través de las consultas despachadas por su
Consejo, aclarase múltiples dudas y limase muchos inconvenientes que la
mencionada Recopilación presentaba al ser aplicada en la práctica; y e!
conjunto de todas esas consultas, a las que se dio e! nombre de Autos Acordados,
propiamente constituyó una especie de jurisprudencia explicativa de
diferentes disposiciones contenidas en e! citado código.
Esta situación subsistió en España hasta lilaS en que file promulgado
el ordenamiento denominado Novísima Recopilaci6n de Leyes .Be España
sa Códigos españoles, tomo VII. Introducción, por F.' de P. Dlaz y Mendoza.
!

\
SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 81
\
bajo el reinado de Carlos IV, implicando una regulación minuciosa y detaliada
de diferentes materias jurídicas, por lo que no se la puede considerar
exclusivamente como un código procesal, ni civil, ni penal, ni de comercio,
sino que Hes todo ello a la vez" ,69
En efecto, el ordenamiento a que acabamos de aludir, a través de sus
cinco tomos o partes, trata sobre la Santa Iglesia y sus derechos (tomo
primero); sobre el rey y su casa y corte, su jurisdicción por conducto del
Supremo Consejo de Castilla, Chancillerías y Audiencias (tomo segundo);
sobre los vasallos y los pueblos (tomo tercero); sobre las ciencias, artes y
oficios, comercio, moneda y minas (tomo cuarto) y sobre contratos, obligaciones,
testamentos, herencias, juicios civiles, delitos y juicios criminales
(tomo quinto).
La somera reseña que acerca de los principales ordenamientos que integraron
el derecho positivo español hemos brevemente delineado, nos conduce
a la conclusión de que en éste, hasta antes de la Constitución de Cádiz
de marzo de 1812, no se consagraron, a titulo de derechos subjetivos públicos,
las fundamentales potestades libertarias del gobernado frente al poder
público radicado en la persona del rey y emanado de su autoridad. En
otras palabras, si el súbdito carecia de un verdadero derecho oponible a
la actividad de las autoridades y si éstas, por tanto, no teman a SU cargo
obligaciones propiamente jurídicas en favor de los gobernados que les haya
impuesto alguno de los estatutos sucintamente comentados, es lógico inferir
que en los diferentes reinos que en el decurso del tiempo formaron el Estado
español, no descubrimos antecedentes históricos de nuestras garantías
individuales.
Sin embargo, no debe creerse que, por no haberse consagrado derechos
individuales públicos en beneficio del gobernado en los distintos ordenamientos
que hemos mencionado, el poder del monarca debiese ser tiránico
o despótico, pues, según afirmamos anteriormente, a pesar de que en ellos
se registra la institución de un régimen absoluto, el derecho natural, concebido
con un contenido ideológico cristiano, no dejaba de ser la norma
suprema que regia la actuación real. Tan es así, que en la Ley 31 del TItulo
18 de la Tercera Partida de don Alfonso el Sabio se disponía que "Contra
derecho natural non debe valer privillejo, nin carta de Emperador, rey nin
otro señor. E si la diere non debe valer", además de que, como se decía en
el Fuero Juzgo, sólo legitimaba al monarca su conducta conforme a derecho
y justicia. .
Pero independientemente de los códigos que hemos reseñado, el derecho
positivo español se localizaba en múltiples tueras o estatutos particulares que
. en los distintos reinos de la península ibérica y en diferentes épocas expedían
los reyes, tanto en favor de los nobles o "fijosdalgo" (fueros nobiliarios)
como en beneficio de los moradores de las villas o ciudades (fueros muni-
lHlldem.

\
srrUACIóN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 83
Los lineamientos generales de la Constitución de 1812 se conservaron
en la que se expidió en 1837, por lo que toca a la consagración de los derechos
individuales de todo español frente al poder público, así como en el
estatuto constitucional de 1845, cuya vigencia se vio suspendida por los sucesos
militares de 1854 a propósito de los pronunciamientos de los generales
Dulce y O'Donnell. En 1869 se promulgó una nueva Constitución, en cuyo
preámbulo se declara que el deseo de los constituyentes consiste en afianzar
la justicia, libertad, seguridad y propiedad, de cuantos vivan en España,
conteniendo en su articulado un verdadero catálogo de derechos.
Al surgir el movimiento republicano. en España en 1873, se elaboró un
proyecto de constitución que substituía el régimen monárquico implantado
y estructurado en los estatutos constitucionales anteriores por un sistema
político federal en el cual el Estado español asumía la forma de república,
Además de reiterarse en dicho proyecto la declaración de derechos individuales
implicada en la Constitución monárquica de 1869, se pretendió
proclamar la libertad religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado.
El mencionado proyecto, que nunca llegó a cristalizar en Constitución, fue
condenado por las tendencias monárquicas que lograron restaurar la dinastía
borbónica con Alfonso XII, habiendo expedido las Cortes en 1876 la
última Constitución monárquica española, en la que, al igual que en las
anteriores, se contiene una declaración de los derechos fundamentales de
los españoles. En lo que respecta a la libertad religiosa, el código político
de 1876 prescribía que "nadie sería molestado en territorio español 'por sus
opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto
debido a la moral cristiana" (art. 11).
Por último, en abril de 1931 se implanta el régimen republicano en
España mediante la Constitución de ese año, y en la que, además de contenerse
un catálogo de garantías individuales, se instituyen medios para su
protección y cuya referencia hacemos en nuestra ya citada obra." La mencionada
Constitución tuvo una vigencia efímera, como es bien sabido, en
atención al golpe de Estado que se produjo-en 1936 y a consecuencia del
cual se entronizó la dictadura franquista. El mismo Franco, con fecha 17
de julio de 1945, expidió un ordenamiento denominado "Fuero de los Españoles",
el cual fue modificado por la Ley Orgánica del Estado Español del
10 de enero de 1967. En dicho fuero se declararon distintos "derechos"
de los españoles, estando tan limitados," principalmente en lo que atañe a las
libertades del hombre, que en realidad sus limitaciones hacen nugatorio su
ejercicio.es bis
63 El Juicio de" A'mparo.
63 bis El deceso de Franco, ocurrido en noviembre de 1975, significó la remoción
del obstáculo para que España tratase de encauzar su vida dentro de las instituciones
constitucionales. Se ha observado, en efecto, una inusitada actividad de democratizaci6n
en la Madre Patria, traducida en la adopción de diferentes medidas gubernativas tendientes
a garantizar la libertad política de los españoles con independencia de su ideología

84 LAS GARANTÍAS
VII. INGLATERRA
/
i
J
JNDIVIDUALES
I
I
Es en Inglaterra donde la consagración normativa de la libertad humana y
su protección jurídica alcanzaron admirable grado de desarrollo. El régimen
juridico inglés lue evolucionando lentamente desde los más oscuros
origenes de los pueblos que habitaron la Gran Bretaña, como los anglos
y los sajones, y es fruto de sus costumbres y de su vida misma. El derecho
inglés es la consecuencia de largos años de gestación social, de la sucesión
incesante de fenómenos y hechos que fueron surgiendo dentro de la colectividad,
basados en el espíritu y temperamento anglosajones, que siempre
se distinguieron por ser amantes y defensores vehementes de la libertad del
pueblo británico.
Como efecto paulatino de la costumbre social, de la práctica constante
de la libertad, de los acontecimientos históricos en los cuales se revelaron
los intentos de defensa de los derechos fundamentales del inglés, surgió la
constitución inglesa, no como un cuerpo conciso, unitario y escrito de preceptos
y disposiciones legales, sino como un conjunto normativo consuetudinario,
implicado en diversas legislaciones aisladas y en la práctica juridica
realizada por los tribunales. Podemos decir que es Inglaterra el Estado tipico
dotado de una constitución en el sentido lógico-formal del concepto, o sea,
como agrupación preceptiva creada y consolidada por la costumbre social,
fundamentada en la idiosincrasia popular y que no tiene como antecedente
ninguna norma legal, sino que se produce _espontáneamente. Por eso, don
Emilio Rabasa ha dicho que la constitución inglesa es el prototipo de la constituci6n
espontánea, a diferencia de la impuesta que no surge espontáneamente
de la costumbre jurídico-social, sino que su obligatoriedad depende
de un acto legislativo.
Pues bien, la consagración y protección jurídica en Inglaterra de la libertad,
no aparecieron en forma súbita, repentina, como producto de un
estudio teórico previo, como efecto de un proceso de imitación, sino que
a través de varios acontecimientos históricos se fueron gestando y reafirmando.
Como sucedía por lo general en las primeras épocas de la Edad
Media, prevalecía el régimen de la uindicta privata en los comienzos de la
sociedad inglesa. Sin embargo, con posterioridad se introdujeron limitaciones
a esa práctica social, considerándose que en determinados periodos no
personal. El proceso de democratización culminó con la implantación de la Constitución
monárquica española, aprobada por el referéndum popular que se efectuó en
diciembre de 1978. En este ordenamiento se declaran las diversas garantías en favor
de los españoles y de los gobernados en general, según se advierte de su Capítulo JI
que se denomina "De las Libertades Públicas". en cuyo articulado se prevén diferentes
potestades libertarias, tales como la expresión de pensamiento, la de reunión y asociación,
así como la de igualdad jurídica y la de seguridad en el derecho. Como no abrigamos la
intenci6n de comentar dicha Constitución ni de analizar los derechos públicos subjetivos
que consagra, nos Jimitamos simplemente a mencionar los primordiales.

\
SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 85
podía ejercerse violencia alguna, en aras del rey, quien paulatinamente fue
instituyendo nuevas prohibiciones a su ejercicio. El conjunto de estas restricciones
recibía el nombre de "la paz del rey", que, como dice Rabasa,
"comenzó por limitarse al respeto de su residencia o su presencia y fue
extendiéndose poco a poco a las cosas reales como los caminos públicos, a
la ciudad, a distritos señalados, etc.". En esta forma cl régimen de la venganza
privada fue extinguiéndose paulatinamente y las violencias en que
se traducía fueron desapareciendo con el tiempo. Así se crearon los primeros
tribunales que eran el "Witan" o consejo de nobles, el tribunal del
Condado y el Consejo de los Cien, que se concretaban a vigilar cl desarrollo
de las ordalias o juicios de Dios. Con posterioridad, y en vista de la im­
'posibilidad material del monarca para impartir justicia en todos los lugares
del reino, se estableció lo que se llamó la "Curia Regis" o Corte del Rey,
con atribuciones varias, que éste le había delegado. En esta forma, los diversos
tribunales de los distintos pueblos que habitaban Inglaterra fueron
sometiéndose a la autoridad judicial central, quien respetó siempre sus costumbres
y tradiciones jurídicas, aunque después éstas tuvieron que ceder.
Así, en toda Inglaterra se fue extendiendo lo que se llamó el common lato,
que fue y es un conjunto normativo consuetudinario, enriquecido y complementado
por las resoluciones judiciales de los tribunales ingleses, y en
particular por la Corte del Rey, las cuales constituyeron, a su vez, precedentes
obligatorios no escritos para casos sucesivos." .En otras palabras, y
como afirma Blackstone, el common law o derecho no escrito, "se encuentra
en el hecho de que su institución original y autoridad primitiva no revistieron
forma escrita, como las leyes del Parlamento, sino que su poder obligatorio
y su fuerza legal devinieron a través de usos inmemoriales y prolongados
·en el Reino";"
A! decir de Rabasa, el common lato, o derecho común en Inglaterra,
"se formó y desenvolvió sobre dos principios capitales: la seguridad personal
y la propiedad". Sus normas se extendieron y se impusieron a la autoridad
real, quien debía acatarlas, por lo que de esta guisa la libertad y propiedad
en Inglaterra se erigieron .ya en derechos individuales públicos, oponibles
al poder de las autoridades, o, como asienta Rabasa, "el common law se
impuso en la conducta de la vida pública, marcando un límite a la autoridad
real que no podía traspasarlo sin provocar rebeldia y hostilidad". En
conclusión, podemos decir que en Inglaterra existía, a virtud del common
lato, una supremacía consuetudinaria respecto del poder del monarca y en
64 La obligatoriedad de los precedentes judiciales "resulta del principio conocido con
el nombre de slare decisis, conforme con el cual los jueces deben resolver sus casos de
acuerdo con 10 decidido por jueces de la misma jurisdicción, de mayor o igual jerarquía
judicial, en casos previos de naturaleza similar". (Julio Cueto Rúa. El Common Laxu,
págs, 31 y 32.)
55 Commentaries on the Laws 01 Engl,!-nd. Tomo I, página 66. Citado en la obra
señalada en la nota anterior.
,

86 LAS GARANTÍAs INDMOUALES
general de cualquiera autoridad inferior, cuyo contenido eran la seguridad
personal y la propiedad.
Sin embargo, la costumbre jurídica, interpretada y definida por los tribunales,
es decir, el common law, en varias ocasiones se vio contravenida
por el rey, quien confiando en su autoridad, se Creyó lo suficientemente
poderoso para sustraerse a sus imperativos. La resistencia real a los mandatos
del derecho consuetudinario y la consiguiente oposición a las resoluciones
judiciales provocaron en Inglaterra no pocas conmociones, que sirvieron
para que el pueblo obtuviera nuevos triunfos sobre el monarca, consolidando
así sus conquistas libertarias mediante "bills" o "cartas", que eran documentas
públicos obtenidos del rey, en los que se hacía constar los derechos·
fundamentales del individuo.
Así, a principios del siglo XIII los barones ingleses obligaron al rey Juan
Sin Tierra a firmar el documento político de los derechos y libertades en
Inglaterra y origen remoto de varias garantías constitucionales de diversos
países, principalmente de América. Nos referimos a la famosa Magna
Charla, "en cuyos setenta y nueve capítulos hay una abundante enumeración
de garantías prometidas a la Iglesia, a los barones, a los [reemen y a la
comunidad, todos Con el valor jurídico para el presente que corresponde
a fórmulas que se han transmutado en las libertades modernas; pero de
las cuales algunas sólo han modificado las palabras y viven en los principios
de las constituciones actuales".66
El precepto más importante de la Charta Magna inglesa es el marcado
con el número 46, que constituye un antecedente evidente de nuestros artículos
14 y 16 constitucionales y del artículo 5 de las reformas y adiciones
a la Constitución americana. Dicho artículo estaba redactado en latín y
decía textualmente: "Nullus liber homo capiatur vel imprisionetur, aut disseisietur
. " de liberatatibus vel de liberis consuctudinibus suis, aut ultragetur
aut aliquo modo destruatur; nee super eum ibimus, nee super eum
mittemus, nisi per legalem judieium parium suorum vel legem terrae, Nulli
uendemus, nulli negabimus aut differemus reetum aul juslitiam." En síntesis,
esta disposición contenía una verdadera garantía de legalidad, pues
establecía que ningún hombre libre podía ser arrestado, expulsado o privado
de sus propiedades, sino mediante juicio de sus pares y por las leyes de
la tierra. En efecto, el concepto de "ley de la tierra" equivalía al conjunto
dispositivo consuetudinario imperante en Inglaterra, es decir, al eommon
law, que, como ya dijimos, estaba fundamentado en una tendencia jurídica
de proteceión a la libertad y a la propiedad. La expresión, pues, de que
ningún hombre podria ser privado de su libertad y propiedades, sino de
acuerdo con la ley de la tierra, implicaba una garantía de legalidad en el
sentido de CJE.e dicha privación sólo podria efectuarse mediante una causa
66 R.ABASA, El Juicio Oonstituoíonal, pág. 86.

srruxcióx DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 87
jurídica suficiente permitida por el derecho consuetudinario. Pero, además, la
Charta Magna requería que la afectación a los derechos dc libertad y propiedad
individuales se realizara no sólo de conformidad con la les terree,
sino mediante juicio de los pares. Con esta idea, no sólo se otorgaba al hombre
la garantía de audiencia, por la que pudiera ser oído en defensa, sino
que se aseguraba también la legitimidad del tribunal que había de encargarse
del proceso, pues se estableció que no cualquier cuerpo judicial podría
tener tal incumbencia, sino precisamente los pares del interesado, es decir,
órganos jurisdiccionales instalados con anteríoridad al hecho de que se tratase.
Fue así como el articulo 46 de la Charta Magna inglesa reconoció
al hombre libre, al [reeman, la garantía de legalidad, de audiencia y de
legitimidad de los funcionarios o cuerpos judiciales, constituyendo un claro
antecedente de nuestros artículos 14 y 16, en especial del primero, cuyo
segundo párrafo expresa más pormenorizadamente las garantias insertas en
el precepto anglosajón, que inspiró asimismo la enmienda quinta a la Constitución
americana, la que englobó los términos legales de las mencionadas
garantías en la expresión "debido proceso legal" -due process of law-,
cuya generalidad, amplitud y vaguedad hacen a dicha disposición inferior
a la norma correspondiente de nuestro artículo 14 constitucional.
La Carta Magna inglesa no era una constitución dentro del concepto
moderno respectivo, puesto que, por una parte, no estructuró jurídica ni
políticamente a Inglaterra, y, por la otra, no se contrajo a establecer los
principios dogmáticos y orgánicos del Estado. El expresado documento,
como sucedía análogamente con los diversos ordenamientos que integraron
el derecho estatutario español, contenía la regulación sobre distintas materias
jurídicas, incluyendo entre ellas, según lo hemos afirmado, la concerniente
a la consagración o reconocimiento de las prerrogativas básicas del
súbdito inglés frente al poder público.
La mencionada Carta no significó un estatuto transitorio que sólo obligara
a Juan Sin Tierra, sino que este monarca, al jurar solemnemente su
obediencia, extendió su acatamiento obligatorio a sus sucesores en el trono, al
declarar que dicho cuerpo normativo quedaba confirmado "por nosotros
y nuestros herederos para siempre".
Mediante la Gran earta elaborada bajo el reinado de Enrique III y
confirmada por Eduardo 1, se reiteró la vigencia de la Carta Magna de
1215, reproduciéndose en sus preceptos las disposiciones de este último documento,
específicamente las que se referían a las garantías de audiencia
y de legalidad (capítulos I y XXIX).
A pesar de que por la expedición de diferentes estatutos jurídicos que
se incorporaron al derecho común inglés, la autoridad del monarca se fue
paulatinamente restringiendo y de que el parlamento iba concentrando mayores
facultades de gobierno, no faltaron sucesos políticos a través de los
cuales el rey cometía verdaderos desmanes en detrimento de sus gobernados,

88 LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
con patente infracción a los derechos consignados nonnativamente en favor
de ellos. Esta situación de facto originó diversas protestas de carácter pa.
cifico que se elevaron ante los soberanos arbitrarios; y entre ellas ocupa un
lugar destacado en la historia jurídica de Inglaterra la famosa Petiiion 01
Rights, redactada por el célebre sir Edward Coke. En este importante documento
se invocaron los estatutos y las normas del common law para solicitar
y exigir su respeto a Carlos 1, aludiéndose a diversas arbitrariedades cometidas
bajo su reinado en perjuicio de sus súbditos. La Petición de Derechos
significó una enérgica reclamación al rey por las violaciones y desmanes
cometidos, constriñéndolo a jurar que las arbitrariedades diversas que dieron
motivo a dicha exigencia, no volverían a realizarse. El rey, en respuesta a
dicha petición, manifestó que se hiciera justicia "según las leyes y costumbres
del reino; y que los estatutos se pongan en debida ejecución, para que
sus súbditos no' tengan motivo de quejarse de ningún agravio u operación,
en contra de sus justos derechos y libertades, a cuya conservación se considera
obligado en conciencia y como de su prerrogativa". 67
Lo que hizo asumir el carácter jurídico obligatorio a la famosa "Petición
de Derechos", fue la intervención del parlamento inglés haciéndola suya en
una exhortación que dirigió al rey cn junio de 1628 para que la cumpliera.
Fue así como la simple solicitud de que se confirmaran y respetaran los
derechos y libertades del pueblo inglés, se convirtió en una decisión parla.
mentaria, que vino a incorporarse al common lato, como un acto público
de refrendo a los estatutos normativos anteriores.
Cuando fueron exaltados al trono el prlncipe Guillermo de Orange
y la princesa María, después del movimiento revolucionario que derrocó a
Jacobo II, el parlamento impuso a los nuevos monarcas en 1639 un estatuto
que ampliaba las garantías individuales que ya se habían reconocido en
las legislaciones anteriores, insertando nuevas como la libertad de tribuna,
de portación de armas, etc., y que puede considerarse como el más corn­
,plelo de todos. El mencionado estatuto fue el célebre Bill 01 Rights, que en
"expresiones breves y vigorosas, declarando la ilegalidad de muchas prácticas
de la corona, prohíbe la suspensión y la dispensa de las leyes, los juicios
por comisión, las multas o fianzas excesivas, así como el mantenimiento
de ejércitos en tiempo de paz y la imposición de contribuciones sin permiso
del Parlamento; se reconoce, además, el derecho de petición al rey, el de
portación de armas, la libertad de tribuna en el Parlamento y la libertad
en la elección de los comunes't."
Por otra parte, no hay que pasar inadvertidas las ideas de Oliverio
Cromwell acerca de lo que debía repu_tarse como gobierno constitucional
67 FRANCISCO LtEBER,.La Libertad Civil. tomo I1 J pág. 208.
68 El Juicio CoñweUClOnat. pag. "tl/. Las" prmcipares ceciaracrones contenidas en el
mencionado documento eran las siguientes: El rey no podía suspender las leyes ni su ejecuci6n
sin el consentimiento del Parlamento; ilegalidad de los impuestos decretados por

srrUACIóN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 89
y que cristalizó en su célebre Instrument o{ Government, del año 1653, en
cuyo documento se instituy6 una especie de separación o divisi6n de poderes
para proscribir la arbitrariedad del poder público en beneficio. fundamentalmente
de los gobernados. El pensamiento de Cromwell, expresado no
sólo a través de dicho instrumento político, sino en sus fogosos discursos
parlamentarios, deja entrever claramente el principio de supremacía constitucional,
coincidiendo en este punto con las ideas del famoso juez inglés
sir Edward Coke, a quien debe considerarse como un precursor del chie]
justice John Marshall en lo tocante a la declaraci6n de dicho principio.
En resumen, la situaci6n jurídica del gobernado en Inglaterra se gest6
y se defini6 de manera espontánea y natural dentro de la vida evolutiva
del pueblo británico. La costumbre, como práctica social reiterada y constante,
fue suministrando los hechos que la prudente interpretaci6n de los tribunales
ingleses, a través del decurso de los años, convirti6 en normas de derecho,
inte:grando así el common lato, complementando en forma trascendental por
los diversos ordenamientos escritos a que hemos aludido y configurando lo
que se llama la constituci6n inglesa. El espiritu jurídico de los anglosajones
ha sido siempre más bien pragmático que te6rico o especulativo. De ahi
que las instituciones del derecho inglés no hayan obedecido a teorías o doctrinas,
como sucedi6 diversamente en Francia. Esta afirrnaci6n no significa
que en Inglaterra no hayan existido pensadores que hubiesen contribuido
al desarrollo del derecho político universal; pero la labor de esos pensadores,
dentro de la historia jurídica de Inglaterra, tuvo menos influencia que la
vida misma del pueblo en la estructuraci6n del derecho positivo, en especial
por lo que concierne a la definici6n y consolidación normativa de los derechos
del gobernado frente al poder estatal. Puede sostenerse, por tanto, que
las teorías de los juristas, polítícos y filósofos ingleses, como Juan Locke
principalmente, tuvieron mayor repercusión fuera de Inglaterra, pues este
pais estructurado secularmente en torno a un espiritu conservador y tradicional,
jamás fue ni ha sido campo propicio para las innovaciones súbitas
provenientes de doctrinas propugnadoras de reformas sociales inspiradas, las
más de las veces, en concepciones ideales o deontol6gicas, distantes o incompatibles
con la realidad.
VIII. FRANCIA
No obstante que ya se perfilaba el jus-naturalismo como corriente politica
para fijar las relaciones entre el poder público y los gobernados, en
la Corona; derecho de petición en favor de los súbditos; prohibición para "levantar y
mantener" ejércitos permanentes en tiempo de paz, a no ser con la autorización del Parlamento;
libertad de posesión de armas ; de expresión del pensamiento y de "hablar" en
el Parlamento; prohibición de exigir fianzas e imponer multas excesivas, así como de
infligir "penas crueles y desusadas".

90 LAS GARANrlAS INDIVIDUALES
el sentido de que aquél debe siempre respetar y consagrar en el orden juridico
las prerrogativas inherentes a la persona humana, como la libertad,
la propiedad, la seguridad juridica, etc., la realidad política presentó una
notable oposición al pensamiento teórico. El despotismo y la autocracia siguieron
imperando principalmente en Francia, cuyo régimen gubernamental
se cimentaba en un sistema teocrático, puesto que se consideraba que la
autoridad monárquica tenía su origen y fundamento en la voluntad divina,
por lo que se reputaba a aquélla como absoluta, esto es, sin ninguna limitaci6n
en Su ejercicio. Los reyes cometieron, bajo estas condiciones, arbitrariedades
sin fin, gravando inicuamente al pueblo con impuestos elevadisimos
para poder mantener el boato y subvenir a los gastos exorbitantes de la corte
real y de la podrida y degenerada nobleza, que contribuía a la extorsión
popular.
Ante esta triste realidad, surgen en Francia importantísimas corrientes
políticas en el siglo XVIII, las cuales pretendían proponer medidas y reformas
para acabar con el régimen absolutista, pugnando por el establecimiento
de sistemas o formas de gobierno más pertinentes y adecuadas para conjurar
el mal público. Así aparecen en el pensamiento político los fisiócratas, quienes
abogaban por un marcado abstencionismo del Estado en lo concerniente
a las relaciones sociales, las cuales debcrian entablarse y desarrollarse libremente,
sin la injcrencia oficial, obedeciendo al ejercicio de los derechos naturales
del gobernado (principio de "laissez faire-laissez passer"). Por su
parte, Voltaire, propugnando una monarquía ilustrada y tolerante, proclama
la igualdad de todos los hombres respecto a los derechos naturales de libertad,
propiedad y protección legal. Los enciclopedistas, principalmente con
Diderot y D'Alembert, pretendieron reconstruir teóncamente el mundo, saneándolo
de sus deficiencias, errores y degradaciones, pretensión en la que
pugnaban vehementemente por la consagración definitiva de los derechos
naturales del hombre. Esta -última cuestión apenas se vislumbra en la teoria
de 'Montesquieu, cuya finalidad especulativa fundamentalmente tiende a
elaborar un sistema de gobierno que garantizara la legalidad y descartara
la arbitrariedad o despotismo de las autoridades, habiendo formulado para
ello su famosa teoria de la división de poderes, dotando a cada uno de éstos
de atribuciones especificas y distintas de las que correspondiesen a los otros,
para el efecto de que imperase un régimen de frenos y contrapesos recíprocos,
Pero el pensador que sin duda alguna ejerció mayor influencia en las
tesis jurídico-políticas llevadas a la práctica por la Revolución francesa,
fue Rousseau con su famosa teoria del Contrato Social, que ya antes había
sido formulada por varios teóricos. Afirmaba Rousseau que el hombre en
un principio vivía en estado de naturaleza, es decir, que su actividad no
estaba limitada por ninguna norma, que desplegaba su libertad sin obstáculo
alguno; en una palabra, que disfrutaba de una completa felicidad
para cuya consecución, según dicho pensador, no operaba la razón, sino

92 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
narias, de corrientes te6rlcas, propias y ajenas, que encontraron en el pueblo
francés un amplio y propicio campo de desarrollo y realizaci6n, y cuya
precaria situaci6n contribuy6 no poco a ello. Fue así como el pueblo, enardecido
por la desgracia de la opresi6n, del favoritismo y de la iniquidad
ejercidos por el gobierno, rompi6 los moldes jurídicos y políticos de la Francia
absolutista, negativa de libertades, en completa incompatibilidad con
los anhelos populares de liberaci6n.
La libertad humana fue, en efecto, terriblemente mancillada por los gobiernos
monárquicos absolutistas. A través de 6rdenes secretas, denominadas
lettres de cachet, se sometia a prisi6n a los individuos sin expresarse la causa
o el motivo de su detenci6n, que se prolongaba indefinidamente sin intervenci6n
alguna de autoridad judicial. Este clima verdaderamente vejatorio
de uno de los más caros derechos del hombre, auspició que en la realidad
política de Francia fructificara la ideología revolucionaria que tendía a transformar
los arcaicos cimientos filosóficos sobre los que se erigía el sistema
absolutista, en que la actividad del Estado se identificaba con la voluntad
del monarca, a tal punto que Luis XIV, el rey sol, solía decir "el Estado
soy yo".68 bis
La Revoluci6n francesa se provoc6, consiguientemente, por la convergencia
de diferentes factores, a saber: el pensamiento filos6fico político del
siglo XVIII, el constitucionalismo norteamericano que se difundi6 en Francia
mediante la circulaci6n profusa de las constituciones particulares de los Estados
que forroaron la Uni6n Americana y de la Constituci6n federal, así
como la realidad política y social que acusaba tiranía, despotismo, arbitrariedad
y graves afrentas a la dignidad humana.
El documento más importante en que cristaliz6 el ideario de la Revoluci6n
francesa fue la famosa Declaraci6n de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano de 1789. Su expedici6n fue precedida de importantes sucesos
políticos que se desarrollaron desde la convocaci6n a los llamados estados
generales por el rey, hasta el juramento de la mencionada declaraci6n en
la Asamblea Nacional. No corresponde al tema del presente libro el estudio
de todos los acontecimientos histórico-políticos que antecedieron y dieron
forroa preceptiva al citado documento público. Bástenos recordar que en su
redacci6n y en su discusi6n tomaron parte activa los más egregios políticos
de Francia, contándose entre ellos a Mirabeau, a Robespierre, Mounier,
Torget, Lafayette, etc. Es importante subrayar algunos de los conceptos
08 bis "En Francia particularmente, dice Carpentíer, nadie ignora que las 'Iettres de
cachet', podían ser arbitrariamente expedidas bajo el antiguo régimen sin la intervención
de la autoridad judicial", agregando que esta circunstancia hizo decir a Malesherbes ante
el mismo rey Luis XVI que "Sire: ningún ciudadano en vuestro reyno está seguro de no
ver su libertad sacrificada a una venganza, porque nadie es demasiado grande para estar
al abrigo del odio de un ministro, ni demasiado pequeño para no ser susceptible del de
un simple comisionado de granjas" (Repertoire de Droít Francais, tomo XXVI, pág. 438).
Es curioso observar, por otra parte, que ni el mismo Voltaire estuvo exento de ser víctima
de la arbitrariedad real instrumentada en las "Iettres de .....cachet". Así, dicho célebre persa-

94 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
orígenes de la historia de este memorable documento. Comienza por negar la
opinión vulgarmente admitida como cierta... según la cual la Declaración se
basa en los principios de Juan J. Rousseau. Su argumentación puede condensarse
en los siguientes términos: 'El contrato social se reduce a una sola cláusula,
a saber: la alienación completa de todos los derechos del individuo a la
comunidad.' El individuo no conserva para sí un solo átomo de derechos a
partir del momento en que entra en el Estado. Todos los derechos que el individuo
de hecho tiene) los recibe de la voluntad general que determina sus
límites, pero no debe ni puede ser restringida por ningún poder; ni la propiedad
pertenece al individuo si no es por virtud de una concesión del Estado, el
contrato social hace al Estado señor de todos los bienes de sus miembros, que
continúan poseyéndolos solamente 'como depositarios del bien público'. La
libertad cívica consiste simplemente en lo que queda al individuo después de
la determinación de sus deberes cívicos. S610 la ley puede dictar estos deberes;
según el Contrato Social, las leyes deben ser iguales para todos los ciudadanos;
éste es para el poder soberano, que lleva en sí mismo sus garantías, el único
límite, límite que brota de su propia naturaleza. La concepción de un estado
original que el hombre transportara a la sociedad y que se presentara como
una limitación jurídica del soberano es expresamente rechazada por Rousseau.
'11 n'a pas de loi fondamentale qui puisse lier la communauté, pas mérne le
contrat social.' Ahora bien, como la Declaración de Derechos pretende trazar
entre el Estado y los individuos, la línea de demarcación eterna que el legislador
debe tener siempre ante los ojos como límite que, una vez por todas, le es
impuesto por los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, es evidente
que las teorías de Rousseau, lejos de ser la base, son contrarias a la Declaración
de los Derechos del Hombre. Esta argumentación es perfectamente
exacta. La idea de Rousseau es la misma que la de Napoleón y la de Luis XIV:
la omnipotencia del Estado; en tanto que la Declaración de Derechos no es
otra cosa que la consagración del más absoluto individualismo. En ella el Estado
apenas se deja ver. Rousseau prestó a la Dectaracron ciertas fónnulas de
dicción, ejerció alguna influencia sobre el estilo del documento; pero los orígenes
de éste, según jellinek, hay que irlos a buscar en la revoluci6n americana.
Sin duda el documento francés no es más que la traducción de las decleraciones
de los varios Estados que forman la Unión Americana, y particularmente
del Estado de Virginia. Basa su argumentación el distinguido publicista alemán
en la similitud de las declaraciones americanas y francesas, en la circunstancia
de haber sido el general Lafayelle quien, en la Asamblea Constituyente propuso
la anexión de tal documento a la Constitución francesa. Pero el ilustre
profesor parece no tener en cuenta que antes de la proposición de Lafayette
existía ya un proyecto de Constitución y un dictamen de Mounier sobre él. En
este dictamen se decía: 'Para los derechos del hombre y que los proteja evidentemente.'
La verdad es que entre las dos grandes revoluciones existió una
considerable conexi6n, un cambio constante y recíproco de ideas y de principios.
De la misma manera que la proyección de la luz sobre un mismo cuerpo
en lugares opuestos produce inmediatamente por el cruzamiento de los rayos
luminosos dos siluetas, cada una de las cuales se encuentra colocada al lado
opuesto al foco de que depende, así la corriente filosófica europea y el adrnirable
adelanto político del pueblo americano pudieron crear recíprocamente
la Revolución americana y la Revolución francesa: las dos grandes revoluciones
no vinieron a ser otra cosa que siluetas magnificas del alma humana que se
producían bajo la reflexión de la luz vivísima que el pensamiento europeo y
el progreso político del pueblo americano arrojaban a torrentes sobre los de-

96 LAS GARANriAS INDMDUALES
Jamás se tuvo conciencia de una manera tan clara del nacimiento de un mundo
nuevo; para ello la Declaración era el programa necesario." 6'9 bll
La Declaración de 1789 instituyó la democracia como sistema de gobierno,
afirmando que el origen del poder público y su fundamenta! sustrato
es el pueblo o, para emplear su propio lenguaje, la nación, en la que se
depositó la soberanía. Así, el articulo 3' establecía: "El principio de toda
soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo o corporación
puede ejercitar autoridad que no emane expresamente de ella", precepto
que posteriormente inspiró sobre este punto a la mayor parte de las
constituciones universales. La democracia siempre supone la igualdad jurídica
y politica de los gobernados, por lo que el articulo 6' se referia a
dicho elemento a! disponer: "La leyes la expresión de la voluntad general.
Todos los ciudadanos tienen derecho de concurrir a su formación personalmente
o por representantes. Debe ser la misma para todos, sea que proteja
o sea que castigue. Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son
igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos o empleos públicos,
según su capacidad, sin otra distinción que la de su virtud o su talento."
Además, la Declaración francesa de 1789 contenía un principio netamente
individualista y liberal. Individualista, porque consideraba al individuo
como el objeto esencial y único de lit protección del Estado y de sus instituciones
juridicas, a tal grado de no permitir la existencia de entidades
sociales intermedias entre él y los gobernados particulares. A este propósito,
establecía el articulo 2' lo siguiente. que revela una concepción notablemente
jus-naturalista: "El objeto de toda asociación política es la conservación
de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos
son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión"
que es semejante, en cuanto' al principio en él involucrado, a!. primer
precepto de nuestra Constitución de 1857, que dice: "El pueblo mexicano
reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones
sociales."
Consagraba también la Declaración francesa el principio liberal, porque
vedaba al Estado toda injerencia en las relaciones entre particulares que no
tuviese por objeto evitar que el libre desarrollo de la actividad individua!
perjudicara o dañara los intereses de otro u otros individuos, concibiendo a
aquél como un mero policia, acerca de cuyo régimen ha hecho Duguit severas
y justificadas criticas. A este respecto, decia el articulo 4' de la Declaración:
"La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no dañe a
otro; por lo tanto, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre
no tiene más limites que aquéllos que aseguren a los demás miembros de
la sociedad el goce de los mismos derecbos. Estos límites no I pueden ser
69 bis Drois Constitutíonneí el Institutions Potiüques. Decimaséptima edición lS76,
páginas 287 y 288.

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 97
consignados más que por la ley." En síntesis, desde el punto de vista estrictamente
jurídico-pelítico, la Declaración francesa de 1789 contenía eri sus
diversos preceptos los siguientes principios: democrático, individualista y liberal,
basados estos dos últimos en una concepción netamente jus-naturalista.
La doctrina de la existencia de los derechos naturales imprescriptibles
e inalienables del ser humano encontró acogida en la tesis de Kant y Fichte,
quienes, aunque contrayendo su pensamiento fundamental a cuestiones meramente
filosóficas, en el aspecto de la ciencia política afirmaban que el
Estado debería respetar los derechos substanciales del sujeto, otorgando a
éste su protección en el caso de que se viesen vulnerados y absteniéndose de
intervenir en todas aquellas relaciones de los gobernados que no impertasen
esa vulneración, consideración que corresponde a una pestura netamente
individualista y liberal.
El sistema de mención y definición Icgal y eserita de los derechos del
hombre instituido en la Declaración francesa de 1789, fue adoptado por
casi la totalidad de los países de Occidente, principalmente per México, desde
que nació a la vida jurídica como Estado independiente, a través de los
diversos cuerpos constitucionales que rigieron en nuestro país. Asimismo, la
posición individualista y liberal que adoptó el Estado mexicano en algunos
ordenamientos fundamentales, principalmente en la Constitución de 1857,
tiene su origen en dicha Declaración, posición que implicaba que el fin del
Estado estribaba en proteger al individuo en el goce y disfrute de los derechos
connaturales a su personalidad y en abstenerse de tener injerencia en
las relaciones entre los gobernados en caso de no impedir o remediar un
conflicto de intereses particulares.
Por lo que concierne a las garantías o derechos fundamentales del individuo,
la Declaración francesa proclamaba como principales los siguientes:
la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión [art. 2 9 ) ,
y como derivados, aquéllos que se refieren a la materia penal y que son análogos
a los contenidos en los artículos 19, 20 y 21 de nuestra Constitución
consignados en los preceptos 7 9 , 8 9 Y 9 9 , que decían: "Ningún hombre puede
ser acusado, detenido o preso más que en los casos determinados per
la ley y según las formas prescritas en ella. Los que soliciten, expidan, ejecuten
o hagan ejecutar órdenes arbitrarias, deben ser castigados; pero todo
ciudadano llamado o detenido en virtud de la ley, debe obedecer al instante,
haciéndose culpable per su resistencia" (art, 7 9 ) . "La ley no debe establecer
sino penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado
sino en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al hecho
(garantía de la no retroactividad de las leyes) y legalmente aplicada" (art,
8 9 ) . "Siendo todo hombre presunto inocente, hasta que sea declarado culpable,
si se juzga indispensable SU detención, la ley debe reprimir severamente
todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona" [art, 9 9 ) .

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 99
tatuto unitario, sino que estructuraron a Francia mediante la regulación de
diferentes materias políticas.
En octubre de 1946, y aprobada por un referéndum popular, se expide
la Constitución de la República francesa que la organizó a raíz de la terminación
de la última guerra mundial, conteniéndose en dicho documento
jurídico-político un preámbulo en que se reitera la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano de 1789, la cual hemos comentado
anteriormente.
Esta' última Constitución fue substituida por la que se promulgó el 4
de octubre de 1958 y es la que actualmente rige en Francia. La Constitución
vigente en este país introduce a su sistema jurídico-político importantes innovaciones,
cuyo tratamiento rebasaría los límites del presente libro. Sólo
debemos recordar que en dicha Ley Fundamental "El pueblo francés proclama
solemnemente SU adhesión a los derechos del hombre y a los principios
de la soberanía tal como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada
y completada por el preámbulo de la Constitución de 1946."
IX. COLONIAS INGLESAS DE AMÉRICA
Al fundarse las colonias inglesas en América, los emigrantes llevaron
consigo toda la tradición jurídica de Inglaterra, recogida en el common
lata, y en la que sobresalía el espíritu de libertad. La opresión reinante en
la metrópoli hizo que los colonos vieran en tierras americanas el lugar propicio
para el desarrollo de la libertad humana. Sin embargo, no todos los
emigrantes eran perseguidos políticos; había quienes acudían 'a América en
busca de fortuna y con el propósito de fundar empresas explotadoras. Así,
una compañía obtuvo de la corona inglesa la autorización para fundar una
colonia en Virginia, habiéndose establecido posterior y sucesivamente otras
en la misma forma. Poco a poco, la colonización en Norteamérica se fue
extendiendo, y de esta manera surgieron las colonias de Massachusetts, Rhode
IsIand y Connecticut, y otras que se fueron creando después.
Las autorizaciones que otorgaba el rey para fundar y organizar colonias
en América recibieron el nombre de cartas, que eran documentos que fijaban
ciertas reglas de gobierno para las entidades por formarse, concediéndoles
amplia autoridad y autonomía en cuanto a su régimen interior. Dichas
cartas reconocían la supremacía de las leyes de Inglaterra y de su constitución
consuetudinaria, teniendo, sin embargo, el carácter de Ley Fundamental
en eada colonia (common laui), de tal suerte, que sus autoridades no
podían actuar sino ciñéndose estrictamente a sus disposiciones. En esta forma,
el constitucionalismo de Inglaterra se trasplantó a sus.colonias en América,
organizadas ya políticamente por sus cartas de fundación, otorgadas
por la corona.

102 LAS OARANTfAS INDIVIDUALES
Es curioso observar que la Constitución de los Estados Unidos no contuvo,
al ser promulgada en 1787, ningún catálogo o capitulo destinado, a
la enumeración de los derechos del gobernado. Esta omisión se explica en
virtud de que sus autores abrigaron como propósito primordial convertir
el régimen confederal en federativo mediante la creación de una nueva entidad
jurídica y política con personalidad distinta de la de los Estados miembros.
Además, los derechos o prerrogativas de la persona humana ya se encontraban
consagrados en las constituciones locales, según hemos indicado,
por lo que se consideró que dicha cuestión debía ser, como 10 había sido
históricamente, de la incumbencia interior de los Estados. Sin embargo, al
poco tiempo de que la Constitución federal entró en vigor, surgió la necesidad
de elevar al rango de garantia nacional, algunos de los mencionados
derechos; y fue así como se le introdujeron varias enmiendas, es decir, reformas
o adiciones.
Durante el periodo de vigencia de la Constitución de los Estados tJnidos,
que ya abarca casi dos centurias, se le han practicado veintidós enmiendas
aproximadamente. Entre ellas, como acabamos de decir, se encuentran
algunas que se refieren a la consagración de ciertos derechos del gobernado
o garantías individuales, a saber: la 1", que establece la libertad religiosa;
la 2' concerniente a la libertad de posesión y ponacion de armas; la 4", que
instituye la garantfa de legalidad frente a actos que lesionen el domicilio y
la persona del gobernado; la S', que consigna la garantía de audiencia y de
una justa indemnización en materia expropiatoria, estando concebida en los
siguientes términos: "A nadie se le privará de la vida, la libertad o la propiedad,
sin el debido proceso legal; ni se ocupará la propiedad privada para
USG público sin una justa indemnización." Estas enmiendas fueron propuestas
y aprobadas en 1791; y al terminar la guerra de secesión con el
la independencia de los Estados, y el designio de defenderlo frente a esta amenaza, fueron
los factores que determinaron la aparición en la literatura jurídica norteamericana de la
época, de una importante publicación conocida con el nombre de El Federalista, en la que.
bajo el seudónimo de "Publio", escribieron diversos articulos tres célebres políticos y
juristas contemporáneos de la Constituci6n: Alejandro Hamilton, Santiago Madison y Juan
lay. El Federalista, cuya lectura recomendamos ampliamente, no sólo tuvo el propósito
pragmático de refutar las opiniones anti-federalistas que partían de los círculos políticos
de algunos Estados de la Uni6n Norteamericana y de detener las corrientes separatistas
que prohijaron, sino que aún en la actualidad representa un indiscutible interés para la
interpretaci6n de la Constitución estadounidense, ya que sus autores eran voceros auténtiros
de la gestación parlamentaria de este trascendental documento. Inclusive, la literatura
y doctrina norteamericanas de Derecho Constitucional y la jurisprudencia de la Suprema
Corte de los Estados Unidos reconocen en El Federalista una fuente cognoscitiva de genuinidad
indisputable. Es más, los artículos de esta publicaci6n han servido a los doctrinarios
del Derecho Constitucional de los países latinoamericanos, incluyendo al nuestro,
para fijar el sentido y alcance de importantes disposiciones de las Constituciones respectivas
que han tenido como modelo las correspondientes de la Ley Fundamental de la
U nién Americana.

srrUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 103
triunfo de los Estados del Norte, abolicionistas de la esclavitud que prevalecía
en los del Sur, se incorporaron a la Constitución las enmiendas que
instituyen la igualdad humana, estando concebidas en los siguientes términos:
"Ni en los Estados Unidos ni en cualquier lugar sujeto a su jurisdicción,
habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del
que el responsable haya quedado debidamente convicto" (enmienda 13-1865) ;
"Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas
a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los
Estados en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier
ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los
Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona
de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar
a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales
la proteccióIÍ de las leyes, igual para todos" (enmienda 14-1868). Como
se ve, esta última enmienda reitera la garantía de audiencia contenida en la
quinta, imponiendo su observancia a toda autoridad estatal.
Se ha afirmado con insistencia y muchas veces contumazmente, que nuestro
orden constitucional ha sido producto de la imitación de las instituciones
jurídicas norteamericanas consagradas en la Constitución federal de los Estados
Unidos. Es cierto que nuestras Leyes Fundamentales, principalmente
las de 1824 y de 1857, tuvieron como modelo la Constitución estadunidense.
Esta circunstancia dc ninguna manera implica baldón alguno en la
historia jurídica de nuestro país, pues bien es sabido que las instituciones de
un pueblo nunca SOn absolutamente aut6ctonas, es decir, jamás se generan
sin la influencia exterior. El mismo Derecho Romano se inspiró en el antiguo
derecho de las polis griegas, repercutiendo, a su vez, en la formación
de las instituciones jurídicas de los países europeos. El derecho de éstos, principalmente
el de España y de Inglaterra, se trasplantó a América, en cuyo
continente los paises que reconocen como madre patria a dichos dos grandes
Estados, han estructurado su régimen jurídico conforme al modelo de la metrópoli.
Es indiscutible y sensatamente cierto que nuestro orden constitucional,
Como el de varios países latinoamericanos, si no es que todos, se inspiraron
en la Constituci6n federal norteamericana. Si adoptamos los principios
jurídico-políticos consignados en este documento, ha sido por el convencimiento
propio de la bondad que encierran. Dichos principios, además, pertenecen
al pensamiento jurídico universal y son patrimonio cultural de todas
las naciones que pretenderi realizar la justicia dentro de sus respectivos
derechos positivos. Por consiguiente, al acoger México. en su orden constitucional
los citados principios, no se apropi6 de algo que no le correspondía,
pues, repetimos, aquéllos han sido el producto del pensamiento jurídico, politieo-social
y filos6fico de la humanidad.

104 LAS GARANTIAS INDIVIDUALES
Por otra parte, dentro de la idea de que la Constituci6n americana fue
modelo de, nuestras Constituciones, éstas han superado a la Carta fundamental
estadunidense en lo que concierne a la consagraci6n de los derechos
del gobernado frente al poder público. En efecto, según se habrá podido
advertir, tales derechos se incorporaron al estatuto federal de los Estados
Unidos mediante enmiendas que se le introdujeron en diferentes épocas.
Estas enmiendas no s6lo se refieren a los citados derechos, sino que tienen
como contenido otras materias constitucionales. Además, las garantías de
libertad e igualdad que por ese procedimiento se consagraron en la Constituci6n
federal norteamericana, ya se encontraban instituidas con antelaci6n
en nuestros c6digos politicos. Estas circunstancias conducen a la conclusi6n
de que en lo que atañe a los derechos del gobernado, las constituciones
mexicanas han superado en tiempo y en metodología a la estadunidense,
a pesar de que ésta haya sido una de las fuentes de inspiraci6n de nuestro
constitucionalismo.
XI. LA EXTINTA U. R. S. S.
La Constituci6n de la Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas acoge
en sus primordiales aspectos preceptivos las declaraciones básicas del marxleninismo,
contra cuyas tesis fundamentales en materia política hemos enfocado'
nuestra crítica.' El citado documento organiza a la U. R. S. S. dentro
de la segunda etapa qne previene dicha corriente ideol6gica, o sea, la llamada
"dictadura del proletariado", declarando que su "base política" son
"los soviets de diputados de los trabajadores, que se han desarrollado y fortalecido
como consecuencia del derrocamiento del poder de los terratenientes
y capitalistas y de la conquista de la dictadura del proletariado" (art. 2).
El régimen econ6mico de dicho país, según el articulo 4 de su constituci6n,
es "el sistema socialista de economía y la propiedad socialista sobre los
instrumentos y medios de producción", reconociendo, sin embargo, la propiedad
privada o particular respecto de ciertos bienes de uso en favor de
los trabajadores del campo y de las empresas industriales, tales como "una
hacienda auxiliar, vivienda, ganado de renta, aves de corral, pequeños aperos
de labranza" (arts. 7 y 9), así'como "los ingresos y ahorros procedentes
de su trabajo", "objetos de uso doméstico, de consumo y de comodidad
personal", estableciendo el derecho hereditario en relaci6n con esas bienes
(art. 10).
Considerando al trabajo como "un deber y una causa de honor", la Constituci6n
de la U. R. S. S. adopta la máxima de Marx que prescribe que:
"De cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo" (art, 12),
disponiendo en su articulo 118, no sin cierta incongruencia con la anterior
declaraci6n, que todo ciudadano tiene "derecho" a "obtener un trabajo
garantizado y remunerado según su cantidad y calidad".

srrUACIóN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 105
Establece, además, el mencionado documento la igualdad jurídica, econ6mica,
cultural, social y política entre el hombre..y la mujer (art, 122),
así como por razón de "nacionalidad y raza" (art. 123). Proclama la
"libertad de conciencia, de culto y de propaganda antírreliziosa", fundándola
en la separación de la Iglesia y del Estado (art. 124); y aunque
reconoce la libertad de expresión del pensamiento por medios orales y escritos
(art. 125), este reconocimiento lo supedita a la "conformidad" o al
"acuerdo" entre las ideas que se emitan y "los intereses de los trabajadores"
y la "consolidación del régimen socialista". Esta supeditación, evidentemente,
destruye la mencionada libertad, pues cuando la emisión del pensamiento
humano se condiciona inexorablemente al respeto de ciertos principios
o fines pre-establecidos, o sea, si éstos no se pueden contrariar con la expresión
eidética, tal libertad no existe. Es bajo este aspecto que la Constitución
de la U. R. S. S. instituye la "dictadura del proletariado" principalmente,
o sea, el gobierno dictatorial, ya que constriñe a todo ciudadano a hablar,
escribir y a realizar cualquier manifestaci6n cultural o artística de conformidad
con "los intereses de los trabajadores y a fin de consolidar el régimen socialista"
(art. 125) obligándolo, además, a "respetar las -reglas de convivencia
en la sociedadsocialísta" (art. 130), es decir, aquella que fijan sus autoridades.
El señalamiento de las orientaciones generales conforme a las que ejerce
en la U. R. S. S. la "libertad" de expresi6n del pensamiento, incumbe al
Partido Comunista Soviético, cuya misi6n toral consiste, siguiendo el oráculo
de Marx y Lenin, en implantar el comunismo universalmente, es decir, en
el fondo y en realidad, la dictadura del proletariado. Estas consideraciones
se corroboran por los mismos juristas rusos A. Denisov y M. Kiricñenko,
quienes, al aludir a la libertad de palabra y de imprenta en su país, sostienen
que "Dirigidos por el Partido Comunista, .los trabajadores combaten
las perniciosas y peligrosas tendencias a la presunci6n y embriaguez por los
éxitos obtenidos y las manifestaciones de placidez y ostentosos alardes, ponen
de manifiesto las causas de los defectos y los fallos (sic) en el trabajo", agregando
que "Asimismo (o. sea, bajo la dirección de dicho partido) fustigan
los fenómenos negativos en la vida social y proponen caminos y medios para
aclarar con ellos," te
Por otra parte, aunque el artículo 127 de la Constitución de la U. R. S. S.
dispone que nadie puede ser detenido "sino por decisión del Tribunal o
con sanción del fiscal" (Ministerio Público), no señala, sin embargo, los
casos y las condiciones en que proceda la detenci6n, es decir, no establece
ninguna garantía de seguridad juridica para la libertad personal. Esta omisi6n
se compagina con lo que se suele llamar el "principio de legalidad
.socialista" y que en substancia contradice su denominación. -En efecto,' el
1li Derecho Constitucional Soviitieo, pág. 323.

SITUACI6N DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 107
viética", el cual, "pertrechado por la doctrina marxista-leninista, determina
la perspectiva general del desarrollo de la sociedad, la línea de la política
interior y exterior de la U. R. S. S., dirige la gran actividad creadora del
pueblo soviético e imprime un carácter sistemático y científicamente fundamentado
a su lucha por el triunfo del comunismo".
La base del sistema económico de la U. R. S. S. es la propiedad socialista
de los medios de producción, según lo dispone el artículo 10 de la Constitución
de octubre de 1977. Esa propiedad socialista se integra con la propiedad
del Estado, que es patrimonio de todo el pueblo, la propiedad de los koljoses
y de otras organizaciones cooperativas, así como de los sindicatos. El artículo
13 de la citada Constitución reconoce, sin embargo, la propiedad privada
en favor de los ciudadanos de la Unión Soviética sobre los utensilios de menaje
y uso cotidiano, los bienes de consumo y comodidad personal, los objetos de
la hacienda doméstica auxiliar, la vivienda y los ahorros procedentes de trabajo.
Por lo que concierne a los derechos públicos subjetivos, la mencionada
Constitución consigna la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sean
mujeres o varones (arts. 34, 35 Y 36); concede el derecho de asilo a los
extranjeros perseguidos por defender los intereses de los trabajadorcs y la
causa de la paz (art, 38); establece el derecho a elegir profesión y el deber
de trabajar (art. 40); consigna diversos derechos de carácter laboral y de
previsión social (arts. 41, 42 Y 43); también prevé el derecho a la vivienda,
a la instrucción y a disfrutar dc los adelantos de la cultura (arts. 44, 45
Y46) ; asimismo, otorga a todo ciudadano el derecho de petición y de critica
respecto de los "defectos en el trabajo" (art, 49); Y por lo que atañe a la
libertad de expresión de pensamiento y de las ideas bajo distintas formas.
los artículos 47 Y 50 del referido documento público los proclama pero con
la insuperable limitación de que su ejercicio debe estar de acuerdo con los
"fines de la edificación comunista" ;V con la tendencia a "fortalecer y desarrollar
el régimen socialista". Es inconcuso que esta limitación hace nugatoria
la mencionada libertad, al constreñir a pensar, escribir y manifestarse
culturalmente en consonancia con una determinada ideología impuesta dog-
acción u omisión dirigida contra la estructura del Estado Soviético o que infrinja el
orden jurídico establecido por el régimen de obreros y campesinos para el periodo de
transición al régimen comunista." Sería demasiado prolijo citar múltiples preceptos del
aludido código para confirmar la anterior idea, siendo suficiente, a este efecto, transcribir
su artículo 58·10, que dice: "La propaganda o la agitación que contengan una Incitación
para abatir o debilitar el Poder Soviético o para la ejecución de tino de 105 delitos
contrarrevolucionarios (art. 58, 2-58 j 9 del presente código), así como la difusión, fabricación
o conservación de escritos de igual contenido, determinarán la privación de libertad
por un plazo no inferior a seis meses.
"Si los mismos actos se llevasen a cabo durante desórdenes colectivos o mediante la
explotación de los prejuicios religiosos o nacionales de las masas o en estado de guerra
o en las localidades donde se haya declarado ese estado, darán lugar a la aplicación de las
medidas \de defensa social indicadas en el artículo 58, 2 del presente código... (6 de
junio de 1927)."

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 109
mediante la correspondiente indemnización y "de acuerdo con las condiciones
determinadas por la ley" (art. 13).
Por lo que concierne a las libertades fundamentales del hombre, dicha
Constitución las reconocía como derechos de todos los ciudadanos de la República,
previniendo que el Estado debe garantizarlas y dar "las facilidades
materiales necesarias" para su ejercicio (art. 87). Esas libertades específicas
(de palabra, de prensa, de reunión, de asociación y de participar en procesiones
o manifestaciones, así como la de conciencia) se consagraban sin
limitación alguna; y por lo que toca a la libertad de expresión científica,
literaria, artística o cultural en general, no sólo no la sometia a ninguna
condición ni la sujetaba a restricción, sino que obligaba al Estado a estimularla
(art. 95).
No es nuestra intención hacer un comentario exhaustivo sobre la Constituci6n
de la República Popular China de 1954. Nos hemos concretado a·
señalar en forma muy general la posición que guardaba el individuo como
gobernado dentro de su estructura normativa básica, subrayando la idea de
que, lejos de proclamar la dictadura del proletariado, se asemejaba en varios
aspectos a las constituciones del llamado "mundo occidental" y destacadamente
a nuestra Ley Fundamental de 1917 en lo que concierne a esa posici6n.
Prima [acie, y a reserva de corroborarlo o desmentirlo mediante un
estudio de derecho comparado, podria suponerse que la Carta de Querétaro,
en cuanto al tópico apuntado, inspiró a la Constituci6n china mencionada,
pues ambas instituyen un equilibrio entre los derechos de la persona humana
y los de la sociedad, equilibrio en que debe ineIuctablementc manifestarse
el Bien Común o la Justicia Social. A nuestro entender, aunque la Constitución
china y la rusa hayan tomado como bandera común los principios
del marx-leninismo, por lo que respecta a la normaci6n de las relaciones
entre gobernantes y gobernados y al régimen de propiedad que establecen,
entre ambas se advierten discrepancias esenciales, a tal punto notables, que
nos inducen a sostener que corresponden a dos estructuras politicas diferentes,
al menos en lo tocante a la "segunda etapa" de la transfonnaci6n socialista
que predijeran Marx y Lenin, pues en tanto que la Constitución
de la U. R. S. S. conforma un verdadero régimen dictatorial, la de la
República Popular China instituía un innegable régimen de derecho, más
de acuerdo con el pensamiento cultural de Occidente que con la ideología
marx-leninista.
La Constitución china que brevemente hemos comentado, expedida, según
también dijimos, en el año de 1954, fue sustituida por la que Se adopt6 el 17
de enero de 1975 por la Cuarta Asamblea Popular Nacional de la República
Popular China. Sin el deseo de examinar detenida ni exhaustivamente a esta
nueva Constitución, solamente destacaremos algunos de sus más importantes
preceptos en lo que a la situación del gobernado respecta y cuyo texto se explica
por sí mismo.

110 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
"Art. 5. En la República Popular China existen principalmente, en la
etapa actual, dos tipos de propiedad sobre los medios de producci6n: propiedad
socialista de todo el pueblo y propiedad colectiva socialista de las masas
trabajadoras.')
El Estado permite que los trabajadores individuales no agrícolas, según disposiciones
coordinadas de cada organización vecinal en las ciudades y poblados o
cada equipo de producci6n de las comunas populares rurales, se dediquen al
trabajo individual sin explotar a otros y dentro de los limites admitidos por
la ley. Al mismo tiempo, se les debe conducir paso a paso a tomar el camino de la
colectivización socialista.
"Art. 6. El sector estatal de la economía constituye la fuerza dirigente de
la economía nacional."
Son propiedad de todo el pueblo los yacimientos minerales, las aguas y
aquellos bosques, tierras vírgenes y otros recursos pertenecientes al Estado.
El Estado puede expropiar mediante indemnización, tomar en usufructo
o nacionalizar tierras y otros medios de producción en la ciudad y en el campo
en las condiciones que determine la ley.
"Art. 7. La comuna popular rural es una organización que fusiona en sí
el poder de base y la administraci6n econ6mica.
En la etapa actual, en la economía de propiedad colectiva en la comuna
popular rural se adopta, por lo general, el sistema de propiedad a tres niveles
con el equipo de producción como base, es decir, propiedad a los niveles de
comuna, brigada de producción y equipo de producción, con este último como
unidad básica de contabilidad.
Con la condici6n de que se aseguren el desarrollo y el predominio absoluto
de la economía colectiva de la comuna popular, los comuneros pueden cultivar
una pequeña cantidad de tierra para uso personal y dedicarse a limitadas
ocupaciones secundarias domésticas YJ en las zonas ganaderas, pueden poseer
a título personal un reducido número de cabezas de ganado.
"Art. 9. El Estado pone en práctica el siguiente principio socialista: 'El
que no trabaja no come' y 'de cada uno, según su capacidad; a cada uno,
según su trabajo'."
El Estado protege el derecho de propiedad con los ciudadanos sobre sus
ingresos obtenidos mediante el trabajo, sus ahorros, sus casas y otros medios de
subsistencia.
"Art, 11. Los organismos y trabajadores estatales deben estudiar a conciencia
el marxismo-leninismo pensamiento Mao Tse-tung, colocar firmemente al
mando la política proletaria, combatir el burocratismo, mantener estrechos
vínculos con las masas y servir de todo corazón al pueblo. Los cuadros a todos
los niveles deben participar en el trabajo colectivo de producción."
Todo organismo estatal debe atenerse al principio de estructura simple y
eficaz. Su cuerpo dirigente debe ser una triple integraci6n de cuadros de edad
avanzada, de edad mediana y j6venes.
"Art. 12. El proletariado debe ejercer una dictadura omnimoda sobre la
burguesía en la superestructura, incluidos todos los dominios culturales. La
cultura, la educación, la literatura, el arte, el deporte, la sanidad pública y
la investigación científica deben servir a la política proletaria; servir a los obreros,
campesinos y soldados y combinarse con el trabajo de producción.
"Art. 13. La plena manifestación de las ideas, franca exposición de las opiniones,
grandes debates y empleo de los dazibao son una nueva forma creada

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 111
por las masas populares para hacer la revolución socialista. El Estado garantiza
a las masas populares el derecho a emplear esta forma para crear una situación
política en la que haya tanto centralismo como democracia, tanto disciplina
como libertad, tanto unidad de voluntad como satisfacción mora! individual y
vivacidad, en interés de la consolidación de la dirección del Partido Comunista
de China sobre el Estado y de la consolidación de la dictadura del proletariado.
"Art. 14. El Estado defiende el régimen socialista, reprime toda actividad
traidora y contrarrevolucionaria y castiga a todos los vendepatria y contrarrevolucionarios."
El Estado, de acuerdo con la ley, priva de los derechos politicos por determinado
plazo a los terratenientes, campesinos ricos, capitalistas reaccionarios
y demás elementos nocivos, dándoles al mismo tiempo una salida para ganarse
la vida, de modo que en el trabajo manual sean transformados en ciudadanos
que acaten la ley y vivan de su propio trabajo.
"Art. 26. Los derechos y deberes básicos de los ciudadanos son: apoyar la
dirección del Partido Comunista de China, apoyar el régimen socialista y obedecer
la Constitución y las leyes de la República Popular China."
Es noble obligación de todo ciudadano defender la patria y oponer resistencia
a la agresión. Cumplir el servicio militar según la ley constituye un honroso
deber de los ciudadanos.
"Art, 27. Todos los ciudadanos desde los dieciocho años de edad tienen
derecho a elegir y ser elegidos. Se exceptúa a las personas privadas de este derecho
por la ley."
Los ciudadanos tienen derecho a! trabajo y derecho a la instrucción. Los
trabajadores tienen derecho al descanso y derecho a la asistencia materia! en
la vejez y en caso de enfermedad o de pérdida de la capacidad de trabajo.
Los ciudadanos tienen derecho a presentar ante los organismos del Estado
a 1 s distintos niveles acusaciones, escritas o verbales, contra cualquier trabajador
estatal que haya contravenido las leyes o incumplido sus deberes, y nadie
debe crearles dificultades, ponerles trabas o tomar represalias.
La mujer goza de iguales derechos que el hombre en todos los aspectos.
El matrimonio, la familia, la maternidad y la infancia son protegidos por
el Estado.
El Estado protege los derechos e intereses legítimos de los chinos residentes
en el extranjero.
"Art. 28. Los ciudadanos tienen libertad de palabra, de correspondencia,
de prensa, de reunión, de asociación, de desfile, de manifestación y de huelga,
y tienen libertad de profesar creencias religiosas y de no profesarlas y propagar
el ateísmo.
..La libertad personal y el domicilio de los ciudadanos son inviolabies. Ningún
ciudadano puede ser detenido sin decisión de un tribunal popular o sanción
de un organismo de seguridad pública."
La proscripción de la libertad de emisión del pensamiento se deduce claramente
de lo que la Constitución china de 1975 establece en su articulo 2,
en el sentido de que "El marxismo-leninismo-pensamiento M ao Tse-tung constituye
la base teórica que gula el pensamiento de nuestro país" (del chino).
Fácilmente se comprende que quien se atreva a expresar ideas contrarias
a dicho pensamiento se hará acreedor a graves sanciones como si se .tratase
de traición a la patria. Verdaderamente monstruoso es el artículo 12 de la

112 LAS GARANTÍAS INDMDUALES
aludida Constitución (?), ya que su contenido aherroja toda actividad cultural
que no tienda a servir la dictadura de! proletariado y e! aplastamiento
de la burguesía, convirtiendo a la persona humana en un simple agregado de
una inmensa masa dirigida como si se tratase de un auténtico rebaño. Si bien
es verdad que el articulo 13 de tal documento proclama la "plena manifestacíón
de las ideas", también es verdad que éstas no deben expresarse
sino "en interés de la consolidaci6n de la direcci6n del Partido Comunista
de China sobre el Estado y de la consolidaci6n de la dictadura del proletariado"
.
No está en nuestro ánimo invocar otros muchos preceptos del indicado
documento, que indebidamente lleva e! nombre de "constitución", para enfatizar
que en la actual República Popular China la persona humana como
tal, su dignidad y sus libertades están a merced de la oligarquía o del aut6crata
que dirige el Partido Comunista Chino, organismo que, incluso, se
encuentra sobre todos los 6rganos estatales, incluyendo al Parlamento o Asamblea
Popular. La impresión que se siente con motivo de la lectura de dicha
seudo-constitución, consiste en que su expedición fue totalmente inútil, ya
que ella misma se encarga de proclamar la dictadura y la autocracia, significando
este hecho una tremenda regresión hacia los regímenes tiránicos dentro
de los que el hombre, como ente social, no tenía más derecho que el
de obedecer y callar.
XIII. CUBA
Entre e! pueblo de este país y e! nuestro siempre han existido estrechos
lazos fraternales, ideales comunes y unidad en su respectivo destino histórico.
Sin embargo, el régimen cubano, estructurado bajo las tesis marxistas-leninistas,
diverge esencialmente de! de México, pues aquél entraña una dictadura
implantada por Fidel Castro Ruz y plasmada en su orden jurídico.
Así, la Constitución cubana, expedida en febrero de 1976, elimina la
libertad política al implantar e! sistema unipartidista, negativo de toda democracia,
considerando al Partido Comunista de Cuba, como "la vanguardia
organizada marxista-leninista de la clase obrera, fuerza dirigente superior de
la sociedad y de! Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia
los altos fines de la construcción del socialismo y e! avance hacia la sociedad
comunista" (art. 5).
En cuanto a las expresiones artísticas prohíbe todas aquellas que sean
"contrarias a la Revolución" (art. 38, inciso d), y por lo que atañe a la libertad
de palabra y prensa, sólo la permite a los ciudadanos si su ejercicio
se despliega "conforme a los fines de la sociedad socialista" (art, 52).
Suprime la libertad religiosa al declarar que "es ilegal y punible oponer
Ii'. fe o la creencia religiosa a la Revolución, a la educación o al cumplimien-

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 113
to de los deberes de trabajar, defender la patria con las armas, reverenciar
sus símbolos y los demás deberes establecidos por la Constitución" (art, 54),
convirtiéndose en documento francamente liberticida al declarar que "ninguna
de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra
la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo
cubano de construir el socialismo y el comunismo" estimando punible la transgresión
a esta prohibición (art. 61).
Por último, y para no ser demasiado prolijos en la referencia a los aspec·
tos antidemocráticos, oligárquicos y dictatoriales de la Constitución cubana
castrista, bástenos aludir a la subordinaci6n en que coloca a los tribunales
frente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo del Estado y
a la obligación que impone de "mantener y reforzar la legalidad socialista"
(arts. 122 y 123).
Fácilmente se advierte, por la semblanza anterior, que la situaci6n dcl
gobernado en el régimen castrista denota Una plena supeditación a la voluntad
autocrática y arbitraria de los 6rganos del Estado y especialmente del
Primer Ministro que los encabeza, al proscribirse en el documento constitucional
brevemente comentado las fundamentales libertades humanas a las
que hemos hecho referencia.
XIV. MÉXI

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 117
Indias se encuentra esa tendencia en beneficio del aborigen, y la cual, al
adoptar formas preceptivas en un sistema legal, produjo como resultado, a
través del 'tiempo, una especie de psicosis de inferioridad en la población
indígena que, a pesar de haber estado jurídicamente protegida, en la realidad
era vejada de diferentes maneras por españoles, criollos y mestizos.
Es en las Leyes de Indias donde podemos encontrar la fuente primordial
del derecho neo-español, pues en ellas están recopiladas las disposiciones
reales quc bajo distintas formas rigieron múltiples aspectos de la vida colonial
hasta 1681. Siguiendo la usanza de la generalidad de los ordenamientos
españoles, a dichas leyes, compiladas por orden delrey Carlos II, se las
debe reputar como un código omni-comprensivo, o sea, como un cuerpo
Icgal regulador de variadas materias jurídicas, tanto de derecho público
como de derecho privado, tales como las concernientes a la Santa Fe Católica,
al patrimonio real, a los tribunales del santo oficio, a los colegios y
seminarios, al Consejo de Indias, a las Audiencias, a los virreyes, al comercio,
a los juicios, etc. En el cúmulo dc disposiciones sobre tan diversas
cuestiones, se pueden descubrir prevenciones reales que revelan la situación
de los gobernados durante el régimen neo-español y a las cuales tendremos
oportunidad de referimos cuando estudiemos cada una de nuestras actuales
garantías individuales a propósito de su antecedencia histórica en la época
colonial de México."
C. La emancipación política de la Nueva España comenzó a prepararse
varios años antes de que don Miguel Hidalgo y Costilla lanzara el
grito de insurgencia en el pueblo de Dolores. La invasión napoleónica de
España y los sucesos políticos que ella produjo, entre los que destaca la abdicación
de Carlos IV, por una parte, y la indiscutible influencia que sobre
el pensamiento jurldico-filosófico de la época ejercieron los principios que
se sustentaban en el ideario de la Revolución francesa, sobre todo los que conciernen
a la soberanía popular, por otro lado, suscitaron en la Nueva
España la tendencia a establecer entre las colonias españolas de América
y la metrópoli una situación política igualitaria. Así, bajo el gobierno del
virrey Iturrigaray, en 1803, el -regidor del Consejo Municipal de México,
licenciado Francisco Primo Verdad, interpretando las ambiciones políticas
de la burguesía criolla, propugnó la reunión de las Cortes españolas con la
idea de que en ellas tuvieran representación política las colonias americanas,
principalmente la Nueva España, Iturrigaray aceptó el plan que bajo los
propósitos del licenciado Verdad le propuso dicho Consejo y ordenó la reunión
de una junta en la que..se diséutiría la _convocatoria de las Cortes.
82 En relación con algunas instituciones o ciertos recursos existentes en el derecho
neo-español y en los cuales algunos -historiadores creen descubrir antecedentes hispánicos
de nuestro juicio de amparo, véase nuestra ya citada obra.

118 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
Dicha junta, compuesta por el arzobispo, los oidores, los procuradores del
rey, nobles, burgueses y regidores, tuvo como finalidad principal establecer
un gobierno provisional en la Nueva España mientras las Cortes determinaran
el régimen político conforme al cual se estructurasen España y sus
dominios. El citado virrey estuvo dispuesto a sostener las decisiones de la
junta con todos los elementos materiales de que disponía, pero fue traicionado
por el propio encargado de ejecutar el plan, Gabriel J. Yermo, y
encarcelado, conduciéndosele después a España bajo la acusación por crimen
de alta traición. Por su parte, el licenciado Verdad, una vez aprehendido,
fue ejecutado, conceptuándolo México como uno de sus héroes a titulo de
precursor de la independencia de nuestro país,
Sin embargo, pese a tales sucesos, la tendencia a establecer la igualdad
política entre España y sus colonias no sólo no se extinguió sino que trajo
como resultado en octubre de 1810, cuando apenas se había iniciado el
movimiento insurgente, que las Cortes extraordinarias y generales expidiesen
un decreto en el que se declaraba que los naturales de los dominios españoles
de ultramar eran iguales en derechos a los de la peninsula y que un
mes después, en noviembre del citado año, se reconociese por las mismas
Cortes la libertad de imprenta en materia política.
El ambiente que se iba gestando para la expedición de la Constitución
española en 1812 acusaba ya una franca evolución jurídica en el pensamiento
político español, y prueba de ello es que antes que rigiera dicho ordenamiento,
las mencionadas Cortes declararon en sendos decretos la igualdad
de los americanos y europeos para actividades agrícolas e industriales, la
abolición de la tortura y otras "prácticas aflictivas", la extinción de algunos
estancos, la prohibición de la pena de horca y la habilitación de los oriundos
de Mrlca para ser admitidos en las universidades, seminarios y demás
centros educativos."
El 18 de marzo de 1812 se expidió por las Cortes Generales y Extraordinarias
de la Nación Española la primera Constit,:,ci6n Monárquica de
España y cuyo ordenamiento puede decirse que estuvo vigente en México
hasta la consumación de su independencia registrada el 27 de septiembre
de 1821 con la entrada del llamado "Ejército Trigarante" a la antigua capital
neo-española. Dicho documento suprimió las desigualdades que existian
entre peninsulares, criollos, mestizos, indios y demás sujetos de diferente extracción
racial, al reputar como "españoles" a "todos los hombres libres
nacidos y avecinados en los dominios de las Españas", o sea, en todos los
territorios sujetos al imperio de España (arts, 1, 5 y lO). La Constitución
española de 1812, que representa para México la culminación del régimen
jurídico que lo estructuró durante la época colonial, es indice inequívoco
de un indiscutible progreso, que España fue impotente para atajar, bajo la
8S Decretos de 9 de febrero y 22 de abril de 1811 y de 17, 24 y 29 de enero de 1812.

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 119
influencia de la corriente constitucionalista que brotó principalmente de
la ideología revolucionaria francesa.
Durante la vigencia de dicho ordenamiento constitucional, las Cortes
españolas expidieron diversos decretos para hacer efectivos algunos de sus
mandamientos en la Nueva España, tales como el que abolió los servicios
personales a cargo de los indios y los repartimientos, el que suprimió la
Inquisición estableciendo en su lugar a los llamados "tribunales protectores
de la fe", el que declaró la libertad fabril e industrial, etc."
Como se ve, el régimen jurídico-político de la Nueva España experimentó
un cambio radical con la expedición de la Constitución de Cádiz de
1812, confeccionada, sin lugar a dudas, bajo la influencia de las corrientes
ideológicas que dejaron un sello preceptivo indeleble en la Declaración francesa
de 1789. Fue así como en la primera carta constitucional española
propiamente dicha, se consagraron los principios torales sobre los que se
levantó el edificio del constitucionalismo moderno, tales como el de soberanía
popular, el de división o separación de poderes y el de limitación normativa
de la actuación de las autoridades estatales. Por tanto, a virtud de
la Constitución de 1812, España deja de ser un Estado absolutista para
convertirse en una monarquía constitucional; al rey se le despoja del carácter
de soberano ungido por la voluntad divina, para considerarlo como
mero depositario del poder estatal cuyo titular es el pueblo, reduciendo su
potestad gubernativa a las funciones administrativas, y diferenciando claramente
éstas de las legislativas y jurisdiccionales, que· sc confiaron a las
Cortes y a los tribunales respectivamente.
Esta transformación política repercutió evidentemente en la Colonia, pues
la Nueva España devino una entidad integrante del nuevo Estado monárquico
constitucional, regido por los principios fundamentales, ya enunciados.
Suele afirmarse, y no sin razón, que la Constitución Española de 1812,
acogida con júbilo por los grupos políticos avanzados de la época, fue el
documento que originó una de las tendencias ideológicas que se desarrollaron
durante las postrimerías de la Colonia y que iba a disputar a la corriente
absolutista representada por Iturbide, la estructuración juridico-constitucional
del México IndependienteP
Con el movimiento insurgente iniciado en septiembre de 1810, la historia
juridica de la Nueva España se bifurca. En efecto, la ideología de
nuestros principales libertadores, entre los que descuella el insigne Morelos,
concibió y proyectó importantísimos documentos de ·carácter constitucional
que sirvieron como índices de estructuración político-jurídica para el caso
84 Decretos de 9 de noviembre de 1812, 22 de febrero de 1813 y de 8 de. junio del
propio año. .
8lS Sin embargo, el expresado documento, a pesar de su trascendencia, no tuvo la sufi.
ciente fuerza en el ánimo de Jos forjadores de nuestro primer ordenamiento constitucional
para que éste ño hubiese tenido que inspirarse en la Constituci6n federal norteamericana.

120 LAS GARANTiAS INDIVIDUALES
de que México hubiese logrado su emancipaci6n. Por tanto, la historia de
nuestro país, en lo que a dicha materia concierne, se desenvuelve en dos
direcciones que, aunque coincidentes en muchos puntos, conservaron sin
embargo su separación durante el periodo comprendido entre 1810 y 1821.
Asi, la Constituci6n monárquica de 1812 y los diferentes decretos que con
apoyo en ella se expidieron por las Cortes Españolas para la Nueva España,
implicaron el derecho público de ésta desde el punto de vista del gobierno
virreinal; la insurgencia, por su parte, y sobre todo en su segunda etapa,
procuró organizar juridica y políticamente a lo que sería con posterioridad
la Naci6n Mexicana, de acuerdo con las bases constitucionales que ella
misma elabor6. En efecto, a pesar de que el movimiento iniciado por don
Miguel Hidalgo y Costilla en sus albores parecía dirigirse contra "el mal
gobierno" proclamando a Fernando VII como gobernante legitimo, a medida
que se fue extendiendo adquiri6 impulsos legislativos, que, no obstante
su desarticulaci6n, es decir, aunque no se hayan traducido en un documento
unitario y sistemático, tuvieron como resultado la expedici6n de diferentes
decretos o bandos que denotaron una manifestaci6n clara de las tendencias
ideológicas de los insurgentes. Entre ellos, sin duda alguna el más importante
fue el que declaró abolida la esclavitud y suprimida toda exacci6n
que pesaba sobre las castas expedido por Hidalgo el 6 de diciembre de
1810. Por SU parte, don J05é María Morelos y Pav6n, a quien este mismo
design6 su "lugarteniente" y cuya personalidad como político alcanza mayores
alturas que la muy venerable del antiguo profesor del Colegio de San
Nicolás en Valladolid (Morelia), no sólo continu6 la lucha emancipadora
que dejó trunca el cura de Dolores, sino que pretendi6 hacerla culminar
en una verdadera organizaci6n constitucional. Así, bajo los auspicios del
gran cura de Carácuaro se form6 una especie de asamblea constituyente,
denominada Congreso de Anáhuac, que el 6 de noviembre de 1813 expidi6
el. Acta Solemne de la Declaraci6n de la Independencia de América "Septentrional,
en la que se declar6 la disoluci6n definitiva del vinculo de dependencia
con el trono español. Cerca de un año después, el 22 de octubre
de 1814, el propio Congreso expide un trascendental documento juridicopolítico
llamado Decreto Constitucional para la Libertad de la América
Mexicana, conocido comúnmente con el nombre de Constituci6n de Apatzíngan,
por haber sido 'en esta poblaci6n donde se sancionó. Como no ro
rresponde al terna del presente libro formular un estudio acerca de este
trascendental documento juridico-político, seria suficiente para subrayar-su
importancia el hecho de que en él se encuentran plasmados los fundamentales
principios de. la ideología insurgente y de que si en varios aspectos
Puede decirse, en consecuencia, que el derecho político positivo del México independiente
reitero la ruptura de la tradición jurídica española que ya había operado la Constitución
de 1812, y fue influenciado por las doctrinas derivadas del ideario de la "Revolución francesa,
inspirándose. además, en el sistema constitucional de los Estados Unidos.

SITUACIÓN DEL GOBERNAOO EN LA HISTORIA 121
sigue los lineamientos demarcados por la Constitución española de 1812,
diverge radicalmente de ésta en cuanto que tendió a dotar a México de
un gobierno propio, independiente de España, corno no lo.isoñé Hidalgo."
La Constitución de Apatzingán contiene un capítulo especial dedicado
a las garantías individuales. En su artículo 24, que es el precepto que encabeza
el capítulo de referencia, se hace una declaración general acerca de
la relación entre los derechos del hombre, clasificados a modo de la Declaración
francesa, y el gobierno. De la forma corno está concebido dicho
artículo, podernos inferir quc la Constitución de Apatzingán reputaba a los
derechos del hombre o garantías individuales corno elementos insuperables
por el poder público, que siempre debla respetarlos en toda su .integridad.
Por ende, el documento constitucional que comentarnos, en relación con el
terna concreto que ha suscitado nuestra atención, influido por los principios
jurídicos y filosóficos de la Revolución francesa, estima que los derechos
del hombre son superiores a toda organización social, cuyo gobierno, en
ejercicio del poder público, debe considerarlos intangibles, pues su protección
no es sino la única finalidad del Estado.
En tal sentido está concebido el mencionado artículo 24 de la Constitución
de Apatzingán, que textualmente dice: "La felicidad del pueblo y de cada uno
de los ciudadanos, consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y
libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución
de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas."
En los preceptos subsecuentes, dicho documento constitucional consagra varias
garantías individuales específicas, siguiendo la clasificación general contenida
en el transcrito anteriormente, la que, como ya dijimos, es de procedencia
francesa. Dentro de dichas garantías, que por lo demás se encuentran en el
capítulo respectivo combinadas indebidamente con disposiciones de otra índole
a que sería prolijo aludir, figuran varias, como la contenida en el artículo 31,
que son, desde el punto de vista del pasado jurídico, derivaciones histéricas de
análogos antecedentes registrados"en -Inglaterra, Francia y en el derecho foral
español, y que, por lo que concierne al futuro, precedentes de las que después
fueron consagrando nuestros códigos politicos. Tal es, efectivamente, la "garantía
de audiencia", que, junto con otras, se involucran en nuestro articulo
14 constitucional, cuya historia e importancia ya tendremos oportunidad de
abordar. El precepto en cuestión de la Constitución de Apatzingán, dice: "Nin-
8G La Constitución de Apatzingán tiene como antecedentes inmediatos dos importantes
documentos jurídico-políticos, a saber, los Elementos Constitucionales de Rayón y los Sentimientos
de la Naci6n del mismo Morelos. En ambos se proclama la prohibición de la esclavitud,
la supresión de las desigualdades provenientes del "linaje" o de la "distinción de
castas", y la abolición de la tortura. En el primero de dichos documentos se declara "la
absoluta libertad de imprenta en puntos puramente cientificos y políticos, con tal que
estos últimos observen las miras de ilustrar y no zaherir las legislaciones establecidas"
(art. 29); y en el segundo se advierte ya una cierta tendencia social, al disponer que las
leyes que dicte el Congreso "deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen
la opulencia 'Y la indigencia, 'Y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore
sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña 'Y el hurto" (art. 12), previendo así una especie
de intervencionismo de Estado.

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA mSTORIA 123
religión estatal. Apodaca con todo sigilo convocó a diversos personajes de
gran influencia a una reunión que dej>ería celebrarse en la Profesa para
dar cuenta a los asistentes con los designios reservados del rey, y con el
objeto de poner en práctica los planes de pacificación que las citadas bases
entrañaban, se comisionó a Iturbide, quien, habiendo logrado la aquiescencia
de don Vicente Guerrero (no sin cierta reticencia por parte de éste),
proclamó el Plan de Iguala cuyas prescripciones principales eran las siguicntes:
unión entre mexicanos y europeos, la conservación de la religión católica
sin tolerarse ninguna otra y el establecimiento de una monarquía moderada
que debiera intitularse "Imperio Mexicano", para cuyo gobierno se llamana
a Fernando VII, pero que si éste no se presentaba a fin de prestar
juramento a la Constitución que se expidiese, serían invitados al trono diversos
miembros de la casa reinante de España por orden sucesivo. Como
se ve, dichos principios, a pesar de importar la emancipación política de la
Nueva España, auspiciaban la creación de un régimen monárquico cor
tendencias absolutistas que repugnaban a la verdadera ideologia insurgente
sustentada por el movimiento libertario del insigne Morelos y consignada
en el Acta de Independencia de 1813 y en la Constitución de Apatzingán.
El virrey Apodaca no aprobó el Plan de Iguala, y comprendiendo que
Iturbide actuaba por cuenta propia movido por ambiciones personales de
poder, se aprestó ingenuamente para combatirlo, ya que había puesto a su
disposición y bajo su mando todas las fuerzas armadas con que contaba el
gobierno virreinal para obtener la rendición de Guerrero y lograr la pacificación
del país. Inerme e impotente frente al ex jefe militar realista, Apodaca
fue depuesto violentamente dc su cargo por sus mismos y escasos partidarios,
pues estimaron, no sin razón, que él era el principal responsable
de la situación desesperada en que se encontraba el gobierno virreinal, hablendo
colocado en su lugar a don Francisco Novella. Por otra parte, como es
bien sabido, durante el mes de agosto dc 1821 llegó a Veracruz el que iría
a ser gobernante de la Nueva España, don Juan O'Donojú, quien ni un
solo momento pudo ejercer las funciones del cargo que se le había conferido,
pues en la ciudad de Córdoba fue entrevistado por Iturbíde para imponerle
la firma del tratado que lleva el nombre de esta, población y en el
cual se confirmó el Plan de Iguala, con la adición de que, si Fernando VII
o algún miembro de su familia no aceptaban el trono del "Imperio Mexicano",
en su lugar debería designarse a la persona que las "cortes imperiales"
nombraran. Dominada la situación por Iturbide y rota la inútil y débil
contra 'la conquista, la reivindicación; contra el derecho divino, la soberanía; contra la
sucesi6n de la corona por nacimiento, la elección democrática. En una palabra, la condenaci6n
más enérgica de la conquista y del régimen virreinal, un nuevo tipo de organización
provisional destinada a preparar las instituciones definitivas. Muchos de los artículos no
son mandamientos, sino postulados de derecho natural y político que tienden a combatir
los principios básicos del régimen virreinal. No importa Que haya tenido DOCa o ninguna

124 LAS GARANTÍAS INDlVIOUALES
resistencia que aún osó oponer Novella.: e! 27 de septiembre de 1821 penetró
triunfalmente en la antigua capital neoespañola e! ejército de las Tres
Garantías, es decir, el sostenedor de los tres principios respectivos proclamados
en e! Plan de Iguala (unión, religión e independencia), significando
tal hecho la consumación de la independencia nacional.
Los acontecimientos que se desarrollaron a raíz de este significativo fenómeno
histórico revelan claramente, por su gestación y finalidad, las intenciones
de Iturbide en e! sentido de convertirse en emperador de México.
Así, la Junta Provisional Gubernativa que se había constituido para preparar
la organización jurídico-poIítica de! nuevo Estado, expide e! 6 de octubre
de 1821 la llamada Acta de Independencia del Imperio Mexicano, en la
que, además de declararse la emancipación definitiva de la nación mexicana
respecto de la antígua España, se previó la estructuración de nuestro país
"con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y tratados de Córdoba
estableció sabiamente e! primer jefe del Ejército Imperial de las Tres Garantías...".
Congruente con dicha declaración de independencia, la mencionada
Junta, por decreto de 17 de noviembre del citado año, lanza la
convocatoria a Cortes, es decir, para integrar una asamblea constituyente
del proyectado imperio, la cual se declaró instalada e! 24 de febrero de
1822. En e! decreto de instalación se estipuló que dicha asamblea o congreso
representaba a la nación mexicana y que en este cuerpo residía la
soberanía nacional; que la religión estatal debía ser la católica, apostólica,
romana, con exclusión de cualquier otra; que México adoptaba para su
gobierno "la monarquía moderada constitucional con la denominación de
imperio mexicano"; y que se llamaría al trono imperial "conforme a la vo­
Imitad general, a las personas designadas en el Tratado de Córdoba"; consagrándose,
además, el principio de separación o división de poderes, radicando
e! ejecutivo por modo interino en la regencia designada por la Junta
Provisional Gubernativa, el legislativo en la propia asamblea constituyente
y e! judicial en los tribunales que a la sazón existían (es decir, en los coloniales)
o en los que posteriormente se establecieran.
Así las cosas, tres meses después, e! 19 de mayo de 1822, un sargento
de nombre Pío Marcha, encabezando a una soldadesca tumultuosa, desfiló
por las calles de la ciudad de México gritando "vivas" a "Agustín Primero,
el emperador" y, ocupando e! local donde se encontraba reunido e! congreso
constitucional, hizo presión para que este cuerpo declarara que 1turbide
aplicación, si debemos juzgarla como es, es decir, como el documento mi! completo de la
polémica entablada sobre" la independencia, en un terreno meramente político, o instrumento
de lucha. Es, pues, inútil hacer un análisis de ella; pero basta decir que es una
constituci6n republicana, democrátiea, central, representativa y congresional que estaba
destinada a desaparecer tan pronto como terminara la lucha, para dar lugar a la reuni6n
de. un congreso constituyente que dictara la Constituci6n definitiva." (Fragmento de un
articulo publicado en El Universal, el 27 de octubre de 1948.)

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 125
era llamado por la voluntad del pueblo a Ocupar el trono imperial, declaración
que se formuló por una mayoría sorprendida contra los votos de
quince diputados.
El gobierno imperial de lturbide tuvo una efímera duración, pues el
citado congreso constituyente, por decreto de 31 de marzo de 1823, declaró
que el Poder Ejecutivo existente desde el 19 de mayo del año anterior cesaba
en sus funciones, estableciendo que dicho poder lo ejercería provisionalmente
un cuerpo compuesto por tres miembros (designándose para tal
efecto a Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete) y
que debería denominarse "Supremo Poder Ejecutivo". Depuesto Iturbide,
quien en un gesto de dignidad manifestó al Congreso que abdicaba de la
corona, esta asamblea, mediante decreto de 8 de abril siguiente, dispuso
que siendo su coronación "obra de la violencia y de la fuerza, y nula de
derecho, no había lugar para discutir sobre dicha abdicación", y que quedaban
insubsistentes todos los actos que con el carácter de emperador hubiese
realizado, así como el Plan de Iguala, los tratados de Córdoba y el decreto
de 24 de febrero de 1822.
Por decreto de 21 de mayo de 1823, el Congreso Constituyente Mexicano
lanzó una convocatoria para la formación de un nuevo congreso, dando
las bases para la elección de los diputados que lo fuesen a integrar
el 17 de junio siguiente, en la inteligencia de que, de acuerdo con ellas, el
cuerpo legislativo por crearse debería quedar instalado a más tardar el día
31 de octubre del citado año.
El nuevo Congreso Constituyente se enfrentó al dilema de si había de
organizarse a México como república federal o como república centra!. Fue
así como en dicho congreso se perfilaron dos corrientes de estructuración
político-jurídica bien demarcadas y opuestas: el centralismo, cuyo principal
sostenedor fue fray Servando Teresa de Mier, y el federalismo, por el que,
entre otros muchos, pugnaba el joven diputado yucateco, que después se
convertiría en el creador del juicio de amparo, don Manuel Crescencio
Rej6n. El argumento básico que esgrimían los centralistas para que México
adoptara la forma de una república central, sc apoyaba en la tradición
política de nuestro país, que según ellos, acusaba un régimen de centralización,
arguyendo, por tanto, que la implantación del federalismo vendría
a dividir lo que antes estaba unido, mediante la creación artificial de estados
federados, con mengua para la potencialidad y progreso de la .patria.
Sin embargo, podemos afirmar que la tan decantada unidad política de
la Nueva España, era un tanto cuanto figurada, pues si se toma en cuenta
el hecho de quc había vastísimas regiones abandonadas y sin límites precisos,
resultaba que la acción del gobierno en ellas nunca se dejó sentir, quedando
a merced de pueblos y tribus autóctonos refractarios a la sumisión; por otra
parte, aunque parezca paradójico, en la Nueva España existía una verdadera
descentralización administrativa en lo que atañe al sistema municipal,

128 LAS GARANTiAS INDIVIDUALES
avanzado de la época; y si bien es verdad que dicho documento público
tuvo indudablemente como modelo la Constitución de los Estados Unidos
de América, también es cierto que presenta varias modalidades preceptivas
que inducen a creer que no fue una obra de mera emulación extranjerista
como pretenden sus antipatizadores. En efecto, la Constitución norteamericana,
como la mayoría de las leyes anglosajonas, son documentos
eminentemente pragmáticos en los que se contienen reglas generales destinadas
a regir con un sentido práctico la realidad misma. El espíritu jurídico
de los anglosajones no es muy afecto a las definiciones conceptuales,
sobre todo si éstas entrañan teorías filosóficas o políticas; lo que al anglosajón
interesa no es tanto resolver una cuestión doctrinal, especulativa, cuanto
encontrar una solución a los problemas que afronta la diaria vida de los
pueblos. Por eso sus leyes y constituciones, como se dijo con antelación, son
fundamentalmente pragmáticas y en ellas no se descubren con facilidad
preceptos que impliquen definiciones conceptuales, tales como la de soberanía
y de libertad. En cambio, el espíritu jurídico latino es idealista o, al
menos, ideólogo; se preocupa por las hondas cuestiones que atañen a la
Ciencia del Derecho, a la Política, a la Sociologia y, en general, a las ciencias
culturales y pretende elaborar fórmulas que pudieren entrañar su solución
satisfactoria; y cuando expide una normación positiva, en ésta plasma
como definición o, al menos, como descripción, las ideas respectivas. Asi
aconteció en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 1789 en que se expuso un concepto sobre libertad; y de la misma propensión
participaron la Constitución de Apatzingán y la Española de 1812
a propósito de la idea de soberanía, No se justifica, pues, la aseveración de
que nuestra Ley Fundamental de 1824 y el Acta Constitutiva de la Federación
Mexicana que le precede, hayan imitado servilmente a la Constitución
norteamericana, porque si ésta implicó la fuente de inspiración de
aquéllas, no por ello se le debe considerar como su origen exclusivo, ya
que si en el pensamiento jurídico-político de una determinada época existen
ciertas ideas o principios, es obvio que la ideologia respectiva se proyecta
análogamente sobre todas las tendencias de formación jurídica que
pretenden consagrarlo en una normación positiva, sin que las diversas
legislaciones que bajo tales auspicios se elaboren puedan reputarse modelos
o copias según el orden de su aparición, sino producto de un mismo modo
de pensar aunque con modalidades especificas diferentes.
Aludiendo a los aspectos propios de nuestro derecho constitucional en formación
que no encuentran su antecedente eidética en la Constitución estadunidense,
aunque tampoco sean originalmente mexicanos, don Isidra Montiel "
Duarte hace referencia especial al concepto de "soberanía" que no se define
en el código supremo norteamericano, contrariamente a su implicaci6n en
nuestros primeros documentos constitucionales. Dice al respecto el citado jurista:
"La Constituci6n de Apatzingán, a prop6sito de la soberanía, había dicho

srrUACIóN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 129
que la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gol>ierno, es lo que
constituye la soberanía; que ésta, por su naturaleza es imprescriptible, inaje,
nable e indivisible j que como el gobierno no se instituye por los intereses y
particulares de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres, sino
para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente
en sociedad, éstos tienen derecho incontestable a establecer el gobierno
que más les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo completamente,
cuando su felicidad lo requiera; que por consiguiente la soberanía reside originariamente
en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional, compuesta
de diputados elegidos por los ciudadanos, bajo la forma que prescriba
la Constitución."
"Un poco antes había dicho la Constitución de 1812 muy lacónicamente:
"«La soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo mismo, pertenece
a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales»."
"Ahora bien, supuesto el deber que hay de comparar nuestro derecho constitucional
con el americano, debemos decir que en la Constitución de los Estados
Unidos de Norteamérica, no hay nada que se parezca a los artículos que van
citados."
No obstante quc México contaba con una Constitución, Como la federal
de 1824, que podría haber enorgullecido a cualquier país de avanzada
cultura jurídica, su expedición no fuc obstáculo para que durante su vigencia
comenzara la trágica etapa de los pronunciamientos militares, fruto
de las ambiciones personales de poder de los personajes que se consideraron
"hombres fuertes" de la época. El periodo presidencial era de cuatro años,
y al llegar a su término el gobierno de don Guadalupe Victoria, hubo dos
candidatos para sucedcrlo: los generales Gómez Pedraza y Vicente Guerrero.
El primero ocupó la presidencia merced al apoyo oficial que sc le dispensó,
pero inconformes sus adversarios, hicieron estallar diversos pronunciamientos,
bajo cuya presión el Congreso se vio obligado a declarar nulas
las elecciones y designar como presidente al antiguo insurgente, quien tomó
posesión de este alto cargo el primero de abril de 1829. Durante el gobierno
de Guerrero se registró el desembarco del brigadier español Isidro Barradas,
quien Con un ejército de cuatro mil hombres bien pertrechados intentó
reconquistar a México para someterlo nuevamente a la dominación hispana.
Guerrero confirió a don Antonio López de Santa Anna la misión de combatir
a Barradas, habiendo derrotado al jefe español, obligándolo a- recmbarcarse.
Este hecho concitó indirectamente antipatías a Guerrero, cuyo
gobierno, merced a ese sonado triunfo, adquiría popularidad, por una parte,
y era víctima dc la traición dc parte de uno de sus importantes componentes,
el general Anastasio Bustamante, quien, en su carácter de vicepresidente
de la República asumió el Poder Ejccutivo después de haber obtenido
la declaración de nulidad de la elección del presidente. Al gobierno de
Bustamante se achaca uno de los actos más bochornosos y viles que registra
nuestra historia: la celada que por su cuenta tendió a Guerrero el genovés
Pícaluga para entregarlo a un piquete de tropas gobiernistas a fin de que

130 LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
posteriormente se le fusilara, hecho éste que ocurrió en Cuilapa el 14 de
febrero de 183i.
A la caída de Bustamante, que se debió, según se afirma, a que él mismo
en los llamados Tratados de Zavaleta reconoció que era un usurpador,
las elecciones que se celebraron llevaron a la presidencia de la República
a Santa Anna y a la vicepresidencia a don Valentín Gómez Farías, quien
asumió el Poder Ejecutivo el primero de abril de 1833 en vista de que el
primero se retiró, como acostumbraba hacerlo frecuentemente, a su hacienda
de Manga de Clavo, y de conformidad con lo dispuesto por la Constitución
de 1824. Gómez Farías, quien en mayo de 1822 pugnó porque el
entonces Congreso Constituyente del Imperio Mexicano, proclamase sin discusión
a.Tturbíde como emperador, en su carácter de vicepresidente de la
República y en ejercicio del Poder Ejecutivo Federal, se ostentó como un
gobernante de ideas avanzadas, a tal grado que se le considera COmo el
precursor 'de la Reforma en unión del doctor José Luis Mora. Enemigo
del clero, que en aquella época representaba a la clase económica prepotente
y cuya situación le atribuía indiscutible dominio político, Gómez Farías
expidió diversos decretos en que prohibió a las autoridades eclesiásticas tratar
cuestiones de gobierno civil; declaró la cesación de Ia obligación jurídica
de pagar diezmos; suprimió la coacción civil para el cumplimiento de los
votos monásticos; secularizó las misiones de las CaIifornias, vedó todas las
ventas, imposiciones y redenciones en bienes y fincas de regulares del Distrito
Federal a los prelados o ecónomos de sus conventos; y ordenó la substitución
de la Real y Pontificia Universidad de México por una Dirección
General de Institución Pública."
Tales medidas, que tendieron a debilitar la pujanza económica del clero
y a restringir su intervención en la vida politica y cultural de México y de
cuya atingencia o desacierto no trataremos en esta ocasión, produjeron la
violenta- reacción de los grupos politicos que eran decididos partidarios de
los privilegios eclesiásticos y enemigos de las tendencias reformistas del gobierno
de Gómez Farías demostradas por los drásticos decretos mencionados.
Puede afirmarse que las medidas adoptadas por éste y su impugnación
cruenta e ideológica, originaron en nuestra historia dos corrientes políticas
opuestas, el liberalismo y elconservatismo, cuyas pugnas, que regaron la
vida pública de México con la sangre de sus hijos, quedaron prácticamente
liquidadas con el fusilamiento de MaxirniIiano en junio de 1867. El liberaIismo
se significó como un movimiento político-jurídico sostenedor de una
ideología nueva que pugnaba principalmente por la abolición de los fueros
y privilegios de las clases sociales que entonces detentaban el poder político
y económico (el clero, el ejército y los grupos económicamente fuertes)
y por la separación de la Iglesia y del Estado, -confinando a aquélla a los
so Decretos de 6 y 8 de junio; 20 de agosto; 21 y 27 de octubre; 8 y 20 de noviembre
'1 2 de diciembre del año de 1833.

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 131
estrictos límites de su misión espiritual. Los llamados conservadores, en
realidad, no tenían una ideología perfectamente definida, pues simplemente
se ostentaron como opositores a toda tendencia reformadora del liberalismo,
tratando de impedir que éste lograra las finalidades que perseguía. Frente
al querer positivo renovador de los liberales, los conservadores asumieron
un querer negativo: evitar la implantación política, jurídica y económica
de las ideas abrigadas por sus adversarios mediante el mantenimiento del
estado de cosas que por aquéllas pudiera afectarse. El conservatismo trató
de defender lo que ya existía; no fue, por tanto, un movimiento regresivo;
en cambio, el liberalismo pretendió transformar lo existente, reemplazándolo
por lo que creyó justo desde el punto de vista político, social yeconómico.
Ambas tendencias, hay que reconocerlo, procuraban de buena fe
el bienestar y la felicidad de México, aunque en la conducta de algunos
personajes que representaban a una y a otra se hayan advertido actos antipatrióticos
que no es del caso relatar.
Las medidas gubernativas de Gómez Farías provocaron el levantamiento
que se Conoce con el nombre de "Religión y Fueros", por cuyo motivo
Santa Anna se hizo cargo del Poder Ejecutivo. Bajo la presión de los grupos
conservadores que ya comenzaban a tomar cuerpo, el sistema federal
establecido en la Constitución de 1824 se substituyó por el régimen central,
expidiéndose en diciembre de 1835 las llamadas Siete Leyes Constitucionales,
ordenamiento que, a pesar de haber cambiado la forma estatal de México,
conservó el principio de la división de poderes (hecho nugatorio por la
creación de un cuarto poder denominado Supremo Poder Conservador) 01
e instituyó diversas garantías en favor del gobernado.
La Constitución centralista de 1836 es hija espuria de un congreso que,
no obstante que emanó de la Constitución de 1824, se erigió en "constituyente"
violando con todo descaro el ordenamiento que le dio vida jurídica.
Para constatar la ilegitimidad de "Las Siete Leyes Constitucionales" nada
más pertinente que citar las palabras del licenciado F. Jorge Gaxiola, quien
afirma: "Si el Jefe del Ejecutivo rompía sus títulos legitimes y se rebelaba,
cn el fondo, contra su propia administración, el Congreso.no podía guardar
una actitud ponderada; el mal ejemplo cundió y la asamblea legislativa
declaró que en ella residían "por voluntad de la nación, todas las facultades
extraconstitucionales necesarias para hacer en la Constitución de 1824,
cuantas alteraciones crea convenientes, en bien de la misma nación, sin las
trabas y moratorias que ella prescribe". La asamblea tuvo el inútil pudor
de limitar sus funciones, y después de desconocer prácticamente la Constitución
de 1824, que, al margen de la misma iba a reformar, quiso respetar
uno solo de sus preceptos, el 171, que prohibía terminantemente cualquier
enmienda sobre la libertad e independencia del país, su religión, forma de
91 El estudio de dicho "poder" aparece en la obra El Juicio de Amparo, del autor de
este libro.

132 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
gobierno, división de poderes, o que atacase la libertad de imprenta. Pero
este proceder pareció tímido y el Sexto Congreso consideró p""ferible declararse
por sí y ante sí en verdadero constituyente, "con amplias facultades
para variar la forma de gobierno y constituir a la nación de nuevo".
"La asamblea destruyó en esta forma el principio que sustentaba su
propia legalidad. Dio un original 'golpe de Estado parlamentario', que por
lo demás fue calificado, en aquel entonces, como 'la única navecilla que
por ahora puede salvar a la nación de un naufragio' (palabras del diputado
Pacheco pronunciadas el 29 de abril de 1835) Y de aquí salieron las llamadas
Siete Leyes, que formaron la Primera Constitución centralista del
país, y que, del año de 1836 al de 1841, habían de ser el estatuto fundamental
de nuestra organización política,"
La primera de las Siete Leyes Constitucionales de 1836 se refiere a los
derechos'y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República y en
sus preceptos se contienen diversas garantfas de seguridad jurldica, tanto
en relación con la libertad personal como con la propiedad, al disponerse
que nadie podía ser detenido sin mandamiento de juez competente y que
la privación de los bienes de una persona, de su libre uso y de su aprovechamiento
sólo podría llevarse a cabo cuando lo exigiera la pública utilidad.
Además, en la propia Primera Ley se consagra la libertad de emisión del
pensamiento, prohibiéndose la previa censura para los medios escritos de
expresión, así como la libertad de traslación personal y de bienes fuera del
país."
El cambio de la forma de Estado que se operó en virtud de la Constitución
centralista de 1836, no puso fin al padecimiento endémico de nuestra
vida pública: los pronunciamientos, "cuartelazos" y levantamientos
militaristas. Contra el gobierno de Bustamante, emanado de dicha Constitución,
se suceden los famosos "planes", que no eran, en la mayoría de
los casos, sino la careta con que se disfrazaban frente a un pueblo carente
de opinión las ambiciones personalistas de poder. La implantación del ré-
'02 La sustitución del régimen federal por el régimen central que operó el documento
constitucional a que nos referimos, originó que Yucatán reasumiera su soberanía convirtiéndose
en auténtico "Estado libre y soberano". Al organizarse jurídica y políticamente con
este carácter, su asamblea constituyente expidió la famosa Constitución de 1840. obra primordialmente
del ilustre don Manuel Crescencio Rejón. en la que este patricio plasma su
ideario sobre las trascendentales funciones del Poder Judicial dentro de un régimen de derecho
en el que impere el principio de supremacía constitucional. Como es bien sabido, de ese.
ideario brotó la concepción del juicio de amparo que se instituye en la mencionada Ley
Fundamental Yucateca, misma que analizamos en nuestra obra respectiva a propósito de la
creaci6n de nuestro glorioso juicio de garantías. Por lo que concierne a la situación del
gobernado frente al poder estatal dentro del sistema establecido en la Constitución de 1840
este ordenamiento reconoció en su favor las potestades naturales inherentes a la personalidad
humana, convirtiéndolas en garandas individuales, tales como las que atañen a la libertad
de pensamiento, de imprenta, etc., instituyendo por primera vez en México la
religiosa. Además, en la propia Constitución se consagran garantías de seguridad jurídica
en favor de la libertad personal y en lo que respecta a los juicios penales, análogamente
a las consignadas en los artículos 16, 19 Y 20 de nuestra Ley Fundamental vigente.

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 133
gimen central fue la causa, o al menos el pretexto, para que Tejas exigiera
su independencia. Por su parte, Yucatán, molesto porque el centralismo
lo degradó al convertirlo en un simple departamento, opta por separarse
de la República Mexicana. Estos hechos, que revelaban el peligro de un
paulatino desmembramiento de nuestro país, provocaron la reacción de los
partidarios del federalismo para restaurar el imperio de la Constitución de
1824-. Sería prolijo relatar los múltiples levantamientos que bajo diversos
"programas salvadores" se registraron en la etapa más caótica de nuestra
historia: la que comprende la vigencia de las Siete Leyes Constitucionales.
La República presentaba el aspecto de un gran teatro, en que el pueblo
espectador, sin tomar realmente partido en favor de ninguna de las facciones,
presenciaba diversos escenarios de mutación constante (los cargos de
presidente) en que los actores se sucedían unos a otros en el paroxismo del
poder (los diferentes pronunciados), ambicionado a la vez por Santa Auna,
Bustamante, G6mez Pedraza, Bravo, Á1varez y otros muchos "patriotas".
El antiguo vencedor del español Barradas, tras una serie interminable de
peripecias, escaramuzas y ardides, proclama el tristemente célebre Plan de
T acubaya, en que apoyara posteriormente su descarada dictadura, declarando
la cesaci6n de todos los poderes existentes en virtud de la Constituci6n
de 36, exceptuando al judicial (al que después manej6 a su antojo)
y previniendo que se nombrara por el "jefe de la revoluci6n" una junta
que debiera designar "con entera libertad" a la persona que se hiciese
cargo del Poder. Ejecutivo, entretanto un "congreso constituyente" organizara
a la naci6n." El primer paso dado "libremente" por dicha junta fue
la declaración a favor de don Antonio L6pez de Santa Anna como Presidente
de la República, cargo que en esta ocasi6n ocup6 por sexta vez.
En 10 de diciembre de 184-1 Santa Anna lanza la convocatoria prevista
en el Plan de Tacubaya para un Congreso Constituyente, el cual debería
quedar instalado el primero de junio de 184-2. Del seno de este congreso
se designa a una comisi6n compuesta por siete miembros encargada de
elaborar un proyecto constitucional. Dicha comisi6n, a su vez, se dividió
en dos grupos, estando el minoritario integrado por don Mariano Otero,
Espinosa de los Monteros y Muñoz Ledo, quienes formularon un proyecto
de naturaleza federalista, a diferencia del que elabor6 la mayoría, el cual
tendia a reiterar el régimen central de la Constitución de 1836. Sin embargo,
el Congreso Constituyente no pudo discutir tales proyectos, porque
por decreto expedido el 19 de diciembre de 184-2 por don Nicolás Bravo,
a la sazón Presidente de la República merced a la "designaci6n" que en
su favor hizo Santa Arma, se nombro una Junta de Notables "compuesta
de ciudadanos distinguidos por su ciencia y patriotismo", encargada de formar
las bases para organizar a la naci6n....
98 Dicho plan fue expedido el 28 de septiembre de 1841. en cuyas bases primera a
séptima se establecieron los anteriores puntos.
94 Entre, los ochenta miembros que componían la expresada Junta se encontraban el

134 LAS GARANTIAS INDIVIDUALES
Al efecto, el 13 de junio de 1843, "el general don Antonio López de
Santa Anna, benemérito de la patria y Presidente provisional de la República",
anunci6 la expedici6n, por la Junta de Notables citada, de las llamadas
Bases de Organización Política de la República M exicana, Este ordenamiento,
cuya ilegitimidad es notoria, reiteró e! régimen central implantado
por la Constituci6n de 1836. Adopt6 el principio de la separaci6n o
división de poderes, depositando el legislativo en dos cámaras, una de
diputados y otra de senadores (estos últimos e!egibles por las asambleas
departamentales, por la cámara de diputados, por e! Presidente de la República
y por la Suprema Corte de Justicia) (art. 32); el ejecutivo en un
magistrado (Presidente de la República) cuyas funciones durarían cinco
años; y e! judicial en una Suprema Corte de Justicia, en los tribunales superiores
y jueces inferiores de los departamentos.: Por lo que concierne a
las garantfas del gobernado, las Bases Orgánicas de 1843 superaron a las
Constituciones de 1824 y de 1836, al contener en un capitulo explicito y
de manera más completa que en estos dos últimos ordenamientos, un cuadro
general de los derechos "de los habitantes de la República" (arts.
7 a 10).
El 2 de enero de 1844 vuelve a ser designado Presidente de la República
por e! Congreso Nacional y de acuerdo con las citadas Bases Orgánicas e!
general Santa Auna, quien, pretextando motivos de salud, manifiesta no
poder tomar posesi6n de dicho cargo el primero de febrero siguiente, en
cuya virtud se nombr6 presidente interino a don Valentin Canalizo. En 4
de junio de! propio año, Santa Auna asume la presidencia, cesando en sus
funciones Canalizo, quien vuelve al interinato presidencial tres meses después
a consecuencia de otro de los acostumbrados retiros de! "benemérito
de la patria" a SUS fincas en e! Departamento de Veracruz, Hastiado el
Congreso por los frecuentes retiros de Santa Anna, que más bien significaban
huidas estratégicas de la Presidencia de la República cuando alguno de los
muchos problemas que aquejaban a la naci6n se avecinaba, por decreto
de 17 de diciembre de 1844 lo desconoci6 como Jefe del Ejecutivo nacional,
"por haberse sublevado contra e! orden constitucional", ya que no pidi6
permiso al' Congreso para acudir a sofocar e! levantamiento de Paredes
Arrillaga en Jalisco y en vista de que no reconoci6 al gobierno de don
José Joaquin '

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 135
Nuestro país, en plena bancarrota económica, desorganizado, infectado
con el virus de los pronunciamientos que lo dividian interiormente y lo
debilitaban para repeler la injusta y aleve agresión del poderoso país vecino,
se aprestó, sin embargo, para defenderse a sabiendas de su impotencia y
de su fatal y desgraciada derrota. El Presidente Herrera dispuso la defensa
de la República, poniendo bajo el mando del general Paredes Arrillaga
los elementos militares con que escasamente contaba el gobierno. Las ambiciones
mezquinas de Paredes por conquistar el poder triunfan sobre el deber
que como militar le incumbía para proteger a la patria contra el invasor
extranjero y en vez de combatir a las tropas norteamericanas, se levanta
en San Luis Potosí, logrando que el Congreso lo designe presidente interino.
La gueITa contra los Estados Unidos significó una magnifica oportunidad
para los federalistas, no en el sentido de demostrar su patriotismo defendiendo
a México, sino de soliviantarse contra el gobierne¡ centralista. Así, el
4 de agosto de 1846, el gcneral Mariano Salas formuló un plan en la Ciudadela
de México desconociendo el régimen centralista y pugnando por la
formación de un nuevo congreso "compuesto de representantes nombrados
popularmente, según las leyes electorales que sirvieron para el nombramiento
del de 1824". En dicho plan se invitó a don Antonio López de Santa
Anna para que se sumara al movimiento que implicaba, "reconociéndolo
desde luego como general en jefe de todas las fuerzas comprometidas y
resueltas a combatir porque la nación recobre sus derechos y asegure su
libertad y se gobierne -por sí misma". Conforme a la convocatoria que dos
días después lanzó el propio Salas en su carácter de "jefe del ejército libertador
republicano en ejercicio del supremo Poder Ejecutivo", el Congreso
a que aludía el Plan de la Ciudadela debería quedar instalado el 6 de di,
ciembre de 1846, en la inteligencia de que mientras se expedía una nueva
Constitución, regiría la federal de 1824 (decreto de agosto 22 del mencionado
año). Uno de los primeros actos del nuevo Congreso consistió en
designar presidente interino de la República a Santa Anna y vicepresidente,
a don Valentín Gómez Farías (decreto de 26 de diciembre de 1846), Y
seguidamente, en 10 de febrero de 1847, restauró la vigencia de la Constitución
de 1824, reimplantándosc así el régimen federal. Este ordenamiento
'constitucional evidentemente urgía modificaciones para adaptarse al estado
de cosas que prevalecían en 1847, y en tal virtud, el 18 de mayo de este
año, se expidió el Acta de Reformas, cuyo preámbulo afirmaba lo siguiente':
"En nombre de Dios, Creador y Conservador dc las sociedades, el congreso
extraordinario constituyente, considerando: Que los Estados mexicanos, por
un acto espontáneo de su propia e individual soberanía (lo que no es- verdad)
y para consolidar su independencia, afianzar su libertad, proveer a
la defensa común, establecer la paz y procurar el bien, se confederaron en
1823, y constituyeron después en 1824 un sistema político de unión par",
su gobierno general, bajo la forma de República popular representativa, que

136 LAS GARANTIAS INDIVIDUALES
aquel pacto de alianza, origen de la primera Constitución y única fuente
legítima del poder supremo de la República, subsiste en su primitivo vigor,
y es y ha debido ser el principio de toda institución fundamental; que ese
mismo principio constitutivo de la Unión Federal, ni ha podido ser contrariado
por una fuerza superior, ni ha podido ni puede ser alterado por
una nueva Constitución; y que para más consolidarle y hacerle efectivo,
son urgentes las reformas que la experiencia ha demostrado ser necesarias
en la Constitución de 1824, ha venido en declarar y decretar, y en uso de
sus amplios poderes, declara y decreta: ..."
Las prescripciones más importantes del Acta de Reformas de 1847 fueron
las siguientes: declaración de que una ley secundaria fijarla las garantias
de libertad, seguridad, propiedad e igualdad en favor de todos los habitantes
de la República (art, 5'); supresión de la vicepresidencia (art. 15);
establecimiento del principio de facultades expresas para los poderes de la
Unión, sin que se entendieran permitidas otras por falta de expresa restricción
(art. 21); institución del juicio de amparo para proteger a cualquier
habitante de la República, en el ejercicio y conservación de los derechos
concedidos constitucional y legalmente contra todo ataque de los poderes
legíslativo y ejecutivo de la Federación o de -los Estados (art. 25); potestad
para el Congreso General o las legislaturas locales, a fin de que pudiesen
declarar anticonstitucionales, respectivamente, las leyes de las entidades federativas.
o las federales (arts, 23 y 24).
La eficacia juridica de las garantías individuales declaradas simplemente
en el Acta de Reformas se supeditó a la expedición de una ley constitucional
que las instituyera de manera específica, adoptando en este punto
la idea de don Mariano Otero expuesta en su célebre "voto particular" de
cinco de abril de 1847.
Al respecto, el ilustre jalisciense decía: "Entiendo que la Constitución actual
debe establecer las garantías individuales, y sobre bases de tal manera estables,
que ninguno de los hombres que habiten en cualquier parte del territorio de
la República, sin distinci6n de nacionales y extranjeros, tengan que extrañar
sobre este punto las mejores leyes de la Tierra. Dominado por este pensamiento,
propongo que la Constitución fije los derechos individuales y asegure Su inviolabilidad,
dejando a una ley posterior, pero general y de un carácter muy
elevado, el detallarlos."
De manera distinta opinaban los señores Fernando Agreda, Manuel Crescencio
Rejón, José Maria del Río y Manuel Buenrostro, diputados designados
por el Distrito Federal, pues para ellos en la Constitución debían especificarse
las garantías individuales, sin dejar su institución a la legislación secundaria,
aunque tuviese el rango elevado que pretendía Otero. Redactaron al efecto un
documento, fechado el 29 de noviembre de 1846, en que proponían la inserción
dentro del texto constitucional- de diversas garantías, figurando entre ellas
las relativas. -a la preservación de la libertad personal frente a detenciones arbitrarias
y a la incomunicación, a la de legalidad, a la protección de la propiedad
privada, a la libertad de industria y de reunión, al derecho de petición y a la
seguridad del domicilío.

138 LAS GARANTIAS INDMDUALES
tuir a Arista, la Cámara de Diputados de dicho cuerpo legislativo nombró
a Juan B. Ceballos, quien venía ocupando la Presidencia de la Suprema
Corte de Justicia. Mediante un clásico golpe de Estado, indigno de un ex
representante del Poder Judicial Federal, Ceballos decretó la cesación del
Poder Legislativo de la República (19 de enero de 1853), ordenando se
convocara a un Congreso extraordinario para reformar la Constitución
entonces vigente (la de 1824), con e! pretexto de que el Congreso ordinario
no estaba facultado para introducir en dicho ordenamiento las modificaciones
que reclamaba la "voluntad" del pueblo expresada a través de diversos
pronunciamientos habidos en diferentes lugares del teritorio nacional y a
los cuales se había adherido la guarnición de la ciudad de México.
Roto el orden constitucional en virtud de la supresión de la asamblea
legislativa, se apodera de la Presidencia de la República, sin más titulo que
mediante uno de los incontables pronunciamientos que por desgracia han
caracterizado a las época. más aciagas de nuestra historia, Manue! Maria
Lombardini, quien por decreto de 17 de marzo de 1853 y con apoyo "en
e! articulo 5 del convenio acordado en 6 de febrero anterior entre el jefe
de la división de Jalisco y Estados adheridos al Plan de Guadalajara, e!
jefe de la división Robles y los señores comisionados por la división Lombardini",
declaró Presidente de la República a don Antonio López de Santa
Anna y a consecuencia de una curiosa "elección" celebrada en el salón de
la Cámara de Diputados (sin diputados) que se verificó por el insólito
procedimiento de abrir unos misteriosos "pliegos" conteniendo los "votos"
respectivos.
El gobierno -del veleidoso Santa Anna, emanado de los anteriores acontecimientos,
constituyó uno de los más afrentosos Impactos contra la dignidad
política del pueblo mexicano. Fruto de un golpe militar que embozaba,
como tantos otros, ambiciones mezquinas de poder respaldadas por la actitud
oprobiosa de un ex presidente de la Suprema Corte, su ilegitimidad era
notoria. Sin ninguna norma juridica que rigiera sus actos, pues el orden
constitucional había desaparecido; frente a un pueblo que carecía de conciencia
cívica e indiferente, por desgracia, a los nefastos pronunciamientos;
y en ausencia de toda ideología politica que no fuese la suya personal, Santa
Anna hizo de su gobierno la más execrable de todas las dictaduras. Bajo
la forma meramente verbalista de "Presidente de la República", el astuto
mutilado encarnó a un sátrapa, de cuya caprichosa voluntad dependia toda
la vida pública de México. En su persona se concentraron todas las funciones
estatales: dictaba leyes, las ordenaba cumplir y organizaba a discreción
los tribunales. A falta de todo fundamento más o menos juridico que
pudiese aparentemente justificar sus actos gubernativos ante el pueblo, tuvo,
sin embargo, un gesto de falsa pudicia para tratar de legitimar su conducta:
la invocación constante de "facultades que le confirió la nación" como si

SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 139
ésta hubiese estado constituida por los ambiciosos y descarados militares que
10 llevaron al poder.
Son numerosísimos los decretos que expidi6 Santa Anna sobre las distintas
materias que comprendía la vida pública de México; y s6lo con el objeto de
dar una idea de lo omnímodo de su gobierno dictatorial, nos permitiremos
aludir a varios de ellos. Legisl6 sobre las facultades que en su personal concepto
debían tener los gobernadores de los Estados (decreto de 11 de mayo de 1853) ;
dict6 una ley para el arreglo de lo contencioso-administrativo (Dec. de 25 de
mayo de 1853); sujet6 a los ladrones a la jurisdicci6n militar (Dec. de mayo
20 de 53); restableci6 las alcabalas (Dec. de 2 de junio de 63); expidi6 una
ley penal para los empleados de Hacienda (Dec. de 28 de junio); orden6
uniformar a los miembros de la Suprema Corte (Dec. de julio 5) j cre6 una
ley expropiatoria (Dec. de 7 de julio) y otra sobre traidores a la patria (Dec.
de 9 de julio); derog6 el decreto de la legislatura de Oaxaca que sancion6
el C6digo Civil del Estado (Dec. de julio 27); expidi6 una ley sobre conspiradores
tratando de afianzar su gobierno contra sublevaciones, pronunciamientos
o cualquier otro acto que afectara a su régimen (Dec. de primero de
agosto); delimit6 la jurisdicci6n del Tribunal Mercantil [Dec. de 12 de septiembre)
; expidi6 una ley orgánica sobre lo, tribunales y juzgados de Hacienda
(Dec. de 20 de septiembre); determin6 que los Estados de la República se
llamasen Departamentos (Dec. de 21 de septiembre); derog6 las leyes del
Estado de Veracruz de 10 de febrero y de 15 de marzo de 1849 sobre tratamiento
(Dec. de 24 de octubre); estableci6 una contribuci6n sobre posesi6n
de perros (Dec, de 2 de noviembre); declaró nulas las enajenaciones de terrenos
baldíos hechos por los Estados (Dec. de 25 de noviembre); expidi6 una
ley sobre el arreglo de la administraci6n de justicia (Dec. de 16 de diciembre) ;
ordenó la cesaci6n de los fueros de los diputados (Dec. de la misma fecha) ;
cre6 una ley sobre extranjería y nacionalidad (Dec. de 30 de enero de 1854) y
sobre nacionalidad de las sociedades comerciales (Dec. de 16 de. febrero) ;
prohibi6 la introducción en la República de impresos que atacaran o censuraran
al gobierno (Dec. de 16 de marzo); declar6 milos varios decretos de las
legislaturas de los Estados (Dee. de 31 de mayo); expidi6 un C6digo de Comercio,
cuyo autor fue don Teodosio Lares, ordenamiento que, no obstante
su vicio de origen, significó un indudable adelanto en la evolución jurídica
de México (Dec. de 16 de mayo).
Un pueblo puede tolerar por algún tiempo las vejaciones reiteradas de
que lo hagan víctima sus autoridades; puede padecer pacientemente la más
indignante opresión de su gobierno; pero llega un momento en que hombres
decididos a romper el oprobio lo sacan de su letargo y lo tornan en furibundo
reconquistador de sus derechos. Ello aconteci6 el primero de marzo de
1854, en que un grupo de militares, procediendo de manera contraria a
como habían actuado muchos de sus colegas eri ocasiones anteriores, lanzó
por todos los ámbitos de la República y desde la pequeña población de
Ayuda una estruentosa proclama de libertad, formulando un plan reivindicador
cuyo objetivo fundamental consisti6 en reorganizar jurídicamente
a nuestro país bajo la forma republicana, representativa y popular y sobre
la base del respeto a las garantías individuales. A dicho grupo, por invita-

140 lA') GARANTÍAS INDIVIDUALES
ción del coronel don Florencio Villarreal que lo encabezaba, se adhirió en el
puerto de Acapulco el día 11 siguiente, otro conjunto de militares de diversas
jerarquías (entre los que se encontraba don Ignacio Comonfort), que COn algunas
modificaciones suscribió gustoso el Plan de Ayutla, y cuyas tendencias
básicas se analizarán posteriormente. Su Alteza Serenísima, confiado en la solidez
de su poderío, en un principio no dio importancia al movimiento que se
alzaba contra su dictatorial gobierno; pero como la sublevación cundía por
diferentes regiones del territorio nacional, se decidió a combatirla. Sin embargo,
el apoyo militar con que contaba Santa Anna se iba mermando gradualmente
y el 8 de agosto de 1855, con el pretexto de "atender personalmente el
restablecimiento del orden" marchó al Departamento de Veracruz, abandonando
pocos días después el territorio de la República, adonde no regresó
hasta febrero de 1874, víctima de la indiferencia pública, para morir dos años
más tarde, olvidado por todos.
La proclamación del Plan de Ayutla se revela en la historia de nuestro
país como un acontecimiento iniciador de una auténtica revolución que culminó
con la expedición de la Constitución Federal de 1857, rectora jurídica
de los destinos patrios hasta los trágicos hechos de febrero de 1913, merced
a los cuales la usurpación gubernativa de Victoriano Huerta desencadenó el
movimiento revolucionario de restitución del orden constitucional emanado
del famoso Plan de Guadalupe formulado principalmente por don Venustiano
Carranza.
La motivación del Plan de Ayuda se tradujo no sólo en el designio de
suprimir la dictadura de Santa Anna, sino en la tendencia para estructurar a
México de una manera estable desde el punto de vista jurídico y político. No
se pretendió, a través de él, simplemente substituir un gobierno por otro
mediante un mero cambio de los detentadores del poder (fenómeno éste
que abunda en nuestra historia), sino establecer un orden constitucional que
garantizara la permanencia de la vida institucional de la República. Claro
está que dicha pretensión se descubre en las finalidades de diversos planes
anteriores, que, o se vieron frustrados por la realidad histórica, o sólo significaban
estratagemas para engañar al pueblo y encubrir ambiciones personales
de poder. El Plan de Ayuda como mero acto de preparación revolucionaria
y como medio para instituir un régimen constitucional, habría estado
condenado al fracaso, como tantos otros" en el supuesto de que no hubiesen
concurrido dos circunstancias fundamentales: el triunfo del partido liberalrepublicano
que se logró con definitiva hasta la liquidación del imperio de
Maximiliano sostenido por las fuerzas francesas de intervención y por los
conservadores, y la legitimación de la Carta Política de 1857 en la conciencia
de gobernantes y gobernados. De no haber mediado esas dos circunstancias
primordiales, el Plan de Ayuda sólo hubiera significado en nuestra historia
política lo que denotó la Constitución de Apatzingán, a saber, un mero documento
de interés histórico en que se plasmaran las ideas libertarias de un
grupo de hombres que con patriotismo y buena fe deseaban el progreso y
bienestar del pueblo mexicano conforme a una ideología política determinada.
El Plan de Ayuda y las modificaciones que se le introdujeron en Acapulco
fueron obra exclusiva de un grupo de militares. cuyos designios no eran

SITUACIÓN DEL GOBERNADOR EN LA HISTORIA 141
otros que los de invitar a la nación a organizarse como mejor le conviniese
mediante la integración de un Congreso Constituyente. Como protesta espontánea
contra la dictadura de Santa Auna, no propendió a la imposición de
ningún sistema político, pues aunque en él se contiene la profesión de fe republicana
y liberal, se dejó la posibilidad en favor de la voluntad mayoritaria
de la nación para que se le hiciesen las modificaciones que ésta acordara y
las que serían acatadas "en todo tiempo" por sus suscriptores.98
Es evidente que el Plan de Ayuda desató dos importantes movimientos
armados que comprenden sendas etapas en la guerra civil que provocó: el
que culminó con la eliminación del gobierno dictatorial de Santa Auna y
el que terminó con el triunfo del partido liberal, sostenedor de los principios,
instituciones y leyes que de dicho documento se derivaron. En efecto,
los objetivos inmediatos del mencionado plan, una vez satisfechos los propósitos
de derrocamiento de la dictadura santanista, consistieron en la designación
de un presidente interino investido con amplias facultades "para
reformar todos los ramos de la administración pública, para atender a la seguridad
e independencia de la nación y para promover cuanto conduzca a
su prosperidad, engrandecimiento y progreso". Dichas facultades no tenían
otra restricción que la de "respetar inviolablemente las garantlas individuales", debiendo
su titular "convocar a un Congreso extraordinario conforme a las bases
de la ley que fue expedida con igual objeto en 10 de diciembre de
1841". La desaparición de Santa Auna de la vida pública de México no bastó
para pacificar al país, pues la obra fundamental de dicho Congreso, la Constitución
Federal de 1857, y las leyes y decretos reformadores que los gobiernos
emanados del Plan de Ayutla fueron expidiendo, originaron la cruenta
resistencia de los grupos políticos conservadores que se oponían a la implantación
del nuevo estado de cosas. Por ello nos hemos atrevido a afirmar que
la trascendencia revolucionaria del Plan de Ayuda no radica en su mera proclamación,
sino en las consecuencias políticas e históricas que de él se derivaron,
es decir, en la legitimación ante la conciencia mayoritaria del pueblo
mexicano del Código Político de 1857 y de las llamadas "Leyes de Reforma"
que a la postre sólo fueron y han sido repudiadas por grupos minoritarios,
así como en la derrota definitiva infligida al partido conservador hasta junio
de1867.
Sin embargo, a pesar de que el Plan de Ayuda fue por sí solo insuficiente
como causa directa e inmediata de la victoria del liberalismo y de la Reforma
en nuestro país, tiene indiscutiblemente el mérito de haber sido un
documento genuino de preparación revolucionaria, ya que los motivos que
98 Es obvio que la "voluntad nacional mayoritaria" que respaldó el Plan de Ayuda y la
obra fundamental derivada de él, o sea la Constitución de 1857, no se externo mediante ningún
plebiscito ni referéndum, sino que se reveló en la aceptación tácita de las ideas y principios que
en ambos documentos se contuvieron; pues una vez sofocado para siempre el movimiento conservador,
los sucesos históricos posteriores a 1867 no manifestaron tendencias contrarias al régimen
republicano, representativo y federal; y si hubo inconformidades contra la transformación
social y política que se operó en virtud de dicha Constitución y de la legislación secundaria conexa,
tal hecho debe estimarse sólo imputable a minorías ridículas integradas por clases sociales
que por su posición económica o sus ideas simpatizaban con el ideario conservador.

142 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
determinaron su proclamación y los objetivos que persiguió lo colocan en
ese rango. En efecto, refiriendo a dicho plan los diferentes atributos que peculiarizan
a toda revolución y la distinguen de cualquier movimiento alterador
de un statu-quo, se llega a la conclusión que se acaba de apuntar por las
siguientes consideraciones:
l. El Plan de Ayuda propendió a derrocar violentamente la dictadura
santanista, es decir, un gobierno de facto, espurio y oprobioso. Así lo declaró
en su base primera al expresar que "Cesan en el ejercicio del poder público,
el excelentísimo señor general don Antonio López de Santa Anna y los demás
funcionarios que como él hayan desmerecido la confianza de los pueblos."
(Primer atributo.)
2. Tuvo como propósito establecer la "igualdad republicana" mediante la
abolición de "órdenes, tratamientos y privilegios" abiertamente opuestos a
ella, así como la frustración de "tendencias al establecimiento de una monarquía
ridícula y contraria a nuestro carácter y costumbres". (Segundo atributo.)
3. Pugnó por la organización "estable y duradera" del país mediante el
establecimiento de un orden constitucional "bajo la forma de república, representativa
y popular" y sobre la base del "respeto inviolable" de las garantías
individuales, disponiendo la formación de un gobierno provisional para
que promoviera "la prosperidad, engrandecimiento y progreso" de la patria,
así como la convocación a un Congreso extraordinario que expidiera para
México una Constitución. (Tercer atributo.)
4. Hizo surgir con perfiles ideológicos perfectamente marcados al partido
liberal que sostuvo con las armas la Constitución de 57 y las Leyes de
Reforma, y cuyos ordenamientos, una vez logrado el triunfo por sus propugnadores
sobre sus adversarios, adquirieron carta de legitimidad en el pueblo
mexicano, pues no sólo fueron aceptados por éste sin reticencias cruentas,
sino invocados posteriormente por los gobernados contra las arbitrariedades
del poder público." (Cuarto atributo.)
Las Guerras de Reforma, desde el punto de vista de su significación nacional,
están a la altura de las luchas insurgentes. Ambos fueron verdaderos
movimientos revolucionarios, coincidentes en su motivación y teleología formales,
aunque divergentes en sus causas y objetivos materiales. La insurgencia,
sobre todo durante la epopeya de Morelos, pugnó por la emancipación
política de nuestro país, por su conversión en un Estado independiente y soberano,
luchando contra las fuerzas que sostenían al gobierno colonial. La
revolución reformista, originada en el Plan de Ayuda y continuada por el
partido liberal, estalla contra una dictadura asfixiante, proclama el régimen
republicano, combate por el establecimiento de una igualdad legal individualista
frente a los privilegios clasistas de una pseudo-aristocracia, intenta despojar
al clero de la preeminencia política y económica que siempre tuvo en
la vida pública de México, obligándolo a replegarse dentro del ámbito fun-
99 Respecto de la idea de "legitimidad constitucional", véanse las ideas que sobre dicho tópico
exponemos en nuestro libro Derecho Constitucional Mexicano y las cuales son perfectamente
aplicables al caso de la Constitución de 57.

SITUACIÓN DEL GOBERNADOR EN LA HISTORIA 143
cional que le demarca su cometido espiritual. Estas tendencias se basan en
los siguientes principios de la ideología liberal: el republicanismo, el federalismo,
la igualdad individual ante la ley, el respeto a los derechos de la persona
humana, la limitación del poder público frente a los gobernados, la
formación democrática del gobierno y la separación de la Iglesia y el Estado;
principios que se consagran en la Constitución de 57 y en las Leyes de Reforma.
Desde el punto de vista humano, deontológico-jurídico y aun cristiano,
el ideario liberal no tiene nada de censurable, pues, por el contrario,
refleja el pensamiento jurídico-político a que en su época había llegado la
evolución eidética de la humanidad. Es por ello por lo que México pudo orgulloso
exhibir ante todas las naciones civilizadas su Constitución de 1857
como uno de los ordenamientos más avanzados del mundo dentro de sus
contemporáneos, como una obra jurídica producto de las más preclaras inteligencias
mexicanas. Desde el punto de vista puramente ideológico, como sistema
de principios, nada tiene de vituperable el liberalismo; y si el derecho
positivo fundamental que de él emanó fue susceptible de no acoplarse a la
realidad nuestra o impotente para conjurar definitivamente nuestros males
inveterados, no por ello dejó de representar un avance decisivo en el desenvolvimiento
político-jurídico de México. Se ha dicho que el derecho debe
siempre reflejar la realidad, que por modo necesario debe reconocer las situaciones
sociales que pretenda regular so pena de no aplicarse, de resultar
letra muerta o de no expresar sino un romántico e ingenuo deseo de sus
forjadores; pero si tan triste y desairado papel se atribuyera en forma absoluta
al derecho, principalmente a toda Constitución, en nuestro régimen
jurídico existirían aún las encomiendas, las incapacidades raciales, los privilegios
de ciertas clases sociales, los títulos de nobleza, el poder gubernativo abo
soluto, la censura en la emisión del pensamiento, la capitis tieminutio del
indio, los fueros personales, la hegemonía política y económica del clero y,
en general, todas las situaciones contrarias al progreso social, económico y
político. Es cierto que la Constitución de 57 y las Leyes de Reforma pudieron
no sólo no adaptarse a la realidad mexicana, sino aun contradecirla;
pero precisamente en estas circunstancias radicó su mayor mérito, pues
cuando una realidad social está plagada de iniquidades, vicios y errores que
la sumergen en la injusticia más indignante, el ordenamiento jurídico que se
le enfrenta es altamente plausible, máxime que, como en el caso de los
principios fundamentales de la legislación liberal, surgió su indiscutible
legitimación popular. En efecto, después de la Constitución de 57 y una vez
destruido el fracasado imperio de Maximiliano en junio de 1867, équé movimiento
revolucionario anti-republicano, anti-federal y anti-popular se hace
estallar? ¿Quién pugnó ideológicamente por la supresión de las garantías individuales,
por la restauración de las dictaduras, por la reimplantación de los
fueros personales y los privilegios de clase o por la reivindicación de la hegemonía
política y económica del clero? Es obvio que durante la vigencia de la
Constitución de 57 nuestra realidad social, por desgracia, fue refractaria a
la observancia positiva de los principios jurídicos y políticos que en aquélla
se consagraron; pero ello no es de ninguna manera un baldón para el
pensamiento liberal que forjó dicho ordenamiento, sino para todos aquellos,

144 lAS GARAm1As INDMDUALES
gobernantes y gobernados, que pretendieron desconocerlo en su conducta
práctica, aunque no en sus ideas primordiales.100
Durante el periodo de sesiones del Congreso Constituyente de 1856-57.
don Ignacio Comonfort, en su carácter de presidente sustituto de la República
Mexicana. expide, en mayo de 1856, el "Estatuto Orgánico Proinsumal" en
el que se consignan diferentes garantías individuales de seguridad. propiedad
e igualdad (arts. 30 a 79).
En su exposición de motivos, contenida en comunicación de 20 de mayo
de 1856 dirigida al Congreso por el ministro de Gobernación Lafragua, se
asienta que la sección quinta de dicho estatuto "es la ofrecida Ley de Garantías
Individuales. y en general está tomada del acuerdo aprobado por el último
Senado constitucional.w' Como en esa Cámara fue escrupulosamente
discutido el proyecto, el gobierno cree haber acertado, adoptándolo con las
modificaciones que han parecido necesarias y que son la consecuencia de los
principios de progreso y de justicia proclamados por la administración. La
libertad, la seguridad. la propiedad y la igualdad. están suficientemente garantizadas.
y los ciudadanos pueden vivir tranquilos bajo la égida de la ley,
que imponiendo reglas al Poder Supremo asegura a la sociedad contra los
avances del despotismo y pone freno a las pasiones. que muchas veces visten
con su vergonzosa librea los actos que deben ser únicamente fruto de la razón
y de la justicia. En esta sección se proclama la abolición de la esclavitud.
se establecen bases para el servicio personal, se declara la libertad de enseñanza.
se prohíben todos los monopolios. las distinciones. los privilegios perjudiciales,
las penas degradantes y los préstamos forzosos; se restringe la
pena de muerte, ya que. por desgracia, no se puede aún decretar su abolición
completa; se establecen las penitenciarías. se respeta la propiedad, y en
100 Al afirmar que la Constitución de 57 quedó legitimada en la conciencia de gobernantes
y gobernados pretendemos significar que. una vez restaurada la República en 1867 con el triunfa
de las armas que la sostenían sobre el llamado imperio de Maximiliano, ningún movimiento
político se levanta contra ella y sus principios. Esto no denota, sin embargo. que su legitimación
hubiese equivalido a su puntual observancia ni que. en el campo especulativo. no hubiese sido
objeto de critica. Según asevera Daniel Cosía Villegas: "El Congreso Constituyente de 1856 y su
obra. la Constitución del año siguiente, han tenido pocos apologistas a cambio de numerosos
-, crülcos. Los más de éstos fueron. y lo son, la Iglesia católica y el partido conservador". agregando
"del campo liberal surgieron sus mejores críticos" y señala como los más destacados a don
Justo Sierra y a don Emilio Rabasa. Ambos convergen en un mismo propósito: justificar el gobierno
y la política de don Porfirio Díaz y en un solo medio: introducir reformas a la Constitución
para normatlvizar a ese gobierno y a esa política; el uno actúa como periodista y el otro
procede como escritor. Sierra expone sus ideas en el periódico LA Libertad Y a distancia de varios
lustros, en 1912. Rabasa publica su obra LA Constilucilm y la Dictadura. No está en nuestro
ánimo hacer un examen de las ideas de tan distinguidos críticos, pues este tema rebasa los límites
de la presente obra, recomendando la lectura del profundo y brillante opúsculo de Cosía Villegas,
LA Constuución di 1857 Y sus Crituos, en que su autor trata substanciosa y amenamente el
estudio sobre el pensamiento de ambos personajes respecto del tópico anotado.
101 Seguramente. la mencionada sección quinta del estatuto tuvo como antecedente inmediato
el proyecto de Ley Constitucional de Garantías Individuales presentado al Senado por
Otero. Robredo e Ibarra ei 29 de enero de 1859, pues como sostiene Santiago Oñate "ejerció
influencia considerable en el Estatuto Orgánico de Comonfort y en la Constitución Federal de
1857". (op. cu., pág. 33.)

SITUACIÓN DEL GOBERNADOR EN LA HISTORIA 145
suma, se hacen efectivos los principios de libertad, orden, progreso, justicia
y moralidad que el gobierno proclamó desde el instante primero de su
instalación".102
La Constuuácm de 1857 implanta el liberalismo e individualismo como regímenes
de relaciones entre el Estado y sus miembros. Puede afirmarse,
pues, que dicha Constitución fue el reflejo auténtico de las doctrinas imperantes
en la época de su promulgación, principalmente en Francia, para las
que el individuo y sus derechos eran el primordial, si no el único, objeto de
las instituciones sociales, que siempre debían respetarlos como elementos
superestatales.
Más que regímenes de gobierno propiamente dichos, más que sistemas
de organización política y jurídica, el individualismo y el liberalismo implican
las posturas que el Estado, como entidad superior, debe adoptar frente a
sus miembros en las constantes relaciones entre ambos. Dichos regímenes
traducen, pues, como todos los demás que son adversos o diversos (socialismo,
intervencionismo estatal, etc.), la esfera de actividad, de competencia del
Estado en sus relaciones con los gobernados, demarcando la injerencia de
sus órganos en el ámbito de conducta de aquéllos.
Si bien en un orden jurídico estatal determinado el individualismo y el
liberalismo coexisten, complementándose el uno con el otro, ambos presentan,
no obstante, profundas diferencias en su concepción política y filosófica.
En efecto, puede decirse que el individualismo constituye un contenido
posible de los fines del Estado, o sea, que éste opta por la realización de
un objetivo, que estriba precisamente en la protección y conservación de la
personalidad individual, en aras de la cual precisaría sacrificar cualquier otro
interés, naturalmente con las consiguientes salvedades. Por el contrario, el liberalismo
implica la actitud que el Estado adopta o asume por conducto de
sus órganos frente a la actividad particular, en el sentido de garantizar a ésta
un amplio desarrollo mientras no provoque el desorden dentro del medio
social. Por eso es por lo que el régimen liberal puro, tal como surgió de los
postulados fundamentales de la Revolución francesa, conceptúa al Estado
o, para hablar con más propiedad, al gobierno del Estado, como un mero
vigilante de las relaciones entre los particulares, en las cuales solamente tiene
intervención cuando puedan provocar manifiestos desórdenes en la vida
social.
Pues bien, ambas posturas estatales, individualista y liberal, derivan claramente
del articulado de la Declaración de los Derechos del Hombre de
1789 y se encuentran plasmadas en nuestra Constitución Federal de 1857,
cuyo artículo primero dice a la letra: "El pueblo mexicano reconoce que los
derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En
consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben
respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución."
Efectivamente, de la simple lectura del precepto que acabamos de transcribir
102 La comunicación a que nos referimos aparece inserta en la obra de don Felipe Tena
Ramlrez, LeytS Fundamentales de Mhico, págs. 517 a 525, pudiendo también consultarse en el De­
Techo Público Mexicano, de don Isidro Montiel y Duarte.

146 lAS GARANTíAs INDIVIDUALES
se desprende que el Código Político de 1857 consideró, fiel a la tesis individualista,
que los derechos del hombre no sólo son el objeto de las instituciones
jurídicas, sino su base misma. Los autores de dicha Constitución,
además, implícitamente se declararon partidarios del jusnaturalismo en materia
de derechos del hombre, tal como puede colegirse de la exposición de
motivos respectiva, que en su parte conducente dice: "Persuadido el Congreso
de que la sociedad para ser justa, sin lo que no puede ser duradera, debe
respetar los derechos concedidos al hombre por su Creador, convencido de que las
más brillantes y deslumbradoras teorías políticas son torpe engaño, amarga
irrisión, cuando no se aseguran aquellos derechos, cuando no se goza de libertad
civil, ha definido clara y precisamente las garantías individuales,
poniéndolas a cubierto de todo ataque arbitrario. El acta de derechos que va
al frente de la Constitución, es un homenaje tributado en vuestro nombre,
por vuestros legisladores, a los derechos imprescriptibles de la humanidad.
Os quedan, pues, libres, expeditas, todas las facultades que del Supremo recibisteis
para el desarrollo de vuestra inteligencia, para el logro de vuestro
bienestar."
Pero, además, la Constitución de 1857 no sólo adopta una posición francamente
individualista en los términos ya apuntados, sino que implanta también
el liberalismo como régimen de relaciones entre el Estado y los
gobernados.
En efecto, de la segunda parte del artículo primero se desprende que
toda autoridad debe respetar y sostener las garantías individuales, y en la exposición
de motivos relativa se expresa: "El Congreso estimó como base de
toda prosperidad, de todo engrandecimiento, la unidad nacional; y, por tanto,
se ha empeñado en que las instituciones sean un vínculo de fraternidad,
un medio seguro de llegar a establecer armonías, y ha procurado alejar cuanto producir
pudiera choques y resistencias, colisiones y conflictos", lo cual viene a indicar,
sin dejar lugar a dudas, que al Estado se reputó como un mero vigilante de
las relaciones entre particulares, cuya injerencia surge cuando el desenfrenado
desarrollo de la libertad individual acarrea disturbios en la convivencia
social.
El artículo la de nuestra Ley Fundamental de 1857, como se ve, contiene
una declaración de carácter dogmático, en el sentido de que los derechos del
hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, ruando así según
dijimos, el fin del Estado. Ahora bien, esa declaración dogmática, consecuencia
evidente del jusnaturalismo, es el antecedente lógico ineludible de la segunda
parte del precepto que comentamos, en la que se indica que es
precisamente la Constitución la que otorga garantías que deben respetar y sostener
todas las autoridades del país, incluyendo a las legislativas. De la exégesis
de dicho artículo 10 se concluye que la Constitución de 57 no declaró
cuáles eran los derechos del hombre específicamente considerados, sino que,
dándolos por supuestos como una verdad incontrovertible, se contrajo a
enunciar las garantías, concedidas al individuo, para asegurarlos. Por tanto,
al mencionar en sus veintinueve primeros preceptos dichas garantías, por simultaneidad
lógica reconoce los primordiales derechos humanos, estableciendo
así una identidad entre éstos y aquéllas. Sin embargo, no se debe

SITUACIÓN DEL GOBERNADOR EN LA HISTORIA 147
dejar de advertir que varias de las garantías consignadas en tales preceptos
no corresponden a un auténtico "derecho del hombre", según la idea respectiva
del jusnaturalismo, o sea, a un derecho anterior y superior a la sociedad,
sino a un "derecho del ciudadano", esto es, a un derecho que el hombre tiene,
no en su calidad de tal, sino como miembro de la colectividad y dentro
de cuyo concepto se comprenden, por lo genera!, las llamadas "garantías de
seguridad jurídica". Es importante subrayar que esta distinción la hacía en el
fondo la Declaración francesa de 1789, a! referirse a los "derechos del hombre
y del ciudadano", como conceptos jurídico-políticos diferentes.103
En torno a la concepción filosófica de los derechos del hombre se suscitó una interesante
polémica entre don Ignacio Ramírez; por un lado, y don Le6n Guzmán y don
Ponciano Amaga por el otro. Ramírez no era jusnaturalista, pues para él los derechos
humanos nacen de la ley y asevera que "antes de decir que los derechos del hombre
son la base de las instituciones sociales se debe averiguar y definir cuáles son esos derechos",
preguntándose si son los que concede la misma Constitución, los que derivan
del Evangelio o del derecho canónico o los que reconocieron el derecho romano y las
partidas. sin dejar de observar que el proyecto constitucional olvida los derechos sociales
de la mujer. de los niños, de los huérfanos y de los hijos naturales. Guzmán, por vía
de refutación. proclama que el hombre es un ser eminentemente libre y social, que al
reunirse los hombres en sociedad "convienen en sacrificar un poco de su libertad natural,
para asegurar la de los demás, y que esta parte de libertad que se reserva a todos
los individuos, es lo que constituye el derecho del hombre en sociedad, y asegurar ese
mismo derecho, debe ser el fin de las constituciones y de todas las leyes", concluyendo
que por estas razones la Comisión ha acertado en afirmar que los derechos del hombre
son la base y el objeto de las instituciones sociales. Corroborando estas ideas,
Arriaga sostuvo que los derechos no emanan de la ley, sino que son anteriores a ella y
que el ser humano nace con ellos. "El derecho de la vida, el de la seguridad, etc., dice,
existen por sí mismos y a nadie ha ocurrido que se necesite una ley que conceda a los
niños el derecho de mamar, y a los hombres todos el de alimentarse y el de vivir." Fácilmente
se advierte que al discutirse el tema de los multicitados derechos se enfrentaron
dos corrientes opuestas, a saber, el positivismo juridico, representado por don
Ignacio Ramírez, y el jusnaturaUsmo cuyos voceros fueron en esa ocasión don León
Guzmán y don Ponciano Arriaga. Esta última tesis fue compartida por la mayoría de
los diputados constituyentes al aprobar por setenta votos contra veintitrés el artículo
primero de la Constitución.tw
103 La interpretación que nos hemos permitido sustentar sobre el artículo 1° de la Constitución
de 57, se corrobora por la gestación parlamentaria misma de dicho precepto. a través de los debates
ocurridos en las sesiones del Congreso Constituyente, efectuadas los días 10 Y 11 de julio
de 1856 y en los que se destacaron Arriaga, Ramlrez, Guzmán, vallarta y Mata. (Consúltese Historio.
del Congreso ConstiJuytnle, de don Francisco Zarco, tomo 1, págs. 683 a 690: y Derecho Público
Mexicano de don Isidro Montiel y Duarte, tomo IV, págs. 161 a 166.) Además, este último jurista.
en un estudio prolijo y bien documentado que publicó en el afio de 1889. establece Con claridad
la distinción entre los "derechos del hombre" y las "garantías individuales", aseverando
que los primeros "están fundados en la ley natural" y que éstas "son creaciones de la ley positiva
encaminadas a asegurar el goce de tales derechos por medios que los hagan efectivos" y agrega
que "aun cuando no hubiere ninguna ley positiva. habría sin embargo derechos del hombre que
son anteriores a toda institución social, pero no habrá garantías individuales" (Revista tk úgislaci6nyJurisprudtncia.
Volumen correspondiente a enero a junio de 1889, págs. 164 y 165).
104 ZARCO. Historia tkl Congreso ConstiJuyenh, tomo 1, págs. 683 a 690.

148 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
Hemos hecho las anteriores digresiones alrededor del artículo primero
de la Constitución de 57 para comparar este precepto con el relativo de
nuestra Constitución vigente y poder así constatar la diferente ideología política
que en materia de garantías individuales se contiene en ambos ordenamientos
fundamentales.
En cuanto a los derechos individuales públicos específicos, la Constitución
de 57 proclama los mismos que la Constitución vigente, dentro de los
cuales sobresalen por su singular importancia los contenidos en los artículos
14 y 16 constitucionales, a los cuales nos referimos posteriormente, haciendo
un estudio histórico de ellos, y que tan trascendentales son para la vida jurídica
pública del país.
La Constüucum vigente se aparta de la doctrina individualista, pues a diferencia
de la de 57, ya no considera a los derechos del hombre como la base
y objeto de las instituciones sociales, sino que los reputa como un conjunto
de garantías individuales que el Estado concede u otorga a los gobem.adns.
El individualismo, adoptado en el ordenamiento constitucional próximo
anterior, establece que los derechos del hombre, inherentes e inseparables
de su personalidad, son supraestatales, es decir, que están por encima de
todo orden creado por el Estado, el que, por ende, debe siempre respetarlos
y convertirlos en el objeto y base de sus instituciones. Contrariamente a la
tesis individualista, nuestra Constitución de 1917 ya no hace figurar a los derechos
del hombre como el exclusivo contenido de los fines estatales, sino
que, considerando que el pueblo constituido políticamente en Estado es el
único depositario del poder soberano, ha expresado en su artículo primero
que las garantías individuales son instituidas o creadas por el orden jurídico
constitucional. Dice textualmente el mencionado precepto: "En los Estados
Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta
Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los
casos y con las condiciones que ella misma establece." Por consiguiente,
nuestra Constitución de 17 resuelve la manifiesta contradicción que teóricamente
surge entre la concepción superestatal e irreductible de los derechos
del hombre y la soberanía, como poder máximo, sobre el cual nada existe
humanamente.
Lejos de sustentar nuestra actual Ley Fundamental la tesis individualista,
se inclina más bien hacia la teoría rousseauniana, que asevera que las garantías
de que pueden gozar los individuos frente al poder público son otorgadas a
éstos por la propia sociedad, única titular de la soberanía, en virtud de la renuncia
de sus prerrogativas, hecha por sus miembros, las cuales son posteriormente
restituidas al sujeto, pero no como una necesidad derivada de una
imprescindible obligatoriedad, sino como una gracia o concesión. La voluntad
de la nación es, pues, para Rousseau, el elemento supremo en que consiste
la soberanía, sobre la cual ningún poder existe y a la cual todos deben
sumisión.
Ni en el Proyedo de Rejormas a la Cllll.

SITUACiÓN DEL GOBERNADOR EN LA HISTORIA 149
mencionada Ley Fundamental. No se puso en duda, sin embargo, que el
hombre tiene derechos y que esos derechos deben ser garantizados por la
Constitución; pero entre esta irrefutable concepción y la de que tales derechos
debieran ser el objeto y la base de las instituciones sociales, hay un inmenso
abismo. Seguramente, tanto Carranza como los constituyentes de
16-17, tuvieron en cuenta que, al introducirse garantías de carácter social en la
Constitución, al no ser ya el individuo el sujeto de protección preferente por
parte del Estado, al otorgar a éste mayor intervención en la vida social, la
declaración individualista de la Carta de 57 resultaba incongruente con el
contenido ideológico de la nueva Ley Fundamental. Por ende, al transformar
ésta la actividad estatal, atribuyéndole un radio de acción más amplio, forzosamente
se tuvo que adoptar otro principio general respecto a las garantías
individuales, que se conceden u otorgan constitucionalmente para asegurar y
proteger los llamados derechos humanos.
La variación del artículo primero de la Constitución de 57 no supone
evidentemente el desconocimiento o rechazo de los derechos del hombre
por parte de los forjadores de nuestra Ley Suprema vigente. Lejos de ello,
según acabamos de decir, la existencia de tales derechos y su necesario
reconocimiento por el orden jurídico eran supuestos ineludibles para la
construcción legislativa. La exposición de motivos del Proyecto de Reformas
Constitucionales y las ideas emitidas al discutirse su artículo primero en el
Congreso Constituyente así lo demuestran. Sería prolijo hacer las transcripciones
respectivas donde dichas apreciaciones encuentran su respaldo, bastando
para este efecto, citar las palabras del diputado don José Natividad
Macias, uno de los más distinguidos constituyentes: "La conclusión a que se
ha llegado es que el hombre tiene un derecho fundamental, que es el derecho
a la vida, y en este derecho está comprendido el derecho a la libertad,
el cual se traduce por el derecho a todas las necesidades naturales del individuo.
Hay que rehuir cuidadosamente todas estas discusiones filosóficas que
no sirven más que para hacer confusión de las ideas e inducir a errores
que siempre son petjudiciales para los pueblos, y venir a una cosa práctica y
positiva. Las constuucumes no necesitan declarar cuáles son los derechos; necesitan
garantizar de la manera más completa y más absoluta todas las manifestaciones de la
libertad. Por eso deben otorgarse las garantías individuales, y esto es lo que
se ha hecho en el artículo que está a discusión. lOS
Según hemos afirmado, a diferencia de la Constitución de 1857, que
únicamente consagraba garantías individuales como medios recognoscitivos y
protectores de los derechos del hombre, la Constitución vigente consigna,
además, las llamadas garantías sociales, o sea, un conjunto de derechos otorgados
a determinadas clases sociales que propenden a consolidar su situación
económica primordialmente. Esos derechos sociales se contienen sobre
todo en los artículos 27 y 123 constitucionales, preceptos que cristalizan las
aspiraciones revolucionarias fundamentales, consistentes en resolver, en beneficio
de las masas desvalidas, los problemas obrero y agrario.
Por otra parte, y sobre todo en materia de propiedad privada, parece
105Diariode los Debous, tomo 1, núm. 24. Sesión de 13 de diciembre de 1916.

150 lAS GARANT1As INDMDUALES
ser que nuestra actual Ley Suprema, junto a los derechos fundamentales del
individuo o garantías individuales, adopta el concepto correlativo, o sea, el
de obligaciones individuales públicas, que tiene la implicación opuesta a la
idea de "derechos públicos individuales". La obligación pública individual,
desconocida en la Constitución de 57, con exclusión de las fiscales y militares,
es aquella que el Estado impone al individuo, al sujeto, constriñéndolo a
obrar o a hacer uso de sus bienes en beneficio de la sociedad. En este sentido,
podemos decir que la obligación pública individual es el reverso del derecho
correlativo, en términos abstractos, y que si el Estado, por medio del
orden constitucional, ha concedido en favor del individuo determinadas garantías,
cuyo ejercicio y respeto son indispensables para el desenvolvimiento
de la personalidad humana, también le ha impuesto el deber, en algunos casos,
de utilizar esas garantías en beneficio de la colectividad a que pertenece.
La idea de obligación pública individual, concebida por Duguit, se ha
plasmado, en efecto, en el artículo 27 constitucional, que considera a la propiedad
privada, a la vez que como un derecho público individual para su titular,
como una funci6n social, con el correspondiente deber de utilizarla o
emplearla para el bien general. .
Es en la conservación y efectividad de las garantfas sociales a que nos referíamos,
y que respecto de cada particular se traducen en sendas garantías
jurídicas frente al Estado, donde se puede palpar con mayor evidencia el régimen
de interoenaonalismo estatal que establece nuestra Constitución vigente,
al menos en los aspectos que vamos a indicar. Se ha estimado a dichas garantías
sociales como un conjunto de derechos inalienables e irrenunciables
en favor de las clases económicamente débiles frente a las poderosas.
Así, verbigracia, el artículo 123 constitucional instituye las bases mínimas
generales, conforme a las cuales se debe formar la relación de trabajo y determinar
sus consecuencias jurídicas, bases que no pueden ser materia de
modificación desfavorable para el trabajador. Pues bien, para hacer efectivas
en la realidad esas bases constitucionales, interviene oficiosamente el Estado en
beneficio de la clase débil, con el fin de hacerlas respetar en la relación jurídica
entre trabajador y patrón, sancionando los actos que las contravengan
con la nulidad, o bien con medidas más severas, según el caso.
En la solución del problema agrario también se manifiesta con claridad
la intervención que al Estado da la Constitución en las relaciones sociales.
Así.vpor ejemplo, las disposiciones del artículo 27 constitucional que se refieren
a las dotaciones y restituciones de tierras yaguas, particularmente, erigen
al Estado, por conducto' de sus órganos autoritarios respectivos, en
verdadero agente no sólo en los procedimientos correspondientes, sino en la
organización y formación del nuevo régimen de propiedad agraria, hipótesis
en las que la oficiosidad de la actuación del poder público es manifiesta, hasta
tal punto de oponerse a la voluntad de los mismos beneficiados, como
acaece en un sinnúmero de caSOS prácticos, que sería prolijo mencionar.
Pero es más, la vida del Estado mexicano se ha ido desarrollando con
miras a nacionalizar las actividades económicas fundamentales del país, sustrayendo
de su esfera de acción a los particulares. Ello ha acontecido primordialmente
con el petróleo y con los productos derivados de esta vital

SITUACIÓN DEL GOBERNADOR EN LA HISTORIA 151
sustancia para la economía nacional. Al expropiarse en marzo de 1938 todos
los bienes de las compañías petroleras. el Estado se convirtió en el explotador
exclusivo de los yacimientos petrolíferos; y con el objeto de evitar que
las actividades relacionadas con el petróleo reincidieran en la órbita particular.
se adicionó el artículo 27 constitucional con la prohibición absoluta de
que se otorguen las concesiones respectivas. La adición a que nos referimos.
que se introdujo a dicho precepto en noviembre de 1940. establece categóricamente
que 'Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno
sólidos. líquidos o gaseosos. no se expedirán concesiones... "'06
Bastan. pues. estas breves digresiones para demostrar que en el régimen
jurídico instituido por la Constitución de 17 opera el sistema de mteruencionismo
de Estado, alternando con el liberal-individualista en cuanto a varias de
las garantías del gobernado. Se ha criticado acremente a nuestra actual Ley
Fundamental. porque se asemeja. según sus impugnadores, a un mosaico híbrido
de tendencias contrarias y. en ciertas hipótesis. contradictorias. Nosotros
no estamos de acuerdo con esa crítica, pues un ordenamiento básico que
regula la vida misma de un Estado. de aspectos tan múltiples y diversos.
debe atender a la realidad íntegramente y normar diferentemente sus distintos
sectores, aun cuando en esa normación global se impliquen principios
pertenecientes a regimenes sociales y políticos contrarios. como sucede con
nuestro caso concreto.
Los fracasos que en la realidad han experimentado los ordenamientos
legales se han debido primordialmente al deseo de querer aplicar un solo
principio político-social a un ambiente compuesto de elementos y circunstancias
tan disímiles unos de otros, que reclaman diversa consideración jurídica.
¿Qué sucedería. en efecto. si se implantara en nuestro medio únicamente el
socialismo, o el liberalismo puro cabalmente? La respuesta no se haría esperar:
o se mataría definitivamente la iniciativa privada. que es la base del progreso
de un pueblo, o se degeneraría en la explotación más inicua de la
parte débil. como sucedió en Francia a raíz de la Declaración de 1789 y de
las constituciones emanadas de ella.
En síntesis. mientras que la Constitución de 1857 reputa los derechos
del hombre como elementos superestatales, la Constitución vigente los considera
como una concesión por parte del orden jurídico del Estado. Además.
en ambos ordenamientos constitucionales el Estado adopta distinta postura
frente a los gobernados. ya que en la Constitución de 57 son los principios
liberales los que regulan las relaciones respectivas. y en la vigente. los postulados
pertenecientes a diversas tendencias político-jurídicas.
Hemos aseverado anteriormente'v? que el Bien Común o Justicia Social
es un concepto que se integra con dos ideas fundamentales conjugadas ar-
106 Más aún, por iniciativa presidencial de 20 de octubre de 1960 se adicionó al mismo artículo
27 constitucional la declaración enfática de que "Corresponde exclusivamente a la nación
generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de
servicio público. En esta materia no se otorgará concesiones a las particulares y la nación aprovechará
los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines."
107 Véase introducción, parágrafos VI y VII.

152 lAS GARANT!As INDIVIDUALES
rnónicamente, a saber: el respeto a la personalidad humana del gobernado y
la protección y mejoramiento de los sectores mayoritarios de la población.
Proyectar un orden jurídico exclusivamente hacia una u otra de tales ideas
significa incidir en la injusticia social. Pues bien, nuestra Constitución de
1917, al recoger en sus preceptos y espíritu los ideales de la Revolución
de 1910 Yal convertirlos en garantío.s sociales, paralela o simultáneamente reiteró
el respeto a la persona humana y la tutela a sus atributos naturales o
esenciales, que eran los objetivos ideológico-políticos fundamentales de la
Carta de 57. Al proceder en esta forma, la Constitución actual ha realizado
normativamente el Bien Común o la Justicia Social, estableciendo una verdadera
síntesis entre el individualismo y el colectivismo mediante una clara y
definida demarcación entre las fronteras de ambos, asegurada por el intervencionismo
de Estado. La tesis de que el hombre, como ente social, sólo es
susceptible de ser preservado por el orden jurídico en la medida en que su
conducta no dañe a otro, no perjudique a los intereses de la sociedad o no
se oponga al mejoramiento colectivo, es uno de los primordiales aspectos teleológicos
que configuran el espíritu de nuestra Ley Suprema vigente. El
otro aspecto, de igual importancia que el anterior, se traduce en la tendencia
a elevar constantemente el nivel de vida de la sociedad, en mejorar las condiciones
de existencia de los grandes grupos humanos que la componen; y
este objetivo lo señala y lo hace posible la Constitución de 17 a través de los
tres criterios limitativos de la conducta individual que hemos mencionado.
En ocasión precedente afirmamos que la Justicia Social se condensa
en esta máxima: "Suprimir la explotación del hombre por el hombre y del
hombre por el Estado." Los dos objetivos que concurren en este desiderátum
los realiza en conjunción armoniosa nuestra Ley Fundamental vigente. Divorciarlos,
conceptuándolos como finalidades excluyentes de un orden constitucional,
implicaría regresión, o al individualismo egoísta o a la dictadura
estatal totalitaria como situaciones extremas indeseables de las que precave a
México su Carta de Querétaro.
XV. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
(SOMERA REFERENCIA)
Basándose en la naturaleza inespacial e intemporal del hombre como ser
que ha sido y es la causa, el medio y el objeto del devenir histórico de todos
los países del orbe en sus múltiples manifestaciones, se concibió la nobilísima
idea de protegerlo en su calidad de persona y de ente socio-político con independencia
del Estado concreto a que pertenezca. Esa idea, sustentada por
la U.N.E.S.C.O. (Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones
Unidas), cristalizó en el trascendental documento internacional que se
llama Declaracilm Universal de los Derechos Humanos, aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas ellO de diciembre de 1948 en el Palacio
de Chaillot de París.
La Comisión designada para elaborar las bases teóricas sobre las que
descansaría la referida Declaración, después de obtener las valiosas opiniones
de filósofos, escritores y juristas de prestigio internacional, tales como

SITUACiÓN DEL GOBFRNADOR EN LA HISTORIA 153
Benedetto Croce, Haro/d]. Laski, Salvador de Madariaga y otros, dio cima a su
importante cometido en julio de 1947, En el estudio que al efecto formuló
se proclama la tesis de la universalidad de los derechos del hombre sin diferencias
de raza, sexo, idioma oreligión, A estos derechos no sólo les asigna
un contenido puramente civil y político, sino económico y social, entendiendo
bajo el concepto de "derecho" "aquella condicián de vida sin la cual, en cualquier
fase histórica dada de una sociedad, los hambres no pueden dar de si lo mejor
que hay en ellos como miembros activos de la comunidad, porque se ven privados de
los medios para realizarse plenamente como seres humanos",
Adoptando un método pragmático, es decir, prescindiendo de consideraciones
de tipo filosófico-político respecto a la fundamentación de los derechos
humanos, tema éste en que abundan las opiniones más diversas,
contrarias y contradictorias, la Declaración preconiza los que deben ser reconocidos
al hombre para lograr su respetabilidad como persona y su desarrollo
vital dentro de la comunidad. Por tanto, los derechos declarados no son
exclusiva ni estrictamente individuales sino sociales, es decir, corresponden a
lo que dentro de nuestro orden constitucional son las "garantías individuales"
y las "garantías sociales". Puede México legítimamente ufanarse, en consecuencia,
de que en su Constitución de 1917 se encuentren consagrados los
derechos humanos bajo los dos aspectos anotados, con mucha antelación a
su proclamación en la Declaración Universal de diciembre de 1948,108 y 109
XVI. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Esta Convención, conocida también como ''Pacto de San José", entró en
vigor en julio de 1978 y contiene la declaración sobre los derechos siguientes:
derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la
vida, derecho a un trato humano, incluyendo el derecho a no ser sometido a
tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud,
derecho a la libertad personal, derecho a ser oído por un tribunal
competente, derecho a no ser condenado con aplicación retroactiva de leyes
108 En el Apéndice de este libro se transcribe la mencionada Declaración, cuyo cotejo con
nuestra Ley Suprema vigente corroborará la anterior aserción en cuanto a la correspondencia
general entre ambos documentos.
109 La mencionada Declaración. durante el tiempo que lleva de haber sido formulada, ha
sido objeto de múltiples estudios y comentarios elaborados por distinguidos juristas nacionales y
extranjeros. Para no pecar de prolijos en la mención respectiva, bástenos citar aRmé Cassm;
profesor honorario de la Facultad de Derecho de París y miembro de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas; a Sean Macbritk, Secretario General de la Comisión Internacional
de Juristas; a Louis B. Sohn, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Harvard;
a [ustino Jiménez. de Aréchaga, profesor Emérito de Derecho Constitucional de la Facultad
de Ciencias y Humanidades de Montevideo, Uruguay. y participante en la redacción de la aludida
Declaración Universal; a Héaor Cuadra, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de
México, quien ha producido la importante obra "La Proyección Internacional de los Derechos
Humanos"; a Cabino Fraga, Héaor Fix Zamudio, Alfonso Noriega, Sergio Carda Ramirez y Guillermo
Floris Margadant entre los autores mexicanos, cuyos artículos y monografias pueden consultarse
en la obra intitulada "Veinte Años de Evoluci6n de los Derechos Humanos", publicada en el año
de 1974 por el Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM.

154 lAS GARANTÍAS INDMDUALIS
penales, derecho a indemnización en caso de haber sido condenado por
error judicial, derecho a la vida privada de la persona, libertad de conciencia
y religión, libertad de pensamiento y de expresión, derecho de rectificación
o respuesta por informaciones inexactas o agraviantes, derecho de reunión,
libertad de asociación, derecho a la protección de la familia, derecho al
nombre, derecho del niño, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad
privada, derecho de circulación y residencia, derecho a participar en el
gobierno, derecho a igual protección de la ley, derecho a protección judicial
contra violaciones de los derechos fundamentales.

CAPITULO SEGUNDO
LAS GARANTíAS INDIVIDUALES
(Aspecto general)
Sumario: 1.-Introducci6n. n.-Diversas acepciones del concepto "garantía".
lIJ.-Elementos, concepto y naturaleza de ,las garantías individuales:
A.-Sujetos. B.-Objeto. C.-Fuente. D.-Concepto de "garantía individual".
E.-Principios constitucionales que rigen las garantías individuales.
F.-Extensión de las, garantías individuales en cuanto·a su consagración
constitucional. C.-Origen formal de las garantias individuales por lo. que
toca a su consagración por el orden jurídico estatal. IV.-Clasificaci6n de
las garantías individuales. V.-La extensión de los derechos públicos subjetivos
derivados de las garantías individuales y la reglamentación de éstas.
I. INTRODUCCIÓN
Sea que nos declaremos adictos a la tesis aristotélica elemental en materia
política, es decir, aquella que asienta que el hombre es un ser esencialmente
sociable (zoon poiitikon}, o sea que aceptemos la: doctrina de Rousseau,
para quien la existencia aislada e individual del ser humano precede
a la formación social, lo cierto es que no se puede concebir al sujeto fuera
de la convivencia con sus semejantes. La vida común es, pues, un hecho
y un supuesto indiscutible. Ahora bien, haciendo abstracción de la actividad
moral o meramente subjetiva del hombre, cuya identidad constituye en ella
los dos extremos de las relaciones que se formen al respecto, externamente,
el?- su constante y continuo contacto con sus semejantes, la persona siempre
está en relación con éstos. Por ende, podemos decir que la vida en común,
que la convivencia humana, son 'sinónimos de relaciones sociales entre los
miembros de una determinada sociedad.
Pues bien, lógicamente, para que sea dable y posible el desarrollo de
esa vida en común, para que puedan establecerse las relaciones sociales,
para que, en una palabra, pueda existir la sociedad humana, es menester
que la actividad de cada quien esté limitada en tal forma, que su ejercicio
no ocasione 'el caos y el desorden, cuya presencia destruyen la convivencia.
Esas limitaciones a la conducta particular de cada miembro de
la comunidad en sus relaciones con los demás sujetos que la integran,
se traducen en la aparición de exigencias y obligaciones mutuas o recíprocas,
cuya imposición no sólo es natural, sino necesaria, obra del Derecho,

156 LAS GARANTiAS INDIVIDUALES
que sociológicamente responde como el medio imprescindible de satisfacer
esa necesidad de regulación.
El contenido normativo del Derecho, bien plasmado en disposiciones
legislativas expedidas por órganos determinados, o bien como substratum
de una práctica social constante y con fuerza de obligatoriedad, forzosamente
debe estar garantizado, en cuanto a su imperatividad, por un poder
superior a la voluntad de cada individuo, de tal suerte que la aplicación
de lo juridico no quede supeditada al arbitrio de éste. Ese poder,
que también recibe el nombre de autoridad, considerado este concepto no
en su acepción de órgano estatal dotado de funciones de ejecución y decisión,
sino como actuaci6n suprema, radica en la comunidad misma, en el
propio grupo social, y es ejercido por entidades creadas a posteriori, a las
cuales expresamente se les ha conferido esa facultad.
La autoridad de un Estado (el cual constituye la forma de organización
política y juridica de una sociedad humana, pueblo o nación), en la connotación
que hemos atribuido al concepto respectivo, implica, pues, un
poder, o sea, un conjunto de facultades y actos tendientes a garantizar el
orden de derecho mediante su idónea aplicación contra posibles contravenciones
por parte de los individuos de la comunidad, asegurando así el orden
social (aun cuando su atribución indebida en muchas hipótesis, hist6ricamente
dadas, sirva de medio a la arhitrariedad despótica).
De la importante misión que tiene que realizar ese poder social, cuyo
titular es el Estado como organización formal juridico-política de la sociedad
humana y cuya depositaria es ésta (de acuerdo con las doctrinas actuales
generalmente aceptadas), se desprende con evidencia una de sus características
fundamentales, a saber: la de ser soberano.
La soberania, cuyo término deriva de la conjunción "super-omnia", o
sea sobre-todo, es un atributo del poder del Estado, de esa actuación suprema
desarrollada por y dentro de la sociedad humana, que supedita todo
lo que en ella existe, que subordina todos los demás poderes y actividades
que se desplieguen en su seno.
Pues bien, el Estado, como forma en que se organiza un pueblo o una
sociedad humana, al adquirir sustantividad propia, al revestirse con una personalidad
juridica y política sui generis, se convierte en titular del poder
soberano, que, sin embargo, como ya dijimos, permanece radicado en uno
de sus elementos, que es la comunidad. Por consiguiente, podemos decir que
la soberanía (entendiendo ya por tal no sólo un atributo del poder estatal,
sino el poder mismo) reside jurídica y políticamente en el Estado, en virtud
de su personalidad propia, artificial; y real y socialmente, en la sociedad
o pueblo, entendido éste en su acepción jurídica, na sociológica, o sea, como
conjunto de individuos con derechos .civicos activos y pasivos,
La soberanía popular, llamada así porque es en el pueblo en quien efectivamente
radica, según las doctrinas modernas, es, como dijera [ellinek,

LAS GARANTiAS INDIVIDUALES ASPECTO GENERAL 157
aquella potestad suprema "que no reconoce ningún otro poder superior a
si; es el poder supremo e independiente". De esta concepción de soberania
podemos derivar dos de sus características principales; en primer lugar, la
consistente en la imposibilidad de que exista un poder superior a ella dentro
del Estado, y en segundo, la de que exteriormente no depende de ninguna
otra potestad. Estas dos notas fundamentales de la soberanía implican que
el Estado, su titular jurídico y político, es autónomo, es decir, capaz de
darse sus propias normas para rcgir su vida interior, e independiente, en
cuanto que, en sus relaciones con los demás, no está supeditado a ellos.
Sin embargo, la soberanía, como potestad suprema del Estado, no es
ilimitada, sino que está sujeta a restricciones; mas éstas no provienen de
una imposición, de un poder ajeno y extraño a ella, sino que obedecen a
su propia naturaleza. En efecto, el pueblo, siendo el depositario real del
poder soberano, en ejercicio de éste decide desplegar su actividad suprema
dentro de ciertos cauces jurídicos que él mismo crea y que se obliga a na
transgredir, en una palabra, se autolimita. Además, existiendo la necesidad
de que su vida adopte la forma que más le convenga, selecciona él mismo
la manera de constituirse y el sistema de su funcionamiento, es decir, se autodetermina.
Los atributos de auto-limitación y auto-determinación son inherentes
a la soberanía e implican la negación misma de la arbitrariedad,
al traducirse en la creación de un orden de derecho.
La soberanía, en cuanto a sus notas de titularidad y radicación, y por
lo que concierne a sus implicaciones de autonomia (auto-limitación y autodeterminación)
e independencia, históricamente no aparece la misma en
los distintos regimenes sociales y políticos que se han sucedido. Durante la
Edad Media, no solamente no consta de los caracteres ya apuntados, sino
que ni siquiera era referible a los estados temporales, puesto que en forma
casi absoluta éstos estaban sometidos al poder espiritual y material del
pontífice romano. Posteriormente, cuando los jefes del Estado quisieron reasumir
su soberanía perdida, logrando recuperarla, surge ésta con atributos
distintos de los que actualmente la constituyen en todas las naciones democráticas.
En aquella época, llamada del absolutismo, se desconocieron
fundamentalmente las notas de radicación popular y de auto-limitación dc
la soberanía, al haberse hecho residir en el monarca, cuyo capricho y antojo
eran la ley del Estado (quod principii placuit, legis habet uigorem),
Con la Revolución francesa, principalmente merced a la repercusión de
la tesis de Rousseau, la soberanía se deposita en el pueblo o en la nación,
mas originariamente sin estar dotada del atributo de auto-limitación. La
concepción de la soberanía como poder ilimitado, exento de restricciones
de ninguna especie, pronto se vio en notoria pugna con la corriente jusnaturalista
de los derechos del hombre. ¿Cómo salvar, entonces, la antítesis
entre la idea de la "volonté générale" como suprema, ilimitada, y el con-

158 LAS GARANTÍAS IN'DIVIDUALES
cepto de derechos del homhre anteriores a toda organización política y
respetables por toda entidad y ordenamiento?
Varias legislaciones constitucionales, entre ellas la nuestra de 1857, admitieron
la doctrina jus-naturalista en detrimento de la concepción dominante
de la soberanía, como se deduce del articulo primero, que en otra
ocasión comentamos.
Doctrinalrnente, pues, urgía solucionar la cuestión, el conflicto suscitado
entre ambas concepciones contradictorias. Fue entonces cuando se elaboró
el concepto de "auto-limitación" para significar que, si bien el poder soberano
del Estado no reconocia a ningún otro superior a él, en cambio, se
imponía a sí mismo ciertas restricciones en beneficio de los individuos. Fue
así como, abandonando la idea jusnaturalista, individualista y liberal, por
cuanto se refiere a los derechos del sujeto, nuestra Constitución vigente, que
es el ordenamiento que cristaliza directamente la autodeterminación popular,
consignó en su artículo primero, como declaración general, el principio
de la autolimitación, al instituir en favor del individuo las garantías que en
los preceptos sucesivos otorga. No se trata ya, pues, de reconocer derechos
superestatales del hombre, sino de autolimitarse, otorgando a éste las garantías
debidas para el desarrollo integral de su personalidad.
El concepto de soberanía, tal como lo forjan los autores modernos como
Jellinek, Posada, etc., se encuentra en todos sus términos en nuestra Constitución
de 1917. En efecto, al constituirse el pueblo mexicano en Estado,
al darse una organización estatal, el poder o actividad supremos, inherentes
a él, los refirió a la entidad jurídica y política que creó con sustantividad y
personalidad propias, reservándose, no obstante, para sí, la fundamentación
real de la soberanía. Al surgir el Estado mexicano con personalidad
jurídica y política propias, como mera forma de creación artificial (como
lo es el concepto de la entidad política "estado" en general), necesariamente
se le tuvo que atribuir autoridad, esto es, el poder indispensable para la
consecución de sus fines específicos y para el mantenimiento del orden 'interior,
análogamente a lo que sucede cuando Se forman sociedades civiles
o mercantiles dotadas de propia personalidad. Al nacer el Estado mexicano,
lógicamente el pueblo o elemento humano que lo integra devino un factor
de su naturaleza, conservando, sin embargo, el poder o actividad social
suprema de que es depositario. En el terreno lógico (no en el histórico, que
muchas veces es contrario al primero), un elemento real, el pueblo o la
nación, al que como tal corresponde un determinado poder o actividad soberanos,
cedió la titularidad de ese poder o actividad a la entidad artificial
que 'creó, dotándola de sustantividad o personalidad propias. Por consiguiente,
podemos decir que la soberanía o poder soberano corresponde al
Estado mexicano (forma política y jurídica artificial) por atribución que
de ella le hizo el pueblo o nación mexicana, en los cuales subsiste su fundamentación
real. Implicando, por ende, el Estado una forma jurídica y po-

LAS GARANTiAS INDIVIDUALES ASPECfO GENERAL 159
lítica como persona moral de Derecho Público, al igual que las personas
morales de Derecho Privado, en sus respectivos casos de consideración jurídica,
resulta que, como éstas, es titular de una actividad o poder que en
realidad corresponde a sus miembros humanos, o sea, e! pueblo.
Pues bien, la fundamentación real de la soberanía, como poder social
supremo, que ficticiamente se imputa al .Estado, que es la forma en que
se organiza política y jurídicamente una sociedad humana, se atribuye por
el artículo 39 constitucional al pueblo mexicano, atribución que reproduce
las consideraciones l6gicas que acabamos de hacer. En efecto, dice e! citado
precepto textualmente: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente
en e! pueblo. Todo poder público dimana de! pueblo y se instituye
para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho
de alterar o modificar la forma de su gobierno." Fácilmente se desprende
de! contenido de tal artículo, que la primera parte alude a la fundamentaci6n
o radicaci6n populares de la soberanía, principalmente cuando
emplea los adverbios esencial y originariamente. El primero de ellos implica
que la soberanía es consubstancial y concomitante al pueblo, o sea que éste
tiene como atributo de esencia el ser soberano, que está dotado de potestad
suprema. Por otra parte, la palabra "originariamente" significa que es el
pueblo quien, en principio y de manera esencial, es el único sujeto real de
la soberanía, pero que, en atención a circunstancias de índole práctica, no
puede desempeñarla dentro de la organización estatal por sí mismo, por
lo que se ve en la precisión de delegar su ejercicio en órganos por él creados
expresamente, los cuales despliegan el poder soberano popular en forma derivada.
En estos términos, pues, debe interpretarse e! artículo 41 de la Constituci6n
de 17, que a la letra dice: "El pueblo ejerce su soberanía por
medio de los Poderes de la Uni6n, en los casos de competencia de éstos, y
por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los
términos respectivamente establecidos por la presente Constituci6n Federal
y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir
las estipulaciones de! Pacto Federal."
La segunda parte de! artículo 39 constitucional implícitamente contiene
la atribución que de la soberanía hace el pueblo en favor de la entidad
Estado por él creada. Efectivamente, al establecerse que "todo poder público
dimana de! pueblo", sc está sobreentendiendo que dicho poder, o sea
la actividad del Estado, es fruto de una imputaci6n que hace a éste el pueblo,
pues no ótra es la interpretaci6n que debe darse al término "dimana",
que equivale a la circunstancia de que e! poder público con que está investida
la entidad estatal procede precisamente de su sustrato humano real,
que es el pueblo, o, como dijeran los revolucionarios franceses de 1789,
entre ellos Sieyés, la nación.
La tercera parte del artículo que comentamos expresa el carácter de
inalienabilidad de. la soberanía, es decir, considera a ésta como inseparable

160 LAS GARANTÍAS INDMDUALES
del pueblo, inherente a éste, de lo que se concluye la imposibilidad de delegación
de la potestad soberana en cuanto tal, pues lo que se confiere a los
órganos autoritarios es su ejercicio, como ya dijimos.
Las facultades de autodeterminación y de autolimitación, que son las
capacidades siempre coexistentes del concepto de soberanía popular y que
participan, por ende, de su carácter de inalienabilidad, también están implicadas
en nuestro orden constitucional. En efecto, siendo la Constitución
la Ley Fundamental que establece primordialmente la organización del Estado
y el funcionamiento, atribuciones, etc., de los órganos O autoridades
supremos de que está compuesto su gobierno, resulta que toda ella, por
si misma, traduce en normación positiva la facultad de autodeterminación
del pueblo investido de soberanía, lo que se corrobora por el contenido dispositivo
del articulo 40, que dice: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse
en una República representativa, democrática y federal, compuesta
de Estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior;
pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley."
En cuanto a la facultad de autolirnitación, ésta se encuentra prevista,
a modo de declaración inicial general, en el articulo primero constitucional
que contiene el otorgamiento de garantías individuales que el pueblo hace
a los habitantes del Estado mexicano por medio de la Constitución. Consiguientemente,
son los derechos públicos individuales los factores o elementos
en que se concreta la autolimitación popular, al reputarlos como diques
u obstáculos a la actuación arbitraria e ilegal de los 6rganos autoritarios,
por conducto de los cuales se desempeña la soberanía del pueblo. Además,
dentro de un régimen de legalidad como es o pretende ser, al menos teóricamente,
el nuestro, la autolirnitaci6n se contiene en todo el Derecho Positivo, que
es el que complementa o secunda las garantías constitucionales, clasificadas'
.generalmente en garantías concernientes a la libertad, a la igualdad, a la
propiedad y a la seguridad, la que propiamente equivale a la de legalidad,
por significar el conjunto de medios jurídicos de preservaci6n de las anteriores,
dentro de los cuales descuella la existencia de la ley.no
La autolirnitaci6n, que es una de las capacidades propias de la soberaroa,
implica una restiiccián a la actividad del Estado introducida por el
orden jurídico. Ahora bien, como el Estado carece de sustantividad psicofísica,
no estando dotado, por tanto, de una voluntad biológica, necesariamente
tiene que actuar mediante representantes o agentes que se llaman autoridades,
establecidas por la norma jurídica y cuyo conjunto integra el
gobierno estatal. Las autoridades, pues, representan al Estado; son los 6rganes
de desempeño de su actividad: por ende, una autoridad, cualesquiera
que sean sus atribuciones. independientemente de la índole de sus funcio-
no Esta autolimitaci6n es, desde luego, temporal o relativa, puesto que la obligación
de observarla por parte del Estado subsiste en tanto que el pueblo, depositario real de la
soberanía, no decida modificar el orden jurídico en que aquélla se expresa.

LAS GARANTiAs INDIVIDUALES ASPECTO GENERAL 161
nes, nunca obra "motu pr(Jprio", sino siempre en representaci6n del Estado
como persona jurídica y del pueblo como realidad social o en ejercicio
debido o indebido de una funci6n estatal. En consecuencia, ninguna entidad
autoritaria es depositaria o titular del poder soberano; a ella sólo le
corresponde su ejercicio de acuerdo con el ámbito de competencia que la
ley le impute.
Pues bien, si es el propio Estado el que se autolimita en cuanto al poder
que le es inherente para cumplir sus fines, evidentemente que esta autolimitación
se traduce en una serie de restricciones jurldicas impuestas a la
actividad de las autoridades estatales. Por tal motivo, la soberanía, por lo
que ve al Estado, implica una autolimitación en los términos ya indicados,
y por lo que concierne a las autoridades, una limitaci6n a su actividad
desplegada en ejercicio del poder estatal.
Por otra parte, e independientemente dc las consideraciones anteriores,
las garantías individuales, que con mejor denominación deben llamarse
"garantías del gobernado", denotan esencialmente el principio de seguridad
jurídica inherente a todo régimen democrático. Dicho principio no es sino
el de juridicidad que implica la obligación ineludible de todas las autoridades
del Estado en el sentido de someter sus actos al Derecho. Siguiendo
esta idea, puede afirmarse que las invocadas garantías son la expresi6n
fundamental y suprema de los dos principios aludidos, sin cuya consagración
se propicia y estimula la entronizaci6n de la autocracia, de la dictadura o
de la tiranía. No es posible, en efecto, concebir siquiera ningún sistema
juridico sin la seguridad que entrañan las garantías en favor de todo gobernado,
por lo que su institución es el elemento indispensable para implantar
y mantener el orden jurídico en cualquier país, con prescindencia
de la estructura socio-eeon6mica y política que cada uno de los pueblos del
orbe adopte. La abolición o la no consagraci6n de, las mencionadas garantías
significaría la destrucción de todo el Derecho, fenómenos que, a su vez,
atentan contra la libertad y la justicia, como aspiraciones permanentes de
todas las naciones del mundo.
11. DIVERSAS ACEPCIONES DEL CONCEPTO "GARANTÍA"
Parece ser que la palabra "garantía" proviene del término anglosajón
"warranty" o "warantie", que significa la acción de asegurar, proteger, defender
o salvaguardar (to warrant), por lo que tiene una connotación muy
amplia. "Garantía" equivale, pues, en su sentido lato, a "aseguramiento"
o "afianzamiento", pudiendo denotar también "protección", "respaldo", "defensa",
"salvaguardia" o "apoyo". Jurídicamente, el vocablo y el concepto
"garantía" se originaron en el derecho privado, teniendo en él las acepciones
apuntadas.

164 LAS GARANTIAS INDIVIDUALES
les",''' aclarando inmediatamente que para él existen dos especies de garantías:
las fundamentales (individuales, sociales e institucionales) y las de
la Ccmstituci6n ("para los métodos procesales, represivos y reparadores,
que dan efectividad a los mandatos fundamentales, cuando son desconocidos,
violados o existe incertidumbre respecto de su forma o contenido,,).na
Acudiendo a la ejemplificaci6n, agrega dicho autor que "garantías fundamentales
son las establecidas por los primeros veintiocho artículos de nuestra
Carta Fundamental, las cuales, unas tienen el carácter de individuales,
otras pueden estimarse sociales, y finalmente también están reguladas
determinadas instituciones y entre estas últimas merecen destacarse las establecidas
por los artículos 14 y 16 que pueden designarse genéricamente
como u garantía de justicia JJ • "Por el contrario, continúa, las garantías de
la Constituci6n mexicana son los procesos establecidos por los artículos 103
y lO? (amparo), 105 (conflictos entre los Estados y la Federaci6n, o los
estados entre sí) Y 111 (proceso de responsabilidad de funcionarios), que
ya SOn normas estrictamente procesales, de carácter represivo y reparador"
.11.9
Como se ve, Fix Zamudio, tomando en cuenta la noción muy amplia y
general de "garantía" y aglutinando en su opini6n las de los tres autores
ya citados, no explica la consistencia jurídica de lo que, a su juicio, sean
las "garantías fundamentales", pues se concreta a exponer lo que, según
él, comprenden. La mera demarcación del alcance de un concepto no equivale
a su desentrañamiento, cuesti6n ésta que deja sin tratar nuestro estudioso
jurista; y por lo que concierne a las "garantías de la Constitución",
que identifica con los diferentes "procesos constitucionales", debemos decir que
implican una idea completamente distinta de la de "garantía individual o
del gobernado" y cuya fisonomía jurídica es precisamente lo que pretendemos
describir.
El distinguido maestro de nuestra Facultad, don Alfonso Noriega C.,
identifica a las garantías individuales con los llamados "derechos del hombre",
sosteniendo que estas garantías "son derechos naturales, inherentes a
la persona humana, en virtud de su propia naturaleza y de la naturaleza de
las cosas, que el Estado debe reconocer, respetar y proteger, mediante la
creaci6n de un orden jurídico y social, que permite el libre desenvolvimiento'
de las personas, de acuerdo con su propia y natural vocaci6n, individual y
social" ,120
Discrepamos de esta concepci6n, pues aun aceptando la idea de que
existan "derechos naturales" del ser humano y no meras potestades naturales
del hombre que al reconocerse por el orden jurídico positivo se convierten
].1'1' [uicio de Amparo. edición 1-964, pág. 58.
111l Ibíd.
U. Ibíd,
'120 La Naturaleza de las Gar-antías Individuales en la Constitución de 1917. Ed. 1967
(UNAM - Coordinaci6n de Humanidades). pág. 111.

LAS GARANTiAS INDIVIDUALES ASPECTO GENERAL 165
en derechos públicos subjetivos (que es nuestra opinión), esos derechos se
asegurarían o preservarían por las garantías establecidas por la Constitución
o por la ley. De ahí que no es lo mismo el elemento que garantiza
(garantía) que la materia garantizada (derecho humano). Además, según
veremos, las garantías denominadas impropiamente "individuales" no se
consignan únicamente para el hombre o persona física, ni sólo protegen sus
"derechos", sino que se extienden a todo ente jurídico, distinto del ser
humano en cuanto tal, que se encuentre en la situación de gobernado. La
identidad que proclama el maestro Noriega deja fuera del concepto de "garantía
individual" las que la Constitución implanta para las personas mo­
.eales de diferente índole, que en substancia no son hombres, aunque estén
formadas por ellos.
En atención a las diversas acepciones del vocablo y de la idea "garantía"
dentro del campo del derecho, nosotros prescindiremos dc los múltiples
significados que tienen, para contraer el concepto respectivo a la relaci6n
jurldica de supra a subordinaci6n de que vamos a hablar, y de la que surge
el llamado "derecho público subjetivo" del gobernado y que equivale, en
cierta medida, al "derecho del hombre" de la Declaración francesa de 1789
y de nuestra Constitución de 1857.
En otras palabras, desde el punto de vista de nuestra Ley Fundamental
vigente, las "garantías individuales" implican, no todo el variado sistema
jurídico para la seguridad y eficacia del estado de derecho, sino lo que se
ha entendido por "derechos del gobernado" frente al poder público. La
relación entre ambos conceptos, "garantía individual" y "derecho del gobernado",
se deduce de la gestación parlamentaria del artículo primero de
la Constitución de 1857. Como ya lo hemos advertido, los constituyentes
de 56-57, influidos por la corriente jusnaturalista, consideraron que los derechos
del hombre son aquellos que éste recibe de Dios (o como dijera
Mírabcau, "los que la justicia natural acuerda a todos los hombres"), y
que, dada su amplitud y variedad, no era posiblc enmarcar dentro de un
catálogo. Por ello, dichos constituyentes se concretaron a instituir las "garantías"
que aseguraran el goce de esos derechos, de tal suerte que al consagrar
las propias garantías, en el fondo se reconoció el derecho respectivamente
protegido o asegurado por ellas, estableciéndose· así la relación de
que hemos hablado.
A nuestro entender, sin embargo, no puede identificarse la "garantía
individual" con el "derecho del hombre" o el "derecho del gobernado",
como no se puede confundir el "todo" con la "parte", lo que creemos demostrar
por las consideraciones que informan este capítulo.m
121 No dejamos de reconocer que la denominaci6n de "garantía individual o del gobcrnadan
no es muy adecuada para denotar su ser jurídico, sin que se haya logrado, empero"
sustituirla ventajosamente por otro nombre. Ya hemos dicho que "garantizar" equivale a

166 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
IJI. ELEMENTOS, CONCEPTO Y NATURALEZA DE LAS GARANTÍAS
INDIVIDUALES
La autolimitaci6n y, por ende, las limitaciones o restnccrones a la conducta
de las autoridades, se establecen por todo el orden juridico del Estado,
independientemente de la índole jerárquica de las distintas normas que
lo integran, siguiendo diferentes criterios y frente a diversos factores que no
son del caso mencionar. Ahora bien, directa y primariamente, frente a los
miembros singulares del Estado o gobernados, la autolimitaci6n estatal y las
limitaciones jurídicas a la actuaci6n de las autoridades se revelan en las garantlas
individuales. Por tanto, éstas se traducen juridicamente en una relaci6n
de derecho existente entre el gobernado como persona Física o moral
y el Estado como entidad jurídica y politica con personalidad propia y
sus autoridades, cuya actividad en todo caso se desempeña en ejercicio del
poder y en representaci6n de la entidad estatal. En realidad, los sujetos
inmediatos y directos de la relaci6n juridica que implica la garantía individual
están constituidos por el gobernado, por una parte, y las autoridades
del Estado, por la otra, puesto que es la conducta de estas mismas la que
está limitada o restringida de modo directo por dicho vinculo de derecho;
sin embargo, como una autoridad no debe ser reputada como entidad o
funcionario per se, esto es, que traduzca una voluntad propia en cuanto al
desempeño de su actuaci6n pública, sino que siempre se la debe considerar
como representante del Estado, a quien se encomienda el ejercicio del poder
de éste, hablando con propiedad las limitaciones que comprende la
relaci6n juridica que entraña la garantía individual, y que inmediata y
directamente se imputan a la conducta autoritaria, repercuten en la potestad
del Estado, ya que la primera no se traduce sino en el ejercicio o desempeño
de ésta.
En la vida de cualquier estado o sociedad existen tres fundamentales
tipos de relaciones, a saber: las de coordinaci6n, las de supraordinacián y
las de supra a subordinaci6n.
Las relaciones de coordinaci6n son los vínculos que se entablan merced
a una gama variada de causas entre dos o más sujetos fisicos o morales
dentro de su condición de gobernados. Esas relaciones pueden ser de índole
privada o de carácter socio-económico. En el primer caso, cuando están
previstas y reguladas por las normas [uridicas, el conjunto de éstas constituye
lo que suele denominarse "Derecho privado"; y en el segundo, si las
citadas normas las imponen y rigen, su agrupamiento integra lo que se llama
"asegurar", "proteger", "defender" o "salvaguardar". Consiguientemente, al otorgarse por
,la Constitución garantías en favor de todo gobernado, se asegura, protege, defiende o salvaguarda
a éste frente. al poder público, manifestado en multitud de actos de autoridad
provenientes de Jos órganos del Estado. De ahí que, a falta de una mejor y más id6nea
. designación. optemos por seguir empleando la citada denominaci6n.

LAS GARANTiAS INDIVIDUALES ASPECTO GENERAL 167
"Derecho social". En ambas hipótesis, según aseveramos, los sujetos de las
relaciones reguladas jurídicamente no son los órganos del Estado, ni entre
sí ni frente a los gobernados, pudiendo éstos ser, como también afirmamos,
simples particulares o entidades colectivas o los miembros individuales de
las mismas; y si en las propias relaciones puede intervenir algún órgano
estatal, como sujeto, no es su actividad de imperio la que se encauza.
Las relaciones de supraordinaci6n se establecen entre los diferentes órganos
de poder o gobierno de un estado o sociedad, normando la actuación
de cada uno de ellos; y si esta normación se consagra por el derecho positivo,
la rama de éste que la instituya configura tanto el Derecho Constitucional
como el Administrativo en sus aspectos orgánicos.
A diferencia de los dos tipos de relaciones que hemos mencionado, que
reconocen siempre una situación igualitaria o de paridad formal entre sus
sujetos (gobernados entre sí o autoridades entre sí), las relaciones de supra
o sub-ordinación descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea,
que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, es
decir, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad,
por un lado, y el gobernado, por el otro. En dichas relaciones, la
persona moral estatal y sus autoridades desempeñan frente al gobernado
la actividad soberana o de gobierno, o sea, actos autoritarios propiamente
dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad
y la coercitividad. En efecto, se dice que todo acto de autoridad es
unilateral, porque su existencia no requiere de la voluntad del particular
al que va dirigido o frente al que se realiza; que es imperativo, en virtud
de que se impone contra y sobre la voluntad en contrario del gobernado,
quien tiene la obligación de obedecerlo, y sin perjuicio, claro está, de que
lo impugne jurídicamente como corresponda; y que es coercitivo, atendiendo
a que, si no se acata por rebeldía u oposición de la persona contra quien
se pretenda ejecutar, puede realizarse coactivamente, incluso mediante la
fuerza pública, en detrimento de ella. La concurrencia de los tres elementos
indicados forma la índole propia del acto autoritario o de gobierno, de tal
manera que, faltando cualquiera de ellos, el acto que provenga de un órgano
estatal y que se realice frente a un particular no será de autoridad.
Ahora bien, cuando las relaciones de supra a subordinación se regulan por
el orden jurídico, su normación forma parte tanto de la Constitución como
de las leyes administrativas principalmente, implicando en el primer caso
las llamadas "garantías individuales". En consecuencia, éstas, de conformidad
con lo que se acaba de exponer, se traducen en relaciones jurídicas
quc se entablan entre el gobernado, por un lado, y cualquier autoridad
estatal de modo directo e inmediato y el Estado de manera indirecta o media/a,
por el otro.
Pues bien, entre ambos sujetos pueden mediar diversas categorías de
relaciones jurídícas que, sin embargo, no son garantías individuales. Por

168 LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
ende, si bien es verdad que éstas son siempre relaciones jurídicas entre el
gobernado y las autoridades estatales inmediatas y el Estado en forma mediata,
no toda clase de vínculos de derecho entre tales extremos de la relación
denotan una garantía individual. Por tal motivo, para dejar precisado
el concepto de ésta, es menester especificar las características de la relación
jurídica en que se revela.
A. SUJETOS
a) Consideraciones generales
La relación jurídica de supra a subordinación en que se manifiesta la
garantía individual consta de dos sujetos, a saber, el activo o gobernado y
el pasivo, constituido por el Estado y sus Ó'Tganos de autoridad.
Las garantías individuales según la postura ideológica adoptada en las
Constituciones que rigieron a nuestro país durante el siglo pasado, se reputaron,
en términos generales, como medios sustantivos constitucionales para
asegurar los derechos del hombre. Asl, inclusive, se estimaron por el artículo
primero de la Constitución de 1857, para cuyo ordenamiento tales derechos
implicaron la base y el objeto de las instituciones sociales, es decir, de la
teleología estatal expresada en éstas.
Es evidente que dentro de esa concepción, las garantías consignadas
constitucionalmente fueron establecidas para tutelar los derechos o la esfera
jurídica en general del individuo frente a los actos del poder público. Atendiendo
al sujeto que como único centro de imputación de las citadas garantías
se consideraba por los preceptos que las instituian, la denominación
o el adjetivo de "individuales" se justificó plenamente. Sin embargo, y aun
bajo la vigencia de la Constitución de 1857, surgió el problema jurídico
consistente en determinar si las llamadas personas morales podrían ser titulares
de las garantías individuales, que según se dijo, se implantaron en
el mencionado ordenamiento supremo para asegurar los derechos del hombre.
El problema a que nos referimos se suscitó en torno a la cuestión de si
las personas morales o corporaciones, que evidentemente no son "individuos"
ni tienen "derechos del hombre", podian invocar, frente a cualquier acto
de autoridad, la violación que en su perjuicio éste cometiera a los preceptos
en que las multicitadas garantías se consignaban. Se arguyó que de las
garantías individuales sólo podía gozar la persona física o individuo, pues
las personas morales, por carecer de sustantividad humana, no podían ser
titulares de derechos del hombre, que sólo a éste pertenecen, ni, por ende,
ser protegidas por los medios sustantivos de tutela de esos derechos.
El criterio certero y de gran hondura jurídica del ilustre don Ignacio
L. Vallarta resolvió el problema en el sentido de que, a pesar de que las
personas morales no eran seres humanos, sino ficciones legales, y de que, por

172 •. ¡ LAS GARANTIAS INDMDUALES
público, bien sea el constitucional o el administrativo, principalmente, Pero
puede suceder que una institución pública centralizada o un órgano estatal
no despliegue frente a otro una conducta imperativa, o sea, no desempeñe
un acto de autoridad propiamente dicho, sino que se coloque en la situación
de gobernado. En esta hipótesis, que se registra frecuentemente en la
realidad, dicha institución pública centralizada deja de ser autoridad, y
entre ella y el otro órgano del Estado que conserva su poder de imperio,
surge una relación de supra a subordinación, regida básicamente por los
preceptos constitucionales en que se declaran o instituyen las llamadas garantías
individuales. El órgano estatal de imperio, por ende, puede violar
las disposiciones que norman dicha relación en perjuicio de la instituci6n
pública que, como gobernado, se encuentra frente a él por virtud de una
situaci6n especial.
Estas ideas condensan el fundamento teórico del artículo 9' de la Ley
de Amparo, que hace procedente el juicio de garantías en favor de las personas
morales oficiales, cuando por algún acto emanado de otro 6rgano del
Estado, se lesionan sus intereses patrimoniales. En el caso contemplado por
dicho precepto se advierte, como subyacente, una relación de supra a subordinación
entre la persona moral oficial, titular de la acción de amparo, y
el órgano estatal que comete el acto de autoridad lesivo.
Estas consideraciones son puntualmente aplicables al caso en que se trate
de un conflicto jurídico entre una instituci6n pública o persona moral
oficial, por un lado, y un particular, por el otro. Entre ambos sujetos del
conflicto existe una relaci6n de coordinaci6n, pues la instituci6n pública o
la persona moral oficial la ha entablado con el particular sin haber ejercitado
frente a éste el jus imperii, sino a consecuencia del jure gestionis, lo
que inclusive ha sido reconocido por la Suprema Corte a prop6sito de la
distinción entre la doble personalidad o doble actuaci6n del Estado. Ahora
bien, el conflicto de referencia debe. ser resuelto por otro órgano estatal, diciendo
el derecho en él, o sea, desempeñando la función jurisdiccional. Es
entonces cuando, entre el órgano jurisdiccional, por una parle, y los sujetos
del conflicto, por la otra, y dentro del procedimiento en que éste se vaya
a dirimir, surgc una relaci6n de supra a subordinaci6n. En esta relacián, la
institución pública o la persona moral oficial deja de ser autoridad para
sujetarse a la decisión del órgano jurisdiccional que va a resolver el conflicto
suscitado entre ella y el particular. Ambos se colocari, por ende, y
dentro de dicho procedimiento, en la misma situación de gobernados frente
al órgano jurisdiccional, que es el único que despliega una funci6n .imperativa
mediante una serie de actos de autoridad, y. la cual desemboca en
la dicción del derecho expresado en la sentencia. De ahi se concluye que
dentro de un proceso, cualquiera que sea su carácter, en que la instituci6n
pública o la persona moral oficial sea parte, los actos que ésta realice no

LAS GARANTIAS INDIVIDUALES ASPECTO GENERAL 173
son de autoridad, sino que participan de la misma índole que los que desempeña
SU contraparte.
Conforme al principio de igualdad procesal, todos los sujetos que como
partes intervienen en un procedimiento jurisdiccional, tienen los mismos
derechos, traducidos en la capacidad de ofrecer pruebas, de alegar y, sobre
todo, de interponer los recursos legales pertinentes.
Cuando en un proceso las partes sean un particular y una institución
pública o persona moral oficial, ésta es titular de esos derechos, teniendo
la potestad de impugnar, por los medios jurídicos adecuados, los actos de
autoridad que realice el órgano jurisdiccional. Corrobora las anteriores ideas
la situación procesal que guarda la autoridad responsable en un juicio de
amparo. Al emitir ésta el acto reclamado, lo hace en desempeño del jus
imperii frente al agraviado; pero cuando el afectado por dicho acto deduce
la acción de amparo y se forma, como consecuencia de ello, el triángulo
procesal entre cI órgano de control, el quejoso y la autoridad responsable,
ésta es automáticamente despojada de su carácter de entidad autoritaria
o de imperio, para asumir la calidad de parte, sin poder desplegar; dentro
del proceso constitucional, ningún acto de autoridad, sino los que bajo esa
calidad, legalmente esté facultada para realizar. Las relaciones entre autoridad
responsable y el órgano jurisdiccional que conoce del amparo contra
sus actos, no son de supraordinación, sino de supra'a subordinación, porque
en ellos el único que desempeña actos de autoridad propiamente dichos
es el mencionado órgano, quedando supeditados a su voluntad decisoria la
autoridad responsable y el quejoso.
De las anteriores consideraciones se deducen las conclusiones siguientes:
l' Cualquier institución pública o persona moral oficial, esto es, cual.
quier órgano centralizado del poder, puede colocarse, frente a otro órgano
del Estado, en una relación de supra a subordinación.
2' En esa relación, la institución pública o la persona moral oficial
deja de ser entidad autoritaria, supeditándose a las decisiones del otro órgano
estatal, mismo que, frente a ella; desempeña el jus imperii.
3' El ejercicio del jus imperii frente a la institución pública o persona
moral oficial debe ajustarse a las exigencias constitucionales que se consignan
en los preceptos de nuestra Ley Fundamental que expresan las denominadas
garantías individuales.
4' La institución pública o persona moral oficial, dentro de esa relación
de supra a subordinación, goza de los derechos establecidos en tales
preceptos constitucionales,
5' Cuando por cualquier acto de autoridad se violan dichos preceptos
en perjuicio de la institución pública o de la persona moral oficial, ésta
puede promover, por ende, el juicio de amparo.

LAS GARANTÍAS INIlIVIDUALES ASPECTO GENERAL
ridica es susceptible de constituir el objeto total o parcial de actos de autoridad
imputables a los órganos estatales. Por tanto, si dicha esfera pertenece
a una persona moral de derecho social (sindicato, confederación sindical,
comunidad agraria), ésta asume el carácter de sujeto gobernado frente a los
actos autoritarios de afectación correspondientes, o sea, de "individuo" para
los efectos' de la titularidad activa de las garantías que expresamente consagra
la Constitución. Por otra parte, si las personas morales oficiales o
estatales pueden entablar la acción de amparo cuando los actos de autoridad
de que se trate lesionen sus intereses patrimoniales eonforme a lo dispuesto
por el artículo 9 de la Ley de Amparo, tales personas deben estimarse como
sujetos activos de la relación jurídica llamada "garantía individual" en lo
que atañe al ámbito formado por dichos intereses, pues en lo tocante a éstos
asumen la calidad de gobernadas.v" En cuanto a los organismos descentralizados
opera análoga conclusión, porque si su esfera jurídica es susceptible
de afectarse por algún acto de autoridad y, por ende, si merced a dicha
posibilidad de afectación pueden ostentarse como entidades gobernadas, son
también sujetos activos o titulares de garantías individuales atendiendo a la
equivalencia conceptual entre "individuo" y "gobernado" que implica el artículo
primero constitucional.
4. En resumen, las garantías que con el título de "individuales" instituye
nuestra Constitución, propiamente se refieren a todo sujeto que tenga o
pueda tener el carácter de gobernado en los términos en que expusimos este
concepto. Consiguientemente, la denominaci6n "garantías individuales" que
se atribuye a las garantías que debe tener todo gobernado, no corresponde
a la verdadera indole jurídica de éstas y s610 se explica por un resabio del
individualismo clásico que no tiene raz6n de subsistencia en la actualidad y
que, por otra parte, ha sido objeto de críticas destructivas injustificadas provenientes
de ideologías socialistas o colectivistas que se sustentan en nuestro
medio, considerando a la Constitución de 1917, en lo que respecta a la consagración
de tales garantías, como un trasunto de regimenes politice-sociales
ya liquidados. Por tanto, para evitar dichas críticas, que sólo se basan en un
error puramente terminológico consistente en haber denominado a las multicitadas
garantías con un adjetivo que únicamente traduce a uno de los sujetos
activos de la relación jurídica que implica (individuo O persona física), es del
todo indispensable que el nombre de "garantías individuales" Se sustituya
por el de garantías del gobernado, el cual se adecúa con justeza a su verdadera
titularidad subjetiva. Ahora bien, esta titularidad, por fundarse en un
concepto estrictamente jurídico, no está sometida a ideologías político-sociales,
pues si en cualquier régimen estatal deben existir como fenómenos ímpres-
126 La crítica de dicho precepto de la Ley de Amparo, asi como de la conclusi6n a
que llega la jurisprudencia de la Suprema Corte al interpretarlo, en el sentido de que en
el caso a que la propia disposición legal se refiere, las personas morales oficiales son titulares
de garantías individuales, la formulamos en nuestro libro El Juicio de Amparo, a cuyas
consideraciones nos remitimos.
177

178 LAS GARANTÍAS INDIVlDUALES
cindibles las relaciones de supra a subódíriación entre gobernantes y gobernadas,
las g-arantías que a éstos se otorguen como cauces normativos en que
aquéllos deban desplegar su actividad dentro de un estado de derecho, no
obedecerán a un criterio ideológico determinado, sino que se establecerán
sobre la idea de "ente gobernado", que puede involucrar sujetos de diferente
consistencia social, política y jurídica.
c) Sujeto pasivo. El sujeto pasivo de la relación jurídica que implica
la garantía individual está integrado, ya lo dijimos, por el Estado como entidad
jurídica y política en que se constituye el pueblo y por las autoridades
del mismo. Éstas, según también aseveramos, son las directamente limitadas
en cuanto a su actividad frente a los gobernados por las garantías individuales
como manifestaciones de la restricción juridica del poder de imperio,
siendo el Estado el sujeto pasivo mediatoée 1" relación de derecho respectivo.
Por ende, el gobernado, titular de las garantías individuales, tiene el goce y disfrute
de éstas inmediata o directamente frente a las autoridades estatales y
mediata e indirectamente frente al Estado, el cual, como persona moral
de derecho público que es, tiene necesariamente que estar representado por
aquéllas, quienes, a su vez, están dotadas del ejercicio del poder de imperio
en su distinta esfera de competencia juridica.
Surge la importante cuestión consistente en determinar si los organismos
descentralizados pueden ser sujetos pasivos de la relación jurídica en que se
manifiesta la garantía individual. Esta cuestión se vincula estrechamente con
otra que le es anexa y que estriba en la procedencia o improcedencia del
juicio de amparo contra los actos de tales organismos y cuyo tratamiento
lo abordamos en nuestra tantas veces citada obra.'" De las consideraciones
que formulamos al exponer este último tópico se deduce la conclusión de que
el organismo descentralizado puede ser sujeto pasivo de la mencionada relación
jurídica cuando ésta sea de supra a subordinación, es decir, cuando
dicho organismo realice frente al partícular algún acto de autoridad, si la
legislación respectiva prevé esta posibilidad, tema éste que analizamos en
nuestro indicado libro."
B. EL OBJETO. La relación jurídica que existe entre los sujetos mencionados
genera, para éstos, derechos y obligaciones que tienen un contenido
especial. En efecto, las garantías individuales se han reputado históricamente
como aquellos elementos juridicos que se traducen en medios de salvaguarda
de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el
cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. En consecuencia,
los derechos y obligaciones que implica Q genera la relación que
existe entre gobernados _y gobernantes o entre aquéllos y el Estado (en los
términos ya apuntados) tienen como esfera de gravitación esas prerrogativas
sustanciales del ser humano, cuyos fundamentos filosóficos expusimos en otra
127 El Juicio de AmparC'.
128 lbíd.

LAS GAllANTiAs INDIVIDUALES ASPECfO GENERAL 179
ocasión,':" considerándose como aquéllas la libertad, la igualdad, la seguridad
jurídica y la propiedad, respecto ele las cuales trataremos en sendos
capítulos,
a) Pues bien, desde el punto de vista del sujeto activo de la relación
jurídica en que se revela la garantía individual, ésta implica para dicho sujeto
un derecho, esto es, una potestad jurídica que hace valer obligatoriamente
frente al Estado en forma mediata y de manera inmediata frente
a sus autoridades, surgiendo para el sujeto pasivo, o sea, para estos dos elementos
(autoridad y Estado) una obligaci6n correlativa. Siendo las prerrogativas
fundamentales del hombre inherentes a SU personalidad, lo que
constituye el objeto tutelado por las garantías individuales principalmente,
el derecho quc se establece por la relación jurídica en que éstas se traducen
consiste en una exigencia imperativa que el gobernado reclama del sujeto
pasivo de la aludida relación (autoridades y Estado), en el sentido de que
se le respete un mínimo de actividad y de seguridad indispensable para el
desarrollo de la personalidad humana.
La potestad de reclamar al Estado y a sus autoridades el respeto a las
prerrogativas fundamentales del hombre, y que constituye la manera como
se traduce el derecho que para el sujeto activo de la relación jurídica multicitada
o gobernado genera o implica esta misma, tiene la naturaleza de un
derecho subjetivo público."·
En efecto, dicha potestad es un derecho, esto es, tiene el calificativo de
jurídica, porque se impone al Estado y a sus autoridades, o sea, porque estos
UD Véase introducción.
130 Debemos advertir que el concepto de "derecho público subjetivo" no lo identificamos
con el concepto tradicional y clásico de "derechos del hombre" elaborado por el jusnaturalismo.
Para nosotros, y en ello reconocemos la influencia de Kelsen, la fuente del
derecho subjetivo es la norma-jurídica objetiva, sin la cual no puede existir. En cambio,
para los jusnaturalistas los derechos del hombre son anteriores y superiores a todo orden
jurídico positivo, o sea, pre y suprasociales y pre y supraestatales, por ser atributos Inseparables
de la persona humana. Lo que para el jusnaturalismo es un "derecho" del hombre,
para nosotros es una exigencia deontol6gica que se traduce en un ideal, fincado en la naturaleza
humana, y que debe cristalizar en su reconocimiento jurídico normativo si el orden
de derecho objetivo pretende adecuarse a esa naturaleza. Ya hemos afirmado que, en nuestra
opinión, al reconocer este orden las potestades libertarias naturales del hombre, las
erige a la categorla de "derecho subjetivo", por lo que lo "jurídico" de esas potestades, o
sea, su respetabilidad coercitiva e imperativa, deriva de la norma recognoscitiva y no de
ellas mismas.
Coincide con nuestro pensamiento Recaséns Siches, al aseverar que "Obviamente, cuando
se habla de los 'derechos del hombre' con este vocablo, "derechos' se piensa en otra
cosa y, sobre todo, en un plano diferente del Derecho positivo. Se piensa en una exigencia
ideal, la cual es formulada verbalmente diciendo 'todos los hombres tienen -por ejempie--
derecho a la libertad de conciencia', lo cual no expresa un de'lecho subjetivo en el
sentido técnico de estos vocablos, sino que expresa que el. Derecho positivo, todo orden
jurídico positivo, por exigencia estimativa o axiol6gica, debe establecer y garantizar en sus
normas de libertad de conciencia. Cuando la doctrina filosófica habla de "derechos del
hombre', lo que hace es dirigir requerimientos al legislador, fundados en normas o en
principios ideales, en criterios estimativos, en juicios de valor, para que el orden jurídico
positivo emita preceptos que vengan a satisfacer esas exigencias." (Panorama del Pensa·
miento Jurídico en el Siglo XX. Ed. 1963. Tomo 1, pág. 535.)

180 LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
sujetos pasivos de la relación que implica la garantía individual están obligados
a respetar Su contenido, el cual, como ya advertimos, se constituye
por las prerrogativas fundamentales del ser humano. En este sentido, la
potestad del gobernado de exigir a las autoridades estatales y, por ende,
al Estado, el mencionado respeto, la indicada observancia, no es un mero
hecho o una simple posibilidad de actuar del titular de la garantia individual
y cuyo cumplimiento o acatamiento podrían e1udirse. Por el contrario, dicha
potestad prevalece contra la voluntad estatal expresada por conducto de las
autoridades, la cual debe acatar las exigencias, los imperativos de aquélla,
por estar sometida obligatoriamente.
En segundo lugar, la potestad de referencia es un derecho subjetivo, porque
implica una facultad que la ley (en este caso la Constitución) otorga al
sujeto activo (gobernado) para reclamar al sujeto pasivo (autoridades y
Estado) determinadas exigencias, ciertas obligaciones. En este particular,
la locución "derecho subjetivo" está empleada en oposición a la expresión
"derecho objetivo", que se identifica con el término "norma jurídica" abstracta
e impersonal.>"
Por último, la multicitada potestad es un derecho subjetivo público, porque
se hace valer frente a un sujeto pasivo de esta índole, como son las autoridades
estatales y el Estado mismo, según ya quedó expresado anteriormente.
Ahora bien, el derecho público subjetivo no sólo es atribuible a los individuos
o personas físicas, sino a todo ente que se halle en la situaci6n de
gobernado. Por consiguiente de tal derecho también son titulares las personas
morales privadas, las de índole social, las empresas de participación estatal,
los organismos descentralizados y excepcionalmente las entidades denominadas
"personas morales oficiales", ya que todos estos tipos son sujetos activos
de la relación jurídica de supra a subordinación en que se traduce la "garantía
individual" o garantía del gobernado. Es obvio que el contenido o la
materia de ese derecho, tratándose de los diferentes tipos de gobernado varía
en cada caso, pues si, en cuanto a las personas físicas o individuos ese contenido
o materia está implicado, según dijimos, en las prerrogativas fundamentales
del hombre, por lo que respecta a las otras especies se manifestará
en su correspondiente esfera jurídica demarcada por el régimen normativo a
que su estructura y funcionamiento estén sometidos.
En cuanto a su existencia para el gobernado, los derechos subjetivos pueden
ser originarios o derivados. En el primer caso, el nacimiento de los mencionados
derechos opera per-se, esto es, sin la verificación de ningún acto o
hecho jurídico previo, bien porque sean inherentes a la personalidad humana, o
181 Por corresponder a la esfera de estudio e investigación de la Filosofía del Derecho
la determinación del concepto "derecho subjetivo", que tan diversamente se ha formulado
por los filósofos del Derecho como Windscheid, Ihering y del Vecchio principalmente, nosotros
optamos por estimar tal idea como una facultad concedida a la persona por el orden
jurídico objetivo, estimaci6n que es suficiente para distinguir lo "jurídico subjetivo" de lo
"jurídico objetivo".

LAS GARANTfAs INDIVIDUALES ASPECrO GENERAL 181
bien porque se imputen directamente por la lcy a una persona o entidad.
Por el contrario, cuando se trata de derechos subjetivos derivados, Su causación
proviene de un acto o de un hecho jurídico previo y necesario, como
sucede con los derechos que nacen de un contrato, de un testamento, de la
prescripeión adquisitiva o positiva, de una concesión, licencia, permiso oficial,
etcétera.
En otras palabras, los derechos subjetivos originarios son aquellos que
corresponden a una situación jurídica concreta, para cuya formación no es
menester el cumplimiento o la realización de un hecho o de un acto jurídico
particular y determinado, sino que resulta de la imputación directa que hace
la ley a una persona de una situación jurídica abstracta, imputación o referencia
que personaliza o particulariza a ésta. A diferencia de los derechos
subjetivos originarios, los derivados pertenecen a una situación jurídica concreta
que se crea por un acto o un hecho concreto y previo, el cual reproduce,
entre partes y sujetos determinados, una situación jutídica abstracta. Los
derechos· públicos subjetivos que nacen de la relación jurídica que implica
la garantía individual, son evidentemente originarios, puesto que existen para
el gobernado desde que éste nace, o se forma, o sea, desde el momento en
que es persona (física o moral) independientemente de sus condiciones o
circunstancias particulares. En otras palabras, la titularidad de los derechos
que integran el objeto de las garantías individuales surge por la imputación
inmediata y directa que hace la Constitución a los gobernados respecto de
las situaciones jurídicas abstractas que se contienen en los preceptos que las
instituyen.
Además, los multicitados derechos subjetivos públicos son absolutos en
cuanto a su exigibilidad y validez frente al sujeto de la obligación correlativa.
En efecto, existen derechos subjetivos relativos y absolutos. Los primeros son
aquellos que tienen un obligado particular, concreto y determinado (hic et
nunG, como dirían los escolásticos), pudiéndose solamente ejercitar contra
él. Por el contrario, un derecho subjetivo es absoluto cuando puede hacerse
valer frente a un número indeterminado de obligados, como acontece, verbigracia,
con el derecho dc propiedad, en el cual, de acuerdo con la doctrina
moderna del Derecho Civil, existe un obligado universal representado por
todos los hombres que tiene el deber de no vulnerar ese derecho. Las garantías
individuales evidentemente participan de este carácter absoluto, desde el
momento en que los derechos públicos subjetivos que dc ellas derivan pueden
hacerse valer contra cualquier autoridad del Estado que los viole o incumpla,
existiendo, por ende, un sujeto obligado universal que se traduce en todas
las autoridades del país.
Debemos recordar que no debe identificarse a la garantía individual o
garantía de gobernado con el derecho público subjetivo o "derecho fundamental
del gobernado" como también suele llamársele. El derecho subjetivo,
que tan diversamente ha sido conceptuado por la doctrina desde distintos

182 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
puntos de vista '" reconoce siempre, con independencia de su implicación
filosófica, la existencia de una obligación correlativa a cargo de un sujeto
diferente de su titular. Un derecho subjetivo se tiene y se ejercita frente a
alguien, o sea, frente a un obligado que tiene el deber coercible de respetarlo
o ae comportarse vanadamente conforme a él. Por ende, ese derecho es coercitivo
y la obligación concomitante coercible, y como uno y otra son correlativos
por necesidad, entre sus respectivos sujetos existe una relación prevista
por la norma jurídica objetiva y que en cada caso concreto se actualiza por
una variedad de causas que seria prolijo señalar. Es obvio que sin esa re­
.ación no puede haber ni derecho subjetivo ni obligación, ya que es ella la
que constituye la fuente de ambos. De ahí que la relación, como nexo que
vincula juridicamente a dos sujetos, genera para uno el derecho y para el
otro la obligación. Se concluye de ello que la relación comprende tanto
al derecho subjetivo como a la obligación correlativa a éste.
Las consideraciones someramente expuestas demuestran que la garantia
individual o del gobernado como relación juridica no puede confundirse con
e! derecho público subjetivo que en favor de éste surge de ella. La mencionada
garantía en su carácter de vínculo juridico establecido por la Constitución
impone una obligación a las autoridades de! Estado en beneficio de
todo gobernado. Esta obligación deriva de la juridicidad de la relación en que
dicha garantía se revela, misma que, por e! propio elemento, crea al derecho
subjetivo público. Sin la juridicidad, que no denota sino la previsión constitucional
de la citada relación, no habría ni derecho subjetivo ni obligación,
pues en esta hipótesis negativa los vínculos de supra a subordinación estarían
regidos por e! solo arbitrio de los gobernantes, sin que éstos asumiesen, por
tanto, ninguna obligación frente a los gobernados, quienes lógicamente tampoco
serian titulares de ningún derecho subjetivo públíco.?" En conclusión,
si la garantía individual se traduce en una relación juridica de rango constitucional
entre el gobernado, por una parte, y las autoridades del Estado, por
la otra, y si involucra el derecho público subjetivo en favor de aquél
y la obligación correlativa a cargo de éstas, no es posible admitir la identificación
de que hemos hablado, ya que no es dable confundir el todo con
ninguna de sus partes.
b) Si la relación jurídica que implica la garantia individual engendra
para el sujeto activo de aquélla o gobernado un derecho en los términos
1.82 Así, para Windscheid el derecho subjetivo es un poder de voluntad condicionado
por el derecho objetivo. Para Ihering tal derecho es un interés jurldicamente protegido, y
Jellinek, combinando el interés y la voluntad, lo considera como la potestad volitiva recenacida
y protegida por el orden jurídico "que tiene por objeto un bien o un interés".
138 Las ideas que acabamos de expresar nos reafirman en la tesis que reiteradamente
hemos postulado de que sin una obligación coercible por el derecho objetivo no puede
haber un derecho subjetivo, que es de suyo coercitivo como poder, voluntad o facultad.
Por tanto, Jos llamados "derechos naturales del hombre" no son tales derechos sino meras
concepciones ideales fundadas, eso 51, en las potestades naturales del ser humano, las cuales,
mientras no sean reconocidas por el derecho objetivo, es decir, en tanto éste no les

LAS GARANTiAs INDIVIDUALES ASPEGTO GENERAL 183
que se acaban de anotar, para el sujeto pasivo, o sea, para las autoridades estatales
y para el Estado, genera una obligaci6n correlativa. Esta obligación se
revela en el respeto que el sujeto pasivo debe observar frente a los derechos
públicos subjetivos del gobernado derivados de la garantía individual.
El cumplimiento de dicha obligación, esto es, la observancia de dicho
respeto, puede llevarse a cabo, por el sujeto pasivo en términos generales, y
según el caso, mediante una abstenci6n o un no hacer o a través de una con·
ducta positiva. En el primer caso, la obligación que para el Estado y sus
autoridades genera la relación jurídica en que se traduce la garantía individual,
es de carácter pasivo, mientras que en la segunda hipótesis es de índole
activa. Ya al tratar el tema relativo a la clasificación de las garantías individuales
tendremos oportunidad de vincular estos dos tipos de obligaciones
estatales y autoritarias con los preceptos constitucionales que las contienen.
Debemos observar que la obligación mencionada a cargo de todos los
órganos estatales tiene su fundamento directo en el principio de juridicidad,
que implica la ineludible subordinación de todos los actos del poder público
a normas jurídicas pre-establecidas. Ahora bien, si estas normas tienen carácter
constitucional, como son las que establecen las garantías en favor de
todo gobernado, la citada obligación deriva puntualmente del deber general
que tienen todas las autoridades del Estado, consistente en cumplir y hacer
cumplir la Constitución. Ese deber, según fácilmente puede advertirse, no
sólo incumbe a las autoridades administrativas y judiciales, sino que también
atañe al legislador ordinario, en cuanto que las leyes que expida no deben
contrariar las invocadas garantías.t'"
e) De conformidad con lo que asentamos anteriormente, se deduce que
tal derecho a favor del gobernado y la obligación correlativa a cargo de las
autoridades estatales y del Estado mismo que surgen de la relación jurídica
en que se traduce la garantía individual, existen unilateralmente, es decir,
que no hay derechos u obligaciones reciprocas por parte de los sujetos activo
y pasivo del citado vínculo, Así, atendiendo a la naturaleza prístina de la
garantía individual, el sujeto activo o gobernado sólo es titular de un derecho
subjetivo público que enfrenta a las autoridades estatales y al Estado mismo,
sin que, a su vez esté obligado hacia el sujeto pasivo. Por lo mismo, y en
atribuya juridicidad para imponerse coercitivamente sobre los necesarios- sujetos obligados
que serían las autoridades del Estado, no rebasan la órbita de la' facticidad, de la ética
o de la filosofía.
1M Al respecto, Philippe Braud; profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas
de París, afirma que "La sumisión de los poderes públicos a la carta constitucional
es un deber auténtico del Estado; incumbe sin excepción, a todos BUS órganos porque
la Constitución es precisamente la norma que funda la competencia de cada uno de
ellos. Ninguno puede librarse o librar a los otros de su observancia, porque las normas
expedidas por el legislativo son siempre de valor infra-constitucional, salvo que el 6rgano
legislativo y el 6rgano constitucional se encuentren exactamente confundidos." (La No ..
'ion de LibertA Publique en Droit Fran'dis. Pág. 169. Edici6n 1968. Biblioteca de Derecho
Público.)

184- LAS GARANTIAS INDMDUALES
vista del atributo de unilateralidad que hemos señalado, el Estado y sus autoridades
no tienen ningún derecho, ninguna facultad de imperio frente al
gobernado en la relaci6n que implica la garantía individual, pues s610 son
titulares de la obligaci6n que especificamos anteriormente. Por tal motivo,
podemos afirmar que de acuerdo con su Indole genuina, primaria y propia, la
relación jurídica en que se revela la garantía i,ndividual tiene el carácter distintivo
de la unilateralidad en la causaci6n de los derechos y obligaciones
que de ella se derivan para ambos sujetos, carácter que equivale a la circunstancia
de que los derechos s610 se generan para el sujeto activo y las obligaciones
exclusivamente para el pasivo. :Ésta es, pues, la fisonomía que presenta
la naturaleza jurídica de la garantía individual, en un régimen individualista
y liberal.
Sin embargo, no considerándose ya a los intereses y derechos particulares
como el objetivo y la base de las instituciones sociales, no reputándose -exclusivamente
al Estado como el guardián de la esfera jurídica de actividad
privada, tal como acontecia en la Constituci6n de 57 que sigui6 una corriente
netamente jus-naturalista, las relaciones entre dicha entidad y los gobernados
por lo que ve a las garantías individuales se transforman palpablemente.
En efecto, el Estado y sus autoridades ya no son los tuteladores de los
derechos individuales exclusivamente; éstos ya no se estiman como supraestatales,
sino como prerrogativas jurídicas que el orden de derecho crea o
instituye en favor de los gobernados para hacer factible su desenvolvimiento
dentro de la vida social. Fue por esta nueva concepci6n de las garantías individuales
por lo que el Estado ya no se ve constreñido a reconocer o respetar
derechos intangibles por su poder de imperio, sino que, para procurar el bienestar
y felicidad de sus miembros componentes, establece, en el orden jurídico
primario y fundamental como es la Ley Suprema, una esfera de actividad
para el gobernado inviolable por las autoridades y un régimen de seguridad
jurídica para el mismo. Bajo esta nueva concepci6n de las garantías individuales,
que es la que acogió nuestra Constitución actual en su articulo primero,
los derechos fundamentales del hombre ya no Se reputan pre-existentes
a la sociedad estatal, según la teoría jus-naturalista, sino como creaciones del
poder soberano del Estado plasmadas en el orden jurídico básico del mismo,
y que, por este solo hecho, significan una autolimitaci6n a la actividad estatal,
y, por ende, a la conducta de las autoridades."
1M Es pertinente insistir en que las anteriores consideraciones no excluyen la idea de
que todo hombre tiene potestades naturales inherentes a su personalidad, que se resumen
en la libertad natural. Ahora bien, tales potestades, mientras no se reconozcan por el orden
jurídico positivo, no deben ser reputadas como "derechos". El derecho, en su aspecto subjetivo,
siempre reclama la existencia de una obligación correlativa. Un "derecho" sin un
'sujeto frente a quien se ejercite O pueda ejercitar obligatoriamente, no merece el califica..
tivc de tal. El derecho subjetivo, según dijimos, no es una simple "facultad" o "potestad",
sino una "facultad" o "potestad" obligatoria, imperativa y coercitiva. Estos atributos s610
los puede otorgar la norma jurídica, sin la cual cualquier potestad humana, por más natural
que se suponga, no es "derecho subjetivo". Nuestro pensamiento coincide con el [us-

LAS GARANTiAs INDIVIDUALES ASPÉGTO GENERAL 185
"La misma idea la desenvuelve Burgess en las siguientes palabras: 'Los revolucionarios
del siglo xvm decían que la libertad era un derecho natural; que
pertenecía al individuo en cuanto ser humano, independientemente del Estado
o sociedad en que viviese o del gobierno que le rigiera. Pero fácil es ver que
ésa es una idea vana e irrealizable; porque, si ni el Estado, ni la sociedad, ni el
gobierno definen la esfera de la autonomía individual y señalan sus límites,
entonces se dejará que lo haga el individuo mismo, y eso es anarquía pura y
simplemente. Los ensayos que hizo la revolución francesa para traer a la práctica
la teoría de los derechos naturales, demostraron la fatalidad de esa consecuencia.
Tales ensayos indujeron a los espíritus más piadosos de aquellos días
a afirmar que la fuente de la libertad del individuo es Dios. As¡ se renovaba la
divisa de la Edad Media: Dieu et mon droit. Pero, ¿quién debe interpretar
la voluntad de Dios respecto de la libertad individual? Si la interpreta el individuo
por sí mismo, llegaremos a la misma consecuencia anárquica de antes. Si la
interpretan el Estado, la Iglesia o el gobierno, el individuo pierde realmente
la fuente divina de su libertad, porque lo único que tiene un valor práctico es la
interpretación y declaraci6n legal de los derechos e inmunidades individuales.
Esas dos teorías eran una protesta natural y necesaria contra el régimen del
periodo prerrevolucionario que no reconocía al individuo más libertad que la
que el gobierno le otorgase. Pero una y otra rebasaron la medida, y provocaron
una reacción en las ideas y en los hechos.'
"El momento presente es mucho más favorable para una inteligencia exacta
y científica de estas relaciones. El principio más moderno puede expresarse como
sigue: el individuo, tanto para su más elevado desarrollo como para el mayor
bien de la sociedad y del Estado en que vive, debe obrar libremente dentro de
cierta esfera. La tendencia a tal acci6n es una cualidad universal de la naturaleza
humana; pero el Estado, el soberano, es el único que puede definir los elementos
de la libertad individual, limitar su esfera y garantizar su goce. Así, el
poder que crea y sostiene al gobierno, y dispone de su vida, defiende al individuo
en esa esfera contra el gobierno, y, mediante el gobierno, contra las intrusiones
de todos los demás. Pero contra ese poder no hay defensa: él da y quita. El individuo
puede reclamar libertades que aquél no haya otorgado, y aun demostrar
hasta la evidencia que las ha menester; pero 10 seguro es que, mientras no se las
otorga, no las posee. La soberanía plena --el Estado- no puede ser limitada
ni por la libertad individual ni por las facultades gubérnativas; y lo sería, si la
libertad individual tuviese su fuente fuera del Estado. 'He ah¡ el único criterio
que puede armonizar la libertad con el derecho, y mantener su equilibrio." aee
Pues bien, al crear el Estado por conducto del orden jurídico las garannas
individuales en beneficio de los gobernados, en algunos casos correlativamente
impone a éstos determinados deberes que cumplir en aras de la
naturalismo en cuanto a que la persona nace libre y en que está colocada en una situaci6n
igualitaria natural Con sus semejantes, pues sería monstruosamente aberrativo que se negara
la libertad e igualdad naturales, como elementos consubstanciales de todo ser humano.
En lo que disentimos de tal corriente filosófica, es en que dicha libertad e igualdad sean
"derechos", pues en nuestro entender, siguiendo en este punto a Kelsen, esta calidad s610
puede derivar de la nonna jurídica objetiva. Por eso, cuando la Constitúci6n reconoce la
libertad e igualdad naturales del hombre, las erige en derechos públicos subjetivos, ya que,
a través de la relación llamada "garantía individual" O "garantia del gobernado", les
imputa los ingredientes esenciales de lo jurídico, que son, como hemos afinnado, la obligatoriedad,
la imperatividad y la coercitividad.
188 Ciencia Polltica y Derecho Constitucional Comparado, págs. 215 y 216.

186 LAS GARANTiAS INDIVIDUALES
sociedad. De esta manera surgió la idea o el concepto de obligaci6n individual
pública, que puede definirse como un conjunto de prestaciones positivas o
negativas impuestas al gobernado en favor del Estado. En nuestro sistema
constitucional encontramos, al lado de las garantías individuales propiamente
dichas, obligaciones individuales públicas que el gobernado contrae en beneficio
del Estado o de la sociedad. As1, por vía de ejemplo, el articulo Sconstitucional,
al consignar la garantía individual de la justa retribución por
trabajos desempeñados, impone correlativamente al gobernado la obligación
de prestar los servicios militares, de jurados, etc., obligación que implica una
excepción a la libertad de. trabajo que consagra el precepto anteriormente invocado.
En conclusión, junto a las garantías individuales propiamente dichas,
nuestra Ley Fundamental, en múltiples casos que por ahora sería inoportuno
tratar, impone al gobernado determinadas obligaciones en favor del Estado
o de la sociedad y que se traducen genéricamente en prestaciones positivas o
en abstenciones, obligaciones de que ya trataremos al abordar el estudio de
cada una de las garantías individuales en particular.
C. LA FUENTE. Hemos afirmado que la garantía individual se traduce
en una relación jurídica que se entabla entre el gobernado como persona
física o moral, por un lado, y las autoridades estatales y el Estado, por el
otro. Ahora bien, la juridicidad de este vínculo y, por ende, de la garantía
individual, descansa en un orden de derecho, es decir, en un sistema normativo
que rige la vida social. Ese orden de derecho, en cuanto a su forma,
puede ser escrito o consuetudinario. Por consiguiente, la fuente formal de las
garantías individuales puede ser, o bien la costumbre jurídica, o bien la legislación
escrita, como acontece entre nosotros. Sin embargo, no a toda ésta debe
reputarse como fuente de las garantías individuales, sino a una categoría
especial de normas, En efecto, los derechos públicos subjetivos, cuyo titular es
todo gobernádo, se instituyen en el ordenamiento fundamental o básico del
orden jurídico estatal, es decir, en la Constituci6n, según sucede en la generalidad
de los casos. Por ello, ésta es la fuente formal de las garantías individuales,
que no son sino la relación jurídica de supra a subordinación de que
hemos hablado y de la que derivan los mencionados derechos. Es, pues, la
Ley Fundamental, esto es, el ordenamiento primario y supremo del orden
jurídico del Estado que obliga a gobernantes y gobernados y encauza el poder
público, la que regula dicha relación. Por ende, los derechos públicos subjetivos,
que traducen uno de los elementos de la garantía individual o del
gobernado, son de creaci6n constitucional conforme al articulo primero de
nuestra Ley Suprema, sin que esos derechos se agotén en los llamados "derechos
del hombre" aunque sí los comprendan, pero únicamente con referencia
a un solo tipo de gobernado, como es la persona física O individuo.
Ahora bien, los derechos públicos subjetivos están preservados por un
cúmulo de condiciones que aseguran su goce y ejereicio en favor de su titular

LAS GARANTfAs INDIVIDUALES ASPECTO GENERAL 187
O gobernado, en el sentido de que aquéllos no pueden afectarse válidamente
por ningún acto del poder público sin que éste observe o acate tales condiciones,
cuyo conjunto integra la seguridad jurídica dentro de un régimen
de derecho.
D. CONCEPTO DE
las explicaciones que
elementos:
GARANTÍA INDIVIDUAL. Este concepto se
preceden, mediante la concurrencia de
forma, según
los siguientes
1. Relaci6n jurídica de supra a subordinaci6n entre el gobernado (sujeto
activo) y el Estado y sus autoridades (sujetos pasivos).
2. Derecho público subjetivo que emana de dicha relaci6n en favor
del gobernado .(objeto) .
3. Obligaci6n correlativa a cargo del Estado y sus autoridades, consistente
en respetar el consabido derecho y en observar o cumplir las condiciones
de seguridad juridica del mismo (objeto).
4. Previsi6n y regulaci6n de la citada relaci6n por la Ley Fundamental
(fuente).
De estos elementos fácilmente se infiere el nexo lógico-jurídico que media
'entre las garantías individuales o del gobernado y los "derechos del hombre"
como una de las especies que abarcan los derechos públicos subjetivos.
Los derechos del hombre se traducen substancialmente en potestades inseparables
e inherentes a su personalidad; son elementos propios y consubstanciales
de su naturaleza como ser racional, independientemente de la posición
juridico-positiva en que pudiera estar colocado ante el Estado y sus autoridades;
en cambio, las garantías individuales equivalen a la consagración
juridico-positiva de esos elementos, en el sentido de investirlos de obligatoriedad
e imperatividad para atribuirles respetabilidad por parte de las autoridades
estatales y del Estado mismo. Por ende, los derechos del hombre
constituyen, en términos generales, el contenido parcial de las garantías individuales,
considerando a éstas como meras relaciones juridicas entre los sujetos
de que hemos hablado: gobernados, por un lado y Estado y autoridades,
por el otro.
E. PRINCIPIOS CONSTrrUCIoNALES QUE RIGEN A LAS GARANTÍAS INDIVI­
DUALES. Siendo nuestra Constitución la fuente de las garantías individuales,
o sea el ordenamiento en el cual éstas se consagran, formando, por ende, parte
de la Ley Fundamental, es 16gico y evidente que están investidas de los principios
esenciales que caracterizan al cuerpo normativo supremo respecto de la
legislaci6n secundaria. Por consiguiente, las garantías individuales participan
del principio de supremacia constitucional (consignado en el artículo 133 de
la Ley Suprema), en cuanto que tienen prevalencia sobre cualquier norma o
ley secundaria que se les contraponga y primacía de aplicaci6n sobre la
misma, por lo que las autoridades todas deben observarlas preferentemente
a cualquier disposici6n ordinaria. Por otra parte, las garantías individuales,

188 LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
que forman parte integrante de la Constitución, están, como ésta, investidas
del principio de rigidez constitucional, en el sentido de que no pueden ser
modificadas o reformadas por el poder legislativo ordinario (o sea, por el
Congreso de la Unión como órgano legislativo federal y para el Distrito
Federal, y por las Legislaturas de los Estados), sino por un poder extraordinario
integrado en los términos del articulo 135 de la Ley Fundamental.'"
F. EXTENSIÓN DE LAS GARANmS INDIVIDUALES EN CUANTO A SU CONSA­
GRACIÓN CONSTITUCIONAL. La cuestión relativa a la extensión de las garantías
individuales en cuanto a su consagración constitucional equivale a
la formulación de la siguiente pregunta: ¿Las garantías individuales, sólo
están comprendidas por la Constitución en sus veintinueve primeros articulas
que integran el capitulo respectivo, o por el contrario, abarcan otros preceptos
constitucionales distintos? A don Ignacio L. Vallarta le preocupó tal
cuestión, habiéndola resuelto en el sentido de que por garantías individuales
no deben entenderse únicamente los, veintinueve primeros artículos de la
Constitución, sino que aquéllas podían hacerse extensivas a otros preceptos
de la Ley Fundamental que signifiquen una explicación, ampliación o reglamentación
de las normas que expresamente las prevén.f"
A nuestro parecer, y no obstante la crítica que a esta tesis del insigne
Vallarta hace Rabasa, estimamos que es correcta la apreciación del célebre
constitucionalista, máxime si se tiene en consideración que el concepto de
"garantías individuales" no es restrictivo, sino por el contrario, extensivo, es
decir, no se debe identificar a las garantías individuales con los veintinueve
primeros articulas de la Constitución, pues éstos solamente las enuncian en
forma más o menos sistemática, sino referirlas a todos aquellos preceptos
constitucionales que por su espíritu mismo vengan a complementar, en diversa
manera, las primeras veintinueve disposiciones, toda vez que la declaración
contenida en el articulo primero es lo suficientemente amplia para
inferir que es a través de toda la Constitución como se consagran las garantías
individuales o del gobernado. Por via de ejemplo citaremos un caso:
el articulo 123, que no se encuentra dentro de los veintinueve primeros artículos
constitucionales, está indiscutiblemente vinculado al articulo 5 de la Ley
Fundamental, precepto, que se refiere a garantías relativas a la prestación de
servicios. Las fracciones JI, JII, etc., del mencionado articulo 123 fijan las
condiciones del desempeño del trabajo y, cuando alguna autoridad las viole
en perjuicio de una persona, evidentemente, y a nadie se le ocurriría lo
contrario, procede el amparo, no obstante que la supuesta violación se camete
contra un precepto constitucional no comprendido dentro de los vein-
1.S1 En relación con los principios constitucionales a que aludimos, véase nuestro libro
Derecho Constitucional Mexicano. obra en la que abordamos su estudio con el debido detenimiento
y la pertinente amplitud.
188 Véase sobre el particular nuestra obra El Juicio de Amparo, en relación con los
Votos, de Vallarta.

LAS GAIlANTIAS INDIVIDUALES ASPECTO GENERAL 189
tinueve primeros artículos, pero que en sí mismo importa una complementación
y extensión sociales del artículo 5, que consigna expresamente sendas
garantías individuales.
G. ORIGEN FORMAL DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES POR LO QUE TOCA
A SU CONSAGRACIÓN POR EL ORDEN JURÍDICO ESTATAL. Por origen formal
de las garantías individuales entendemos aquella manera o forma como el
Estado o sociedad política organizada incorporó en el orden jurídico constitucional
los derechos públicos subjetivos cuyo contenido lo constituyen las
prerrogativas fundamentales del gobernado, o sea, el acto por virtud del
cual dichos derechos se establecieron en la Constitución.
Existen diversas teorias para solucionar esta cuestión. Sin embargo, en
su mayoría no son sino variantes de alguna de estas dos tesis opuestas, a
saber, la jusnaturalista y la estatista. La primera sostiene que, siendo los
derechos del hombre inseparables de su naturaleza y consubstanciales a su
personalidad, y por ende, superiores y pre-existentes a toda organización
normativa, el Estado debe respetarlos, teniendo la ineludible obligación de
incorporarlos a su orden juridico. Esta idea se preconiza por la doctrina
francesa clásica representada por Esmein, Barthélemy, Le FUT y Hauriou,
entre otros, quienes, siguiendo las concepciones que inspiraron a la Declaración
de 1789, afirman que el hombre nace con "derechos naturales", los
cuales deben condicionar necesariamente a todo orden jurídico positivo por
tener un carácter "supra-constitucional".
La teoría estatista parte de un criterio opuesto al sustentado por la doctrina
jusnaturalista. En efecto, se afirma que sobre el poder del pueblo o
la nación (volonté générale en la tesis rousseauniana) no existe ninguna
potestad individual. Por ende, el sujeto particular no tiene ningún derecho
que oponer al Estado, que es la forma política y jurídica en que se organiza
el pueblo. Pero, para obtener la felicidad y el bienestar de la comunidad, es
menester procurar que sus partes integrantes, los individuos, sean dichosos.
y por ello es que el Estado, en ejercicio del poder soberano cuyo titular es
el pueblo, otorga, crea o concede a los gobernados determinadas prerrogativas
que lo coloquen al amparo de los desmanes, arbitrariedades e iniquidades
dc las autoridades que obran en representación de aquél (tesis del otorgamiento
o creaci6n de las garantlas indiuiduales), En conclusión, según
esta solución, el establecimiento de las garantías individuales constituye parte
integrante de la finalidad general del Estado determinada por postulados
éticos, como SOn los concernientes a la procuración del bienestar de la sociedad
por medio de la obtención de la felicidad de sus miembros individuales,
para cuya consecución se otorga a éstos ciertos derechos o prerrogativas
fundamentales.
Según la tesis estatista los derechos públicos subjetivos derivan de la autolimitaci6n
del poder del Estado en el orden jurídico positivo. Su existencia
no precede a este orden puesto que dimanan de él y se instituyen por él en

LAll GARANTiAs INDIVIDUALES ASPECI"O GENERAL 191
concebido como el poder de una voluntad a imponerse sobre otras, es algo
inexistente, es una quimera. No hay más que situaciones jurídicas, o sea, reglas
objetivas que se aplican al individuo: éste está sólo situado activa o pasivamente
con respecto a la regla de Derecho." l.U
A nuestro entender, la negaci6n de los derechos subjetivos privados o
públicos arranca de una confusi6n, como en Kelsen, y de una falta de sindéresis
como en Duguit. Kelsen concibe que tales derechos pre-existen al
derecho objetivo colocándolos en el mundo de! ser y no en e! de! deber
ser. Según nuestro pensamiento, los derechos subjetivos no son anteriores
al derecho objetivo, a la norma jurídica general, impersonal y abstracta;
antes bien, son creados por ésta al proyectarse o referirse ella misma a los
casos concretos, estableciendo, dentro de ellos, una re!aci6n entre dos o más
sujetos. De esta relaci6n, ya lo hemos afirmado, surge una potestad coactiva
en favor de uno de tales sujetos y una obligaci6n coercible a cargo de! otro
u otros. Esa potestad es precisamente el derecho subjetivo, que a pesar de
que esté regulado por la norma jurídica objetiva, no puede confundirse o
identificarse con ella. Duguit, por su parte, al hablar de situaciones jurídicas
que se aplican al individuo, se desentiende o no advierte que esta aplicaci6n
genera para e! sujeto una potestad de exigir, en su favor, el cumplimiento
o la observancia de las normas objetivas que establecen dicha situaci6n
frente a otros sujetos, y esa potestad, repetimos, es el derecho subjetivo.
En nuestra historia constitucional la tesis jus-naturalista se adopt6 franca
y claramente por e! C6digo Político Federal de 1857, al declararse con
énfasis en su articulo primero que "el pueblo mexicano reconoce que los
derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales".
Comentando este precepto, don José María Lozano sustentaba con pasi6n
dicha tesis al afirmar: "Notemos que nuestro artículo constitucional no dice
que e! pueblo mexicano declara o establece, sino que reconoce. Anterior,
pues, a la Constituci6n e independiente de ella, es e! hecho que se limita
simplemente a reconocer como tal. Los derechos del hombre son la base de
las instituciones sociales y son al mismo tiempo su objeto. Una instituci6n
en que se desconozca como base los derechos de la humanidad, es decir, de!
hombre, será viciosa." Además, el insigne tratadista extremaba su acendrada
devoci6n por los derechos humanos a tal punto, que lIeg6 a considerarlos
superiores al interés general, aseverando al respecto que: "En e! conflicto
entre el interés social y e! interés individual hay que sacrificar éste; pero
en el que puede haber entre el interés general y el derecho de un solo hombre,
guardémonos de creer que en algún caso sea lícito sacrificar el derecho individual,
el derecho de un hombre, por más que se trate del último, del
más oscuro y miserable de los habitantes de la República." '"
141 Op. cit., tomo 1, págs. 336 y 337.
HZ "Los Derechos del Hombre" (Estudio del Derecho Constitucional Patrio), págs.
586 y 587.

192 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
Ahora bien, como consecuencia del reconocimiento de los "derechos del
hombre", es decir, de IJ)S que todo ser humano tiene por el hecho de ser el
tal, inseparables de la personalidad y anteriores a todo ordenamiento positivo
(según la teoría jusnaturalista), la Constitución de 57 otorgaba, o sea,
institula garantías en favor del individuo, las cuales significaban limitaciones
impuestas al poder público para asegurar el goce de tales derechos (art.
primero, segunda parte). Como se ve, dicho código constitucional establecía
una marcada distinción entre "derechos del hombre" y "garantías individuales",
reputando a aquéllos inherentes a toda persona humana por
haberle sido concedidos "por su Creador", y estimando a éstas como restricciones
consignadas en la propia Ley Fundamental a la actividad de las autoridades
del país con la finalidad de proteger y hacer efectivos los citados
derechos. Sin duda alguna, y dentro de un proceso rigurosamente lógico,
congruente con la postura individualista que asumió la Constitución de 57,
la doctrina mexicana consideró que sólo el individuo como tal poseía "derechos
del hombre", sin perjuicio de que las personas morales disfrutasen
de ciertas garantías otorgadas por dicho ordenamiento compatibles con su
naturaleza jurídica.
Por el contrario, nuestra Constitución vigente, al abandonar la tesis jusnaturalista,
ya no establece la distinción que fijó el Código Político de 57
entre "derechos del hombre" y "garantías individuales". La actual Ley Suprema,
según lo declara en su articulo primero, otorga garantías al individuo,
pero no como consecuencia de "derechos naturales" que éste pudiera
tener en su carácter de persona humana, sino en su calidad de "gobernado",
es decir, como sujeto cuya esfera sea ámbito de operatividad de actos
de las autoridades estatales desempeñados en ejercicio del poder de imperio.
De esta guisa, para la Constitución de 1917 los derechos del gobernado
no equivalen a los derechos del hombre, esto es, no son anteriores a ella ni
necesaria o ineludiblemente recognoscib1es por ella, sino derivados de la
relación juridica en que se traduce la garantía individual establecida y regulada
por sUS propios mandamientos.
IV. GLASIFICAGIÓN DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
Para clasificar en términos generales las garantías individuales disponemos
de dos criterios fundamentales: uno que parte del punto de vista de la
Indole formal de la obligaci6n estatal que surge de la relación jurídica que
implica la garantía individual, y otro que toma en consideración el contenido
mismo de los derechos PÚblicos subjetivos que de la mencionada
relación se forman en beneficio del sujeto activo o gobernado.
No hay que confundir la clasificación de las garantías individuales propiamente
dichas, y a la que nos referimos en esta ocasión, con la división
que de las garantías en general ha elaborado Jellinek. En ambas clasifica-

LAS GARANTiAs INDIVIDUALES ASPECTO GENERAL 193
ciones el objeto es diverso, puesto que en la que formularemos, éste se constituyc
por las garantías individuales como relaciones jurídicas existentes
entre el gobernado como sujeto activo y las autoridades estatales y el Estado
como sujetos pasivos con los elementos y notas que ya hemos indicado;
en cambio, el objeto de la clasificación hecha por Jellinek versa, no sobre
las garantías individuales propiamente dichas, sino respecto de los medios
que establecen un control o una salvaguardia al régimen de derecho en
general y a los derechos de los gobernados en particular. Según dijimos
en otra ocasión, Jellinek afirma que hay tres especies de garantías (o medios
de preservar el orden jurídico): las sociales, las polfticas y las propiamente
jurídicas. Las primeras están constituidas por aquellos factores culturales,
por todas aquellas ideas religiosas, tendencias sociales, económicas,
etcétera, que forjen, en el ánimo de los gobernantes o legisladores, la creación
de un orden de derecho determinado, el cual, de esta guisa, se reputa como
un mero producto cultural. Tales factores, ideas, tendencias, etc., cuando
reflejan ideales éticos, significan una influencia en la voluntad de los forjadores
del orden de derecho, en el sentido de proscribir las arbitrariedades,
iniquidades e injusticias legislativas, administrativas y judiciales. Las garantías
políticas equivalen para Jellinek a un sistema o régimen de competencias
y de limitación de poderes entre las distintas autoridades del Estado, de
tal suerte que cada entidad autoritaria o cada funcionario se ve constreñido
a actuar dentro de su órbita competencial creada por la ley. Por
último, las garantías jurídicas se traducen para el citado autor en todos
aquellos medios de derecho de que el gobernado dispone para proteger sus
derechos frente a los gobernantes o autoridades, tales como el juicio de responsabilidad,
las instituciones de fiscalización, los recursos legales ante la
jurisdicción, etc. m
A. Hemos afirmado anteriormente que la obligación estatal que surge
de la relación jurídica en que se traduce la garantía individual puede consistir
desde el punto de vista formal en un no hacer o abstención, o en un
hacer positivo en favor del gobernado por parte de las autoridades del Estado.
El respeto quc éste, por conducto de sus autoridades todas, debe observar
frente al gobernado, se puede manifestar en una mera abstención o
no hacer o en la realización de una conducta positiva. Consiguientemente,
desde el punto de vista de la naturaleza formal de la obligación estatal que
surge de la relación jurídica que denota la garantía individual, ésta puede
ser negativa (en tanto que impone al Estado y a sus autoridades un no
hacer, una abstención, una conducta pasiva de no violar, de no vulnerar,
de no prohibir, etc.), o positiva (en tanto que las autoridades estatales y el
Estado, por la mediación representativa de éstas, están obligados a realizar
en beneficio del titular del derecho subjetivo público o gobernado una serie
de prestaciones, hechos, actos, etc., o sea, a desempeñar un comportamiento
1.-48 Véase el parágrafo 11 de este capítulo.

194 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
activo, tal como la observancia de ciertos requisitos o formalidades, e! desarrollo
de un procedimiento previo para poder privar a una persona de la
vida, de la libertad, etc.).
Teniendo en cuenta las dos especies de obligaciones a que hemos aludido,
las garantias que respectivamente las impongan al Estado y sus autoridades,
se pueden clasificar en garantias materiales y garantias formales.
Dentro de! primer grupo se incluyen las que se refieren a las libertades específicas
del gobernado, a la igualdad y a la propiedad, comprendiendo el
segundo grupo las de seguridad juridica, entre las que destacan la de audiencia
y de legalidad consagradas primordialmente en los articulas 14 y
16 de nuestra Constitución. En las garantías materiales, los sujetos pasivos
(Estado y autoridades estatales) asumen obligaciones de no hacer o de abstenci6n
(no vulnerar, no prohibir, no afectar, no impedir, etc.), en tanto
que respecto a las garantías formales, las obligaciones correlativas a los derechos
públicos subjetivos correspondientes son de hacer, o sea, positivas,
consistentes en realizar todos los actos tendientes a cumplir u observar las
condiciones que someten la conducta autoritaria para que ésta afecte con
validez la esfera de! gobernado.
B. Tomando en consideración el segundo punto de vista a que aludimos
con antelación, esto es, el consistente en e! contenido del derecho subjetivo
público que para el gobernado se deriva de la relación jurídica en
que se manifiestan las garantías individuales, éstas pueden ser: de igualdad,
de libertad, de propiedad y de seguridad juridica. En efecto, todo derecho
subjetivo tiende a exigir o reclamar algo del sujeto obligado frente a su titular.
Este "algo" constituye, pues, el contenido de exigencia de! derecho
subjetivo (verbigracia, la entrega de una cosa, de una suma de dinero, la
transmisión de! uso de un bien, etc.). Ahora bien, ¿cuál es el contenido de!
derecho subjetivo público que emana de la garantía individual? ¿Cuáles
son las prestaciones que Por medio de su ejercicio e! gobernado puede exigir
de las autoridades estatales? Si recorremos e! articulado constitucional
que consagra las garantías individuales y que está compuesto por los veintinueve
primeros articulas de la Ley Fundamental, se llegará a la conclusión
de que e! gobernado tiene varias esferas jurídicas oponibles y reclamabIes
contra las autoridades del Estado. Estas órbitas o esferas juridieas conciernen
al respeto de su situación de igualdad con sus semejantes, al de su
libertad en todas sus manifestaciones, y al de su propiedad y a la observancia
de determinadas formalidades, requisitos, medios, condiciones, etc., por
parte del poder público para que la actuación de éste sea constitucionalmente
válida en la causación de determinada afectación al gobernado, circunstancias
que implican una seguridad juridica para éste. Por ende, el contenido
de exigencia de los derechos públicas subjetivos que emanan de la
relación en que se traduce la garantia individual consiste precisamente en
oponer a las autoridades estatales el respeto y la observancia de esas dife-

196 LAS GARANTÍAS INDIVIDUAI,ES
V. LA EXTENSIÓN DE LOS DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DERIVAlXJS
DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y LA REGLAMENTACIÓN DE ÉSTAS
A. Extensién de los derechos PÚblicos subjetivos derivados de las garantlas
individuales. Hemos dicho que la garantia individual se manifiesta
en la regulación de las relaciones de supra a subordinación o de gobierno
por la Ley Fundamental. En otros términos, cuando tales relaciones se norrnan
juridicamente por la Constitución, se erigen en garantias del gobernado,
es decir, en vinculas de derecho que instituyen, a favor de éste, derechos
públicos subjetivos y a cargo de las autoridades estatales las obligaciones
públicas correlativas. Ahora bien, dentro de la relación juridica llamada
garantía individual, tales derechos no son absolutos en el sentido de estar
consignados irrestrictamente en la norma constitucional reguladora, pues
ésta, al consagrarlos, les fija una determinada extensión. La demarcación
de los derechos públicos subjetivos, por otra parte, se justifica plenamente
por imperativos que establece la naturaleza misma del orden social, ya que
no es posible suponer que dentro de la convivencia humana el Derecho
que la organiza y encauza autorice a todo ente gobernado desplegar ilimitadamente
su actividad, pues ello convertiria a la sociedad en un caos auspiciando
su propia desintegración. Al abordar el tema concerniente a la
fundamentación filosófica de las garantias individuales, dijimos que en la vida
social, que registra múltiples relaciones de diferente tipo entre los componentes
del conglomerado humano, la conducta del particular debe necesariamente
limitarse por la norma juridica para hacer posible la existencia
de la sociedad, permitiendo al gobernado el desempeño de una cierta actividad
que, por una parte, implique un minimo indispensable de potestades
libertarias para que la persona trate de obtener su finalidad vital, y, por
la otra, no dañe a otro sujeto y no lesione los intereses o derechos sociales.
En consecuencia, sin las limitadones que a la actuación del ente gobernado
impone el desiderátum de mantener el orden social, éste no podria no sólo
subsistir, sino ni siquiera concebirse.
Ahora bien, al consagrar las garantias individuales, es decir, al erigir
en juridicas las relaciones de supra a subordinación que inexorablemente se
entablan dentro de la sociedad o del Estado entre gobernantes (autoridades)
y gobernados, la Constitución, como hemos afirmado, fija la extensión
de los derechos públicos subjetivos que en favor de éstos involucran tales
vínculos jurídicos; y esa fijación entraña, a título de limitaciones naturales
inherentes a la vida social, determinadas prohibiciones que se imponen a
la actividad del gobernado a efecto de que, mediante el ejercicio de ésta,
no se lesione una esfera particular ajena ni se afecte el interés o el derecho
de la sociedad. Esas limitaciones las consignan las diversas normas constitucionales
que regulan las diferentes garantías individuales, y basta para
demostrarlo las restricciones que la propia Ley Fundamental establece al

LAS GARANTtAs INDIVIDUALES ASPI!CI"O GENERAL 197
derecho público subjetivo emanado de cada una de ellas. Así, verbigracia,
al declarar el articulo 5 de nuestra Constitución que a nadie podrá impedirse
que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le
acomode, sujeta esta potestad o facultad juridica libertaria a la condición
de que la actividad en que se despliegue sea licita, de lo cual se infiere que
el derecho público subjetivo correspondiente no comprende al trabajo ilícito,
pues éste no sólo entrañaría una lesión a la esfera de otro sujeto, sino
una afectación al interés social que radica precisamente en la conservación
y defensa de la moralidad pública. Lo mismo acontece tratándose de la
libre emisión del pensamiento, la cual sólo tiene el carácter de derecho público
subjetivo cuando no ataque derechos de tercero o no afecte la moral,
no provoque algún delito o perturbe el orden público (art. 6' constitucional),
ya que causándose alguno de dichos fenómenos no existe la obligación
pública correlativa consistente en no inquirir judicial ni administrativamente
la manifestación de las ideas.
Además, si se toma en cuenta que el individuo forma parte de la sociedad,
si a ella se debe, si en ella vive y se desenvuelve y si tiene la obligación
moral, o por mejor decir, cristiana, no sólo de no dañar a sus semejantes,
sino de procurarles un beneficio, las limitaciones que impone a su conducta
la convivencia social no únicamente deben fundarse en designios negativos
(no lesionar a otro ni a la sociedad), sino en exigencias positivas que reclama
la solidaridad común. En otras palabras, el hombre no sólo debe tener
derechos como gobernado dentro de la vida social, sino obligaciones que
cumplir en favor de la colectividad de que forma parte; y la imposición de
tales deberes, que se han dado en llamar con Duguit obligaciones públicas
individuales, comprende otra restricción a los derechos públicos subjetivos,
o sea, que éstos se extienden hasta donde aquéllas comienzan. Así, nuestra
Constitución vigente, que repudió la idea de que el hombre, como simple
individuo, era el ser predilecto, si no el único, para la tutela jurídica, como
lo declaraba la Ley Fundamental de 1857, impone al gobernado obligaciones
sociales, y la consignación de éstas en la norma constitucional viene a
restringir el derecho público subjetivo involucrado en ciertas garantías individuales.
Tal sucede, por ejemplo, en lo que se refiere a la potestad juridica
de no poder ser constreñido a prestar trabajos personales sin la justa
retribución y sin el pleno consentimiento del que los realice, pues en lo tocante
al servicio de las armas, a los cargos concejiles y a los de elección
popular directa o indirecta, la actividad individual respectiva debe desempeñarse
sin el consenso particular, as! como la que atañe a los servicios
profesionales de índole social; y en lo que concierne a las funciones electorales
y censales, el gobernado no sólo está obligado a desplegarlas, sino a no
obtener ninguna remuneración por ello (art. 5' constitucional).
La demarcación de los derechos públicos subjetivos, o sea, la fijación
de las limitaciones que les impone la situación del gobernado como ente

198 LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
social, únicamente debe consignarse en los preceptos constitucionales que
establezcan o regulen la garantía individual correspondiente o en otras disposiciones
de la propia Ley Fundamental, pues siendo tales derechos de
carácter constitucional, dentro de un sistema normativo organizado en una
jerarquia de leyes, como el nuestro, en el que el ordenamiento supremo es
la Constituci6n Federal, no es posible admitir que cuerpos legales secundarios,
cualquiera que ellos sean, puedan alterar, reduciéndolo, el ámbito
regulador de los mandamientos de ésta. Por tanto, a ninguna norma no
constitucional, independientemente de su naturaleza formal (ley o reglamento)
o de su alcance imperativo espacial (federal o local), le es dable,
sin quebrantar el principio de supremacia del C6digo Politico de la Fcderaci6n
consagrado en su artículo 133, establecer restricciones a los derechos
públicos subjetivos derivados de alguna garantía individual, so pena de violar
las disposiciones fundamentales en' que ésta se consigne o regule, pues
suponer lo contrario equivaldría a subvertir el orden implantado por la
Constituci6n al permitirse que cualquier ley secundaria pueda impunemente
modificarlo.
Es más, el artículo primero constitucional, al otorgar garantias a todo
individuo, es decir, a todo sujeto moral o físico que esté en la situaci6n de
gobernado, establece categ6ricamente que no podrán restringirse ni suspenderse,
sino en los casos y condiciones previstos en la misma Ley Fundamental.
Esta terminante declaraci6n evidencia que ninguna autoridad estatal,
incluyendo obviamente a la legislativa, puede limitar el ámbito normativo
de los preceptos constitucionales en que las referidas garantías se contienen,
y sin perjuicio, claro está, de que éstos se reformen o adicionen conforme
al articulo 135 de la Ley Suprema para restringir los derechos públicos
subjetivos correspondientes, restricci6n que sólo se iegitima en funci6n de
un auténtico interés social.
B. La reglamentacién de los preceptos constitucionales que instituyen
o norman las garan/Ias individuales. Si bien, como acabamos de afirmar,
ninguna ley secundaria debe limitar las disposiciones constitucionales relativas
a cualquier garantía individual bajo la sanci6n de carecer de validez
jurídica en los preceptos restrictivos, ello no implica que los ordenamientos
no constitucionales no puedan reglamentar los mandatos de la Ley Suprema
concernientes a algún derecho público subjetivo. Ahora bien, la reglamentaci6n,
por su misma indole, sólo significa pormenorizar o detallar la norma
superior de que se trate, a fin de procurar su mejor aplicaci6n u observancia.
La potestad reglamentaria, por ende, tiene sus límites naturales fijados
por el alcance o extensi6n de la disposici6n reglamentada. En otras palabras,
el ordenamiento reglamentario no puede bajo ningún aspecto variar
el ámbito 1lormativo de las disposiciones que regllLmente, y como éste se
traduce en una determinada situaci6n abstracta, impersonal y general, identificada
por un conjunto de modalidades o supuestos que forman el con-

LAS GARAN"I'tAS IND[YIDUALES ASPECTO GENERAL 199
tenido de dicha situación, la reglamentación únicamente debe tender a pormenorizarla
sin introducir elementos preceptivos que en el expresado ámbito
no se prevean. Por tanto, un precepto reglamentario desvirtúa su propia
índole jurídica cuando se excede de la norma reglamentada abarcando
su regulación materias o supuestos que no se comprendan en la situación
general abstracta contemplada en dicha norma. De ello se deduce que nInguna
reglamentaci6n de una garantla individual puede establecer limita·
ciones al derecho público subjetivo que de ésta se deriva y que no estén
comprendidas en el precepto constitucional que las regule o en otro de la
misma Ley Fundamental.
Ahora bien, la reglamentación de las garantías individuales puede tener
dos origenes formales en atención a la fuente normativa que establezca la
potestad reglamentaria, a saber: el constitucional y el legal. En el primer
caso es la misma Constitución la que autoriza la reglamentación, es decir,
cuando los preceptos que consignan o regulan la garantía individual de que
se trate prevén su pormenorización por la legislación secundaria federal o
local. Asi, verbigracia, el segundo párrafo del artículo 5 constitucional (que
consigna la libertad de trabajo) establece que: "La ley determinará en
cada Estado cuáles son las profesiones que requieran título para su ejercicio,
las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han
de expedirlo." Como se desprende de esta disposición constitucional, así
como de otras varias que podrian citarse, es nuestra Ley Fundamental la
que en forma originaria e inicial prevé la reglamentación de un derecho
público subjetivo derivado de una garantía individual, remitiendo la especificación
de las condiciones y términos de ella a la legislación secundaria
u ordinaria, surgiendo de esta manera las leyes reglamentarias de garantfas.
En cuanto a la reglamentación puramente legal, su fuente exclusiva es
la ley ordinaria, sin que tal reglamentación esté prevista en la Ley Fundamental.
Ahora bicn, en relación con esta cuestión surge el problema de la
constitucionalidad de aquellas leyes en sentido material (federales generales,
federales de garantías, locales, reglamentos, etc.), que contengan dicha reglamentación.
Este problema no debe resolverse a priori, sino a posteriori,
es decir, tomando en consideración el caso especial de cada ley que reglamente
un derecho público subjetivo emanado de la garantía individual de que
se trate, y, reiterando lo que ya aseveramos, podemos aducir como criterio
general para constatar si una ley secundaria en sentido material rcglamentaria
de una garantía individual, pugna o no con el precepto constitucional
en que ésta se consagra, la estimación de que, si una disposición legal ordinaria,
al reglamentar el derecho público subjetivo correspondiente, hace
nugatorio el ejercicio de éste, de tal manera que lo descarte o niegue, aunque
sea en hip6tesis o circunstancias determinadas, dicha disposición será
inconstitucional. Por el contrario, SI la ley secundaria que reglamenta una
garantía individual no altera substancialmente el derecho público subjetivo

LAS GARANTIAs INDIVIDUALES ASPECTO GENERAL 201
cionario sólo puede expedir reglamentos para proveer en la esfera administrativa
a la exacta observancia de las leyes (art. 89, frac. 1), y para
regular la extracción y utilización de las aguas del subsuelo y las dc propiedad
nacional (art. 27, párrafo quinto), resulta que en ausencia de un
ordenamiento legal que reglamente una garantía individual, la reglamentación
de ésta no debe formularla el Presidente de la República, sino que
es de la competencia de los órganos a quienes esté encomendada la facultar
de legislar.
Ahora bien, dentro de nuestro sistema federal, ¿son competentes las legislaturas
locales o e! Congreso de la Unión para expedir leyes reglamentarias
de las garantías individuales a falta de prevención expresa que al
respecto contenga la Constitución? Para solucionar esta cuestión hay que
atender a la materia o esfera en la que incidan los derechos públicos subjetivos
de que se trate, es decir, a la órbita dentro de la cual se ejercitan
o puedan ejercitarse. Así, si dicha materia o esfera pertenece a la competencia
legislativa de! Congreso de la Unión, este organismo será e! facultado
para reglamentar, dentro de aquélla, la garantía individual correspondiente;
por el contrario, si el ámbito del goee o ejercicio del derecho público subjetivo
no está considerado como materia de normación a favor de! Poder
Legislativo Federal, sino de las legislaturas locales (lo que se puede decidir
sin dificultad observando 10 dispuesto por e! artículo 124 constitucional),
éstas son las autorizadas para expedir leyes reglamentarias de las garantías
individuales. Sobre este tópico, la Suprema Corte ha establecido que la
facultad respectiva "está subordinada a la naturaleza de la materia sobre
la cual versen las garantías (las que se reglamenten), según 10 previene e!
artículo 124 de la misma Constitución, y, por tanto, la reglamentación de
dichas garantías corresponderá al Congreso Federal, cuando se trate de materias
que atañen a la jurisdicción federal y a las legislaturas locales en
caso contrario",'1" y 147
H6 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, tomo XL, pág. 3,327.
'l4T Es cierto que durante una época, a raíz de que la Constituci6n de 17 entró en
vigor (primero de mayo de 1917), el Congreso de la Unión tuvo la facultad. expresa de
reglamentar legalmente las garantías individuales, o sea, durante el periodo ordinario de sesiones
transcurrido entre el primero de septiembre al treinta y uno de diciembre del propio
año, según lo preceptúa el artículo 16 transitorio de nuestro Código Supremo.
Sin embargo. después de ese periodo. el citado organismo legislativo dej6 de tener la
mencionada facultad. por Jo que. concluida la situación transitoria prevista en el precepto
que se acaba de indicar. la cuestión competencia! planteada debe resolverse en los términos
anotados.

CAPITULO TERCERO
LA SUSPENSIÓN DE GARANTtAS INDIVIDUALES
Sumario: l.-Introducción. n.-La suspensión de garantías individuales:
a) Causas; b) Autoridades; c) Modalidades jurídicas de la suspensión.
nl.-El régimen suspensivo de garantías individuales en la situación bélica
próxima pasada. IV.-Las facultades extraordinarias. V.-Las leyes de
emergencia. Vl.-El control jurisdiccional de la legislación de emergencia.
Vn.-Inconstitucionalidad del decreto congresional de cesación del régimen
suspensivo de garantías individuales: A.-El destino de las leyes de
emergencia. B.-El decreto de 28 de septiembre de mil novecientos
cuarenta y cinco.
l. INTRODUCCIÓN
Un estado de derecho como es el nuestro, se caracteriza porque su organizaci6n
y funcionamiento como entidad política soberana se establecen
y encauzan por senderos normativos, por disposiciones jurídicas, cuyo conjunto
constituye el orden legal integro, emanado de las potestades de autodeterminaci6n
y autolimitaci6n estatales.
El orden jurídico, que es uno de los elementos substanciales que componen
el ser del Estado, si bien es creado por éste en ejercicio de dichas
potestades o facultades distintivas de su actividad soberana, una vez que
adquiere el carácter de vigente, se reviste de imperatividad y somete a sus
mandatos al poder estatal mismo. Éste, en consecuencia, no obstante ser el
elemento causal inmediato del orden de derecho, se convierte en el objeto
regulado por las normas constitutivas de los diversos ordenamientos que
integran el sistema o régimen legal, cuya obligatoriedad y cocrcitividad
general Se manifiestan en diferentes y numerosos cuerpos jurídico-normativos.
Ahora bien, entre los distintos conjuntos reguladores que someten inmediata
o mediatamente la actividad del Estado (como sucede, respectivamente,
con las normas de Derecho Público y con las de Derecho Privado),
desarrollada por las diversas autoridades quc componen el gobierno integral
de la entidad política dentro de su concerniente ámbito de competencia,
existe una jerarquía de validez y aplicabilidad normativas, ocupando la
Constitución en tal gradaci6n, el sitio preeminente y fundamental. Dicho
ordenamiento, por virtud de esta circunstancia, está investido de suprema-

204- LAS GARANTIAS INDIVIDUALES
cía respecto de todos los demás cuerpos legales, como se advierte en sus
artículos 41 y 133.
En un ambiente de normalidad, cuando ningún acontecimiento social
o político extraordinario ocurre, cuando ninguna hecatombe general y colectiva
se produce, el Estado y las autoridades que a nombre de éste realizan
la actividad de imperio, deben someterse primaria y fundamentalmente a los
mandatos constitucionales, y secundaria o derivativamente a las disposiciones
de los diferentes cuerpos legales vigentes, cuya fuerza normativa o imperio
regulador están condicionados al principio de que el contenido y
forma de las prevenciones jurídicas que encierran no se opongan a lo estatuido
en la Ley Suprema.
En un régimen de Derecho, pues, rige como elemento inseparable de
su esencia y naturaleza el principio de juridicidad in genere, el cual implica
que el Estado, a través de sus distintas autoridades, sólo debe realizar lo que
el orden jurídico general le permite o faculta que haga, sin que a ningún
funcionario público o miembro de cualquier organismo autoritario le sea
dable ejecutar algún acto cuya comisión no le esté expresamente otorgada
por la ley, la que, además, debe regular el ejercicio de la facultad concedida.
El principio de juridicidad in genere, que impone a todas las autoridades
estatales el deber u obligación de actuar con previa permisión del orden de derecho
y de sujetar a éste el desarrollo de las atribuciones que jurídicamente les
son otorgadas, se bifurca en dos principios in specie, como son el de constitucionalidad
y el de legalidad stricto sensu, cuya diferente calificación se establece
atendiendo a la naturaleza y jerarquía del conjunto preceptivo que
consigna la obligatoriedad normativa. Así, el principio de constitucionalidad
implica que todas las autoridades del Estado deben someter su conducta
a los mandatos de la Ley Fundamental a pesar de las disposiciones
legales que en contrario existan, denotando el principio de legalidad stricto
sensu la situación de observancia en que toda autoridad se encuentra para
acatar las prevenciones de las normas no' constitucionales o secundarias en
general (leyes federales, constituciones locales, leyes locales, reglamentos,
etc.).
En un ambiente de normalidad, la organización y el poder autoritarios
estatales deben observar, en primer término, como ya dijimos, la Constitución,
y en segundo lugar, dentro de una jerarquía normativa, las leyes federales
y las constituciones y leyes locales ordinarias que integran la llamada
legislación secundaria o no constitucional federal.
Tanto la Constitución como la legislación secundaria imponen al Estado
y a las autoridades integrantes de su gobierno una serie de requisitos,
condiciones y prohibiciones, de cumplimiento u observancia inaplazables, a
fin de que su poder, su actividad, surta válidamente sus efectos en la esfera
jurídica o fáctica hacia la cual está destinada a operar. Ese conjunto de

\
LA SUSPENSIÓN DE GARANTiAS INDIVIDUALES 205
condicionJ, requisitos o prohibiciones constituye lo que se denomina garantias
de seguridad jurldica, instituidas originaria y primariamente en la
Ley Fundamental y reglamentadas o pormenorizadas en la legislación secundaria.
.
Sin embargo, desgraciadamente, los Estados como las personas físicas
están propensas a salirse del cauce normal de su vida. Cruentos acontecimientos
políticos o sociales internos c internacionales suelen turbar la existencia
tranquila y habitual de las naciones, creando un ambiente de peligrosidad
para sus instituciones fundamentales e independencia. Es entonces
cuando el gobierno se ve en la imperiosa necesidad de hacer frente a la
situación anómala provocada por multitud de sucesos, a fin de preservar
al Estado de sus funestas consecuencias. En tales circunstancias surge, pues, la
urgencia de que las autoridades desarrollen una actividad inusitada, anormal,
empleando todos aquellos medios o conductos que se juzguen idóneos
para hacer frente en forma eficaz al ambiente de emergencia.
Ahora bien, la actuación gubernativa tendiente a prevenir o remediar
los trastornos públicos inherentes a la situación anormal de peligro que
puede darse en la vida de un Estado o de la sociedad, debe desplegarse de
manera efectiva, expedita y pronta para que pueda conseguir los objetos
cuya realización la inspira. Hemos dicho, por otra parte, que la actividad
autoritaria toda del Estado se debe normar por la Constitución y las leyes
secundarias que no se opongan al ordenamiento fundamental, normación
que impone a las autoridades la observancia de requisitos, condiciones, procedimientos,
etc., para que su conducta pública produzca válidamente los
efectos apetecidos en las distintas esferas jurídicas o fácticas cn las que
vaya a operar. Pues bien, si la actuación que el gobierno estatal tiene que
desempeñar para remediar la situación anormal de peligrosidad que se presenta
se desarrollase dentro de los cauces normatiuos ordinarios, esta circuMtancia
uendría a restar la e[ectiuidad y rapidez necesarias para hacer frente
al mal, preuiniéndolo y conjurándolo. Por ende, atendiendo al estado de
emergencia, las normas constitucionales y legales que impongan a las autoridades
la observancia necesaria de requisitos o condiciones que signifiquen
un menoscabo a las características que debe reunir la actividad del gobierno
para prevenir o remediar los trastornos públicos inherentes a la situación
anómala, deben cesar en su uigencia en forma temporal y transitoria mientras
tal estado de cosas subsista:"
14.8 El estado anómalo y la cesación de la vigencia del orden jurídico en aquellos aspectos
que signifiquen un obstáculo para poner en juego los remedios tendientes a conjurar
los males propios de la situación extraordinaria, fueron ya previstos por Montesquieu,
quien afirmaba: "La práctica seguida por los pueblos más libres de Ia Tierra, me ha hecho
creer que hay casos en que es preciso poner por un momento un velo sobre la libertad, a
la manera como los antiguos cubrían en ciertas circunstancias las estatuas de sus dioses."
Por su parte, Hcurioú se expresa en términos análogos a los que expusimos, al afirmar
que: "La moderación del poder político, obtenida por la separaci6n de poderes, produce
una cierta debilitación del poder. Esta dcbilitaci6n no ofrece peligros en los periodos tren-

214- LAS GARANTfAs INDIVIDUALES
Otra de las modalidades jurídicas de la suspensión de garantías individuales
que se desprende del articulo 29 constitucional consiste en que el
acto o la situación suspensivos tienen un carácter temporalmente limitado o
transitorio, rigiendo únicamente mientras subsista el estado de emergencia
que los motivó. En relación con la cesación de vigencia de la suspensión
de garantías individuales se presenta un problema que no deja de tener
importancia: esa cesación ¿se produce ipso iure, una vez desaparecido el
estado de emergencia que provoca la mencionada suspensión, o bien se
requiere para ello la expedición de un decreto derogatorio expreso? Estimamos
que la suspensión de garantías individuales opera ipso iure una vez
desaparecida la causa que la determinó, puesto que ni el Ejecutivo ni el
Legislativo, ni cualquiera otra autoridad estatal tienen facultad para retardar
dicha cesación (lo cual acontecerá si se requiera una ley o un decreto
derogatorios expresos), máxime que la Constitución prolúbe tal posible
demora al establecer en el artículo 29 que la suspensión de garantías individuales
debe decretarse por tiempo limitado, entendiéndose por tal el lapso
durante el cual subsista la situación que originó dicha suspensión.
Además, la suspensión de garantías individuales no necesariamente debe
versar sobre todas las que instituye el ordenamiento fundamental, sino que
puede contraerse a aquellas que impliquen un óbice a la actividad gubernativa
tendiente a hacer frente rápida y fácilmente a los peligros que entraña
el estado de emergencia, independientemente de los derechos públicos
subjetivos que involucren. A diferencia del alcance que puede tener el acto
o situación suspensivos de garantías individuales en nuestro actual sistema
constitucional, en la Constitución de 1857 no eran susceptibles de suspenderse
las garantías que asegurasen la vida del hombre. Esta imposibilidad
de suspensión implicaba evidentemente la nugatoriedad de las facultades
con que debían estar investidas las autoridades superiores del país para
hacer frente a los trastornos inherentes a una situación de emergencia.
Fue por ello por lo que los Constituyentes de 1916-17 suprimieron la
prohibición de que las garantias que asegurasen la vida del hombre fuesen
susceptibles de suspenderse, al considerarse que "cuando se apruebe por el
Ejecutivo en consejo de ministros, y por el Congreso, una medida tan grave
como la suspensión de garantias, es evidente que la exigiría la salvación
pública; para que tal medida produzca el efecto deseado, será indispensable
dejar a los poderes que la decretan, libertad para que ellos mismos fijen
el alcance de aquélla en vista de las circunstancias. Casos habrá, y ya se
han visto ejemplos prácticos, en que si la suspensión de garantías no comprende
también las que protegen la vida, no producirá aquella medida otro
resultado que poner en descubierto la impotencia del poder público para
garantizar la seguridad social"."6
Uf Diario de los Debates, tomo H, pág. 260.

LA SUSPENSIÓN DE GARANTiAS INDIVIDUALES 215
En virtud del estado de guerra que prevaleció entre nuestro país, por un
lado, e Italia, Alemania y el Japón, por otro, ha tenido su aplicación real el
artículo 29 constitucional, conteniéndose la suspensión de garantías individuales
en el decreto de 2 de junio de 1942, reglamentado por la Ley de Prevenciones
Generales relativa del día 13 del propio mes y año, o-rdenamientos ambos que
constituyeron los conjuntos normativos orgánicos o reglamentarios del mencionado
precepto constitucional, así como las reglas fundamentales que sometieron
la actitud estatal-autoritaria de emergencia. U • T
III. EL RÉGIMEN SUSPENSIVO DE GARANTIAS INDIVIDUALES EN LA SITUACIÓN
BÉLICA PRÓXIMA PASADA
A fines del mes de mayo de 1942, el Presidente Avila Camacho convocó
a todos los miembros de su gabinete, integrantes del Consejo de Ministros,
para una sesión memorable con el fin de discutir y aprobar las medidas
que habrian de tomarse frente a la doble ofensa que se perpetró a nuestra
soberanía, habiéndose acordado unánimemente tres puntos fundamentales:
primero, declarar el estado de guerra entre la República Mexicana por una
parte, y Alemania, Italia y el fap6n por la otra; segundo, suspender la vigencia
de garantías individuales que fueren obstáculo para hacer frente,
rápida y fácilmente, a la situaci6n, y tercero, solicitar en favor del Ejecutivo
Federal facultades extraordinarias para legislar.
Estando en receso el Congreso de la Unión, la Comisión Permanente
convocó a los miembros de éste a un periodo extraordinario de sesiones,
en el cual serian tratados únicamente los puntos acordados por el Ejecutivo,
de conformidad con el Consejo de Ministros, y que hemos señalado con
antelación, tal como lo prevé e! artículo 79 constitucional en su fracción
IV, convocatoria que en forma de decreto fue publicada en e! Diario Oficial
e! 27 de mayo de 1942.
Por su parte, el Congreso de la Unión, en sesión extraordinaria celebrada
el día 30 de mayo de! propio año, y una vez que e! Presidente de
la República hubo reforzado con sólidos y convincentes argumentos su petición
respecto de los tres puntos fundamentales anotados, aprob6 la ley
que faculta al Ejecutivo conforme áI artículo 89, fracción VIII, de la Constitución
Federal, para declarar el estado de guerra entre nuestro país y las
naciones del Eje (ley que se publicó en e! Diario Oficial e! 2 de junio de
1942), declaración que en forma de decreto presidencial fue publicada en
dicho periódico en la misma fecha.
13f La t6nica que presentan dichos ordenamientos y las ideas que los sustentaron,
configuran un verdadero estado de derecho de la situación de emergencia en que
se vio colocado nuestro pals; y aunque su estudio reviste en la actualidad un mero interés
histórico, el análisis de sus disposiciones no es de ninguna manera superfluo, ya que &tas
pueden constituir el antecedente para el evento, no deseado ni deseable, de que México,
por circunstancias aleatorias, tenga que acogerse al régimen previsto en el artículo 29
constitucional. Esta razón nos-impulsa a reiterar, en la presente edición, el aúIisis referido.

216 LAS GARANTIAS INDIVIPUALES
El 2 de junio de 1942 salió publicado también e! Decreto de Suspensi6n
de Garantlas Individuales expedido por el Congreso de la Unión de
acuerdo con los articulas 29 y primero constitucionales, habiéndose facultado
e! Ejecutivo Federal para formular la reglamentación respectiva (articulo
3 de dicho decreto).
A. Carácter y naturaleza del Decreto de Suspensi6n de Garantias
Individuales
En primer lugar, e! mencionado Decreto, as! como su Ley Reglamentaria,
publicada en e! Diario Oficial e! 13 de junio de 1942, eran de carácter
general. La generalidad de los citados ordenamientos se traducía en la
circunstancia de que la suspensión de garantías individuales que establecían
afectaba a todo individuo o habitante de la República Mexicana, independientemente
de su condición particular. En segundo lugar, la suspensión
instituida por dichos cuerpos normativos era de Indole nacional, supuesto
que afectaba a todo e! territorio de! país. Los caracteres de generalidad en
cuanto a los sujetos afectados y de vigencia nacional, por 10 que toca a su
aplicación territorial de que estaba investido e! Decreto de Suspensión, estaban
corroborados por e! texto mismo de sus prevenciones contenidas en
e! articulo primero, que decía:
"Se aprueba la suspensión de las garantías individuales consignadas en los
articulos 4, párrafo primero del 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21 párrafo tercero
del 22 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
acordó el C. Presidente de la República, previa conformidad del Consejo de
Ministros, para todo el territorio y para todos los habitantes de la República."
Otra nota substancial y constitucional de! aludido decreto era la transitoriedad
de! mismo, o sea, su vigencia limitada en cuanto al tiempo. Esta
vigencia limitada perduraría siempre y cuando subsistiesen los motivos que
originaron la expedición de! multicitado decreto, tal como 10 declaraba
éste en su articulo 2, que decía:
"La suspensión a que se refiere el artículo anterior, durará todo el tiempo
en que México permanezca en estado de guerra con Alemania, Italia y el
Japón, o con cualquiera de estos países, y será susceptible de prorrogarse, a juicio
del Ejecutivo, hasta treinta días después de la fecha de cesación de las
hostilidades."
B. Alcance del Decreto de Suspensi6n en cuanto a las garantías
individuales
El articulo 29 de la Constitución establece que la suspensión versará
respecto a aquellas garantías constitucionales que "fueren obstáculo para

LA SUSPENSiÓN DE GAI

218 LAS GARANTÍAS INDMOUALES
de 1942 sali6 publicada en el Diario Oficial la Ley de Prevenciones Generales
relativas a la suspensi6n de garantias individuales, que contenía.reglas muy
atingentes reveladoras del criterio y capacidad juridicos de los autores del proyecto
correspondiente. La citada Ley Reglamentaria vino, en primer lugar, a
especificar el alcance, sentido y aplicaci6n práctica del Decreto de Suspensi6n,
y en segundo término, como consecuencia de esta finalidad, a hacer renacer la
confianza y la tranquilidad públicas, que en cierto modo se vieron amenazadas
por el hecho de haber sido suprimidas de manera absoluta las garantias
individuales a que aludía el articulo primero del supradicho decreto.
La Ley Reglamentaria del Decreto de Suspensi6n de Garantías Individuales
o Ley de Prevenciones Generales respectiva, contenía declaraciones
fundamentales importantísimas, tanto en su texto normativo propiamente
dicho, coma en su exposici6n de motivos, y que vinieron a corroborar el régimen
de legalidad.
a) En primer lugar, el orden jurídico general. del país no se vio alterado
en sus lineamientos abstractos; todo el sistema de derecho mexicano, en sus
distintos y variados aspectos, subsisti6, y s610 en aquellos casos especiales que
requirieron acuerdos de emergencia operaba la suspensi6n de garantías individuales.
Asi lo asent6 el Ejecutivo Federal en la exposición de motivos de la Ley de
Prevenciones Generales, al establecer que "el régimen no puede hacer abandono
del deber de cuidar, antes que cualquiera otro aspecto, el de que no pierda su fisonomía
de régimen de derecho; y por tales causas ha solicitado la implantación de
las nonnas que la propia Ley Fundamental señala para afrontar las situaciones
de peligro sin romper los cauces de legalidad".
La subsistencia del régimen jurídico general estaba corroborada por el
articulo 4 de dicha Ley Reglamentaria, que decia:
"Tedas las autoridades federales, locales y municipales conservan su competencia
y atribuciones que les corresponden, en los estrictos términos de las leyes
federales o locales que normen sus actividades. En consecuencia, fuera de los
casos expresamente previstos por esta ley y por la legislación de emergencia que
en lo sucesivo se dictare, ninguna autoridad federal, local o municipal puede
realizar acto alguno que no le esté permitido por las leyes ordinarias expedidas
con sujeción estricta a los' mandatos de la Constitución."
Esta consideración legal fue confirmada por la Suprema Corte en resolución
de fecha 15 de marzo de 1945, recaída al recurso de revisión impuesto por el
licenciado Víctor Velázquez, como defensor del licenciado Carlos A. Madraza,
contra el auto de sobreseimiento dictado por el C. Juez Segundo de Distrito en
material penal del Distrito Federal en el amparo promovido por dicho profesionista,
a nombre de su defenso, contra el auto de formal prisión pronunciado en
contra de éste por el C. Juez Primero de Distrito en materia penal del Distrito
Federal por el delito de traición a la patria, entre otros.

LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES 219
Dice así la paIle conducente de la resolución de la Corte: "si las leyes de
emergencia restringen las garantías individuales teniendo en cuenta el estado
de guerra que existe en nuestra nación y las que forman el Eje, esa restricción de
garantlas no puede afectar el orden constitucional, que descansa precisamente en
la división de los poderes públicos, ni menos puede limitar las facultades propias
de cada uno de dichos poderes, pues rompería el equilibrio que debe existir en las
funciones interdependientes de los órganos del Estado . ..", agregando posteriormente
rt • • • es indiscutible y fuera de toda duda, que una ley de emergencia, que
como se dijo anteriormente tiene el propósito de restringir determinadas garantías
individuales de los particulares, no puede afectar por ningún concepto el orden
constitucional".
La mencionada resolución de la Suprema Corte, para fundar sus apreciaciones
respecto del alcance de las leyes de emergencia, transcribe algunas ideas que
sobre el particular ha sustentado el tratadista argentino Juan A. González Calderón
en su obra intitulada Derecho Constitucional, y que a la letra se expresa de la.
siguiente manera:
"El estado de sitio (de emergencia) no suspende los privilegios parlamentarios.
Aunque no hubiera en nuestra jurisprudencia alguna decisión concluyente
en este sentido, sería evidente el principio de que el estado de sitio no suspende
los privilegios parlamentarios. La Constitución crea tres poderes para ejercer el
gobierno supremo de la nación, y cada uno de ellos es absolutamente autónomo
dentro de la esfera de las atribuciones que le están asignadas. La existencia independiente
de los tres poderes gubernamentales es necesaria para que el sistema
constitucional sea una realidad positiva y no una vana quimera, de modo que ninguno
de ellos debe obstruir o suprimir el funcionamiento de los otros dos. Si el
Poder Ejecutivo no respetara los privilegios parlamentarios durante el estado de
sitio, el Congreso no podría existir, o existiera solamente aquelia parte del mismoque
mansamente se sometiera a sus caprichos."
Además de que, como hemos visto, el sistema competencial de todas las
autoridades subsistió frente al estado de suspensión de garantías individuales,
éstas siguieron vigentes, pues si bien es verdad que la Ley de Prevenciones
Generales mencionada restringió O limitó aquellas a que se refería el Decreto
de Suspensión, tales restricciones O limitaciones atañían a casos particulares de
modalidades especiales que en el propio ordenamiento se especificaban.
Así se afirmó en la exposición de motivos al decirse que "el Ejecutivo estima
que las prevenciones generales que debe dictar en cumplimiento de las atribuciones
que le señala el artículo 29 constitucional, además de satisfacer los requisitos
que este precepto establece, deben referirse a fijar por ahora limitaciones sólo a
aquellos derechos del hombre cuya restricción sea ineludible como consecuencia
inmediata y directa del estado de guerra decretado",
b) Por otra parte, la aplicación concreta o general de las limitaciones
a las garantías ináividuaJes que contenía la Ley de Prevenciones Generales,
s610 pudo llevarse a cabo. por el Ejecutivo Federal y únicamente a través de sus
colaboradores inmediatos, como son los secretarios de Estado, Procurador Ge-

220 LAS GARANrlAS INDIVIDUALES
neral de la República y jefes de Departamentos autónomos. De acuerdo con
esta declaraci6n, ninguna autoridad del Estado que no haya sido el Presidente
de la República o los funcionarios antes mencionados, cuando éstos actuaran
con la expresa autorización del Ejecutivo, pudo aplicar las disposiciones limitativas
o restrictivas de las garantlas individuales a que se referia dicho ordenamiento
reglamentario, a no ser que las facultades correspondientes le hayan
sido expresamente otorgadas por las leyes de emergencia o por la legislación
ordinaria, tal como se desprendía de los artículos 1 y 2 de la Ley Reglamentaria
del articulo primero de la de Prevenciones Generales, publicada (la
primera) en 12 de septiembre de 1942.
En síntesis, la situaci6n legal de emergencia que se desprendia de la Ley
de Prevenciones Generales, así como del ordenamiento reglamentario de su
articulo primero, en relaci6n con la vigencia de las garantias individuales,
se puede resumir en estos términos: a) Las garantías individuales, cuya
suspensi6n fue instituida por el decreto respectivo publicado en 2 de junio
de 1942 sólo estuvieron limitadas en la forma, términos y modalidades
que mencionaba la Ley de Prevenciones Generales de 13 de junio del propio
año, la Ley Reglamentaria del artículo primero de este ordenamiento o las
diversas leyes de emergencia que haya dictado el Presidente de la República
en uso de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el Poder
Legislativo con apoyo en el artículo 49 constitucional, leyes que a su vez debieron
estar condicionadas, según después veremos, por el artículo 29 de la
Ley Suprema y por su precitado cuerpo legal reglamentario; por ende, fuera
de dicha forma, términos y modalidades consignados por las normas que
mencionamos, las garantias individuales subsistieron en vigor integramente;
b) Las limitaciones o restricciones a las garantías individuales s610 pudieron
crearse por el Ejecutivo Federal, y únicamente a través de sus colaboradores
inmediatos que señalamos con antelaci6n; consiguientemente, ninguna otra
autoridad del Estado, haya sido local o federal, pudo promover por sí misma
restricciones o limitaciones a las garantías individuales. Esta circunstancia,
claro está, no excluy6 la posibilidad de que las autoridades inferiores auxiliasen
a los mencionados funcionarios en la realizaci6n práctica de las limitaciones a
las garantias individuales, pero careciendo en todo caso de iniciativa propia,
pues solamente se debi6 contraer su actuaci6n a ese respecto a cumplir fielmente
las disposiciones, acuerdos, prevenciones, etc., del Jefe del Ejecutivo
Federal; c) La aplicaci6n concreta de las limitaciones o restricciones a las
garantías individuales que establecía la legislaci6n de emergencia en general,
así como la de ésta, s610 incumbla a las autoridades federales o locales que
expresamente tuvieran tal facultad conferida por la ley de que se tratara;
por consiguiente, cualquiera autoridad del Estado a la cual la ley de emergencia
correspondiente no otorgaba en forma expresa la facultad de aplicarla
concretamente, no podía llevar a cabo dicha aplicación, Por otra parte, en
ejercicio legal de ésta, la autoridad respectiva debía ceñirse a los términos

LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES 221
del otorgamiento de dicha facultad (arts. 1 y 2 de la Ley Reglamentaria del
artículo primero de la de Prevenciones Generales relativas a la suspensión
de garantías individuales).
Tales son, a nuestro parecer, los puntos fundamentales que caracterizaron
la situación jurídica general de emergencia que prevalecía en nuestro país
con motivo del estado de guerra en que éste se encontraba. Como se ve, las
modalidades que hemos apuntado no sólo no infringieron el principio de legalidad
en la actuación de las autoridades estatales, sino que lo corroboraron.
Por lo que respecta a las limitaciones o restricciones a cada una de las
garantías individuales afectadas por e! Decreto de Suspensión de 2 de junio
de 1942, y que se enumeraban en el artículo primero del mismo, nos remitirnos
al texto de las disposiciones que las consignaban, tales como las contenidas
en la Ley de Prevenciones Generales de 13 del propio mes y año, en la
reglamentaria del artículo primero de este último ordenamiento o en las diversas
leyes de emergencia que se dictaron y las cuales debieron sujetarse a lo
establecido por el artículo 29 constitucional y a las disposiciones de la indicada
Ley Orgánica de este precepto.
IV. LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS
Una vez suspendidas las garantías individuales, el gobierno estatal tiene
que estar investido del cúmulo necesario de facultades para decretar las medidas
convenientes e indispensables a fin de prevenir O remediar los trastornos
públicos y sociales propios de una situación anormal provocada por los sucesos
a que alude el artículo 29 constitucional.
Percatándose de la necesidad de que e! gobierno del Estado actúe dentro
de un radio de actividad lo suficientemente amplio para cumplir en forma
cabal con su trascendental y difícil cometido, consistente en afrontar la situaci6n
de emergencia, e! Constituyente de 16-17 previ6 la posibilidad de otorgamiento
de "facultades extraordinarias" por parte del Poder Legislativo
Federal en favor de! Ejecutivo de la Urti6n.
Así, e! artículo 49 constitucional, en su forma prístina, es decir, tal como
fue elaborado por e! Congreso Constituyente de Querétaro, establecla: "El
Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una
sola persona o corporaci6n, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo
e! caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Urti6n, conforme a lo
dispuesto en el artículo 29."
Dicho precepto fuc adicionado posteriormente en agosto de 1938, con la
declaraci6n categ6rica de que: "En ningún otro caso se otorgarán al Ejecu-

222 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
tivo facultades extraordinarias para legislar", y la cual obedeció al deseo de
corroborar la intención y espíritu de los autores de la Constitución de 1917,
en el sentido de que, fuera de los casos extraordinarios a que alude el artículo
29 constitucional, no se debería conceder facultades exorbitantes al Ejecutivo
Federal por el Poder Legislativo, prohibición que en múltiples ocasiones
fue abiertamente infringida, habiéndose expedido, como fruto de violaciones
al sistema ordinario de división de poderes, numerosos ordenamientos
de variada índole por el Ejecutivo de la Federación "en uso de facultades
extraordinarias" que le fueron delegadas por el Congreso de la Unión fuera
de los casos a que se refiere el artículo 29 de la Ley Suprema."
El otorgamiento de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo Federal
implica evidentemente una excepción, entre las varias que existen en nuestro
sistema constitucional, a la clásica división de poderes tal como la concibió
Montesquieu. Ahora bien, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución,
el Poder Legislativo Federal no es absolutamente libre para delegar
parte de su potestad legislativa en el Jefe del Ejecutivo; en otras palabras, el
Congreso de la Unión no puede proceder ad libitum en el otorgamiento
de facultades extraordinarias para legislar en favor del Presidente de la República.
La Constitución, a través del multicitado articulo 49, sólo hace posible
la concesión de dichas facultades en los casos y en los términos previstos
en el articulo 29 constitucional, fuera de los cuales la delegación legislativa no
es válida. Por ende, únicamente en los casos de invasi6n, perturbocién grave
de la paz pública o de cualquiera otro que ponga a la sociedad en grande
peligro o conflicto y previa suspensi6n de las garantias individuales que impliquen
un obstáculo para que la acci6n gubernativa pueda hacer frente rápida
y fácilmente a la situaci6n an6mala provocada por dichos acontecimientos, el
Poder Legislativo Federal tiene autorización constitucional para conceder
al Ejecutivo de la Unión facultades extraordinarias.'"
Ahora bien, pero no solamente en lbs casos a que se refiere el artículo 29
constitucional pueden otorgarse al Ejecutivo Federal facultades extraordina-
Ui8 Por reforma publicada en el Diario O/icia,l de la Federaci6n el 28 de marzo de
1951, se estableció la posibilidad en el artículo 49 constitucional de que se otorguen facultades
extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, en los casos a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 131 de la Ley Suprema, o sea, "para aumentar, disminuir o suprimir
las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso
(el de la Uni6n), y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones,
las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo
estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad
de la producci6n nacional o de realizar cualquier otro propósito (sic) en beneficio del
país". Si se interpreta extensivamente esta última expresión, se podría originar el quebrantamiento
del principio de división o separación de poderes en el ámbito económico,
pues atendiendo a ella, el Ccageeso de la Unión podría investir con facultades extraordinarias
al Presidente de la República para expedir todas las leyes que éste considerase pertinentes
a efecto de "realizar cualquier propósito en beneficio del país", finalidad que, dada
su enorme amplitud, abre dilatadas perspectivas al intervencionismo estatal.
1ti9 Véase la nota anterior.

LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES 223
rias para legislar, sino que el artículo 49 de nuestra Ley Fundamental dispone
que dicho otorgamiento también es dable en el caso a que alude el segundo
párrafo de su artículo 131 y cuyo sentido expresamos en las notas que anteceden.
Por tanto, el alcance o la extensión de las facultades mencionadas debe
demarcarse mediante una recta y sana interpretación jurídica del invocado
artículo 49. Del texto de este precepto se inficre que su contenido involucra
las siguientes disposiciones: a) La que se refiere a la consagración del principio
clásico de la división o separación de poderes; b) La que alude a la
prohibición de que se reúnan dos o más de los poderes en que se desarrolla
la actividad estatal en una sola persona o corporación; c) La de que el Poder
Legislativo no puede depositarse en un solo individuo, y d) La que estriba
en que dicho Poder Legislativo puede depositarse en un solo individuo en el
caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo
dispuesto por el articulo 29 constitucional y al segundo párrafo del artículo
131 de la Ley Suprema.
La simple prohibición de que cl Poder Legislativo se deposite en un individuo,
no es sino una mera declaración constitucional dogmática, de la que
no se deduce lógicamente facultad alguna, ya que prohibir escuetamente, sin
aditivos, algún fenómeno, no implica autorizar el contrario. El concepto de
"Poder Legislativo" a que se refiere el citado artículo 49 constitucional equivale
al de "potestad legislativa", es decir, a la facultad de elaboración de leyes
y no al organismo bicameral al que dicha facultad corresponde normalmente,
puesto que, según el artículo 50 dc la Constitución Federal, el mencionado
poder "se deposita" en un Congreso General que se divide en dos Cámaras,
una de diputados y otra de senadores, entendiéndose por "depositar", "en.
tregar o confiar", de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Castellana. Por
ende, el "poder legislativo", cuyo "depósito" en un individuo prohibe el aro
tículo 49 constitucional, se traduce en la "actividad legislativa", o sea, en la
función creadora o elaboradora de leyes, sin referirse, por el contrario, al "organismo
legislador" (Congreso de la Unión), puesto que a éste no lo considera
el artículo 50 de la Ley Suprema como "integrante o componente" de dicho
Poder, sino como depositario del mismo. En otras palabras, al establecer el
citado artículo 50 que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso de la
Unión, claramente indica que a este organismo se entrega o confía la función
estatal legislativa, ya que no es lógico ni real depositar, entregar o confiar a
alguna persona o entidad lo que ésta ya tiene como constitutivo o integrante
de su propio ser orgánico.
De lo anteriormente expuesto se colige que la prohibición de "depositar"
establecida en el artículo 49 constitucional tiene como materia la función,
actividad o potestad legislativa (Poder Legislativo del Estado Mexicano) y
no al organismo que dicha función, actividad o potestad se deposita (Congreso
de la Unión), como erróneamente lo estimó don Ignacio L. VaUarta
en una tesis que más que jurídica es política, el interpretar el artículo 50 de la

224 LAS GARANTIAS INDIVII)UALES
Constituci6n de 57 (correspondiente ..al 49 de la Constituci6n vigente), quebrantando
la l6gica jurídica al no atribuir e! alcance debido a los articulos
51, 75 Y 90 de la Ley Fundamental de 1857, preceptos que equivalen a los
articulos 50, 80 Y 94 constitucionales en vigor.
Afirmaba al respecto el .ilustre jurista: "¿Es aceptable la interpretaci6n absoluta
y rígida que dan a la parte final del artículo 50 los defensores de la teoría
que combato? ¿Es cierto, ya sea ante el derecho positivo constitucional, ya ante
la filosofía del derecho político, que nunca, jamás, en ningún caso, ni por motivo
alguno se pueden reunir dos o más poderes en una sola persona o corporaci6n,
ni depositarse el legislativo en un individuo? No lo creo yo así, y para sostener
mi opinión, diré desde luego que si se concede al Presidente de la República
autorizaci6n para legislar sobre milicia, por ejemplo, reteniendo el Congreso la
suprema potestad legislativa, ni se reúnen dos poderes en una persona, ni se deposita
el legislativo en un individuo, ni se infringe por consecuencia el artículo 50.
Yo creo que ese artículo prohíbe que en uno de los tres poderes se refundan los
otros dos, o siquiera uno de ellos, de un modo permanente, es decir, que el Congreso
suprima al Ejecutivo para asumir las atribuciones de éste, o que a la Corte
se le declare Poder Legislativo, o que el Ejecutivo se arrogue las atribuciones
judiciales. Así sí habría la reunión de poderes que el repetido artículo 50 prohíbe,
con raz6n. En este sentido' interpreto yo ese texto constitucional.":160
Como se ve, Vallarta confundió el concepto de "poder" que, según se ha
dicho, implica funci6n, potestad o actividad, con la idea de "6rgano u organismo",
al pretender que la prohibici6n contenida en el artículo 50 de la
Constituci6n de 57 s6lo se transgredía cuando acaeciera e! fen6meno de la "supresi6n"
del Legislativo (Congreso), para que las funciones de éste las asumiera
íntegramente e! Ejecutivo, lo cual ya no s6lo supondría la violaci6n a
dicho precepto, sino e! quebrantamiento total de! orden constitucional al entronizarse
la dictadura presidencial, supresi6n que, por otra parte, nunca puede
registrarse constitucionalmente, aun en e! caso del otorgamiento de facultades
extraordinarias al Presidente de la República conforme a los articulos 29 y 131,
párrafo segundo, de la Ley Suprema, puesto que el Congreso de la Uni6n
o la Comisi6n Permanente de éste no desaparecen como organismos al ínvestirse
al Ejecutivo con atribuciones legislativas, en virtud de que conservan su
capacidad para desplegar la actuaci6n que la Constituci6n les encomienda,
inclusive para retirar la concesión de facultades extraordinarias. En conclusi6n,
si en la "supresión" del Legislativo hace estribar Vallarta la única posible
contravención del artículo 50 de la Constituci6n de 57, Y si dicho fenómeno
no puede darse jurídicamente dentro de! mismo orden constitucional, es obvio
que conforme a estas ideas la declaración dogmática involucrada en dicho
precepto hubiera sido superflua o inútil, al prohibir un hecho imposible dentro .
de! propio régimen normativo fundamental.
Según lo hemos afirmado, el Congreso de la Uni6n no puede ad líbitum
otorgar facultades extraordinarias para legislar en favor del Presidente de la
100 Cuestiones Constitucionales (Votos). Tomo JJ págs. 235 Y 236.

226 LAS GARANTIAS INDIVIDUALES
derse tales facultades. La exposicton de motivos citada expresa: "Ha sido
práctica inveterada que el Presidente de la República solicite del H. Congreso
la concesión de facultades extraordinarias para legislar sobre determinadas
materias o ramos, facilitándose así la expedición de leyes que se han estimado
inaplazables para regular nuevas situaciones y para que la actividad del Estado
pudiera desenvolverse en concordancia con las necesidades del país. La
administración que presido estima que la continuación indefinida de esa práctica
produce el lamentable resultado de menoscabar las actividades del Poder
Legislativo, contrariando en forma que pudiera ser grave al sistema de gobierno
representativo y popular establecido por la Constitución, puesto que
reúne, aunque transitoria e incompletamente, las facultades de dos poderes
en un solo individuo, lo cual independientemente de crear una situación jurídica
irregular dentro del Estado mexicano, ya que la división en el ejercicio
del poder es una de sus normas fundamentales, en el terreno de la realidad va
sumando facultades al Ejecutivo con el inminente peligro de convertir en dictadura
personal nuestro sistema republicano, democrático y federal. Cree el
Ejecutivo de mi cargo que solamente en los casos de invasión, perturbación
grave de la paz pública o de cualquiera otro que ponga a la sociedad en grave
peligro o conflicto, mencionados en el artículo 29 constitucional, se justifica
debidamente la concesión de facultades extraordinarias."
En conclusión, suponer que fuera de los casos previstos en los artículos
29 y 131, párrafo segundo, constitucionales, el Congreso de la Unión pudiese
delegar sus facultades o poderes legislativos al Presidente de la República
o a cualquier otra autoridad, significaría admitir la posibilidad de que constante
y reiteradamente se quebrante la Ley Fundamental, con menoscabo y
desprecio del principio de supremacía constitucional consagrado en su artículo
133, al considerar que a los órganos legisladores fuese dable alterar
caprichosamente su órbita de facultades y proyectarla hacia el Ejecutivo en
alguna, en varias o en todas las materias legislables, propiciándose con
ello el tremendo absurdo en Derecho Constitucional de que un órgano creado
por la Constitución pudiese válidamente desconocer la fuente misma de
su existencia y de su actividad.
Este mismo criterio lo comparte [. Ramón Palacios Vargas, cuando afirma
que: u •.. si el Ejecutivo pudiese ejercer facultades legislativas sin invasión, guerra
o calamidad pública, sin suspensión de garantías y sin relaci6n de causa a efecto
entre un estado real, no ficticio, de guerra y las normas que decrete, entonces
respecto de estos actos legislativos el Congreso ha transferido, ha cedido su función,
y como Rabasa expresa, para que existiese la constitucionalidad de la delegación
de funciones legislativas, era preciso que la Constitución depositara en el
legislativo esa facultad delegante, la cual no aparece en ningún precepto de 1as
dos Constituciones mencionadas" (la de 57 y la de 17).m
1'62 La; facultades extraordinarias al Ejecutivo. Ed. 1965, págs. 63 y 64. Es inconcuso
que las ideas transcritas 5910 deben referirse al caso contemplado por el articulo 29 conatitucional,
pero no tienen aplicación en el previsto por el párrafo segundo del articulo 131

228 LAS GARANrlAS INDIVIDUALES
Por otra parte, la posibilidad de expedición y la validez de las leyes de
emergencia no son absolutas; en otras palabras, el Ejecutivo Federal no está
autorizado constitucionalmente para crear disposiciones legales de tal Indole
en forma irrestricta. En efecto, siendo la potestad legislativa de emergencia
una consecuencia o, mejor dicho, el contenido general mismo de las facultades
extraordinarias, aquélla debe tener el alcance y extensión de éstas. Por
consiguiente, las leyes de emergencia deben tener por objeto, exclusivamente,
desde el punto de vista constitucional, prevenir o remediar en forma
directa o indirecta, y previa la suspensión de las garantEas individuales que
tiendan a afectar, los males y trastornos públicos y sociales propios de la
situación anormal creada por los acontecimientos a que alude el articulo
29 de la Ley Suprema, precepto que en su parte conducente dice:
"Si la suspensión tuviere lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá
las autorizaciones que estime necesarias para .que el Ejecutivo haga frente a la
situación. n
Ahora bien, en el estado de guerra en que México se encontraba con
los países del Eje, ¿cuál fue el proceso jurídico-constitucional cuya culminación
entrañó la legislación de emergencia que el Ejecutivo expidió? Con
antelación afirmamos que el Congreso de la Unión aprobó la suspensión
de las garantías individuales que implicaron un óbice para hacer frente rápida
y fácilmente a la situación anómala proveniente de dicho estado bélico,
aprobación que estaba contenida en el articulo. primero del Decreto de
Suspensión de 2 de junio de 194-2, y que en otra ocasión transcribimos. Por
otra parte, el propio Poder Legislativo en el articulo tercero del aludido
decreto facult6 al Ejecutivo Federal para formular la reglamentación a la
suspensión de garantías individuales, habiendo expedido el Presidente de
la República, con apoyo en tal autorización, la Ley de Prevenciones Generales
relativa a dicha suspensión con fecha de 13 de junio de 194-2, según
también aseveramos. Este ordenamiento, juntamente con la reglamentación
de su articulo primero formulada con fecha 12 de septiembre del mencionado
año, c

LA SUSPENSIÓN DE GARANTIAS INDIVIDUALES 229
terior facultad, o sea, para dictar leyes tendientes a defender eficazmente
el territorio nacional, su soberania y dignidad, asi como mantener nuestra.
instituciones fundamentales. Los articulos 4 y 5 del precitado Decreto de
Suspensi6n involucran, pues, el otorgamiento de facultades extraordinarias
en favor del Presidente de la República, conforme a los articulos 29 y 49
constitucionales, los cuales, como ya dijimos, debieron tener por objeto la
defensa eficaz del territorio nacional, de Su soberanla y dignidad, y el mantenimiento
de nuestras instituciones fundamentales. Por ende, todas las disposiciones
legales que haya expedido el Ejecutivo Federal con apoyo en
dichas facultades extraordinarias que constitucionalmente le fueron concedidas,
debieron tender a la consecución de cualquiera de dichos objetivos
que limitativamente fij6 el Congreso de la Uni6n en acatamiento a los
artículos 29 y 49 de la Constituci6n, por lo que solamente una ley emanada
del Presidente de la República que hubiese perseguido tal finalidad, 'tenia
el carácter de ordenamiento de emergencia con plena validez y obligatoriedad.
Por el contrario, cuando el Ejecutivo haya expedido un mandamiento
general (ley o decreto) cuya teleologia normativa no hubiere estado circunscrita
a la obtención de dichos fines, sino que pretendiese conseguir otros
diversos desvinculados de la defensa del territorio nacional, de la soberanía
y dignidad del país o del mantenimiento de nuestras instituciones fundamentales,
tal acto autoritario no habría implicado una ley de emergencia
con obligatoriedad constitucional, pudiendo los afectados por su dictado o
ejecución haber acudido a la Justicia Federal en vía de amparo por violación
de la garantía de competencia constitucional consagrada en el articulo
16 de la Ley Suprema.
En sintesis, las facultades extraordinarias sólo fueron otorgadas al Ejeeutivo
de la Uni6n en los términos de los articulos 4 y 5 del Decreto de
Suspensión de 2 de junio de 1942 y en consonancia con los artículos 29
y 49 constitucionales, por lo que únicamente las leyes y decretos que expidió
el Presidente de la República en ejercicio de las mismas ostentaban el carácter
de actos autoritarios de emergencia jurídicamente válidos y eficaces,
debiendo, además, haberse sujetado a la reglamentación de la suspensión
de garantías individuales involucrada en la Ley de Prevenciones Generales de
13 de junio de 1942 y en la Orgánica de su articulo primero de 12 de septiembre
del propio año. En conclusión, las leyes o decretos de emergencia
tuvieron estas dos limitaciones jurídicas importantes, que a su vez implican
sus caracteres distintivos: a) Que se hubiesen expedido por el Ejecutivo
de la Uni6n para satisfacer los fines que se mencionan en los articulos 4
y 5 del Decreto de Suspensián de 2 de junio de 1942,. y b) Que, llenado
tal objetivo, se hubiesen apoyado o no hubieran violado las disposiciones de
la Ley de Prevenciones Generales de 13 del propio mes y año y de la reglamentaci6n
de su articulo primero. En caso de que cualquier ley o decreto
expedido por el Presidente de la República no haya reunido ambos

232 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
gencia que solían presentarse y que podían o no provocar la intervención
de la Justicia Federal a través de! juicio de amparo; es decir, constatar la
aplicabilidad, en cada hipótesis que mencionemos, del articulo 18 de la Ley
de Prevenciones Generales, haciendo abstracción del vicio de inconstitucionalidad
que dicho precepto ostentaba y que demostraremos en su debida
oportunidad, por virtud de involucrar disposiciones que no podían conceptuarse
como de emergencia dentro de los estrictos términos constitucionales
y legales.
A. Podía suceder que el Presidente de la República expidiese una ley,
atribuyéndole el carácter de ordenamiento de emergencia, pero excediéndose
de las facultades extraordinarias que conforme a los artículos 49 y 29
constitucionales le fueron conferidas por e! Poder Legislativo Federal. Tal
hipótesis podía acaecer, verbigracia, en e! caso de que la ley o el decreto
expedidos no tuvieran como finalidad defender la soberanía, integridad o
dignidad de México o el mantenimiento de nuestras instituciones fundamentales,
objetivos especiales que a su vez implicaban la limitaci6n constitucional
y legal de la actividad autoritaria. de emergencia cristalizada en
las leyes de esta especie (arts, 4 9 y 59 del Decreto de Suspensi6n de Garantias
Individuales de 2 de junio de 1942). En este caso, pues, la mencionada
ley o el indicado decreto, a los que el Ejecutivo hubiese dado indebidamente
la denominación de ordenamientos de emergencia, propiamente
no habrían sido tales, ya que, como aseveramos con antelación, no
habrían cumplido con el requisito consistente en que su creación fuese un
acto que estuviera comprendido dentro del ámbito de las facultades extraordinarias,
las cuales tenían las limitaciones constitucionales y legales a que
respectivamente se refieren los articulas 29 de nuestra Ley Suprema y 4 y 5
del aludido Decreto de Suspensión. Por ende, tratándose de una ley o un
decreto a los que indebidamente se les haya atribuido e! calificativo de
emergentes, y que implican sendas transgresiones a la demarcación legal
y constitucional de las facultades extraordinarias, no era aplicable el artículo
18 de la Ley de Prevenciones Generales de 13 de junio de 1942,
desde e! momento en que tales actos no eran de emergencia, habiendo procedido,
entonces, la protección de la Justicia Federal en favor de la persona
por ellos afectada, por violación a la garantía de competencia constitucional
autoritaria consagrada en e! artículo 16 de nuestra Ley Suprema, y que,
por otra parte, no se encontraba ni restringida ni suspendida, según se desprende
de los artículos 12 y 13 de! ordenamiento orgánico o reglamentario
del articulo 29 constitucional a que antes aludimos.
Esta incompetencia constitucional del Ejecutivo Federal fue declarada por la
Sala Administrativa de la Suprema Corte en una ejecutoria recaída a la revisión
número 7,385-1943-1', con feeba 6 de diciembre de 1944,y cuya parte conducente
dice: HEI Ejecutivo Federal es autoridad incompetente para expedir con apoyo en

LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES 233
el artículo 5. del decreto de l. de junio de 1942, leyes que no estén limitadas a los
fines que esa misma disposici6n, relacionada con el artIculo 4' del propio ordenamiento,
señala:"
B. También podía acontecer en la realidad que el Presidente de la República,
sin excederse de las facultades extraordinarias que le fueron concedidas
por el Congreso de la Uni6n conforme a los astlculos 29 y 49 constitucionales,
expidiese una ley o un decreto violatorios de algunas de las
normas contenidas en la Ley de Prevenciones Generales relativa a la suspensión
de garantías individuales. En la presente hipótesis, tal ley o decreto
tampoco ostentaría el carácter de ordenamiento o acto de emergencia, ya
que esta calidad, según afirmamos anteriormente, se establece cuando existe
la circunstancia jurídica de que el conjunto regulador de que se trate no
se oponga ni contravenga la precitada legislación orgánica o reglamentaria
de! articulo 29 del Código Supremo, que fue precisamente la que pormenorizó
el régimen de suspensión de las garantías individuales y que encauzó
primaria y fundamentalmente, tal como se asentó en su misma exposición
de motivos, la actividad gubernativa de emergencia. Es más, el carácter de
no emergencia con que estaría investida una ley o un decreto del Ejecutivo
de la Unión que violara o no se ajustara a la expresada Ley de Prevenciones
Generales de 13 de junio de 1942, se constataría a través del propio párrafo
segundo del artículo 2 de tal ordenamiento.
En efecto, según la disposición legal respectiva, use entiende por legislación de
emergencia la dictada por el Ejecutivo Federal, en usó de las facultades que le confiere
el artículo 3. del decreto de l. de junio de 1942", es decir, de las consistentes
en reglamentar la suspensión de garantías individuales.
Ahora bien, ¿cómo va a reputarse "ley de emergencia" un ordenamiento
que no sólo no reglamenta sino que contraviene positivamente o por omisión
las bases generales de la suspensión mencionada, como sería e! conjunto
dispositivo legal o el decreto que violara la Ley de Prevenciones Generales
o que dejara de ceñirse a sus mandatos imperativos? Evidentemente que
en tales circunstancias los indicados actos emanados del Presidente de la
República no serían "actos de emergencia", no siendo aplicable, por consiguiente,
el artículo 18 de la multicitada Ley de Prevenciones Generales,
habiendo procedido la acción de amparo contra los mismos por violación
de la garantía de legalidad consignada tanto en la primera parte del articulo
16 constitucional, a través del concepto "causa legal del procedimiento
fundada y motivada", como en los párrafos segundo y cuarto del articulo
14 de nuestra Ley Suprema por conducto de las expresiones respectivas de
"conforme a leyes (la de Prevenciones Generales) dadas con anterioridad
al hecho" (decreto o ley contraventores de este ordenamiento) y de "conforme
a la letra o interpretación jurídica de la ley" (la de Prevenciones

234 LAS GARANriAS INDIVIDUALES
Generales), disposición constitucional (la del cuarto párrafo) aplicable por
analogía a los actos administrativos.
C. Podía acontecer también que cualquier autoridad estatal distinta del
Presidente de la República, expidiese motu proprio una ley o decreto a
que diese el carácter de disposición de emergencia. En este caso, dicha ley
y decreto, además de importar sendas violaciones a los articulos 14 y 16
constitucionales por los motivos indicados en el párrafo que antecede, desde
el momento en que su expedición contrariaría las disposiciones de la Ley
de Prevenciones Generales relativas a la suspensión de garantías individuales,
que conferla la facultad de creación respectiva únicamente al Ejecutivo Federal,
según se desprendía de la exposición de motivos correspondientes, contravendría
asimismo la garantía individual no suspendida consistente en la
competencia constitucional con que debe estar investida toda autoridad para
llevar a cabo un acto de molestia en los bienes jurídicos a que alude el
articulo 16 de nuestra Ley Suprema. Por ende, cuando una autoridad estatal,
que no haya sido el Presidente de la República, dictaba una ley o
decreto motu proprio, no estimamos aplicable el artículo 18 de la Ley de
Prevenciones Generales, puesto que tales actos en realidad no se habrían
reputado como medidas de emergencia desde el punto de vista formal-constitucional,
en vista de que la Ley Fundamental sólo hace factible su adopción
por el Jefe del Ejecutivo Federal en los términos de sus articulos 29
y 49.
D. Como afirmamos en una ocasión anterior, el orden jurídico de emergencia
no sólo no descartó el principio de legalidad que debe regir la actividad
autoritaria estatal, sino que lo confirmó, según se deduce de diversas
disposiciones de la Ley de Prevenciones Generales relativas a la suspensión
de garantías y especialmente de su artículo 4, que impedía que cualquier
autoridad federal o local desempeñase acto alguno "que no le esté permitido
por las leyes ordinarias expedidas con sujeción estricta a los mandatos de
la Constitución". Por ende, tanto las autoridades federales como las locales
debieron ajustar su actuación a los estrictos términos de su competencia
legal ordinaria y, tratándose de la actividad desplegada dentro y con motivo
del estado de emergencia, realizar exclusivamente las facultades que les
hubiesen conferido, bien la multicitada Ley de Prevenciones Generales, o
bien las diferentes leyes extraordinarias que conforme a los postulados constitucionales
respectivos haya dictado el Jefe del Ejecutivo Federal.
Pues bien, en la realidad pedía suceder que las autoridades del Estado
que careciesen de competencia legal, según la Ley de Prevenciones Generales,
la Ley Reglamentaria del articulo primero de ésta y la legislación de
emergencia en general (cuyo contenido debió respetar las disposiciones
de los dos ordenamientos primeramente citados), para aplicar o ejecutar las
disposiciones de tales cuerpos legales, afectasen la esfera jurídica o fáctica

\,
LA SUSPENSIÓN DE GARANTIAS INDIVIDUALES 235
de los gobernados, aun ciñéndose a los mandatos respectivos. Ahora bien,
no habiendo sido dichas autoridades las legalmente competentes para aplicar
motu proprio la legislaci6n de emcrgencia in genere, ¿qué defensa
habría tenido e! particular afectado en su persona, domicilio, papeles, posesiones,
propiedades, derechos, etc.?
Desde luego, e! artículo primero, fracci6n III, de la Ley Reglamentaria
del artículo primero de la de Prevenciones Generales establecía que, en los
casos en que haya sido la autoridad federal la que aplicara las limitaciones
a las garantías individuales o la legislaci6n de emergencia en general sin
haber tenido competencia legal para ello, e! afectado debía ocurrir al superior
inmediato de la autoridad incompetente para que éste hiciese cesar la
extralimitaci6n o sus efectos. Si a su vez el superior inmediato no reparase
e! acto o no lo impidiese, e! agraviado tema derecho, a nuestro parecer, de
enderezar en contra de la decisi6n por aquél emitida la acci6n de amparo,
ya que la improcedencia de ésta s610 surgía o tenia lugar en los términos
de! artículo 18 de la Ley de Prevenciones Generales cuando las autoridades
estatales actuasen dentro de los estrictos términos de los ordenamientos de
emergencia. Por otra parte, cuando las autoridades incompetentes para aplicar
las limitaciones a las garantías individuales hayan sido locales, o cuando
hubiese existido de parte de ellas una extralimitaci6n a la competencia respectiva
que la ley les concedía expresamente para tal efecto, e! afectado
debla ocurrir a la autoridad federal que correspondiese para que ésta hiciese
cesar e! acto aplicativo indebido o que entrañara dicha extralimitación (art.
2, frac. III, de la Ley Reglamentaria del articulo primero de la de Preven.
ciones Generales). A nuestro parecer, si la autoridad federal se negaba a
hacer cesar e! aludido acto, procedía el juicio de amparo contra ella por
la misma razón que adujimos en el caso precedente.
No obstaban para la procedencia de! juicio constitucional en los casos
apuntados las disposiciones contenidas en e! artículo 18 de la Ley de Prevenciones
Generales de 13 de junio de 1942. En efecto, hemos dicho que
las leyes de emergencia deberian ceñirse a los mandatos del expresado ordenamiento,
el cual Se reputaba orgánico o reglamentario del articulo 29
constitucional. Ahora bien, si la precitada Ley de Prevenciones Generales
no suspendió ni restringió la garantía individual de competencia constitucional
autoritaria consagrada en el artículo 16 de la Ley Suprema, aquélla
debía considerarse como intactamente subsistente y con plena fuerza reguladora.
Pues bien, por extensión, debe estimarse que la competencia de
autoridades consagrada en la Ley de Prevenciones Generales y en la Reglamentaria
de SU artículo primero, era una competencia constitucional, desde
e! momento en que tales ordenamientos teman e! carácter de orgánicos de!
artículo 29 de nuestra Ley Fundamental. Por ende, al no actuar las autoridades
dentro de la esfera competencial establecida en los multicitados ordenamientos
de emergencia, violaban la garantía individual antes aludida,

\
LA SUSPENSióN DE GARANTiAs INDIVIDUALES 237
Pues bien\cuando alguna autoridad pretendía aplicar una ley de emergencia
(norma de excepción) a un caso no previsto en ella, violaba tal
principio, por lo que su actuación sobre el particular no estaba autorizada
o no derivaba de la indicada norma, ya que ésta, como precepto de excepción,
únicamente confería al poder autoritario facultades de aplicación o
ejecución ejercitables para afectar situaciones expresamente determinadas
cn sus prevenciones. Por todo eIJo, resulta que, también por esta clara consideración,
el articulo 18 de la Ley de Prevenciones Generales era inaplicable
a la hipótesis de que estamos tratando.
e) No habiendo autorizado ninguna ley, de emergencia un acto de autoridad
tendiente a producir una afectación en un status particular y concreto
no comprendido dentro de la situación abstracta y general legalmente
determinada; en otras palabras, no fundándose dicho acto en ningún precepto
legal, es evidente que la autoridad que lo desempeñaba o pretendía
desempeñar violaba el artículo 16 constitucional, al infringir la garantia
de legalidad que este precepto consagra a través de los conceptos de "fundamentación"
y "motivación" de la "causa legal del procedimiento" (o
sea, del o de los actos autoritarios mencionados), y los cuales explicaremos
posteriormente.
Por ende, un acto autoritario que haya aplicado o intentado aplicar una
disposición de emergencia a un caso no comprendido dentro de la situación
general y abstracta que preveía, carecía de causa legal fundada y motivada,
ya que, en primer lugar, al afectar al status concreto de que se trataba, no
se basaba en ninguna norma que autorizara dicha afectación (falta de fundamentación),
y, en segundo término, a pesar de que hubiese invocado una
ley de emergencia, el caso afectado no habría estado previsto en ésta (falta de
motivación) .
De las ideas anteriormente sustentadas se infiere que el articulo 18 de
la Ley de Prevenciones Generales no regia en la hipótesis en que se tratase
de la aplicación de una norma de emergencia a un caso no comprendido
dentro de la situación general y abstracta en ella prevista, ya que en primer
lugar, tal acto aplicativo (potencial o actual) no emanaba la dicha norma,
y, por otra parte, porque éste carecía de causa legal fundada y motivada,
vioIándose de esa guisa la garantia de legalidad consagrada en el artículo
16 constitucional y la cual no se encontraba suspendida ni restringida.
F. Otra hipótesis que en la práctica solía presentarse a propósito de
las cuestiones que estamos tratando es la siguicnte: podía acontecer que la
autoridad encargada legahnente de aplicar una norma de emergencia a Un
caso comprendido dentro de la situaci6n general y abstracta en ella preuista
y regulada, realizara el acto aplicativo correspondiente en forma indebida,
esto es, sin ceñirse estrictamente a la disposici6n relatiua. ¿Procedía en este
caso el amparo contra la indebida aplicación de una ley de emergencia a

\
LA SUSPENSIÓN DE oARANTiAs INDIVIDUALES 239
se re
rí \ I .. . 1 d . ., .
fe a su artícu o Hl, tal medio constítuciona e impugnacion era improcedente
rai:a determinar si se aplicó debida o indebidamente una norma
de emergencia!a un caso concreto comprendido dentro de la situación prevista
en ella. "
b) Sin embargo, la conclusión a que se llega por medio del anterior
argumento se puede desvirtuar por este otro razonamiento, que nos parece
más sólido: Una ley de emergencia, según hemos aseverado con antelación,
debió necesariamente tener como antecedente la suspensión o limitación de
la garantía individual que se tratara de afectar en la realidad, en los términos
establecidos por la Ley de Prevenciones Generales, ya que solamente
con vista a este estado suspensivo o limitativo son constitucionalmente válidas
las normas extraordinarias de acuerdo con los articulos 29 y 49 de la
Ley Suprema. En otras palabras, una ley de emergencia es tal cuando no
viola o no se extralimita de los términos y extensiones legales en que opera
la suspensión o restricción a las garantías individuales correspondientes.
Ahora bien, al declarar improcedente el juicio de amparo contra leyes de
emergencia o contra actos autoritarios derivados de las mismas, el artículo
18 de la Ley de Prevenciones Generales propiamente contravino o transgredió
el articulado mismo de dicho ordenamiento y, por ende, el artículo
29 constitucional, puesto que el alcance normativo de dicho precepto fue
más allá del sistema demarcado y definido de la suspensión o restricción a
las garantías individuales, invadiendo un terreno intocable por una disposición
de emergencia, como es el concerniente a la esfera competencial del
Poder Judicial Federal consagrada en los artículos 103, 104, 105, 106 y 107
de la Ley Fundamental. En otras palabras, como el artículo 18 de la Ley de
Prevenciones Generales no se contrajo a reglamentar, como los demás preceptos
de dicho ordenamiento, el régimen de suspensión de garantías individuales,
que constituye el antecedente necesario y el plano irrebasable de
toda ley de emergencia, según hemos afirmado, sino que inhibió de la facultad
jurisdiccional, en los casos a que el indicado precepto se refería, a
los Tribunales de la Federación para conocer el juicio de amparo, violando
los artículos 103 y 107 constitucionales, en realidad las disposiciones en él
contenidas no debieron reputarse de emergencia dentro del concepto respectivo
que hemos expuesto, habiendo carecido, por tanto, de validez normativa,
ya que no estaban ajustadas al objetivo consignado en el artículo 29 constitucional
y en la ley orgánica correspondiente (Ley de Prevenciones Generales).
Estimamos, en consecuencia, que el Ejecutivo Federal, al declarar
improcedente el juicio de amparo en los casos que se mencionaban en el
artículo 18 de la Ley de Prevenciones Generales, se excedió de las facultades
extraordinarias que conforme a los artículos 29 y 49 constitucionales se le
confirieron por el Congreso de la Unión, ya que legisló sobre un punto que
no puede involucrarse dentro de tales preceptos, como es el consistente en
alterar la órbita competencial de la Justicia de la Unión, al restringir a ésta

!
240 LAS GARANrlAS lNDMDUALES
I ... d
su función jurisdiccional ejercitada a través del conocimiento del JUICIO e
amparo. I
Considerando at -aludido articulo 18 de la Ley de Prevenciones Generales
como carente de validez normativa por el hecho de ostentarse como
inconstitucional, es evidente que los Jueces de Distrito y la Suprema Corte
conservaron la competencia que les otorga la Constitución para controlar
los actos de las autoridades facultadas legalmente para desempeñar una actividad
de emergencia y por virtud de los cuales hubiesen aplicado indebida
o inexactamente una disposición extraordinaria a un caso concreto com...
prendido dentro de la situación general y abstracta en ella prevista."
G. Otro de los aspectos inconstitucionales que presentaba el articulo
18 de la Ley de Prevenciones Generales se contiene en su segundo párrafo,
que decia:
"Cuando se hubiese admitido alguna demanda (de amparo) en que se
dé apariencia diversa al acto reclamado, deberá sobreseerse el juicio tan luego
como se tenga conocimiento, a virtud de informe de autoridad federal,
de que tal acto se encuentra fundado en la presente ley (la de Prevenciones
Generales). En tal caso, si se hubiese dictado auto de suspensión provisional
o definitiva, se revocará de plano y sin recurso alguno."
De acuerdo con la interpretación letrista que se solía sustentar respecto
de tal disposición, el juicio de amparo que se hubiese promovido contra un
acto al que el quejoso haya dado una apariencia distinta de "acto de emergencia",
debería sobreseerse tan pronto como se rindiese por autoridad federal
(no dice cuál, pero suponemos que es la responsable que haya sido
parte en dicho juicio) el informe respectivo, en el sentido de que tal acto
se encontraba fundado en la Ley de Prevenciones Generales. Según la letra
de este segundo párrafo del articulo 18, bastaba dicho informe para que se
sobreseyera el juicio de amparo promovido. Esta disposición nos parece
absurda por las siguientes consideraciones:
a) En primer lugar, tal prevención era inconstitucional, porque no implicaba
sino la consecuencia preceptiva de la norma contenida en el párrafo
primero del mencionado articulo 18, a la cual reputamos con todo fundamento
contraria a la Ley Suprema, por excederse, en cuanto a su alcance
regulador, del ámbito limitado que toda disposición de emergencia debe
tener de conformidad con el articulo 29 constitucional. En efecto, el primer
párrafo del precepto citado involucraba la declaración general y ca-
1C6 Creemos pertinente hacer la advertencia de que la consideración de invalidez normativa
del artículo 18 de la Ley de Prevenciones Generales, fundada en las razones expuestas
anteriormente, viene a aunarse a los argumentos que en ocasiones precedentes hemos esgrimido
para demostrar la procedencia del juicio de amparo en las diversas hip6tesis que
solían presentarse en la práctica con motivo de la actuación autoritaria de emergencia.

\
LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES 241
,. d \ . ed el Iuiclo d ti Id
tegorrca e que\era improc ente JUICIO e garan ras contra eyes e emergencia
o actos derivados de las mismas, sancionando la disposición contenida
en el segundo, la hipótesis en que se haya dado entrada a la demanda
de amparo correspondiente. Por tanto, al referirse el Presidente de la República
a dicha hipótesis, en lógica concordancia con la prohibición implicada
en el párrafo primero del articulo 18, decretó como sanción respectiva el
sobreseimiento del juicio de amparo ya iniciado. En conclusión, si este medio
de impuguación no era improcedente, según demostramos anteriormente,
la sanción de sobreseimiento establecida en el segundo párrafo del articulo
18 de la Ley de Prevenciones Generales citado era inoperante, participando
del vicio de inconstitucionalidad que afectaba a la disposición legal
de la cual era accesoria o consecuente.
b) En

242 LAS GARANTfAS/rNDIVJDUALES
autoridad responsable estimara de emergencia, no debían LbreseerlOS basándose
exclusivamente en e! informe en cuestión, sino continuar e! procedimiento
hasta pronunciar la sentencia pertinente, previo examen concienzudo
de las pruebas que las partes aportasen en la audiencia correspondiente.
e) Además, la disposición contenida en e! segundo párrafo de! mencionado
artículo 18 de la Ley de Prevenciones Generales era contraria a
la técnica jurídica de! juicio de amparo. En efecto, en el procedimiento
constitucional, la autoridad responsable no está investida con poderes de imperio;
sus decisiones o determinaciones no son actos autoritarios, esto es, coercitivos
y obligatorios; por el contrario, está colocada en la situación de parte o
sujeto procesal adverso al quejoso contra cuyos actos éste dirige la acción de
amparo. De la posición que ocupa la autoridad responsable en un juicio
de garantías se infiere que sus peticiones, sus instancias, no tienen fuerza obligatoria,
precisamente por e! hecho de no ser actos autoritarios; sólo cuando el
Juez de Distrito o la autoridad que conozca del juicio constitucional sancione
la actividad que la autoridad responsable despliegue dentro del procedimiento
respectivo, los actos de ésta se revisten de obligatoriedad.
De todo lo anterior resulta que, habiendo sido el informe a que aludía
el párrafo segundo del multicitado articulo 18 de la Ley de Prevenciones
Generales una instancia de la autoridad responsable,'" es decir, un acto no
autoritario sino proveniente de una de las partes en el procedimiento respectivo,
es evidente que el Juez de Distrito o el órgano judicial que conociese
del juicio de garantías correspondiente, no estaba obligado a proceder
conforme a los designios y consideraciones implicadas en el informe de
referencia sin analizar la legalidad y la pertinencia jurídica de éste.
Es más, las aseveraciones que formula la autoridad responsable en un
juicio de amparo no tienen el carácter de apodicticidad, esto es, no son incontrovertibles
o incontestables; implican simples asertos de una de las- partes
en un juicio; por ende, para que se decretara el sobreseimiento a que
aludía el multícítado párrafo del articulo 18 de la Ley de Prevenciones
Generales, era menester que el juez de Distrito, por sí mismo, y en la
oportunidad procesal debida, es decir, en la audiencia de pruebas y alegatos
respectiva, resolviese si había lugar o no a sentenciar en tal sentido, mediante
el examen de probanzas aportadas por todos los sujetos de la relación
jurídico-procesal.
161 Suponemos que la referencia vaga e imprecisa que hacía el citado párrafo al "informe
de autoridad federal", aludía al informe de la autoridad responsable en el juicio de
amparo que promovía el afectado por un acto al que éste "le haya dado un carácter distinto
de acto de emergencia", ya que en tales casos sería la autoridad federal la que lo
habría desempeñado, por haber sido legalmente competente para ello, atendiendo a que
las autoridades locales propiamente figuraban como auxiliares de aquélla en lo tocante
a la realización de la actividad extraordinaria.

\
LA SUSPENSION DE GARANTiAS INDIVIDUALES 243
\
VII. INCONSTlTUCIONALIDAD DEL DECRETO OONGRESIONAL DE CESACIÓN
. -
DEL ESTADO SUSPENSIVO DE GARANTiAS INDIVIDUALES FECHADO EL
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 1945
\
A. El destino de las leyes de emergencia
Un problema jurídico que afecta a todos los habitantes del país es el
que concierne a la cesaci6n de vigencia de las leyes de emergencia, el cual
plantea, entre otras, las siguientes cuestiones fundamentales: - ¿C6mo opera
dicha cesaci6n? ¿Las facultades estatales y autoritarias, los derechos y las
obligaciones de los gobernados y, en general, las situaciones creadas por los
ordenamientos extraordinarios dejaron de existir, de tener validez, por modo
automático una vez terminadas las hostilidades con el Japón, para que se
hubiera realizado ipso jure la restauraci6n del orden jurídico normal en
aquellos aspectos afectados por la legislaci6n de emergencia; o bien fue
posible que se adoptasen por el gobierno medidas transitorias que de manera
paulatina y gradual hubiesen encauzado la conversi6n del estado de
derecho anormal en el régimen constitucional y legal ordinario?
El articulo 2 del decreto de l' de junio de 1942, que instituyó el régimen
jurídico suspensivo de las garantías individuales y facult6 1egislativamente
al Presidente de la República para expedir todas aquellas leyes "indispensables
para la eficaz defensa del territorio nacional, de su soberanía y
dignidad, y para el mantenimiento de nuestras instituciones fundamentales",
es lo suficientemente explícito para elucidar tal problema, ya que establecía
que la suspensi6n de tales garantías frente al Estado y sus autoridades "duraría
todo el tiempo que México permaneciese en guerra con Alemania,
Italia y el Japón, o con cualquiera de estos paises", habiendo sido susceptible
de prorrogarse, a juicio de Ejecutivo, "hasta treinta días después de la
cesaci6n de las hostilidades". En consecuencia, por el solo hecho de haber
transcurrido dicho plazo, que se estableci6 en el artículo primero del Decreto
Presidencial de 14 de agosto de 1945 (mediante el cual el Presidente
de la República ejercitó la facultad que le fue concedida por el Congreso de
la Uni6n en los términos ya transcritos), toda la legislaci6n de emergencia,
esto es, todos los ordenamientos que en uso de facultades extraordinarias
expidió el Jefe del Ejecutivo Federal dejaron totalmente de estar vigentes,
lo que evidentemente import6 la subsistencia de las situaciones en ellos previstas
y, por ende, la eliminación de las atribuciones estatales l!-autoritarias
inherentes a éstas y de los derechos y obligaciones correlativas de los gobernados.
Estimamos, por consiguiente, que, dada la manera en que estaba
redactado el articulo 2 del Decreto de Suspensi6n de Garantías Individuales
de l' de junio de 1942, la cesación del régimen legal que instituy6 y
de la legislación de emergencia en general, oper6 ipso jure, una vez desaparecida
la causa que los dctermin6 o tan luego como transcurri6 el plazo

\
LA SUSPENSIÓN DE oARANTiAs INDIVIDUALES 245
i
\
Diario Oficial·el 13 de junio de 1942. Por otra parte, el Presidente de la
República expidió, "en uso de las facultades extraordinarias" que le fueron
conferidas por el Congreso de la Unión en el decreto de l' de junio del
propio año, otros conjuntos normativos que no estuvieron basados en el régimen
jurídico de la suspensión de garantías individuales y que en estricto
derecho no ostentaron el carácter de "leyes de emergencia" conforme al
artículo 3 de la Ley de Prevenciones Generales y a la opinión sustentada
al respecto por la Suprema Corte.
Por ende, atendiendo a esos dos grupos de leyes que el Jefe del Ejecutivo
Federal expidió durante el tiempo en que México se encontraba en estado
de guerra con los países del Eje, la incorporación de los ordenamientos llamados
de emergencia al sistema jurídico normal se debió llevar a cabo diversamente.
En efecto, como los ordenamientos anormales basados en el régimen
jurídico de suspensión de garantías individuales implicaron una alteración
al ámbito normativo de éstas, y en virtud de que, con motivo de la cesación
de hostilidades, el orden constitucional se restableció íntegramente por el
solo hecho de haber transcurrido el término a que aludía el artículo primero
del decreto presidencial de 14 de agosto de 1945, para incorporar aquéllos
al sistema jurídico ordinario debió haber sido absolutamente necesario e
ineludible que se hubiera procedido con antelación a reformar la Ley Fundamental
en los aspectos en que su obligatoriedad se suspendió, mediante
el procedimiento consagrado en el artículo 135 constitucional. De lo contrario,
es decir, sin modificar previamente los preceptos constitucionales
para acoplarlos al sentido del régimen jurídico de suspensión de las garantías
individuales, las leyes de emergencia que en éste se fundamentaron, una vez
controvertidas en ordenamientos legales normales, serían notoriamente inconstitucionales
por razones obvias.
Por otro lado, si dicha conversión se operó respecto de leyes extraordinarias
que no se fundamentaron en el expresado régimen, o sea, en normas
que hubieren entrañado una cesación parcial de la vigencia de la Constitución,
la incorporación a que nos referimos pudo haberse realizado válidamente
a través del proceso constitucional de elaboración legislativa, sin necesidad
de alterar previamente la Ley Fundamental.
Pues bien, mientras la incorporación a que aludimos no se hubo realizado
constitucionalmente, la legislación de emergencia en toda su integridad
dejó de estar vigente por el solo hecho del transcurso del plazo de treinta
días a que se contrae el artículo primero del decreto presidencial de 14 de
agosto de 1945, habiendo quedado totalmente insubsistentes las situaciones
consignadas en los ordenamientos extraordinarios y, por ende, sin ninguna
eficacia jur!.dica las facultades estatales y autoritarios- inherentes, así como
los derechos y obligaciones correlativas a los gobernados al haberse restablecido
incontinenti el orden de derecho normal en sus aspectos constitucional

24-6
, ¡
LAS GARANTlAS INDIVIDUALES
y legal. No debió ser un óbice para la producción automática de tares fenómenos
de derecho, la posible desorientación que pudo haber sobrevenido
con motivo de la cesación de vigencia de las leyes de emergencia en lo que
concierne a las situaciones jurídicas y fácticas que se crearon bajo su amparo,
ya que en un estado de derecho, como es e! nuestro, la observancia
de sus reglas y principios debe constituir e! imperativo más poderoso ante
e! cual deben ceder consideraciones de índole diversa.
B. El decreto de cesación del estado suspensivo de garantlas indioiduales
Pues bien, e! restablecimiento de todo el orden jurídico normal imperante
con anterioridad al estado bélico, se realizó e! día 15 de septiembre de
194-5, es decir, una vez transcurrido e! plazo de treinta días multicitado,
habiendo surtido sus efectos la restauración mencionada hasta e! 30 de dícho
mes, ya que a partir de! día 1 9 de octubre siguiente entró en vigor e!
decreto de! Congreso de la Unión fechado e! 28 de septiembre de! propio
año, que convirtió en leyes ordinarias díversos cuerpos legales de emergencia
que en su texto se mencionan.
Dicha conversión, tal como se operó en e! indícado decreto, ¿fue constitucional?
a) 1. Como hemos dícho, e! artículo 29 constitucional previene la causación
de dos fenómenos jurídícos importantes, como son: la suspensián de
garantlas indioiduales y e! otorgamiento de las autorizaciones que e! Congreso
de la Unión estime necesarias para que e! Ejecutivo Federal haga
frente a la situación de emergencia provocada por los acontecimientos a que
alude dícho precepto, dentro de los cuales se conceptúa el "estado de guerra".
Ahora bien, como se desprende del texto y espíritu mismos de! artículo
29 constitucional, las mencionadas autorizaciones deben ir precedidas de
la suspensión de garantías individuales en la generalidad de los casos, cuando
éstas impliquen un óbice a la adopción de las medidas extraordinarias de
emergencia basadas en las expresadas autorizaciones.
Como quiera que sea, debiendo tener o no como antecedente la suspensión
de garantías individuales, las autorizaciones a que se refiere e! artículo
29 constitucional en su última parte, previstas precisamente para afrontar
un estado anémolo proveniente de los hechos a que tal precepto se refiere,
necesariamente deben traducirse en la adopción de medidas temporalmente
idóneas, limitadas o transitorias, 0010 eficaces constitucionalmente durante
la época en que perduren las condiciones extraordinarias constitutivas de la
situación de emergencia.
Si se analiza el espíritu que animó al Constituyente de 1917 para insertar
en e! artículo 29 constitucional la posibilidad de concederse autorizaciones
al Ejecutivo Federal por el Congreso de la Unión para hacer frente
a una situación de emergencia, no se llega a una conclusión diferente de la
}
I

248 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
se encontraba con las naciones del Eje y de que transcurrió el plazo de treinta
días a que se refieren el Decreto Congresional de l' de junio de 1942 y el
presidencial de 14 de agosto de 1945.
Al consignar la ratificación de las leyes de emergencia a que alude el
decreto de fecha 28 de septiembre de 1945, el Congreso de la Unión declaró
subsistentes, en forma indefinida, unas medidas legislativas que, por provenir
de autorizaciones de validez y ejercitabilidad transitorias conforme al artículo
29 constitucional, debieron ser despojadas de su imperio normativo al desaparecer
el ámbito hacia el cual estaban destinadas a operar, como es el estado
de guerra. En consecuencia, por virtud de dicha ratificación, el Poder Legislativo
Federal violó las garantías de seguridad jurídica que otorga el expresado
artículo 29 constitucional, consistentes en que las medidas que se adopten por
el Presidente de la República en ejercicio de las facultades o autorizaciones
previstas en los artículos 29 y 49 de la Ley Suprema, deben ser válidas y eficaces
mientras subsista la situación de emergencia en la que deben operar.
b) Por otra parte, independientemente del anterior vicio de inconstitucionalidad
que afecta al Decreto de Cesación del estado suspensivo de garantías
individuales, el Congreso de la Unión, al ratificar las leyes de emergencia
que en dicho cuerpo normativo se expresan, infringió también la garantía de
competencia constitucional consagrada en la primera parte del artículo 16
de la Ley Fundamental.
En efecto, de acuerdo con dicha garantía individual, y conforme lo ha
establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte, la competencia constitucional
de una autoridad está integrada con todas aquellas facultades que la
Ley Fundamental le otorga. Ahora bien, el Poder Legislativo Federal no tiene
competencia constitucional para ratificar leyes u ordenamientos elaborados
por el Ejecutivo de la Unión, entendiéndose por ratificación, la corroboración
o confirmación de normas ya existentes.
Bien es cierto que el artículo 73 constitucional faculta al Congreso Federal
para expedir diversas leyes en las materias que el propio precepto menciona;
mas también es verdad que una cosa es la expedición de una ley y otra la
ratificación de la misma, ya que en el primer caso se crea, se da nacimiento,
se elabora un ordenamiento, a iniciativa de cualquiera de las autoridades o
funcionarios que cita el artículo 71 de nuestra Ley Suprema, mientras que
en el segundo se confirma, se convalida un ordenamiento que vive ya jurídicamente,
que ya está investido de validez y fuerza obligatoria.
Siendo la expedición y la ratificación de una ley dos actos jurídicos distintos
y diferentes, es evidente que el Congreso de la Unión carecia de facultades
para ratificar ordenamientos expedidos por el Ejecutivo de la Unión
en uso de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas durante la
situación de emergencia, por lo que, a través del decreto de 28 de septiembre
de 1945, el Poder Legislativo Federal contravino la garantía de competencia

LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES 249
constitucional consagrada en la primera parte del articulo 16 de la Ley
Fundamental.
e) No teniendo facultades para ratificar leyes de emergencia expedidas
por el Presidente de la República, el Congreso de la Unión, al expedir el
decreto de 28 de septiembre de 1945, no se fundamentó en ley alguna, por
lo que tal acto careció de causa legal, habiendo sido, por tanto, violatorio
de la garantla individual de legalidad consignada en el artículo 16 constitucional.
d) Por otra parte, dicho decreto y los ordenamientos por él ratificados
y convertidos, éstos, consiguientemente, en leyes ordinarias, tienen un notorio
vicio de retroactividad, que alteran fundamentalmente los derechos de los
afectados, por lo que implican una flagrarrte violación a la garantía correspondiente
consignada en el primer párrafo del articulo 14 constitucional, y
cuya demostración es fácil de establecerse.
e) Las anteriores consideraciones demuestran diversos aspectos inconstitucionales
del Decreto Congresional de 28 de septiembre de 1945, existiendo,
además, otras circunstancias que denotan tal vicio y que sería prolijo
mencionar, por lo cual nos abstendremos de aludir a ellas. En consecuencia,
contra de dicho ordenamiento y de las leyes de emergencia que éste convirtió
en cuerpos normativos ordinarios por virtud de la aludida ratificación, procedía
con evidencia el juicio de amparo, el cual pudo haberse intentado con
éxito contra tales conjuntos legales en su aspecto auto-aplicativo y aun promoverse
con análogo resultado en ocasión" a los actos concretos de aplicación
respectivos, en caso contrario.

CAPÍTULO CUARTO
GARANTíAS DE IGUALDAD
Sumario: l.-Idea jurídica de igualdad. H.-La igualdad como garantía
individual: A.-Concepto. B.-Antecedentes históricos. HI.-Garantías específicas
de igualdad: análisis de los artículos 1', 2', 4', 12 Y 13 constitucionales.
A.-Artículo primero. B.-Articulo segundo. C.-Artículo cuarto.
D.-Artículo 12. E.-Artículo 13.
l. IDEA JURÍDmA DE LA IGUALDAD
Jurídicamente la igualdad se traduce en CJ,ue varias personas, en número
indeterminado, que se encuentren en una determinada situaci6n, tengan la
posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos
y de contraer las mismas obligaciones que emanan de dicho estado.
En otras palabras, la igualdad, desde un punto de vista jurídico, se manifiesta
en la posibilidad y capacidad de que varias personas, numéricamente
indeterminadas, adquieran los derechos y contraigan las obligaciones derivados
de una cierta y determinada situación en que se encuentran.
La igualdad está, pues, demarcada por una situación determinada; por
ende, puede decirse que dicho fenómeno sólo tiene lugar cn relación y en
vista de un estado particular y definido. Para ilustrar nuestras anteriores
apreciaciones, recurramos a la ejemplificación. El arrendatario, el mutuario,
el comerciante, etc., tienen en términos abstractos una situación jurídica
determinada y específica establecida por el orden de derecho correspondiente.
Pues bien, un comerciante, un arrendatario, un mutuario, personalizados,
individualizados, gozan de los mismos derechos y responden de las
mismas obligaciones que todas aquellas personas que tienen su misma situaci6n
jurídica de comerciantes, arrendatarios o de mutuarios. Por ende, ésta
constituye el presupuesto, el campo de operación, del fenómeno de igualdad
jurídica, que se revela, repetimos, en la posibilidad y capacidad que tiene
una persona individualmente considerada de ser titular de derechos y contraer
obligaciones que corresponden a otros sujetos numéricamente indeterminados
que se encuentren en una misma situación jurídica. Por exclusión,
no puede entablarse una relación igualitaria entre la posición concreta que
guarde una persona colocada en una situación jurídica determinada, con la

252 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
que tiene un individuo perteneciente a otro estado de derecho particular
diferente. El criterio que sirve de base para constatar si existe o no igualdad
desde un punto de vista jurídico es, pues, la situación de derecho deterrninada
en que dos o más personas se hallen.
Ahora bien, el individuo, como persona jurídica, es susceptible de ser
estimado por el orden de derecho bajo diferentes aspectos. Estas distintas
maneras de estimación del sujeto por el Derecho se establecen por una multitud
de factores imputables a relaciones de diversa índole, Asi, una persona,
que entabla con otra una relación jurídica a virtud de la cual la energía
de esta última está bajo la dirección y dependencia de la primera a cambio
de una retribución determinada, será considerada como patrón en esta
situación especial. Por otra parte, esa misma persona, reputada como propietaria
o poseedora jurídica de determinados bienes inmuebles, es susceptible
de ser causante del impuesto predial respectivo que paga al Estado.
y así sucesivamente, toda persona, según la índole de las relaciones jurídicas
que haya entablado o con la que se hayan formado, goza de diferentes
situaciones de derecho determinadas (como patrón, trabajador, causante,
etc.). Podemos afirmar, en consecuencia, que la persona jurídica, en su
aspecto integrál y completo de derecho, es susceptible de colocarse en tantas
situaciones jurídicas determinadas como relaciones o actos pueda entablar
o realizar. En vista de esta multiplicidad de situaciones de derecho determinadas
que puede ocupar una persona, ésta puede ser objeto de una estimación
igualitaria también variada, formulada en atención a los demás
sujetos que estén colocados en un parecido estado.
La existencia de esas diferentes situaciones jurídicas determinadas en que
una persona puede hallarse, obedece a un slnfin de factores, elementos y
circunstancias (sociales, económicos, jurídicos, etc.), que el orden jurídico
estatal toma en cuenta para regular las diversas relaciones que de las primeras
se derivan, originándose en esta forma los distintos cuerpos legales,
cuyo contenido lo constituye precisamente esa regulación. Todo ordenamiento,
específicamente considerado, tiene como campo o ámbito de normación
un conjunto de relaciones entre dos o más personas numéricamente
indeterminadas que se encuentren en una determinada situación jurídica
o en dos estados de derechos correlativos (patrón-trabajador; donante-donatario;
arrendador-arrendatario, etc.). Pues bien, al imponer un ordenamiento
los mismos derechos y las mismas obligaciones a cualquier persona
colocada en una determinada situación juridica por él regulada, que los que
establece para otros sujetos que en ésta se hallen, surge el fenómeno de
igualdad legal. Ésta se traduce, por ende, en la imputación que la norma
de derecho hace a toda persona de los derechos y obligaciones que son
inherentes a una situación determinada en que ésta pueda encontrarse.
No hay que confundir la igualdad con la proporcionalidad, pues son dos
conceptos distintos. La primera se traduce, dijimos, en la posibilidad o ca-

GARANTÍAS DE IGUALDAD 253
pacidad que tiene una persona de adquirir los mismos derechos y las mismas
obligaciones de que es titular todo sujeto que se encuentre en una determinada
situaci6n abstracta legalmente establecida. Por consiguiente, la igualdad
se refiere a la calidad o naturaleza de los derechos y obligaciones propios
de un estado jurídico especifico. Por el contrario, la proporcionalidad,
que supone siempre la igualdad, implica la fijación de derechos y obligaciones
para una persona desde un punto de vista cuantitativo dentro de una
misma situaci6n jurídica. Verbigracia, todo propietario o poseedor juridico
de bienes inmuebles está colocado frente al Estado, desde el punto de vista
fiscal, en una determinada situaci6n jurídica, consistente en ser el causante
de un cierto impuesto que recibe el nombre de predial. Todo propietario
o poseedor jurídico, pues, está obligado, por el hecho de tener la condición
de tal, a pagar ese impuesto, el cual se establece. por la índole, cualidad o
naturaleza de su situaci6n determinada. Esta obligación, que se extiende
a todo poseedor jurídico o propietario de un bien inmueble, implica, pues,
igualdad por el hecho de referirse a todo sujeto que ostente la condici6n de
tal independientemente del monto o cuantía de sus posesiones o propiedades.
Ahora bien, como no todos los propietarios o poseedores de inmuebles
(igualdad) están colocados en una misma situación económica respecto a
la propiedad o posesi6n de éstos, los que tengan fincas o predios más extensos,
mejor situados o en mayor número, pagarán un impuesto más elevado
que los que estén en una posición contraria, circunstancia que no es otra
cosa que la proporcionalidad, la cual se establece atendiendo al quantum
de los objetos del impuesto que detente cada uno de los causantes.
La igualdad (o equidad) y la proporcionalidad de todo impuesto son
las caraeteristicas que a éste imprime la Ley Fundamental en el articulo
31, fracci6n IV, que dice: "Son obligaciones de los mexicanos: IV. Contribuir
para los gastos públicos, así de la Federaci6n como del Estado y
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa (igualitaria)
que dispongan las leyes." Según este precepto, un impuesto, para
que no sea inconstitucional, debe ser igual o equitativo, es decir, decretarse
para todo individuo que se encuentre en la situaci6n determinada que aquél
grava. Por ende, no seria equitativo un impuesto que debiese pagar una
persona que no se encuentre en la situaci6n especifica para la que fue creado.
(Por ejemplo, si se exigiere a un arrendatario el pago de contribuciones
prediales que se reclaman al propietario o poseedor originario.) Además
del requisito de igualdad que' debe tener todo impuesto, y, por consecuencia,
toda ley que lo cree, éste debe ser proporcional, o sea, establecido en atención
a la especial situaci6n económica gravable de cada causante, constituida
por sus ingreses, capital fijo, etc. Seria desproporcionado un impuesto
y, por ende, inconstitucional en el caso de que todos los causantes, independientemente
de su posici6n econ6mica gravable, estuviesen obligados a pagar
una misma suma por tal concepto.

254 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
En síntesis, la igualdad desde un punto de vista jurídico implica la posibilidad
o capacidad que tiene una persona de adquirir derechos o contraer
obligaciones, cualitativamente, propios de todos aquellos sujetos que se
encuentren en su misma situación jurídica determinada.
Por otra parte fácilmente se deduce de las ideas esbozadas, que el concepto
de igualdad jurídica que mediante ellas hemos expuesto. no corresponde
al concepto abstracto, deshumanizado e irreal que proclamó e! liberalindividualismo.
En la vida de ningún pueblo puede existir la igualdad
juridica absoluta entre sus variadísimos componentes, pues la ley jamás
debe prescindir de las diferentes situaciones generales determinadas que se
registran en la realidad social para normarlas diversamente, Este imperativo
fue soslayado por e! expresado régimen, ya que, adoptando una postura
francamente quimérica O utópica, consideró que todos los hombres debían
ser iguales ante la ley sin tomar en cuenta las posiciones desiguales en que
realmente están colocados. En suma, la igualdad juridica debe siempre
acatar e! principio aristotélico que enseña "tratar igualmente a los iguales y
desigualmente a los desiguales", e! cual, proyectado hacia la vida de las sociedades
humanas, genera la justicia social?" bis Es obvio que ese tratamiento debe
desembocar en la implantación juridica de garantias sociales en favor de los
grupos o clases económica y cu1turalmente desvalidos de! conglomerado
humano para asegurar la libertad de todos y cada uno de sus integrantes
en la compleja y variada vida social. De ahí que la igualdad jurídica, según
nuestra opinión, sea e! resultado de un proceso de igualaci6n socio-econámica
que debe suministrar e! contenido a la ley para que ésta se adecúe
a los diferentes sectores reales que deba regir.
lI. LA IGUALDAD COMO GARANTÍA INDIVIDUAL
A. Concepto. Hemos dicho que la igualdad sólo debe tener lugar,
como relación comparativa, entre dos o más sujetos pertenecientes a una
misma y determinada situación juridica, la cual se consigna por e! orden de
derecho mediante diversos cuerpos leg-ales, atendiendo a factores y circunstancias
de diferente índole: económicos, sociales, propiamente jurídicos, etc.
Ahora bien, ¿cómo se revela la igualdad a título de garantía individual?
Ésta, según aseveramos en un capítulo precedente, se traduce en una rela-
169 bl8 Al efecto, el ilustre Estagirita afinnaba: «La desigualdad entre iguales, )1 la
disparidad entre pares es contraria a la naturaleza: " ninguna cosa contraria a la naturaleza
es honestA,JI
Así, la igualdad parece y es justa; pero no entre todos, sino, más bien, entre iguales.
También parece justa la desigualdad, y en efecto, lo es, pero no entre todos, sino entf'e
desiguales. Quien suprime lo siguiente: "entre qué personas", juzga mal, también. Y eso
sucede porque juzgan en causa propia, y casi todos son malos jueces de las causas propias...
Efectivamente, algunos, sí son desiguales en algo (por ejemplo, en las riquezas) creen ser
desiguales en todo; otros si son iguales en algo (por ejemplo, en libertad), se creen iguales
en todo. Pero no dicen lo que es esencial.". (Política VII. 3, 1325 Y III, 5, 1280.)

GARANTÍAS DE IGUALDAD 255
ción jurídica que media entre el gobernado por una parte y el Estado y
sus autoridades por la otra, constituyendo el primordial contenido de los
derechos subjetivos públicos que de dicho vinculo se derivan, las prerrogativas
fundamentales del hombre, o sea, aquellos elementos indispensables
para el desenvolvimiento de su personalidad y el logro de su felicidad.
Una de las condiciones sine qua non para conseguir estos fines es la igualdad
jurídica. tomada ésta como conjunto dc posibilidades y capacidades
imputables al sujeto, en el sentido de que esté en aptitud de adquirir los
mismos derechos y contraer las mismas obligaciones, desde un punto de
vista cualüatioo, que corresponden a otras personas colocadas en idéntica
situación determinada. Pues bien, el criterio que sirve de base para definir
dicha situación, en que campea la igualdad jurídica como garantía individual,
está integrado por la propia personalidad humana en su aspecto uniuersal
abstracto, eliminando toda diferencia entre grupos humanos e individuos
desde el punto de vista de la raza, nacionalidad, religión, posición
económica, etc. El concepto jurídico de igualdad, como contenido de una
garantía individual, se traduce en un elemento eminentemente negativo:
la ausencia de distinciones y diferencias entre los hombres en cuanto tales,
provenientes de factor alguno. Consiguicntemente, la situación determinada
en que opera la igualdad, como substratum. de un derecho subjetivo público
emanado de una garantia individual, es muy amplia, pues no se establece
ni se demarca por un cierto factor contingente o accesorio, sino que se
forma por un fenómeno negativo inherente a la naturaleza del hombre en
si mismo considerado, en cuanto tal: ausencia de diferencias en las posibilidades
y capacidades jurídicas generales, debidas aquéllas a particularidades
étnicas, religiosas, biológicas, etc., que puedan ostentar varios individuos o
grupos humanos. La igualdad como garantia individual es, por ende, un
elemento consubstancial al sujeto en su situaci6n de persona humana frente
a sus semejantes todos, iodependientemente de las condiciones jurídicas parciales
y particulares que aquél pudiese reunir. En conclusión, podemos decir
que la igualdad como garantia iodividual, traducida en esa situación
negativa de toda diferencia entre los hombres, proveniente de circunstancias
y atributos originarios emanados de la propia personalidad humana particular
(raza, religión, nacionalidad, etc.}, es el fundamento de la igualdad
jurídica que opera en cada una de las posiciones determinadas v correlativas
derivadas de los distintos ordenamientos legales.
La situación en que existe la igualdad como garantía individual no se
forma para el sujeto a virtud de la celebración de un acto jurídico previo
y necesario (contrato, verbigraeia), ni como resultado de una cierta posieión
económica o jurídica (propiedad, posesión, etc.), sioo surge concomitantemente
con la persona humana. Por tal motivo, la igualdad, como contenido
de la garantía individual, es una situación en que está colocado todo
hombre desde que nace.

256 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
Hemos afirmado que toda garantía individual, como relación jurídica
que es, crea para los sujetos de ésta sendos derechos y obligaciones, es decir,
para el gobernado y para el Estado y sus autoridades. ¿Cuáles son esos de.
rechos y obligaciones en la garan/la individual de igualdad? Desde luego, el
gobernado tiene el derecho o potestad juridica de exigir al Estado y a sus
autoridades el respeto de esa situación negativa en que se traduce la igualdad
como garantía individual, consistente en la ausencia de diferencias )'
distinciones frente a los demás sujetos desde un punto de vista estrictamente
humano. En otras palabras, atendiendo a ese derecho público subjetivo, las
autoridades del Estado, y este mismo, tienen la obligación de considerar a
todos los gobernados, baJO et aspecto de ta personauaaa humana y psrunca
pura, situados en un mismo plano, sin atribuir distinciones y diferencias
por concepto de raza, religión, nacionalidad, etc. Claro que esta estimación
o concepción igualitaria de todos los gobernados por parte de las autoridades
estatales, no excluye la posibilidad de que, bajo un criterio ya no puramente
humano, sino de otra índole especial (político, económico, social,
etc. ), se repute a una cierta categoría de gobernados colocados en situaciones
juridicas determinadas diferentes respecto de otra clase de individuos,
pero siempre. conservando la igualdad de derechos dentro de ese estado
determinado, la cual debe estar imbíbita en todo ordenamiento legal que
lo instituya y regule.
En resumen, la igualdad como garantía individual tiene camo centro de
imputación al ser humano en cuanto tal, es decir, en su implicación de persona,
prescindiendo de la diferente condición social. económica o cultural
en que se encuentre o pueda encontrarse dentro de la vida comunitaria.
Puede afirmarse que esa igualdad se establece conforme a la situación más
dilatada en que se halla el gobernado, o sea, en su carácter de hombre, y
sin perjuicio de que simultáneamente esté colocado en situaciones específicas
o de menor extensión y en las cuales la igualdad juridica se traduce en el
mismo tratamiento normativo para todos los sujetos que dentro de cada
una de ellas se encuentren.
B. Antecedentes históricos de la igualdad como situación del individuo.
La igualdad no siempre ha existido en el decurso de la evolución
de la humanidad, no ya digamos como derecho subjetivo público o como
garantía individual, esto es, consagrada jurídicamente desde un punto de
vista positivo, sino como fenómeno social o real. Eh efecto, desde los tiempos
más remotos de la Historia se palpan las profundas diferencias, con
variadas manifestaciones, que mediaban entre los diversos grupos humanos
pertenecientes a sociedades determinadas, habiéndose sancionado por la costumbre
jurídica. Entre los pueblos de la antigüedad resalta la institución
de la esclavitud como índice negativo de la igualdad humana. La condición
del esclavo era, principalmente en Roma, no un estado personal, o sea,
imputable a una persona, sino un estado real, esto es, referible a una cosa.

GARANTÍAS DE IGUALDAD 257
En efecto, el esclavo -servus- era conceptuado como un bien susceptible
de constituir el objeto material de la contratación jurídica. Y aun independientemente
de la esclavitud, la sociedad romana presentaba una profunda
desigualdad por lo que respecta a las dos clases que la componian:
los patricios y los plebeyos. Efectivamente, existían múltiples prohibiciones
jurídicas para los segundos, quienes, por ejemplo, no podían contraer matrimonio
con los primeros. Fue hasta la expedición de la Lex Canuleia
cuando se permitieron las nupcias entre individuos pertenecientes a dichas
dos clases sociales. El gobierno del Estado romano, por otra parte, era desempeñado
únicamente por los patricios. Entre e! romano y e! extranjero
existían también grandes desigualdades. Éste no tenía ningún derecho dentro
del Estado romano; estaba colocado en una situación de tacto sin protección
jurídica. No fue sino hasta e! surgimiento del jus gentium cuando
al extranjero se le reconocieron determinados derechos, suavizándose de esta
manera las asperezas de la desigualdad en que otrora estaba colocado, o
sea, fuera de la órbita hermética de! estricto y formalista jus civile.
En la Edad Media, y no obstante la propagación dc los postulados cristianos,
la desigualdad era ostensible entre la sociedad humana, principalmente
por lo que toca a la institución de la servidumbre, en la que los
siervos estaban supeditados a la voluntad del señol feudal y a la nobleza.
La desigualdad fáctica que prevalecia hasta antes de la Revolución francesa,
se traducia en la consiguiente desigualdad jurídica, que no era sino
e! reconocimiento que hacia e! Derecho Positivo respecto de los privilegios,
potestades y prerrogativas de una clase social y económica sobre otra. Hasta
la administración de justicia, cuyo recto y debido dcsempeño debe tener
como supuesto fundamento la igualdad, se desarrollaba en planos de marcado
sectarismo, revelado en la existencia de los diferentes "fueros".
La Revolución francesa, inspirada en su contenido fílosófico-juridico
por las doctrinas politicas de Rousseau y del jus-naturalismo, principalmente,
constituyó e! origen de la consagración jurídica de la igualdad humana
como garantía individual o prerrogativa del hombre oponible a las autoridades
estatales. Ante la ley y para el Estado desaparecieron todos aquellos
factores que integraban la desigualdad entre los diversos gobernados. Sin
embargo, como ya advertimos en un capitulo precedente, la igualdad legal
abstracta se tradujo en la realidad económica, primordialmente entre el
capital y e! trabajo, en una profunda desigualdad. Ésta, no obstante, no se
manifestó como una negativa de la garantía individual de igualdad, sino
como un estado existente entre dos clases sociales y económicas determinadas,
o sea, entre dos sujetos sociales colocados en la misma situación de
gobernados, estado que se remedió mediante la consagración de las garantias
sociales, según aseveramos en otra oportunidad.
En conclusión, la Revolución francesa trajo consigo la consagración jurídica
definitiva de la igualdad humana como ¡;rarantía individual, subsis-

256 LAS GARANTÍAS INDlVmUALES
tiendo actualmente como tal en la mayoría de los ordenamientos constitucionales
de los paises civilizados contemporáneos.
En México, durante el régimen azteca y, en general, precortesiano, la
desigualdad del hombre, en cuanto a persona, era el estado natural dentro
de la sociedad. Ésta, en efecto, estaba dividida en varias clases con distinta
posición jurídica, económica y política cada una de ellas: la nobleza, el
sacerdocio y el pueblo propiamente dicho. Entre estas diversas capas seciales
mediaban grandes y notables diferencias de variado orden, principalmente
en el aspecto político y económico. Políticamente, los nobles y
sacerdotes tenían la facultad de nombrar al rey, acto en el cual no tenían
injerencia los individuos integrantes de la clase popular. Por tal motivo, el
régimen gubernamental azteca era eminentemente aristocrático y sacerdotal
en cuanto a la designación de su jefe. Además de la población libre propiamente
dicha, que estaba dividida en las mencionadas clases sociales,
entre los aztecas existía, corno en casi todos los pueblos de la antigüedad, la
esclavitud, la que, sin embargo, no presentaba los caracteres tan degradantes
y oprobiosos que entre los romanos. Las causas de la incidencia en la
esclavitud eran de tres órdenes: derivadas de la guerra, de la costumbre y
de la voluntad humana. En el primer caso, los esclavos procedentes del
cautiverio por motivos bélicos eran relativamente escasos, puesto que a los
prisioneros generalmente se los destinaba a los sacrificios, para lo cual no
sólo no se les vejaba o ultrajaba, sino que se les erigía en objeto de agasajos.
La costumbre jurídica entre los aztecas determinaba, por otra parte, cuáles
eran los delitos cuya sanción consistía en la pérdida de la libertad. Por último,
un deudor, por voluntad propia y para pagar el adeudo a su acreedor,
podía venderse a éste a título de esclavo, permaneciendo en esta situación
en tanto no solventaba su deuda. Para salir del estado de esclavitud, la
costumbre jurídica azteca era mucho más liberal que el Derecho Romano
en este aspecto; por otra parte, el esclavo no era considerado como una
mera cosa -res-, tal como sucedía entre los romanos, sino como depositario
de cierta voluntad propia, de tal manera que para su venta se requería
su consentimiento.
En la época colonial la desigualdad del individuo corno persona humana,
era el estado normal del sujeto. No todos los hombres, conceptuados
como tales, tenían los mismos derechos o potestades jurídicas. Así, desde
el punto de vista político, los españoles propiamente dichos o peninsulares
eran los únicos capacitados para desempeñar los altos puestos gubernativos,
capacidad que se fue haciendo extensiva a los criollos después del derrocamiento
de la casa de Austria. Sin embargo, en términos generales, tanto el
criollo corno el mestizo estaban impedidos para ocupar cargos de gobierno
en la Nueva España. El indio, no obstante las múltiples medidas de protección
dictadas en su favor por el gobierno de la metrópoli, inspiradas en
un auténtico y genuino espíritu cristiano, estaba colocado en una verdadera

GARANTÍ'\S DE IGUALDAD 259
situaci6n de desigualdad rayana en esclavitud, principalmente debido a la
famosa institución de la encomienda, cuya existencia y funcionamiento reales
se apartaban completamente de los designios que la crearon. Lejos de
mejorar su condición social y cultural, que era lo que constituia el meollo
de las causas inspiradoras de la formaci6n de las encomiendas como instituci6n
accesoria a las mercedes reales en favor de los señores españoles. los
indios, por lo común, eran vilmente explotados por los encomenderos, a
pesar de las reiteradas instancias que, para poner coto a este mal, realizaron
insignes Y. piadosos frailes ante la corona de España. Por otra parte, si
bien los esclavos eran poco numerosos en la Colonia en comparaci6n con los
que había a la saz6n en otros lugares (en Estados Unidos, verbigracia), no por
ello la esclavitud estaba proscrita en nuestro país durante la época de la
dominaci6n hispana, aunque se haya contraído generalmente a los negros,
traídos ex profeso para desempeñar labores arduas para las que el indio
no estaba acostumbrado. Además, como negaci6n del principio universal
de que la administraci6n de justicia debe ser igual para todos en cuanto
a personas e impartida por los mismos jueces sin limitaciones competenciales
por raz6n de la Indole especial del individuo, en la Nueva España, como reflejo
del estado de cosas que privaba en la metr6poli, existían múltiples
fueros personales, en virtud de los cuales un sujeto de cierta categoria profesional
s610 podía ser juzgado por un tribunal integrado por sus iguales,
como acontecía COn los eclesiásticos y militares. La existencia de los indicados
fueros en materia jurisdiccional significa la desigualdad evidente
en la administraci6n de justicia, originando, por ende, toda especie de iniquidades,
ya que las penas y sanciones que debían corresponder a un mismo
hecho delictuoso, verbigracia, variaban en cada individuo que lo realizaba,
no por gravedad del mismo, como debiera ser, sino por razón de la condici6n
particular del delincuente. Esta situación traía como consecuencia, por
ejemplo, que si un civil cometía un determinado delito, la pena era mayor
que la que se imponía a un eclesiástico por haber ejecutado el mismo acto
delictivo, o viceversa. No hay que confundir los fueros personales Con los
reales o materiales, que constituyen un criterio o pauta para determinar la
competencia autoritaria. En los primeros, como ya dijimos, es la categoría
especial de la persona, del sujeto, lo que fija la competencia de una autoridad
judicial para juzgarlo o para enjuiciarlo, independientemente de la
índole intrínseca del acto delictivo que ejecute o de la relación jurídica en
que se encuentra respecto a su demandante. En los fueros reales o materiales,
para la determinaci6n de la competencia autoritaria, se toman en consideraci6n
diversos factores extrapersonales, tales como la naturaleza del
acto o hecho causante del proceso, el territorio, el grado, principios constitucionales
y legales, etc. De acuerdo con este conjunto de factores, una
persona es sometida a la jurisdicci6n de un tribunal determinado, no ya
por razón de su investidura o categoría especial (fuero personal), sino en

GARANTÍAS DE IGUALDAD 261
II!. GARANTiAs ESPECiFICAS DE IGUALDAD: ANÁLISIS DE LOS ARTICULOS 1, 2,
4, 12' y 13 CONSTIT1JCIONALES
A. Artículo primero constitucional
a) Pérrafo I"
Este precepto dice: "En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo
gozará de las garantias que otorga esta Constitución, las cuales no podrán
restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella
misma establece." Consagra una garantía individual específica de igualdad,
puesto que considera posibilitados y capaces a todos los hombres, sin excepción,
de ser titulares de los derechos subjetivos públicos instituidos por la
propia Ley Fundamental.
El alcance personal o subjetivo de esta garantía especifica de igualdad
se extiende, como dice el artículo I Q constitucional, a todo individuo; es
decir, a todo ser humano independientemente de su condición particular
congénita (raza, sexo, etc.), o adquirida (estado jurídico o fáctico, proveniente
de la realización de un hecho o acto previo: estado de arrendatario,
casado, propietario, etc.). Así, pues, de acuerdo con nuestra Ley
Fundamental, toda persona tiene capacidad de goce y ejercicio (para emplear
el lenguaje del Derecho Civil) de las diversas garantías individuales
específicas que consagra la Constitución en sus respectivos artículos. Esta
particularidad que presenta nuestro sistema constitucional en relación con
la titularidad o extensión subjetiva de las garantías individuales, revela evidentemente
una superioridad respecto dc aquellos ordenamientos fundamentales
que contraen el goce y ejercicio dc las mismas a los nacionales
(v. gr., la Constitución española republicana de 1931). Por otra parte, la
titularidad de las, garantías individuales se entiende extensiva jurídica, legal
y jurisprudencialmente, a las personas morales de orden privado, y, cn casos
determinados a las oficiales -artículo 9 de la Ley de Amparo--, a través
de la procedencia del juicio constitucional a su favor,'" aSÍ Como a las personas
morales de derecho social y a los organismos descentralizados, según
afirmamos en el capítulo segundo de esta obra.
Por lo que concierne a la extensi6n espacial de vigencia o imperio de
las garantías individuales, el artículo 1Q constitucional establece que su goce
y ejercicio prevalecerán para todo individuo en los Estados Unidos Mexicanos,
esto es, en todo el territorio de la República (territorio continental,
insular, mar territorial, etc.).
Ahora bien, el propio artículo l' de la Constitución declara que las garantías
individuales 8610 pueden restringirse o suspenderse en los casos y
bajo las condiciones que dicho ordenamiento supremo establece. ¿Cuáles
183 Esta cuesti6n la tratamos con la debida amplitud en El Juicio de Amparo, capítulo
VIII.

262 LAS GARANTiAS INDIVIDUALES
son los casos de restricción de garantías individuales? En el capítulo segundo
de este trabajo dijimos que las limitaciones o restricciones a las garantías
individuales sólo pueden establecerse por la misma Ley Fundamental y reglamentarse
por ordenamientos secundarios, o sea, por la legislación ordinaria
pe?' se. En este último caso aseveramos que la reglamentación de una
garantía individual será 'inconstitucional y, por tanto, carente de validez
jurídica, cuando la altere sustancialmente o la haga nugatoria, Por lo que
toca a los casos de suspensión de garantías individuales, ésta sólo puede
llevarse a cabo en los términos de! artículo 29 constitucional, que ya estudiamos
en e! capítulo tercero, remitiéndonos a las consideraciones que en
esa ocasión expusimos.
Se presenta e! problema de si las garantías individuales se pueden despojar
de su vigencia definitivamente, esto es, si es posible jurídicamente
hablando, derogar o abrogar los preceptos constitucionales que las contienen.
Interpretando literal y gramaticalmente el artículo 1Q constitucional, llegaremos
a la conclusión de que este precepto de la Ley Fundamental únicamente
autoriza la restricción y la suspensión de las garantías individuales,
mas no su derogación o abrogación. Por ende, de conformidad con dicha
interpretación, este acto no está permitido por la' Constitución a ninguna
autoridad estatal.
Sin embargo, se presenta una objeción a la anterior conclusión: la derogación
o la abrogación de una garantía individual presupone necesariamente
una reforma al precepto constitucional respectivo que la consigna.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 135 constitucional, el Congreso
de la Unión y las legislaturas de los Estados, están capacitados para adicionar
o reformar la Constitución. ¿Pueden dichas autoridades legislativas
suprimir una garantía individual en ejercicio de la facultad reformativa de
la Ley Fundamental con que ésta las inviste? En otras palabras, ¿los mencionados
órganos legislatívos federales o locales -a los cuales suele denominarse,
de acuerdo con algunos tratadistas, "Poder Constituyente Permanente"
sólo para el efecto de distinguirlos de! Poder Legislativo Ordinario
en sus respectivas funciones-- pueden ad libitum, sin ninguna restricción,
alterar totalmente la Constitución, cambiando los principios jurídicos Y sociales
que la inspiraron y que la informan, sustituyendo, verbigracia, un
régimen federativo por un centralista o uno republicano por un monárquico
o eliminando el sistema de garantías individuales?
De acuerdo con la interpretación gramatical que suele sustentarse respecto
del artículo 135 constitucional (127 de la Constitución de 57), se
desprende que, teniendo e! Congreso de la Unión y las legislaturas de los
Estados la facultad de "reformar" la Constitución sin restricción o salvedad
alguna, es lógico que pueden modificarla totalmente, desde el momento en
que una reforma, en el sentido amplio de la palabra, implica toda alteración.

GARANTÍAS DE IGUALDAD 263
Sin embargo, nosotros no estamos

264 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
Doctrinalmente, casi todos los autores están contestes en la idea de que las
atribuciones que la Ley Fundamental imputa a los poderes legislativos federal
y locales, en el sentido de llevar a cabo reformas y adiciones a la Constitución,
de ninguna manera equivalen a la posibilidad jurídica de alterar a ésta sustancialmente
en sus principios esenciales y caracterlsticos, y menos aún abrogarla,
pues siendo aquéllos entidades autoritarias engendradas por ella, es
ilógico y absurdo que la destruyan sin destruirse ellos mismos.
Asi, Recaséns Siches,"" refiriéndose a la cuestión que ocupa nuestra atención,
sostiene que "el caso de reforma constitucional está limitado por barreras
infranqueables. La reforma, para que merezca la calificación de tal y no
caiga bajo el concepto de otra alteración totalmente distinta, no puede llegar
a cambiar la esencia de la Constituci6n, no puede comprender la modificación
del supremo poder del Estado; esto es, por ejemplo, no puede transformar
un régimen democrático en un régimen autocrático, ni viceversa; tal
alteración no puede ser contenido de una reforma, sino que requiere un acto
primario del Poder Constituyente, uno, indiviso e ilimitado. Esto es, así, sencillamente
por la siguiente consideración, harto clara y fundamental. El órgano
o poder autorizado para reformar la Constitución, es tal, porque recibe su
competencia de la Constitución: de ella, por consiguiente, podrá modificar
todo aquello que no se refiere esencialmente a la titularidad del supremo poder
(que es la soberanía, agregamos nosotros), pero de ninguna manera este
punto, pues en el momento en que tal hiciese, negaria la fuente de su propia
existencia y competencia, y lo que resultase representarla la fundación originaria
de un nuevo sistema jurídico, sin conexión ni apoyo en el anterior, aunque
se produjese pacífica e incruentamente".
Por su parte, Le6n Duguit UG afirma que sobre la potestad reformadora
y legislativa de los poderes públicos, existen ciertas ideas, principios y tradi-
partes de sus miembros presentes acuerde qué artículos deben reformarse; que este acuerdo
se publique en los peri6dicos de toda la República tres meses antes de la elección del con­
'greso inmediato j que los electores al verificarla, manifiesten si están conformes en que se
haga la reforma, en cuyo caso lo harán constar en los respectivos poderes de los diputados;
que el nuevo congreso formule las reformas, y éstas se someterán al voto del pueblo en la
elección inmediata. Si la mayoría absoluta de los electores votare en favor de las reformas,
el Ejecutivo las sancionará como parte de la Constitución." Este precepto fue acaloradamente
discutido en el seno del Constituyente de 1856-57. Sus principales impugnadores,
Zarco, Moreno y Prieto, sostuvieron que la apelación al pueblo para que aprobase o des-aprobase
las reformas o adiciones a la Constitución, desnaturalizaba el sistema representativo
ya adoptado. "Dar al cuerpo electoral funciones legislativas, decía Zarco, es nulificar
al Congreso y llevar a la agitación y la discordia a todo el país", afirmando, por su parte,
don Guillermo Prieto, que "Consultar el voto de los electores ofrece gravísimos Inconvenientes".
Fue el famoso "Fidel quien sugirió que en el proceso de reformas y adiciones
constitucionales tuviesen intervención las legislaturas de los Estados, idea que fue acogida
por la Comisión, la que present6 un nuevo proyecto concebido en los mismos términos que
el artículo definitivo de la Constitución de 57, precepto que fue aprobado por 67 votos
contra 14-." (Sobre la problemática que plantean las anteriores cuestiones, consúltese nuestra
obra Der-echo Ilonstitucional Mexicano, capitulo cuarto.)
185 Filosoffa det Derecho, pág. 159.
l.86 Manuel de Droit Constitutionnel, pág. 282.

CARANTfAS DE IGUALDAD 265
ciones jurídicas y sociales que no pueden ser vulneradas por las autoridades.
Se expresa así dicho autor: "Dondequiera que haya un legislador, incluso
en los países que no practican el sistema de constituciones rígidas, estará
siempre limitado por un poder supremo al suyo. En la propia Inglaterra,
donde la omnipotencia del Parlamento está considerada como un principio
esencial, hay ciertas reglas superiores que la conciencia misma del pueblo
inglés se resiste a dejar violar por el Parlamento."
Más claramente resuelve el problema que nos hemos planteado, el tratadista
alemán Carl Schmitt 187 aseverando: "que la Constituci6n puede ser
transformada, no quiere decir que las decisiones políticas fundamentales que
integran la sustancia misma de la Constituci6n puedan ser suprimidas y sustituidas
por otras cualesquiera mediante el Parlamento (en nuestro Derecho
por el Congreso de la Uni6n y las legislaturas de los Estados). Los límites
de la facultad de reformar la Constituci6n resultan del bien entendido concepto
de reforma constitucional. Una facultad de "reformar la Constituci6n",
atribuida por una norma legal-constitucional, significa que una o varias regulaciones
legal-constitucionales pueden ser sustituidas por otras regulaciones
legal-constitucionales; pero sólo bajo el supuesto de que queden garantizadas
la identidad y la continuidad de la Constituci6n, considerada como un todo.
La facultad de reformar la Constituci6n contiene, pues, tan sólo la facultad
de practicar, en las prescripciones legal-constitucionales, reformas, adiciones,
refundiciones, supresiones, etc.; pero manteniendo la Constituci6n, no la facultad
de dar una nueva Constituci6n, ni tampoco la de reformar, ensanchar
o sustituir por otro el fundamento propio de esta competencia de revisi6n
constitucional".
En síntesis, implicando la abolición de las garantlas individuales una trans­
[ormacián radical del sistema jurldico estatal, puesto que se erigirla el Estado
en totalitario en el sentido actual del vocablo, el Congreso de la Uni6n y las
legislaturas de los Estados no tienen facultad para suprimirlas; pueden, sí,
modificarlas o restringirlas pero siempre conservando su finalidad tutelar
esencial.
Se presenta el problema de si los gobernados, sujetos activos de las garantías
individuales, pueden renunciar en su propio y exclusivo perjuicio los
derechos públicos subjetivos que aquéllas les confieren. Ahora bien, siendo
la Constitución el ordenamiento supremo de eminente Derecho Público y
estando las garantías individuales que contiene en una situaci6n de orden
público, esto es, con prevalencia inviolable, la voluntad de los particulares,
por un lado, y la del Estado como sujeto de Derecho Internacional PÚblico,
por otro, deben acatar sus imperativos. De esta guisa, ni los particulares
entre sí, bajo la sanción de nulidad absoluta, pueden concertar pactos en que
renuncien en su exclusivo perjuicio a los derechos subjetivos públicos que erna-
1Jl1 'feorla de la Constituci6n, págs. 30 y 120.

266 lAS cARANT1As INDIVIDUALES
nan de las garantías individuales, ni el Estado mexicano está capacitado para
celebrar tratados ni convenios internacionales en los que se alteren dichas garantías.
Así, la segunda parte del artículo 15 constitucional establece que "no
se autoriza la celebración de convenios o de tratados en virtud de los que se
alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el
hombre y el ciudadano", disposición que viene a ser el complemento de la
contenida en el artículo 10 de la Ley Fundamental.re'
El artículo primero de la Constitución vigente y el correlativo de la Constitución
de 57 varían sustancialmente, no s610 en cuanto a su redacción, sino
también por lo que toca a su sentido mismo. Al tratar la cuestión relativa al
origen formal de las garantías individuales, por lo que toca a su consagración
por el orden constitucional, estudiamos la diferente posición que adopta
el Estado en relación con ellas; por tanto, en obvio de repeticiones, reiteramos
las consideraciones que al respecto formulamos en aquella oportunidad
en el capítulo segundo de este trabajo.
b) Párrafo 2'
Por otra parte, mediante adición publicada el 14 de agosto de 2001 se
agregó al artículo 10 constitucional un segundo párrafo con el texto del artículo
2 de la Ley Fundamental que establece:
"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos
del extranjero que entren al territorio nacional, alcanzarán, por este
solo hecho, su libertad y la protección de las leyes." La esclavitud es, en términos
generales, una situación en la que un individuo ejerce sobre otro un
poder de hecho ilimitado, en virtud del cual este último se supedita incondicionalmente
al primero. El esclavo, de esta guisa, no tiene ningún derecho
frente al amo; éste tiene sobre él una potestad omnímoda, cuyo ejercicio está
exento de condiciones, a tal grado que, como sucedía en el régimen romano,
el servus era conceptuado como una cosa u objeto del derecho y no como
una persona o sujeto del mismo.
¿Cuál es el derecho subjetivo público que se deriva de esta garantía
específica de igualdad y, por correlación, cuál es la obligación estatal y autoritaria
respectiva? Tal derecho estriba en exigir del Estado y de sus autoridades
una estimación, un trato parejo para todos los hombres como tales; para
el individuo singular consistirá, por ende, en reclamar tal exigencia del Estado
y de sus autoridades, en una situación equivalente a la que guardan sus
semejantes, independientemente de cualquier género de condición accidental.
188 La prohibición constitucional a la que aludimos fue propuesta como adición al proyecto
del artículo 15 de la Constitución de 57 (igual al de nuestra Ley Suprema vigente), por don
Francisco Zarco, arguyendo que "tratados que se celebran con precipitación, y se discuten de la
misma suerte, suelen producir graves alteraciones en los derechos civiles y políticos de los ciudadanos
de un país; por eso eminentes autores de derecho internacional recomiendan a los negociadores,
que se abstengan de aceptar estipulaciones que modifiquen las leyes de la nación que
representan. Las grandes potencias tienden generalmente a influir en los negocios de los paises
débiles; las alianzas. los protectorados y las intervenciones, producen estos resultados. En virtud
de un tratado pueden. pues. perderse ciertos derechos políticos, o perderse otras libertades.
como la de comercio, la de tránsito. etc.''.

GARANTfAS DE IGUALDAD 267
Esta garantía específica de igualdad, que impone al Estado y a sus autoridades
la obligación negativa de no reputar a nadie como esclavo, sino
como persona jurídica, o sea, como sujeto capaz y susceptible de adquirir derechos
y contraer obligaciones, se extiende a todo hombre que habita el territorio
nacional, abstracción hecha de su estado jurídico o fáctico particular.
Congruente con esta prescripción, el propio artículo 2 constitucional dispone
que todo hombre que haya sido esclavo en el extranjero, por el mero hecho
de entrar al territorio nacional, alcanza su libertad y la protección de las leyes.
Sobre este particular, se presenta una cuestión que no deja de tener importancia:
¿Para la adquisición de la libertad y protección legal, el sujeto que
haya sido esclavo en el extranjero debe entrar legalmente al país, de conformidad
con la legislación migratoria y con la autorización de las autoridades
de la Secretaría de Gobernación, o bien, es suficiente que penetre al territorio
nacional sin reunir tales requisitos? Estimamos que el término "entre"
empleado en el artículo.2 constitucional está utilizado en un sentido real.
Por ende, no hay necesidad de que el extranjero regularice su estancia en el
país, de acuerdo con la Ley General de Población, para que sea titular de la
garantía individual que consagra el mencionado precepto constitucional,
toda vez que esta última hipótesis se refiere más bien a la residencia o estancia
dentro de nuestro suelo y no al hecho de entrar o penetrar en él, que es la
condición que establece la Constitución para que un extranjero adquiera su
libertad y goce de la protección de las leyes de México.
Antecedentes hist6ricos de la esclaoitud. En los pueblos primitivos la esclavitud
era un fenómeno normal en su vida social y generalmente obedecía a motivos
de carácter bélico por virtud de los cuales los vencedores sometían a los
vencidos a su poder omnímodo, empleándolos en su servicio personal. Sin
embargo, no falta quien afirme, como Spencer, que la esclavitud era rara en
los pueblos cazadores, es decir, en los que se procuraban el sustento mediante
la caza, pues habiendo sido dichos pueblos generalmente nómadas, su actividad
principal se desarrollaba indistintamente en diversos sitios o parajes
en los que, merced a una labor estrictamente personal, obtenían los elementos
indispensables para la satisfacción de sus necesidades primarias, habiendo
sido inútiles los esclavos, máxime si se consideraba la facilidad de su
evasión por el recorrido constante que se tenía que realizar a través de grandes
extensiones territoriales. No sucedía lo mismo con los pueblos sedentarios
que, por lo común, ya se dedicaban a la agricultura y a industrias
incipientes, y en los que, atendiendo a la permanencia en determinados lugares,
se facilitaba el trabajo personal que se encomendaba a los esclavos.
Igualmente, en los pueblos orientales, como la India y la China, así corno
en los del Medio Oriente, Egipto, Caldea y Babilonia, la esclavitud era una institución
hondamente arraigada en la vida social, y que además de reconocer
como causas, motivos bélicos, obedecía a concepciones de tipo religioso. Así,
verbigracia, se ha afirmado que en la India la esclavitud surgió por el destino
divino que se deparó a determinada clase social, que era la de los sudra,
compuesta por individuos que se decía habían emanado de los pies de un gigante
primitivo llamado Purusha, según aparece en el himno XIX del libro X
del Rig-veda, el cual fue posteriormente reiterado por el C6digo de Manú, en

268 lA') GARAN-rtAS INDIVIDUALES
donde se encuentra la división de la sociedad hindú en cuatro castas, siendo
una de ellas la de los sudras o servidores, cuya obligación consistía en servir
a las demás.
Entre los pueblos he/mas también descubrimos la esclavitud, regulada por
diferentes libros sagrados, tales como el Levítico, el Génesis, el Exodo y el Deuteronomio,
estableciéndose distintas modalidades a la situación del esclavo, la
cual no era tan ardua como en otros regímenes sociales primitivos y, además,
asumía un carácter temporal, pues el individuo no podía permanecer
en estado de esclavitud por más de seis años, obligándose el amo, al libertar
al esclavo, a suministrarle algunos medios de sustento mientras consolidara
su estado de liberto.
Tampoco era desconocida la esclavitud en las diferentes ciudades griegas,
habiendo sido la causa general, que determinó dicho estado, la propia guerra,
que con frecuencia tenía por objeto obtener esclavos (dmóos), En casi todas
las polis, la sociedad estaba dividida en diversas clases, y así, en,Esparta, era la
de los ilotas a la que se conceptuaba reducida a la esclavitud. Esta llegó a ser
una importante materia de regulación por el derecho positivo. lo mismo que
en Romo, y cuyo estudio en realidad corresponde a la disciplina jurídica civil.
188 bis
Con el advenimiento del cristianismo se suavizó bastante la condición del
esclavo, y aunque la esclavitud no fue desgraciadamente abolida, merced a
sus enseñanzas, los postulados del Divino Maestro destruyeron la base de desigualdad
sobre la cual descansaba, al afirmar que todos los hombres estaban
colocados en la misma situación por la sola circunstancia de ser hijos de
Dios. Sin embargo, como a la esclavitud se la consideraba en la Edad Media
como una institución temporal y regulada en los diferentes pueblos por diversos
ordenamientos positivos, el cristianismo, y en general la Iglesia, se
contrajeron a predicar un tratamiento generoso y humanitario en favor del
esclavo, cuya condición, sin embargo, no fue totalmente repudiada.
No fue sino ya muy entrada la Edad Moderna cuando en los diferentes
pueblos de Europa comenzó a observarse una tendencia abolicionista de
la esclavitud, subsistiendo, no obstante el inhumano y oprobioso comercio
de negros, quienes eran vendidos en los mercados públicos como si fueran
viles mercandas, desconociéndoles su condición de hombres. Inglaterra
y Francia fueron los países que a fines del siglo XVIlI y a principios del XIX
descollaron en ese tráfico execrable, que fue severamente condenado por la
Iglesia Católica, la cual, a través de León XIII y en la Encíclica In Plurimis,
declaró que la trata de negros contravenía de manera ostensible las leyes divinas
y humanas.
En México, como ya lo hemos hecho notar, en los pueblos precortesianos,
divididos en clases sociales, exisrfa también la condición de esclavo, aunque
no con los caracteres tan inhumanos con que se presentaba en Roma y en
otros países de la antigüedad. Durante la época colonial subsistió la esclavi-
188 bis En el pensamiento antiguo destacan las ideas de Séneca quien se mostró adversario
de la esclavitud, proclamando una especie de igualdad entre todos los hombres, en la que nadie
es amo ni siervo. (El Pensamiento Antiguo de Rodolfo Mondolfo, Tomo 11. pág. 191.

GARANTÍAS DE IGUAWAD 269
tud, de la cual estaban en casos generales expresamente excluidos los indios,
a quienes no sólo no se consideraba por el derecho neo-español como materia
de propiedad, sino como objeto de cristianización, tal como lo dispuso en
su testamento la reina Isabel la Católica. Además, durante la Colonia, diversas
disposiciones reales pretendieron suavizar el tráfico de esclavos negros o,
al menos, impedir su abuso, al determinarse que éstos no deberían introducirse
a las Indias sin licencia del rey, de la justicia y oficiales reales. (Leyes
de 21 de junio de 1595 y 17 de marzo de 1557, dadas por Felipe II, y que
aparecen compiladas en el título XVIII del libro VIII de la Recopilación de
Leyes de Indias.)
En cuanto a los indios, la tendencia que generalmente inspiró a la legislación neoespafiola,
integrada por ordenanzas, cédulas reales y pragmáticas, se enfocó, según hemos
dicho, hacia la exclusión de nuestros aborígenes de la esclavitud, sin que,
desafortunadamente, este infame e infamante estado haya sido abolido absolutamente.
Sobre este tópico es pertinente reproducir las palabras del doctor Silvio Zauala, quien
afirma: "La segunda Audiencia de México, nombrada en el afio de 1530, trajo. entre
otras instrucciones y cédulas reales, una que prohibía la esclavitud de los indios. Estaba
fechada en Madrid, el día dos de agosto de aquel afio; en su parte cxposiuva, el emperador
don Carlos y su madre doña Juana decían que, desde el principio del descubrimiento
de las islas y tierra firme del mar Océano hasta entonces, se permitió, si
algunos de los indios no querían admitir la predicación de la fe católica y resistían con
mano armada a los predicadores de ella, que se les hiciese guerra y los presos fuesen
esclavos de los españoles que los prendiesen.
'También se había dado licencia a los cristianos españoles para que pudiesen rescatar
y haber, de poder de los indios, los esclavos que éstos tenían, así tomados en las
guerras que entre si libraban, como hechos de acuerdo con sus leyes y costumbres.
"La codicia desenfrenada de los conquistadores y otras personas que procuraron
hacer guerra y cautivar a los indios, aunque estuviesen en paz, había causado gran
daño a la población de las Indias y a los naturales. que no hacian cosa alguna por donde
mereciesen ser esclavos ni perder la libertad que de derecho natural tenían.
"visto en el Consejo de las Indias y consultado con el Emperador, fue acordado
para el remedio que, en adelante, hasta tanto que expresamente no se revocara o suspendiera
lo contenido en esta carta real, ninguna persona en tiempo de guerra, aunque
justa y mandada hacer por la corona, fuese osada de cautivar a los indios ni
tenerlos por esclavos. Quedaban revocadas las licencias dadas anteriormente para
prender o cautivar indios.
"En cuanto al rescate de los esclavos que los indios tenían por tales, se prohibía
igualmente hacerlo en adelante...
"Esta cédula hería gravemente los intereses de los espafioles radicados en las Indias,
y los cabildos y vecinos de Nueva España elevaron quejas clamorosas al Emperador...
"La legislación de Indias era de naturaleza casuística, y así como los razonamientos
de los esclavistas impresionaron al rey y a su consejo cuando se expidió la cédula
de 1530, los argumentos presentados por los partidarios de la esclavitud dieron por
fruto que en Toledo, el 20 de febrero de 1534, CarlosV derogara la prohibición anterior
y autorizara de nuevo el cautiverio en guerra justa y el rescate de los indios esclavos,
bajo ciertas reglas ...
"Habiendo considerado el Consejo de Indias una y otras razones, se resolvió y decretó
que en las guerras justas, hechas por mandato real o de las personas que tuvieron
poder para ello, los indios que se prendieran podían ser esclavos y contratarse

270 LAS GARANTÍAS INDMDUALES
como habidos en buena guerra, pero no habían de ser sacados a vender fuera de las
Indias. Las mujeres y los niños menores de 14 años no serian cautivados; servirían
como naborias en las casas y otras labores, como personas libres, recibiendo mantenimiento
y otras cosas necesarias.
"En lo tocante a los indios de rescate, se vería en los pueblos la matricula; serían
herrados los que resultaran legalmente esclavos, y se podrían rescatar y contratar, en
algunos casos aun sacándolos con destino a las islas y otras partes del continentc.T"
Por otra parte, en las postrimerías de la dominación española en México,
las cédulas de 14 de abril de 1779 y de 25 de marzo de 180I declararon
libre a todo individuo que entrase a España y sus dominios con el objeto de
recobrar su libertad. Es importante subrayar, además, como documentos
abolicionistas de la esclavitud, la proclama de don Miguel Hidalgo y Costilla
de 6 de diciembre de 1810; los "Elementos Constitucionales de don Ignacio
López de Rayón de 1811" (art, 24); la Constitución española de 1812 que
consideraba como españoles a "todos los hombres libres nacidos y avecindados
en los dominios de las Españas, y los hijos de éstos" (art. 5); los "Sentímientos
de la Nación" de don José María Morelos de 14 de septiembre de
1813 (art, 15); la Constitución de Aparzíngán, que reputó como "ciudadanos
de América" a todos los nacidos en ella (art, 13); el Plan de Iguala de 24 de
febrero de 1821, que declaró que todos los habitantes de la Nueva España,
sin distinción alguna de los europeos, de africanos ni de indios, eran ciudadanos
de la monarquía mexicana, con opción a todo 'empleo, según su mérito
y virtudes; el "Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano" de
lO de enero de 1822, que consideró como mexicanos "a todos los habitantes
del imperio" sin distinción de origen (art. 7); el Decreto Congresional de 13
de julio de 1824, que abolió para siempre la esclavitud en México, prohibiendo
el tráfico de esclavos y declarando que los individuos que en el extranjero
hubiesen tenido esta condición, deberían quedar libres "con sólo el
hecho de pisar territorio mexicano"; los tratados entre México e Inglaterra
de 16 de diciembre de 1826, que sancionaron lo mismo; la ley de 15 de septiembre
de 1829, expedida por don Vicente Guerrero, que, además de suprimir
la esclavitud, reiterando así los documentos anteriores, puso a cargo del
erario la indemnización a favor de los muy pocos propietarios de esclavos
que existían; la ley de 5 de abril de 1837 que reafirmó la abolición de la esclavitud
decretada en los ordenamientos que la precedieron; las Bases Orgánicas
de 1843, que en su artículo 9 establecieron que ninguno es esclavo en
territorio de la nación y que el que se introduzca quedará en clase de libre y
bajo la protección de las leyes; el Estatuto Orgánico Provisional de 15 de
mayo de 1856 expedido por don Ignacio Comonfort, que enfatizó que: "En
ningún punto de la República Mexicana se podrá establecer la esclavitud" y
que "los esclavos de otros países quedan en libertad por el hecho de pisar territorio
de la nación".
La Constitución Federal de 1857, en su artículo 2, dispuso que "en la
República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional
189 Irb1l.1'io di Vasco tU Quiwga. Págs. 11-15. Obra citada por Rubén Landa en su libro intitulado
Vasco de Quiroga. Págs. 60 y 61. Edición 1965.

GARANTlAs DE IGUALDAD 271
recobran. por ese solo hecho. su libertad. y tienen derecho a la protección de
las leyes". Este precepto difiere ligeramente en su redacción del artículo 2 de
nuestra Ley Fundamental vigente. mismo que. en sustitución del verbo "pisar".
emplea el de "entrar" que nos parece más acertado. pues tiene una acepción
más amplia y apropiada. comprendiendo el caso de penetración al mar territorial
que forma parte del territorio nacional en su implicación jurídica.
De la simple referencia a los documentos jurídico-políticos que suprimieron
en México la inhumana condición de esclavo. se advierte la invariable y
constante tendencia a establecer la garantía de igualdad de que tratamos.
Esta circunstancia coloca a nuestro país en una situación histórica de supe·
rioridad frente a los Estados Unidos de América. en que sólo hasta el año de
1865. y a través de la enmienda XIII que se introdujo a su Constitución. se
abolió la esclavitud. como consecuencia de la despiadada guerra civil de secesión
entre los Estados del norte y los sureños. que pugnaban por mantener
tan infame condición.!89 bis Debemos reconocer. además. que dicha superioridad
no únicamente corresponde a México. sino a los países latinoarnericanos.
los que coetáneamente a nuestro país. declararon en sus documentos
públicos respectivos la supresión de la esclavitud. en la época en que naciones
europeas. como Francia e Inglaterra principalmente. se dedicaban al ignominioso
tráfico de esclavos.
Cabe concluir. por ende. que el segundo párrafo del artículo 1 constitucional
es trasunto de la tendencia humanista que siempre ha caracterizado al
constitucionalismo mexicano frente al infame tráfico de negros que varios países.
durante el siglo pasado. auspiciaban o toleraban. haciendo subsistir la esc1avitud.
IR9his Al comentar la situación del esclavo en diversos Estados integrantes de la Unión
Norteamericana antes de que se introdujese la citada enmienda XIII, el distinguido tratadista
francés, Eduardo lhoulayt, afirmaba: "Al mismo tiempo que tratan al esclavo como un bruto, no
pueden olvidar que tiene un alma que podría aspirar a la libertad; así es que no se limitan a
castigar al negro. sino que todas ellas tienden a anonadar su inteligencia, haciendo de él un animal
tlmido y obediente.
"Si se encontraba un esclavo fuera de la colonia sin un permiso de su dueño, podía arrestársele
y castigársele en el acto, y si se resistía era permitido matarle. La razón de este rigor es
clara; el negro prófugo era un enemigo Común.
"Al recibirse una queja contra un esclavo, desde el hurto más insignificante hasta el asesinato,
todo juez de paz debla arrestar al acusado y llevarlo ante un jurado, compuesto de algunos
propietarios de la vecindad. La ley ponía la vida del esclavo en manos de sus enemigos naturales,
y bastaba la simple mayoría para aplicar la pena de muerte. Todo castigo menor quedaba a
arbitrio del jurado, el cual debla fijar la forma y la duración. En caso de muerte el mismo tribunal
debía señalar la clase de suplicio y podía proceder a la ejecución, con tal que se indemnizase
al propietario a expensas del público.
'Tal es el procedimiento sumario que aún hoy pone al esclavo en manos de sus verdugos.
De esta manera estos republicanos tan celosos de su libertad y tan envanecidos con su jurado
protegen la vida de un hombre y de un cristiano culpable tan sólo del color de su piel.
"Después de haber castigado el motín, era necesario prevenir el más extraño de los crtmenes,
la fuga, es decir, el robo que el esclavo hacia de su propia persona, recobrando la libertad
que Dios le había dado. La muerte para el esclavo que intentaba abandonar la provincia, y la
misma pena para el cómplice que le ayudaba en su fuga.

272 LAS GARANTÍAS INDMDUALES
Las prohibiciones que e! precepto citado involucra deben conservarse
como principios que expresan dicha tradición a pesar de que en la actualidad
hayan dejado de ser operantes, pues hoy en día en ningún país de!
mundo existe la situación de esclavo.
Sin embargo, aunque ya no exista la esclavitud ni haya esclavos en e!
sentido ortodoxo del concepto y de la palabra, e! hombre desafortunadamente
se encuentra muchas veces en verdaderos estados de servidumbre de carácter
económico o político. Por consiguiente, estimamos que para actualizar dicho artículo
segundo constitucional, se deben agregar dos párrafos a su texto vigente
al través de los cuales se declarara que en México no deberá existir la
mencionada servidumbre. Tales párrafos podrían estar concebidos en los siguientes
términos:
En la República Mexicana tampoco habrá servidumbre econ6mica ni polftica.
'Todo hombre tendrá derecho a la protección de las leyes en materia de trabajo
en los términos que éstas dispongan y todo ciudadano mexicano podrá ejercitar libremente
sus derechos políticos y cumplir las obligaciones correlativas para con el Estado
que establecen esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
c) Párrafo Tercero
También el 14 de agosto de 2001 se publicó una adición al artículo l°
constitucional que dispone: "Q;u1ÚL prohibida toda diJcriminación motioada por
'Todo esclavo que desaparecía durante veinte días por la primera vez, era pública y severamente
azotado. Si el dueño no aplicaba el castigo. cualquier juez de paz podía hacerlo a costa
de aquél.
"En caso de reincidencia, el fugitivo era marcado en el carrillo derecho con una R, pudiendo
todo juez de paz ordenar la marca. De lo contrario, el dueño incurría en una multa de diez
libras esterlinas. En la tercera ofensa, el esclavo perdía una oreja, y la cuarta era castrado. Todo
señor que dejaba pasar más de veinte días sin aplicar estos crueles castigos, perdía la propiedad
del esclavo, que correspondía a cualquiera que lo denunciase dentro de seis meses.
"Al simple aviso de la presencia de un negro cimarrón, todo oficial de la fuerza pública debía
en el acto perseguirlo, presentándolo vivo o muerto mediante una recompensa de dos a cuatro
libras. El que era herido en una de estas expediciones. recibía una indemnización pública;
de suerte que se consideraba al fugitivo como una bestia salvaje de que era preciso librar a la
comunidad.
"Aún cuando no se temiese la resistencia o la fuga, la ley tomaba sus precauciones contra
todo lo que pudiera despertar en el corazón de estos desgraciados, sentimientos de humanidad.
La Ley de la Carolina. más cruel que la ley romana, prohibía al esclavo el peculio. No le era
permitido sembrar para él: trigo. ni arroz, ni poseer animales domésticos. Más severa todavía
.una acta de 1740, declaraba que los esclavosy sus descendientes permanecieran perpetuamente
en servidumbre. No sólo se quitaba toda esperanza al negro, sino que se privaba al señor del
derecho de manumitir aún a los hijos que hubiera tenido de alguna esclava. Esta disposición fue
admitida más tarde por una ley de Georgia. Hoy para manumitir se necesita autorización pública.
Ahora, como según la ley, la nacencia de este rebaño humano pertenecía al propietario de la
madre, se llegaba gradualmente a este resultado por la unión de blancos y de las mulatas: que
había esclavos, cuya sangre era tan pura como la de sus mismos señores. IQué espectáculo más
triste que la venta pública de mujeres tan blancas como las criollas y esclavas; sin embargo. en
un país cristiano y civilizado!" (Historia tU los Estados Unidos. Tomo L Págs. 247 y 248. Traducción
de don Manuel Dublán, 1870.)

274 lAS GARANlÍAS INDIVIDUALES
La disposición constitucional transcrita es justificadamente criticable por
diferentes razones que vamos a exponer a continuación:
a) La igualdad jurídica entre el hombre y la mujer ha existido en México
desde hace varios lustros, por lo que su proclamación en la Ley Fundamental
de la República resultó innecesaria. En efecto, desde el -punto de vista
civil. político, administrativo y cultural, la mujer ha tenido los mismos derechos
y obligaciones que el varón, bastando la simple lectura de diferentes ordenamientos
concernientes a dichas materias para corroborar este aserto. En lo
que concierne a la materia laboral y penal, la legislación respectiva ha sido
protectora de la situación de la mujer en su carácter de trabajadora y de víctima
de los delitos llamados sexuales, tales como el estupro, la violación y el
rapto. Esa protección jurídica se ha implantado tomando en cuenta las diferencias
naturales de carácter sico-somático entre el varón y la mujer y las
cuales jamás deben ser desatendidas por el orden jurídico, que, por otra
parte, nunca puede variarlas ni eliminarlas.
Así, verbigracia. las condiciones físicas de la mujer como trabajadora que desempeña
principalmente labores materiales, no le permiten la realización de tareas en las
que se requiere la fuerza y la destreza varoniles y una determinada capacidad de resistencia
para desplegarlas. Además, la mujer, durante cierto periodo del embarazo,
debe ser relevada del trabajo que desempeñe, mientras no se verifique el alumbramiento,
relevación que también opera durante algún lapso prudente posterior a este
fenómeno natural. Por ello, tanto el artículo 123 constitucional como la Ley Federal
del Trabajo, consignan las garantías adecuadas para la protección femenina en las situaciones
anteriormente apuntadas. De acatarse absolutamente la decantada "igualdad
jurídica" entre el hombre y la mujer, lógicamente se tendría que desembocar en cualquiera
de estos dos extremos absurdos: o se protege al varón en los mismos casos señalados,
lo que sería francamente inconcebible y descabellado, o se dejaría a la mujer
sin la referida protección, lo que se antoja injusto.
Desde el punto de vista penal, sería grotesco y ridículo que el varón pudiese ser
víctima del delito de estupro o que la mujer fuera agente del delito de rapto, de donde
se colige que nunca puede existir ninguna igualdad jurídica absoluta e inexcepcional entre
ambos sexos por su diversidad natural sico-somátíca.
La declaración dogmática que contiene el artículo 4 constitucional en el
sentido de que el varón y la mujer "son iguales ante la ley", es contraria a la
condición natural de las personas pertenecientes a ambos sexos, pues como
se acaba de demostrar, la igualdad legal absoluta entre ellas no puede jamás
existir.
Por otra parte, lo innecesario de dicha declaración también se deduce
de la circunstancia de que tanto la mujer COllW el varón, en su carácter de gobernados,
son titulares de las mismas garantías que consagra la Constitución, destacándose
entre ellas las de seguridad jurídica, como son las de audiencia y de
legalidad, que imparten su tutela a todas las materias susceptibles de normarse
por el Derecho.
b) La prescripción de que "Toda persona tiene derecho a decidir de manera
libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de
sus hijos" merece también algunos importantes comentarios. El ejercicio
de ese derecho, es decir, la decisión que comprende, se desempeña de co­
1l1Ún acuerdo entre el varón y la mujer. Por ende, tal derecho no se despliega
frente a ningún acto de autoridad, o sea, ningún órgano del Estado es,

GARANTiAS DE IGUALDAD 275
en puridad lógico-jurídica, el titular de la obligación correlativa. En efecto.
ya hemos afirmado que las garantías individuales entrañan en su motivación
y teleología diques, frenos o valladares que la Constitución opone al poder
público del Estado para asegurar una esfera en favor de todo gobernado
dentro de la que éste pueda actuar libremente. La mera repetición normativa
de-lo que el hombre y la mujer puedan hacer desde el punto de vista flsico
y mental, no representa ninguna garantía en puridad jurídica. La
Constitución, en lo que atañe al régimen de garantías individuales que instituye
no debe prescribir, como no prescribe, lo que los gobernados pueden
hacer, sino lo que las autoridades estatales no deben hacer o dejar de hacer
en su detrimento. Creemos, por consiguiente. que al redactarse el segundo
párrafo del artículo 4 constitucional que comentamos, no se tomó en cuenta
la implicación esencial de la garantía individual, por lo que indebidamente
se incluyó tal párrafo en el título correspondiente de nuestra Ley Suprema.
Si se hubiese advertido la naturaleza jurídica de las garantías del gobernado,
el texto del multicitado párrafo se habría concebido en los siguientes térrninos:
"No se podrá impedir a nadie el derecho a decidir de manera libre, responsable
e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos." Esta redacción. en el
supuesto no admitido de que los actos determinativos de dicho número y espaciamiento
pudiesen ser materia legislable, hubiese adecuado, al menos
terminológicamente, el propósito de quienes alentaron el segundo párrafo
del actual artículo 4 constitucional, dentro del contexto de las garantías
individuales. 100
Prescindiendo de la redacción que debió darse a dicho segundo párrafo,
éste, en substancia, proclama la libertad de procreacián, imponiendo simultáneamente
a los órganos del Estado la obligación pasiva de no determinar.
por ningún acto de autoridad. el número de hijos que desee tener la pareja
humana. La disposición que comentamos es la base constitucional de lo que
se llama planeacián familiar, la cual de ninguna manera entraña el desconocimiento
de la aludida libertad. sino una política de persuasión que se debe
implantar y desarrollar legislativa y administrativamente por el Estado tendiente
a infundir en el varón y la mujer una conciencia de responsabilidad
en cuanto a la procreación de los hijos con el objeto primordial de controlar
el crecimiento demográfico que tan graves problemas sociales, económicos,
190 Según Miguel Mora Bravo, el texto del multicitado segundo párrafo se inspiró en la
Declaración de los Jefes de Estado fechada el 10 de diciembre de 1966, así como en los acuerdos
tomados en la Conferencia sobre Derechos Humanos celebrada en la ciudad de Teherán, al
verificar su sesión plenaria el 12 de mayo de 1968. Tales acuerdos fueron ratificados por rescludón
de la Organización de Naciones Unidas de diciembre de 1968. (Cfr.: "Control de la Natalidady
Plantación Familiar",) Debemos hacer notar, por otra parte, que con mucha anterioridad el
jesuita Tomás Sánche% en su obra "De Sancto Matrimonio", disculpó a los casados de la abstención
de tener hijos en el supuesto de que no pudieren subvenir a sus necesidades, al afirmar que
"cuando se teme que las facultades de los casados no alcancen a mantener un nuevo hijo, cuando
ya tienen varios a quienes será preciso desatender por el nuevo, es lfcito negarse a la soJución
de la deuda matrimonial" (citado por don BiasJos! Gutibrt% en su importante obra ''Código
de la Reforma". Tomo 11, tercera parte, pág. 18).

GARANTIAs DE rGUALDAD 277
aquella Declaración, el 5 de agosto de 1976 la Asamblea General de las Naciones Unidas
instituyó el de 1979 como el Año Internacional del Niño, y se solicitó a los países
miembros que revisaran las acciones internas, la estrategia establecida y las disposiciones
legales existentes, a fin de procurar nuevos programas a beneficio de la niñez, buscando
su mayor bienestar,"
"Atendiendo a la citada solicitud, se integró en México. con representantes de diversas
Secretarías de Estado y de varias Instituciones Públicas y Privadas, la Comisión
Nacional para el Año Internacional del Niño, misma que surgió al Ejecutivo de mi cargo
el proyecto de adición al artículo 4° constitucional, que no he tenido inconveniente
en considerar para presentar esta iniciativa ante ese H. Congreso de la Unión, a fin de
lograr un franco progreso legislativo."
Esta noble tendencia cristalizó en la adición de los párrafos que transcribimos
al articulo 4 constitucional. "Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfaccüm
de sus necesidades de alimentación, salud, educacum y sano esparcimiento
para su desarrollo integral.
"Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado
proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de
susderechos.
"El Estado otargará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de
los derechos de la niñez."
d) El mismo articulo 4° constitucional contiene, además, la declaración
de que 'Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda. digna Y decorosa", previniendo
que será la ley secundaria la que establezca "los instrumentos O apoyos
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo".
El derecho subjetivo que proclama tal declaración está subordinado, en
cuanto a su goce y ejercicio, a las condiciones económicas y sociales que permitan
su efectividad práctica, ya que sin ellas tal derecho se antoja onírico o
quimérico. A mayor abundamiento, la obligación correlativa a tal derecho estará
a cargo del Estado o de las entidades paraestatales que la legislación ordinaria
determine, por lo que la declaración constitucional que comentamos
no deja de ser un mero sano propósito para mejorar los niveles de vida de
las grandes mayorías que integran la población mexicana.
e) Análogas consideraciones pueden formularse en lo que atañe a la declaración
de que 'Toda persona tiene derecho a la protección de la salud", ya que
también el goce y ejercicio de este derecho subjetivo depende de las "bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud" que la legislación secundaria
defina, tal como se indica en la misma disposición constitucional que
comentamos. 100 e
190 e El llamado "derecho a la protección de la salud" fue incorporado al artículo4° de la
Constitución mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente
al 13 de febrero de 1983. La gestación parlamentaria de la iniciativa correspondiente. así como
las de los párrafosanteriores del artículo 4° constitucional se pueden consultar en la obra de MI­
GUEL MORA BRAVO. "El Derecño a la Pianeadlm Familiar"; así como en el libro de MIGUEL CARBo.
NELL titulado "Los Derechos Fundamentales en Mi.uo" (Págs. 813 a 936).

278 lAS GARANliAs INDIVIDUALES
j) T()(ÚL persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo
y bienestar. Este derecho es individual y grupal. Su protección está prevista en
la legislación ambiental integrada por diversos ordenamientos tales como la
Ley General del Equilibrio Ecológico y In. Protección al Ambiente y la Ley Forestal,
entre otros. Su estudio rebasaría el contenido de la presente obra, por lo que
nos contraemos a remitirnos a sus disposiciones.
D. Articulo 12 constitucional
Este precepto consigna otra garantía específica de igualdad al disponer
que "en los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza,
ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados
por cualquier otro país".
La prevención constitucional transcrita implica la negación de la diferencia
entre los individuos integrantes de la población mexicana preveniente
de una artificiosa jerarquía social. En México, en atención a tal precepto de
nuestra Ley Fundamental, ninguno es noble ni plebeyo; todos los hombres
están colocados en una situación de igualdad social. Todo individuo, como
persona humana, tiene los mismos derechos y la misma capacidad jurídica.
En la vida social, dentro de los usos y convencionalismos sociales, no existen
en nuestro país privilegios y prerrogativas para un grupo. Todo hombre, humilde
o potentado, es susceptible de ser objeto del mismo trato social. Por
tal motivo, el artículo 12, al prohibir la concesión del título de nobleza, tácitamente
proscribe las prerrogativas y privilegios de que gozaban en otros
tiempos los individuos pertenecientes a un grupo social favorecido. Para el
orden jurídico mexicano todos los hombres son personas, colocadas en una
situación de igualdad como tales, es decir, todos los individuos, desde el
punto de vista de la personalidad humana, merecen el mismo trato, tanto en
las relaciones sociales propiamente dichas como ante las autoridades estatales.
La ausencia de distinciones entre los individuos, proveniente de la prohibición
constitucional de conceder títulos de nobleza, prerrogativas y honores
hereditarios, en realidad establece la igualdad entre los hombres desde el
punto de vista eminentemente humano, esto es, con independencia de su posición
social. religiosa, económica, etc. La proscripción de la jerarquía social.
consiste en la existencia de dos o más capas dentro de la sociedad compuesta
por sujetos pertenecientes a distinto origen desde el punto de vista estrictamente
humano, es un fenómeno observado en los regímenes democráticos.
los cuales desde la Revolución francesa descartaron toda distinción entre nobles
y plebeyos.
Antes de esta revolución, uno de cuyos postulados básicos fue la igualdad
humana. la sociedad estaba dividida en capas sociales desde el punto de vista
puramente humano. Independientemente de su posición económica. intelectual.
etc.• todo sujeto. por razón misma de su nacimiento. debía pertenecer a
cualquiera de esas categorías sociales: a la nobleza, a la púbe ("pueblo" en sentido
despectivo) o a la clase media, la cual se fue gestando entre las dos pri-

GARANTÍAS DE IGUALDAD 279
meras por causas y fenómenos propiamente económicos. La aparición o surgimiento
de la nobleza ruvo lugar, en sus orígenes, por la voluntad real. subsistiendo
y renovándose posteriormente por la transmisión hereditaria. En
efecto, por hazañas meritorias o por cualquier otro hecho digno de encomio,
el individuo generalmente era premiado por el monarca mediante la concesión
de un título que permanentemente indicara su gloria. En un principio,
pues, el título nobiliario presentaba el aspecto de una recompensa, de un galardón,
en reconocimiento de obras de mérito. Sin embargo, dicho título era
transmisible por herencia a los descendientes del prócer mereciéndolo éstos
o no. Fue así como los títulos de nobleza dejaron de ser testimonio de recompensa
por obras elogiables, para convertirse en elementos que denotaban
una mera posición social creada por sucesivas transmisiones hereditarias.
De esta manera frecuentemente se daba el caso de que el poseedor de un título
nobiliario era el menos noble de los mortales, el más protervo, deprava.
do y vil, sujeto, no obstante, de toda clase de privilegios y prerrogativas que
a su vez transmitía a sus descendíentes.iwr Como protesta racional contra la
existencia de la nobleza, y en vista de que lógicamente no había ningún motivo
para considerar a un individuo noble y a otro no por el solo hecho de
tener padres diferentes, casi todos los pensadores que precedieron ideológicamente
a la Revolución francesa proclamaron la igualdad humana. Los ordenamientos
jurídicos que se derivan de ese gran acontecimiento histórico
consideraron a todo hombre igual fren te a sus semejantes, frente a las autoridades
y frente a la ley. Por ende, la garantía individual que consagra el
artículo 12 constitucional implica la obligación para el Estado y sus autoridades
de reputar a todo sujeto, en cuanto hombre, situado en la misma posición
que los demás, sin que sea dable otorgar prerrogativas ni privilegios a
unos en detrimento de otros, o viceversa.
Claro está que la prohibición constitucional de conceder títulos de nobleza,
honores y prerrogativas hereditarias a un individuo, no excluye la
posibilidad de que a un sujeto se le recompense por obras meritorias realizadas,
mediante el otorgamiento de menciones honoríficas de diversa índole.
Lo que prohíbe la Constitución es que se haga distinción entre
grupos sociales o entre individuos de diferente origen social, y que esa distinción
se prolongue a una descendencia indefinida; los títulos de nobleza,
prerrogativas y honores que no permite el artículo 12 constitucional son
aquellos que se atribuyen a un grupo social,.esto es, a una serie indeterminada
de individuos de análogo origen o extracción social. Por el contrario, los tiru-
190f Según relata don Arlemio tÚ Vallt Ariz.pt. don Victoriano Salado AlvaTt% emite esta opinión
de la llamada "nobleza mexicana"; .....si bien creo en muchas cosas por la fe, no he podido
encontrar manera de creer por la fe en la nobleza mexicana. Prescindamos de si la nobleza es
buena o maja, justa o injusta; no quiero meterme en tales reconditeces, porque difícilmente saboa
salir de ellas. Pongámonos sólo en el caso de la nobleza mexicana. que es lo que niego, y
veamos cómo es un ente de sin razón que han inventado los vanidosos" (Cita en la obra La Gíur4
Rodrigun. pág. 275).

282 LAS GARANriAS INDIVIDUALES
vidual y concreta no es una ley en sentido material; será una ley en sentido formal
si emana del árgano legislativo. Desde el punto de vista material puede ser,
según las circunstancias, un acto administrativo o un acto jurisdiccicnal.vt'"
Por su parte, Kelsen sostiene que: "En la función legislativa, el Estado establece
reglas generales, abstractas; en la jurisdicción y en la administración, despliega
una actividad individualizada, resuelve directamente tareas concretas; tales son
las respectivas nociones más generales. De este modo, el concepto de legislación
se identifica con los de 'producción', 'creación' o 'posición' de derechos." 1112 •
Las earacterisucas" esenciales de" toda ley que hemos mencionado se han- proclamado
por la doctrina general del Derecho desde la Roma antigua. Así, los
jurisconsultos Marciano, Ulpiano y Papiniano, entre otros, sostienen que la ley
debe regir para todos, o sea, que debe responder al elemento universalidad (u ti
universi) y no para determinada persona o ciertos grupos de personas en número
limitado (uti singuli).1f.l2 hi!l
Ahora bien, puede suceder que una Horma legal cree, extinga, modifique
o de cualquiera otra manera regule _u_na situación abstracta determinada.
Tal es e! caso de las llamadas leyes especiales. Éstas son, en efecto, conjuntos
dispositivos que se refieren a un estado jurídico determinado; normas
que crean, extinguen, modifican o regulan una posición general determinada
en la que las personas pueden estar colocadas. Por ejemplo, legislaciones
especiales son: e! Código de Comercio, la Ley de Sociedades Mercantiles,
la Ley de Instituciones de Fianzas, la Ley de! Impuesto sobre la Renta
etcétera. Cada. uno de estos ordenamientos tiene su campo de vigencia en una
situación determinada en cuanto tal, o sea, regula un conjunto de relaciones
que surgen entre sujetos que están situados bajo una condición jurídica
determinada o entabladas entre éstos y otras personas ajenas a la misma. Lo
que peculiariza a una ley especial es la circunstancia de que opera en una
situación jurídIca determinada. Pues bien, no por e! hecho de ser especial,
una ley de esta índole carece de los elementos característicos de toda disposición
legal desde el punto de vista material, En efecto, la especialidad de
una ley se contrae a la determinación de una situación jurídica, la cual es
abstracta, general, impersonal y compuesta por individuos indeterminados
en número e indeterminables bajo este aspecto desde e! punto de vista de la futuridad.
Así, e! Código de Comercio, verbigracia, o la Ley de Sociedades Mercantiles,
o la de Instituciones de Fianzas o de Crédito, rigen, respectivamente,
para la situación especial del comerciante, de las empresas mercantiles en gegenarl,
de las instituciones afianzadoras o de crédito. Esas situaciones jurídicas
J91 Manual de Derecho Constitucional, págs. 88, 90 y 91.
192 Teoría General del Estado, pág. 301. Por su parte, el jurisconsulto Papiniano
definía a la ley como "precepto común, decreto de varones prudentes, freno y castigo de Jos
delitos que se cometen por voluntad o ignorancia, y obligación común de la República".
{Les est commune praeceptum, virorum prudentum aonsultum, delictorum quae sponte
uel ignoran tia contrañuntur, coercitío, communis reipubíícae sponsio.) A su vez, Ulpiano
50S tenía que «las Jeyes no se establecen para cada persona en particular, sino generalmente
para todas", {lura non in singullJS personas, sed generaliter constituuntur}, (Digesto
Tomo I, Título 1lI.)
JD.2 bl" Cfr. Tratado de las Leyes)' su Aplicación, de don Isidro Montiey y Duarte,
páginas 11 a 13.

GAltANÚAS DE IGUALDAD 283
son, a su vez, abstractas y generales, porquc comprenden indistintamente a todas
las personas que sean o puedan ser comerciantes, o a todas las entidades
morales, mercantiles presentes o futuras, o a todas las instituciones dc fianzas
o de crédito actuales o por constituirse, sin contraerse a un comerciante, a una
sociedad mercantil o a una institución afianzadora o de crédito individualmente
consideradas, o a varios comerciantes, sociedades mercantiles o instituciones
de fianzas o de crédito delimitadas numéricamente. Por el mismo motivo, la
ley especial no deja de ser impersonal, debido a que no regula, crea, modifica
o extingue una situación individual, esto es, imputable a una sola persona o
a un número limitado dc sujetos, sino quc se refiere a todo individuo o entidad
moral que se encuentre en la posición abstracta determinada que rige, por lo
que tampoco carece del atributo de indeterminación personal o particular.
Por el contrario, una ley privativa deja dc tener los elementos o características
materiales de toda ley, sea ésta general o especial. En vista de esta
circunstancia, una disposición legal privativa propiamente no es ley. En efecto,
una ley privativa crea, modifica, extingue o regula una situación en reladón
con una sola persona moral o física o con varias en número -determinado.
De esta suerte, una ley privativa no es abstracta ni g-eneral, sino eminentemente
concreta e individual o personal, pues su vígencia está limitada a
una persona o a varias determinadas, careciendo, por tanto, de los atributos de
impersonalidad e indeterminación particular que peculiarizan a toda ley."
La jurisprudencia de la Suprema Corte ha definido con claridad la idea
de "ley privativa", a que se refiere el artículo 13 constitucional, al establecer
que: Es carácter constante de las leyes, que sean de aplicacián general y
abstracta (es decir, nue deban contener una disposici6n que no desaparezca
después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que
193 No deja de tener importancia la distinción jurídica entre "ley" y "decreto", máxime
que' nuestra Constitución utiliza indistintamente estos conceptos al referirse a las resoluciones
del Congreso (art. 70) y a la iniciativa y formación legislativas (art. 71). Históricamente,
ambas ideas se confundían y desde el punto de vista etimol6gico dentro del
vocablo "decreto" puede incluirse el de "ley", ya que equivale a "resolución", "determinación"
o "decisión", proviniendo la palabra "decretar" del verbo latino "decemere"J que
significa "decidir" o "fallar". Ante la imposibilidad de que la historia o la etimología
nos suministren un criterio certero para diferenciar la ley del decreto, el análisis jurídico
de ambos conceptos proporciona su recíproca distinción. La "ley", como ya Jo advertimos,
es un acto creador, modificativo o extintivo de situaciones abstractas, impersonales y generales,
sin que sus efectos normativos deban contraerse a un solo sujeto o a un número
determinado de sujetos. Por el contrario, el "decreto" carece de los elementos abstracción,
impersonalidad y generalidad, pues implica una resolución, decisión' u orden que se refiere
a una situación particular y perfectamente específica. En consecuencia, los actos legislativos
in genere, es decir, los que emanan del órgano legislador, pueden ser "leyes" o "decretos",
en la medida en que respectivamente ostenten o no los caracteres apuntados. En otras
palabras, aunque la ley y el decreto sean legislativos desde el punto de vista formal,
entre ambos existe una substancial diferencia por cuanto a su implicación intrínseca o material.
Confonne a estas ideas, podemos concluir que el concepto de "leyes privativas"
a que alude el artículo 13 constitucional equivale al de "decretos", que sólo pueden expedir
las autoridades estatales para casos o situaciones concretas y siempre que estén investidas
con la facultad constitucional correspondiente.

284 LAS GARANTfAS INDMDUALES
sobrevivan a esta aplicacién, y se apliquen sin consideración de especie o de
persona a todos los casos idénticos al que previenen, en cuanto que no sean
abrogadas). Una ley que carece de estos caracteres, va en contra del principio
de igualdad garantizado por el artículo 13 constitucional, y aun deja de
ser una disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo
que pertenece a su esencia. Las leyes pueden considerarse como privativas, tanto
las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el carácter
de generalidad, se refiere á las leyes de todas las especies, y contra la aplicación
de leyes privativas protege el ya expresado artículo 13 constitucional.'''
Como se ve, la tesis jurisprudencial transcrita hace extensiva la prohibición
constitucional de que se apliquen a una pelOona leyes privativas, a todos
los órdenes jurídicos, esto es, sin contraerla al judicial, como se desprendería
de la interpretación gramatical de la parte relativa del articulo 13 de la Ley
Suprema!" Por ende, tampoco las autoridades administrativas deben aplicar
en perjuicio de ningún sujeto una ley privativa en los términos apuntados con
antelación. Ahora bien, dada la redacción en que está concebida la disposición
constitucional que contiene la garantía de igualdad de que estamos
tratando, así como el sentido de la jurisprudencia de la Suprema Corte
sobre el particular, se deduce que el mencionado precepto en su disposición
respectiva consagra una garantía de aplicación contra leyes privativas. Por
ende, la actividad legislativa está exenta de la prohibición constitucional de
expedir leyes de tal índole. Esta circunstancia, no obstante, en nada hace
nugatoria la garantía individual consistente en que nadie puede ser juzgado
pos disposiciones legales privativas, puesto que una norma jurídica, mientras
no sea aplicada, no afecta a nadie, a no ser que sea autoaplicativa, en
cuyo caso opera perfectamente la prohibición consignada por nuestra Ley
Fundamental en la parte inicial del articulo 13.
Se presenta el problema de si las llamadas leyes orgánicas propiamente
dichas pueden o no reputarse como leyes privativas. Según su misma denominación
lo indica, los ordenamientos orgánicos estructuran a una entidad
moral generalmente de tipo oficial o semi-oficial (dependencias gubernativas,
organismos descentralizados o sociedades de participación estatal) y
regulan su funcionamiento, tanto por lo que respecta a sus diferentes cuerpos
componentes entre sí, como por lo que concierne a sus relaciones externas.
Si una ley orgánica tiene como sujeto de normación a una persona
moral o a una unidad gubernativa determinada, es decir, si exprofesamente
se expide para organizar y encauzar la actividad interna y externa de ésta,
194 Sem. JOO, tU la Fed., apéndice del tomo CXVIII, tesis 643. Tesis 17 de la Compikuián
1917-1965 y 76 del Apéndice 1975. Tesis84 del Apindiu de 1985. Pleno. Idem, Tesis 222 del Apéndice
1995. Materia Constitucional.
195 Don José María Lozano consideraba que únicamente podían existir leyes privativas en
materia penal y no en la civil, al afirmar que "sóloen materia penal es propio decir que alguno es
juzgado. Si se trata de materia civil, no es la persona, sino la materia de la demanda lo que se juzga;
y debe suponerse que la ley constitucional se sirve de aquella palabra usándola en su sentido
técnico". (Tratado dt los Derechos del Hombre, páginas 69 y 7.0).

GARANTiAS DE IGUALDAD 285
¿puede sostenerse con validez que se trata de una "ley privativa"? En otras
palabras, ¿los estatutos orgánicos carecen de los elementos materiales de toda
ley, como son, según dijirnos, la abstracci6n, la generalidad y la impersonalidad?
Para dar respuesta a estas interrogaciones deben distinguirse las fundamentales
esferas dc normaci6n que comprende la regulaci6n integral consignada
en una lcy orgánica, a saber: la que atañe a la creaci6n y organizaci6n,
la que corresponde al funcionamiento interior y la quc se refiere a las
relaciones externas dc la entidad de que se trate.
En el primer caso, las disposiciones dc una ley orgánica no establecen
realmente una vinculaci6n bilateral, es decir, no regulan la actividad de la
entidad respectiva frente a terceros, sino que se contraen a darle vida jurídica
(creacián ) y a instituir a sus 6rganos funcionales (organizaci6n). En
esta virtud, aunque tales disposiciones propiamente no contengan situaciones
abstractas, generales e impersonales, puesto que se refieren la individualidad
de la entidad creada y organizada, y a pesar de que, por esta causa,
pudieran considerarse privativas, no deben ser catalogadas dentro de la
prohibici6n consignada en el artículo 13 constitucional, porque si este prccepto
supone necesariamente una aplicación lcgal negativa (no ser juzgado),
es decir, una referencia normativa a un gobernado, tal referencia no puede
16gica ni realmente existir tratándose de prescripeiones que sólo conciernen
al ser y al modo dc ser de una entidad. En otros términos, la aplicaci6n de una
ley privativa reconoce como condici6n jurídica fundamental y, pudiéramos
decir, sine que non, a una relaci6n entre dos sujetos, a saber, la autoridad que
la aplica y el gobernado a quien se aplica (bilateralidad); y como las disposiciones
creativas y estructurales de una ley orgánica no son exteriormente vinculatorias,
o sea, no son relacionales, carecen de posibilidad aplicativa exterior,
esto es, frente a sujetos distintos de la entidad creada y organizada.
A la misma conclusi6n puede llegarse en lo tocante a las normas de una
ley orgánica que rijan el funcionamiento interno de la citada entidad, coordinando
hacia sus finalidades u objetivos la diversa actuaci6n de sus difercntes
órganos, pues aunque aquéllas sí tienen un carácter relacional, su
ámbito regulador no trasciende a esferas externas, es decir, no entrañan
una vinculación exterior que habilite su aplicaci6n a sujetos que no sean
los propios componentes de la entidad dc que se trate. En resumen, ni las
disposiciones creativas y estructurales de una ley orgánica ni las que regulen
el funcionamiento interno de una entidad, no obstante que carezcan de los
elementos abstracci6n, impersonalidad y generalidad, pueden estimarse privativas
desde el punto de vista de la prohibici6n que establece el artículo
13 constitucional, porque ésta sólo opera dentro de la posibilidad de que
una ley se aplique a un gobernado y ya hemos dicho que tal aplicaci6n no
puede registrarse tratándose de normas de la índole mencionada.
En cambio, cuando las disposiciones de una ley orgánica normen las relaciones
externas de la entidad respectiva, o sea, las que ésta pueda entablar

286 LAS GARANTiAS INDIVIDUALES
con terceros, sí existe la posibilidad de que sean privativas para los efectos
prohibitivos del precepto constitucional que comentamos, en la hipótesis de
que el sujeto de la relación trascendente sea un solo individuo o se implique
en un número limitado de personas, pero no en el caso contrario.
Habiendo ya delimitado el concepto de "ley privativa", ¿en qué consiste
la garantía individual que prohibe que alguien sea juzgado por ella?
Desde luego, el Estado y sus autoridades judiciales y administrativas tienen
la obligaci6n de no afectar a ningún gobernado bajo ninguna forma (por
procedimiento judicial --civil o penal- o administrativo o por actos autoritarios
aislados), mediante la aplicaci6n de disposiciones legales que creen,
modifiquen, extinguen o regulen situaciones jurídicas concretas para un sujeto
o para un número determinado de personas, con exclusi6n de otras,
bien sean aquéllas jisicas o morales.
La garantía específica de igualdad consistente en que a nadie puede aplicarse
una ley privativa es de consagración y, principalmente, de vigencia real
relativamente reciente. En el decurso de la historia, durante las distintas
épocas de la vida de la humanidad, se observa a menudo la expedición de
leyes privativas dictadas en perjuicio de una o varias personas determinadas,
sobre todo en materia criminal. Bien es verdad que la Carta Magna
inglesa, en su artículo 46, establecerla que todo individuo debía ser juzgado
mediante la lex terree, que es, como dijimos en una ocasión anterior, la
norma legítima, esto es, la establecida con anterioridad al hecho que origíne
el proceso y con carácter de generalidad. Sin embargo, el rey tenía
facultad de expedir leyes con marcado carácter privativo, principalmente
cuando trataba de "impedir a cualquiera de sus súbditos por medio de un
writ exeat regno" que viajara sin permiso o que abandonara el país. La
Declaración Francesa de 1789, en su artículo VI, al consagrar la igualdad
legal, propiamente desautorizaba la expedición de leyes privativas que vinieran
a desvirtuar esa igualdad; no obstante, en varias ocasiones los gobiernos
revolucionarios dictaban disposiciones legales para un solo individuo o un
grupo numéricamente determinado de personas, sobre todo en materia penal.
En México, en forma expresa no se consignó la garantía de la prohibíción
de ser juzgado por leyes privativas, sino hasta la Constitución de
1857, pues en los ordenamientos políticos anteriores sólo de manera tácita
se comprendía, al consagrarse las garantías de audiencia, de legalidad y de
irretroactividad legal y al declararse abolidos los fueros personales (arts. 274
y 347 de la Constitución española de 1812; 19 del Acta Constitutiva de
1824; 148 de la Constitución Federal de ese año; 2', párrafo quinto, de la
Primera Ley Constitucional de 1836; y en las Bases Orgánicas de 1843);
Es más, en nuestra historia abundan los casos en que las autoridades expedían
verdaderas disposiciones legales privativas, tales como las que declararon
fuera de la ley a Iturbide y a su familia, así como al general López de
Santa Arma. Aún a raíz de promulgada la Constitución de 1857, que ya

GARANTÍAs DE IGUALDAD 287
consagraba en forma expresa en su articulo 13 la garantía de igualdad a
que nos estamos refiriendo, se dictó en junio de 1861 una ley por las autoridades
liberales declarando proscritos a los generales conservadores Félix
Zuloaga, Leonardo Márquez, Tomás Mejia, etc.
b) Otra garantía específica de igualdad quc contiene el artículo 13
constitucional es la que estriba en que nadie puedc ser juzgado por tribunales
especiales. ¿Qué se entiende por tribunales especiales? Todos los órganos
jurisdiccionales y, en general, todas las autoridades estatales tienen fijada
su competencia legalmente, esto es, por una disposición general, abstracta c impersonal.
Todas las facultades de una autoridad, bien sea judicial, administrativa
o legislativa, quc integran su competencia, deben estar consignadas en una
norma legal. Por ende, autoridad competente es aquella que está facultada
expresamente por la ley para dictar o ejercitar cualquier acto, idea que ha sido
constantemente reiterada por la jurisprudencia de la Suprema Corte. La competencia
de una autoridad es, pues, sinónimo de su capacidad jurídica.
Ahora bien, toda autoridad, dentro de la órbita de su competencia, es
capaz para conocer de todos aquellos casos concretos, en número ilimitado,
que se presenten y que encuadren dentro de la hipótesis o situación
jurídica abstracta en relación con la .cual la ley le atribuye ciertas facultades
decisorias o ejecutivas ejercidas y ejercitables conjunta o separadamente.
Toda autoridad tiene, dentro de su competencia legal que se establece en
razón de varios factores (territorio, materia, grado, etc.), una capacidad
permanente de conocer de casos concretos en número ilimitado. Por consiguiente,
cualquier asunto o negocio particular que se pueda subSumir dentro
de la situación general que origina la competencia de una autoridad,
puede ser tratado por ésta bajo las diversas maneras o funciones que procedan
(legislativa, judicial o administrativamente). Por lo que toca, pues, a los
tribunales, éstos están capacitados permanentemente para conocer, dentro
de su competencia diversa, de todos aquellos asuntos concretos que se presenten.
Lo que caracteriza a los tribunales propiamente dichos o generales
(en oposición a los especiales de que ya hablaremos), así como a cualquier
autoridad estatal desde el punto de vista de su capacidad juridica o competencia
en el conocimiento de un caso concreto, es la permanencia de sus
funciones ejecutivas o decisorias y la posibilidad de tener injerencia válidamente
en un númerO indeterminado de negocios singulares que encajen
dentro de la situaci6n determinada abstracta constitutiva de su ámbito competencial.
El primer carácter implica que la competencia o capacidad de
una autoridad judicial, administrativa o legislativa no cesa cuando concluye
el conocimiento íntegro de uno o varios casos concretos, sino. que se conserva
ilimitadamente en tanto una ley no la despoje de sus atribuciones y
facultades. La segunda peculiaridad significa que la competencia o capacidad
autoritarias se extiende a todos 10/1 casos presentes y futuros que se
sometan o puedan someterse a la consideración del órgano estatal.

GARANTÍAS DE IGUALDAD 289
material, es decir, comprendiendo dentro de él a toda autoridad que desempeñe
normalmente una función jurisdiccional, la citada garantía individual
se puede hacer extensiva no sólo a los tribunales judiciales, sino a los
administrativos y del trabajo. Pero, cuando una autoridad estatal no es un
tribunal administrativo, judicial o del trabajo, por no ejercer normalmente
funciones jurisdiccionales, ¿la garantía multicitada prohibe también que cualquier
órgano de carácter especial pueda afectar a alguna persona? Haciendo
abstracción de la interpretación gramatical del concepto de "tribunal" y
recurriendo a consideraciones jurídicas importantes, se puede llegar a la
.conclusión de que dicha garantía no es sino el corolario o la configuración
de la imposibilidad jurídica de que existan autoridades especiales en general.
En efecto, una autoridad estatal de esta naturaleza conoce exclusivamente
de determinados casos numéricamente prefijados. Pues 'bien, si fuese
dable que se estableciera una autoridad que conociese o tratase exproíesamente
de negocios singulares en número determinado y limitado, éstos se
sustraerían lógicamente de la competencia legal respectiva de las autoridades
generales u ordinarias. Por ende, se subvertiría de esta manera todo el
sistema competencial de la totalidad de las autoridades del Estado al crearse
organismos especiales que eliminarían la competencia normal de las mismas
en casos eoncretos. De esta suerte, tanto las disposiciones constitucionales
como las legales sobre competencia de autoridades se verían constantemente
infringidas por todos aquellos actos que crearan o establecieran organismos
autoritarios especiales. Por todas estas razones estimamos que, si bien el artículo
13 constitucional, en la garantía individual de quc tratamos, menciona
expresamente a los "tribunales" especiales como objeto de la prohibición
en que aquélla se traduce, las disposiciones de dicho precepto sobre ese
particular pueden hacerse extensivas a cualquier autoridad del Estado, si se
toman en cuenta las consideraciones muy atendibles que hemos esbozado.
En cuanto a los antecedentes históricos de la garantía especifica de igualdad
consistente en que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales,
podemos decir que aquéllos son relativamente recientes. En efecto, la historia
de casi todos los pueblos de! mundo está preñada de casos en los que
se juzgaba a un individuo por comisiones exprofesamente nombradas para
ello. Don José María Lozano afirma que "en Inglaterra y España no han
faltado ejemplos de tribunales especiales. Sobre todo en la primera, en donde
las comisiones creadas para juzgar a los pares, comisiones que cubrieron
de sangre e! parlamento, forman uno de los rasgos más sombríos que
caracterizan en la historia el célebre reinado de Enrique VIII"... t Sin embargo,
y no obstante ese caso a que se refiere el licenciado Lozano, en Inglaterra,
en materia de justicia común al menos, estaban proscritos los tribunales
especiales, desde el momento en que la Carta Magna de Juan Sin
Tierra establecia que nadie podía ser privado de la vida o libertad, sino en
1D1 Derechos del Hombre, pág. 71.

290 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
virtud de un juicio de los pares del individuo, o sea, mediante un procedimiento
previo seguido ante los órganos jurisdiccionales legítimos del acusado.
En México, la garantía de que nadie puede ser juzgado por tribunales
especiales se ha venido consagrando expresamente en casi todos los ordenamientos
constitucionales que estuvieron vigentes desde que nuestro país consumó
su independencia política. Así, en la Constitución española de 1812
se estableció que "ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni
criminales por ninguna'comisión, sino por el tribunal competente, determinado
con anterioridad por la ley" (art. 24-7); el Acta Constitutiva de la
Federación Mexicana, de 31 de enero de 1824, dispuso que "ningún hombre
será juzgado, en los Estados o territorios de la Federación, sino por
leyes dadas y tribunales establecidos antes del acto por el cual se le juzgue.
En consecuencia, quedan para siempre prohibidos todo juicio por comisión
especial y toda ·ley retroactiva" (au, 19); la Constitución Federal de 1824
también prohibió todo juicio por comisión en su artículo 148, habiendo
formulado declaración semejante las Siete Leyes Constitucionales de 1836
en el articulo 2' de la Primera Ley; por su parte, el Proyecto de Reformas
Constitucionales de 30 de junio de 18ro establecía en su artículo 9 9 , fracción
IV, que es derecho del mexicano no poder ser procesado civil ni criminalmente,
"sino por los tribunales y trámites establecidos con generalidad por
la ley, ni sentenciado por comisión, ni según otras \cyes, que las dictadas
con anterioridad al hecho que se juzgue"; el famoso Proyecto de la Minoría
de 1842, datado el 26 de agosto de ese año, dispuso en su articulo 59, fracción
XII, que "jamás podrán establecerse tribunales especiales, ni procedimientos
singulares que quiten a los acusados las garantías de las formas
comunes", declaración que fue ratificada por el Proyecto Constitucional de
2 de noviembre de 1842, el cual, como dijimos en otra ocasión, fue el documento
transaccional entre los ·miembros que formaban la mayoría y la
minoria de la comisión del Congreso Constituyente del citado año (art. 13,
fracción VII); las Bases Orgánicas de junio de 1843 también consignaron
la garantía de igualdad de que tratamos al establecer en su articulo 9 9 ,
fracción VIII, que "Nadie podrá ser juzgado ni sentenciado en sus causas
civiles y criminales sino por jueces de su propio fuero, y por leyes dadas y
tribunales establecidos con anterioridad al hecho o delito de que se trate";
el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana prohibió asimismo
"todo juicio por comisión especial" (art. 58); fmalmente, la Constitución
de 57, en su articulo 13, consagraba también, como la vigente, la
indicada garantía, estatuida en el articulo 2 9 del proyecto respectivo, empleando
la misma fórmula contenida en nuestro articulo 13 actual, por
10 que todas las consideraciones que sobre este precepto expusimos son referibles
a nuestro ordenamiento constitucional próximo anterior.
c) Otra garantía específica de ignaldad que contiene el artículo 13
constitucional es la que estriba en que ninguna persona o corporaci6n puede

GARANTÍAS DE IGUALDAD 291
tener juero, ¿Qué se entiende por fuero a la luz del mencionado precepto
constitucional? El aludido concepto o término es multívoco, esto es, tiene
muchas acepciones. En efecto, bajo la palabra "fuero" puede entenderse
una compilación o reunión de leyes o disposiciones jurídicas, como el "Fuero
Juzgo", los famosos "Fueros de Aragón", etc. En segundo lugar, "fuero"
puede significar un conjunto de usos y costumbres jurídicos de observancia
obligatoria; también el concepto de "fuero" puede denotar una situación
delimitada de competencia o jurisdicción entre dos órdenes de tribunales
(como sucede, verbigracia, entre nosotros en el caso del "fuero federal"
--órbita de competencia de los tribunales de la Federación-e- y del "fuero
común" --esfera competencial de los tribunales locales--). Asimismo, el
concepto de "fuero" implica "carta de privilegios o instrumento de exenciones
de gabelas, concesiones de gracias, mercedes, franquezas y libertades" .'.8
¿Bajo cuál de estas varias acepciones está empleado el concepto de "fuero"
en el articulo 13 constitucional? Desde luego, conteniendo este precepto,
en la parte en que está involucrado dicho concepto, una garantía específica
de igualdad, traducida en la prohibición de existencia de "fueros", esta idea
corresponderá a la acepción que implique o denote una circunstancia antiigualitaria.
Consiguientemente, el término "fuero" en el artículo 13 constitucional
significa todo privilegio o prerrogativa de cualquier especie y contenido
otorgado a alguna persona o corporaci6n (persona moral).
Habiendo expresado la connotación en que está empleada la palabra
"fuero" en el articulo 13 constitucional, ¿cómo se revela la garantía específica
de igualdad que prohíbe ser sujeto de fueros, tanto por lo que ve a
las personas físicas como a las morales? En primer lugar, dc acuerdo con
la citada garantía individual, el Estado y sus autoridades tienen la obligación
pasiva (o abstención) de no otorgar-a ninguna persona moral o física
singularmente hablando, privilegio o prerrogativa alguna de cualquier índole
o contenido que sea. En segundo lugar, y en el caso de que un individuo o
una persona moral tuviere un fuero determinado, esto es, la titularidad dc
ciertos privilegios y prerrogativas particulares, éstas no tendrían ninguna validez,
estando las autoridades estatales obligadas a no tomarlas en consideración.
Esta prohibición de existencia de fueros a título de privilegios o prerrogativas
en favor de una persona tiene las consabidas salvedades constitucionales,
en el sentido de que ciertos altos funcionarios gozan de inmunidad
en determinados casos, consistente en quedar excluidos de la jurisdicción
común en materia penal mientras no sean "desaforados' mediante el procedimiento
correspondíente.!"
198 Diccionario de Legislación y Jurisprudencia de don Joaquín Escriche.
199 Aunque no nos corresponde tratar en el presente libro acerca de Jo que se ha
llamado tuero constitucional con que están investidos primordialmente el Presidente de la
República, 10$ senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema
Corte, los secretarios de Estado y el procurador general de la República, no podemos eximimos
de formular algunas breves consideraciones sobre él.

GARAi'ITÍAs DE IGUALDAD 293
de! fuero de guerra en cl sentido en que está empleada la idea respectiva
en el articulo 13 constitucional. Existen, desde cl punto de vista genérico,
dos especies de fuero: e! personal y el real o material.
El fuero personal está constituido por un conjunto de privilegios y prerrogativas
que se acuerdan en favor de una o varias personas determinadas.
Dichos privilegios y prerrogativas se establecen intuitu personae, esto es,
atendiendo al sujeto mismo. Por ende, los privilegios y prerrogartivas, que
pueden traducirse en una serie de exenciones y favores o ven rajas para sus
titulares, viven y mueren con las personas por ellos beneficiadas, por lo que
se dice que el fuero que los comprende es personal o subjetivo. Este fuero
excluye para sus titulares la imperatividad de la norma jurídica general;
el sujeto de un fuero personal se sustrae de la esfera jurídica establecida
para todos los individuos. Así, el que goza de un fuero de tal naturaleza
no puede ser juzgado por los tribunales ordinarios que conocen de los juicios
que se susciten entre las personas no privilegiadas; tampoco está obligado
a pagar ciertos impuestos, gabelas, etc., al Estado. En síntesis, e! fuero
personal o subjetivo es un conjunto de privilegios, prerrogativas o ventajas
que se acuerdan en beneficio exclusivo de una o de varias personas, con la
circunstancia de que éstas se colocan en una situación jurídica particular, sui
generis, diversa de aquella en que se encuentran los demás individuos. Dicha
situación es invariable en cuanto que no se altera por la posición juridica
individual de los no privilegiados frente a la competencia de los tribunales,
a sus semejantes y al Estado. Así, un sujeto titular de un fuero
personal no puede ser sometido a la jurisdicción del tribunal que conocería de
periodo presidencial, ello no implica que, una vez expirado éste, no se acuse ante el Ministerio
Público que corresponda por tales hechos delictivos a la persona que haya tenido
el cargo de Presidente de la República, teniéndose en cuenta, claro está, las reglas sobre
prescripción de la acci6n penal.
b) El fuero que se traduce en la no procesabilidad ante las autoridades judiciales
ordinanas federales o locales no equivale a la inmunidad de los funcionarios que con él
están investidos y que señalan los artículos lOa y 110 de la Constitución. En otras palabras,
el fuero, bajo el aspecto que estamos tratando, no implica la irresponsabilidad jurídica absoluta
como en el caso a que se refiere el artículo 61 de nuestra Ley Fundamental, ni la irresponsabilidad
jurídica relativa a que alude su artículo loa pfo. segundo y por lo que concierne
al Presidente de la República; es decir, en esta última hipótesis, a la imposibilidad de que
durante el tiempo de la gesti6n presidencial, pueda acusarse al Jefe del Ejecutivo Federal
por delitos oficiales o por los que sean diversos de Ja traición a la patria o de los graves
del. orden común. La no procesabilidad realmente se traduce en la circunstancia de que,
mientras no se promueva y decida contra el funcionario de que se trate el llamado juicio
político, los diputados y senadores al Congreso de la Uni6n, los ministros .de la Suprema
Corte de Justicia, los secretarios de Estado, el procurador general de la República y JO!l
demás funcionarios a que se refiere el articulo 111 constitucional, no quedan sujetos
a la potestad jurisdiccional ordinaria. El juicio político es de la incumbencia cognoscitiva
y decisoria de la Cámara de Diputados o de la de Senadores, según se trate respectivamente
de delitos comunes u oficiales, y se sustancia conforme al procedimiento
establecido en los artículos 109 y 111 de la Constitución, a cuyo tenor nos remitimos,
pues, como afirmamos al principio de esta nota, su estudio no nos corresponde, aboTdar
en el presente libro, remitiéndonos a las consideraciones que sobre este tema formulamos en
nuestra obra Derecho Constitucional Mexicano.

GARANTiAS DE IGUALDAD 295
son extrapersonales y que pueden tener lugar en relación con cualquier sujeto,
independientemente de la condición especial de éste. Por tal motivo,
al fuero real o material puede lIamársele oh¡etivo, porque se establece atendiendo
a circunstancias, fenómenos, elementos, etc., trascendentes e independientes
de la índole intrínseca de una persona.
Lo que la Constitución prohíbe en su artículo 13 es la existencia de
fueros personales en los términos que hemos asentado con antelación, Por
ende, nuestra Ley Fundamental no excluye a los fueros reales, materiales
u objetivos. Pues bien, el fuero de guerra que permite la Ley Suprema es
eminentemente real u objetivo, puesto que se consigna en razón de la indole
del delito que da origen a un juicio. El fuero de guerra implica, pues, la
órbita de competencia de los tribunales militares, establecida, no atendiendo
a la persona de los sujetos que cometan un delito o cualquier acto o negocio
jurídico que dé nacimiento al procedimiento judicial, sino en vista de la
naturaleza del hecho delictuoso. Así pues, el fuero de guerra o esfera de
competencia jurisdiccional de los tribunales militares surge o tiene lugar cuando
se trata de delitos o faltas del orden militar. Como se ve, el fuero de
guerra tiene un carácter eminentemente objetivo y, por ende, distinto del
personal cuya existencia prohíbe la Constitución. Dicho fuero sería subjetivo
si consignara para los tribunales militares una especial competencia para
conocer de todo caso en que estuvieren inodados los miembros del Ejército.
Entonces, la esfera competencial se instituiría atendiendo a la condición particular
y propia de la persona, 10 cual implicaría la negación de la garantía de
igualdad. Por todas las anteriores razones, estimamos que la parte del artículo
13 constitucional que declara subsistente el fuero de guerra no es excepción, ni
mucho menos contradice, a la garantía específica de igualdad que consiste en
la prohibición de privilegios o prerrogativas personales o fuero subjetivo.
d) Extensi6n jurisdiccional del fuero de guerra. Siendo, como hemos
aseverado, el fuero de guerra un fuero real, materíal u objetivo, traducido
en la especial esfera de competencia de los tribunales militares, su operatividad
obedece a un hecho extrapersonal, cual es la comisión de un delito
de carácter militar. Consiguientemente, el fuero de guerra tiene lugar u
opera cuando se trate de un delito de dicha naturaleza.
Ahora bien, ¿qué se entiende por delito militar? Desde luego, y dando
por sabido o supuesto el concepto de delito en general, un hecho delictivo
será militar cuando esté catalogado como tal por el Código de Justicia Militar.
Así como el Código Penal define el delito en general como "todo acto
u omisión que sancionan las leyes penales" (art. 7), recurriendo a dicha definición
legal, un delito militar estará constituido por todo hecho activo o
pasivo que penen las leyes militares, esto es, el Código de Justicia Militar
la Ordenanza General del Ejército y demás ordenamientos especiales de tal
índole. Como se ve, la definición legal de delito militar, así como delito en
general, toma como criterio de calificación, la tipificación delictiva contenida
en el ordenamiento jurídico que corresponda.

GARANTÍAS DE IGUALDAD 297
personas que no pertenezcan a nuestro instituto armado, aun en el supuesto
de que un sujeto no militar esté inodado en la ejecución de un delito o falta
de esa naturaleza. Así 10 dispone el propio artículo 13 constitucional al
establecer que "los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo
podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército".
Puede suceder, no obstante, que en la preparación y ejecución de un delito
del orden militar haya tenido injerencia un civil. En este caso, tal como
10 preceptúa nuestra Ley Fundamental en el propio artículo 13, conocerá
del juicio correspondiente el tribunal ordinario competente, esto es, el fe.
deral (Juzgado de Distrito que corresponda), ya que los delitos militares
tienen dicho carácter federal por implicar infracciones a disposiciones federales,
como son las contenidas por el Código de Justicia Militar, la Ordenanza
General del Ejército, etc.
La jurisprudencia de la Suprema Corte ha delimitado con claridad la
extensión jurisdiccional del fuero de guerra al interpretar la parte relativa
del artículo 13 constitucional. Las tesis jurisprudenciales respectivas acr sin.
tetizan dicha extensión en los siguientes tres puntos: "a) el artículo 13 constitucional
prohíbe que los civiles sean juzgados por los tribunales militares, en
todo caso; b) manda que las personas que pertenezcan al Ejército deban ser
enjuiciadas ante los tribunales del fuero de guerra, cuando se trate de delitos del
orden militar; c) que cuando en la comisión de un delito militar concurran militares
y civiles, la autoridad civil debe Conocer del proceso por lo que toca a los
civiles, y los tribunales del fuero de guerra al que se instruya a los militares".
En cuanto a los dos primeros puntos estamos de acuerdo con la Suprema
Corte, puesto que las conclusiones que encierran se desprenden lógicamente
del contenido mismo del artículo 13 constitucional; mas por lo que
concierne al tercero, expresamos nuestra completa inconformidad con la aseveración
en él involucrada. En efecto, tratándose del conocimiento de un
juicio O proceso derivado de la comisión de un delito militar perpetrado por
civiles y miembros del Ejército, la Suprema Corte consigna dos competencias:
una en favor de los tribunales ordinarios en cuanto al establecimiento de la
responsabilidad para los coautores civiles.y otra para los jueces militares por
lo que ve al enjuiciamiento de los coautores militares. Esta bifurcación de
competencia para conocer de responsabilidades provenientes de la realización
de un mismo hecho delictivo según la condición de sus autores. es notoriamente
-indebida. Efectivamente, la Constitución, en su artículo 13, dispone
textualmente: "Cuando en un delito o falta de orden militar estuviese complicado
un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda."
Como se ve, el conocimiento del caso, esto es, de la cabal situación provocada
por la comisión de un delito militar, lo imputa nuestra Ley Fundamental
a los tribunales ordinarios cuando en la ejecución del hecho delictivo men-
201 Ldem, tomo XXXIX, pég. 240, suplemento 33, pág. 1,195, tomo XL, pág. 1,392.

GARANTiAs DE IGUALDAD 299
Juez de Distrito podrá resolver, al conocer de la participación del civil en un
hecho delictivo de carácter militar, que los elementos materiales de éste
no quedaron comprobados, dictando, en consecuencia, un auto de libertad en
acatamiento de lo dispuesto por el articulo 19 constitucional; en cambio,
el juez militar, en cuanto al miembro del Ejército, podría decidir, en el proveído
de formal prisión que contra él pronuncie, que dichos elementos sí
fueron demostrados, lo que evidentemente originaria una dualidad contradictoria
de resoluciones judiciales sobre un mismo caso y en relación con un
mismo delito, el cual, con independencia de la responsabilidad de sus coautores
(militar y civil), debe ser estimado unitariamente en lo que atañe a sus
referidos elementos. Por todas estas consideraciones estimamos que, cuando
en la preparación o ejecución de un delito militar estén complicados tanto civiles
como militares, la competencia para conocer del proceso correspondiente
debe imputase a los tribunales ordinarios, esto es, a los Jueces de Distrito.
En resumen, el fuero de guerra es primordialmente un fuero de caráeter
real o material, implicando la competencia de los tribunales militares para
conocer de los delitos y faltas de tipo militar. Sin embargo, decho fuero no
deja de ser, paralelamente, de índole personal, pues para que se surta dieha
competencia, se requiere que el autor de un delito O falta militar sea miembro
del Ejército. Por tanto, debe concluirse que el fuero de guerra es mixto,
o sea, real, desde el punto de vista de la naturaleza del hecho que lo sustenta, y
personal, en cuanto que sólo es operante respecto de los militares por los
delitos y faltas que cometan contra la disciplina militar.
e) Breve referencia histórica respecto de los fueros personales en M éxico.
La abolición de los fueros personales es relativamente reciente. Principalmente
en España y, en consecuencia, en la Nueva España, subsistían sobre
todo los fueros eclesiásticos y militares. Estos fueros eran de los llamados privilegiados,
de carácter personalísimo, pues los sujetos que tenían la condición de
miembros de la Iglesia o de la milicia estaban substraidos de la jurisdicción
de los tribunales ordinarios, independientemente del hecho o situación que
originase el juicio o proceso correspondiente. Aparte del fuero eclesiástico y
militar, la administración de justicia en la época colonial de México y, en
general, de las Indias, se impartia por multitud de tribunales cuya competencia
estaba determinada en razón de factores estrictamente personales sobre
los que se asentaban otros tantos fueros. Así, existía el fuero común, merced al
cual los alcaldes ordinarios, los alcaldes mayores o corregidores y las reales
audiencias conocían de los asuntos civiles y penales referentes a las personas
que, por su condición o rango profesional, no estaban comprendidas en los
demás fueros especiales. En cuanto a los negocios contenciosos en que intervenían
los indios y los españoles existía el Fuero de Indios. Para las cuestiones
que concernían a los comerciantes había el fuero mercantil, "reglarnentado
por las Ordenanzas de Bilbao, y que estaba constituido por tribunales
de comercio, independientes de los tribunales ordinarios. compuestos de un

300 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES \
prior y de cónsules elegidos por los mismos comerciantes en primera instancia,
y de un oidor en la apelación'V"
Sería prolijo mencionar siquiera los numerosos fueros especiales que, a
guisa de privilegios o prerrogativas para determinada categoría de sujetos
o para ciertas clases profesionales, existían en el derecho neo-español. Bástenos
citar, además de los ya mencionados, los de Minería, el de la Inquisici6n,
e! de la Santa Hermandad, etc., y en los cuales, sin embargo, la competencia
de los tribunales respectivos ya no se establecerla atendiendo a elementos
puramente subjetivos, sino a circunstancias objetivas atañederas a la índole
de los negocios que reclamaran la intervención jurisdiccional, teniendo en
consecuencia, e! carácter de fueros mixtos.
La Constitución española de 1812, no pudiéronse liberar de la tradición
jurídica que acusaba la existencia de una infinidad de fueros privilegiados o
personales, los dejó subsistentes en materia militar y eclesiástica (arts.
249 y 250). En la época en que tuvieron lugar los hechos de emancipación
politica de la Colonia y durante el México independiente, los diferentes ordenamientos
legales y constitucionales que se expidieron hasta antes de la Constitución
de 1857, no consignaron expresamente la supresión de los fueros
personales o privilegiados; antes bien, en la Constitución de 1824 se declararon
subsistentes los de! orden militar y eclesiástico, mismos que se reiteraron
en las Bases Orgánicas de 1843. No fue sino hasta la expedición de la Ley
Fundamental de 1857 (art. 13, correspondiente al arto 2 9 del Proyecto),
cuando se abolieron dichos fueros expresamente, conservándose únicamente
e! de guerra; pero no con el carácter de absolutamente personal o privilegiado,
sino como órbita o esfera de competencia de los tribunales militares en razón
de la índole del hecho causante de! juicio o proceso, sin que se hubiese consignado
la prohibición de que dichos tribunales no podían extender su jurisdicción
a personas que no pertenecieran al Ejército, como ya lo establece e!
artículo 13 de la Constitución vigente, según dijimos.
Durante la gestación parlamentaria de dicho precepto en e! Congreso Constituyente
de Querétaro, la comisión dictaminadora abundó en razones por las
cuales e! fuero de guerra debería operar únicamente respecto de los delitos
y faltas de carácter militar (fuero real u objetivo), sin extenderse a personas
que no fuesen miembros del Ejército (elemento personal o subjetivo en dicho
fuero). En la exposición de motivos del actual articulo 13 constitucional, la
comisión dictaminadora dijo lo siguiente: "El principio de la igualdad, base
de la democracia, es incompatible con la existencia de leyes privativas y
tribunales especiales, que implican privilegios de clases; condena éstos el artículo
I3 del proyecto de Constitución en los mismos términos en que lo hace
la de 1857, dejando subsistente nada más el fuero de guerra; pero en el pro-
'2OZ Los Delitos de los Altos Funcionarios y el Fuero Constitucíonol, por Juan José
González Bwtamante, pág. 24.

GARANTíAs DE IGUALDAD 301
yecto se circunscribe más aún la jurisdicción de los tribunales militares, retirándoles
aquélla de un modo absoluto respecto de los civiles complicados en
delitos de orden militar. De esta suerte, el fuero militar, responde exactamente
a la necesidad social que hace forzosa su subsistencia; viene a constituir una
garantía para la misma sociedad, en lugar de un privilegio otorgado a la clase
militar, como fue en otro tiempo. Anteriormente a la Ley Juárez, el fuero militar
era positivamente un privilegio de casta; gozaban de ese fuero los militares
en toda materia: en negocios del orden civil, en tratándose de delitos del
orden común y en los comprendidos en la ordenanza militar. La Ley J uárez,
al abolir todas las demás prerrogativas dejando sólo subsistentes los tribunales
especiales para los delitos militares, dio un gran paso en el camino democrático;
el artículo 13 del proyeeto de Constitución es el complemento de
aquella ley.'" 10 que obliga a conservar la práctica en que los militares sean
juzgados por militares conforme a leyes especiales, es la naturaleza misma
de la institución del Ejército. Estando constituido éste para sostener las instituciones,
urge rodearlo de todas las precauciones dirigidas a impedir su desmoralización
y mantener la disciplina, que es su fuerza, porque un ejército
no deja de ser el sostén de una nación, sino para convertirse en azote de la
misma. La conservación de la disciplina militar impone la necesidad de.castigos
severos, rápidos, que produzcan una fuerte impresión colectiva; no pudiendo
obtener este resultado de los tribunales ordinarios, por la variedad
de los negocios a que tienen que atender constantemente y por la impotencia
a que se ven reducidos en ocasiones, por diversas causas, es fuerza instituir
tribunales espeeiales que juzguen de los delitos del orden militar, si se quiere
obtener los fines indicados antes".204 1 205
f) La última garantía específica de igualdad que contiene el artículo 13
constitucional es la que se refiere a que ninguna persona o corporaci6n puede
gozar de más emolumentos que los que sean compensaci6n de servicios públicos
y estén fijados por la ley. Esta garantía impide que el Estado, por
conducto de sus autoridades, pueda acordar en beneficio de algún sujeto o
persona moral una retribución económica, no 8610 sin que haya una contra-
2103 Probablemente se trata de la ley de 15 de septiembre de 1857, expedida no por
Juárez sino por Comonfort, en cuyo artículo primero se declaró subsistente el fuero de
guerra para los delitos y faltas en conexión con el servicio militar únicamente.
2(14 Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1916-17. págs. 205 y 206.
2(l5 El diputado constituyente Francisco J. Múgica, que formé parte de la citada comisión
dictaminadora, fonnuló un voto particular propugnando la abolición total del fuero
de guerra en tiempo de paz, para el efecto de que fuesen los tribunales ordinarios (no
militares) los que conociesen de todos los casos en que se tratare de un delito de carácter
militar cometido inclusive por miembros del Ejército. Para Múgica, el fuero de guerra
sólo debía subsistir, como competencia de los tribunales militares, por delitos de este
tipo cuando la naci6n se encontrase en estado de guerra o cuando el Ejército se hallare
en campaña en determinada regi6n del país. (Véase la obra citada en la nota anterior,
páginas 206 y 207.) No obstante dicho voto y las objeciones que diferentes congresistas
formularon al" dictamen, se aprobó el articulo 13 constitudonal por 122 votos contra 61.

302 LAS GARANTÍAS JNDIVIDUALES
prestación de índole pública por parte del beneficiado, sino aun en el caso
de que, habiéndola, la remuneración correspondiente no esté fijada legalmente.
Esta garantía prohíbe, por un lado, las "canonjías", que se pudieren
conceder a alguna persona y, por otro, el pago por servicios públicos que
no esté fijado por una ley."'"
Para los efectos de esta disposición constitucional, los servicios públicos
están constituidos por todas aquellas prestaciones otorgadas al Estado en beneficio
del mismo o como colaboración para la realización de sus fines, tales
como las desempeñadas por los empleados o funcionarios públicos, o como
las ejecutadas por particulares para beneficio colectivo. Por ende, significará
una violación a esta garantía específica de igualdad el caso en que el Estado,
por conducto de las autoridades respectivas, autorice en favor de una persona
o corporación un pago que no sea retribución a alguna prestación que tenga
por objeto colaborar, en una esfera determinada, a la realización de los fines
estatales que genéricamente deben consistir en el logro del bienestar colectivo
y del mejoramiento social.
En la historia, y muy particularmente en México, se daban frecuentes
casos en que existía un emolumento acordado en favor de una persona o
de un grupo determinado de individuos, sin que mediara de parte de los
beneficiarios la prestación de un servicio público en los términos que acabamos
de indicar. Así, el licenciado Lozano afirma 207 que: "En otra época
ciertas personas y corporaciones tenían emolumentos que no eran. compensación
de un servicio público; tales eran los tributos y servicios personales
que los encomenderos, personas o corporaciones podían exigir de los pueblos
que tenían en encomienda, y los diezmos y primicias que los cabildos
eclesiásticos estaban en posesión de percibir, con apoyo de la autoridad pública
y de las leyes, hasta que la del 27 de octubre de 1833 derogó las que
imponían o autorizaban la coacción civil para hacer efectivas estas exacciones
tan injustas como ruinosas."
::lO6 Constitucionalmente, cada año el Poder Ejecutivo debe presentar al Congreso Federal
el "Presupuesto de Egresos", en el que están incluidas las partidas para pagar Jos
servicios públicos. debiendo el Legislativo examinar "no s610 la conformidad de las partidas
gastadas por dicho presupuesto, sino también la exactitud y justificación de las mismas"
(art, 73 constitucional, fracción XXVIII), estableciendo el artículo 126 de la Constitución
que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en dicho presupuesto o determinado
por ley posterior.
201 Los Derechos del Hombre, pág. 77.

I,
CAPÍTULO QUINTO
GARANTíAS DE LIBERTAD
Sumario: l.-La libertad (Generalidades). H.-La libertad como garantía
individual. I11.-Garantías específicas de libertad: A.-La libertad de
trabajo (artículo 5. constitucional). a) Extensión y limitaciones constitucionales
a dicha libertad; b) Seguridades constitucionales relativas a
la libertad de trabajo; e) El trabajo como obligación individual pública;
d) Breve referencia histórica a la libertad de trabajo. B.-La libre expresión
de las ideas: a) Su extensión jurídica; b) Limitaciones constitucionales
a la libertad de expresión de las ideas; e) Breve reseña histórica de dicha
libertad. C.-La libertad de imprenta: a) Su extensión jurídica¡ b) Sus
limitaciones constitucionales; e) Seguridades jurídico-constitucionales de
la libertad de imprenta; d) Antecedentes históricos de dicha libertad.
D.-El derecho de petíción. E.-La libertad de reunión y asociación:
a) Su extensión jurídica; b) Limitaciones constitucionales a dicha libertad;
e) La libertad de asociación politíca y los partidos politicos; d)
Breve referencia histórica. F.-Libertad de posesión y portación de armas.
G.-Libertad de tránsito. H.-Libertad religiosa. l.-Libertad de circulación
de correspondencia. ¡.-La libre concurrencia. IV.-Consideraciones
sobre el artículo 3 9 constitucional. a) Somera referencia histórica;
b) Apreciaciones generales; e) La reforma de 1934; d) La reforma de
1946; e) La autonomía universitaria.
l. LA LIBERTAD (Generalidades)
Al abordar el somero estudio que hicimos respecto de la persona humana,
afirmamos que todo individuo tiene una teleologia que perseguir, que es
inherente a su ser. Dicha finalidad estriba, genéricamente hablando, en la obtención
de su felicidad o bienestar, que se traduce, en términos abstractos,
en una situación subjetiva de satisfacción permanente, con independencia del
estado real en que la persona se encuentre o de las circunstancias materiales
que la rodeen (v. gr., un pobre puede ser más feliz que un rico, no obstante
que éste está colocado en una mejor posición económica). Pues bien,
dijimos asimismo que cada pen;ona, al realizar o pretender realizar su propia
felicidad, se forja los fines II objetivos en que, según cada criterio individual,
puede estribar su bienestar, forjación que generalmente es la consecuencia
de un sinnúmero de factores de diversa indole que están presentes en cada
individualidad. Al concebir la persona sus fines vitales, en cuya obtención
hace radicar su especial y propia felicidad o bienestar, el individuo asimismo
crea o escoge los medios que estima idóneos para conseguir tal objetivo.

304 LAS oARANTfAs INDIVIDUALES
Tanto en la concepción teleológica como en la selección de los medios
tendientes a lograr los fines vitales personales, el individuo obra por sí mismo.
Nadie más que él conoce la indole de su propia felicidad; él solo es el único
que puede elegir el terreno o ámbito donde situar los fines que forja; él
también es el que sabe, con exclusión de cualquier otro sujeto, cuáles son los
conductos adecuados para realizar sus objetivos personales y, por ende, para
lograr su felicidad. Es a través de esta elección individual y exclusivista de
fines y medios vitales como filosóficamente se reputa a la persona humana
en su carácter de auto-fin, puesto que es ella misma el único o al menos el
principal sujeto de la felicidad que persigue, aun cuando la obtención real
o práctica de ésta redunde en beneficio ajeno (como acontece con el altruista,
v, gr., quien, al sentirse feliz haciendo el bien a sus congéneres, al mismo
tiempo beneficia a éstos con su conducta o comportamiento).
Ahora bien, es en la elección de [mes vitales y de medios para su realiza'
ción como se ostenta relevantemente la libertad. Esta es, en términos genéricos,
la cualidad inseparable de la persona humana consistente en la potestad que
tiene de concebir los fines y de escogitar los medios respectivos que más le
acomoden para el logro de su felicidad particular. Se dice, por ende, que
cada persona es libre para proponer los fines que más le convengan para el
desarrollo de su propia personalidad, así como para seleccionar los medios
que estime más apropiados para su consecución.
La libertad, traducida en esa potestad o facultad propia de la persona
humana de elegir fines y medios vitales, presenta dos aspectos fundamentales,
establecidos en razón del ámbito donde aquélla se despliega. En primer lugar,
la escogitación de objetivos vitales y de conductos para su reaIización puede
tener lugar inmanentemente, esto es, sólo en el intelecto de la persona, sin trascendencia
objetiva. En este caso, la potestad electiva no implica sino una libertad
subjetiva o psicológica ajena al campo del Derecho. En segundo término,
como el individuo no se conforma con concebir los fines y medios respectivos
para el logro de su bienestar vital, sino que procura darles objetividad, externándolos
a la realidad, surge la libertad social, o sea, la potestad que tiene la
persona de. poner en práctica trascendentemente tanto los conductos como los
fines que se ha forjado. La libertad social, por ende, no se contrae al campo
de la inmanencia del sujeto, sino que trasciende a la realidad, traducida en
aquella facultad que tiene la persona humana de objetivar sus fines vitales mediante
la práctica real de los medios idóneos para este efecto. Ésta es la libertad
que interesa fundamentalmente al Derecho, ya que la otra, es decir, la
subjetiva o psicológica, se relega al fuero intimo del intelecto o de la conciencia,
indiferente, en sí misma, a la regulación juridica.
La libertad social, que es la única que vamos a tomar en consideración,
se traduce, pues, en una potestad genérica de actuar, real y trascendentemente,
de la persona humana, actuación que implica, en síntesis, la consecución
objetiva de fines vitales del individuo y la realización práctica de los

GARANTiAs DE LIBERTAD 305
medios adecuados para su obtención. Pues bien, ese actuar genérico de la persona,
esa libertad abstracta del sujeto, se puede desplegar específicamente de
diferentes maneras y en diversos ámbitos o terrenos. Cuando la actuación libre
humana se ejerce en una determinada órbita y bajo una forma particular,
se tiene a la libertad especifica. :&ta es, en consecuencia, una derivación de la
libertad social genérica que se ejercita bajo ciertas formas y en una esfera
determinada (libertad de expresión de pensamiento, de trabajo, de comercio,
de imprenta, etc.), En otras palabras, las libertades específicas constituyen
aspectos de la libertad genérica del individuo, o sea, modos o maneras especiales
de actuar.
La libertad social, traducida en la potestad del SUjeto para realizar sus
fines vitales mediante el juego de los medios idóneos por él seleccionados, y
la cual determina su actuación objetiva, no es absoluta, esto es, no está exenta
de restricciones o limitaciones. Éstas tienen su razón de ser en la vida social
misma. En efecto, la convivencia humana sería un caos si no existiera un
principio de orden. Si a cada miembro de la sociedad le fuera dable actuar
en forma ilimitada, la vida social se destruiría a virtud de la constante
violencia que surgiría entre dos o más sujetos. En la pretensión de hacer
prevalecer sus intereses propios sobre los de los demás, bajo el deseo de tener
primacía sobre sus semejantes, el individuo aniquilaría al régimen de
convivencia. Éste, por tal motivo, debe implicar limitaciones a la actividad
de sus componentes. La libertad objetiva, como ilimitada y absoluta actuación,
sólo puede tener lugar en el hipotético "estado de naturaleza" de que
hablara Rousseau, donde cada hombre, por el hecho de vivir aislado de sus
congéneres, desempeña su eonducta sin restricciones, de acuerdo con la capacidad
de sus fuerzas naturales, El principio de orden, sobre el que se basa toda
sociedad, toda convivencia humana, implica necesariamente limitaciones a la
actividad objetiva del sujeto; por ende, éste estará impedido para desarrollar
cualquier acto que engendre conflictos dentro de la vida social. Las limitaciones
o restricciones impuestas por el orden y armonía sociales a la actividad
de cada quien, se establecen por el Derecho, el cual, por esta causa, se convierte
en la condición indispensable sine qua non, de toda sociedad humana.
Por eso el aforismo sociol6gico que expresa: ubi homines, societas, ubi societas,
jus, es de validez apodíctica, en el sentido de implicar, en primer lugar, la
índole eminentemente sociable del ser humano y, en segundo término, la imprescindible
necesidad del orden juridico, bien sea consuetudinario o legal,
para que una sociedad exista y subsista. Claro está que el orden de derecho
. es el factor que fija las limitaciones a la libertad social del hombre desde un
punto de vista deontológico, ya que en la realidad hist6rica no faltan ni han
faltado casos en que aquéllas no son impuestas juridicamente, sino por la voluntad
autocrática del gobernante.
Las limitaciones o restricciones a la libertad social del hombre que establece
el orden juridico tienen diversas causas. En los regímenes netamente

306 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
individualistas que se crearon a raíz de la Revoluci6n francesa, la libertad
humana no podia ejercerse sino cuando su desempeño no perjudicaba o dañaba
a otra persona. El interés particular, como posible objeto de vulneraci6n
de una desenfrenada libertad individual, era, pues, la barrera que a ésta se
oponía, La Declaraci6n Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
claramente consignaba este criterio de limitaci6n a la libertad en su
artículo IV, que disponía: "La libertad consiste en poder hacer todo lo que
no dañe a otro. De aquí que el ejercicio de los derechos naturales del hombre
no tenga más limitaciones que los que aseguren a los otros miembros de la
sociedad el goce de esos mismos derechos: estos limites no pueden determinarse
más que por la ley." Por tanto, como se puede colegir de la anterior
transcripci6n, dentro del más estricto individualismo, las únicas limitaciones
jurldicas a la libertad del hombre obedecían a una sola circunstancia, a saber:
cuando se causaran, mediante su ejercicio, daños a un interés privado.
El criterio que sirvi6 de fundamento a las limitaciones de la libertad se
transform6 y ampli6 con el tiempo. Entonces, la simple producci6n de un daño
a un particular ya no era ni el único ni el más importante dique al desarrollo
abusivo de la potestad libertaria. El Estado, como persona política y social,
podía ser también vulnerado por un desenfrenado ejercicio de la libertad. Fue
así como, al lado del factor limitativo ya mencionado, se declar6 que la libertad
del individuo deberla restringirse en aquellos casos en que su ejercicio
significara un ataque o vulneraci6n al interés estatal o interés social. Junto
a la limitaci6n de la libertad en aras del interés particular, se consagr6 la
restricci6n a la misma en beneficio del Estado o de la sociedad.
Ahora bien, ¿cuándo existe ese interés social o estatal como criterio limitativo
de la libertad del individuo? Ésta es una cuesti6n que no es posible
resolver a priori; es menester tomar en consideraci6n para tal efecto cada
caso concreto que se presente, o mejor dicho, cada libertad específica de que se
trate. Éste es el método que generalmente adoptan las constituciones en el establecimiento
de las limitaciones a la libertad humana, o sea, el consistente en
consignar éstas en relaci6n a cada libertad específica que reconozcan. Es más,
por lo general, ni la Ley Fundamental ni las leyes orgánicas de garantías
indican en qué casos se está en presencia de un interés social, estatal, público,
general, etc., para limitar las diversas libertades específicas; en la mayoría
de las veees se concretan los ordenamientos jurídicos a mencionar simplemente
el interés del Estado o de la sociedad como dique a la libertad humana
en sus distintas y correspondientes manifestaciones. Por consiguiente, toca a la
jurisdicci6n o a la administraci6n establecer en cada caso concreto cuándo
se vulnera el interés social o estatal por el desarrollo de una determinada libertad
eSpecífica.... .
:208 Así, v. gr.; el artículo 5° constitucional declara que "el ejercicio de la libertad de
trabajo, industria, comercio o profesión sólo podrá vedarse... cuando se ofendan los derechos
de la sociedad", sin especificar cuándo surge esa ofensa.

GARANTÍAs DE UBERTAD
No obstante, podemos afirmar que, si no se quiere degenerar en la absorción
del individuo por el Estado, como acontece en los regímenes totalitarios,
las limitaciones a la libertad en presencia del interés social o estatal, por un
lado, deben estar plenamente justificadas, y por el otro, ser de tal naturaleza,
que no impliquen la negación de la potestad humana que se pretende restringir,
según ya afirmamos en otra ocasión.
En síntesis, la libertad social u objetiva del hombre se revela como la potestad
consistente en realizar trascendentalmente los fines que él mismo se
forja por conducto de los medios id6neos que su arbitrio le sugiere, que es en
lo que estriba su actuaci6n externa, la cual s610 debe tener las restricciones
que establezca la ley en aras de un interés social o estatal o de un interés
legitimo privado ajeno.""
II. LA LIBERTAD COMO GARANTÍA rNDIVIDUAL
La libertad, en los términos que acabamos de expresar, es una condición
sine qua non, imprescindible para el logro de la teleología que cada individuo
persigue. En estas circunstancias, la libertad se revela como una potestad inseparable
de la naturaleza humana, como un elemento esencial de la persona.
En un plano deontológico, pues, la libertad se manifiesta bajo ese aspecto.
Ahora bien, en el terreno de las realidades sociales, ¿cómo se ostenta la
libertad del hombre? En otras palabras, ¿qué posición ocupa la potestad libertaria
del ser humano dentro de la sociedad estatal? Las concepciones filosóficas
abstractas de la personalidad dentro de la cual sitúan a la libertad como un
elemento inherente a su naturaleza, han tenido repercusiones en la vida social.
La idea deontológica de la libertad tiende siempre a convertirse en realidad
ontológica.
20'9 La anterior concepción no tiene la pretensión de definir lo que es la libertad.
Atendiendo a los diferentes puntos de vista desde los cuales puede analizarse la idea respectiva,
nos hemos contraído a exponer su implicación tomando en cuenta la naturaleza
teleol6gica del hombre y su carácter de ente social. Quizá las dificultades que embarazan
la tendencia intelectiva para definir la libertad como concepto abstracto, unitario e integral
(tendencia que peculieriza al espíritu filosófico latino y germánico), hayan originado
que la mentalidad anglo-sajona, propensa al pragmatismo, no se hubiese preocupado
por analizarlo. Tan es así, que los documentos jurldico-politícos de Inglaterra y Estados
Unidos se han concretado a mencionar las diferentes libertades especificas del hombre,
insertándolas en catálogos (bills) declarativos. Como indica acertadamente Sánchez Viamonte
(Los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa); el conceptualismo y la terminología
anglo-sajona distinguen la idea de "Iiberty", que corresponde al concepto abstracto,
integral y unitario de "libertad", de la de "freedom", que se aplica a las libertades
específicas reconocidas estatutaria y consuetudinariamente como "derechos del gobernado".
La idea de "Iiberty" ha sido deliberadamente inasequible para la conciencia jurídica de
los pueblos anglo-sajones, quienes se han conformado, en un afán utilitario, a emplear en
sus documentos públicos el concepto "Ireedom", desenvuelto en libertades específicas declaradas
o reconocidas.
307

308 LAS GARANTfAs INDIVIDUALES
El hombre, considerado abstractamente como persona, está dotado de la
potestad libertaria. Pues bien, dentro de la convivencia humana, dentro del
conglomerado social, en las múltiples relaciones que surgen entre los miembros
de éste, la libertad como factor abstracto deontológico del hombre ha
pugnado por transmutarse en algo real. En síntesis, si filosóficamente el ser
humano como tal tiene que ser libre, realmente también debe poseer este
atributo.
Se suscita, entonces, una cuestión histórica por elucidar: las concepciones
abstractas y deontológicas de la personalidad humana ¿han correspondido a
las realidades sociales, o éstas a aquéllas? La libertad que todo hombre debe
poseer ¿prácticamente la ha tenido? La historia nos demuestra hasta la evidencia
que tal correspondencia ha faltado a menudo. Así, desde los tiempos más
remotos había una acentuada diferencia social entre dos grupos de hombres:
los libres y los esclavos. La libertad estaba reservada a una clase privilegiada,
a un sector que imponía su voluntad sobre el resto de la población constituida
por los esclavos. Éstas no eran personas, sino cosas, como sucedía principalmente
en Roma. No era cierto que todo hombre, por el hecho de ser tal,
fuese libre; era falso que la libertad constituyera un atributo inseparable
de la naturaleza humana; la potestad libertaria se reservaba a una clase social
superior, privilegiada, que tenía todos lGS derechos sobre los seres no libres.
Esta negación de libertad a un grupo humano de la sociedad, esta desigualdad
inicua que imperaba entre dos clases sociales -hombres libres y esclavos--,
eran el signo invariable y característico de las realidades políticas de la antigüedad.
En la Edad Media y hasta los tiempos modernos, la libertad humana
no existía como atributo real de todo hombre. Los privilegios y la reserva de
libertad en favor de grupos sociales determinados subsistieron, a pesar de las
concepciones filosóficas propaladas en el sentido de que todos los hombres
sin distioción son igualmente libres. No fue sino hasta la Revolución francesa
cuando se proclamó la libertad universal del ser humano; todo hombre, se
dijo entonces, por el hecho de ser tal, nace libre; la libertad se hizo extensiva
a todo sujeto, con independencia de su condición particular de cualquier
género y especie. Fue asi como todo individuo ante el Derecho se reputó colocado
en una situación de igualdad con sus semejantes, situación que en la
actualidad se ha proyectado al campo económico y social propiamente
dicho, dando origen a las llamadas garantias sociales que tratamos en otra
ocasión.
Pues bien, la libertad de que disfrutaron en la antigüedad, en la época
medieval y en los tiempos modernos los grupos prepotentes y privilegiados,
salvo algunas excepciones, no significaba una garantía individual (en el concepto
que expusimos oportunamente), esto es, no era una libertad pública, sino
una libertad civil o privada. El individuo gozaba de libertad dentro del campo
del Derecho Civil, esto es, en las relaciones con sus semejantes, como sucedía
principalmente en Roma y en Grecia. Sin embargo, frente al poder público

GARANTIAS DE LI1lERTAD 309
no podía hacer valer la libertad de que era sujeto. El Estado y sus autoridades
estaban en la posibilidad de respetar la esfera de acci6n del gobernado,
mas no como consecuencia de una obligaci6n jurídica, sino a título de mera
tolerancia. El gobernante, según su arbitrio y discreción, podia o no respetar
la libertad de un individuo; mas no estaba obligado a acatarla. De ahí que el
Estado, sin tener barreras jurídicas que limitaran su actividad en beneficio
del gobernado, se tornaba cada vez más prepotente, invadiendo las órbitas de
la actuación del individuo en todos sus aspectos, como sucedía en los regímenes
absolutistas, principalmente en Francia, en donde los monarcas eran
dueños de las vidas y haciendas de sus súbditos.
En sintesis, hasta antes de la Revolución francesa, y salvo excepciones
como las concernientes a los regímenes jurídicos inglés y español (este último
a virtud de los "fueros"), en los que la actividad gubernamental debía respetar
jurídicamente cierta esfera de acci6n del gobernado, el hombre libre, esto
es, el perteneciente a las clases sociales privilegiadas, s610 gozaba de una libertad
civil o privada frente a sus semejantes y en las relaciones con éstos, careciendo
de libertad pública o a titulo de garantla individual, es decir, frente a
los gobernantes.
Ante los desmanes y arbitrariedades cometidos en contra de los gobernados
por el poder público, en vista de los abusos muy frecuentes de los
monarcas irresponsables y tiránicos ejecutados en perjuicio de sus súbditos,
el individuo exigió del gobierno, como sucedió en Inglaterra principalmente, el
respeto a sus prerrogativas como persona, dentro de las que ocupa un lugar
preeminente la libertad. Los hechos políticos arbitrarios por un lado y las
concepciones filosóficas jusnaturalistas sobre el ser humano, determinaron
la consagración jurídica de las prerrogativas fundamentales del hombre. Ésta,
sin embargo, tiene una fuente diversa en Inglaterra y en Francia. Entre los
anglosajones la costumbre jurídica era la que imponía al monarca el respeto,
la observancia de ciertas potestades fundamentales del gobernado; entre los
franceses, cuyo sistema jurídico estatal pre-revolucionario desconocía todo
derecho público escrito o consuetudinario que no emanara de la voluntad
real omnímoda, los derechos del hombre tuvieron su consagraci6n legislativa
por modo súbito, de manera repentina, al expedirse la famosa Declaración de
1789. Pero, independientemente de la forma en que se implantan jurídicamente
las prerrogativas fundamentales de la persona como tal, lo cierto es
que, en el orden a la libertad del individuo, ésta ya no era simplemente un
atributo de la actuación civil del sujeto, esto es, de su proceder ante sus semejantes
en la vida social, sino un derecho PÚblico subjetivo, oponible y exigible
al Estado.
La libertad individual, como elemento inseparable de la personalidad
humana, se convirti6, pues, en un derecho PÚblico cuando el Estado se obligé
a respetarla. Ya dicho factor no tenía una mera existencia deontolégica, sino
que se tradujo en el contenido mismo de una relaci6n jurídica entre la en-

310 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
tidad política y SUS autoridades, por un lado, y los gobernados, por el otro,
Esta relaci6n de derecho, que surgió cuando el Estado, por medio de sus
6rganos autoritarios, decidió respetar una esfera libertaria en favor del individuo
como consecuencia de un imperativo filos6fico, creó para los sujetos de la
misma un derecho y una obligaci6n correlativa. Un derecho para el gobernado
como potestad o facultad de reclamar al Estado y a sus autoridades el respeto,
la observancia del poder libertario individual, concebido en los términos a que
aludíamos anteriormente. Una obligaci6n para la entidad política y sus 6rganos
autoritarios, consistente en acatar, pasiva o activamente, ese respeto. Es
entonces cuando la libertad humana se concibe como el contenido de un
derecho subjetivo pública cuyo titular es el gobernado, con la obligaci6n estatal
correlativa impuesta al Estado y a sus autoridades; en otras palabras, es entonces
cuando la libertad humana deontol6gica, basada en supuestos y principios
filosóficos propios de la índole de la persona, se convierte en una garantla
individual, engendrando un derecho subjetivo público para su titular, consistente
en su respeto u observancia, así como una obligación estatal y autoritaria
concomitante.
No dejamos de reconocer, por otra parte, que el ejercicio real de la libertad
humana Como contenido de un derecho público subjetivo en los términos
anotados, está sujeto a diversas condiciones objetivas que se dan en el ambiente
socio-económico. En otras palabras, el ejercicio libertario en sus distintas
manifestaciones no puede desplegarse sin dichas condiciones. Cuando éstas
faltan, la libertad y los derechos públicos subjetivos que contienen sus diferentes
especies, se antojan meras declaraciones teóricas formuladas en la Constituci6n
frente a aquellos grupos humanos' que por su situación econ6mica
y cultural no pueden desempeñarlos en la realidad. Por ello, la concepci6n
clásica, tradicional de la libertad jurídicamente consagrada, ha sido atacada
con acritud por el pensamiento marxista, para el que una libertad que no
corresponda a la realidad socio-econ6mica es simplemente formal, desprovista
de contenido y de sentido, respecto de sujetos que no cuenten con medios para
ejercitarla. Esta apreciaci6n es correcta, pero no autoriza, ni mucho menos
justifica, la proscripci6n de los derechos públicos subjetivos de contenido libertario.
Tales derechos, según lo hemos afirmado reiteradamente, implican
obligaciones correlativas a cargo de' los órganos del Estado en cuanto que
éstos deben respetar las libertades específicas que aquéllos comprenden. A virtud
de los mismos, todo gobernado está en posibilidad de desempeñarlos sin
que los referidos 6rganos deban impedir su ejercicio. Ahora bien, si una persona,
por las circunstancias fácticas en que se encuentre dentro de la realidad
socio-económica y cultural en que viva, no está en condiciones de desplegar
su derecho libertario, no por ello debe dejar de ser un titular, pues sin este
derecho estaria a merced de las autoridades estatales, quienes podrían impedir
el desempeño de cualquier libertad aunque tales circunstancias cambiasen.
No debe confundirse el derecho público subjetivo con su ejercicio real, y si

GARANTÍAs DE LIBERTAD 311
para desplegarlo no existen las condiciones objetivas adecuadas, no por este
motivo debe dejarse al gobernado sin protecciónjurídica.
Siendo la libertad una potestad compleja, esto es, presentando múltiples
aspectos de aplicación y desarrollo, su implantaci6n o reconocimiento por el
orden jurídico constitucional se llevaron a cabo en relaci6n con cada facultad
libertaria específica. Éste es el método que se adopta por nuestra Constituci6n,
la cual no consagra una garantia genérica de libertad, como lo hacía la Declaraci6n
Francesa de 1789, sino que consigna varias libertades específicas
a titulo de derechos subjetivos públicos. Por esto es por lo que, siguiendo el
método que emplea nuestro sistema constitucional, procederemos al estudio
de cada uno de los preceptos de nuestra Ley Fundamental que contienen las
diversas garantías específicas de libertad.
IIl. GARANTIAS ESPECÍFICAS DE LmERTAD
A. La libertad de trabajo (articulo 5 constitucional) "'0
a) Extensi6n y limitaciones constitucionales a dicha libertad. La libertad
de trabajo es una de las garantias que más contribuyen a la realización
de la felicidad humana, que es, según afirmamos, en lo que se resuelve toda la
teleología del hombre dentro de un terreno de normalidad. En efecto, generalmente
el individuo suele desempeñar la actividad que más esté de acuerdo
Con su idiosincrasia, con sus inclinaciones naturales e innatas, etc. Consiguientemente,
la escogitaci6n de la labor que el individuo despliega o piensa ejercitar
constituye el medio para conseguir los fines que se ha propuesto (fama,
riqueza, gloria, poder, etc.), Es por esto por lo que la libertad de trabajo,
concebida como la facultad que tiene el individuo de elegir la ocupaci6n que
más le convenga para conseguir sus fines vitales, es la manera indispensable
sine qua non, para el logro de su felicidad o bienestar. Cuando al hombre
le sea impuesta una actividad que no se adecúe a la teleología que ha seleccionado,
no s610 se le imposibilita para ser feliz, para desenvolver su propia
personalidad, sino que se le convierte en un ser abyecto y desgraciado.
Fiel a tal prop6sito, que debe guiar a todo orden jurídico estatal, de
cualquier naturaleza que sea, consistente en procurar el bienestar social, que
se obtiene mediante la felicidad de los miembros dc un conglomerado humano,
nuestro articulo 5 constitucional consagra la libertad de trabajo en los siguientes
términos: "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos."
210 Esta libertad sc regulaba por los artículos 4 y 5 de la Constitución. El contenido del
primero de estos preceptos fue trasladado al segundo según Decreto Congresional de 27 de
diciembre de 1974, publicado en el DiaTio Oficial de la Federación correspondiente al día
31 del mismo mes y año. Según tal decreto, y como ya lo hemos advertido, el articulo 4constitucional
proclama la llamada "igualdad jurídica" entre el varón y la mujer.

312
LAS GARANTÍAs INDIVIDUALES
1. Como se colige de la simple lectura de esta disposici6n, la libertad de
trabajo (cuya connotación abarca la de la industria, profesi6n, comercio, etc.,
por ser sin6nima de libertad de ocupaci6n) tiene una limitaci6n en cuanto
a su objeto: se requiere que la actividad comercial, industrial, profesional, etc.,
sea licita. Por ende, todo aquel trabajo que es ilícito no queda protegido por la
garantía individual de que tratamos, habiéndolo considerado así la Suprema
Corte (Informe de 1970, Tribunal Pleno, pág. 291).
Ahora bien, ¿qué se entiende por licitud en los términos del articulo 5
constitucional? La ilicitud de un acto o de un hecho es una circunstancia que
implica contravenci6n a las buenas costumbres o a las normas de orden público.
En el primer caso, la ilicitud tiene un contenido inmoral, esto es, se
refiere a una contraposici6n con la moralidad social que en un tiempo y espacio
determinados exista;'" en el segundo caso, la ilicitud se ostenta como una
disconformidad, como una inadecuación entre un hecho o un objeto y una ley
de orden público.'"
¿Qué es una norma de orden público? Desde luego, no se deben confundir
las normas o leyes de orden público con las de Derecho Público. Éstas reciben
su correspondiente calificación en atención a la naturaleza del todo normativo
del que forman parte, pudiendo tener singularmente un contenido
dispositivo de carácter privado. Así, por ejemplo, es una disposición de derecho
público la contenida en el articulo 130, párrafo IV, de la Constitución, que
dice: "La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se
contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas
que con tal motivo establece la ley." Es una disposici6n de derecho público,
porque pertenece a un todo normativo que tiene tal carácter eminentemente,
. como es la Constitución. Sin embargo, tal disposición, no obstante su carácter
constitucional, puede no ser de orden público en el caso de que solamente
regule intereses particulares, en el supuesto de que concretamente tenga aplicación
a situaciones privadas, como acontece en la mayoría de las veces.
Por consiguiente, no toda norma o disposición de derecho público es necesariamente
de orden público. A la inversa, tampoco necesariamente toda
disposici6n de orden público pertenece al derecho público. Entonces, ¿cuál.
es la nota que caracteriza una disposición de orden público?
En las diversas situaciones que suelen darse socialmente, pueden existir
simples intereses privados o debatirse intereses públicos con los particulares.
Pues bien, cuando una disposición legal única y exclusivamente, de modo
directo, establece una regulación para los intereses privados en vista de una
situación juridica o fáctica determinada, se tratará de una norma de orden
211 No pretendemos abordar la cuestión del absolutismo o relativismo de la moral;
nos concretamos a afirmar que ésta es, socialmente relativa, o sea, que varía según la época
y el pueblo de que se trate.
212 Esta concepción de ilicitud la hemos derivado del articulo l,83Q del C6digo Civil,
que dice: "Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas
costumbres."

GARANTÍAs DE LIBERTAD 313
- privado. Por el contrario, si una ley regula directamente, ante una situación
de hecho o de derecho determinada, los intereses que en ella tenga el Estado
como entidad soberana o la sociedad, se estará en presencia de una norma
de orden público. Por ende, para dilucidar la cuestión de cuándo se trata de
una disposición de orden público, hay que acudir al objeto directo de la regulación
que respectivamente establezcan ambos tipos preceptivos, integrados
por los intereses privados o públicos que nonnen.''''
2. De la disposición contenida en la primera parte del artlculo 5 constitucional,
en relación con el artículo primero de la Ley Fundamental, se
infiere que la libertad de trabajo se hace extensiva a todo gobernado, a todo
habitante de la República, independientemente de su condición particular
(sexo, nacionalidad, raza, edad, etc.), así como a todo sujeto que tenga dicha
calidad, en los términos en que con antelación explicamos el concepto respectivo.
Sin embargo, por lo que respecta al ejercicio del sacerdocio de cualquier
culto, que la Constitución en su artículo 130, párrafo VI, equipara al
desempeño de cualquier profesión, existe una importante Iimitaci6n constitucional.
En efecto, el aludido artículo 130 de la Ley Fundamental, en su
párrafo VIII, dispone: "Para ejereer en los Estados Unidos Mexicanos el
ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexieano por nacimiento", disposición
que está corroborada por la Ley Orgánica correspondiente de enero
de 1927. Por ende, ningún extranjero o mexicano por naturalización puede
desempeñar el sacerdocio de algún culto, por prohibírselo así la Ley Suprema.
Es más, la misma disposición constitucional consigna otra limitación a
la libertad de trabajo por lo que el ejercicio del sacerdocio concierne, al
facultar a las legislaturas de los Estados para determinar el número máximo
de ministros de los cultos, "según las necesidades locales" (párrafo VIII).
Es evidente, en atención a este mandamiento, que la mencionada libertad,
bajo el aspecto indicado, queda al arbitrio de los organismos legislativos
estatales, los que, al fijar discrecionalmente la cantidad de ministros de cualquier
culto, están en abierta posibilidad de vedar el desempeño del sacerdocio
a toda persona, bajo el pretexto de que las necesidades respectivas
de la entidad federativa de que se trate estén satisfechas.
Estas restricciones no se comprendían ni en la Constitución de 57 ni en
el Proyecto de Reformas a este ordenamiento elaborado por don Venustiano
Carranza. En la expresada Carta Fundamental, el artículo 123 simplemente
disponía que era de la incumbencia exclusiva de los poderes federales
ejercer la intervención "que designen las leyes" en materia de culto religioso
y disciplina externa.i'" El aludido proyecto, por su parte, propuso en su
218 Respecto del concepto "normas de orden público" y "normas de orden privado"J
véase nuestro libro El Juicio de Amparo, donde abordamos la cucsti6n relativa con la
amplitud que nos ha sido dable. (Capítulo XXI, parágrafo I1, apartado C.)
"214 Como este precepto temitía a la lcgislaci6n secundaria, con fecha 14 de diciembre
de 1874 y bajo el gobierno de don Sebastián Lerdo de Tejada se expidió su ley reglamen-

314 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
articulo 129 que se declarara enfáticamente el principio de separacíon entre
la Iglesia y el Estado. Ahora bien, el dictamen de la Comisión designada
por el Congreso de Querétaro, integrada por los diputados Paulino Machorro
Narváez, Arturo Méndez, Hilario Medina y Heriberto Jara, rompi6 el
principio de independencia entre la Iglesia y el Estado, proclamando la
supremacía de éste sobre "los elementos religiosos" y desconociendo absolutamente
la personalidad juridica a las corporaciones eclesiásticas. Se arguy6
que la preconizaci6n de la separaci6n de la Iglesia y la entidad estatal
significaba el reconocimiento de la personalidad de aquélla, que fue 10 que
hicieron las Leyes de Reforma, circunstancia que origin6 que se dejara "a
las agrupaciones religiosas en una completa libertad para acumular elementos
de combate que a su debido tiempo hicieron valer contra las mismas
instituciones a cuyo amparo habían medrado". Consecuentemente con la
idea de que el poder estatal debía tener primacía sobre el poder eclesiástico,
la Comisión propuso las limitaciones a la libertad de trabajo de que
hemos tratado en 10 que se refiere al ejercicio del sacerdocio.
No está dentro de nuestro ánimo ponderar tales limitaciones y las demás
prevenciones que en materia de culto religioso consigna el articulo 130
constitucional vigente, desde el punto de vista de su justificaci6n o injustificaci6n.
S610 nos contraeremos a apuntar que dicho precepto se antoja anacr6nico
en la actualidad, pues las normas que involucra ostentan un marcado
carácter obsoleto, cuya consagraci6n pudo haber ohedecido a una reacci6n
del Estado frente a la fuerza politica y econ6rnica del clero mexicano
que siempre se opuso a toda tendencia reformativa progresista, habiendo
provocado una situaci6n que ya se encuentra totalmente liquidada y que
pertenece a la historia. Si el articulo 27 constitucional, en su fracci6n JI,
establece la incapacidad de las asociaciones religiosas para adquirir, poseer
o administrar bienes raíces y para imponer capitales sobre éstos, y si el
propio precepto declara como propiedad nacional todos los templos destinados
al culto público y demás edificios y construcciones relacionados con
él y con la propaganda o enseñanza del mismo, las disposiciones contenidas
con el articulo 130 nos parecen no 0010 inútiles, sino peligrosas, pues aun
sin ellas, por una parte, el poder político y econ6rnico del clero no seria
reivindicable en atenci6n a las terminantes prohibiciones y declaraciones del
artículo 27; y con su aplicaci6n estricta, por la otra, se podria revivir un
conflicto entre la Iglesia y el Estado que actualmente s610 constituye una
página sangrienta de nuestro pretérito hist6rico.
3. Otra limitaci6n constitucional estahlecida por el articulo 5 constitucional
es la que consiste en que la libertad de trabajo s610 podrá vedarse por
teele, que proclam6 la separación de la Iglesia y el Estado y cuya materia normativa la
integran múltiples disposiciones sobre el culto religioso externo y sobre el estado civil de
las personas excluyendo de él, para fines jurídicos, la injerencia de las autoridades eclesiásticas.

GARANTÍAs DE UBERTAD 315
determinaci6n judicial cuando se ataquen los derechos de tercero. Más
bien se trata de una posibilidad de limitaci6n, la cual se actualiza por determinaci6n
o sentencia judicial recaída en un proceso previo en que se
cumplan los requisitos contenidos en el artículo 14 constitucional en favor
de aquel a quien se pretende privar de ese derecho libertario. ¿Qué alcance
tiene una determinaci6n judicial (que debe ser necesariamente una sentencia)
que vede a una persona la libertad de trabajo cuando se ataquen los
derechos de tercero (es decir, de otra persona cuya posicion jurldica sea la
vulnerada por el ejercicio indebido de esta libertad?).'" De la redacción de
la citada disposici6n constitucional, se desprende que la determinaci6n judicial,
que actualiza la mencionada posibilidad, prohíbe o veda la libertad
misma, esto es, intercede a un individuo la potestad que tiene de optar por
la ocupaci6n que más le acomode. Sin embargo, la sentencia judicial que
establezca esa prohibici6n no tiene el alcance que aparentemente se deriva
de la disposici6n constitucional transcrita, puesto que, de lo contrario, se
haría nugatoria dicha garantía individual en perjuicio de un sujeto. Lo que
el constituyente quiso fue no establecer la posibilidad de que un hombre
fuese privado de la libertad de trabajo considerada ésta como facultad del
individuo para dedicarse a cualquier oficio, profesi6n, comercio, etc., que
más le agrade, sino facultar al juez para prohíbir a una persona que continúe
ejerciendo una actividad perjudicial para loo derechos de tercero. Propiamente
la Constituei6n en este caso no contiene una limitaci6n general
abstracta a la libertad de trabajo, sino una facultad otorgada al juez para
prohibir a un individuo que se dedique a una determinada labor cuando
el ejercicio de ésta implique una vulneraci6n a los derechos de otra persona
cualquiera, lo cual no obsta para que el sentenciado conserve la potestad
de elegir cualquiera ocupaci6n lícita, aun la misma que se le ved6, siempre
y cuando no produzca dicho efecto.
4. Una limitaci6n más a la libertad de trabajo que el propio artículo
5 constitucional contiene, consiste en que el ejercicio de la misma, s610
podrá vedarse por resoluci6n gubernativa, dictada en los términos que marque
la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. ¿Cuál es el alcance
de esta limitaci6n constitucional a la libertad de trabajo? Desde luego,
la autoridad administrativa está facultada para restringir el ejercicio
de dicha libertad, siempre y cuando dicte una resoluci6n conforme a una
ley limitativa correspondiente y la cual tenga en cuenta el perjuicio que la
sociedad pudiese resentir con el desempeño de tal 'derecho. Por ende, la autoridad
administrativa en general, independientemente de su jerarquía e
indole, no tiene facultad para restringir a un individuo el ejercicio de la
215 Se excluye pues, la posición de (acto, esto es, aquella que no está prevista o tutelada
por el Derecho Objetivo.

316 LAS GARANTIAS INDMDUALES
libertad de trabaja sin sujetarse para ella a una dispasici6n· legal en eí sentida
material, esto es, creadora, extintiva, modificativa o reguladora de situaciones
jurídicas abstractas e impersonales. Toda autoridad gubernativa,
pues, para limitar la libertad de industria, comercio, etc., en perjuicio de
una o más personas, debe apoyarse en una norma juridica que autorice
dicha limitación en los casos por ella previstos, en vista siempre de una posible
vulneración a los derechos de la sociedad.'" bU Por tanto, motu proprio,
la autoridad administrativa está impedida para decretar restricciones a la libertad
de trabajo, lo cual significarla, además de una contravención al artículo
5 constitucional, una violación al artículo 16 de la Ley Suprema a través
de la garantía de fundamentación legal.
Por otra parte, toda disposición legal en sentido material que limite dicha
libertad, sin que en las casos en ella contenidos Se lesionen los derechos
de la saciedad ---eircunstancia que debe ser establecida a posteriori-c-, es
inconstitucional bajo el aspecto de ser violatoria del artículo 5 de la Ley
Fundamental.
Ahora bien, en relación con la limitación constitucional a la libertad
de trabajo de que venimos tratando, se presenta una cuestión que no deja de
tener importancia: el fundamento legal que toda resolución gubernativa
debe tener para limitar el ejercicio de dicha libertad, ¿puede consistir en
una disposición reglamentaria o en una ley desde el punto de vista formal,
esto es, expedida por el Poder Legislativo? En otras palabras, el término
"ley" que se emplea en el articulo 5 constitucional ¿alude tanto a los reglamentos
administrativos como a las leyes propiamente dichas, o solamente
a éstas? Cuando una autoridad se apoya en reglamentos gubernativos (que
son leyes desde el punto de vista material) para vedar la libertad de trabajo
en determinados casos, ¿viola el articulo 5 constitucional? ¿Es menester que,
para no infringir este precepto, dicha autoridad se base en una ley desde
el punto de vista formal, o sea, en una disposición legal material dictada
por el Poder Legislativo Federal o por el local en sus respectivos casos? Si
se toma la palabra "ley" que emplea el artículo 5 constitucional en su sentido
material, intrinseco, es decir, como disposición creadora, modificativa,
extintiva o reguladora de situaciones jurídicas, abstractas e impersonales,
independientemente de la autoridad de que provenga, con evidencia que un
reglamento administrativo puede servir de fundamento a una resolución
gubernativa para limitar o prohibir la libertad de trabajo en determinados
casos. Sin embargo, nosotros estimamos que no con esa sola medida interpretativa
se soluciona la cuestión planteada, por lo que habrá que recurrir
a otras consideraciones.
2115 bis Este mismo criterio lo ha sustentado en su jurisprudencia el Primer Tribunal
Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa (cfr. Informe de 1977, Sección
"Tribunales Colegiados", págs. 30 y 31).

GARANTfAs DE LIBERTAD 317
Los reglamentos administrativos tienen como autor al Presidente de la
República o a los gobernadores de los Estados, en sus respectivos casos.
Pues bien, al vedar el ejercicio de la libertad de trabajo, cuando ésta vulnere
los derechos de la sociedad, un reglamento administrativo determina los
casos generales en los cuales surge la posibilidad de tal. vulneración. Por
ende, las autoridades administrativas que lo expiden son las que reglamentan
la garantía individual de libertad de trabajo por lo que concierne a
esta limitación constitucional, desde el momento en que fijan las hipótesis
en que se pueden atacar los derechos sociales. En vista de esta circunstancia,
nosotros nos preguntamos: ¿las autoridades administrativas, con el Jefe del
Ejecutivo al frente, son constitucionalmente competentes para reglamentar
por si mismas, sin ningún antecedente legislativo, una garantia individual
como es la contenida en el artículo 5 de la Constitución? Si recorremos las
facultades que ésta atribuye al Presidente de la República en su articulo
89, no descubrimos ninguna que asigne a este funcionario competencia para
reglamentar las garantías individuales o, en otras palabras, para dictar disposiciones
legales reglamentarias de las mismas; tampoco a través de la
Ley Suprema encontramos investido al Jefe del Ejecutivo con la facultad de
legislar sobre garantías individuales. Por tal motivo, el Presidente de la República
y, consiguientemente, las autoridades administrativas inferiores, no
están facultadas constitucionalmente para reglamentar, por sí mismos, las
garantias individuales, que es a lo que equivaldría dictar disposiciones reglamentarias
fijando los casos generales en los que el ejercicio de la libertad
de trabajo vulnere los derechos de la sociedad. A la luz de la Ley Fundamenial,
la atribución de señalar las hipótesis en que esta consecuencia se
produce o puede producirse con motivo del desempeño de dicha libertad,
en materia federal corresponde al Congreso de la Unión, de conformidad
con el articulo 73 constitucional, fracción XXX, a modo de facultad implícita,
máxime si se atiende a lo que dispone el artículo 16 transitorio de
la Constitución, que dice: "El Congreso Constitucional, en el periodo ordinario
de sus sesiones. .. expedirá todas las leyes orgánicas de la Constitución
que no hubieren sido ya expedidas en el periodo extraordinario a
que se refiere el artículo 6 transitorio, y dará preferencia a las leyes relativas
a las garantías individuales..." En conclusión, los reglamentos administrativos,
si bien material o intrínsecamente pueden reputarse como leyes, formalmente
son considerados como actos emanados del Poder Ejecutivo, por
lo que, no teniendo éste facultad constitucional para reglamentar las garantías
individuales, no puede, por ende, motu proprio, señalar los casos
generales en que el ejercicio de la libertad de trabajo ataque los derechos
de la sociedad y, en consecuencia, limitar o prohibir ésta en determinadas
hipótesis. La incompetencia de las autoridades administrativas y, por ende,
la ineficacia de los reglamentos que éstas expidan para reglamentar las
garantías individuales, han sido deelaradas por la jurisprudencia de la Su-

320 LAS GARANTfAS INDMOUALES
pueda dañar, perjudicar u ofender los derechos de la sociedad, por las razones
que hemos expuesto. Ahora bien, si dicho reglamento no veda o
prohíbe el desempeño de tal actividad, sino que se contrae a establecer las
bases o requisitos para su desarrollo (como sucede, generalmente, con las
distintas regulaciones, administrativas de diversas actividades particulares con
vista a preservar el interés social o público y que tienen su fundamento legal
en la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal tratándose de
esta entidad federativa, no puede afirmarse que sea violatorio del artículo 5
constitucional, porque no impide el ejercicio de la libertad de trabajo, sino
condiciona éste a ciertas exigencias, las cuales, una vez satisfechas, lo expeditan.
En otras palabras, una cosa es vedar alguna actividad, o sea, prohibirla
por modo absoluto, lo cual sólo debe hacerse mediante una ley en
sentido formal y material cuando se ofendan o lesionen los derechos de la
sociedad, es decir, cuando se afecten los intereses públicos o sociales, y otra,
completamente distinta, reglamentar una libertad de trabajo especifica, esto
es, consignar los requisitos que deben colmarse para su desarrollo y establecer
la vigilancia o el control gubernativo sobre ella, así como las causas o
motivos de la impedición de su ejercicio porque tales requisitos dejen de
satisfacerse una vez llenados. La prohibición para que una actividad se
despliegue debe implicar el contenido de una situación legal absoluta conforme
al artículo 5 constitucional, o sea, la consagración en una ley de los
casos generales en que ninguna persona, llenando o no requisito alguno,
puede desempeñarla por dañar los derechos de la sociedad o por lesionar
los intereses públicos; en cambio, la reglamentación respecto de dicha actividad
no entraña su exclusión de la libertad de trabajo, sino la prohibición
relativa o contingente de que la persona concretamente considerada, que
no satisfaga o deje de satisfacer las exigencias reglamentarias, pueda desarrollarla.
Por ende, al disponer el artículo 5 constitucional que el ejercicio
de la libertad de trabajo sólo puede vedarse "por resolución gubernativa
dictada en los términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos
de la sociedad", establece claramente que la exclusión de cualquier actividad
del gobernado que provoque este último fenómeno, únicamente puede
consignarse en un ordenamiento legal expedido por el Congreso de la Unión
o las legislaturas locales, según sea la materia de regulación en que tal actividad
se desempeñe, y que, con base en él, se emita la decisión prohibitiva
correspondiente. Y como la reglamentación del ejercicio de cualquiera libertad
especifica de trabajo no importa su prohibición absoluta, erga omnes,
es decir, su exclusión de la conducta general del gobernado, el ordenamiento
que la instituya (reglamento que puede expedirse, según el caso,
por el Presidente de la República o por los gobernadores de los Estados)
no debe considerarse infractor del precepto que comentamos, a no ser que
los requisitos que imponga para el desempeño de la actividad partícular
de que se trate sean de imposible satisfacción absoluta (no concreta), en

GARANTÍAs m. UBERTAD
virtud de que esta imposibilidad realmente traduciría una verdadera prohibición.
En resumen, estimamos que la fijación de los casos generales en los que
se determine que el ejercicio de la libertad de trabajo daña los intereses o
derechos de la sociedad, debe establecerse por una ley en sentido material y
formal, esto es, por un acto jurídico creador, modificativo o extintivo de
situaciones abstractas e impersonales emanado del Poder Legislativo, bien
sea local o federal, Por ende, las limitaciones a la garantía individual de
libertad de trabajo que se manifiesten en prohibiciones absolutas del ejercicio
de cualquier actividad lícita del gobernado, sólo de esa manera deben
llevarse a cabo.... La autoridad administrativa que dicte una resolución gubernativa
que vede a un individuo dicha libertad debe apoyarse en la ley
limitativa o prohibitiva correspondiente, la que a su vez, para no contrariar
el artículo 5 constitucional, debe determinar los casos generales de prohibición
en los que realmente se estime que se ofenden o lesionan los derechos
o intereses de la sociedad, estimaci6n que, por otra parte, y en los juicios
de amparo que al respecto se promuevan, debe ser ponderada por la autoridad
judicial federal, pues suponer que el legislador pueda ad líbitum
señalar en las leyes que expida las hipótesis en que el ejercicio de alguna
actividad del gobernado dañe los derechos o intereses públicos, existiendo
o no verdaderamente, con criterio objetivo, la posibilidad de damnificaci6n
correspondiente, equivaldría a entronizar la dictadura legislativa, al colocar
bajo su exclusiva y excluyente potestad a la libertad de trabajo. Por otra
parte, la autoridad administrativa puede expedir reglamentos que regulen
esta libertad; pero siempre que exista la ley previa correspondiente, la cual
sería, hablando con propiedad, el objeto de la reglamentaci6n detallada o
minuciosa en ellos contenida. En vista de todas las consideraciones ya expuestas,
estimamos que los reglamentos administrativos que por sí mismos,
sin apoyarse en una ley preexistente, limitan la libertad de trabajo en el
sentido de prohibir SU ejercicio en ciertas actividades, son inconstitucionales
219 Duguit sustenta un criterio similar al afirmar que los límites a la libertad individual
para que la vida social sea posible sólo pueden ser determinados por la ley. Al
efecto afirma que: "Esto quiere significar, desde luego, que dichos límites no pueden ser
determinados sino por el órgano especialmente encargado de hacer la ley, Y. además, que
no pueden establecerse sino mediante una decisión tomada por vía general y abstracta,
sin consideración de- clase ni de persona, y en manera alguna por medio de una decisión
individual y concreta, adoptada con relación a una persona o a una clase determinada.
Finalmente, estas restricciones, impuestas a la libertad individual de cada uno en interés
de todos, deben ser las mismas para todos. Es la consecuencia directa del principio de
igualdad.
Sólo la ley puede hacer restricciones a las libertades individuales, bajo la condición
expresa de ser las mismas para todos y de que sean necesarias para asegurar el libre desenvolvimiento
de la actividad de cada Uno. Toda ley que estableciese restricciones de la
libertad individual excediéndose de este límite violaría el derecho, de la misma manera que
toda ley que limitase la libertad de unos en condiciones más rigurosas que la libertad
de otros." (M anual de Derecho Constitucional, pág. 211.)
321

322
LAS OARANriAS INDIVIDUALES
por dos motivos fundamentales: primero, porque la autoridad que los
expida, o sea, la administrativa, no está facultada por la Ley Suprema
para reg:lamentar dicha garantía, sino que esta atribución compete al Congreso
Federal o a las legislaturas locales en sus respectivos casos; y, segundo,
porque una disposición materialmente legislativa que dicte e! Presidente de
la República (refiriéndose s610 a la materia federal o a la local para e!
Distrito Federal) tiene que fundamentarse en una ley formal previa, según
se desprende de la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución, fundamento
de! que carecerían los aludidos reglamentos.
Frente al principio de que la libertad de trabajo s610 puede vedarse por
una ley en sentido formal y material, es decir, prohibirse absolutamente
para todos en relación con una determinada actividad cuando se ofendan
los derechos sociales, se suscita e! problema de si los reglamentos autonomos,
llamados también gubernativos, entrañan dicha prohibición cuando
sujetan la conducta del gobernado a ciertos requisitos sin cuyo cumplimiento
no podría desempeñarse. Ya hemos afirmado que ningún reglamento
de ese tipo debe vedar o prohibir actividad alguna por modo absoluto;
pero esta prohibición, que comprende a la actividad 'en sí misma considerada,
no debe confundirse COn la fijación de las condiciones en que el gobernado
puede ejercitarla, condiciones que se refieren a circunstancias de
variada índole dentro de las cuales se debe realizar su desempeño, tales
como la ubicación de! establecimiento comercial o industrial, requisitos de!
local respectivo, horario de labores, posesión de una licencia de funcionamiento,
etc. Conforme a esta consideración distintiva entre la prohibición
absoluta de una actividad y la sujeción de su ejercicio a ciertas condiciones,
se concluye que los reglamentos gubernativos, al consignarlas, no implican
la vulneración de la libertad de trabajo ni, por ende, se oponen al artículo
5 constitucional, ya que satisfechas tales condiciones, la actividad respectiva
puede desempeñarse.t" .,. Por otra parte, los requisitos a que está sometido el
ejercicio de una determinada conducta del gobernado se justifican plenamente
en e! caso de que a esta conducta se vinculen los intereses de! público,
cuya protección importa la finalidad propia de los citados reglamentos.
5. Otra limitación constitucional a la libertad de trabajo es la contenida
en e! texto respectivo del artículo 5 de la Ley Suprema, que dice: "En
cuanto a los servicios públicos sólo podrán ser obligatorios, en los términos
que establezcan las leyes respectivas, e! de las armas y e! de los .jurados,
así como e! desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular,
directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter
oblig-atorio y g-ratuito, pero serán retribuidas aquellas que se realicen pro-
.:l19 bis La distinción entre los reglamentos autónomos y los heterónomos que brevemente
hemos expuesto la ha formulado, en términos análogos, el Primer Tribunal Ooíegiado
del Primer Circuito en Materia Administrativa. en su jurisprudencia. (Cfr. Informe
de 1977, págs. 42 a 47 de la Secci6n "Tribunales Colegiados".)

GARANTÍAs DE UBERTAD 323
fesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes.
Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos
en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale." Esta prevención
constitucional implica una limitación a la libertad de trabajo porque
constriñe al individuo a desempeñar ciertos seroicios aun en contra de su propia
volunúul. Hemos afirmado que la libertad de trabajo es una facultad de la persona
consistente en poder escoger la labor que más le agrade y que estime
más idónea para el .logro de su felicidad o de sus aspiraciones. Pues bien, al
declarar la disposición constitucional transcrita como obligatorios los servicios
públicos de annas, dejurados, de cargos concejiles y de los de elección popular, las
actividades profesionales de índole social y las [unciones electorales y censales, descartan
la facultad que tiene el sujeto de rechazar o no optar por dichos trabajos,
desde el momento en que, aunque no lo desee, tiene que desplegarlos.
La obligación en el desempeño de los servicios y funciones públicas que
enumera el párrafo transcrito del articulo 5 constitucional se justifica plenamente.
En efecto, si se analiza cada uno de dichos servicios o funciones,
se llegará a la conclusión de que su ejercicio tiene un gran interés nacional,
o, al menos, social, al cual ningún miembro del conglomerado debe ser ajeno.
Dicho interés está colocado sobre las voluntades particulares, por lo
que toda persona debe contribuir, en la medida de sus posibilidades y capacidades,
a servirlo y protegerlo, sobre todo en la defensa del país. El
constituyente, previendo que la garantía de la libertad de trabajo en sus
términos absolutos podría implicar un obstáculo para la satisfacción de los
diferentes intereses sociales que se colman con los diversos servicios públicos
que enumera la disposición constitucional comentada, limitó atingentemente
tal derecho, declarando como obligatorias las prestaciones públicas de armas,
de cargos concejiles, de jurados, de cargos de elección popular, los
que estriban en las funciones electorales y censales y los servicios profesionales
de índole social.
Si analizamos el sentido en que está concebida la citada prescripción constitucional,
se constatará que .timitativamente menciona determinados servicios
públicos como obligatorios. Por ende, cualquier servicio público, esto es,
cualquier prestación que el individuo desempeñe en beneficio del Estado,
que no esté comprendido dentro de los enumerados en el párrafo segundo
del artículo 5 constitucional, no será obligatorio, teniendo la persona la
potestad de desempeñarlo o no, según le convenga.
La obligatoriedad de los servicios públicos que indica dicha disposición
constitucional es meramente declarativa. En consecuencia, como en tal prescripción
se expresa, toca a la legislación secundaria federal o local, según
el caso, determinar las condiciones, circunstancias y demás pormenores en
que se deben desarrollar los servicios públicos obligatorios. Así, verbigracia,
la Ley del Servicio Militar Obligatorio, que entró en vigor por decreto de
31 de agosto de 1942, especifica con minuciosidad los términos en que se

324 LAS GARANTiAs INDIVIDUALES
debe prestar el se1"VlCIO público de las armas, el cual, siendo de carácter
federal, puesto que interesa a toda la naci6n, está regulado por una ley de
esa misma índole constitucional. Por su parte, la legislaci6n local de cada
Estado de la Federaci6n, de conformidad con la disposici6n transcrita del articulo
5 constitucional, debe determinar las condiciones en que deben desempeñarse
los servicios públicos de jurados que deban conocer de delitos del
orden común, los cargos concejiles, los de elecci6n popular dentro de la
entidad de que se trate, etc., por ser ellos del resorte competencial local,
de acuerdo con el artículo 124 de la Ley Suprema.
La Constituci6n de 57, también en su artículo S. redujo las limitaciones
de que tratamos a los servicios públicos de las armas, a las funciones electorales
y a los cargos concejiles y de jurado. La Ley Fundamental vigente,
antes de la reforma practicada en noviembre de 1942 a su artículo 5, agreg6
como obligatorios los cargos de elecci6n popular directa o indirecta; y
por virtud de dicha reforma, el texto actual del mencionado precepto extendi6
las restricciones a la libertad de trabajo, a las funciones censales y a los
servicios profesionales de índole social. Ello revela la tendencia evolutiva
justificada de limitar el derecho público subjetivo inherente a la citada libertad,
en aras de los intereses nacionales y sociales, que evidentemente
deben prevalecer sobre el interés particular del gobernado. De esta prevalencia
ni siquiera pudo sustraerse la Constituci6n de 57, inspirada en una
ideología eminentemente individualista y liberal, pues se consider6 con toda
raz6n, al reformarse su artículo 5 el 25 de septiembre de 1883 y el 10 de
junio de 1898, que sobre la facultad optativa que involucra la libertad
de trabajo, se debía situar la obligatoriedad en el desempeño de servicios,
funciones y cargos públicos que siempre responden, por su naturaleza misma,
a necesidades colectivas, cuya colmaci6n incumbe a todo miembro de
la sociedad, según hemos afirmado.
Como veremos más adelante, la libertad de trabajo está constitucionalmente
asegurada por la terminante declaraci6n, contenida en el mismo artículo
5, de que "Nadie podrá ser obligado a.prestar trabajos personales sin
la justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento". Ahora bien, dentro de las
hipótesis limitativas a que se ha aludido, esta norma de seguridad deja de ser
operante. Así, el propio precepto, en el párrafo correspondiente que ya transcribimos,
impone la obligatoriedad, mas no la gratuidad, en lo que respecta a los
servicios públicos de las armas, de los jurados, de los cargos concejiJes y de
los de elecci6n popular directa o indirecta, así como a los profesionales de carácter
social; pero por lo que concierne a las funciones electorales y censales,
éstas deben desempeñarse obligatoria y gratuitamente, es decir, sin
o contra el consentimiento del gobernado y sin retribuci6n alguna."
fl'O La Cúmisi6n encargada de dictaminar sobre el artículo 5° en el Congreso de Querétero,
integrada por los diputados Múgica, Rcmán, Monzón, Recio y Cclunga, basándose
en un estudio del licenciado Aquiles ElorduyJ propuso que también se reputase como obli-

GARANTÍAs DE LIBERTAD
6. La limitación constitucional a que nos vamos a referir está concebida
en e! multi-invocado artículo 5 constitucional que dice: "La ley determinará
en cada Estado cuáles son las profesiones que necesitan título
para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las
autoridades que han de expedirlo." La limitación que involucra esta pre·
vención constitucional se traduce en la prohibición impuesta a aquellos individuos
que no tengan el título correspondiente para ejercer las profesiones
en que este requisito se exija. Por ende, de acuerdo con esta limitación
constitucional a la libertad de trabajo, toda persona que desee dedicarse a
alguna actividad para cuyo desempeño se requiera e! título correspondiente,
debe obtener éste de la autoridad u organismo designados por la ley como
competentes para expedirlo.
De acuerdo con la disposición legal que comentamos, y tal como lo ha
asentado la jurisprudencia de la Suprema Corte, es a las diferentes entidades
federativas a las que corresponde, por conducto del Poder Legislativo
local, señalar legalmente las profesiones que requieran título para su ejercicio.
Este señalamiento debe obedecer al criterio de la mayor o menor dificultad
que e! ejercicio de una profesión presente, así como al mínimo de
preparación cultural que se exija al profesor, determinando, como lo manda
el propio precepto constitucional, las condiciones para obtener la autorización
o título correspondiente, así como la autoridad o entidad competente
para su expedición, en la inteligencia de que tal título o autorización son
respetables y válidos en todos los Estados de la República, según lo preceptúa
e! artículo 121 constitucional, en su fracción V.
Atendiendo a la amplitud normativa dentro de la que opera la libertad
de traba jo, tratándose de! ejercicio de cualquier profesión los extranjeros
Se encuentran en la misma situación que los nacionales mexicanos. Esta situación
contrasta con las limitaciones y prohibiciones que en varios países
se imponen al profesionista extranjero para proteger al profesionista nacional
frente a competencias desleales y hasta ruinosas en e! desempeño de
gatorio "el servicio en el ramo judicial para todos los abogados de la República". El
dictamen y el texto del artículo 5'" sugerido por la Comisión, se discutieron apasionadamente,
sobre todo en lo que atañe a las disposiciones relativas a la materia de trabajo,
habiéndose a la postre decidido que ésta se regulase en un capítulo especial de la Constitución,
dada la trascendencia de Su normación como una de las aspiraciones básicas de la
Revolución. Fue así como se incorporé a nuestra actual Ley Suprema el capítulo denominado
"Del Trabajo y de la Previsión Social", formado por el Famoso artículo 123, que
está fundado en un prolijo estudio formulado por los licenciados José Natividad Macias
y Luis Manuel Rojas, por encargo de don Venustiano Carranza. La separación normativa
de dos materias jurídicamente diferentes, como son las consistentes en la libertad de trabajo
en su carácter de garantía individual o del gobernado y las garantías sociales para
la clase trabajadora como lactar imprescindible de la producción, originó que la Comisión
antes referida eliminara del texto proyectado del artículo 5". las disposiciones concernientes
al trabajo en su aspecto de sevicio personal frente a los palrones o empresas, habiéndose
dejado de incluir, por otra parte. en dicho texto, la limitación a la libertad laboral II
ocupacional, consistente en la obligatoriedad. a cargo de los abogados de la República,
de prestar servicios en el ramo de justicia.
325

326 LAS GARANTiAS INDIVIDUALES
la actividad respectiva. La libertad profesional que proclama el artículo 5
constitucional en beneficio de todo extranjero ha propiciado en México la
formación de verdaderos consorcios extranacionales que, al través de "bufetes",
o "despachos", no sólo compiten ventajosamente con los profesionistas
mexicanos, sino que acaparan gran número de negocios y casos en los
que poderosas empresas transnacionales son protagonistas. La mencionada
libertad no ha podido ser restringida ni mucho menos suprimida en aras
del principio de igualdad y reciprocidad internacionales, precisamente porque
su rango constitucional lo impide. Prueba de ello es la jurisprudencia
de su Suprema Corte que ha estimado contrarias al articulo 5 de la Ley
Suprema las prohibiciones establecidas en la legislación sobre la materia respecto
de profesionistas extranjeros, imposibilitando la protección jurídica
del profesionista mexicano.
La situación brevemente descrita ha sido estudiada en diversas ocasiones
por diferentes agrupaciones de juristas con el objeto de proponer el remedio
adecuado que asegure la preservación de los profesionistas nacionales frente
a la competencia extranjera. Así, en la Cuarta Convención de Barras Asociadas
que se efectuó durante el mes de junio de 1972, se sugirió una adición
al articulo 5 constitucional concebida en los siguientes términos:
"Con, excepción de los casos en que lo requiera imprescindiblemente el
fomento tecnológico o científico del país, cuando se trate de asilados políticos
o lo dispongan los tratados que se ajusten al principio de reciprocidad, s610 a
los mexicanos con título profesional expedido por las facultades o escuelas de
Derecho nacionales autorizadas para ello, o con título extranjero reconocido
por la Secretaría de Educación Pública, debidamente registrado, les será permitido
ejercer alguna profesión de las que conforme a la ley lo requieren."
Nosotros creemos, sin embargo, que debe dejarse en libertad al legislador
ordinario para adoptar cualesquiera medidas tendientes a la finalidad
que la adición propuesta persigue a efecto de que, según las necesidades
sociales, culturales y económicas del país en materia profesional, se establezcan
normas jurídicas que puedan conseguir un justo equilibrio entre el
objetivo de tutelar al profesionista mexicano y los requerimientos de cooperación
profesional extranjera en favor de México, sin tener que modificar
periódicamente el aludido precepto de la Ley Fundamental. Por ende,
estimamos que la modificación que debe introducirse al artículo 5 constitucional
para los efectos indicados, debe concebirse en los siguientes términos:
"Tratándose de extranjeros, la ley establecerá las prohibiciones, limitaciones
y condiciones en general para el ejercicio de sus actividades profesionales."
Somera referencia a la Ley de Profesiones para el Distrito Federal. En
el Distrito Federal, con fecha 30 de diciembre de 1944, se expidió por el
Congreso de la Unión, fungiendo como legislatura de esta entidad federa-

GARANTÍAS DE UBERTAD 327
tiva, la Ley Reglamentaria de los artículos 4 y 5 constitucionales, que se
publicó en el Diario Oficial de la Federación. e! 26 de mayo de 1945. Además
de obedecer al imperativo constitucional consignado en e! artículo 4
de la Ley Suprema (actualmente articulo 5) ·la expedición de! mencionado
ordenamiento respondió al designio de colmar una necesidad de profilaxia
social en e! ambiente profesional para dignificar e! ejercicio de las profesiones,
tratando de eliminar e! charlatanismo que desgraciadamente ha existido
en ellas como una verdadera plaga que de manera inveterada ha padecido
la colectividad. No obstante, a pesar de que los motivos y fines que inspiraron
a la Ley Reglamentaria citada revelan indudablemente una loable
tendencia para preservar a la sociedad contra los usurpadores y suplantadores
de diversas profesiones (quienes, sin poseer los conocimientos científicos
y técnicos que presume juris tantum un título otorgado por alguna institución
docente oficialmente autorizada o reconocida, han contribuido a
desprestigiar las actividades profesionales en sus diferentes ramas), varias de
sus disposiciones transitorias, así como ciertos decretos y acuerdos que con
base en ellas se fueron expidiendo, hicieron nugatorios tan saludables propósitos,
al menos durante los primeros años de vigencia de! consabido ordenamiento.
Así, verbigracia, e! artículo 11 transitorio de la citada ley considera válidos
los títulos profesionales que se hubieran otorgado hasta la fecha de su
expedición (30 de diciembre de 1944) por las instituciones .mexicanas particulares
o por las autoridades, a pesar de que tales títulos hayan carecido
de alguno de los requisitos fijados en e! propio cuerpo legal, y en e! supuesto
de que e! registro respectivo se hubiese hecho ante las autoridades facultadas
para ello (inciso a)). Esta disposición, como fácilmente se advierte
encubrió o solapó a los llamados profesionistas con "título colorado", expedido
comúnmente por gobernadores de los Estados (autoridades) o por escuelas
o universidades fantasmas carentes de solvencia moral e intelectual y aun
de existencia institucional o jurídica, al habilitar a aquéllos para obtener e!
registro de su título espurio en la Dirección General de Profesiones y para
dedicarse al ejercicio profesional correspondiente. Además, e! precepto mencionado
otorgó a las personas que desempeñaban una profesión sin el título
respectivo e! derecho de regularizar su situación conforme a la ley citada
dentro de un plazo de cinco años, en e! caso de que durante los diez años
anteriores a la fecha de su expedición hubieran ejercido cualquier actividad
profesional (inciso b)). En consecuencia, conforme al invocado artículo 11
transitorio, los "profesionistas" sin título quedaron en posibilidad de ejercer
alguna profesión durante dicho lapso de cinco años; y para que esa
posibilidad se tradujese en una habilitación positiva, el mismo Congreso de
la Unión, por decreto publicado en el Diario Oficial e! 25 de enero de 1947,
dispuso que las personas que ejercieran una profesión sin tener el título correspondiente
y que se encontraran en el caso de regularizar su situación

328 LAS GARANTÍAs INDIVIDUALES
conforme a la ley de la materia, podían obtener la autorización respectiva
(art. 3). Con apoyo en dicho Decreto Congresional, la Dirección General
de Profesiones, por acuerdo de 28 de junio de 1947, emitió una autorización
general para ejercer cualquier profesión en favor de todas las personas carentes
de! título correspondiente con e! solo requisito de haber presentado
su solicitud de capacitación o regularización y mientras sus expedientes respectivos
se encontrasen en trámite, autorización que feneceria el 30 de noviembre
de dicho año. Mediante acuerdos posteriores, la citada Dirección
expidió autorizaciones generales a los carentes de título para ejercer profesionalmente
bajo los mismos supuestos contenidos en el acuerdo precedente,
prorrogando en diversas ocasiones el término del ejercicio profesional.
Esta complacencia con los "profesionistas" sin título contrasta con la
terminante exigencia establecida en e! articulo 6 transitorio de la Ley Reglamentaria
de los articulos 4 Y 5 constitucionales (actualmente s610 de
este último), en e! sentido de que los poseedores de titulas profesionales
expedidos legalmente (es decir, por la Universidad Nacional Autónoma de
México, o por escuelas o instituciones técnicas o universitarias públicas o
privadas oficialmente reconocidas o autorizadas) con anterioridad a su vigencia,
deberían obtener e! registro correspondiente dentro del término de
un año, so pena de quedar impedidos para e! ejercicio profesional, y aunque
dicho plazo fue prorrogado mediante diversos acuerdos de la Dirección
mencionada y decretos de! Congreso de la Unión, la situación de los profesionistas
titulados y la de las personas que sin título legalmente obtenido
ejercieran alguna profesión, Se tradujeron en un estado de verdadera iniquidad,
pues, merced a las diversas autorizaciones generales que se emitieron
en ambos casos, unos y otros quedaron habilitados para desempeñar la
respectiva actividad profesional, circunstancia que vino a desvirtuar los propósitos
perseguidos por la ley que comentamos.
No está en nuestro ánimo formular una critica exhaustiva de la Ley
Reglamentaria de! articulo 5 constitucional que rige en e! Distrito Federal;
mas independientemente de la desnaturalización de sus fines primordiales,
que ella misma propició a través de torpes preceptos, dando pie para que
se consumara por decretos y acuerdos posteriores, no podemos dejar de
referirnos a algunos aspectos de inconstitucionalidad que representa dicho
ordenamiento.
Según lo hemos afirmado en reiteradas ocasiones, cualquier cuerpo normativo
reglamentario tiene una esfera de regulación irrebasable, demarcada
por los supuestos abstractos de la norma reglamentada. Éstos, es decir, las
situaciones jurídicas generales e impersonales contempladas por la disposición
que se reglamente, no pueden ser alterados por la reglamentación. La
Ley Reglamenturia no es creativa, modificadora o extintiva de situaciones
jurídicas abstractas, sino pormenorizadora de las disposiciones mediante las

GARANTÍAs DE UBERTAD 329
que éstas se normen por la Ley Reglamentada, a fin de lograr SU mejor observancia
y aplicación.
En el caso de! artículo 5 constitucional, la legislación de cada Estado
o entidad federativa debe tener por modo ineludible una limitación originaria
fijada por e! texto mismo de dicho precepto, el cual, en materia de
ejercicio profesional como manifestación especifica de la libertad- de trabajo,
s610 autoriza al legislador ordinario (Congreso de la Unión y legislaturas
locales) para señalar las profesiones que requieran titulo para su desempeño,
las condiciones que deban llenarse para obtenerlos y las autoridades
que han de expedirlo. Por ende, para ajustarse a su alcance constitucional,
cualquier Ley Reglamentaria únicamente debe consignar disposiciones que
tiendan a desarrollar o pormenorizar los tres supuestos del articulo 4 que hemos
mencionado, sin establecer situaciones normativas que sean ajenas a
éstos. Sin embargo, no basta que una Ley Reglamentaria de un precepto
constitucional rebase e! ámbito regulador dc éste para reputarla contraria
a la Ley Fundamental, sino que es menester, además, que el extralimitarse,
o viole la disposición reglamcntada o contravenga alguna otra norma del
Código Supremo. .
Estas hipótesis de infracción constitucional se realizan en la Ley Reglamentaria
sobre el ejercicio profesional a través de varios de sus preceptos.
Así, por ejemplo, su artículo 15 prohíbe de manera absoluta a cualquier
extranjero el desempeño de las profesiones que el propio ordenamiento señala.
Dicha prohibición no sólo rebasa el ámbito en que e! articulo 4 cons-.
titucional autoriza la reglamentación por leyes locales del ejercicio profesional,
sino que significa una restricción a la garantía de libertad de trabajo
en detrimento de los profesionistas extranjeros fuera de los casos en que
pueden suspenderse las garantías individuales conforme a la misma Constitución,
de donde resulta que e! precepto ordinario citado viola el articulo
primero de la Ley Fundamental, que establece la titularidad activa de las
propias garantías en favor de todo gobernado independientemente de su
nacionalidad. Por otra parte, e! artículo 25 de la Ley Reglamentaria del
artículo 5 constitucional, al determinar en su fracción 1 que para ejercer
alguna profesión en el Distrito Federal Se requiere ser mexicano por nacimiento
o por naturalización, reitera la violación constitucional expresada, además
de que coloca a la Dirección General de Profesiones en la situación de organismo
revisor, de los títulos que expide, verbigracia, nuestra máxima institución
de cultura, es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México, por
cuanto que las personas que se hayan titulado en ésta, y a las que por este
motivo la propia universidad hubiere considerado aptas y habilitadas para
el desempeño de la actividad profesional respectiva, no pueden dedicarse a
la profesión que ampare el título sin la patente de ejercicio correspondiente
(fracción IU). Dicha situación de hegemonía equivale a la supeditación de
nuestra universidad a la mencionada dirección, cuyo arbitrio, al conceder o

330 LAS GARANriAs INDIVIDUALES
negar la citada patente, viene en realidad a constituir un factor de nugatoriedad
para los títulos que aquélla otorga, en el sentido de que éstos, sin el reconocimiento
de validez que la consabida dirección puede formular, no facultan
a su poseedor para ejercer la profesión de que se trate en el Distrito
Federal. Además, debe tomarse en cuenta que el artículo 25 de la Ley Reglamentaria
del artículo 5 constitucional, asi como otros preceptos de la misma
que seria prolijo citar, no traducen una verdadera reglamentación de las indicadas
disposiciones de nuestra Ley Suprema. En efecto, todo ordenamiento
que reglamente a los señalados preceptos constitucionales, principalmente el
artículo 5 en lo tocante a las actividades profesionales, sólo debe contener
normas que tiendan a determinar qué profesiones necesitan título para su
ejercicio, cuáles son los requisitos que deban satisfacer para obtener éste y
cuáles son las autoridades facultadas para expedirlo, pero no condiciones sine
quibus non del desempeño profesional mismo (como es el otorgamiento de
la "patente" que concede la Dirección mencionada), pues es evidente que
las únicas que pueden habilitar a una persona para ejercer una profesión
son las instituciones que determine la propia ley al expedir el título correspondiente,
ya que éste, en sí mismo, involucra la capacitación profesional.'"
Congruente con la necesidad ineludible de registrar un título profesional
para que su poseedor pueda ejercer en el Distrito Federal, el artículo 26
del ordenamiento reglamentario que comentamos establece la obligación
para las autoridades judiciales y las que conozcan de asuntos contenciosoadministrativos,
de rechazar la intervenci6n de personas que se ostenten como
patronos o asesores técnicos de los interesados si no comprueban contar
con dicho registro en la Direcci6n General de Profesiones. Dicha obligaci6n
no existe tratándose de la representación juridica en materia obrera, agraria
y cooperativa, así como en negocios de carácter penal, en los que el
acusado o procesado puede nombrar como defensor a cualquier sujeto de
su confianza. Aunque la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional
no excluye la ohligación de comprobar el registro de un título profesional
para que su poseedor pueda intervenir en los juicios de amparo como
autorizado para oir notificaciones por los quejosos y terceros perjudicados
con las facultades a que se refiere el artículo 27 de la ley respectiva, estimamos
que en dichos juicios es inoperante la mencionada obligaci6n. En efecto,
el artículo 27 de la Ley de Amparo establece que el quejoso y el tercero
perjudicado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para
oír notificaciones en su nombre, estando investida la persona autorizada con
atribuciones que realmente corresponden a un mandatario judicial o a un
'221 La jurispf'udencia de la Suprema Corte, participando deJas consideraciones formuladas,
ha reputado inconstitucionales los artículos 15 y 18 de la Ley de Profesiones, por
contener restricciones o limitaciones a la libertad de trabajo que, por una parte, no se
involucran en el artículo SO constitucional y, por la otra, tampoco se instituyen en ningún
otro precepto de la Ley Fundamental, contrariando, por estos motivos, su artículo primero
(Apéndice al tomo CXVIII, tesis 825).

GARANTfAS DE UBERTAD 331
asesor jurídico. Como se ve, dicho precepto no exige que el autorizado
para oir notificaciones en un juicio de amparo por el quejoso o por el tercero
perjudicado tenga titulo profesional de abogado o licenciado en Derecho
inscrito en la Dirección General de Profesiones, sino simplemente
que tenga capacidad legal. Ahora bien, ésta no equivale a la capacitación
técnico-científica, que presume la posesión de un titulo profesional, sino a
la no restricción de la personalidad juridica en cuanto al ejercicio per se
de los derechos de que se es sujeto (capacidad de ejercicio), según se infiere
de! articulo 23 de! Código Civil. Por ende, toda persona que no se encuentre
en estado de interdicción o de minoridad o en algún otro que la Ley
Civil considere como incapacidad, puede ser autorizado por e! quejoso o
e! tercero perjudicado en un juicio de amparo conforme al articulo 27 de
la ley de la materia, aunque no tenga titulo profesional de abogado o licenciado
en Derecho debidamente registrado en la Dirección General de Profesionales.
Como se ve, e! precepto que acabamos de invocar contiene una
norma de excepción a la disposición general involucrada en e! articulo 26
de la Ley de Profesiones, por lo que tiene prevalencia aplicativa sobrc ésta, de
acuerdo con el principio general de derecho consagrado en e! articulo 11
de! Código Civil, interpretado a contrario sensu. Además, si e! expresado
articulo 27 de la Ley de Amparo no requiere que el autorizado para oír
notificaciones tenga titulo profesional registrado para desempeñar en los
juicios de garantías las facultades inherentes, es obvio que la obligación prevista
en e! articulo 26 de la Ley Reglamentaria de! articulo 5 constitucional
no existe en dicho caso excepcional, ya que e! primero de los
ordenamientos, por ser federal, tiene hegemonía sobre e! segundo, que es
local, aunque ambos sean orgánicos de los correspondientes preceptos de la
Ley Suprema (art. 133 de ésta).
7. Otras limitaciones constitucionales a la libertad de trabajo las introduce
el articulo 123 de nuestra Ley Suprema, como lo ha establecido
la jurisprudencia de la Suprema Corte. Bien es cierto que este precepto
constitucional contiene una serie de garantías sociales que. se manifiestan a
modo de relaciones juridicas existentes entre dos clases sociales y económicas
distintas y que por tal causa no regula ninguna garantia individual; sin
embargo, dicho articulo involucra varias limitaciones a la libertad de trabajo
en general, quc vienen a restringir e! alcance de este derecho individual
público. Así, una de esas limitaciones consiste en que un menor de dieciséis
años no debe desempeñar ninguna labor insalubre o peligrosa, ejercitar un
trabajo nocturno industrial o prestar sus servicios después de las diez de la
noche en establecimientos comerciales (fracción II del articulo 123 constitucional).
Por otra parte, y ya no como simple limitación a la libertad de trabajo,
sino como prohibición absoluta, la fracción II del propio precepto de
la Ley Fundamental dispone que los niños menores de doce años deberán rra-

332 L"S GARANTfAS INDMDUALES
bajar o ser sujetos de un contrato de trabajo. Todas estas prevenciones contenidas
en el artfculo 123 constitucional a modo de medidas de protección
para los trabajadores, redundan, no obstante, en limitaciones y prohibiciones
a la libertad de trabajo para preservar a cierta categoría de personas desde
el punto de vista higiénico y moral principalmente. Es en esta relaci6n entre el
artículo 5' constitucional y el 123 de nuestra Ley Fundamental donde 'percibimos
claramente la aplicación concreta de la tesis del insigne Ignacio L.
Vallarta relativa a la extensi6n normativo-constitucional de las garantías individuales,
puesto que las disposiciones que acabamos de citar, involucradas
en el segundo de los preceptos aludidos, y el cual no está incluido en el título
de "Garantías Individuales", reglamentan, limitándola o prohibiéndola, la
libertad de trabajo consagrada como derecho subjetivo público en el primer
artículo citado.
8. La garantía específica de libertad de que tratamos tiene, pues, las
limitaciones constitucionales a que hicimos breve referencia. Estas restricciones
y prohibiciones, en su caso, se consignan por la propia Ley Suprema,
bien en forma regulativa o bien de manera simplemente declaratoria, es
decir, remitiendo a la legislación secundaria federal o local la especificación
o pormenorización de las mismas, la cual tiene que apegarse al texto constitucional.
Por ende, toda limitaci6n que establezca la ley ordinaria a la
libertad de trabajo, sin que se apoye en una declaración constitucional
respectiva, pugna con la Constitución, habiéndolo considerado as! la jurisprudencia
de la Suprema Corte, al referirse en especial a la libertad de
comercio, en los siguientes términos: "Las restricciones a la libertad de comercio,
sin que exista ninguna de las limitaciones prevenidas por el artículo
4 constitucional (actualmente 5), importa una violaci6n de garantías."
b) Seguridades constitucionales relativas a la libertad de trabajo. Bajo
este tema comprendemos el estudio de todas aqueIlas prevenciones que establece
la Ley Fundamental para tutelar, bien al trabajo en si mismo considerado,
esto es, como prestaci6n o desarrollo de energias humanas con
determinada finalidad, o bien el producto de éstas, que generalmente se
traduce en un salario o sueldo.
1. La primera medida de seguridad para el trabajo que encontramos
en la Constitución es la contenida en el propio artículo 5 en los siguientes
términos: Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por
resolución judicial."""
.221 bil Esta prohibici6n ya se establecía en el Derecho Hebreo, en cuanto que el patrón
tenía la obligación de no retener el salario del trabajador o. como decía el Levítico:
"No estará detenido en tu poder el trabajo de tu jornalero hasta el día de mañana" (capítulo
XIX. vertículo 13), pues la paga o sueldo se entregaba caída la tarde antes de
ponerse el Sol, y concluidas todas las tareas y labores del día.

GARANTiAs DE UBERTAD 333
¿Cuáles son el sentido y alcance de esta disposición? En primer lugar
establece, como garantía para el producto del trabajo, la declaración general
de que aquél no puede ser objeto de privaci6n, de acuerdo con lo
cual ninguna autoridad estatal debe despojar a un individuo de la retribuci6n
que le corresponde como contraprestaci6n a sus servicios. La propia
disposici6n constitucional consagra sólo una excepci6n, consistente en que
e! único acto privativo del producto del trabajo humano sea precisamente
una Tesoluci6n judicial, traducida ésta, bien en un simple auto de ejecuci6n
(exequendo}, es decir, cuando se decreta un embargo como acto judicial o
prejudicial antes de decidir el negocio en que tiene lugar, o bien en un
proveído de! juez citado en ejecuci6n de una sentencia. De acuerdo, pues,
con esta única excepci6n a 'la garantía de no privaci6n del producto del
trabajo, solamente la autoridad judicial es la competente para decretar el
acto de privaci6n respectivo.
Sin embargo, si analizamos la disposici6n constitucional que comentamos
en la relaci6n jurídica que guarda con otras prescripciones dc la propia
Ley Fundamental, veremos que la excepci6n aludida tiene, en realidad, muy
restringida aplicabilidad. En efecto, generalmente e! producto de! trabajo,
esto es, la contraprestación que recibe el que lo desempeña, estriba en un
salario o sueldo, es decir, en la retribución que debe pagar el patr6n al
trabajador, por SU trabajo (arts. 84- de la Ley Federal del Trabajo de 1931
y 82 de la vigente). En la mayoría de los casos, pues, el producto del trabajo
es el salario que como contraprestación derivada de la relaei6n jurídica de
trabajo, debe pagar el que recibe los servicios personales, esto es, el patrón,
Pues bien, cuando e! producto del trabajo sea el salario, éste no podrá ser
objeto de privaci6n ni siquiera por la autoridad judicial, pues la fracci6n VIII
del artículo 123 constitucional establece que: "el salario mínimo quedará exceptuado
de embargo, compensación o descuento". Parece ser que la Constitución
en este caso sólo se refiere al "salario mínimo", o sea, a la cantidad Infíma
fijada por la ley "que se considere suficiente, atendiendo a las condiciones de
cada regi6n, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su
educaci6n y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia" (art.
123, fracci6n VI). Sin embargo, la ley y la jurisprudencia han hecho extensiva
la inembargabilidad del salario mínimo a todo salario percibido por el trabajador,
o sea, a toda retribución que obtiene una persona de otra respecto
de la cual la primera está colocada en una situaci6n de subordinaci6n. En
efecto, la Ley Federal del Trabajo de 1931 disponía en su artículo 95 quc:
"El salario es la base del patrimonio del trabajador, y como tal, no es susceptible
de embargo judicial o administrativo, ni estará sujeto a compensaci6n
o descuento..." Por SU parte, la Suprema Corte, cohonestando este
precepto con la fracción VIII del artículo constitucional citado, ha asentado
que: "No es exacto que el artículo 95 de la Ley Federal del Trabajo
contrarie lo dispuesto por el artículo 123 de la Constituci6n Federal, que

334 LAS GARANrlAS lNDMDUALES
sólo exceptúa de embargo, compensación o descuento el salario mínimo,
pues si bien dicho artículo 95 va más allá del precepto constitucional citado
y prohíbe, en general, el embargo del salario del trabajador, en ello no
contraría el espíritu y la finalidad de la disposición constitucional, que tiende
a asegurar un mínimo de elementos de vida, como base del patrimonio
inafectable del trabajador." 2" Como se puede deducir de la Constitución,
de la Ley Federal del Trabajo y de la tesis transcrita de la Suprema Corte,
el salario de un trabajador, como producto de su trabajo, es inembargable.
Por tal motivo, la excepción que consagra el articulo 5 constitucional, en
el sentido de que el producto del trabajo sólo puede ser objeto de privación
por resolución judicial, no tiene aplicaci6n cuando se trate de un salario
propiamente dicho, esto es, de una retribución que paga un patrón a un
obrero proveniente de la relación jurídica de trabajo que entre ambos exista,
pues la cantidad en que dicha remuneración se traduce es inembargable
independientemente de su monto, tanto por jueces como por autoridades
administrativas, tal como lo consideran la ley y la Suprema Corte." No
obstante, sólo en un caso puede embargarse el salario por resolución judicial,
o sea, cuando se trata de hacer efectivo un crédito alimentario. Esta
salvedad, consignada en el articulo 544, fracción XIII, del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal,'" está confirmada por la Suprema
Corte en los siguientes términos: "Como los artículos 123 constitucional
y 91 Y95 de la Ley Federal del Trabajo (de 1931), protegen al trabajador
no sólo como individuo, sino como jefe de familia, no puede aceptarse que el
mismo esté exento de la obligación de suministrar a sus familiares los medios
para su subsistencia; razón por la que, cuando el trabajador se niega a cumplir
con esta obligación, sus familiares tienen el derecho de solicitar y obtener
el embargo de la parte proporcional del salario de aquél, porque la prohibición
contenida en los artículos citados de la Ley Federal del Trabajo, se
refiere exclusivamente a las reclamaciones que pudieran presentar los patrones
y terceras personas; y seria, además altamente inmoral favorecer al
trabajador hasta colocarlo en el caso de negar alimentos a sus hijos, poniéndolo
al abrigo de toda coacción para obligarlo al cumplimiento de su deber." '"
En conclusión, solamente en el caso de que se trate de hacer efectiva una
deuda alimentaria en contra de un trabajador, puede embargarse el salario
222 Tomo LXVII, pág. 176; tomo LXXI, pág. 1,405, Quinta Epoca.
2'23 Tomo XLIV, pág. 1,775. ldem.
2M Este precepto declara también que es embargable el salario de un trabajador PO!
concepto de responsabilidad proveniente de la comisión de un delito. Estimamos que, en
tanto no sea corroborada por la jurisprudencia de la Suprema Corte, mediante un J6gico
razonamiento interpretativo, como el que formula al referirse al caso de los créditos por
alimentos, tal disposici6n no debe aplicarse, puesto que sobre ella están la Ley Federal
del Trabajo y la Constitución corno ordenamientos jerárquicamente superiores, los cuales
no consignan dicha hipótesis como caso en que un salario sea. embargable.
2U Tomo XL, pág. 706; tomo XLVIII, pág. 1,517; tomo LXXII, pág. 2,178. Quinta
Época.

GARANTÍAS DE UBERTAD
de éste como producto de sus servicios, por lo que únicamente en tal caso
tiene aplicación de salvedad que establece el artículo 5 constitucional al peincipio
general de que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, y
que consiste en que sólo la autoridad judicial puede ordenar dicha privación.
Por ende, el salario, como prestación tipica proveniente de una relaci6n
de traba jo, puede ser embargado por un crédito alimentario y únicamente
por la autoridad judicial competente. Este supuesto está corroborado
por el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo actualmente en vigor, precepto
que declara que los salarios de los trabajadores "no podrán ser embargados",
salvo cuando el embargo se decrete para asegurar pensiones alimenticias
que el trabajador deba pagar a su "esposa, hijos, ascendientes y nietos",
según lo dispone el artículo 110, tracci6n V, de dicha ley.
Por el contrario, cuando el producto del trabajo estriba en una retribución
que no se ostente como prestaci6n derivada de una relaci6n de trabajo,
la privaci6n correspondiente sí puede ordenarse por una resoluci6n
judicial, como salvedad al principio de seguridad contenido en el artículo
5 constitucional.
2. Otra garantía de seguridad para la libertad de trabajo que viene a
investir a ésta de efectividad es la de que: "Nadie podrá ser obligado a prestar
trabajos personales, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento."
En primer lugar, esta disposici6n constitucional proscribe todo trabajo
gratuito, o sea, toda prestación de servicios que se realice sin la remuneraci6n
correspondiente. En vista de esta garantía de seguridad, el Estado no
puede imponer al individuo ninguna labor que no sea retribuida, salvo
cuando se trate de las funciones electorales y censales, las cuales deben desempeñarse
en forma gratuita, y cuya inejecuci6n, respecto de las primeras,
se sanciona en los términos de la fracción I del artículo 38 constitucional.
Además de exigir que todo trabajo personal sea remunerado, salvo la excepci6n
constitucional indicada, el artículo 5 de la Ley Suprema, en el párrafo
transcrito, establece que al individuo que lo desempeñe debe otorgársele
una justa retribución. Por tal se entiende toda remuneraci6n que esté de
acuerdo y en proporci6n con la naturaleza misma del servicio que se preste,
así como en consonancia con las dificultades de su ejercicio.
En materia de relaciones jurídicas de trabajo, la "justa retribuci6n" se
traduce en el pago del salario mínimo (fracci6n VI del artículo 123 constitucional),
así como en el salario remunerador, que es el que, debiendo ser
siempre superior al mínimo, se establece convencionalmente por patr6n y
trabajador atendiendo a diversos factores y circunstancias, como son la naturaleza
intrínseca de la prestaci6n personal, la dificultad de su realizaci6n,
la capacidad econ6mica del sujeto que la recibe, etc. En conclusi6n,
todo trabajo personal no s610 no debe ser gratuito obligatoriamente para el
que lo desempeñe, sino tener una justa retribuci6n en los términos que
335

336
LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
hemos esbozado, la cual se fija a posteriori, atendiendo a la índole de cada
servicio de que se trate.
Es evidente que ouando una persona, por si misma, de modo voluntario
y deliberado preste un servicio conviniendo en que sea gratuito, tal medida
de seguridad para la libertad de trabajo no tiene aplicación, como cuando
se trata, verbigracia, de cargos honoriiicos y culturales de diversa índole. Esta
renuncia a percibir una remuneración pecuniaria, es inválida e inoperante,
por lo demás, en lo que toca a la relación jurídica de trabajo propiamente
dicha, atenta lo dispuesto por el articulo 123 constitucional en su fracción
XXVII, inciso "h".
En segundo lugar, el articulo 5' constitucional, en la parte que transcribimos,
contiene otra garantía de seguridad para la libertad de trabajo que
es concurrente con la aludida anteriormente, en el sentido de que nadie
podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin Su pleno consentimiento.
Mediante esta declaración, la Ley Suprema prolúbe todo trabajo forzado,
no dejando de tener, sin embargo, sus excepciones constitucionales. En primer
término -y esta salvedad comprende también a la anterior garantia
de seguridad-, se exceptúa el caso en que un servicio se imponga como
pena por la autoridad judicial, ei cual, no obstante, "deberá ajustarse a lo
dispuesto en las fracciones 1 y II del articulo 123", es decir, a las condiciones
y prohibiciones que tales disposiciones consignan.. Ahora bien, ¿cuáles
son los casos o delitos en que la autoridad judicial puede imponer como
pena a un procesado un trabajo forzado? Desde luego, el Código Penal
para el Distrito Federal, que es también federal para los delitos de este
orden, no consigna como sanción expresa los trabajos forzosos, sino que,
en el señalamiento de sanciones, remite a lo que dispongan sobre el particular
las diversas leyes especiales que prevean un delito y fijen una pena
(art. 24). Bien es verdad que dicho ordenamiento contiene un capitulo
denominado "Trabajo de los presos" (arts, 79 a 83); masJas disposiciones
en él involucradas de ninguna manera consagran una pena especifica que
deba imponer la autoridad judicial, sino que aluden a los trabajos obligatorios
que los reclusos deben desempeñar mientras purgan una condena,
trabajos que no Son impuestos a título de sanción por la comisión de un
delito, sino como medida administrativa de regeneración social y moral.
Aparte de esta excepción constitucional a la medida de seguridad a la libertad
de trabajo, consistente en que nadie podrá ser obligado a prestar
servicios personales sin su pleno consentimiento, existe también, como salvedad
relativa, la de los servicios públicos y profesionales de índole social.
Así, el párrafo cuarto del articulo 5' constitucional establece:
"En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, 'en los términos
que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así
como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o
indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y.

338 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
na, no susceptible de ser invalidados por la voluntad del interesado, o bien
la irrevocabilidad de la decisi6n por medio de la cual el sujeto ha admitido
voluntariamente dicho menoscabo o pérdida o formulado SU renuncia a la
potestad libertaria en sus diversas manifestaciones.
Como consecuencia de la anterior disposici6n constitucional, el articulo
59 prolúbe "el establecimiento de 6rdenes monásticas, cualquiera que sea
la denominación u objeto con que pretendan erigirse", prohibición que estaba
también contenida en la Constituci6n de 57 en términos parecidos. Para
ser congruente con la índole especial de consecuencias que debe causar la contrataci6n
proltibida por la disposici6n fundamental de que tratamos con
antelaci6n, dicha prohibici6n no debe reputarse como absoluta. En efecto,
un voto religioso, que es la condici6n que generalmente se exige al ingresar
a un claustro o monasterio, para que esté prohibido por la Constituci6n,
debe engendrar, en perjuicio del que lo hace, la pérdida o menoscabo definitivos
de la libertad o la irrevocabilidad de la renuncia 'voluntaria de
la misma. Ahora bien, cuando una orden monástica impone como condici6n
sine qua non de pertenencia a la misma un pacto, contrato o convenio que
implique un voto con los efectos apuntados, su existencia debe estar evidentemente
proltibida por implicar la anulaci6n de la libertad humana en
diversos aspectos (como sucede, verbigracia, con los votos religiosos perpetuos).
Por el contrario, si una orden monástica o claustral no impone a la
persona que desee ingresar a ella la condici6n insubstituible de la pérdida o
menoscabo defmitivos de su libertad ni la irrevocabilidad de la renuncia a
la misma, su implantaci6n y funcionamiento no deben estar prohibidos; es
más, la prohibici6n de tales 6rdenes significa una seria afrenta a la libertad
de trabajo. En efecto, la selecci6n de cierta actividad por parte del sujeto
implica el ejercicio de cierta profesión. Cuando el individuo, por raz6n misma
de sus inclinaciones y vocaci6n misticas, decide consagrarse a determinada
actitud religiosa, imponiéndose a si mismo, por su propia voluntad,
ciertos sacrificios, evidentemente que está desempeñando I1n trabajo, tomando
éste en el sentido de actividad u ocupación. Pues bien, al prohibirse
la existencia de 6rdenes monásticas, constituidas precisamente por personas
que se suponen partícipes de una misma vocaci6n místico-religiosa, se interdice
al sujeto la libertad que debe tener, consistente en seleccionar aquella
actividad moral que constituya el medio para realizar sus fines de felicidad.
Por tanto, proltibir que un individuo se consagre a la vida monacal,
mediante la proscripci6n de las 6rdenes monásticas, es tanto como vedar
a una persona que ejerza determinada labor, puesto que la actividad místicoreligiosa,
en sus aspectos interno y externo, equivale a una profesi6n, colocada,
desde el punto de vista de la libertad de trabajo, en el mismo rango
que las labores culturales, comerciales o profesionales propiamente dichas.
En conclusión, la proltibici6n de existencia de 6rdenes monásticas implica
una notable restricci6n a la libertad de trabajo consignada en el artículo 5
constitucional, así cerno una Iimitaci6n ostensible a la de asociaci6n.

GARANTÍAS DE LIBERTAD 339
Nosotros estamos, pues, de acuerdo en que no se prohíba al individuo
dedicarse a una labor místico-religiosa, siempre y cuando su escogitación
sea libre y espontánea; por ende, las órdenes monásticas, que son agrupaciones
de personas que abrigan las mismas tendencias de devoción y sacrificio
religiosos, deben estar permitidas, siempre que el ingreso y la pertenencia
de un sujeto a ellas no impliquen ni un menoscabo o pérdida definitivos
de la libertad humana, ni la irrevocabilidad de la renuncia a la misma en
sus diversos aspectos, esto es, que el individuo conserve para sí la potestad
de abandonar el cauce vital que había decidido seguir para emprender otras
actividades o asumir otras conductas. En sí mismo, el voto religioso no
equivale a la pérdida o renuncia de la libertad cuando no es perpetuo o
definitivo. Por consiguiente, la prohibición constitucional debe referirse a
aquellas órdenes monásticas que imponen a la perscna que a ellas pertenece,
la imposibilidad de que cambie su decisión inicial de desempeñar cierta actividad.
Por otra parte, la disposición de la Ley Suprema que tal prohibición
contiene se justifica plenamente ante la realidad, pues de hecho en
casi todas las órdenes monásticas existe el sistema de los "votos perpetuos",
cuya formulación implica la pérdida definitiva de la libertad humana en
muchas manifestaciones, así como la irrevocabilidad de las resoluciones tomadas
inicialmente por el que a ellas ingresa. Lo que impelió a los Constituyentes
de 57, cuyas ideas fueron seguidas en este punto por los de 17,
para prohibir las órdenes monásticas, fue la observación de la realidad
misma en esta materia. En casi todos los conventos se priva al individuo de
su libertad, condenándolo a seguir una vida que, o le era impuesta, como
acontecía muchas veces, o pugnaba, posteriormente a su selección, con nuevas
ideas que sustentara o nuevas decisiones que tomara. Tanto la Constitución
vigente como la de 57 no establecieron la prohibición de la existencia
de órdenes monásticas por un mero afán antieclesiástico o antirreligioso, ni
por una supuesta antipatía a todo lo que fuera clerical o tuviera un matiz
de tal; dicha prohibición no fue el fruto de una intención ciega y apasionada
de suprimir las asociaciones religiosas, consideradas como organismos
profesionales en sí mismas, sino que se debió a la apreciación del absurdo
y anticristiano sistema de condenar para siempre a sus miembros a una vida
estéril contra SU voluntad. Así interpretó el señor Zarco'" el espíritu del
Constituyente de 57 en relación con dicha prohibición, en los siguientes términos:
..."el artículo (del proyecto) no propone coacción ni en pro ni en
contra de los votos religiosos; consecuentemente con el principio de la libertad
de conciencia, para nada se mezcla en esta cuestión. Si"un hombre, creyéndose
movido por una fe ardiente o cediendo a una devoción que degenere
en pasión, cree servir a Dios encerrándose en un claustro y después se
encuentra sin fuerzas para cumplir sus votos, y cree puede servir mejor al
mismo Dios viviendo en sociedad, siendo útil a sus semejantes y amando a
su prójimo, la ley que fuera a reclamarle sus votos, que lo obligara a per-
226 ZARCO, El Congreso Constituyente, tomo II, pág. 724.

340
LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
manecer en el convento y lo entregara a una entera desesperación, seria
una ley bárbara y tiránica, contraria a la libertad de conciencia...".
Por otra parte, las disposiciones de las Constituciones de 17 y de 57 sobre
esta materia son de distinta naturaleza y de diversas consecuencias que
las que ya estaban vigentes con anterioridad. En 1833 se abolió la coacción
civil para los votos monásticos, sin proscribir la existencia de las órdenes
monacales. La ley de 8 de noviembre de dicho año prohibía que las personas
que infringiesen un voto religioso fuesen obligadas a observarlo por
medio de la autoridad civil, sin vedar al individuo la facultad de dedicarse
a la vida claustral de acuerdo con sus aspiraciones y tendencias. Por su parte,
las Constituciones de 57 y vigente no sólo eliminan la coacción civil para
el cumplimiento de los votos monásticos, sino que prohiben la existencia
misma de las órdenes respectivas. Es en este aspecto bajo el cual nos parece
que los Constituyentes de 17 y de 57 fueron algo exagerados, pues la formulación
de un voto religioso y el ingreso a una orden monacal no implican
la pérdida irreparable de la libertad humana en todo caso, sino sólo cuando,
a virtud de dichos actos, se constriñe al sujeto a asumir una conducta
en contra de su voluntad y a no revocar su decisión inicial, que es lo ql'e sí
debe estar prohibido.
4. Limitando la autonomía de la voluntad o la libertad de contratación
para proteger la libertad de trabajo y, en general, a la persona humana,
el párrafo cuarto del artículo 59 constitucional establece: "Tampoco
puede admitirse convenio en que el hombre pacte su proscripción o destierro,
o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada
profesión, industria o comercio."
De acuerdo con esta disposición, todas aquellas convenciones en que las
partes renuncien a desempeñar cualquier actividad en forma permanente
o por tiempo limitado, como sucede generalmente, verbigracia, en los contratos
de sociedad en los que los socios se comprometen a no hacer competencia
individualmente a la entidad moral que forman, son inconstitucionales
y, a la luz del sexto párrafo del articulo 59 de nuestra Ley Fundamental,
carecen de validez en el punto en que dicha renuncia se estipule. Esta
medida de seguridad a la libertad de trabajo no la consagraba la Constitución
de 57, pues únicamente prohibía la celebración de convenios en los
cuales una persona pactare su proscripción o destierro, es decir, el abandono
del solar nacional.
5. Los dos últimos párrafos del articulo 59 constitucional'" propiamente
no se refieren a la libertad de trabajo como garantía individual. Más
221 Dichos párrafos dicen textualmente: "El contrato de trabajo sólo obligará a prestar
el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en
perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o
menoscabo de. cualquiera de los derechos públicos y civiles," "La falta de cumplimiento
de dicho contrato por lo que respecta al trabajador, s6lo obligará a éste, a la correspondiente
responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su
persona."

342 LAS GARAN11AS UNOnnOUALES
ridades, en el sentido de no imponer al gobernado el desempeño de una determinada
actividad y en respetar al mismo su esfera de selección.
Pues bien, no hay que confundir esa actitud de escogitación de trabajo,
entre las diversas labores honestas que existen, con la abstenci6n de parte del
individuo a trabajar. La garantía de la libertad de trabajo no faculta al hombre
para dejar de trabajar o no trabajar; antes bien, implícitamente, al
brindarle el derecho de opción por alguna labor lícita que le acomode y convenga,
le impone el deber de trabajar, la obligación de desempeñar cualquier
actividad lícita. Por ende, el artículo 59 constitucional no s610 no garantiza
la vagancia sino que impone al sujeto la obligaci6n de trabajar, que es pública,
porque debe cumplirse en interés del propio Estado o de la sociedad. La organización
política impone a todos sus miembros el deber de trabajar, de desarrollar
una labor provechosa y útil para la sociedad, dejando al arbitrio de
cada quien su selección. La imposición de esa obligación obedece a un imperativo
inaplazable: la subsistencia misma de la convivencia social, la vida
misma del Estado. Es por esto por lo que el no ejercicio de ninguna labor sin
causa justificada se reputa como delito, que se castiga con prisión de dos a
cinco años (art, 225 del Código Penal).
La cuestión de la vagancia ha sido tratada en términos parecidos por el licenciado
José Maria Lozano, quien afirma: " ...los derechos del hombre, llamados
así con relaci6n a los demás hombres, son en realidad condiciones necesarias
de su naturaleza; si bajo este respecto creemos que la libertad de trabajo es un
derecho del hombre, en tanto cuanto a que, para cumplir con su destino, para
conservarse, desarrollarse y perfeccionarse, el trabajo es una condición indispensable;
es fácil comprender que importa un absurdo erigir la ociosidad en un
derecho del hombre, es decir, en una condici6n indispensable de su ser o naturaleza.
De esto deducimos que la sociedad tiene derecho para exigir que todos
trabajen. Como cuerpo o ser moral tiene, como el hombre, destinos que cumplir,
tiene que procurar Su conservación, desarrollo y perfeccionamiento, y para conseguirlo,
necesita, como el hombre, buscar en el trabajo de sus miembros la realización
de esta condición indispensable. Una sociedad compuesta de bandidos :
o de piratas sería imposible. La ley internacional, el derecho de gentes, que no es
otra cosa que la ley natural aplicada a las naciones, autorizaría la destrucción
de un pueblo semejante. Pues bien, ese derecho es el mismo que tiene la sociedad
respecto de cada uno de sus miembros para obligarlo al trabajo, para
impedir que, como los zánganos, se mantengan y vivan los ociosos a expensas
del sudor de los demásj en una palabra, para perseguir la vagancia como' un
delito y como un vicio canceroso que enferma, debilita y degrada a los individuos
y a los pueblos. Los ricos, los que han merecido los favores de la fortuna, o
los que han tenido la dicha de que sus antecesores trabajen por ellos, pueden
en buena hora vivir de sus rentas sin tomarse la menor pena. Harían bien buscando
un trabajo inteligente, en el empleo prudente y racional de sus riquezas
en alguno de los ramos de la industria humana, el acrecentamiento de su fortuna,
abriendo a los proletarios las fuentes bienhechoras del trabajo y contribuyendo
así a la riqueza y prosperidad de su patria; si no lo hacen, si prefieren a los
goces de una actividad productora los estúpidos placeres de la ociosidad, dejan
de hacer el bien que podían; pero no atacan los derechos de la sociedad en que

344 LAS GARANTÍAS INDIVIDUA,LES
La libertad de trabajo se imputaba Con exclusividad al hamo liber, en cuyo
ejercicio el romano optaba siempre por las actividades cívicas, desdeñando
las labores que no tuvieren ese carácter por conceptuarlas inferiores. Sin embargo,
en Roma, si bien es verdad que la libertad de trabajo existia de tacto,
no estaba consagrada como un derecho público subjetivo individual, esto es,
como una potestad jurídica del individuo con obligatoriedad para el Estado
y sus autoridades.
No obstante la propagación de los postulados cristianos de igualdad, las
diferencias sociales subsistieron con marcado arraigo en la sociedad medieval.
La instituci6n de la servidumbre colocaba a los siervos bajo la voluntad arbitraria
del.señor feudal. A virtud de considerarse aquéllos como accesorios de
la tierra que cultivaban y que no les pertenecía, no podían realizar sus propias
decisiones. Por ende, para ellos la libertad de trabajo no existía; forzosamente
debían dedicarse a las labores agrícolas, para cuyo desempeño fatalmente habían
nacido. S6lo mediante el permiso de su señor, el siervo podía abandonar
la tierra y relevarse de la obligaci6n de ejecutar las tareas que le eran impuestas.
Dentro de las ciudades medievales existían las corporaciones, cuyo funcionamiento
era incompatible con el libre ejercicio profesional. Ninguna persona
podía desempeñar ningún oficio si no pertenecía a la corporación o gremio
respectivo. El obrero que quería trabajar por su cuenta no lo podía hacer sino
después de haber sustentado un examen para obtener el grado de maestro, el
cual difícilmente se confería. La existencia de las corporaciones, si bien en un
principio obedeci6 a motivos de defensa y solidaridad profesionales, posteriormente
se rcvel6 como un 6bice al progreso industrial y a la libertad de trabajo.
En vista de ello, fueron abolidas en Francia por Turgot, ministro de Luis XVI,
y con posterioridad prohibido su restablecimiento por Chapelíer mediante una
ley famosa que lleva su nombre, por considerarse que su funcionamiento implicaba
una notable antítesis frente al postulado de la libertad de trabajo proclamado
por la Revoluci6n francesa y adoptado por la mayor parte de los
paises democráticos.
Otro panorama distinto se presenta en Inglaterra. En efecto, el derecho
común inglés "reconoció desde remotos días la libertad de trabajo y de profesiones,
y si andando los tiempos se establecieron restricciones, fueron la consecuencia
de leyes estatutarias o de la concesi6n a los gremios de artes y oficios
de los derechos de corporación. Mientras en las ciudades, según los reglamentos
industriales de los Tudor, el ejercicio independiente de un oficio industrial,
fuera de los gremios, exigía siete años de aprendizaje, era absolutamente
libre en' los campos; y cuando las corporaciones de artes y oficios empiezan a
declinar y una ley de Jorge III declara la libertad de todas las industrias
fuera de las corporaciones, comienza una legislación restrictiva que cada día
aumenta, no en el sentido de prohibir, en general, actividad o trabajo alguno,
sino de cuidar de que su ejercicio, a todos abierto y permitido, se sujete a las
reglas necesarias para no causar daño a la sociedad o al Estado y para evitar
en lo posible los peligros contra la vida y la salud de los obreros. Fuera de

GARAl''lTiAS DE UBERTAD 345
esas limitaciones que la salud pública exige, la libertad de trabajo era. ya
completa antes que de ella hablaran las cartas francesas de fines del siglo XVIn.
La libertad general de la industria comercial, que los ingleses llaman trade, no
tiene más cortapisas que las impuestas por la seguridad y el orden públicos, y
el ejercicio de las profesiones era libre".'"
En México, durante el régimen azteca, podemos afirmar que existía la libertad
de trabajo entre los no esclavos. Todo hombre libre tenía la facultad
de dedicarse a la profesión que le conviniese: milicia, sacerdocio, etc. Una de
las actividades que sobresalía entre los antiguos mexicanos era el comercio, la
cual adquirió tal importancia, que las personas que la desempeñaban formaron
una casta especial, o sea, la de los "pochteca",
Durante e! régimen colonial, la libertad de trabajo, como potestad o facultad
de escoger y desempeñar cualquier oficio lícito, tuvo marcadas restricciones.
Propiamente los únicos que gozaban de tal derecho eran los españoles,
es decir, los individuos de sangre española nacidos en la metrópoli. Los demás
grupos étnico-sociales que integraban la población de la Nueva España (indios,
mestizos, etc.), no podían ejercer libremente ningún oficio. En las ciudades
de la Nueva España existían las corporaciones establecidas según el modelo
europeo. Controlaban la producción, "dirigían la conciencia de! trabajador
hacia fines religiosos determinados">" Los maestros debían ser españoles,
según se estableció en la Ordenanza de 1700 relativa a los maestros de escuela.
Sin embargo, la prohibición de ejercer determinado oficio a los que no fueran
españoles no tenía lugar en algunas profesiones. Así, las ordenanzas de pasamaneros
y fabricantes de ronzales del año de 1550 autorizaron a los indios
para dedícarse a las actividades respectivas; es más, los hacían objeto de algunos
privilegios, pues mientras que los individuos pertenecientes a otros grupos
étnicos debían pagar cierta cantidad al examinarse como maestros, los aborígenes
sólo debían entregar la mitad de la suma asignada para tal efecto.'"
Fue en el campo donde la libertad de trabajo no existió en el régimen
colonial. En efecto, la institución de la encomienda, si bien inspirada en un
designio generoso y civilizador del monarca, consistente en la obligación que
tenía el señor feudal español de cristianizar e instruir a los indios que habitaban
en los dominios mercedados, en la realidad degeneró en una verdadera
explotación del aborigen. El encomendado tenía la obligación de servir gratuitamente
al encomendero, estando colocado en análoga situación que el
siervo europeo de la Edad Media, esto es, como accesorio de la tierra que cultivaba
y sin ningún derecho.
Sin embargo, en las postrimerías de la época colonial se comenzó a desbrozar_ercamino
para instituir la libertad de trabajo. Así, las reales órdenes
229 Revista de la Escuela Libre de Derecho. tomo TI pág. 454.
230 TEJA ZABRE, Historia de México, pág. 201.
231. Ldem, pág. 198.
232 MONTIEL y DUARTE, Las Garantfas Individuales. pág. 204.

GARANrlAS DE LIBERTAD 349
y represivo del estado de cosas que se empeñan por conservar. Es evidente que
dicha libertad, factor imprescindible de la cultura, 0010 puede concebirse como
un derecho público 'subjetivo dentro de los auténticos regímenes democráticos.
Por ende, en aquellos sistemas en que a la estructura del Estado se da un único
contenido social, económico o político, la libre manifestación de las ideas no
puede desplegarse en la realidad ni preservarse por el Derecho. Desde el punto
de vista de la dignidad humana no puede admitirse que haya alguien, con
más o menos ilustración, que sea adversario de la citada libertad. Se ha dicho,
y con toda razón, que cuando las ideas se expresan por cualquier medio de
difusión, las dictaduras y tiranías de cualquier especie se aprestan para eliminar
a quien las expone y para mecanizar a las masas populares impidiendo que
tales ideas fructifiquen en sus conciencias.
Comentando el poder del pensamiento y de su expresión, el doctor Sigfredo
Orbegoso, profesor de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Trujillo, ha acuñado en sólidas e incisivas frases, la repulsa a la negación
de la mencionada libertad .y a la represión de quienes la ejercen. USe ha dicho
que 'las ideas no se matan' pero sí se puede matar a quienes tratan de hacerlas
realidad", asevera el citado jurista, agregando: "Nunca a ningún tirano le interesaron
las ideas como tales. Esa ha sido siempre una preocupación de filósofos
u hombres de ciencia. Pero al tirano, a la camarilla o al grnpo dominante, es
decir a quienes ejercen un poder político, económico o social en general, les ímporta
lo que se pueda hacer con esas ideas. Mejor dicho, lo que ellas sostienen,
descubriendo nuevas verdades, señalando falacias, indicando nuevos rumbos, marcando
derroteros. Si esas nuevas verdades j si esas ideas se apartan o contradicen
a las que sirven de base al orden establecido y a los intereses creados, entonces
qnienes detentan el poder político o social declararán la guerra a quienes sustentan
esos pensamientos. Y esto no por razones intelectuales, desde luego, sino
por causas del más puro interés económico-social de un orden cuya estabilidad se
siente amenazada y cuya defensa no puede detenerse en contemplaciones liberales.
De este modo, pues, la libertad de pensamiento se encuentra totalmente ligada
a la libertad de expresión en su sentido más amplio, es decir, utilizando todos los
medios desde la palabra oral y escrita hasta las formas más técnicas y evolucionadas
de comunicación y difusi6n (radio, televisi6n, cinemat6grafo, prensa, etc.).
y esta libertad supone otras libertades o derechos como la libre discusión, la tolerancia,
sin la cual no es posible la libertad de pensamiento jurídicamente
entendida.
Entonces pues, en el pensamiento, las ideas adquieren un poder que puede
ser inmenso en la medida en que saliendo del cerebro de los pensadores e ideólogos
y utilizando cualesquiera de los medios de expresión, pasan a formar parte
de la conciencia de las masas y colectividades.
Indudablemenete que entendida así la libertad de pensamiento, ésta sólo puede
subsistir en el grado en que se hagan efectivas las otras libertades. Reconocer el
derecho de pensar libremente, sin reconocer el derecho de expresarlo, equivaldría
a reconocer el derecho de adquirir alimentos, pero no el de ingerirlos." 234.
.23f Reoísta de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Año IV, Núm. 11, noviembre
de 1968, págs. 243 y 244. Órgano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Nacional de Trujillo, Pero.

350 LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
a) Extensión juridica

GARANTÍAS nE UBERTAD
ideas manifestadas por el gobernado, o sea, una averiguación o investigación
con los fines aludidos. Por mayoría de razón nosotros concluimos que, si el
articulo 6· protege la libre expresión de las ideas contra un simple acto inquisitivo
o investigatorio, la debe también tutelar contra toda prohibición que las
autoridades administrativas o judiciales pudieran establecer, en perjuicio de un
individuo, respecto de la emisión verbal de su pensamiento en cualquier aspecto
en que ésta tenga lugar.
b) Limitaciones constitucionales a la libertad de expresián de ideas. La
manifestación del pensamiento tiene las siguientes limitaciones establecidas
por la propia Ley Fundamental, fuera de las cuales no debe existir ninguna
y, en el supuesto de que un ordenamiento secundaría instituya alguna otra
hipótesis limitativa, ésta sería inconstitucional. De acuerdo con las limitaciones
que la Ley Suprema consigna a la garantía de la libre emisión del pensamiento,
ésta es objeto de inquisición judicial o administrativa en los siguientes casos:
1. Cuando se ataque a la moral;
2. Cuando ataque los derechos de tercero;
3. Cuando provoque algún delito, y
4. Cuando perturbe el orden público.
La limitación a la manifestación de las ideas establecidas en las hipótesis
contenidas en los dos primeros casos y en el último nos parece peligrosa
por un lado y, por otro, inútil. En efecto, ni la Constitución, ni la legislación
secundaría, ni la jurisprudencia brindan un criterio seguro y fijo para
establecer en qué casos la libre expresión del pensamiento ataca la moral,
los derechos de tercero o perturba el orden público. Por consiguiente, la estimación
de tales consecuencias en cada caso concreto, que provoque la
manifestación de una idea, queda al arbitrio subjetivo y discrecional de las
autoridades judiciales y administrativas. Éstas, por tal motivo y en uso de
ese arbitrio, pueden procesar a un individuo so pretexto de que cierta conversación
por él sostenida, cierto diseurso pronunciado, cierta conferencia
sustentada, etc., alteran el orden público, atacan los derechos de tercero o
pugnan contra la moral (¿de quién?). La limitación que se consigna a la
libre expresión de ideas de acuerdo con los criteríos apuntados puede degenerar
en la negación o proscripción de la garantía individual respectiva, ya
que, repetimos, es de la esfera de las autoridades administrativas o judiciales
la determinación de cuándo se ataca la moral, los derechos de tercero
o se perturba el orden público, situaciones todas ellas demasiado vagas e
imprecisas.
Estos inconvenientes que presenta la redacción del artículo 69 constitucional
ya eran tomados en cuenta por el Constituyente de 57 al discutirse el precepto
relativo de la Constitución anterior, que es exactamente igual al de la Ley Fundamental
actual y que corresponde al articulo 13 del proyecto. Así, el diputado
Barrera expresaba: "La restricción de no atacar el orden público es demasiado
351

352 LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
vaga; como la conservación del orden público está encargada hasta los últimos .
funcionarios del orden administrativo, podría suceder que un alcalde multe al
hombre que dispute sobre materias religiosas, creyendo que esto altera el orden
público." 231S Por su parte, el diputado Prieto afirmaba: "Prohibir con mucha
generalidad atacar los derechos de un tercero, es coartar toda libertad, es inventar
un delito hasta cuando se censura o aconseja a un músico o a un pintor
dentro de los límites de la sana crítica y conforme a los preceptos del arte, pues
el pintor y el músico pueden decir que se les ataca en su fama, en su profesión."
280
En conclusión, dadas las consecuencias que podría traer consigo en la
realidad la limitación a la libertad de expresión de ideas y que significaría
la nugatoriedad de ésta en muchos casos, estimamos que los tres criterios en
que tal restricción se apoya (ataques a la moral, a los derechos de tercero
y perturbación del orden público) son excesivamente peligrosos, sobre todo
sustentados por autoridades judiciales o administrativas deshonestas, incompetentes
y de tendencias tiránicas.
Desgraciadamente, la Suprema Corte no ha definido los conceptos de
moralidad ni orden público; simplemente los ha aplicado por instinto en
diversas ejecutorias relativas a diferentes puntos jurídicos. En casos aislados
ha considerado oblicuamente la cuestión de cuándo se atacan los derechos
de tercero y se altera el orden público, consideración que, repetimos, sólo
se refiere a las hipótesis concretas que se sometieron a su conocimiento.
Así, en una ejecutoria dicho Alto Tribunal ha expresado: "Dentro de los
derechos del hombre, está el de poder juzgar la conducta de los funcionarios,
con tal de que no se ataque su vida privada, aunque el juicio se emita
en términos desfavorables para esos funcionarios." aar Como se ve, para los
efectos del artículo 6' constitucional, en 10 que toca a la limitación de la
manifestación de las ideas cuando se ataquen los derechos de tercero, la conducta
pública de los funcionarios no está reputada como tal, por 10 que su
impugnación no está vedada por la Ley Fundamental. En otra tesis, la
Suprema Corte implicitamente considera al siguiente caso concreto como
no perturbador del orden público: "La manifestación de las ideas y la
libertad de expresarlas haciendo propaganda, para que lleguen a ser estimadas
por la comunidad, no tiene otra restricción constitucional que los
ataques a la moral o la provocación a la comisión de un delito, asi como
la perturbación del orden público, por 10 que aquellas manifestaciones que
tiendan a hacer prosélitos para determinada bandería politica o ideológica,
no pueden constituir, en tanto no alteren el orden público, delito alguno, y
reprimirlas constituye una violación a las garantías individuales." 2"
'285 ZARco, Congreso Oonstitxrente, tomo I J pág. 737.
•se Ídem., pág. 738.
U'l' Semanario ]udicialde la Federac.ú5n. 1 tomo X, pág. 4-52 Y tomo VIf, pág. 791.
Quinta gpoca,
"aa Semanario Judicial de la Federación, tomo XXXVIII, pég.. 220. Ldem,

LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
En síntesis, implicando generalmente la manifestación de las ideas, cuando
se ataquen la moral pública o los derechos de tercero o se perturbe el
orden público, sendos delitos, bien como tentativas o como delitos consumados,
y en cuya realizaci6n el sujeto de la infracci6n figura como autor intelectual
o como coautor, habría bastado con que el artículo 6 9 constitucional
consignase como restricci6n a ese derecho la de que se provocara un
delito mediante su ejercicio. Además, de esta guisa se evitarían los inconvenientes
de interpretaci6n y aplicaci6n que presentan los criterios de "ataques
a la moral y a los derechos de tercero" y "perturbación del orden
público" como generadores de sendas limitaciones a la manifestaci6n de
ideas. En efecto, sustituyendo dichos criterios limitativos por el que estriba
en "la provocaci6n de un delito", se despojarla a las autoridades judiciales
y administrativas del arbitrio de libre y amplia apreciaci6n de las causas
constitucionales restrictivas en cada caso concreto, puesto que la inquisici6n
del pensamiento expresado por un individuo s6lo tendría lugar cuando
tra en continuo riesgo, no s610 de ser restringida, sino aun de vulnerarse esencialmente. Ya
el constituyente de 57, Diaz González, al objetar el articulo 13 del Proyecto constitucional
que consagraba la mencionada garantía en iguales términos que nuestro actual artículo 60',
aseveraba que "Las palabras 'orden público' son también demasiado vagas; de ellas puede
abusarse horriblemente, y no hay que olvidar que el ministro que anunció en Francia en
la30, que reinaba el orden público en Varsovia, anunciaba la destrucción y ruina de esta
desdichada ciudad. Cuando se forjan conspiraciones, para satisfacer innobles venganzas, se
invoca el orden público". (ZARCO, Congreso Constituyente, tomo I, págs. 734 y 735.)
Confonne a las breves consideraciones que se acaban de formular, se concluye que la
tipificación legal como delito de la "disolución social" a través de los elementos que mencionamos
en los incisos e) y d) que anteceden, no era contraria al articulo 6° constitucional,
pues, repetimos, dentro de la expresión "perturbación del. orden público" que este precepto
emplea, quedan comprendidos todos los hechos o actos en que tales elementos se traducen.
Sin embargo, sin dichos dos elementos, que peculiarizaban a la disolución social como
"delito de resultados", la inquisici6n de las ideas que por cualquier conducto se externen,
sin incitar la alteraci6n del orden público ni a la afectación de la soberanía nacional, sería
violatoria de la libertad de emisi6n del pensamiento garantizada por el artículo 6° constitucional..
En otras palabras. la sola integración de los primeros elementos del delito de
disolución social, no podía configurar éste, pues los actos que tales elementos entrañan,
estimados en sí mismos, quedan protegidos por dicho precepto. No obstante, no es posible
escindir tajantemente cuándo una persona se contrae a exteriorizar sus ideas, y cuándo, al
expresarlas de cualquier modo, preconiza la tendencia -a perturbar el orden público y a
afectar la soberanía nacional, pudiendo sostenerse que la reiterada y sistemática propagación
de pensamientos contrarios a Jos principios que sustentan a nuestro orden jurídico.
político y social, involucran la intención delictiva conforme al artículo 9' del C6digo Penal.
En resumen, el delito de disolución social, en si mismo considerado, no era inconstituclonal,
pero dados los términos tan generales y vagos como se tipificaba en el ordenamiento
punitivo, otorgando amplio arbitrio al Ministerio Público y a las autoridades
judiciales para determinar, en cada caso concreto cuándo concurren sus elementos, se hizo
necesaria la reforma al artículo 145 que lo consagraba, para precisar con toda claridad los Ji.
mites del ejercicio del derecho constitucional a expresar el pensamiento, por una parte, y el
ámbito donde, a pretexto de él, se pudiere provocar la disoluci6n social, por la otra.
Lleg6 a sugerirse, para este efecto, que la ley penal sólo considerara como delito de disoluci6n
social, los hechos materiales que actualizaran positivamente las ideas, programas o
nonnas de acción de un gobierno extranjero, tales como la rebelión, los motines, las asonadas
y la sedición, sin conceptuarse como autor de dicho delito al sujeto que se hubiese
concretado a expresarlas, sin provocar o incitar, en su exposici6n, tales hechos.

GARANTIAS DE UBERTAD 355
provocase algún delito, o sea un hecho calificativo como tal por la ley, a
cuyo tenor tendrían que ceñirse los órganos autoritarios para coartar a una
persona su libertad de expresión.
En conclusión, si hemos estimado como peligrosas, y hasta cierto punto
inútiles o redundantes, las limitaciones a la expresión de ideas provenientes
de los criterios "ataques a la moral y a los derechos de tercero" y "perturbación
del orden público", por el contrario estimamos atingente la restricción
a tal derecho que se apoya en la circunstancia de que el ejercicio de
éste provoque algún delito, por las razones ya invocadas.
c) Breve reseña histórica de la libertad de expresión de ideas. Desde
los más remotos tiempos de la humanidad, la expresión libre de las ideas
nunca tuvo consagración jurídica, sino hasta el advenimiento de la Revolución
francesa, salvo casos verdaderamente excepcionales. La manifestación
del pensamiento se traducía en un mero fenómeno de {acto, cuya existencia
y desarrollo dependían de la tolerancia y condescendencia de los gobernantes.
Si durante las épocas históricas anteriores a dicha revolución al
hombre le fue dable emitir sus ideas bajo diversas formas, contribuyendo
así al progreso cultural universal, fue porque los gobiernos se mostraban
indiferentes o tolerantes en lo que toca a la expresión del pensamiento o
interesados en la manera y sentido de éste. Por el contrario, cuando la pro.
clamación de un postulado, la formulación de un principio, la sustentación
de una crítica afectaba directa o indirectamente a la estabilidad del gobernante
en el poder, la expresión de ideas era acallada por una multitud de
procedimientos inicuos. Fruto de esta completa dependencia y subordinación
de la manifestación eidética a los gobiernos, a los detentadores del poder
público, fue la Inquisición, institución, que por anticristiana y antihumana,
constituye uno de los más graves baldones dc la Iglesia, habiendo
contribuido no poco a su desprestigio.
En síntesis, la manifestación de las ideas en las épocas históricas anteriores
a la Revolución francesa, y salvo excepciones concernientes a algunos
regímenes sociales, no se perfilaba como un derecho público, como una
garantía individual creadora de obligatoriedad de observancia para el Estado
y sus autoridades, sino que se ostentaba como un simple fenómeno
fáctico, cuya existencia y desenvolvimiento estaban al arbitrio del poder
público. Si éste se mostraba tolerante con la expresión de una idea, por
serie ésta innocua o por convenir a su estabilidad y perpetuación, la manifestación
del pensamiento se respetaba. Por el contrario, si mediante éste
se propendía a crear un ambiente hostil y peligroso para la subsistencia de un
régimen, a la persona que lo sustentaba o propagaba se le hada víctima
de toda clase de atropellos, no faltando incluso ocasiones en que se le privaba
de la vida.
Sin embargo, la libre emisión del pensamiento en todas sus manifestaciones
siempre se ha registrado en el- decurso histórico de la humanidad,

356 LAS GARANTfAS INDMDUALES
pues siendo una potestad libertaria natural del hombre, su negación hubiera
equivalido a la negación de la misma personalidad humana. Para que di·
cha libertad haya producido los óptimos frutos que constituyen el impulso
constante de superación del pensamiento del hombre en todas las rama,
del saber humano, no fue necesario que se consagrase como derecho público
subjetivo; y prueba de ello es que antes de que jurídicamente se la
reconociese, la filosofia, las ciencias positivas y las artes en sus distintas expresiones
alcanzaron un gran desarrollo. Suponer que la libertad de externar
las ideas haya quedado sujeta a su estimación jurídica, seria tanto como
concebir la evolución cultural de la humanidad estancada durante largas
etapas en que dicho reconoclmiento todavía no se formulaba. Y es que la
actuación del espíritu humano no puede detenerse, como no es dable tampoco
acallar las voces del pensamiento, pues mientras el hombre se conserve
dentro de la naturaleza de persona con que fue creado por Dios, es decir,
en tanto no abdique de sus atributos consubstanciales, seguirá desenvolviendo
sus ideas y externándolas en diferentes expresiones filosóficas, científicas
o artísticas.
En la antigüedad clásica, principalmente en Grecia y en Roma, la libre
emisión del pensamiento cristalizó en imponderables escuelas, teorías y concepciones
filosóficas, jurídicas y políticas que han servido de luminaria inextinguible
a la posteridad, a pesar de que dicha libertad, según lo hemos
afirmado reiteradamente, sólo se haya registrado como un mero fenómeno
fáctico sin obligatoriedad jurídica para el poder público. Durante la Edad
Media, que por ignorancia o por jacobinismo se la considera como una
etapa oscura de la humanidad, florecieron grandes sistemas filosóficos, des-
- callando entre ellos la escolástica, cuya metodología, basada por lo general
en los principios aristotélicos, no ha podido ser superada todavía. El Renacimiento
se caracterizó por el retorno al humanismo, sobre todo en lo que
respecta' a las actividades artisticas; y aun dentro de los Estados absolutos,
en los que el soberano no tenia ninguna barrera jurídica a su potestad gubernativa
por conceptuársele representante divino en los asuntos temporales
y ungido por Dios, como tal, no dejaron de elaborarse teorías filosóficas,
politicas y sociales que tendieron a quebrantar los principios sobre los que
descansaban dichas concepciones, principalmente en Francia dur ante los dos
primeros tercios del siglo xvm y antes de la Revolución francesa, donde
descubrimos a los grandes ideólogos revolucionarios, como Rousseau, Vol.
taire, los enciclopedistas, los jusnaturalistas, etc., que con sus ideas prepararon
un nuevo ambiente para la humanidad en lo que toca a las relaciones
entre gobernantes y gobernados. Además, aun bajo la época de la estricta
intolerancia religiosa, surgieron tendencias reformadoras de la estructura
eclesiástica y clerical en un impulso de retorno al cristianismo primitivo,
siendo sus principales exponentes Lutero y Calvino; y las mismas concep-

GARANTÍAS DE UBERTAD
ciones que en las incipientes ciencias positivas se abrigaban, resintieron los
impactos de tendencias innovadoras.
Las someras referencias que acabamos de exponer, traducen el innegable
rechazamiento de la idea de que la libre emisión del pensamiento en
sus variadas manifestaciones no se registró sino cuando se consagró por el
derecho positivo, principalmente después de la famosa Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Por tanto, la garantía
individual de que .todo hombre es libre para externar sus ideas bajo distintas
formas, respondió al desiderátum de asegurar dicha libertad, para impedir,
en lo posible, que los gobernados fuesen objeto de violencias y desmanes
por parte de los gobernantes, cuando la exteriorización' de su pensamiento
fuese del desagrado de los detentadores del poder público, fenómenos de
los que desgraciadamente la historia nos proporciona innumerables testimonios.
En síntesis, el reconocimiento por el derecho positivo de la libre
emisión de las ideas no ha perseguido como finalidad hacer posible que ésta
se desarrolle, pues con él o sin él siempre ha existido desde que el hombre
es hombre, sino que tiende a evitar las represalias de que pudiera ser. víctima,
por parte del poder público, cI gobernado que las conciba y externe.
Inglaterra ha sido el país que constituye una salvedad en el medio universal
que privaba antes de la Revolución francesa en relación con la
libertad de expresión de ideas. En dicho país el "common lato" consagraba
ésta, no ya como simple hecho subordinado al parecer del gobernante, sino
como un derecho público oponible y exigible al Estado y sus autoridades.
El ejercicio de este derecho sólo tenía como limitación la que establecía la
"Iaw of libel", la cual prohibía su desempeño cuando se profirieran injurias
contra una persona o se la difamara.
No fue sino a partir del año de 1789 cuando la libre manifestación de
las ideas adquiere un carácter juridico público, incorporándose como garantía
individual o derecho del hombre en la mayoría de las constituciones
de los paises democráticos. Considerando a la libre expresión de ideas como
un derecho inalienable e imprescriptible del ser humano, la famosa Deelaración
francesa de 1789 establecía en sus artículos 10 y 11: "Nadie debe
ser molestado por sus opiniones, aun religiosas, Con tal que su manifestación
no trastorne el orden público establecido por la ley." -"La libre comunicación
de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más
preciosos del hombre; todo ciudadano puede hablar, escribir o imprimir
libremente, pero debe responder del abuso de esta libertad en los casos
determinados por la ley."
En México, desde la Constitución de Apatzingán, se reconoció al gobernado,
como garantía individual, el derecho de manifestar libremente sus
ideas con ligeras limitaciones provenientes de "ataques al dogma" (es decir,
a la religión católica), "turbaciones a la tranquilidad u ofensas al honor
de los ciudadanos" (art. 40). La Constitución Federal de 1824, si bien no
3.17

358 LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
se refería directamente a la manifestación verbal de las ideas, consignó como
garantía para la libertad de imprenta o expresión escrita de las mismas, la
obligación impuesta al Poder Legislativo consistente en "proteger y arreglar
la libertad politica de imprenta, de modo que jamás se pueda suspender
su ejercicio, y mucho menos abolirse en ninguno de los Estados ni territorios
de la Federación" (art. 50, frac. III). Por su parte, la Constituci6n centralista
de 1836 también consagró la garantía de la libre manifestación de las
ideas por medio de la imprenta en su artículo 2·, fracción VII, que disponía:
"Son derechos del mexicano: VII: Poder imprimir y circular, sin
necesidad de previa censura, sus ideas políticas." Las Bases Orgánicas de
1843 también instituyeron dicha garantía en su artículo 9·, fracción I1, que
decía: "Ninguno puede ser molestado por sus opiniones; todos tienen derecho
para imprimirlas y circularlas, sin necesidad de previa calificación o
censura. No se exigirá fianza a los autores, editores o impresores." El Acta
de Reformas de 1847, que volvió a poner en vigor la Constitución Federal de
1824, reprodujo el articulado de este ordenamiento con las reformas o innovaciones
inspiradas por la experiencia, por lo que en materia de libertad
de manifestación de las ideas remite a dicho código constitucional. Por último,
la Constituci6n de 1857 en su artículo 6·, consagró dicha garantía
individual, concibiéndola en los mismos términos que la Ley Suprema vigente?ro
C. La libertad de imprenta (artículo 7' constitucional)
Esta libertad específica es uno de los derechos más preciados del hombre,
Por medio de su ejercicio no sólo se divulga y propaga la cultura, se abren
nuevos horizontes a la actividad intelectual, sino se pretenden corregir errores
y defectos de gobierno dentro de un régimen jurídico. La libertad de
imprenta es una conquista netamente democrática; su desempeño tiende a
formar una opinión pública en lo tocante a la forma de realización de las
actividades gubernativas; la libertad de imprenta no sólo es un medio de
depurar la administración pública para sanearla de sus despropósitos y desaciertos
mediante una crítica sana, sino un estimulo para los gobernantes
honestos y competentes que deben ver en ella el conducto de la aquilatación
justa de su gestión.
La libertad de imprenta o de prensa, en los sistemas democráticos como
el nuestro, configura uno de sus postulados esenciales, constituyendo una
conditio sine qua non de su operatividad' efectiva y real. El buen funciona-
2W Además de los documentos jurídico-políticos que hemos citado, la antecedencia de
la libre emisi6n de las ideas en nuestro país se localiza en diferentes decretos, reglamentos
y proyectos que se mencionan en la obra Los Derechos del Pueblo Mexicano. México
a traoés de sus Constituciones (tomo III, págs. 518 a 527), editada por la XLVI Legislatura
de la Cámara de Diputados en 1967 y a la cual nos remitimos para no ser demasiado
prolijos en su referencia.

GARANTfAS DE UBERTAD 359
rio público la aplaude y la preserva; en cambio, el mal gobernante la teme
y, por esta causa la agrede. En las dictaduras, de izquierda o de derecha, se
la elimina, sustituyéndola por un periodismo servil dirigido por el autócrata
y sus corifcos, Como la tónica fundamental que debe tener la libertad de
prensa consiste en servir a la verdad y en difundirla en todos los aspectos
de la actividad humana, quienes la atacan y la persiguen son los perversos,
los hip6critas y los cobardes, sea cual fuere el nivel político, intelectual o
profesional en que se encuentren.
La libertad de imprenta, sin embargo, tiene sus necesarias limitaciones,
impuestas por su misma naturaleza, que la demarcan para que no degenere
en libertinaje publicitario. Dichas limitaciones se contienen en el artículo 7
de nuestra Constitución y estriban en que mediante el ejercicio de la mencionada
libertad no se ataque la vida privada, la moral ni la paz pública.
Es cierto que en muchas ocasiones se trasgreden tales limitaciones; pero
debe decirse que es preferible que se abuse de la aludida libertad, a que se
restrinja de cualquier modo con base en el pretexto de que, por medio de
ella, se calumnia, se difama o se propicia la alteración del orden público.
México es uno de los paises del mundo en que la libertad de imprenta
se ha desempeñado ampliamente. Su ejercicio ya forma una tradición en
nuestro país que debemos conservar y defender -como la gema más preciada
del hombre que piensa. Renovamos fervientemente nuestros votos porque
dicha tradición continúe observándose indefinidamente y porque todos los
funcionarios públicos que atenten contra ella, enmienden o rectifiquen su
actitud en beneficio de la libre emisión del pensamiento, sin la cual el hombre
se convierte en abyecto instrumento y los pueblos en rebaños a los que
se les sustituye su dignidad por un pretendido bienestar material precario.
En una ejecutoria," la Suprema Corte ha hecho una justificada apología
de la libertad de imprenta en los siguientes términos: "Basadas las instituciones
republicanas en la voluntad popular, su mejor defensa estriba en la libertad
de prensa, que, aunque en algunos casos puede seguir caminos extraviados, no
debe ser reprimida, porque la lucha contra SU acción, por grave, dañosa y
perjudicial que se la suponga, no quedará justificada si se lleva a cabo matando
la fuente de energías 'l.ue trae consigo, porque mayores males resultarán
con el ahogamiento de las ideas, perenne origen de los abusos del poder. Por
esto, una de las garantías por las que más se ha luchado en nuestro medio
social, es la consignada en nuestro artículo 79 constitucional, complementada
con la que señala el artículo 6 9 de la Ley Fundamental. Su existencia ha sido
proclamada desde las primeras constituciones, y aunque sufrió opacamientos
durante los regímenes dictatoriales, su reintegración a la Constitución de 17
ha sido considerada como uno de los mayores y más prestigiados triunfos que
pudo alcanzar el pueblo mexicano en su evolución política. Por esto, toda actitud
de cualquiera autoridad inclinada a entorpecer la libre manifestación
de las ideas, es considerada como contraria a los ideales revolucionarios, que
buscan un régimen de más pura justicia social. Aun aceptando que los actos
241 Semanario [udícial de la Federación, Quinta Época, tomo XXXVII, pág. 941.

LAS GARANTiAS INDIVIDUALES
que tiendan a entorpecer la libre emisión del pensamiento, por medio de la
prensa, provengan de particulares, la violación de garantías por parte de las
autoridades es palmaria, si se tiene en cuenta que todas las del país están en el
deber de impedir las violaciones de esta índole, como consecuencia de la obligación
legal de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República,
pues la violación, entonces, si no consiste en actos directos de las autoridades, sí
consiste en actos de omisión."
La garantía de la libertad de imprenta está censagrada en el artículo
7' constitucional en los siguientes 'ténninos: "Es inviolable la libertad de
escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad
puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores,
ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el
respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso
podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito." Bajo esta garantía
individual, tal como está concebida en la Constitución, se comprenden
dos libertades especificas: la de escribir y la de publicar escritos. En
realidad, desde el punto de vista mismo de la naturaleza jurídica de toda
garantía individual, que implica un valladar al poder público, hubiera
bastado con hacer mención a la segunda de dichas libertades, o sea, la relativa
a publicaciones sobre cualquier materia. En efecto, lo que la Constitución
pretende garantizar mediante la consagración de derechos públicos
individuales relativos a la libertad, es precisamente su ejercicio social, objetivo
y trascendente. Tratándose de la libertad de pensamiento, instituyó
ésta como expresión, manifestación, exteriorización o emisión de ideas. Por
lo mismo, en lo que concierne a la libertad de imprenta, nuestra Ley Fundamental
establece la garantía individual respectiva que atañe a la emisión,
expresión o exteriorización del pensamiento, por medios escritos (libros, periódicos
impresos, etc.). En la mente del constituyente no estuvo la intención
de tutelar jurídicamente el simple hecho de escribir, sino el deseo de
proteger la manifestación pública de lo que se escribe, que no es otra cosa
que su publicación o emisión. En consecuencia, hubiera sido suficiente que
el artículo 7' constitucional haya hecho referencia únicamente a la libertad
de publicar o de publicación, ya que ésta presupone la de escribir, la cual,
a su vez, sin la primera, es ajena al campo social, estando, por ende, sustraída
al orden jurídico, cerno lo está la mera concepción de una idea que
no se exterioriza de ninguna manera.
a) Extensión jurídica de la libertad de imprenta o de publicación. Esta
garantía tutela la manifestación del pensamiento, de las ideas, de las opiniones,
de los juicios, etc., por medios escritos (libros, folletos, periódicos, revistas,
etc.), a diferencia del artículo 6' constitucional, que preserva la emisión
verbal, traducida en discursos, conferencias, conversaciones, radiotransmisiones,
así como cualquier expresión eidética, literaria o artística. Como de-

GARANTÍAS DE LIBERTAD 361
claración general inserta en e! artículo 7' de la Constitución, se contiene la
prevención de que todos los individuos que habiten e! territorio nacional,
independientemente de su condición particular, pueden escribir y publicar
escritos sobre cualquier materia. En consecuencia, la libertad de publicación
en 10& términos asentados es el contenido del derecho público subjetivo
individual que se deriva de la garantía implicada en el artículo 7' constitucional.
La obligación estatal correlativa consiste, por ende, en la abstención
que se impone al Estado y sus autoridades de impedir o coartar la
manifestación escrita de las ideas, traducida en la publicación o edición de
libros, folletos, periódicos, etc.
Es más, no sólo las autoridades de! Estado y este mismo no pueden impedir
o coartar, en términos generales, la libertad de expresión escrita del
pensamiento, sino que también tienen la obligación negativa consistente en
no establecer previa censura, esto es, estimar una publicación con e! fin de
constatar su conveniencia o inconveniencia tomando como base un determinado
criterio, así como en no exigir fianza a los autores o impresores. En
sintesis, la obligación negativa o abstención juridica que tienen a su cargo
el Estado' y sus autoridades (administrativas, legislativas o judiciales) se revela
en tres inhibiciones específicas: l' no coartar o impedir la manifestación
de las ideas por medios escritos (libros, folletos, periódicos, etc.), salvo
las excepciones constitucionales de que ya hablaremos; 2' no establecer la
previa censura a ningún impreso, y 3' no exigir fianza (nosotros diríamos
garantía en general) a los autores o impresores de cualquier publicación.
b) Limitaciones constitucionales a la libertad de imprenta.
1. En primer lugar, establece el artículo 7' constitucional, mediante su
interpretación a contrario sensu, que la libertad de imprenta se podrá coartar
o impedir cuando su ejercicio implique un ataque o falta de respeto a
la vida privada. El criterio que sirve de base para consignar esta restricción,
nos parece demasiado vago, impreciso y lato, opinión que también abrigaron
los Constituyentes de 1857. En efecto, la "vida privada" de una persona
puede tener tantos matices, puede extenderse a una tan variada gama
de actos, que propiamente cualquier escrito que criticase una de esas múltiples
modalidades estaria vedado por e! artículo 7' constitucional. La opinión
quc una persona pueda sustentar sobre cualquier materia, verbigracia,
es un acto imputable a su vida privada en su aspecto intelectual, por lo
que, atendiendo al criterio mencionado, aquélla no podrá ser objeto de
crítica o censura, aun cuando estas impugnaciones no constituyan una injuria,
difamación o calumnia. En realidad, para evitar las prohibiciones a
la libertad de imprenta, que se derivarían prolijamente de! criterio "ataques
o falta de respeto a la vida privada", se deberían precisar los aspectos

362
LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
de ésta que se consideren como objetos vulnerables, impeditivos para el ejercicio
del propio derecho.
La Suprema Corte no se ha ocupado del problema, pues únicamente en una
ejecutoria'" ha establecido la distinción entre la vida pública y la vida privada de
un funcionario público para los efectos de la constitucionalidad de la critica escrita
que contra la actuación de éste se dirija. Dice así la citada tesis: "La Constitución
establece en su artículo 7 Q , entre las limitaciones a la libertad de imprenta, el respeto
a la vida privada, debiendo entenderse por ésta las actividades del individuo
como particular, en contraposición a la vida pública, que comprende los actos del
funcionario o empleado en el desempeño de su cargo; de modo que, para determinar
si un acto corresponde a la vida privada o a la pública, no hay que atender al
lugar en que dicho acto se ejecutó, sino al carácter con que se verifica, pues de no
ser así, fácilmente se evitaría el castigo, atribuyendo a una persona acciones desarrolladas
en un lugar público, aunque dañaran gravemente su reputación."
En relación al problema de delimitar en qué casos y contra qué aspectos
de la vida privada de una persona se debe vedar el ejercicio de la libertad
de imprenta, nosotros nos aventuramos a afirmar que este derecho público
subjetivo individual debe prohibirse en aquellos casos en que los ataques
a la vida privada de un individuo constituyan un delito contra las personas
en su honor, tales como la injuria, la difamación y la calumnia, en los términos
en que estas figuras están concebidas por el Código Penal en sus
artículos 348, 350 Y 356, respectivamente.
El Congreso de la Unión, que es el organismo a quien la Constitución
facultó en su artículo 16 transitorio para. expedir leyes reglamentarias sobre
garantías individuales, no se ha preocupado por delimitar e! criterio. de
"ataques o faltas de respeto de la vida privada" como limitativo o prohibitivo
de la libertad de imprenta. Seria conveniente y altamente importante
que se expidiera la Ley Orgánica o Reglamentaria de los artículos 6' y 7'
constitucionales, principalmente para eliminar la vaguedad, elasticidad y
demasiada amplitud que tiene la expresión "vida privada", así como algunas
otras, como la de "moral", empleadas en e! segundo de los preceptos
constitucionales indicados. De esa manera se pondría coto al abuso que las
autoridades pudieran cometer en detrimento de la libertad de imprenta, so
pretexto de que su ejercicio constituya una "falta de respeto a la vida privada"
o un "ataque a la moral".
No obstante esta falta de reglamentación, en diciembre de 1934 se expidió
por el Congreso de la Unión un decreto por medio del cual se autorizaba
al Ejecutivo para reglamentar dichos preceptos. El Presidente de la República
nunca hizo uso de tal autorización. Por otra parte, dicho decreto
carece ya de validez constitucional, debido a que con posterioridad a su
expedición se adicionó e! articulo 49 de la. Constitución, en el sentido de
prohibir todo otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo fuera
de los casos previstos ene! articulo 29 de dicho ordenamiento fundamental.
'In Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, tomo XXVI, pág. 975.

GARANTÍAS DE UBERTAD 363
Sin perjuicio de la ausencia de leyes reglamentarias de los artículos 6
y 7 constitucionales, circunstancia que ha sido puesta de manifiesto por
la Suprema Corte en varias ejecutorias, existe desde el 12 de abril de 1917,
en quc fue publicada, una legislaci6n prouisicmal, expedida por don Venustiano
Carranza, que delimita los criterios "falta de respeto a la vida privada",
"ataques a la moral" y "alteración de la paz pública", que sirven de
base a sendas limitaciones constitucionales a la libertad de imprenta. Denominamos
a dicha legislación con el adjetivo de "provisional", porque fue
expedida "entretanto el Congreso de la Unión reglamentara los artículos
6 y 7 constitucionales". Aparte de esta nota que ostenta dicha legislación,
y no obstante que en la actualidad se sigue aplicando, estimamos que jurídicamente
hablando no debe tener vigencia. En efecto, dicha legislación
entró en vigor el día 5 de abril de 1917 (art, transitorio de la misma), esto
es, antes que la Constituci6n de 1917, cuyos artículo 6' y 7' pretende reglamentar.
Este ordenamiento fundamental, que rige desde el primero de
mayo de 1917, propiamente es una ley posterior a la de abril de dicho
año, por lo que derogó a ésta. Además, una reglamentación, como es lo que
pretende establecer la Ley de Imprenta de don Venustiano Carranza, no
tiene razón de ser si no están vigentes los preceptos reglamentados o por
reglamentarse; y como éstos, es decir, los artículos 6 y 7 entraron en vigor
posteriormente, luego no pudieron haber sido objeto de una ley orgánica de
anterior vigencia.
Sin embargo, y pese al anterior argumento, que podría parecer una sutileza,
suele sostenerse la vigencia actual de la Ley de Imprenta. Es muy
discutible esta postura por las razones que a continuación vamos a exponer.
Don Venustiano Carranza, en su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista
y Encargado del Poder Ejecutivo Federal, expidió dicho ordenamiento
"en virtud de las facultades Con que se encontraba investido y
entretanto el Congreso de la Unión reglamentase los artículos 6 y 7 de la
Constitución de la República". Ya hemos dicho que esta reglamentación
no existe, por lo que podría suponerse que la Ley dc Imprenta se encuentra
en vigor. Ahora bien, el Congreso Federal sólo pudo crear leyes reglamentarias
de garantías individuales durante el periodo ordinario de sesiones que
comenzó el primero de septiembre de 1917 y concluyó el 31 de diciembre
del mismo año, según lo establece claramente el artículo 66 constitucional
(art. 16 transitorio que ya invocamos). Por consiguiente, transcurrido dicho
periodo, el Congreso de la Unión ya no tuvo competencia para reglamentar
garantías individuales, pues esta facultad no se la otorga la Constitución.
En estas condiciones, y con apoyo en lo previsto en el artículo 124,
de este ordenamiento supremo, incumbe a las legislaturas de los Estados la
reglamentación de las garantías individuales, entre ellas las que establecen
los artículos 6' y 7'. En ocasión anterior'" estudiamos la cuestión de si la
2'43 Véase capítulo II,.párraío IV.

364 LAS GARANTiAS INDIVIDUALES
expedici6n de leyes reglamentarias de las mencionadas garantías incumbe
a la potestad legislativa federal o a la local, y llegamos a la conclusi6n de
que, cuando la operatividad de una garantía incide en una materia cuya
normaci6n corresponda al Congreso de la Uni6n o a las legislaturas de los
Estados, es a aquél o a éstas a quienes compete la reglan¡entaci6n respectiva.
De esta apreciaci6n se colige que el Congreso Federal sólo tiene como
petencia secundum quid para 'reglamentar una garantia individual, es decir,
siempre que ésta opere en cualquier ámbito normativo que constitucionalmente
le ataña. Por ende, la reglamentaci6n per se de garantias individuales
no incumbe al Poder Legislativo Federal, sino a los poderes legislativos de
los Estados.
La Ley de Imprenta debe conceptuarse como un ordenamiento preconstitucional
y su vigencia se ha conceptuado prolongada como consecuencia
de una apreciaci6n indebida de don Venustiano Carranza,· quien consider6
que el Congreso de la Unión podía reglamentar los articulos 6 y 7
constitucionales después del primer periodo de sesiones que concluyó irremisiblemente
el 31 de diciembre de 1917, pues si bien es cierto que durante
éste, dicho organismo tuvo la citada facultad reglamentaria, es verdad, por
otra parte, que a su transcurso dej6 de tenerla. Es evidente que la legislaci6n
revolucionaria o pre-constitucional no puede conservar su vigencia dentro
del régimen definitivo establecido por la Constituci6n, a menos que ésta
la incorpore a su normaci6n o declare su subsistencia o faculte para declararla.
Suponer que los ordenamientos anteriores a la Ley Suprema pueden
mantener su fuerza normativa sin que ésta la autorice, equivaldria a hacer
nugatorios e inaplicables los mandamientos constitucionales. Tratándose de
la Ley de Imprenta no existe ningún precepto transitorio de nuestra actual
Constituci6n que considere prorrogada su vigencia o que faculte al Congreso
Federal para prorrogarla. Por esta raz6n, la indicada ley no puede
conceptuarse vigente desde un punto de vista constitucional estricto, pues
en primer lugar, fue expedida por Carranza antes de que la Ley Suprema
de 17 entrara en vigor, y en segundo término, porque su origen y su ámbito
de regulaci6n como ordenamiento federal, son contrarios a los principios
en ella consagrados. ¿C6mo es admisible, en efecto, que bajo el imperio
de la Constituci6n de 17 se repute vigente una ley que fue expedída
por quien, según los mandamientos constitucionales, ya no tuvo facultades
legislativas?
En resumen, si la Ley de Imprenta no debe estimarse vigente, la limitaci6n
a la libertad que consagra el articulo 7 constitucional, y que estriba en
que mediante toda clase de publicaciones se respete la vida privada, se
traduce en las figuras delictivas de difamaci6n, injurias o calumnia, y cuyos
preceptos tipificativos han venido a substituir al articulo primero de la mencionada
ley....
244 ConsúItese dicha ley en el Apéndice de este libro, donde se encuentra transcrita.

GARANTlAS DE UBERTAD 365
2. Otro de los caSOS en que la libertad de imprenta puede coartarse,
se refiere a la circunstancia de que e! ejercicio de este derecho importe un
ataque a la moral. Este criterio de Iimitaci6n a la libertad de escribir y
publicar escritos adolece de la misma vaguedad e imprecisi6n que las que
afectan al anteriormente tratado. La moral, por esencia misma, es tan relativa,
tan variable, que impropiamente puede constituir una pauta para
restringir un derecho subjetivo individual. Además, con criterios tan latos
y elásticos, como son los de "ataques a la vida privada y a la moral", a
una autoridad le sobrarían pretextos para coartar la libertad de imprenta.
La jurisprudencia de la Suprema Corte no se ha preocupado por delimitar
e! alcance de muchos conceptos que, ,como los anteriores, son de vital
importancia para la subsistencia misma de derechos e instituciones. En
varias ocasiones, al pretender establecer qué se entiende por moralidad pública,
nuestro máximo tribunal se ha mostrado francamente tautol6gico y,
por ende, incapaz de elucidar dicho concepto. Ha afirmado que se ataca
a la moralidad pública "cuando existe un choque de un hecho con el sentimiento
moral público" o "con e! estado moral público" o "con e! estado
moral contemporáneo de la sociedad".2"
Es urgente que, o bien la jurisprudencia de la Suprema Corte o bien una
ley orgánica del artículo 7 constitucional, vengan a precisar los conceptos
de "ataques a la vida privada" y "ataques a la moral", con e! fin de evitar
los abusos 'y arbitrariedades que en su nombre suelen cometer las autorida­
.des, principalmente en los pequeños poblados de la República.
Don Venustiano Carranza, en su Ley de Imprenta expedida en abril de
1917, trató de fijar el alcance de! criterio "ataques a la moral". Así, en e!
artículo 2 de dicha ley se mencionan varios hechos que constituyen una
afrenta a la moral, sin dejar de ser su señalamiento vago e impreciso.
3. Como tercera limitaci6n general a la libertad de imprenta y como
prohibici6n de su ejercicio en los casos concretos comprendidos en aquélla,
tenemos el supuesto de que mediante el desempeño de ese derecho se altere
la paz pública. Este criterio limitativo o prohibitivo, a diferencia de los
otros dos, no es tan vago ni impreciso; antes bien, es aplicable con relativa
facilidad en el terreno de los hechos, precisamente porque se basa en un
fen6meno notorio: la paz pública, tomada ésta como sin6nimo de tranquilidad,
de inalteraci6n de! orden público en determinadas circunstancias y
bajo sus múltiples y variados aspectos. La Ley de Imprenta de abril de
1917, en su artículo tercero, indica aquellos hechos que pudieren constituir
un ataque al orden o a la paz públicos y que propiamente se revelan en
los delitos que el Código Penal consigna bajo la denominaci6n de traici6n
a la patria, rebelión, sedici6n, desórdenes: públicos, etc.
245 Tomo XXXIX, pá.g. 867. Quinta Epoca del S. J. de la F.

366 LAS GARANTfAS INDMDUALES
4. Una cuarta limitaci6n constitucional a la libertad de imprenta y que
ha sido reiterada por la jurisprudencia de la Suprema Corte, es la contenida
en el párrafo XIII del artículo l3D de la Ley Fundamental, el cual prescribe:
"Las publicaciones peri6dicas de carácter confesional, ya sean por
su programa, por su título o simplemente por sus tendencias ordinarias, no
podrán comentar asuntos políticos nacionales ni íoformar sobre actos de las
autoridades del país, o de particulares, que se relacionen directamente con
el funcionamiento de las instituciones públicas." A diferencia de otras limitaciones
o prohibiciones a la libertad de imprenta que ya se contenían en
la Constituci6n de 57, ésta no se estableci6 sino en la Constituci6n vigente,
a modo de "prevención general", debiendo haber sido más correcto y 16gico
incorporarla al texto mismo del artículo 7' constitucional, por concernir
directamente a la garantía íodividual que éste involucra.
5. En materia educativa existe la posibilidad, autorizada por el mismo
artículo 3 constitucional, para que a través de leyes o reglamentos se limite
la libertad de imprenta, sío que las limitaciones legales o reglamentarias
respectivas deban reputarse contrarias al citado derecho público subjetivo.
En efecto, conforme al mencionado precepto de nuestra Ley Fundamental,
la educaci6n que imparta el Estado en sus distintas personalidades juridicopolíticas
-federaci6n, entidades federativas o municipios-, así como la que
se suministre en planteles particulares autorizados oficialmente, está sujeta
a determinadas exigencias teleol6gicas que denotan un cierto contenido ideol6gico,
tendientes a formar en el educando una conciencia civica y social
en tomo a la democracia, a la comprensi6n de la nacionalidad mexicana
y a la atenci6n y soluci6n de sus principales problemas y a la igualdad y
fraternidad que deben existir entre todos los hombres, independientemente
de sus condiciones étnicas o de su situaci6n económica, Ahora bien, si dichas
fíoalidades deben perseguirse a través de libros de texto o de otras
publicaciones, resulta que la libertad de imprenta, cuando los medios escritos
en que se ejercita están destinados a la educaci6n de la niñez y juventud
mexicanas, tiene como restricci6n constitucional la de que mediante
su desempeño, no se desvirtúen, desnaturalicen o se hagan nugatorios los
objetivos a que propende dicha educación, Por ende, la legislaci6n ordíoaria
y las autoridades que en ella se apoyen, pueden prohibir o censurar
cualquier publicación que se destine a la lectura para niños y j6venes en edad
escolar y que, sío incidir en alguno de los actos de Iímitaci6n a la libertad
de imprenta que señala el artículo 7 constitucional, sean, no obstante, contrarias
a las ideas que constituyen los fíoes perseguidos por la educaci6n
estatal o particular autorizada en los términos del artículo 3 de nuestra Ley
Fundamental. En conclusión, fuera de la materia educativa, la mencionada
libertad sólo debe tener las restricciones que establece el citado artículo 7;
y cuando se trate de medios escritos de expresi6n eidética que se destinen

GARANTÍAs DE LIBERTAD 367
a la lectura para la niñez y juventud en edad escolar, la propia libertad
adolece de las limitaciones que se derivan del artículo 3 constitucional.
c) Seguridades jurfdico-constitucionales de la libertad de imprenta.
1. La primera de ellas consiste en que en ningún caso podrá secuestrarse
la imprenta como instrumento de delito (art. 7). El hecho delictuoso a
que se refiere esta prohibici6n está constituido por aquellos ataques que,
por medio de impresos en general, se dirigen en contra de la vida privada,
de la moral o de la paz pública. Tales hechos implican lo que sc llama
delitos de imprenta, que tipifica la ley relativa expedida por don Venustiano
Carranza, y para cuyo conocimiento es competente el Jurado Popular
Federal. El Código Penal, dentro del sistema de penalidad que establece,
consigna como sanci6n especifica la pérdida de los instrumentos del delito.
Pues bien, esta pena no se debe aplicar a los delitos de imprenta en vista
de la prohibici6n constitucional mencionada, la cual se justifica plenamente,
porque impide que se inutilice un aparato u objeto que tan necesario
es para la divulgaci6n cultural.
2. Otra garantía que en materia penal tiene la libertad de imprenta
por lo que respecta a los delitos que su ejercicio pueda motivar en los supuestos
ya especificados, es la consistente en que en ningún caso se podrán
encarcelar, so pretexto de delitos de prensa, a los "expendedores, papeleros,
operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito
denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad
de aquéllos". En relación con esta garantía a la libertad de imprenta, la
Constituci6n impone al Poder Legislativo una verdadera obligaci6n positiva,
que estriba en dictar disposiciones en las que se establezca dicha prohibición
de encarcelamiento.
La prevenci6n constitucional que encierra esta garantía está plenamente
justificada. Los delitos de imprenta son eminentemente intencionales, en el
sentido de que es la intenci6n dolosa la que atribuye el carácter delictivo
a los hechos que se traducen en ataques a la vida privada, a la moral o a
la paz pública. Pues bien, los expendedores y operarios en general de un
establecimiento editorial, que obedecen órdenes y ejecutan sus labores por
instrucciones que reciben de sus superiores y que no son, en la mayoría de
los casos, los autores intelectuales de los escritos "lesivos, no tienen responsabilidad
penal en la confecci6n de los mismos, ya que ésta se fija por la intenci6n
dolosa en ellos comprendida. Un operario, que únicamente elabora
materialmente un impreso, no es de ninguna manera sujeto de dicha intenci6n,
por lo que no debe ser penalmente responsable de los delitos que resulten
de la publicaci6n de un escrito en el que se ataquen la moral o la
vida privada o se altere la paz pública. Un operario, expendedor, etc., sólo

368 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
son responsables por la comisi6n de un delito de imprenta y, por ende, susceptibles
de ser privados de su libertad por tal motivo, cuando no sólo no
se concreten a ejecutar el trabajo material de impresi6n o venta que les
está encomendado, sino que hayan impregnado en el escrito lesivo su intenci6n
dolosa bajo diversas expresiones. Esta responsabilidad penal en que
pueden incurrir los expendedores de una publicaci6n con carácter delictuoso,
los operarios del establecimiento editorial del que ésta haya salido,
etcétera, está delimitada en la Ley de Imprenta de Carranza, la cual, en sus
artículos 17 y 18 expresan los casos en que dichas personas, en los mencionados
eargos, son penalmente responsables.
d) Antecedentes histéricos de la libertad de imprenta. :esta ha corrido
la misma suerte que la libre manifestaci6n de las ideas, con la circunstancia
de que ha sido víctima de mayores y más encarnizados ataques por
parte de los detentadores del poder, quienes, frente al ejercicio de tal derecho,
observaban un inminente peligro para la estabilidad de su situación
como gobernantes. La libertad de imprenta, hasta antes de la Declaraci6n
Francesa de 1789, que en su articulo 11 la consignaba como un derecho
imprescriptible e inalienable del ser humano, no se manifestaba sino como
un mero fen6meno de hecho, cuya existencia y realizaci6n dependían del
arbitrio del poder público. :este no estaba obligado a respetar la mencionada
libertad especifica; simplemente toleraba en forma graciosa su desempeño
cuando juzgaba que no le afectaba o que le era benéfico para su subsistencia.
Sin embargo, no por el hecho de que la libertad de imprenta no haya
sido antes de la Revolución francesa erigida a la categoría de derecho público
subjetivo en favor del gobernado, se debe sostener que haya existido
una escasa divulgaci6n cultural en Europa mediante el maravilloso invento
de Gutenberg. Asi, lo manifest6 Zarco en un brillante y erudito discurso que
pronunci6 en una memorable sesi6n del Congreso Constituyente de 1857.
"La imprenta, dijo, encontró durante mucho tiempo favor, protecci6n y
libertad, no de repúblicas, no de congresos compuestos de liberales, sino
de los pontifices, de los reyes absolutos, que se disputaban la honra de tener
en sus cortes a los tip6grafos famosos como los Aldo Manucio, los Gering
y los Elzevir." Entre los monarcas que más descollaron como protectores
de la imprenta, el ilustre congresista mencionado cita a Carlos VII, Luis
XI, quien fund6 la primera imprenta en Paris; Luis XII, Carlos VIII,
Francisco 1, y otros reyes de Francia, sin excluir al mismo Luis XVI, quien
"devuelve la libertad a los impresores encarcelados arbitrariamente"....
Pero si la difusi6n de la cultura en todas sus manifestaciones y como
actividad meramente fáctica, es decir, sin consagraci6n jurídica, obtuvo la
tutela de la potestad real absoluta, no faltaron casos, según lo hemos aseve-
!He ZARco J Congreso Constituyente, tomo J, págs. 753 a 757.

GARANTíAS DE UBERTAD 369
rado, en que con fútiles pretextos o sin ningún subterfugio, se privaba de la
libertad a los editores e impresores, tratándose con ello de detener la circulación
de publicaciones que con un criterio estrecho y asaz subjetivo se consideraban
"perjudiciales para la paz pública", "inmorales" o "atentatorios
contra la religión y la Iglesia". La posibilidad de que en cualquier ocasión
se coartase la libertad de imprenta y dc que, por otra parte, se fomentase el uso
de este instrumento esencial para la difusión cultural, nos induce a pensar
que antes de que dicha libertad se erigiese en un derecho de gobernado, no
era sino un medio de control político sujeto al capricho de las autoridades,
quienes, para asegurarlo, instituyeron la censura, sobre todo en materia religiosa.
Por tanto, la consagración jurídica de la libertad de imprenta ha
tenido como motivación fundamental y como primordial objetivo garantizar
su desempeño mediante la abolición de la censura, por una parte, y la
abstención obligatoria a cargo del poder público, por la otra, en el sentido
de no prohibir la impresión y circulación de publicaciones en que no Se
ofenda a la moral pública, no se injurie, difame o calumnie a una persona
ni se trastorne la paz social.
Inglaterra, que siempre se ha distinguido por haber sido un país celoso
de las libertades humanas, al menos dentro de su suelo, consideró a la imprenta
como un derecho instituido por el "c

370 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
íos Tudores, y una ley de 1666 reivindic6 el derecho del rey, bajo la forma
de la prerrogativa absoluta, de mandar lo que le plugiera acerca de la impresi6n
de libros, y de que no se imprimiese libro alguno sin su permiso. El
término fijado por la vigencia de esta ley expiro en 1679, y una vez fenecido
se recurri6, a falta de otro medio, a la confiscaci6n de libros. Renovada
poco después por dos veces la misma ley de censura, la Cámara de los
Lores propuso al vencerse el plazo de la última renovaci6n, en 1695, una
ley nueva sobre la materia, que la Cámara de los Comunes desech6. Se
insisti6 dos años más tarde en que se expidiera, pero fue rechazada otra
vez terminando así definitivamente y para siempre el régimen de la censura
en Inglaterra".
Por lo que concierne a España, es pertinente recordar que durante varios
siglos existía jurídicamente consagrada la censura civil y eclesiástica para
toda clase de libros, publicaciones e impresos en general. Baste recordar las
ordenanzas que distintos monarcas expidieron estableciéndola, tales como la
ley expedida por los Reyes Católicos, el 8 de julio de 1502; la emitida por
Carlos V y el Príncipe Felipe en la Coruña el año de 1554; la procedente
del mismo Felipe y que en su nombre expidió la princesa doña Juana en
Valladolid el 7 de septiembre de 1558; la pragmática dictada por Felipe JI
en Madrid el 27 de marzo de 1569, etc. La censura española subsisti6 hasta
la Constituci6n gaditana de 1812 que proclam6 la libertad de prensa, hecho
que implic6 un gran impulso al movimiento insurgente en nuestro pais,
según es bien sabído.t" bis
En M éxico, la libertad de publicaci6n ha sido objeto de múltiples restricciones
y regulaciones jurídicas desde que se implantó la imprenta en la
Nueva España en el año de 1539. "Hacia el año de 1543 se encuentra
la Ley IV, expedida por Carlos V, cuyo resumen dice: "que no se consientan
en las Indias libros profanos y fabulosos" -"Porque de llevarse a las
Indias libros de romance que traten de materias profanas y fabulosas e
historias fingidas se siguen muchos inconvenientes: Mandamos a los Virreyes,
Audiencias y Gobernadores que no los consientan imprimir, vender,
tener ni llevar a sus distritos y provean que ningún español o indio los lea."
-"En 1550 se encuentra la Ley V, relativa al registro de libros por la
Casa de Contratación de Sevilla con especial cuidado para los libros destinados
a las Indias." "Mandamos, dice, a nuestros presidentes, jueces y
oficiales de Contratación de Sevilla, que cuando se hubieren de llevar a las
Indias libros de los permitidos los hagan registrar específicamente cada uno
declarando la materia de que se trata y no se registren por mayor." "Tres
años más tarde, 1553, se dicta por el Consejo de Indias la orden para imprimir
libros nuevos y se recomienda muy especialmente el no otorgar licencias
para la impresión de obras inútiles." "Vienen después las leyes I y
241 blll Cfr. Novísima Recopilación de las Leyes de España. Tomo IV. Titulo XV
a título XVIII.

GARAN'IÍAs DE UBERTAD 371
VII del año de 1556. La primera ordena que no se imprima ningún libro
de Indias sin ser visto y aprobado por el Consejo. En la segunda se manda
que los prelados y Audiencias reconozcan y recojan los libros prohibidos
conforme' a los expurgatorios de la Inquisición." "La censura llegaba en
esta época a su grado máximo cuando se dicta la ley más severa que haya
existido en materia de imprenta. Es en 7 de septiembre de 1558 cuando
la princesa doña Juana, expide en Valladolid una larga pragmática en que
los requisitos para las impresiones eran casi los mismos de las leyes anteriores;
pero en cuanto a infracciones se castigaba con pena de muerte y confiscación
completa de todos los bienes a quien osara imprimir un libro sin las
licencias ordenadas." -"Siendo costumbre de la época conceder privilegios
a los monasterios y corporaciones religiosas, se hallan en 1574 y 1575 las
leyes VIII y X prohibiendo que no se llevase a las Indias libros de rezo
sin permiso del monasterio de San Lorenzo, al que se había otorgado el privilegio.
A fines del siglo XVI, 1580, se nota una tendencia libertaria por
parte del virreinato; pero en seguida se le amonesta por el gobierno de España
para que se recojan los libros impresos sin licencia del Consejo, repitiendo
a este respecto las Reales Cédulas de 14 de agosto de 1560 y la del
7 del mismo mes del año 66." -"Leyes de igual tenor que las anteriores
se encuentran durante los años 10, 27 y 82 del siglo xvn y principios del
XVIn. A mediados de este último se encuentran dos leyes de criterio más
amplio y que fijan nuevas rutas en materia de imprentas. La primera es la
Real Cédula de 14 de noviembre de 1782, expedida por Carlos III y en la
cual se concedía absoluta libertad para la venta de libros sin la tasa prevenida
anteriormente, excepción hecha de los libros que se llamaban de
primera necesidad, o sea, los indispensables para la instrucción." "La segunda
ley citada es la Real Orden de 22 de marzo de 1763, expedida en
Buen Retiro, en la que se repetían algunos artículos de la anterior y además
se suprinúa el oficio de Corrector General de Imprentas por ser gravoso
e inútil, así como el salario de los censores de libros que era exorbitante,
siendo este cargo completamente gratuito y honorífico. La tendencia de libertad
de impresión se acentuaba más cada dia hasta llegar al famoso
decreto de 10 de noviembre de 1810, dictado en la Real Isla de León y
en cuyo artículo 1 se consagraba completamente la libertad política de imprenta,
por ser ésta, decía, "un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan
y un medio de ilustrar a ia nación". "Esta ley concedía a «Todos los
cuerpos y personas particulares de cualquier condición y estado que fuesen
la libertad de escribir, imprimir y publícar sus ideas políticas sin necesidad
de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a su publicación»." "Como
consecuencia natural se suprimían los Juzgados de Imprentas y la censura
política, siendo solamente responsables los autores o impresores por aquellos
escritos subversivos o difamatorios que serían juzgados por los tribunales
del orden común, una vez decretada la culpabilidad .por la Junta de la

372 LAS GARANTIAS INDIVIDUALES
Censura creada en el artículo XIII de la misma ley con objeto de asegurar
la libertad de imprenta y contener los abusos." -"Por desgracia esta ley
que se puso en vigor en varias ciudades, de América que ya poseían imprentas,
no benefició a México por razones de orden político que el virrey Calleja
expuso al Consejo de la Regencia en carta de 20 de junio de 1813,
pues declarada la guerra de Independencia dos meses antes de la expedición
de la ley citada, creyóse que el conceder libertad de expresión seria
funesto para el gobierno virreinal." "La libertad de imprenta se consolidó
aún más en la Constitución española promulgada en Cádiz en 18 de marzo
de 1812 y declarada vigente por el Primer Congreso Mexicano", en el sentido
de que: "Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y
publicar sus ideas politicas sin necesidad de licencia, revisión O aprobación
alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades
que establezcan las leyes." - "Abolida la Constitución española en 1814,
la libertad de imprenta quedó circunscrita al artículo 40 del Decreto Constitucional
para la libertad de la América Mexicana, sancionada en Apatzingán
el 22 de octubre del citado año..." ase
Independientemente de la censura civil existía en la Nueva España la
censura eclesiástica desempeñada por el "Santo Oficio" sobre publicaciones
en materia religiosa que, según ese oprobioso cuerpo, atacaran el cerrado
e inasequible dogma en que absurdamente, bajo varios aspectos, se alteraron
los principios inconmovibles emanados de las divinas enseñanzas de
Jesucristo. Las prohibiciones decretadas se extendían a todos los impresos
y se sometía a sus autores al procedimiento inquisitorial que culminaba con
la imposición de penas gravemente infamantes. Los libros vedados eran los
de los heresiarcas, herejes, judios y moros, los que contenían comentarios
sobre el Talmud, los de los heterodoxos que tradujeran la Biblia, llegándose
hasta impedir la lectura de ésta en publicaciones que no fuesen católicas,"..
Como consecuencia de la Constitución española de 1812, que se juró solemnemente
en la Nueva España el 30 de septiembre del mismo año, y de
los decretos que las Cortes expidieron una vez que en marzo de 1820 se
restableció su vigencia, en el sentido de suprimir el tribunal de la Inquisición
y reconocer la libertad de imprenta, la producción de publicaciones
se intensificó notablemente, sobre todo en materia política.
Dicha libertad, por otra parte, era una de las banderas que tremolaba
la ideologia insurgente, habiéndose declarado como garantía individual en
la Constitución de Apatzingán, con la sola limitación de que su ejercicio
no atacara el dogma, turbase la tranquilidad pública ni ofendiese el honor
de los ciudadanos (art. 40).
2*.8 Las transcripciones que nos pennitimos hacer conciernen a un interesante y minucioso
estudio de la señorita Luz García Núfiez, presentado con motivo del IV centenario
de la implantaci6n de la imprenta en México.
240 Julio Jiménez Rueda, Herejías " Supersticiones en la Nueva España} pág. XIII de
su Intrcduccíén.

GARANTiAS DE UBERTAO 373
La Constituci6n Federolde 1824 institUyó-también la libertad de imprenta,
imponiendo como obligación positiva al Congreso General la de
"Proteger y arreglar la libertad política de imprenta de modo que jamás
se pueda suspender su ejercicio; y mucho menos abolirse en ninguno de los
Estados ni territorios de la Federación" (art. 50, fracción III). Por su parte,
la Constituci6n Central de 1836, también llamada "Las Siete Leyes
Constitucionales", consagró como derecho de los mexicanos "Poder imprimir
y circular sin necesidad de previa censura sus ideas" (art. 2, fracción
VII). En 1843, las Bases Orgánicas, también de tipo centralista, establecían
en su artículo 9 que "ninguno puede ser molestado en sus opiniones: todos
tienen derecho para imprimirlas y circularlas, sin necesidad de previa calificación
o censura; no se exigirá fianza a los autores, editores o impresores."
El Acta de Reformas de 1847, que reimplantó la Constitución Federal de
1824 con algunas reformas e innovaciones, declaraba en su articulo 26:
"Ninguna ley podrá exigir a los impresores fianza previa para el libre ejercicio
de su arte, ni hacerles responsables de los impresos que publiquen,
siempre que aseguren en la forma legal la responsabilidad del editor. En
todo caso, excepto el de difamación, los delitos de imprenta serán juzgados
por jueces de hecho, y castigados sólo con pena pecuniaria o de reclusión."
La Constituci6n de 1857, por su parte, consagró la libertad de imprenta
en forma análoga a la manera como la concibe nuestra actual Ley Fundamental,
con las limitaciones que se derivan de la circunstancia de que
su ejercicio pugue con la moral, ataque la vida privada o altere el orden
público.
La libertad de imprenta, cuya consagración fue propuesta en el articulo
14 del proyecto en los mismos términos en que se consignó en el artículo 7
de la Constitución de 57, fue objeto de acalorados debates en el seno del
Constituyente. Dividido en dos partes dicho artículo 14, la primera de
ellas, que estableció la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar
escritos sobre cualquier materia, fue aprobada por noventa votos contra
dos. La segunda parte, que fija las limitaciones a dicha libertad en aras
del respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, fue objeto de
acres impugnaciones, principalmente por el ilustre don Francisco Zarco. No
podemos resistir la tentación de reproducir fragmentariamente el brillante
discurso pronunciado por dicho diputado constituyente en las memorables
sesiones de 25 y 28 de julio de 1856.
"Un célebre escritor inglés, decia Zarco, ha dicho: Quitadme toda clase de
libertad, pero dejadme la de hablar y escribir conforme a mi conciencia. Estas
palabras demuestran lo que de la prensa tiene que esperar un pueblo libre,
pues ella, señores, no 8610 es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo,
sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización."
"...en México jamás ha habido libertad de imprenta: los gobiernos
conservadores y los que se han llamado liberales, todos' han tenido miedo a

3.74 LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
las ideas, todos han sofocado la discusión, todos han perseguido y martirizado
el pensamiento", "Veamos cuáles son las restricciones que impone el artículo.
Después de descender a pormenores reglamentarios y que tocan a las leyes
orgánicas O secundarias, establece como límites de la libertad de imprenta el
respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. A primera vista esto
parece justo y racional; pero artículos semejantes hemos tenido en casi todas
nuestras constituciones; de, ellos se ha abusado escandalosamente, no ha habido
libertad, y los jueces y los funcionarios todos se han convertido en perseguidores:
j La vida privada! Todos deben respetar este santuario; pero cuando el
escritor acusa a un ministro de haberse robado un millón de pesos al celebrar
un contrato, cuando denuncia a un presidente de derrochar los fondos públicos,
los fiscales y los jueces sostienen que cuando se trata de robo se ataca la
vida privada, y el escritor sucumbe a la arbitrariedad. i La moral! i Quién no
respeta la moral! i Qué hombre no la lleva escrita en el fondo del corazón!
La calificación de actos o escritos inmorales, la hace la conciencia sin errar
jamás; pero cuando hay un gobierno perseguidor, cuando hay jueces corrompidos,
y cuando el odio de partido quiere no sólo callar sino ultrajar a un escritor
independiente, una máxima política, una alusión festiva, un pasaje
jocoso de los que se llaman colorados, una burla inocente, una chanza sin
consecuencia, se califican de escritos inmorales para echar sobre un hombre
la mancha de libertino. j La paz pública! j Esto es lo mismo que el orden públicoj
el orden público, señores, es una frase que inspira horror; el orden
público, señores, reinaba en este país cuando lo oprimía Santa-Anna y los
conservadores, cuando el orden consistía en destierros y en proscripciones! ¡El
orden público se restablecía en México cuando el ministro Alamán empapaba
sus manos en la sangre del ilustre y esforzado Guerrero! j El orden público,
como hace poco recordaba el señor Díaz González, reinaba en Varsovia cuando
la colonia generosa y heroica sucumbía maniatada, desgarrada, exánime, al
bárbaro yugo de la opresi6n de la Rusia! j El orden público, señores, es a menudo
la muerte y la degradación de los pueblos, es el reinado tranquilo de
todas las tiranías! i El orden público de Varsovia es el principio conservador, en
que se funda la perniciosa teoría de la autoridad ilimitada! ¿Y romo se ataca
el orden público por medio de la imprenta? Un gobierno que teme la discusi6n,
ve comprometida la paz y atacado el orden si se censuran los actos de
los funcionarios; el examen de una ley compromete el orden público; el reclamo
de reformas sociales amenaza el orden público; la petición de reformas
a una constitución, pone en peligro el orden público. Este orden público es
deleznable y quebradizo y llega a destruir la libertad de la prensa, y con ella
todas las libertades". "Insisto en que las infracciones deben ser mejor definidas.
En vez de hablar vagamente de la vida privada, debiera mencionarse el caso
de injurias, como ha aconsejado el señor Ramírez, pues de lo contrario, señores,
llegará a ser un delito publicar que un ministro recibió de visita a un agiotista,
o que un diputado ha recibido dinero de la tesorería, cuando acaso sin que
el que tales hechos anuncie, sepa que el ministro y el agiotista hicieron un
contrato ruinoso, o que el diputado fue a vender su voto. Yo quisiera que
en lugar de hablar vagamente de la moral, se prohibieran los escritos obscenos,
pues con esto, y exigir la firma de los autores, estoy seguro de que ningún
hombre honrado que se respeta a sí mismo, se atrevería a ofender las buenas
costumbres en un libro o un periódico. La moral se siente y no se define, ha
dicho muy bien uno de los señores de la comisión: mayor peligro de juicios
arbitrario. En vez de hablar vagamente de la paz pública, yo quisiera que
terminantemente se dijera que se prohíben los escritos que directamente provo-

GARANTÍAS DE LIBERTAD 375
quen a la rebelión o a la desobediencia de la ley, porque de otro modo temo
que la censura de los funcionarios públicos, el examen razonado de las leyes
y la petici6n de reformar esta misma Constituci6n que estamos discutiendo, se
califiquen de ataques a la paz pública."
La prevenci6n del artículo 14 (7 de las Constituciones de 17 y de 57)
que consignaba las limitaciones a la libertad de imprenta, fuc aprobada por
sesenta y seis votos contra treinta y tres. En esta forma, según hemos dicho,
se coloc6 a tan preciado derecho en grave peligro de tomarse nugatorio
ante la imprecisi6n y ductilidad de los conceptos en que se fundan sus limitaciones
constitucionales.
Durante la vigencia de la Constitución de 57 se expidieron algunos decretos
reglamentando el artículo 7 de dicho ordenamiento, reglamentación
que versaba fundamentalmente sobre los llamados delitos de prensa. Por último,
en abril de 1917, Y antes que entrara en vigor la Constitución vigente
(primero de mayo de 1917), don Venustiano Carranza elaboró una Ley de
Imprenta, que es la que se aplica en la actualidad, y que tiene la pretensión
de ser reglamentaria de los artículos 6 y 7 constitucionales. Esta ley adolece
del gravísimo defecto formal de haber sido puesta en vigor antes que rigiera la
Constitución de 17 y, por ende, antes de que estuvieran vigentes los artículos
que pretende reglamentar. Propiamente, tal ley debi6 haber sido derogada por
la propia Constitución, desde el momento en que ésta, por ser posterior, invalidó
todas las disposiciones anteriores. Sin embargo, y no obstante ese vicio, la
Ley de Imprenta de Carranza sigue aplicándose en la actualidad a falta de ley
orgánica de los artículos 6 y 7 constitucionales....
D. El derecho de petici6n (articulo 8 constitucional)
Otra garantía específica de libertad es la que se conoce con el nombre
de derecho de petici6n, y que está consagrada en el artículo 8 constitucional
250 En prolongadas sesiones del Congreso Constituyente de Querétaro se discuti6 el
proyecto del articulo 7° constitucional que establecía que los'"delitos que se cometiesen por
medio de la prensa deberían ser juzgados por un jurado popular. Apasionados e interesantes
debates suscit6 esta prevenci6n y sus impugnadores, entre los cuales descollaron por
la vehemencia de sus argumentaciones los congresistas Machorro Narváea, Martínez de Escobar,
Lizardi, Ram1rez ViIlarreal y otros, sostenían que el juicio por jurados implicaba
un tribunal especial proscrito de la propia Constituci6n en su artículo 13. Por su parte,
los diputados que respaldaron el dictamen de la comisi6n, en el sentido de que los
delitos de imprenta, deberían ser del conocimiento de un jurado popular, argüían que
éste era menos susceptible a las presiones políticas que un juez de derecho, citando casos
concretos de la vida periodística de México en que los juzgadores no ofrecían ninguna
garantía de justicia para los que indebidamente habían sido acusados y perseguidos por
dicho tipo de delitos. La supresión de la disposición a que aludimos se logr6 por una
votación de ciento un votos contra sesenta y uno, figurando entre la minoría los congresistas
Colunga, Múgica, Jara, Cravioto y otros, quienes denodadamente pugnaron por la
aprobación del proyecto elaborado por la Comisión, que consideraba, como ya se dijo,
que todos los delitos que se cometiesen por medio de la imprenta deberían ser juzgados
por un jurado popular.

376 LAS GARANTlAS INDIVIDUALES
en los siguientes términos: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán
el ejercicio del derecbo de petici6n, siempre que ésta se formule por
escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política 0010 podrán
hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petici6n
deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la
cual tiene obligaci6n de hacerlo conocer en breve tiempo al peticionario."
La existencia de este derecho como garantía individual es la consecuencia
de una exigencia jurídica y social en un régimen de legalidad. En efecto, sociol6gica
e hist6ricamente el derecho de petici6n se revela como la exclusi6n
o negaci6n de la llamada vindicta privada, en cuyo régimen a cada cual le
era dable hacerse justicia por su propia mano. Cuando se estima que la tolerancia
al hecho de que cualquiera persona, al sentirse vulnerada en sus derechos,
pudiera ella misma, sin la intervenci6n de autoridad alguna, reclamar
esa vulneraci6n exigiendo por su cuenta el respeto a su esfera jurldica y el
cumplimiento de los compromisos u obligaciones contraídos a su favor, significaba
un principio de caos y desorden en la vida social, el poder público se
invisti6 con la facultad de ser el garante del orden jurídico, manifestada en
actos de autoridad, los que, con el auxilio de la fuerza material, en casos
necesarios, harian efectivo el imperio del Derecho.
El régimen de venganza privada fue dejando paso al régimen de autoridad
en la soluci6n de los conflictos y contiendas surgidos entre los miembros
de la sociedad humana. Por consiguiente, el individuo que veía menóscabados
sus derechos por cualquier causa, ya no ejercía directamente represalias
contra aquél o aquéllos a quienes consideraba como autores de tal menoscabo
o afrenta, sino que ocurría a las autoridades, miembros del gobierno de la
sociedad a que pertenecía, para que por conducto de ellas se resolviera el conflicto
suscitado.
Fue así como el individuo tuvo potestad de ocurrír a la autoridad para
que ésta, en ejercicio del poder soberano social, obligara al incumplidor o al
delincuente a realizar, en beneficio del ocursante, las prestaciones omitidas
o violadas o a reparar el daño producido y purgar una pena, respectivamente.
Esa mera potestad de solicitar la actuación autoritaria a poco se convirtió
en una terminante prohibición para el ofendido en general, en el sentido de
que no debía hacerse justicia por su propia mano; y más tarde en una obligaci6n
pública individual (empleando la terminologia de Duguit), tal como
se contiene en el artículo 17 de nuestra Constitución, con el correlativo derecho
de pedir o solicitar la actuación de los órganos del Estado (art. 8
constitucional) .
El derecho de pedir, contrario y opuesto al de venganza privada, eliminado
éste de todos los regimenes civilizados, es, por tanto, la potestad que
tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas
intervengan para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su
coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente.

GARANTÍAs DE UBERTAD 379
Pero no solamente debe pronunciarse un acuerdo escrito que deba recaer
toda solicitud de la propia naturaleza, sino que el 6rgano del Estado a quien
se dirija, tiene la obligaci6n de hacer del conocimiento del solicitante dicho
acuerdo, según también lo ha estimado nuestro máximo tríbunal."? y 201 bis
Por otra parte, el mismo articulo 8 constitucional limita el derecho de
petici6n en los siguientes términos: s6lo pueden ejercitarlo en materia política
los ciudadanos de la República, o sea, las personas que conforme a los
artículos 30 y 34 de la Ley Fundamental tienen el carácter de tales. En vista
de esta Iimitaci6n constitucional, todo extranjero o mexicano no ciudadano
que eleve a cualquier autoridad una solicitud de índole política, dcbe ser
desatendido, sin esperar que a su instancia recaiga un acuerdo escrito en los
términos del segundo párrafo del artículo 8.
Bajo el sistema de la vindicta priuaia, el derecho de petici6n, traducido
en la solicitud que dirige la persona al poder público para que éste intervenga
en un caso concreto, no existía. Cada individuo se hacía justicia por su
propia mano. Cuando fue decayendo tal sistema, para dar paso al régimen
de autoridad, el gobernado se vio obligado a recurrir a las entidades públicas
con el fin de solicitar su intervenci6n en el caso partícular a que su instancia
se contraía. Sin embargo, las autoridades no estaban obligadas a dictar necesariamente
una resoluci6n a la petici6n que se les elevaba. Esta obligaci6n
pública no surge sino cuando se instituye el derecbo de petici6n como contenido
de una garantía individual, esto es, de una relaci6n jurídica entre el
gobernado por un lado y el Estado y sus autoridades por el otro.
En Inglaterra, el mencionado derecho subjetivo individual se reconoció
desde tiempo inmemorial, debiéndose ejercitar sin ofender o injuriar al funcionario
ante quien se desempeñaba. En la Constituci6n americana lo encontramos
consagrado Como garantía individual en el artículo primero de las
2:;7 Amparo en revisión 2,194/1956.-Enrique H. Herrera González.-Boletín de Información
Judicial, 1956, núm. 4,490. ldem, Informe de 1974, Segunda Sala, págs. 101 y
102, Y Sección "Tribunales Colegiados", pág. 50. ldem, tesis jurisprudencial 467 del
apéndice 1975, Segunda Sala. (Tesis 210 del Aflindice 1985, Mat. Gen.)
Amparo en revisión 721/1957.-Virginia Villalobos Vázquez.-Boletín de Informaci6n
Judicial, 1957, núm. 5,109.
Amparo en revisión 65/1956.-Agustín Angula Hernández.-BoletIn de Información
Judicial, 1957, núm. 5,275.
Amparo en revisión 1,527/1956.-Guillermo Lovera Galindo.-Boletln de Información
Judicial, 1956, núm. 7,251.
251 bis Estimamos interesante observar, por otra parte, que el Primero , el Tercer
Tribunal Colegiado .del Primer Circuito en Materia Administrativa han sustentado un
importante criterio interpretativo del artículo 8 constitucional frente a las órdenes de clausura
que suelen expedir las autoridades administrativas. Dicho criterio consiste "en sostener
que cuando éstas no han dictado ningún acuerdo escrito a la petici6n que de la misma
forma les haya elevado el particular con apoyo en el invocado precepto, para que se le
otorgue la licencia de funcionamiento que hubiese solicitado, la clausura del establecimiento
de que se trate no puede emitirse y si se ordena se viola el derecho que la mencionada
disposiei6n instituye (Cfr. Informe de 1977. Sección "Tribunales Colegiados", págs. 26,
61 y 187).

380 LAS GARANTÍAS ThfDIVIDUALES
Adiciones y Reformas a dicho ordenamiento en e! sentido de que "e! Congreso
no dará ley alguna que prive al pueblo de dirigir peticiones al gobierno
para solicitar la reparación de algún agravio".
Entre nosotros desde la Constitución de Apatzingán se consignó la libertad
de petición según se lee del artículo 37 de dicho ordenamiento, que
dispone: "A ningún ciudadano debe coartarse la libertad de reclamar sus
derechos ante los funcionarios de la autoridad pública." Aunque no se encuentra
constitucionalmente consagrado el derecho de petición en los documentos
juridicos políticos posteriores y hasta antes del Acta de Reformas de 1847,
en la- realidad jamás se impidió que los gobernados elevaran solicitudes a los
órganos de gobierno, según acertadamente lo comenta don Isidro Montiel
y Duarte.f" En la mencionada acta se declaró que es derecho de los ciudadanos
"ejercer el de petición", declaración que reconoce como antecedente
directo e inmediato e! "Voto" que en ese sentido formuló e! ilustre don Mariano
Otero, a quien con justicia se reputa como el autor principal de tan importante
documento constitucional.
El derecho de petición fue corroborado expresamente por la Constitución
de 1857 en su artículo 8, que corresponde al artículo 19 del proyecto respectivo.
Como ya dijimos, los demás ordenamientos constitucionales que rigieron
en México, con excepción de la Constitución de Apatzingán y del Acta de
Reformas de 1847, no lo consagraron en forma categórica como garantia
individual o del gobernado, sino que lo suponían de manera tácita, al haber
instituido la garantía de libertad genérica.
E. Libertad de reunión y asociación (artículo 9' constitucional)
Este derecho está consagrado a titulo de garantía individual en. el artículo
9 constitucional, bajo los siguientes términos: "No se podrá coartar el derecho
de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito."
a) Extensi6n de esta libertad específica.
1. La garantía individual mencionada se refiere a dos especies de libertades:
la de reunión y la de asociación. Por ende, hay que delimitar a ambas,
fijando sus características y diferencias. Por derecho de asociación se entiende
toda potestad que tienen los individuos de unirse para constituir una entidad
o persona moral, con substantividad propia y distinta de los asociantes, y
que tiende a la consecución de determinados objetivos, cuya realización es
constante y permanente. La libertad de asociación, al ejercitarse, engendra
las siguientes consecuencias: a) creación de una entidad con personalidad y
substantividad jurídicas propias y distintas de las que corresponden a cada
258 Estudio sobre las Garantías Individuales, págs. 285 a 291.

GARANTfAs DE LIBERTAD
mio de sus miembros individuales, y b) persecuci6n de fines u objetivos permanentes
y constantes. Por el contrario, el derecho de reunión se revela bajo
una forma diversa. Cuando varias personas se reúnen, este acto no importa
la producci6n de una entidad moral en los términos apuntados; simplemente
se trata de una pluralidad de sujetos desde un mero punto de vista aritmético,
la cual, por lo demás, tiene lugar a virtud de la realizaci6n de un fin
concreto y determinado, verificado el cual, aquélla deja de existir. Las consecuencias
que se derivan del ejercicio del derecho de reuni6n son diferentes
de las que produce el desempeño de la libertad de asociaci6n. En efecto, a
diferencia de ésta, la libertad de reuni6n, al actualizarse, no crea una entidad
propia con substantividad y personalidad diversa e independiente de la de
cada uno de sus componentes; además, una reuni6n, contrariamente a lo que
sucede con una asociación, es transitoria, esto es, su existencia y subsistencia
están condicionadas a la realizaci6n del fin concreto y determinado que la
motivé, por lo que, logrado éste, tal acto deja de tener lugar.
El derecho público subjetivo de asociaci6n, consagrado en el articulo 9
constitucional, es el fundamento de la creaci6n de todas las personas morales
privadas, llámense éstas asociaciones propiamente dichas (previstas por el
artículo 2,670 del Código Civil), sociedades civiles (ídem por el artículo 2,688
del propio ordenamiento), sociedades mercantiles (en los términos de la
ley de la materia), sociedades cooperativas, etc. Todas estas entidades especiales,
cuya existencia y fundamento jurídicos arrancan del articulo 9 constitucional,
se organizan y regulan por los ordenamientos correspondientes y
que propiamente se ostentan como reglamentarios de dicho precepto de
nuestra Ley Fundamental. También la libertad sindical encuentra su apoyo
en el artículo 9 constitucional a titulo de garantla individual, o sea, como
derecho subjetiuo público de obreros y patrones, oponible al Estado y sus autoridades.
Por el contrario, dicha libertad, considerada ya no como garantia
individual emanada de la relación jurídica entre el gobernado y el Estado
y sus autoridades, sino reputada como garantla social, tiene su apoyo en el
artículo 123 constitucional, fracci6n XVI.
En resumen, la garantía consagrada en el articulo 9 constitucional se
refiere tanto a la libertad de asociacíóa como a la de reunión, concebidas
éstas en los términos que hemos apuntado.
2. Pues bien, dichas libertades específicas no están consiguadas en términos
absolutos a titulo de derechos públicos individuales. En efecto, para
que la facultad de asociación y reuni6n sea tal, es menester, en primer
lugar, que su ejercicio se lleve a cabo paclficamente, esto es, exento de violencia.
Por ende, una reuni6n o una asociaci6n que no se formen pacíficamente,
o que los objetivos que persigan tengan extrínsecamente un carácter de
violencia o delictuoso, no estarán proetgidas por el articulo 9 constitucional.
El adverbio "pacíficamente" empleado en este precepto se contrae, o bien a
381

382 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
la manera de ejercitar dichas libertades, o bien al aspecto externo de ralizaci6n
de sus objetivos, los cuales, a pesar de ser lícitos, si se verifican con violencia,
no se tutelan por la Ley Fundamental.
En segundo lugar, para que la libertad de reuni6n o asociaci6n sea contenido
de la garantía individual prevista en dicho precepto, es menester que su
actualizaci6n persiga un objetivo lícito, constituido por aquellos actos que no
pugnen contra las buenas costumbres o contra normas de orden público.
Por consiguiente, cualquier asociaci6n o reuni6n que no tenga un objeto licito,
no sólo no está tutelada por el articulo 9 constitucional, sino que puede constituir
la figura delictiva prevista en el articulo 164 del C6digo Penal, si sus
finalidades consisten en cometer hechos delictuosos....
3. El segundo párrafo del articulo 9 constitucional, dentro de la libertad
de reuni6n, instituye como derecho especifico el de poder congregarse "para
hacer una petici6n o presentar una protesta por algún acto a una autoridad,
si no se profieren injurias contra ésta ni se hiciere uso de violencia o amenazas
para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee".
De acuerdo con esta disposici6n constitucional, ninguna autoridad estatal
puede disolver ninguna manifestaci6n, asamblea, etc., que tenga como fin
hacer pública una protesta por algún acto autoritario, impugnando éste;
derecho que tiene las limitaciones transcritas.
4. De la relaci6n jurídica que implica la garantia especifica de libertad
contenida en el articulo 9 constitucional se deriva para el sujeto activo de la
misma un derecho subjetivo PÚblico individua!, consistente en la potestad
o facultad que tiene el individuo de reunirse con sus semejantes con cualquier
objeto licito y de manera pacifica (libertad de reuni6n), as! como de
constituir con ellos toda clase de asociaciones (lato sensu) que persigan un fin
licito y cuya realizaci6n no implique violencia de ninguna especie. De la mencionada
relaci6n juridica se desprende para el Estado y sus autoridades la obligaci6n
correlativa, que estriba en no coartar las libertades de reuni6n y asociaci6n
garantizadas constitucionalmente bajo las condiciones indicadas.
La obligaci6n que tienen a su cargo todas las autoridades del país, en el
sentido de no coartar el derecho de asociaci6n y de reuni6n pacifica, así como
de no disolver ninguna asamblea o reuni6n conforme a lo dispuesto por el
segundo párrafo del articulo 9 constitucional, emana directamente de este
precepto. En consecuencia, el ejercicio del derecho público subjetivo correspondiente,
no debe estar condicionado a ningún requisito cuya satisfacci6n
quede a! arbitrio o criterio de la autoridad. En otras palabras, todo gobernado
puede, con apoyo en la disposici6n constitucional que comentamos, reunirse
con sus semejantes o celebrar con ellos una asamblea para hacer una petici6n
259 El proyecto de la comisión que se present6 a la consideración del Congreso
Constituyente de 1916-17, pretendi6 introducir la figura de la "ilegalidad" de una reunión,
distinta de la "ilicitud» de la misma. La "ilegalidad" se establecía en relación con
los actos realizados dentro de una reunión, a diferencia de lo que sucede con la "ilicitud"

GARANTfAS DE LIBERTAD 383
o para protestar contra algún acto autoritario, sin que dicha potestad se su-
. jete a condición alguna. Por ende, la exigencia de un permiso o licencia para
efectuar una reuni6n o asamblea tendiente a dichos objetivos, es notoriamente
conculcatoria del articulo 9, puesto que significa coartar el derecho público
subjetivo mencionado, toda vez que la expedici6n de tal permiso o licencia
depende del criterio del 6rgano estata! que lo deba emitir, Ello importa evidentemente
la nugatoriedad del consabido derecho, a! someterse su ejercicio
al arbitrio autoritario.
Ahora bien, si ya en una asamblea o reuni6n, es decir, una vez ejercitado
el aludido derecho, se profieren injurias contra una autoridad o se registran
violencias y se lanzan amenazas contra ella "para intirnidarla u obligarla a
resolver en el sentido que se desee", dicha asamblea o reuni6n puede ser
disuelta, inclusive mediante la intervenci6n de la fuerza pública. Pero una cosa
es sujetar la celebraci6n de la asamblea o reuni6n a un permiso previo (lo que
es inconstitucional), y otra disolverla en los casos apuntados, mismos que 16gicamente
no pueden juzgarse a priori, ya que se traducen en fen6menos que
por necesidad acaecen o pueden acaecer durante el desarrollo de la asamblea
o reuni6n de que se trate.
Ya el insigne don Manuel Crescencio Rej6n, en una circular que expidi6
el 10 de septiembre de 1846 cuando fungía como ministro de Relaciones
Interiores y Exteriores de México, afirmaba el derecho de los mexicanos para
"dirigir peticiones respetuosas a las autoridades", pudiendo ejercitarlo libremente,
"sin necesitar para ello de previo permiso de ningún funcionario público"
.260
Es, pues, incontestable que desde el punto de vista constitucional y en
atenci6n a la esencia misma de los regímenes democráticos de derecho, la
libertad de asociaci6n y de reuni6n jamás debe estar supeditada al criterio
de las autoridades para determinar si otorgan o no el permiso o la licencia
correspondiente. El jurista norteamericano Story, citado por Isidro Montiel
de esta, la cual estriba en que su objeto sea contrario a las buenas costumbres o a las
normas de orden público. Así, en el citado proyecto, que respecto del consabido punto
1 sobre la "ilegalidad" de las reuniones fue rechazado por el Congreso Constituyente, se
decía 10 siguiente: "S610 podrá considerarse como ilegal una reunión convocada con
objeto lícito y ser, en consecuencia, disuelta inmediatamente por la autoridad, cuando en
ella se cometieren desórdenes que alteren o amenacen alterar el orden público por medio
de la fuerza o violencia contra las personas o propiedades) o por amenazas de Cometer atentados)
que puedan fácilmente ser seguidas de ejecución inmediata, o se cause fundadamente
temor o alarma a los habitantes, o se profieran injurias o amenazas contra la autoridad
o alguno o varios particulares) si la persona que preside la reunión o las que en
ella formaren parte) no redujesen al orden al responsable o lo expulsaren inmediatamente;
o cuando hubiere en ella individuos armados, si, requeridos por la autoridad, no
dejaren las armas o no se. ausentaren de la reunión." Los argumentos principales que se
esgrimieron para rechazar tales prevenciones, se fundaron en que éstas podrían sugerir
a las autoridades múltiples pretextos para disolver una reunión que tuviese un objeto
lícito, Como fácilmente se advierte de los términos en que están concebidas.
260 Circular transcrita en el libro Estudio sobre Garantías Individuales, de Isidro
Montiel y Duarte, pág. 299.

384- LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
y Duarte,''' afirmaba: "El Congreso no puede tocar el derecho que tiene el
pueblo de reunirse pacíficamente y dirigir peticiones al gobierno para obtener
la reparación de sus ofensas. Parece que el derecho de libre asociación no
tenia necesidad de ser expresado en términos formales en una república, pues.
que él resulta de la naturaleza misma del gobierno y de sus instituciones. En la
práctica, este derecho no podrá ser contestado en tanto que la libertad no haya
desaparecido completamente y mientras que el pueblo no haya caldo en un
grado de bajeza que le haga incapaz de ejercer los privüegios de todo hombre
libre".·ea
Sin embargo, no debemos dejar de reconocer que el ejercicio del derecho
público subjetivo de libertad de reunión, traducida comúnmente en la celebración
de mltines y en la realizaci6n de manifestaciones públicas, está sujeto
a las circunstancias políticas variables que en un momento determinado
existan dentro de la vida del Estado. Atendiendo a ellas y con vista a prevenir
los desórdenes y trastornos a la paz pública que dichos actos puedan provocar
o entrañar, se suele supeditar el desempeño de tal derecho a un permiso gubernativo
previo, cuya denegación u otorgamiento quedan sometidos a la.
autoridades administrativas a quienes incumbe velar por el mantenimiento
del orden público. Tomando en cuenta las condiciones que prevalezcan en
una situación ambiental fáctica determinada y en prosecución de la finalidad
apuntada, el citado permiso puede concederse o negarse, prejuzgándose si los
mítines y las manifestaciones tienden o no a la alteración de la paz pública,
es decir, en el caso de nuestro articulo 9 constitucional, si en dichos actos o
mediante ellos se profieren injurias contra ciertas autoridades o se hace uso
de violencia o amenazas para intimidarlas y obligarlas a resolver "en el sentido
que se desee". Ya hemos aseverado que en puridad constitucional no se
debe exigir ninguna licencia previa para la celebración de toda clase de reuniones
privadas o públicas y que únicamente cuando durante la realización de
estas últimas se registren los hechos apuntados, las autoridades están facultadas
para disolverlas. Ahora bien, la disolución de grupos que se reúnen públicamente
en cualquiera de los dos actos mencionados se ejerce por las autoridades
policiacas acudiendo inclusive, según el caso, a la fuerza pública, cuyo
empleo generalmente provoca reacciones de resistencia violenta. Para evitar
este enfrentamiento cruento se acostumbra someter, como ya afirmamos, el
261 Op. cit., pág. 305.
262 Las anteriores consideraciones han sido corroboradas por la Suprema Corte de Jos
Estados Unidos al afirmar que: "El derecho del pueblo de reunirse pacíficamente con
el objeto de solicitar del Congreso la reparación de las injusticias o cualquier otra cosa
relacionada con los poderes o los deberes del gobierno nacional, es un atributo de la ciudadanta
y como tal se encuentra bajo la protección de los Estados U nidos. La idea fundamental
de la forma republicana de gobierno implica el derecho por parte de sus ciudadanos
de reunirse pacificamente para discutir tos asuntos públicos y expresar los motivos
de queja..." (Caso Estados Unidos vs. Oruik-Shank. Citado por Milton R. Konwitz en
su obra La Libertad en la Declaración de Derechos en los Estados Unidos, pág. 1-63,
edici6n 1959.)

386 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
Pues bien, en vista de que el porvenir de la patria depende en gran parte de la
conducta pública de dichas personas, es evidente que éstas deben ser electas
y sostenidas por mexicanos, ya que de lo contrario, surgiría el peligro de
poner la formaci6n del gobierno en manos extranjeras con menoscabo de la
soberanía nacional y con posible pérdida de la independencia. Es por esto
por lo que los derechos políticos en sus aspectos pasivo y activo se reservan
a los ciudadanos de la República, calidad que presupone la nacionalidad
mexicana, según el articulo 34 constitucional. El Constituyente de 17, así
como el de 57, estuvieron muy acertados en privar a los extranjeros del derecho
o libertad de reunirse o asociarse con fines políticos, evitando de esta
manera la posibilidad de que individuos no mexicanos se inmiscuyan en
asuntos que s610 a los nacionales incumben, puesto que de ellos derive. la vida
independiente de la patria.
2. Otra limitaci6n al ejercicio de la libertad de reuni6n es la que estriba
en que cuando ésta es armada no tiene derecho a deliberar. El propósito del
legislador en este caso estimamos que consisti6 en evitar violencias peligrosas
que pudieran suscitarse entre varias personas armadas reunidas, con motivo
de discusiones. Además, esta restricci6n viene a corroborar el requisito o condici6n
de "no violencia" que exige el artículo 9 constitucional para conceptuar
a toda reunión o asociaci6n dentro del objetivo tutelar de la garantía individual
que consagra, impidiendo que este derecho pueda ejercitarse en forma
"no pacífica" mediante el empleo de las armas. Esta prohibici6n constitucional,
por otra parte, afecta al Ejército y demás instituciones armadas, como
la policía, verbigracia, por lo que los miembros de éstas, como tales y dentro
de ellas, no pueden discutir entre sí y conjuntamente ninguna cuesti6n, independientemente
de la naturaleza que ésta sea.
3. Una tercera Iimitaci6n constitucional a la libertad de asociación o
reuni6n la encontramos en el artículo 130, párrafo noveno, que dice: "Los
ministros de los cultos nunca podrán, en reuni6n pública o privada constituida
en junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer critica de las
leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular o, en general,
del gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con
fines políticos." La disposici6n constitucional transcrita, que está corroborada
por el artículo 9 de la Ley Reglamentaria del artículo 130 de la Ley Fundamental
de enero de 1927, se justifica plenamente desde el punto de vista
de la realidad hist6rica. En efecto, la limitación que impone a la libertad de
asociaci6n y de reuni6n atañe al clero, imposibilitándolo para efectuar asambleas,
juntas, etc., en las cuales se critique al Estado en general en sus principales
manifestaciones y a los componentes de su gobierno. Las prohibiciones
que se establecen por la mencionada disposici6n constitucional tienen como
inspiraci6n la amarga experiencia hist6rica de México, en donde el clero, para

388 LAS GARANTiAs INDIVIDUALES
requisitos para que se considere constituido un partido pouttco y entre ellos
demanda un mínimo de miembros. Por ende, se presenta la cuestión consistente
en determinar si tal exigencia coarta o no la libertad de asociación política
que instituye el precepto señalado.
Aparentemente, se ocurre pensar que este fen6meno inconstitucional acaece,
al establecer la legislaci6n electoral que los grupos políticos que se formen
'1610 podrán ser reputados como "partidos políticos nacionales" con todos los
derechos que ese ordenamiento consigna, si se satisfacen las condiciones que
éste fija. Sin embargo, creemos que dicha supuesta inconstitucionalidad no
existe por las consideraciones que a continuaci6n exponemos.
El articulo 54 de la Constitución, según qued6 concebido conforme a las
modificaciones que se le introdujeron en 1963 al crearse los llamados "diputados
de partido", aludía a los "partidos políticos nacionales" estructurados de
acuerdo con la Ley Federal Electoral, como únicos capacitados para acreditarlos
ante la Cámara respectiva del Congreso de la U ni6n. Esta remisi6n a dicho ordenamiento
legal secundario entrañaba una complementación que la propia
Constituci6n establecía a la libertad de asociación que instituye su artículo 9.
La citada complementación estriba en que, para que una agrupación política
se conceptuara como partido político nacional, era menester que se formara y
organizara de conformidad con lo dispuesto en la invocada ley. En otras palabras,
todo ciudadano de la República tiene el derecho de asociarse para
tomar parte en los asuntos políticos del país, pudiendo o no asumir las agrupaciones
que al efecto se formen la naturaleza de partido político nacional,
según se estructuren o no de acuerdo con los ordenamientos respectivos secundarios.
De ello se colige que, al amparo del articulo 9 constitucional, pueden
crearse múltiples asociaciones de tipo político, como de hecho sucede, posibilidad
que no restringía la Ley Federal Electoral. Es más, el invocado precepto
únicamente declara el derecho de los ciudadanos mexicanos para reunirse
pacíficamente o asociarse con el objeto de "tomar parte en los asuntos políticos
del país", pero de esta declaración no se infiere que el legislador ordinario
no pueda, respetando ese derecho, 'es decir, no impidiendo su ejercicio,
establecer la forma, términos o manera como deba desempeñarse en ciertos
casos, o sea, a través de partidos políticos nacionales cuya estructura se determina
en la legislaci6n que al efecto rija. .
Las reformas que en 1977 se introdujeron a la Constitución en materia
política 2" "se inspiraron en el mismo criterio para distinguir un partido político
de una asociaci6n política. Así, las adiciones que se practicaron al artículo
41 constitucional contienen normas básicas de caracterización de los partidos
políticos, declarando que "sen entidades de interés público", que tienen como
finalidad "promover la participaci6n del pueblo en la vida democrática", que
tienen el derecho de usar "en forma permanente" los medios de comunica-
giesional publicado el 28 de enero de 1992 y que analizamos en nuestro libro Derecho
Constitucional Mexicano.
268 e Su publicaci6n aparece en el DiarioO/icÚ1.1 correspondiente al 6 de diciembre
de 1977.

GARANTiAS DE UBERTAD 389
ción social y que deben "contar, en forma equitativa, con un mínimo de
elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular".
Además, el artículo 54- de la Constitución, modificado por las aludidas
reformas, sólo da derecho a los partidos politicos para participar en la elección
de los diputados por cl sistema de representación proporcional, figura
ésta que no nos corresponde estudiar en la presente obra, pues es un
tópico que abordamos en nuestro libro "Derecho Constitucional Mexicano".
De las anteriores consideraciones se infiere claramente la diferencia
que existe entre una simple asociaci6n política y un partido polltico.
Esta es indiscutiblemente una asociación en su sentido lato; pero no toda
asociación politica debe conceptuarse como un partido' político, distinción
que, más que fundarse en razones de orden juridico, se apoya en argumentos
de carácter histórico y en lo que a nuestro país atañe principalmente. En la
vida política de México han proliferado múltiples grupos que se formaban
en tomo a planes de gobierno para derrocar al presidente en turno y que
surgían al calor de las pasiones o de las ambiciones de poder del que pretendía
ocupar la Presidencia de la República. Generalmente esos grupos eran ocasionales,
de existencia efímera o transitoria, desorganizados y sin tener una
ideología definida ni un programa constructivo de gobierno cuya realización
propendiera a solucionar los problemas nacionales. Brotaban acuciados por
ideas de tipo personalista de quien lanzaba una proclama, del que provocaba
un motín o del que pregonaba un plan desconociendo a un gobierno débilmente
establecido. La exuberante ejemplificación que al respecto nos sumi-
. nistra la historia de México es la prueba más elocuente de estas aserciones.
Los incontables partidos que se formaron en nuestro país desde la consumación
de la independencia hasta los primeros lustros del siglo actual, aproximadamente,
no merecen, en general, el calificativo de verdaderos partidos
políticos. Un partido de esta índole, por su naturaleza orgánica y funcional,
es una asociación de ciudadanos que presenta diversas caracteristicas concurrentes
que la distinguen de un mero grupo político. Estas características se
manifiestan en los siguientes elementos: el humano, el ideo16gico, el programático
y el de permanente, estructurados coordinadamente en una forma
jurídica.263 e
El elemento humano es el mismo grupo ciudadano cuyo número se debe
establecer normativamcntc atendiendo a la densidad demográfica para que
sea representativo de una importante corriente de opinión pública y no la
simple expresión del sentir y pensar de minorías ridiculas, más inclinadas
a la critica destructiva que a la labor constructiva.
El grupo ciudadano debe formarse en torno a principios ideológicos fundamentales
en cuya postulación se contengan las bases para resolver los pro-
263e Estos elementos, según vimos. ya se contienen en el articulo 41 constitucional.

390 LAS GARANriAS INDIVIDUALES
blemas nacionales, para satisfacer las necesidades populares, para mejorar
las condiciones vitales del pueblo y para realizar sus aspiraciones.
Tales bases deben desarrollarse en reglas de actuación politica coordinadas
en un programa de gobierno adecuadamente planificado, en el que se-prevean
los medios para actualizar los principios ideológicos que proclame el partido
con vista a los distintos ámbitos donde sus finalidades deben conseguirse.
La realización de dicho programa de gobierno no debe contraerse a una
etapa o periodo politico determinado, sino asumir un carácter permanente,
pues los objetivos que debe perseguir un partido están vinculados con la vida
misma del pueblo cuyo bienestar se procura y no centrados en el solo propósito
de obtener el triunfo electoral de las personas que postule como candidatos.
Ahora bien, todas las anteriores características deben estar fijadas formalmente
en una 'ley, de tal suerte que cualquier asociación de ciudadanos
que se constituya en ejercicio del derecho que otorga el articulo 9 de la Constitución
debe reunirlas para convertirse en un verdadero partido político, el
cual les dará el contenido que a su ideologia, programa y acci6n convenga,
pues lo único que la normaci6n jurídica debe establecer como requisito substancial,
no formal, es el número mínimo de sus miembros componentes para
lograr con ello, y atendiendo a la densidad de poblaci6n, que su formación
responda a una respetable corriente de opini6n pública.
De las consideraciones que anteceden claramente se deduce la relaci6n
16gica, hermenéutica o sistemática que existe entre la libertad de asociaci6n
politica que preconiza el citado precepto constitucional y las exigencias legales
para la integraci6n de un partido politico nacional. En ejercicio de la mencionada
libertad, los ciudadanos mexicanos pueden formar cualesquiera asociaciones
.de índole politica, cuya actuaci6n se circunscribirá a todos aquellos
asuntos que la legislaci6n secundaria no reserve a los aludidos partidos. Dichas
asociaciones pueden adquirir este carácter al satisfacer las condiciones que
señale la normaci6n jurídico-electoral, de donde se infiere que ésta no se opone,
sino complementa, la libertad especifica de que tratamos, con la finalidad de
lograr la estabilidad y permanencia de la vida democrática del país y que
no debe confundirse con la efervescencia anárquica que engendra la aparición
caótica de reducidos grupos politicos, auspiciados generalmente por meros
designios de agitaci6n.
El ejercicio de la libertad de asociaci6n origina, pues, la formaci6n de los
partidos politicos, cuya existencia y funcionamiento es una de las características
de la forma democrática de gobierno. Representan corrientes de opinión
de la ciudadanía sobre la problemática genera! de un pueblo y confrontan,
valorizan y censuran la conducta de los titulares de los órganos del Estado.
La vida democrática' no puede desarrollarse sin dichos partidos, los cuales,
cuando son "de oposici6n", representan un equilibrio entre Jos gobernantes
y los gobernados, o sea, fungen como controles del gobierno.

cARANTfAs DE LIBERTAD 391
Si se toma en cuenta que la elección de un funcionario obedece a la voluntad
mayoritaria del "pueblo político" o cuerpo electoral, los partidos
son las entidades al través de las que las minorías ciudadanas intervienen en la
cosa pública, y esta intervención, que se manifiesta de variadas maneras que
reconocen como fundamento la libertad dc expresión eidética, puede llegar
a ser un freno o contrapeso a la actividad gubernamental. Es más, los titulares
de los órganos estatales, al menos los primarios, surgen generalmente de un
partido político, cuyos principios, programas y normas de acci6n política,
social, económica y cultural ponen en práctica con motivo del desempeño de
las funciones públicas que el cargo respectivo les enccmienda. El partido
político, por ende, es el laboratorio donde se formulan las directrices de un
gobierno, cuyos funcionarios las desarrollan si, habiendo sido postulados por
él, obtienen la mayoría de sufragios. Sin los partidos políticos la vida democrática
estaría desorganizada y sujeta a la improvisación en la elección de los
referidos titulares. La postulaci6n de una persona como candidato a un puesto
de elecci6n popular es fruto de la selección que, entre sus miembros, haga un
partido, tomando en cuenta un conjunto de calidades que debe reunir para
ejercer atingentemente el cargo correspondiente. Desde el punto de vista
meramente electoral, el partido político es un ente de selección del candidato
y el pueblo político o ciudadanía, un cuerpo de elecci6n del funcionario. La
tarea selectiva que tiene a SU cargo un partido político debe obedecer, a su
vez, al proceso democrático "de abajo arriba", es decir, a la circunstancia
de que la voluntad mayoritaria de su membrecía intervenga en la selección,
ya que de otra manera, o sea, si dicha selección proviene de los "jefes" sin
que en ella participen todos los componentes de la citada entidad, se degenera
en la oligarquía o en el autocratismo dentro del partido de que se trate.
Ahora bien, en una verdadera democracia debe haber pluralidad de partidos
políticos. El "partido único" es negativo de este sistema, pues coarta
o impide la libertad de asociaci6n política de los ciudadanos que no estén
afiliados a él. El partido único, en el fondo, es el "partido en el gobierno",
existiendo entre éste y aquél una identidad que evita el desarrollo democrático,
ya que no es posible la uniformización de la opini6n ciudadana. Si el gobierno
"piensa y actúa" como lo decide el partido del cual emana, se incide en la
demagogia política; y si el partido "piensa y actúa" como lo determina el gobierno,
se entroniza la dictadura o la oligarquía, que tienen como trasfondo
el "culto a la personalidad" del llamado "jefe de Estado" o de los miembros
del grupo que detente el poder. Con toda razón Burdeau sostiene "que la
existencia de un partido único es inconcebible" porque "la libertad liberal
(sic) supone una posibilidad de escogitaci6n" y porque "la técnica gubernamental
es inseparable de la discusi6n" arguyendo más adelante que: "Sería
seguramente inexacto decir que la democracia gobernada (representativa)
es hostil a los partidos; los utilíza, por lo contrario, ampliamente para encuadrar
y canalizar la voluntad popular."

392 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
Por otra parte, y según hemos afirmado, es de suma importancia distinguir
un partido político propiamente dicho de una mera "asociación política". Es
indiscutible que un partido político es una asociación política en sentido lato;
pero no toda asociación política debe conceptuarse como partido político. La
asociación política, insistimos, es generalmente ocasional, de existencia efímera
o transitoria, sin tener una ideología definida ni un programa constructivo de
gobierno cuya realización propenda a solucionar los problemas nacionales. Se
forma acuciada por ideas de tipo personalísta de quien lanza una proclama,
del que provoca un motin o del que pregona un plan desconociendo a un
gobierno débihnente establecido. En cambio, un partido político, por su naturaleza
orgánica y funcional, es una asociación de ciudadanos que presenta
diversas características concurrentes que la distinguen de un simple grupo
político. Estas características se manifiestan en los elementos que ya hemos
indicado: el humano, el ideológico, el programático y el de permanencia, estructurados
coordínalmente en una forma jurídica.
Dentro del orden constitucional mexicano, según se habrá observado,
pueden coexistir las asociaciones políticas, fundadas en el derecho públíco
subjetivo que declara el articulo 9 9 de la Ley Suprema y Fundamental de la
República, con los partidos políticos nacionales, organizados en los términos
de la legislación correspondiente al través de la integración de los diferentes
elementos que los caracterizan y que ya quedaron expuestos.
La compatibilidad entre la libertad de asociación política y la formación
de los partidos políticos nacionales ha quedado claramente establecida por
las reformas que en esta materia se introdujeron a la Constitución en el año
de 1977 y a las cuales hemos aludido someramente. Esa compatibilidad se
basa en la diferencia que existe entre una asociación política y un partido
político, tema éste que ya tratamos con antelación.
d) Breve referencia histórica de la libertad de reunión o asociación.
La libertad de asociación y de reunión, considerada como derecho subjetivo
público individual derivado de una relación jurídica entre gobernantes y gobernados,
ha seguido en la historia la misma suerte que cupo a la libertad
genérica, esto es, la de haber sido, hasta antes de la Declaración Francesa, un
mero fenómeno fáctico sin consagración jurídica. El ejercicio de la libertad
de asociación y de reunión podía desenvolverse gracias a la tolerancia o condescendencia
del poder público; pero éste no estaba obligado a respetarlo, a
abstenerse de invadirlo o vulnerarlo. Si en el decurso de la historia humana
descubrimos la existencia de asociaciones o sociedades culturales, comerciales,
políticas, etc., es precisamente porque la formación de tales entidades no era
impedida por los gobiernos, los cuales, por otra parte, tenían la potestad de
hacerlo, desde el momento en que no eran sujetos de ninguna obligación
pública, consistente en respetar, en no entorpecer, el ejercicio de la libertad
asociativa.

GARANTÍAS DE LIBERTAD 393
En la época medieval, y a principios de los tiempos modernos, encontramos
a las corporaciones como tipo de asociaciones fabriles y comerciales. La
existencia de estas agrupaciones podria hacer surgir la creencia de que éstas
constituyen la demostración de que, en tales etapas históricas, la libertad de
asociación era respetada por parte del Estado. Sin embargo, lejos de implicar
las corporaciones un índice demostrativo de un derecho subjetivo público
individual que no existía, dichos organismos se perfilaban como verdaderos
obstáculos al desempeño de esta facultad jurídica. En efecto, fuera de las
corporaciones, ninguna otra asociación industrial podía formarse, circunstancia
que por sí misma evidencia la negación del derecho de asociarse libremente.
Turgot, ministro de Luis XVI, quien observaba en dichas corporaciones una
rémora para el desenvolvimiento industrial y comercial de Francia, expidió
un decreto aboliéndolas, y más tarde, Chapelier hizo votar una ley que prohibía
la formación para el futuro de asociaciones profesionales, pues estimaba
erróneamente a éstas como un serio vaIladar al desempeño de la libertad de
trabajo, aberración de la que participó Vallarta en el Constituyente de 1857,
quien, por tal motivo, se opuso al otorgamiento de derechos a los trabajadores
para constituir sindicatos.
En cuanto a las libertades públicas, Inglaterra siempre se ha revelado
como una salvedad real al régimen opresor imperante en el resto de Europa,
circunstancia que también opera en relación con el derecho de asociación y
reunión, el cual se consagraba como tal por el common law desde tiempos
remotos, habiendo pasado a la Constitución americana, a la que se le incorporó
mediante el artículo I de las adiciones a la misma.
En España existieron diversas ordenanzas reales que prohibieron el derecho
de reunión y asociación desde finales del siglo XVI hasta las postrimenas
del xvnr, sin que la Constitución de Cádiz de 1812, por su parte, consagrara
la respectiva libertad como potestad jurídica del gobernado.
La situación general que prevalecía en Europa respecto de la libertad en
todas sus específicas manifestaciones se reflejó en la vida colonial de México.
Por ende, la libertad de asociación no ostentaba el carácter de garantía individual
o, mejor dicho, de derecho público subjetivo individual enfrentable
al poder estatal, sino que se revelaba como un mero fenómeno fáctico, cuya
existencia y desarroIlo dependían de la tolerancia de las autoridades. Durante
la vida independiente de nuestro país, la libertad de reunión y asociación se
consagró expresamente hasta la Constituci6n Federal de 1857. En los ordenamientos
jurídico-políticos anteriores sólo se reconoció la libertad de reunión
para asuntos políticos. Así, en el artículo 2 del Acta de Reformas de 1847
se dispuso que es derecho de los ciudadanos reunirse para discutir los negocios
públicos, tal como lo había preconizado don Mariano Otero en su célebre
voto particular de abril de este año, prescripción que se reiteró en el artículo
10 del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana.

394
LAS GARANTÍAs INDIVIDUALES
F. Libertad de posesión y portaci6n de armas (artículo 10 constitucional)
a) El precepto original. Este precepto disponía: "Los habitantes de
10s Estados Unidos Mexicanos tienen libertad de poseer armas de cualquier
clase, para su seguridad y legitima defensa, hecha excepci6n de las expresamente
prohibidas por la ley y de las que la naci6n reserve para el uso exclusivo
del Ejército, de la Armada y Guardia Nacional, pero no podrán
portarlas en las poblaciones sin sujetarse a los reglamentos de policía.">"
Como se puede colegir de la anterior transcripci6n, tal disposici6n contema
dos garantias individuales distintas: la que concierne a la libertad de
posesi6n de armas y la que atañe a la libertad de portaci6n de" las mismas.
La posesi6n, para los efectos del articulo 10 constitucional, equivale, jurídicamente
hablando, a un poder de hecho que un individuo tiene sobre ciertos
objetos denominados "armas" (art. 790 del Código Civil). Este poder
de hecho es de carácter continuo, en el sentido de que opera independientemente
de que su titular tenga o no, en un momento dado, la tenencia, captación
o aprehensión de la cosa. Asi, verbigracia, un individuo es poseedor
de un arma, aun cuando en determinadas ocasiones no la lleve consigo, pues
para conceptuarlo como tal, es suficiente que tenga potestad de conducirse
como dueño de ella, con la facultad de disposici6n que le incumbe. La posesi6n
jurídica a que se refiere el articulo 790 del Código Civil, ejercida sobre
un objeto mueble, como es un arma, hace presumir en favor del poseedor de
ésta la propiedad de la misma, en atenci6n a lo que estatuye el artículo 798
del propio ordenamiento sustantivo civil.
La libertad de posesi6n de armas de cualquier clase para la seguridad y
legitima defensa de un sujeto, contenida en el original articulo 10 constitucional
a titulo de garantía individual, implicaba la obligaci6n para el Estado
y sus autoridades, consistente en respetar al poseedor de las mismas su posesión,
no despojándolo de dichos objetos. Esta libertad especifica tenia como
limitaci6n constitucional, consignada en vista de la indole material del objeto,
la de que el individuo no podia poseer aquellas armas que estuviesen destinadas
exclusivamente para uso del Ejército, de la Armada y de la Guardia Nacional
mediante una ley, esto es, por conducto de una disposición creadora, modificativa
o extintiva de situaciones jurídicas abstractas e impersonales proveniente
del órgano legislador. Por ende, si el uso de determinada arma no se
reservaba legalmente a cualquiera de dichos cuerpos sino que por un" acto
que no hubiese sido ley en el sentido material se acordaba, dicha limitaci6n
constitucional era inoperante y el individuo tenia el derecho público subjetivo
de poseer dicho objeto amparado por el articulo 10 constitucional.
264 El artículo correlativo de la Constituci6n de 1857. decía: "Todo hombre tiene derecho
de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa. La ley señalará cuáles
son las prohibiciones y la pena en que incurren los que las portaren."

396 LAS GARANTÍAS R{OnnDUALES
por los particulares. La exposición de motivos en que se apoya dicha iniciativa
y con cuyas consideraciones estamos de acuerdo, expresa lo siguiente:
"Las condiciones que prevalecían en el país durante el siglo pasado y
principios del actual, poco propicias para que las autoridades defendieran
eficazmente a los habitantes en contra del ataque violento a su vida o derechos,
determinó la necesidad de instituir como garantía individual la de poseer
y portar armas para la seguridad y legítima defensa que quedó consagrada
en el articulo 10 de las Constituciones Políticas de 1857 y 1917, respectivamente.
"Es indiscutible que el valor tutelado por estos preceptos es el de la seguridad
personal y que, por consiguiente, la portación de armas sólo constituye
uno de tantos medios para lograrla, debiendo reconocerse que la tranquilidad
y la paz públicas son el fundamento mismo en que ha de apoyarse dicha
seguridad.
"La portación de armas debe quedar sujeta a las limitaciones que la paz
y la tranquilidad de los habitantes exijan y, en consecuencia, sólo se justifica
en aquellos casos y en los lugares en que las autoridades del país, no estén en
aptitud de otorgar a las personas una inmediata y eficaz protección.
_ "Las nuevas condiciones sociales y económicas creadas por los regímenes
revolucionarios, las modernas vías de comunicación, el funcionamiento de
cuerpos policíacos en todas las poblaciones de la República, así como el actual
nivel cultural de sus habitantes que trae consigo un mayor respeto a la vida
y a los derechos de los demás, han determinado que la inmoderada portacién
de armas, en lugar de favorecer la seguridad, resulte contraproducente
al propiciar la comisión de delitos, por la natural agresividad que se manifiesta
en los individuos armados.
"En la actualidad, en diversas regiones del país, se autoriza la portación
de armas, sin exigir del solicitante la satisfacción de condiciones mínimas
para garantia de la sociedad, lo que ha originado el fenómeno llamado 'pistolerismo'
que es necesario combatir en bien de la colectividad.
"La reforma del artículo 10 constitucional, es procedente a efecto de que
el Congreso de la Unión, mediante una ley acorde a las circunstancias imperantes
en el país, determine los casos, condiciones y lugares para los que
podrán otorgarse permisos de portación de armas, así como las autoridades
competentes para expedirlos.
"El otorgamiento de derechos a los individuos debe ser siempre correlativo
de las obligaciones que la mejor convivencia social requiera, ya que, en
última instancia, las normas jurídicas deben tender al establecimiento de mejores
condiciones de vida para el hombre; de ahí que el permiso para portar
armas no debe en manera alguna implicar un peligro para la colectividad,
sino, por el contrario, crear circunstancias que propicien una mayor tranquilidad
y una eficaz protección personal."

GARANTÍAs DE LIBERTAD 397
Mediante Decreto Congresional de 21 de octubre de 1971, publicado en el
Diario Ojicial de la Federación el día 22 siguiente, se declaró reformado
el artículo 10 de la Constitución, una vez que se observó el procedimiento
instituido en el artículo 135 de la Ley Fundamental, El texto vigente de aquel
precepto establece:
"Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer
armas en su domicilio, para su seguridad y legitima defensa, con excepción
de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo
del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La Ley Federal
determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar
a los habitantes la portaci6n de armas;"
Como se ve, se redujo el derecho público subjetivo comprendido dentro
de la garantia consagrada en dicho precepto, a la posesión de armas, distintas
de las que se prohiben por la "Ley Federal" y de las que se reservan
para el uso exclusivo de las corporaciones mencionadas. En 10 que atañe a la
portaci6n de armas, ésta dejó de tener el referido carácter juridico, toda vez
que el actual artículo 10 constitucional simplemente determina que tal acto
se podrá autorizar a los habitantes de la República.
La posesión de armas, para que sea un derecho público subjetivo de todo
gobernado, debe ejercerse en el domicilio de éste y tener por objeto su seguridad
y legítima defensa. El concepto de domicilio tiene varias acepciones y
estimamos que el significado en que lo emplea el citado precepto equivale
al mismo que el propio vocablo tiene en el artículo 16 constitucional que
comentarnos en el capitulo octavo de la presente obra y a cuyas consideraciones
nos remitimos.
La posesión de armas en el domicilio de todo gobernado debe tener por
objeto, según se dijo, la seguridad y la legitima defensa de éste. Interpretando
por exclusión la disposición constitucional mencionada, se llega a la
conclusión de que la posesión de cualquier arma no prohibida que no propenda
al mencionado objeto, no es materia del derecho público subjetivo
correspondiente. La hipótesis respectiva se plantearía en el caso de que una
persona tuviese en su domicilio armas que por su propia naturaleza no fuesen
útiles para la seguridad y legitima defensa de su poseedor, sino que tuviesen
un mero valor histórico. Esta conclusión sería francamente absurda por
insensata; y aunque en los términos estrictos del artículo 10 constitucional
la posesión de un arma en el domicilio del gobernado que no persiga el
objeto indicado, rebase los limites del derecho público subjetivo derivado
de tal precepto, no por ello tal posesión deja de estar protegida constitucionalmente,
puesto que la tutelan las garantias instituidas en la primera parte
del artículo 16 de la Constitución Federal que en esta misma obra analizamos.
Consideramos que los legisladores que redactaron el texto actual del
referido artículo 10 incurrieron en la imperdonable ligereza de considerar
sólo Cama posesión jurídicamente protegida la ejercida sobre armas que el

398
LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
gobernado tenga en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, sin
haber extendido dicha protección al acto posesorio sobre tales objetos aunque
no se persiga la aludida finalidad.
Por otra parte, el mismo artículo 10, en su texto vigente, excluye de la
posesión constitucionalmente preservada a las armas "prohibidas" por la "Ley .
Federal", sin limitar el ámbito de dicha prohibitividad. En otras palabras, el
aludido precepto deja arbitrio irrestricto al legislador federal ordinario para
determinar las armas que con un criterio muy subjetivo, que puede rayar
en lo absurdo, estime prohibidas. De esta guisa, el actual artículo 10 constitucional
se traiciona a si mismo, colocando en riesgo evidente de nugatoriedad
al derecho posesorio que proclama, pues lo supedita a la legislación
federal ordinaria, cuyas normas podrían, inclusive, declarar prohibidas todas
las armas como objeto de posesión particular.
El mismo artículo 10 también excluye del derecho público subjetivo posesorio
sobre armas, a aquellas que se reserven "para el uso exclusivo del
Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional". No establece el propio
precepto que esa reserva se consigne legalmente, por lo que existe la posibilidad
de que los jefes de dichas corporaciones o el Presidente de la República,
en meros decretos o acuerdos, señalen las armas materia de tal reserva, para
que a virtud de este señalamiento queden excluidas de la posesión juridica
particular, haciendo nugatorio el derecho subjetivo correspondiente.
Ya hemos afirmado que el artículo 10 constitucional vigente, contrariamente
a lo que disponía el precepto original, no considera a la portacíón de
armas COmo derecho del gobernado, ya que ese acto lo sujeta al arbitrio de la
autoridad, sujeci6n que elimina todo derecho subjetivo, puesto que éste
no puede concebirse sin la obligación correlativa, la cual no la tienen los érganos
del Estado en lo que a la referida portaci6n de armas concierne. Sin
embargo, si tal obligaci6n no surge directamente del artículo 10 constitucional,
sí se consigna, en cambio, en la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos expedida el 30 de diciembre de 1971 y publicada en el Diario
Oficial de la Federación el II de enero de 1972. Así, en esta ley se obliga
a la Secretaría de la Defensa Nacional a expedir licencias particulares para la
portaci6n de armas, cuando el interesado satisfaga los requisitos que el mismo
ordenamiento consigna en los preceptos relativos, a cuyo texto nos remitimos."
266 La Ley Federal que acabamos de citar adolece de varios vicios de inconstítucionalidad
que se traducen en violaciones a diferentes preceptos de la Ley Fundamental. Seña.
laremos algunos de esos vicios, sin que este señalamiento pretenda ser exhaustivo. Al
obligarse al poseedor de toda arma de fuego a manifestarla a la Secretaría de la Defensa
Nacional para que se inscriba en el registro respectivo, dicha ley se excede de los límites
normativos del artículo 10 constitucional [arta. 7 y 15) j al facultarse por el mismo ordenamiento
secundario a la mencionada Secretaría de Estado para determinar subjetivamente
qué annas "para tiro y cacería puedan poseerse" y en qué lugar o lugares, no sólo se vulnera
el derecho posesorio instituido en el indicado precepto constitucional, sino que se
hace nugatorio, extendiéndose esta nugatoriedad hasta el extremo de que la posesión de

GARANTÍAS DE LIBERTAD
G. Libertad de tránsito (artículo 11 constitucional)
Esta libertad específica está consagrada en el artículo 11 constitucional,
que dice: "Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de
ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de' carta
de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El
ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad
judicial, en los casos de responsabilidad penal o civil, y a las de la autoridad
administrativa, por 10 que toca a las limitaciones que impongan las
leyes sobre emigraci6n, inmigraci6n y salubridad general de la República,
o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país."
Como se ve, la libertad de tránsito, tal como está concebida en dicho precepto
de la Ley Fundamental, comprende cuatro libertades especiales: la de
entrar al territorio de la República, la de salir del mismo, la de viajar dentro
del Estado mexicano y la de mudar de residencia o domicüio. El ejercicio de
estas libertades por parte del gobernado o titular de la garantía individual
de que se derivan, es absoluto, o mejor dicho, incondicional, en el sentido de
que para ello no se requiere carta de seguridad o salvoconducto (es decir, el
documento que se exige por una autoridad a alguna persona para que pueda
pasar de un lugar a otro sin reparo o peligro), pasaporte (o sea, el documento
que se da en favor de un individuo y que sirve para identificarlo y
autorizarlo para penetrar a un sitio determinado) u otros requisitos semejantes.
En vista del contenido del derecho subjetivo público que emana de la
garantia individual que consagra el articulo 11 constitucional, y que está
constituido por la libertad de tránsito manifestada cn las supradichas cuatro
potestades o facultades, la obligaci6n que para las autoridades del Estado y
para este mismo se deriva de la indicada relaci6n jurídica, consiste en no
impedir, en no entorpecer la entrada y salida de una persona al y del territorio
nacional, el viaje dentro de éste o el cambio de su residencia y domicilio,
y en no exigir, además, ninguna condici6n o requisito.
Cabe advertir que la libertad de tránsito, que como garantía individual
instituye el precepto constitucional que comentamos, únicamente se refiere al
desplazamiento o movüizaci6n física del gobernado. Por ende, dicha libertad
no comprende la prestaci6n de ningún servicio (como el de transportes, verbigracia,
que está regido por la Ley de Vías Generales de Comunicaci6n
en el orden federal y por las leyes o reglamentos de tránsito en la esfera local)
ni excluye la potestad de las autoridades federales o locales, según el caso,
colecciones o museos de armas antiguas o modernas, se supedita al permiso que otorgue
tal secretaria (arts. 19 y 21).
Seria prolijo, como ya indicamos, exponer las violaciones que la referida Ley Federal
comete contra la Constituci6n de la República, absteniéndonos de patentizar otros vicios
de inconstitucionalidad, mismos que seguramente se plantearán en vía de amparo ante la
Justicia Federal al impugnar dicho ordenamiento en cada caso concreto.
399

400 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
para reglamentar los medios de locomocioa que la persona pueda utilizar para
su traslación dentro del territorio de la República. En efecto, la obligación
que a las autoridades impone el articulo 11 constitucional consiste en que no
impidan a ningún sujeto su desplazamiento o movilización personal dentro
del territorio nacional, pero no en dejarlo desplazarse o movilizar en cualquier
medio de transporte. En otras palabras, la libertad de tránsito a que se
refiere dicho precepto sólo debe entenderse intuiiu personae, sin abarcar
la traslación en cualquier medio de locomoción, pudiendo las autoridades
federales o locales, conforme a las leyes o reglamentos respectivos, prohibir
que alguna persona se movilice en velúculos que no reúnan las condiciones que
estos ordenamientos establezcan.
El propio articulo 11 constitucional consigna las siguientes limitaciones
a la libertad de tránsito: en primer lugar, por lo que toca a las autoridades
judiciales, éstas están autorizadas por nuestra Constitución para prohibir a
una persona, verbigracia, que salga de determinado lugar o para condenar
a una persona a purgar una pena privativa de libertad dentro de cierto sitio
(pena impuesta como consecuencia de la perpetración de un delito: confinamiento,
relegación, prisión, articulos 25 a 28 del Código Penal). En segundo
término, en cuanto a las autoridades administrativas, éstas pueden constitucionalmente
impedir a una persona que penetre al territorio nacional y se
radique en él, cuando no llene los requisitos que la Ley General de Poblacián.
exige, así como expulsar del país a extranjeros perniciosos de acuerdo
con el articulo 33 constitucional, o, por razones de salubridad, prohibir que
se entre, salga o permanezca en un sitio en el cual se localice un peligro
para la higiene pública, etc. Las facultades limitativas constitucionales con
que está investida la autoridad administrativa son ejercidas por el Presidente
de la República a través de la Secretaria de Gobernación, por lo que ve a las
cuestiones migratorias en general, y de la Secretaría de Salubridad y Asistencia
y del Consejo de Salubridad General, las cuales tienen la atribución
expresa, concedida por la Ley Fundamental, consistente en dictar las medidas
preventivas indispensables en caso de epidemias de carácter grave o peligro
de invasión de enfermedades exóticas en el país, así como en expedir disposiciones
generales relativas a cuestiones de salubridad pública (art. 73,
frac. XVI, incisos 2 y 3, de la Constitución).
La libertad de tránsito, en cuanto a su efectividad y ejercicio, dependió
siempre de las condiciones políticas de los Estados. Durante la Edad Media,
en que los principales países europeos estaban constituidos por el régimen
feudal, ninguna persona podía penetrar o salir de determinada círcunscripción
territorial sin permiso otorgado por el gobernante. En la mayoría de
los casos se exigía el cumplimiento de este requisito, por lo que podemos
decir que en la época medieval la libertad de tránsito, queno era un derecho,
estaba considerablemente limitada como fenómeno fáctico, situación que
St\bsistió hasta la Revolución francesa. En Inglaterra, no obstante que el

oARANTfAS DE LIBERTAD 401
. comman laiu garantizaba al inglés la facultad de transitar libremente por
el país, no dejaba de haber casos en que los monarcas arbitrariamente retuvieran
a un individuo en un lugar, como sucedi6 con Cromwell, a quien
Carlos I no dej6 salir de las islas británicas.
En el derecho colonial español se consignaron importantes limitaciones
a la libertad de tránsito respecto de los indios. En efecto, por disposiciones
reales de 4 de diciembre de 1852, 25 de septiembre de 1543 y 21 de septiembre
de 1556 se ordenó que los indios no fuesen llevados a España,
imponiéndose penas pecuniarias de "cien mil maravedíes" al que violase
tales ordenanzas por traer o llevar naturales de las colonias a la metr6poli
con o sin el consentimiento de ellos; en la inteligencia de que si el inculpado
"no tuviese bienes en qué ejecutar la pena pecuniaria referida", deberían
dársele "cien azotes públicamente". Igualmente, en dichas disposiciones
se prohibía a los virreyes, presidentes, oidores, gobernadores y justicias
dar licencias para el traslado de indios a los reinos españoles peninsulares,
so pena de privaci6n de sus oficios. Además, por cédula real expedida
en Valladolid el 25 de noviembre de 1552 por el emperador don Carlos, se
mandó que se diese lo necesario a los indios que hubieren llegado a España
para que retomasen a sus lugares de origen. La citada cédula expresa en
su parte conducente lo que sigue: "Y Nos, teniendo lástima y compasión de
que anden pobres y mendigos (los indios), mandamos que todos los Indios,
e Indias, que hubiere, y vinieren a estos Reynos, y de su voluntad se quisiesen
volver a sus naturalezas, pueden pasar libremente a ellas, y los Presidentes,
y Jueces Oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla les dén
licencia, y de penas de Cámara de la Casa se les dé, y pague lo necesario
para su flete, y matalotage, hasta volver a sus tierras, na constando quien
los traxo, porque en este caso ha de ser a su costa, de que tendrán particular
cuidado los de nuestro Consejo de Indias."
Sin embargo, dentro del territorio de las Indias, los naturales podían
libremente desplazarse y cambiar de residencia, según se dispuso por el emperador
don Carlos en cédula expedida en Valladolid el 3 de noviembre
de 1536, y la cual estableció que: "si constare que los Indios se han ido
a vivir de unos lugares a otros de su voluntad, no los impidan las Justicias,
ni Ministros, y déxenlos vivir, y morar allí, excepto donde por las Rcdicciones,
que por nuestro mandato estuvieren hechas, se haya dispuesto lo contrario,
y no fueren perjudicados los Encomenderos." 2G1
A partir de la Declo.ración Francesa de 1789, podemos afirmar que implícitamente
se consideró la libertad de tránsito como derecho público subjetivo
individual, desde el momento en que se conceptuó como tal a la
libertad genérica, la cual, según dicho documento político, consiste en la facultad
de hacer todo aquello que no dañe a otro.
207 Recopilaci6n de las Leyes de Indias, libro VI, título 1.

GARANrlAs DE LIBERTAD
Nó pretendemos en esta ocasi6n, por no corresponder al tema que abordamos,
exponer los argumentos de carácter filosófico, sociológico y religioso
que de manera incontrovertible fundamentan la certeza del teísmo frente a
las posturas del pensamiento humano en que ha desembocado la corriente
opuesta, ni, por ende, formular la critica correlativa al materialismo ateo,
fuente de crisis, quebrantamiento y subversión de todos los valores humanos,
repudiado y desmentido por la humanidad entera desde los origenes de su
evolución histórica. Bástenos subrayar el hecho, para corroborar este último
aserto, de que el hombre nunca ha atribuido la producción de ningún fenómeno
natural a la mera casualidad, al simple azar; lo aleatorio, coma factor
determinante de un acontecimiento o de un objeto, nunca ha complacido a
la inteligencia del ser humano; éste de ninguna manera ha aceptado la idea
de que todo lo creado se hubiese formado sin causa o sin razón, pues siempre
ha tratado de encontrar una motivación generatriz, la que, localizada
en un sinnúmero de causas eficientes constatadas por las ciencias positivas
naturales, inexorable y fatalmente culmina, en sus prístinos raigambres, en
una causa primera, origen y fuente de todo lo que existe, eterna, necesaria, e
inmutable, que es Dios.
El fenómeno religioso se ha revelado in genere como la actitud intelectiva
que el hombre ha asumido frente a las dos cuestiones fundamentales que constituyen
la problemática toral que afronta su conciencia y que consisten primordialmente
en atribuir la causaci6n de todo lo creado a un Ser Supremo
(Dios) yen considerar que el destino humano no se agota en la vida terrenal.
Por ello, toda religión implica un conjunto de creencias arraigadas en el espíritu
del hombre en el sentido de que hay un solo Dios (religiones monoteístas)
o varios dioses (religiones politeístas}, como entes causales de toda
la Creación, y respecto de los cuales el ser humano tiene obligaciones naturales
que cumplir como criatura, a efecto de obtener en su favor la voluntad
divina y de preparar su destino supra-terrenal. En esta virtud, la religión no
sólo se traduce en profesi6n de creencias, sino en un conjunto de reglas que
determinan dichas obligaciones y norman su cumplimiento (culto),
Ahora bien, la creencia en Dios descansa y se alimenta con la fe, es decir,
con una vivencia espiritual por medio de la que se intuye al Ser Supremo
y se palpa su presencia en cada fenómeno de conciencia del hombre, como
factor determinante de la actuación humana. Pero independientemente de
la fe, la existencia de Dios puede constatarse por la raz6n l6gica mediante
argumentos de tipo filosófico, tales como, verbigracia, las irrefutables demostraciones
estrictamente siloglsticas formuladas por uno de los más egregios
pensadores de todos los tiempos, Santo Tomás de Aquino, fundadas en
los principios l6gicos y metafísicos del ilustre estagirita, Arist6teles. Además,
la existencia de Dios, sus atributos y mandamientos, se patentizan a través
de la Reuelacián, o sea, mediante documentos a los que se ha adscrito un
origen divino directo y que constituyen la base de las religiones contemporá-
403

LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
neas principales (Cristianismo, [udalsmo e Islamismo) y objeto de investigaci6n
y análisis de la teología.
Las breves apreciaciones que anteceden nos permiten determinar en qué
consiste la libertad religiosa. Ésta no es, en efecto, sino la potestad o facultad
que tiene todo hombre de experimentar una cierta vivencia espiritual por
medio de la que intuya y sienta a Dios (profesi6n de fe); de razonar lógicamente
sobre su existencia; de interpretar los documentos en que se haya
traducido la revelaci6n divina (funci6n intelectual), y de asumir y cumplir
las obligaciones que haga derivar de los resultados o conclusiones a que llegue
a virtud de los procesos intuitivo e intelectivo mencionados (prácticas
culturales). Huelga decir, por otra parte, que la libertad religiosa comprende
no sólo dichas potestades o facultades que puede ejercitar el hombre dentro
de una postura teista, sino la posibilidad de colocarse en una posici6n ateísta.
Por ende, la intolerancia religiosa, proscriptora de dicha libertad, consiste en
la prohibici6n de abrazar una determinada fe distinta de la que se considere
como "la verdadera", de analizar racionalmente los postulados (dogmas) en
.que descanse una religi6n y de practicar un culto que no sea el de la permitida.
Pues' bien, es inconcuso que la intolerancia religiosa se opone a la naturaleza
humana, puesto que, al eliminar la potestad libertaria correlativa, obliga
al hombre a no actuar conforme a su fe, impidiéndole, al mismo tiempo,
la externaci6n de su pensamiento en cuestiones filos6ficas y teol6gicas tan
trascendentales, como son las concernientes a la existencia de Dios, a los
atributos divinos y á las obligaciones y deberes de la criatura para con Él, al
vedar la libre crítica de principios o postulados que se dan como supuestos
intangibles y la interpretaci6n de los documentos o hechos en que se haya
manifestado la Revelaci6n. En consecuencia, la libertad religiosa responde a
la indole consubstancial del Ser humano, y para coartarla no es razón valedera
la de que se considere a una determinada religi6n como la verdadera,
es decir, COmo la realmente instituida por Dios, como 10 es para nosotros la
cristiana, pues una fe religiosa no debe imponerse, so pena de que deje
de serlo para la persona a quien se imponga, sino infundirse a base de persuasi6n
y convencimiento, fen6menos éstos que abundan en la historia del cristianismo
vaticinándolo como la religi6n que, con el transcurso del tiempo, será
de profesi6n universal.
Estimamos pertinente invocar la concepción del ilustre Sim6n Bolívar sobre
la libertad religiosa, expresada en los siguientes términos: "En una Constitución
no debe prescribirse una profesión religiosa, porque según las mejores doctrinas
sobre leyes fundamentales, éstas son las garantías de los derechos políticos y
civiles, y como la religión no toca a ninguno de estos derechos, es de naturaleza
indefinible en el orden social y pertenece a la moral intelectual. La religión
gobierna al hombre en la casa, en el gabinete, dentro de sí mismo: Sólo ella
tiene el derecho de examinar su conciencia .íntirna. Las leyes, por el contrario,
miran la superficie de las cosas, no gobiernan sino fuera de la casa del ciuda-

lAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
sagra, como ya dijimos, la libertad cultual, en el sentido de poderse ésta
practicar en forma pública o de manera privada. El culto público es aquel
"acto al cual concurren o pueden concurrir, participan o pueden participar,
personas de toda clase, sin distinci6n alguna",'" según lo ha definido la
Suprema Corte, o aquella ceremonia de cualquier clase que sea, que se practique
"fuera de la intimidad del hogar" (art. 10, último párrafo, de la
Ley Reglamentaria del articulo 130 constitucional). Por el contrario, culto
privado es aquel que está constituido por actos o ceremonias que se practican
dentro de una casa particular, y a los que s610 tienen acceso las personas
que autorice el dueño o poseedor de ésta.
Constituyendo la libertad religiosa, bajo sus dos aspectos, el contenido
de un derecho subjetivo público individual emanado de la garantia consignada
en el artículo 24 de la Ley Fundamental, el Estado y sus autoridades
tienen la obligaci6n, por una parte, de no imponer a ningún sujeto una
determinada idea ni inquirir a éste sobre su ideología religiosa, y por la
otra, de respetar o no entorpecer la práctica del culto correspondiente.
a) El aspecto objetivo, externo, de la libertad religiosa, a diferencia
del meramente subjetivo, está regulado y limitado por la Constitución.
J. Como primera limitaci6n constitucional a la libertad cultual existe
la consistente en que toda ceremonia es permitida, en tanto que su realización
no constituya un delito. Por ende, todas aquellas prácticas religiosas
en las que tuvieren lugar actos privativos de la vida a ciertas personas (sacrificios
humanos), verbigracia, están prohibidas por el artículo 24 constitucional,
y, en general, las que se desarrollen mediante actos que importen
una infracción penal.
2. Por lo que toca al culto público, la limitación constitucional consiste
en que éste deberá celebrarse precisamente dentro de los templos (o sea,
dentro de los sitios destinados ex profeso para ello) y bajo la vigilancia de
la autoridad (art, 24 constitucional, segundo párrafo), en los términos
establecidos por el articulo 130 de la Ley Suprema y por la ley reglamentaria
respectiva, la que en los párrafos segundo y tercero de su artículo 2
Corrobora las anteriores limitaciones constitucionales a la libertad cultual.
Por su parte, el párrafo décimo del articulo 130 constitucional dispone
que: "Para dedicar al culto nuevos locales destinados al público se necesita
permiso de la Secretaria de Gobernación, oyendo previamente al gobierno
del Estado. Debe haber en todo templo un encargado de él, responsable ante
la autoridad del cumplimiento de las leyes sobre disciplina religiosa, en
dicho templo, y de los objetos pertenecientes al culto." Otros actos

GARANriAS DE LmERTAD 407
timos, párrafo que corresponde a los artículos tu, 11, 12, 13 Y 14 de la Ley
Reglamentaria respectiva. Por su parte, la ley de junio de 1926, vigente
en la actualidad, de acuerdo con el artículo 3 transitorio del Código Penal,
establece los delitos y las penas sobre materia de cultos.
b) La libertad religiosa goza, por otra parte, de ciertas seguridades ju-.
rldicas constitucionales.
En primer lugar, la Ley Fundamental impone la prohibición terminante
al Poder Legislativo, en el sentido de que éste no podrá expedir ley
estableciendo o prohibiendo cualquier religi6n (art. 130, párrafo segundo).
En segundo lugar, además, la regulación legal del culto público y disciplina
externa sólo puede establecerse por los Poderes Federales, teniendo
únicamente las autoridades locales el carácter de auxiliares de éstos (art.
130, párrafo primero). Asimismo, "las legislaturas de los Estados únicamente
tienen facultad de determinar, según las necesidades locales, el número
máximo de ministros de los cultos." (1dem, párrafo séptimo.)
A diferencia de otras libertades específicas, que durante varias épocas
históricas anteriores a la Revolución francesa se revelaron como un fenómeno
fáctico, cuya idea misma dependía de la potestad pública, la libertad
religiosa ni siquiera existió como mero hecho; es más, la intolerancia en
materia de creencias era el principio que se entronizó durante varias etapas
de la historia, habiendo existido lo que denomina "religiones de Estado".
El régimen de intolerancia religiosa dio motivo a una multitud de conflictos
armados, tales como la guerra de treinta años (1618 a 1648), así
como a actos verdaderamente inhumanos. La Inquisición, que tenia como
verdad aparente la "defensa de la fe", fue consecuencia de la imposici6n
religiosa. Ningún hombre era libre, salvo raras excepciones.t" para profesar
la creencia que juzgara más idónea y, mucho menos, para practicar actos
cultuales diversos de los oficiales autorizados. Aun la misma Inglaterra en
materia religiosa se ostentó francamente intolerante y, a pesar de que el
common law no conoció el delito de herejía, los tribunales eclesiásticos aplicaban
frecuentemente la pena de excomunión a las personas que no participaban
en la doctrina religiosa del Estado.
Este régimen negativo de la libertad religiosa subsistió hasta la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en cuyo articulo
X disporúa que ninguna persona podía ser molestada por sus opiniones,
aun de carácter religioso. No obstante, y principalmente en México, diversos
ordenamientos constitucionales conservaron el sistema de la "religión de Estado",
en contradicción abierta con la proclamación simultánea de otras
libertades públicas. Asi, desde la Constituci6n de Apatzingán hasta el Acta
269 En México, a raíz de la conquista, los indios gozaron de 'cierta tolerancia por parte
de los españoles para profesar sus propias creencias.

408 LAS GARANTÍAS INDMDUALES
de Reformas de 1847, se consideró a la religión cat6lica como oficial con
exclusión de cualquiera otra.
El artículo 15 del proyecto de la Constitución de 57 versaba sobre la
cuestión religiosa. La discusi6n de este precepto en el seno del Constituyente
de 1857 acusó una gran corriente de opiniones en contra de la tolerancia de
otros cultos que no fueran los cat6licos, so pretexto de que la profesión de diversas
religiones rompería la unidad nacional. Después de fogosos discursos
pronunciados por los más destacados miembros del Congreso Constituyente,
tales como Lafragua, Castañeda, Mata, Zarco, etc., se declar6 sin votación el
artículo 15 del proyecto, habiéndose acordado, no obstante, que se discutirla
nuevamente tan pronto como la comisión lo presentara en otros términos, lo
que nunca aconteció."?
La consagración de la libertad religiosa, con las limitaciones concernientes
instituidas en el artículo 130 constitucional y su Ley Reglamentaría, fue
obra del Constituyente de 1917, el cual rompi6 con todos los antecedentes
legislativos que se registraron en nuestro país sobre ese particular. De esta
manera, la Constitución de 17 viene a contribuir normativamente para el
cabal desenvolvimiento de la personalidad humana al brindar al individuo
una libertad que antes le estaba vedada. Asimismo, al consignar varias
limitaciones al ejercicio del culto público, pretende poner un obstáculo a
los desmanes del clero en detrimento de la economía nacional principalmente,
pretensi6n que siempre abrigó el Constituyente de 17 al discutirse los artículos
24 y 130 constitucionales (este último corresponde al 129 del proyecto
respectivo) .
:210 ZARCO, Congreso Constituyente, tomo 11, pág. 96. El artículo 15 del proyecto constitucional
afirmaba: "No se expedirá en la República ninguna ley, ni orden de autoridad
que prohíba o impida el ejercicio de ningún culto religioso; pero habiendo sido la
religión exclusiva del pueblo mexicano la católica, apostólica, romana, el Congreso de
la Unión cuidará, por medio de leyes justas y prudentes, de protegerla en cuanto no se
perjudiquen los intereses del pueblo, ni los derechos de la soberanía nacional." Este precepto
se antoja incongruente y hasta contradictorio, pues por una parte, autorizaba la tolerancia
religiosa, sin proclamar abiertamente la libertad de creencias y de culto, y por la
otra, tendia a preservar la religi6n católica, lo que en el fondo entrañaba una incipiente
prohibici6n de cualquiera otra religión. Según dijimos, el articulo 15 del proyecto desató
enconados y apasionados debates en el Congreso Constituyente (sesiones de 29 1 30 y 31
de julio y 1', 4 y 5 de agosto de 1856), sin que hubiere sido posible que se llegara a la
votación respectiva. Don Francisco Zarco, defensor del principio de libertad o tolerancia
religiosa, vaticiné que su consagración debía, con el tiempo, incorporarse a nuestro derecho
público; y asi sucedió, en efecto, pues en la ley de 4 de diciembre de 1860 y en las
adiciones y reformas de 25 de septiembre de 1873, se declaró definitivamente en México.
Es curioso observar, por tanto, que en una Constitución liberal que exaltó la dignidad
y personalidad del hombre a través de todas sus manifestaciones individuales y socia.
les, como fue la de 1857, na se hubiera consignado la libertad religiosa, quizá por el temor
infundado de debilitar la unidad nacional que radica primordialmente en la unidad religiosa
del pueblo mexicano. La citada omisión, en que deliberadamente se hizo incurrir
a nuestra Ley Fundamental de 57, presenta a ésta, en lo que a la libertad de creencias
atañe, como un ordenamiento inferior a la Constitución yucateca de 1840, en la que por
primera vez en México, se reconoció dicha libertad (art. 74).

GARANTÍAS DE LIBERTAD 409
A propósito del primero de los preceptos mencionados, se desencaden6
en furibundos discursos la pasi6n jacobina de algunos diputados, no s610 en
contra del clero, sino de dos instituciones eclesiásticas, como son la confesión
auricular y el celibato de los sacerdotes católicos. En un voto particular el
constituyente Enrique Recio pugn6 porque en el artículo 24 constitucionai se
prohibiese tenninantemente dicha confesión, considerándola "inmoral', así como
porque se constriñese a los prelados a contraer matrimonio. Por reputarse
inefectiva tal pretendida prohibición e inconveniente dicha obligación, el citado
voto particular no se incluyó en el texto del mencionado precepto ni en
el artículo 130 de la Constitución, la que, de haber acogido las pretensiones
del diputado Recio, hubiese quebrantado el principio de la separación entre
la Iglesia y el Estado al abordar dos cuestiones exclusivamente reservadas a
Jos cánones eclesiásticos, sobre todo la que concierne a la confesión auricular,
cuya justificación, desde un punto de vista estrictamente religioso (no político),
puede o no establecerse mediante la recta y sana interpretación de los
Evangelios, tópico este último que nos abstenemos de tocar por no corresponder
al tema de la presente obra. 2 '11
Por otra parte, mediante Decreto congresional publicado el 28 de enero
de 1992 se modificó el artículo 24 constitucional para quedar en los siguientes
términos;
"Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa
y para practicar las ceremonias ,devociones o actos del culto
que no constituyan un delito o falta penados por la ley.
actos religiosos de culto público
Los que extraordinariamente se
reglamentaria."
que más le agrade
respectivo, siempre
"El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión
alguna.
"Los
templos.
a la ley
se celebrarán ordinariamente en los
celebren fuera de éstos se sujetarán
Debe advertirse que este nuevo texto no descarta los dos tipos de culto:
el privado y el público, a los cuales nos hemos referido con antelación. La
novedad importante que introduce estriba en la terminante y absoluta prohibición
de que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban
religión alguna, declaración enfática que garantiza, como derecho humano,
la libertad de creencias y de culto. Además, prevé la posibilidad de
que el culto público se celebre extraordinariamente fuera de los templos,
según lo prescriba la ley reglamentaria correspondiente, eliminando así la
prohibición que el anterior artículo 24 contenía y quc ya hemos comentado
en párrafos anteriores.
l. Libertad de circulación de correspondencia (antes articulo 25
constitucional. Actualmente articulo 16 tercer párrafo) m '1,
271 Véase el Diario de los Debutes del Congreso Constituyente de 1916-17, pág. 743·
a 753 del tomo II. . . ,
271 bll! La incorporación del anterior artículo 25 constitucional al articulo 16 se
efectuó) previo el trámite formal previsto en el artículo .1,35 de !a Ley SuPren:ta,. por p.ecreta
de la Comisión Permanente del- Congreso de la Umon pubhcado en el Diario Oíicial:
de la Federación correspondiente al 3 de febrero de 1983.

GARANTÍAS DE LIBERTAD 411
El artículo 9 del Proyecto de Constitución de 57 impedía el registro de
la "correspondencia privada y los demás papeles que circulaban por las
estafetas", pudiendo sólo detenerse su circulación "por grave interés de la
causa pública". Al discutirse esta última parte del precepto, se puso de manifiesto
que a pretexto de salvaguardar los intereses públicos, las autoridades
administrativas podrían hacer nugatoria la seguridad que representa
la inviolabilidad de la correspondencia, por lo que el artículo 25 de la
Constitución de 57 ya no consignó la referida limitación, así como tampoco
el artículo 25 de la Ley Fundamental vigente.
J. La libre concurrencia según el espíritu y texto del artículo 28 constitucional
tal como este precepto se concibió por la asamblea Constituyente
de Querétaro
a) A nálisis del precepto. La libre concurrencia es un fenómeno económico
a virtud del cual todo individuo puede dedicarse a la misma actividad,
perteneciente a un determinado ramo, que aquella a cuyo desempeño
se entregan otras personas. La idea de libre concurrencia descarta
la del exclusivismo en una función económica, esto es, implica la prohibición
de que una persona o un grupo de individuos determinados tengan
el privilegio o la prerrogativa de desplegar una cierta actividad, sin que
ésta sea susceptible de ejercitarse por otros sujetos.
En el terreno económico, la libre concurrencia es un hecho cuya realización
trae como consecuencia el estimulo, el afán de superación .y mejoramiento
por parte de los individuos que compiten. Además, es bien conocido el fenómeno
de que, a virtud de la libre competencia, los precios bajan a la vez
que se intensifica la actividad económica nacional y particular.
La libre concurrencia es el efecto natural de la libertad de trabajo, puesto
que ésta, estribando en la potestad que todo hombre tiene para dedicarse
a la ocupación lícita que más le agrade, coloca a todo sujeto en la situación
de poder desempeñar la misma función que otro u otros. Si se vedara la
libre concurrencia, en el sentido de prohibir a una persona que asuma una
actividad económica ejecutada por un grupo privilegiado, se haría nugatoria
la libertad de trabajo, debido a qjue se impediría que ésta se desplegara por
aquellas personas que no tuvieran prerrogativas exclusivistas.
El artículo 28 constitucional, al consignar la libre concurrencia como
derecho público subjetivo individual, derivado de la relación jurídica que
prevé y que existe entre el Estado y sus autoridades por un lado y los gobernados
por el otro, no hace sino afirmar la libertad de trabajo. Por
ende, dicho precepto constitucional dispone que: "En los Estados Unidos
Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni exención
correos, decretaron que no se verifique dicha abertura eme ce aquenas cartas que haya
alguna fundada sospecha; haciéndose entonces por el admirador y oficiales que reúnan
la mayor confianza y sigilo con arreglo a lo prevenido en las ordenanzas de correos',"
(Estudio sobre Garantías Individuales. págs. 483 Y 484.)

GARANTÍAs DE LmERTAD 413
modificativo o extintivo de situaciones de derecho abstractas e impresionales.
Por ende, un impuesto s6lo puede ser creado, modificado o suprimido
mediante una ley, tanto en el sentido material del concepto (expresado
en los términos ya expuestos), como en el formal, es decir, como acto
emanado de la actividad normal y fundamental del Poder Legislativo,
atento 10 dispuesto por la fracci6n VII del articulo 73 de la Constituci6n.
La exenci6n de impuestos de que se hiciera beneficiaria a una actividad
econ6mica o, mejor dicho, a los individuos o sociedades que la desplieguen,
vendría a pugnar con la índole misma del impuesto, ya que éste debe establecerse,
modificarse o suprimirse no para un individuo o un grupo de
personas determinadas, sino p;;:"a todos aquellos sujetos físicos o morales
que en número indeterminado se encuentren en la situaci6n o hipótesis
jurídico-econ6mica prevista en la ley respectiva. Por otra parte, si se eximiese
del pago de un impuesto a una persona o a un grupo de ellas numéricamente
determinadas, se colocaría a estos beneficiados en una posici6n
ventajosa, en la lid' econ6mica, respecto a sus competidores al evitarles a
aquéllos una erogaci6n que necesariamente tendrían que hacer éstos a virtud
del desempeño de su actividad. Con ello, a la vez que se menoscabaría
la libre concurrencia, se violaría el espíritu de igualdad que inspira a
un régimen constitucional como el nuestro.
La declaraci6n constitucional en el sentido de que en los Estados Unidos
Mexicanos no habrá prohibiciones a título de protecci6n a la industria,
involucra otra garantía a la libre concurrencia. En efecto, si no existiera
esa disposici6n constitucional, las autoridades, so pretexto de proteger una
determinada industria incipiente, podrían prohibir que otras actividades
econ6micas del mismo ramo se desarrollaran, mermando así la libre concurrencia
y violando la garantía de la libertad de trabajo consignada en
el artículo 5 de la Ley Fundamental.
Hemos afirmado que una garantía a la libre concurrencia que establece
la Constitución consiste en la prohibición de existencia y funcionamiento
de monopolios. Pues bien, esta prohibici6n tiene las siguientes excepciones:
las actividades relativas a la acuñaci6n de moneda, a los correos, telégrafos
y radiotelegraiía y a la emm6n de billetes de banco, están sustraídas de la esfera
de actuaci6n econ6mica de los gobernados, según lo dispone el artículo
28 constitucional. Las mencionadas actividades, reguladas por leyes especiales
(tales como la Ley Monetaria, la de Vías Generales de Comunicaci6n,
la Orgánica del Banco de México), son desarrolladas exclusivamente por
el Estado a través de los organismos autoritarios que corresponda (Secretaria
de Hacienda, de Comunicaciones, etc.), constituyendo lo que se llama
monopolios estatales. Fuera de esas actividades excepcionales integrantes
de la monopolizaci6n del Estado, ninguna otra funci6n es susceptible de
constituir un monopolio desde el punto de vista constitucional. Por ende, el

414 LAS GARANTfAS INDMDUALES
Estado, única y exclusivamente en ejercicio de aquéllas, puede asumir el aspecto
de monopolizador e impedir que cualquiera otra entidad o individuo
desempeñe las funciones que a él reserva la Ley Fundamental.
La exención de un impuesto, hemos dicho, es otra medida que la Constitución
toma para proteger la libre concurrencia. Pues bien, esta garantía
encuentra en el propio artículo 28 constitucional salvedades importantes.
De acuerdo con tal precepto, las autoridades pueden acordar, a título de
privilegio, verbigracia, la exención de impuestos por un tiempo determinado
a los inventores o perfeccionadores de algún aparato o procedimiento
industrial, tal como sucede en la práctica, en la que el Ejecutivo suele
autorizar dicha exención a las actividades que sean totalmente nuevas o
necesarias para el fenómeno industrial del país, de conformidad con la legislación
secundaria respectiva.
Por otra parte, los privilegios que por determinado tiempo se conceden
a los autores y artistas, inventores y perfeccionadores, la Constitución los
instituye también como excepciones a la libre concurrencia. De acuerdo
con tales privilegios, consignados tanto en la Ley Federal Sobre el Derecho
de Autor, por lo que toca a la propiedad artística y literaria, como en la
Ley de Propiedad Industrial, por lo que a esta materia se refiere, constituyen
en realidad salvedades al principio general de la libre concurrencia,
debido a que imposibilitan o impiden a cualquier persona, que no sea el
autor, el artista, el inventor o el perfeccionador, realizar actividad alguna
en relación con las obras e inventos de que se trate, salvo los casos expresamente
establecidos por los mencionados ordenamientos.
2. Además de las garantías antes citadas a la libre concurrencia, el
artículo 28 constitucional impone al Estado, por conducto de sus órganos
legislativos y no legislativos, la obligación de dictar y ejecutar disposiciones
y providencias tendientes a asegurar dicha libertad. Así, en el mencionado
precepto de la Ley Fundamental se establece que "la ley castigará severamente
y las autoridades perseguirán con eficacia: a) toda concentración
o acaparamiento en una o pocas manos de los artículos de consumo necesario
y que tenga por objeto obtener el alza de precios; b) todo acto o
procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción,
industria o comercio, o servicios al público; e) todo acuerdo o
combinación, de cualquier manera que se haga, de productores, industriales,
comerciantes y empresarios de transportes o de algún otro servicio, para
evitar la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios
exagerados, y d) en general todo lo que constituya una ventaja exclusiva
indebida á favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio
del público en general o de alguna clase social". El Código Penal, acatando
la .disposición constitucional que impone a las autoridades estatales la mencionada
oblización zcnérica, traducida en los objetivos indicados. ha con-

416 LAS GARANTÍAS INDlVIDUALES
reservan, que acaparan. El fin de un monopolio consiste, pues, en el ejercicio
exclusivo y excluyente de una determinada función en beneficio de
un sujeto o de un grupo de sujetos determinados. Por el contrario, una
asociación profesional, bien sea de obreros o de patrones, no tiene ese fin,
esto es, no tiende a excluir a ninguna persona moral o física del desempeño
de ninguna actividad, sino que su objetivo esencial radica en defender o
proteger la situación económica y social de sus miembros mediante el mejoramiento
de sus condiciones.
El propio articulo 28 constitucional no reputa monopolios a "las asociaciones
o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de
sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados
extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente
de riqueza de la región en que se produzcan, y que no sean artículos
de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo la vigilancia
o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización
que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso".
La no conceptuación de dichos organismos como monopolios es también
evidente, si se atiende a la finalidad que persiguen y a las consecuencias
que se derivan de su funcionamiento y existencia. En efecto, las sociedades
cooperativas de producción tienen Como fin genérico y común la repartición
equitativa y proporcional de los rendimientos y utilidades que su ejercicio
social produzca, eliminando la distinción entre patrones y trabajadores.
El funcionamiento de una sociedad cooperativa no impide que cualquier
otra entidad moral o cualquier persona fisica se dedique a la misma actividad
económica a la que dicho organismo jurídico se entrega; por tanto,
ni desde el punto de vista de la finalidad perseguida por las sociedades caoperativas,
ni atendiendo a las consecuencias que su existencia y funcionamiento
engendran, puede afirmarse que constituyan un monopolio, ya que
el objeto y los efectos de éste son completamente diferentes de Jos que atañen
a las indicadas personas morales.
4. Por lo que concierne a su aspecto histórico, la libre concurrencia
ha experimentado una evolución paralela a la de la libertad de trabajo.
En vista de ello, sena superfluo reiterar lo que expusimos al hacer la referencia
histórica a la segunda de dichas libertades especificas, por lo que
nos remitimos a las consideraciones que en aquella ocasión formulamos.
Debemos subrayar la circunstancia de que, no obstante que la libertad de
trabajo es el supuesto indispensable de la libre concurrencia Como fenómeno
económico, el desmedido y desenfrenado ejercicio de aquélla, a raíz de la
Revolución francesa, hizo en la realidad nugatoria a la segunda. Si bien
la libertad de trabajo estaba declarada en la ley como derecho del hombre
oponible a toda autoridad, en la práctica su desempeño dependía de condiciones
reales de desigualdad en que los diversos grupos sociales y econ6-

GARANTfAS DE LIBERTAD 417
micos se encontraban. Todo hombre tenía la misma oportunidad juridica
de desempeñar cualquier trabajo que le acomodara; sin embargo, sólo los
poderosos, los detcntadores de los medios de producción, podían aprovecharla.
Si bien a principios del liberalismo e individualismo de hecho existió
un régimen de libre concurrencia, merced a éste se fue eliminando de
la vida económica a los pequeños productores. La fábrica, que por su naturaleza
misma de productividad gozaba de una situación favorable en los
mercados, fue aniquilando el taller. Desaparecidos los sistemas de pequeña
producci6n, se formaron los "trusts" o "cartels", que, si en un principio
tuvieron como cuna la libre concurrencia, acabaron por destruir a ésta, al
impedir que toda persona moral o física que no perteneciera a ellos, se
dedicase a la actividad que dsplegaban, Fue así como surgió el régimen
del absorbente capitalismo que colocó a los trabajadores asalariados, antes
pequeños productores, en deplorable condición económica. En síntesis, la
libre concurrencia, desarrollándose sin barrera alguna, sin previsión de algunas
de sus consecuencias necesarias, como los monopolios o la absorción
de los débiles por los fuertes, es un fenómeno que perjudica a la economía
nacional y particular. Por ello, estimamos del todo plausible las prohibícioncs
que para su forroación y funcionamiento establecieron las Constituciones
de 57 y vigente en su respectivo artículo 28.
A manera de mera referencia de antecedentes debemos decir que en la Novlsima
Recopilación de las Leyes de España se prohibieron "los conciertos, ligas
y monopolios" entre personas para "no vender ni contratar aquellas cosas.
que son de su trato" sin que los recaudadores de las rentas reales les hicieran
reducciones en los impuestos (ley XII, título XII, que reprodujo la orden
de Felipe II dada el año de 1566); en la Constitución española de 1812 se prohibió
al rey "conceder privilegio exclusivo a persona o corporación alguna"
(art. 178, párrafo noveno); la Constitución Federal de 1824 otorgó al Congreso
facultad para conceder "derechos exclusivos a los autores por sus respectivas
obras" {art. 50, frac. I); en las Bases Orgánicas de 1843 se estableció
como obligación del presidente "Conceder privilegios exclusivos conforme a
las leyes a los inventores, introductores o perfeccionadores de algún arte o industria
útil a la nación" (art. 87, frac. XXVII).
b) Los servicios PÚblicos y el articulo 28 constitucional. Este precepto,
según lo hemos afirmado, dispone que la ley castigará severamente
y las autoridades perseguirán con eficacia todo acto o procedimiento que
evite o tienda a evitar la libre concurrencia en los servicios al público. Se
presenta, pues, el problema de si la libre concurrencia debe operar jurídicamente
en los llamados servicios públicos, problema que, a su vez, plantea
otra cuestión presupuesta!, como es la consistente en determinar si es
lo mismo "servicio público" que "servicio al público".
Para dilucidar dichos tópicos es imprescindible que nos refiramos al concepto
o noción de "servicio público".

41B LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
Doctrinariamente, la noción de "servicio público" ha suscitado diferentes
definiciones y conceptos entre los tratadistas de Derecho Administrativo.
Hay temías, como la de la escuela de Duguit, denominada realista, que
consideran como servicio público toda actividad del Estado cuyo, cumplimiento
debe ser asegurado, reglado y controlado por los gobernantes.
[éze afirma que la administración, para satisfacer necesidades de carácter
general, emplea dos procedimientos: uno de derecho privado y otro de
derecho público. El primero es el que USan los particulares cuando dan satisfacción
a las necesidades colectivas y el segundo, que expresa el servicio
público, se contiene en reglas jurfdicas especiales que tienen por objeto facilitar
el funcionamiento regular y continuo de dicho servicio, dando lo
más rápida y completamente posible satisfacción a las necesidades de interés
general?"
Posada estima que el servicio público "contiene la nación más definida,
intensificada y dinámica del bien público, como cosa distinta del interés
particular, o como conjunto de necesidades públicas y en cuanto a la satisfacción
de éstas se reputa función de la administración".'"
H auriou sostiene que el servicio público es "un servicio técnico prestado
al público de una manera regular y continua para la satisfacción de una
necesidad pública y por una organización pública".'"
Presutti asevera que el servicio público propiamente dicho es aquel que
desempeña un órgano del Estado directamente o por medio de concesionarios,
diverso del servicio que atienden los particulares para el uso de todos los
habitantes indistíntamente.?"
Bielsa señala como elemento del servicio público Su realizaci6n por la
administración pública directa o indirectamente .""
Vil/égas Basaoilbaso considera también como elemento del servicio público
su prestación directa o indirecta (mediante concesiones) por la administración
pública. "Este elemento, dice, excluye las actividades de los
particulares que satisfacen necesidades colectivas."'"
Paul Duez y Guy Debeyre asientan que: "Crear un servicio público es
decidir que la satisfacción de una necesidad renacida como de interés
general debe ser obtenida por el procedimiento de servicio público, que
implica la empresa administrativa de desempeñar al público las prestaciones
necesarias." 282
Fraga identifica los servicios públicos con las atribuciones del Estado,
al afirmar que: "El servicio público sólo habrá de referirse a formas especiales
de org-anización para realizar una de las atribuciones del EstaÓXJ."·os
216 Les Príncipes Généraux du Droit Administratií, T. II, págs. 2 y siga.
2T'l Tratado de Derecho Administrativo, T. 1, págs. 268 y aigs.
218 Précís de Droit Administratif. pág. 44.
210 l stituzioni de Diritto Administrativo Italiano. T. 1, pág. 203.
280 Principios de Derecho Administrativo, págs. 42 y siga.
251 Derecho Administrativo, T. III, pág. 50.
282 Traité de Drois Administratíi, pág. 536.
283 Derecho Administrativo, Ed. 1934, pág. 15.

GARANTÍAs DE UBERTAD 419
De los diferentes conceptos que la doctrina ha elaborado sobre la noción
de "servicio público", se pueden deducir los siguientes elementos que integran
su implicación o consistencia jurídica, a saber: a) La existencia de
una necesidad colectiva; b) Que esta necesidad se satisfaga, de manera
continua y regular, por la actividad del Estado, bien sea que éste la desempeñe
directamente por conducto de sus órganos o bien indirectamente
a través de establecimientos públicos'creados por él (organismos descentralizados,
v. gr.), o de concesionarios particulares.
Tal como lo considera la doctrina, y entre ella la teoría de jeze sobre
todo, para la creación de un servicio público es menester una ley en sentido
formal y material, que atribuya al Estado o a los órganos estatales la
facultad o la obligaci6n de desempeñarlo para la satisfacción de una necesidad
social, previendo o no su concesibilidad. De esta guisa, por un acto
legislativo se segrega de la esfera de los .partículares la actividad que se
repute servicio público, adscribiéndola a la entidad estatal. De ello se infiere
que para estimar a una actividad como servicio público, se requiere
que su desempeño se impute legalmente al Estado, es decir, que éste realice,
directa o indirectamente (en este último caso mediante concesión) las prestaciones
en que dicha actividad se traduzca. .
Por el contrario, cuando el desempeño de una actividad no corresponda
normativamente al Estado, sino que sea susceptible de desplegarse por
los particulares, tal actividad no configura un servicio público propiamente
dicho, aunque tienda a satisfacer necesidades colectivas o a realizarse en
beneficio de la sociedad y de sus miembros componentes en número ilimitado.
En esta hip6tesis, se estaría en presencia de un caso de seruicio al
público, que es distinto del servicio público.
En nuestro régimen 'jurídico se diferencian con claridad el 8CfVlClO al
público o actividad de interés público, del servicio público estricto. Existe
un principio de derecho, erigido a la categoria de garantía constitucional
(art, 16), que enseña que los órganos estatales sólo pueden hacer lo que
la ley les autorice y que los particulares pueden desempeñar todo acto
que la ley no les prohíba. Por consiguiente, toda actividad que constitucional
o legalmente no. se atribuya por modo exclusivo al Estado, es susceptible
de realizarse por los gobernados, en ejercicio de la libertad de trabajo que
consagra el artículo 5 de nuestro Código Fundamental. Ahora bien, si esa
actividad se vincula con un interés social, el Estado debe regularla para
preservarlo, exigiendo determinados requisitos para autorizar. su desempeño.
De ahí que se distinga con nitidez la autorización, permiso o licencia para
una actividad, de la concesión para realizar un servicio público. En el primer
caso, la actividad corresponde, por derecho propio y conforme a la
libertad de trabajo, al particular, estando su ejercicio condicionado al cumplimiento
de ciertos requisitos que fija el Estado para que dicha actividad
no lesione los intereses sociales; en cambio, en el segundo caso, la acti-

4-20 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
vidad pertenece a la entidad estatal, pudiendo delegar su desempeño (concesi6n)
a los particulares.
En síntesis, hay servicio púhlico, cuando la actividad en que éste se
traduzca, se impute constitucional o legalmente al Estado para satisfacer
regular y continuamente una necesidad colectiva; por el contrario, no se
tratará de un servicio público, sino de un "servicio al público", en la hip6tesis
de que la actividad respectiva no se atribuya por la Constituci6n o
por la ley al Estado, teniendo el derecho los particulares de realizarla en
ejercicio de la libertad de trabajo, cumpliendo los requisitos que al efecto
se señalen legal O rcglamentariamente.v"
De las consideraciones anteriormente expuestas, se llega a la conelusi6n
de que la prohibici6n de monopolios y, consiguientemente, la libre concurrencia
tratándose de servicios, 0010 son operantes en relaci6n con los llamados
"seroicios al. público", pero no en ]0 que 'respecta a los "seruicios
públicos" propiamente dichos. Éstos, como se desprende de las ideas anteriormente
expuestas, son inherentes a la actividad del Estado, sin que los
particulares tengan, por sí mismos, y en su calidad de tales, la potestad
jurídica de desempeñarlos, lo que 0010 pueden hacer a través de un régimen
de concesión.
c) Critica al precepto. El articulo 28 constitucional es uno de los
preceptos de nuestra Ley Fundamental que con más urgencia requiere una
reivindicaci6n filosófica y una revisi6n desde el punto de vista econ6mico y
social, pues su estricta observancia obstaculiza cualquier actividad gubernativa
que en el orden legislativo y administrativo pudiera desplegarse para
prevenir o remediar los trastornos económicos que, como fenómenos naturales,
produce la libre concurrencia cuando se desarrolla irrestrictamente.
Dicho precepto no se justifica desde el ángulo fil0s6fico-jurídico en los términos
mismos en que está concebido; ni es id6neo, bajo el mismo aspecto, para
"constitucionalizar" -valga la expresi6n- o legitimar desde el punto de
vista constitucional la injerencia estatal en las actividades econ6micas de diferente
tipo que desplieguen los gobernados a prop6sito del ejercicio de la
citada libertad individual pública.
En efecto, la crítica -en el propio sentido del concepto-- que se enfoque
contra el articulo 28 constitucional plantea por modo lógicamente
previo la cuesti6n general que consiste en la dilucidaci6n del alcance o extensi6n
normativos que debe tener todo precepto en que se consigne una
garantía individual frente a la persona humana, por una parte, y frente
a la sociedad o colectividad, por la otra. En otras palabras, siendo de la
esencia reguladora de la Constituci6n, como de cualquier ordenamiento,
2M El criterio de que una de las notas distintivas del servicio público es su prestación
por el Estado, ha sido acogido por la Suprema Corte, según se advierte de las ejecutorias
que aparecen publicadas en los tomos LXXXVI, pág. 2,090 Y LXXXIX, pág. 3,795, del
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época.

GARANTÍAS DE LmERTAD 421
normar las relaciones sociales, es decir, los múltiples y diversos vínculos que
se entablan dentro del seno de la convivencia humana, principalmente entre
dos de sus componentes primordiales, como son, el índividuo y la colectividad
misma, y existiendo la posibilidad, muy frecuente por cierto, de
que los intereses de ambos sean opuestos, ¿cómo debe la norma jurídica,
sín afectar substancialmente las respectivas esferas de dichas dos entidades
sociales, establecer entre ellas una ordenación adecuada que tienda a la
armonía o compatibilización de los expresados intereses? ¿Cómo debe concebirse
constitucionalmente una garantía individual para que el precepto
en que se instituya cumpla con el objetivo deontológieo de toda norma de
derecho?
Dando por supuesta la idea que comparten todos los espíritus dignos de
que el hombre es naturalmente libre, es decir, de que la libertad es un
elemento inseparable de la personalidad humana -lo cual demostramos
en otra ocasión_,2815 y tomando en consideración, por otra parte, la tesis
prolijamente aceptada desde Aristóteles hasta nuestros días, en el sentido
de que el individuo no vive aislado, sino en constante relación con sus semejantes,
con los cuales forma la sociedad, que a su vez tiene intereses
propios, diferentes y hasta opuestos a los de la persona en particular, surge
la importante cuestión que estriba cn determinar cómo debe el Derecho y
especialmente la Constitución, a través de sus-distintos preceptos, regulardichos
dos órdenes de intereses, estableciendo entre ellos una verdadera armonía
y respeto recíproco, sin incidir en radicalismos peligrosos y exeluyentes
que proclamen, como lo hacía la Ley Fundamental de 1857, al individuo
como el fin de las instituciones sociales, o que exalten a la colectividad
como absorbente y aniquiladora de la persona humana.
Los problemas anteriormente apuntados los abordamos en la introducción
de esta obra, permitiéndonos reproducir algunas consideraciones que
ya hemos expuesto.
Existen dos realidades sociales incontrovertibles: la potestad libertaria
de que cada sujeto es titular como factor indispensable para que consiga
su finalidad vital, y la necesaria restricción, impuesta normativamente por
el Derecho, como consecuencia de la ineludible regulación de las relaciones
sociales que cada miembro de la comunidad entabla con sus semejantes.
En otras palabras, esas dos realidades suscitan el fenómeno de afrontación
entre la autonomía de la persona humana, revelada en su capacidad de
forjar fines vitales y de escogitar los medios para su realización, y la heteronomia
o imperatividad del orden jurídico. En consecuencia, ¿cómo pueden
coexistir la potestad libertaria del hombre y el Derecho, que en esencia
es nonnaci6n, es decir, limitación de la conducta humana?
La. causa final prístina del orden jurídico en una sociedad estriba en
regular las muy variadas relaciones que se entablen en el seno de la con-
2Sr, Véase la introducci6n.

422 LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
vivencia humana. Estaregulaci6n se establece por modo imperativo, de (al
suerte que las normas de conducta que la constituyen rigen sobre o contra
la voluntad de los sujetos a los cuales se aplican. Sin embargo, desde un
punto de vista deontol6gico, la capacidad normativa del Derecho no es
absoluta, esto es, el orden jurídico no está exento de barreras infranqueables
al consignar las reglas de conducta humana que integran sus diversos
ámbitos de normaci6n, barreras que, pese a los jus-naturalistas, no son a
su vez juridicas, sino que se traducen en exigencias éticas o filosóficas que
hacen que el Derecho Positivo no sea el injustum jus de los romanos. Ahora
bien, la ley o la costumbre, y principalmente la primera, deben necesariamente
reconocer y respetar una esfera mínima de actividad individual, permitiendo
al sujeto el ejercicio de su potestad libertaria tendiente al logro
de sus fines vitales. Sin esta restricci6n ética al impulso jurídico de regulaci6n
positiva, se eclipsaria totalmente la personalidad humana como entidad
auto-teleol6gica para convertirla en un simple medio al servicio del poder
legal ejercitado por los órganos de autoridad en quienes esté depositada la
facultad de elaborar las leyes. Si el Derecho, como punto conjunto normativo,
no respetara la esfera minima de actuaci6n individual ha jo sus distintos
aspectos, se entronizaría en la sociedad la autocracia más execrable
y el régimen más odioso de a-individualismo. En sintesis, el contenido de
la norma juridica fundamental debe radicar precisamente en la regulaci6n
de las relaciones entre los hombres, esto es, debe encauzar aquel aspecto de
su actividad que implique relaciones y juego de intereses reciprocas, bien
de particulares entre si, o entre éstos y los sociales, o viceversa. De esta guisa,
cualquier régimen estatal sería respetable y respetado, pues estaría basado
en la dignidad y en la libertad natural de la persona humana. Pero, además
de la entidad individual, existen en el seno de la convivencia humana
esferas de intereses que pudiéramos llamar colectivos, es decir, intereses que
no se contraen a una sola persona o a un número limitado de sujetos, sino
que conciernen a la sociedad en general o a una cierta mayoría social
cuantitativamente indeterminada. Frente al individuo, pues, se sitúa el grupo
social; frente a los derechos de aquél, existen los derechos sociales. Estas
dos realidades, estos dos tipos de intereses aparentemente opuestos reclaman,
por ende, una compatibilizaci6n, la cual debe realizarse por el propio
orden jurídico de manera atingente para no incidir en extremismos peligrosos.
Esta tendencia deontol6gica del orden jurídico, que afortunadamente
se acoge por nuestra Constituci6n en diversos preceptos que instituyen sendas
garantias individuales -y de los cuales debe excluirse el articulo 28
por las razones que más adelante expondremos--, se ha perfilado en la
evolución ideo16gico-politica de la humanidad. Asi, a titulo de reacción
contra el sistema absolutista, Que consideraba al monarca como el deposí-

GARANTiAS DE LIBERTAD 423
tario omnímodo de la: soberanía del Estado, los sociólogos y politicos del
siglo XVID, en Francia principalmente, tales como Voltaire, Rousseau, Diderot,
etc., observando las iniquidades de la realidad, elaboraron doctrinas
que preconizaban la igualdad humana.. Como contestación a la insignificancia
del individuo en un Estado absolutista, surgió la corriente jurídicofilosófica
del jusnaturalismo (aun cuando en épocas anteriores, desde el
mismo Aristóteles, a través de la filosofía escolástica y hasta los pensadores
del siglo XVII, ya se había hablado de un derecho natural) que proclamó
la existencia de derechos congénitos al hombre superiores a la sociedad.
Tales derechos deberían ser respetados por el orden jurídico, y es más,
deberían constituir el objeto esencial de las instituciones sociales, idea que
prohijaron entre nosotros los Constituyentes de 1856-1857. El jusnaturalismo,
por ende, exaltó a la persona humana hasta el grado de reputarla coma
entidad suprema en la sociedad, en aras de cuyos intereses debería sacrificarse
todo aquello que implicara una merma o menoscabo para los mismos.
De esta guisa, los diversos regimenes jurídicos que se inspiraron en
la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789, eliminaron todo lo que pudiera obstruccionar la seguridad y eficacia
de los derechos naturales del individuo, forjando una estuctura normativa
de las relaciones entre gobernantes y gobernados con un contenido eminentemente
individualista y liberal. Individualista, porque, como ya dijimos,
consideraron al individuo como la base y fin esencial de la organización
estatal; y liberal, en virtud de que el Estado y sus autoridades deberían
asumir una conducta de abstención en las relaciones sociales, dejando a
los sujetos en .posibilidad de desarrollar libremente su actividad, la cual
sólo era susceptible de limitarse por el poder público cuando el libre juego
de los derechos de cada gobernado oríginara conflictos personales. Fiel a
la idea de no obstaculizar la actuación de cada miembro de la comunidad,
el liberal-individualismo proscribió todo fenómeno de asociación, de coalición
de gobernados para defender sus intereses comunes, pues se decía que
entre el Estado como suprema persona moral y política y el individuo, no
deberían existir entidades intermedias.
Como toda postura extremista y radical, el liberal-individualismo incidió
en errores tan ingentes, que provocaron una reacción ideológica tendiente
a concebir la finalidad del Estado en un sentido claramente opuesto.
Los regímenes liberal-individualista proclamaron una igualdad teórica o
legal del individuo; asentaban que éste era'igual ante la ley, pero dejaron
de advertir que la desigualdad real era el fenómeno inveterado que patentemente
se ostentaba dentro del ambiente social. No todos los hombres estaban
colocados en una misma posición de hecho, habiéndose acentuado
el desequilibrio entre las capacidades reales de cada uno merced a la proe1amación
de la igualdad legal y del abstencionismo estatal. El Estado, obedeciendo
al principio liberal clásico de laissez faire, laissez paser, tout va

424 LAS GARANTÍAS INDMDUALES
de lui-méme, dejaba que los hombres actuaran libremente, teniendo su
conducta ninguna o casi ninguna barrera jurídica; las únicas limitaciones
a la potestad libertaria individual eran de naturaleza eminentemente fáctica.
De esta manera, era más libre el sujeto que gozaba de una posición
real privilegiada, y menos libre la persona que no disfrutaba de condiciones
de hecho que le permitieran realizar sus actividades conforme a sus intenciones
y deseos. Al abstenerse el Estado de acudir en auxilio y defensa de
los fácticamente débiles, consolidó la desigualdad social y permitió tácitamente
que los poderosos aniquilaran a los que no estaban en situación de
combatir a éstos en las diversas relaciones sociales. Tratar igualmente a los
desiguales, que es la tendencia a la igualdad jacobina y, por tanto, falsa,
fue el gravísimo error en que incurri6 el liberal-individualismo como sistema
radical de estructuraci6n jurídica y social del Estado-.
Las consecuencias de hecho que de tal régimen se derivaron, fueron
aprovechadas para la proclamación de ideas colectivistas, al menos en el
terreno económico, manifestándose abiertamente opuestas a las teorías individualistas
y liberales. El individuo, según el colectivismo, no es ni la única
ni mucho menos la suprema entidad social. Sobre los intereses del hombre
en particular existen intereses de grupo que deben prevalecer sobre los
primeros. En caso de oposición entre la esfera individual y el ámbito colectivo,
es preciso sacrificar al individuo, que no es, para las ideas colectivistas,
sino una parte del todo social cuya actividad debe realizarse en
beneficio de la sociedad. Como ésta persigue fines específicos, los objetivos
individuales deben ser medios para realizarlos, dejando de ser la persona
humana, por tal motivo, un auto-fin, para convertirse en un mero conducto
de consecuci6n de las finalidades sociales, variables según el tiempo y el
espacio y de hecho impuestas por gobiernos ocasionales. Al individuo, por
ende, le está prohibido. desplegar cualquier actividad que no sólo sea
opuesta, sino diferente, de aquella que se estima en el colectivismo como
idónea para lograr tales fines sociales específicos.
Las tesis extremistas que pretenden establecer ideas orientadoras de la
finalidad del Estado y del orden juridico, como el liberal-individualismo
y el colectivismo, basadas en una observación parcial de la realidad social,
necesariamente incuban una ideologia sintética a la manera hegeliana, que,
admitiendo y rechazando respectivamente los aciertos y errores radicales de
la tesis y de la antitesis, se integra con un contenido ecléctico que atingentemente
explica y fundamenta la posición de las entidades individuales
y de la social como elementos que deben coexistir y ser respetados recíprocamente.
En tal ideologia sintética estriba la deontología del orden jurídico
y, en especial, de los preceptos que consagran las garantías individuales,
las cuales, de esa guisa, se apartan de la tendencia liberal clásica, consistente
en concebirlas exclusivamente a través de los intereses puramente individuales.
Ahora bien, ,cómo se revela dicha síntesis?

GARANTÍAs DE LIBERTAD 425
Es indiscutible que e! hombre está dotado de una capacidad natural para
procurar su felicidad, cuyo contenido se integra con fines vitales que él mismo
forja, seleccionando libremente, en consecuencia, los conductos que repute
id6neos para la consecuci6n de dichos objetivos. Siendo la libertad, bajo
tales auspicios, un factor consubstancial de la personalidad de! hombre, e!
orden jurídico debe reconocerla a través de sus múltiples derivaciones específicas,
garantizando una esfera mínima de acci6n en favor del gobernado
individual. De esta manera, e! derecho, desde el punto de vista de su
deontología, significa la permisi6n, que su orden debe establecer, en el
sentido de tolerar al gobernado el desempeño de su potestad libertaria a
través de variadas manifestaciones especiales que se consideran como medios
indispensables para la obtenci6n de los fines vitales particulares: libertad
de trabajo, de expresi6n del pensamiento, de rcuni6n y asociaci6n,
de comercio, etc. De esta suerte, las diferentes potestades de la libertad individual
natural, de simples fenómenos fácticos, se erigen, por el Derecho
Objetivo y en acatamiento de principios derivados de la naturaleza del ente
humano, en derechos públicos subjetivos.
Sin embargo, tal permisión no debe ser absoluta, ya que el Derecho,
como esencialmente normativo, al regular las relaciones sociales, forzosamente
limita la actividad de los sujetos de tales vínculos. Por ende, para
mantener la armonía dentro de la sociedad y evitar que ésta degenere en
caos, el orden jurídico debe prohibir que la desenfrenada libertad individual
origine conflictos entre los miembros del todo social y afecte valores
o intereses que correspondan a la colectividad, en la inteligencia de que tal
prohibición debe determinarse por e! Derecho, atendiendo a diversos factores
que verdaderamente y de manera positiva la justifiquen. En consecuencia,
todo régimen jurídico, al consignar la pcnnisi6n de un mínimo
de actividad individual, correlativamente. tiene que establecer limites o restricciones
al ejercicio absoluto de ésta para mantener el orden dentro de la
sociedad y preservar los intereses de la misma o de un grupo social determinado.
En este sentido, pues, el orden jurídico debe propender a restringir
el desempeño ilimitado de la potestad libertaria del sujeto, siendo bajo esta
tesitura eminentemente prohibitiuo.
Pues bien, además de las esferas juridicas individuales existen ámbitos
sociales integrados por los intereses de la colectividad, por lo que el sujeto
no es ni debe ser el único y primordial pupilo del orden jurídico. El individuo
debe desempeñar su actividad, no sólo enfocándola hacia el logro
de su felicidad personal, sino dirigiéndola al ejercicio de funciones sociales.
El hombre no debe ser la persona egoísta que exclusivamente vele por sus
propios intereses. Al miembro de la sociedad, como tal, se le impone el deber
de actuar en beneficio de la colectividad bajo determinados aspectos,
imposición que no debe rebasar, en detrimento del sujeto, ese mínimo de
potestad libertaria que sea el factor indispensable para la obtenci6n del

426 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
bienestar individual, Es inconcuso que el orden juridico ha salido ya de los
estrechos limites que le demarcaba el sistema liberal-individualista, y ello
se revela patentemente en el concepto y función de la propiedad privada, la
que ya no es un derecho absoluto bajo la idea romana, según la cual el
propietario estaba facultado para usar,·disfrutar y abusar de la cosa, sino
un elemento que debe emplear el dueño para desplegar una función social,
cuyo no ejercicio o indebido uso origina la intervención del Estado, traducida
en diferentes actos de imposición de modalidades o, inclusive, en la
expropiación. Por tanto, bajo este otro aspecto, el orden juridico debe válidamente
imponer al gobernado obligaciones que Duguit llama "individuales
públicas", puesto que las contrae el sujeto en favor del Estado o de
la sociedad a que pertenece. Es evidente que la imposición de tales obligaciones
debe tener como límite ético el respeto de la esfera mínima de actividad
del gobernado, a efecto de no imposibilitar a éste para realizar su
propia finalidad vital, pues si la tendencia impositiva estatal fuese irrestricta,
se rebajaria a la persona de la categoria de ente auto-teleológico y se
gestarían regímenes autocráticos que necesariamente generan la desgracia
de los pueblos, al hacer incidir a sus componentes individuales en la infelicidad.
Según aseveramos con antelación, la verdadera igualdad que debe establecer
el Derecho se basa en el principio que enseña un tratamiento igual
para los iguales y desigual para los desiguales. El fracaso del liberal-indivídualísmo
clásico, tal como se concibió en la ideologia de la Revolución
francesa, obedeció a la circunstancia de que se pretendió instaurar una
igualdad teórica, desconociendo las desigualdades reales, lo que originó en
la práctica el desequilibrio social y económico que incrementó las ideas colectivistas.
Pues bien, como el establecimiento de una igualdad real es un
poco menos que imposible de lograr, la norma juridica debe facultar al
poder estatal para intervenir en las relaciones sociales, principalmente en
las de orden económico, a fin de proteger a la parte que esté colocada en una
situación de desvalimiento.
El desiderátum consistente en implantar la igualdad real en la sociedad
no debe ser otra cosa que uno de los fines del orden juridico estatal y una
de las metas de la actividad gubernamental. Para ello es menester que
dicho objetivo se consume simultáneamente Con los demás que hemos apuntado,
de lo que se concluye que un régimen de derecho no debe fundarse
o inspirarse en una sola tendencia ideológica generalmente parcial y, por
ende, errónea, sino tener como ideario director todos aquellos postulados
o principios que se derivan de la observación exhaustiva de la realidad social
y que tienden a exaltar, en una adecuada armonía, tanto a las entidades
individuales como a los intereses y derechos colectivos.
Concretando las consideraciones que se acaban de exponer, podemos
afirmar las siguientes conclusiones que implican la deontología del orden

GARANTiAS DE UBERTAD 4-27
jurídico y, en especial, de los preceptos en que se consagran las llamadas
garantías individuales, a saber:
a) Frente al individuo, dicho orden debe reconocer o permitir las potestades
naturales libertarias del sujeto en la medida indispensable para que
éste conserve su calidad de auto-fin, es decir, para que logre o pueda lograr
SUS fines vitales.
b) El orden jurídico debe prohibir o limitar la actividad individual en
aquellos aspectos que perjudiquen o dañen a la sociedad o a otros sujetos
de la comunidad.
c) Dicho orden debe imponer al gobernado dctenninadas obligaciones
cuyo cumplimiento redunde en beneficio social.
d) Frente a los. intereses colectivos el orden jurldico debe autorizar la
intervención del poder público en las relaciones sociales para preservar a
la comunidad o a los grupos desvalidos, con tendencia a procurar una igualdad
real, al menos en la esfera económica.
Claro está que entre estas finalidades deontológicas del orden jurídico
debe imperar un justo equilibrio, de tal manera que no se menoscabe esencialmente
ninguna de las esferas reales cuya subsistencia y garantía se
pretenda. Cuando dicha justa armonia no se logra, el régimen del Estado
degenera en extremismos absurdos, pues si se desconocen los intereses colectivos,
si se considera, como lo hizo el liberal-individualismo, que el hombre
en 'particular es la base y el objeto de las instituciones sociales, se propicia
la--gcstaCión -de uña desigualdad portentosa; a la par que, por' el contrario,
si se erige a la entidad social en el factótum de la teleología jurídica,
se desconocería al individuo su carácter de persona y se le colocarla en la
indigna e inhumana posición de célula incondicional de un organismo todopoderoso.
Por otra parte, fijar hasta qué punto debe el orden jurídico limitar la
actividad y la esfera de los particulares y hacer prevalecer frente a éstos
los intereses y derechos sociales, es un problema muy complejo que no es
posible resolver a priori. Sólo nos es dable afirmar, no a guisa de contestación,
sino como mera orientación para posibles soluciones a tal cuestión,
que la demarcación de las fronteras entre los diferentes objetivos del orden
jurídico nunca debe rebasar una órbita mínima de subsistencia y desenvolvimiento
de la entidad individual y de la entidad social. Dicho de otra
manera, en el afán dc proteger auténticos intereses de la sociedad, bajo el
deseo de establecer en el seno de la misma una verdadera igualdad real
mediante un intervencionismo estatal en favor de los grupos humanos desvalidos,
no se debe restringir a tal grado el ámbito de la actividad de la
persona individual que impida a ésta realizar sus propios objetivos vitales.
Ahora bien, como los intereses sociales, como las exigencias privativas de
cada Estado, como las deficiencias, vicios y errores que se deban corregir
en cada régimen históricamente dado para procurar el bienestar y el pro-

4-28 LAS GARATÍAS INDIVIDUALES
greso -de un pueblo, varían por razones temporales y espaciales, es evidente
que no puede aducirse un contenido universal o absoluto de las finalidades
específicas de! orden jurídico. Por ende, para fijar dicho contenido hay que
atender a una multitud de factores propios de cada nación, sobre todo a su
realidad social específica; pero respetando siempre, sin embargo, la órbita
mínima de desenvolvimiento libre de las entidades individuales y colectivas,
a efecto de no degenerar en extremismos que no conducen sino a la desgracia
o infelicidad individual y social.
Como se advierte de la breve semblanza que acerca del artículo 28 de
la Ley Fundamental hemos hecho, su texto responde a la postura permisiva
en que debe colocarse toda norma jurídica, principalmente la constitucional,
al reconocer en favor de todo gobernado, sea persona física o moral,
su potestad libertaria tendiente a concurrir, en la industria o en e! comercio,
con todos los sujetos que dentro de la sociedad desarrollen una misma
actividad económica. Pero, por otra parte, dicho precepto hace caso omiso
de los intereses auténticamente sociales que pudieren verse lesionados mediante
e! ejercicio extremo, excesivo o desenfrenado de la libre concurrencia,
ya que las garantías de seguridad jurídica que instituye, y a las cuales
hemos aludido, sólo propenden a preservar al illdividuo en particular en
e! desempeño de dicha libertad, al autorizar la remoción de lodos los obstáculos
que pudieran impedirla o menoscabarla; y si en e! articulo 28
constitucional se emplea la locución "perjuicio del público en general o de
alguna clase social", es para indicar la tendencia de la legislación secundaria
y de la actividad administrativa hacia la abolición de las "ventajas
exclusivas indebidas" a favor de una o varias personas que afecten, en detrimento
de otras, la consabida libertad.
Para contestar a la pregunta de si el articulo 28 constitucional debe facultar
al Estado para intervenir en e! libre juego de la concurrencia económica,
se debe responder previamente .a esta importante cuestión: ¿la
libre competencia, desarrollada ilimitadamente, es inocua :para lesionar a
la socíedad, o, por e! contrario, su ejercicio irrestricto puede causar daños
a los intereses sociales? De la solución que se brinde a este trascendental
problema dependen la conservación del articulo 28 de nuestra Constitución
en los términos en que actualmente está concebido o la reforma de su texto;
y si es suficiente considerar que el desempeño excesivo de cualquiera
libertad individual entraña una posibilidad de damnificación social, aunque
los perjuicios inherentes no se causen por modo actual o positivo, debe
concluirse necesariamente que cualquier precepto constitucional, tomando
en cuenta dicha posibilidad, debe contener, al menos, la declaración de que
el ejercicio de una potestad libertaria por parte del gobernado sólo es permitido
y únicamente protegido por el Derecho, cuando no afecte el interés
social. Pues bien, dicha declaración no la involucra el artículo 28 constitucional.
La situación en Que este precepto coloca al Estado frente a la

GARANTÍAS DE LIBERTAD 429
libre concurrencia se traduce ---eso SÍ, con razón- en que éste sea un per·
seguidor y castigador de todo aquello que evite o merme dicha libertad,
sin otorgarle, en cambio, ninguna facultad para intervenir en el ejercicio
de la misma con miras a preservar a la sociedad, cuando su desempeño excesivo
e ilimitado pueda producir trastornos en la economía pública. No es
lo mismo, por tanto, proteger el interés social mediante la tutela de la libre
concurrencia, que escudarlo contra el desarrollo desorbitado de ésta.
Rebasaría los límites de esta obra el tratamiento o estudio de los fenómenos
económicos que trae aparejado el desempeño irrestricto de dicha libertad;
pero insistimos, si no se acepta la idea de que en todo caso, por
modo absoluto e inexcepcional, la libre concurrencia siempre sea benéfica,
o, al menos, no perjudicial, para los intereses auténticos de la sociedad, debe
concluirse que, admitiendo la posibilidad contraria, como ya se dijo, el
artículo 28 constitucional debe estar concebido en términos de previsi6n y
prevención y, en su caso, de remedio, para los males o trastornos que pudieran
ocasionarse por el hecho de permitir que todo individuo se dedique
a una misma actividad productiva, industrial o comercial, cuando las necesidades
econ6micas que ésta tienda a satisfacer ya se encuentren colmadas.
Aun en épocas en que el liberal-individualismo enseñore6 a los regímenes
políticos y jurídicos, no faltó quien, como el jesuita Mateo Liberatore, a
fines del siglo pasado, al referirse a las ventajas de la libre concurrencia,
manifestara que con éstas "se mezclan males gravisimos, los cuales excusan
la antipatía de muchos y dan motivo a pensar si, en vez de libertad sin
limitaciones, sea preferible para la buena economía política una libertad
templada por leyes que impidan sus perniciosos excesos y la dirijan al verdadero
fin del hombre", agregando que: "La libre concurrencia es sin
duda favorable a la profusa y rápida producci6n, pero no así a la equítativa
distribuci6n. Sus defensores, procediendo de una manera abstracta, consideran
la riqueza por sí misma; pero olvidan al hombre a quien debe
servir la riqueza. Esa concurrencia libre tiende a acrecentar la fortuna del
rico, pero también a disminuir la suficiencia del pobre."'" Ahora bien,
concluirnos nosotros, como al Estado no le es dable intervenir en el juego
de la libre concurrencia para regular o equilibrar las exigencias de la economía
nacional con la capacidad productora de las distintas ramas de la
industria, principalmente, por vedárselo el artículo 28 constitucional, resulta
que todos los actos estatales, sean legislativos o administrativos, a través
de los cuales se pretenda obtener dicha regulaci6n o equilibrio, serian contrarios
al texto mismo de la mencionada disposición, como acontece frecuentemente.
El ejercicio exagerado de la libre concurrencia puede provocar diversos
fen6menos económicos que seria preciso prevenir o remediar. Así, dicha Ii-
286 Principios de Economía Política, págs. 235 y 236.

430 LAS GARANTiAS INDIVIDUALES
bertad, al excluir con todo acierto los monopolios no estatales, tiene como
finalidad, según se dijo, colocar al gobernado en situaci6n de competir con
sus semejantes en cualquiera rama industrial o comercial, por lo que, conforme
a ella, -a nadie puede vedarse que desempeñe una actividad económica
que ya se esté realizando por otros sujetos. En tal virtud, puede
suceder que en un determinado sector de la economía haya excesivos comerciantes
o industriales, circunstancia que, si bien es favorable en principio
para los intereses del público consumidor al originar el abatimiento de
los precios de las mercaderías, a la larga generarla ciertas crisis de sobre
producción o sobrecomercio, las cuales, cuando afectan importantes sectores
de la .economía nacional, redundarian indiscutiblemente en detrimento
de la sociedad, merced a la interdependencia que existe entre todos los factores
económico-sociales, Por otra parte, la excesiva libre concurrencia pe>dria
evitar que ciertos productos o materias primas se utilizaran en la fabricaci6n
de artículos que verdaderamente fuesen impulsores y vigorizadores
de nuestra economía, al suponerse fundamentalmente que' dichos productos
o materias primas sean empleadas en la elaboraci6n de mercancías que,
por SU propia naturaleza, no estén destinadas a la satisfacci6n de las necesidades
primarias del pueblo, como sucede, verbigracia, con los artículos
de lujo. Además, en el terreno crediticio, por ejemplo, la existencia excesiva
de empresas afianzadoras podria provocar serios colapsos en perjuicio
del público que utilice los servicios de las mismas en una variada gama de
operaciones mercantiles. En efecto, conforme a la legislación sobre instituciones
de fianzas, para que una compañía opere en este ramo mercantil
se requiere la autorización que al respecto otorgue la Secretaria de Hacienda,
previa la satisfacci6n, por parte de la sociedad peticionaria, de determinados
requisitos o condiciones, autorizaci6n que es concesible mediante
la facultad discrecional con que legalmente se inviste a dicha dependencia
federal. Podria darse el caso de que, contra la negativa a otorgar dicha
autorizaci6n, una o varias sociedades que pretendieran dedicarse a la expedici6n
de fianzas onerosas, acudieran a la vida de amparo alegando la
inconstitucionalidad del precepto de la ley correspondiente, por permitir
que la Secretaria de Hacienda discrecionalmente conceda o niegue la consabida
autorización con violación a la garantía de la libre concurrencia
consagrada en el artículo 28 de la Ley Fundamental, puesto que, a virtud
de la negativa que se combata, en realidad se estaria auspiciando un monopolio
en favor de las instituciones afianzadoras ya existentes. Ahora bien,
aplicando estrictamente dicho precepto constitucional, se Ilegaria a la conclusión
de que toda sociedad, cubriendo las condiciones señaladas en la ley
respectiva, debiera obtener la autorizaci6n para operar que pidiese a la Secretaria
mencionada; y de esta guisa, se podrian multiplicar indefinidamente
las empresas de fianzas, las cuales, para poder competir en el mercado correspondiente,
tendrían que abatir las primas perceptibles con motivo de la

,
432 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
mentaria del artículo 28 constitucional, que bajo dichos lineamientos generales
se elabore, no debe instituir en favor de las autoridades administrativas encargadas
de su aplicación, la mal entidad "facultad discrecional", rayana
en la arbitrariedad, cuando, por virtud de ella, el órgano del Estado a quien se
confiera pueda emitir su juicio contrariamente a elementos objetivos, o sea,
cuando haciendo caso omiso de éstos, dicha facultad no consista, como debiera
ser, en un régimen de derecho, en su apreciación subjetiva, prudente y lógica.
En resumen, y como corolario de las consideraciones que se acaban de ex­
.poner, estimamos que el texto del articulo 28 constitucional, conservando
sus propios términos, debe ser adicionado con la siguiente declaración:
"Toda persona puede concurrir libremente en la producción, industria o
comercio. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse, por las autoridades
que corresponda, cuando lesione el interés de la sociedad, en los términos que
marque la Ley Reglamentaria de este precepto." 286'"
IV. BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL
a) Somera referencia histórica. La educación pública en México ha
oscilado entre un régimen de libertad y un sistema de control estatal. Dentro
de la organización política y social de los aztecas existían dos instituciones
educativas, el Tepuchcali y el Calmecac; en las que respectivamente se impartía
enseñanza a los jóvenes pertenecientes a la clase media y a los mancebos
de la clase acomodada de la sociedad. Dichas instituciones, cuya estructura,
funcionamiento, métodos y formas educacionales no nos incumbe tratar') 287
estaban bajo la autoridad del Estado y a ellas tenían la obligación de ingresar
los varones que hubiesen rebasado la niñez y la adolescencia. Fácilmente se
comprende que en el régimen azteca la educación oficial era de tipo clasista,
ya que, como afirma Octavio A. Hernández, "La clase del pueblo, compuesta
de los llamados matzehuales, tenía que permanecer en la ignorancia, pues el
Estado) si puede llamarse así a la organización politica azteca, les negaba
las luces de la ilustración." zas
Durante la época colonial la educación estaba en manos de la Iglesia y del
Estado y tenía un contenido esencialmente religioso que proscribía toda libertad
de enseñanza. El control eclesiástico y civil se ejercía sobre los libros de
texto, los mentores y la didáctica en general y su principal finalidad consistía
2816biB El artículo 28 constitucional que hemos analizado y comentado fue sustituido
por otro precepto substancialmente diferente. aunque con el mismo numeral, que estudiamos
en el Capítulo Décimo de esta obra, denominado "La Rectoría Económica del Estado",
2g7 Entre otros historiadores, don Alfredo Cbauera trata con minuciosidad el sistema
de enseñanza que se recibía en ambos planteles, las materias que en ellos se impartían, el
método, educativo que empleaban y demás modalidades que caracterizaron la educación
del joven azteca. (Véase México a Través de los Siglos, tomo l.)
288 La. Constituci6n de los Estados Unidos Mexicanos. tomo JI. oá2'. 27.

434 LAS GARANTÍAS INDMnUALES
objeto de primera importancia el impulso que demandan las exigencias y
luces de nuestro siglo. Los establecimientos de enseñanza están ya abiertos,
y puesto en ejecución el plan de la Dirección General encaminado más bien a
generalizar entre el pueblo los conocimientos que necesite, según las diversas
profesiones y oficios a que se dedique, que a ostentar un vano aparato de
ilustración, incompatible con el estado de la sociedad naciente" ...•
Al reasumir Santa Auna la Presidencia, se suprimió el incipiente sistema
educativo implantado por G6mez Farlas, aboliéndose los planteles recién instalados
para restablecerse "al estado en que se haIlaban antes de la alteración"
que los decretos reformativos provocaron y volviendo a funcionar los
colegios de San Ildefonso, San Juan de Letrán, San Gregario y el Seminario
de Minería, En el bando de 2 de agosto de 1834 que ordenó dicho restablecimiento
se adujo que: "La experiencia del tiempo que ha transcurrido, la
clase de autores que se han elegido para enseñar algunas facultades, y que
en la misma Europa, donde la civilización es casi general, se habían visto
con escándalo y como los maestros menos a propósito para instruir a la juventud,
el poco o ningún adelanto que se observa en los alumnos de Jos
respectivos colegios, aún, sin embargo, de que en algunos de ellos hay directores
y catedráticos de ilustración y probidad, y sobre todo el descontento
general en que han caído los nuevos establecimientos, y la necesidad de suspender
un método de educación y de enseñanza que no es favorable ni a las
letras ni a la virtud, han determinado a S. E. a dictar los artículos siguientes..."
2'H
. En abril de 1835 se creó una junta encargada de formular un plan general
de instrucción pública, habiendo figurado en ella, entre otros, don Lucas
Alamán, don José Bernardo Couto y don Francisco Manuel Sánchez de
Tagle; y por decreto de 26 de octubre de .1842, o sea, ya bajo Ja vigencia
de la Constitución centralista de 1836, Santa Auna confió la instrucción
primaria a la Compañia Lancasteriana de México "por el constante empeño
que ha manifestado por muchos años a beneficio de la instrucción de los
niños y de todos los que carecen de ella, y porque no limitándose últimamente
al recinto de esta ciudad (la de México), ha extendido sus trabajos a la mayor
parte de los departamentos".... Es importante hacer notar que el citado decreto
estableció la educación gratuita y obligatoria, constriñendo a los padres,
tutores y "protectores de huérfanos" para "mandar a Jas escuelas -que se
colocaban bajo la protección de María Santísima de Guadalupe- a todos
los individuos de uno y otro sexo, desde la edad de siete años hasta Ja de
298 Los Presidentes de México ante la Naoión, tomo 1, pág. 168.
29. Circular de la Secretaria de Relaciones de 31 de julio de 1834. Publicada en la
Colección de Leyes, de Dublán y Lozano.
296 Dicha compañía adopt6 su denominación por haber implantado el sistema y método
educativos creados por el pedagogo inglés José Lanaaster, quien en América contó
COn la protección de Bolívar. El sistema y método lancasterianos consistían en que un solo
profesor impartiese educaci6n y enseñanza a un número crecido de alumnos mediante la
colaboraci6n de éstos.

GARANTiAs DE UBERTAD 435
quince", so pena de ser castigados alternativamente con una multa que no
debiera exceder de cinco pesos o con prisión de ocho días, sanciones que podían
aplicar los prefectos, subprefectos o los jueces de paz (art, 11) .no
Bajo la presidencia de Manuel María Lombardini se expidió el 31 de
marzo de 1853 un decreto que contenía "reglas que debían observarse en el
ramo de instrucción primaria", destacándose entre ellas la que se refería
a la obligaci6n ineludible de impartir educación religiosa, penando severamente
a los planteles que no acataran esa obligación (art. 1').
Durante la vigencia de la Constituci6n de 1857 existieron varios ordenamientos
que regulaban la educación pública, permitiéndonos solamente mencionar
algunos de ellossin abrigar deliberadamente el propósito de comentarlos
so pena de rebasar los límites temáticos de· esta obra. Dichos ordenamientos
principales fueron los siguientes: decreto de 15 de abril de 1861; Ley Orgánica
de la Instrucción Pública en el Distrito Federal de 2 de diciembre de
1867; reglamento de esta misma ley expedido el 9 de noviembre de 1869
y decreto que lo reformó de 31 de enero de 1880; y Ley Sobre Instrucción
Primaria en el Distrito Federal de 25 de mayo de 1888.
b) Apreciaciones generales. El estudio del artículo 3 de nuestra Ley
Fundamental lo hemos colocado con toda intención en un lugar aparte, debido
a que, no obstante estar comprendido dentro del capítulo denominado
"De las ·Garantías Individuales", propiamente no contiene ningún derecho
subjetivo público en los términos asentados con anterioridad. En realidad, el
artículo 3 constitucional debe estar incluido en la Ley Suprema a título
de prevención general, como acontece, verbigracia, con el artículo 130; y si
actualmente permanece inserto dentro del referido capítulo, es por un resabio
histórico, pues efectivamente, bajo la Constitución de 57 y la de 17, hasta
antes de la reforma de diciembre de 1934, tal precepto contenía un derecho
público subjetivo individual, al consignar la libertad de enseñanza.
La garantía individual se manifiesta, según afirmamos, como una relación
jurídica que existe entre el Estado y sus autoridades, por un lado, y el gobernado,
por el otro, a virtud de la cual surge para éste un derecho subjetivo
público, con la obligación estatal correlativa, la cual implica, o bien una abstenci6n
(respeto), o bien un hacer positivo. Si observamos, aunque sea someramente,
el contenido del artículo 3 constitucional, descubriremos que no
importa esa relación jurídica como generadora de ese derecho subjetivo
público para el gobernado ni de esa obligación estatal-autoritaria correlativa.
El mencionado precepto no consigna, en- efecto, ninguna libertad específica
como contenido de una posible potestad jurídica subjetiva del gobernado;
Z9B El mismo Santa Anna expidió el 28 de agosto de 1843, es decir, bajo la vigencia
de las Bases Orgánicas de ese año, un reglamento para la instrucción primaria en el De..
partamento de México, organizando las escuelas gratuitas para niños y niñas, las de adultos
para ambos sexos, las de las cárceles, hospicios y "otras casas de prisión y beneficencia",
las particulares de la Compañía Lancasteriana de Móxico y las de los conventos de religiosos
[arts. 26 a 46).

436 LAS GARANTfAS INDIVIDUALBS
antes bien, proscribe, dentro de un considerable ámbito educacional, la libertad
de enseñanza, a! imponer a ésta un determinado contenido.
Bajo la vigencia de la Constituci6n de 57, el articulo 3 evidentemente
comprendía una verdadera garantia individua! de libertad, puesto que sin
restricci6n alguna, declaraba que la enseñanza era libre, lo cual significaba
que todo individuo tenía la potestad de impartir toda clase de conocimientos,
sin que el Estado o sus autoridades pudieran obligarlo a adoptar determinado
método e ideario educativos. Naturalmente, la libertad de enseñanza, con la
amplitud que estaba consagrada en la Constitución de 57, ocasionaba el caos
en la vida social en materia educativa, puesto que su ejercicio podía ser
desenfrenado y dar origen, por tal motivo, a verdaderas charlatanerías reveladoras
de incultura. Estas consecuencias fueron las que se produjeron bajo la
vigencia de la Constituci6n de 57 en algunos casos, puesto que se permiti6
el establecimiento de cualquiera instituci6n educativa o pseudo-educativa, la
cual, sin el control gubernativo, sin estar sujeta a ningún método pedag6gico
y científico, funcionaba arbitrariamente. Es cierto que florecieron gloriosos
centros culturales de los que salieron verdaderos valores intelectuales y morales;
mas ello no obsta para suponer que había muchos establecimientos en los
que, en vez de impartirse verdadera educaci6n, se colmaba de prejuicios
a los educandos, impidiéndose de esta manera el progreso social.
En su afán de restar influencia al clero sobre las conciencias, con el prop6sito
de evitar que la educaci6n en manos de la Iglesia redundara en la
formaci6n de prejuicios en la mente de los educandos, el Constituyente de 17
ya no declar6 lisa y llanamente, como lo hizo el de 57, que la enseñanza es
libre, sino que consign6 para ésta importantes restricciones, modificando así
notablemente el proyecto de don Venustiano Carranza, que consagraba la
libertad de enseñanza en términos análogos a los empleados en el artículo
3 de nuestro ordenamiento constitucional anterior. Se dispuso en el aro
ticulo 3 constitucional, antes de la reforma de diciembre de 1934, que la
enseñanza sería laica en los establecimientos oficiales de educaci6n, es decir,
que en éstos por ningún motivo se impartiría educaci6n religiosa, así como
tampoco en las instituciones partículares de enseñanza primaria elemental y
superior. Se. prohibi6, además, que las corporaciones religiosas o los ministros
de algún culto pudieran establecer o dirigir escuelas de instrucci6n primaria.
Como se ve, bajo la vigencia del articulo 3 constitucional antes de la reforma
de 1934, la enseñanza era libre, mas no con la vastisima amplitud en que estaba
concebida bajo la Constitución de 57, sino con restricciones importantes,
las cuales versaban exclusivamente sobre la educación primaria impartida en
instituciones particulares y sobre la oficial en general.
Por reforma constitucional publicada en el Diario Oficiol el 13 de diciembre
de 1934, se proscribi6 definitivamente la libertad de enseñanza. &la,
consagrada en forma ilimitada en la Constitución de 57 y con importantes
restricciones en la Ley Suprema de 17 hasta antes de la modificaci6n mencio-

GARANTiAS DE LIBERTAD . 437
nada, fue substituida por una educación estatal con un contenido ideológico
determinado. Los Constituyentes de 57 estimaban que la educación deberla
quedar en manos de los particulares; que cada padre de familia tenía el
derecho de educar a sus hijos de la manera que más conveniente le pareciera;
que el Estado deberla garantizar ese derecho, declarándolo en el ordenamiento
fundamental; que imponer determinado sistema educacional significaba un
ataque a la libertad genérica del hombre, la cual era sagrada. Estas estimaciones
valorativas respecto de la libertad de enseñanza las descubrimos en
forma unánime en el decurso de los debates en el seno del Constituyente de 57.
El de 17 también participó, en términos generales, del criterio justificativo
de la libertad de enseñanza que sustentaban los forjadores de la Constitución
de 57; sin embargo, y atendiendo a las consecuencias que tal derecho
engendraba en la realidad, traducidas principalmente en la influencia notoria
del clero en la educación, que modelaba un determinado tipo de inteligencias
inaccesibles a todo progreso, introdujeron los constituyentes en el
artículo 3 las restricciones a que acabamos de aludir, fuera de las cuales
el ejercicio de ese derecho era libre.
La evolución del Derecho Público fue imprimiendo concomitantemente
modalidades a las relaciones jurídicas entre el Estado y sus miembros. En la
tesis individualista-liberal pura, la entidad política no podía ni debía tener
intervención en las relaciones sociales, sino en el caso en que se suscitaran
conflictos. La esfera de actuación estatal era sumamente reducida; en cambio,
la órbita de conducta del gobernado se extendía a multitud de aspectos de la
vida social, dentro de los cuales se encuentra el relativo a la educación. Habiendo
la evolución del Derecho Público transformado las concepciones individualistas
y liberales puras, en el sentido de dejar de concebir al Estado como'
un mero policía vigilante de las relaciones sociales para erigirlo en agente
en las mismas.,con determinados fines y atribuciones que cumplir, la enseñanza
dejó ya de incumbir a los particulares. Se díjo que el Estado tiene como
objetivo esencial forjar el tipo- de conciencia que convenga a su propia naturaleza;
que para su subsistencia misma, el Estado debe inculcar, en la mente
de las generaciones nuevas, determinados principios, cuya realización efectiva
debe consolidar las bases jurídicas y sociales sobre las que descansa la organización
estatal. Esta finalidad, esencial a la teleología genérica del Estado, no
puede ser lograda sino por este mismo, mediante un sistema de determinado
contenido, constituido por los principios jurídicos, sociales y económicos que
de la propia naturaleza estatal se derivan." Si dicha primordial función se
dejara en manos de particulares, si el Estado se desentendiera de cIIa, la existencia
de la organización estatal, juridica, social y económica se colocaría
en un plano verdaderamente riesgoso, peligrando también la unidad nacional,
amenazada por el juego constante de principios contradictorios sustentados
297 Duguit COn toda claridad ha tratado esta cuesti6n, refiriéndose en especial a la
educaci6n pública como atribución esencial del Estado.

438 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
por diferentes grupos. El Estado debe, ante todo, velar por su propia existencia,
proscribiendo todos aquellos peligros que acechen su estabilidad jurídica,
económica y social; para ello necesariamente debe asumir el papel de
regulador y encauzador de la educación de sus miembros, imbuyendo en la
conciencia de éstos los principios que de su organización y naturaleza se derivan.
Por ello, la educación que para e! logro de este objetivo esencial imparta
el Estado, no debe consistir tanto en la suministración de conocimientos
cuanto en la formación de un espíritu social, altruista y clvico, mediante la
inculcación de los principios idóneos para ello.
La unidad de una nación, en efecto, debe ineludiblemente cimentarse
sobre el auto-conocimiento y la auto-crítica. De la misma manera que para
e! individuo e! principio socrático de nosce te ipsum significa e! fundamento
de su evolución moral e intelectual, para la superación y e! progreso de los
pueblos, e! conocimiento de su ser politico y social, que la historia va modelando,
es factor insubstituible. Por ello, la autoconciencia de una nación,
implicada en todos los principios que de su propia substantividad derivan, es la
condición sine qua non de su subsistencia y de la conservación de su personalidad
dentro del concierto internacional. Ahora bien, esos principios, cuyo
contenido ideológico es variado, deben transmitirse a las generaciones que se
suceden en la vida de un país; y es evidente que e! cumplimiento de esta
obligación excluye la llamada "libertad educativa", cuyo ejercicio, según
hemos dicho, importa un motivo peligroso de desunión, de relajamiento de la
solidaridad nacional.
A estos imperativos, México no se sustrajo antes de la Constitución de 57.
No existía en nuestro país la libertad educacional, situación que se adecuaba
lógicamente a la teleología política estatal anterior a la asunción del liberalismo
e individualismo puros. La unidad de España y, por ende, de sus colonias,
se fincaba sobre la unidad religiosa, cuyo substratum era e! catolicismo.
La propagación y la defensa de la fe católica eran la tendencia esencial de la
educación, no en su aspecto de mera enseñanza o difusión de conocimientos,
sino romo formación moral del pueblo. Fue por esta razón por la que la educación
durante el régimen colonial estaba en manos del clero, cuya hegemonía
en esta materia prevaleció, de hecho, hasta la Reforma.
La reivindicación de la enseñanza y educación pública en favor de! gobierno
civil, Se apuntó en la Constitución española de 1812, que atribuyó
a las Cortes "la facultad de establecer un plan general de enseñanza en toda la
monarquía"." Análogos esfuerzos se asomaron en e! Acta Constitutiva de la
Federación Mexicana de 31 de marzo de 1824 y en la Constitución Federal
de ese año, en cuyos ordenamientos se consideró que era atribución legislativa
de! Estado "promover la ilustración general" (arts. 13, frac. 11, y
50, frac. 1, respectivamente). Pese a esos intentos, en la realidad la educación
pública continuó bajo e! poder de! clero en todos los estadios de la difusión
cultural en los establecimientos docentes. El precursor de la Reforma,
298 MONTIEL y DUARTE, Estudio sobre las Garantías Indiuiduales, pág._ 158.

GARANTiAS DE UBERTAD 439
don Valentin G6mez Parías, bajo la idea de que la materia educativa debería
constituir una obligaci6n estatal, desvinculada de la autoridad eclesiástica,
suprimi6 la Real y Pontificia Universidad de México, creando una Dirección
General de Educación como ya dijimos, según decreto de 21 de octubre de
1833, cuyo cometido se frustró por la implantaci6n del centralismo en las
Constituciones de 1836 y 1843 en que el espíritu conservador quc las alentó
era refractario a todo impulso renovador.
No obstante las tendencias constitucionales y legislativas que se registran
en el México independiente para que el Estado asumiese la obligaci6n de
impartir y organizar la enseñanza pública, ésta siguió siendo privilegio del clero;
y si bien es cierto que la Constitución de 57, según aseveramos, estableció
en su artículo 3 la libertad absoluta en ese importante ramo, reconociéndola
como derecho de todo hombre, ello no impidi6 que la autoridad eclesiástica
continuase usufructuando la prerrogativa de injerirse directamente en la materia
educativa, a pesar de los planteles oficiales que se instalaron, situaci6n
que, como lo proclamaron los Constituyentes de Querétaro, se incub6 bajo el
manto protector de la mencionada libertad.
Hemos reiteradamente expuesto que la educaci6n pública debe ser una
funci6n del Estado, con el fin de conservar las esencias vitales de la nación
que lo constituye, y que la libertad educativa, por el contrario, propende a
alterarlas o desfigurarlas. Ahora bien, estas afirmaciones no implican que
deba legitimarse la dictadura ideológica. La educación estatal, que no debe
confundirse con la mera transmisión de conocimientos culturales o científicos,
es el medio para la formación de la conciencia de la niñez y de la juventud en
torno al ser y modo de ser nacionales. Esta finalidad no excluye que el gobernado,
fuera del ámbito en que dicha educaci6n se imparta, ejercite su libertad
de expresión eidética en todos sus aspectos y que abrace la fe religiosa que se
adecúe a su conciencia. La perfecta compatibilidad que debe existir entre
ambas libertades, por un lado, y la educación estatal como funci6n obligatoria,
por el otro, se proclama en nuestra Constitución vigente, en cuyo espíritu
se conjugan armónicamente, el imperativo de conservar las esencias del pueblo
mexicano y el respeto a dos de las potestades libertarias más caras de la personalidad
humana.
Ahora bien, en congruencia lógica con la anterior consideraci6n debemos
enfatizar que no por el hecho de que la educaci6n estatal esté sujeta a determinadas
tendencias y a ciertos principios proclamados en el artículo 3· constitucional
que sustentan el sistema educativo nacional, se excluya absolutamente
la libertad de enseñanza. Aunque ésta ya no se reconoce expresamente
por dicho precepto, su ejercicio es dable en nuestro país amparado por la
libertad de expresi6n del pensamiento que preconizan los artículos 6 y 7 de
la Constitución, pues es evidente que la transmisión de conocimientos sobre
cualquier materia y conforme a cualquier ideología es una de sus manifestacionesinherentes.
Por ende, todo gobernado, en el desempeño de la mencionada
libertad, es libre para enseñar y para recibir enseñanza. Además, la libertad de

440 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
asociación que consagra el articulo 9 constitucional legitima la formación
de planteles educativos con la organización y las finalidades que sus creadores
quieran darles. El artículo 3' de la Constitución no proscribe tales
libertades, ya que su ámbito normativo se contrae a la educación que imparta
el Estado a través de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios,
sujetándola, según hemos aseverado, a la teleología y a los principios
que en él se declaran, sin prohibir que pueda ejercerse la libertad de enseñanza
y educación en la esfera privada bajo cualquier organización y sobre
cualquier ideología, como también dijimos. Es verdad que si los particulares
pretenden cooperar con el Estado en la educación pública, deben someterse
a las bases consignadas en el articulo 3' de la Ley Suprema y en la legislación
educativa secundaria; pero igualmente es cierto que, si no abrigan tal pretensión,
gozan de la libertad aludida a pesar de que los estudios que se cursen
en los institutos, planteles o escuelas que establezcan, no sean oficialmente
reconocidos ni se les dé efecto alguno.
e) La reforma de 1934. En diciembre de 1934 se introdujo la reforma
al articulo 3 constitucional, que imprimió a la enseñanza pública un determinado
contenido ideológico y una cierta finalidad, concebidos en los siguientes
términos: "La educación que imparta el Estado será socialista, además de
excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para
lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita
crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la
vida social." ¿Qué debía entenderse por educación socialista? Este adjetivo
se prestó a un sinnúmero de interpretaciones, y su aplicación real condujo a
toda clase de desmanes y errores por parte de maestros incultos y demagogos.
Se ha creído que la educación socialista implicaba la impregnación en la
mente de los educandos de ideas disolventesen materia social basadas en la crítica
insensata del capital; en la propagación del odio hacia los detentadores
de la riqueza y en las "conveniencias y ventajas" non plus ultra de la dictadura
del proletariado.... No pocos "educadores" de la niñez y juventud, en
efecto, sustentaron esa paradójica interpretación del concepto "educación
socialista", y la cual dio pábulo a toda especie de inmoralidades, insensateces
y demostraciones de ignorancia y de incultura. Nosotros estimamos que la
"educación socialista" no implicaba el ataque pasional, clasista y sectario
a la clase social poseedora del capital en el sentido económico de la palabra.
La educación socialista no 'debió considerarse como una medida demagógica
para pervertir a la niñez y a la adolescencia por conducto de prédicas disolventes
fundadas en el odio y en el resentimiento; lejos de ello, creemos que el
adjetivo "socialista" estaba empleado en el articulo 3 constitucional como
sinónimo de "altruista", "humanitario", denotando, por ende, una tendencia
Z9'9 La crítica a la "dictadura del proletariado" la formulamos en la Introducción de
esta obra.

GARANTÍAS DE LIBERTAD H-l'
a sobreponer el bien social, el interés del Estado, al bien o a! interés privado.
La educación socialista, en efecto, pugnaba por forjar en el niño y en el joven
educando un espíritu de solidaridad hacia la sociedad, de civismo para con la
patria, capaz de sobrevivir a las inclinaciones egoístas naturales del hombre.
El objetivo primordial que señalaba dicho precepto a la educación impartida
por el Estado consistia en la exclusi6n de toda doctrina religiosa y en la
lucha contra el fanatismo y los prejuicios. El primero de los aspectos en que
se revelaba el objetivo constitucional de la educación estatal nos parece plenamente
justificado. En efecto, si el Estado, al impartir enseñanza, adoptara
determinado credo religioso e impusiera éste a los educandos, se violarla la
libertad de creencias que establece el articulo 24 constitucional. Además,
la enseñanza y propaganda de cualquier doctrina religiosa incumben exclusivamente
a las iglesias y organizaciones que con tal fin se constituyan. Por
otra parte, la religión, si bien contiene normas de conducta social, implica
esencialmente un conjunto dc reglas que regulan el comportamiento de la
criatura hacia el Creador, las que, en términos generales, son ajenas a la convivencia
social. Claro está que al haberse excluido dc la educación que impartia
el Estado toda doctrina religiosa, no se prohibía que cada educando en
particular profesase la creencia que más le conviniese o que le hubieran inculcado
sus padres. La exclusión religiosa a que aludía el articulo 3 constitucional
sólo tenía lugar en el desarrollo de las funciones docentes. Por otra parte, la
tendencia a combatir los prejuicios y el fanatismo debió estribar en extirpar
de la mente de los educandos aquellas ideas que acusaren superstición contraria
a la razón, y nunca consistir, como lo declaraba el articulo 17 de la Ley
Orgánica del precepto constitucional multicitado, en desarraigar una determinada
religión y sus ceremonias, devociones o actos cultuales, estando los
educadores impedidos para atacar las creencias o prácticas religiosas lícitas
de sus discípulos, ejercidas y ejercitables al amparo del articulo 24 de la Ley
Suprema (articulo 17 en relación con la fracción V del articulo 16 de la
Ley Orgánica de Educación de diciembre de 1941, abrogada por la vigente,
que se expidió el

· 442 LAS GARANrlAS INDIVIDUALES
por qué se insertó en el artículo 3 constitucional el adjetivo exacto. ¿Qué, en
realidad, hay alguien que tenga un concepto exacto del universo y de la vida
social? Ni los más egregios filósofos han estado de acuerdo en la concepción
del mundo; fruto de ese desacuerdo, producto de una constante investigación
analitica y sintética, son los varios sistemas filosóficos y científicos de diversa
índole que se han forjado a través de la historia del pensamiento humano.
¿Qué, acaso, los modestos y muchas veces ignorantes, insensatos e incultos
maestros de primaria y secundaria, poseen con exactitud un concepto del
universo y de la vida social que han tratado y aun están tratando de elaborar
los más ilustres genios del pensar? Y en el supuesto atrevido de que dichos
mentores tuviesen la gracia de abrigar en su íntelecto un "concepto exacto"
del universo y de la vida social, ¿tal idea la deberian imponer a sus educandos?
¿No con esta supuesta imposición se hubiera vuelto al desechado principio del
magister dixit, al obligar al aprendiz a sustentar las ideas del profesor por más
absurdas, paradójicas e ínsensatas que sean? Si bien estamos de acuerdo en
que la educación estatal, como toda educación, debe tender, en su aspecto
de propagación cultural, a crear ideas racionales, producto de la reflexión
científica, del "n?tlisis-filosófico, no estamos' conformes"" en que se la coloque
en la posibilidad de imponer un determinado principio, prejuzgado como
exacto o valedero, excluyendo toda investigación y raciocinio ulteriores. Percatándose
de la aberración que se contenía en el articulo 3 constitucional,
consistente en la creación de un "concepto exacto" sobre el universo '/ la vida
social en la mente del alumno, los autores de la Ley Orgánica respectiva, de
diciembre de 1941, ya no volvieron aeÍnplear en este ordenamiento tal objetivo,
posiblemente por las raiones que nosotros adujimos para impugnarlo.
d) La reforma de 1946. En diciembre de este año se reformó" el articulo
3 constitucional, suprimiendo el calificativo de "socialista" que se había
atribuido a la educación impartida por el Estado. Puede afírmarse que el
actual articulo 3 de nuestra Constitución establece que la educaci6n estatal
debe administrarse con base en los principios pollticos, sociales y econ6micos
que sustentan al régimen implantado por nuestra Ley Suprema. En consecuencia,
es dable sostener que dicha educación es eminentemente nacionalista
o mexicanista; según se advierte de las diferentes disposiciones que íntegran
dicho precepto.
1. En efecto, México se ha caracterizado en su vida histórica por ser
respetuoso de la independencia de todos los países del orbe, habiéndose significado,
además, como entusiasta colaborador, en el concierto ínternacional, de
todos los esfuerzos y tendencias para resolver los problemas que afectan
al mundo o a un grupo determinado de naciones, bajo los principios de justicia,
equidad y reciprocidad. Fiel a este ideario director de la política internacional
de nuestro país, el actual articulo 3 constitucional establece que la
educación estatal, además de tender a desarrollar armónicamente todas las fa-

GARANTÍAs DE UBERTAD 443
cultades del ser humano, fomentará en éste el amor a la patria y la conciencia
de la solidaridad internacional en la independencia :Y en la justicia (párrafo
primero).
Siguiendo el principio de la separaci6n entre la Iglesia y el Estado, el citado
precepto declara a la educación impartida por el Estado ajena á cualquier
doctrina religiosa, lo que no equivale a coartar la libertad de creencias consagrada
en el artículo 24 constitucional, pues tal derecho público subjetivo
subsiste en toda su plenitud fuera del ámbito educativo estatal, en el sentido
de que cualquier gobernado puede abrazar y practicar la religión que más le
agrade (fracci6n 1 in capite).
Partíendo de la idea de que la educación debe tener una base científica
de sustentación, el articulo 3 constitucional declara que a través de ella se
luchará contra la ignorancia :Y sus efectos, contra las servidumbres, los fanatismos
:Y los prejuicios. Sin embargo, a través de esta última propensión, puede
estimarse que dicho precepto es susceptible de auspiciar ataques y críticas
a las convicciones religiosas, ya quc deja la puerta abierta para considerar
como creencias fanáticas, supersticiones o prejuicios, lo que en realidad puede
constituir una auténtica fe basada en interpretaciones teológicas genuinas y
aun en la misma raz6n.
Desde el punto de vista político, la educación estatal debe impartirse sobre
principios democráticos, lo que'significa la exclusión de cualquier doctrina
que funde la soberanía del Estado y el gobierno de un pueblo en voluntades
autocráticas u oligárquicas (fracción 1, inciso a).
Dicha educación, además, es eminentemente nacionalista, en el sentido .
de que tiende a dar a conocer al educando todos los problemas de México
para que sean resueltos conforme a las posibilidades de nuestro país. Se descubre
además en el articulo 3 constitucional la tendencia de forjar en la
adolescencia y en la niñez un sentimiento de amor a la patria con la finalidad
de infundirles un espíritu de defensa y de aseguramiento de nuestra independencia
política y económica (fracción 1, inciso b)
En el aspecto social, la educación que imparta el Estado tiende a imbuir
en el educando principios de solidaridad para con la sociedad a efecto de
que se estime que el interés de ésta debe prevalecer sobre los intereses privados,
sin que por ello se menosprecie la dignidad de la persona ni se afecte
la integridad de la familia. Además, a través de dicha tendencia, se pretenden
desarraigar ideas que sustenten privilegios raciales, sectarios O de grupos,
así como que conciernan a estimar desigualdades humanas por razón de
sexos (fracción 1, inciso c)).
2. Aparte del aspecto ideológico quc a la educación estatal adscribe el
actual artículo 3 constitucional, este mismo precepto establece la posibilidad
de que los particulares colaboren con el Estado en la función educativa, al
preverse la autorización oficial que al respecto puede otorgarse, en relación
con la educación primaria, secundaria y normal y con la de cualquier tipo

444 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
o grado destinado a obreros y campesinos. Igualmente, se dispone en el mencionado
precepto que dicha autorización puede ser negada o revocada por las
autoridades competentes, sin que contra la negativa o revocaci6n correspondiente
proceda juicio o recurso alguno, lo que implica evidentemente un caso,
por demás injusto, de improcedencia constitucional de! juicio de amparo
(frac. II).
Los particulares a quienes se haya concedido la mencionada autorización
tienen la obligación de ajustar la educación que impartan a los principios
ideológicos consignados en e! articulo 3 constitucional y de cumplir los planes
y programas oficiales de estudio (frac. III).
Acorde con la tendencia de que la educación primaria, secundaria y normal
y la destinada a obreros y campesinos debe reputarse como una función
o un servicio público exclusivo en favor del Estado, e! artículo 3 de nuestra
Constitución prohibe de modo absoluto que las corporaciones religiosas, los
ministros de los cultos, las sociedades por acciones y las'entidades morales
ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, se dediquen a impartir
cualquiera de los citados tipos educacionales. Por ende, fuera de éstos, no
existe prohibición constitucional para que las referidas corporaciones, sociedades
o asociaciones o los ministros de cualquier culto religioso se dediquen
a actividades educativas (frac. IV).
El artículo 3 constitucional, además, consigna la atribución en favor del
Estado para que, por conducto de las autoridades competentes, retire discrecionalmente,
en cualquier tiempo, e! reconocimiento de validez oficial a los
estudios hechos en planteles particulares. Creemos, desde un punto de vista
estrictamente jurídico, que el ejercicio de dicha atribución no puede suponer
la aplicación retroactiva de la disposición constitucional en que se establece, en
virtud de que, según lo estudiamos en e! capítulo octavo de esta obra, al abordar
e! tema relativo a la garantía de la irretroactividad legal, ésta es inoperante
frente a disposiciones de la Constitución, las cuales pueden referirse al
pasado lesionando derechos adquiridos, sin que tal referencia se repute retroactiva
(frac. V). No obstante, consideramos que la no retroactividad en
este caso sólo debe contraerse al retiro de la autorización oficial que se hubiere
otorgado a un plante! particular, sin extenderse a los estudios que en él se
hayan efectuado con anterioridad a dicho retiro. En otras palabras, e! desconocimiento
de la validez oficial de tales estudios únicamente debe afectar a las
instituciones docentes particulares pero no a las personas que en ellas ya
los hubiesen hecho, pues en e! supuesto contrario sí se estaría en presencia
de un indiscutible caso de retroactividad.
El: cuanto a la educación primaria, e! precepto constitucional que comentamos
declara su obligatoriedad, de lo que se desprende que toda persona debe
cursar los estudios inherentes a dicha educación; por otra parte, e! servicio
educacional que desempeña e! Estado, es decir, e! que concierne a la educación

448 LA') GARANTíAS INDIVIDUALES
Siendo la actividad universitaria la culminación cimera de la educación
pública, y refiriéndose a ésta el artículo 3° constitucional, la garantía para la
autonomía de las universidades debe proclamarse en este precepto, al que
habría que adicional un inciso, el B}, para que las disposiciones que atañen
a la educación no universitaria se agrupen dentro de otro inciso, el AJ, que
quedaría integrado con las prescripciones vigentes.
Por otro lado, es muy importante, para el aseguramiento de la autonomía
universitaria, que constitucionalmente se obligue al Gobierno Federal a
otorgar los recursos económicos indispensables que implican la principal
fuente económica de las universidades que les permite desarrollar sus actividades.
Esta finalidad auspicia la adición constitucional pertinente a efecto de
que en ella se establezca dicha obligación, en el sentido de que se fije el; beneficio
de las universidades un determinado porcentaje sobre el monto total
de los egresos que determinen en los presupuestos anuales respectivos y de
que, además, se puedan expedir leyes federales para la: misma finalidad.
Con fundamento en las consideraciones brevemente formuladas con anterioridad,
se deben introducir a la Constitución Federal las adiciones pertinentes
a su artf.culo 3°, al cual se agregarla un inciso, el B), que estaria concebido
en los siguientes términos:
a) Las universidades creadas o reconocidas /)Or la Federación o por los Estados gomrán de
plena autonomía en cuanto a su régimen interior para realizar sus actividades culturales, científicas
y tecnológicas sobre la base del principio de libertad de expresión e investigación, así como
para elegir, nombrar o designar a las personas que deban integrar sus órganos directivos, a su
personal docente, administrativo y de investigación, pudiendo igualmente administrar y manejar su
posrímonio COl1W lo estimen cGnVtmierlte para la c01lSecución (le sus objetivos propios y naturales.
b) Se /Jrohíbe por modo absoluto a toda autoridad estatal, grupo o personas físicas o rJlorales
ajenas a las universidades, ínleruenir en su régimen interno para impedir que ejenan sus actividades
docentes y de investigación en la cultura, la ciencia y la tecnología.
e) La legislación universitaria determinará los casos en que se afecte la autonomía de las
uniuersidades, señalando las sanciones que por este motivo deban imponerse a quienes perpetren.
los hechos en que tal afectacién se manifieste.
d) Es obligación del Gobierno Federal y de los tisuulos, en sus respectivos casos, otorgar a
la Universidad Nacional de México y a las universidades locales los recursos económicos necesa·
rios y suficientes para el desempeño de sus actividades. El monto de dichos recursos se cu.antificará
en con base en el (?) por ciento sobre el total de egresos que se señale en los presupuestos
anuales respectivos, sin perjuicio de que, además, el Congreso de la Unión pueda establecer impuestos
especiales destinados al sostenimiento de universidades, cuando el desarrollo de éstas lo
exija: e) Las relaciones entre las universidades)' su personal administrativo, se regirán por la legislación
que expida el Congreso de la Unión, la cual respetará las siguientes norm.flS básicas:
1. /..JJS trabajadores universitarios tendrán derecho a formar asociaciones sindicales para el
mejoramiento de sus derechos e intereses comunes, sin que dichas asociaciones puedan afiliarse a
ninguna agrupacio» laboral de empresa o burocrática, prohibición que tiene por finalidad preseroar
la autonomía universitaria.
2. La a.wciación sindical única o masorííariu de ('I(J{mjw1ores universitarios, tendrá derecho a
celebrarcontnuos colectivos de trabajo que por objeto la elcvfUión de las prestaciones laborales de
que dichos trabajadores sean titulares siempre que la situllción económica de la universidad de
que se trate lo permita.
3. En los mencionados contratos colectivos no podrá pacta-se ninguna cláusula de exclu-

GARA..vríAS DE UBERTAD 449
síón, por ser ésta incompatible con la libertad de expresión de pensamiento, que es uno de los
principios básicos en que se funda toda estructura universitaria.
4. Los derechos individuales de los trabajadores universitarios nunca podrán ser inferiores
a los que establezca la legislación laboral.
5. Los trabajadores universitarios gOUlrán del derecho de huelga, la cual sólo será procedente
cuando se violen por modo general y sistemático sus derechos.
6. Los conflictos individuales y colectivos de trabajo entre las universidades y su personal
administrativo, serán dirimidos por un tribunal que se integrará con un representante de las autoridades
universitarias, otro de los trahajadores y un tercero de los términos que establezca la
Leo Orgánica respectiva, la cual, además, fijará el procedimiento para substanciados y la eficacia
jurídica de los¡illlos que se pronuncien.
La autonomia universitaria ha sido elevada al rango de declaración constitucional
fundamental mediante la adición de la fracción VII al artículo 3° de
nuestra Ley Suprema. Esta adición provino de la iniciativa presidencial de 10
de octubre de 1979, cuyo texto es el siguiente:
"Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley
otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas;
realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los
acuerdo con los principios de libertad de cátedra e investigación y de libre examen y
discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; ruarán los términos de
ingreso y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. El
ejercicio de los derechos laborales tanto del personal académico como del personal
administrativo se realizará de acuerdo con las modalidades necesarias para hacerlo
compatible con la autonomía y con la libertad de cátedra e investigación."
En lo que concierne a las relaciones laborales entre el personal académico
y administrativo, por una parte, y las universidades, por la otra, la Cámara
de Diputados modificó el texto de dicha iniciativa en el sentido de que dichas
relaciones se debieran norrnar por el Apartado "A" del artículo 123
constitucional "de manera que concuerde (se entiende tal normaci6n) con la
autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones
a que esta fracción se refiere".
A su vez, el Senado, en lo que atañe a la misma cuestión, reformó la citada
modificación que la Cámara de Diputados aceptó, habiendo quedado redactada
la fracción VII del artículo 3° constitucional en los siguientes términos:
"Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley
otorgue autonomía, tendrán la facultad y las responsabilidad de gobernarse a sí mismas,
realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los
principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre
examen y discusión de las ideas: determinarán sus planes y programas; fijarán los términos
de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán
su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del
administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución,
en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme
a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden
con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones
a que esta fracción se refiere".
Fácilmente se advierte que la iniciativa presidencial a que hemos aludido

GARANTiAS DE LIBERTAD 451
c) El de formar sindicatos únicos, ya que se coartaría la libertad asociativa
de los profesores y trabajadores administrativos universitarios, que es un derecho
derivado de la libertad de cátedra e investigación y, en general, de libre
expresión de pensamiento, que se afectaría gravemente por la obligación de
pertenecer a una organización sindical única. máxime si ésta pudiese tener
injerencia en cuestiones académicas y excluir a quienes no pertenezcan o
hayan dejado de pertenecer a ella.
Con fecha 20 de octubre de 1980 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto Congresional que adicionó el Capítulo XVII al Título
Sexto de la Ley Federal del Trabajo en lo que concierne a la normación de
las relaciones laborales universitarias. En el expresado Decreto se consigna
el derecho de huelga para los trabajadores de las universidades autónomas en
términos análogos a los que caracterizan tal derecho respecto de las empresas
o unidades industriales. Creemos que la huelga, por sus naturales objetivos
consistentes en establecer el equilibrio entre los factores de la producción,
como son el capital y el trabajo, es no sólo contraria a la naturaleza y fines
de las instituciones universitarias, sino opuesta a lo que dispone la fracción
XVIII del artículo 123 constitucional. Sin embargo, pese a esta consideración,
el derecho de huelga, instituido ya en favor de los trabajadores universitarios,
es irreversible, teniendo dichas instituciones como única garantía
frente a la suspensión ilegal de labores el procedimiento respectivo que previene
la Ley Federal del Trabajo y la intervención, en él, de los órganos
competentes del Estado.
Por lo que atañe a las incompatibilidades que señalamos en los apartados
a) y c) que anteceden, las disposiciones que el invocado Decreto Congresional
introdujo al citado ordenamiento las corroboran, especialmente las
que se refieren a la prohibición de que existe un sindicato universitario único,
que vendría a ser una permanente amenaza para todas·las casas de estudio
mexicanas.
Dada la importancia que dicho Decreto Congresional representa, nos
permitimos transcribir su texto íntegramente:
CAPÍTuLO XVIII
Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación
SuperiorAulónomo.s por Ley
"Artículo 353-j.-Las disposiciones de este Capítulo se aplican a las relaciones de
trabajo entre los trabajadores administrativos y académicos y las universidades e instituciones
de educación superior autónomas por ley y tienen por objeto conseguir el
equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo, de tal modo que concuerden
con la autonomía. la libertad de cátedra e investigación y los fines propios de estas
instituciones.
"Articulo 353-K.-Trabajador académico es la persona física que presta servicios
de docencia o investigación a las universidades o a las instituciones a las que se refiere
este Capítulo, conforme a los planes y programas establecidos por las mismas. Trabajador
administrativo es la persona física que presta servicios na académicos a tales universidades
o instituciones.

452 LA'; GARANlíAS INDIVIDUALES
"Artículo 353-L.-Correspondc exclusivamente a las universidades o instituciones
autónomas por ley regular los aspectos académicos.
"Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral
por tiempo indeterminado, además de que la tarea que realice tenga esa carácter,
es necesario que se aprobado en la evaluación académica que efectúe el órgano competeute
conforme a los requisitos y procedimientos que las propias universidades o
instituciones establezcan.
"Artículo 353-M.-El trabajador académico podrá ser contratado porjornada completa
o media jornada. Los trabajadores académicos dedicados exclusivamente a la docencia
podrán ser contratados por hora clase.
"Artículo 353-N.-No es violatorio del principio de igualdad de salarios la fijación
de salarios distintos para trabajo igual si éste corresponde a diferentes categorías académicas.
"Articulo 353-Ñ.-Los sindicatos y las directivas de los mismos que se constituyan
en las universidades o instituciones a las que se refiere este Capítulo, únicamente estarán
formados por los trabajadores que presten sus servicios en cada una de ellas y serán:
"1. De personal académico,
"11. De personal administrativo. o
"Hj. De institución si comprende a ambos tipos de trabajadores.
"Artículo 353-0.-Los sindicatos a que se refiere el artículo anterior deberán registrarse
en la Secretaría del Trabajo y Previsión social o en la Junta de Conciliación y
Arbitraje que corresponda. según sea federal o local la ley que creó a la universidad o
institución de que se trate.
"Articulo 353-P.-Para los efectos de la contratación colectiva entre las universidades
e instituciones y sus correspondientes sindicatos, se seguirán las reglas fijadas en el
Artículo 388. Para tal efecto el sindicato de institución recibirá el tratamiento de sindicato
de empresa y los sindicatos de personal académico o de personal administrativo
tendrán el tratamiento de sindicato gremial.
"Artículo 353-Q.-En los contratos colectivos las disposiciones relativas a los u-abajadores
académicos no se extenderán a los trabajadores administrativos, ni a la inversa,
salvo que así se convenga expresamente.
"En ningún caso estos contratos podrán establecer para el personal académico la
admisión exclusiva o la separación por expulsión a que se refiere el Artículo 395.
"Artículo 353-R.-En el procedimiento de huelga el aviso para la suspensión de labores
deberá darse por lo menos con diez días de anticipación a la fecha señalada
para suspender el trabajo.
"Además de los casos previstos por el Artículo 935, antes de la suspensión de los
trabajos, las panes o en su defecto la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia
de aquéllas, fijarán el número indispensable de trabajadores que deban continuar u-abajando
para que sigan ejecutándose las labores cuya suspensión pueda perjudicar
irreparablemente la buena marcha de una investigación o de un experimento en curse.
"Articulo 353-S.-En las Juntas de Conciliación y Arbitraje o en las de Conciliación
Permanentes, funcionarán Juntas Especiales que conocerán de los asuntos laborales de
la universidades e instituciones de educación superior autónomas por Ley y se integrarán
con el presidente respectivo, el representante de cada universidad o institución y
el representante de sus trabajadores académicos o administrativos que corresponda.

GARANTíAS DE LIBERTAD 453
"Artículo 353-T.-Para los efectos del artículo anterior, la autoridad competente
expedirá la convocatoria respectiva, estableciendo en ella que cada universidad o institución
nombrará su representante, y que deberán celebrarse sendas convenciones para
la elección de representantes de los correspondientes trabajadores académicos o administrativos.
"Artfculo 353-U.-Los trabajadores de las universidades e instituciones a las que se
refiere este Capítulo disfrutarán de sistemas de seguridad social en los términos de sus
leyes orgánicas, o conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren. Estas
prestaciones nunca podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley".
"TRANSITORIOS
"Primero.-Los acuerdos o convenios que de conformidad con esta ley"sean materia
de contratación colectiva, y hayan sido celebrados con anterioridad a la fecha de
expedición de este Decreto por las instituciones autónomas, se considerarán como
contratos colectivos para todos sus efectos, sin necesidad de ningún trámite, y serán
revisados conforme este Ley en la fecha que se haya pactado en los mismos, la cual no
podrá ser posterior a dos años a partir de aquélla en la que iniciaron su vigencia.
"Segundo.-La convocatoria para la elección de los representantes a que se refiere
el artículo 353-T, se llevará a cabo dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
publicación del presente Decreto. En la misma se fijara la fecha en que se efectuarán
las convenciones respectivas que será anterior al IS de diciembre de 1980 Yse señalará
que los representantes que resulten electos durarán en su cargo hasta el 31 de diciembre
de 1982. A partir de esta fecha la designación de representantes se efectuará
conforme a las disposiciones generales de la Ley.
"Mientras se lleve a cabo el procedimiento de elección de representantes, los
asuntos seguirán siendo atendidos por las autoridades jurisdiccionales que hayan venido
conociendo de ellos.
"Tercero.-Este Decreto estará en vigor al día siguiente de su publicación en el
"Diario Oficial" de la Federación.
"México, D. F., 17 de octubre de 19S0.-/smael Orozco Lomo, D.P.-Nicolá.\" Reynez
Berezaluce, S.P.-Juan Maldonado Pereda, D.S.-Mano Carvallo Ramos, S.S.-Rúbricas."

CAPITuLO SEXTO
GARANTÍAS DE PROPIEDAD
Sumario: I.-Generalidades. H.-La propiedad privada: A. La propiedad
privada como derecho subjetivo civil. B. La propiedad privada como derecho
público subjetivo (garantía individual): a) Referencias generales; b) Limitaciones
constitucionales a la propiedad privada como garantía individual;
imposición de modalidades en general; la expropiación por causa de utilidad
pública; expropiación en materia agraria; e) Incapacidades jurídico-constitucionales
respecto de la titularidad de la propiedad. III.-La propiedad
estatal.
I. GENERALIDADES
La fijación del concepto de propiedad en general ha sido una cuestión
dificil de solucionar. Las definiciones que al respecto se han formulado, realmente
no han tomado como base el elemento esencial de la propiedad en
general, sino que han partido de la estimación de las consecuencias jurídicas
que de ella se derivan y de las modalidades aparentes como se presenta en
comparación con los derechos personales o de crédito. En efecto, los tratadistas
de Derecho Civil, cuyas consideraciones pueden hacerse extensivas a
la propiedad en general, o sea, a la privada y a la pública, por ser ambas
co-partlcipes del mismo concepto genérico, han reputado a aquélla como el
prototipo del derecho real, opuesto al personal o de crédito. La teoría tradicional
establecía que el derecho real (jus in Te) significaba una relación entre
una persona y una cosa y que, en cambio, el derecho personal (jus al! rem}
implica un vínculo entre dos sujetos singularmente determinados, en virtud
del cual uno de ellos, denominado acreedor, es titular de la facultad de exigir
del otro, llamado deudor, el cumplimiento de una prestación cualquiera
consistente en hacer, dar o en no hacer (concepto de obligación). El derecho
real, según la teoría clásica o tradicional, se ejerce directamente sobre la
cosa que constituye el objeto del derecho, esto es, sin ningún intermediario.
Por el contrario, en el derecho personal, el titular de éste no ejerce ningún
poder directo sobre una cosa sino indirectamente sobre todo el patrimonio
del deudor y cuya efectividad o ejercicio positivos dependen del comportamiento
de éste en el cumplimiento de su obligación. Basándose en la circunstancia
de que entre una persona y una cosa no puede existir ninguna

456 lAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
relación jurídica, sino que ésta opera solamente entre personas, se calificó
de absurda la idea de derecho real elaborada por la doctrina clásica. Para
distinguir al derecho real del personal, se dijo que si bien ambos consisten
en un vínculo jurídico, los sujetos pasivos (obligados) en cada uno de ellos
son diferentes. Así, la teoría moderna que reaccionó contra la clásica, asentó
que el derecho real (cuyo prototipo es el de propiedad) implica una relación
entre un individuo determinado (sujeto activo) y un sujeto pasivo universal
integrado por todos los hombres, el cual tiene el deber de respetar
ese derecho, absteniéndose de vulnerarlo o violarlo. Por el contrario, se afirmó,
el derecho personal carece de ese obligado universal individualmente
indeterminado, puesto que se ejercita únicamente frente a una persona cierta
y concreta. Por ello se dedujo que el derecho real es absoluto, a diferencia
del personal, que es relativo.
Independientemente de que adoptemos la teoría clásica o la tesis moderna
respecto de los derechos reales y los personales, lo cierto es que la
propiedad en general se revela como un mOM de ofectacién jurídica de una cosa
a un sujeto, bien sea éste físico o moral, privado o público. En efecto, la idea
de propiedad que todo hombre abriga desde que comienza a tener uso de
razón, evoca la de imputación de un bien a una persona, o sea, que no se
concibe a éste aisladamente, sino siempre con referencia a un ser humano.
No es que entre la persona y la cosa exista una relación jurídica como quiere
la doctrina clásica, sino simplemente que un bien se atribuya a un sujeto
cuando no se le considere en sí mismo. El concepto de relación jurídica implica
la causación de derechos y obligaciones correlativas o recíprocas (contratos
unilaterales y bilaterales, verbigracia) entre los sujetos de la misma; y
como una cosa no puede contraer obligaciones ni ser titular de derechos, es
obvio que, como lo consideró la teoría moderna, entre ella y una persona
no puede existir ningún vínculo jurídico. subjetivo. La afectación, imputación,
referencia. atribución, etc., de un bien a un sujeto no se ostentan
como una relación jurídica entre aquél y éste, por lo que no sugieren el absurdo
que sirvió de fundamento a la crítica de la doctrina clásica sobre este
·punto. Al afirmar que una cosa se refiere, se imputa, se afecta a una persona,
no se supone y mucho menos se infiere, que aquélla esté obligada hacia
ésta o viceversa. Por ello es que nosotros creemos, sin que esta creencía
constituya la formulación de un concepto exacto y verdadero acerca de la
propiedad, que ésta se traduce en un modo específico de atribución de una
cosa a una persona.
Ahora bien, écómo se revela esa atribución? Los bienes se pueden atribuir
a una persona de diferente manera, la cual engendra consecuencias jurídicas
diversas. Puede suceder que una cosa se refiera a un sujeto para el
solo fin de que éste la use o la disfrute, esto es, la emplee para la satisfacción
de sus necesidades o para apropiarse los frutos que produzca. Tal
acontece, verbigracia, con los bienes dados en arrendamiento o en usufructo,

GARANlÍAS DE PROPIEDAD 457
en cuya situación la persona a quien se imputa (arrendatario o usufructua·
rio) carece de la facultad de ejercitar sobre ellos actos de dominio. Por e!
contrario, cuando una cosa se atribuye o afecta a Un sujeto, en e! sentido de
que éste puede disponer de ella válidamente, es decir, realizar actos de dominio
valederos, tenemos e! caso de la propiedad, cuya idea generalmente
se establece, como lo hicimos, atendiendo a las consecuencias jurídicas que
produce. Por ende, la propiedad en general, bien sea privada o pública, traduce
una forma O manera de atribución o afectación de una cosa a una per·
sona (fisica '0 moral, pública o privada), por virtud de la cual ésta tiene la
facultad jurídica de disponer de ella ejerciendo actos de dominio. Dicha facultad
de disposición es jurídica porque implica, para su titular, la potestad
de imponer coercitivamente su respeto y acatamiento a todo sujeto (el sujeto
pasivo universal de la teoría moderna), y para éste la obligación ineludible
correlativa de abstenerse de vulnerarla o cntorpecerla.
Tal facultad de disposición no es absoluta, es decir, no en todos los casos
existe como consecuencia distintiva de una determinada referencia de un
bien o una persona, pues en algunas situaciones, que podrían ostentarse
como relativas a una hipótesis de propiedad, la ley expresamente la excluye
o veda. Esta circunstancia opera en lo que respecta a las cosas que forman
e! patrimonio familiar, ya que e! artículo 727 de! Código Civil declara que
son inalienables. Sin embargo, podernos decir que cuando no existe esa facultad
de disposición, los bienes que se atribuyen a una persona no deberían
constituir e! objeto de la propiedad, sino de cualquier otro derecho.
Por ello no es dable afirmar que e! patrimonio familiar en realidad no está
integrado por bienes materia de la propiedad, sino por cosas objeto de otro
derecho como el de usufructo, consideración que está corroborada porel artículo
724 del Código Civil, al disponer que los miembros de la familia beneficiaria
"sólo tienen el derecho de disfrutar de los bienes".
Nosotros no creemos que la propiedad sea un derecho natural e irnprescriptible
del ser humano. Considerada como una forma de atribución
de un bien a una persona en los términos indicados, ese derecho, por ser
eminentemente actual, depende de factores y circunstancias trascendentes a la
personalidad de! hombre, como son, en resumen, los de que el bien tenga
una naturaleza material tal, que le permita ser objeto de. propiedad.ew En
cambio, es evidente que aquellas cosas de las cuales el ser humano no pue·
de disponer física o jurídicamente hablando, no pueden ser materia de pro·
piedad, por lo que ésta no opera en tal hipótesis.
No estimando nosotros que la propiedad tenga una existencia supra·
300 No hay que confundir el derecho de propiedad sobre un bien, que es siempre actual,
es decir, que sólo existe en tanto que éste es atribuido positivamente a una persona, con la facultad
que tiene todo individuo de llegar a ser sujeto de ese derecho. la cual es potencial. .
Este criterio se contiene en el artículo 830 del Código Civil que peculiariza a la propiedad
a través del elemento disponibilidad de una cosa.

458 LAS GARANTíAS INDIVIDUALES
jurídica, puesto que, siendo eminentemente actual y no potencial, sólo el
derecho positivo puede determinar cuándo debe tener lugar, llegamos a la
conclusión de que la facultad de disposición que la caracteriza depende de
la circunstancia de que la ley o la costumbre la consignen. Cuando no existe
esta consignación jurídica en ningún

CARANTÍAS DE PROPIEDAD
luto de ser objeto de propiedad, con aquellos bienes que no tienen dueño
cierto, como son los vacantes tratándose de inmuebles y mostrencos:por lo que
ve a los muebles. (Arts. 774 a 789 del Código Civil.) Las cosas de nadie o
res nullius son aquellas sobre las que ninguna persona puede ejercer un poder
o facultad de disposición por impedirlo su naturaleza física (el' Sol, verbigracia);
por el contrario, si bien es verdad que tanto los bienes vacantes como
los mostrencos carecen de un propietario cierto, individual o privado, no por
ello dejan de tener otro dueño, el cual es el Estado. En efecto, cuando un
bien inmueble no tiene un propietario individual o particular cierto o conocido
(bien vacante), la propiedad originario. del mismo se imputa a la nación o
al Estado como forma política y jurídica de ésta, según el artículo 27 constitucional
en su primera parte. Tratándose de bienes mostrencos, o sean los
muebles abandonados y perdidos euyo dueño (se sobreentiende privado) se
ignore, por derecho de accesión pertenecen en propiedad 'originaria al Estado.
Efectivamente, si todas las tierras que forman el territorio nacional
corresponden originariamente a la nación o a la entidad política en que
ésta se constituye, los muebles que sobre aquélla se encuentren a modo de
accesorios y que no tengan dueño privado, lógicamente deben considerarse
.como objeto de propiedad estatal de manera originaria.
11. LA PROPIEDAD PRIVADA
A. La propieddll como derecho subjetivo civil
La propiedad privada presenta primordialmente dos aspectos, a saber,
como derecho civil subjetivo y corno derecho público subjetivo. En el primer caso,
la propiedad se revela como un derecho que se ubica en las relaciones jurídicas
privadas, esto es, en las que se entablan entre los individuos como tales,
como gobernados, como elementos de vínculos de coordinación. La
propiedad privada, en estas condiciones, es exclusivamente oponible a las
pretensiones de los sujetos individuales, o mejor dicho, a las de las personas
colocadas en el plano de gobernados o de derecho privado. En su aspecto
puramente civil, la propiedad es un derecho subjetivo que se hace valer
frente a personas situadas en la misma posición jurídica que aquella en que
se encuentra su titular. El Estado, en las relaciones de imperio, de autoridad
con los gobernados, es extraño a la propiedad privada en su carácter de derecho
civil; no forma parte de las relaciones jurídicas en que ésta se puede
debatir; simplemente se ostenta como mero regulador de las mísmas.v»
La propiedad privada como derecho subjetivo civil engendra para su titular
tres derechos fundamentales, que son: el de uso, el de disfrute y el de
3tll Esta consideración no excluye la hipótesis en que las relaciones jurídicas entre un particular
y el Estado, cuando éste actúa en su aspecto de entidad no soberana. la propiedad privada
civil puede ser materia de las mismas en muchos casos.
459

460 LAS GARANTíAS INDIVIDUALES
disposición de la cosa materia misma. El primero se traduce en la facultad
que tiene el propietario de utilizar el bien para la satisfacción de sus propias
necesidades; por medio del segundo, el dueño de la cosa puede hacer
suyos los frutos (civiles o naturales) que ésta produzca; el derecho de disponer
de un bien, en tercer lugar, se manifiesta en la potestad que tiene el titular
de la propiedad consistente en realizar, respecto de aquél, actos de
dominio de diversa índole (venta, donación, constitución

GARANTíAS DE PROPIEDAD 465
aguas no consideradas por dicho precepto como de propiedad nacional. Dicho
reconocimiento, que es de naturaleza tácita, descansa sobre el supuesto
hipotético de que, perteneciendo la propiedad originaria de las tierras comprendidas
dentro del territorio del Estado mexicano a la nación, ésta transmitió
su dominio a los particulares, constituyendo así la propiedad privada
respecto de ellas. Claro está que las propiedades de particulares que hayan
existido con anterioridad a la Constitución de 1917 y cuyos actos generativos
no sean nulos o anulables conforme a las prescripciones contenidas en
su artículo 27 (fracciones VIII, IX Y XVIII), para que puedan válidamente
subsistir, no deben entrañar ninguna de las incapacidades adquisitivas a que
el propio precepto se refiere (y a las cuales aludiremos brevemente con posterioridad),
pues de lo contrario la nación puede entablar las acciones judiciales
que le competen contra sus titulares para que los bienes respectivos
(tierras yaguas por lo general) ingresen al patrimonio nacional (art, 27
constitucional, frac. VI, último párrafo).
Huelga decir, por último, que si alguna persona física o moral afectada
por cualquiera incapacidad constitucional adquiere por transmisión privada los
bienes en relación con los cuales se establece dicha incapacidad, también
pueden ejercitarse tales acciones.
Equivaliendo la "propiedad originaria" de las tierras yaguas en favor de
la nación a la pertenencia que el Estado tiene respecto del territorio nacional
como parte substancial de su ser, el goce, disfrute y disponibilidad de las mismas
los ha transferido, o mejor dicho reconocido, a los particulares,
surgiendo de esta guisa la propiedad privada. Al hacerse esta declaración en
el artículo 27 constitucional en ejercicio de su facultad auto-limitativa, el Estado
y sus autoridades están obligados jurídicamente a respetar la propiedad
privada, Como consecuencia de la sumisión ineludible que se debe al
ordenamiento supremo. Naturalmente que ese respeto a la propiedad privada,
que esa intangibilidad a la misma, no son absolutos, según dijimos, pues
el Estado tiene la facultad de imponerle todas las modalidades que dicte el
interés público e inclusive hacerla desaparecer en cada caso concreto de que
se trate, facultad que debe ceñirse a las limuaciones constitucionales que la Ley Fundamental
expresamente impone al mencionado derecho. Fuera de estas restricciones,
el Estado y sus autoridades carecen de todo poder para vulnerar la
propiedad privada.
b) Limitaciones constitucionales a la propiedad privada como garantía. individual.
Hemos aseverado anteriormente que la propiedad privada ya no es un
derecho absoluto del individuo tal como existía en Roma, sino que está llamada
a desempeñar una función social. Por ello es que la Ley Suprema impone
a la propiedad particular importantes limitaciones, todas ellas
inspiradas en el interés estatal, nacional, público o social.
l. lmposicion de modalidades. El artículo 27 constitucional en su tercer párrafo
expresa que "la nación (o el Estado mexicano como persona moral de

466
lAS GARAN"líAS INDIVIDUALES
derecho público en que ésta se organiza o estructura) tendrá en todo tiempo
el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte
el interés público". La imposición de estas modalidades se traduce, bien en
restricciones o prohibiciones respecto del uso, disfrute o disposición de las
cosas (ocupación temporal, total o parcial o simple limitación de los derechos
de dominio de que habla el artículo 2 de la Ley de Expropiación), o bien
en el cumplimiento, por parte del dueño de éstas, de verdaderos actos positivos
con motivo del aprovechamiento de las mismas. El establecimiento de
limitaciones'o prohibiciones a los derechos específicos emanados de la propiedad,
así como la obligación impuesta a su titular, consistente en realizar
actos positivos, deben tener como móvil, como causa final, la satisfacción MI
interés público, esto es de un interés general personalmente indeterminado. En vista
de la prevención constitucional que acabamos de transcribir, el Estado o
la nación, por conducto de sus autoridades puede llevar a cabo actos limitativos
o prohibitivos de los derechos que de la propiedad se derivan para su
titular (uso, disfrute y disposición), así como imponer a éste el cumplimiento
obligatorio de un hecho positivo.
El alcance de la disposición constitucional que faculta a la nación para
imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público
es, sin embargo, difícil de precisar. En otras palabras, para demarcar la extensión
e índole misma del derecho consagrado en favor de la nación, es indispensable
determinar qué se entiende por modalidades a la propiedad
privada y, sobre todo, cuál es su implicación. Es obvio que la imposición de
modalidades a dicha propiedad no equivale a la abolición absoluta de la
misma en detrimento de su titular, pues ello significaría el egreso definitivo
del bien de que se trate de la esfera jurídica de una persona, lo cual configuraría
la expropiación como fenómeno diferente de aquél. Por tanto, la
imposición de modalidades a la propiedad privada se traduce necesariamente
en la supresión o en la limitación de alguno de los derechos reales inherentes
y consubstanciales a ella, a saber, el derecho de usar de la cosa (jus
utendi), el de disfrutar de la misma (jus fnumdi) y el de disposición respectiva
(jus abuiendi). En consecuencia, sólo cuando se afecta supresiva o limitativarnente
alguno de tales derechos puede hablarse de imposición de
modalidades a la propiedad privada, en la inteligencia de que dicha afectación
debe recaer en el mecho mismo de que se trate y rw en "la cosa O bien que
constituya la materia de su ejercicio o goce, ya que pueden existir afectaciones
a tal cosa o bien sin que éstas importen, a su vez, lesión al derecho de
propiedad en sí mismo considerado. Por ende, sólo a través de sus derechos
distintivos y esenciales puede existir la posibilidad de que se impongan modalidades
a la propiedad privada, es decir, cuando se suprima o limite alguno
de tales derechos y no cuando simplemente se afecte de cualquier
manera la cosa o bien que implique su materia de goce o ejercicio, pues
debe tenerse muy presente que no es lo mismo la materia de un derecho al

GARANTíAS DE PROPIEDAD 469
Las anteriores consideraciones parecen, sin embargo, demasiado simplistas.
Mondando en la cuestión consistente en determinar a qué órgano legislativo
del Estado compete expedir las normas jurídicas abstractas, generales
e impersonales que establezcan las modalidades a la propiedad privada, es
decir, al Congreso de la Unión o a las legislaturas locales, es pertinente formular
las ideas que a continuación exponemos, El derecho que tiene la Nación
en todo tiempo para imponer tales modalidades que dicte el interés
público, y al que se refiere el párrafo tercero del artículo 27 constitucional,
implica el contenido de la declaración teórica respectiva. Esta declaración
debe estimarse congruente COII la de que la misma Nación ha tenido y tiene
el derecho de trasmitir el dominio de las tierras yaguas comprendidas dentro
del territorio nacional a los particulares por corresponderle la propiedad
originaria de dichos elementos naturales. En otras palabras, tal declaración
no debe conceptuarse como atribución de competencia en favor de la Nación
para imponer las referidas modalidades a la propiedad privada. ya que
la Naeión no tiene competencia, la que únicamente corresponde a los órganos
del Estado. De esta consideración se deduce que el Congreso federal
tiene la facultad legal impositiva mencionada, a través de las leyes que expida,
si el interés público que legitima constitucionalmente la aludida imposición, incide
en alguno de los ramos o materias que formen el cuadro competencial de dicho
Congreso. Por el contrario, si tal ramo o materia incumben legislativamente a
los congresos de los Estados por virtud del principio contenido en el artículo
124 de la Constitución, las leyes que impongan modalidades a la propiedad
privada pueden provenir de tales congresos.
Esta última conclusión se corrobora si se toma en cuenta lo que previene
la fracción II del artículo 121 constitucional que consagra el principio lex
rei sitae, al disponer que "Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la
ley del lugar de su ubicación". Es evidente que la propiedad es un derecho
real que se ejerce sobre un bien mobiliario o inmobiliario, sin el cual tal derecho
sería inconcebible. Por ende, la imposición de modalidades a la propiedad
repercute necesariamente en su objeto constituido por dichos bienes
en cuanto a la manera o forma de usarlos, disfrutarlos y de disponer de
ellos. En conclusión, respecto de los bienes muebles o inmuebles que se ubiquen
dentro de su territorio, las legislaturas locales pueden dictar las leyes
que regulen su uso, disfrute y disponibilidad, pero siempre y cuando el interés
público qu.e funde dicha regulación no concierna a ninguno de los ramos o materias
que sean de la competencia constitucional del Congreso de la Unión, integrada por
las facultades expresas e implícitas de dicho órgano legislativo federal.
2. t» expropiación
La utilidad pública. Otro fenómeno en que se manifiesta el carácter de
función social que ostenta la propiedad privada, está constituido por la expropiación
por causa de utilidad pública. La expropiación, pues, está vedada a

470
UIS cARANliAS INDIVIDUALES
los particulares. El acto autoritario expropiatorio consiste en la supresión
de los derechos de uso, disfrute y disposición de un bien decretado por el
Estado, el cual lo adquiere. Toda expropiación, para que sea constitucional,
requiere que tenga como causa final la utilidad públil:a. Ahora bien, équé se
entiende por tal?
El concepto de utilidad 'pública es eminentemente económico. La idea
de utilidad en general implica la relación entre una necesidad y un objeto satisfactor
que a la misma deba aplicarse. Se dice, por ende, que hay utilidad
cuando el bien satisfactor colma una necesidad preexistente, para cuyo efecto
se requiere que entre aquél y éste haya una cierta adecuacién o idoneidad. Por
tanto, para que exista una causa o motivo de utilidad pública, se requiere
que haya, por un lado, una necesidad pública, esto es, estatal, social, o general,
personalmente indeterminada, y, por otro, un objeto susceptible económicamente
de colmar o satisfacer dicha necesidad.
Constitucionalmente, pues, la expropiación por causa de utilidad pública
exige el cumplimiento o existencia de estos dos elementos o condiciones: a),
que haya una necesidad pública; y b), que el bien que se pretende expropiar sea susceptible
de producir la satisfaccUín de esa necesidad, extinguiéndola. No concurriendo
dichas dos circunstancias, cualquier expropiación que se decrete respecto
de un bien, es evidente y notoriamente inconstitucional. Puede haber, en
efecto, una necesidad pública que satisfacer, pero si la cosa materia de la
expropiación es inadecuada para satisfacerla, no existirá utilidad pública y,
por tanto, el acto expropiatorio violará la Ley Suprema. La Corte, al resolver
juicios de amparo interpuestos contra decretos expropiatorios, no ha delimitado
o definido el concepto de utilidad pública, sino que lo ha aplicado
simplemente por instinto en cada caso concreto, lo cual no deja de tener
sus peligros para la estabilidad de la propiedad privada. Por otra parte, ni
la misma Constitución ni la Ley de Expropiación actual (de noviembre de
1936) definen la idea de utilidad pública, que es el concepto central en materia
expropiatoria. El ordenamiento secundario mencionado, en su artículo
primero, adopta un método enumerativo y caprichoso respecto del señalamiento
de las causas de utilidad pública, considerando como tales a algunas
actividades que pueden no presentar este carácter, lo que provoca un estado
de peligrosidad grave en detrimento de la propiedad privada. Así, verbigracia,
en la fracción IX del precepto indicado se considera como causa de utilidad
pública "la creación fomento o conservación de una empresa para
beneficio de la colectividad". Ciñéndose puntualmente al sentido de esta disposición,
resulta que todas las empresas serían constitucionalmente expropia.
bles, ya que no hay ninguna cuya actividad no produzca un beneficio a la
colectividad, pues ésta satisface sus necesidades mediante una multitud de
objetos elaborados o traficados por establecimientos económicos privados.
Siguiendo el criterio adoptado por la fracción IX del artículo primero de la
Ley de Expropiación, y atendiendo a la circunstancia de que las necesidades

GARANTÍAS DE PROPIEDAD
varias de la colectividad, como suma de individuos, se satisfacen mediante
los objetos múltiples elaborados por empresas particulares, todas éstas serían.
constitucionalmente expropiaciones so pretexto de proveer a "su fomento o
conservación".
Sin embargo, el fomento y conservación de una empresa sólo será causa
de utilidad pública que justifique su expropiación, si su funcionamiento bajo
la administración privada es. insuficiente o ineficaz para proveer a la satisfacción
de las necesidades colectivas a que está destinado. Por tanto, para que
éstas no queden sin colmarse, el Estado puede expropiarla sin contravenir
el artículo 27 constitucional. Esta idea se corrobora por el criterio que sobre
la mencionada cuestión específica ha sustentado la Suprema Corte, al afirmar
que:
."La sola referencia a una empresa no es bastante para considerar que la expropiación
tenga por objeto beneficiar o satisfacer una necesidad particular, pues la fracción
IX del artículo l. de la Ley de Expropiación de 1936. determina que la
empresa debe tener por objeto el beneficio de la colectividad. Esto se comprende
mejor si se atiende a los principios de la descentralización por colaboración, que son
el ejercicio de una función pública y la realización de esa función por un organismo
privado. En ese tipo de descentralización se combinan el beneficio de la colectividad
y la actuación de una empresa privada, como acontece cuando el objeto de la empresa
lo es la prestación de un servicio público mediante concesión. Por tanto, es inexacto
que esta clase de empresas sólo tengan por fin el provecho exclusivo para sus
propietarios o accionistas, puesto que la razón de su existencia no es otra que la de
colaborar a la satisfacción de los fines propios del Estado, singularmente, la atención
de necesidades colectivas. En tal virtud, tratándose de empresas en que se satisfaga el
requisito de servir o beneficiar a la colectividad, como lo estatuye la fracción de referencia,
es evidente que su creación, fomento y conservación, constituyen causas de
utilidad pública."3U8
Conforme a las consideraciones transcritas, la creación de una empresa de carácter
privado implica una causa de utilidad pública, si tal empresa, por la índole de su
objeto y actividad, debe cooperar con el Estarlo para la satisfacción de alguna necesidad
colectiva; y por lo que concierne al fomento y conservación de una ya existente.
estas finalidades también presentan ese carácter, tanto en el caso de que el acto exprapiatorio
afecte a la persona o entidad privada que la administre, como en el de
que la expropiación comprenda bienes necesarios para lograr dichas finalidades.
Estimamos, que la enumeración casuística de las causas de utilidad pública
en materia expropiatoria es incorrecta y trae consigo graves consecuencias
en la práctica, además de que deja al capricho del Poder Ejecutivo
ordinario, federal o local, la expedición de decretos de expropiación, los
cuales en muchas ocasiones pueden no fundarse en una utilidad pública.
Por tal motivo, debe pugnarse porque la ley, al fijar las causas por las que
procede la expropiación, tome en consideración, mediante una declaración
general, el concepto de utilidad pública a que hemos hecho referencia, de
308 Stmanario Judi€ial tú la Ftckraciim. Sexta Época. Amparo en revisión 2,805/62. Fallado
el·22 de junio de 1965. Tomo XCVI. pág. 10, Segunda Sala.
471

GARANTÍAS DE PROPIEDAD
el artículo 27 constitucional al establecer que "las expropiaciones sólo podrán
hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización".
La importancia jurídica de la indemnización, además de ser una condición
constitucional sine qua non del acto expropiatorio, se destaca como factor
claramente distintivo entre éste y la confiscación, la cual consiste en el
apoderamiento, por parte del Estado, de bienes de particulares, sin otorgar
a éstos ninguna contraprestación. la confiscación; que equivale a la incautación,
está terminantemente prohibida por el artículo 22 de la Constitución,
salvo los casos en que se trate de la aplicación total o parcial de los bienes
de una persona, "hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad
civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de
impuestos o multas".
Ahora bien, el término "mediante", que utiliza el artículo 27 constitucional,
indica la forma o manera cronológica de otorgar la contraprestación indemnizatoria
por parte del Estado en favor del particular afectado. Dicho
vocablo se ha prestado a muy diversas interpretaciones respecto a la época
en que debe pagarse la indemnización. Se ha afirmado, en efecto, que ésta
debe ser previa, anierior al acto expropiatorio, tal como lo consignaba la Constitución
de 1857 en su artículo 27; por otra parte, se ha dicho que la palabra
"mediante" implica simultaneidad entre dicho acto y la indemnización; por
último, se ha aseverado que el pago de. ésta puede ser posterior a la expropiación.
Los partidarios de la tesis que sostiene que la indemnización debe ser
anterior o previa al acto expropiatorio, esgrimen como argumentos los siguientes:
que la Constitución de 1917, al emplear el término "mediante", no
ha variado el sentido de la disposición de la Constitución de 1857 que exigía
la previa indemnización, puesto que si hubiere introducido alguna variación
en la época de pago de ésta, expresamente así lo hubiera establecido.
Se afirma, además, adoptando un método analógico, que si el artículo 14
constitucional, al hablar de "mediante juicio seguido" ordena que a una persona
sólo puede despojársela de sus bienes, posesiones, etc., previo procedimiento,
lo mismo debe entenderse en materia de expropiación, en que la
palabra "mediante" es sinónimo de "previa".
La opinión que asegura que la indemnización debe prestarse simultáneamente
a la realización del acto expropiatorio, sostiene que siendo éste
una venta forzada, tal venta supone, "a falta de cláusulas expresas, la simultaneidad
en el cumplimiento de las obligaciones del vendedor y del comprador".\\IO
/ Por último, la tesis que sostiene que el pago de la indemnización al
afectado por una expropiación puede ser a posteriori, esgrime como argumento
el siguiente: "no puede pensarse que la Constitución exija la indern-
310 FRA(:A, Derecho Administrativo, pág 340.
475

476
LAS GARANTíAS INDIVIDUALES
nización previa. aunque se trate de una venta forzada de bienes y aunque
haya otros textos constitucionales en que tenga un significado diferente la
palabra 'mediante', porque el cambio que al emplear esta palabra hizo del
término usado por la Constitución de 57 revela claramente que hubo el propósito
de variar el requisito que dicha Constitución establecía no siendo por
lo mismo necesario que esa indemnización sea previa".!1I1
La jU1isprudencia de la' Suprema Corte no ha sentado un criterio firme
para interpretar los términos "mediante indemnización" empleados en el artículo
27 constitucional. En algunas ejecutorias se ha sostenido que ésta
debe ser por lo menos simultánea o que no quede incierta, es decir, que no
sea posterior al acto expropiatorio indefinidamente.m Sin embargo, dicho
alto tribunal también ha afirmado que el pago de la indemnización es un
procedimiento posterior a la declaración de expropiación.v>
Nosotros estimamos que, siendo la indemnización la contraprestación
que el Estado realiza en favor del afectado por un acto expropiatorio, debe
responder como tal, es decir, que la persona privada de algún bien debe recibir
el importe de éste. Ahora bien, como es el Estado quien por conducto
de las autoridades competentes realiza unilateralmente, en forma imperativa, la
expropiación, luego también fija las condiciones en que se debe prestar la indemnización
en favor del afectado. Por eso la entidad política es la que, de
acuerdo con su situación económica, establece la época de pago de la indemnización.
Dicha época, por otra parte, nunca debe ser aplazada o incierta,
puesto que entonces no habría contraprestación en favor del afectado
por una expropiación, debido a que éste nunca recibiría el importe del bien
expropiado.u- Por ello, la legislación secundaria, que es a la que compete,
según Fraga, delimitar la época de pago de la indemnización, debe fijar un
término máximo para que tenga lugar este acto, de tal manera que la auto-
311 Idem, pág. 341.
312 Apéndice al tomo CXVIII, tesis 462. Tesis 91 de la Compilación 1917·1965, y tesis385 del
Apéndice 1975, Segunda Sala. (Tesis 365 del Apéndiu 1985.)
313 Apéndice al tomo XCVII, tesis 465.
314 Este criterio concuerda con el sustentado por la Suprema Corte en la tesisjurisprudencial
número 467 visible en el Apéndice al tomo CXVIII (tesis 96 de la Compilación 1917-1965. y tesis
390 del Apéndice 1975, Segunda Sala y tesis 367 del Apén.dia 1985. 1dem) del SemanarioJudicial de la
Federación, que asienta: "Como la indemnización en caso de expropiación es, de acuerdo con el
artículo 27 constitucional, una garantía, para que ésta sea efectiva y aquélla llene su cometido, es
necesario que sea pagada, si no en el preciso momento del tuto posesorio, sí a -raiz

GARANTÍAS DE PROPIEDAD 477
ridad que a nombre del Estado decreta la expropiación, no pueda aplazar el
cumplimiento de la mencionada contraprestación indefinidamente. Tal fijación
se consigna en la actual Ley de Expropiación, la cual, en su articulo
20, establece que los plazos en que la indemnización deba pagarse no po·
drá exceder de diez años, disposición que en cierto modo está contradicha
por el mandato contenido en el artículo 19 del propio ordenamiento, que
prevé que "el importe de la indemnización será cubierto por el Estado,
cuando la cosa expropiada pase a su patrimonio".
Respecto de la calidad del pago de la indemnización, esto es, de la materia
misma de la contraprestación que el Estado tiene que cumplir en beneficio
del particular afectado, ni la Constitución ni la Ley de Expropiación
dicen nada. Sin embargo, la calidad del pago de la indemnización debe consistir
en dinero, que es el medio ordinario y legal usado en operaciones de
diversa índole, pudiendo estribar, bien en efectivo, o bien en títulos repre·
sentativos del mismo fácilmente negociables.
Por lo que concierne a la cuantía de la indemnización, la Ley Suprema
establece en su artículo 27, fracción VI, párrafo segundo, que el precio que
como tal se fije "se basará en la cantidad que como valor fiscal de la cosa
expropiada figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este
. valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por
él de modo tácito por haber pagado sus contribuciones sobre esta base", disposición
constitucional que está corroborada por el artículo 10 de la Ley de
Expropiación. Puede surgir, no obstante, una controversia entre el particular
afectado y el Estado, por lo que toca al monto de la indemnización cuando
el valor intrínseco, efectivo y actual del bien expropiado no corresponda al
valor catastral o fiscal, bien porque éste sea menor o mayor que aquél en viro
tud de mejoras o deterioros respectivamente. En este caso, la Ley de Expropiación
previene que la parte interesada, bien sea el particular afectado o el
Estado, según las circunstancias, ocurrirá al Juez que corresponda (o sea a
un Juez de Distrito), para que este funcionario resuelva respecto del monto
de la indemnización que deba pagarse, atendiendo al valor intrínseco, efectiva
y actual que tenga el bien expropiado con posterioridad a la fijación del
valor catastral o fiscal, a virtud de mejoras o deterioros que a dicho bien hayan
sobrevenido. El procedimiento judicial observado sobre esta cuestión
está regulado por los artículos 11, 12, 13, 15, 16 Y 17 de la Ley de Expropiación,
a cuyo tenor nos rernitímos.s» bis
Sin embargo. el último criterio que se acaba de invocar no ulnstituye tesis jurisJmulmcial, en
virtud de que las ejecutorias "Casa del Casino Cordobés" y "Santibáñez RafaeJ", publicadas, respectivamente.
en los Tomos XLIX, pág. 1804 Y LlII. pág. 247. del Semanario Judicial de la Federación,
Quinta Época, no se refieren al contenido de dicho criterio, sino que, por lo contrario,
aluden a la obligación de pagar la indemnización dentro de un plazo razonable de modo
que el afectado pueda disponer del importe correspondiente,
31His En diciembre de 1993 se reformé el artículo 10 sustituyéndose el valor fiscal por ti
comercial.

478 lAS GARANTíAs INDIVIDUALES
El procedimiento expropiatorío y sus presupuestos. En materia de expropiación,
existe una intervención autoritaria sucesiva de los tres poderes constitucionales:
e! ejecutivo, e! legislativo y e! judicial.
En efecto, la Ley Suprema en e! artlculo 27, fracción VI, párrafo segundo,
otorga facultad al Poder Legislativo, bien sea local o federal, según e!
caso, para expedir el ordenamiento que fije las causas de utilidad pública.
Dicho ordenamiento puede tener el carácter de federal cuando se trate de
casos en que se tienda a alcanzar un fin cuya realización competa a la Federación
conforme a sus facultades constitucionales, o bien ostentar una naturaleza
local cuando los objetivos que se persigan mediante la expropiación
sean de la incumbencia constitucional de las entidades federativas. Como se
ve, en el régimen jurídico a que está sometida la actividad expropiatoria estatal
concurren los principios de constitucionalidad y z"g

GARAlVIÍAS DE PROPIEDAD 479
rio: primero, la existencia de una ley que determine los casos genéricos en
que haya utilidad pública; y segundo, que el Ejecutivo, aplicando. esa ley,
decida en cada caso si existe o no esa necesidad, para que se venfique la
expropiación. Llevada a cabo sin que se cumplan las formalidades, importa
una violación de garantías.""·
La intervención del Pode>' Ejecutivo, local o federal, en materia de expropiación,
consiste en la declaración concreta de cuándo procede, en un caso determinado,
la expropiación de un bien o su ocupación' temporal y en la
realización consiguiente de la actividad expropiatoria, todo ello de acuerdo
con la ley que previamente haya fijado las causas de utilidad pública y el
procedimiento correspondiente. La autoridad administrativa, pues, se concreta
a aplicar a un caso particular las normas generales constitucionales y
legales que regulan la actuación expropiatoria del Estado, ejecutando los actos
concretos jurídicos y materiales inherentes a dicha aplicación (declaración de
expropiación, ocupación de la propiedad privada, conocimiento del recurso
administrativo de revocación que se da a favor del afectado, etcétera).
Por último, la injerencia que tiene el Poder Judicial en materia de expropiación
se reduce, por declaración constitucional, a conocer de los conflictos
que surjan entre las partes (el Estado y el particular), con motivo de la no
equivalencia entre el valor real, actual y efectivo del bien expropiado y el
valor catastral o fiscal de éste, en los términos indicados con antelación.".'"
Claro está que esta exigua intervención del Poder Judicial en materia de
expropiación no excluye la facultad que tiene la jurisdicción federal de conocer
de los diversos casos concretos que en dicha materia se presenten, a
través del juicio de amparo que se entable en contra de la resolución administrativa
que recaiga al recurso de revocación que haya interpuesto el
particular contra la declaración de expropiación y sus consecuencias.
El procedimiento expropiatorio instituido por la ley vigente, de noviembre
de 1936, es el siguiente: el Ejecutivo Federal, tanto cuando se trate de materia
federal como local por lo que respecta al Distrito Federal, se encarga
previamente, por conducto del Departamento Administrativo o Secretaría de
Estado que corresponda, de formular un estudio acerca de si bien que se
pretende expropiar u ocupar temporalmente en cuanto a su dominio, efecti-
aro Tomo XI, pág. 685, Y tomo XXVI, pág. 2,269, de la Quinta Época y wisjurisprudemial
100 d, la Compilación 1917·1965. y 394 del Apindu. 1975. Segunda Sala. [Tesis 371 ¿,t ApéndU<
1985.) Tesis 69 del Apéndice 1995, Mate'l'ia Administrativa.
3lób;s L, Suprema Corte ha reiterado la exigOedad de la injerencia del Poder Judicial en el
procedimiento expropiarorio al aseverar que para emitir el decreto respectivo "el Estado no ejercita
ninguna acción ante algún tribunal, ya que tal decreto se dicta unilateralmente por la autoridad administmtiva
e incluso sin necesidad de otorgaraudiencia previa al propietario afectado", pues "lo único que de.
berá quedar sujeto a resolución judicial será el exceso de valor o el demérito que haya tenido la
propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la
asignación del valor fiscal" (lnforrru de 1982, tesis 14, Pleno). Este criterio se reafirma y explicita
en la Tesis jvruprudencial66 del Apéndice 1995, Materia Administrativa.

480 lJ\S GARANTÍAS INDIVIDUALES
vamente es útil para satisfacer una necesidad pública (utilidad pública) existente.
En caso de que tal utilidad se constate, e! Ejecutivo de la Unión, a
través de la autoridad administrativa que sea competente de acuerdo con la
Ley de Secretarías de Estado, hace la declaración de expropiación, de ocupación
temporal o de limitación de dominio respecto de un determinado
bien, declaración que debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación
(arts. 3 y 4 de la Ley de Expropiación). Esta publicación surte efectos de
notificación del decreto expropiatorio, si se ignora el domicilio del afeet

GARANTíAS DE PROPIEDAD
suelva. Se exceptúan de dicha regla general los casos en que mediante la expropiación,
ocupación temporal o limitación de dominio, se pretenda: a) satisfacer
las necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores;
b) llevar a cabo el abastecimiento de las ciudades o centros de población, de
víveres o de otros artículos de consumo; c) combatir o impedir la propagación
de epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades
públicas; d) obtener los medios empleados para la defensa nacional
o para el mantenimiento de la paz pública; y e) evitar la destrucción de los
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio
de la colectividad (art. 8 de la Ley de Expropiación en relación con las fracciones
V, VI YX del artículo primero de este ordenamienroj.ns»
Por último, el artículo 9 concede al propietario afectado el derecho de
reclamar, dentro del término de cinco años, la reversión del bien expropiado
O la insubsistencia del acuerdo cuando haya sido ocupado temporalmente o
cuando su dominio haya sido limitado, siempre y cuando dicho bien "no
haya sido destinado al fin que dio causa a la declaratoria respectiva".
Antecedentes históricos de In expropiación. Afirma el licenciado Villerss!' que
Sl8bi< Tratándose de la suspensión en el juicio de amparo que se promueva contra algún decreto expropiatorio,
el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa ha establecido en
una importante tesisjurisprudencíal la procedencia de dicha medida cautelar. en los siguientes términos:
"Si las autoridades responsables no aportaron al incidentelos estudios socioeconómicos que fundaron
el derecho expropiotorio, ni algún elemento de convicción sobre la urgenciao necesidad inmediata de proceder
a la ocupación de los terrenos o a la ejecudón del decreto de quese trata, para satisfacer una necesidad pilblica
que no admitiera dilación, procede conceder la suspensión a la quejosa" (Informe de 1976, Sección 'Tribunales
Colegiados", tesis JJ. Este criterio jurisprudencial se corrobora por el mismo Tribunal Colegiado
de Circuito en la ejecutoria cuya parte conducente nos permitimos transcribir: "Para determinar
si la suspensión procede o no contra el desposeimiento derivado de un decreto expropiarorio. en
términos del artículo 124, fracción Il, de la Ley de Amparo, no basta adoptar un criterio simplista
y dogmático que prejuzgue que siempre y necesariamente el interés público exige que sea negada
la medida. En efecto, en primer lugar, se deben sopesar los daños que el interés público puede
sufrir con la demora del desposeimiento, mientras se falla el juicio, contra los daños que el parricular
puede sufrir con la ejecución de los actos reclamados. Y se debe notar que lo importante en
el incidente no es determinar si el interés público exige la expropiación. o no. sino la urgencia de
realizar los actos redomados, sin la demora de lo que pueda tardar en terminar el juicio de amparo.
En segundo lugar, se debe considerar que los quejosos pueden quedar obligados, cuando obtienen
la suspensión, a garantizar el pago de los daños y perjuicios que la demora cause. mientras
que es usual estimar que las autoridades no deben responder de los daños y perjuicios (patrimoniales
o no) que causen con la ejecución de actos reclamados que luego son encontrados ilícitos e
inconstitucionales. Y se suele pemar (sin que aquí deba decidirse nada al respecto) que para restituir
las cosas al estado que guardaban (artículo so de la Ley de Amparo) basta. por ejemplo, devolver
al quejoso el terreno del que fue desposeído. sin pagarle los daños causados a las
construcciones o siembras que hubiera en dicho terreno. y, en tercer lugar. se debe considerar
que el interés social no sólo está en que se realicen ciertas obras. a menudo materiales. de beneficio
colectivo. sino que también hay un elevadísimo y nobilísimo interés social en que los gobernados
no pueden ser afectados en sus derechos. a menudo sin reparación satisfactoria en caso de
obtener el amparo, mediante actos inconstitucionales que puedan resultar violatorios de garantías
individuales" (Informe de 1976, Sección 'Tribunales Colegiados", págs. 96 y 97).
319 Op. cu., pág. 16.
481

482
lAS GARANTíAS INDIVIDUALES
en el Derecho Romano encontramos un precedente respecto de la expropiación
en el Digesto, libro VIII, título v, ley XIII, párrafo 1, en los siguientes
términos: "Si consta que en tu campo hay canteras, nadie, que no tiene derecho
para hacer esto, puede extraer piedras contra tu voluntad, con título
ni privado ni público, a no ser que en aquellas canteras .haya tal costumbre,
para que si alguien quisiere extraer piedras de ellas, no lo haga de otro
modo que pagando antes por ello al dueño el tributo acostumbrado; pero
debe extraer las piedras, después que satisfaga al dueño de suerte que ni se
entorpezca el use de la piedra necesaria, ni al dueño con derecho se le quite
la propiedad de la cosa." En el Derecho Español, el mencionado autor
apunta otros antecedentes del derecho de expropiación, en los términos que
nos permitimos transcribir: "En el Fuero Juzgo, encontramos de este derecho
en bosquejo en la ley V, título 1, libro segundo; pero sin aparecer naturalmente
todos los caracteres genuinos del derecho de expropiación. Por el
contrario, la cita hecha por algunos autores de la disposición de don Alfinso
en Valladolid, el año de )325, ordenando "que si alguna carta emanare desaforada
de la Cancillería o de cualquiera alcaldes o jueces en que manden
lisiar o matar, o prender alguna o algunas personas, o UtS tomar sus bienes, o
desterrar, o desheredar a alguna o algunas personas, o contra cosa desaguisada,
que tales cartas no sean cumplidas", en cuya disposición también se
dispuso que "si por las dichas nuestras cartas mandáramos tomar a algunos
sus bienes o parte de ellos, que los oficiales recauden los dichos bienes, y los
pongan en fieldad en manos de hombres buenos y abonados"; esto, en mi
concepto (de Villers), no es el origen del derecho de expropiación en España,
sino más bien el origen de la confiscación, porque el hecho de tomar los
bienes de una persona, prohibido al mismo tiempo que se prohibía matar o
prender, da la clave de que se trataba realmente de la pena de confiscación
inherente a los delitos". "Pero donde encontramos la materia de expropiación
ya precisada, es en las leyes siguientes: la ley segunda, título 1, partida
segunda, dice en lo conducente: 'otrosí dezimos, que cuando el Emperador
quisiese tomar heredamiento, o alguna otra cosa a algunos para sí o para
darlo a otros, como quiera que él sea Señor de todos los del Imperio para
ampararlos de fuerza, e para mantenerlos en justicia, con todo eso non puede
él tomar a ninguno lo suyo sin su plazer, si non fiziere tal cosa, porque
lo debiere perder segun la ley. E si por auentura gelo ouiesse tomar o por
razón que el Emperador ouiesse menester de fazer alguna cosa en ello. que
se tornase a pro comunal de la tierra, tenudo es por derecho de le dar ante
buen cambio, que vale tanto o más de guisa que el finque pagado a bien
vista de ames buenos. Ca maguer los romanos, que antiguamente ganaron
con su poder el Señorío del mundo, fiziessen Emperador, e le otorgasen
todo el poder, e el señorfo que hauían sobre las gentes para mantener e defender
derechamente el pro comunal de todos, con todo esso non fue su
entendimiento, de lo fazer señor de las cosas de cada vno, de manera que

GARANTÍAS DE PROPIEDAD
las pudiese tomar a su voluntad, sino tan solamente, por algunas de las razones
que de susso son dichas. E este poder ha el señor, luego que es escogido
de todos aquellos, que han poderío de lo escoger, o de la mayor parte,
seyendo fecho Rey en aquel lugar, onde se acostumbraron a fazer antiguamente,
los que fueron escogidos para Emperadores' ''. La ley XXXI del título
XVIII, de la partida tercera, dijo: "Contra derecho natural no deue dar
preuillejo, nin carta, Emperador, nin Rey nin otro Señor. E si la diere, non
deue valer; e contra derecho natural sería si diessen por preuillejo las cosas
de un ome a otro, non auiendo fecha cosa, por que las deuiesse perder
aquel cuyas eran. Fueras ende, si el Rey las ouiesse menester, por fazer dellas,
o en ellas algunas lauor, o alguna cosa, que fuesse a pro comunal del
Reyno; assí como si fuesse alguna heredad, en que ouiessen a facer castillo,
o torre, o puente, o alguna otra cosa semejante destas, que tornasse a pro, o
amparamiento de todo, o de algún lugar señaladamente. Pero ésto deuen
fazer en una destas dos maneras: dándole cambios por ello primeramente O
compranddoselo según que valiere."
Durante el México independiente, la facultad estatal expropiatoria no era
desconocida; muy por el contrario, los diversos ordenamientos constitucionales
que estuvieron vigentes, con excepción del Acta de Reformas de 47 que
reimplantó la Constitución Federal de 1824, se refieren a la expropiación
en los artículos que vamos a transcribir: "Ninguno debe ser privado de la
menor porción de las que posea, sino cuando lo exija la pública necesidad;
pero en este caso tiene derecho a la justa compensación" (art, 35 de la Cons•
. titución de Apatzingán de octubre de 1814). "El presidente no podrá ocupar
la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión,
uso o aprovechamiento de ella, y si en algún caso fuere necesario,
para un objeto de conocida utilidad general. tomar la propiedad de un particular
o corporación, no lo podrá hacer sin previa aprobación del Senado,
y en sus recesos, del consejo de gobierno. indemnizando siempre a la parte
interesada, a juicio de hombres buenos elegidos por ella y el gobierno" (art.
112, frac. 111, de la Constitucíán Federal de 4 de octubre de 1824). "Son derechos
del mexicano: No poder ser privado de su propiedad ni del libre uso y
aprovechamiento de ella ni en todo ni en parte. Cuando un objeto de pública
utilidad exija lo contrario, podrá verificarse la privación, si tal circunstancia
fuere calificada por el presidente y sus cuatro ministros en la capital,
por el gobierno y junta departamental de los Departamentos; y el dueño,
sea corporación eclesiástica o secular, sea individuo particular, previamente
indemnizado a tasación de dos peritos, nombrado el uno de ellos por él y
según las leyes el tercero en discordia, caso de haberla. La calificación
podrá ser reclamada por el interesado ante la Suprema Corte de Justicia de
la capital, y en los Departamentos ante el Superior Tribunal respectivo. El
reclamo suspenderá la ejecución hasta el fallo" (art. 2º de la Primera Ley
Constitucional de 1836). "La propiedad es inviolable, sea que pertenezca a
483

484 I.AS GARANTíAS INDlVlOUALES
particulares o a corporaciones, y ninguno puede ser turbado ni privado en
el libre uso y aprovechamiento de la que le corresponda según las leyes y ya
consista en cosas, acciones O derechos, o en el ejercicio de una profesión o
industria que le hubiere garantizado la ley. Cuando algún objeto' de utilidad
pública exigiere su ocupación, se hará ésta, previa la competente indemnización,
en el modo que disponga la ley" (art. 9 2 , frac. XIII, de las Bases Orgánicas
de 1843). Por último, la Constitución de 57 en su artículo 27 disponía:
"La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento,
sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley determinará
la autoridad que deba hacer la expropiación y los requisitos con que
ésta haya de verificarse."
3. La expropiación agraria. Además de la expropiación genérica de que
puede ser objeto toda propiedad, existe una expropiación, que podríamos
denominar específica, que tiene lugar en materia agraria y que se traduce en
la afectación de los latifuridios en favor de los núcleos de población. Este
acto puede consistir en dos procedimientos específicos: el de restitución de
tierras yaguas, y el de dotación, a que se refieren las fracciones IX y X del
artículo 27 constitucional. Estos dos actos específicos, cuyo objetivo constituye
a su vez la motivación de la Reforma Agraria iniciada desde el famoso
Plan de Ayala, se desarrollan conforme a procedimientos especiales previstos
en las fracciones VII y XVIII del artículo 27 de la Ley Suprema, que incorporaron
al Código Fundamental las disposiciones de la ley de 6 de enero
de 1915, Y regulados por la legislación secundaria en materia agraria que
ha estado vigente desde 1917 hasta la fecha. Esos procedimientos dotatorios
y restitutorios, con los requisitos y elementos legales inherentes, son objeto
de estudio del Derecho Agrario, por lo que no nos corresponde abordar sus
análisis, concretándose únicamente a apuntar su carácter expropiatorio,
como limitación constitucional a la propiedad privada inmobiliaria rural.
Esta restricción instituida por la Ley Fundamental, revelada en las expropiaciones
por causa de restitución o de dotación de tierras yaguas, opera
respecto de la gran propiedad rústica O rural llamada latifundio. Por ende,
la pequeña propiedad agraria, mya extensión máxima se fija en la fracción
XV del artículo 27 constitucional, no tiene la mencionada limitación o. en
otras palabras, no es objeto de expropiaciones dotatorias o restitutorias. Al respecto,
la fracción citada impone a las autoridades agrarias' la obligación de
no afectar la pequeña propiedad agrícola. Sin embargo, antes de la adición
que en 1946 se introdujo a dicha fracción XIV, el cumplimiento de la aludida
obligación por parte de las indicadas. autoridades quedaba al exclusivo
arbitrio de estas mismas, pues la jurisprudencia de la Suprema Corte estableció
en una época, interpretando indebidamente la fracción XIV del artículo
27 constitucional, que ni los grandes ni los pequeños propietarios rurales
afectados por resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas que se
hubieren dictado en favor de los pueblos, tenían el derecho de interponer

CARANTÍAS DE PROPIEDAD 485
el juicio de amparo contra dichas resoluciones, que es el medio jurídico de
poner coto a posibles y desgraciadamente reales arbitrariedades de las autoridades
agrarias.s"
c) Incapacidades jurídicas respecto a la titularidad de la propiedad. Además de
las limitaciones a la propiedad. privada a que nos hemos referido, el artículo
27 constitucional consigna incapacidades para ciertas personas fisicas y morales
respecto de la adquisición de determinada categoría de bienes y para su
disfrute. Así como las limitaciones a la propiedad particular a que hemos
aludido con antelación se establecen constitucionalmente en razón de factores
extrapersonales, traducidos generalmente en la satisfacción de una necesidad
pública o en la preservación o fomento del bienestar colectivo, las
incapacidades de adquisición y disfrute se fijan por la Ley Suprema en atención
a la índole jurídica de cierta clase de personas fisicas o morales tíntuuú
personoe).
1. La Constitución contiene como regla general tácita la de que toda persano
fisica tiene capacidad para adquirir y disfrutar las tierras yaguas de la
nación. Como salvedad expresa a dicha regla, la Ley Suprema declara que
por ningún motivo los extranjeros podrán adquirir el dominio directo sobre
tierras yaguas "en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y
de cincuenta en las playas", declaración que corrobora la disposición de que
"sólo lós mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades
mexicanas" pueden ser titulares de tal derecho, así como del de "obtener
concesiones de explotación de minas, aguas o combustibles minerales en la
República Mexicana" (art. 27 constitucional. frac. J).
De acuerdo, pues, con las anteriores prevenciones constitucionales, la capacidad
de adquisición del dominio directo (propiedad derivada, en oposición
a la propiedad originaria que corresponde a la nación) se hace
extensiva a los siguientes sujetos: I. A los mexicanos por nacimiento. es decir, a
las personas físicas que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere
la nacionalidad de sus padres, a las que nazcan en el extranjero de pa·
dres mexicanos, de padre mexicano y de madre extranjera, o de madre
mexicana y a las que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas,
sean de guerra o mercantes (art. 30 const., apartado "A"); JI. A los me·
xicanos por naturalización, esto es, a los extranjeros que obtengan de la
Secretaría de Relaciones carta de naturalización, y a la mujer extranjera que
contraiga matrimonio con mexicano y tenga o establezca su domicilio dentro
del territorio nacional (art. 30 const., apartado "B"); JB. A las sociedades
mexicanas. O sea, a las personas morales constituidas con arreglo a las leyes
32(1 En relación con la procedencia del juicio de amparo en materia agraria, véase nuestra
obra respectiva, en cuyo capítulo undécimo, abordarnos el estudio de- dicha cuestión, refiriéndonos
especialmente al caso en que mediante la acción constitucional se puede proteger a la pequcña
propiedad agrícola o ganadera. tema que además tratamos específicamente en el capítulo
XXVI de dicha obra.

GARANTÍAS DE PROPIEDAD
la vida jurídica del Estado romano, teniendo el derecho de ser propietarios
que les concedió la Constitución de Caracalla.
En la legislación española, por lo que respecta a la Nueva España, la ley
XII, título X, libro 5º de la Nueva Recopilación (ley XV, título 5°, libro III
de la Novísima) disponía: "Mandamos que de aquí en adelante ninguna
merced se haga a persona alguna de indios; y que ningún extranjero de
nuestros reynos, no trate en las Indias." De esta disposición se infiere que se
prohíba a los indios ser sujetos de propiedad, así como se vedaba a todo .extranjero
cualquier acto jurídico que debiera verificarse en las Indias. Por
otra parte, la ley 1, título XXVII, libro IX de la Recopilación de Indias establecía:
"Ordenamos y mandamos que ningún extranjero, ni otro cualquiera
prohibido por estas leyes, pueda: tratar y contratar en las Indias, ni de ellas
a estos reynos, ni otras partes, ni pasar a ellas, si no estuviese habilitado con
naturaleza y licencia nuestra; y solamente pueden usar de ella con sus caudales,
y no los de otros de sus naciones, así en particular como en compañía
pública, no secreta en mucha o en poca cantidad, por sí ni por interpósitas
personas, pena de perdimiento de las mercaderías que contrataren, y de todos
los demás bienes que tuvieren, aplicado todo por tercias partes a nuestra
Real Cámara, Juez y Denunciador; y en la misma pena incurran los
extranjeros que habitaren en las Indias, y en ellas con estos reynos trataren
y contrataren sin nuestra licencia; y que asimismo incurren en la misma
pena los naturales de estos nuestros reynos, que fueren personas
supuestas por los dichos extranjeros y trataren y contrataren en su cabeza,
y cnalquier de ellos. Y ordenamos al Presidente y Jueces 'Oficiales y Letrados
en la Casa de Contratación de Sevilla y al Juez Oficial de Indias de la
Ciudad de Cádiz, si fueremos servidos de permitir este Juzgado, y a los Virreyes,
Audiencias y Justicias de las Indias e Islas adyacentes, que con muy
particular cuidado hagan guardar y cumplir todo lo contenido en esta ley, y
las demás que prohíben los tratos y contratos de extranjeros y ejecuten las
penas impuestas sin remisión." Como afirma el licenciado Villers, "conforme
a esta ley, todos los extranjeros, tanto españoles como de otras nacionalidades,
quedaron incapacitados para celebrar contratos en las Indias, y como la
prohibición era general, abarca no sólo la minería, sino todos los demás
ramos del comercio e industria. Ésta parece ser la primera ley que permitía
a los extranjeros, mediante el requisito de la naturalización, incorporarse a
los nacionales para adquirir toda clase de bienes; y como se trataba de las
Indias sujetas al dominio español, la naturalización tenía que referirse forzosamente
a la española; es decir, sólo que los extranjeros se naturalicen españoles,
podían adquirir bienes en Nueva España"."¡
Hasta antes de la Constitución centralista de 1836, la capacidad de los
extranjeros para adquirir bienes en la República era objeto de regulación de
321 VII.tERS.Op. cit.
487

GARANTÍAS DE PROPIEDAD
auxilio a los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza,
la ayuda reciproca de los asociados (sociedades mutualistas) o cual­
.quier otro objeto lícito" (fracción III del artículo 27 consurucional).»> Esta
incapacidad, a diferencia de la que concierne a las asociaciones religiosas, 1W
es absoluta, pues no opera respecto de la adquisición de bienes raíces indispensables
para la consecución del objeto de las instituciones de beneficencia
pública o privada, sino que sólo atañe a los inmuebles que no tengan este
destino. Además, dichas ,instituciones de beneficencia tienen capacidad para
poseer, adquirir y administrar capitales impuestos sobre bienes raíces, siernpre
que los plazos de imposición no excedan de diez años. (La organización
y funcionamiento de dichas instituciones están reguladas por la legislación
especial correspondiente.)
4. En cuanto a las sociedades mercantiles por acciones, estas personas morales
no tienen capacidad constitucional para adquirir, poseer o administrar
fincas rústicas, esto es, aquéllas que se encuentran fuera de zonas urbanizadas
(frac. IV del arto 27 constitucional). Estas mismas sociedades, sin embargo,
pueden poseer o administrar terrenos en la extensión que sea estrictamente
necesaria para realizar fines de diversa índole que no sean agrícolas (fabriles,
mineros, erc.), Interpretando a contrario sensu la disposición contenida en la
fracción IV del mencionado precepto constitucional, que establece la incapacidad
citada, se puede colegir que las sociedades anónimas pueden adquirir,
poseer o administrar fincas urbanas, pues la capacidad en Derecho Privado,
distinta de la competencia o capacidad autoritarias del Derecho Público,
siempre se presume y sólo deja de existir cuando la ley expresamente la
veda. 322e
La Ley Orgánica de las fracciones 1 y IV del artículo 27 de la Constitución,
y a la que ya aludíamos con antelación, prevé y regula la situación en
que el cincuenta por ciento o más de las acciones de una sociedad anónima
esté en poder de extranjeros. En este caso, los accionistas deberán forrnalizar
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un convenio en el cual renuncien
a su nacionalidad extranjera respecto de los bienes sociales y a
invocar la protección de sus gobiernos por lo que concierne a ellos, bajo
pena de perder en beneficio del Estado los derechos que tengan en la pero
sona moral que corresponda.
5. Respecto a la capacidad de los bancos para poseer, adquirir o administrar
bienes raíces, la fracción V del artículo 27 constltucional dispo-:
ne que dichas instituciones de crédito sólo tendrán esos derechos en
relación con los inmuebles enteramente necesarios para la consecución de
su objeto directo, estando facultados, por otra parte, para tener capitales
322d Véase la nora inmediata anterior.
322e Idem.
491

492
LAS GARANTÍAS INnJVmUALES
impuestos sobre propiedades urbanas o rústicas, según lo establezcan las leyes
orgánicas respectivas.
6. Aparte de las instituciones de beneficencia pública o privada, de
las sociedades mercantiles por acciones y de los bancos en particular, ninguna
corporación civil (sociedades o asociaciones en los términos de los articulas
2,670 y 2,688 del Código Civil) está constitucionalmente capacitada para tener
en propiedad o administrar por sí bienes raíces, salvo los edificios destinados
inmediata -o directamente al objeto de las mismas. Esta incapacidad
constitucional se extiende a la imposición de capitales sobre inmuebles, en
el sentido de que las sociedades civiles en general, distintas de aquellas instituciones
a que se refieren las fracciones 111. IV Y V del artículo 27 de la
Ley Suprema, no pueden tener créditos que graven predios rústicos o urbanos.
Esta doble incapacidad de que están afectadas las sociedades civiles en
general, puede hacerse extensiva a los sindicatos, los cuales, como lo establecen
los articulas 247 y 374, fracciones I y 11, de la Ley Federal del Trabajo
de 1931 y de la vigente que entró en vigor el I Q de mayo de 1970,
respectivamente, sólo pueden adquirir los edificios destinados inmediata y
directamente al objeto de su institución, por lo que están incapacitados para
realizar cualquier otro acto adquisitivo, respecto de bienes inmuebles que no
tenga dicho destino, así como capitales sobre los mismos. Respecto a la propiedad
mobiliaria, los sindicatos tienen plena capacidad jurídica para adquirir
los bienes respectivos, según lo prescriben los citados preceptos.
7. Por último, el artículo 27 constitucional considera cuáles son los bienes
inmobiliarios y sus múltiples derivados naturales que son propiedad de la
nación O de su dominio directo. Dentro de este régimen jurídico se encuentran
"todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos
de las islas"; "todos los minerales y substancias que en vetas, mantos,
masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta
de los componentes de los terrenos", "los yacimientos de piedras preciosas,
de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas";
"los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su
explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos
de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles
minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno
sólidos, líquidos o gaseosos; así como el espacio situado sobre el territorio
nacional, en la extensión y términos que ftie el Derecho Internacional" (párrafo
IV).
Tamo los bienes del dominio directo de la nación a que alude el párrafo
cuarto del articulo 27 constitucional, como los de propiedad nacional a
que se contrae el párrafo quinto de este precepto, están sujetos a un régimen
jurídico de inalienabilidad e imprescriptibilidad. Sin embargo, su explotación,
uso o aprovechamiento pueden confiarse a personas físicas o a sociedades
constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones que puede

494 lAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
"VI. Los Estados y el Distrito Federal. lo mismo que los municipios de toda la
República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios
para los servicios públicos."
2. Materia agraria. En esta materia se reitera la prohibición de latifundios
y la protección de la pequeña propiedad. La novedad más importante
que la reforma de 1992 consigna consiste en otorgar a los ejidatarios y comuneros
la libertad de asociación, reconociéndoles la propiedad sobre sus
parcelas. Igualmente el nuevo artículo 27 prevé la ·institución de tribunales
agrarios y suprime los procedimientos de dotación, aboliendo a las autoridades
agrarias. y a las cuales se referían las fracciones XI y XIII del anterior
precepto. Para obviar inútiles repeticiones. nos permitiremos transcribir las
nuevas fracciones de dicho artículo 27.
''VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejídales y
comunales y se protege su propiedad sobre la tierra. tanto para el asentamiento humano
como para actividades productivas.
"La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.
"La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los
ejidos y comunidades. protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el
aprovechamiento de tierras, bosques yaguas de uso común y la provisión de acciones
de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.
"La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar
las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos,
regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de
cada ejidat.ario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los
cuales ejídatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros
y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos
parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos
y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el
dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho
de preferencia que prevea la ley. .
"Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular
de más tierras que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso,
la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los limites
señalados en la fracción XV.
"La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal,
con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o
de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano
de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la
asamblea.
"La rest.itución de tierras, bosques yaguas a los núcleos de población se hará en
los términos de la ley reglamentaria.
"XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.
"Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de
cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases
de tierras.
"Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos
de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte:
o agostadero en terrenos áridos.
"Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exce-
\ 1

GARANTÍAS DE PROPIEDAD 497
b} La Ley General de Bienes Nacionales, clasifica los bienes de propiedad
estatal federal en dos grandes grupos, a saber: en bWnes de dominio público
y en bienes de dominio privado de la Federación.
Los bienes de dominio públi

498 W\S GARANTíAS INDIVIDUALES
los cauces de las corrientes y los vasos de los lagos, lagunas y esteros de
propiedad nacional, las riberas y zonas federales de las corrientes, los puertos,
bahías, radas y ensenadas; los caminos, carreteras y puentes que constituyen
vías generales de comunicación; y demás bienes que señala el articulo
29 de la Ley de 1982, figurando entre ellos los monumentos artísticos e históricos
y los arqueológicos.
2. Los señalados en los párrafos cuarto, quinto y octavo del articulo 27 y fracción
IV del artículo 42 de la Constitución (art. 2, frac. 11), esto es, los minerales
o substancias que en vetas, mantos, masas y yacimientos constituyan depósitos
cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, ete.; las
aguas de las lagunas y esteros de las playas,. las de los lagos inferiores de
formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes,
ete.'" Los mencionados bienes a que aluden los citados párrafos del articulo
27 constitucional, corresponden al dominio directo de la nación, la cual puede
otorgar concesiones a las personas físicas o morales mexicanas para su explotación,
otorgamiento que está regulado por diversas' leyes especiales, tales
como la de minas, petróleo, etc., y que s6lo nos concretamos a mencionar,
porque su estudio corresponde al Derecho Admmistratiuo, como ya dijimos.
3. Los enumerados en la fracción 11 del articulo 27 constitucional, con
excepción de los bienes raíces nacionales por haber sido o ser administrados
o poseídos por asociaciones religiosas llamadas iglesias.
4. El suelo del mar territorial y el de las aguas marítimas interiores.
5. Los inmuebles destinados por la Federación a un servicio público, los
propios que de hecho utilice para dicho fin y los equiparados a éstos conforme
a la ley.
6. Los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, muebles e inmuebles,
de propiedad federal.
7. Los terrenos baldíos y los demás bienes inmuebles declarados por la
ley, inalienables e imprescriptibles.
8. Los terrenos ganados natural o artificialmente al mar.
9. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores.
10. Los muebles de propiedad federal que por su naturaleza no sean
normalmente substituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas
y demás bienes que menciona la fracción XI del artículo 22.
11. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada
o adherida permanentemente a los inmuebles de la Federación o
del patrimonio de los organismos descentralizados cuya conservación sea de
interés nacional.
Tratándose de los bienes de uso co",ún, el artículo 30 de la ley que comentamos
establece el derecho en favor de todos los habitantes de la Repú-
aso Véase el parágrafo 7 inmediato anterior.

GARANTÍAS DE PROPIEDAD 499
blica para usarlos, "sin más restricciones que las establecidas por las leyes y
los reglamentos administrativos". Este derecho de uso corresponde a la comunidad
o a los grupos humanos que la integran como entes colectivos. así
como a todos y cada uno de quienes componen a una y a otros, implicando,
en sus respectivos casos, un usO universal y un uso singular concomitante,
coincidente, simultáneo e innescindible, o como dice la doctrina de Derecho
Administrativo, un usus omnibus (uso para todos) y un usus singulis (uso para
cada uno).
Como no puede existir ningún derecho sin la obligación correlativa,
ésta, tratándose del derecho colectivo o singular de usar los bienes de uso
común, consiste en el respeto, en la obseroancia coercible del propio derecho a
cargo de todas las autoridades del Estado. El multicitado derecho es evidentemente
por su propia índole coercitivo, ya que las autoridades estatales tienen
el deber ineludible de comportarse activa o pasivamente conforme a él,
toda vez que está previsto en la ley, según hemos afirmado.
El respeto y la observancia coercibles a que hemos aludido se traducen,
a su vez, en que las mencionadas autoridades no deben impedir, imposibilitar,
estorbar o alterar el uso público o singular de ningún bien de uso común, y en conservarlo
bajo las condiciones y con los atributos que su misma naturaleza y destino
establezcan. Dicho de otra manera, ninguna autoridad puede, sin desacatar la
mencionada obligación, cambiar o variar tal naturaleza y destino, máxime
cuando se manifiesten en objetivos simultáneos respecto de ciertos bienes de
uso común.
Así por ejemplo, una avenida arbolada o un paseo no sólo tienen un destino
natural el de servir como vfas de tránsito de vehículos, sino fundamentalmente de
recreo y solaz de las personas, por lo que, si se elimina este último objetivo para
atender sólo al primero, se altera substancialmente dicho bien de uso común, impidiendo
el derecho de usarlo conforme a su propia índole. El mismo fenómeno acaece,
verbigracia, si se convirtiese un parque o un jardín públicos, en un conjunto de
edificios para oficinas o para unidades habitacionales, o si se eliminase con el propósito
de construir estacionamientos para automóviles.
Por otra parte, es evidente que el mencionado derecho de uso colectivo
y singular está sujeto a diferentes limitaciones en cuanto a su ejercicio y que
los bienes de uso común pueden ser cambiados de destino, según lo exijan
las necesidades públicas de suyo tan variadas y variables. Sin embargo, toda
limitación o todo cambio deben tener como fuente exclusiva la ley o los reglamentos
administrativos, según lo determinan los principios jurídicos que hemos señalado.
Así lo ordena el artículo 30 de la Ley General de Bienes Nacionales y
el 768 del Código Civil, preceptos que no hacen sino reiterar el principio
de la legalidad que se instituye en el artículo 16 de la Constitución Federal,
primordialmente. En otros términos, ninguna limitación al citado derecho de uso

CAPITULO StPTIMO
GARANTIAS DE SEGURIDAD JURIDICA
Sumario: Idea sobre la seguridad jurídica. El articulo 14 constitucional.
I.--Garantía de la irretroactividad de las leyes: A. Planteamiento del
problema. B. Distintas soluciones al problema: a) Teoría clásica; b) Tesis
de Savigny; c) 1dem de Aubry y Rau; d) Opínión de Bonnecasse; e)
Idcm de Capitant; f) Idem de Laurent; s) Tesis de Coviello; h) Opiniones
de Duguit y jeae; e) Tesis de Paul Roubier; j) Opinión nuestra; k) Casos
especiales de retroactividad legal; 1) La jurisprudencia de la Suprema
.Jorte sobre la irretroactividad de las leyes-, C. La irretroactividad de las
leyes en el artículo 14 constitucional (alcance de 'la garantía). D. Breve
referencia histórica sobre la irretroactividad legal. H.-La garantía de
audiencia: A. El artículo 14 de la Constitución federal de 1857: a)
Argumento auténtico interpretativo del artículo 14j b) Argumento gramatical;
c) Argumento llamado "constitucional"; d) Argumento de orden juridico
general; e) Comentario sobre la opinión de Vallarta. B. Análisis del segundo
párrafo del artículo 14 constitucional vigente: a). Titularidad de la garantía
de audiencia; b) Acto de autoridad condicionado por dicha garantía;
c) Bienes jurídicos tutelados por la garantía de audiencia; d) Garantías
de seguridad jurídica integrantes de la de audiencia; e) Algunas excepciones
a la propia garantía j tJ La garantía de audiencia frente a leyes;
g) Criterio de la Suprema Corte sobre el alcance de la garantía de audiencia.
HI.--Garantía de la exacta aplicación de la ley en materia penal:
a) Extensión de la garantía; b) Interpretación análoga y por mayoría
de razón. IV.--Garantía de legalidad en materia jurisdiccional civil: a)
Acto de autoridad condicionado por dicha garantía; b) Sentido y alcance
de la garantía: El articulo 15 constitucional: a) Implicación de las garantías
que contiene; b) Alcance de la prohibición constitucional. El articulo
16 constitucional. I.-Análisís de la primera parte de dicho precepto:
A. Titularidad de las garantías que contíene. B. Acto de autoridad
condicionado. C. Bienes jurídicos tutelados. D. Garantía de competencia
constitucional: a) Tesís de don José Maria Iglesias; b) Tesís de don Ignacio
L. Vallarta; c) Estado actual de la cuestión. E. Garantía de legalidad:
a) Concepto de fundamentación legal; b) Concepto de motivación legal;
c) La motivación legal y la facultad díscrecional j d) Concurrencia de la
fundamentacíón y motivación; e) Hipótesis de actos de autoridad violatorios
de dicha garantía. F. Garantía de mandamiento escrito. G. Referencia
histórica, H.-Análisis de la segunda parte del artículo 16 constitucional.
III.-Idem de su tercera parte. IV.-Referencia a la últíma
parte de dicho precepto. El articulo 17 constitucional; El artículo 18 constitucional;
Los articulas 19 y 20 constitucionales; Los articulas 21, 22,
23 Y 26 de la Constitución.

504 LAS GARANTIAs INDIVIDUALES
IDEA SOBRE LA SEGURIDAD JURÍDICA
En las relaciones entre gobernantes, como representantes del Estado, y
gobernados, se suceden múltiples actos, imputables a los primeros, que tienden
a afectar la esfera jurídica de los segundos. En otras palabras, el Estado,
en ejercicio del poder de imperio de que es titular como entidad jurídica y
política suprema con substantividad propia, desempeña dicho poder sobre
y frente a los gobernados por conducto de sus autoridades. El Estado, al desplegar
su actividad de imperio, al asumir su conducta autoritaria, imperativa y
coercitiva, necesariamente afecta la esfera o ámbito jurídico que se atribuye a
cada sujeto como gobernado, bien sea en su aspecto de persona flsica o de entidad
moral. Todo acto de autoridad, emanado por esencia del Estado y desempeñado
por los diferentes órganos autoritarios estatales creados por el
orden de derecho, tiene como finalidad inherente, imbíbita, imponerse a alguien
de diversas maneras y por distintas causas; es decir, todo acto de autoridad
debe afectar a alguna persona moral o física en sus múltiples derechos:
vida, propiedad, libertad, etc.
Dentro de un régimen ju.ridico, esto es, dentro de un sistema en que impere
el derecho, bien bajo un carácter normativo legal o bajo un aspecto consuetudinario,
esa afectación de diferente índole y de múltiples y variadas consecuencias
que opera en el status de cada gobernado, debe obedecer a determinados
principios previos, llenar ciertos requisitos, en síntesis, debe estar sometida a
un conjunto de modalidades jurídicas, sin cuya observancia no sería válida
desde el punto de vista del derecho.
Ese conjunto de modalidades jurídicas a que tiene que sujetarse un acto
de cualquiera autoridad para producir válidamente, desde un punto de vista
jurídico, la afectación en la esfera del gobernado a los diversos derechos de
éste, y que se traduce en una serie de requisitos. condiciones, elementos, etc.,
es lo que constituye las garantfas de seguridiul juridica. Estas implican, en consecuencia,
el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas
a que debe sujetarse una cierta actiuidad estatal autorüaria para generar una
afectaci6n válida de diftrente Indole en la esfera del gobernado, integrada por el
summum de sus derechos subjetivos. Por ende, un acto de autoridad que afecte el
ámbito jurídico particular de un individuo como gobernado, sin observar dichos
requisitos, condiciones, elementos o circunstancias previos, no será válido a la
luz del Derecho.
La seguridad jurídica in genere, al conceptuarse como el contenido de varias
garantías individuales consagradas por la Ley Fundamental, se manifiesta
como la substancia de diversos derechos subjetivos públicos individuales del
gobernado oponibles y exigibles al Estado y a sus autoridades, quienes tienen
la obligación de acatarlos u observarlos. Esta obligación estatal y autoritaria es de
indole activa en la generalidad de los casos tratándose de las diferentes garantías
de seguridad jurídica, o sea, que el Estado y sus autoridades deben desempeñar,
para cumplir dicha obligación, actos positivos, consistentes en
realizar todos aquellos hechos que impliquen el cumplimiento de todos los re-

GARA!'ITÍAS DE SEGURIDAD JURlDICA 505
quisitos, condiciones, elementos o circunstancias exigidas para que la afectación
que generen sea jurídicamente válida.
A diferencia de la obligación estatal y autoritaria que se deriva de la relación
jurídica que implican las demás garantías individuales, y que ostenta
una naturaleza negativa en la generalidad de los casos, la que dimana de las
garantías de seguridad jurídica es eminentemente positiva en términos generales,
ya que se traduce, no en un mero respeto o en una abstención de vulnerar,
sino en el cumplimiento efectivo de todos aquellos requisitos, condiciones, elementos
o circunstancias, etc., cuya observancia sea jurídicamente necesaria
para que un acto de autoridad produzca válidamente la afectación particular,
en la esfera del gobernado, que esté destinado a realizar. Así, verbigracia, si a
una persona se la pretende privar de su libertad por un acto autoritario, se la
debe oír en defensa, de acuerdo con las formalidades esenciales del procedimiento,
etc., requisitos o condiciones para cuya observancia la autoridad debe
desempeñar una conducta positiva.
La seguridad jurídica entraña el mismo estado de Derecho que es uno de los
más importantes elementos de todo régimen democrático. Se integra con la
imprescindible concurrencia del orden juridico y la funcióngubernativa real, misma
que debe cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, legales y
reglamentarias en que tal orden se manifiesta, imperativo que es inherente al
principio de juridicidad, según el cual todo acto del poder público del Estado
debe someterse a ellas y aplicarlas a la realidad en todos los aspectos en que
ésta se revela, a saber, el polftU:o, cultural, econémico y social.
EL ARTíCULO 14 CONSTITUCIONAL
Este precepto reviste una trascendental importancia dentro de nuestro orden
constitucional, a tal punto, que a través de las garantías de seguridad jurídica
que contiene, el gobernado encuentra una amplísima protección a los
diversos bienes que integran su esfera de derecho. Asimismo, en la historia de
nuestro Derecho Constitucional, el artículo 14 ha implicado la materia de muy
interesantes polémicas entabladas por los juristas más granados de nuestro
foro, tales como Vallarta, LoZIJno, Rabasa, Mejln, Vega entre otros.
El artículo 14 constitucional es un precepto complejo, es decir, en él se
implican cuatro fundamentales garantías individuales que son: la de la irretroactiindad
legal (párrafo primero), la de audiencia (párrafo segundo), la de legalidad
en materia judicial civil (lato sensu) y judicial administrativa (párrafo
cuarto) y la de legalidad en materia judicialpenal (párrafo tercero).
r. GARANTÍA DE LA ¡RRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES
Esta garantía está concebida en el primer párrafo del artículo 14 de la Ley
Suprema en los siguientes términos:
"A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna."

506
A. Planteamiento del problema
LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
Al interpretar dicha disposición constitucional, surge inmediatamente esta
pregunta: ¿cuándo una leyes retroactiva y, por ende, cuándo es inconstitucional
por causar un perjuicio (daño, afectación, lesión, etc.), a alguna
persona?
El problema de la retroactividad legal se Conoce también como conflicto
de leyes en el tiempo, o sea, que se traduce en la cuestión consistente
en determinar, en presencia de dos leyes, una antigua, que se supone derogada
o abrogada, y otra nueva o vigente, actual, cuál de las dos debe regir a un
hecho, acto, fenómeno, estado, situación, etc. En otras palabras, la retroactividad
legal importa por necesidad lógica esta otra cuestión: la supervivencia
de la ley derogada o abrogada para regular la materia sobre la que
la ley nueva o vigente pretende operar. Por ende, la referencia hacia el pasado
de una ley actual. no en todo caso se ostenta como aplicación legal
retroactiva, sino sólo cuando se elimina dicha supervivencia de la norma
jurldica que debe seguir conservando su validez reguladora en determinadas
hipótesis concretas, no obstante su derogación o abrogación; o en ausencia
de una norma positiva anterior, cuando se altera un estado jurídico preexistente.
.
La cuestión consistente en determinar cuándo y en qué casos una ley
adolece del vicio de retroactividad, es decir, cuándo y en qué casos se afecta
la supervivencia temporal de una norma anterior o se afecta dicho estado
jurídico, ha suscitado serios conflictos que aún no han sido resueltos satisfactoriamente.
Toda disposición legal tiene una vigencia determinada en
cuanto al tiempo. Desde que se crea, momento que se determina de acuerdo
con las prescripciones constitucionales relativas, hasta que se deroga o abroga
expresa o tácitamente por una norma nueva, está destinada a regular
todos los hechos, actos, situaciones, estados, fenómenos, etc., que tienen
lugar durante ese lapso limitado por esos dos instantes. Por tanto, toda ley,
a partir de su promulgación, o mejor dicho, del momento en que entra en
vigor, rige para el futuro, esto es, está dotada de validez de regulación respecto
de todos aquellos hechos, actos, situaciones, etc., que se suceden con
posterioridad al momento de su vigencia (faeta futura). Por ende, una disposición
legal no debe normar acontecimientos o estados producidos con
anterioridad al instante en que adquiere fuerza de regulación, ya que éstos
quedan sujetos al imperio de la ley antigua. La retroactividad consiste, pues,
en dar efectos reguladores a una norma jurídica sobre hechos, actos o situaciones
producidos Con antelación al momento en que entra en vigor, bien
sea impidiendo la supervivencia reguladora de una ley anterior, o bien alterando
o afectando un estado jurídico preexistente, a falta de ésta. Por el
contrario, el principio de la irretroactividad estriba en que una ley no debe

GARANTÍAS DE SEGURIDAD JUIÚDlCA 507
normar a los actos, hechos o situaciones que hayan tenido lugar antes de
que adquiera fuerza de regulaci6n. Todos los autores están contestes en que
toda ley rige para el futuro y no hacia el pasado.
Sin embargo, si el principio de la no-retroactividad de la leyes fácil de
enunciar, su aplicación real resulta complicada, pues en vista de multitud
de situaciones prácticas que en la vida jurídica pueden presentarse y de
hecho acaecen, es una cuesti6n no poco ardua determinar en qué casos una
norma legal es retroactiva.
Para constatar si una ley adolece del vicio de retroactividad o no, hay
que tomar en cuenta la naturaleza del objeto de regulación. Una norma
juridica es evidentemente retroactiva cuando se aplica 'a un hecho simple
y ya consumado con anterioridad a su vigencia, esto es, a un acontecimiento
que no genera consecuencias juridicas que tengan verificativo dentro del
periodo de normaci6n de la ley y que se ha realizado plenamente con antelación
a éste (lacta praeterita), Sin embargo, un hecho juridico, bajo las
condiciones expuestas, rara vez acontece en la práctica. Por lo general, todo
suceso, aunque sea instantáneo en su realizaci6n plena, produce variados
efectos jurídicos que pueden realizarse durante la vigencia de una ley que
aún no regía en el momento en que aquél tuvo lugar (lacta pendentia).
Así, p?r ejemplo, puede suceder que un delito se cometa antes de la
vigencia de una ley que aumente la penalidad respectiva. En este caso, el
hecho (delito) se produjo antes que la norma de que se trata y la consecuencia
del mismo (penalidad), debe tener lugar durante el periodo de regulación
de aquélla. Si al hecho delictivo se imputara la penalidad establecida
por la nueva ley, ¿ésta seria retroactiva?
Por otra parte, hay multitud de actos juridicos que crean para los sujetos
interesados en ellos una situación de derecho definida, que no es momentánea,
sino que, por el contrario, se prolonga permanentemente durante
un lapso determinado. Puede acontecer que mientras subsista esa situaci6n
o estado jurídicos, entre en vigor una ley que los regule diferentemente a
la normación instituida por la ley anterior. ¿Seria la primera retroactiva
si se aplicase?
Puede suceder, además, que una norma legal no vigente al celebrarse un
acto jurídico, modifique, en cambio, las consecuencias naturales de derecho
que éste produzca o tienda a producir. Dicha norma ¿adolece del vicio de
retroactividad?
Los ejemplos podrían multiplicarse; nos concretamos a señalar las hipótesis
más relevantes en que respecto de un mismo acto en sus consecuencias
o efectos juridicos naturales o por lo que concierne a una situaci6n de derecho
permanente, no momentánea, pueden tener aplicaci6n dos leyes: la
antigua y la nueva y, por tanto, en que puede hablarse de retroactividad de
esta última.

508
B. Distintas soluciones al problema
LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
a) Teorla clásica. Para brindar un criterio con el fin de determinar
cuándo una ley es retroactiva en las hip6tesis en que no se trate de hechos
o actos simples (sin consecuencias jurídicas de realización constante y reiterada)
y ya consumados, la teorla clásica, que sobre el particular se ha
elaborado y cuyo principal exponente es Blondeau, parte de la distinción
entre los derechos adquiridos y las meras expectativas de derechos. Para esta
teoría, "los derechos adquiridos son los que han entrado en nuestro dominio
formando parte de él, y que no nos puede arrebatar aquel del que los
tenernos".
De acuerdo con este criterio, "el hombre que goza de un derecho subjetivo
reconocido por la ley, no puede ser privado de él por una ley nueva;
si no, la confianza en la protección social se desvanecería, el orden público
se vena amenazado. El legislador debe, pues, respetar los derechos adquiridos
a los particulares, y en caso de duda, cuando no lo diga expresamente,
hay que admitir que lo ha querido. Por el contrario, las simples esperanp¡s
(expectativas) no transformadas 'aún en derechos, no merecen la misma protección
y deben incidir en el caso de modificación de la ley anterior" ...•
La teoría de los derechos adquiridos, más que resolver la cuestión de
establecer cuándo una disposición legal es o no retroactiva, desplaza el pro-,
blema, como acertadamente observa Capitaneo En efecto, no es tarea fácil
determinar en cada hipótesis concreta cuándo se está en presencia de una
mera expectativa o de un derecho adquirido, para inferir de ello si la ley
que los afecta es o no retroactiva. Además, si para la teoría clásica un derecho
adquirido es aquel que ha entrado en nuestro patrimonio y que, por
ende, forma parte de él, ¿qué criterio debe sustentarse para precisar el momento
en que se efectúa tal ingreso al dominio jurídico del sujeto? Generalmente
dicha teoría acude a la ejemplificación para constatar si tal o cual
hipótesis entraña un derecho adquirido o una expectativa de derechos, método
que, por ser eminentemente casuista, no es idóneo para brindar bases
sobre las cuales fincar un criterio general y uniforme con el fin de resolver
la cuestión de la retroactividad de las leyes.'"
329 CAPITANT, Droit Civí1 3 pág. 54.
330 MERLíN 1 destacado exponente de la teoría clásica, distingue entre "derecho adquirido",
"[acuitad" y "expectotino", "Derechos adquiridos, dice, son Jos que han entrado en
nuestro patrimonio, que hacen parte de él y de los que pueden despojarnos aquellos de
quienes los adquirimos". sosteniendo que las facultades, mientras no hayan sido ejercidas,
pueden ser revocadas. Por último, para dicho autor, "Las expectativas son las esperanzas
que se tienen provenientes de un hecho ya pasado o de un estado actual de cosas, de gozar
de un derecho cuando se realice" (Repertorio, Efecto Retroactivo, tomo V, párrafo 536.
Citado por Leopoldo Aguilar Carbajal en su monografía intitulada "La No Retroactividad
de la Ley en Materia Ciuii", publicada en la revista "El Foro", Órgano de la Barra Mexicana
de Abogados, volúmenes correspondientes a los meses de abril a diciembre de 1974).

GARANTÍAs DE SEGURIDAD JUIÚDlGA 509
Por otra parte, aplicando en su rigor las ideas sostenidas por la teoría
clásica, un derecho condicional, como lo hace notar Paul Roubier, siempre
sería afectado por una ley nueva, no vigente en el momento en que el acto
causal se hubiese celebrado, sin ser retroactiva. En efecto, los derechos condicionales
no son derechos adquiridos, obviamente, porque su existencia
depende de un acontecimiento futuro e incierto. (condición) no pudiendo
entrar, por mayoria de razón, al patrimonio de una persona mientras tal
condición no se realice, permaneciendo, por tanto, en la esfera de las meras
expectativas.
b) Savigny, que en principio es partícipe de la teoría clásica, sostiene
que las reglas aducidas por ésta para resolver el problema de la retroactividad
legal deben aplicarse con distingos, debiéndose diferenciar, como él lo
hace, entre reglas relativas a la adquisici6n de derechos y reglas relativas a
la existencia de derechos. Bajo el nombre de "reglas relativas a la adquisición
o pérdida de derechos", Savigny entiende las reglas que conciernen
"al vínculo que refiere un derecho a un individuo, o la transformación de
una instituci6n de derecho abstracta en una relación de derecho concreto".
Para dicho autor, estas reglas no deben ser retroactivas, como por ejemplo
"la ley que decide que la tradición es necesaria (o no es ya necesaria) para
la transmisión de la propiedad; la ley que decide que una donaci6n entre
vivos debe ser hecha bajo ciertas formas o puede ser hecha, en adelante, sin
formalidad alguna.'81 Por "reglas relativas a la existencia o modo de existencia
de derecho" Savigny entiende "las leyes que tienen por objeto el
reconocimiento de una instituci6n en general o su reconocimiento bajo tal
o cual forma antes de que haya o surja la cuesti6n de su aplicaci6n a un
individuo, o sea, de la creación de una relaci6n jurídica concreta."'" Este
tipo de leves"no· puede _provocar r,¡- retroactiVidad, "porque cúand!i se suprímeri
ínstítuciories generales (v, gr., la "esclavitud);"no se suprimen sólo
para el futuro".
c) Aubry y Rnu introducen nuevas modalidades a la teoria clásica de
los derechos adquiridos. Para ellos, los derechos que nacen por un hecho
del hombre, por su voluntad, no pueden ser afectados por una ley nueva, sin
que ésta adolezca del vicio de retroactividad. Por el contrario, afirman,
cuando se trata de derechos derivados inmediatamente de una ley, éstos son
susceptibles. de ser modificados por una ley nueva en sus efectos posteriores.
La critica que a estas ideas hace Roubier consiste en patentizar la contradicci6n
en que incurren Aubry y Rau al aceptar, por un lado y en términos
generales, la tesis de los derechos adquiridos, y al considerar, por otro, que
Las ideas de Merlín, que tienen la pretensión de ser definiciones de los tres conceptos aludidos,
corroboran la imprecisión y vaguedad de los mismos y, por ende, la ineficacia de
la teoría clásica para solucionar atingentemente el problema de la no aplicación retroactiva
de las leyes.
SSt PAUL ROUBIER, Les conflits des loís dans le temps, págs. 303 y 304.
'32 Op, cít., pág. 307.

GARANTfAs DE SEGURIDAD JUlÚDlCA 511
drá el vicio de retroactividad cuando afecte derechos fundados en la norma
jurídica precedente. La tesis de este tratadista, ostenta el mismo defecto que
se imputa a la teoría de los derechos adquiridos, en el sentido de que no
sólo no resuelve la cuestión planteada, sino que la complica, al hacer surgir
el problema de determinar cuándo se está en presencia de un simple interés
y cuándo ante un derecho.?" blll
g) El autor que parece brindar, a nuestro entender, reglas menos defectuosas
que las que establecen las teorías precedentes, es Couiello. Para
éste, la retroactividad de la ley "significa que el juez no puede aplicarla a
hechos pasados, o desconociendo las consecuencias ya realizadas o quitando
eficacia o atribuyendo una diversa a las consecuencias nuevas sobre la única
base de la apreciaci6n del hecho pasado":" De esta afirmación de Coviello
podemos derivar tres proposiciones o hipótesis fundamentales en que una
ley es retroactiva: a) cuando se aplica a hechos realizados con anterioridad

512 LAS GARANTÍAS INDMOUALES
años; ef individuo que conforme a la segunda era mayor de edad pueae
ser reputado como menor de acuerdo con la primera, porque para juzgar el
hecho originador de la minoría (no tener veinticinco años cumplidos), no
es necesario acudir a ningún otro, ya que la circunstancia de haber cumplido
veintiún años y ser mayor de edad bajo la ley precedente es ajena e
independientemente del objeto de regulación o aplicación de la norma vigente
(no haber cumplido los veinticinco años).
Aplicando las reglas generales mencionadas acerca de cuándo una ley
puede reputarse como retroactiva, Coviello consigna una especie de clasificación
de diversos grupos de normas jurídicas por lo que concierne a su
aspecto de retroactividad cuando obran hacia el pasado.
Afirma, por ejemplo, que las leyes que modifican la capacidad en si
misma de las personas no serán retroactivas, porque tienden a regular un
hecho que necesariamente acaecerá durante su vigencia (cumplir determinada
edad), con absoluta independencia del regulado por la norma anterior.
Tampoco para CovielIo son retroactivas las leyes que alteren la condición
jurídica de las cosas, porque para aplicarlas a las nuevas modalidades de
los bienes, no es necesario acudir al régimen anterior de éstos. Por los mismos
motivos, el citado autor estima que no pueden ser retroactivas las leyes
que exigen·un medio especial de prueba respecto de. un acto celebrado
con anterioridad a su vigencia, o que excluyen algunos de los anteriormente
admitidos; las leyes concernientes al estado de familia; las que miran a la
naturaleza y duración de los derechos patrimoniales; y las leyes de procedimiento.
Por el contrario, CovielIo, siguiendo las reglas que formula, reputa
como retroactivas las leyes que alteren las condiciones intrinsecas de validez
de un hecho, acto o situación jurídicos, así como a las que afecten la
forma de los mismos.
h) Duguit distingue entre situaciones jurldicas individuales y situaciones
legales u objetivas para brindar un criterio a fin de resolver el problema
de la retroactividad de las leyes. Las primeras se constituyen mediante manifestaciones
individuales de voluntad y no pueden ser tocadas por la ley
nueva. Las segundas derivan, afirma Duguit, directamente de la norma
jurídica, y si bien nacen por un acto de voluntad, ésta no es la causa eficiente
de su formación sino la condición de su establecimiento. Estas situaciones
legales u objetivas siguen las transformaciones de la ley, por lo que
pueden ser afectadas por ésta sin retroactividad.
[éze, participando del criterio anterior, refuerza la distinción entre ambas
situaciones jurídicas mediante los siguientes elementos: la situación jurídica
individual o subjetiva es particular; en cambio la legal u objetiva es
general; ésta es, además, permanente y aquélla, temporal.
i) Paul Roubier, que es el jurista que con mayor dedicación y acuciosidad
ha estudiado cl problema de la retroactividad legal y que como fruto

GARANTiAS DE SEGURIDAD JURIDlCA 513
de sus esfuerzos ha brindado una maravillosa obra intitulada Les Conflits des
Lois dans le Temps, apunta como criterio genera! de solución a dicho problema
el que consiste en la diferenciación entre el efecto retroactivo y el
efecto inmediato de la ley.
Se expresa así el mencionado autor: "La base fundamental de la ciencia
de los conflictos de leyes en el tiempo, es la distinción entre efecto retroactivo
y el efecto inmediato de la ley. El efecto retroactivo es la aplicación
al pasado; el efecto inmediato es la aplicación a! presente. Si la ley pretende
aplicarse a hechos consumados ({acta praeterita}, es retroactiva; si pretende
aplicarse a situaciones en curso (jacta pendentia) es necesario establecer
una separación entre las partes anteriores a la fecba del cambio de legislación,
que no pueden ser afectadas sin retroactividad, y las partes posteriores, para
las que la ley nueva, si debe aplicarse, no tiene sino un efecto inmediato;
en fin, frente a hechos futuros (facta futura) es claro que la ley nunca
puede ser retroactiva."
j) Opinión nuestra. Hemos expuesto las diferentes tesis y teorías princípales
que en la literatura jurídica existen tendientes a proporcionar un
criterio de solución al arduo problema de la retroactividad de las leyes.'"
Los distintos autores que hemos señalado parten de diversos puntos de vista
para ta! efecto, tomando en cuenta múltiples elementos, cuya referencia
a las situaciones que suelen preesntarse en la vida jurídica es difícil de practicar
con toda exactitud, puesto que las soluciones abstractas de dicha cuestión
no se pueden acoplar sin tropiezos a los casos concretos que suministra
la experiencia jurídica.
En atención a la diversidad de soluciones dadas a! problema de la retroactividad
legal, y tomando en cuenta que ninguna de tales soluciones es
apta para decidir, en la práctica, todos los casos concretos de conflictos de
leyes que se presentan, la actitud más razonable que se puede asumir, sin
que por ello deje de ser acomodaticia, sería la de invocar, con vista a cada
'cuestión real que se presente, la tesis o teoría que más se aproxime a la decisión
verdadera.
Sin embargo, estimamos que un problema tan complejo como el que
tratamos, por ser polifacético, por presentar tantos resquicios por donde naufragan
las soluciones lógicas más recias, por traducirse realmente en multitud.
de casos concretos que no pueden ser resueltos satisfactoriamente adoptando
alguna o a!gunas de las tesis formuladas, solamente puede ser afrontado,
33:i Es evidente que las tesis y teorías que hemos brevemente expuesto y comentado
no son las únicas que se han formulado para tratar de resolver el problema de la no aplicación
retroactiva de las leyes. Sería demasiado prolijo citar a Jos autores nacionales y extranjeros
que se han ocupado diversamente y en distintas épocas de dicho problema. Nos concretamos,
por tanto) a recomendar con toda amplitud la importante monografía del maestro
mexicano Leopoldo Aguilar Carbajal intitulada "La No Retroactividad de la Ley en Mate­
Tia Civil" publicada en la revista "El Foro" Órgano de la Barra Mexicana de Abogado],
volúmenes correspondientes a los meses de abril a diciembre de 1974.

514 LAS GARANTiAS INDIVIDUALES
en la práctica, cen un espírilu de equidad. En efecto, el problema de la
retroactividad de las leyes únicamente surge en el orden de la aplica¡;íón
de las mismas; en otras palabras, la retroactividad no es un vicio o defecto
que interese a la norma jurídica en si misma considerada, sino que atañe
a su referencia práctica a cada caso concreto que se presente, ante cuya
presencia la autoridad administrativa o judicial que vaya a decidirlo tiene
que optar por la aplicación de las dos leyes en conflicto: la antigua o la
nueva, y cerno para ello no se dispone de ningún criterio uniforme, invariable
o absoluto, hay necesidad de acudir a la equidad, para resolver las cuestiones
conforme a ella, tomando en cuenta, de manera imparcial, todos los
factores que en ellas concurran, y sin dejar inadvertidas las ideas directrices
suministradas por la doctrina, obviamente.
Aun a riesgo de incurrir en las mismas insuficiencias que atribuimos a
las tesis anteriormente expuestas, no obstante nos permitiremos extemar
nuestra opinión acerca de cuál sería un criterio más o menos general sobre
el qué fundar la solución al problema de la retroactividad legal en cada
caso concreto que se dé en la práctica.
Es evidente, como lo sostiene Roubier, que los hechos plenamente consumados
antes de la vigencia de una norma jurídica no pueden ni deben
ser regidos por ésta, sino por la ley que hubiere estado en vigor en la época
en que hayan acaecido, según el principio tempus regit aclum. La hipótesis
de los facta praeterita, así como la de los facta futura no pueden contener,
dada su naturaleza, ningún problema de retroactividad, puesto que en ellas
no se suscita ningún conflicto de leyes, porque, sin lugar a dudas, o es la
antigua o es la actual la que debe aplicarse, respectivamente.
Por ende, es la hipótesis de los [acta pendentia la que provoca el problema
de la retroactividad legal y la única en que debe localizarse, surgiendo,
consiguientemente, en el caso de que se trate de una situación o estado
jurídicos, nacidos durante la vigencia de una ley abrogada o derogada y
prolongados bajo el imperio de la ley nueva o actual.
Cuando no se trate' de actos simples o instantáneos, que se consuman
cabalmente en un momento preciso sin generar consecuencias jurídicas, sino
de actos o hechos llamados continuos o continuados, que originan una situación
o un estado que subsisten durante un lapso determinado o indeterminado
o que durante éste producen consecuencias, hay que tomar en cuenta
dos elementos importantísimos, a saber: el .elemento causal y el elemento
consecuente para determinar la aplicabilidad de la norma que deba regirlos.
El elemento causal se traduce o puede estar constituido por el hecho, el
acto o la circunstancia que genera la situación, estado o consecuencias que
se realizan a través del tiempo, situación, estado o consecuencias que no son
obviamente sino el elemento consecuente.
Ahora bien, el elemento causal puede, por si mismo, sin la concurrencia
de otras circunstancias o concausas, generar al elemento consecuente o, por

GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURIDlCA :;17
la Sala Administrativa de dicho alto tribunal ha considerado que su aplicación
no adolece del vicio de retroactividad aunque lesione derechos adquiridos
o afecte situaciones creadas con anterioridad a tales ordenamientos.v" bis
Por otra parte, dicho Alto Tribuna!, en una tesis jurisprudencia!, ha
resuelto la cuestión de si los preceptos constitucionales deben o no aplicarse
retroactiuamente, en el sentido de que la retroactividad, como vicio aplicativo
de disposiciones de tal índole, es inoperante o no existe. Dicha cuestión
se suscitó a raíz de la promulgación de nuestra actual Ley Fundamenta!,
provocada por intereses afectados por la política de dotación de tierras y
aguas mediante el fraccionamiento de los latifundios, preconizada por el
artículo 27, Y dada la importancia de la aludida tesis jurisprudencial, nos
permitimos transcribirla:
"Las leyes retroactivas, o las dicta el legislador común, o las expide el constituyente
al establecer los preceptos del Código Político. En el primer caso, no
se les podrá dar efecto retroactivo, en perjuicio de alguien, porque lo prohíbe
la Constitución; en el segundo, deberán aplicarse retroactivarnente, a pesar
del artículo 14 constitucional, y sin que ello importe violación de garantía alguna
individual.
"En la aplicación de los preceptos constitucionales, hay que procurar armonizarlos
y si resultan unos en oposición con otros, hay que considerar los
especiales como excepción de aquellos que establecen principios o reglas generales.
"El legislador constituyente, en uso de sus facultades amplísimas, pudo por
altas razones políticas, sociales o de interés general establecer casos de excepción
al principio de no retroactividad, y cuando así haya procedido, tales preceptos
deben aplicarse retroactivamente.P" e
pueden adquirir derechos que estén en pugna con el interés público; de suerte que cuando
una ley lesiona un derecho de esta clase, no hay retroaotioidad, aun cuando la existencia
del derecho sea anterior a la de la ley'. (Apéndice al tomo CXV.lII, tesis 922.)
339 bis Este criterio se expresa en los siguientes términos: uRETROACTIVIDAD DE
LAS LEYES AGRARIAS. Las disposiciones de orden constitucional o que afecten al interés
general no pueden tener el carácter retroactivo prohibido por el artículo 14 constitucional,
que sólo mira a la aplicaci6n de la ley, la que corresponde al juez y no al legislador.
Tratándose de las disposiciones agrarias y de resolver una situación económica creada con
anterioridad y que se estimó perjudicial para los intereses nacionales, puede el legislador,
al reglamentar preceptos constitucionales, afectar situaciones creadas sin violar la prohibición
de la aplicaci6n retroactiva de la ley" (Informe de 1977, Segunda Sala, págs. 61 y 62).
33'9 e Este criterio coincide con la opinión de Lcurent, distinguido profesor que fue,
en el siglo pasado, de Ja Universidad de Gante, quien sostenía: "En nuestro régimen
constitucional hay que distinguir entre el poder legislativo y el poder constituyente. El
legislador está ligado por la constitución; no se puede pues decir, como los ingleses dicen
de su parlamento, que éste. puede hacer todo, salvo un hombre de una mujer. No puede
cambiar la constitución, no la puede derogar; de donde se deduce que no puede expedir
ninguna ley retroactiva que quite un derecho garantizado por la constitución. Pero lo que el
poder legislativo no puede hacer, el poder constituyente sí lo puede. La constitución
no es inmutable; puede ser abrogada, modificada por el poder constituyente. El poder
constituyente es absoluto, en el sentido de que los poderes establecidos por la constitución
le deben obediencia; no solamente el poder ejecutivo, no solamente el poder judicial, sino el
mismo legislador le está subordinado y debe obedecerlo. Una constitución nueva puede

518 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
"Para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione
derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores y esta última circunstancia
es esccncíal.">'? Tesis 302 del Apéndice 1995, en Mate-na Constitucional.
Sin embargo, el alcance del principio de no retroactividad en el sentido
de si se refiere sólo a las leyes ordinarias o si también abarca a las normas
constitucionales, no es una cuestión que deba resolverse sin distingo alguno.
Es evidente que cuando se cambia un conjunto de postulados básicos que
implican sendas declaraciones fundamentales de una Constituci6n en beneficio
del interés social, las nuevas disposiciones en que dicho cambio se instrumente,
sí pueden aplicarse a situaciones creadas bajo el amparo de las
normas constitucionales renovadas o substituidas, aunque con tal aplicación
se afecten derechos adquiridos conforme a las prescripciones reemplazadas.
En esta hipótesis la acción retroactiva de las normas sustitutas no adolece
de ningún vicio, pues por virtud del poder constituyente que corresponde
al pueblo y que éste ejerce al través de sus representantes, se pueden transformar
la substancia y el contenido de la Constitución, sin que pueda oponerse
ningún obstáculo jurídico al impulso transformativo. su
Ahora bien, cuando se trata de disposiciones que no proclamen los postulados
fundamentales que caracterizan el esptritu econ6mico, social, politico
y cultural de la Constitucion, su respectiva reforma sólo debe regir hacia
el futuro, sin que deban afectarse situaciones creadas y derechos adquiridos
conforme a las prescripciones constitucionales modificadas.
Hemos afirmado que generalmente la cuestión de la aplicación retroactiva
de las leyes entraña el conflicto entre una norma juridica anterior o
antigua y una norma jurídica posterior o nueva para regir un caso o una
situación concretos. Tanto la doctrina como las tesis jurisprudenciales a que
nos hemos referido así han enfocado dicho problema. Ahora bien, la Suprema
Corte, a través de su Sala Administrativa, ha establecido un criterio
novedoso y muy interesante que introduce una importante modalidad al
planteamiento y resolución del tema concerniente a la determinación de
cuándo una ley se aplica retroaetívamente. Este criterio ya no se sustenta
quitar a los ciudadanos los derechos que les garantizaba la constituci6n antigua." (Droit
Civil FranfaÍJ. Tomo l. pág. 216. Tercera Edici6n, 1878,)
MO Apéndice al tomo CXVIII, tesis 9::!1. Tesis 162 de la Compilaci6n 1917.1965 y
.tesis 160 del Apéndice 1975. Materia General. Idem, tesis 247 del A.péndice 1985.
M1 Sobre este punto la Segunda Sala de la Suprema Corte se ha pronunciado en los
siguientes términos: ULa República Mexicana, como Estado Soberano, tiene el ilimitado
. derecho de darse, en todo tiempo, las bases constitutivas a la organización de su gobierno
y determinar las condiciones y prerrogativas de los ciudadanos y garantías individuales.
Siendo innegables estos derechos como inherentes a la soberanía, las reformas a la Constituci6n
que vienen a establecer una nueva situación jurídica. aun cuando afecten situaciones
o derechos creados al amparo de una ley anterior, no son violatorias de garantías
individuales, ya -que éstas, que no tienen otra vida jurídica que la que les da la propia
Constituci6n, están sujetas a las restricciones que determine la propia Carta Magna) como
se expresa en el artículo 1 9 , mismo que proclama la existencia de las garantías del individuo.
{Lniorme de 1935. Segunda Sala, pág. 96.)

GARANTfAs DE SEGURIDAD JURÍDICA 519
sobre la base de presuponer que la consabida cuestión implica siempre un
conflicto de leyes en el tiempo, sino que, por lo contrario, no lo considera
como una hipótesis necesaria de su surgimiento.
La idea central que involucra tal criterio consiste en que, cuando el
gobernado haya estado desempeñando una actividad sin restricción o normaci6n
legal alguna y por efecto del principio que enseña que "los particulares
pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba o impida", la ley
que posteriormente se expida consignando esa restricción o normación, no
deberá aplicarse para afectar las situaciones creadas con motivo del desempeño
de la conducta quc con anterioridad no se encontraba limitada, condicionada
o normada. De esta consideración concluye la Suprema Corte que
las leyes reguladoras de una actividad del gobernado, que con antelación a
ellas no eran materia de normación, sólo deben operar hacia el futuro, sin
afectar los actos de diversa índole quc hayan constituido tal actividad, ya
que la conducta del particular únicamente deberá adecuarse a sus normas
a partir del momento en quc éstas adquieran vigencia.
Este criterio, sustantivado ya en jurisprudencia, se expresa en los siguientes
términos:
"Es un error pretender que la circunstancia de que una ley ordinaria actúe
sobre el pasado no es contraria al artículo 14 constitucional al no existir una
ley anterior a aquélla, al amparo de la cual hayan surgido derechos que resulten
lesionados con la vigencia de la nueva ley. Efectivamente, si bien es
verdad que por regla general el fenómeno de la retroactividad se presenta
como un conflicto de leyes en el tiempo, como una controversia entre dos leyes
expedidas sucesivamente y que tienden a nonnar el mismo acto, el mismo
hecho o la misma situaci6n, también lo es que puede darse el caso de que los
mandatos de una ley sean retroactivos y lesivos al mencionado artículo 14
cuando rijan de manera originaria determinada cuestión, es decir, cuando ésta
sea prevista legislativamente por primera vez. En atención .a ese fenómeno complejo
que constituye la aparición del Estado, explicable por el principio de
soberanía en virtud del cual el pueblo adopta la forma de gobierno que le
place y se da normas que le permitan encauzar su vida social, surge una diferenciación
entre gobernantes y gobernados que hace posible que quienes integren
el Poder Legislativo estén en aptitud de regular normativamente la conducta
de los gobernados. Pero ello no significa que éstos hayan perdido su
Jibertad aun en lo nonnado y que sólo puedan realizar los actos que específicamente
les sean autorizados, sino nada más que habrán de abstenerse de hacer
lo prohibido por la ley y de sujetarse a los lineamientos trazados por ésta en
las hipótesis previstas por el legislador. Consecuentemente, en aquellos casos
en que la conducta del gobernado no haya sido normada en forma alguna por
el Poder Legislatiuo, de manera que no pueda ser considerada prohibida ni
válida únicamente cuando se ciña a determinadas restricciones) su realizaci6n
constituirá el ejercicio de un «derecho», emanado precisamente de la ausencia
de una ley reguladora, y tutelado, por lo mismo, por el Orden Jurídico, en
cuanto éste, al dejar intacto el ámbito de libertad en que tal conducta es factible,
tácitamente ha otorgado facultades para obrar discrecionalmente dentro
del mismo. Por consiguiente, la ausencia de normas limitadoras de la activi-

GARANTIAS DE SEGURIDAD JUR1DIGA 521
"Al establecer el artículo 14 constitucional como garantía del individuo, que a ninguna
ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. no debe entenderse
que la prohibición se refiere únicamente al legislador por el acto de expedir la ley,
sino que también comprende a la autoridad que hace la aplicación de ella a un C3S0
determinado, porque así permiten interpretarlo los conceptos mismos de la disposición
constitucional que se comenta, ya que al igual que la primera de esas autoridades
puede imprimir retroactividad al ordenamiento mismo haciendo que modifique o
afecte derechos adquiridos con anterioridad, la segunda al aplicarlo hace que se pro·
duzca el efecto prohibido."",,'
Por último, para que la aplicación retroactiva de una ley implique la contravención
a la garantía individual relativa, es menester que los efectos de retroacción
originen un perjuicio personal. Por ende, interpretando a contrario
sensu el primer párrafo del articulo 14 constitucional, la prohibición en él contenida
no comprende los casos en que la aplicación retroactiva de una ley no
produzca ningún agravio o perjuicio a ninguna persona. Así lo ha considerado
la Suprema Corte en una tesis que indica:
"La retroactividad existe cuando una disposición vuelve al pasado. ruando rige o
pretende regir situaciones ocurridas antes de su vigencia retro-obrando en relación a
las condiciones jurídicas que antes no fueron comprendidas en la nueva disposición y
respecto de actos verificarlos bajo una disposición anterior. Ahora bien, la Constitución
General de la República consagra el principio de la retroactividad, que causa perjuicio
a alguna persona. de donde es deducible la afirmación contraria, de que puede darse
efectos retroactivos a la ley, si ésta no causa perjuicio, como sucede frecuentemente, tratándose
de leyes procesales o de carácter penal, sea que establezcan procedimientos o
recursos benéficos o que hagan más favorable la condición de los indiciados o reos de
algún delito, ya por elevados fines sociales o por propósitos de humanitarismo. "3H
Por otra parte se ha establecido el criterio por la Justicia Federal en el
sentido de que en materia penal si se puede aplica» retroactiuamente la ley si ésta beneficia
al acusado o procesado. Tal criterio se consigna en las tesis que indicamos
en la nota al calce.334 a
D. Breve referencia histórica
El tema de la retroactividad legal, tanto como materia de investigación
científico-jurídica, como en su aspecto de prohibición normativa, tuvo un magro
tratamiento en el Derecho Romano, y apenas se comenzó a esbozar por
313 Informe correspondiente al año de 1945, pág. 157
314 Semanario[udícial de la Federadén, tomo LXXI, pág. 3,496. "CEa del Puente de Nuevo
Laredo, SA", así como la tesisjuruprudnu:ial923 del Apéndice al tomo CXVIlI (tesis 163 de lacitada
Compilación, y"ro 161

522 LAS GARANTfAs INDIVIDUALES
Cicerón para convertirse, andando el tiempo, en objeto de ordenación en el
Código de Justiniano.
En efecto, según afirma Roubier, "No se encuentra ninguna decisión interesante
para el derecho transitorio, ni en la Ley de las Doce Tablas ni aun en
las leyes posteriores de la República Romana. Sólo un poco más tarde se descubre
una condenación muy enérgica de las leyes retroactivas en un discurso
de Cicerón contra Verres", agregando que la constitución de Teodosio 11 y
Valentiniano 111, del año 400, "contiene la afirmación del príncipe de que la
ley nueva no tiene acción sobre el pasado". Por otra parte : "En la obra legislativa
de Justiniano hay un gran número de diposiciones, en las que se descarta
expresamente toda aplicación de la ley nueva a hechos pasados."'"
Continuando la investigación histórica emprendida enjundiosamente
acerca de la cuestión de la retroactividad legal y cuyos resultados asienta en su
magistral obra Les Cunflits des Lois dans le Temps, Roubier afirma que en la Edad
Media "se encuentra la mencionada regla de la no retroactividad en ésta (la)
compilación de usos y de constituciones, que llegaron a convertise en una especie
de derecho común feudal, bajo el nombre de Libri feudorum"". amén de
otros ordenamientos medievales y de los tiempos modernos que sería prolijo
mencionar y que estudia acuciosamente el citado autor en su aludido tratado.
547
En cuanto al antiguo Derecho Español, encontramos el principio de la irretroactividad
de las leyes en casi todos los ordenamientos constitutivos de su
sistema jurídico positivo.
Así, en el Fuero Juzgo se contienen diversas disposiciones que establecían
que las leyes sólo debían "comprender los pleitos o negocios futuros y
no los que ya hubieren acaecido": "La ley 1, título 5, libro 4 del Fuero Real
quiere que el delincuente reciba la pena que debía haber en el tiempo de
la culpa y no en el de la sentencia; la ley 200 de Estilo declara del mismo
modo que no se entiende el fuero con el pasado, hecho y otorgado antes, y
sí sólo con lo futuro; la ley 15, título 14, partida 5, establece también que
cuando sobre algún contrato o delito hecho en tiempo en que sé juzgaba
por el fuero viejo, se pusiere demanda en tiempo de otro fuero nuevo contrario
al primero, se debe probar y librar el pleito por el viejo y no por el
nuevo, "porque el tiempo en que son comenzadas et fechas las cosas debe
siempre ser catado, maguer se faga demanda en juicio en otro tiempo sobrellas",
finalmente, la ley 13, título 17, libro I O de la Novísima Recopilación,
supone el principio de la no retroactividad de las leyes, y con arreglo a
él se resuelve cierto caso que se sometió ala decisión del soberano, mandando
'" PAUL ROUBIER, op. ca.. págs. 63, 64 Y 67.
". Op, cu., pág. 90.
847 En aras del propósito que siempre hemos abrigado. de no ser meros transcriptores de
exposiciones contenidas en otras obras, por lo que toca a la antecedencia histórica de la retroactividad
legal en su aspecto normativo y doctrinario. no tenemos más que recomendar ampliamente
la lectura del libro de Roubier ya citado, a cuyas enjundiosas y bien documentadas páginas sería
muy dificil agregar dato alguno distinto de los que sólo serían materia de reproducción.

cARANTfAs DE SEGURIDAD JURIDICA 523
al mismo tiempo que sU declaración se tenga por regla general, a fin de
evitar dudas y recursos de igual naturaleza." ...
En ei Derecho Anglo-Saj6n, a través de los diferentes estatutos que, en
unión del derecho consuetudinario, lo integran, descubrirnos también el
principio de la irretroactividad de las leyes.
Así, verbigracia, en la Constitución del Estado de M aryland (art.
XV) se establece que "Las leyes retroactivas, que declaren criminales o castiguen
actos cometidos antes de la existencia de dichas leyes, son opresivas,
injustas e incompatibles con la libertad", agregando que: "En lo sucesivo
no deberán dictarse leyes ex post {acto", encontrándose esta misma prohibición
en la Constituci6n Federal norteamericana.
Por otra parte, en la Declaraci6n de los Derechos del Hambre y del
Ciudadano de 1789, sólo se encuentra el multicitado principio concretado
a la materia penal (art. VIII), en los siguientes términos:
"La ley no debe establecer sino las penas estrictamente necesarias y ninguno
podrá ser castigado sino en virtud de ley establecida y promulgada
con anterioridad al delito y legalmente aplicada."
En 10 que atañe a México, el principio de la irretroactividad de las leyes
se consignó desde el Acta Constitutiva de la Félleraci6n de 31 de enero de
1824, en cuyo artículo 19 se prohibió "toda ley retroactiva", prohibición
que reiteró la Constituci6n Federal de 4 de octubre de ese año en su artículo
148. Por su parte, tampoco las Constituciones centralistas de 1836 y de
1843 dejaron de acoger dicho principio, según consta, respectivamente, de
la tercera ley constitucional (art. 45) Y de las Bases Orgánicas (arts.
9· y 8').
Como ya advertimos, en la Constituci6n Federal de 1857 la garantía de
irretroactividad legal se estableció frente al legislador, vedándose la expedición
de "leyes retroactivas" en su artículo 14.
En su disposición conducente, este precepto ordenaba que: "No se podrá
expedir ninguna ley retroactiva", habiendo sido su antecedente directo
e inmediato el artículo 4' del proyecto respectivo, que declaraba: "No se
podrá expedir ninguna ley retroactiva, ex post {acto, o que altere la naturaleza
de los contratos."
Este precepto fue discutido en sesión del Congreso Constituyente el 15
de julio de 1856, habiéndose enfocado las principales impugnaciones al mis-
84.8 ESCRICHE, Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, pág. 592. Consúltese igual.
mente la obra de Isidro Montiel y Duarte, Estudio Sobre Garantías Individuales. págs. 359
a 362, en la que este tratadista anota diversos antecedentes de la garantía de que tratames
dentro del Derecho Hispánico.

524 LAS GARANTÍAs INDIVIDUALES
mo, en torno a la redundancia que ofrecían las expresiones ex post (acto y
o que altere la naturaleza de los contratos con la primera de ellas, dentro
de cuyo alcance se comprendían perfectamente las hip6tesís que se pretendían
indicar en las otras dos. Fue por ello por lo que se decidi6 conservar
únicamente la dicción "No se podrá expedir ninguna ley retroactiva",
que se incorpor6 al artículo 14 como disposici6n definitivamente aprobada...•
Según se ha advertido con antelaci6n, el sentido y alcance mismos de la
fórmula en que se consagró en la Constitución de 1857 la garantía individual
de la irretroactividad legal, se modificaron fundamentalmente en la
Constituci6n vigente. Como ya se dijo, en el primero de los ordenamientos
constitucionales mencionados, dicha garantía se consignó contra la expedici6n
de leyes y, por tanto, era valedera frente a las autoridades legíslativas;
por el contrario, en el segundo, fue la aplicaci6n retroactiva de las disposiciones
legales lo que terminantemente se prohibió. En las actas de las sesiones
del Congreso Constituyente de Querétaro no se encuentra ningún
dato que revele algún antecedente que hubiese determinado la transformación
de la fórmula normativa, ya que el artículo 14 del Proyecto de Constitución
enviado por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalísta, don Venustiano
Carranza, fue aprobado sin discusión alguna, precepto que, por
ende, se convirtió en definitivo bajo la mísma designación numeral...•
lI. GARANTÍA DE AUDIENCIA
La garantía de audiencia, una de las más importantes dentro de cualquier
régimen jurídico, ya que implica la principal .defensa de que dispone
todo gobernado frente a actos del Poder Público que tiendan a privarlo de
sus más caros derechos y sus más preciados intereses, está consignada en el
segundo párrafo de nuestro artículo 14 constitucional que ordena:
"Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de sus posesiones,
propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."
Como se puede advertir, la garantía de audiencia está contenida en una
fórmula compleja e integrada por cuatro garantías específicas de seguridad
jurídica, a las cuales posteriormente nos referiremos, y que son: a) la de
que en contra de la persona, a quien se pretenda privar de alguno de los
bienes jurídicos tutelados por dicha disposición constitucional, se siga un
juicio; b) que tal juicio se substancie ante tribunales previamente establecidos;
c) que en el mismo se observen las formalidades esenciales del procedi-
349 ZARCO, Congreso Constituyente, tomo 1, págs. 695 a 69B.
350 Diario de los Debates, tomo 1, pág. 595.

GARANTiAS DE SEGURIDAD JURIDlCA 527
\
idea del artículo 26 del proyecto, en el sentido de consignar la garantía
de audiencia previa a todo acto de privación, para instituir una garantía de
legalidad exacta en materia judicial a través de la exprcsión: "Nadie puede
ser juzgado ni sentenciado."
La segunda substitución consistió en haber empleado el concepto leyes
por el de formas quc utilizaba el artículo 26 del proyecto constitucional,
circunstancia que trajo consigo graves consecuencias jurídicas de interpretación.
En efecto, al disponer el artículo 14 que era necesaria la existencia
de una ley para poder juzgar y sentenciar a un individuo, y no que simplemente
se observaran las formas legales, se dedujo, con apoyo en su misma
redacción, que dicho precepto consagraba la garantía de la exacta aplicaci6n
de la ley, hecho del que se aprovecharon los postulantes para ocurrir a la
Justicia Federal en demanda de amparo contra sentencias dictadas en juicios
civiles o criminales en los que, se argumentaba, no se había aplicado
exactamente la disposición legal correspondiente. Por ende, esta interpretación
vino a desvirtuar completamente el espíritu que animó los artículos 21
y 26 del proyecto constitucional, en los que sus autores pretendieron consagrar
una verdadera garantía de audiencia en favor del gobernado frente
a actos privativos de sus más caros bienes jurídicos, ya que se sustituyó el
derecho de "ser oído" mediante determinadas formalidades judiciales, por
la exigencia de que todo fallo civil o penal debería contener la referencia
exacta, sin discrepancia alguna, de la ley "dada con anterioridad" al caso
concreto de que se conociese. Por ende, era suficiente, conforme a dicha interpretación,
que un hecho individual ofreciese alguna nota o modalidad
especial no prevista en el precepto legal aplicado en una sentencia judicial,
para que surgiera la posibilidad de impugnar ésta en la vía de amparo por
"violación a la garantía de la exacta aplicación legal". Así, en función de
esta garantía, cualquier juez, con afán de acatarla cumplida y rigurosamente,
hubiese dejado de resolver multitud de controversias civiles o penales que
se hubieren sometido a su conocimiento, si tropezaba con la dificultad de
no poder adecuar exacta y cabalmente el caso planteado o los hechos debatidos,
a alguna disposición de la ley.
Además, la garantía de la exacta aplicación legal produjo, como efecto
lógico, la desnaturalización del juicio de amparo y, consiguientemente, de
la actuación de la Suprema Corte como órgano de control del régimen constitucional,
al haber hecho surgir la posibilidad de que dicho Alto Tribunal
se convirtiese en revisor de los actos de todos los jueces federales y locales,
conociendo de los negocios que a ellos competen y en los que rara vez se
versaba un problema de indole constitucional.
Tanto Lozano como Vallarta se percataron claramente de la gravedad
de la situación que implicaba la degeneración del juicio de amparo, al
considerarse éste como un mero recurso de revisión o apelación, por lo que

530 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
dan ni pretexto para dudar de ella? Nadie, si no es el prurito de invadir atri- ­
buciones ajenas, de asaltar el poder público y de legislar, sustituyendo nuestras
propias extraviadas opiniones a los preceptos de la ley. La primera regla de
interpretación, la que está sobre todas, y a la que deben subalternarse todas,
es la condensada en estos términos: cum in verbis nulla ambiguitas est, non
debet admitti voluntatis quaestio; ubi verba non sunt ambigua, non est locus
interpretatione; ley 12, párrafo J, libro 9, título 40 del Digesto." S68
Como corolario de su argumentación, que apoya en las ideas de Laurent,
Savigny y Argentré sobre la interpretación de las leyes, concluye Mejía:
"Pues bien: si el texto de la segunda parte del artículo 14 de la Constitución
es claro, clarísimo, como el Sol que nos alumbra. Si está probado con' pruebas
irrecusables, que las palabras juzgado y sentenciado de ese artículo, se aplican, y
se han aplicado siempre por las leyes, por las Constituciones, por la doctrina y por
el usus loquendí, tanto a los negocios civiles como a los penales, ¿quién nos autorizó
para meternos a investigar otra intención, otra voluntad, otro espíritu distinto
del manifestado claramente por el legislador? Proceder así no es interpretar la
ley, sino defraudarla, insultando a la vez el buen sentido, pues nada hay que
indigne tanto como el empeño con que se pretende convencemos de que la ley no
dice lo que todo el mundo ve en ella; de que no contiene la garantía que claramente
establece.
"Así, pues el que no quiera hacerse sospechoso de tratar de burlar los propósitos
del legislador constituyente, no debe provocar ninguna discusión sobre el
espíritu de talo cual texto constitucional bastante claro en su redacción.
"Pero vamos a cuentas. ¿En dónde hemos de buscar ese espíritu? ¿En las
opiniones de la comisión de Constitución, formada de unos cuantos individuos?
¿En los discursos de algunos diputados? Unos y otras son fuentes muy inseguras
para la revelación de la voluntad de todo un Congreso. Cuando se elabora una
ley entre muchas personas, aunque todas estén de acuerdo en la redacción, no lo
están siempre en sus motivos y en sus alcances. A unos les parece buena por una
causa j a otros por otra, tal vez contraria. Quién la cree buena por demasiado
limitada; quién por muy liberal. Y estoy seguro, que si a cada diputado se le
pregunta el por qué de su voto, acaso no resultarán dos respuestas enteramente
iguales. No hay, pues, cosa más peligrosa, que tratar de buscar la razón de una
ley en las ideas aisladas de tales o cuales diputados." -359
b) Argumento gramatical. Éste consistía en que los términos "juzgado"
y "sentenciado" empleados en el artículo 14 constitucional, aludían sólo
a los juicíos criminales, puesto que civilmente a una persona no se le puede
juzgar ni sentenciar, ya que en las contíendas respectivas el objeto material
de las mismas son el patrimonio y los derechos u obligaciones de los litigantes.
Consíguientemente, concluía Vallarta, el artículo 14 únicamente se refiere
a la materia penal, en la que sí pueden ser, y de hecho son, los hombres sentenciados
y juzgados. Para tener una idea cabal de la argumentacíón que
sobre este partícular esgrimió Vallarta, nada más conducente que transcribir
algunas consideraciones que al respecto formuló:
-358 lbíd., págs. 175 y 176.
... tu«, págs. 179 y 180.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD JUIÚDICA 531
\
"En efecto", el pronombre «nadie» con que comienza el artículo, se refiere
siempre a las personas y nunca a las cosas: la frase de «juzgado y sentenciados
de que se sirve, en el lenguaje forense sólo se usa hablándose de causas criminales,
y aun en estilo vulgar nadie dice que es alguien juzgado y sentenciado por
acciones civiles, sino por tal o cual delito. Y las palabras finales del articulo
«por el tribunal previamente establecido por la ley», se refieren con tal evidencia
sólo a Jo criminal, que extenderlas a lo civil sería traspasar los limites de lo
absurdo para llegar a lo ridículo."·
Como observa Rabasa, este argumento es deleznable, pues aparte de ser
gramatical, que es el más débil de todos, la interpretación que a los términos
"juzgado" y "sentenciado" da don Ignacio L. Vallarta es indebida y peca
contra los mismos antecedentes del precepto, ya quc el artículo 9 9 de las
"Bases Orgánicas de 1843" yel relativo de la Constitución española de 1812,
de los que procede, claramente refieren dichos vocablos a las causas civiles
y a las criminales. .
Además, agregamos nosotros, no es cierto, como lo sostuvo Vallarta, que
únicamente se juzgue y sentencie a una persona en los juicios penales, puesto
que en las causas civiles también se registran necesariamente dichos fenómenos
procesales. En efecto, por "juzgar" a una persona se entiende emitir
respecto de ella algún juicio u opinión, los cuales pueden recaer sobre muy
diversos aspectos de su vida jurídica. Así, cuando se "juzga" penalmente a un
individuo, el "juicio" respectivo se establece tomando en consideración su
conducta delictiva; p'or otra parte, tal juicio puede emitirse acerca de un sujeto
por lo que concierne a su actividad civil. Así, verbigracia, cuando una
persona incumple un contrato, el juicio que respecto a ella se formula es en el
sentido de reputarla como "incumplidora" de sus obligaciones civiles y si ese
incumplimiento se hace valer y se comprueba ante los tribunales,. éstos deben
emitir su "juicio" en el fallo que recaiga al procedimiento correspondiente,
en términos de considerarla como tal. Por otra parte, el vocablo "sentenciado"
a que se refería el artículo 14 de la Constitución de 57, equivale sinónimamente
a estos otros en sus respectivos casos: "condenado" o "absuelto", ya
que la condenación o absolución de un individuo se establece en una "sentencia",
es decir, en una resolución jurisdiccional culminatoria de un procedimiento
jurídico. ¿No acaso, cuando en contra o en favor de una persona
se pronuncia un fallo en un juicio civil, condenándola o absolviéndola respecto
a las prestaciones exigidas por su contraparte, se "sentencia" a aquélla?
Por estas someras razones podemos llegar a la conclusión dc que ni en cuanto
a la acepción lógica de los términos "juzgado" y "sentenciado" utilizados
en el artículo 14 de la Constitución de 57, se puede sostener con éxito la
tesis de Vallarta que expusimos.
En apoyo de nuestras consideraciones podemos volver a citar al incisivo y
elocuente don Miguel Mejía, quien, a propósito de la locución "juzgado y sen-
360 Op. cit., p!g. 63.

532 LAS GARANTÍAs INDIVIDUALES
tenciado" afirmaba: "Cuán lastimosamente se han engañado todos esos letrados
(Vallarta, Lozano y Martínez de Castro) respecto de la significación legal y
usual de las voces juzgado y sentenciado. Y cuán sensible es que al emitir sus
opiniones no hubiesen consultado el lenguaje que en esta materia han venido
empleando desde tiempos muy lejanos nuestros legisladores y nuestros jurisconsultos.
Con un poco más de estudio, habrían descubierto que su error está condenado
abiertamente por la legislación, la doctrina y el uso común de hablar, en
cuyas fuentes de interpretación vemos que los litigantes, en negocios judiciales
civiles, son juzgados y sentenciados, del mismo modo que el acusador y el acusado
son juzgados y sentenciados en los procesos criminales; y no habrían invocado,
para verse derrotados con sus propias armas, las reglas de interpretación tan ufanamente
citadas por ellos; pues precisamente el usus loquendi del legislador,
l'usage plus que l'étymologie, aplican los términos juzgado y sentenciado a las
personas de los litigantes en los juicios puramente civiles." 361
e) Argumento llamado "constitucional". Éste lo desenvolvía ValIarta
en los siguientes razonamientos: si se aceptase que el mencionado precepto se
refiere tanto a la materia penal como a la civil, se vulneraria la soberanía
de los Estados, al erigirse el Poder Judicial Federal en revisor de todas las
sentencias dictadas por los tribunales locales que no hubieren aplicado exactamente
la ley respectiva.
"Si so pretexto de juzgar si una ley civil está o no exactamente aplicada a un
caso, afirmaba, fuera lícito a los tribunales federales revisar los procedimientos
de los jueces locales, bastaría la demanda más temeraria de un litigante pidiendo
esa revisión con el nombre de amparo, para que se abriera luego el juicio que
hubiera de decidir de la aplicación exacta o inexacta de la ley al hecho, y esto no
s610 tratándose de sentencias definitivas, sino hasta de autos de mero trámite.
"No se necesita decir más para ver con evidencia c6mo en semejante sistema
la independencia del Poder Judicial de los Estados llega a ser una sangrienta burla.
"La soberanía de los Estados está restringida, es cierto, por la Constitución;
pero las facultades que a los poderes federales no están expresamente concedidas,
se entienden reservadas a los Estados. Se necesita, pues, un texto expreso que
conceda una facultad determinada, para que ésta se pueda llamar propia de los
poderes federales. Y ¿cuál es ese texto que autoriza al Poder Judicial de la Federación
para examinar la forma o el fondo de una causa civil de la competencia
de los tribunales locales? No la hay. En lo criminal, por el contrario, existen textos
que facultan a aquéllos para juzgar por la vía de amparo de los procedimientos
del juez local en cualquier estado del proceso; que los autorizan para inquirir
si el auto de prisión está pronunciado a su tiempo; si se decreta una prisión por
deuda civil; si se imponen penas inusitadas y trascendentales j si se juzga dos veces
por el mismo delito, etc., etc. Y en todos estos casos, ya se trate de sentencias
definitivas, ya de autos interlocutorios, el amparo es procedente y la soberanía
de los Estados, no se lastima, porque hay textos expresos en la Constitución que
facultan al Poder Judicial Federal para injerirse bajo ciertas condiciones en la
861 Errores Constitucionales, pág. 159. Para corroborar sus asertos, Mejía trae a ca­
Iación diferentes ordenamientos en los que los mencionados vocablos se utilizaban indistintamente
en materia civil y penal, tales como la Ley Primera, título 4, partida tercera; la
ley 32, título 2, partida tercera; la Constituci6n española de 1812 {art. 247); las Bases
Orgánicas de 1843 (arta, 8 y 9) Y la Constitución americana (art. 7 de las enmiendas),
principalmente.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD JUIÚDICA 533
administración de la justicia criminal de los Estados; pero no puede suceder lo
mismo en lo civil desde el momento que falta un texto expreso constitucional que
conceda iguales facultades." 362-
No es verdad que no haya existido en la Constitución de 57 un "texto
expreso" para que el Poder Judicial Federal, por vía de amparo, revisase las
sentencias civiles de los tribunales locales. En efecto, si conforme a la fracción
primera del artículo 101 de dicha Ley Fundamental los tribunales de la Fcderación
tenían competencia para conocer de toda controversia que se hubiere
suscitado por leyes o actos de cualquiera autoridad que víolaran las garantías
individuales; y si dentro de éstas el artículo 14- consignó la de la "exacta
aplicación de la ley" sin distingos de ninguna especie, es obvio que el citado
poder sí estaba investido competentemente para conocer y decidir si el fallo
de algún juez estatal había o no atacado tal garantía, mediante la revisión de
la sentencia correspondiente.
Además, como atinadamente observa Rabasa, si el e1emcnto central de la
argumentación de Vallarta consistía en que se vulneraba la soberanía de los
Estados al revisar el Poder Judicial de la Federación, por vía de amparo,
las sentencias civiles que pronunciaran los tribunales locales, ello también
ocurriría en casos semejantes en materia penal, por lo que si el insigne jurista
jalisciense se hubiere apegado fielmente a la lógica, debió haber concluido,
por análogas razones a las que invoca en su argumento, que tampoco deberían
ser revisables por la jurisdicción federal las sentencias penales de los
jueces estatales.
d) Argumento de orden jurídico general. Éste estriba en aseverar que
la disposición que contiene la garantía de la exacta aplicación de la ley sólo
rige en materia penal, porque en ésta obra el principio de nulla poena, nullum
delictum sine lege, y no en materia civil, en la que conforme al artículo 20
del Código Civil (de 1884- y de 1870), los juicios se podían fallar de acuerdo
"con el sentido natural y espíritu de la ley", y que cuando no pudieren establecerse
éstos, se decidirían "según los principios generales del Derecho, tomando
en consideración todas las circunstancias del caso".
Para interpretar conforme a este argumento el artículo 14- constitucional,
don Ignacio L. Vallarta acude a la doctrina que establece la imposibilidad
para el juzgador de negocios civiles de aplicar en todo caso concreto una
disposición legal de manera exacta, por las necesarias lagunas que se encuentran
en todo ordenamiento positivo, que, como obra humana, no puede prever
toda situación particular que la experiencia jurídica pueda: configurar y que
no encuadre con precisión y justeza dentro de las situaciones abstractas normativamente
instituidas. El ilustre jurisconsulto jalisciense, a consecuencia de
diversas consideraciones de derecho comparado, llega a la conclusión de que
en materia procesal civil desde el Derecho Romano hasta las legislaciones
vigentes a la sazón en diversos países, tales como Italia, Holanda, Austria,
302 Op. cis., págs. 76 a 79.

534 LAS GARANTIAS INDIVIDUALES
Inglaterra, etc., al juez se le concedieron facultades para resolver casos
especiales que no pudieren ser solucionados mediante la referencia exacta de
una nonna jurídica positiva, a través de un criterio de equidad orientado
y dirigido por los principios generales del derecho.
"Desde la legislación romana, decía Vallarta, hasta nuestro moderno Código
Civil, todas las legislaciones reconocen la insuficiencia de la ley civil para prever
y expresar todos los casos posibles y proclaman la necesidad de la interpretación
judicial como medio inexcusable de suplir las omisiones del legislador. Aprecian.
do el altísimo interés social de que ningún pleito quede sin fallo por falta de una
ley exactamente aplicable al caso, han encontrado la salvación de ese interés
en la interpretación judicial, que faculta a los tribunales para resolver los litigios,
aun cuando no haya ley que a ellos pueda aplicarse con exactitud." 363
En nuestra opinión, tal vez sea éste el argumento menos débil para interpretar
restrictivamente el artículo 14 de la Constitución de 57, no obstant.e
la crítica o refutación que formula Rabasa; sin embargo, siendo tal precepto
de índole constitucional, debe consiguientemente estar por encima de cualquier
disposición de carácler secundario, en primer lugar; y en segundo término,
porque si el citado artículo 14 no distingue si alude a la materia civil
o la penal, no se debe tampoco contraer su alcance a sólo una de ellas, máxime
que SUS antecedentes históricos indican lo contrario, como ya dijimos.
Tampoco a propósito de este argumento concede razón Mejía a Vallarta,
pues sostiene que éste confundió la "aplicación exacta de la ley" con su "aplicación
literal", concluyendo que tanto en materia civil como penal la norma
jurídica debe aplicarse "exactamente", so pena de que no se aplique.
"Aplicar exactamente la ley, afirmaba Mejía, no es, como lo entiende el señor
Vallarta, según su sistema de exagerar los extremos para abrir un abismo profundo
entre ellos, aplicarla según sus términos literales, sin tomar en cuenta jamás el
espíritu, la intención de11egislador; sino aplicarla, como he dicho, a todos los casos
y a sólo los casos en ella comprendidos; y comprendidos, no según el materialismo
de las palabras, sino como racionalmente aparezca habérnosla dado a entender el
legislador. Interpretar la ley, no es salir de los casos comprendidos en ella, sino
averiguar lo que el legislador quiere decir. Por esto, cuando la ley en sus términos
literales es bastante clara, no hay lugar a investigar otra intención del legislador
distinta de la que ha manifestarlo; así como cuando falta esa claridad se debe
buscar la intenci6n en los motivos de la ley, en las analogías, en las doctrinas
y demás fuentes de ilustraci6n; es decir, se debe interpretar; pero jamás haciéndola
comprender casos para los cuales evidentemente no se ha dado. En resumen,
aplicar exactamente la ley, es aplicarla a s610 los casos y a todos los casos para
los que el legislador quiso darla, una vez que su inteligencia se ha fijado por los
medios antes indicados j pero nunca interpretándola en el sentido de hacerla
extensiva a casos que el legislador ni expresó, ni previó. Esto es lo que se observa
en lo criminal, y esto es lo que debe observarse en lo civil. Aplicar en esta materia
una ley a casos para los que evidentemente no se expidió, aunque haya la
misma o mayor razón, es un abuso, una arbitrariedad." 364
&63 Op. cit., págs. 65 a 75.
.e.. Op. oít., págs. 289 Y 290.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURIDlCA 535
"Es, pues, evidente, continúa diciendo Mejia, por cuanto llevo dicho, que no
hay el menor antagonismo ni la menor incompatibilidad, como cree el señor ValIarta,
entre la exacta aplicación de la ley penal y la interpretación racional de la
misma ley. Por el contrario, tan bien hermanadas se hallan en la ciencia y en
la jurisprudencia, que sin la interpretación racional de la ley, sin fijar su verdadera
inteligencia, nunca seria posible la exacta aplicación de ella. Aplicar las
leyes según el materialismo de las palabras, no es aplicarlas exacta sino estúpidamente,
como si se dijera que no era ladrón el que robaba varias cosas ajenas
muebles, sin derecho y sin consentimiento de su dueño, por el motivo de que el
artículo 368 del Código Penal define el robo diciendo que se comete cuando alguno
se apodera de alguna cosa ajena, etc. No sin razón se dice que obra en fraude
de la ley el que hace servir sus propias expresiones para burlar su sentido." 36G
e) No obstante lo criticable de sus argumentaciones, 10 cierto es que don
Ignacio L. Vallarta logró imponer, por su reconocido prestigio, su criterio
en la Suprema Corte cuando fungia como presidente de este alto tribunal, en
el sentido de considerar que el articulo 14 de la Constitución de 57 sólo consagraba
la garantia de la exacta aplicación de la ley en materia penal, habiéndose
desechado, por tal razón, todos los amparos que se promovían contra las
sentencias recaidas en juicios civiles por inexacta aplicación de la ley. Cuando
Vallarta abandonó la Suprema Corte, la jurisprudencia posterior admitió ya
los juicios de amparo interpuestos en materia civil por violación al articulo 14
constitucional, a pesar de que se limitó su procedencia para el caso de que se
tratara de notorias contravenciones o arbitrariedades.
Sin embargo de lo estéril de las argumentaciones de Vallarta, no por eso
debemos dejar de reconocer su profundo espíritu jurídico, al pretender restituir
al juicio de amparo su telcologia propia y natural, cuando menos en materia
procesal civil; mas dichos argumentos no son deleznables por carecer
de cierta razón lógica, sino por pretender algo menos que imposible: tratar de
remediar un mal que estaba imbíbito en el propio articulo \4 constitucional
por error inexplicable del Constituyente de 1857.
f) Intentando sanear o aliviar al juicio de amparo, en noviembre de
1896 la Secretaría de Gobernación dirigió a la Cámara de Diputados una
iniciativa sobre reformas de diversos artículos de la Constitución, dentro de
los cuales se encontraba el articulo \4. Conforme a esa iniciativa, este precepto
hubiera quedado concebido de la manera siguiente, en caso de que aquélla
se hubiere aprobado:
"Ninguna ley tendrá efecto retroactivo. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado
sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y aplicadas a él por el
tribunal que previamente haya establecido la ley. En materia civil, a falta
de ley expresa, se decidirá la controversia conforme a los principios generales
del derecho."
36G Ibid., pág. 303. A su vez don León Guzmán también critica los argumentos de
VaIlarta en un interesante estudio sobre'el artículo 14 de la Constituci6n de 1857 que se
public6 en la Revista de Legislación y Jurisprudencia, Volumen correspondiente a los
meses de agosto a diciembre de 1889, págs. 286 a 315.

536 LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
Como se puede observar, en la iniciativa en cuesti6n ya se pretendió eliminar
la garantía de la exacta aplicaci6n de la ley en los juicios civiles, al
considerarse que éstos podían ser resueltos conforme a los principios generales
del derecho, mas desgraciadamente no fue ni siquiera discutida.
g) La implicaci6n juridica y el alcance de la garantía de la exacta aplicaci6n
de la ley siguieron preocupando al foro mexicano y varios de sus más
destacados exponentes contribuyeron Con sus ideas a dilucidar tan debatida
cuanto intrincada cuesti6n, sin tomar abierta y decididamente partido a favor
o en contra de las dos corrientes en que .di,::ersa y antagónicamente se pre.
tendi6 solucionar, a saber, de la "vallartista" y de la que simpatizaba con el
pensamiento de don Miguel Mejía, Así, aun después del proyecto de reformas
al artículo 14 de la Constituci6n de 57 a que nos acabamos de referir, varios
juristas mexicanos publicaron sesudos estudios sobre ese terna en la Revista
de Legislaci6n y Jurisprudencia, tratando de precisar el sentido substancial de
la citada garantía y proponiendo, en consecuencia, una redacci6n adecuada al
mencionado precepto constitucional.t"
h) Hasta la promulgaci6n de la Constituci6n vigente se suprimi6 la garantía
de la exacta aplicaci6n de la ley en materia civil, al disponerse en el
párrafo cuarto (que en su oportunidad analizaremos) del artículo 14, lo
siguiente:
"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme
a la letra o a la interpretaci6n jurídica de la ley, y a falta de ésta, se fundará
en los principios generales del derecho."
Dicha garantía, no obstante, se reserv6 a la materia penal siguiendo fielmente
el principio de nullum delictum, nulla poena sine lege, al establecerse
en el párrafo tercero:
"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple
analogía, y aun por mayoría de raz6n, pena alguna que no esté decretada por
una ley exactamente aplicable al delito de que se trate."
B. Análisis del segundo párrafo del artículo 14 constitucional vigente
La garantía de audiencia se encuentra implicada en dicho párrafo que
textualmente dispone:
"Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."
S6S Con el propósito de no ser demasiado prolijos en la referencia a las opiniones
de dichos juristas, deliberadamente nos abstenemos de comentarla. recomendando la lec.
tura de los articules que sobre tan discutida cuestión publicaron en la mencionada Revista
don Julio Guerrero (número de enero a julio de 1901), don Fernando Vega (número-de
julio a diciembre deL.mismo año) y don José de Jesús Peña (número de enero
a junio de 1905).

GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURIDlGA 537
El tenor de esta disposición constitucional, concebida en sus propios términos
en el Proyecto de Constitución elaborado por don Venustiano Carranza
y que fueron aprobados sin discusión en el Congreso de Querétaro,
corresponde a la fórmula norteamericana del "debido proceso legal", tal
como ha sido interpretada por la jurisprudencia de la Suprema Corte de los
Estados Unidos. 367
La garantia de audiencia en nuestro actual artículo 14 constitucional se
integra, según hemos afirmado, mediante cuatro garantías específicas de seguridad
jurídica, necesariamente concurrentes, y que son: el juicio previo al
acto de privación; que dicho juicio se siga ante tribunales previamente establecidos;
el cumplimiento o la observancia de las formalidades procesales
esenciales; y la decisión jurisdiccional ajustada a la. leyes vigentes con antelación
a la causa que origine el juicio. Formándose la garantía de audiencia
mediante la conjunción indispensable de tales cuatro garantías específicas,
que posteriormente estudiaremos, es evidente que aquélla es susceptible de
contravenirsc al violarsc una sola, por lo que, merced a la íntima articulación
que existe entre ellas, el gobernado encuentra en el segundo párrafo del artículo
14 constitucional una verdadera y sólida protección a sus bienes jurídicos
integrantes de su esfera subjetiva de derecho.
a) Titularidad de la garantla de audiencia
El gocc de la garantía de audiencia, como derecho público subjetivo,
corresponde a todo sujeto como gobernado en los términos del artículo primero
constitucional. No bajo otra acepción debe entenderse el vocablo "Nadie",
interpretándolo a contrario sensu. Por ende, los atributos accidentales
de las personas, tales como la nacionalidad, la raza, la religión, el sexo, etc.,
no excluyen a ningún sujeto de la tutela que imparte la garantia de audiencia,
y esta circunstancia, acorde con los principios elementales de la justicia y del
humanitarismo, hace de nuestro artículo 14 constitucional un precepto protector
no sólo del mexicano, sino de cualquier hombre, salvo las excepciones
consignadas en la propia Ley Suprema, a las que después nos referiremos.
Ahora bien, siendo el titular de la garantía de audiencia todo sujeto como
gobernado, ¿qué se entiende por tal? El concepto "gobernado" es inseparable
y correlativo, por modo necesario, de la idea de "autoridad", de tal suerte
que no es posible la existencia del primero sin la de la segunda. El sujeto como
gobernado y la autoridad se encuentran en una relación de supra a subordinación,
que se traduce indispensablemente en multitud de actos de autoridad
que tienen, para ser tales, como ámbito de operatividad, la esfera del par-
367 Consúltese la obra La Constitución de los Estados Unidos de América. Editorial
Guillenno Kraft Ltda. Buenos Aires. Tomo 11, págs. 57 y 205 y sigs. (Enmiendas V y XIV),
así como el libro La Constituci6n Americana de C. Herman Pritchett, edición 1965,
Tipográfica Editora Argentina, S. A.

538 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
ticular. Por tanto, el gobernado es el sujeto cuyo estado jurídico personal es
susceptible de ser total o parcialmente objeto de actos de autoridad, cuyas
notas esenciales, sine quibus non, son: la unilateralidad, la imperatividad o
impositiuidad y la coercitividad, conceptos que explicamos en su debida oportunidad
al tratar e! tema relativo en el capitulo segundo de esta obra.
Con vista a tales consideraciones, debe, pucs, proscribirse la conclusión
a que podría llegarse mediante la interpretación literal de! articulo primero
constitucional, en el sentido de que cualquier individuo, para ser titular de
garantias individuales, debe necesariamente estar "en los Estados Unidos Mexicanos",
es decir, dentro de su territorio, ya que, aun cuando físicamente no se
encuentre dentro del mismo, si su esfera jurídica total o parcialmente es susceptible
de ser objeto de algún acto de autoridad, la persona goza de los
derechos públicos subjetivos instituidos en nuestra Ley Fundamental por tener
e! carácter de "gobernado", cuyo concepto no sólo comprende al de "individuo",
sino a toda persona moral de derecho privado o social y a los organismos
descentralizados.P'"
b) Acto de autoridad condicionado por la garantia de audiencia
(Concepto de "acto de privaci6n")
Dando por supuesta y sabida la idea genérica de "acto de autoridad",
que ostenta ineludiblemente los tres atributos ya apuntados y que sólo se da
en las relaciones de supra a subordinación, como se dijo anteriormente, ¿cuáles
son los elementos constitutivos del "acto de privación" y en qué se diferencia
éste del "acto de molestia" condicionado por las garantias de seguridad jurídica
implicadas en la primera parte del articulo 16 constitucional?
La privación es la consecuencia o el resultado de un acto de autoridad
y se traduce o puede consistir en una merma o menoscabo (disminuci6n)
de la esfera jurídica del gobernado, determinados por e! egreso de algún bien,
material o inmaterial (derecho), constitutivo de la misma {desposcsién o
despojo), así como en la impedición para ejercer un derecho.
Pero no basta que un acto de autoridad produzca semejantes consecuencias
en e! estado o ámbito juridico de una persona para que aquél se repute
"acto de privación" en los términos del segundo párrafo del articulo 14- constitucional,
puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo mencionados,
así como la impedición citada, constituyan el fin último, definitivo
y natural del aludido acto. En otras palabras, el egreso de un bien jurídico,
material o inmaterial, de la esfera del gobernado, o la impedición para ejercer
un derecho, pueden ser consecuencia o efecto de un acto de autoridad,
pero para que éste sea privativo, se requiere que tales resultados san, además,
la finalidad definitiva perseguida, e! objetivo último a que en si mismo tal acto
propenda, y no medios o conductos para que a través del propio acto de
autoridad o de otro u otros, se obtengan fines distintos. Por ende, cuando
S68 Véase el concepto de "gobernado" en el capítulo II de esteTibro.

GARANTíAS DE LIBERTAD 539
un acto de autoridad produce la privación (egreso de un bien o despojo de
un derecho o imposibilitación para ejercitarlo), sin que ésta implique el objetivo,
último, definitivo, que en sí mismo persiga, por su propia naturaleza, dicho
acto, éste no será acto privativo en los términos del artículo 14
constitucional.
ASÍ, verbigracia, el auto de esequendc aparentemente podría considerarse como un
"acto de privación", puesto que, en la generalidad de los casos, trae como consecuencia
el egreso de algún bien de la esfera jurídica del ejecutado, por virtud del secuestro
y del depósito respectivos, suponiéndose que este último se constituya con un tercero
que el ejecutante designe. Si dicha consideración fuese debida y correcta, el auto de
excquendo, la diligencia del mismo y el precepto o preceptos legales en que el juez o
autoridad se hubiese basado para dictarlo, serían inconstitucionales, porque importarían
una privación en perjuicio del ejecutado o demandado antes de que éste interviniese
en el juicio correspondiente, ya que la oportunidad de defensa se le otorga
legalmente después de la traba, como es sabido. Pero el auto de cxcqucndo, si bien
origina una aparente privación, no tiende a realizar ésta como objetivo o finalidad últimos
o definitivos, puesto que el egreso del bien que se secuestre de la esfera del ejecurado,
no es sino el medio de que dicho auto se vale para asegurar, primeramente, las
prestaciones debidas al ejecutante, y mediatamente, para que por conducto de otros
actos procesales se obtenga el pago de las mismas a través de la adjudicación correspondiente,
en su caso. Por tanto, el auto de exequendo no es acto de privación en los
términos del artículo 14 constitucional y, consiguientemente, no debe estar condicionado
por la garantía de audiencia, sino por la de legalidad consagrada en la primera
parte del artículo 16 de la Constitución, ya que es un acto de molestia.
En conclusión, si la privación de un bien material o inmaterial, bajo los
aspectos indicados anteriormente es la finalidad connatural perseguida por
un acto de autoridad, éste asumirá el carácter de privativo; por el contrario,
si cualquier acto autoritario, por su propia Índole, no tiende a dicho objetivo,
sino que la privación que origina es sólo un medio para lograr otros
propósitos, no será acto privativo sino de molestia, como sucede con el auto
de exequendo por faltarle el elemento definitividad teleológica que ya hemos
mencionado.ses«
e) Bienes jurídicos tutelados por la garantia de audienciaxe e
Tales son, conforme al segundo párrafo del artículo 14 constitucional,
los siguientes: la vida, la libertad, la propiedad, la posesión y los derechos
del gobernado.
l. El concepto vida es muy difícil de definir, a tal punto, que el pensamiento
filosófico se ha concretado a considerarlo como una idea intuitiva contraria
a la de extinción o desaparición del ser humano de su ámbito terrenal.
Por ello, y principalmente por no incumbirnos, no osaremos tratar acerca
de él. Simplemente nos conformamos con afirmar que la vida humana se

GARANTiAS DE SEGURIDAD JURÍDICA 541
respecta a la propiedad in genere, es decir, cabe preguntarse si dicha garantía
sólo protege la verdadera, legítima o auténtica (única) propiedad, o también
tutela la aparente, ilegítima o falsa propiedad.
La garantía de audiencia, como garantía de seguridad jurídica que es,
impone a las autoridades del Estado la obligación positiva consistente en observar,
frente al gobernado, una conducta activa y que estriba en realizar todos
y cada uno de los actos que tiendan a la observancia de las exigencias específicas
en que el derecho dc audiencia se revela. Por tal motivo, las autoridades
del Estado tienen prohibido por el artículo 14 constitucional privar a una
persona de los bienes materia de su propiedad, si el acto de privación no
está condicionado a las exigencias elementales quc configuran la garantía
mencionada, de cuya naturaleza misma se desprende que es cualquier tipo
de propiedad materia de la tutela que imparte, ya que a través del juicio de
amparo que se promueva por violación a la expresada garantía, sólo se constata,
si, en detrimento del propietario quejoso, las autoridades responsables
incurrieron o no en dicha contravención, sin que la propia índole dc tal juicio
autorice, cn dicho caso, la posibilidad de que se califique la propiedad que
como supuesto afirme tener el agraviado. En efecto, el juicio de amparo no
es el medio jurídico pertinente para resolver cuestiones de dominio, o sea,
para decir el derecho en materia de propiedad, debiendo,cn cambio, proteger
a ésta no desde el punto de vista de resolver una controversia suscitada entre
dos o más sujetos quc sc disputen la titularidad de ese derecho, sino atendiendo
a la circunstancia de que una persona, sea o no en realidad la propietaria
de una cosa, no debe ser privada de tal carácter, falso o verdadero,
legítimo o ilegítimo, sin observarse previamente las condiciones que establece
el artículo 14 constitucional. En otros términos, el juicio de amparo, en sí
mismo considerado, no tiene por finalidad resolver jurisdiccionalmente una
cuestión de propiedad en el sentido de decidir quién es el propietario de un
bien, pues esta facultad es propia de la jurisdicción común, la cual la ejerce
según los procedimientos que rige la legislación ordinaria (juicios reivindicatorios,
de nulidad, etc.). La sentencia de amparo s610 puede ocuparse de la
solución de cuestiones de dominio, diciendo el derecho en el sentido de establecer
a cuál de los contendientes corresponde legítimamente la propiedad
de un bien, cuando esta cuestión ha sido previamente abordada y resuelta
por la jurisdicción común en una o dos instancias, según el caso. Es entonces
cuando, al interponer una de las partes el juicio de amparo contra la sentencia
definitiva pronunciada sobre la propiedad de una cosa por los tribunales
ordinarios, la jurisdicción federal puede tratar dicha cuestión, examinando
si la resolución reclamada se ajustó o no a la letra o interpretación jurídica de
la ley en ella invocada, convalidando o invalidando dicho acto procesal, es decir,
que dicha posibilidad de tratamiento s610 se consigna en raz6n de la violaci6n
a la garantia de legalidad, mas nunca en raz6n de la contravenci6n a la de
audiencia.

GARANTÍAs DE SEGURIDAD JURÍDICA 543
quier sentido, aun dentro de la modalidad aducida por Savigny, que no
podía servir de índice indefectible para constatar la existencia o no existencia
de un verdadero estado posesorio.
En la teoría objetiva, cuyo principal propugnador es 1hering y que acoge
nuestro Código Civil vigente (artículos 790 y 791), se abandona no
sólo por inútil, sino por perjudicial y equivoco, el mencionado elemento
intencional para explicar la integración jurídica de la posesión. En efecto,
ésta, para dicha teoría, se traduce en un poder de hecho ejercido sobre
una cosa por una persona, pero para que ese poder pueda considerarse
como posesión, se requiere que quien lo desempeña pueda ejercitar todos, alguno
o algunos de los derechos normalmente atribuibles a la propiedad. De esta
manera, la posesión se revela como un speculum proprietatis, puesto que
no es sino un poder fáctico desplegado sobre una cosa, a través del cual,
quien lo ejerce, puede desempeñar, conjunta o separadamente, el jus fruendi,
el ius utendi o el jus abutendi (disposición de la cosa).
Ahora bien, el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa necesariamente
debe tener una causa, reconocer un origen (causa possessionis), Si
tal causa, por su propia naturaleza jurídica, es susceptible de .generar para
quien desempeña dicho poder fáctico, cualquier derecho normalmente atribuible
a la propiedad, excluyendo el que estriba en la disposición de la
cosa, entonces se está en presencia de una posesum derivada. En cambio.
si la causa possessionis, por su misma indole, imputa al que ejercita el
poder de hecho, además del derecho de usar y de disfrutar del bien de que
se trate, la facultad de disponer de él (jus abutendi), el caso será de posesi6n
originaria.
Verbigracia, el contrato de arrendamiento, el de comodato, el de prenda,
etcétera, imputan al que ejerce el poder de hecho respectivo sobre la cosa (arrendatario,
comoclatario, acreedor prendario) uno o dos de los derechos normalmente
atribuibles a la propiedad, es decir, el derecho de uso y de disfrute,
por lo que las posesiones de tales sujetos serán posesiones derivadas, recognoacitivas
necesariamente de una posesión mejor (la del arrendador, del comodante
o del deudor prendario). En cambio, si se trata de un contrato de
compraventa o de donación como causa generadora del poder de hecho,
éste se reputará posesión originaria, en virtud de que tales actos jurídicos, por
su propia naturaleza, son susceptibles de atribuir al que dicho poder ejerce,
además del derecho de usar y disfrutar de la cosa, el de disponer de ella.
De lo anteriormente expuesto se colige que la posesión puede ser originaria
o derivada en atención a la causa possessionis, o sea, a la causa
que da origen al poder fáctico que se despliega sobre un bien, diferenciándose
ambas en que en la primera concurren todos los derechos normalmente
referibles a la propiedad, mientras que en la segunda sólo el
jus utendi o cl [ruendi, conjunta o aisladamente.
Pues bien, no distinguiendo el segundo párrafo del articulo 14 de la
Constituci6n sobre si la garantía de audiencia tutela a la posesion originaria
Q a la posesián derivada, es 16gico concluir que protege a ambas, máxi-

544 LAS GARANTfAS INDIVIDlJALES
me que e! artículo 791 de! Código Civil, al que necesariamente remite
dicha disposición constitucional, considera como poseedores de la cosa tanto
al originario como al derivado.
La Suprema Corte de -Justicia ha corroborado la apreciación anterior,
en e! sentido de que tanto la posesión originaria como la derivada están
protegidas por la garantía de audiencia y, por ende, por e! juicio de amparo,
sosteniendo las tesis respectivas 10 siguiente:
"De acuerdo con las disposiciones citadas (arts. 790 y 791 del Código Civil
vigente, en el Distrito y Territorios Federales), para considerar poseedora a
una persona, ya no se necesita que acredite la tenencia material y la intención
de efectuar esa tenencia a título de propietario, como exigía la jurisprudencia
de esta Suprema Corte de Justicia, sino que basta que justifique una
posesión de hecho sobre la cosa, y habiendo ya dos clases de posesiones, o sean,
la originaria, que es la que tiene el propietario, y la derivada, que es aquella
que se considera para quienes como el usufructuario, el arrendatario y el
depositario, les asiste el derecho de retener temporalmente la cosa en su poder,
no puede considerarse aplicable aquella jurisprudencia, sino para las entidades
federativas en las que estén aún en vigor legislaciones que contengan
el concepto de posesión que en el sentido de la relacionada jurisprudencia
daba el Código Civil para el Distrito Federal y Territorios de la Baja California
de 1884." 370
Como se ve, la Suprema Corte, para concluir que la garantla de audiencia
preserva ambas posesiones, la originaria (o a título de dueño) y
la derivada, se apoya en e! concepto de "posesión" a que alude e! Código
Civil para el Distrito Federal vigente (de 1928), ordenamiento que, como ya
se dijo, engloba en el concepto mencionado a ambos tipos posesorios. Por el
contrario, según se infiere de la tesis transcrita, si la legislación civil de alguna
entidad federativa reputa como poseedor únicamente al que lo sea a título de
dueño, la protección constitucional a través de la consabida garanúa, sólo se
imparte a éste con exclusión de la persona que posea una cosa sin ostentar
tal carácter.
Ahora bien, si cualquiera de las dos posesiones, la originaria- y la derivada,
como meros poderes fácticos que son, deben reconocer una causa
jurídicamente apta para imputar al sujeto que los desempeña alguno o todos
los derechos normalmente atribuibles a la propiedad, resulta que la
simple tenencia material de un bien, cuando falta dicha causa, no es posesión,
por lo que no está tutelada por la garantía de audiencia."!
87() Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, tomo LXIX, pág. 5,153, Sal.
daña, Jorge, y.en el mismo sentido, las tesis sustentadas en las ejecutorias siguientes: tomo
LXXVI, pág. 4-,536, Ornelas, Juan Nepomuceno; tomo LXXVII, pág. 211, Vega Iiménee,
Macario 'y coaga.¡ tomo XCVI, pág. 355, Ayala Hernández, Rosario; terno LIV, pág. 1,9-17,
Barragán Gutiérrez, Salvador.
871 Esta idea ha sido acogida por la Suprema Corte en una ejecutoria que establece:
"Para que exista posesi6n digna de ser protegida por el juicio de garantías, es necesario
y basta que se reúnan estos dos requisitos: 1) que haya tenencia; es decir, poder de hecho

546 LAS GARANrlAS INDMD16ALES
sobre bienes que constituyen la materia posesoria de otra, en cuya circunstancia
la verdadera poseedora originaria o derivada es ésta, por incumbirle
la titularidad de los derechos normalmente imputables a la propiedad. El
poseedor secundum quid (depositario, mandatario, sindico, albacea, etc.),
ejerce tales derechos alieni juris, esto es, a nombre de otro, de manera que
aquél no puede reputarse como sujeto activo de la garantia de audiencia
respecto de los bienes sobre los cuales en tales condiciones ejerce el poder
de hecho. Consiguientemente, los actos de autoridad que signifiquen privación
de la posesión secundum quid no deben condicionarse a las exigencias
de la citada garantía individual, pues sería insensato que, por ejemplo, el
mandante, al revocar el mandato, deba entablar contra el mandatario un
juicio dotado de todos los elementos a que alude el segundo párrafo del
artículo 1f constitucional para obtener la entrega de los bienes que tenga
en su poder alíeni juris el apoderado.
Es más, las garantías individuales por modo absoluto son personalísimas,
o sea, que su titularidad corresponde siempre a la persona que tenga un
derecho propio, de tal suerte que no es posible admitir que cuando éste
se afecte por algún acto de autoridad, el individuo que lo ejercite a nombre,
en representación o por delegación de su titular, pueda en su propio
provecho invocar su violación. Así, verbig-racia, si una resolución judicial
o adminstrativa lesiona bienes o derechos pertenecientes a una sucesión o a
una quiebra, es inconcuso que el albacea o el sindico, respectivamente, no
pueden impugnarla despojándose de la representación que ostentan, esto
es atacarla por sí mismos, como si fueran los sujetos sui juris de tales bienes
o derechos.
Sobre este particular, y pese a lo evidente de las conclusiones apuntadas,
el criterio de la Suprema Corte ha sido veleidoso como en otras muchas
cuestiones. STa
La misma idea se encuentra sustentada en las ejecutorias de la Quinta Época a que en
seguida aludimos; tomo LXIX, pág. 1,329, Martíncz, Gustavo; tomo LXXII. pág. 473, Sauceda,
Gregaria; tomo LXXII. pág. 2.622. Villa. Cipriano; tomo XCVI. pág. 555. Maytorena
Pesqueíra, Carlos.
.sTa Así. en una tesis establece Jo siguiente: "El albacea no posee a nombre propio
los bienes de la sucesión. sino en Su calidad de albacea, por 10 cual, en caso de ser removido,
no puede alegar que se le despoja de la posesión, sin que sea obstáculo para ello
que el removido alegue la propiedad exclusiva de los bienes hereditarios, porque las cuestiones
de propiedad no deben tratarse ni resolverse en el juicio constitucional." (Semanario
[udioial de la Federación, tomo XXVII, pág. 1,582, Escobar, Agustina.)
En cambio, en una ejecutoria posterior, la Corte adopta el criterio contrario, desentendiéndose
de las razones jurídicas que hemos invocado y que apoyan con acierto la tesis
anteriormente transcrita. La ejecutoria a que aludimos declara: "El poseedor a título precario,
o a nombre propio, no importa cuál sea el origen de esa posesión, tiene derecho
a defenderla de cualquiera que trate de detentada; la regla es aplicable, según la jurisprudencia
establecida, al simple depositario de unos bienes; y esa posesión no puede ser
arrebatada sino mediante juicio y llenando las formalidades esenciales del procedimiento,
y cuando esos requisitos no se han observado, es procedente el juicio de garantías...u
(Ldem; tomo XXXIII,_ pág. 1,569. "El ÁRuila", Cía. Mexicana de Petróleo.\
Es más, aun la misma junspruuencra es contradictoria sobre la cuestión que hemos
planteado. al referirse a Ia oosesíón del depositario. Así, en la tesis 343 del Apéndice al

GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA 549
sariamente concurrentes, y que son: e! juicio previo a la privación; que
dicho juicio se siga ante tribunales establecidos con antelación; que en el
mismo se observen las formalidades procesales esenciales, y que el hecho
que diere origen al citado juicio se regule por leyes vigentes con anterioridad.
1. La primera de las mencionadas garantías se comprende en la expresión
mediante juicio inserta en el segundo párrafo del artículo 14 de la
Constitución. El concepto de "juicio", que es de capital importancia para
fijar el sentido mismo de dicha garantía específica de seguridad, equivale
a la idea de procedimiento, es decir, de una secuela de actos concatenados
entre sí afectos a un fin común que les proporciona unidad. Ese fin estriba
en la realización de un acto jurisdiccional por excelencia, ° sea, en una resolución
que establezca la dicción del derecho en un conflicto jurídico que
origina el procedimiento al cual recae. Por ende, el concepto de "juicio"
empleado en el artículo 14 constitucional, segundo párrafo, es denotativo
de función jurisdiccional, desarrollada mediante' una serie de actos.articulados
entre sí, convergentes todos ellos, según se dijo, a la decisión del
conflicto o controversia jurídicos. En conclusión, conforme a la expresada
garantía específica, para que la privación de cualquier bien tutelado por
el artículo 14 de la Constitución sea jurídicamente válida, es menester que
dicho acto esté precedido de la función jurisdiccional, ejercida a través de
un procedimiento, en el que el afectado tenga plena injerencia a efecto
de producir su defensa.
Sin embargo, el concepto "juicio" a que nos referirnos, no necesaria.
mente supone un real y verdadero conflicto jurídico que deba ser resuelto
por una resolución jurisdiccional, en sentido material, sino que dicho conf1icto
puede ser presuntivo o ficto o, por mejor decir, potencial. En efecto,
basta que en un procedimiento cualquiera se dé oportunidad a la persona
a la que se pretenda privar de algún bien jurídico para que se oponga al
acto de autoridad respectivo o a las pretensiones de! particular que trate
de obtenerlo en su favor, para que se establezca la posibilidad de que surja
una verdadera y positiva controversia de derecho. Por tanto, mientras esa
oportunidad no sea aprovechada en su duración cronológica por el presunto
afectado mediante un acto de privación, el conflicto jurídico permanece
en estado latente o potencial, para actualizarse en e! momento en que
dicho sujeto formule su defensa o deduzca su oposición.
De las consideraciones expuestas se colige que el concepto de "juicio"
en que estriba el elemento central de la garantía específica de que tratamos,
se manifiesta o traduce en un procedimiento en el que se realice una función
jurisdiccional tendiente, como el término lo indica, a la dicción del
derecho en un positivo y real conflicto jurídico (resolución jurisdiccional,
fallo o sentencia), o en el que Se otorgue o haya otorgado ocasión para que
tal conflicto surja o hubiere surgido. Ambas hipótesis, por ende, pueden

550
LAs GARANTÍAS INDIVIDUALES
contigurar un JUICIO para los efectos a que se refiere el artículo 14 constitucional
en su segundo párrafo.
Ahora bien, desde el punto de vista de los efectos del acto de. privación,
dicho procedimiento puede substanciarse ante autoridades materialmente
jurisdiccionales, o materialmente administrativas, o formal y materialmente
judiciales. Entendemos por autoridad jurisdiccional material aquella
cuyas funciones primordiales y normales propendan a la dicción del derecho
mediante la solución de los conflictos respectivos de acuerdo con la
competencia legal que tenga.
Así verbigracia, las Juntas de Conciliación y Arbitraje son autoridades materia1mente
jurisdiccionales, aunque sean formalmente administrativas, porque
sus funciones primordiales o principales estriban en dirimir controversias jurídicas
en los casos constitutivos de su respectiva competencia legal y constitucional.
En cambio, una autoridad administrativa material sólo por modo excepcional
desempeña funciones jurisdiccionales, ya que su actividad general
y principal gira en tomo a la realización de actos substancialmente administrativos.
Tal sucede, por ejemplo, con las autoridades fiscales, cuya primordial función
consiste en desempeñar actos materialmente administrativos, como son
la fijación, calificación y cobro de los tributos legalmente decretados, pero
que, sin embargo, tienen atribuciones para resolver las controversias o conflictos
que se susciten con el causante, al deducir éste su oposición, antes de
promover el juicio respectivo propiamente dicho ante el Tribunal Fiscal de la
Federación.
Por último, una autoridad es formal y materialmente jurisdiccional,
cuando su actuación principal estribe en decir el derecho en los términos
ya expuestos y pertenezca al Poder Judicial local o federal.
Pues bien, desde el punto de vista de los efectos de la privación, el juicio
de que habla el artículo 14 constitucional en su segundo párrafo se
traduce en un procedimiento que válidamente puede desenvolverse· ante las
autoridades que indicamos en las siguientes hipótesis generales:
l' Ante autoridades materialmente jurisdicciona,les (aunque su índole
formal sea administrativa), cuando el bien materia de la privaci6n salga
de una esfera particular para ingresar a otra esfera generalmente también
particular (juicios civiles y de trabajo).
2' Ante autoridades materialmente administrativas, en caso de que el
bien objeto de la privaci6n ingrese a la estera del Estado o cuando dicha
privación tienda a satisfacer coercitiuamente una prestaci6n pública individual
nacida de relaciones de supra a subordinaci6n.
Ello acontece, por ejemplo, en materia fiscal o cuando se trate de hacer
efectivas sanciones principalmente pecuniarias por violación a leyes o regla-

GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURIDlCA 551
mentos administrativos en que hubiere incurrido el particular, en cuyos casos
Jo. oposición de éste se suscita ante las propias autoridades de las que emana
el acto atacado o ante el superior jerárquico de las mismas, según se prevenga
por la norma correspondiente, pudiendo aquéllas o dicho superior resolver
la controversia respectiva, sin perjuicio de las acciones ordinarias que legalmente
se concedan al afectado o inclusive de la constitucional de amparo.
De esta hipótesis o caso general se excluyen los conflictos que se susciten
entre el Estado y el particular, provenientes de las relaciones de coordinación
que entre ambos sujetos se bubieren entablado, o sea, cuando la entidad
estatal actúa en un plano de igualdad con el individuo realizando actos
bilaterales (contratos); en otras palabras, cuando no se trate de la
actuación iure imperii del Estado, sino de la iure gestionis del mismo. En esta
situación el juicio o procedimiento a que alude el articulo 14 constitucional
debe substanciarsc, por referencia analógica, en los términos indicados en
la hipótesis que antecede, sin olvidar, claro está, la competencia rígida que
se consigna en favor del Poder Judicial Federal respecto a los casos conducentes
a que se refieren los artículos 104, 105 y 106 constitucionales.
De lo expuesto se colige con claridad que, cuando se trate de un acto administrativo
de autoridad o imperio que importe la privación, en detrimento
del gobernado, de alguno de los bienes jurídicos tutelados por el artículo 14
constitucional, el juicio o procedimiento a que este precepto alude en su
segundo párrafo, es susceptible de ventilarse, de acuerdo con los ordenamientos
legales aplicables, ante las mismas autoridades de las que provenga
dicho acto o ante sus superiores jerárquicos. Ahora bien, dicho procedimiento
debe instituirse legalmente como medio para que el gobernado formule
su defensa antes de que se realice en su perjuicio el acto administrativo
de privación, ya que, según veremos, antes de éste debe brindarse la oportunidad
defensiva para cumplir con la garantía de audiencia consagrada en
el articulo 14 constitucional.
De esta manera, las leyes que regulen cualquier función administrativa,
para observar la mencionada garantia, deben instituir el citado procedimiento
cuando prevean verdaderos actos de privación, en los términos en
que hemos explicado este concepto.
No debe confundirse la preexistencia de la oportunidad legal defensiva
al acto de privación, con la impugnabilidad de éste mediante recursos que
consignen las leyes normativas de dicho acto. En cl primer caso, es evidente
que se observa la garantía de audiencia; mientras que en el segundo, se deja
de acatar, en virtud de la anterioridad del acto privativo a la oportunidad
de defensa, la cual no se deduciría como previa, sino como posterior a dicho
acto a través del medio de impugnación que legalmente se establezca.
En puridad constitucional, cuando una ley administrativa faculte a la autoridad
que se trate para realizar actos de privación en perjuicio del gobernado,
sin consagrar un procedimiento defensivo previo, se estará en presencia de

552 LAS GARANTfAS INDMDUALES
una violación a la garantfa de audiencia, aunque la propia ley estatuya recursos
o medios de impugnación del mencionado acto.
En resumen, cuando se trate de actos administrativos de imperio que se
deban realizar frente al gobernado y que tiendan a privarlo de alguno de
los bienes juridicos protegidos por el artículo 14 constitucional, el "juicio"
a que este precepto alude, puede traducirse en un procedimiento legal que
se substancie ante la misma autoridad de la que emanen los citados actos
o ante su superior jerárquico como ya dijimos.
Conforme a estas ideas, no puede sostenerse válidamente que el "juicio"
en -la hipótesis que apuntamos, deba consistir necesariamente en un verdadero
y auténtico proceso que se siga ante las autoridades judiciales. Si a los
órganos estatales administrativos incumbe legalmente desempeñar las funciones
inherentes a los distintos ramos de la administración pública, la defensa
previa que el gobernado deba formular, debe enderezarse también ante
ellos, dentro del procedimiento que legalmente se instituya. Suponer que
dicha defensa deba esgrimirse ante una autoridad judicial, implicaría incidir
en un absurdo. En efecto, si el acto de privación va a emanar legalmente
de una autoridad administrativa, seria notoriamente aberrativo que
fuese una autoridad judicial la que escuchase al gobernado en defensa previa
a un acto de privación que no va a provenir de ella. Además, ese ilógico
y antijurídico supuesto, significaría un desquiciante entorpecimiento de las
funciones administrativas, que suelen manifestarse en actos específicos de
privación, ya que la autoridad encargada de su ejercicio tendría que esperar
a que se substanciase un proceso ante autoridades judiciales, en el que, una
vez producida la defensa del gobernado, se pudiese realizar el acto privativo.
Las consideraciones anteriores no son novedosas dentro de la teoría constitucional.
Al tratar sobre la facultad económico-coactiva, el ilustre don Ig­
'lacio L. Vallarta sostuvo semejantes ideas, al referirse específicamente a las
obligaciones públicas individuales de carácter fiscal establecidas a cargo de
los gobernados conforme a los artículos 31, fracción JI y 33 de la Constitución
de 1857.
Afirmaba el insigne jalisciense que: "Del mismo modo que no es de la
competencia judicial apremiar al ciudadano a tomar las armas, formando de
su resistencia una cuestión contenciosa, tampoco lo es hacer efectivo el pago
del impuesto, ni aun en el caso que el deudor se oponga a verificarlo para
convertir así en judicial, negocio que por su esencia es administrativo", agregando
que: "El pago del impuesto no es una deuda nacida del contrato, que
la ley civil sancione: es el resultado de una necesidad política, que el Derecho
Público consagra. Ese pago no tiene ninguno de los caracteres que al contrato
distinguen: sin él, no sólo la existencia del Estado, sino la del mismo utópico
pacto social sería imposible; y la resistencia que se le oJ?one, no puede producir
una contención de que juzguen los tribunales, porque no hay derecho que
esa resistencia legitime, porque no es posible excepción, que la acción social

GARANTÍAS DE SEGURIDAD JUIÚDlCA
enerve, porque la necesidad de los servicios públicos no se rige por las reglas
que determinan las obligaciones del contrato. Y no puede ser judicial el apremio
del impuesto, 10 diré viendo la cuestión por otra de sus fases, porque el
Poder Administrativo debe tener en su esfera de acción la suma de facultades
necesarias, los medios de autoridad indispensables para hacer efectivos los servicios
públicos, sin necesidad de pedir auxilio extraño. Reputo tan correctas
estas teorías científicas, que sólo subvirtiendo los principios, podría intentarse
que en México fuera judicial una atribución, que en todos los países cultos es.
administrativa." S10
3' Ante autoridades judiciales que lo sean formal o materialmente
hablando, cuando el bien materia de la privaci6n sea la vida o la libertad
personal y, en general, cuando se trate de la materia penal, con apoyo en
lo previsto por el articulo 21, primera parte, de la Constituci6n.
La jurisprudencia de la Suprema Corte, a propósito de la cuestión relativa
a la implicación del concepto "juicio" a quc se refiere el segundo
párrafo del articulo 14 constitucional, ha establecido la tesis general en el
sentido de que por tal debe entenderse un procedimiento ante autoridades
judiciales, al negar a las autoridades' administrativas la facultad de "privar
de sus posesiones o derechos a los particulares" ,317
Sin embargo, en una ejecutoria posterior, la Corte admitió tácitamente
la posibilidad de que las autoridades administrativas puedan privar a alguna
persona de sus propiedades, posesiones o derechos, estableciendo al
efecto:
"El artículo 14 constitucional, al garantizar la posesi6n, se refiere tanto a
las autoridades judiciales como a las administrativas; por 10 que éstas, lo mis..
mo que aquéllas, no pueden privar a nadie de sus propiedades, posesiones o
derechos, sin haberle oído previamente en defensa si así procede según el
ordenamiento aplicable..." 378
Por otra parte, en otra ejecutoria posterior, la propia Corte corrobora
su antigua jurisprudencia, en el sentido de que las autoridades administrativas
no pueden realizar actos de privación en perjuicio de los particulares,
de lo que se concluye que, para este Alto Tribunal, el concepto de "juicio"
que hemos estado tratando, equivale necesariamente a un procedimiento
ante la autoridad judicial. En tal ejecutoria se 'sostiene: "Las autoridades
administrativas no son competentes para dirimir conflictos de posesi6n suscitados
entre particulares, ni por consiguiente, para desposeer a unos a favor
de otros." 379
316 Estudio sobre la constitucionalidad de la facultad económíoo-coactíoa, págs. 41 y 42.
317 Apéndice al tomo CXVIII, tesis 167. en relación con la 168. (Tesis 27 y 28 de la
Compilaci6n 1917-1965, Segunda Sala.)
318 Semanario Judicial de la Federación, tomo XX, pág. 33, Camus y Teja.
STO Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXVII. pág. 211. Vega Jiménez.
Mecerlo.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD JUIÚDICA 555
2. A través de la segunda garantía especifica de seguridad jurídica
que concurre en la integración de la de audiencia, el juicio cuya connotación
hemos delineado anteriormente, debe seguirse ante tribunales previamente
establecidos. Esta exigencia corrobora la garantía implicada en e!
artículo 13 constitucional, en e! sentido de que nadie puede ser juzgado por
tribunales especiales (o por comisión), entendiéndose por tales los que no
tienen una competencia genérica, sino casuística, o sea, que su actuación
se contraiga a conocer de un determinado negocio para e! que se hubieren
creado exprofesamente. Por tanto, el adverbio "previamente", empleado en
e! segundo párrafo de! artículo 14 constitucional, no debe conceptuarse
como significativo de mera, antelación cronológica, sino como denotativo
de la preexistencia de los tribunales al caso que pudiese provocar la privación,
dotados de capacidad genérica para dirimir conflictos en número indeterminado,
Ahora bien, la idea de tribunales no debe entenderse en su acepción
meramente formal, o sea, considerarse únicamente como tales a los órganos
del Estado que estén constitucional o legalmente adscritos al Poder Judicial
federal o local, sino que dentro de dicho concepto se comprende a
cualquiera de las autoridades ante las que debe seguirse el "juicio" de que
habla el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución, en las distintas
hipótesis que al respecto apuntamos.
De esta guisa, la garantía de audiencia no sólo es operante frente a los
tribunales propiamente dichos, es decir, frente a los órganos jurisdiccionales
del Estado que lo Sean formal o materialmente hablando, sino en lo
tocante a las autoridades administrativas de cualquier tipo que normal o
excepcionalmente realicen actos de privación, en los términos en que hemos
reputado a éstos. La extensión de dicha garantía individual para proteger
al gobcrnado contra las at1toridades administrativas cuando se trate de privaciones,
está corroborada por la Suprema Corte en una tesis que a continuación
transcribimos:
"Las garantías individuales del articulo 14 constitucional se otorgan para
evitar que se vulneren los derechos de los ciudadanos sujetos a cualquier procedimiento,
bien sea administrativo, civil o penal, por 10 que es errónea la
apreciación de que sólo son otorgadas para los sujetos del último." 888
La idea que se contiene en la tesis mencionada se ha corroborado por
la Scgunda Sala de la misma Suprema Corte, al sostener lo siguiente:
vierte de la ejecutoria que aparece publicada en el tomo LXI, pág. 64 y que se dictó con
fecha 20 de julio de 1961 en el amparo en revisión 6,840/61, Francisco Osorio Carrillo.
(Sexta Época del Semanario Judicial de la Federaoión.}
383 Semanario Judicial de la Federación, tomo L, pág. 1,552. La misma idea se contiene
en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 7,554/61, Delfino Islas. Tomo LXVII,
página 18, Segunda Sala. Scxta Epoca,

556 LAS GARANTÍAs INDIVIDUALES
"No es exacto que s6lo las autoridades judiciales son constitucionalmente
competentes para privar de sus propiedades y derechos a los particulares, en
los casos en que la ley aplicable asi lo prevenga. Si bien, el segundo párrafo
del artículo 14 constitucional exige para ello "juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos", es tradicional la interpretación relativa a que
los tribunales previamente establecidos no son exclusivamente los judiciales,
sino también las autoridades administrativas, a quienes la ley ordinaria confiere
competencia para ello, pero eso sí, respetando la previa audiencia, la
irretroactividad de la ley, las formalidades esenciales del procedimiento y la apli-:
cación exacta de la ley. Esta interpretación tradicional se debe a que por la
complejidad de la vida moderna sería imposible que el Estado cumpliera sus
funciones públicas con acierto, prontitud y eficacia, si tuviera siempre que
acudir a los tribunales judiciales para hacer efectivas sanciones establecidas en
las leyes." B84-
3. En cualquier procedimiento en que consista el juicio previo al acto
de privación deben observarse o cumplirse las formalidades procesales esenciales,
lo cual implica la tercera garantía específica integrante de la de
audiencia.
Las formalidades mencionadas encuentran su razón de ser en la propia
naturaleza de todo procedimiento en el que se desarrolle una función jurisdiccional,
esto es, en el que se pretenda resolver un conflicto jurídico, bien
sea que éste surja positivamente por haberse ejercitado la defensa respectiva
por el presunto afectado, o bien en el caso de que se haya otorgado
la oportunidad de que se suscite.sin haberse formulado oposición alguna
(juicios o procedimientos en rebeldia), en la inteligencia de que, según
hemos afirmado, dicha función es de realización necesaria cuando se trate
de un acto privativo en los términos que expusimos este concepto con antelación.
Ahora bien, la decisión de un conflicto jurídico impone la inaplazable
necesidad de conocer éste, y para que el órgano decisorio (tribunal previamente
establecido) tenga real y verdadero conocimiento del mismo, se requiere
que el sujeto respecto del que se suscita manifieste sus pretensiones.
De esta manera, la autoridad que va a dirimir dicho conflicto, esto es, que
va a decir el derecho en el mismo, tiene como obligación ineludible, inherente
a toda función jurisdiccional, la de otorgar la oportunidad de defensa
para que la persona que vaya a ser víctima de un acto de privación
externe sus pretensiones opositoras al mismo. Es por ello por lo que cualquier
ordenamiento adjetivo, bien sea civil, penal o administrativo, que
regule la función jurisdiccional en diferentes materias, debe por modo necesario
y en aras de la índole misma de esta función, estatuir la mencionada
oportunidad de defensa u oposición, lo que se traduce en diversos actos
procesales, siendo el principal la notificación al presunto afectado de las
884. Informe de 1969. Tribunal Pleno, pág. 216, primera parte.

GARANTiAS DE SEGURIDAD JUIÚDICA 557
exigencias del particular o de la autoridad, en sus respectivos casos, tendientes
a la obtenci6n de la privaci6n.
Además, como toda resoluci6n jurisdiccional debe decir el derecho en
un conflicto jurídico apegándose a la verdad o realidad, y no bastando para
ello la sola formaci6n de la controversia (litis en sentido judicial) mediante
la formulaci6n de la oposici6n del presunto afectado, es menester que a
éste se le conceda una segunda oportunidad dentro del procedimiento en
que tal funci6n se desenvuelve, es decir, la oportunidad de probar los hechos
en los que finque sus pretensiones opositoras (oportunidad probatoria).
Por ende, toda ley procesal debc instituir dicha oportunidad en beneficio
de las partes del conflicto jurídico y, sobre todo, en favor de la persona que
va a resentir en su esfera de derecho un acto de privaci6n.
Pues bien, cuando un ordenamiento adjetivo, cualquiera que éste sea,
consigna dos oportunidades, la de defensa y la probatoria, puede decirse
que las erige en formalidades procesales, las cuales asumen el carácter de
esenciales, porque sin ellas la funci6n jurisdiccional no se desempeñaría
debida y exhaustivamente. En sentido inverso, si una ley procesal s610 consigna
como formalidad una de tales oportunidades, lo que ocurre muy
frecuentemente en varios ordenamientos positivos, ostentará indiscutiblemente
el vicio de inconstitucionalidad, al auspiciar una privaci6n sin establecer
la concurrencia necesaria de ambas ocasiones indispensables para la debida
culminaci6n de la funci6n multicitada.
En las diferentes leyes adjetivas, la oportunidad de defensa se traduce
en distintas formas procesales, tales como las notificaciones, el emplazamiento,
el término para contestar o para oponerse a las pretensiones de
privaci6n o al pretendido acto privativo, ctc., y, consiguientemente, la contravenci6n
a cualquiera de ellas significa simultáneamente la violaci6n a
la formalidad procesal respectiva, esto es, a la garantía de audiencia a través
de dicha garantía de seguridad jurídica.
Por lo que atañe a la oportunidad probatoria, ésta también se manifiesta,
en la normaci6n adjetiva o procesal, en diferentes elementos del procedimiento,
tales como la audiencia o la dilación probatorias, así como en
todas las reglas que conciernen al ofrecimiento, rendici6n o desahogo y
valoraci6n de probanzas.
La inobservancia de alguna de las exigencias procesales cn que ambas
formalidades se ostentan, está considerada por los artículos 159 y 160 de
la Ley de Amparo como privaci6n de defensa en perjuicio del quejoso
(gobernado), tomándose el concepto de "defensa" en su sentido lato, o
sea, como comprensivo de la facultad de oposici6n (defensa en sentido
estricto) y de la probatoria. Tal consideraci6n, establecida respecto a los
juicios civiles y penales, puede hacerse extensiva por analogía a los juicios
o proeedimientos administrativos mediante los cuales se ejercite la funci6n
jurisdiccional como condici6n sine qua non de todo acto de priva-

GARANTlAs DE SEGURIDAD JURÍDICA 559
rídico-positivo, en virtud del principio de la supremacía constitucional, que
convierte a la Ley Fundamental en el ordenamiento sobre el cual nada existe
y bajo el cual existe todo en orden de la normación por el Derecho.
Ahora bien, las excepciones a la garantia de audiencia sólo deben consignarse
en la Constitución, atendiendo a la circunstancia de que, por significar limitaciones
a los derechos públicos individuales del gobernado, la fuente
formal única de las mismas es la Ley Suprema.
Así, dentro de nuestro orden constitucional podemos apuntar las siguientes
principales excepciones a dicha garantía:
1. La que se prevé en el articulo 33 de la Constitución, en el sentido de
que los extranjeros que juzgue o estime indeseables el Presidente de la República,
pueden ser expulsados del país, sin juido preuio;
2. La que se desprende del artículo 27 constitucional en lo referente a
las expropituiones por causa de utilidad pública, conforme al cual el Presidente
de la República o los gobernadores de los Estados, en sus respectivos casos,
pueden, con apoyo en las leyes correspondientes, dictar el acto expropiatorio
antes de que el particular afectado produzca su defensa, la que, sin embargo,
puede ser previa, según lo consigne el ordenamiento que regule dicho acto
de autoridad, puesto que el párrafo segundo de la fracción VI de dicho precepto
remite a la legislación secundaria federal o local "la determinación de
los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada"
y de acuerdo con la que "la autoridad administrativa hará la declaración
correspondiente". Esta excepción ha sido confirmada por la jurisprudencia
de la Suprema Corte en una tesis que asienta:
"En materia de expropiación. no rige la garantía de previa audiencia consagrada
en el artículo 14 de la Constitución federal, porque ese requisito no está comprendido
entre los que señala el artículo 27 de la misma Carta Fundamental."386
Es evidente que el hecho de que el particular no goce de la garantía de
audiencia frente a actos expropiatorios, no significa que éstos no puedan impugnarse
jurídicamente mediante el juicio de amparo, el cual, como es obvio,
no procederá por violación a dicha garantía, pero sí en el caso de que la
expropiación contravenga la de legalidad consignada en la primera parte
del artículo 16 constitucional, al infringirse el propio articulo 27 mencionado
o la legislación secundaria respectiva. La excepción a la garantía de audiencia
de que tratamos tiene, a su vez, una salvedad muy importante y que consiste
en que, si dicha garan/fa se establece en materia expropiaunia por la ley
secundaria respectiva, los decretos de expropiadón que con base en ella se expidan,
deben acatarla, y si la infringen, por ende violan el segundo párrafo del articulo 14
constitucional. - rn,
386 Apéndice al tomo CXVIII, tesis 468. Tesis 97 de la Compilación 1917-1965 y 391 del
Apindiu 19". Segunda Sala. Informe de 1970. Tribunal Pleno, págs. 288 a 289. Tesis 33 delAprodice
1985, Pleno. T"" 65 delApindU:e 1995. Materia Adminis'rativa.
386 bis Este último criterio ha sido sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte al referirse
específicamente al derecho de audiencia que previene el artfculo 344 de la Ley Federal de
ReformaAgraria. expresándose nuestro máximo Tribunal al respecto, en los siguientes términos:

GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURíDICA 561
Este criterio ha sido ya adoptado por la jurisprudencia del Tribunal Pleno
de la Suprema Corte, cuya tesis respectiva establece que:
'Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario
cumplir con la garantía deprevia audiencia establecida en el artículo 14 constitucional,
ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se
puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto. que
es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen. ante las propias autoridades,
el monto y el cobro correspondiente. y basta que la ley otorgue a los causantes
el derecho de combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado,
para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia,
consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente,
y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu. es bastante
que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades. posesiones
o derechos."388
Puede inferirse fácilmente que el anterior criterio responde a las ideas
expuestas por Vallarta tendientes a estimar que la facultad económico-coactiva
no es contraria al artículo 14 constitucional, atendiendo a la necesidad,
urgencia y premura con que el Estado debe proceder para fljar y recaudar
los impuestos, que entrañan obligaciones públicas individuales de carácter
económico y cuyo cumplimiento está directamente destinado a sufragar los
gastos públicos de muy variada índole, objetivo éste que no se lograría con la
ductilidad y prontitud que su consecución requiere; si se observara previamente
a tales actos la garantía de audiencia. Pero prescindiendo de estas
consideraciones, que estimamos atingentes, existe una razón de carácter estrictamente
constitucional para apoyar la inoperancia de la garantía de audiencia'
en el caso que tratamos. Ya hemos afirmado que el acto de
autoridad condicionado por la citada garantía es un acto de privación. Ahora
bien, la determinación de un tributo y su cobro no presentan esta naturaleza
en sentido estricto, puesto que se traducen en prestaciones de dar que se imponen
a los causantes sin que en sí mismas impliquen la desposesión de un
derecho o de un bien que se comprenda dentro de su esfera jurídica. Si esas
prestaciones no se realizan o hacen efectivas, la autoridad fiscal ejercita la facultad
económico-coactiva, la cual culmina con el remate y adjudicación de
los bienes o derechos del causante que se hayan secuestrado administrativamente
para asegurar los intereses fiscales. Tales actos sí revisten el carácter
de actos de privación, pues mediante ellos se reduce O merma la esfera jurídica
del sujeto contra quien se hubiesen ejecutado. Por esta causa, antes de
que se efectúen sí debe otorgarse al causante que haya incurrido en impago
de las prestaciones fiscales, las oportunidades defensivas y probatoria en que
radica la esencia de la garantía de audiencia, sin que ésta deba ser observable
con antelación al señalamiento del tributo y a su cobro, con el cual se
inicia el desempeño de la citada facultad. Esta aserción no implica que con
posterioridad a la ftiación de un impuesto o de cualquiera otra gabela fiscal,
el causante no tenga el derecho de impugnarla mediante los recursos ordinarios
o medios de defensa legal procedentes, e inclusive. a través de la ac-
3.. llpindiu 1985, tesis 8, Pleno. klem; Apindiu 1995, tesis 79, Materia (;qi¡,liltu:ionlJi.

562 LAS GARANT\AS INDMDUALES
ción de amparo si esos recursos o medios legales no se establecen normativamente.
La misma Suprema Corte así lo ha considerado, al sostener que
"cuando se trata de contribuciones, la audiencia que se puede otorgar a los
causantes es siempre posterior a la fijación del impuesto, que es cuando existe la
posibilidad de que los interesados impugnen ante las propias autoridades el
monto y el cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes
el derecho de combatir la fijación de impuesto, una vez que ha sido determinado
por las autoridades fiscales, para que en materia hacendaria se cumpla
con el derecho fundamental de audiencia consagrado por el artículo 14
constitucional, precepto que no requiere necesariamente y en todo caso la
audiencia previa, sino que de acuerdo con su espíritu, es bastante, que los
afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades,
posesiones o derechos")189
4, Tampoco es observable la garantía de audiencia tratándose de órdenes
judiciales de aprehensión, salvedad que se deriva del mismo artículo 16 constitucional,
cuyo precepto, al establecer los requisitos que el libramiento de
aquéllas debe satisfacer, no exige que previamente a él se oiga al presunto
indiciado en defensa, pues únicamente determina que dichas órdenes estén
precedidas por alguna denuncia, acusación o querella respecto de un hecho
que legalmente se castigue con pena corporal, apoyada en declaración bajo
protesta "de persona digna de fe" o en otros datos "que hagan probable la
responsabilidad del inculpado", Así como la jurisprudencia de la Suprema
Corte ha estimado que la citada garantía no opera en los casos de expropiación
porque en e! procedimiento respectivo que señala e! artículo 27 de la
Constitución no se incluye la audiencia en favor del presunto afectado, con
e! mismo criterio debe concluirse que este derecho no está incorporado a las
condiciones sobre las que descansa toda orden judicial de aprehensión y que
ftia e! artículo 16 de la Ley Suprema.
Sin embargo, debemos advertir que la mencionada garantía sí se establece
en la fase inuestigatoria de los delitos, pues mediante reforma practicada al artículo
20 constitucional e! 2 de julio de 1996, el penúltimo párrafo de este
precepto dispone que e! indiciado o imputado gozará de las garantías previstas
en las fracciones 1, V, VII YIX de! mismo, de cuyo texto se infiere e! derecho
de ser oído en defensa y de ofrecer y rendir pruebas.
5. Otra salvedad a la garantía de audiencia es la que concierne a la materia
agraria, en cuanto que los propietarios o dueños de predios afectables
por dotación de tierras, bosques yaguas en favor de núcleos de población, no
deben ser escuchados en defensa por las autoridades respectivas antes de
que se dicte el mandamiento de posesión provisional del gobernador de la
entidad federativa de que se trate y se pronuncie la resolución presidencial
que decrete la dotación aludida. En otras palabras, las autoridades agrarias
no tienen la obligación constitucional de otorgar ningún plazo a tales propietarios
o dueños para que éstos formulen sus defensas y aporten las pruebas
pertinentes antes de que se realicen los mencionados actos de privación,
SS9 Véase la nota 387.

GARANTiAs DE SEGURIDAD jUlÚDlGA 563
atendiendo a la salvedad indicada, cuyo fundamento descansa en las consideraciones
jurídicas que a continuación exponemos.
Conforme a la fracción X del artículo 27 de la Constitución Federal,
"Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su
restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos o porque
legalmente hubieren sido enajenados, serán dotados con tierras yaguas suficientes
para constituirlos, conforme a las necesidades de su población, sin
que en ningún caso deje de concedérseles la extensión que necesiten, y al
efecto se expropiará por cuenta del Gobierno Federal el terreno que baste a
ese fin, tomándolo del que se encuentre inmediato a los pueblos interesados."
Fácilmente se advierte que la dotación a que se refiere la disposición
constitucional transcrita entraña un acto expropuuorio, por lo que respecto de
éste es perfectamente aplicable la jurisprudencia que establece que en materia
expropiatoria no rige la gárantía de audiencia y a la cual aludimos en el
párrafo 2 que antecede.
A mayor abundamiento, de los párrafos primero y segundo de la fracción
XIV de dicho artículo 27 se infiere la misma conclusión, ya que las
prescripciones en ellos involucradas determinan que los propietarios afectados
con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos yaguas no tendrán
ningún derecho, sino sólo el de "acudir al Gobierno Federal para que les sea
pagada la indemnización correspondiente". La enfática locución "no tendrán
ningún derecho" excluye evidentemente el que atañe a "ser escuchado en
defensa", es decir, al derecho público subjetivo esencialmente inherente a la
garantía de audiencia.:589bis
Independientemente de las anteriores razones jurídicas, la salvedad de
que tratamos se apoya en la índole misma del procedimiento dotatorio de tierras
yaguas en favor de los núcleos de población que carezcan de estos elementos
naturales, procedimiento que indiscutiblemente es de interés social, ya
que es el medio primario para realizar la reforma agraria en favor de las masas
campesinas de México. Si las autoridades agrarias tuviesen la obligación
constitucional que impone la garantía de audiencia, en el sentido de escuchar
en defensa a los propietarios o dueños de los predios afectados por dotación
antes de decretar este acto, el consabido procedimiento, que de suyo es lento,
se demoraría indefinidamente en detrimento de los núcleos de población interesados,
ya que por cualquier irregularidad, vicio o defecto en la notificación
inicial, los mencionados propietarios o dueños estarían siempre en la posibilidad
de dilatar, mediante maniobras legales, la finalización del mismo que culmina
con la resolución presidencial dotatoria.w?
389 bis Las fracciones aludidas se derogaron por Decreto Congresional de 2 de emro de 1992. publicado
,t dfa 6 sigu;."u.
ssc El articulo 297 de la Ley Federol de Reformo Agrnria publicada en el Diario Ojiaa/ el 16
de abril de 1971 dispone que los propietarios que resulten presuntos afectados en los procedimientos
dotatorios "podrán ocurrir por escrito a las Comisiones Agrarias Mixtas exponiendo
lo que a su derecho convenga, durante la tramitación del expediente y hasta cinco días antes de
que aquéllas rindan su dictamen al Ejecutivo local", agregando que "Los alegatos y documentos
que con posterioridad se ofrezcan, deberán presentarse ante el delegado agrario en el plazo
a que se refiere el artículo 295 (30 días) para que se tomen en cuenta al hacerse la revisión del

GARANTÍAS DE SEGURIDAD JUiÚDlCA 565
las autoridades legislativas en los términos apuntados, no debe eonsignarse
legalmente con las solemnidades y formalidades de los procedimientos judiciales
propiamente dichos, sino que es suficiente que se prevea en las
leyes, en el sentido de otorgar a los particulares la oportunidad de ser oídos
y de formular sus alegatos contra el acto aplicativo que tienda a privarlos
de cualesquiera de los bienes jurídicos que menciona el artículo 14. Dice
así la parte conducente de dicha tesis:
"Esto no quiere decir desde luego, que el procedimiento que se establezca
en las leyes a fin de satisfacer la exigencia constitucional de audiencia del interesado
cuando se trate de privarlo de sus derechos, tenga necesariamente los
caracteres del procedimiento judicial, pues bien pueden satisfacerse los requisitos
a que se contrae la garantía mediante un procedimiento ante las autoridades
administrativas, en el cual se dé al particular afectado la oportunidad de hacer
su defensa y se le otorgue un mínimo de garantías que le aseguren la posibilidad
de que, rindiendo las pruebas que estime convenientes y formulando los
alegatos que crea pertinentes, aunque no tenga la misma formalidad que en
el procedimiento judicial, la autoridad que tenga a su cargo la decisi6n final
tome en cuenta tales elementos para dictar una resolución legal y justa".
Congruente con las consideraciones anteriormente formuladas, la misma
Suprema Corte, en las- tesis a que nos referimos, llega a la conclusión de
que toda ley ordinaria que no consagre la garantla de audiencia en favor
de los particulares en los términos a que se ha hecho referencia con (interioridad,
debe declararse inconstitucional.... En otras palabras, toda ley que
no instituya las dos formalidades procesales esenciales a que en otra ocasión
anterior aludimos, es decir, la de defensa u oposición al potencial acto privativo
y la probatoria, será evidentemente violatoria de las disposiciones
constitucionales implicadas en el segundo párrafo del artículo l4 constitucional.
La declaración de inconstitucionalidad de las leyes omisas de la garantía
de audiencia puede hacerse por el Poder Judicial Federal a través
del juicio de amparo cuando no sólo examine si las autoridades responsables
ajustaron o no el acto de privación a la ley aplicable (legalidad), sino
al constatar si ésta implanta alguna oportunidad de defensa y de prueba en
favor del afectado y si, por ende, el legislador acató la garantía de audiencia
consignada en dicho precepto constitucional.
Por otra parte, las tesis de la Suprema Corte de que tratamos condicionan
la eficacia jurídica de la garantia de audiencia en materia legislativa
a tres supuestos, cuya exposición transcribimos en seguida: .
"El primero de estos supuestos, que viene siendo una condición sine qua non
(..,) el de que exista un derecho que se trate de privar al particular, ya que tal
es la hipótesis prevista por el artículo 14. Esto quiere decir, que cuando no
existe ningún derecho, no puede haber violación a la garantía de audiencia,
porque entonces falta el supuesto que condiciona la vigencia de la misma, y
891 De esta consideración se excluyen las leyes [uoales, según afirmamos.

GARANTIAS DE SEGURIDAD JUlÚDlCA 567
órgano legislador o sus comisiones y mucho menos por el Ejecutivo de quien
provenga la iniciativa correspondicntc.t'" b l s Si en algunas ocasiones y atendiendo
a la importancia social, económica o cultural que revista alguna
iniciativa legal, se recaban las opiniones de los sectores vinculados a su
contenido, tal recabación no es consecuencia de ninguna obligación inherente
a la invocada garantía constitucional, sino que denota la conveniencia
de recibir el parecer de los grupos interesados en los motivos y finalidades
del ordenamiento que se esté estudiando por los órganos legislativos.
g) Criterio de la Suprema Corte sobre el alcance de la garantfa de
audiencia
Hemos afirmado anteriormente que nuestro máximo tribunal ha establecido
la tesis de que la garantía de audiencia es operante no sólo frente a
las autoridades judiciales y administrativas, sino también frente a las legislativas,
en el sentido de que éstas, en las leyes que expidan sobre cualquier
materia y que prevean actos de privación en detrimento de la esfera jurídica
de los gobernados, deben instituir un procedimiento por medio del cual los
órganos del Estado encargados de aplicarlas oigan en defensa a los presuntos
afectados y les reciban las pruebas atinentes a la preservación de sus derechos.
Ahora bien, la Suprema Corte, a través de su Segunda Sala, ha sustentado
con posterioridad a la tesis que se acaba de exponer un criterio extensivo
de la garantía de audiencia que no sólo amplía su alcance tutelar, sino
que en cierto modo exime al gobernado de la obligación de impugnar en
vía de amparo alguna ley en que no se contenga el mencionado procedimiento
y en la que se funden los actos de privación. A este respecto se
sostiene por el más alto tribunal de la República que, independientemente
de que la ley secundaria observe o nO la señalada garantía constitucional
en los términos que hemos dejado asentados, toda autoridad del pais, antes
de privar a algún gobernado de los bienes ;urídicos protegidos por la consabida
garantía, debe escucharlo en defensa y recibirle las pruebas que
rinda para apoyarla. El fundamento lógico-jurídico de esta consideración
estriba en la supremacía que tiene el artículo 14 de la Ley Fundamental
sobre .la legislaci6n ordinaria y de acuerdo con la declaración implicada
en el artículo 133 constitucional, por lo que, sin perjuicio de lo que pudieren
disponer las leyes secundarias sobre algún procedimiento defensivo, es deber
de todo órgano estatal acatar las exigencias instituidas en el citado artículo
14 y que configuran la garantía de audiencia.
Atendiendo a la im»ortañcia -que reviste este criterio extensivo transcribimos
la parte conducente de las ejecutorias en que se ha sustentado
y que ya constituyen jurisprudencia:
"No basta argumentar que la ley aplicable al caso no contenga determinaciones
o reglamentaciones para oír a los interesados cuando se trata de revocar o
modificar la situación jurídica creada en favor de ellos, para que las autoridades
392bis Este criterio se ha sustentado por la Suprema Corte./nfornu de 1984. Presidencia. tesis
15. Tesis juvisprudenciai9 del Apbulic:e 198'. Pleno. Tesis 80 del Apbuliu 199', Materia ConstilucUmal.

568 LAS GARANTiAS INDIVIDUALES
administrativas no tengan que otorgar a los particulares la garantía de audiencia,
porque sobre cualquier consideración o determinación de leyes secundarias, existe
el mandato de imperiosa obligación contenido en el artículo 14 constitucional, que
obliga a cualquier autoridad a conceder dicha audiencia para afectar los derechos
de los particulares.s'"
"Las autoridades administrativas están obligadas a llenar los requisitos que señale
la norma secundaria aplicable y, además, a cumplir las formalidades esenciales
del procedimiento, de tal suerte que, aunque la ley del acto no establezca,
en manera alguna, requisitos ni formalidades previamente a la emisi6n del acuerdo
reclamado, de todas suertes queda la autoridad gubernativa obligada a observar
las formalidades necesarias para respetar la garantía de previa audiencia que consagra
el artículo 14 constitucional. En estas condiciones, no es indispensable para
el quejoso atacar la insconstuucionalidad de la ley respectiva, puesto que, para alcanzar
el otorgamiento del amparo, basta que el mismo agraviado demuestre la
contradicción entre el acto combatido y la Carta Fundamental. Cierto es que, con
arreglo a la jurisprudencia- de la Suprema Corte de Justicia y a la del Pleno del
Tribunal Fiscal de la Federación, no tiene éste facultades para declarar la inconstitucionalidad
de una ley, pero tal tesis no impide que el propio Tribunal sea
competente para examinar y decidir si se ajusta o no a la Carta Magna un acto
administrativo que no tiene las características de una ley. 394
"Aunque una ley no marque el procedimiento que se deba seguir cuando con
su aplicación se prive de derechos a una persona, ello no debe obstar para que
se le oiga, ya que es obligación de las autoridades ajustar sus actos y decisiones
a lo que dispone la Constitución general, según lo manda el artículo 133 de
ésta, y por consiguiente, la violación de la garantía de audiencia no proviene
de la aplicación de la ley común, sino de la no observancia al aplicar esa ley, de
]0 que determinan los artículos 14 y 133 de la Constitución, no siendo imputable
tal omisión más que a la autoridad que aplicó aquella ley y no a la que la
expidió, y siendo esto así, no es preciso que se pida amparo contra la ley misma
o contra su expedición para que sea procedente el juicio que se promueve contra
el acto de aplicación, ni la circunstancia de no señalarse dicha le')' comu acto
reclamado, signifique consentimiento en que se aplique sin audiencia preuía" S9S
HEn los casos en que los actos reclamados impliquen privación de derechos,
existe la obligación por parte de las autoridades responsables de dar oportunidad
al agraviado para que exponga todo cuando considere conveniente en defensa de
sus intereses; obligación que resulta inexcusable aun cuando la ley que rige el
acto reclamado no establezca tal garantía, toda vez que el artículo 14 de la Cons-
393 Amparo en revisión 1,821/57. Inmobiliaria latina. S. A.. 8 de enero de 1959. Mayoría
de 3 votos. Ponente: Alfonso Feo. Ramfrez. Disidentes: Felipe Tena Ramírez y José Rivera P. C.
Sexta Época. Tomo XIX. Segunda Sala, pág. 47.
394 Amparo en revisión 2.125/59, Antonio Garda Michel. 23 de marzo de 1960.5 Votos.
Ponente: Felipe Tena Ramírcz. Sexta Época. Tomo XXXIII, Segunda Sala, página 37.
En el mismo sentido las ejecutorias siguientes:
Amparo en revisión 2, 655/6!, Veuancio López Fernández, 9 de octubre de 1961. 5 votos.
Ponente: José Rivera P. C. Sexta Epoca. Tomo Lit Segunda Sala, págs. lO}' 11.
Amparo en revisión 4,048/61, Rosalino Bañuelos Carreni. 5 de octubre de 1961. Unanimidad
de 4 \'0105. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Sexta Época. Tomo LB, Segunda Sala, pág. 99.
ídem. tesis J'mspntdencial 314 del Apéndice 1975, Segunda Sala. Tesis 338 del Apénduc
1985. ldem. Tesis 2 del Apéndice 1995, Materia Administrativa.

GARANTiAS DE SEGURIDAD JUiÚD¡CA 571
"La garantía de referencia la establece el artículo 14 constitucional para
cualquier procedimiento en que las autoridades pretendan, con razón O equivocadamente
privar de algún derecho a las personas. Es inadmisible que la autoridad
administrativa anticipadamente y sin .haber tenido en cuenta la defensa de los
intereses, establezca que se trata en determinados casos de actos administrativos
perfectos o ímperfectos.n-roo
"Es absurda la tesis consistente en que la garantia de audiencia debe concederse
tratándose de la revocaci6n de actos administrativos, siempre y cuando los
actos que se revoquen sean perfectos, porque si son imperfectos no procede oír
en defensa previamente al interesado. La garantía de referencia la establece el
artículo 14 constitucional para cualquier procedimiento en que [as autoridades
pretendan, con razón equivocadamente, privar. de algún derecho a las personas.
Además, es inadmisible que la autoridad administrativa anticipadamente y
sin haber, tenido en cuenta la defensa de los -interesados, establezca que se 'trate
en determinado caso de actos administrativos perfectos o imperfectos." 4(11
"Una nueva resolución de autoridad administrativa que deja sin efectos la
que antes se había dictado y que había creado derechos en favor de la quejosa,
se traduce forzosa y necesariamente en violaei6n de los arls.culos 14 y 16 constitucionales
en perjuicio del tercero interesado, a quien se priva de la más ele-o
mental defensa, lo que amerita conceder la protección constitucional." 402
'Si la resolución dictada, debida o indebidamente, no es recu-rrida en forma
legal, no deja de causar estado, ya que fija determinadas circunstancias generadoras
de derecho, que no pueden ser modificadas, sino siguiendo los procedimientos
que la ley autoriza; y si no hay ningún precepto legal que faculte a [a autoridad
para modificar la resolución y la modifica, es evidente que viola los artículos
14 y 16 constitucionales, en perjuicio de la parte interesada." 4(13
3. En perfecta congruencia con la interpretación que [a Segunda Sala
de [a Suprema Corte ha sustentado respecto del alcance obligatorio de [a
garantía de audiencia para [as autoridades administrativas, se ha considerado
que éstas tienen a su cargo [a obligación probatoria del cumplimiento
de las exigencias que constituyen a dicha garantía, por [o que, si no aportan
ninguna prueba que [o demuestre, el amparo debe ser concedido en
favor del sujeto que hubiese impugnado sus actos por [a correspondiente
violación constitucional,
Al respecto, nuestro maxuno tribunal sostiene jurisprudencialmente: "La
aseveración de la parte quejosa en el sentido de que no se le citó ni se le oyó
en defensa, que engloba una negativa, obliga .a las autoridades responsables a
. demostrar lo contrario, para desvirtuar la violación al artículo 14 constitucio-
'!lOO Amparo en reviSión 5,501/58. Laboratorios Doctomex, S. A. 23 de enero de 1959.
Unaninúdad de 4 votos. Ponente: Octavio Mendoza González. Sexta Epoca. Tomo XIX,.
Segunda Sala, págs. 47 Y 48. Tesis jurisprudencial 336 del Apéndice 1975, Segunda Sala.
'!IOl Amparo en revisión 2,988J59, Mead Johnson de México, S. A. (acumulados). 3 defebrero
de 1960. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Rafael Matos Escobcdo. Sexta Epoca:
Tomo XXXII, Segunda Sala, pág. 35.
41')2 Amparo en revisión, 5,715/60. Cia. Metalúrgica Asarcc, S. A. 21 de julio de
1961. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Octavio Mendoza González. Sexta Época. Tomo.
XLIX, Segunda Sala, pág, 66.
"" '¡-os Revisión fiscal 31161, Nacional de Cobre, S. A. 12 de julio de 1961. Uaanimidad
de 4 votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Sexta Época. Tomo XLIX, Segunda
Sala, 1>áK. 65.

GARANTÍAs DE SEGURIDAD JURÍDICA 575
materiales de índole local, según el caso. En consecuencia, para que un
hecho determinado sea considerado como delito y como motivo de aplicación
de una pena a la luz de dicho precepto de la Constitución, es necesario
que exista una ley quc repute a aquél como tal, o sea, que haya una
disposición legal para que le atribuya una penalidad correspondiente. Se
violará, entonces, el mencionado artículo de la Ley Suprema en su tercer
párrafo, cuando se pretenda aplicar una sanción penal a un hecho que
no esté legalmente considerado como delito en los términos del artículo 7
del ordenamiento penal substantivo o de los códigos penales de los Estados
(principio de nullum crimen, nulla pena sine lege).
Pero además, el principio de legalidad en materia penal no sólo ostenta
el aspecto indicado en cuanto a la concepción delictiva de un hecho,
sino que se refiere también a las penas. De conformidad con tal postulado,
bajo este segundo carácter, está prohibida la aplicación de una sanción
penal si no existe alguna disposición legal que expresamente la imponga
por la comisión de un hecho determinado. En otras palabras, para todo
delito la ley debe exproiesamente señalar la penalidad correspondiente,
principio que se encuentra consagrado en el multicitado párrafo tercero
del artículo 14 constitucional. Por ende, se infringirá este precepto, cuando
se aplique a una persona una pena que no se atribuya por la ley directa
y expresamente a un delito determinado. Puede suceder, verbigracia, que
un hecho esté catalogado o tipificado por una disposición lcgal como delito;
no obstante ello, si dicha disposición legal no consigna la pena que
ha de imponerse a su autor, la autoridad correspondiente no puede aplicar
ninguna sanción penal, ya que, mediante dicha aplicación se infringirá el
mencionado precepto de la Constitución. :liste es el sentido en que debe tomarse
el adverbio "exactamente" empleado en la disposición constitucional
que comentamos, es decir, como indicativo de la expresa correspondencia
fijada por una disposición legal entre un hecho delictivo y una determinada:
penalidad.
b) Interpretaci6n analágica y por mayoría de raz6n
Para asegurar la garantía de la "exacta aplicación de la ley" _. en materia
penal, el párrafo tercero del articulo 14 constitucional prohíbe la irnposición
de penalidad por analogía y por maynría de raz6n.
1. ¿Qué se entiende por imposición analógica de una pena? ísste acto
es el producto de la ablicacián por analoeia de una cierta penalidad leg-al.
.f04. d En relación a este tema consúltese el estudio del licenciado Julio Guerrero intitulado
"La Aplicaci6n exacta de /a Ley" que se public6 en la Revista de Legislación )'
[urísprudenoía, Volumen correspondiente a los meses de enero a junio de 1901, págS.
79 a 93.

578 LAS GARANTÍAS INDMDt4ALES
párrafo tercero delartícüro 14 constitucional. En efecto, según tal postulado,
no se debe aplicar ninguna pena que no esté expresamente decretada por una
ley para un determinado delito. Pues bien, la aplicaci6n por analogía de
una sanci6n penal supone la ausencia de una disposici6n legal exactamente
aplicable al hecho de que se trate, por lo que habría que recurrir a una norma
que, imponiendo cierta penalidad a un delito que presente semejanza bajo
cualquier aspecto esencial con el mencionado hecho, pudiera hacerse extensiva
a éste. Entonces, la pena que se pretendiese imponer al hecho no penado
en la ley, no tendría una existencia legal previa, por lo que se violarla el
aludido principio.
2. Toda ley está motivada por muy diversos factores de variada indole
que en su conjunto constituyen su causa final, puesto que los elementos de su
misma motivación implican su objetivo. Asi, verbigracia, si mediante una ley
pretende resolverse un problema econ6mico, social o político, éste sería la causa
de su expedición, a la vez que su finalidad, ya que la tendencia normativa
propendería a su solución.
Pues bien, puede suceder que un caso concreto revele los atributos de los
factores de motivaci6n y de teleología de una ley, genéricamente considerados,
con mayores proporciones o mayor magnitud. Entonces, tomando en
cuenta la causalidad final de la norma jurídica con vista a tales atributos
y la presencia de éstos en el caso concreto, la regulaci6n legal puede imputarse
a éste, lo que implica una aplicaci6n por mayorfa de raz6n.
Por ejemplo, si un determinado hecho abstracto considerado legalmente
como delito está penado con una cierta sanción, obedeciendo la tipificación
y la penalidad respectivas a factores sociales, econ6micos, de peligrosidad,
etc., y si el hecho concreto, substancialmente diverso, traduce con mayor gravedad,
intensidad o trascendencia tales factores, a este último podría referirse,
por una parte, la estimación delictiva prevista en la norma y, por la otra, la
penalidad correspondiente, lo cual equivaldría a una aplicación normativa
por mayoría de razón.
Como se ve, la aplicación de una ley por mayoría de razón se finca en
elementos trascendentes o externos a la misma, los cuales concurren en la integraci6n
de su causa final, de tal manera que la existencia de ellos con mayores
proporciones en un caso concreto origina la referencia normativa a éste. En
cambio, la aplicación anal6gica se basa en elementos inmanentes o internos
de la norma, como son el antecedente y el consecuente abstractos a que se
aludi6, significando la proyección del consecuente legal al caso concreto que
presente semejanza substancial o esencial con el caso abstracto implicado en la
norma. En otras palabras, mientras la aplicaci6n por analogía exige la coincidencia
de la hipótesis legal general con el caso individual desde el punto de
vista de su esencia o substancia, pues de no ser así habría aplicaci6n indebida,
como ya se dijo, tratándose de la aplicaci6n por mayoría de razón tal coincidencia
no debe existir, siendo el hecho abstracto y el concreto totalmente

580 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
liaci6n y Arbitraje (y, por extensi6n, cualquiera resolución no definitiva en
materia jurisdiccional laboral) deben dictarse de acuerdo con la letra o la
interpretación jurídica de la ley. Por lo que toca a las resoluciones administraiioas
materialmente jurisdiccionales (pues las que no tienen este carácter
están condicionadas por la garantia de legalidad consagrada en la prímera
parte del articulo 16 constitucional), o sea, a las que recaen a procedimientos.
contencioso-administrativos, la Suprema Corte, a través del conocimiento
constante de los juicios de amparo que contra ellas se promueven, ha hecho
extensiva a las mismas la garantía consignada en el último párrafo del articulo
14 constitucional.
En conelusión, podemos afirmar que dicha garantía de seguridad jurídica
rige a toda materia jurisdiccional, con excepci6n de la penal, traducida 'aquélla
en los diversos procedimientos contenciosos que se ventilan ante las autoridades
judiciales propiamente dichas o ante órganos formalmente administrativos,
como son las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, el Tribunal Fiscal
de la Federación u otro organismo de la propia naturaleza que legalmente
ejercite normal o excepcionalmente la función jurisdiccional, tal como acontece
tratándose de la Dirección General de Aduanas, que, conforme a la ley
respectiva, conoce en segunda instancia de los juicios administrativos que se
ventilan ante los jefes de aduana, por infracción a dicho ordenamiento.
b) Sentido y alcance de la garantía
La garantía de legalidad consagrada en el cuarto párrafo del articulo 14,
cuyo acto de autoridad condicionado estriba en cualquier resolución jurisdiccional
dictada en un procedimiento judicial civil (lato sensu}, administrativo
o del trabajo, establece como exigencia que debe cumplir la autoridad que la
pronuncie, la consistente en que tal decisión se ciña a la letra de la ley aplicable
al caso de que se trate o se base en la interpretación jurídica de la misma.
Esta prescripci6n constitucional excluye a la costumbre o al uso en cualquier
materia como fuente de las resoluciones jurisdiccionales. Conforme a
ella, sólo en la ley escrita deben apoyarse, y, a falta de ésta, en los principios
generales del derecho. Por consiguiente, los ordenamientos secundarios que
remitan a la costumbre o a los usos como fuente de las decisiones jurisdiccionales,
independientemente de los conflictos o controversias en que éstas se
pronuncien, pugnan contra el cuarto párrafo del articulo 14 constitucional.
De ahí que nuestro sistema jurídico sea de derecho escrito, de acuerdo al cual,
como dijera Blondeau, únicamente la ley "debe y puede, merced a su interpretación,
bastar a todas las exigencias de la vida jurídica",40.
Ahora bien, la interpretación literal de la ley implica la extracción de su
sentido atendiendo a los términos gramaticales en que su texto está concebido.
Este método es válido si la fórmula legal es clara, precisa, sin que en este caso
-'06 Citado por Geny en su famosa obra mencionada en la nota anterior, tomo l. pág. 25.

582 LAS GARANTiAS INDIVIDUALES
petencial, según se infiere del artículo 72, inciso f) de la Constituci6n, estable.
ciendo que en la interpretación de las leyes se deben observar los mismos
trámites que para su formaci6n. En este caso la interpretaci6n asume el carácter
de acto legislativo, es decir, se traduce en lo que se llama "leyes interpretativas"
y que, en el fondo, no son sino complementarias de las disposiciones
legales .ínterpretadas, pudiendo suceder que éstas se entiendan derogadas tácitamente
en los aspectos en que aquéllas las contradigan o establezcan un
sentido normativo distinto. En estas dos hipótesis, las leyes interpretativas son
las que deben prevalecer sobre las interpretadas, quedando sujetas las primeras,
asu vez y en cada caso concreto, a la interpretaci6n jurisdiccional.
El método causal-teleológico estriba, como su nombre lo indica, en la informaci6n
sobre las causas y fines sociales, polhicos, económicos, culturales,
etcétera, de una ley y conforme a cuyos elementos se puede determinar su sentido.
Éste es un método eminentemente objetivo y de él deberá servirse el
intérprete con independencia de la voluntad del legislador, pues no hay que
olvidar que un ordenamiento, una vez que adquiere vigencia y se proyecta
en la realidad social, presenta vida propia como conjunto de normas de conducta.
La interpretaci6n que mediante él se formula adscribe a la ley un sentido
normativo per se, pues una vez expedida, como afirma Geny, su texto "se
desprende del pensamiento del legislador para vivir una vida propia e independiente",
pudiendo aun decirse "que el autor de la ley no ha querido tener
un concepto tan personal, que el contenido de una disposición no pueda ser
descubierto por la conciencia popular, interpretándola día con día"....
La garantia de seguridad juridica consagrada en el cuarto párrafo del
artículo 14 constitucional rige también en el caso de que una resoluci6n
jurisdiccional omita aplicar o invocar la norma aplicable a la cuesti6n que
soluciona o pretende solucionar, pues en virtud de tal omisi6n, no sólo dicho
acto no se conforma COn la "letra o interpretaci6n juridica de la ley", sino
contraría a esta misma, que impone a la autoridad la obligaci6n de observar
SUS prescripeiones.
Las anteriores exigencias en que se implica la garantia de legalidad consignada
en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, suponen necesariamente
la existencia de una ley que indique la soluci6n del conflicto jurídico
en sus aspectos procesal y substantivo, planteado en el procedimiento
al cual recae la solución condicionada. Ahora bien, la soluci6n de las controversias
de derecho en muchas ocasiones no pueden lograrse mediante la
invocaci6n de ninguna norma jurídica que prevea el caso concreto en derredor
del cual surge el conflicto. Esta situaci6n ha dado origen a uno de
los problemas más arduos con que se ha enfrentado la Filosofía Juridica y
se conoce con el nombre de lagunas de la ley. Previendo el surgimiento de
4.00 l dem, págs. 258 y 259. Kelsen, a su vez, sostiene que "Corno la ley sólo adquiere
existencia al completarse el procedimiento legislativo, esa 'existencia' no puede consistir en
la voluntad real de los individuos que pertenecen a la asamblea legisladora" (Teatía
General del Derecho)' del Estado, págs. 38 y 39, Edición "Textos Universitarios", 1979}.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD JUIÚolCA 583
dicho problema, que de acuerdo con el sistema exegético sería irresoluble,
nuestra Constitución, en el cuarto párrafo de su artículo 14, otorga la facultad
a la autoridad decisoria de un conflicto juridico para acudir a los
principios generales del derecho, a efecto de resolver la cuesti6n planteada,
cuando no exista ley aplicable al caso individual de que se trate.
El concepto de principios generales del derecho ha sido diversamente
elaborado por la doctrina jurídica. Asi, se ha afirmado que dicho concepto
equivale a los postulados que informan un determinado derecho positivo,
obtenidos mediante el análisis inductivo de sus principales instituciones; y
que a través de la extracci6n de las notas comunes y uniformes en ellas, se
elaboran reglas con aplicaci6n general. Otra corriente doctrinaria ha sostenido
que por principios generales del derecho deben entenderse los' del
Derecho Romano, idea ésta solamente valedera para los regímenes jurídicos
estructurados eminentemente por él, como acontecía en Alemania, en que
tal derecho era supletorio del nacional. En tercer lugar, se ha aseverado
que los principios generales del derecho son "los principios universalmente
admitidos por la Ciencia Jurídica", consideraci6n que supone una petici6n
de principio, ya que debe elucidarse, para su validez, la cuesti6n de cuáles
sean esos principios universales. Por último, se ha estimado que los principios
jurídicos generales SOn los que se derivan del Derecho Natural. Esta
tesis ha sido sustentada por Del Vecchio, quien afirma que por derecho natural
debe entenderse el conjunto de reglas o normas que emanen de la
naturaleza del hombre y que aspiren. a la realización de la justicia.
De las cuatro consideraciones apuntadas, la más aceptada en la actualidad
es la que estima como principios generales del derecho a las normas
que se obtienen inductivamente de uno o varios sistemas de derecho positivo,
sistemas que a su vez están informados por múltiples factores culturales
de los que participan los pueblos que reconozcan un común origen bist6rico.
A nuestro parecer, esta tesis es la que se acerca más a la idea verdadera
de principios jurídicos generales. En efecto, un principio general, por
su propia indole, no tiene validez universal y, en consecuencia. su formulaci6n
procede del examen de las instituciones juridicas hist6ricamente dadas
que autorizan a elaborar reglas comunes, de cuyo alcance escapan los sistemas
de derecho que pertenezcan a tipos culturales diferentes. Es por ello
por lo que no estamos de acuerdo con la opini6n sustentada por el ilustre
jurista italiano, quien reputa como principios generales del derecho, según
ya se dijo, a las normas derivadas de la naturaleza del hombre y que aspiran
a la consecución de la justicia, pues siendo la persona humana idéntica a
si misma en todos los ámbitos espaciales y temporales en que se la suponga,
los postulados jurídicos que de su propia indole se establezcan no serfan
generales, sino universales.
Fieles a las ideas que hemos expuesto, nos permitimos concluir que por
principios g-enerales del derecho, como fuente de colmaci6n de las lagunas

584 LAS GARANTÍAS INDMDUALES
de la ley o como supletoria de la falta de ésta para resolver los conflictos
jurídicos en los términos del cuarto párrafo de nuestro artículo 14 constitucional,
deben entenderse las normas elaboradas por la mente investigadora
mediante el análisis inductivo del sistema jurídico mexicano y de los sistemas
culturales afines, con vista a establecer, en juicios l6gicos en que deben
traducirse tales principios, las notas uniformes que rijan a todas las
instituciones integrantes de tales sistemas. Ahora bien, un principio general
del derecho, desde el punto de vista del citado precepto constitucional, na
debe estar acogido en ninguna disposioián escrita para considerarlo como
indice rector de las resoluciones juridicas, pues suponer lo contrario, equivaldría
a aplicar la norma legal en que tal princioio se contuviera. dándose
la hipótesis primera, consignada en la prevenci6n constitucional a que nos
referimos.
La facultad establecida en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional
a favor del juzgador, en el sentido de recurrir a los principios generales
del derecho para resolver un caso concreto de contenci6n a falta de ley
aplicable, vino a solucionar el serio problema que se suscit6 a prop6sito de
la interpretación del articulo 14 de la Constituci6n de 1857 y que tanto
preoeup6 al insigne jurista don Ignacio L. Vallarta, como ya se dijo. Por
virtud de tal facultad, en efecto, se proscribi6 la garantia de la exacta aplieaci6n
de la ley en materia judicial civil y, por extensi6n, en materia administrativa
y de trabajo, al darse atribuciones al juzgador para resolver
las controversias que sobre tales materias se susciten con apoyo en los principios
generales del derecho. Sin embargo, no por ello se elimin6 la garantía
de legalidad condicionante de las resoluciones jurisdiccionales que se dicten
en los procedimientos civiles, administrativos o del trabajo, ya que dichos
principios sólo operan en nuestro sistema constitucional Como meras fuentes
supletorias de decisi6n, debiéndose pronunciar ésta, primariamente, en los
términos de las disposiciones legales aplicables o conforme a la interpretaci6n
jurídica de las mismas.
EL ARTICULO 15 CONSTITUCIONAL
Este precepto dispone: "No se autoriza la celebraci6n de tratados para
la extradici6n de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden
común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la
condici6n de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se
alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constituci6n para el
hombre y el ciudadano."

GARANTÍAs DE SEGURIDAD JURÍDIGA
a) Implicaci6n de las garaniias que contiene
La prohibición que el transcrito artículo 15 establece, se decreta para
las autoridades del Estado que constitucionalmente deben intervenir en la
celebración 'de tratados o convenios internacionales, imponiéndoles, por ende,
obligaciones negativas o de no hacer. Conforme al artículo 89, fracción X,
de la Constitución el Presidente de la República tiene la facultad de celebrar
tratados con las potencias extranjeras, debiéndolos someter a la ratificación
del Congreso Federal. Esta disposición, sin embargo, está contradicha por
el artículo 76, fracción 1, de la propia Ley Suprema, ya que la aprobación
de los tratados internacionales incumbe exclusivamente al Senado, o sea, a
una de las Cámaras en que se deposita el Poder Legislativo Federal. Por
su parte, el artículo 133 constitucional, al declarar que los mencionados
tratados están investidos de supremacía, reitera la citada facultad exclusiva.
Si en la concertación y aprobación de un tratado internacional intervienen
respectiva y sucesivamente el Presidente de la República y el Senado, la
prohibición que se prevé en el artículo 15 de la Constitución rige para estos
órganos estatales, implicando una limitación a la conducta exterior del Estado
Mexicano.
El tratado, según concepción de los internacionalistas, es todo acuerdo
o pacto entre los Estados soberanos que forman el concierto internacional
para crear, modificar o extinguir entre eUos derechos y obligaciones. Por
consiguiente, el tratado debe tener los elementos de existencia de todo convenio
(lato sensu}, es decir, el consentimiento (acuerdo o concurrencia de
voluntades) yel objeto (materia de las prestaciones pactadas). De ahí que
el tratado o convenio internacional sean esencialmente equivalentes, aunque
a uno y a otro suele adscribirse una diferencia específica en cuanto
a su materia, pues se afirma que el primero es una convención de carácter
político entre dos o más Estados y el segundo un pacto (en el amplio sentido
de la palabra) de índole económica o administrativa.
Pues bien, la libertad que tiene el Estado Mexicano, externada por el
Presidente de la República ,y'el Senado, para concertar toda clase de tratados
o convenios-Inrcrnacionales, se' halla restringida por el artículo 15 constitucional,
en el sentido' de qué no se autoriza su celebración cuando se persiga
cualquiera 'de los 'objetivos que 'este precepto limitativamente prevé.
Por ende, el quebrantamiento. de tal prohibición provoca la nulidad absoluta
del convenio o tratado que, mediante este hecho, se hubiese celebrado;
y en el supuesto caso de que su aplicación afecte a cualquier gobernado,
éste puede impugnár en vía de amparo y por violación de la disposición
constitucional invocada, tanto e1 acto aplicativo como cl acto aplicado (convenio
o tratado internacional). Conteniendo el artículo 15 de la Ley Suprema
diversas garantías de seguridad juridica, traducidas en la prohibición
585

586 LAS GARANTIAS INDIVIDUALES
mencionada, y siendo el sujeto activo de las mismas todo ente que se encuentre
en la situación de gobernado, la invalidez constitucional de un tratado
o convenio que infrinja dicho precepto, sólo puede alegarse en cada
caso concreto en que se aplique y precisamente por el afectado particular,
mediante la acción de amparo (principio de la iniciativa o instancia de la
parte agraviada), y cuyo objeto una vez actualizado en la sentencia constitucional,
despoja al consabido tratado o convenio de su fuerza normativa,
pero únicamente respecto al quejoso y merced al principio de la relatividad
de los fallos que se dictan en el juicio de garantías."?
b) Alcance de la prohibicién constitucional
Por su objeto, son dos tipos de tratados o convenios internacionales cuya
celebración está prohibida, a saber, los que se refieran a la extradición y los
que impliquen alteración de las garantias del gobernado y de los derechos
del ciudadano.
1. La extradición es el acto por el cual un Estado hace entrega a otro
Estado que la reclama, de una persona a quien se imputa la comisión de
un delito dentro del territorio de la entidad reclamante, para juzgarla por
este motivo. Ahora bien, dicho acto no puede acordarse en ningún tratado
o convenio internacional si el delito, por el que se pretenda extraditar a su
autor, es de carácter politice.
Sin desconocer las dificultades que entraña la descripción conceptual
de "delito político", nos atrevemos a afirmar que éste es aquel que tiene
como finalidad substituir, mediante hechos cruentos o incruentos, las- instituciones
gubernativas o el sistema de gobierno de un país, por otro régimen,
o derrocar a las personas que lo ejercen. Sin embargo, según lo acabamos
de observar, no es posible establecer con toda nitidez la frontera que separa
al delito politico del delito del orden común, pues aunque sus respectivas
finalidades pudieran ser claramente distinguibles, por lo que concierne a
los medios para cometer el politico se suele perpetrar el común. En otras
palabras, con frecuencia sucede que el medio para lograr un objetivo político
de índole delictiva, consiste en la comisión de uno o varios delitos de
carácter común.
Comentando el artículo 15 de la Constitución de 57, que substancialmente es
semejante al correspondiente de nuestra Ley Suprema vigente, don José María
Lozano expresaba: "Los delitos puramente políticos no tienen semejanza ni punto
alguno de contacto con los delitos comunes. Un ciudadano, de buena fe y animado
por un sentimiento noble de patriotismo, tiene el pensamiento de sustituir en su
patria las instituciones existentes por otras que a su juicio producirían el engran- .
410 Los dos principios a que hemos aludido tos estudiamos en el capítulo VIII denues..
tro libro El Juicio de Amparo.

GARANrlAS DE SEGURIDAD JURIDlCA 587
decimiento de la nación y la felicidad de sus habitantes¡ trata de trastornar el
orden público y prepara los trabajos y elementos que han de servir para subvertirlo,
derribar 10 existente y poner en su lugar 10 nuevo. Ya adelantados estos
preparativos, el plan fracasa, los conjurados son descubiertos, el jefe principal y
algunos otros huyen, y traspasando las fronteras se refugian en un país vecino.
AIH están al abrigo de toda persecución, el orden público nada tiene ya que temer,
basta para evitar nuevas intentonas que la policía esté vigilante; y por lo
que respecta al país a donde los reos políticos se han refugiado, nada tiene que
temer de ellos; y antes por el contrario, el generoso sentimiento que inspira la
desgracia, procurará hacer menos amarga esta expatriación forzosa.
"Guardémonos, sin embargo, de confundir con los delitos políticos el robo, el
plagio, el incendio, el asesinato y todo ese funesto y asolador cortejo de crímenes
que se abriga bajo una bandera política. Si la circunstancia de proclamar un plan
político quitara a todos estos crímenes su carácter verdadero, su naturaleza propia,
nada más seguro que la impunidad. Dad una bandera política, haced finnar un
plan revolucionario a una cuadrilla de bandoleros que se propone vivir del asalto
en los caminos, y cuando sean aprehendidos y juzgados alegarán que son reos de
delito político. Es cierto que han robado, incendiado y matado, pero os contestarán
que éstas son consecuencias inevitables; que el orden público no se subvierte con
consejos y que la guerra no se hace con caricias. No, semejantes criminales deben
juzgarse y castigarse como todos los de su especie; si huyendo de la justicia de su
país se refugian en otro con quien la República tiene celebrado un tratado de
extradición, no hay que creer que la limitación constitucional de que tratamos,
impide que los criminales refugiados sean aprehendidos y entregados a las autoridades
de la República, si la extradición se pide en la forma de antemano convenida
y con los requisitos también estipulados." 4U
Atendiendo a lo embarazoso de la tarea que estriba en distinguir el delito
político del delito común en una situación concreta determinada, el
uso internacional, a propósito de la celebración de tratados de extradición
ha aconsejado la adopción de un método pragmático, consistente en enumerar
las figuras delictivas por las que dicho acto procede e inclusive en segregar
del delito político los del orden común que pudieren constituir medios
para su perpetración....
Sin embargo, aunque la determinación de los delitos por los que procede
la extradición queda al criterio de los Estados que celebren el tratado correspondiente
por conducto de sus autoridades competentes (Presidente de
la República y Senado en lo referente a México), ello no impide que, al
impugnarse en vía de amparo dicho tratado por transgredir la prohibición
contenida en el artículo 15 constitucional, la Justicia Federal pueda, en cada
caso concreto, decidir si la figura delictiva de que se trate ostenta o no UDa
verdadera naturaleza política. Suponer que los Tribunales de la Federación
no deben tener esta facultad, sino que la apreciación de la índole de UD
delito (común o político) sólo obedece al arbitrio de los órganos que en
.11 Tratado de los Derechos del Hombre} págs. 103 y 104.
"12 Este método se ha empleado en Jos diversos tratados de extradición celebrados entrc
nuestro país y algunos Estados extranjeros, tales como Bélgica (l939L El Salvador
(1912), España (1882), Estados Unidos de América (1899).

588 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
representaci6n del Estado mexicano celebren un tratado de extradici6n,
equivaldría a hacer nugatorio en la realidad el citado precepto constitucional
y considerar como mera declaraci6n quimérica la terminante prohibición
que involucra.
Por otra parte, la multicitada prohibici6n se justifica plenamente, pues
con independencia de los motivos políticos y humanitarios que la inspiran,
existe una raz6n de congruencia lógica para legitimarla. En efecto, el articulo
22 constitucional veda la pena de muerte en lo tocante a los delitos
políticos que se suponen cometidos o perpetrables dentro del territorio nacional
y contra las instituciones gubernativas mexicanas. Por tanto, seria
contradictorio que, si en un pais extranjero para esos delitos existiera la
mencionada pena, México pudiera celebrar con él tratados de extradici6n
de sus autores, a efecto de que se les aplicara una sanci6n penal proscrita de
nuestro orden constitucional para ese tipo delictivo.
2. El artículo 15 de la Constituci6n también prohibe los tratados de
9'tradici6n del delincuente del orden común que haya tenido la condici6n
de esclavo en el país donde hubiese cometido el delito. Mediante esta prohibici6n
se reafirma la proscripci6n de la esclavitud que preconiza el articulo
2 constitucional, en el sentido de que basta que un sujeto, que haya estado
en esa situación infamante e inhumana, entre al territorio nacional, para
que por ese solo hecho adquiera la libertad. Seria, pues, un contrasentido
si México celebrara con potencias extranjeras, que mantuvieran institucionalmente
la esclavitud, tratados de extradici6n de delincuentes comunes que
se encontrasen en semejante ignominioso estado, para que, una vez entregados
al pais reclamante, perdiesen la libertad obtenida por efecto constitucional
automático en nuestro territorio.
C'Un esclavo que se refugia en nuestro suelo, dice José María Lozano, adquiere
por ese mismo hecho la libertad: ¿podrán celebrarse tratados de extradición en
cuya virtud la República esté obligada a entregar al esclavo delincuente restituyéndolo
así al estado de esclavitud? Nuestros constituyentes pensaron que la libertad
humana es de tal manera inviolable y sagrada, que importaba más a la
causa de la humanidad conservarla, que el interés que hemos dicho que tienen
todas las naciones en que los delitos no queden impunes. ¿Qué importa en efecto,
que un hombre a quien contra las leyes sacrosantas de la Naturaleza se ha reducido
al estado de esclavitud quede impune? Acaso ha delinquido en un momento
en que sus sentimientos de hombre se sublevaron; acaso pensó que la sociedad,
manteniéndolo por la fuerza en esa situaci6n degradante y miserable, no tenía
derecho a sus consideracionea; que nada lo ligaba a sus leyes, que estaba fuera
del estado social y que le era lícito tomar venganza por su propia mano de tantos
y tan grandes ultrajes.".na
La prohibici6n de que tratamos se antoja ea la actualidad obsoleta, ya
que la esclavitud ha sido. eliminada en casi todos los paises del mundo como
instituci6n juridica, por lo que nuestro articulo 15 constitucional en ese
m Op. cit., págs. 104 Y 105.

I,
i
GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA 589
aspecto prohibitivo obedece a un trasunto histórico, toda vez que su prevención
respondió a una época en que todavía existía en varios países ese
estado tan degradante e inhumano.
3. La tercera prohibición que eonsigna dicho precepto es la más extensa.
A través de ella se asegura la observancia de todas las garantías del
gobernado, haciéndolas invulnerables por la conducta contractual del Estado
mexicano en el campo internacional. Ningún tratado o convenio, sea
cual fuere su materia, es susceptible de celebrarse si mediante él se alteran
dichas garantías. Esta imposibilidad denota la hegemonía del derecho interno
de nuestro país sobre el derecho internacional, cuyas normas, en su aspecto
convencional, sólo pueden aplicarse dentro del territorio de la República
en tanto no pugnen con los mandamientos constitucionales, según se advierte
con claridad del articulo 133 de la misma Ley Suprema, corroborándose
su sentido por la prohibición que comentamos.
Es más, los tratados o convenios prohibidos no sólo son aquellos que alteren
las garantías del gobernado, sino también los que afecten los "derechos
del ciudadano", entendidos éstos en su acepción política. Si el ejercicio de
tales derechos en sus fases activa y pasiva (art. 35 constitucional) es la
base del régimen democrático y representativo en que el pueblo mexicano
ha decidido organizarse con motivo del desempeño de la facultad de autodeterminación
inherente a su poder soberano, la tercera prohibición que
contiene el artículo 15 de la Ley Suprema implica, en el fondo, la garantía
de que ese régimen no puede variarse mediante la celebración de ningún
tratado o convenio internacional.
EL ARTíCULO 16 CONSTITUCIONAL
1. PRIMERA PARTE
El artículo 16 de nuestra Constitución es uno de los preceptos que imparten
mayor protección a cualquier gobernado, sobre todo a través de la
garantla de legalidad que consagra, la cual, dadas su extensión y efectividad
jurídicas, pone a la persona a salvo de todo acto de mera afectación a su
esfera de derecho que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado
en norma legal alguna, sino contrario a cualquier precepto, independientemente
de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca.
Es por ello por lo que, sin hipérbole, se puede afirmar que el aleance ampliamente
protector del artículo 16 constitucional, difícilmente se descubre
en ningún sistema o régimen jurídico extranjero, a tal punto, que nos es
dable aseverar que en ningún otro país el gobernado encuentra su esfera
de derecho tan liberalmente preservada como en México, cuyo orden jurídico
total, desde la Ley Suprema hasta el más minucioso reglamento
administrativo, registra su más eficaz tutela en las disposiciones implicadas
en_dicho precepto.

590 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES \
La primera parte del artículo 16 constitucional, que es la que vamos a
analizar, ordena textualmente:
"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento."
Como se ve, la disposición constitucional transcrita contiene varias garantias
de seguridad jurídica; por ende, nos referiremos, siguiendo el orden
de exposición en que están consignadas, a cada una de ellas, una vez que
hayamos estudiado los supuestos de su operatividad, los cuales son: la titularidad
de las mismas, e! acto de autoridad condicionado por ella' y los
bienes jurídicos que preservan.
A. Titularidad de las garantías consagradas en la primera parte del artículo
16 constitucional
El término "nadie", que es e! que demarca desde el punto de vista subjetivo
la extensión de tales garantías individuales, es equivalente a "ninguna
persona", "ningún gobernado". Por ende, interpretando a contrario sensu
la disposición constitucional en que se contienen las garantias involucradas
en e! artículo 16, el titular de las mismas es todo gobernado, es decir, todo
sujeto cuya esfera jurídica sea susceptible de ser objeto de algún acto de
autoridad:" abstracción hecha de sus atributos personales, tales como la
nacionalidad, la religión, la situación económica, etc. A través del concepto
"nadie", consiguientemente, y corroborando la extensión tutelar que respecto
a todas las garantías individuales origina e! artículo primero de la
Constitución al referir e! goce de ellas a todo individuo, e! precepto que
comentamos protege a toda persona, a diferencia de lo que sucede en algunos
sistemas constitucionales extranjeros, en que las disposiciones equivalentes
sólo alcanzan a los nacionales. De esta guisa, la pretendida universalización
de las garantías de la persona frente al Estado y a sus autoridades
por la que pugna la "Declaración. Universal de 16s Derechos de! Hombre"
de diciembre de 1948, con mucha antelación y obedeciendo a un acendrado
espíritu humanitario, cristalizó en México en instituciones constitucionales
no sólo por lo que ve a la Carta de Querétaro, sino desde la Ley Fundamental
de 1857.
414 Véase en el capítulo segundo de esta obra el concepto de "gobernado", como sujeto
activo de la relación jurídica de supra a subordinación que entraña la garantía individual.
Dentro de dicho concepto se comprende no sólo a la persona física o individuo, según dijimos,
sino también a las personas morales de derecho privado, de derecho social y a los
organismos descentralizados y, excepcionalmente, a las mismas personas morales oficiales.

J GARANTIAS DE SEGURIDAD JURlnlGA 591
B. Acto de autoridad condicionado por las garantlas consignadas en la
primera parte del articulo 16 constitucional
El acto de autoridad que debe supeditarse a tales garantías consiste en
una simple molestia, o sea, en una mera perturbaci6n o afectaci6n a cualquiera
de los bienes jurídicos mencionados en dicho precepto, cuyo alcance
protector, a través de ese elemento, es mucho más amplio que la tutela que
imparte al gobernado el artículo 14 constítueional mediante las garantías
de audiencia y de legalidad consagradas en sus párrafos segundo, tercero v
cuarto. En efecto, si la garantía de audiencia sólo es operante frente a actos
de privaci6n, es decir, respecto a actos de autoridad que importen una
merma o menoscabo a la esfera de la persona (disminución de la misma)
o una impedicíón para el ejercicio de un derecho, resulta que es ineficaz
para condicionar la actividad de las autoridades que no produzcan las aludidas
consecuencias. Por ello, cuando no se trate de actos de privaci6n en
sentido estricto ni de actos jurisdiccionales penales o civiles (a los cuales se
refieren respectivamente los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo
14 constitucional), sino dc actos de mera afectaci6n de Indole materialmente
administrativa, las garantías condicionantes son las consagradas en la primera
parte del artículo 16 de la Constituci6n.'" .,.
Ahora bien, por virtud de que todo acto de privación estricto y todo
acto jurisdiccional penal o civil (lato sensu) entrañan un acto de molestia,
ya que la implicaci6n l6gica de este último concepto es mucho más extensa,
es evidente que las garantías de seguridad jurídica involucradas en la primera
parte del artículo 16 constitucional también condicionan a los primeros.
De esta manera, cuando se trate de actos privativos o de actos jurisdiccionales
penales o civiles (que participan del concepto genético "acto
de molestia"), la validez constitucional de los mismos debe derivar de la
observancia de las garantías consignadas en los tres últimos párrafos del artículo
14 en sus respectivos casos, así como de las contenidas en el artículo 16.
En sintesis los actos de autoridad que necesariamente deben supeditarse
a las exigencias que establecen las garantías consagradas en la primera
parte del artículo 16 constitucional, son todos los posibles imaginables, pudiendo
traducirse específicamente en los siguientes tipos:
a) En actos materialmente administrativos que causen al gobernado
una simple afectaci6n o perturbaci6n a cualquiera de SUS bienes juridicos,
sin importar un menoscabo, merma o disminución de su esfera subjetiva
de derecho ni una impedici6n para el ejercicio de un derecho (actos de
molestia en sentido estricto);
414 bis Asi lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte. Cfr. Iniorme de
1975, pltg. 88.

GARANTíAS DE SEGURIDAD JURíDICA 593
can las potestades inherentes a su ser jurídico, impidiéndole el ejercicio de las
facultades correspondientes.
En conclusión, el gobernado, a través de su "persona", es susceptible de
afectarse por un acto de molestia en sentido lato, en los siguientes casos:
1. Cuando se le restringe o perturba su actividad o individualidad psicofisica propiamente
dicha e inclusive su libertad personal;
2. Cuando tal restricci6n o perturbaci6n concierne a su capacidad jurídica de adquirir
derechos y contraer obliglUiones (libertad de contratación);
3. Tratándose de personas morales, al reducirse o disminuirse los facultades
inherentes a su entidad jurídica, impidiendo o limitando el ejercicio de su actividad
social.
4. Cuando se vulnere cualquier cualidad de la persona humana, como es
su honor, su nombre, su familia. su actividad y. en general, todo elemento. atributo, situación
o derecho humano.vv e
b) Contrariamente a lo que a primera vista puede suponerse, la afectación
por un acto de molestia en perjuicio del gobernado a través de su familia, no
implica que la perturbación consiguiente se realice precisamente en alguno o
algunos de los miembros pertenecientes a dicho grupo, sino que opera en los
derechos familiares del individuo. En efecto, atendiendo a la índole del juicio de
amparo y a la naturaleza misma de las garantías individuales, cualquier acto
de autoridad que lesione a una persona sólo puede ser impugnado en la vía
constitucional por el sujeto a quien directa e inmediatamente le perjudique.
Es por ello por lo que la hipótesis de que el acto de molestia pudiese afectar a
alguno o algunos de los miembros de la familia del gobernado, para considerar
que a éste se le violan las garantías de seguridad jurídica consagradas en
el artículo 16 de la Constitución, debe terminantemente rechazarse. Por ende,
tal como lo hemos afirmado, el perjuicio que una persona puede experimentar
por un acto de molestia a través del elemento "familia", debe necesariamente
recaer en los derechos familiares del gobernado, entendiéndose por
tales todos los que conciernan a su estado civil, así como a su situación de padre,
de hijo, etc., etc.
c) El domicilio del gobernado es uno de sus bienes que en las diversas instituciones
jurídicas de distintos pueblos históricamente dados ha merecido la
mayor protección. Así, en el derecho anglosajón, el "home" del inglés' se consideraba
desde tiempos remotos con un "tabú" frente a las autoridades del Estado,
a tal punto que el mismo rey estaba impedido para afectarlo de cualquier
manera, si el acto correspondiente no se ceñía a las exigencias de la ley de la
tierra, es decir, el common law. En este sentido está concebido el artículo XLVI
de la Carta Magna Inglesa, que poscribía todo acto que lesionara los bienes
delfreeman sin ajustarse a lo previsto por la lex terree.
414 c; La amplitud conceptualde la personalidad comprende al ser humano en su totalidad de me.
dios. Por tanto, esta comprensión hace inntctsaria la reitmu:ión de éstos en tratados o conveniosintemacionales
respecto a $U defensa; misma qtU se involucra en el artículo 16 constitucional desde la Ley
Fundamentald. 1857. .

594 LAS GARANTfAS INDIVIDUALES
Con vista a los antecedentes históricos de nuestro articulo 16 constitucional,
el "domicilio" del gobernado equivale a su propio hogar, es decir, a
su casa o habitación particular donde convive con su familia.
Sin embargo, podemos decir que la connotación de dicho bien jurídico
se refiere igualmente a los diversos lugares a que aluden los articulos 29 y
33 del Código Civil para el Distrito Federal, por lo que la afectación que a
través de dicho elemento puede experimentar el gobernado, es factible que
se realice en las distintas hipótesis que a continuación mencionamos:
1. En el sitio o lugar en que la persona tenga establecido su hogar,
esto es, su casa-habitación donde conviva con sus familiares, comprendiéndose
en él todos los bienes que se encuentren dentro de ella, Los cuales, por
tal motivo, pueden constituir la materia del acto de molestia;
2. En cuanto a las personas morales, el sitio o lugar donde se bolle establecida
su administraci6n, conforme a lo dispuesto por el articulo 33 del
C6digo Civil.
Es evidente que para que el domicilio de un sujeto pueda reputarse
afectable por un acto de molestia en los términos del articulo 16 constitucional,
no debe traducirse en el domicilio legal propiamente dicho, que es
el lugar donde el individuo deba ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones
(art, 31 del ordenamiento indicado), sino en el domicilio efectivo, o
sea, en el sitio donde la persona resida realmente, es decir, donde tenga
establecida su casa-habitación, en cuyo caso la perturbación necesariamente
debe recaer en los bienes u objetos que dentro de ella se encuentren, según
ya se dijo.
Ahora bien, ¿pueden considerarse las oficinas de una persona física como
domicilio en los términos y para los efectos del articulo 16 de la Constitución?
Sobre este particular hay que hacer una básica distinción: si el individuo
carece de lugar de residencia definitiva (domicilio efectivo), entonces, aplicando
el articulo 29 del Código Civil, es obvio que su despacho u oficina
debe reputarse como domicilio y, por ende, afectables por un acto de molestia
todos los bienes que dentro de éste se hallen; por el contrario, y
conforme a dicho precepto, si el gobernado además de su despacho u oficinas,
tiene domicilio efectivo, únicamente éste es susceptible de afectación
según el artículo constitucional invocado.
No desconocemos la dificultad que presenta, ya no digamos la enumeración,
sino la simple enumeración de los lugares que pueden estimarse o no
como "domicilio" desde el punto de vista del articulo 16 de la Ley Suprema;
pero lo cierto es que, si se toma en cuenta que los actos de molestia por lo
general tienen como materia de afectación los diversos bienes que dentro
de aquéllos se encuentren, resulta que la perturbación que tales actos originen
puede impugnarse a través del elemento "posesiones" a que se alude
en el citado precepto constitucional, independiente de que los objetos afectados
se hallen o no en un sitio domiciliario. Por tanto, estimamos que el

GARANTfAs DE SEGURIDAD JUlÚDlCA 595
término "domicilio" empIcado en el articulo 16 representa un trasunto rustórico
del afán de proteger lo que se ha considerado como más sagrado e
inviolable de la persona: su propio hogar, cuya preservación, por otra parte,
se establece amplia y eficazmente a través del elemento "posesiones", como
ya se afirmó.
d) Bajo la denominación de papeles a que se refiere el articulo 16
constitucional, se comprenden todos los documentos de una persona, es decir,
todas las constancias escritas de algún hecho o acto juridico. La raz6n
de ser de la tutela que a dicho elemento imparten las garantías de seguridad
juridica contenidas en el mencionado precepto, estriba en poner a salvo
de cualquier acto de molestia, especialmente de los cateas arbitrarios, la documentación
del gobernado y que pueda servir de base a propósitos bastardos
e inconfesables para comprometerlo en cualquier sentido. Es por ello
por lo que los "papeles" de una persona gozan de un régimen propio de
preservación constitucional, al permitirse los cateos 0010 en los casos y en
los términos consignados por el artículo 16 de la Ley Suprema. Debe tenerse
muy en cuenta que el acto de molestia que afecte a la documentación
del gobernado, únicamente debe consistir en la requisición o apoderamiento
de las diversas y variadas constancias escritas que la integren, mas nunca
extenderse a los actos o derechos que en las mismas se consignen, pues la
perturbación a estos últimos opera a través de otros bienes jurídicos preservados
por el artículo 16 constitucional. En consecuencia, nos es dable afirmar
que la inserción del término "papeles" en la fórmula en que se concibe
dicho precepto, más que a una exigencia inaplazable de protección jurídica,
obedeció a una justificada reacción contra prácticas atentatorias y arbitrarias
observadas en la realidad, al darse frecuentes casos en que impunemente
las autoridades se apoderaban de la documentación de una persona
con el único fin de perjudicarla en diferentes sentidos, impulsadas muchas
veces por móviles espurios y de represalia, eomo históricamente puede comprobarse
con profusión.
e) Por último, todos los bienes muebles e inmuebles que se encuentren
bajo el poder posesorio de una persona se protegen frente a actos de molestia
a través del elemento posesiones, concepto juridico que explicamos con
antelación," pudiendo ser el afectado tanto el poseedor originario como el
derivado, pero nunca el simple detentador. Análogamente a lo que acontece
tratándose de la contravención a la garantía de audiencia implicada en el
segundo párrafo del artículo 14 constitucional, la violación a las garantías
de seguridad jurídica consignadas en el articulo 16 de la Ley Fundamental,
cuando el acto de molestia afecta las "posesiones" del gobernado, 0010 debe
suscitar la cuestión de determinar si dicho acto de autoridad se ajustó o no
a las exigencias en que tales garantias se traducen, sin poderse discutir ni
4.15 Véase punto 4, inciso e) apartado B del estudio sobre la garantía de audiencia.

596 LAS GARANTÍAS mnrvrnuALEs
dirimir controversias que versen sobre la legitimidad o ilegitimidad, perfección
o imperfección, realidad o apariencia de una determinada posesión
originaria o derivada, ya que el juicio de amparo, que por infracción al mencionado
artículo 16 se promueva, no es el conducto idóneo para resolver
conflictos posesorios, como tampoco lo es cuando se entabla por inobservancia
de la garantía de audiencia, salvo que, como se dijo en otra. ocasión, el
acto violatorio consista en una decisión jurisdiccional culminatoria de un
procedimiento en que el presunto afectado haya tenido la debida injerencia
y que se hubiere emitido por una autoridad constitucionalmente incompetente
o contrariando la ley que deba determinar su sentido.
D. Garantía de competencia constitucional
La primera de las garantías de seguridad jurídica que condicionan eJ
acto de molestia consiste en que éste debe dimanar de autoridad competente.
El estudio de la misma suscita, pues, la cuestión consistente en determinar
qué se entiende por "competencia" desde el punto de vista del artículo
16 de la Constitución.
El problema se presentó alrededor del año de 1874, al conocerse por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación un amparo promovido por varios
hacendados del Estado de Morelos, patrocinados por el ilustre jurisconsulto
don Isidro Montiel y Duarte contra una ley de carácter fiscal que había
sido expedida por la legislatura de la mencionada entidad federativa, sin
haber estado dicho cuerpo colegiado legítimamente integrado, ya que el
diputado que completó eJ quorum había sido electo en contravención a la
Constitución local, así como promulgada por el gobernador Leyva, quien
había sido exaltado a la gubernatura reelectivamente no obstante que dicha
carta prohibía su reelección.
Las consideraciones jurídicas formuladas por el licenciado Montie! y
Duarte fueron acogidas por el entonces Presidente de la Corte, don José
Maria IgleSÜls, quien en un enjudioso estudio interpretativo del concepto
"autoridad competente" empleado en el artículo 16 de la Constitución Federal
de 1857,." -llegó a la conclusión de que toda autoridad ilegitima es
originariamente incompetente, y por ende, sus actos violatorios de la expresada
garantía individual.
a) Tesis de Iglesias. Dada la importancia que ésta representa en la
historia interpretativa de nuestras garantías individuales, principalmente por
lo que concierne a la de "autoridad competente" consignada en el artículo
16 de la Constitución de 57, Y que sobrevive en la Ley Suprema vigente,
a continuación transcribimos algunos puntos sobresalientes del estudio de
don J osé Maria Iglesias a que hemos aludido, en los que este distinguido
4U Estudio Constitucional sobre las facultades de la Corte de Justicia, producido en
J'bril de 1874.

598 LAS GARANrlAS INDIVIDUALES
metiera a dar leyes o si un Tribunal se encargase de administrar la hacienda
pública, no habría lugar al amparo contra esos actos que violasen las garantías
individuales, por ser notorio que las autoridades relacionarlas carecerían de
legitimidad para ejercer funciones ajenas. No; el amparo procede precisamente
contra semejantes usurpaciones, debiendo examinarse en cada caso que se pre·
sente, si se cometen o no. La cuesti6n enunciada se renueva siempre bajo
distinto aspecto. 'El amparo cabe contra todos los actos de autoridad íncompetenie,
cabe por lo mismo contra los actos de las falsas autoridades) de las
autoridades ilegítimas, a quienes su ilegitimidad quita toda competencia?"
b) Tesis de Vallarta. La teoría de don José María Iglesias que hemos
esquematizado en sus rasgos más generales en las transcripciones que antecedcn,
prevaleció durante algún tiempo en el seno de la Suprema Corte,
habiendo sido rebatida con éxito incuestionable por el insigne don Ignacio
L. Vallarta, quíen distinguía con toda nitidez dos cuestiones jurídicas fundamentales
diferentes, a saber: la legitimidad, llamada "competencia de
origen" y la competencia propiamente dicha de las autorídades.
Al comentar el artículo 16 de la Constitución de 1857 a través del concepto
"autoridad competente", el jurista jalisciense afirmaba:
"Para entender ese artículo en el sentido de que él comprenda no sólo la competencia,
sino la legitimidad de la autoridad, ha sido preciso inventar una frase que
no tiene sentido jurídico, que no ha sido conocida en el Foro, sino hasta que se
empezaron a tratar los amparos como el de Morelos. Se ha dicho que donde no hay
legitimidad en la autoridad, tiene ésta incompetencia de origen. ¿Qué quiere decir
esto en lenguaje forense? ¿En qué ley, en qué doctrina se habla de incompetencia
de origen? Trabajo costará citar un solo autor para quien fuera conocida esa incompetencia...
Esa frase no tiene sino esta inteligencia que es a la vez su historia;
como el artículo 16 habla s610 de la competencia, y no de la legitimidad, cuando se
quiso juzgar de ésta, 10 mismo que de aquélla, se llamó a la ilegitimidad «incompetencia
de origen», creyendo así suplir el silencio del precepto constitucional y facultar
a los Tribunales Federales para revisar los títulos de las autoridades. Es conveniente
no olvidar estas indicaciones históricas, para comprender el tormento que
se ha dado al artículo 16 con el fin de interpretarlo en un sentido que no tiene,
que no puede tener. Los que creen que para juzgar de la competencia de la autoridad
necesitan remontarse hasta calificar su legitimidad, sostienen que faltando ésta,
no puede existir aquélla, porque toda autoridad ilegítima es, por el mismo hecho,
incompetente. De aquí nace en su concepto la necesidad de examinar la legitimidad
de la autoridad para juzgar su competencia. Voy a esforzarme en responder a
esta argumentación, base capital de la teoría que combato. La legitimidad,.. la
competencia son dos cosas distintas, 10 diré repitiendo las palabras del señor licenciado
Silíceo, cuando escribía contra la. sentencia de amparo de Morelos; ninguna
es mayor ni menor; ninguna es el todo y la otra la parte; ninguna es el género y la
otra la especie; ninguna es la causa y la otra el efecto j ninguna es la madre y
la otra la hija; son dos entidades independientes con existencias perfectamente
separadas aunque se encamen en una persona. El nombramiento, la elección
hecha en términos legales en persona 'que posca los requisitos necesarios, constituye
la legitimidad de una autoridad; a la vez que su competencia no es más que
la suma de facultades que la ley da para ejercer ciertas atribuciones. La legitimidad
se refiere a la persona, al individuo nombrado bara tal cargo público; y

GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA 599
la competencia se relaciona sólo Con la entidad moral que se llama autoridad,
y, abstracción hecha de las cualidades personales del individuo, no mira sino a
las atribuciones que esa entidad moral puede ejercer. Siendo esto aSÍ, bien se
comprende que hay autoridades legítimas que son incompetentes, como, por
ejemplo, un gobernador bien electo, aunque legítimo, es incompetente para pronunciar
una sentencia en un juicio civil; Y también, por el. extremo contrario,
hay autoridades ilegítimas que son competentes, como 10 sería un juez que no
tuviera la edad o el título que hoy requiere la ley, y que sin embargo podría
pronunciar esa sentencia. Tal juez, mientras por el superior que corresponda no
sea removido, tiene la suma de facultades que la ley da a la autoridad que representa,
y sus actos, a pesar del vicio de ilegitimidad de su nombramiento, son
perfectamente válidos en ciertos casos. Creo que bastan los casos que he citado,
y que he procurado tomar de textos expresos de la Constitución, para dejar
demostrado que en eJ terreno científico constitucional, la teoría de que debe
ser una misma la autoridad que decida de la competencia y de la legitimidad,
nos llevarla a la confusión más completa de los poderes públicos, a la invasión de
unos en las atribuciones de los otros, a la subversión del orden constitucional. Aunque
de la ilegitimidad surgiera como una consecuencia necesaria la incompetencia,
doctrina que yo no acepto por las razones que he expuesto, es una verdad evidente
que no es ni puede ser una misma autoridad que juzgue siempre de la ilegitimidad
y de la incompetencia. Esas diversas condiciones en que una autoridad puede encontrarse,
según que sea legítima o ilegítima, competente o incompetente, no caen,
en nuestro sistema federal, bajo el imperio de un solo poder. La calificación de la
legitimidad de las autoridades locales, pertenece al régimen interior de los Estados,
en todo caso; y la de su competencia, por lo relativo al artículo 16 de la Constitución,
entra en la esfera de las atribuciones del Poder Judicial Federal. Por más
que se quiera considerar a la ilegitimidad y a la incompetencia como causa y efecto,
lo que no es cierto, porque la ilegitimidad en último extremo, produce la incapacidad
y no la incompetencia, el Poder Federal nunca puede llegar hasta explotar
la legitimidad para de ella deducir la competencia. No es, pues, caso de la compe.
tencia de la Corte, 10 diré, deduciendo esta consecuencia de mis anteriores demostraciones,
juzgar de la ilegitimidad de las autoridades de los Estados; y no lo es,
sencillamente porque no tiene facultad expresa para ello, lo que basta para que tal
facultad sea de los Estados. Para sostener con éxito lo contrario, sería preciso que el
artículo 16 hablara no sólo de autoridad competente, sino también de autoridad
legítima."
Continúa posterionnenIe diciendo el licenciado Vallarta: "Este publicista (refiriéndose
a Lozano) examina la cuestión sobre lo que el articulo constitucional
entiende por autoridad competente, y cree que en él se trata de la competencia
constitucional con relación a la materia u objeto del mandamiento expedido", para
deducir de esto que "cuando los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, obran
dentro de los límites constitucionales de sus funciones, son competentes". "Hablando
después sobre la competencia que llama jurisdiccionalasienta, y con esta doctrina
estoy enteramente conforme, que a ella no se refiere el artículo 16, porque toca
a los Estados en ejercicio de su soberanía determinar en sus leyes la jurisdicción de
sus propios jueces e interpretarlas y aplicarlas en cada caso, y porque es atribución
de la Suprema Corte, según el articulo 99 (106 de la Constitución vigente) de la
Constituci6n, dirimir las competencias suscitadas entre jueces federales o que no
tienen un superior común. En cuanto a la incompetencia de origen, sostiene el señor
Lozano, que da motivo al amparo, cuando se ha verificado una elección en un
Estado contra el tenor ex¡;>reso de la Constituci6n Federal i pero no cuando la in-

600
,
LAS GARANTlAS INDIVIDUALES
fracción sea sólo de la Constitución o leyes particulares del Estado, porque en ese
caso 'importa una cuestión de régimen interior que, afectando de una manera
especial la soberanía del Estado, éste, por medio de sus autoridades, es el único que
puedc y debe resolver. En estos casos la intervención de la Justicia Federal importa
un ataque a la soberanía de un Estado, y en consecuencia una infracción constitucional'."
411
c) Estado actual de la cuestión. La teoría de Vallarta acerca de!
concepto en que está empleado e! término "autoridad competente" en el
artículo 16 constitucional, tanto de la Ley Fundamental de 57 como de la
vigente, ha sido confirmada por la jurisprudencia de la Suprema Corte,
sentada en las tesis que indicamos al calce >" y cuyo extracto dice textualmente:
"La competencia constitucional, o sea, la que se refiere a la órbita de
las atribuciones de los diversos poderes, es la única que está protegida por
medio de las garantías individuales." "La competencia jurisdiccional no
puede resolverse por medio de! juicio de garantías, sino en la forma establecida
por la ley."
Por lo que concierne a la llamada incompetencia de origen, la Suprema
Corte ha sustentado el criterio de que no hace procedente el juicio de amparo,
al asentar que: "La Corte ha sostenido e! criterio de que la autoridad
judicial no debe intervenir para resolver cuestiones polítícas, que incumben
constitucionalmente a otros poderes; en e! amparo no debe juzgarse sobre
la ilegalidad de la autoridad sino simplemente sobre su competencia; pues
si se declara que una autoridad señalada como responsable, propiamente
no era autoridad, el amparo resultaría notoriamente improcedente. Sostener
que el artículo 16 de la Constitución prejuzga la cuestión de legalidad de
las autoridades, llevarla a atacar la soberanía de los Estados, sin fundamento
constitucional y por medio de decisiones de un poder que, como e! judicial,
carece de facultades para ello, convirtiéndose en árbitro de la exigencia de
.poderes que deben ser independientes de él."
'11 Cuestiones constitucionales, tomo J, págs. 139 y sigs.
'18 Apéndice al tomo XCVII. tesis 223 y 239. Sin embargo, la jurisprudencia de la Suprema
Corte ha experimentado una importante variaci6n en lo que respecta a la proceden.
da del juicio de amparo en materia competencial. Conforme a la tesis 223 citada, "La competencia
constitucional, o sea, la que se refiere a la 6rbita de las atribuciones de los diversos
poderes, es la única que está protegida por medio de las garantlas individuales", declarándose
terminantemente en la tesis 239 que: "La competencia jurisdiccional no puede, resolverse
por medio del juicio de garantías sino en la forma establecida por la ley." Ahora, bien la
primera de dichas tesis ya no se reprodujo textualmente en el Apéndice a! tomo CXVIJI,
en el que simplemente se asienta que: "La competencia constitucional puede ser reclamada
en la vla de amparo", sin indicarse que es la única susceptible de ser materia del juicio de
garantías (tesis 227). En cuanto a la improcedencia del amparo respecto de cuestiones
de competencia jurisdiccional, el criterio jurisprudencia! ha consignado una salvedad muy
importante, pues ha 'estimado que tales cuestiones si pueden estudiarse y deeidírse en el
juicio constitucional, cuando hubiesen sido dirimidas por la autoridad responsable e impliquen
el contenido de un concepto de violaci6n (Apéndice a! tomo CXVIII, tesis 242). Tesis
65 v 67 de la Com/Jilaci6n de 1917-1965, tesis 64 y 74 del Apéndice 1975, Materia General.
ldem, Informe de 1977, Segunda Sala, págs. 73 y 74. Tesis 90 )' 103 del Apéndice 1985,
Materia General.

GARANTiAS DE SEGURIDAD JURÍDICA 60l
En conclusión, la garantía de la competencia autoritaria a que se refiere
el articulo 16 constitucional, concierne al conjunto de facultades con
que la propia Ley Suprema inviste a determinado órgano del Estado, de
tal suerte que si el acto de molestia emana de una autoridad que al dictarlo
o ejecutarlo se excede de la órbita integrada por tales facultades, viola la
expresada garantía, así como en el caso de que, sin estar habilitada constitucionalmente
para ello, causa una perturbación al gobernado en cualesquiera
de los bienes jurídicos señalados en dicho precepto. La garantía de competencia
constitucional excluye, pues, la legitimidad o competencia de origen
de las autoridades, haciendo improeedente el amparo que contra actos realizados
por órganos o funcionarios ilegalmente integrados, nombrados o
electos, se pretenda promover (amparo político en cierto aspecto). Ahora
bien, por cuanto a la llamada competencia ordinaria y especialmente a la
jurisdiccional, que se revela como el conjunto de facultades con que la ley
secundaria inviste a una determinada autoridad, conforme la jurisprudencia
ya invocada de la Suprema Corte, no puede reputarse como garantía
de seguridad jurídica en los términos del artículo 16 de la Constitución.
Sin embargo, tal circunstancia no elimina totalmente la posibilidad de que
por actos contraventores de las normas concernientes a la competencia común
de los jueces (y, por extensión, de las demás autoridades del Estado),
proceda el juicio de amparo, lo que ha sido admitido por nuestro máximo
tribunal.?"
E. Garantla de legalidad
La garantía que mayor protección imparte al gobernado dentro de
nuestro orden jurídico constitucional es, sin duda alguna, la de legalidad
consagrada en el artículo 16 de la Ley Suprema, a tal punto, que la garantía
de competencia que hemos estudiado queda comprendida dentro de
ella, La eficacia juridica de la garantía de legalidad reside en el hecho
de que por su mediación se protege todo el sistema de derecho objetivo dc
México, desde la misma Constitución hasta el reglamento administrativo
más minucioso, según se demostrará a través de la exposición que a este
propósito elaboramos,
La garantía de legalidad implicada en la primera parte del artículo 16
constitucional, que condiciona todo acto de molestia en los términos en que
ponderamos este concepto, se contiene en la expresión fundamentación y
motivación de la caUSa legal del procedimiento.
Ahora bien, ¿qué se entiende por "causa legal del procedimiento"? Desde
luego éste, o sea; el acto o la serie de actos que provocan la molestia en
la persona, familia, domicilio; papeles o posesiones de un gobernado, reali-
419 Tesis jurisprudencial 242, Apéndice al tomo CXVIIl del Semanario Judicial de la Federa.
ción. Tesis 75 de la citada Compilación, y tesis 74 del Apéndice 1975, Mát. General. (Tesis 103 del
Apéndice 1985.) Tesis 291 ddApéndia 1995. Materia Común.

602 LAS GARANTiAS INDlVIDUALES
zados por la autorldad competente, deben no sólo tener una causa o elemento
determinante, sino que éste sea legal, es decir, fundado y motivado
en una ley en su aspecto material, esto es, en una disposición normativa
general e impersonal, creador;' y reguladora de situaciones abstractas.
a) Concepto de fundamentación. La fundamentación legal de la causa
del procedimiento autoritario, de acuerdo con el espiritu del legislador
de 1857, que permanece imbibito en la Constitución actual, consiste en que
los actos que originen la'molestia de que habla el articulo 16 constitucional;
deben basarse en una disposición normativa general, es decir, que ésta
prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de
autoridad, que exista una ley que lo autorice. La fundamentación legal
de todo acto autoritario que cause al gobemardo una molestia en los bienes
jurídicos a que se refiere el artículo 16 constitucional, no es sino una consecuencia
directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades
sólo pueden hacer lo que la .ley les permite, principio que ha sido acogido
por la jurisprudencia de la Suprema Corte/"? Es, más conforme también
10 ha establecido nuestro máximo tribunal, las autoridades deben gozar de
facultades expresas para actuar, O sea, que la permisión legal para desempeñar
determinado acto de su incumbencia no debe derivarse o presumirse
mediante la inferencia de una atribución clara y precisa.
En efecto, la Suprema Corte ha afirmado que "las autoridades no tienen más
facultades que las que la ley les otorga, pues si así no fuera, fácil sería suponer
implícitas todas las necesarias para sostener actos que tendrían que ser arbitrarios
por carecer de fundamento legal." 421
La exigencia de fundar legalmente todo acto de molestia impone a las
autoridades diversas obligaciones, que se traducen en las siguientes condicienes:
1. En que el órgano del Estado del que tal acto provenga, esté investido
con facultades expresamente consignadas en la norma jurídica (ley
o reglamento) para emitirlo;
2. En que el propio acto se prevea en dicha norma;
3. En que su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas
que lo rijan;
4. En que el citado acto se contenga o derive de un mandamiento escrito,
en cuyo texto se expresen los preceptos específicos que lo apoyen.
El criterio de la Suprema Corte ha corroborado las mencionadas condiciones,
según se advierte de las distintas ejecutorias que su Segunda Sala ha dictado,
y cuya parte conducente nos permitimos transcribir a continuación:
420 Apéndice al tomo CXVIII del Semario Judicial de la Federación. Tesis 166. Tesis 47, de la
Compilación 1917-1965; tesis 46 del Apéndice 1975, MateriaGeneral.
421 Semanario Judicial de la Federacum, Quinta Época, tomo XIH, pág. 51"!. Corroborando
este criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte ha sostenido que "Los actos de autoridades administrativas
que no esténautorizados por leyalguna, importan 1Iiolación de garantías". (Tesis 112 del 1nforme
de 1982.) Además, lajurispn-tdencia afirma que "Las autoridades sóloputden hace!" lo que la ley les
permite", (Apéndice 1985, tesis 68, Materia General.) Tesis 100 del Apéndice 1995, Materia Común.

606 LAS GARANTiAS INDIVIDUALES
media», «moral y buenas costumbres», «obsceno», «decoro», «bien general», etc.
Se trata evidentemente de «standards legales», de «fórmulas-valoraciones». A este
respecto debemos aceptarque no hay duda de que cuando el lgislador se propone
prever expresamente un caso dado, pero ese caso o situación, por su índole misma,
requiere que se deje al órgano estatal aplicador del derecho una gran latitud de
atribuciones, incluye, en la ley, términos gramaticales que entrañan fórmulas elásticas
integrantes de un tipo de «standard» jurídico. Ello ocurre frente a cierta
categoría de relaciones sociales que por su complejidad, variedad, sentido o posible
variaci6n en el tiempo, exigen que, de ser reguladas por el derecho, se atribuya
al órgano intérprete y aplicador de la ley una cota de libertad amplia."
Hemos afirmado que la motivación legal implica la adecuación del caso
concreto en que opere el acto de molestia con la norma juridica fundatoria
del mismo, es decir, que los supuestos abstractos de ésta se den en dicho
caso. Esa adecuación constituye una obligación para la autoridad de la que
provenga el mencionado acto y cuyo cumplimiento debe precisamente realizarse
en el mandamiento escrito correspondiente, en el sentido de que en
él deben aducirse las razones de aplicabilidad de los preceptos legales o reglamentarios
pertinentes.
Ahora bien, cuando la norma juridica concede a la autoridad la potestad
de apreciar según su criterio subjetivo los hechos, circunstancias y modalidades
en general del caso concreto para adecuarlo a sus disposiciones,
se está en presencia, como ya dijimos, de una facultad discrecional. El ejercicio
de esta facultad en principio no es susceptible de someterse a la revisión
o examen del poder jurisdiccional, siempre que la autoridad respectiva lo
haya desplegado lógica y racionalmente, sin alterar los elementos sujetos
a su estimación ni omitir los que se hubiesen comprobado. En cambio, la
indicada facultad deja de ser discrecional para convertirse en arbitraria, si se
desempeña en los supuestos contrarios, hipótesis en la cual los actos en los
que bajo tales condiciones se hubiese ejercitado, sí pueden controlarse judicialmente
a través del amparo y en función de la garantía de motivación
legal consagrada en el artículo 16 constitucional.
Esta conclusión se deriva puntualmente del criterio sustentado por la
Suprema Corte en múltiples ejecutorias que ya forman jurisprudencia y
cuyo sentido establece en qué casos dicha facultad es respetable y en cuáles
otros es jurisdiccionalmente controlable, según se advierte de los fallos siguientes:
"Puede controlarse en el amparo el uso de las facultades discrecionales, cuando
las mismas se ejercitan en forma arbitraria y caprichosa, cuando la decisión de la
autoridad no invoca circunstancias de hecho, cuando éstas son alteradas, cuando el
razonamiento en que la resolución se apoya es ilógico."
"Si bien es cierto que, por 10 general, debe respetarse, dentro del juicio de
amparo, el correcto ejercicio que la autoridad administrativa haga de su poder
discrecional o de la libertad de apreciación que la ley le concede, también 10 es
que la calificación de la Secretaría de Economía es censurable en el juicio de
garantías, cuando parte de hechos irreales o no comprobados, cuando no contiene

GARANTíAS DE SEGURIDAD JURlDICA 609
en preceptos legales permanentes, no puede ser causa para que se perjudique
el interés público."437
"Las autoridades administrativas están obligadas conforme a los artfculos
14 y 16 de la Constitución Federal, a fundar y motivar sus actos, citando las
disposiciones legales aplicables al caso y las razones de su aplicabilidad, a efec-:
to de que los interesados puedan formular adecuadamente sus defensas; pues no
basta que citen alguna razón, máxime si ésta es inexacta o inadecuada; y cuando
no lo hacen así, infringen las garantfas que otorgan dichos artículos.",,"
"El artículo 16 de la Carta Magna, es terminante al exigir, para la validez
de todo acto autoritario de molestia, que el mismo esté fundado y motivado,
debiendo entenderse por fundamentación la cita del precepto que le sirva de
apoyo, y por motivación la manifestación de los razonamientos que llevaron a
la autoridad a la conclusión de que el acto concreto de que se trate encuadra
en la hipótesis prevista en dicho precepto. No basta, por consiguiente, con
que exista en el Derecho positivo un precepto que pueda sustentar el acto de
la' autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino es indispensable
que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento
respectivo, ya que sólo así estará en aptitud de defenderse como
estime pertinente. "Por otra parte, la circunstancia de que el acto reclamado
satisfaga las garantías del mandamiento escrito y de autoridad competente, no
le libera del vicio de inconstitucionalidad consistente en la ya apuntada falta
de fundamentación, pues todas estas garantías son concurrentes y deben, por
lo mismo, ser respetadas por la autoridad en el mismo acto que ella emane."
"El artículo 16 de la Constitución Federal, exige que en todo acto de autoridad
se funde y motive la causa legal del procedimiento. Para cumplir con este
mandamiento, deben satisfacerse dos clases de requisitos, 'mas de forma y otros de fondo.
El elemento formal queda surtido cuando en el acuerdo, orden o resolución,
se citan las disposiciones legales que se consideran aplicables al caso y se
expresan los motivos que precedieron su emisión. Para integrar el segundo
elemento, es necesario que los motivos invocados sean reales y ciertos y que,
conforme a los preceptos invocados sean bastantes para provocar el acto de
autoridad. "439
"De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de
autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose
por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal
aplicable al caso y, por lo segundo, que también debe señalarse, con precisión,
las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se
hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario,
13i Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXI. pág. 5,812.
138 lnforme correspondiente al año de 1947, Segunda Sala. pág. 27.
139 Amparo en revisión 8,872161. José Horacio Septién. 21 de julio de 1961. 5 votos. Poneme:
Felipe Tena Ramfrez. Tomo XLVIII, Segunda Sala, pág. 36. Sexta Época. Además, Informe
de 1968. Segunda Sala, pág. 126 (dos ejecutorias). Idem. Informe de 197J. pág. 87, Segunda Sala.

GARANTÍNi DE SEGURIDAD JURiDICA 611
garantía protege todo el orden establecido por la Constitución frente y contra
cualquier norma de carácter secundario.
Cuando no se trate de una ley en sentido formal, sino de un reglamento
auto-ejecutivo que supone la preexistencia de la norma u ordenamiento reglamentado
conforme al artículo 89 constitucional, fracción 1, la contravención a
la mencionada garantía individual se consuma en caso de que dicho reglamento
viole, por sí mismo, cualquier precepto de la Constitución, o revele alguna
infracción a la ley que reglamente, ya que toda norma reglamentaria no
debe concretarse sino a especificar o detallar la disposición o disposiciones legales
correspondientes, sin rebasar su ámbito regulador.
2. En caso de que la ley o el reglamento afectados por los vicios de contravención
anteriormente aludidos no sean auto-ejecutivos. es decir, que su eficacia
normativa sobre la esfera del gobernado requiera su aplicación por algún acto
de autoridad concreto y específico, la violación a la garantía de legalidad se
produce al realizarse dicho acto aplicativo, de tal suerte que, a través de éste,
puede hacerse valer en la vía de amparo la citada infracción constitucional. En
consecuencia, todos los actos de autoridad que sean aplicativos de normas violatorias
de la Constitución o de disposiciones reglamentarias que contravengan
a la Ley Suprema por infringir con antelación lógica el ordenamiento
legal reglamentado, o que se apoyen en las mismas, deben reputarse inobservantes
de la garantía de legalidad, no siendo sino la ocasión necesaria para
que, por su conducto, se impugne la norma infractora que por ellos haya sido
referida a la situación concreta del gobernado, pudiendo revelarse específicamente
en decisiones jurisdiccionales o administrativas.
3. La tercera de las hipótesis de que venimos tratando se traduce en los
llamados actos arbitrarios en el sentido jurídico del concepto, o sea, en actos
que no se apoyen en ninguna norma legal o reglamentaria (ausencia de fundamentación
legal), en cuyo caso la violación a la garantía de legalidad es obvia
y evidente.
4. La misma contravención se origina cuando se trate de actos infractores de
la norma que necesariamente deba regirlos, esto es, al realizar o producirse contrariamente
a las disposiciones legales reglamentarias, y a mayor abundamiento
constitucionales, a las que deban estar sometidos (falta de fundamentación);
así como en el caso de que los actos de molestia refieran indebidamente a una situación
particular o concreta, una norma jurúlica dentro

612
LAS GARANTíAS INDIVIDUALES
"En el texto de la ley no es indispensable expresar la fundamentación y la motivación
de un ordenamiento legal determinado, pues generalmente ello se realiza en la
exposición de motivos de la iniciativa correspondiente. Este Tribunal Pleno ha establecido
que por fundamentación y motivación de un acto legislativo. se debe entender la
circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado
p,U3 ello, ya que estos requisitos. tratándose de actos legislativos. se satisfacen cuando
actúa dentro de los límites de las atribuciones que la constitución correspondiente le
confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emiten se refieren a relaciones sociales
que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas
y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente
materia de una motivación específica."4-Ubis
F. Garantía del mandamiento escrito
Esta garantía de seguridad jurídica, que es la tercera que se contiene en el
artículo 16 constitucional, equivale a la forma del acto autoritario de molestia,
el cual debe derivarse siempre de un mandamiento u orden escritos, Consiguientemente,
cualquier mandamiento u orden verbales que originen el acto perturbador
o que en sí mismos contengan la molestia en los bienes jurídicos a
que se refiere. dicho precepto de la Constitución, son violatorias del mismo.
Conforme a la garantía formal a que aludimos, todo funcionario sub-alterno o
todo agente de autoridad debe obrar siempre con base en una orden escrita
expedida por el superior jerárquico, so pena de violar la disposición relativa
de nuestra Ley Fundamental a través de la propia garantía de seguridad jurídica,
que, por otra parte, ha sido constantemente reiterada por la Suprema
Corte en numerosas tesis que sería prolijo mencionar.
Ahora bien, para que se satisfaga la garantía formal del mandamiento escrito
no basta que éste se emita para realizar algún acto de molestia en alguno
de los bienes jurídicos que menciona el artículo 16 constitucional, sino que es
menester que al particular afectado se le comunique o se le dé a conocer. Esta comunicación
o conocimiento pueden ser anteriores o simultáneos a la ejecución
del acto de molestia, pues la exigencia de que éste conste en un mandamiento
escrito, sólo tiene como finalidad que el gobernado se entere de la fundamentación
y motivación legales del hecho autoritario que lo afecte, así como de la
autoridad de quien provenga.w
Por otra parte, debe advertirse que el mandamiento escrito debe COntener
la firma auténtica del funcionario público que lo expida, sin que la garantía respectiva
se satisfaga con lo que suele llamarse "firmas facsimilares". Este criterio,
cuya atingencia es indudable, ha sido sustentado por la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia al aseverar que la firma que calce cualquier orden
escrita "debe ser siempre auténtica, ya que no es sino el signo gráfico con
el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que
se requiere la forma escrita, de tal manera que carece de valor una copia facsi-
-14100 Informe de 1984. Pleno, págs. 312 y 313. Tesis jurisprudencíal 36 del Apéndice 1985,
Pleno.

GARANJiAs DE SEGURIDAD JURíDICA
milar, sin la firma auténtica del original del documento en que la autoridad
impone un crédito a cargo del causante, por no constar en mandamiento debidamente
fundado y motivado".H";'
G. Breve referencia histórica
La observancia de la ley, que traduce esencialmente la garantía de legalidad,
fue uno de los postulados básicos en la vida pública y privada del pueblo
hebreo. Esta sola circunstancia indica que la mencionada garantía de seguridad
jurídica tiene una antecedencia histórica muy remota. Así, cuenta la leyenda
que el Decálogo fue entregado por Jehová a Moisés en el Monte Sinaí
y que este profeta mayor y su hermano Aarón asumieron el compromiso ante
el Señor de observar las prescripciones contenidas en tan importante legislación.
Bien es sabido que en el pueblo hebreo y, en general, entre los pueblos
de la antigüedad, el derecho, la religión y la moral se encontraban confundidos
en un conjunto de normas que, aunque de contenido diverso, eran formalmente
jurídicas. En estas condiciones, el Decálogo fue una especie de ley
[undamental y suprema en Israel, de la cual los legisladores de distintas épocas
de la historia del pueblo judío, derivaban las diferentes leyes que dispersamente
se encuentran en los diversos libros que integran el Antiguo Testamento, tales
como el Deuteronomio y el Pentateuco, entre otros.""2c
El artículo 16 constitucional, por lo que atañe a la garantía de legalidad,
encuentra otro antecedente en la Carta Magna inglesa del rey Juan Sin Tierra
del año de 1215, cuya disposición XLVI, establecía que ningún hombre libre
debía ser aprehendido, destruido, privado de sus posesiones, etc., sino conforme
a la "ley de la tierra", es decir, según el common laur, exigencia que
proscribía la arbitrariedad de las autoridades.
Dicha garantía de legalidad fue corroborada en Inglaterra por diversos
ordenamientos estatutarios, dentro de los que destaca, por su cxhaustividad
en la enunciación de los derechos del gobernado, el famoso "Bill of Rights",
al cual nos referiInos en el capítulo primero de esta obra.
Por otra parte, siendo la consabida garantía de tan amplia extensión
tutelar, puesto que consagra el principio de legalidad mismo, podemos
afirmar, sin hipérbole, que se descubre en todos los ordenamientos escritos
o consuetudinarios históricamente dados, mediante los que se haya sujetado
al poder público a determinadas normas de observancia obligatoria
en beneficio de los gobernados, por lo que no es exagerado sostener que,
a medida que los regímenes estatales evolucionaban hacia su estructuración
jurídica, la citada garantía se afianzaba insensiblemente hasta culminar
su institución definitiva en reglas constitucionales. que dadas su
diversidad y variedad en el tiempo y en el espacio, sería un tanto prolijo
siquiera mencionar.
Así, en la enmienda cuarta a la Constitución Federal Norteamericana, para no
aludir sino a una de tantas reglas, se consignó la garantía de legalidad en los
442bi) Informe de 1982, Tesis JJ4, Segunda Sala.
H2c Cfr. "Deuteronomio", capítulo V y VI.
613

614
LAS GARANTiAS INDIVIDUALES
siguientes térrninos: "No se violará el derecho del pueblo que lo pone a cubierto
de aprehensiones y cateos arbitrarios en sus personas, habitaciones, papeles
y efectos; y no se expedirá ninguna orden sobre esto, sin causa
probable, que lo motive, apoyada en un jurament.o o afirmación, que designe
claramente el lugar que ha de registrarse, y las personas o cosas que hayan de
ser aprehendidas o embargadas."
En México, la multicitada garantía se consagró, con la misma fórmula actual,
en nuestra Constitución Federal de 1857, habiéndose ya instituido desde
la Ley Fundamental de 1824, ordenamiento que en su artículo 152 disponía:
"Ninguna autoridad podrá librar orden para el registro de casas, papeles y
otros efectos de los habitantes de la República, si no es en los casos expresamente
dispuestos por la ley y en la forma que ésta determine".
El j1myecto de Constitución de 1917 no consagró la garantía de legalidad en
la forma expresa como se contenía en el art. 16 de la Constitución de 1857.
posiblemente debido a un inexplicable e injustificado afán de innovación, habiéndose
únicamente instituido un régimen de seguridad jurídica en lo que
c?ncierne a las órdenes de aprehensión, a los cateos y a las visitas domicilianas.
Ahora bien, como el texto del artículo 16 del proyecto constitucional no
impartía. a juicio de los Constituyentes de 16-17, las debidas garamías al gobernado
frente a actos arbitrarios, ya que los actos de autoridad condicionados
por sus disposiciones no se comprendían en un concepto genérico. sino
en tipos específicos y diversos, después de prolongados debates, se opt.ó por
acoger en el precepto definitivo de la Constitución vigente la misma fórmula
implicada en la Ley Suprema de 1857, con lo que se logró situar al gobernado
dentro de un régimen de amplísima y segura protección frente a cualquier
acto autoritario.
11. SEGUNDA PARTE
El artículo 16 constitucional en su segunda parte establece: "No podrá librarse
orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda
denuncia, acusación o -querella de un hecho determinado que la ley señale
como delito sancionado, cuando menos, con pena privativa de libertad y existan
datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable responsabilidad
del indiciado". Dicho precepto agrega que "La autoridad que ejecute una orden
judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez,
sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad", en la inteligencia
de que "La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal" (Párrafos
segundo y tercero del aludido precepto cuyo texto vigente se incorporó
a él mediante reforma constitucional publicada el 3 de septiembre de 1993).
Como se ve, el acto de autoridad condicionado por las diversas garant.ías
consagradas en esta segunda parle del artículo 16 constitucional (orden de
aprehensión), tiene como efecto directo la privación de libertad del sujeto '1/.0
derivada de u.na sente-ncia ju.dil:ial, O sea, la privación libertaria como un hecho
[neuenliuo.

GARANTíAS DE SECURIDAD JURfDlCA 615
A. Exégesis del precepto
a) La primera garantía de seguridad jurídica que encontramos en la segunda
parte del artículo 16 constitucional, es la que concierne a que la orden
de aprehensión o detención librada en contra de un individuo emane de la
autoridad judicial. Este concepto está contenido en el mencionado precepto en
su sentido formal, esto es, que por "autoridad judicial" debe entenderse aquel
órgano estatal que forme parte del poder judicial, bien sea local o federal, según
el caso. Se presenta la cuestión de si la autoridad judicial que deba dictar
la orden de aprehensión o detención contra un sujeto, deba ser también competente.
Sobre este particular, e interpretando gramaticalmente la parte del
artículo 16 constitucional en que dicha idea se involucra, la Suprema Corte ha
sostenido en una ejecutoria que este precepto "no menciona, entre los requisitos
para que se dicte la orden de aprehensión, que la autoridad que la ordene
sea competente, sino sólo que sea judicial, sin perjuicio, naturalmente, de que,
durante el curso de la averiguación, se promueva lo que se estime pertinente
respecto de la competencia" .143
De acuerdo, pues, con el artículo 16 constitucional, toda orden de aprehensión
o detención debe emanar de una autoridad judU:ia1 en el sentido formal del
concepto. Existen, no obstante, dos excepciones o salvedades constitucionales a esta
garantía de seguridad jurídica que son las siguientes:
l.-{;aso de delito flagrante. Esta excepción consiste en que "En los casos
de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo
sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud,
a la del Ministerio Público" (Pfo, 4 'del art. 16). Por delito flagrante o in
fraganti se entiende todo hecho delictivo cuya ejecución es sorprendida en el
preciso momento de estarse realizando o en el supuesto de que su autor sea
perseguido inmediatamente después de comererlo.ns his
44,\ Tomo XXXI. Quinta Época, pág. 1997.
44,\ hi, El artículo 193 de Código Federal de Procedimientos Penales. según reforma publicada
el 8 de febrero de 1999, considera que existe flagrancia cuando:
1. El inculpado es detenido. en el momento de estar cometiendo el deliro:
11. Inmediatamente después de ejecutado el delito. el inculpado es perseguido materialmente
o
111. El inculpado es señalado como responsable por la víctima, algún testigo presencial de
los hechos o quien hubiere participado con él en la comisión del delito. o se encuentre en su
poder el objeto, instrumento o producto del delito. o bien aparezcan huellas o indicios que hagan
presumir fundada mente su participación en el delito; siempre y cuando se trate de un delito
grave, así calificado por la ley, no haya transcurrido un plazo de cuarenta y ocho horas
desde el momento de la comisión de los hechos delictivos, se haya iniciado la averiguación previa
respecr iva y no se hubiera interrumpido la persecución del delito.
En esos casos, el Ministerio Público decretará la retención del indiciado si están satisfechos
los requisitos de procedibilidad y el delito merece pena privativa de libertad, o bien ordenará
la libertad del detenido. cuando la sanción sea no privativa de la libertad o alternativa.
La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior hará penalmentc responsable a quien
decrete la indebida retención y la persona detenida deberá ser puesta de inmediato en libertad.
De decretar la retención. el Ministerio Público iniciará desde luego la averiguación previa
correspondiente. si aún no lo ha hecho.

GARANT(AS DE SEGURIDAD jURiDlCA 619
Siempre hemos sido reticentes a toda reforma constitucional, pues consideramos
que ningún precepto de nuestra Ley Fundamental debe ser alterado
sino en los estrictos casos en que la realidad social de México reclama imperativamente
y por modo inaplazable su modificación o adición. En otras palabras.
toda reforma a la Constitución debe tener una justa causa final. o sea. un
motivo y un fin que realmente responda a los imperativos sociales que la exijan.
Sin esta legitimidad. cualquiera modificación que se introduzca a la Constitución
no sería un mero subterfugio para encubrir. tras la apariencia de una
forma jurídica. todo propósito espurio. antisocial o demagógico.
La norma jurídica positiva traduce una forma o manera de regulación bilateral,
imperativa y coercitiva de múltiples situaciones dadas en el mundo ontológico.
en la objetividad social. Por eso en el Estado existen dos órdenes
fundamentales: el fáctico y el jurídico. entre los cuales debe haber una leal
adecuación, una verdadera correspondencia, de tal suerte que el precepto no
sea sino el elemento formal de ordenación del hecho. Pero la norma de derecho
no sólo debe ser el continente de los muy variados aspectos de la realidad
social. sino que. dada su tendencia valorativa enfocada primordialmente hacia
la consecución de la igualdad y la justicia. debe asimismo consistir en un índice
de modificación social con miras a un mejoramiento o a una superación de
las relaciones humanas dentro del Estado. Si no se atribuyere esa virtud a la
norma jurídica. ésta sería únicamente simple. reflejode la realidad en la que
predominan las desigualdades y las injusticias. que. de esa guisa. serían sancionadas
por el Derecho.
La normación está en razón directa con el objeto o la matería normados
que indicen en distintos ámbitos de la realidad social. de tal manera que
siendo ésta por naturaleza cambiante, el Derecho tampoco ebe ser estático o
inmodificable. Por ende. uno de los atributos naturales de la leyes su reformabilidad,
pero para que una reforma legal se justifique plenamente, debe
propender hacia la obtención de cualquiera de estos dos objetivos: sentar las
bases o principios de un mejoramiento o perfeccionamiento social o brindar
las reglas según las cuales pueda solucionarse satisfactoria y eficazmente un
problema que afecte al pueblo o subsanarse una necesidad pública. Por el
contrario. si la alteración al orden jurídico no obedece a dichas causas finales.
que implican su auténtica motivación real, será patentemente injustificada y
sólo explicable como mera fórmula para encubrir o sancionar, con toda la
fuerza del Derecho, propósitos mezquinos y conveniencias de hombres o grupos
interesados.
La reforma del artículo 16 constitucional. en su segunda parte. importa
una necesidad social que exige. por un lado. la tutela de la libertad persoual
frente a las afectaciones autoritarias que no provengan de un orden judicial. y
por el otro. un término equitativo y razonable para que con el debido desahogo
se pueden desarrollar las funciones del Ministerio Público en la investigación
y persecución de los delitos. cuando sus reales o aparentes autores ya
hubiesen sido detenidos.
El propósito que en esta ocasión abrigamos consiste en sugerir un nuevo
texto para dicho trascendental precepto de nuestra Constitución. A su justificación
propenden las consideraciones que formularemos.
La libertad del hombre, como atributo esencial de su naturaleza, se rcco-

620 l.AS GARANTÍAS INDIVIDUALES
noce en sus primordiales manifestaciones por nuestra Constitución. Pero el
simple reconocimiento de la protestad literaria natural, es decir, su elevación
a la categoría de derecho público subjetivo, del que es titular todo gobernado,
y la obligación correlativa necesariamente existente a cargo de las autoridades
del Estado. serían meras declaraciones constitucionales teóricas o ideales sin la
implantación, en la propia Ley Suprema, de las condiciones llamadas "Garantías
de Seguridad Jurídica". Estas encauzan coercitivamente la libertad personal,
previniendo los casos en que dicha afectación es procedente. Por ello,
dentro del rágimen de derecho establecido por la Constitución, el gobernado
no sólo goza de su libertad natural erigida en derecho substantivo oponible al
poder público, sino que en un ámbito que le asegura que ese derecho no le
puede ser arrebatado ni restringido sino en las situaciones y mediante las exigencias
previstas en los mandamientos constitucionales.
Aludiendo específicamente a la libertad física del hombre, denominada
comúnmente libertad personal o ambulatoria y que se traduce en la situación
negativa de no estar impedido heteróneamente para movilisarse o desplazarse
según sus deseos, o sea, de no estar en cautiverio, nuestra Constitución la asegura
a través de diferentes disposiciones que consigan distintas garantías de
seguridad jurídica, para evitar, tanto su afectación arbitraria por parle de los
órganos del Estado, como su prolongada o indefinida restricción. De ahí que
la Ley Fundamental del país señale los casos en que la libertad personal puede
afectarse, las autoridades que únicamente pueden realizar los actos de afectación
y los plazos en que el sujeto puede permanecer detenido o aprehendido
en las diversas etapas en que se desarrolla el procedimiento originado por la
causa o motivo que provoca la detención o la aprehensión.
Así, la Constitución en su artículo 16, segunda parte, establece, como ya
dijimos, el principio general de que sólo la autoridad judicial puede librar una orden
di! aprehensión o detención y siempre que exista denuncia, acusación o querella
de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal y que
dicha denuncia, acusación o querella estén apoyadas "por declaración, bajo
protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad
del inculpado".
Por su parte, el articulo 21 constitucional atribuye el monopolio de la persecución
de los delitos al Ministerio Público y a la Policía Judicial, que debe
estar bajo su autoridad y mando inmediato; y es evidente que la función pero
secutoria entraña por modo ineludible la función investigatoria tendient.e a
constar la comisión del hecho delictivo y los datos o elementos que hagan probable
la responsabilidad de su autor o autores, para el efecto del ejercicio de
la acción penal ante los tribunales.
Cohonestando los artículos 16 y 21 de la Constitución, es decir, patentizando
la vinculación lógico-normativa que entre ambos existe, las garantías de
seguridad jurídica que respectivamente prevén en favor de la libertad personal,
se manifiestan en las siguientes condiciones para que ésta sea constitucionalmente
afectable: a) la formulación ante el Ministerio Público, de una
denuncia, acusación o querella sobre un hecho que configure un delito castigable
con pena corporal; b] la aportación a allegamiento de los elementos o
datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado; c) la consignación
de las diligencias correspondientes a la autoridad judicial con pedimento de

GARANTfAS DE SEGURIDAD JURÍDICA
orden de aprehensión (ejercicio de la acción penal); d) liberamiento de esta
orden por dicha autoridad, y e) ejecución de la misma por la Policía Judicial.
La conjunción de las condiciones apuntadas demarca la situación constitucional
de la libertad personal frente a su posible afectación por el poder público,
suministrando los principios categóricos siguientes: a) sólo la autoridad
judicial puede ordenar la detención o aprehensión de un sujeto, es decir, ningún
órgano del Estado, distinto de ello, puede detener a aprehender a persona alguna;
b) únicamente el Ministerio Público y lo Policia Judicial que de él dependa, pueden
perseguir los delitos, o sea, desplegar lo [uncí/m investigadora de éstos y de sus autores
tendiente a determinar lo probable responsabilidad del inculpado en que necesariamente
debe basarse lo orden judicial de aprehensión o detención; e) el acto consignativo
ante los tribunales, en que se ejercita la acción penal contra una persona,
nada más incumbe al Ministerio Público, sin que éste pueda, motu propio. detener
o aprehender a nadie.
Es evidente que la función investigadora de los delitos y de sus posibles
autores no está sujeta a ningún término, pues el Ministerio Público o la Policía
Judicial bajo su mando directo disponen de un tiempo indefinido para preparar
debidamente la consignación judicial de una persona, sin que a dicha institucum
social k sea doble restringir ni afectar lo libertad de nadie aunque se trate del
presunto responsable. De ahí que la práctica de formular una consignación ante
la autoridad judicial "con detenido", sea una corruptela contraria a los principios
constitucionales que hemos enunciado, y sobre todo, al que preconiza que
la detención o la aprehensión únicamente debe provenir de dicha autoridad.
Sin ambargo, este último principio adolece de dos excepciones importantes
consignadas en el mismo artículo 16 de la Constitución.t-s
l. La primera de ellas atañe al caso del delito flogrante, o sea, aquél cuyo
autor es arrestado en el momento de estarlo cometiendo o perseguido materialmente
después de haberlo perpetrado. En esta hipóteses. el precepto invocado
faculta a cualquier persona (particular o funcionario) para aprehender al
delincuente y a sus cómplices. con la obligación de ponerlos. sin demora. a
disposición de la autoridad inmediata. misma que, por virtud de sus funciones,
debe ser el Ministerio Público, el cual, precisamente por tratarse de un
delito flagrante, cuyos autores o cómplices ya fueron detenidos. debe hacer
449 El precepto relativo de la Constitución de 57 establecía la posibilidad de que. tratandose
de delito in fraganti, toda persona aprehendida al delincuente y a sus cómplices, "poniéndolos
sin demora a disposición de la autoridad inmediata."
El proyecto de reformas constitucionales de don Venustiano Carranza consignó las dos salvedades
distintas al principio de que toda aprehensión debe provenir de autoridad judicial. y a
las cuales va hemos hecho alusión.
La Comisión dictaminadora, encabezada por el general Francisco J, Múgica, propuso una
salvedad, () sea, la relacionada con el "delito flagrante", suprimiendo la que concierne al "caso
urgente",
Corno no prosperase el punto de vista de dicha comisión, se nombró una segunda. integrada
por el licenciado Paulina Machorro y Narvaéz, licenciado Hilario Medina y el general
Heriberto Jara, entre otros, que restauró las dos salvedades que al mencionado principio contenía
el proyecto de don Venusriano Carranza, habiendo formulado una proposición de la segunda
parte del articulo 16 que también fue rechazada.
Por último, en la sesión del 13 de enero de 1917 se presentó un tercer proyecto que
fue aprobado por 147 votos contra 12. y que se convirtió en el actual precepto de nuestra
Constitución.
621

622 lAS GARANTIAs INDMDUALES
desde luego la consignación judicial respectiva, sin que bajo ningún pretexto deba
retener en su poder a los sujetos aprehendidos, Es obvio, en consecuencia, que en
este caso sí puede pacticarse dicha consignación "con detenido", para que el
juez resuelva su situación jurídica de acuerdo con el articulo 19 Constitucional.
2. La segunda de las excepciones señaladas estriba en que "solamente en ca·
sos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial, tratándose
de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo
su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo
inmediatamente a disposición de la autoridad judicial".
La fórmula constitucional que se acaba de transcribir abre un ilimitado
campo propicio al subjetivismo de las autoridades administrativas, incluyendo
dentro de su tipo funcional y orgánico al Ministerio Público, para atentar contra
la libertad personal de los gobernados. En efecto, la estimación de cuándo
se está en presencia de un "caso urgente" queda al arbitrio de cualquiera autoridad
que pretenda detener a una persona sin orden judicial. Bien es cierto
que el legislador ordinario, en el Código de Procedimientos Penales para el
Distrito Federal (artículo 268), estableció un criterio de calificación de la "urgencia";
pero también es verdad que éste no sólo no eliminó al subjetivismo,
sino que lo reafirmó, al disponer que "existe notoria urgencia para la aprehensión
del delincuente cuando por la hora o por la distancia del lugar en
que se practica la detención no hay ninguna autoridad judicial que pueda
expedir la orden correspondiente y existan serios temores de que el responsable se
sustraiga a la acción de la justicia". Por tanto, es suficiente que cualquiera autoridad
administrativa abrigue estos temores en su insondable fuero interno, para
que por sí y ante sí estime que se trata de un "caso urgente" y proceda a detener
a la persona que, en su concepto, sea la autora de un delito que se persiga
de oficio. Y esta consideración, que pudiere parecer una simple conjetura, se
refleja aguda y gravemente en la realidad, misma que registra con demasiada
frecuencia casos en que, sin orden judicial, se priva a una persona de su libertad
no sólo por funcionarios del Ministerio Público, sino por autoridades administrativas
a las que constitucional y legalmente no incumbe la persecución
de los delitos.
Esta situación real se antoja evidentemente injusta pero no inconstitucional,
pues el artículo 16 prohija el criterio subjetivo y hasta arbitrario de la autoridad
administrativa para determinar la urgencia de un caso y ordenar, por
consecuencia, la detención de una persona, pudiendo afirmarse que, merced
a la salvedad de que tratamos, se vuelve nugatorio el principio general de
que sólo por decisión judicial procede la aprehensión. En otras palabras, al
establecer la excepción de "caso urgente", el artículo 16 constitucional se suicida
en lo que respecta al mencionado principio y prueba de ello es que en
la práctica abundan las consignaciones tardías "con detenido".
No es aventurado sostener que el caso de excepción a que nos referimos
entraña una seria amenaza para la libertad personal de los gobernados, im­
,poniéndose como necesidad inaplazable la reforma al artículo 16 constitucional
a través de la fórmula que lo contempla. Sólo eliminando de este precepto el
subjetivismo que preconiza, se puede conjurar esa amenaza. Las modificaciones
que se sugieren deben señalar limitativamente los casos en que una autoridad
administrativa, incluyendo al Ministerio Público, puede detener a una

GARANTlAs DE SEGURIDAD JURlDICA 623
persona sin orden judicial, substituyéndose con ese señalamiento la expresión
equívoca de "caso urgente". Además, al fijar los casos en que dicha detención
proceda, deben tomarse en cuenta solamente los delitos que dañen o
propendan a dañar a la economía del país, a las instituciones nacionales o a
los intereses de la colectividad, ya que su preservación es de tal manera imperiosa,
que no debe aplazarse hasta que se expida una orden judicial de aprehensión
contra los damnificadores.
3. Dentro de la hipótesis de "caso urgente", el artículo 16 constitucional
impone a la autoridad administrativa aprehensora la obligación de poner inmediatamente
al detenido "a disposición de la autoridad judicial". Este adverbio
excluye todo término, pues significa que tan pronto como se practique la
detención, se consigne al aprehendido ante el juez. Contrariando la lógica, ha
tomado carta de naturalización en nuestro ambiente jurídico la idea de que
la inmediatez a que alude dicho precepto se traduce en el plazo de veinticuatro
horas previsto en la fracción XVIII del artículo 107 constitucional. O
sea, que la autoridad administrativa que detiene a una persona debe ponerla
a disposición de la autoridad judicial transcurrido dicho plazo, lo que equivale
a afirmar que Su consignación no es inmediata a la aprehensión, sino una vez fenecido
ese térmmos»
Ahora bien, conforme al propósito antes enunciado, en el sentido de que
el Ministerio Público puede detener a una persona sin orden judicial en los
casos que de manera específica debe consignar el artículo 16 constitucional,
es evidente que dicha institución estaría imposibilitada para investigar el delito
de que se trate y determinar la probable responsabilidad de su autor o
autores, si estuviese obligada a poner inmediatamente al detenido a disposición de la
450 El licenciado Rigoberto López Valdivia, a través del interesante estudio histórico-legal
que hace en su opúsculo "Ampliación del término de 24 horas a que se refiere la fracción XVIII
del anículo 107 de la Constitución", llega a la misma conclusión, sosteniendo que "el término de
24 horas establecido por el artículo 226 del Código de Procedimientos Penalesde 1894 que reformó
el de 1880, consignado posteriormente en la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución,
no es un término impuesto a las autoridades que tienen que practicar una averiguación penal,
sino para aquellas otras cuya función consiste únicamente en aprehender al reo y ponerlo a disposición
de las autoridades competentes", Pero independientemente de las razones que aduce tan
distinguido jurista para afirmar esta conclusión, lo cierto es que entre la fracción XVIII del artículo
107 constitucional y el artículo 16 de la Ley Suprema o existe una notoria contradicción o ambas
disposiciones tienen un sentido normativo distinto. Si se admite que la autoridad administrativa que detiene
a una persona "en casos urgentes" sin orden judicial debe ponerla "inmediatamente" a disposición
del juez, es obvio que esta obligación la tiene que cumplir "desde luego" que se realiza la
detención (art. 16) y no dentro dtl término máximo dt 24 Iwras (frac. XVIII del arto 107); o sea, que
dicha obligación, conforme al artículo 16, no está sujeta a ningún plazo, mientras que. de acuerdo
con la fracción XVIII mencionada. surge dtspués de fenecido el ciJado lapso de 24 horas (contradicción),
Por otra parte. el artículo 16 impone una terminante obligación a la autoridad administrativa
aprehensora; en cambio. la fracción XVIII del artículo 107. simplemente indica que el que
realice una aprehensión "será consignado a la autoridad o agente de ella". para el único fin de
que se le castigue, si la retención del detenido por más de 24 horas configura algún delito. Además,
dada la pésima redacción de la disposición constitucional últimamente invocada. parece ser
que la c""'ignacióna que alruk se refin" al parlicular que en caso de delilo flagrante haya .delnlido a su autor
o cómplices conforme al onículo 16. pues, équé sentido puede tener la expresión "el que no pusiere
al detenido a disposición de un juez dentro de las 24 horas siguientes?"

624 LAS GARAmíAS INDIVIDUALES
autoridad judicial. Por tanto, las reformas a dicho precepto deben establecer
un término razonable y justo para que, en la hipótesis apuntada, el Ministerio
Público pueda cumplir debidamente su alto cometido constitucional y legal
en la efectiva persecución de los delitos, mediante la práctica de las
diligencias indispensables tendientes a asegurar, ya no el libramiento de una
orden judicial de aprehensión, sino un auto de formal prisión contra el inculpado
o inculpados. Y es que, según se afirmó anteriormente, la tarea persecutoria
que tiene encomendada la citada institución social, comprende no
sólo la determinación delictiva del hecho que ante ella se denuncia o de que
tiene conocimiento. sino el acopio de los datos o elementos que demuestren
la presunta responsabilidad del detenido, misma que será declarada en el
auto de procesamiento que dicte el juez ante quien se formule la consignación
correspondiente. En apoyo de estas consideraciones es dable sostener
que la justicia penal empieza a impartirse en la actuación prejudicial del Ministerio
Público, pues la misión constitucional que tiene asignado no lo convierte en
un obcecado y fatal acusador. Se ha dicho, y con razón, que el Ministerio Público
es una institución de buena fe, y esta buena fe se finca en la capacidad
funcional que tiene para decidir si ejercita o no la acción penal, previa la determinación
del carácter delictivo de un hecho humano y de la presunta responsabilidad
de su autor. En otras palabras, si en la actuación del Ministerio
Público palpita un indiscutible interés social, éste no sólo se manifiesta en el
ejercicio de la acción penal contra los autores de un delito, sino en la abstención
de entablarla cuando carezca de los datos o elementos que demuestren
la presunta responsabilidad del inculpado. Sería una grave aberración
suponer que el Ministerio Público tuviese en todo caso y por modo absoluto
la obligación de consignar ante los tribunales a una persona, si el hecho
imputado a ésta no tuviese el carácter de delito y si no existiesen, aun presuntivamente,
circunstancias que revelaran su aparente o verdadera responsabilidad.
NOOie podria aceptar como válida desde el punto de vista de la justicia, de
la moral o del derecho, la hipótesis de que el Ministerio Público acusara a un inocente
o, al menos, a una persono cuya participación en un hecho delictivo no estuviese
demostrada, pUl!S dicha institución es perseguidora de delitos y no un árgano de venganza
social o individual.
Estas someras reflexiones imponen la necesidad inaplazable de reformar
el artículo 16 constitucional en aquella parte que se refiere a la facultad que
tienen las autoridades administrativas para detener a una persona sin orden
judicial "en casos urgentes". Ya hemos dicho que, en lo que respecta a la estimación
de la "urgencia", el citado precepto consigna un peligroso subjetivismo
autoritario que significa una constante amenaza para la libertad
personal; y por lo que concierne a la obligación de poner "inmediatamente"
al detenido a disposición de la autoridad judicial, es notoriamente impráctico,
desajustado de !a realidad y en esencia violable por los imperativos de la
función persecutoria a cargo del Ministerio Público. Por ello, el artículo 16
constitucional atenta contra la libenad de los gobernados, sujetando ésta al criterio de
la aiuoridad administratiua, e imposibilita el debido y eleuado ejercicio de las atribuciones
de dicha institución social. Ambos defectos deben corregirse para asegurar,
por un lado, la libertad personal y para permitir al Ministerio Público,

626 lAS GARA!'ITÍAS INDIVIDUALES
En los casos de flagrante delito, cualquiera persona puede aprehender al
delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposici6n del Ministerio
Público, y a falta de éste, a la de la autoridad inmediata.
Solamente tratándose de delitos contra la seguridad exterior e interiorde la naci6n,
contra la seguridad pública, contra las uias generales de comunil:aci6n, y contra la salud
públil:a y contra la vida de las personas, podrá laautoridad administrativa, bajo
su más estrecha responsabilidad, decretar la detenci6n de una persona poniéndola, dentro
de las 24 horas siguientes a disposicum del Ministerio Público, quien en todo caso
deberá consignarla aljuez competente en un término de 72 horas o en su defecto ponerla
en inmediata libertad.
La autoridad administrativa o el funcionario del Ministerio Público que retengan
en su poder al detenido una vez transcurridos los plazos señalados en el párrafo anterior,
incurren en las penas que legalmente se establezcan para el delito de abuso de la
autoridad, asi como cuando detengan sin orden judicia! a alguna persona fuera de los
casos que dicho párrafo prevé.
Artículo 19. A este precepto deben incorporarse los dos primeros párrafos
de la actual fracción XVIII del artículo 107 constitucional, mismos que deberán
concebirse en la siguiente forma:
Los alcaides y carceleros que no reciban copia autorizada del auto de formal
prisión de un detenido dentro de las setenta y dos horas que señala el artículo
19, contadas desde que aquél esté a disposición de su juez, deberán
llamar la atención de éste sobre dicho particular en el acto mismo de concluir
el término y si no reciben la constancia mencionada dentro de las tres horas
siguientes lo pondrán en libertad.
El incumplimiento a las disposiciones contenidos en el párrafo que antecede Mee
incurrir a sus infractores en las penas señaladas para el delito de abuso de autoridad
debiéndose consignar inmediatamente a la autoridad competente.
Artículo 107. En atención a que las disposiciones contenidas en su fracción
XVIII se deben incorporar respectivamente a los artículos 16 y 19, pues resultan
extrañas en un precepto que establece los principios básicos del juicio de
amparo, la mencionada fracci6n tiene que suprimirse.
III. TERCERA PARTE
El precepto constitucional que estudiamos dispone en su tercera parte
que: "En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir
y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o
personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente
debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada,
en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del
lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la
diligencia."
El acto autoritario condicionado por las garantías dc seguridad jurídica
involucradas en esta tercera parte del artículo 16 constitucional, estriba en el
cateo, o sea, en el registro o inspección de sitios o lugares con el fin de descu-

GARANTIAs DE SEGURIDAD JURlOICA 627
brir ciertos objetos para evidenciar determinadas circunstancias. de aprehender
a algún sujeto o de tomar posesión de un bien.
a) La primera garantía de seguridad jurídica que condiciona el acto de cateo
estriba en que la orden respectiva debe emanar de autoridad judicial en el
sentido formal del concepto. es decir. de un órgano autoritario constitutivo del
Poder Judicial. bien sea local o federal.
b) En cuanto a su forma. dicha orden debe constar por escrito. por lo que
un cateo ordenado o dictado verbalmente es violatorio de esta tercera parte
del artículo 16 constitucional.
c) La orden de cateo nunca debe sergeneral. esto es. tener un objeto indeterminado
de registro o inspección. sino que debe versar sobre cosas concretamente
señaladas en ella y. practicarse en un cierto lugar. Además. cuando la
orden de cateo lleve aparejado un mandamiento de detención o aprehensión,
la constancia escrita relativa debe indicar expresamente la persona o personas
que han de ser objeto de estos dos últimos actos.
d) Por último. la tercera parte del artículo 16 constitucional contiene, ya no
como meras garantías de seguridad jurídica a que se debe condicionar el cateo.
sino como obligociim impuesta a las autoridades que lo practican. el hecho de
que, una vez concluida la diligencia respectiva, se levantará "un acta circunstanciada.
en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado
o en su ausencia o negativa por la autoridad" que verifique aquélla.
IV. CUARTA PARTE
Mediante reforma de 3 dejulio de 1996 se incorporaron al artículo 16 constitucional
diversas disposiciones tendientes a legalizar la intervención de cualquier
comunicación privada. La práctica de esta intervención. que entraña un
acto de molestia. no requirió, en sana lógica jurídica. la reforma mencionada.
pues la correcta inteligencia del primer párrafo de dicho precepto hubiese
conducido a la conclusión de que la aludida intervención sólo deberla autorizarse
en la legislación secundaria para satisfacer la garantía de fundamentación legal
que ya estudiamos. Sin embargo. pese a esta observación, nos contraeremos a
transcribir los párrafos en que tales disposiciones se contienen:
"Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier
acto que atente contra la libertad y privada de las mismas. Exclusivamente la autoridad
judicial federal. a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del
titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente. podrá autorizar
la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente,
por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además,
el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial
federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de
carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las
comunicaciones del detenido con su defensor.
"Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en
las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos. carecerán de
todo valor probatorio."

628 lA5 GARANTfAS INDIVIDUALES
V. QUINTA PARTE
A. Análisis de las garantías que contiene
Independientemente de las visitas que pueden practicarse en el domicilio
de los gobernados provenientes de órdenes de cateo condicionadas por las garantías
implicadas en la tercera parte del artículo 16 constitucional. este mismo
precepto faculta a las autoridades administrativas para realizar visitas
domiciliarias sin previa orden judicial. Es la práctica de estas visitas el acto que
está. condicionado por las garantías de seguridad jurídica contenidas en el último
párrafo del artículo 16 constitucional. que dispone: "La autoridad administrativa
podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de
que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición
de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado
las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casosa las leyes respectivas y
a las formalidades prescritas para los cateas."
La permisión constitucional de las visitas domiciliarias practicables por la
autoridad administrativa. se establece únicamente bajo la circunstancia de que
dichos actos tengan por objeto la constatación del cumplimiento o incumplimiento
de los reglamentos de policía y buen gobierno por parte de los particulares
o del acatamiento o desobediencia de las disposiciones fiscales.
De conformidad con esta disposición de nuestra Ley Suprema. el Departamento
del Distrito Federal. dentro de esta circunscripción y las autoridades de
la administración local en las entidades federativas. están facultados para penetrar
a establecimientos industriales o mercantiles, y aun a domicilios particulares.
sin orden judicial. con el fin exclusivo de cerciorarse de la aplicación
u observancia efectivas de los diferentes reglamentos que regulan las diversas
actividades económicas a que pueden dedicarse los gobernados. Por ende.
cuando dichas autoridades realicen o pretendan realizar visitas o inspecciones
domiciliarias sin que éstas tengan el fin específico precitado. surge una evidente
violación al último párrafo del artículo 16 constitucional. por cuanto
que se contraviene la garantía de la exclusividad en el objetivo de dichos actos,
los cuales sólo en atención a éste están constitucionalmente permitidos.
Las autoridades fiscales, bien sea federales o locales, tienen facultad
constitucional para exigir la exhibición de libros y papeles con el fin también
exclusivo de comprobar el cumplimiento o el incumplimiento de las disposiciones
legales en materia tributaria, por lo que toda exigencia autoritaria que
carezca de dicha finalidad es inconstitucional.
Al llevarse a cabo por las autoridades administrativas tales actos de fiscalización
respecto de los reglamentos de policía y buen gobierno y leyes fiscales
en general. debe observarse el principio de legalidad, desde el momento en que
aquéllos no se deben realizar según el arbitrio de la autoridad inspectora, sino
de conformidad con las disposiciones legales respectivas (reglamentos administrativos
y leyes fiscales en general. según el caso).
Las visitas domiciliasias a que alude el artículo 16 constitucional y que equivalen
a las inspecciones que puede practicar toda autoridad administrativa para

GARANTIAS DE SEGURIDAD JUIÚDlGA 629
constatar en cada caso concreto la observancia de los reglamentos gubernativos
o los ordenamientos de carácter fiscal, no sólo no deben estar precedidas
por orden judicial alguna, sino ni siquiera por ningún mandamiento escrito. En
efecto, éste implica una garantía formal en los términos de dicho precepto
de nuestra Constitución que condiciona, según lo hemos afirmado, todo acto de
molestia, o sea, toda afectación o perturbación que experimente un gobernado
en los diversos bienes jurídicos que integren su esfera particular (persona,
domicilio, papeles, familia y posesiones). Ahora bien, la simple inspección o
visita domiciliaria no producen tal fenómeno, puesto que su objetivo únicamente
consiste en establecer si se cumplen o no las leyes tributarias o los reglamentos
gubernativos, sin que por ello y por sí mismas causen agravio o
perjuicio alguno al gobernado cuyo negocio sea visitado o inspeccionado. Por
tanto, no siendo las consabidas inspecciones o visitas actos de molestia, no deben
supeditarse a la expresada garantía formal, en cuya virtud, sin previo mandamiento
escrito, pueden practicarse. Además de tener que sujetarse a los
ordenamientos que las rijan, tales visitas o inspecciones deben hacerse constar
en una "acta circunstanciada" o sea, en un documento en que se asienten todas
las circunstancias o hechos pertinentes, de naturaleza objetiva o real, que
supongan o indiquen la inobservancia o el cumplimiento a la ley fiscal o al reglamento
gubernativo de que se trate, en la inteligencia de que, sin la constancia
de dichas circunstancias o hechos, las apreciaciones subjetivas de los
inspectores de la autoridad administrativa carecen de validez. Las actas de inspección,
por otra parte, deben levantarse en presencia de dos testigos propuestos
por la persona cuyo establecimiento o negocio se visite o inspeccione, testigos
que, debiendo firmar el documento respectivo, pueden ser designados por el
inspector en ausencia o por negativa del particular interesado, lo cual debe
asentarse en las mencionadas actas. Si la práctica de las diligencias de inspección
administrativa arroja como resultado la infracción al reglamento gubernativo
o a la ley fiscal de que se trate, la autoridad que corresponda debe
hacer cumplir tales ordenamientos mediante las decisiones o resoluciones que
procedan (multa, clausura del establecimiento, imposición de obligaciones de
hacer o de dar, etc.) y como dichos actos entrañan sendas molestias en cualquiera
de los bienes jurídicos a que se refiere el artículo 16 constitucional en
su primera parte, deben estar condicionados a las garantías de seguridad jurídica
que ésta contiene y que ya hemos estudiado (mandamiento escrito dirigido
al particular afectado o que se le dé a conocer, competencia constitucional
de la autoridad que lo expida y expresión de los fundamentos legales que
apoyen el acto de molestia de que se trate, así como de los motivos de aplicación
respectivos).
Hemos afirmado que la visita domiciliaria en los términos de las disposiciones
conducentes del artículo 16 constitucional, no es un acto de molestia y,
en general, de autoridad, por lo que no debe estar condicionada a las garantías
que este precepto consagra en su primera parte. Ahora bien, en atención
al objetivo propio y natural que persiguen las visitas domiciliarias que practican
los agentes de la autoridad administrativa, con apoyo en los resultados
que arrojen se deben imponer al dueño o poseedores del lugar, comercio o

630 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
industria visitados las sanciones que prevean las leyes o reglamentos respectivos
y que pueden consistir, según dijimos, en multa o clausura del negocio de
que se trate, principalmente. Debiendo tener dichas sanciones como antecedente
imperativo constitucional la visita domiciliaria correspondiente. el acta
en que ésta se haga constar debe satisfacer todos los requisitos que establece el
artículo 16 constitucional en su tercera parte. Por tanto, sin que la mencionada
acta cumpla con tales requisitos, el acuerdo que con base en ella imponga
cualquier sanción, será violatorio del invocado precepto en virtud de estar
afectado por un vU:W inconstitucional de origen, aunque en sí mismo acate las
exigencias del mandamiento escrito, de autoridad competente y de la garantía
de legalidad que consagra el artículo 16 de la Constitución en su primera parte,
que ya estudiamos.
La Suprema Corte, a través de su Segunda Sala, ha sostenido la anterior
consideración, pudiendo consultarse el criterio respectivo en las ejecutorias
que a continuación señalamos:
"La visita de inspección. en sí misma considerada es ineficaz para surtir efectos legales.
si dicha visita de inspección se realizó sin presencia de testigos como expresamente
lo exige el artículo 16 constitucional."451
"Aunque la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal no exige la
presencia de testigos en el levantamiento de actas de visitas domiciliarias. en los términos
del artículo 133 de la Constitución Federal de la República esta propia Constitución
es la ley suprema de toda la Unión que por lo mismo debe ser acatada en todas
las funciones gubernativas."452
"Paraque las actas de visitas domiciliarias practicadas por la autoridad administrativa,
con objeto de comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, tengan validez
y consecuentemente eficacia probatoria en juicio es menester que, conforme a lo
dispuesto por el articulo 16 constitucional contengan los requisitos que señalan las leyes
respectivas y además se levanten en presencia de dos testigos propuestos por el
ocupante del lugar visitado o, en su ausencia o negativa. por la autoridad que practique
la diligencia."453
"El articulo 16 de la Constitución Federal de la República exige que las actas que
se levanten con motivo de visitas domiciliarias deben estar suscritas por dos testigos
que hubieran intervenido en tales visitas; en consecuencia, al carecer dichas actas del
requisito constitucional aludido. no tienen valor alguno, aunque se hayan levantado
por autoridad competente."04
"Por mucho que en la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia
Económica no se mencionen o precisen ningunos requisitos que deben llenar los ins-
451 Revisión fiscal 47/60, Leonor Carter Amaber. 7 de julio de 1960.5 votos. Ponente: Felipe
Tena Ramlrez. Tomo XXXVII, Segunda Sala, pág. 128. Sexta Época. '
452 Amparo en revisión 6,012/50, Félix Rojas Mendoza. 17 de agosto de 1960.5 VOtos. Ponente:
Felipe Tena Ramírez. Tomo XXXVIII, Segunda Sala, pág. 100. Sexta Época. En el mismo
sentido, la ejecutoria que aparece publicada en el tomo XXXIII, Segunda Sala, pág. 42, de la Sexta
Época.
45S Revisión fiscal 219/59, Maria Encarnación .Schultz. 1 2 de marzo de 1961.5 votos. Relator:
Rafael Matos Escobedo. Tomo XLV, Segunda Sala, pág. 9. Sexta Época. En igual sentido. la
ejecutoria publicada en el tomo XUIJ. Segunda Sala, pág. 123, de la misma Sexta Epoca.
454 Revisión fiscal 429/59, Jesús Sánchez Rubio. 27 de octubre de 1961. Mayoría de 3 votos.
Ponente: Octavio Mendoza González. Tomo LIJ. Segunda Sala, pág. 173. Sexta Época.

GARANTfAs DE SEGURIDAD JURlDICA 631
pectores relativos en las visitas de inspección que practiquen, ello es completamente
irrelevante. ante la circunstancia de que dicha ley, en sus disposiciones debe estar supeditada
en todo a lo que establezca la Constitución General de la República, la que
en su artículo 16 prevé los requisitos que deben llenar las visitas de inspección. Si del
acta relativa no aparece que se hubiere dado cumplimiento a tales requisitos. resulta
que dicha acta es inepta para fundamentar una multa impuesta y confirmada por la
Dirección General de Precios, ya que esta multa' no se encuentra debidamente fundada
y motlvada."455
El criterio contenido en las ejecutorias invocadas se ha elevado a la categoría
de tesis jurisprudencia/, en las que se sostiene: "Para que las actas relativas
a las visitas domiciliarias practicadas por la autoridad administrativa
tengan validez y eficacia probatoria en juicio, es necesario que satisfagan la
exigencia establecida por el artículo 16 constitucional consistente en haber
sido levantadas en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del
lugar visitado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la
diligencia."156
Es más, la misma Segunda Sala de la Corte ha reiterado el anterior criterio
jurisprudencial mediante la tesis corroborativa que especifica claramente
cuáles son los requisitos constitucionales que debe satisfacer toda
visita domiciliaria, dicha tesis, que también es jurisprudencial, establece lo
siguiente:
"De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional las órdenes
de visita domiciliaria expedidas por autoridad administrativa deben satisfacer
los siguientes requisitos: l.-Constar en mandamiento escrito; 2.-Ser
emitida por autoridad competente; 3.-Expresar el nombre de la persona reSpecto
de la cual se ordena la visita y el lugar que debe inspeccionarse; 4.-El
objeto que persiga la visita; y 5.-Llenar los demás requisitos que fijan las leyes
de la materia. No es óbice a lo anterior lo manifestado en él sentido de
que las formalidades que el precepto constitucional de mérito establece se refieren
únicamente a las órdenes de visita expedidas para verificar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales pero no para las emitidas por autoridad
administrativa, ya que en la parte final del párrafo segundo de dicho artículo
se establece, en plural, .....sujetándose en estos actos a las leyes respectivas
y a las formalidades prescritas para los careos" y evidentemente se está refiriendo
tanto a las órdenes de visitas administrativas en lo general como a las
específicamente fiscales, pues, de no ser así, la expresión se habría producido
en singular".4!S6 bis
455 Amparoen revisión 2.515/55. Industria Nacional Qufmico-Farmacéutica, S. A de C. V.
2 de marzo de 1960.5 votos. Tomo XXXIII, Segunda Sala. págs. 42 Y43. En el mismo senrido. la
ejecutoriaque obra en el tomo LII, Segunda Sala, pág. 173. Sexta Época.
456 Cmnpikuión 1917·1965, tesis 265 y tesis 548 del Apbuliu 1975, Segunda Sala.
Esta tesis jurisprudencia! se reitera extensivamente en las que aparecen publicadas en los
números 217 y siguientes del Informe de 1981 de la misma Sala. Idem, tesis 420 del Apindiu
1985, Segunda Sala.
456 bis Informe de 1985, tesis JO, Segunda Sala.

632 lAS GARANTfAs INDIVIDUALES
B. Las visitas domiciliarias y los cateas
Aunque el artículo 16 constitucional establece, según hemos dicho, que las
visitas domiciliarias deben practicarse con sujeción a las formalidades prescritas
para los cateas, entre ambas figuras existen claras diferencias, que especificamos
a continuación.
l. El cateo y la visita domiciliaria tienen objetivos diferentes. Aquél tiene
por finalidad inspeccionar algún lugar, aprehender a alguna persona o buscar
algún objeto, debiendo la orden respectiva precisar el sujeto y la materia del
cateo. La visita domiciliaria es una diligencia que persigue únicamente el cercioramiento
de que "se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía",
así como "la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar
que se han acatado las disposiciones fiscales" (párrafo undécimo de dicho precepto).
.
2. La orden de cateo sólo la puede expedir un juez o tribunal, en tanto que la
autoridad administrativa puede decretar la visita domiciliaria.
3. En el ámbito fiscal, la visita domiciliaria únicamente tiende a que el visitado
(persona física o moral) exhiba, es decir, muestre, al visitador "libros y
papeles" que sean indispensables, esto es, rigurosamente necesarios, para demostrar
el cumplimiento de las disposiciones fiscales.
4. La orden de visita, que siempre debe ser escrita y.estar dirigida al visitado,
no puede decretar la exhibición de documentos de cualquier índole que
no se relacionen indispensablemente con el objeto constitucionol de dicha diligencia, sin
que tampoco pueda determinar la clausura de archivos, muebles, escritorios, etc., que se
ubiquen en el lugar visitado.
5. La referida orden no debe contener ningún despacho de secuestro o embargo
ni de "congelacum" o aseguramiento de cuentas, inversiones o depósitos bancarios o de
otra naturaleza.
6. El visitador debe contraerse a inspeccionar los papeles y libros que revise
en el lugar de que se trate, sin poder sustraerlos de éste, levantando un acta circunstanciada
de la diligencia respectiva en la que tiene derecho a intervenir el
visitado.
7. Dicha acta debe ser firmada por dos testigos que el visitado proponga
y en caso de ausencia o negativa de éste, su nombramiento debe hacerlo el
visitador.
8. Con apoyo en la mencionada acta, la autoridad fiscal competente puede
tomar la decisión que corresponda frente al visitado, dictando la resolución
correspondiente que debe contenerse en un mandamiento escrito que se le dirija
y en que se invoquen los preceptos legales que funden dicha decisión y se
expongan los motivos que justifiquen su sentido.
Las anteriores reglas no expresan sino el espíritu y la exégesis del artículo
16 constitucional en lo que a las visitas domiciliarias respecta. Cualquier ley
que conceda a la autoridad más facultades que las que ésta limitativamente
tiene conforme a dicho precepto, será inconstitucional, participando de este
vicio los actos aplicativos correspondientes y su ejecución.

GAIlANTÍAS DE SEGURIDAD JUR1DICA
VI. SEXTA PARTE
Por Decreto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, previo el
procedimiento formal instituido en el artículo 135 de la Constitución, el texto
del anterior articulo 25 constitucional se incorporó al articulo 16 de la Ley Suprema.
Dicho texto proclama la libertad de circulación de la correspondencia, misma que
estudiamos en el Capítulo Quinto de esta obra, a cuyas consideraciones nos
remitimos.
VII. SÉPTIMA PARTE
Mediante el mismo Decreto aludido, el anterior artículo 26 constitucional
se incorporó al artículo 16 de la propia Constitución, al que se agregó, con él,
el último párrafo, mismo que dispone que: "En tiempo de paz, ningún miembro
del Ejército podrá alojarse en casa particular, contra la voluntad del dueño, ni
imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir
alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca
la ley marcial correspondiente". Como se ve, esta disposición constitucional
contiene sendas garantías de seguridad jurídica para dos hipótesis
generales, a saber: para el caso en que exista la paz, esto es, para una situación
normal, y para el caso en que México se vea envuelto en una guerra, sea
extranjera o intestina.
a) En el primer caso, se consigna como garantía la inviolabilidad del domicilio
privado contra las autoridades militares que pretendan ocuparlo o
habitarlo, en el sentido de prohibir a éstas alojarse en él. Este precepto
confiere el derecho al gobernado de oponerse, si es posible por medio de la
violencia física, a cualquier intento de ocupación que hagan los militares respecto
de su casa particular. Por otra parte, dicha disposición de la Ley Suprema,
en el caso de que venimos tratando, corrobora la garantía de seguridad
jurídica contenida en el artículo 5 constitucional, párrafos primero y segundo,
al impedir que cualquier miembro del Ejército, en tiempo de paz, obligue
a ninguna persona a prestar trabajos de cualquier especie, sin su voluntad.
Según Lozano, este precepto de la Ley Fundamental proscribe la práctica
de las "levas", que consistía en "enrolar" a gente en el Ejército sin su consentimiento.
La garantía de que en tiempo de paz ningún miembro del Ejército puede
imponer prestación alguna al gobernado, se encuentra complementada con
las disposiciones categóricas que contiene el artículo 129 constitucional. Según
este precepto, ''ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que
tengan exacta conexión con la disciplina militar". Este mandamiento implica que la
autoridad militar está impedida para desempeñar actos de gobierno, es decir,
imperativos y coercitivos, que no se relacionen directamente con sus atribuciones
inherentes y propias; de tal suerte que ninguna persona puede ser afectada
en sus bienes jurídicos por ningún órgano o miembro del Ejército, salvo
633

634 lAS GARANI1AS 'NDMDUALFS
que los actos de afectación respectivos incidan estrictamente dentro del ámbito
de la disciplina militar. Si en el orden jurisdiccional los tribunales militares
no pueden extender su competencia a sujetos que no pertenezcan al instituto
armado, conforme lo prevé el artículo 13 que ya estudiamos, en el orden administrativo
tampoco la autoridad militar tiene bajo su potestad de imperio a
las personas no militares. De ello se colige que, si cualquier miembro del Ejército,
aprovechando la fuerza de que dispone, pretende realizar un acto de autoridad
frente a un civil motu proprio, o proteger o auspiciar una situación que
no se vincule estrechamente con las funciones militares, no sólo actúa sin
competencia, sino cometiendo un delito de lesa Constitución.
Es, por tanto, el artículo 129, semejante al artículo 122 de la Constitución
de 57, el precepto que, en unión del 13 y del 16, último párrafo, ha venido a
proscribir de nuestro régimen jurídico el nefasto militarismo que por muchos
años padeció la Nación. Conforme a tales disposiciones constitucionales, el
Ejército ha quedado circunscrito a su esfera propia y natural: la de ser el guardián
de las instituciones políticas, jurídicas y sociales del país, el garante de la
paz pública y el defensor de la soberanía nacional, sin que pueda desempeñar
funciones de gobierno, que incumben a las autoridades civiles dentro de su
respectiva órbita competencial. "Cuidar de la paz y de la seguridad pública,
administrar la justicia y la hacienda, reprimir los crímenes y delitos; en fin,
gobernar la sociedad, decía el ilustre don Ponciano Aniaga, son atribuciones
de la autoridad que obra a nombre de la ley; la leyes la expresión de la voluntad
popular, y los juncionanos militares 1UUÚl tienen que hacer, por sí y ante sí, si
no es requeridos, mandados o autorizados por las potestades civiles, en todos los negocios
que no tengan íntima y directa conexión con In disciplina de obediencia que es su
primuiua ley. "456<
b) En el segundo caso, esto es, cuando se trate de tiempos de guerra, la
disposición que comentamos faculta a los militares para exigir de los gobernados
ciertas donaciones (bagajes, alimentos) o prestaciones en general en
forma gratuita y aun en contra de la voluntad de los mismos. Sin embargo,
esta facultad no está exenta de garantías de seguridad jurídica establecidas
en el propio precepto constitucional. En efecto, la exigencia de las mencionadas
prestaciones o donaciones en favor de los militares, debe apoyarse y
normarse en y por una legislación especial que al efecto se dicte o se haya
dictado, es decir, la ley marcial, que constituye o constituiría parte integrante
de la legislación de emergencia en general, que el Ejecutivo Federal puede
dictar con fundamento en el artículo 29 de la Ley Suprema. Por ende, un
militar no puede motu proprio exigir el cumplimiento de prestaciones o donaciones
gratuitas y obligatorias a ningún gobernado civil en ausencia de norma
alguna que lo faculte o sin sujetarse a lo que ésta disponga en caso de
que la hubiere, lo cual no es sino la confirmación del principio de legalidad
de los actos autoritarios, que aún rige en casos de emergencia tan graves
como es la guerra.
456 e Voto de 22 de enero de 1857. Inserto en la Crónica del Congreso Constituyente, de zarco.

636 LAS GARANTÍAS lNDMDUALES
De la garantía de seguridad de que tratamos, el gobernado deriva directamente
un derecho subjetivo público, consistente en la facultad de oponerse
jurídicamente a cualquier autoridad estatal que pretenda privarlo de su libertad
a virtud de una deuda civil contraída a favor de otro sujeto. La obligación
que se establece para el Estado y sus autoridades, emanada también
de dicha garantía, estriba en la abstención que éstos contraen en el sentido de
no privar al titular del derecho subjetivo correlativo (gobernado) de su libertad
por una deuda que no provenga de un hecho calificado expresamente
por la ley como delictivo.
b) La segunda garantía de seguridad jurídica que descubrimos en el artículo
17 constitucional consiste en que "ninguna persona puede hacerse justicia
por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho". En
términos estrictos, esta disposición constitucional no contiene una garantía
individual propiamente dicha. En efecto, ésta, según aseveramos en otra ocasión,'57
se traduce en una relación jurídica existente entre el gobernado por
un lado y el Estado y sus autoridades por otro, en virtud de la cual se crea
.para el primero un derecho subjetivo público y para los segundos una obligación
correlativa, conceptos ambos que hemos explicado oportunamente.
Pues bien, la prevención constitucional de que tratamos, en realidad no sólo
no establece para el gobernado ningún derecho subjetivo ni para el Estado y
sus autoridades una obligación correlativa, sino que impone al sujeto dos deberes
negativos: No hacerse justicia por su propia, numo y no ejercer violencia, para
reclamar su derecho. Además, de esta obligación negativa, el artículo 17 constitucional,
en la parte que comentamos, contiene tácitamente para los gobernados
un deber positivo, anexo a aquélla, y que estriba en acudir a las
autoridades estatales en demanda de justicia o para reclamar sus derechos.
No comparte esta opinión el doctor Roberto L. Mantilla Molina, y aludiendo expresamente
a nuestro pensamiento expone: "Y no es exacto que el artículo 17 por sí mismo
imponga a los gobernados dos deberes negativos; a lo menos, no se los impone con el
carácter de deberes jurídicos. Pues para que el hacerse justicia por propia mano acarree
una sanción, o para que ésta se imponga por el ejercicio de la violencia, es necesario
una norma jurídica, diversa del precepto constitucional, que así lo establezca. Al
particular que, con el propósito de hacer valer un derecho, invada una propiedad ajena,
o penetre sin el consentimiento del arrendatario en los locales que tiene arrendados,
o tome por sí mismo el bien que había confiado en depósito y cuya restitución se
le niega, etc., se le impondrá una sanción no con base en el artículo 17 de la Constitución,
sino con base en el precepto del Código Penal que castiga el despojo de inmuebies,
el allanamiento de morada, el robo, las lesiones, etc. Por último, y aunque esto
quizá nos aleje de nuestro tema, debemos notar que tampoco es exacta la afirmación
de Burgoa de que además de esta obligación negativa el artículo 17 constitucional en la
parte que comentamos 'contiene tácitamente para los gobernados un deber positivo,
anexo a aquélla, y que estriba en acudir a las autoridades estatales en demanda de jus-
incumplimiento del mismo implica la consumación o continuación de la conducta fraudulenta; y
que, si no preexiste dicho engaño o aprovechamiento a_la celebración del contrato, su incumplímiento
entraña una cuestión meramente civil, por euyo motivo el incumplidor no puede ser privado
de su libertad conforme al precepto constitucional que comentamos. (Cfr. tesis 2. Sala
Auxiliar, Informe de 1985.)
457 Véase capítulo 11.

GARANT1AS DE SEGURIDAD JURIDlCA 637
licia o para reclamar sus derechos'. es evidente que el titular de un derecho puede abstenerse
de reclamarlo. y que la persona a quien la ley le da una acción en juicio. puede
abstenerse de ejercitarla, sin que ni en un caso O en otro pueda decirse que tiene el deber
positivo de reclamar su derecho o de ejercer su acción."458
Consideramos que nuestro impugnador na tiene razón. En efecto, de la relación
jurídica que entraña la garantía individual, según hemos aseverado reiteradamente, se
deriva en favor de todo gobernado un derecho subjetivo público, y a cargo de toda autoridad
del Estado la obligación correlativa. La simple lectura del artículo 17 constitucional
nos advierte que la imposibilidad de "hacerse justicia por sí mismo" y de
"ejercer violencia para reclamar un derecho" no implica de ninguna manera un derecho.
sino una obligación negativa. es decir. de no hacer o de abstenersede hacer. Esta
conclusión nos parece tan clara que no acertamos a comprender por qué Mantilla Molina
sostiene lo contrario, o sea, que tal obligación "es un derecho", aseveración que
por sí misma viola el principio lógico de no contradicción. Por otra parte, si nadie,
esto es, ningún gobernado, debe desacatar dicha obligación negativa, es evidente
que, para obtener justicia y el respeto y observanciade sus derechos subjetivos, tiene que
acudir a las autoridades del Estado competentes para conseguir las mencionadas finalidades.
En otras palabras, si alguna persona quiere ejercitar cualquier acción contra
otra, lo que depende de su voluntad, debe acudir a los tribunales, lo que implica ineluctablemente
un deber, que es precisamente al que nos hemos referido y que objeta
el citado jurista. Por último, el hecho de que el artículo 17 constitucional no prevea
ninguna sanción por infringir la obligación negativa que establece a cargo de todo gobernado,
no excluye tal obligación, cuyo incumplimiento puede traducirse en la perpetración
de los delitos que señala Mantilla Molina. Sería contrario a la índole de la
Constitución que ésta previese las sanciones en que incurran quienes la ínobservasen,
ya que, en esta inadmisible hipótesis, saldrían sobrando todos los ordenamientos secundarios,
entre ellos, primordialmente, el Código Penal. Esta observación nos parece
tan obvia, que sería innecesario aducir diversos ejemplos de distintas disposiciones
constitucionales que establecen obligaciones y prohibiciones sin fijar expresamente
sanción o pena alguna para su incumplimiento o transgresión.
La obligación constitucional que incumbe a toda persona de ocurrir a las
autoridades del Estado que corresponda en petición de justicia o para hacer
respetar sus derechos, constituye el elemento opuesto a la llamada uíndictaprivata
imperante en los primeros tiempos de la Edad Media, bajo cuya vigencia
cualquier individuo, sin la intervención de ningún órgano estatal, podía reclamar
por sí mismo su derecho a sus semejantes, haciéndose justicia por su propia
mano.
No debe confundirse la prohibición constitucional de que tratamos con el
legítimo derecho a defenderse frente a una agresión. Dicha prohibición se
funda moral y socialmente en la ilicitud de la venganza privada y de la coacción
para reclamar un derecho efectivo o supuesto, así como el desiderátum de
mantener la paz dentro de la sociedad. El llamado "derecho del más fuerte" o
el "derecho de la fuerza", en el que se traduciría la contravención a la citada
prohibición, están absolutamente proscritos de toda comunidad civilizada. Por
tanto, el artículo 17 constitucional vigente, similar al artículo 17 de la Constitución
de 57, no hace sino atribuir el carácter de antijurídica a dicha ilicitud
moral y social, como consecuencia de la evolución de la humanidad.
4.58 Cfr, el artículo intitulado "Sobre el Artículo 17 Constitucional", publicado en la JUvista
tú la Faad/ad tú Derecño, tomo VlII. 31·32, págs. 141 a t59.julio-diciembre de 1958.

638 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALF.S
Por el contrario, el derecho a defenderse contra cualquier agresión, consiste
en la potestad lícita y natural de todo hombre para repeler un ataque
que ponga en peligro su vida, es decir, "en afrontar con nuestros elementos
de fuerza individual y privada un peligro presente que amenaza nuestra persona
o nuestros intereses"."" Es más, ese derecho, ejercitado dentro y bajo
ciertas condiciones, configura una "excluyente de responsabilidad penal",
cuyo estudio rebasaría los lindes temáticos de esta obra.459bis
c) El propio artículo 17 constitucional dispone en tercer lugar que "los
tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los plazos y términos
que fije la ley". La garantía de seguridad jurídica establecida en favor
del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades
judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de
administrar justicia, teniendo, en consecuencia, la obligación de sustanciar y
resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados
por las leyes procesales respectivas. La obligación estatal que se deriva de
esta garantía de seguridad jurídica es eminentemente positiva, puesto que las
autoridades estatales judiciales o tribunales tienen el deber de actuar en favor
del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga
en forma expedita de conformidad con los plazos procesales. Es
más, el hecho de que un juez se niegue a despachar un negocio pendiente
ante él, bajo cualquier pretexto, aun cuando sea el de oscuridad o silencio
de la ley, constituye un delito de abuso de autoridad (fracción V del artículo
214 del Código Penal).
La última parte del artículo 17 constitucional consagra la manera gratuita
de desempeñar la función jurisdiccional. En vista de esta declaración, ninguna
autoridad judicial puede cobrar a las partes remuneración alguna por el servicio
que presta, lo que traduce en la prohibici!m constitucional de las costas judiciales.
Esta manera gratuita de prestar el servicio público jurisdiccional no
siempre ha existido como garantía de las partes en juicio. Antiguamente los
jueces tenían el derecho de percibir honorarios por la función que desempeñaban,
tal como en la actualidad sucede con los árbitros, lo cual propiciaba
la mercantilización de la justicia, desnaturalizándola,
Las anteriores prescripciones constitucionales tienen un remoto antecedente,
pues ya en el Deuteronomio se establecía lo siguiente: "Establecerás jueces
y maestros en todas tus puertas, que el Señor Dios tuyo te diere en cada
una de las tribus: para que juzguen al pueblo con justo juicio. Sin inclinarse
a alguna de las partes. No serás aceptador de personas, ni de dádivas: porque
las dádivas ciegan los ojos de los sabios, y trastornan las palabras de los
459 MON11ll y DUARTE, Isidro. Esludio sol"., las Garantías lndividualts, pág. 401.
459bis Entre los hebreos. como es bien sabido, existía la "ley del talión", que se expresaba en
las siguientes f6nnulas: "ojo por ojo. diente por diente. mano por mano, pie por pie" y "Quebradura
por quebradura, ojo por ojo. diente por diente restituirá: cual fuere el mal que hubiere hecho,
tal se le obligará a sufrir" (ÉxodfJ. Capítulo XXI, Versículo 24. LtvUuo. Capítulo XXIV.
Versículo 20). La ley del talión no significaba que el ofendido pudiese tomar venganza por sí mismo
contra el ofensor sin la intervención de ningún tribunal, sino que, a modo

GARANTlAs DE SEGURIDAD JUIÚDICA 639
justos. Administrarás. la justicia con rectitud; para que vivas y poseas la tierra,
que el Señor Dios tuyo te diere."45ge
EL ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL
a) Este precepto dispone en su primera parte: Sólo por delito que mereua
pena corporal habrá lugar a prisión preventiva.
La disposición transcrita está en íntima relación con la segunda parte del
artículo 16 de la Constitución, que hace factible la orden judicial de aprehensión
o detención sólo cuando se trate de un delito que se castigue legalmente
con pena corporal.
La aprehensión o detención de una persona es e! acto que origina la
privación de su libertad. Esta privación se manifiesta en un estado o situación
que se prolonga, bien durante e! proceso penal propiamente dicho, o
bien hasta la compurgación de la pena corporal impuesta por sentencia ejecutoria.
En e! primer caso, el estado o situación privativos de la libertad personal
se traduce en la prisión preventiva, la cual obedece, no a un fallo en el
que se haya estimado a una persona como penalmente responsable de la
perpetración de un delito, sino a la orden judicial de aprehensión o al hecho
de que e! detenido o aprehendido quede a disposición de la autoridad
judicial, por una parte, o al auto de formal prisión que, como condición sine
qua non de todo juicio penal, prevé el artículo 19 constitucional, por la otra.
Aunque es este proveído el que estrictamente implica e! comienzo de la
prisión preventiva, ésta en realidad se inicia desde que la persona detenida o
aprehendida queda a disposición de! juez. Por ende, puede afirmarse que la
prisión preventiva comprende dos periodos, a saber: 1) aquél que empieza
en el momento en que e! sujeto queda bajo la autoridad judicial, bien sea
por efecto de la orden de aprehensión o de su consignación por el Ministerio
Público, y que abarca hasta e! auto de formal prisión o el de libertad por
falta de méritos; y 2) e! que comienza a partir de dicho auto de formal prisión
hasta que se pronuncie sentencia ejecutoria en el juició motivado por el
hecho delictivo de que se trate.
En síntesis, la prisión preventiva, en sus dos periodos indicados, se manifiesta
en la privación de libertad que sufre e! sujeto desde que es aprehendido
por mandato de! juez o puesto a disposición de éste, hasta que recae
sentencia ejecutoria en el proceso respectivo, duración que se refiere, naturalmente,
al caso en que se haya dictado auto de formal prisión, pues de lo
contrario dicha privación únicamente tendría lugar desde la aprehensión
hasta la resolución judicial de libertad por ausencia de méritos.
Generalmente, la prisión preventiva comienza, pues, con la aprehensión
de la persona proveniente de una orden judicial en los términos del artículo
16 constitucional. Consiguientemente, al hablar de la procedencia de la prisión
preventiva se debe constatar previamente la constitucionalidad de la orden
de aprehensión y viceversa, es decir, ésta, además de reunir los
requisitos constitucionales que marca el artículo 16 de nuestra Ley Funda-
459 e Deuuronomío capítulo XVI, versículos 18 y 20.

640 lAS GARANTíAs INDIVIDUALES
mental, debe supeditarse a las condiciones exigidas por el artículo 18 de este
ordenamiento supremo, en el sentido de que sólo puede aprehenderse a un
sujeto cuando el delito que se le imputa sea sancionado con pena corporal. Así
lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte en los siguientes términos:
"Si el hecho que se imputa al acusado no merece pena corporal, la
orden de aprehensión que se libre en su contra, importa una violación al aro
tículo 16 constitucional" y "para que proceda una orden de aprehensión, no
basta que sea dictada por la autoridad judicial competente en virtud de denuncia
de un hecho que la ley castiga con pena corporal, sino que se requiere,
además, que el hecho o hechos denunciados puedan realmente constituir
ese delito que la ley castigue con pena corporal; y el juez de distrito debe
hacer un estudio de las circunstancias en que el acto fue ejecutado, para dilucidar
si la orden de captura constituye o no violación de garantías".'60
De acuerdo con esta última tesis jurisprudencial, que corrobora la circunstancia
de que una orden de aprehensión, además de tener que reunir
los requisitos del artículo 16 constitucional, debe llenar el del artículo 18 de
la Ley Suprema, no es suficiente que a un determinado acto se le designe
bajo la denominación técnico-legal de un delito que sea castigado con pena
corporal para procederse a la captura de una persona, sino que es menester
que los hechos materiales realmente encuentren su tipificación delictiva como
infracción penal dotada de dicha sanción, para lo cual el juez de distrito tiene
facultad determinativa.
La pena corporal debe estar consignada exprofeso por la ley para el delito
de que se trate. Dicha consignación debe estar hecha en forma cunjuntiva
con otra u otras especies de sanciones. Por ende, cuando la ley asigne a un
hecho delictivo una pena alternativa, esto es, sin que la corporal se provea
conjuntamente con otra sanción de diversa índole, verbigracia, la pecuniaria,
no tiene lugar la prisión preventiva y, en consecuencia, no procede constitucionalmente
la orden de aprehensión en los términos del artículo 16 constitucional,
ya que faltaría el requisito establecido por el artículo 18 de la Ley
Suprema. Tratándose de penas alternativas, la jurisprudencia de la Suprema
Corte ha asentado que: "Si el delito que se imputa al acusado lo castiga la
ley con pena alternativa, pecuniaria o corporal, la orden de aprehensión que
se libre es violatoria del artículo 16 constitucional.t'wi
En síntesis, la prisión preventiva, su acto inicial que es la orden de priva.
ción de libertad en los términos del artículo 16 de la Ley Suprema, y el auta
de fonnal prisión, deben obedecer, en cuanto a su procedencia constitucional,
a la circunstancia de que la ley asigne al delito de que se trate una pena corporal,
bien aisladamente, o bien en forma conjuntiva con otra sanción.' 62
460 Apéndice al tomo CXVII, tesis 742 y Apéndice al tomo CXVIll. tesis 723. Tesis 198 de
la Compilación 1917-1965, tesis 208 del Apéndice 1975, Primera Sala, klem, tesis 87, NOlJt7UJ Parle, del
Apéndice 1985.
•61 Apéndice al lomo CXVllI, tesis 727.1tkm, tesis 202 de la Compilaci6n y 211 del Apéndice
1975, Primera Sala. ídem, Apéndice 1985, Novena Parle, tesis 89. Tesis 230 del Apéndice 1995, Materia
Penal.
462 El estudio exhaustivo de la prisión preventiva configura una temática que rebasa los limites
del artículo 18 constitucional. Ene precepto, según lo hemos visto, s6lo declara su proce-

GARAmiAs DE SEGURIDAD JURlDICA 641
b) Como garantía de seguridad jurídica propia de la realización material
de la prisión preventiva. el artículo 18 constitucional establece que el sitio en
que ésta tenga lugar "será distinto del que se destinare para la extinción de
las penas", debiendo estar ambos lugares separados. La razón de esta disposición
es evidente. puesto que la prisión preventiva y aquélla en que se traduce
la extinción de una pena privativa de libertad, obedecen a causas
distintas. En efecto, mientras que la prisión preventiva no es una sanción que
se impone al sujeto como consecuencia de la comprobación de su plena responsabilidad
en la comisión de un delito. la privación de la libertad como
pena tiene como antecedencia sine qua non una sentencia ejecutoria en la que
dicha responsabilidad esté demostrada en atención a los elementos probatorios
aportados durante el periodo de instrucción. La prisión preventiva. a diferencia
de la prisión como pena, no es sino una medida de seguridad
prevista en la constitución que subsiste en tanto que el individuo no sea condenado
o absuelto por un fallo ejecutorio que constate o no su plena responsabilidad
penal. Por ende, atendiendo a la diversa naturaleza de ambas
privaciones de libertad, éstas deben ejecutarse en diferentes sitios, en los que
imperen distintas condiciones de reclusión.
e) El segundo párrafo del artículo 18 constitucional contiene una prevención
concerniente al objetivo de la imposición de las penas, en el sentido de
que éstas deben tender. en cuanto a la forma de extinguirlas por diversos
conductos. a la regeneración del delincuente, o sea, a su readaptación social
siguiendo en este punto la doctrina moderna del Derecho Penal y los principios
de la criminología.«
Dice así el citado párrafo del articulo 18 constitucional: "Los gobiernos de
la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas
jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y
la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las
mujeres compugnarán sus penas en lugares separados de los destinados a los
hombres para tal efecto.?«
dencia general y fundamental. Por ello, nos abstenemos de examinar pormenorizadamente dicha
figura procesal penal, pues su tratamiento no corresponde al contenido de este libro. Recomendamos
ampliamente la importante y bien documentada monografia del doctor Sergio Carda Romi­
Tez intitulada: "El Articulo 18 Consíinuional: prisión prromliva, sistema penitenciario, menores
infractores", publicada en el afio de 1967 por la Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación
de Humanidades.
463 Sobre estos temas, consúltese la obra de Garcla Ramírez ya señalada en la nota inmediata
anterior.
464 El párrafo transcrito provino de la reforma que se practicó a consecuencia de una iniciativa
presidencial de 22 de septiembre de 1964 y a la que las Cámaras de Diputados y Senadores
introdujeron algunas modificaciones para quedar conforme al texto que reprodujimos, y previa su
aprobación por la mayoría de las legislaturas de los Estados de acuerdo con la prevención contenida
en el artículo 135 constitucional. El segundo párrafo de dicho artículo lB, antes de la mencionada
reforma, disponía lo siguiente: "Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán, en
sus respectivos terruorios, el sistema penal -c-colonias, penitenciarias o presidios- sobre la base del
trabajo como medio de regeneración." Como se ve, la reforma consistió en substituir el concepto
de "territorios" por el de 'Jurisdicciones", lo que desde el punte de vistajurídico es más acertado,
pues el "territorio" como base geográfica del "Gobierno de la Federación" comprende toda la
República, incluyendo, obviamente, a los diferentes "territorios" de los Estados. circunstancia que

642 lAS GARANTíAS INDIVIDUALES
d) El tercer párrafo del artículo 18 de la Constitución previene que: "Los
gobernadores de los Estados, sujetándose a lo que establezcan las leyes locales
respectivas, podrán celebrar con la Federación convenios de carácter general,
para que los reos sentenciados por delitos del orden común extingan su condena
en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal."..,
Esta disposición establece, no una obligación, sino una mera potestad para
los gobernadores de los Estados de celebrar los convenios a que alude, sujetando
su ejercicio a la legislación de cada entidad federativa, cuya "soberanía"
o autonomía por este motivo no se lesiona. Atendiendo a la generalidad que
deben tener tales convenios, es decir, a la circunstancia de que no deben contraerse
a un solo individuo ni a un grupo determinado de personas, puede
afirmarse que la disposición que comentamos encierra una verdadera facultad
legislativa en favor de los gobernadores de los Estados desde el punto de vista
material, o sea, que las convenciones que éstos concierten con la Federación
asumirán la naturaleza de ley, para formar parte de la legislación penal de
cada entidad federativa. Tomando en cuenta los supuestos constitucionales sobre
los que dichos convenios pueden celebrarse, éstos no pueden pactarse en
relación con los procesados, o sea, con aquellos sujetos que aún no hayan sido
condenados por sentencia ejecutoria, es decir, jurídicamente inimpugnable, ni
respecto de delitos que no sean del orden común, como los oficiales o los políticos,
verbigracia. Debemos subrayar que por "reos sentenciados" debe entenderse
a aquellas personas contra las que ya se hubiese dictado un fallo de
la Justicia Federal, en vía de amparo directo, que les haya negado la protección
contra la sentencia definitiva que les imponga una sanción penal privativa
de libertad y que se hubiese impugnado por violaciones cometidas en ella
misma, decidiendo sobre la responsabilidad delictiva. Dicho de otra manera,
el "reo sentenciado" no es aquél contra quien ya se haya pronunciado una
sentencia que sea ejecutoria según la legislación adjetiva penal correspondiente,
sino el sujeto que, habiendo reclamado en juicio de amparo directo y por contravenciones
de fondo el fallo definitivo dictado por las autoridades judiciales
respectivas, no hubiese obtenido la protección federal. Ahora bien, como tal
reclamación puede promoverse en cualquier tiempo, según jurisprudencia de la
se prestaba a innumerables equivocas: en cambio, la idea de 'Jurisdicción" equivale a la de "competencia"
entre las autoridades federales y las locales. sustentada sobre el principio proclamado
en el artículo 124 constitucional. Además. el trabajo como base de la readaptación social (regeneración)
del delincuente. se agregaron la capacitación para el mismo y la educaci6n como medios
para lograr esta finalidad. adícionándose la disposición de que la compurgacién de las penas para
hombres y mujeres deberá realizarse en sitios separados. Las razones que justifican la reforma a
que nos referimos se expresan en los dictámenes que sobre la consabida iniciativa presidencial se
rindieron en ambas Cámaras legisladoras por las Comisiones de Puntos Constitucionales. Gobernación
yJusticia, fechados los días 12 de octubre y 2 de noviembre de 1964. respecto de la Cámara
de Diputados, y de 13 de noviembre del mismo año por cuanto a la de senadores. Como tales
razones inciden en el ámbito del Derecho Penal y de la criminología, es decir, rebasan la esfera
estrictamente jurídico-constitucional, nos remitimos a su exposición.
465 Este párrafo se adicionó en los términos a que nos referimos en la nota inmediata
anterior. '

GARANTíAs DE SEGURIDAD JURíDICA 645
compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de
propiciar su integración a la comunidad como forma de readaptación social."
EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL
Una de las primordiales garantías de seguridad jurídica en materia procesal
penal es el auto de formal prisión o de prisión preventiva que sólo puede
dictarse por delitos que se sancionen con pena corporal según lo preceptúa el
artículo 18 de la Constitución y al que hicimos referencia. La importancia de
dicho auto, que en puridad jurídica debiera llamarse "interlocutoría" porque
resuelve una controversia previa entre el iniciado y el Ministerio Público, estriba
en que el proceso penal debe seguirse forzosamente por el delito o delitos
señalados en él como lo dispone el artículo 19 constitucional en su
segundo párrafo. Esta determinación enfática implica que la sentencia que en
dicho proceso se pronuncie no debe fundarse en hechos diferentes de los que
hubiesen integrado el corpus de los delitos por los que se haya dictado el auto
de formal prisión, aunque sí pueda variar la clasificación delictiva. En otras
palabras, la expresión "Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o
delitos señalados en el auto de formal prisión", se refiere a los hechos delictuosos
en él determinados pero no a su clasificación legal.
El auto de formal prisión, según se deduce el primer párrafo del artículo
19 constitucional, debe satisfacer requisitos de fondo y requisítos de forma. Así lo
La adición transcrita suscita varios problemas de carácter jurídico. cuya trascendencia y
gravedad la hacen impracticable. En efecto, en el caso de que se trasladaran al país a delincuentes
mexicanos que se encuentren compurgando alguna pena en el extranjero, se daría a las
sentencias condenatorias respectivas efectos extraterritoriales, para cuya ejecutividad habría
previamente que determinar si los delitos materia de la condena estuviesen tipificados como
tales en la legislación mexicana, y si durante el proceso respectivo se hubiesen observado las
garantías equivalentes a nuestras garantías constitucionales consagradas principalmente en los
artículos 14, 16, 18, 19,20 y 22. En el supuesto de que estas condiciones no se satisficiesen, el solo
hecho de que el reo condenado por tribunales extranjeros penelre al territorio nacional, produciría
su inmediata libertad, pues no puede admitirse que ninguna persona purgue en México
una condena que se hubiese decretado contrariamente a nuestra Constitución y a nuestras leyes.
De análoga manera, como todo extranjero es titular de los derechos subjetivos públicos
derivados de las garantías individuales, resultada que si en el país de su origen y nacionalidad
no gozasen de similares derechos, al trasladarlo se violarían las mencionadas garantías.
Por otra parte, aunque el intercambio de reos se estableciese en algún tratado internacional,
éste carecería de validez jurídica en el supuesto de que auspiciara o permitiera la citada
violación, tanto en perjuicio de los delincuentes nacionales como de los extranjeros. Así, el artículo
15 de la Constitución, que ya estudiamos en esta misma obra, prohíbe la celebración de
tratados o convenios internacionales en los que se afecten las garantías del gobernado, independientemente
de

646 LAS GARANTíAs INDIVIDUAU:S
ha considerado la jurisprudencia de la Suprema Corte al establecer que "Para
dictar un auto de formal prisión, son indispensables requisitos de fondo y
forma que la Constitución señala; y si faltan los primeros, esto basta para la
concesión absoluta del amparo; pero si los omitidos son los de forma, la protección
debe otorgarse para el efecto de que se subsanen las diferencias relativas".470

GARA1"ITiAs OE SEGURIDAD JURfOlCA 647
judicial que conozca el juicio correspondiente diversas obligaciones y prohibiciones
a título de requisitos constitucionales que debe llenar todo procedimiento
criminal.
Las garantías de seguridad contenidas en el artículo 20 de nuestra Ley
Fundamental son, a su vez, objeto de normación de los ordenamientos adjetivos
en materia penal;"" en otras palabras, tanto el Código Federal de Procedimientos
Penales como los diversos códigos penales procesales locales
reglamentan los mencionados preceptos.
Atendiendo a esta circunstancia, y por constituir las garantías insertas en
el artículo 20 de la Constitución elementos procesales en materia penal, en
realidad el estudio de su contenido desde los diferentes puntos de vista
doctrinal, exegético-legal, jurisprudencial e histórico, pertenece a la disciplina
jurídica denominada Derecho Procesal Penal. En vista, pues, de que no corresponde
al estudio que venimos realizando el análisis de dichos elementos o requisitos
del procedimiento penal, deliberadamente nos abstenemos de
abordar su examen.'" Sin embargo, no podemos soslayar una importante reforma
introducida a dicho artículo 20 publicada el3 de septiembre de 1993 en lo concerniente
al derecho que todo indiciado tiene de obtener su libertad provisional
bajo caución. El precepto anterior exigía, para este efecto, que el delito no estuviese
castigado con una pena mayor de cinco años de prisión como término
medio aritmético. En cambio, por virtud de tal reforma ya no se exige este requisito
bastando, para obtener dicho beneficio, garantizar el monto estimado
de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que puedan imponerse
al inculpado y no se trate de delitos en que por su gravedad la ley expresamente
prohíba otorgar la mencionada libertad.
Por reforma publicada el 3 de julio de 1996 se volvió a modificar dicho artículo
20 Constitucional en los términos en que nos permitimos transcribir.
..1. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional
bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley
expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud
471 Entre los derechos constitucionales de todo acusado a que se refiere el artículo 20 de
la Ley Fundamental. figura destacadamente el que concierne a la libertad provisional bajo caución
previsto en la fracción 1 de este precepto. El estudio de dicha libertad lo ha emprendido con
todo acierto y exhaustividad Teodoro Escalona Bosada, en la monografta respectiva. publicada
en el año de 1968 bajo el rubro "La libertad Provisional Bajo Caudón", cuya consulta sobre dicho
terna recomendamos ampliamente, así como la dc la obra de Jesús Zamora Pierce, intitulada
Garantías y Proceso Penal, Segunda edición, publicada por Editorial POITÚa en 1987.
Dicha fracción f se reformó por decreto Congresional y de acuerdo al artículo 135 constitucional.
publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 14 de enero de
1985. El texto de dicha reforma conserva, en substancia, la mencionada e importante garantía
de seguridad jurídica, y a cuyo contenido nos abstenemos de hacer referencia por rezones ya
expresadas.
472 La justificación de la inserción en el artículo 20 constitucional de garantías que conciernen
al indicado y al procesado. la pone de manifiesto con toda atingencia el doctor juventino
v. Castro, quien afirma: "La razón por la cual tanto nuestra Constitución como la de muchos
otros países mencionados principios fundamentales en materia penal. se debe -ya hemos insistído
suficientemente en elo-c-, al hecho de que esta disciplina está relacionada íntimamente con la
vida, la libertad, las propiedades y otros derechos vitales del individuo, los cuales en el pasado
fueron desconocidos por los soberanos. motivando el que las clases gobernadas materialmente
arrancaran reconocimientos protectores de tales derechos. empeñándose tales grupos en que se
plasman en la más alta disposición legal que rige en un país.

648 LAS GARMniAS INOIVIl)UALES
del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado
haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por
la ley 0, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la
libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias
y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.
El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado.
En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el
monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá
tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características
del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales
a su cargo; los daños)' perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria
que, en su caso, pueda imponerse al inculpado.
La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad
provisional;"472 bis
La reforma a que acabamos de aludir incurre en el mismo vicio que la de
1993 en el sentido de suprimir el criterio de la penalidad para determinar la
gravedad de un delito, pues ambas propiciaron el subjetivismo legislativo en
cuanto al señalamiento caprichoso de calificar los delitos como "graves" y "no
graves". Tratándose del fraude, verbigracia, éste ya no se considera "grave"
por el monto de lo defraudado, aunque represente sumas muy cuantiosas.
Tal subjetivismo se reitera, por otra parte, y en cuanto a los delitos "no
graves", al dejarse al arbitrio del Ministerio Público y del juez la estimación
del "riesgo" en la conducta de su autor "para el ofendido o para la sociedad",
sin que esta impredecible facultad esté normada por la ley, lo que se antoja
contrario a la garantía de juridicidad instituida en la primera parte del artículo
16 constitucional que ya analizamos.
Por último, debemos agregar que por Decreto congresional publicado el 21 de
septiembre de 2000 se adicionó el artículo 20 constitucional con un apartado, el
R, que consagra diversos derechos a favor de la víctima u ofendido por un delito y
cuyo texto es el siguiente:
1. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los del-echos que en su favor establece
la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrolle el procedimiento penal.
ll. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o e1emcnros
de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso,
y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia,
deberá fundar y motivar su negativa;
lJl. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica)' psicológica de urgencia;
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente el Ministerio PÚ-
4721Ji. Sobre la naturaleza de la libertad provisional bajo caución la Primera Sala de la Suprema
Corte ha establecido el siguiente criterio: "La libertad provisional bajocaudón establecida tm. el
artículo 20, fracción 1 de la Constitución Federal, es un derecho sustantivo o fundamental del gobenuulo, y
no una cuestión meramente adjetiva o procesal, porque además de estar consagrada COJIW tal en la Carta
Magna, involucra U1W de ws derechos sustantivos más preciados del hombre, como es su libertad, y la afectaciÓII
que produce su negativa, no es susceptible de ser reparada, (llmque el interesado obtuvierauna sentencia
absolutoria; y, por ende, le es aplicable la excepción contenida en el artículo 14 constitucional, en cuanto
a la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo, en este caso, del indiciado, procesado o sentenciado;
lo que significa que al resolver sobre el derecho de referencia se debe aplicar la ley más benéfica para aquél,
)'fl sea fu vigente al momento en que se cometió el ilícito, si éstapermuía que se otorgara dicho beneficio, o
bien, la vigente en la época de emisióndel acuerdo respectivo, si estaúltima le es másfaoorabíe. " (Tesissostenida
el 24 de Enerode 2001).

GARAtVTíAS DE SEGURIDAD JURíDICA 649
blico estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver
al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación
del daño.
V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores dc edad, no estarán obligados a
carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En
estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y
VI. Solicitarlas medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.
EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL
En este precepto descubrimos las garantías específicas de seguridad jurídica
siguientes:
a) La primera de ellas consiste en que la imposicurn de las penas es propia y
exclusiva de la autoridad judicial. Esta disposición constitucional asegura al individuo
el derecho subjetivo en el sentido de que ninguna autoridad estatal, que no sea
la judicial, puede imponerle pena alguna, esto es, ninguna sanción de las que,
verbigracia, conceptúa como tal el artículo 24 del Código Penal. Esta garantía
de seguridad jurídica engendra para los órganos autoritarios formalmente administrativos
o legislativos la obligación negativa, en aras del gobernado, consistente
en no imponerle ninguna sanción que tenga el carácter de pena en los
términos de los diversos ordenamientos penales substantivos.
La imposición de las penas, o sea, de las sanciones que como tales están
reputadas en el artículo 24 del Código Penal para el Distrito Federal, así
como en los distintos cuerpos de leyes imperantes en las diferentes entidades
federativas sobre esa materia jurídica, es, pues, una función que está reservada
a las autoridades judiciales con exclusión de todo órgano autoritario de
cualquiera otra Índole.
Para los efectos del artículo 21 constitucional, se entiende por "autoridades
judiciales" aquéllas que lo son desde un punto de vista formal, es decir,
constitucional o legal. En otras palabras, un órgano del Estado tiene el carácter
de judicial cuando integra o forma parte, bien del Poder Judicial Federal, de
acuerdo con la Ley Suprema y la Ley Orgánica respectiva, o bien del Poder
Judicial de las diferentes entidades federativas, de conformidad con las distintas
leyes orgánicas correspondientes. Por ende, no obstante que una autoridad
formalmente administrativa desempeñe una función jurisdiccional (corno
sucede, verbigracia, con las Juntas de Conciliación y Arbitr'\ie), está impedida
para imponer pena alguna. por no tener el carácter de "judicial" en los términos
expresados con antelación.
Además de que el acto impositivo de una determinada pena debe emanar
de una autoridad judicial, esto es, reputada legal o constitucionalmente corno
integrante del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales locales,
en sus respectivos casos, debe ser la consecuencia del ejercicio de lafunci6n
jurisdiccional desplegada por dichos órganos. En otros términos, las
autoridades judiciales deben imponer las penas una vez que hayan resuelto el
conflicto jurídico previo planeado ante ellas y aplicado, como consecuencia de
dicha resolución, la norma que contenga la sanción penal tjuris-dictio; dicción
del derecho). Naturalmente que el desarrollo de la función jurisdiccional por
las autoridades judiciales, que culmina con la imposición de una pena o con
la absolución dictada en favor del procesado, debe desplegarse conforme a las

650 LAS GARAN'ríAS INllJVmUALES
exigencias de las garantías de seguridad jurídica contenidas en el artículo 14
constitucional. El ejercicio de la función jurisdiccional, como medio procesal
para la aplicación de una sanción penal por las autoridades judiciales, ha sido
considerado como tal por la Suprema Corte en una tesis cuya parte conducente
dice: HA los jueces penales toca recibir las acusaciones, recoger las pruebas,
calificar, en vista de ellas, el grado del delito, pesar las circunstancias
excluyentes, atenuantes o agravantes y examinar la responsabilidad de los
acusados. Si ellos se limitaran a aplicar las penas que solicita el Ministerio Público,
abdicarían de su facultad de juzgar: dejarían de ser ellos quienes impusieran
las penas que, como lo ha querido la Constitución, deben ser aplicadas
deliberada y conscientemente, y no de modo automático, como resultaría si,
por el solo pedimento del representante de la sociedad, el juez estuviera obligado
a decretar la pena solicitada. "473
En síntesis, la imposición de las penas está condicionada a dos requisitos
fundamentales: a) que sea llevada a cabo por la autoridad judicial concebida
ésta en los términos apuntados con antelación, y b) que sea el efecto o la consecuencia
del ejercicio de la función jurisdiccional desplegado por dicha autoridad
y traducido en "decir el derecho" en el caso concreto de que se trate,
mediante la resolución de un conflicto previo producido por el hecho delictivo.
b) La garantía de seguridad jurídica que estriba en que la imposición de
las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, adolece de una importante
excepción constitucional, en el sentido de que Compete a la autoridad
administrativa la aplicacién. de sanciones por las infracciones de los reglamentos
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta
por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le
hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no
excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor fuese jornalero,
obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe
de su jornalo sueldo de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados,
la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.v> bis
Como se ve, las autoridades administrativas tienen facultad constitucional
para "sancionar" las infracciones que se cometan a los reglamentos gubernativos
y de policía, es decir, para imponer las sanciones pecuniarias y corporal a
que se refiere la disposición t.ranscrita de nuestra Ley Fundamental.
Puede suceder que las citadas infracciones tengan el carácter de flagrantes.
En este caso, los agentes de la autoridad administrativa deben concretarse a
presentar al infractor ante el órgano administrativo que corresponda, con el
objeto de que ése le imponga la sanción prevista en el reglamento infringido.
La autoridad administrativa debe respetar las garantías de audiencia y de legalidad
que respectivamente se consagran en los artículos 14, segundo párrafo,
y 16, primera parte, de la Constitución, en el sentido de brindar al presunto
afectado la oportunidad de defenderse contra la imputación de los hechos infractores
y de presentar, si es posible, pruebas para desvirtuarlos, debiéndose
decretar la sanción con estricto apego al ordenamiento reglamentario de que
se trate y con base en tales hechos. La observancia de la garantía de audiencia,
que indiscutiblemente no debe estar sujeta a los formalismos inherentes a
473 Apéndice al torno L, pág. 289.
473bisTexto actual por reforma publicada el 3 de febrero de 1983.

GARAiVTÍAS DE SEGURIDAD .JUR(DICA 651
un proceso propiamente dicho, se impone a toda autoridad administrativa
encargada de sancionar las infracciones reglamentarias, garantía cuyo acatamiento
es obligatorio sin excepción para todas las autoridades del país, según
lo ha establecido la Suprema Corte en las tesis que con anterioridad invocamos;
y por lo que atañe al cumplimiento de la garantía de legalidad instituida
en la primera parte del artículo 16 constitucional, el acto impositivo de la
sanción debe estar fundado en el reglamento cuya infracción se atribuya al
afectado y motivarse en los hechos materia de la infracción, pues la jurisprudencia
ha sostenido que tales autoridades "deben fundar debidamente sus determinaciones,
citando la disposición municipal, gubernativa o de policía cuya
infracción se atribuye al interesado" y que "SI no cumplen con tales requisitos
violan las garantías consignadas en el artículo 16 de la Constitución't.s?"
Ahora bien, ¿qué se entiende por reglamento gubernativos y de pnlicEa? Es un
principio jurídico general el de que un reglamento tiene como antecedente
necesario una ley, la cual es precisamente el objeto de su pormenorización
preceptiva. En otras palabras, el reglamento es materialmente una ley, o sea,
un acto jurídico creador, modificativo o extintivo de situaciones abstractas e
impersonales, que expide la autoridad administrativa para dar bases detalladas
conforme a las cuales deban aplicarse o ejecutarse las leyes propiamente
dichas. En estos términos, pues. el reglamento presupone la existencia de una
ley específica. La facultad reglamentaria con que está investido el Presidente
de la República por nuestra Constitución, se encuentra contenida en la fracción
1 del artículo 89, que dice: "Promulgar y ejecutar las leyes que expida el
Congreso de la U nión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia."
Esta disposición constitucional, como se puede fácilmente colegir,
otorga al Ejecutivo Federal la facultad de expedir reglamentos tendientes a
hacer observar, dentro de la esfera administrativa, las leyes dictadas por el
Congreso de la Unión.
Sin embargo, existen otros reglamentos, los cuales ya no especifican o
pormenorizan las disposiciones de una ley pre-existente para dar las bases
generales conforme a las que ésta deba aplicarse con más exactitud en la realidad,
sino que porsí mismos establecen una regulación a determinadas relaciones
o actividades. Ahora bien, aunque tales reglamentos no detallen las disposiciones
de una ley propiamente dicha, ésta debe autorizar su expedición para
normal' Jos casos o situaciones generales que tal autorización comprenda. En
otras palabras, si la ley establece una cierta normación a través de sus diferentes
disposiciones, al Presidente de la República incumbe la facultad reglamentaria
para pormenorizar éstas mediante reglas generales, impersonales y
abstractas a fin de lograr en la esfera administrativa su exacta observancia en
los términos del artículo 89, fracción 1, de la Constitución. en cuyo caso se
está en presencia de los llamados reglamentos ñeteronomos, los que para tener
validez jurídica, no deben rebasar el ámbito de las prescripciones legales reglamentadas.
Estos reglamentos, evidentemente, no son de policia ni gubernativos,
por lo que no están comprendidos dentro de lo preceptuado por el
artículo 21 constitucional.
Por otra parte, y según lo acabamos de decir, la ley puede por sí misma
474 Compilación 1917·1965, tesis 32: tesis 419 del APéndice 1975, Segunda Sala. ldem, tesis
380 del Apéndice 1985. APéndice 1995, Tesis 85 y 86, Materia Admínísmuíua.

652 LAS GARANlÍAS INDIVIDUALES
no establecer ninguna regulación, sino contraerse a señalar los casos generales
en que se faculte al Presidente de la República o a los gobernadores de los
Estados, dentro del Distrito Federal o de la entidad federativa correspondiente,
para formular su reglamentación. Ésta, por ende, no se revela como por·
rnenorización de disposiciones legales preexistentes, sino como normacum per
se simplemente autorizada por la ley, normación que se implica en los llamados
reglamentos autónomos que son precisamente los de policía y gubernativos
aludidos en el citado precepto de nuestra Constitución.
Ahora bien, dhasta qué punto puede una ley autorizar la reglamentación
administrativa sin que haya delegación de facultades legislativas en favor del
Presidente de la República que sea contraria a los artículos 29 y 49 constitucionales?
En otros términos, ¿cuáles son las materias en que constitucionalmente
es dable que una ley se contraiga a autorizar los llamados "reglamentos autó­
IlOl110S", es decir, los gubernativos y de policía?
En el orden federal el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas
expresas consignadas en la Constitución de la República para expedir leyes
en las diversas materias a que ésta se refiere. Por tanto, en tales materias es
dicho organismo el que debe establecer la norrnación correspondiente, sin
que pueda desplazarse esta facultad legislativa en favor del Presidente de la
República fuera de los casos contemplados por los artículos 29, 49 Y 131
constitucionales. Dicho alto funcionario está habilitado, conforme al artículo
89, fracción 1, de nuestra Ley Suprema, para pormenorizar la norrnación que
se contenga en las leyes expedidas por el Congreso de la Unión a través de
Jos regiamentos correspondientes, sin que éstos tengan el carácter de reglamentos
de policía y gubernativos. Dicho de otra manera, cualquier reglamentO
sobre alguna materia que esté comprendida del ámbito legislativo federal
del Congreso de la Unión, no puede tener dicha naturaleza. En conclusión,
en el orden federal no pueden existir reglamentos gubernativas ni de policía, sino sólo
ordenamientos que traduzcan una pormenorización de las leyes expedidas
por dicho Congreso.s'" Suponer lo contrario equivaldría a admitir los siguientes
fenómenos inconstitucionales: a) delegación de facultades legislativas en
favor del Presidente de la República fuera de los casos previstos por los articulos
29, 49 Y 131 de la Ley Fundamental (es decir, si el Congreso de la
Unión se abstiene de normal' por sí mismo las diferentes materias de su competencia
federal, autorizando simplemente a dicho funcionario para regularla);
b) invasión por parte del Presidente de la República de la esfera
competencial del Congreso de la Unión con quebranto del principio de la separación
de poderes, en caso de que, sin estar autorizado por dicho organismo,
expida reglamentos sobre las materias Q1ya ordenación incumbe a éste;
e) usurpación de las facultades reservadas a las autoridades de los Estados con
violación al artículo 124 constitucional, en la hipótesis de que el Poder Ejecutivo
Federal reglamente por sí mismo materias cuya regulación no corresponda
al Congreso de la Unión por no tener éste facultades expresas consignadas
475 De esta afirmación está excluido el caso a que se refiere el artículo 27 constitucional
en su párrafo quimo y conforme al cual el Ejecutivo Federal tiene facultad para reglamentar la
extracción y utilización de las aguas del subsuelo cuando lo exija el interés público, teniendo tal
reglamentación el carácter de autónoma, autorizada simplemente por la Ley Fundamental.

654
/
LAS GARAl\'TÍAS INDIVIDUALES
I
quiera de dichos objetivos mediante actos administrativos propiamente tales o
a través de actos rnateriahnente legislativos, o sea abstractos. generales e impersonales,
los cuales no son otros que los reglamentos gubernativos y de policía.
Estos, en consecuencia, tienen como materia de regulación cualquier actividad
o situación que esté vinculada directamente con alguno de los mencionados
objetivos gubernamentales. pudiendo establecerse, en la normación
reglamentaria, obligaciones o prohibiciones a cargo de los particulares. cuyo
no cumplimiento o cuya transgresión signifiquen sendos obstáculos para la
obtención de cualquiera de las citadas finalidades de interés colectivo. Quedan,
por ende, fuera de la órbita material de los reglamentos gubernativos y
de policía y dentro de la esfera competencial del Congreso de la Unión en su
carácter de órgano legislativo para el Distrito Federal, los casos en que no se
trate simplemente de dirigir o encauzar la actividad gubernamental en consecución
de cualquiera de los referidos objetivos, y especialmente aquéllos que
conciernan a la normación de las relaciones de coordinación entre particulares,
a la previsión y represión de los delitos del orden común, a la imposición
de tributos o contribuciones públicas y a la organización y funcionamiento de
la actividad jurisdiccional. Ahora bien, teniendo el Congreso de la Unión amplias
facultades legislativas en lo que respecta al Distrito Federal, sobre materias
que no compongan expresamente su esfera de competencia federal,
puede por sí mismo establecer la normaeión a cualquiera función gubernativa
expidiendo las leyes correspondientes, o contraerse a señalar los casos generales
en que el Presidente de la República puede elaborar los reglamentos gubernativos
y de policía en los términos apuntados, sin que ello impida a dicho
organismo asumir, a su vez, la función legislativa sobre los propios casos.
En la actual organización del Distrito Federal, por lo que atañe a la función
administrativa, se acogen las ideas generales que someramente hemos
externado. En efecto, según la base segunda de la fracción VI del artículo 73
constitucional, el Congreso de la U nión debe determinar, a través de la ley
respectiva, el órgano u órganos mediante los cuales el Presidente de la República
deba ejercer el gobierno en dicha entidad federativa. Pues bien, en cumplimiento
de tal prevención de nuestra Constitución, el Congreso Federal
expidió la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal.v" creando diferentes
órganos de gobierno mediante los cuales el Presidente de la República desempeña
la función gubernativa correspondiente, misma que se ejerce en los
casos señalados por el artículo 36 y por conducto de diversas dependencias
(Secretarías, Direcciones y Delegaciones) (arts. 29 a 37), euyo superior jerárquico
es un funcionario llamado "Jefe del Departamento del Distrito Federal"
. Ahora bien, el citado artículo 36, al determinar las materias de la función
gubernamental dentro de la mencionada entidad federativa, en algunas de sus
disposiciones establece expresamente que dicha función debe desplegarse
mediante reglamentos. Consiguientemente, es la mencionada Ley Orgánica la
que, al organizar y regular para el Distrito Federal la actividad gubernativa
que ejerce el Ejecutivo Federal, atribuye al Presidente la facultad de expedir
reglamentos, o sea, disposiciones de carácter general, abstracto e impersonal,
mediante las cuales desarrolla el gobierno de dicha entidad federativa. Tal fa-
476 Este ordenamiento, expedido el 27 de diciembre de 1970, derogó la Ley Orgánica del Departamemo
del Distrito Federal de 1941, la que a su vez sustituyó a la de 31 de diciembre de 1928.

,
658 I.AS GARANTÍAS INDIVIDUALES
I
responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad
para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación
de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine".
La persecución de los delitos se manifiesta en dos periodos: a) el denominado
de averiguaciones o investigaciones previas, que está integrado por diligencias
de comprobación de los elementos consignados en el artículo 16
constitucional para el libramiento judicial de la orden de aprehensión, diligencias
que se llevan a cabo exclusivamente ante el Ministerio Público en forma
secreta, o, en su defecto, ante las autoridades que tengan facultades legales de
Policía Judicial, y b) aquél en que el Ministerio Público figura como parte en
el procedimiento judicial tendiente a la determinación de la pena correspondiente,
procedimiento que se inicia con el ejercicio de la acción penal ante el
juez competente.
Tanto las diligencias de investigación como el ejercicio de la acción penal
y la facultad acusatoria, como ya dijimos, son propias y exclusivas del Ministerio
Público, de tal manera que los jueces que conocen de un proceso penal,
en la generalidad de los casos no pueden oficiosamente allegarse elementos
de prueba de un delito o de la responsabilidad del acusado, ni iniciar el juicio
sin el previo ejercicio de la mencionada acción, ni continuar el procedimiento
si ha habido desistimiento de ésta por parte de su titular constitucional o conclusiones
de no acusación.
La jurisprudencia de la Suprema Corte ha sido sustentada en este sentido en varias
tesis que expresan: "Corresponde el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público
y a la Policía, que debe estar bajo la autoridad y mando de aquél. Una de las más trascendentales
innovaciones hechas por la Constitución de 1917 a la organización judicial,
es la de que los jueces dejen de pertenecer a la Policía Judicial para que no tenga
el carácter de jueces y partes, encargados, como estaban antes de la vigencia de la
Constitución, de decidir sobre la responsabilidad penal y allegar, de oficio, elementos
para fundar el cargo." "El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público;
de manera que, cuando él no ejerce esa acción, o se desiste de ella, no hay base
para el procedimiento; y la sentencia que se dicte sin que tal acción se haya ejercitado
por el Ministerio Público, importa una violación de las garantías consagradas en el
artículo 21 constitucional"481 "La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público
y a la Policía Judicial, la cual quedará bajo la autoridad y mando de aquél; por
tanto, si el Ministerio Público no acusa, la resolución judicial que mande practicar
nuevas diligencias para el esclarecimiento de los hechos, importa una violación del artículo
21 constitucional."482 "El artículo 21 de la Constitución, al confiar la persecución
de los delitos y el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público, Jo hizo sin
trabas y sin distingos de ninguna especie; así, si el agente del Ministerio Público se desiste
de la acción penal, violando la Ley Orgánica respectiva, esto será motivo para
que se le siga el correspondiente juicio de responsabilidad, mas no para anular su pedimento,
ni menos para que los tribunales se arroguen las atribuciones que son exclusivas
del Ministerio Público, y manden continuar el procedimiento, a pesar del
pedimento de no acusación, pues esto equivale al ejercicio de la acción penal y a perseguir
un delito violat.orio abiertamente el artículo 2l J
constitucional."483
481 Apéndice al tomo CXVlll, tesis 16 y 17.Tesis 5 y 6 de la Cmnpullcifm 1917·1965 y del Aphk
dice 1975, Primera Sala. ldem, tesis 5 Y 6 del Apéndice 1985. Tesis 6 del Apéndice 1995, Materia Penal;
482 Tomo XV, pág. 482.
483 Tomo XIX, pág. 1,038.

660 LAS GARAl\.rTIAS JNDlVIDUALES.
!
nes para convertir al Ministerio Público en institución constitucional son
evidentes e inobjetables, t.oda vez que tendieron a colocar a la judicatura en la
situación de imparcialidad y dignidad funcionales que le corresponde, pues
mientras al Ministerio Público no se le consideró como titular exclusivo de la
acción penal, previa la facultad investigatoria de los delitos, aquélla estaba en
manos de particulares. como acaecía en Roma, teniendo los jueces funciones
inquisitivas. circunstancias que desvirtuaban considerablemente su noble y
elevada misión de juzgar, constituyéndose a la vez en acusadores y sentenciadores
de los inculpados, pudiendo hasta iniciar un procedimiento penal sin
que previamente se hubiese formulado la acusación correspondiente. Sin embargo,
como advertimos con antelación, no estamos de acuerdo, por otra parte,
con la potestad soberana. inapelable, con que está investido el Ministerio PÚblico.
en el sentido de ser la única entidad competente para decidir si ejercita
o no la acción penal de que es titular o sobre si deja o no impune un delito
mediante una actitud abstencionista de persecución. pues esta situación lo erige
en el verdadero dictador de vidas y haciendas en lo que toca a los ofendidos,
quienes. en caso de una negativa de dicha entidad para acusar al autor del
hecho delictuoso que lo agravia, se ven en la más completa imposibilidad de
obtener la reparación del daño de que fueron víctimas, con independencia
del juicio civil por responsabilidad extracontractual.
Por otra parte. a pesar de que nos hemos referido a la actuación del
Ministerio Público considerándola como "facultad". estimamos que en el
fondo entraña una obligación social muy importante a su cargo que le impone
el artículo 21 constitucional. Siendo una obligación de dicha institución
la persecución de los delitos en las fases a que hemos aludido, debe
concluirse que su desempeño no debe quedar al irrestricto arbitrio de los
funcionarios que la componen, encabezados por los procuradores correspondientes.
Por consiguiente, si la existencia de un delito se comprueba durante
el periodo investigatorio respectivo y existen datos que demuestren la presunta
responsabilidad en su comisión, el Ministerio Público debe ejercitar la acción
penal contra el presunto responsable ante el órgano judicial competente.
Este deber, derivado del mismo artículo 21 de la Constitución, excluye la facultad
de abstenerse del ejercicio de la acción punitiva, ya que no perseguir
los delitos ni a sus autores, entraña una situación antisocial que pone a la colectividad
en permanente peligro, auspiciando la perpetración permanente o
periódica de hechos delictuosos bajo el signo de su impunidad.
Ahora bien, la obligación social a que bemos aludido no sólo la tiene dicha
institución frente a la comunidad, sino que la asume. en cada caso concreto,
frente a los sujetos que sean víctimas u ofendidos de un delito. Esta
obligación social individualizada nos lleva a la conclusión de que el artículo
21 constitucional, en lo que al Ministerio Público atañe. sí contiene una verdadera
garantía individual en favor de todas las personas que sean sujetos pa·
sivos de un becho tipificado legalmente como delito, asistiéndoles el derecho
correlativo consistente en exigir de la citada institución la invest-igación penal
correspondiente y el ejercicio de la acción punitiva ante los tribunales. Esta
consideración, a su vez, apoya la procedencia del juicio de amparo contra las
decisiones del Ministerio Público en lo que respecta al no desempeño de la
mencionada acción.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD jURíDlCA 663
multa excesiva (la sanción pecuniaria que está en desproporción con las posibilidades
económicas del rnultadoj.v la confiscación de bienes (la aplicación o adjudicación
que de ellos hace a su favor el Estado por la comisión de un delito,
sin realizar ninguna contraprestación en beneficio del afectado) y cualesquiera
otras penas inusitadas y trascendentales. "487
Como se ve, esta disposición constitucional hace al principio una enumeración
de la clase de penas que están prohibidas, extendiendo posteriormente
dicha prohibición a cualquiera sanción penal inusitada y trascendental.
Ahora bien, iqué es una pena inusitada? Atendiendo a la acepción gramatical
del adjetivo, una sanción penal de esta índole es aquélla que está en desuso,
que no se acostumbra aplicar, que no es impuesta normalmente, Sin
embargo, jurídicamente por pena inusitada no se entiende aquélla cuya imposición
o aplicación están fuera de uso, sino que se traduce en aquella sanción
que no está consagrada por la ley para un hecho delictivo determinado. En otras
palabras, una pena es inusitada desde el punto de vista del artículo 22 constitucional,
cuando su imposición no obedece a la aplicación de una norma que
la contenga, sino al arbitrio de la autoridad que realiza el acto impositivo.
Consiguientemente, la prohibición constitucional que versa sobre las penas
inusitadas confirma el principio de nulla poena sine lege consagrado en el artículo
14 de nuestra Ley Suprema.
Una pena es trascendental cuando no sólo comprende o afecta al autor del
hecho delictivo por ella sancionado, sino que su efecto sancionador se extiende
a los familiares del delincuente que no participaron en la comisión del delito.
En otros térrninos, la trascendencia de la pena se revela en la circunstancia de
que ésta impone directa o indirectamente también a personas inocente, unidas
comúnmente por relaciones de parentesco con el autor de un delito. La
imposición trascendental de una pena pugna, pues, con el principio de la personalidad
de la sancum penal, que consiste en que ésta sólo debe aplicarse al autor,
cómplices y, en general, a los sujetos que de diversos modos y en
diferente grado de participación hayan ejecutado un acto delictivo.w
La prohibición constitucional que se refiere a las penas mencionadas en
el artículo 22 de la Ley Suprema adolece de una excepción consagrada en el
486 La Suprema Corte, al través de su Sala Auxiliar, ha considerado que para determinar
cuándo una multa impuesta por autoridades administrativas es excesiva, se debe tomar en cuenta
la gravedad de la infracción que la motive, los perjuicios ocasionados a la colectividad, la
reincidencia en la comisión del hecho infractor y la capacidad económica de la persona multada.
(Informede 1970, pág. 105.)
487 Varias de las penas abolidas tamo por la Constitución actualcorno por la de 57, eran
objeto de consagración .en la mayoría de las legislaciones antiguas, entre ellas la de las Partidas.
Así, tratándose de la pederastia. sus autores "debían ser castrados y entregados al obispo para que los
pusiera en cárceles separadas en donde hicieran penitencia, aplicándose sus bienes a sus
legítimos hijos. si aquéllos eran casados. y pudiendo casarse sus mujeres con quienes quisiesen (leyes 5 y
6, titulo V, Libro JII del FuerolUIgo). La ley 2, título IX, Libro IV del Fuero Real mandó que la
castradura fuese pública: que al tercer día de ella fuesen los culpables colgados de las piernas,
hasta que muriesen, y que nunca se les quitara del patíbulo" (citas contenidas en la importante
obra Código de la Reforma, tomo 11, tercera parte, pág. 20, cuyo autor es el distinguido
jurisconsulto ya desaparecido don Blan José Gutierrez, quien fue profesor de la Escuela Nacional
de Jurisprudencia).
488 En la historia se han dado casos legales muy frecuentes de penas trascendentales,
principalmente por lo que concierne a la confiscación de bienes, cuya aplicación dejaba en la
miseria a los parientes del autor de un delito.

664 lAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
propio precepto, la cual está concebida en e! sentido de excluir de! concepto
de pena de confiscación y, por tanto, de considerarla como vedada, "a la aplicación
total o parcial de los bienes de una persona, hecha por la antoridad judicial,
para e! pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un
delito, o para e! pago de impuestos o multas, ni el decomiso de los bienes en
caso·de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109".
De acuerdo con esta excepción constitucional, está permitida. en primer
lugar, la adjudicación que lleve a cabo la autoridad judicial respecto de los bienes
del autor de un delito únicamente para pagar el impone de la indemnización
proveniente de la responsabilidad civil originada por el hecho delictivo.
En segundo lugar, también están permitidas la aplicación o la adjudicación
de los bienes de una persona en favor del Estado cuando dichos actos
tengan como objetivo el pago de créditos fiscales resultantes de impuestos o multas, y
para cuya realización las autoridades administrativas están provistas de la llamada
facultad económica-coactiva, cuyo fundamento constitucional, a nuestro
entender, se encuentra en el propio artículo 22 de la Ley Suprema, el cual
también delimita su procedencia (cobro de impuesto o Juultas).489
Tampoco implica confiscación de bienes el decomiso de los que pertenezcan
a los servidores públicos en los casos en que éstos resulten responsables
por enriquecimiento ilícito conforme a lo previsto en el artículo 109 constitucional.
Este enriquecimiento se presume ruando dichos servidores del Estado, por
sí o por interpósita persona "aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran
o se conduzcan corno dueños sobre ellos y cuya procedencia lícita no
pudiesen justificar" (párrafo tercero de la fracción III de dicho precepto), correspondiendo
a la Ley Reglamentaria respectiva determinar la forma de
practicar el decomiso.sw bis
489 En nuestro Derecho Constitucional siempre se adoptó la tendencia humanitaria de
proscribir penas tan infamantes e injustas como las que prohíbe e! artículo 22 constitucional, que
sigue puntualmente las prevenciones de! artículo equivalente de la Constitución de 57, e! cual corresponde
al artículo 29 del proyecto respectivo. Desde la Constitución española de 1812 quedaron
abolidas las penas de confiscación de bienes y las trascendentales, habiéndose eliminado
también el tormento (arts. 303, 304 )' 30S). Por decreto de las Cortes, expedido en el año de
181:3, se prohibieron igualmente los azotes. Análogas prohibiciones se contenían en las Constituciones
de 1824, de 1836 y 1843, lo que revela que el artículo 22 constitucional vigente, así como
el similar de nuestra Ley Fundamental de 57, no hicieron sino recoger las ideas humanitarias y
de justicia que, en relación con la índole de las penas, alentaron el Derecho Mexicano.
489 bis Por reforma publicada el 3 de julio de 1996 se agregó que tampoco se considera como
confiscación de bienes el decomiso de los que sean "propiedad del sentenciado por delitos de los
previstos como de delincuencia organizada, o el de aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca
como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes".
Además, por reforma publicada el 8 de maruJ de J999 e! texto del párrafo segundo del anfculo
22 constitucional quedó concebido en los siguientes términos:
"No se considerará confiscación la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que
causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables. La autoridad judicial resolverá
que se apliquen en favor del Estado los bienes que hayan sido asegurados con motivo de una
investigación o proceso que se sigan por delitos de delincuencia ul15dni/.

GARAi-.¡TÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA 665
b) La segunda garantía de seguridad jurídica consignada en el artículo 22
de la Ley Suprema se traduce, por un lado, en la prohibicion. absoluta de la imposición
de la pena de muerte y, por el otro, en la exclusión de su aplicación
por lo que concierne a los delitos que no estén comprendidos en los enumerados
en dicho precepto y a los que después nos referimos. .
l. Dicha prohibición absoluta consiste en que la pena de muerte en ningón
caso podrá imponerse a los autores de delitos políticos. ¿Qué es un delito
político? Todo hecho delictivo vulnera o afecta determinado bien jurídico
(vida, integridad corporal, patrimonio, etc.), Cuando la acción delictuosa produce
o pretende producir una alteración en el orden estatal bajo diversas formas,
tendiente a derrocar a un régimen gubernamental determinado o, al
menos, engendrar una oposición violenta contra una decisión autoritaria o a
exigir de la misma manera la observancia de un derecho, siempre bajo la tendencia
general de oponerse a las autoridades constituidas, entonces el hecho
o los hechos en que aquélla se revela tienen el carácter político y, si la ley penal
los sanciona, adquieren la fisonomía de delitos políticos. Nuestro Código
penal en su artículo 145 bis conceptuada como delitos políticos la rebelión, la
conspiración, la sedición y la asonada o motín, y la llamada "disolución sócial",490
a cuyos autores no podía imponerse la pena de muerte por prohibirlo
así el artículo 22 constitucional. Los delitos de carácter político, para que participen
de este atributo, deben tener como objetivo la afectación de fines
esenciales que a cada uno de ellos señala la ley penal al definirlos; por ende,
cuando a pretexto de un delito político, o sea, de un hecho determinado calificado
legalmente como tal, se cometen otras acciones cuyos perfiles tipifiquen
otra figura delictiva, éstas se castigarán con la pena que les corresponda.
Así lo establecía el artículo 140 del Código Penal, que decía: "Cuando en las
rebeliones se pusiere en ejercicio, para hacerlas triunfar, el homicidio, el
robo, el secuestro, el despojo, el incendio o el saqueo, se aplicarán las penas
que por estos delitos y el de rebelión correspondan segó n las reglas de la acumulación."
2. El propio artículo 22 constitucional faculta a las autoridades federales
o locales (legislativas), según el caso, para sancionar con la pena de muerte
únicamente aquellos delitos que el mismo precepto enumera, y que son:
traición a la patria, o sea, el atentado cometido por un mexicano (por nacimiento
o por naturalización) contra la independencia de la República, su soberanía,
su libertad o la integridad de su territorio (artículo 123 del Código
Penal), en lo que toca a este delito, sólo puede aplicarse a su autor cuando
el país esté en guerra; parricida, esto es, el homicidio de ascendientes en línea
recta, sean legítimos o naturales, siempre y cuando el autor de aquel hecho
conozca el mencionado parentesco (artículo 323 del Código Penal);
homicidio con alevosía, premeditación o ventaja, que son calificativas definidas
por los artículos 315, 316 y 319 del ordenamiento penal substantivo; actos
delictivos cometidos mediante el incendio, plagio o secuestro en los términos del artículo
366 del Código Penal; pirateria, la cual es definida en el artículo 146
independientemente de que hubieran sido transferidos a terceros, salvo que éstos acrediten
que son poseedores o adquirentes de buena fe."
490 Este deliro, que tantas polémicas y protestas provocó. fue suprimido por reforma de julio
de 1970 a dicho ordenamiento.

668 LAS GARANTÍAS INDrVIDUALES
acción de amparo, mas ésta no da origen a un nuevo estadio del juez de que
se trate, sino a otro completamente distinto y autónomo por constar de diferentes
elementos subjetivos y objetivos. aun en el caso de que tienda a establecer
un control de legalidad, como sucede en la mayoría de las veces. Antes
de la reforma sufrida por el artículo 104 constitucional (que se operó en enero
de 1934), el cual en su fracción 1 consignaba el recurso de súplica, y con
anterioridad a la supresión de los recursos de casación, las sentencias recaídas
en segunda instancia eran respectivamente "suplicables" o "casables" (permitiéndose
la expresión). circunstancia que originaba terceras instancias en los
términos en que las hemos concebido (identidad de elementos subjetivos
-con exclusión del órgano jurisdiccional- y objetivos procesales).
b) La segunda garantía de seguridad jurídica que encontramos en el artículo
23 constitucional está concebida de la siguiente manera: Nadie puede ser
juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en eljuicio se le absuelva o se le condene
(principio de non bis in idem). ¿En qué casos opera esta garantía individual?
Para solucionar esta cuestión hay que determinar previamente lo que se
entiende por "ser juzgado" o "haber sido juzgado". A este respecto, la jurisprudencia
de la Suprema Corte ha establecido que "por juzgado se entiende a
un individuo que haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme e
irrevocable. o sea, contra la que no procede legalmente ningún recurso, contra
la que sea ejecutoria legal o dedaratioamente; por tanto, si no existe aún sentencia
en los términos apuntados, no hay obstáculo para que en contra del individuo
se inicie nuevo proceso, no violándose el artículo 23 constitucional que
manda que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito".'" En
conclusión, sólo cuando se haya pronunciado en un juicio penal una sentencia
ejecutoriada en los términos establecidos por los ordenamientos penales
procesales, o una resolución que tenga su misma eficacia jurídica (auto de sobreseimiento
de la causa), no puede ser nuevamente enjuiciado por el delito
que haya motivado el acto jurisdiccional ejecutorio definitivo.
La imposibilidad de un nuevo enjuiciamiento contra una misma persona
y por el mismo delito no surge cuando el tribunal que haya dictado la ejecutoria
respectiva hubiese sido incompetente por razón del fuero de que se trate
.. En otras palabras, si dicha ejecutoria emana de un órgano judicial local y
el proceso en que haya recaído debió haberse substanciado ante algún tribunal
federal, éste puede abocarse al conocimiento del mismo proceso, sin que
sea obstáculo la garantía constitucional que comentamos.
En este semido se ha sustentado el criterio de la Suprema Corte que consta t:n las
ejecutorias cuya parte conducente transcribimos. "Si una autoridad local conoce de un
delito federal y pronuncia resolución. no por ello debe considerarse que un tribunal
federal está imposibilitado parajuzgar a la persona a quien se imputa el hecho delictivo
correspondiente, porque entonces no existe cosa juzgada para la jurisdicción federal.
ni menos un derecho individual público derivado de ella en favor de un procesado.
toda vez que el derecho local, así como los actos de las autoridades de las Entidades
Federativas apoyados en éste. no pueden impedir. en ningún caso, que los Poderes de
la Unión ejerzan sus atribuciones constitucionales. y además. porque tampoco puede
existir cuando la resolución dictada está viciada de invalidez O nulidad por haber ema-
493 Tomo XXVIII, pág. 4,039; tomo XXXII, pág. 1,397; tomo XLIV. pág. 4,039 Y tomo
XXVIII, pág. 504.

670 lAS GARANTíAS INDIVIDUALES
minado no concluye con una sentencia absolutoria o condenatoria, fuera de
las hipótesis apuntadas, sino que queda en suspenso mientras no aparezcan
nuevos elementos para continuarlo.
Como afirma donJosé Marro Lozano:
"Antiguamente, cuando de la investigación resultaba que no había datos suficientes
para condenar al acusado, pero que existían algunos que hacían presumir con un
fundamento racional su culpabilidad, se absolvía de la instancia, es decir, se dejaba
abierto el proceso para continuarlo luego que hubiera mejores datos. Esta práctica
equivalía a no sentenciar al acusado; el fallo no establecía su criminalidad, pero tampoco
reconocía su inocencia; su conducta quedaba dudosa, y pendiente sobre su cabeza
la espada de Damocles, que en el momento menos esperado podría venir a herirle,
arrebatándole a los goces de una libertad incierta y precaria. Con mucha razón esta
práctica ha quedado abolida: el acusado debe ser absuelto o condenado, pero lo uno o
lo otro; es preciso fijar con toda claridad su situación y su suerte. Si la justicia tiene
dudas, la razón y la equidad exigen que se pronuncie en favor de la inocencia, porque
es un principio de justicia, que todo mundo debe reputarse inocente, mientras unasentencia
ejecutoria no 10 declare culpable; y es también un principio de equidad natural,
de que en caso de duda debe absolverse al acusado. "494
En síntesis, de acuerdo con la garantía de seguridad jurídica que consiste
en la prohibición de absolver de la instancia, toda autoridad judicial que conozca
de un proceso penal tiene la obligación de pronunciar en éste una sentencia
absolutoria o condenatoria, según las constancias de autos y los
principios jurídicos-legales en materia penal, pronunciación que debe tener
lugar dentro de los términos establecidos en la fracción VIII del artículo 20
constitucional.495
494 Los Derechos del Hombre, pág. 2.14. A su vez, el constítucionalista donJosé Ma. del Castillo
Velasco afirma que "Absolver de la instancia, como se verificaba antiguamente, y no absolver del
cargo, era dejar expuesto al acusado a ser juzgado de nuevo y tantas y cuantas veces el juez
estimara que se ofrecían nuevos datos para el esclarecimiento de la verdad. Situación tan
molesta y peligrosa era todavía más penosa que una verdadera pena determinada, porque ésta
tiene un término fijo y la absolución de la instancia dejaba al acusado durante toda su vida con
la calidad de procesado y con la restricción de la libertad otorgada bajo la fianza u otra
caución análoga". (Reuísta dejurisprudencía y Legislación. Volumen correspondiente a los meses de
enero a junio de 1894, pág. 15.)
495 El precepto que comentamos corresponde al artículo 24 de la Constuucíón de 57, cuyo
texto es puntualmente coincidente con el artículo 23 constitucional vigente. En la Constitución
española de 1812 'Se prohibió toda instancia ulterior a la tercera, pero en negocios civiles (arlo
285), habiéndose dispuesto, en relación con los penales, que: "Las leyes arreglarán la administración
de justicia en lo criminal, de manera que el proceso sea íormado con brevedad y sin vicios, a
fin de que los delitos sean pmltuabnente castigados" (art. 286). La Constitución centralista de 1836 esrablecla
en el artículo 34 de su Quinta Ley, que en ningún juicio criminal ni civil podía haber
más de tres instancias. disposición que se reiteró en el artículo 183 de las Bases Orgánicas de 1843.

CAPÍTULO OCTAVO
EL DERECHO A LA INFORMACION
Sumario: I.-Considcraciones previas. n.-Implicación de la información;
III.-Riesgos de la reglamentación autónoma sobre la información.
IV.-Incompetencia del Congreso Federal para reglamentar el derecho a
la información por medio de la prensa. V.-Conclusiones.
I.-COl\'SIDERACIDNES PREVIAS
Según lo indicamos en la nota 233 his., se adicionó el artículo 6 9 constitucional
con una declaración en el sentido de que el derecho a la información
será garantizado por el Estado. Esta declaración y su pretendida reglamentación
legal han suscitado un apasionado debate entre quienes se oponen a
tal reglamentación y quienes la consideran indispensable por estimar que tal
derecho debe asumir perfiles de carácter social. Ante esa discrepancia de criterios
y atendiendo a que el derecho a la información ha adquirido incremento
en el mundo de las ideas políticas, sociales y jurídicas del pensamiento contemporáneo,
no podíamos abstenernos de emitir nuestras opiniones sobre tan
discutido tópico, máxime que su implicación forma parte del contexto de
las garantías del gobernado.
El derecho a la infonnación tiene su génesis en diferentes documentos nacionales
e internacionales. Entre los primeros figura relevantemente la encíclica
Pacem in Terrís expedida por el papa Juan XXIII, en la que se declara que
"Todo hombre tiene derecho a una información objetiva". Como lo hace notar
José Cabrera Parrav" tal derecho se reafirma en un decreto sobre medios de
comunicación social proveniente del Concilio Ecuménico Vaticano 11, en el que
se afirma que "Existe en el seno de la sociedad humana el derecho a la información
sobre aquellas cosas que convienen a los hombres, según las circunstancias
de cada cual, tanto particularmente como eonstituído en sociedad", agregando
que "Es una dependencia del derecho natural". Según también lo
observa dicho publicista, en el mencionado decreto se establece que el recto
497 Estudio publicado en "Excelsior' con fecha 5 de enero de 1979.

672 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
uso del derecho a la información exige que ésta "sea siempre objetivamente
verdadera y, salvada la justicia y la caridad, íntegra; en cuanto al modo, ha de
ser, además, honesta y conveniente; es decir, que respete las leyes morales
del hombre' sus legítimos derechos v dignidad, tanto en la obtención de la
noticia como en su divulgación, pues no toda la ciencia aprovecha, pero la caridad
es constructiva", añadiendo que "A las autoridades civiles corresponde
defender y tutelar una verdadera y justa libertad que la sociedad moderna
necesita enteramente para su derecho, sobre todo en lo que atañe a la prensa...
la misma autoridad pública que legítimamente se ocupa de la salud de los
ciudadanos, está obligada a procurar, justa y celosamente, mediante la oportuna
promulgación y diligente ejecución de las leyes, que no se haga daño a
las costumbres y al progreso de la sociedad por un mal uso de estos medios de
comunicación".
En México, como lo demuestra el investigador citado, la proclamación
constitucional del derecho a la información se originó en uno de los postulados
del Plan Básico de Gobierno (1976-1982) elaborado por el Partido
Revolucionario Institucional, permitiéndonos reproducir la transcripción que
del texto respectivo hace Cabrera Parra en la publicación a que nos referimos
en la nota inmediata anterior.
"El derecho a la información significa superar la concepción exclusivamente
mercantilista de "los medios de comunicación, Significa renovar la idea tradicional
que entiende el derecho de infonnación como equivalente a la libertad
de expresión: es decir, libertad para el que produce y emite, pero que, se reducirla,
si ignora el derecho que tienen los hombres como receptores de la información.
"La existencia de un verdadero derecho a la información enriquece el
conocimiento que los ciudadanos requieren para una mejor participación democrática,
para un ordenamiento de la conducta individual y colectiva del país
conforme a sus aspiraciones.
HLa información no puede concebirse como el ejercicio de una libertad
aislada, ni como medio al servicio de una ideología, sino como un instrumento
de desarrollo político y social; como una fuerza aseguradora de la interrelación
entre las leyes del cambio social y el cambio de las leyes que exige nuestra
sociedad.
"Frente a cualquier interpretación individualista o de simple complementariedad
entre la libertad de información y la de expresión, el plan sostiene
que el derecho a la infonnaci6n es una condición de nuestra democracia, un
instrumento de liberación y no de explotación de conciencias alienadas con
fines de lucro o de poder; en suma, una prolongación lógica del derecho que a
la educación tienen todos los mexicanos."
"En consecuencia, el plan básico de gobierno propone que se realice una
revisión a fondo de la función social de la información escrita y la que genera
la radio, la televisión y el cine; así como una evaluación de los procedimientos y
formas de organización de las entidades públicas y privadas que la producen,

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 673
para que, al mismo tiempo que se refuerce y garantice la libertad o el derecho
de expresión de los profesionales de la información, se fomente también la
expresión auténtica, la confrontación de opiniones, criterios y programas entre
los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones de científicos, profesionales
y de artistas, las agrupaciones sociales y en general, entre todos los mexicanos.
"En fin, en materia de información, la acción pública de Jos próximos años
deberá orientarse a ensanchar la comunicación con la población a fin de hacer
de esta actividad un auténtico instrumento de contacto popular y democrático.
Un derecho a la información así concebido, evitará tanto el monopolio mercantilista
como la información manipulada, y coadyuvará con eficacia .para que
el pueblo, prosiguiendo por el camino de la Revolución Mexicana, edifique en 'su
integridad la democracia social."
En la iniciativa de Ley sobre la Reforma Política, fechada el 4 de octubre
de 1977, y al aludiese al derecho de usar los canales de televisi6n por los
partidos políticos, el Presidente de la República hizo referencia al derecho a la
información en los términos que nos permitimos transcribir:
HEI carácter de interés público que en la iniciativa se reconoce a los partidos
políticos, hace necesario conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones
para su desarrollo, y de propiciar y suministrar el mínimo de elementos
que estos requieran en su acción destinada a recabar la adhesión ciudadana."
"También se hace necesario garantizar (dice la iniciativa) en forma equitativa
a los partidos políticos nacionales, la disposición de los medios que les
permitan difundir con amplitud sus principios, tesis y programas, así como
los análisis y opiniones que formulen respecto de los problemas de la sociedad.
Para este fin, se estima conveniente establecer como prerrogativa de los
partidos políticos, su acceso permanente a la radio y la televisión, sin restringirlo
a los períodos electorales.
"Esta prerrog-ativa de los partidos políticos tiene el propósito de dar vigencia
en forma más efectiva al derecho a la información, que mediante esta iniciativa
se incorpora al artículo sexto constitucional, que será básico para el mejoramiento
de una conciencia ciudadana y contribuirá a que ésta sea más enterada,
vigorosa y analítica, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad.
"Siendo los partidos (sigue diciendo la iniciativa) entidades fundamentales
en la acción ideológica y política, el ejercicio de su derecho a difundir sus
ideas en los medios de comunicación social se traducirá en el mayor respeto
al pluralismo ideológico y cobrará plenitud la libertad de expresión y su correlativo
derecho a la información."
Un documento muy importante que habla del derecho a la informaci6n
es la Declaración Universal de los Derechos Humanos fechada el 10 de diciembre
de I.948 y que fue" signada por diferentes países, entre ellos México.
Al respecto, su artículo 19 establece que "Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser moles-

674 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
lado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir. informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio
de expresión". Del texto transcrito se advierte que tal derecho es una faceta
o un aspecto del que tiene Como contenido la libertad de expresión del pensamiento,
complementándolo y reafirmándolo. Por este motivo, no es de
extrañar que la proclamación del derecho a la información se haya agregado
al artículo 6 9 de nuestra Constitución, que se refiere, según es sobradamente
sabido, a la libertad de externar opiniones e ideas por medios escritos u
orales, según lo afirmamos en el capitulo sexto de esta misma obra.
II. IMPLICACIÓN nz LA INFORMACIÓN
Para demarcar la índole y la extensión del multicitado derecho público
subjetivo, es lógicamente imprescindible determinar qué se entiende por información,
cuestión ésta que debe enfocarse desde distintos puntos de vista.
A. Conforme a su conceptuación idiomática, el vocablo "información"
tiene diversas acepciones. Así, en filosofía, y especialmente en la metafísica
aristotélico-escolástica, la información es el principio específico determinante
de la materia indeterminada, o sea, la idea inmanente que modela la estructura
y las actividades de los seres.
En el derecho judicial o procesal, dicho concepto implica la averiguaci6n
de un hecho o un delito y la presentación de documentos o testigos que los
abogados de las partes realizan ante algún tribunal. En el mismo ámbito,
información implica ciertos procedimientos judiciales tendientes a la comprobación
de determinados hechos o derechos subjetivos, como la información
de dominio, verbigracia.
En su connotación más generalizada, información es el acto de enterar
o dar noticia de algún suceso, situación o persona. Antiguamente, informar
equivalía a educar o instruir. sin que en la actualidad esta equivalencia sea
nuy usual.
Es evidente que el "derecho a la información" previsto en el artículo
6 constitucional no se refiere a ninguna de las dos primeras acepciones
apuntadas, sino a cualquiera de las segundas. No existe ningún otro significado
de la palabra "información", a no ser que, contrariamente a su
denotación gramatical y conceptual, se le atribuya algún diverso sentido con
g-rave quebranto del idioma español.
De esta consideración se infiere lógicamente que, según !a disposición
constitucional invocada, el Estado, al garantizar el derecho a la inf-ormación,
debe asegurar el derecho de todo gobernado a "ser enterado" de cualquier

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 675
cosa o a "ser instruído o educado". En esta última hipótesis la pretendida
reglamentación al tal derecho es completamente inútil, pues la educación
que imparte el Estado ya está regida por el artículo 3 de la Constitución
y su Ley Orgánica. Ahora bien, si se pretende garantizar la información en su
sentido de instrucción a niveles universitarios, se' cometería un gravísimo atentado
contra las universidades mexicanas al afectarlas seriamente en su
autonomía.
B. Tomando en cuenta el contenido del artículo 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos que ya quedó transcrito anteriormente, el
derecho a la información es complementario de un contexto de derechos
subjetivos públicos que convergen en la libertad de expresión del pensamiento
por medios escritos u orales, pues corno dice José Maria Desantes,
tales derechos "pueden considerarse como integrantes de un derecho a la
información". Para este autor el invocarlo precepto involucra los siguientes
derechos específicos, a saber: el de no ser molestado a causa de las opiniones
que se emitan; el de investigar informaciones y opiniones; el derecho a investigar
y recibir informaciones y opiniones y el derecho a difundirlas."
C. Fácilmente se advierte que el derecho a la información, en los términos
del artículo 19 de la mencionada Declaración, es un derecho subjetivo
PÚblico individual que presenta la connotación ya referida. Sin embargo,
conceptuarlo tal derecho en su dimensión social, su ejercicio se traduce en lo
que Desantes denomina propaganda, noticia y opinián pública!"
La propaganda es la transmisión de una idea o de una ideología por
medios publicitarios, teniendo una reducida dosis de objetividad, según dicho
autor, pues está sujeta a la natural discrepancia de criterios por parte de los
sujetos receptores de dicha trasmisión.
La noticia, que consiste en dar a conocer públicamente un objeto, un
acontecimiento o un fenómeno real, es la que, como indica Desantcs, ostenta
un mayor grado de objetividad y es menos discutible, agregando cI aludido
tratadista que, dada su naturaleza, a la información noticiosa se debe exigir
la veracidad derivada de la circunstancialidad fáctica sobre la que versa.
La opinión, según el mismo investigador, "se encuentra en una situación
intermedia, ya que si el proceso de subsunción del hecho en la ideología
es correcto, tendrá cubierto el blanco de la noticia verdadera y, además de la
discutibilidad de la ideología que la ha prefigurado, tendrá'como discutible
498 Una Idea del Derecho a la Información. Edición 1974, Madrid. Págs. 35 y 36.
499 Op. cit. Pág. 47.

676 . LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
el modo de apreciar la aplicación de la premisa ideológica mayor a la premisa
fáctica menor".500
La manifestación informativa más importante es la que consiste en la
noticia, en relación con la cual Desantes expresa ideas muy atigentcs que nos
permitimos transcribir a continuación:
:'EI derecho del ciudadano a la información, en el sentido de derecho a la
noticia, tanto para buscarla como para recibirla o difundirla, exige unas condiciones
en este objeto del derecho que constituyen determinaciones de aquella
cualidad que requería la noticia para ser tal y no ser corrupción de la noticia:
la verdad. La noticia ha de ser verdadera, lo que exigiría un análisis ontológico,
psicológico y metodológico de esta condición de veracidad que es imposible
llevar a cabo.
"Desde el punto de vista jurídico, y aparte de otras connotaciones que
obedecen a razones técnicas, la ncticia como objeto del derecho a la información
es una comunicación sobre hechos con trascendencia pública o, en otros
términos, publicables. Comunicación. que, pat:a ser verdadera, exige que sea
conforme con la realidad completa, asequible por igual a todos y rápida.
"La noticia se refiere a hechos relevantes. Esta nota excluye los hechos intimos,
referidos a la persona y que no trasciendan de ella. Pero incluye la
información política y la de aquellos asuntos que tengan relación, aún cuando
sea lejana, con la política, cuyo conocimiento es imprescindible para formar la
opinión. Dentro de estos hechos hay que incluir los que, constituyendo datos
o acontecimientos privados, tienen, sin embargo, trascendencia pública, ya que no
puede alcanzar a ellos la salvaguardia de la intimidad. Cuando no se refieren
a hechos personales, sino a datos o acontecimientos políticos cuya difusión puede
ser peligrosa, hay que interpretar esa peligrosidad en sentido muy, restrictivo.
Es más peligroso el "secreto'Óy la falta de información que la difusión de noticias.
Tan peligroso, que el secreto es nada menos que cegar la fuente misma
de la noticia y, por tanto, de la verdad.
W 1
"El que los hechos sean de trascendencia pública, por otra parte, acentúa
más la obligación de publicidad y objetividad por parte de los que ostentan una
función o cargo público. Nada debe producirse por sorpresa. Los gobernantes,
en un sistema de participación sincera y efectiva, han de acostumbrarse a decidir
y a mandar de cara al público. En la duda hay que presumir la publicabilidad
de la noticia), la duda ha de actuar en favor del informante, a la
hora de exigirle responsabilidad por su divulgación, y del informado en todo
caso.
"La noticia ha de ser conforme con la realidad. Esto excluye las falsedades,
entre ellas, por definición, las calumnias y las injurias; los datos inexactos, exagerados
o simulados; la llamada mentira estadística; la presentación triunfalista;
10 ocultación o el disimulo. La verdad hay que agotarla sin miedo, guste o no
guste. La veracidad de la noticia exige así una completa independencia por
parte del informador. Y una absoluta garantía para el 'Público, que se da en
500 l dem., pág. 49.
501 Lo cursivo es nuestro.

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 677
forma de solicitud de aclaraciones, interpelaciones o complementos al informador
o al Poder político; y en forma de sanción para el transgresor, sanción que
debe incluir al informador oficial y, en consecuencia, sólo puede establecerla
el poder legislativo y aplicarla el poder judicial. Otra cosa es medir el grado
posible de conformación con la realidad. La misma definición escolástica de
verdad era cauta -quaedam adecuatio rei el inte/lectus- porque tenía presente
las limitaciones humanas de percepción, a las que habría de añadir las dificultades
de formulación en forma de mensaje. Lo exigible deontológica y jurídicamente
es la sinceridad del informante, sea o no sea profesional.
"La información ha de ser completa. Esta cualidad puede entenderse de
dos formas y ambas tienen relación con el objeto del derecho a la información.
Por una parte, quiere decir que la información ha de comprender todas las
noticias, sin omisión de ninguna por insignificante que parezca. Por otra parte,
la noticia ha de ser toda la noticia. Tiene que reseñar no solamente todo lo
sustantivo, lo que constituye su núcleo fundamental) sino también su contorno,
el conjunto de factores y de circunstancias que la han provocado, la han
rodeado, condicionado o determinado.
"La noticia tiene, en cuanto a verdadera, otras dos notas que, aunque son
también notas técnicas, nos importan ahora como constitutivas del objeto del
derecho. La noticia ha de ser asequible por igual a todos. La participación emana
de un concepto igualitario que no debe olvidarse en el momento de configurar la
información. Y ésta, independientemente de que ha de poder ser conseguida)
recibida y difundida, ha de tener unas condiciones materiales y formales objetivas
que le hagan asequible a la generalidad de los individuos del grupo. Tener
que leer entre líneas supone ya someter al lector a una discriminación. La noticia
ha de ser, finalmente, rápida. La rapidez como nota técnica ha sido muy estudiada
y ha determinado varias de las condiciones, naturales y adquiridas,
del informador. Pero desde el punto de vista jurídico, la importancia de la
rapidez se evidencia por estas dos consideraciones. El ciudadano ha de conocer
la noticia en el momento más inmediato posible a su nacimiento para poder
decir que está bien informado, pues cuanto mayor es el plazo que pudiéramos
llamar de vacación de la noticia, es decir, el espacio de tiempo transcurrido
desde el origen al conocimiento, más tiempo está el ciudadano sin informar.
La noticia atrasada puede estar completada, modificada o derogada por otra
más reciente, ]0 que produce un falso conocimiento de la realidad, no advertibie
por el ciudadano." 502
D. El derecho a la información, en cualesquiera de sus manifestaciones
-propaganda, noticia u opinión-, es un aspecto del ejercicio dc la libertad
de expresión de las ideas. Así, incluso, se le estima por los documentos ya
reseñados y por el mismo tratadista Desantes a quien hemos invocado frecuentemente.
Hasta la mera noticia entraña un juicio 'lógico, es decir, la
atribución de un predicado a un sujeto. Sin esta connotación, la actividad
noticiosa no podría ni siquiera concebirse, pues no tiene ningún sentido
502 Op. cit., págs. 51 a 55.

678 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
externar escuetamente vocablos sin calificación o -poñderación aiguna. Como
dicho autor apunta, e! juicio lógico debe ser verdadero, o sea, que tanto e!
sujeto como e! predicado correspondan a la realidad. Sin embargo, si aquél
pudiese ser real o existente, éste podría ser falso por ignorancia o dolo del
informador y alejarse, en ambos casos, de la verdad cuando ésta incida
en e! mundo fáctico, es decir, cuando el predicado pertenezca a él y pueda
constatarse sensitivarncnte. Por lo contrario, si la calificación del sujeto emana
de una apreciación del informador, esto es, de su criterio interpretativo) la
veracidad de la noticia toca e! ámbito de la subjetividad sin que pueda
precisarse nítidamente su certeza o falsedad. Es en esta hipótesis donde la
reglamentación es sumamente peligrosa para la libertad de expresión, pues
a pretexto de obligar a una información veraz, se pueden señalar criterios
derivados de! subjetivismo de! legislador que atente contra ella. Esta posibilidad
riesgosa nos induce a opinar que no se expida dicha reglamentación,
o sea, que no se fijen normas abstractas, generales e impersonales que pre·
tendan establecer pautas para calificar la verdad de la noticia, sino que en
cada caso concreto se la analice para determinar, conforme a sus propias
modalidades, su veracidad o incertidumbre. Estamos plenamente conformes
en que toda información debe ser verdadera, sin que, para atribuirle este
calificativo, se apliquen criterios subjetivos que imponga el legislador. No
,
existen verdades absolutas. Todo ser humano tiene el derecho de expresar
"su" verdad Como efecto de sus íntimas convicciones sustentadas de buena
fe.'" Recordemos al respecto la célebre frase de V oltaire: "Discrepo de tus
ideas, pero arriesgaría mi vida y libertad por defender el derecho que tienes
para expresarlas."
La verdad no es legislable. Es un valor al que aspira el entendimiento
humano y al que toda información debe propender con libertad y buena fe.
Al sujetarla a ciertos criterios se comete la injusticia de considerar falsos los
que no se adecúen a los que se establezcan, lo cual afecta la libertad de
buscarla y difundir la que se crea se haya alcanzado, imponiéndose, por la
eoercitividad del poder público del Estado, una "verdad oficial" que muchas
veces está preñada de falsedades.
E. Prescindiendo de la deontología de la información, en Su naturaleza
jurídica se implica una relación entre sus destinatarios)' sus productores;' o
sea, el binomio o la dicotomía informante-informado o informable. PorJanto,
Ml3 Decía Protágoras "El hombre es la medida de todas las cosas", antecediendo
así al filósofo de Koenisberg, Emonuel Kant, pum quien la realidad en sí (noúmeno) es
incognocible, siendo sólo susceptible de conocerse al través de la percepción (fenómeno),
del sujeto cognoscente condicionada a las categorías apriorisrícas del intelecto.

680 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
forme al artículo' 6 constitucional, la manifestación de ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa. Ello se deriva de que conforme
a la filosofía que inspira nuestra Constitución, el individuo tiene una esfera de
derechos que la autoridad no ' puede tocar, y esa esfera incluye la libertad
de expresión, de comunicarse ideas. La libre expresión es básica para que pueda
pensarse siquiera en la existencia de un sistema democrático, en el que la soberanía
radica en el pueblo y en el que las autoridades sólo pueden hacer
aquello que el pueblo las ha facultado para hacer en ]a propia Constitución.
y la inclusión de un derecho en ésta no implica que el Estado lo haya concedido
a los ciudadanos, sino que éstos se lo reservaron y decidieron garantizar
su ejercicio mediante la inclusión expresa de ese derecho en la propia ley fundamental,
pues la Constitución otorga la garantía, no el derecho (Artículos 1
y 39). Y esa libertad de expresar las ideas y de comunicarlas, incluye lógicamente
también las ideas filosóficas, científicas, artísticas, religiosas, etc.' y todas
las formas y maneras como esas ideas y expresiones artísticas pueden difundirse,
lo que incluye la poesía, la música, etc... Ahora bien, la libertad constitucional
de expresar ideas elebe incluir necesariamente la libertad constitucional de
utilizar libremente todos los medios de expresión, sean palabras o conductas,
en cuanto puedan difundir ideas. Y esto incluye necesariamente también los
medios masivos de difusión. Pues sería absurdo, en la sociedad contemporánea,
que sólo la_palabra hablada o escrita eiJ. forma individual estuviera constitucionalmente
protegida, dejando al arbitrio o monopolio de las autoridades el uso,
a su antojo, de los medios masivos de comunicación modernos, como son la
prensa, la radio y la televisión. Y así como sería tiránico pensar que la autoridad
legislativa secundaria o que la autoridad administrativa pudiesen limitar
el número de publicaciones en el país, o en una región del país, a título de
proteger económicamente a los empresarios de las publicaciones Iirnitativamente
permitidas, con 10 que se favorecería un monopolio de la información, así
también resulta contrario a la libertad constitucional, en principio, que se limite
el uso de los canales de radio y televisión con vista a proteger el interés mercantil
de las emisoras limitativamcnte permitidas. Sin embargo, como por las
características de estos medios de comunicación, el número de canales utilizables
tienen un límite técnico, es claro que el Congreso pueda reglamentar el uso de
esos canales, y concesionario, ya que se trata, además, del uso del espacio territorial
y del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas, como lo
afirma el artículo }9 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Y como esos
medios masivos de comunicación constituyen una actividad de interés público,
el Congreso y las autoridades administrativas deben vigilarla y protegerla, para el
debido cumplimiento de su función social. Pero, atento todo lo que se lleva
dicho, esa vigilancia y ese cuidado no deben tender a limitar el número de
canales en uso, con el objeto de proteg-er las utilidades mercantiles de quienes
han obtenido una concesión, sino que debe ejercerse de manera que puedan ser
utilizados todos los canales, independientemente de la conveniencia mercantil de
los primeros concesionarios, COn miras a que haya los máximos elementos posibles
de difusión de ideas por esos medios, lo cual redundará en beneficio de los
fines que se persiguen garantizando la libertad de expresión: una vida democrática
más plena, y también una vida más plena en los terrenos artístico, filo-

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 681
sófico, de simple diversión, etc ... y sólo cuando esos altos fines puedan resultar
afectados, es cuando se podrían limitar, razonando esto cuidadosamente, lor
canales utilizables. Lo que las autoridades deben combatir es el monopolio
monocromático de esos medios masivos de comunicación. Y la única razón
para prohibir el uso de nuevos canales, o para cancelar las concesiones y permisas
de canales en uso, será el evitar que se forme un monopolio que coarte la
libertad de expresión, o impedir que los canales utilizables queden en manos
de personas poco serias, que pudieran atacar indebidamente la moral o atacar
indebidamente la vida privada de las personas, cuando esas personas no sean
públicas y cuando los ataques no tengan justificación constitucional. Entender
de otra forma la intención de la ley en el otorgamiento de concesiones y permises,
sería darle un contenido contrario a las disposiciones del artículo 6
constitucional. Por otra parte, cuando Se va a otorgar una concesión, la Secretaría
de Comunicacicnes y Transportes debe hacer los estudios pertinentes, que
deben referirse a los requisitos legales a satisfacer, a la seriedad de la instalación
y de su programación y funcionamiento, y sobre todo, a que na se constituyan
monopolios monocromáticos de tan importantes medios masivos de
difusión, pues aún las estaciones comerciales difunden una ideología ciertamente.
de manera directa e indirecta, al través del contenido de sus programas y anuncios.
Y ese estudio que formulen las autoridades debe darse a conocer íntegramente
a las personas e instituciones que pudieran resultar afectadas, para que
estén en oportunidad real de presentar sus objeciones, en términos del articulo
19 de la Ley Federal de Radio y Televisión, en relación con el artículo 14
constitucional: se violaría la garantía de audiencia de esos posibles afectados
si tuviesen que formular sus objeciones a ciegas, sin conocer en su plenitud todos
los elementos del estudio hecho por las autoridades, Por último, sobre esas
objeciones las autoridades deben resolver en forma fundada y motivada, pues el
artículo 16 constitucional exige que se funden y motiven las resoluciones que
puedan causar alguna molestia a los gobernados, en sus derechos. O sea que aunque
las autoridades deban resolver a su libre juicio, esto no quiere decir que
puedan resolver caprichosamente y derogando la garantía constitucional de
fundamentación y motivación, ni que su juicio quede exento del control constitucional
del "juez de amparo, en términos del artículo 103, fracción 1 de la
Constitución Federal. Y si las autoridades no formulan los estudios pertinentes,
o no los dan a conocer a los interesados, habrá que mandar reponer el procedimiento
administrativo. Y si no fundan y motivan su resolución, incluyendo el
rechazo de las objeciones, de manera que se trate de una violación formal
(omisión absoluta de motivación o de fundamentación en ese aspecto), se deberá
mandar reponer la resolución reclamada." 507
La información por conducto de los medios de comunicación masiva coma
el cine, la radio y la televisión, tienen las limitaciones que a la libertad de
expresión de las idea, establece el artículo 6 constitucional que ya estudiamos
liM Informe de 1978, págs. 95 a 98, Sección "Tribunales Colegiados". Tesis del Primer
Tribunal" Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

682 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
en esta misma obra."" Independientemente de ellas, dicha información, por
estar estrechamente vinculada a la colectividad que la recibe, debe condicionarse
al interés social como prevalente sohre los intereses particulares de los
informadores y de quienes utilicen dichos medios Como propaganda o anuncio.
Aunque es difícil formular una definición del concepto de interés social, sí es
posible señalar diferentes hipótesis generales en que opera, según lo hemos
hecho en varias ocasiones. Dicho interés radica en evitar algún- daño o perjuicio
de cualquier índole a la comunidad, en procurar, para ésta, algún beneficio,
en resolver los problemas colectivos o en satisf,!cer cuaquier necesidad
pública. Con base en el interés social, localizable en cualquiera de estos supuestos,
las leyes que rijan los citados medios de comunicación masiva pueden
canalizar o encauzar su manejo y proyección, de tal manera que con apoyo
en las disposiciones conducentes las autoridades del Estado pueden impedir
que su uso provoque alguno de los fenómenos que lesionen el interés social en
cualquiera de las hipótesis enunciadas, debiendo advertirse que las decisiones
que al efecto emitan son susceptibles de revisarse constitucionalmente al través
del juicio de amparo.
III. -RIESGOS DE LA REGLAMENTACIÓN AUTÓNOMA SOBRE LA INFORMACIÓN
Conforme al artículo 6 constitucional, "el derecho a la información será
garantizado por el Estado". "Garantizar" o "garantir" implica "asegurar" o
"proteger". Por ende, de acuerdo con dicho precepto, el Estado no asume
la obligación de informar, sino de garantizar, es decir, de proteger o asegurar
el derecho a la información.
Este derecho es indiscutiblemente subjetivo público, ya que se previene
como complementario o paralelo del que estriha en la libertad de manifestación
de las ideas, o sea, que forma parte del contexto de las llamadas garantías
individuales instituídas en el capítulo prímero de .la Constitución.
Los titulares de las citadas garantías son todos los sujetos que se encuentren
en la situación de gobernados, independientemente de su condición específica,
según lo dispone el artículo primero de nuestra Ley Suprema, la cual,
al través de su artículo 33, hace extensiva dicha titularidad a los extranjeros.:;09
Por consiguiente, conforme a los mandamientos constitucionales invocados,
toda persona física o individuo, toda persona moral de derecho privado
o social, toda entidad de índole política y, en general, todo sujeto que se
008 Cfr. Capítulo Sexto, III, B.
11 Sobre la idea de gobernado, véase el Capítulo Segundo, parágrafo III, inciso A,
apartado b) de esta misma obra.

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 683
halle en la posición dc gobernado, es titular del derecho público subjetivo
consistente en que el Estado garantice la información, incluyendo a los extranjeros,
salvo que se trate de la materia política.
No puede existir ningún derecho subjetivo sin ninguna obligación correlativa.
Por tanto, el derecho a ser informado exige necesaria e ineluctablemente
la obligación de informar. Ahora bien, como el Estado debc garantizar
el derecho a la información, esta garantía debe traducirse en la imposición de la
obligación informativa a cargo de los entes físicos, morales, privados, oficia.
les, paraestatalcs o de cualquier otra índole, que determine la ley reglamentaria
del artículo 6 constitucional. En otras palabras, sin dicha imposición, el
consabido derecho sería francamente utópico o irrealizable, y si se hace gravitar
sobre los órganos de comunicación masiva, no gubernamentales (radio,
prensa y televisión), Se provocaría el riesgo de vulnerar, en su perjuicio, las
garantía, de libre expresión de las ideas .que consagran los artículos 6 y 7
constitucionales, al constrcñírseles a proporcionar la información según los criterios
que en 'el ordenamiento reglarnentario se prevean, a pretexto de una
"veracidad", de suyo tan relativa, que puede interpretarse tan diversa y contradictoriamente.
Por otro lado, si el derecho a la información se contrajera a determinados
sujetos físicos o morales o a cierta índole de agrupaciones políticas, profesionales,
académicas, sindicales o sociales sin comprender a todos los gobernados,
incluso a los extranjeros, se violarían los artículos 1, 6 Y 33 de la Constitución.
A mayor abundamiento, según el principio que enseña que "donde
la ley no distingue no se debe distinguir", el derecho a la información debe
versar sobre cualquier materia conforme a la amplitud con que constitucionalmente
se establece. Por ende, si tal derecho se restringiese para hacerlo
operante sólo en ciertas cuestiones, la ley que lo limitara sería contraria al
mismo artículo 6 constitucional.
Son fácilmente previsibles los múltiples graves problemas de toda naturaleza
con que los legisladores se enfrentarían para reglamentar en una ley ordinaria
el derecho a la información. El deseo de no ser demasiado prolijos
en su señalamiento, nos obliga simplemente a enunciar algunos de ellos cuya
ingencía y ominosidad son evidentes. ¿El derecho a la información debe constreñir
a revelar secretos de Estado, primordialmente en lo que concierne a
las relaciones internacionales de nuestro país? ¿Con motivo de su ejercicio
se deberían suministrar datos que comprometiesen la seguridad interior de
México en materia militar? ¿Cualquier extranjero en el ámbÍto no político,
podría pedir informes sobre las condiciones en que se fncuentren las finanzas
nacionales y la economía mexicana en sus diferentes aspectos? ¿Los órganos
publicitarios estarían .obligados a proporcionar noticias sobre hechos cuyo

68-4- LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
conocimiento público causara alarma en la población? ¿La información que
dichos órganos dieran estría sujeta al criterio de las autoridades estatales encargadas
de aplicar la ley reglamentaria que se expidiese? ¿El derecho a la
información se podría ejercitar al extremo de que se violara el secreto profesional?
¿La información que con base en dicha ley se suministrara excluiría
toda la información disidente, opuesta o contraria? ¿Cuáles serían
las sanciones por no cumplir la obligación de informar o por no informar
en el sentido que determinen los órganos del Estado encargados de hacer
obedecer dicha ley?
Las anteriores cuestiones, y otras muchas que sería tedioso plantear, conducen
al dilema que los legisladores deberán dilucidar, a saber: o se respeta la
Constitución en lo que a la extensión del derecho a la información se refiere,
colocando al país en graves riesgos internos o externos, o para evitarlo se
restringe tal derecho, contrariando las disposiciones constitucionales ya señaladas.
Este dilema nos lleva a considerar que el citado derecho es sumamente
difícil de instrumentar normativamente, pues el equilibrio entre su ejercicio
dentro de un marco de seguridad para México y la observancia de la Constitución
es casi imposible de lograr. Ello nos induce -a meditar sobre la convenienda
de que no se expida ninguna ley reglamentaria del artículo 6 constitucional,
a efecto de que el multicitado derecho sólo se conserve como mera
declaración dogmática del Estado Mexicano sin proyección pragmática positiva
alguna.
Los problemas a los que se enfrentaría la reglamentación del derecho a la
información se agudizarlan si se toma en cuenta el proceso informativo a que
se refieren los "comunic6logos". Este proceso se inicia con la noticia que proporciona
la "fuente" de información al "emisor" (estructurador de la noticia)
quien a su vez utiliza los medios de comunicaci6n (televisión, radio, cine,
prensa) para hacer llegar la noticia al receptor (público en contacto con los
medios informativos}, Como se ve, en el proceso al través del cual se desarrolla
la información concurren diferentes sujetos, quienes son simultáneamente los
que reciben y los que trasmiten la materia informativa. Por ende, en la reglamentación
a que nos referimos se tendrían que señalar con precisión los derechos
y las obligaciones de cada uno de tales sujetos, y si a este intrincado
señalamiento se agrega la imposibilidad de comunicar noticias con absoluta
veracidad y con prescindencia de criterios subjetivos que la alteren, la Ley
Reglamentaria del artículo ,6· constitucional en lo que al derecho a la información
atañe, presentarla aspectos sumamente negativos y perjudiciales para la
libertad de expresión de las ideas.

EL DERECHO A LA INFORMACiÓN 685
IV. INCOMPETENCIA DEL CONGRESO FEDERAL PARA REGLAMENTAR EL DE­
RECHO A LA INFORMACIÓN POR MEDIO DE LA PRENSA.
A propósito de la pretendida reglamentación al derecho de información,
surge el problema consistente en determinar si el Congreso de la Unión tiene
o no facultades constitucionales para expedir la ley respectiva, Con e! objeto dc
dilucidar esta cuestión, es indispensable formular algunas consideraciones
de carácter jurídico. Dicho Congreso, como cucrpo legislativo federal, tiene dos
tipos de facultades conforme a la Constitución de la República, a saber, las expresas
y las implícitas. De acuerdo a las primeras, dicho órgano sólo puede
legislar en las materias que consigna, dentro de su órbita compctencial,
nuestra Carta Fundamental, según se indica en su artículo 124 que establece:
"La" facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución
a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados". En ejercicio
de las segundas, o sea, de las facultades implícitas, e! aludido Congrcso
puede expedir todas las leyes que sean necesarias para hacer efectivas sus
facultades expresas y las que la misma Constitución conceda a los otros dos
Poderes de la Unión, es decir, al Ejecutivo o al Judicial Federales, según lo
previene la fracción XXX del artículo 73 constitucional, que dispone: "El
Congreso tiene facultad: para expedir todas las leyes que sean necesarias, a
objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas
por esta Constitución a los Poderes de la Unión". Si alguna materia no está
comprendida dentro del ámbito competcncial de! Congreso de la Unión demarcado
por sus facultades expresas o implícitas, su normación corresponde a las
legislaturas de los Estados en los términos de! artículo 124 ya transcrito."?
Sentadas las anteriores premisas, cabe preguntarse si e! Congreso Federal
puede expedir, con vigencia espacial para toda la República, la ley que regIamente
el derecho a la información consignado en e! artículo 6 de la Ley
Suprema del país. Tal derecho, al menos por su ubicación preceptiva, implica
una garantía en favor de todo gobernado en el sentido de recibir o de difundir
cualquier información. Atendiendo a esta implicación, se plantea el problema
de si e! multicitado Congreso puede reglamentar los preceptos en que se instituyen
las garantías del gobernado, impropiamente llamadas "individuales". Ninguna
disposición constitucional confiere a dicho organismo esa facultad reglamentaria,
careciendo, por ende, de competencia para expedir leyes que nonnen
tales garantías en sí mismas consideradas, Es verdad que el artículo 16 transitorio
de la Constitución dispuso que el Congreso de la Unión debió expedir
"todas las leyes orgánicas de la Constitución que no hubieren sido ya expedidas
en el período extraordinario a que se refiere el artículo 6 transitorio, y dará
aro Cfr. nuestra obra Derecho Constitucional Mexicano, Cap. séptimo, IV.

686 LAS GARANlÍAS INDIVIDUALES
preferencia a las leyes relativas a garanúas individuales y arúculos 30, 32, 33,
35, 36, 38, 107 Yparte final del artículo III de esta Constitución"; mas también
es cierto que esta atribución sólo la tuvo durante una época, a raíz de
que nuestra Carta Fundamental actual entró en vigor, o sea, el 1°. de mayo
de 1917, es decir, únicamente durante el período ordinario de sesiones que
transcurrió entre el 1°. de septiembre y el 31 de diciembre del citado año,
según lo indica el invocado arúculo transitorio. Por consiguiente, después de
ese período, el mencionado organismo legislativo dejó de tener la consabida
facultad reglamentaria.
No obstante lo que se acaba de sostener, la reglamentación de dichas garantías
sólo puede formularla el Congreso de la Unión, como legislatura federal,
si el ámbito de incidencia de las mismas está constituido por alguna
materia sobre la cual el mencionado Congreso tenga facultad legislativa expresa
o implícita. Este criterio se ha sustentado, incluso por la Suprema Corte
al aseverar que la facultad de reglamentar las garantías individuales "está
subordinada a la naturaleza de la materia sobre la cual versen, según lo previene
el artículo 124 de la misma Constitución y, por tanto, la reglamentación
de dichas garantías corresponderá al Congreso Federal, cuando se trate
de materias que atañen a la jurisdicción federal y a las legislaturas locales en
caso contrario"..511
Tratándose del derecho a la información, éste puede ejercerse al través de
la prensa, de la cinematografla, de la radio o de la televisión, siendo estas dos, como
se sabe, vías generales de comunicación. En lo que atañe a las tres últimas materias.
el Congreso de la Unión sí tiene facultades expresas para dictar las leyes
que las regulen según lo establecen las fracciones X y XVII del artículo 73 de la
Constitución. que disponen: "El Congreso tiene facultad: para legislar en toda la República
sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos
con apuestas y sorteos, instituciones de crédito, energfa eléctrica y nuclear. para
establecer el Banco de Emisión Unico en los términos del articulo 28 y para expedir
las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123." "El Congreso tiene facultad:
Para dictar leyes sobre vías generales de comuniauión y sobre postas y
correos; para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción
federal." Sin embargo, si la información se realiza por medio de la prensa, el
mencionado órgano legislativo carece de competencia para expedir cualquier ley que
la regule.
En conclusión, el multicitado Congreso como cuerpo legislativo federal,
sólo puede reglamentar el derecho a la infonnación cuando éste se ejercite POT los medios
masivos de comunicacion que consistan en la cinematografía, en la radio o en la
televisión, por tener facultades expresas para ello, sin que sea competente para expedir
ordenamiento alguno que norme los actos informativos al través de la imprenta, cuya
libertad no puede coartarse por ninguna ley según enfáticamente lo ordena
el arúculo 7 constitucional al disponer que "Es inviolable la libertad de escribir
y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede
511 Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época, Tomo XL, pág. 3327.

688 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
cen de eficacia jurídica para revocar la resolución combatida", afirmando
que conforme al articulo 27 de la Ley General de Deuda Pública'" d la
Secretaría de Hacienda jurídicamente tiene la obligación de "a) Dar a conocer
o divulgar entre la colectividad los datos de la deuda pública; b) Hacerlo
ajustándose a etapas temporales que guarden períodicidad; y e) Consignar
los datos que sean relevantes para su mejor entendimiento",
Los argumentos que se esgrimen en dicho fallo, para delimitar el derecho
a la información expresan:
"Lo antes precisado evidencia que, al negarse a acceder a la petición del
quejoso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no está dejando de cumplir
con la disposición legal citada, pues el medio idóneo para dar a conocer
los datos de la deuda pública no es proporcionar la información a un particular;
además, si el precepto establece que esa publicidad deberá guardar cierto orden
en el tiempo, es claro que de proporcionar los datos al peticionario se rompería
esa obligación, pues se estaría sujetando a la voluntad del quejoso y no a la
de la ley.
"Los argumentos antes apuntados llevan a concluir que de la obligación
consignada en el segundo párrafo del articulo 27 de la Ley General de Deuda
Pública, no deriva una facultad que otorgue a un particular el derecho a ser
informado como lo solicita el quejoso ni ello implica que se le excluya de la
colectividad mexicana.
"En estas condiciones no se ha violado, en la especie, el derecho de petición
consignado en el artículo octavo constitucional, pues a la solicitud elevada
recayó un acuerdo escrito de la autoridad a la que se dirigió la petición y se
dio a conocer al quejoso."
Tampoco se ha violado en perjuicio del quejoso el derecho de infonnación
consignado en el artículo sexto constitucional, en atención a las siguientes consideraciones.
La adición al artículo sexto constitucional en el sentido de que el derecho
a la información será garantizado por el Estado, se produjo con motivo de
una iniciativa presidencial de cinco de octubre de mil novecientos setenta y
siete de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, además del sexto, en sus artículos 41, 51, 52, 53, 54, 55 J
60, 61,
65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115.
En la propia iniciativa se califica como "el primer paso de la Reforma Política"
y comprende cuestiones relativas a partidos políticos, procesos electorales,
integración V facultades de las cámaras, etc. En 1" referente al derecho
;1 la información. la iniciativo expresa: "también se hace necesario garantizar
en forma equitativa a los partidos políticos nacionales la disposición ele los medios
que les permitan difundir con amplitud sus principios) tesis)' programas.
así COIllO los análisis " opiniones que formulen respecto de los problemas de
5)2 el Este precepto obliga a la Secretaría de Hacienda a mantener "el registro de
las obligaciones financieras constitutivas de la deuda pública que asuman las entidades
(del sector público) J en el que anotarán el monto, características y destino de Jos recursos
captados en su forma particular y global", así como a "publicar en forma periódica
los datos de la deuda pública, consignando todos aquéllos que resulten significativos para
su mejor comprensión".

.
i
EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 689
la sociedad. Para este fin, se estima conveniente establecer como prerrogativa
de los partidos políticos, su acceso permanente a la radio y la televisión, sin
restringirlo a los periodos electorales. Esta prerrogativa de los partidos tiene el
propósito de dar vigencia en forma más efectiva el derecho a la inofnnaci6n,
que mediante esta Iniciativa se incorpora al artículo 6

690 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
"a) Que el derecho a la información es una garantía social, correlativa a
la libertad. de expresión, que se instituyó con motivo de la llamada 'Reforma
Política', y que consiste en que el Estado permita el que, a través de los diver­
SOS medios de comunicación, .se ...manifieste de manera regular la diversidad.
de opiniones de los partidos pollticos.
"b) Que la definición precisa del derecho a la información queda a la
legislación secundaria; y
"e) Que no se pretendió establecer una garantía individual consistente en
que cualquier gobernado, en el momento en que lo estime oportuno, solicite
y obtenga de órganos del Estado determinada información.
"Esto no quiere decir que las autoridades se eximan de su obligación constitucional
y legal de informar en la forma y términos en que la Constitución
y la ley lo establezcan, pero tampoco supone que los gobernados tengan un
derecho frente al Estado para obtener información en los casos y a través de
sistemas no previstos en las normas relativas.
"En efecto, como se ha señalado, el derecho a la información no crea en
favor del quejoso la facultad de elegir arbitrariamente la vía mediante la cual
pide conocer ciertos datos de la actividad realizada por las autoridades, sino
que esa facultad debe adoptar el medio que al respecto se señale legalmente,
y, además, como se ha precisado, no es a través de un particular que la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público debe cumplir con el referido segundo
párrafo del artículo 27 de la Ley General de la Deuda Pública."
c) Comentarios al criterio de la Suprema Corte. En el juicio de amparo
ya citado, y con ocasión de los datos que pedirnos al Secretario de Hacienda
sobre la deuda pública externa de México, planteamos, como ya dijimos,
una de las cuestiones más controvertidas en los últimos años como es la
que atañe al direcho a la iniormacién previsto en el artículo 6 constitucional.
Este planteamiento se traduce en las siguientes interrogaciones: ¿Todo
gobernado tiene efectivamente, en la realidad, ese dercho subjtivo público?
¿Los 6rganos del Estado tienen a SU cMgo la obligaci6n correlaiiua de informar
al peticionario de in[ormad6n? ¿Qué alcance tienen ese derecho
y esa obligecián? ¿Garan/iza el Estado el multicitado derecho o permite que
sus autoridades nieguen la información que lbs particulares les pidan con
apoyo en el invocado precepto de la Constituci6n? ¿Tiene la Nocián y todos
y cada un!' de ols mexicanos que la componemos el derecho de conocer,
como deudores, las empréstitos que en nombre de México se hayan celebrado
y sus primordiales modalidades? ¿Si el pueblo y nosotros los gobernados
en particular no tenemos ese derecho, qué objeto tiene su consagracián
constitucional?
El análisis del criterio de la Suprema Corte que se sustenta en la ejecutoria
cuya parte conducente transcribimos, lleva a las siguientes conclusiones:
a) el citado derecho es una garantía social correlativa a la libertad de
expresión, para que los partidos políticos manifiesten sus opiniones a través
de los medios de comunicación; b) la legislación secundaria debe definir
tal derecho; c) el mencionado derecho a la información no es una garantía

692 U\S GARANTfAs INOMOUALES
rtUilm carente dejuridicidad, aunque se la haya reputado como complemento de
la libertad de expresión que proclama el arúculo 6 constitucional. Esta apreciación
se funda en que este precepto no obliga a nadie a informar. Por otro
lado, como ya aseveramos con antelación, reglamentar el consabido derecho
entraña muchos riesgos y dificultades que en páginas anteriores hemos expuesto.
VI. CONCLUSIONFS
Las consideraciones que en los parágrafos precedentes hemos formulado
conllevan a las conclusiones siguientes:
a) El derecho a la información aparenta ostentar un aspecto complementario
del derecho público subjetivo que tiene como contenido la libertad de
expresión del pensamiento por medios escritos, orales o por cualquier otro
signo de exteriorización de las ideas.
b) La información debe ser veraz, implicando este deber una obligación
moral y de sentido de responsabilidad para los órganos informativos, sin que
en ninguna ley secundaria se deban establecer criterios apriorísticos de veracidad
por el riesgo que representarían en cuanto que coartarían la libertad
de manifestación de las ideas.
e) Los medios de comunicación masiva como la radio, el cine y la televisión
deben estar subordinados al interés social, teniendo el Congreso de la
Unión facultades expresas para reglamentar su manejo y proyección en la legislación
secundaria correspondiente.
d) Dicho congreso carece de facultades constitucionales para reglamentar
la libertad de imprenta, como medio escrito de comunicación masiva.
e) Con fundamento en el articulo 7 constitucional, las autoridades del
Estado pueden aplicar, en cada caso concreto, las limitaciones que para la
mencionada libertad establece el invocado precepto, sin necesidad de que se
expida ninguna ley reglamentaria.
j) Según el criterio de la Suprema Corte, el derecho a la información no
es una garanúa individual sino social, requiriendo su "precisa definición" su
normación por la legislación secundaria.
g) Como se advierte de la t;jecutoria en que tal criterio se contiene, el "derecho
a la información", sin su normación legal ordinaria, no es sino una mera
declaración utópica que solamente envuelve un simple propósito irrealizable.
VII. OBSERVACIÓN FINAL
Sobre el derecho a la información existen una vasta literatura y varios
criterios judiciales. Su estudio exhaustivo excederla el contenido de la presente
obra. Por ello, recomendamos ampliamente el libro de Miguel Carbonell
que contiene dicho estudio.>l2.
512 e Los Dn-echos Fundammtale.s en Mhcieo. Págs. 591 a 621.

CAPÍTULO NOVENO
LAS GARANTíAS SOCIALES
Sumario: l.-Introducción histórica. I1.-Concepto y naturaleza de la
garantía social: a) sujetos; b) objeto; e) principios constitucionales de
las garantías sociales; d) situación y función del Estado en relación con las
garantías sociales. IH.-Las garantías sociales y las garantías individuales
no se oponen ni son incompatibles. IV.-Breve referencia a las garantías
sociales en materia agraria. V.-La garantía social y los interesas sociales.
1. l ntroduceión histórica. Como consecuencia del jus-naturalismo quc
proclama la consubstancialidad dc los derechos del hombre con su propia
personalidad y, por ende, su carácter supra-estatal, surgió a raíz de la Revolución
francesa y como derivación directa de la Declaración de 1789, el indio
oidualismo, el cual constituyó el fin del Estado y de sus instituciones jurídicas.
En consecuencia, el individuo y sus derechos erao el primordial, si no el
único, objeto de tutela de la organiiación estatal, postulado que acogió plenamente
el Constituyente mexicano de 1857 y que plasmó en el articulo
primero de la Ley Fundamental de ese año. Como consecuencia de la postura
individualista quc normaba las relaciones entre gobernantes y gobernados,
imperó coetáneamente a ella el liberalismo, que implicaba una completa abstención
por parte del Estado en las relaciones sociales. Sólo tenían injerencia
en éstas las autoridades estatales, cuando el libre jucgo de los derechos de
cada gobernado originaba conflictos entre los individuos. En conclusión,
el individualismo prohibió toda idea de asociacionismo, de coalición de gobernados
para defender sus intereses mutuos, pues se decla que entre el Estado
como suprema persona moral política y el individuo, no debía haber entidades
intermedias que no tuvieran como finalidad la protección de los intereses particulares.
Fue por eso por lo que Chapelier en Francia, mediante la ley que
lleva su nombre, prohibió la formación de asociaciones profesionales, pues
estimaba que la existencia y el funcionamiento de éstas implicaba una seria
oposición a la libertad de trabajo. Por su parte, el liberalismo absoluto vedó
al Estado toda injerencia en las relaciones sociales que no tuviera como fin
resolver los conflictos que se suscitasen entre los gobernados con motivo del
libre ejercicio de SU actividad.

69+ LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
Tanto el liberalismo como el individualismo tenían su soporte en el concepto
de igualdad legal. Todo hombre es igual a todos a los ojos de la ley,
decían los revolucionarios franceses. Consiguientemente, ningún Estado podía
quebrantar esa igualdad legal favoreciendo a unos o a' otros. Sin embargo,
este "igualitarismo legal" correspondía realmente a una verdadera desigualdad
social, puesto que olvidaba las diferentes situaciones materiales en que
dos individuos pudieren encontrarse. La abstención por parte del Estado en el
sentido de no intervenir en las relaciones sociales, con las salvedades indicadas,
trajo tremendas consecuencias para las clases desposeídas, lo que se palpaba
principalmente en las relaciones obrero-patronales.
Inmediatamente después de la Revolución francesa se crea en Francia
una reglamentación para el trabajo, pero no autónoma ni independiente de los
demás cuerpos de leyes que existian, sino diseminada en la Ley Chapelier,
en el Código Penal y en el CiviL No obstante que por un edicto de Turgot se
prohibieron las corporaciones, éstas siguieron viviendo hasta el año de 1791,
en que, en virtud de un decreto, quedaron totalmente abolidas, llegándose
hasta evitar para el futuro su reaparición. Sin embargo, se permitieron las
agrupaciones o corporaciones de indole mutualista, despojándolas de todo
carácter de monopolio del trabajo que era el que tenían dichos organismos
en la Edad Media. Chapelier, por su parte, no estuvo de acuerdo en que
siguieran funcionando dichas agrupaciones con carácter mutualista, suprimiéndolas
mediante la ley que llevó su nombre por haber sido él su autor. Es importante
subrayar esta disposición, porque fue la que en 1857 impidió que en
México se creara una legislación del. trabajo, como consecuencia de la adopci6n
de las ideas que privaban en Francia en el sentido de establecer la libertad
de trabajo por convenir a los ciudadanos y para cuya implantaci6n y desenvolvimiento
en la realidad, las asociaciones profesionales constituían un gran
obstáculo.
Más tarde, en Alemania surgió lo que se llama intervencionismo de Estado,
ideado por Bismarck en beneficio de los productores, revelado o traducido
en la regulaci6n de la producci6n o elaboración industriales. El segundo
aspecto de esa injerencia estatal en la vida económica de Alemania fue, el
que se refirió al establecimiento de una reglamentación de las relaciones
entre los empresarios y los trabajadores. Esta tendencia evidentemente contrastaba
con las ideas liberales que imperaban en Francia a la sazón, consignadas
en la Ley Chapelier, pues mientras que el intervencionismo de Estado
trataba que éste tuviera una injerencia en la producción regulándola, el liberalismo
sostenía que debía dejarse a los productores y a todo individuo en
general en libertad absoluta.
Sin embargo, las ideas liberales confundian los dos aspectos del intervencionismo
de Estado, considerando a ambos como obstáculo a la libertad de
trabajo, por lo que durante el predominio de ellas no se pensó siquiera en establecer
una legislación que normara las relaciones obrero-patronales. Es evi-

LAS GARANTÍAS SOCIALES 695
dente que de tal confusión surgía un error, al pretender las teorías liberales
que, mediante la injerencia del Estado en cualquier aspecto de la actividad
individual, se menoscabaría enormemente el postulado de la libertad del hombre,
pues el hecho de que el gobierno interviniera como regulador de las
relaciones entre empresarios y trabajadores, en nada podría significar una violación
a dicha libertad. Estas ideas trajeron como consecuencia, pues, una
completa falta de protección y abandono de los trabajadores, quienes, bajo
un régimen de libertad aparente, se veían en la mayoría de las veces a merced
del patrón.
En una confusión y error análogos incurrió Vallarta en el Constituyente
de 57 al sostener que un plausible intervencionismo de Estado en la actividad
de los particulares significaría un ataque a las libertades individuales,
propugnando que el remedio de los males de que adolecía la clase trabajadora
fuera precisamente una completa abstención de parte del Estado en tener
o tomar injerencia en la vida privada.
Hemos dicho anteriormente que las condiciones en que se encontraban
los trabajadores en la época en que predominaban las teorías liberales en
Francia, se revelaban en tres ordenamientos legales, uno de los cuales era el
Código Penal Francés.
En efecto, este ordenamiento prevenía una severa sanción a los individuos
que se constituían en asociación profesional; condenaba acremente las huelgas
y los paros Y todo aquel acto que significara un ataque a la libertad de trabajo,
tipos de delitos que pasaron a nuestro Código Penal de 1871 bajo el
rubro de "ataques a las garantias individuales". Así, pues, tanto la Ley Chapelier
corno. el Código Penal Francés, hicieron imposible todo intento de
asociación de trabajadores. Triunfó, pues, a raíz de la Revolución francesa,
el individualismo, y como consecuencia de este acontecimiento, los trabajadores
se vieron aislados frente al poderío económico del patrón, que los obligaba
a prestar sus servicios mediante una retribución ínfima; las relaciones
de obrero a empresario estaban reguladas por un contrato individual de trabajo
formado sobre la base de una libre contratación.
Este principio de la libertad en la confección de los contratos individuales
de trabajo encontró su cristalización en el Código Civil Francés, inspirado en
ideas fuertemente individualistas. No obstante que el postulado de la libertad
de las partes para la celebración de todo acto jurídico constituyó la base de
dicha legislación, se fue violando paulatinamente dicho principio en beneficio
no del trabajador, como hubiera sido lo equitativo y justo, sino en provecho
del empresario.
En el Código Civil la prestación de un trabajo se consideraba como un
arrendamiento bajo la idea romana. Este arrendamiento presentaba tres formas
en que se podía celebrar el contrato de trabajo: arrendamiento de
servicios (trabajo de domésticos y obreros libres), el contrato de transporte
y el contrato de empresa, que era el antiguo contrato de obras del Derecho

696 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
Romano. Para celebrar cualquiera de estos tres contratos regía la voluntad
de las partes, basada en una supuesta igualdad entre ellas. Era, pues, la intención
de los contratantes lo que determinaba las condiciones y cláusulas
del contrato. Respecto de los riesgos, la parte que debía responder de ellos era
distinta según se tratase de un contrato de arrendamiento de servicios o de
uno de empresa. Así, en el contrato de arrendamiento de trabajo, los riesgos
corrian a cargo del empresario, y en el de empresa, a cargo del trabajador.
Sin embargo, no obstante que en el Código Francés existían estas tres especies
de contrato de trabajo, no había en dicha legislación un criterio firme
que estableciera las distinciones y características de ellas, sino que, para determinar
a qué categoría pertenecia un determinado contrato, se atendía exclusivamente
a la voluntad e intención de los contratantes.
La reglamentación francesa no se preocupó por las tres cuestiones básicas
del contrato de trabajo, a saber: el salario, la jornada de trabajo y la duración
del mismo. No se establecia un tipo de salario fijo que el patrón estuviera
obligado a dar al trabajador, sino que aquél era estipulado por el libre
acuerdo de las dos partes. En caso de que el sueldo fuera exiguo y desproporcionado
a la calidad y rudeza del trabajo, el obrero sólo podía ejercitar
la acción de rescisión del contrato, quedando, por consiguiente, excluida toda
posibilidad de elevación del mismo o de una compensación correspondiente.
Lo mismo sucedía respecto de la jornada de trabajo y la duración de éste; el
trabajador sólo podía pedir la rescisión del contrato cuando la jornada de
trabajo fuera muy larga o la duración muy prolongada.
Por otra parte, el contrato de trabajo no se redactaba nunca por escrito,
ni el patrón recibía comprobantes de lo que había entregado al trabajador por
concepto de salario. No existiendo, pues, un elemento que viniera a puntualizar
las condiciones en que cada una de las partes estaba.colocada respecto
del contrato de trabajo, se suscitaron muchas dificultades y conflictos entre
obreros y patrones, iniciándose de tal suerte infinidad de procesos, en los que
la iniquidad y la injusticia para el trabajador eran palpables..En efecto, según
el articulo 1,781 del Código Civil Francés, el simple dicho del patrón era
estimado con un valor probatorio pleno respecto de los salarios, de su pago, etc.
El principio jurídico según el cual el que afirma está obligado a probar, era
completamente desconocido por la legislación civil en materia de trabajo. Este
precepto no pasó por fortuna a nuestro derecho, por lo que nuestro sistema
jurídico permaneció más fiel a los postulados de libertad e igualdad., que son
los que caracterizan al individualismo nacido de la Revolución francesa.
No fue sino hasta el año de 1865 cuando se suprimió en Francia este artículo,
insólito en una legislación de tipo liberal.
Respecto del problema de la duración del trabajo, la legislación frsancesa
dispuso que no debía ser muy prolongada, consignando al efecto dos formas
según las cuales se podía celebrar el contrato: por tiempo indefinido y por
término forzoso. Si un patrón despedía a un trabajador, sin que hubiera ferie-

LAS GARANTÍAS SOCIALES 697
cido el término del contrato, en el caso de que éste se hubiera convenido fijo,
sólo estaba obligado a pagar al obrero el salario correspondiente el tiempo que
necesitaba para. encontrar nueva ocupación. Respecto de la materia procesal,
no había una justicia que se ímpartiera exprofesamente para los conflictos
nacidos de la relación de trabajo, pues aquélla era la civil, con sus consiguientes
desventajas para el trabajador, es decir, la lentitud del procedimiento,
lo costoso de los gastos de la causa, etc.
Las consecuencias que se derivan de todo lo que hemos expuesto se pueden
resumir así: los principios del régimen individualista que imperó en Francia
en el siglo pasado fueron los de libertad e igualdad para todos. La relación de
trabajo durante este régimen resultaba de un libre acuerdo entre las partes
interesadas. La economía liberal, en consecuencia, impidió toda injerencia
del Estado en la vida de los particulares. El contrato de trabajo fue la expresión
de la intención y voluntad exteriorizada de las partes.
Ahora bien, las garantías sociales en materia de trabajo surgen en virtud
de dos circunstancias, que son: la profunda división que mediaba entre las
dos clasessociales, patrones y obreros, y la deplorable situación en que éstos se
encontraban frente a la burguesía. En Inglaterra, las diversas doctrinas económicas,
como el mercantilismo, la fisiocracia y el liberalismo, rompieron con
el antiguo sistema de las corporaciones. Efectivamente, el mercantilismo, caracterizado
por una tendencia a acumular la mayor cantidad de oro y plata posíble
y aumentar la producción con el objeto de que la exportación fuese
mayor que la importación, encuentra que la productividad del Estado, para
lograr dichos objetivos, debía romper los estrechos moldes de la economía
cerrada de las corporaciones. Por su parte, la fisiocracia, partidaria de las
leyes económicas naturales a consecuencia de la primacía que otorgaba a la
tierra como elemento de producción, pugnaba por una libertad absoluta
de trabajo, pretendiendo la desaparición de las corporaciones que coartaban
dicha libertad. Por último, la economía liberal, como su denominación lo
indica, tuvo como afán hacer ímperar el postulado de la libertad absoluta
del hombre en su actividad económica, excluyendo, por ende, todo intervencionismo
del Estado.
Años después de la ímplantación del individualismo como régimen económico
y juridico, los politicos franceses se dieron cuenta de que los postulados
inmaculados de libertad e igualdad resultaban en la realidad puras
paradojas, pues la sociedad presentaba una desigualdad cada vez más marcada
entre sus diversos componentes. Rousseau llegaba a la conclusión de que
dicha desigualdad social provenía precisamente de la propiedad privada, y
como consecuencia de esta idea, pugnaba por el establecimiento de una organización
nueva. Sin embargo, la Convención desestimó estas ideas de Rousseau,
creyendo que con el simple hecho de implantar los principios de igualdad
y de libertad se lograría una sociedad justa y equitativa. Por otra parte, ya

698 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
sabemos que las principales teorias que sirvieron de pauta a los revolucionarios
franceses no sólo no se realizaron, sino que, por el contrario, originaron una
enorme desigualdad entre las distintas clases sociales.
En un régimen de liberalismo, pues, el único libre es el patrón, quien dispone
de todos los medios y de todo el poderío que le confiere su privilegiada
situación económica para no verse coaccionado por aquellas necesidades que
coartan la libertad del obrero. Es falso, pues, que el contrato de trabajo,
tal como lo había concebido el liberalismo, sea un producto de la libre contratación
entre el empresario y el trabajador, pues en realidad esa libertad
sólo se encuentra del lado de una de las partes, como ya se dijo. Por lo demás,
no existía seguridad ni garantía alguna para el trabajador, pues el empresario
podía despedir en todo momento al obrero, si se trataba de un contrato de
trabajo por tiempo indefinido. Es verdad que los principales tribunales establecieron
que ese despido fuese anunciado con ocho días de anticipación, pero
esta limitación a favor del trabajador podía fácilmente excluirse o eliminarse
con una simple cláusula contractual. Así, pues, los obreros estaban expuestos
a toda clase de arbitrariedades por parte del empresario y colocados en una
situación de desigualdad, condiciones todas que engendraban una verdadera
división social.
Este estado de desigualdad en que se encontraba el trabajador en el régimen
liberal se va acentuando cuando la fábrica, la industria en grande,
absorbe a la pequeña, que paulatinamente va desapareciendo. Los potentados
industriales adquieren poderío merced a su riqueza; el obrero, en cambio,
se vuelve más miserable y pobre. Entre empresarios y obreros no existía
más relación que la de trabajo, a diferencia de lo que acontecía en las corporaciones
de la Edad Media, en las que había una especie de comunidad de
vida entre el maestro y el compañero.
Por otra parte, los salarios eran exiguos; la jornada de trabajo larga para
mujeres y niños, quienes vendían más barata su energia de trabajo que los
hombres. En atención a esta circunstancia, los empresarios se dan cuenta
que les es más costeable contratar mujeres y niños, empezándolos a colocar
en las fábricas con el consiguiente desplazamiento de los hombres. 'Éstos, a su
vez merced a la competencia que realizan las mujeres y 10s niños, se ven obligados
a reducir el monto de sus salarios,
La precaria situación de la clase trabajadora en Francia y en Inglaterra
fue la causa de varias revoluciones, como la de 1848, las cuales culminaron
con la creación de normas protectoras para los trabajadores frente al capital
y que no nos incumbe tratar por pertenecer su estudio a la historia del Derecho
del Trabajo. Dichas normas tutelares se establecieron por Bismarck
en Alemania como una concesión graciosa del Estado a favor de la clase
trabajadora, siendo en dicho país donde claramente se vislumbró el régiroen
de intervencionismo de Estado, que parece ser tiene su fundamento en la

LAS GARANTÍAS SOCIALES 699
doctrina de Hegel.F" Por último, fue en Alemania la Constitución de Weimar
de 1919 la que definitivamente consagró normas de protección para la e1ase
obrera o garantías sociales.
No obstante que en sus lineamientos generales la situación jurídica del
trabajador en M éxico era semejante a la que éste guardaba en Francia, en
nuestro país no se prohibió la asociaci6n profesional. El Código Penal establecia
que era un delito realizar motines con el objeto de elevar los salarios,
disposición de la que se aprovechó el general Díaz para aplacar y aun deshacer
las huelgas que se declararon bajo su gobierno, como sucedi6, por otra
parte, con la que hicieron estaliar los trabajadores de los establecimientos
fabriles militares del gobierno en la época de Carranza y que motiv6 la creaci6n
de una de las fracciones del artículo 123 de la Constitución vigente, que
ved6 a dichos obreros el derecho de huelga.
La legislaci6n mexicana fue más liberal que la francesa. En ésta, se consideró
al contrato de trabajo como un arrendamiento de servicios; y todavía
en la época actual los civilistas como Planiol, Manresa, etc., sostienen esta
concepción. EJ Código Mexicano estableció que el contrato de trabajo no era
un contrato de arrendamiento, el cual sólo se refiere a las cosas que son susceptibles
de apropiación. Por esta consideración, la legislación civil mexicana
excluy6 al contrato de trabajo de todo arrendamiento, estimando que, siendo
solamente las cosas que son susceptibles de apropiación objeto de un contrato
de arrendamiento, el trabajo del hombre no puede constituir ese objeto, ya
que no tiene esa posibilidad. El contrato de trabajo, dccía el código, no es
meramente patrimonial, sino que establece relaciones personales entre patrón
y trabajador de respeto y sumisión. En el Derecho Mexicano, mayores semejanzas
ofrece el contrato de trabajo con el de mandato, junto al cual se le
pudo colocar y al que se le pudieron aplicar las disposiciones de este último.
El Código Civil de 70 colocó a trabajador y patr6n en la misma situación de
igualdad, a diferencia de la legislaci6n francesa, que establecía una serie
de prerrogativas y privilegios en favor de los empresarios. En nuestra legislaci6n
civil, pues, encontramos las doctrinas del liberalismo e individualismo
aplicadas con más exactitud.
No obstante que tanto el trabajador como el patr6n se encontraban en
condiciones de igualdad ante la ley, no por eUo se mejoró la situación del obrero,
quien se hallaba a merced del empresario. La justicia civil se cerraba a los
trabajadores, pues la necesidad de la intervención del abogado y lo costoso
del pleito, hacían casi imposible que el trabajador obtuviera lo que reclamaba
en contra del patrón.
170 En efecto, Hegel consideraba al Estado como Ia situación suprema de! hombre y
de la familia. La sociedad, decía, está integrada por tres grupos: la clase desposeída o trabajadora,
la clase capitalista o burguesa, y el gobierno, que debía ser el regulador de las
relaciones entre Jos dos grupos anteriores. Blsmarck, inspirado en Ias tesis hegelianas, estimó
que el gobierno debía tener injerencia en las actividades privadas. regulando las relaciones
entre trabajadores y empresarios.

700 LAS GARANTíAS INDIVIDUALES
Poco se hizo después de 1870 en favor del obrero. El Código Civil de B4
reprodujo los mismos principios legales que la legislaci6n anterior. No hubo
sino dos intentos, uno en 1904- y otro en 1906 para introducir modificaciones
en dicha legislaci6n por lo que respecta a riesgos profesionales, cuya teoría en
Francia se basaba en un concepto de estrecha culpa. En este país, en 1899,
se habia dictado una ley sobre riesgos que, adoptada por diversos paises, se
estableci6 en el Estado de México por Vicente Villada, y que hizo responsable
al patr6n por.los accidentes de trabajo, estipulando, sin embargo, una
indemnizaci6n muy reducida. Establecía, además, una prevenci6n a favor
del trabajador, en el sentido de que los accidentes ocurridos a aquél en el
desempeño de su trabajo, se entendían imputables al patr6n en tanto que no
se comprobara lo contrario.
Después de la ley de ViJlada, Bernardo Reyes expidi6 la ley sobre accidentes
de trabajo en el Estado de Nuevo León, Fue, puede decirse, la ley
más completa y perfecta del mundo, habiendo sido adoptada por casi todos los
Estados de la República, habiendo estado vigente hasta 1931, fecha en que fue
derogada por la Ley Federal del Trabajo. La ley de Bernardo Reyes se inspir6
en la legislaci6n francesa y la aventaja en algunos puntos. Estableci6 dicha
ley la diferencia entre accidentes y enfermedades de trabajo, diciendo que los
primeros son violentos, súbitos, de realizaci6n momentánea; en cambio, las segundas
son permanentes, requieren un lapso más o menos prolongado para
su gestaci6n y desarrollo. En atenci6n a estas diferencias que la ley de Reyes
estableci6 entre enfermedades y accidentes de trabajo, sus disposiciones se
concretaron a los accidentes y se aplicaban sólo al trabajo industrial.
Fuera de estos dos intentos, o sea, la ley Villada y la de Bernardo Reyes,
nada se hace durante el régimen porfirista. Las normas del Derecho Civil se
mantienen aplicables al trabajo.
En la época de Madero, se observ6 el intento de dictar una ley del trabajo,
sin lograrlo. En octubre de 1913, Agustin. Millán lanza un decreto estableciendo
el descanso dominical, siendo ésta la primera medida que adopta la
Revoluci6n Constituciona1ista.
Cándido Aguilar promulga la primera ley del trabajo en el año 1914,
estableciéndose en ella la jornada máxima de diez horas y salario mínimo
de un peso. Se dicta también una disposici6n en la misma ley por virtud de la
cual se declaraban extinguidas todas las deudas que tuvieran los trabajadores
con los patrones, habiendo sido los campesinos los que salieron más beneficiados
con ello. Contiene, además, la Ley de Cándido Aguilar un capitulo
sobre previsión social, en el que se obliga a los patrones a indemnizar a sus
obreros por los accidentes de trabajo. El trabajador tenia derecho a reclamar
la totalidad de su salario durante toda la vida. Se oblig6 a los empresarios a
sostener escuelas en beneficio de los trabajadores. La justicia obrera se separó
de la civil, conociendo de las demandas de los trabajadores contra sus pa-

LAS GARANTÍAS SOCIALES 701
trones las juntas de administración civil, como se llamaban los tribunales
encargados de administrarles justicia.
La Ley de Cándido Aguilar estuvo en vigor hasta 1917. En 1915 Millán
reconoce la asociación profesional, reconocimiento que se debió a la presión
ejercida por los trabajadores de Veracruz, en donde ya se habían fundado los
sindicatos gremiales, siendo dicha entidad el primer Estado en donde comenzaron
a realizarse prácticamente las conquistas obreras, que posteriormente
tuvieron eco en Yucatán, en donde se establece el derecho más completo
sobre el trabajo, anterior a la Constitución de 1917.
Junto a estos distintos cuerpos dc leyes, existió un proyecto del licenciado
Zubarán y Capmany, quc es una reforma a la legislación civil y consta de
siete secciones fundamentales: disposiciones generales y relaciones principales
entre obreros y patrones, la jornada de trabajo, el salario mínimo, obligaciones
de los trabajadores, trabajo de las mujeres y menores de edad. Se sostenía en el
proyecto que si bien el Derecho Internacional no permitía que se empleara
a los menores de edad en algunos trabajos, en México dicho empleo era
menos perjudicial que dejarlos que se dedicaran a la vagancia. Este proyecto
es importante porque es el antecedente del articulo 123 constitucional, que es
producto de su autor y del licenciado José Natividad M acias.
La legislación del trabajo que va a nacer es una legislación de tipo especial.
Sólo existlan dos legislaciones que tenian un carácter autónomo e independiente,
a saber, la de Australia y Nueva Zelanda, y que podemos decir tienen
un tinte fascista, análogo al que tuvieron en Italia y Alemania. Se pensó
que el individualismo era la causa de la división social, de la situación deplorable
de los trabajadores. Se hizo necesario crear un nuevo sistema en el cual.
se desterrase al individualismo, propugnándose la injerencia del Estado en las
relaciones obrero-patronales. Se consideraba en esas legislaciones que la huelga
y el paro son perjudiciales para los intereses de la nación, por lo cual se las
prohibió.
La legislaci6n de Y ucatán se construye sobre la base'de los tribunales de
trabajo. Se exigió la aparición de un cuarto poder, el de los tribunales de trabajo,
que tuviera características propias y que recibiera la denominación
de "Poder Social". Los tribunales de trabajo de Yucatán fueron los antecedentes
directos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, integrándose en un
principio con representantes de obreros y patrones exelusivamente.
El gobierno no ten' a en ellas ninguna representación, pretendiéndose de
esta suerte la independencia y autonomía absoluta de los tribunales de trabajo.
La Junta Central de Conciliación y Arbitraje era el órgano revisor de las
juntas de conciliación. Se integraba con la reunión de los distintos miembros
de las Juntas de Conciliación municipales, instalándose en la ciudad de
Mérida y teniendo un presidente. La intervención del gobierno sólo se realizaba
cuando no había acuerdo entre los miembros de la Junta. Ésta era la
creadora de la legislación del trabajo, mediante la concertación de convenios

702 LAS GARANTÍAS INDMDUALES
industriales, que eran de doble tipo: o bien el convenio industrial podía
afectar a una sola empresa, o bien podía extenderse a una región económica
determinada, Este segundo aspecto coincide con las sentencias que dictan las
Juntas de Conciliación y Arbitraje en un conflicto económico determinado,
en cuanto a su naturaleza y efectos.
Mediante estos fallos del tribunal arbitral se fue formando en Yucatán la
legislación sobre el trabajo. Se pensó que no debía existir una constitución
rigida para el trabajo, sino que el derecho industrial se fuera formando paulatinamente,
a medida que se fueran solucionando los conflictos obrero-patronales
que surgieran. La huelga y el paro quedaron suprimidos de la legislación
de Yucatán, siendo, pues, el arbitraje obligatorio el que venía a poner fin a los
conflictos. Se pensó que debía existir un minimo de garantías sociales para
los trabajadores. Esta idea reapareció en 1915, consignándose más tarde en la
Constitución de 1917 al través del artículo 123 y en la Constitución alemana
de Weimar.
La legislación de Yucatán era en aquel entonces la más perfecta, no en
cuanto a su redacción, sino más bien en cuanto al alcance de sus preceptos.
Se habla en ella de "salario minimo vital", que es aquel salario suficiente
para que el trabajador pueda subvenir a sus necesidades (artículo 85 de la
ley). Dicha legislación también contiene reglas sobre accidentes de trabajo,
sobre el trabajo de los menores, sobre protección a las mujeres y niños, etc.
Se estableció, además, en Yucatán, la sindicalización obligatoria, especialmente
para los trabajadores, denominándoseles a esas uniones de obreros
"uniones industriales", que posteriormente formaron una central que se llamó
la "liga industrial de resistencia".
Después de la legislación de Yucatán, tenemos las leyes de Coahuila. En
1916, siendo gobernador Mireies, se dicta una ley que en muchos de sus aspectos
sigue las ideas de Bernardo Reyes. Consigna la participación del obrero
en las utilidades de la empresa. Con esta legislación del Estado de Coahuila
termina la evolución del derecho de trabajo en México, antes de la Constitución
de 17.
Aunque don Venustiano Carranza tuvo el propósito de que se implantaran
garantías sociales en materia de trabajo, el Proyecto de Reformas a la
Constitución de 57 que envió al Congreso de Querétaro el 1 9 de diciembre
de 1916 no contenía preceptos que las instituyeran. De su exposición de motivos
se advierte la intención del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista,
en el sentido de que, facultándose al Legislativo Federal para expedir leyes
sobre trabajo, éste consagraria enIa normación juridica secundaria las mencionadas
garantías, y en la que "se implantarán todas las instituciones del
progreso social en favor de la clase obrera y de todos Jos trabajadores; con la
limitación del número de horas de trabajo, de manera que el operario no agote
sus energías y tenga tiempo para el descanso y el solaz, y para atender el cultivo
de su espíritu, para que pueda frecuentar el trato de sus vecinos, el que

LAS GARANTÍAS SOCIALES 703
engendra simpatías y determina hábitos de cooperacion para el logro de la
obra común; con las responsabilidades de los empresarios para los casos
de accidentes; con los seguros en los casos de enfermedad y de vejez; con la
fijación del salario mínimo bastante para subvenir a las necesidades primordiales
del individuo y de la familia y para asegurar y mejorar su situación ..." 1n
En la Asamblea Constituyente de 1916-17 se discutió el proyecto del articulo
5 constitucional que consignaba diversas garantías de seguridad jurídica
para el trabajo y su retribución. Sin embargo, la concepción de dicho articulo
na tendía a establecer verdaderas garantías sociales en materia laboral. De la
discusión que se suscitó en tomo a él surgieron tendencias para implantar
en la Ley Fundamental del país un régimen de garantías sociales en la citada
materia y que no debería ser incluido dentro del capítulo denominado "Garantías
Individuales", porque su objeto de nonnación no debía regularse como
las relaciones estrictas entre gobernantes y gobernados, sino como relaciones
individuales y colectivas entre la clase patronal y la trabajadora y sus respectívos
miembros.
En los debates que se desarrollaron alrededor de los diferentes dictámenes
que se presentaron respecto del artículo 5 constitucional, se alzaron las voces
de diputados francamente obreristas que abogaron porque en su texto se
insertaran verdaderas garantías sociales en favor de la clase laborante, entre
ellas, las de Cándido Aguilar, H eriberto Jara, Rafael M artlnez y H éctor Victoria;
pero a la postre triunfó la idea de desprender del capítulo "Garantías
Individuales" las normas referentes a las mencionadas garantías sociales, las
quc sistematizadas y coordinadas se agruparon en un nuevo capítulo que se
designó con el título de "De! Trabajo y de la Previsión Social", integrando
e! articulo 123 de la Ley Fundamental de 1917.
El que sugirió la idea de regular la materia de trabajo en forma independiente
de las garantías individuales fue Alfonso Craoioto, quien al concluir
su discurso se expresó con estas elocuentes palabras: ..."as! como Francia,
después de su revoluci6n, ha tenido el alto honor de consagrar en la primera
de sus cartas magnas los inmortales derechos del hombre, asi la República
Mexicana tendrá el orgullo legitimo de mostrar al mundo que es la primera
en consignar en ua Constituci6n los sagrados derechos de los obreros." 170
El proyecto de! articulo 123 constitucional, suscrito por Pastor Rouaix,
Victoriano E. G6ngora, Esteban: Baca Calderón, Luis Manuel Rojas, Dionisio
Zaoala, Rafael de los Rlos y Silvestre Dorador, y al cual prestó su apoyo
un nutrido grupo de diputados constituyentes, se inspiró en el pensamiento'
de don José Natividad Macias, colaborador jurídico de don Venustiano­
Carranza. Macías y don Luis Manuel Rojas fueron comisionados por el
],71 Diario de los Debates dd Congreso Constituyente. Tomo I, pág. 265.
172 Cita que aparece en el libro de Pastor Rouaix, Glnesis de los Articulas 27 , 123
de la Corutituci6n Política de 1917, pág. 72 J Y que concierne al discurso que Cravioto
pronunció el 28 de diciembre de 1916. Diario de los Debates. Tomo I J pá.g. 7.

704- LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
ilustre varón de Cuatro Ciénegas para elaborar un estudio sobre las condiciones
sociales que deberían implantarse y regularse jurídicamente a efecto
de garantizar al trabajador en la prestación de sus servicios frente al
patrón. Dicho estudio, que fue la base de la legislación social en materia de
trabajo, recogió las experiencias que sus autores obtuvieron de la observación
de los regimenes que imperaban en los Estados Unidos, Inglaterra y
Bélgica, para adaptar los datos recabados a las necesidades de México y sus
problemas en lo tocante a las relaciones obrero-patronales.
Las someras consideraciones que anteceden no involucran la más ligera
intención de tratar acerca de la gestación del importantísimo precepto constitucional
antes señalado, pues este tema excedería los límites del presente
libro. La reseña que acabamos de formular nos autoriza a afirmar que en
nuestro país y siguiendo el pensamiento de don Venustiano Carranza, esbozado
en el Proyecto de Reformas Constitucionales que sometió al Congreso
de Querétaro, las garantías sociales en materia de trabajo se implantaron
en la Constitución de 17 por impulso legislativo al calor de los debates en
torno a un precepto que se hizo figurar dentro del régimen de garantías
individuales, pero que finalmente crista1iz6 en un capítulo autónomo de
nuestra actual Ley Suprema y que agregó, a su carácter político, su tónica
social.
II. Concepto y naturaleza de la garantía social. Al igual que la ga·
rantia individual, la garantía social también se revela como una relación
jurídica, mas los elementos distintivos de ambas difieren. De los antecedentes
históricos que acabamos de narrar, se advierte que determinadas clases
sociales, colocadas en una deplorable situación económica, exigieron del
Estado la adopción de ciertas medidas proteccionistas, de ciertos medios de
tutela frente a la clase social poderosa. Por ende, al crearse dichas medidas
por el Estado mediante conductos normativos, o sea, al establecerse las garantíassociales,
que es como jurídicamente se denomina a estos medios
tutelares, se formó una relación de derecho entre los grupos sociales favorecidos
o protegidos y aquellos frente a los que se implantó la tutela. En vista
de esta circunstancia, los sujetos del vinculo jurídico en que se traducen
las garantías sociales, son, por un lado, las clases sociales carentes del poder
económico o de los medios de producción y en general los grupos colocados
en situación precaria, y por otro, las castas poseedoras de la riqueza o situadas
en bonacible posición económica. De lo anterior se deduce, pues,
que esta relación jurídica s610 se entabla entre sujetos colocados en una
determinada situación social, económica o jurídica, y entre los que existen
Iazos materiales determinados, establecidos principalmente en cuanto al proceso
productivo (capital por un lado y trabajo por el otro). A diferencia
de la relación jurídica en que se revela la garantía individual, el vinculo de
derecho en que se manifiesta la garantía social únicamente puede existir

LAS GARANTÍAS SOCIALES 705
entre los sujetos cuya posición se caracteriza por modalidades especiales,
mientras que la primera puede entablarse entre cualquier persona física O
moral, independientemente de su condici6n juridica, social O económica, y
las autoridades estatales y del Estado, como ya se dijo.
a) Sujetos. En síntesis, los sujetos de la relaci6n juridica en que se
traduce la garantía social están constituidos, desde el punto de vista activo,
por las clases sociales desvalidas, esto es, carente de los medios de producci6n,
en una palabra, por la clase trabajadora, es decir, por aquella que en
el proceso productivo tiene ínjerencia a través de su energía personal o trabajo;
y desde el aspecto pasivo, por aquel grupo social detentador de los
medios de producci6n o capitalista, o sea,. por aquel que en la producción
ínterviene, no con su labor personal, sino mediante la utilizaci6n de bienes
de que es poseedor o propietario.
Ahora bien, los sujetos de la relación que implica la garantia social bajo
su aspecto general, son los dos grupos sociales y econ6micos mencionados.
Sín embargo, la garantía social no sólo consta de estos sujetos genéricos y
sociales, sino que también existe entre indiuidUQs particulares, considerados
éstos como miembros pertenecientes a dichas dos clases En consecuencia, si
genéricamente la garantía social se concibe como una relaci6n jurídica entre
dos grupos sociales y económicos distintos, el trabajador y el capitalista,
particularmente se traduce en aquel vínculo de derecho que se entabla
entre un tra.bajador individualmente considerado y un capitalista o empresario
bajó el mismo aspecto.
b) Obfrt(). Como toda relaci6n jurídica, la garantía social implica la
existencia de derechos y obligaciones para sus sujetos. Dada la naturaleza
de la g=tia social, que consiste en que ésta es una medida juridica de
preservación de la clase trabajadora en general y de los trabajadores en
particular (bajo el concepto econ6mico de tales), los derechos que de la
relaci6n jurídica respectiva se derivan se originan a favor de los mencionados
sujetos activos. Asi, si se recorre, aunque sea someramente, el articulo 123
constitucional, que es el precepto que más relevantemente contiene garantías
sociales, se inferirá que los derechos que de éstas, se derivan se constituyen
a favor de los trabajadores y que, en consecuencia, las obligaciones se establecen
a cargo de los capitalistas (en el sentido económico de la palabra).173
El calificativo que se atribuye a los derechos y obligaciones emanados de
la relación jurídica que entraña la garantía social, es el de sociales, por
corresponder a dos clases de la sociedad en general o a do; personas determinadas
pertenecientes a las aludidas clases en particular (trabajador y
patr6n).
1.'/'3 Lea derechos específicos, con sus obligaciones correlativas que se derivan de la relación
jurídica. que implica la garantía social y que están consignados en el artículo 123 constitucional,
cuyo ordenamiento reglamentario es la Ley Federal del Trabajo, constituyen el
objeto detestudio de una disciplina jurídica autónoma como es el Derecho del Trabajo,
por.lo que no nos corresponde referirnos a ellos.

706 LAS GARANTÍAS INDIVIDlJALtS
c) Principios constitucionales de las garantías sociales. Estando consagradas
las garantias sociales por la Ley Fundamental, esto es, formando
parte del articulado de ésta, participan también de los principios constitucionales
de supremacía y rigidez.'"
d) Situación y función del Estado en relación con las garantías sociales.
¿Cuál es la posici6n del Estado frente a las garantías sociales? Jl.stas,
dijimos, implican una relaci6n jurídica entre dos clases sociales distintas
desde un punto de vista econ6mico, genéricamente hablando, o entre dos
o más sujetos individuales particularmente. Dichas garantías crean, según
ya aseveramos, derechos y obligaciones para los sujetos de la relación en
que se manifiestan, cuya consagraci6n normativa constituye la regulaci6n
legislativa de las .actividades recíprocas de aquéllos.
Pues bien, traduciéndose las garantias sociales en una relación jurídica
entre dos sujetos que, respecto del Estado y sus autoridades, están colocados
en una situaci6n de gobernados, éste y éstas intervienen en dicha relación
como reguladores, ejerciendo un poder de imperio, limitado, claro está, por
el orden jurídico estatal en sus respectivos casos. En otras palabras, ante
las garantias sociales y frente a los derechos y obligaciones que de ellas se
derivan, el Estado, por conducto de las autoridades que al efecto establece
la ley (Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, Secretaria del Trabajo, etc.,
por lo que se refiere a la materia del trabajo), vela por el cumplimiento de
todas las modalidades jurídicas y econ6micas de la relación de derecho en
que se ostentan las prerrogativas sociales.
Mediante esta injerencia que tiene el Estado en las relaciones específicas
entabladas entre los sujetos de la garantia social, se eliminan los príncipios
de la autonomía de la voluntad y de la libre contratación, en el sentido
de que las autoridades estatales, en ejercicio del poder imperativo, evitan
que se formen vinculas de derecho que impliquen una reducción o un menoscabo
de los derechos que para la clase trabajadora en general o para
el trabajador en particular surgen de la garantía social consignada constitucional
y legalmente. Por el contrario, tales principios subsisten en cuanto a
la creación de vinculos jurídicos específicos entre los sujetos de la garantía
social que no 5610 no signifiquen una reducción o un menoscabo a los derechos
u obligaciones que de ésta surgen respectivamente para el obrero y el
patr6n, sino un mejoramiento de las condiciones de aquél.
Por otra parte, en caso de que los aludidos vinculas jurídicos específicos
ya se hubieren entablado con las consecuencias, primeramente señaladas, el
Estado interviene nulificándolos o anulándolos, evitando que produzcan
efectos de derecho (v. gr., cuando se celebran contratos de trabajo con violaci6n
del articulo 123 constitucional en sus diversas fracciones).
114. Sobre tales principios, véase nuestra obra Derecho Constitucional Mexicano, cepítulo
cuarto.

LAS GARANTÍAS SOCIALES 707
Además, para hacer cumplir las garantías sociales entre las partes o sujetos
de las mismas, y principahnente para mantener en la realidad las
medidas legales protectoras del trabajador, el Estado adopta una posición
que origina una serie de facultades de fiscalización que sería prolijo mencionar.
Este conjunto de facultades impeditivas o preventivas (cn cuanto a
la formación de relaciones especificas entre los sujetos de la garantía social
que impliquen un menoscabo a los derechos y obligaciones legales de los
mismos en sus respectivos casos), sancionadoras (por lo que atañe a la nulidad
de pleno derecho de dichas relaciones en el caso en que ya se hubiesen
creado) y fiscalizadoras (por lo que respecta a la inspección de las citadas
relaciones especificas con el objeto de constatar si se ajustan o no a los
términos de la ley que consagra las garantías sociales y sus variadísimas
derivaciones), es lo que constituye la situación general que el Estado guarda
frente a las garantías secialcs, denominándose al régimen constitucional en
que tal situación impera con el calificativo de intervencioni

708 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
si6n, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito. Por su parte, la Ley
Federal del Trabajo impone a los patrones la obligaci6n de no admitir como
trabajadores a aquellas personas que no estén sindicalizadas, si es que esta condici6n,
que declara lícito tal ordenamiento, se ha concertado en los contratos
colectivos de trabajo. Esta prohibici6n se ha dicho que es una garantía social,
porque fortalece el sistema sindical al evitar que en una empresa determinada
presten sus servicios trabajadores libres cuya posible actuaci6n pudiera menoscabar
la fuerza del sindicato y al impedir que en una negociaci6n haya obreros
que no pertenezcan a ninguna organizaci6n sindical. Se concluye, mediante
la comparaci6n de esas dos situaciones (libertad de trabajo por un lado e
imposibilidad de que éste lo preste un trabajador que no sea sindicalizado
a una empresa determinada, por el otro), que la mencionada garantía social
implica una notable restricci6n a la mencionada garantía individual
en cuanto que la primera impone como requisito insuperable para que una
persona pueda laborar en una negociaci6n determinada, el consistente en
la necesaria pertenencia al sindicato respectivo.
Ante tal aparente oposici6n entre las garantías individuales y las sociales,
al menos en materia de trabajo, nos formulamos la siguiente cuesti6n:
¿son en realidad incompatibles las garantías individuales y las sociales?
¿Existe efectivamente oposici6n entre ambas?
Para elucidar tal problema evidentemente tenemos que recurrir a la naturaleza
jurídica de ambas especies de garantías. Así, si dicha naturaleza
es completamente disímil, si implica situaciones de derecho diversas, si entraña
hipótesis juridicas diferentes, entonces no son contradictorias ni opuestas,
pues la contradicci6n y la oposici6n lógicamente s610 existen en el caso
en que las cosas entre las que aquéllas se observen, correspondan a un mismo
objeto o participen de caracteres comunes. Verbigracia, en estricta 16gica,
no puede haber contradicci6n entre una situaci6n jurídica civil y una
penal, por ser ambas diferentes, por obedecer a finalidades legislativas diversas,
por implicar intereses disimiles, por comprender relaciones cuyos
sujetos son distintos, etc.
Por lo tanto, la contradicción sólo surge cuando se afirma y niega al
mismo tiempo un predicado respecto de un", misma cosa, en relaci6n con
una semejante situaci6n; o cuando entre dos objetos, ideas, conceptos, etc.,
semejantes, se atribuye a uno un calificativo o una estimación determinados
y se niegan éstos respecto del otro, naturalmente dentro de un mismo punto
de vista o elemento lógico, común a ambos. (Por ejemplo, si se dice que
tanto el hombre como el animal son seres vivientes --elemento o predicado
común-, habrá contradicci6n cuando posteriormente se niegue a alguno
de ellos ese carácter y se afirme respecto del otro.) Cuando el predicado de
dos objetos, conceptos, etc., no lo constituye un elemento o atributo común,
no surgirá la contradicci6n, puesto que se ttatará de dos cosas diferentes
con peculiaridades también distintas.

LAS GARANTÍAS SOCIALES 709
Hemos hecho la anterior digresión precisamente para observar lo siguiente:
si las garantías individuales y las garantías sociales son jurídica y
substancialmente semejantes en cuanto a sus elementos intrínsecos, existirá
evidentemente una contradicción entre ellas en determinados casos especifícos,
como en el ejemplo anteriormente aducido; por el contrario, si las
garantías individuales y las sociales implican relaciones de derecho diferentes,
si éstas están dotadas de &1 jetos también diversos, si constan de elementos
disímiles, entonces no habrá contradicción entre ellas, particularmente en
el caso especifico de la materia de trabajo, pudiendo, por lo tanto, coexistir.
Si analizamos los distintos elementos que concurren en la integración de
la substancia jurídica de ambas especies de garantías, se llegará a la evidente
conclusión de que difieren esencialmente. En efecto, la garantía individual
implica una relación de derecho entre dos sujetos que son, del lado activo,
los gobernados, y en el aspecto pasivo, el Estado y sus autoridades. Por el
contrario, la garantía social se traduce en un vínculo jurídico existente entre
dos clases sociales ,collómicamente diferentes desde un punto de vista
general e indeterminado, (J entre individuos particulares y determinados
pertenecientes a dichas clases. Por ende, en cuanto a los sujetos activo y pasivo
de ambas especies de garantías, entre éstas existe una notable disimilitud.
Bien es verdad que, en lo que respecta a las garantías sociales, el Estado
tiene una injerencia en las relaciones existentes entre sus sujetos como regulador
oficioso e imperativo de las mismas; mas también es cierto que ni
e! Estado ni sus autoridades SOn los principales y directos obligados o sujetos
pasivos en ellas, como sucede con las garantías individuales. Claro
está que la entidad estatal y sus autoridades todas tienen el deber de observar
las garantías sociales como todo el orden jurídico; pero dicho deber no
es impuesto como consecuencia de una obligación nacida inmediatamente
de una relación jurídica en que aquéllas sean sujetos pasivos, sino como
efecto de la constitucionalidad y legalidad que toda la actuación autoritaria
debe presentar.
Siendo la relación o vínculo jurídico diferente en las garantías individuales
y en las sociales, los derechos y las obligaciones específicos que de
ellas se derivan son también diversos, teniendo su exigencia y cumplimiento
finalidades asimismo distintas. En efecto, las garantías individuales persiguen
como objetivo proteger al sujeto como gobernado frente a las arbitrariedades
e ilegalidades del poder público, frente a los desmanes de las autoridades
depositarias de! ejercicio de la actividad estatal soberana; por
ende, la titularidad de las garantías individuales se hace extensiva a todo
individuo, a toda persona, independientemente de sus condiciones peculiares.
Por el contrario, las garantías sociales nacieron a título de medida jurídica
para preservar a una clase social económicamente inferior y a sus componentes
particulares, ya no frente al Estado y sus autoridades como obligados
directos, sino ante otra clase social más pudiente, materialmente hablando,

710 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
y SUS miembros singulares. Por tal motivo, la titularidad de las garantías
sociales es mucho más restringida que la que corresponde a las garantías individuales,
puesto que se circunscribe a una clase social y a sus miembros
determinados y particulares, que estén colocados en una cierta situaci6n
jurídica y econ6mica.
Bastan, pues, esas ligeras consideraciones para llegar a la conclusi6n
de que las garantlas individuales y las sociales no s" contradicen y que, por
el contrario, son compatibles en cuanto a su existencia simultánea, debido
a que entrañan figuras jurídicas distintas. Por tal motivo, no existe contradicci6n
entre la libertad de trabajo que pregona el artículo 5' constitucional
y la pertenencia forzosa a un sindicato como condición para ingresar como
obrero a una empresa de que habla la Ley Federal del Trabajo. En efecto,
en el primer caso, la libertad de trabajo, como garantía individual que
es, se traduce en un derecho para el gobernado en general de poder exigir
que ni cI Estado ni sus autoridades le impidan dedicarse al oficio que más
le agrade y de poder evitar que éstos le impongan una actividad determinada
(salvo las excepciones constitucionales), manifestándose, por ende, en
la obligación correlativa a cargo de la entidad estatal y de sus 6rganos autoritarios.
Por el contrario, en el segundo caso, la condici6n que menciona
la Ley Federal del Trabajo no es una restricción a la libertad de trabajo
cuyo respeto es exigible al Estado y a sus autoridades, sino el requisito que
una persona debe reunir para poder ingresar como trabajador a una empresa
determinada, y cuya carencia no engendra la imposibilidad de que
esa misma persona se dedique a la actividad que más le convenga.
Además, las garantías individuales y las sociales no sólo no se excluyen,
sino que en cierta forma las segundas vienen a reafirmar a las primeras,
desde el momento en que hacen efectivas la libertad y la igualdad en las
relaciones jurídicas que se entablan entre los miembros de las dos clases
sociales económicamente diferentes. En efecto, según hemos afirmado, nuestro
artículo 123 fue la consecuencia legislativa de una idea, de un propósito
tendiente a procurar para la clase trabajadora un mínimo de garantías
sociales frente a otro factor de la producción: el capital. La amarga
experiencia hist6riea que se había sentido con motivo de las consecuencias
del liberalismo absoluto derivado de los postulados de la Revolución francesa,
en el sentido de que la tan decantada igualdad entre los hombres
frente a la ley sólo tenía una existencia teórica, pues en la realidad propiamente
había una verdadera desigualdad y una notoria iniquidad, debidas
a la diversidad de condiciones de hecho en que los individuos se encontraban,
hizo que el Estado se propusiera, unas veces obedeciendo a un espíritu
gracioso, como en Alemania, y otras impelido por movimientos obreristas,
intervenir en favor de la clase social desvalida, de aquella que realmente era
la débil en las relaciones juridico-sociales, En esta virtud, no sólo se consagraron
garantías sociales en favor de la clase trabajadora en general y del

LAS GARANTÍAS SOCIALES 711
trabajador -en particular, sino que para actos de fiscalización diversos, que
no son del caso mencionar, se procuró que las condiciones reales de la prestación
del servicio implicaran la ejecución concreta de los preceptos legales
relativos, tal como sucede con nuestro artículo 123 y con la ley reglamentaria
correspondiente o Ley Federal del Trabajo. Pues bien, ¿cuál es la causa
final del supradicho precepto constitucional? ¿Qué es lo que en realidad
vienen a establecer sus disposiciones diversas en que se patentiza la intervención
del Estado en la relación de trabajo? Ante todo, el artículo 123 y la
legislación sobre la materia fueron los remedios normativos más idóneos para
eliminar las condiciones de verdadera desigualdad y desequilibrio que existían
antes de la expedición de la Constitución de 1917 entre los sujetos de
la relación de trabajo. Los Constituyentes de Querétaro, al formular el
artículo 123, quisieron sobre todo colocar a la parte débil, al trabajador, en
una situación de igualdad frente al patrón mediante la consagración de un
mínimo de garantías, de tal manera que aquél no se viera ya coaccionado,
en la formación contractual, por todas aquellas circunstancias que lo impelian
a aceptar inicuas condiciones de trabajo. En otras palabras, al pretender
instituir el artículo 123 la igualdad entre patrones y trabajadores, al
procurar establecer un equilibrio entre esos dos factores de la producción
en la creación de la relación de trabajo, propiamente quiso garantizar al
obrero su libertad, eliminando, o al menos suavizando, los escollos de hecho
que 10 coartaban, sin que, por otro lado, se suprimiera totalmente la libertad
contractual entre ambas partes, por razones que no son del caso indicar.
En conclusión, las garantías sociales y las individuales no son incompatibles,
porque ambas constituyen elementos y conceptos jurídicos diferentes
con diversas notas sustanciales. Además, no sólo existe entre dichas dos clases
de garantías una perfecta compatibilidad, sino que las sociales vienen
a crear, en la realidad, una situaci6n en que la parte econ6micamente débil
cn las relaciones jurídico-sociales puede efectivamente desempeñar su
libertad frente a los sujetos fuertes y poderosos, la cual antes tenía una
mera existencia te6rica-legal.
Un criterio parecido lo sustenta don Alfonso Noriega C. al afirmar no s6lo la
compatibilidad entre las garantías individuales y las sociales, sino la comprensión
de los derechos sociales dentro de los derechos inherentes a la persona humana.
"Los hombres, dice, no son sólo individuos aislados, abstractos, sino que los
hombres son personas humanas racionales y libres. Por tanto, el concepto central
del derecho no es la igualdad, sino otra actitud más verdadera: la nivelación
de las desigualdades que existen entre los hombres. La igualdad es una
meta, no un punto de partida, y por consecuencia, lo económico y lo social no
pueden entregarse al libre juego de las fuerzas privadas y el derecho público
debe imponerse y reglamentar campos que antes se consideraban reservados
al derecho privado, como por ejemplo, las relaciones obrero-patronales, la propiedad
rural, el régimen de los recursos naturales, la situación de los menores
de edad, de la familia, de los burócratas, etc., etc. En esta situaci6n, se infunde,
se confiere a los derechos objetivos públicos un contenido, que implica un

712 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
deber para el Estado y no una mera pretensión ética. Al lado de los antiguos
derechos del individuo, abstractos, vacíos, aparecen derechos con un contenido
expreso, que implican una actividad específica del Estado. Pero es fundamental
descartar que no se trata de que hayan aparecido, surgido de improviso,
derechos diferentes de los derechos de la persona, y mucho menos, derechos
opuestos o contradictorios a los del individuo. En mi opinión, apoyada por
muy valiosas autoridades, se trata de los mismos derechos del hombre, de los
derechos de la persona humana, que le corresponden en tanto que se encuentra
vinculada a un grupo social determinado y que tienen un contenido específico:
un deber, una acción que se impone al Estado. Estos derechos fijan una política
económica o social que el Estado debe realizar en beneficio de la persona,
en tanto que, como he dicho, es miembro de un grupo, o una clase social
determinada. Se trata de derechos inherentes a la persona humana, pero en su
carácter de persona social ..." .115
1V. Breve referencia a las garantías sociales en materia agraria
1. Síntesis hist6rica. En esta materia, las garantias sociales se traducen
en un régimen jurídico constitucional y legal de preservaci6n, consolidación
y mejoramiento de las condiciones econ6micas y culturales de la clase
campesina de México. Dicho régimen ha tenido como causa final el problema
agrario y su solución, es decir, el motivo determinante de las normas
constitucionales y legales que lo integran y la finalidad que éstas persiguen,
han consistido, respectivamente, en la injusta, desoladora e indignante situación
en que se ha encontrado el campesino y la tendencia gubernativa
revolucionaria a remediarla.
El problema agrario en nuestro país se gest6 paralelamente a la historia
económica de México, Se incub6 en los albores de la época colonial al transformarse
los antiguos sistemas autóctonos de la propiedad rural o agraria
como consecuencia directa de la dominaci6n española; habiendo alcanzado
su agudeza y gravedad culminantes al estallar la Revoluci6n de 1910. Podemos
afirmar, sin temor a equivocarnos, que el citado problema económico-social,
secularmente padecido por nuestro país, reconoce como causa
generatriz primordial, la torpeza o la malevolencia de la política gubernativa
anterior a 1910, misma que se manifest6 sobre todo, en medidas legislativas
que empeoraron la situación de la clase campesina en aras de grupos privilegiados,
de la plutocracia y del clero.
Una breve reseña hist6rica del régimen de la propiedad rural en México
confirma dichos asertos.
Entre los pueblos del Anáhuac había tres tipos de propiedad: la privada,
que correspondía al rey, a los nobles y guerreros; la comunal, esto es,
11.5 La Naturaleza de las Garantías Individuales en la Constitución de 1917. Ed. 1967,
páginas 114 y 115. (Publicación de "Coordinación de Humanidades" de la UNAM.)

LAS GARANTÍAS SOCIALES 713
la de los calpuIli, o "barrios de gente conocida o linaje antiguo""" donde
habitaban grupos famillares que reconocían como jefe al miembro más ano
tiguo; y la pública que se destinaba a sufragar los gastos del culto y los que
reclamaba el sostenimiento del ejército.
Es inconcuso que no sólo este régimen de propiedad, sino la propiedad
misma de las tierras de los indios, desapareci6 a virtud de la Conquista.
Fundándose en la famosa bula de Alejandro VI, los reyes españoles consideraron
como cosa propia todas las tierras descubiertas, y sus descubridores
tomaban posesión de ellas en nombre del monarca, tal como se ordenó
en la ley XI, título H, libro IV, de la Recopilaci6n de Leyes de Indias.
Ahora bien, para recompensar a los conquistadores y descubridores de tierras,
los reyes les otorgaban determinadas extensiones, incluyendo en ellas
a los grupos de indios que las habitaban. El otorgamiento que los monarcas
hacían en favor de sus súbditos, que se habían distinguido en las campañas
de conquista y descubrimiento, recibían el nombre de mercedes reales, imponiendo,
sin embargo, a los favorecidos por ellas, la obligaci6n de instruir
en la fc católica a los pobladores de las tierras mercedadas. Fue así como
surgi6 la instituci6n colonial de la encomienda, que debe su nombre al hecho
de que los reyes, al mercedar sus tierras, "encomendaban" a los que las recibían
el cumplimiento de la expresada obligaci6n en favor de los grupos
de indígenas que las habitaban. Las mercedes' reales y las encomiendas constituyen,
puede decirse, e! origen de las grandes propiedades rurales a título
particular en México y de! inhumano "peonaje", que signific6 durante la
dominaci6n española y durante e! México independiente hasta antes de la Revoluci6n
de 1910, una especie de servidumbre medieval.> "-
Independientemente de la propiedad rural privada que en esa forma se
gestó, existía en la época colonial una especie de propiedad comunal de los
pueblos españoles, compuesta por la extensión de tierra suficiente destinada
a cubrir los gastos comunes de la poblaci6n.
Como ya afirmamos, la ficticia atribuci6n que de las tierras descubiertas
se hizo en favor de los reyes españoles por la bula de Alejandro VI, y la
integraci6n consiguiente de la propiedad rural privada y de la propiedad
común de los pueblos de extracción hispánica que se fundaron en la .Colonia,
implicaban la absoluta desposesi6n de .las tierras de los indios. Sin
embargo, como se pretendiera tenaz e invariablemente por la política gubernativa
de los monarcas españoles la evangelización de los indios y su
instrucción secular y religiosa, estos propósitos no podían realizarse sin que
se agrupara a los indígenas; y fue así 'como se ordenó la formaci6n de puebias
de indíos y la preservaci6n de los ya existentes, adscribiendo a unos y'
'l76 AJonso de ZURITA, Breve y Sumaria Relación. En Nueva Colecci6n de Documen.
tos para la Historia de México, pág. 93. Citado por el doctor Lucio Mendieta y Núñez
en su obra El Problema Agrario de México, pág. 15.

(
720 LAS GARÁNTíAS INDIVIDUALES
. / .
de principios y normas de Indole constitucional en que se consagran derechos
sociales de variado contenido en favor de los campesinos con imperatividad
para el Estado. ,
Concebidas así 'las garantías sociales en materia agraria, es decir, como
relaciones jurídicas entre los núcleos de población y sus miembros singulares
componentes, por una parte, y la entidad estatal y sus autoridades, por la
otra, SU consagración constitucional importa una de las necesidades más
apremiantes para convertir en institución de derecho uno de los más elevados
ideales de la Revolución mexicana.
3. Falta de justicia agraria. Una de las más importantes garantías 'sociales
en materia agraria, como en cualquiera otra materia, estriba en la
recta, pronta y expedita impartición de justicia; Esta garantía no ha existido,
hasta la fecha, para los núcleos de población rural, ejidatarios, comuneros
ni pequeños propietarios agrícolas o ganaderos. Los procedimientos establecidos
y regulados por la legislación agraria, han adolecido del vicio consistente
en la falta de verdaderos tribunales encargados de la aplicación del Derecho
en cada caso concreto. La tan decantada reforma agraria no puede desarrollarse,
y mucho menos realizarse cabalmente, sin que se implante un
sistema normativo, dentro del que deben descollar verdaderos órganos jurisdiccionales,
según el cual se planteen y resuelvan las controversias que la
citada reforma necesariamente suscita. En otras palabras, es urgente la creaci6n
de Tribunales Agrarios, dotados de plena autonomía para dictar sus
fallos, sin que deban depender de ninguna Secretaria de Estado y ni siquiera
del Presidente de la República. La implantaci6n de dichos tribunales implicará
una s6lida garantía para la recta e imparcial aplicación del derecho
en todas las cuestiones contenciosas que surjan .en la respectiva materia.
A pesar de las seis décadas que han transcurrido desde que se inició la
reforma agraria a partir de la Ley de 6 de enero de 1915, los campesinos
de México, sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios agricolas o
ganaderos, no han sido beneficiados con una verdadera justicia agraria, puesto
que todos los COnflictos que se han suscitado en tan polifacética materia
se han resuelto. muchas veces, con un sentido de parcialidad política por
las mismas autoridades administrativas agrarias, asumiendo éstas, en múltipies
ocasiones, el papel de "juez y parte", que rompe con la imparcialidad
y respetabilidad que debe tener todo tribunal.
. . , Estas someras reflexiones nos inducen a sugerir que, al reestructurarse
la legislaci6n agraria, se implanten Jos imprescindibles Tribunales Agrarios
para establecer la seguridad jurídica en las actividades agricolas y ganaderas
de ejidos, núcleos de población, ejidatarios y comuneros en lo individual y
pequeños propietarios, con la finalidad primordial de impulsar la productividad
de los campesinos de México.
, , - .
4. La rclorma de 1992. Las anteriores consideraciones las formulamos
con antelación a esta reforma, establecida por Decreto Congresional que
(

722 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
conceptual de "Federación", el interés social se manifiesta en el interés nacional,
o sea, en el interés de toda la nación o de todo el pueblo que forma el
elemento humano de la entidad estatal federal. Por ende, el supremo interés
social es el interés nacional, cuyo contenido, variado y variable, puede ser
económico, cultural o político principalmente.
Por otra parte, desde el punto de vista de la estructura política del Estado
Mexicano, éste comprende diversas entidades federativas, llamadas también
"estados", que, como perso.nas morales de Derecho Público tienen un elemento
humano, que es su respectiva población. En consecuencia, el interés
social también se localiza en el interés mayoritario de las colectividades humanas
que pertenecen a las entidades [ederaiiuas o Estados federados y cuya
importancia es evidentemente menor que el interés nacional, pudiendo tener
los distintos contenidos variables mencionados.
Ahora bien, dentro de la organización política y administrativa de los
Estados federados existe el municipio como estructura fundamental en los términOS
del artículo 115 de la Constitución del país. El municipio es también una
persona moral de Derecho Público y cuenta indispensablemente de un elemento
humano, que es la colectividad municipal. Por tanto, el interés mayoritario
de ésta implica también un interés social aunque de menor importancia que los
otros dos tipos que hemos mencionado, o sea, el interés nacional y el interés
mayoritario de la población de las entidades federativas.
Además, si tomamos en cuenta que dentro de cada municipio existen
ciudades y otros centros de población, el interés social también se revela en el
interés general de los grupos mayoritarios que integran los núcleos urbamos
y rurales que existen dentro de cada territorio municipal.
De las consideraciones brevemente expuestas se deduce que existen di/frentes
tipos demográficos de interés social dentro de una gradación jerárquica
en lo que atañe a su importancia y trascendencia, ubicándose en la cumbre el
interés naciona:! o interés de la nación o pueblo mexicano como elemento
humano del Estado Federal.
Por otra parte, el interés social puede manifestarse en un .interés PÚblico,
en un interés general o mayoritario o en un interés común que puede subsumirse
dentro de los diferentes niveles demográficos que hemos señalado.
Ahora bien, en cualesquiera de dichos niveles, ¿cómo se manifiesta el
interés social? Apriorísticamente podemos señalar las siguientes hipótesis en que
opera dicho interés:
a) Hay interés socia:! cuando al través de medidas legislativas o administrativas
se pretende satisfacer alguna necesidad de que adolezcan los grupos
mayoritarios de cualquier colectividad en las diferentes esferas que hemos
indicado. .

\ \,
CAPITULO DÉCIMO
LA RECTORIA ECONÓMICA DEL ESTADO
Sumario: l.-Introducción. lI.-El artículo 25 constitucional. lIl.­
El articulo 26 constitucional. IV.-El nuevo articulo 28 constitucional.
V.-Conclusiones.
1. Introducción: Puede causar extrañeza que en la presente obra agreguemos
un capítulo referente a la rectoría económica del Estado. Tal extrañeza
deriva' de la vinculación que puede haber entre dicha rectoría y las
garantías individuales. Sin embargo, si se toma en cuenta la dualidad de las
dos primordiales esferas dentro de las que se mueve la vida socio-económica
de un país, o sea, la de los gobernados y la de las autoridades estatales o del
gobierno, la inclusión dcl presente capítulo en el contexto de este libro es
absolutamente necesaria, En efecto, la rectoría económica del Estado entraña
eoncomitantemcnte la limitación de las actividades económicas de las cntidades
individuales o colectivas que dentro de él se hallen y funcionen; y como
dichas actividades implican el contenido de ciertos derechos subjetivos públicos
que en favor de todo gobernado derivan de las citadas garantías,
la delimitación o restricción de los mismos concomitantes a la rectoría estatal,
es un tópico necesariamente abordable dentro del contenido de esta obra.
Por otra parte, los nuevos articulos 25, 26 Y 28 de la Constitución en
que se ha plasmado normativamente la rectoría económica del Estado, siguen
insertos indebidamente dentro del capítulo denominado "De las Garantías
Individuales" por un error de técnica legislativa, debiendo estar comprendidos
en un capítulo diferente de nuestra Ley Suprema, ya que, en puridad,
no instituyen ni proclaman ninguna garantía en favor del gobernado frente
a las autoridades del Estado, puesto que entrañan lineamientos básicos de la
política estatal en el área económica. La mencionada indebida inserción a que
nos referimos es otro motivo que nos ha impelido a agregar el presente
capítulo.
La rectoría económica del Estado entraña un conjunto de facultades en
favor de sus autoridades u órganos para dirigir la vida económica del país.
Dichas facultades, postuladas como principios en los nuevos preceptos constitucionales
señalados, han acrecentado considerablemente la ingerencia de

726 LAS GARANTiAs INDIVIDUALES
la entidad estatal en las actividades económicas que estaban reservadas a los
particulares individual o colectivamente considerados. Para tener una idea general
de lo que implica la rectoría económica estatal es menester recordar las
diversas posturas O actitudes que históricamente ha asumido el Estado en lo
que a dichas actividades concierne. Así, dentro de los regímenes liberal-individualistas
que florecieron en los siglos XVIII y XIX al Estado se le consideró
como una especie de mera entidad-policía pues por virtud del principio
"laissez [aire, laissez passerstoui va de lui meme", característico del liberalismo
económico, las autoridades estatales sólo podían intervenir en las relaciones
económicas de toda índole cuando se 'Suscitaran conflictos o trastornos
que amenazaran la paz pública. En dichos regímenes, según ya lo hemos
expuesto en esta obra, se auspició la acentuación de la desigualdad econ6mica
y, por ende, de la injusticia, entre las clases sociales económicamente
fuertes y las económicamente débiles, o sea, entre las detentadoras de los
medios de producción y las que no tenían otro patrimonio que el trabajo
individual de sus integrantes.
Con el objeto de atemperar dicha desigualdad y de eliminarla en lo posible,
el Estado adoptó una nueva postura y asumió una nueva actitud frente a
las rc1aciones económicas. De esa adopción surgieron los regímenes de intervencionismo
estatal en los que el Estado se erigió en protector de las clases
trabajadoras y en impulsor de su mejoramiento económico y social mediante
la instauración de lo que se denomina "garantlas sociales" y a cuyo concepto
nos referimos en el capítulo inmediato anterior. El intervencionismo del Estado
convirtió a éste en una entidad de equilibrio y ajuste entre las diversas
clases sociales que al través de sus mismos componentes intervienen en las
actividades económicas que se desarrollan en un país, no como un simple
árbitro en los conflictos que con motivo de su desempeño se susciten, sino como
protector e impulsor coactivo del mejoramiento social, económico y cultural
de las clases débiles. La intervención estatal, sin embargo, no elimina por modo
absoluto la libertad económica, sino que la condiciona a la prosecución de
dichos nobles propósitos con la tendencia de eliminar la explotación del hombre
por el hombre, fenómeno éste que caracterizó a los regímenes liberal-individualistas.
La rectoría económica del Estado entraña una postura o una actitud
diferente a las dos anteriores, puesto que en ella ya no se trata de un intervencionismo
estatal propiamente dicho en las actividades económicas ni, por
mayoría de razón, de una mera vigilancia de dichas actividades, sino la asunción
de éstas por parte del Estado al través de las funciones legislativa y administrativa.
En efecto, "regir" significa "dirigir) gobernar o mandar", y estos
actos implican fundamentalmente la notoria limitación de la libertad económica
hasta llegar a la exclusión de la misma. La rectoría estatal, por ende, se
manifiesta en la potestad para establecer normas directivas de las actividades
económicas y para aplicarlas en la realidad donde se desplieguen. Dichas

728 LAS GARANTIAS INDIVIDUALES
a) El mismo primer párrafo dispone que "mediante el fomento del crecimiento
económico y el empleo de una más justa distribución del ingreso
y la riqueza (se) permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de
los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución".
Es loable la tendencia que apunta la disposición transcrita; sin embargo,
el ejercicio de la libertad y la preservación de la dignidad humana
individual o colectiva no requiere necesariamente de medidas de carácter
econ6mico. Es cierto que la justa distribución de la riqueza y del ingreso
público posibilita el ejercicio de las libertades del hombre, sin que, no obstante,
constituya su causa determinante, ya que la libertad no depende de
condiciones econámicas necesariamente, toda vez que significa un valor
que puede alcanzarse aún dentro de situaciones fácticas adversas, como lo ha
demostrado la historia de los pueblos del mundo y las luchas de sus paladines.
Tampoco la dignidad humana se logra ni protege a través de medidas, planes
y proyectos de índole econ6mica, puesto que entraña la estimaci6n de la
propia honra que se cimenta sobre elementos sicol6gicos y espirituales primordialmente.
En resumen, creemos que el segundo párrafo del actual articulo
25 constitucional que comentamos comete el ingente error de suponer que
mediante la política económica que prescribe se permita el ejercicio de la libertad
y se preserve la dignidad humana, toda vez que no advierte que estos
objetivos no necesariamente se alcanzan con medidas de carácter económico.
b) De acuerdo a lo que establece dicho precepto en su párrafo segundo,
"El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica
nacional". En estos objetivos se traduce precisamente la rectoría económica
del Estado, pues en ella confluyen la planeaci6n, la conducci6n, la
coordinaci6n y la orientaci6n de la actividad económica nacional. Planear
significa "trazar o formar el plan de una obra"'; conducir implica guiar,
llevar o transportar, asi como dirigir; coordinar equivale a disponer cosas
metódicamente"; y orientar equivale a "dirigi« o encaminar una cosa hacia
un fin determinado"?" Fácilmente se advierte que los vocablos que emplea
la disposición constitucional que comentamos ostentan innegable redundancia
respecto de la función rectora, pues ésta normalmente se desempeña
en forma cabal mediante la planeación, la conducción, la coordinación
y la orientación. Por consiguiente, hubiese bastado con que dicha disposición,
desde el punto de vista lógico, se hubiese concretado a proclamar que corresponde
al Estado la rectoría de la actividad económica nacional, sin necesidad
de expresar los actos especificos en que ésta se desenvuelve.
c) Es muy importante enfatizar que dicha rectoría se traduce, conforme
a la prescripción constitucional que comentamos, en "La regulación y fomento
de las actividades que demanda el interés general en el marco de libertades
que otorga esta Constitución". Esta prevención consigna como lí-
613 Cfr. Enciclopedia del Idioma. Autor: Martin Alonso.

LA RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO 729
mite de la rectoría económica del Estado el respecto a las libertades de Jos
gobernados, evidentemente distintas de la libertad económica, que absolutamente
ha quedado subordinada a la función rectora estatal. En otras palabras,
los derechos subjetivos públicos que tienen como contenido las diferentes
libertades específicas diversas de la últimamente señalada, deberán ser observados
por el Estado en el desempeño legislativo y administrativo de la rectoría
económica que la Constitución le encomienda. Ese respecto y esa observancia
excluyen la idea de que al través de la multicitada rectoria el Estado
mexicano se haya convertido en totalitario, pues por virtud de los expresados
limites constitucionales, no absorbe íntegramente todas las actividades libres
de los gobernados ni las elimína, sino que, por lo contrario, proclama su respetabilidad.
d) Es muy importante subrayar que e! tercer párrafo del invocado articulo
25 constitucional prescribe la concurrencia, en e! desarrollo económico
nacional, del sector público, del sector social y del sector privado, "sin menoscabo
de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo
de la Nación". La posibilidad de que estos sectores concurran en el desarrollo
económico nacional postula un principio democrático, que deberá ser cuidadosamente
observado por la legislación secundaria que determine o norme
la citada concurrencia.
e) En su párrafo cuarto el aludido artículo 25 declara que "El sector
'público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se
señalan en e! artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución" y que el Gobierno
Federal mantendrá "la propiedad y el control sobre los organismos
quc en su caso se establezcan". La primera de dichas declaraciones reitera
los llamados "monopolios de Estado" a los que posteriormente haremos referencia;
y la segunda, como es lógico y natural, supedita a las decisiones del
Gobierno Federal a todas las entidades paraestatales que funcionen y se
formen para realizar la rectoría económica del Estado.
f) La concurrencia entre los tres sectores a que hemos aludido, se reafirma
en e! párrafo quinto de! mencionado artículo 25, al determinarse que
e! sector público "podrá participar por si o con los sectores social y privado,
de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias de
desarrollo". Esta disposición corrobora la función rectora del Estado en
materia económica, pues abre la posibilidad de que legislativamente se determinen
esas "áreas prioritarias del desarrollo" según la discreción y el arbitrio
de los órganos estatales encargados de la función y colaboración legislativas,
como son el Congreso de la Unión y e! Presidente de la República.
Por virtud de esta posibilidad la esfera de libertad económica en favor de
los gobernados se coloca bajo una especie de "espada de Damocles", en el
sentido de que la determinación subjetiva de la mencionada prioridad, puede
desembocar en la asunción, por parte del Estado, de actividades económicas
distintas de las que constituyen los monopolios estatales a que se refiere el
artículo 28 de la Constitución.

730 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
g) Es muy importante destacar que el párrafo sexto del multieitado articulo
25 apunta la obligaci6n del Estado para apoyar e impulsar "a las empresas
de los sectores social y privado de la economía, sujetándolas a las modalidades
que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los
recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente". Dicho
apoyo e impulsi6n pueden significar el ensanchamiento de la rectoría econ6mica
del Estado en relaci6n a múltiples actividades para someterlas a las modalidades
que dicte el interés público y a los fines de conservaci6n a que la
disposición comentada alude.
h) Los párrafos séptimo y octavo del propio articulo 25 constitucional
confirman la posibilidad de ampliaci6n de la rectoría económica del Estado,
bajo la idea de facilitar, alentar y proteger las actividades econ6micas que
realicen los sectores social y privado, por lo que, en obvio de repeticiones
fatigosas nos concretaremos a reproducir su texto.
"La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión
de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de
trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria
o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización
social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios
sociahnente necesarios."
"La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares
y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado
contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta
Constitución."
nI. El nuevo articulo 26 constitucional. Este precepto alude a lo que
denomina "la planeaci6n democrática del desarrollo nacional", en la que pueden
participar los diversos seetores sociales, previniendo que tal planeaci6n
"recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlos al
plan y los programas de desarrollo". Determina la elaboraci6n de un "plan
nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas
de la Administraci6n Pública Federal" es decir, los 6rganos centralizados
del poder y las entidades paraestatales.
Consideramos importante inquirir acerca de lo que deba entenderse por
"planeación democrática". Es bien sabido que el concepto de democracia 'H
ha sido expresado doctrinal, legislativa y jurisprudencialmente al través de
diferentes matices. Prescindiendo de la multiplicidad, diversidad y hasta contrariedad
de ideas sobre la democracia, cabe recordar que según Aristóteles
y Santo Tomás de Aquino, democracia significa "el arte de gobernar para
el bien común". Dentro de la idea de bien común se conjuntan todas las
clases o grupos económico-sociales de la colectividad, pueblo o naci6n que
constituyen el elemento humano del Estado, En consecuencia, la planeaci6n
.(i14 Cfr. nuestra obra "Derecño Constitucional Mexicano" Capítulo Sexto. Parágrafo
IV.

LA RECTORíA ECONÓMICA DEL FSTADO 733
télite, la emisicm de billetes de banco, las relacionadas con el petróleo y los demás
hidrocarburos, la petroquímica básica, los minerales radiactivos, la generación de
energía nuclear, la electricidad y los ferrocarrileséw d
c) Por otra parte, la disposición contenida en dicho párrafo, que tiende a
suprimir absolutamente la libertad económica, indica que, además de las aetividades
monopolísticas estatales señaladas, se considerarán como funciones exclusivas
del Estado "las actividades que expresamente señalen. las leyes que expida
el Congreso de la Unión". Esta prevención faculta a este órgano legislativo y
evidentemente al Ejecutivo Federal como iniciador de leyes ante él, para
considerar como monopolio estatal cualquier aaioidad de los particulares aunque
no tenga carácter económico, pues la disposición constitucional comentada
no emplea ese adjetivo. De esta manera, dichos dos órganos de
gobierno están facultados para concentrar en favor de la entidad estatal cualesquiera
actividades que tradicionalmente se han desplegado dentro de la
órbita jurídica de los gobernados o destinatarios del poder público, pudiendo
incluirse ominosarncnte en ellas hasta el ejercicio de cualquier profesión.
Sin embargo, aunque la interpretación aislada de la prevención invocada
conduzca lógicamente a la conclusión que se acaba de apuntar, la relación
sistemática entre ella y los preceptos constitucionales que proclaman las libertades
específicas en favor del gobernado dístintas de la económica, conduce
a consideraciones diferentes. En efecto, lo que el nuevo artículo 28
previene al través de la consabida disposición es la facultad en favor del
Congreso de la Unión para expedir leyes que atribuyan exclusivamente al
Estado otras funciones de las expresamente reputadas como monopolios estatales;
pero esa facultad, que debe ser estimada como de estricta competencia
legislativa, no debe ejercerse al extremo de que tales leyes violen los preceptos de
la Constitución que proclaman diversas libertades específicas en favor de los gobernados
diferentes de la eamémica, tales como la profesional, la asociativa, la de
emisión de pensamiento y otras que ya hemos analizado en el capítulo quinto
de esta misma obra. Dicho en otros términos, la facultad legislativa a que
nos referimos sólo es desempcñable tratándose de actividades económicas
estrictas sin comprender las que deben quedar intocadas por las leyes que
en ejercicio de la propia facultad expida el Congreso de la Unión.
d) Un monopolio estatal muy importante que proclamaba el párrafo
quinto del nuevo artículo 28 era el que concierne a la prestacion del servicio
público de banca y de crédito, mismo que sólo era susceptible de prestarse por
el Estado "a través de instituciones en los términos que establezca la correspondiente
ley reglamenraria.sts la que también determinará las garantías
514 d En materia de servicio eléctrico el Presidente "Zedillo envió en febrero de 1999 al
Senado de la República una iniciativa para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución
estableciendo la concesibilidad de dicho servicio. Tal reforma no entraña la priuauzación del mismo,
puesto que en la iniciativa presidencial se reitera la rectoría del Estado con el objeto de que las
normas básicas que regulen las concesiones y permisos en cuanto a la industria eléctrica
concierne y su desarrollo, siguen perteneciendo a la Nación.
515 Esta Ley se publicó en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1982 y entró en vigor el
primero de enerQ de 1983.

LA RECrORfA ECONÓMlCA DEL rsrADO 735
nacional" y estando desvinculado de toda autoridad a la que prohibe ordenarle
"conceder financiamientos". Asimismo dicho banco central "regulará
los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros. contando
ccm las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y
proveer a su. observancia". En cuanto a la autonomía de la mencionada institución
bancaria central, (muy relativa por cierto), la reforma aludida establece
-las siguientes bases de su organización: "La conducción del banco estará a
cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República
con la aprovación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.
en su caso" y "sólo podrán ser removidas por causa grave y no
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de
aquéllos en que actúen en la representación del banco y de los no remunerados
en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficiencia",
Por último, "las personas encargadas de la conducción del banco central,
podrá ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo
l l O de esta Constitución".
V. Resumen conclusivo. LiS ideas directrices que informan el contexto
de los actuales artículos 25, 26 Y 28 constitucionales encauzan la rectoría del
Estado en materia económica que la legislación ordinaria se encargará de
normal'. Dicha rectoría aparentemente admite sistemas de economía mixta
mediante la participación de los sectores públicos, social y privado en algunas
actividades que los mencionados preceptos apuntan. Sin embargo, e independientemente
del notorio predominio del primero de tales sectores, el
órgano legislativo federal está facultado para normar de tal manera dichos
sistemas que los sectores sociales y privado pueden quedar reducidos a una
insignificante intervención en la vida económica de México. Es más, si se extremaran
las facultades que se confieren al legislador secundario por las citadas
disposiciones constitucionales, las leyes que en ejercicio de aquéllas se
pueden expedir absorberían en favor de la entidad estatal todas las actividades
económicas aboliendo absolutamente la libertad de los gobernados colectivos
o individuales para desempeñarlas. En otras palabras, el régimen
que dichas disposiciones estructuran tiende a propiciar la implantación de
un completo totalitarismo de Estado en materia económica. Este totalitarismo,
en el fondo lo desempeñaría el gobierno estatal al través de la legislación
y administración pública federales, y en substancia, de conformidad con
nuestra realidad política, el Presidente de la República corno órgano iniciador
de leyes y administrador supremo del país. Esta "hipótesis entraña
el augurio de que la rectoría económica del Estado quedaría bajo la potestad
unipersonal de ese alto funcionario, quien se convertiría en el único
rector de la economía mexicana, situación indeseable que solo podría
evitarse si realmente el Congreso de la Unión ejerciese las facultades y
cumpliese las obligaciones de control que la Constitución establece, posibilidad
que depende de la integración humana del citado organismo, o
sea, de la condición sine qua non de que los diputados y senadores que lo
componen desempeñarán con dignidad y decoro democráticos sus importantes
funciones sin obsecuencias serviles hacia el Ejecutivo Federal.

736 l.A5 GARANTÍAS INDIVIDUALES
Consideramos por otra parte, que ninguna institución, ningún sistema
económico, jurídico o social en sí mismos deben calificarse a-priori, es decir,
sin confrontarlos con la realidad en la que estén destinados a operar. Su
evaluación debe formularse a-posteriori, pues son los resultados positivos que
su funcionamiento objetivo pueda producir los que justifiquen su implantación.
Por ello, la rectoría económica del Estado, que estructuran los preceptos
constitucionales brevemente comentados, está sujeta a sus propias conse-.
cuencias desde e! punto de vista de los beneficios que pueda generar en favor
del pueblo. Si tales consecuencias, en la realidad y con e! tiempo, no
tienen esta eficacia, la aludida rectoría culminará en su misma frustración y
sólo se explicará (OlUO una medida política desacertada contraria a la economía
nacional y alejada de los propósitos que determinaron su adopción.
VI. Las entidades paraestatales y su privatización. Los preceptos constitucionales
que someramente hemos comentado previenen que el Estado puede
ejercer la rectoría económica mediante entidades paraestatales que pueden
ser organismos descentralizados o empresas de participación masoritaria estatal.
Dentro de estos dos tipos las escuadra la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal. Los organismos descentralizados, según el artículo 45 de
este ordenamiento "son las instituciones creadas por disposición del Congreso
de la Unión, o en su caso por el Ejecutivo Federal. con personalidad jurídica
y patrimonio propios, cualquiera que sea la forma o estructura legal
que adopten". Dentro de esta categoría se encuentran setenta y ocho personas
morales entre las cuales destacan Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano
de! Seguro Social, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, e!
Instituto Nacional de Cardiología. e! Hospital Infantil de México, los Ferrocarriles
Nacionales de México, la Comisión Federal de Electricidad y otras
muchas cuya sola enumeración sería tediosa. Por medio de dichos organismos
descentralizados e! Estado desempeña múltiples funciones en diferentes
ámbitos económicos-sociales, según puede advertirse de la mención de los
que acabamos de indicar. Por su parte, las empresas de participación estatal
son las personas morales situadas en alguna de las hipótesis que consigna el
artículo 46 de la citada ley en los réminos que transcribimos para facilitar su
inteligencia:
"a) Que e! Gobierno Federal. el gobierno del Distrito Federal. uno O
más organismos descentralizados, una u otras empresas de participación estatal,
una o más instituciones nacionales de crédito ti organizaciones auxiliares
nacionales de crédito, una o varias instituciones nacionales de seguros o
de fianzas, o uno o más fideicomisos a que se refiere la fracción 111, del artículo
3° de esta ley, considerados conjunta o separadamente, aporten o
sean propietarios de 50% o más del capital social.
"b) Que en la constitución de su capital se hagan figurar acciones de
serie especial que sólo puedan ser suscritas por el Gobierno Federal, o
"e) Que al Gobierno Federal corresponda la facultad de nombrar a la
mayoría de los miembros del Consejo de Administración, Junta Directiva u
Órgano de Gobierno, designar al presidente, al director, al gerente, o cuando
tenga facultades para vetar los acuerdos de la asamblea general de accio-

LA RECrORiA ECONÓMICA DEL ESrADO 737
nisras, del Consejo de Administración o de la Junta Directiva u Órgano de
Gobierno equivalente."
Las empresas de participación estatal directa o indirecta ascienden a la
sorprendente cantidad de cuatrocientas treinta y siete, figurando entre ellas
Teléfonos de México, Diesel Nacional, Talleres Gráficos de la Nación, Altos
Hornos de México, Restaurantes "El Presidente" y otras muchas cuya sola
enunciación sería prolija.etü bis Tales empresas se han estructurado como sociedades
anónimas regidas por la legislación mercantil correspondiente en
cuanto a su forma estructural.
La diferencia que existe entre las dos especies de entidades paraestatales
aludidas es jurídicamente muy clara, pues los organismos descentralizados
son instituciones exclusivas del Estado en tanto que en las empresas de participación
estatal pueden concurrir el gobierno representante del sector público,
y los sectores privado o social, por lo que son sujetos colectivos de
economía mixta.
Es muy importante hacer hincapié en que las funciones exlcusivas del
Estado, que implican verdaderos y auténticos monopolios, y a las que se refiere
el artículo 28 constitucional, sólo pueden desempeñarse por organismos
descentralizados. Esta afirmación es ineluctable, pues si en el ejercicio de las
mismas tuviesen injerencia los sectores privado o social, tales funciones evidentemente
dejarían .de ser exclusivas de la entidad estatal. Las actividades
monopólicas del Estado, según dicho precepto, consisten en la acuñación de
moneda, correos, telégrafos, radiotelegrafía, comunicaciones vía satélite,
emisión de billetes de banco, las relacionadas con el petróleo y los demás
hidrocarburos, la petroquímica básica, los' minerales radiactivos, la generación
de energía nuclear, la electricidad y los ferrocarriles. Sin embargo, las
actividades que sólo el Estado puede desempeñar no impiden la creación de
organismos descentralizados que operen en diversos ámbitos de la dinámico
social y económica del país. Por medio de ellos el Estado las ejerce también
por modo exclusivo, ya que en la estructuración y el funcionamiento de un
organismo público descentralizado no pueden intervenir los mencionados
sectores, a diferencia de lo que sucede con las empresas de participación estatal
directa o indirecta, según se dijo.
La creación de entidades paraestatales en su carácter de empresas de
participación estatal directa o indirecta y por lo que atañe a las "áreas estratégicas"
distintas de los monopolios estatales, la prevé el mismo artículo 28
constitucional, permitiendo la participación en ellas de los sectores social y
privado, conforme a las leyes que expida el Congreso de la Unión "para impulsar
y organizar las áreas prioritarias del desarrollo" (Art. 25, párrafo
quinto), disponiéndose en el párrafo sexto del invocado artículo 28, que "el
Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz
manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter
516 bis La lista correspondiente aparece publicada en la Revista Mexicana de Derecho Penal,
Quinta Época, número 6, julio-diciembre de 1979.

738 l.AS GARAI\'TÍAS INDIVIDUALES
prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores
sociales y privado".
Las consideraciones que hemos expuesto revisten capital importancia
para evaluar jurídicamente la "privatización" de las entidades paraestatales
con independencia de los argumentos de índole socio-económica o de las
razones políticas que las apoyen o las rechacen. La aplicación de las ideas
involucradas en tales consideraciones a la cuestión de si deben o no "privatizarse"
dichas entidades, es decir, desplazarse total o parcialmente hacia la
iniciativa privada, conduce a las conclusiones siguien tes:
Primera. Los organismos descentralizados que ejerzan alguna función
que la Constitución reserve exclusivamente al Estado, no pueden "privatizarse"
por modo absoluto. Esta imposibilidad concierne a las actividades que
especifica el artículo 28 de la Constitución y que ya se han reproducido. La
"privatización" de alguna de ellas implicaría un acto anticonstitucional, prescindiendo
de sus consecuencias políticas, económicas o sociales, benéficas o
perjudiciales para la sociedad mexicana.
Segunda. Los organismos descentralizados por medio de los cuales el
Estado desempeña actividades económicas distintas de las funciones a que
alude la conclusión anterior, tampoco pueden "privatizarse", es decir, entregarse
al sector privado, ya que, por virtud de este acto, tales organismos de­
,saparecerían. Sería absurdo que un organismos descentralizado del Estado
continuara operando con este carácter en poder de la iniciativa privada, de
cualquier grupo de trabajadores, o de ambos. Por consiguiente, si las mencionadas
actividades, que no sean exclusivas del Estado, se pretenden "privatizar",
se requerirá necesariamente la implantación legal de entidades
diversas de los organismos descentralizados, como serían las empresas de
participación estatal directa o indirecta o, incluso, personas morales en que
no participe el Estado como socio, pudiendo ser éstas organizadas conforme
a la legislación común.
Tercera. Las empresas de participación estatal mayoritaria del Estado directa
o indirecta que prevea la legislación federal con la concurrencia de los
sectores social y privado en los términos del articulo 25 de la Constitución y
en lo que respecta a las llamadas "áreas prioritarias del desarrollo", sólo
pueden "privatizarse" si el ordenamiento legal respectivo autoriza estos actos,
y en el supuesto negativo, la ley de que se trate deberá reformarse por
el Congreso de la Unión para que la "privatización" sea válida.
Debe advertirse que la determinación de las "áreas prioritarias y estratégicas"
a que se refieren los artículos 25 y 28 de la Constitución, únicamente
incumbe al Congreso de la Unión, pues se trata de espacios sujetos a la legislación
y no a la actividad administrativa por sí misma.
Cuarta. En ausencia de la ley a que se refiere la conclusión anterior, si el
Estado ha concurrido con los sectores social y privado en la creación de alguna
empresa en que participe mayoritaria y hegemónicamente, es decir, si
tal empresa se formó mediante un contrato de sociedad con dichos sectores
o con alguno de ellos, como sucede con las cuatrocientas treinta y siete que,

L\ RECTORfA ECONÓMICA DEL ESTADO 739
ruando menos, existían al finalizar el año de 1979, la "privatización" es procedente
mediante la enajenación de las acciones o partes sociales cuyo titular
sea el Estado y siempre que no exista disposición legal que prohíba tal
acto.
Quinta. La "privatización" de los organismos descentralizados y de las
empresas de participación estatal directa o indirecta que no desempeñen actividades
en ninguna área prioritaria de desarrollo, debe ser no sólo procedente,
sino necesaria, pues por medio de dichas entidades el gobierno
ejerce una competencia desleal con los particulares o, incluso, con los gnlpos
del sector social. Si se recorre la enorme lista de tales organismos y de
las referidas empresas publicadas, según se dijo, en el número ya citado de la
Revista Mexicana de Derecho Penal, se advertirá fácilmente que mediante unos
y otras el Estado se ha convertido en industrial y en comerciante a propósito
de tareas que de ninguna manera le incumben, como son las relativas a la
explotación del maguey, a la producción de semillas, a las industrias azucarera,
cafetera y cacaotera, al fomento de los deportes, a la compraventa de
bienes raíces, a la explotación de restaurantes y centras gastronómicos, a la
exhibición de películas cinematográficas y a otras muchas que sería prolijo
mencionar y que se indican en la referida lista.
El gobierno de la República, por conducto de sus diferentes órganos,
debe ejercer solamente las funciones que la Constitución le señala y tales
funciones evidentemente no se refieren a las actividades económicas que por
tradición y en goce de la libertad de trabajo han correspondido a los particulares.
El repliegue de la actividad gubernamental hacia sus propios cauces
constitucionales mediante la "privatización" de las entidades paraestatales a
que se ha hecho referencia, será un estímulo indudable para la inversión de
capitales en nuestro país, a efecto de que con ellos se abran fuentes de trabajo
y se pueda abatir el desempleo y subernpleo y atern perar la crisis económica
que sufre nuestro pueblo. Dicha "privatización" evidentemente
respetaría las funciones exclusivas del Estado a que alude el artículo 28
constitucional, así como su rectoría económica en las áreas prioritarias que
determinen las leyes conforme a los artículos 25 y 26 del Código Supremo
de México.

742 LAS GARANlÍAS INDIVIDUALES
"Este término (el establecido en tal precepto) podrá prorrogarse únicamente a pe·
tición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en
su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad en donde s.e encuc.ntre intemado
el indiciado, que dentro del término antes señalado no reciba copia autorizada
del auto de formal prisión o de aceptación de la solicitud de prórroga, deberá
llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el término,
y si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes pon·
drá al indiciado en libertad."
Articulo 20. En' un párrafo que se pretende añadir a este precepto se establece
que el proceso penal no se suspenderá si el inculpado se evade de la
acción de la justicia "en cualquier momento después de que haya rendido su
declaración preparatoria", debiendo entenderse las actuaciones procesales
personalmente con él y no a través de ningún representante. Estas actuaciones
conciernen a la petición de la libertad provisional bajo caución (frac. 1),
a los careos (frac. IV), al ofrecimiento y rendición de pruebas (frac. V). a la
información de sus derechos constitucionales y al nombramiento de defensor
(frac. IX). La exigencia de que las citadas peticiones se hagan personalmente
por el procesado nos parecen inútiles y restrictoras del derecho que tiene
para defenderse. Inútiles, porque en los casos previstos en las fracciones I y
II su intervención no puede desplazarse a su defensor o representante toda
vez que ésta es personalísima e intransferible, y restrictoras en virtud de que
en los casos que atañen a las fracciones V, VII Y IX puede intervenir a través
de dichos sujetos. Por tanto, si a éstos se les impide esta intervención, la defensa
del procesado se hace nngatoria.
Artículo 22. A este precepto, que ya comentamos en la presente obra, la
iniciativa presidencial aludida pretende incorporar un párrafo que dice:
"La autoridad judicial podrá resolver que se apliquen a favor del Estado los bienes
que sean instrumento, objeto o producto de aquellos delitos graves o previstos como
de delincuencia organizada, que señale la ley, cuando exista resolución que ponga fin
al proceso penal en la que no hubiere un pronunciamiento sobre dichos bienes; se encuentre
acreditada en autos la existencia de los elementos objetivos del tipo penal, y se
trate de bienes sobre los que el inculpado fuera poseedor, propietario o se conduzca
como tal, independientemente de que hubieran sido transferidos a terceros, salvo que
éstos acrediten que son poseedores o adquirentes de buena fe."
Estas disposiciones nos parecen redundantes respecto de lo que establece
el mismo artículo 22 constitucional en su actual segundo párrafo que
dispone:
"No se considerará confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes
de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad
civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o multas.
Tampoco se considerará confiscaci6n el decomiso que ordene la autoridad judicial de
los bienes, en caso de enriquecimiento ilícito, en los términos del artículo 109; ni el
decomiso de los bienes propiedad del sentenciado, por delitos de los previstos como
delincuencia organizada, o el de aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como
dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes."
Como corolario de las anteriores someras observaciones debe concluirse
que las reformas constitucionales planteadas en la iniciativa presidencial de 9

OBSERVACIONES FINALES 743
de diciembre de 1997 frustran el propósito que las inspiró. pues son ineptas
para mejorar el sistema judicial en nuestro país. Son pobres e irrelevantes
para lograr este objetivo que requiere una nueva estructura orgánica. procesal
y humana del status normativo dentro del que se desenvuelve la administración
de justicia en materia penal y su procuración. Tal renovación implica
un imperativo insoslayable surgido del clamor social para que se implanten
esenciales modificaciones a dicho sistema a efecto de erradicar la delincuencia
llamada "organizada" que genera la inseguridad pública y privada y que
se estimula con la impunidad. la situación que estos mismos fenómenos han
provocado. desgraciadamente permanecerá incólume pese a las reformas
propuestas en la citada iniciativa y a su aprobación legislativa. Este presagio.
lamentablemente, operará en la realidad. Ojalá nos equivoquemos.

APÉNDICE
I
LEY DE IMPRENTA
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado
del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud
de las facultades de que me encuentro investido, y entretanto el Congreso de la
Unión reglamenta los articules 6' y 7' de la Constitución Ceneral de la República,
he tenido a bien expedir la siguiente:
LEY
ARTÍCULO 1 9 Constituyen ataques a la vida privada:
1. Toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente o por señales
en presencia de una o más personas, o por medio de manuscritos, o de la imprenta,
del dibujo, litografía, fotografía o de cualquier otra manera que expuesta
o circulando en público, o transmitida por correo, telégrafo, teléfono, radiotelegrafía
o por mensaje, o de cualquier otro modo, exponga a una persona al
odio, desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito en su reputación o en sus
intereses;
JI: Toda manifestación o expresión maliciosa hecha en los términos y por
cualquiera de los medios indicados en la fracción anterior, contra la memoria
de un difunto con el propósito o intención de lastimar el honor o la pública estimación
de los herederos o descendientes de aquél, que vivieren;
III. Todo informe, reportazgo o relación de las audiencias de los jurados o
tribunales, en asuntos civiles o penales, cuando refieran hechos falsos o se alteren
los verdaderos con el propósito de causar daño a alguna persona, o se hagan,
con el mismo objeto, apreciaciones que no estén ameritadas racionalmente por los
hechos, siendo éstos verdaderos;
IV. Cuando con una publicación prohibida expresamente por la ley, se
compromete la dignidad o estimación de una persona, exponiéndola alodio,
desprecio o ridículo o a sufrir daño en su reputación o en sus intereses, ya sean
personales o pecuniarios.
ARTÍCULO 2 9 • Constituye un ataque a la moral:
l. Toda manifestación de palabra, por escrito o por cualqu.er otro de los
medios de que habla la fracción 1 del artículo anterior, con la que se defiendan
o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o delitos, o se
haga la apología de ellas o de sus autores;

APÉNDICE
747
ARtiCULO 79. En los casos de los artículos 1 9 , 2 9 , Y3 9 de esta ley, las manifestaciones
o expresiones se considerarán hechas públicamente cuando se hagan o ejecuten
en las calles, plazas, paseos, teatros u otros lugares de reuniones públicas, o
en lugares privados, pero de manera que puedan ser observadas, vistas u oídas por
el público.
ARTÍCULO 89 Se entiende que hay excitación a la anarquía, cuando se aconseje
o se incite al robo, al asesinato, a la destrucción de los inmuebles por el uso de
explosivos o Se haga la apología de estos delitos o de sus autores, como medio
de lograr la destrucción o la reforma dcl orden social existente.
ARTÍCULO 9' Queda prohibido:
I. Publicar los escritos o actas de acusación en un proceso criminal, antes de
que se dé Cuenta con aquéllos o éstas en audiencia pública j
11. Publicar en cualquier tiempo, sin consentimiento de todos los interesados,
los escritos, actas de acusación y demás piezas de los procesos que se sigan por los
delitos de adulterio, atentados al pudor, estupro, violación y ataques a la vida
privada;
111. Publicar sin consentimiento de todos los interesados, las demandas, contestaciones
y demás piezas de autos, en los juicios de divorcio, reclamación de paternidad,
maternidad, nulidad de matrimonio, ° diligencia de reconocimiento de
hijos y en los juicios que en esta materia puedan suscitarse;
IV. Publicar lo que pase en diligencias o actos que deban ser secretos, por
mandato de la ley o por disposición judicial;
V. Iniciar o levantar públicamente subscripciones o ayudas pecuniarias para
pagar las multas que se impongan por infracciones penales;
VI. Publicar los nombres de las personas que formen un jurado, el sentido
en que aquéllas hayan dado su voto y las, discusiones privadas que tuvieren para
formular su veredicto;
VII. Publicar los nombres de los soldados o gendarmes que intervengan en
las ejecuciones capitales;
VIII. Publicar los nombres de los jefes u oficiales del Ejército o de la Armada
y cuerpos auxiliares de policía rural, a quienes se encomiende una comisión secreta
del servicio;
IX. Publicar los nombres de las víctimas de atentados al pudor, estupro o
violación ¡ .•
X. Censurar a un miembro de un jurado popular por su voto en el ejercicio
de sus funciones;
XI. Publicar planos, informes o documentos secretos de la Secretaría de Guerra
y los acuerdos de ésta, relativos a la movilización de tropas, envíos de pertrechos
de guerra y demás operaciones militares, así como los documentos, acuerdos o instrucciones
de la Secretaría de Estado, entretanto no se publiquen en el periódico
oficial de la Federación o boletines especiales de las mismas Secretarías;
XI!. Publicar las palabras o expresiones injuriosas u ofensivas que se vierten
en los Juzgados o tribunales, o en las sesiones de los cuerpos públicos colegiados.
ARTÍCULq 10. La infracción de cualquiera de las prohibiciones que contiene el
artículo anterior se castigará con multa de cincuenta a quinientos pesos y arresto
que no bajará de un mes ni excederá dc once.

APÉNDICE 749
la publicación, con una multa que no bajará de veintiocho pesos 'ni excederá de
cincuenta, sin perjuicio de que si la publicación contuviere un ataque a la vida
privada, a la moral o a la paz pública, se castiguen con la pena que corresponda.
Si en el impreso no se expresare el nombre del autor o responsable de él, no
se impondrá por esa omisión pena alguna, pero entonces la responsabilidad penal se
determinará conforme a lo que dispone el artículo siguiente.
ARTICULO 16. Cuando el delito se cometiere por medio de la imprenta, litografia,
grabado o cualquier otro medio de publicidad y no pudiere saberse quién
es el responsable de él ,como autor, se considerará con este carácter, tratándose de
publicaciones que no fuesen periódicos, a los editores de libros, folletos, anuncios,
tarjetas u hojas sueltas y, en su defecto, al regente de la imprenta u oficina en
que se hizo la publicación, y si no lo hubiere, al propietario de dicha oficina.
ARTÍCULO 17. Los operarios de una imprenta, litografía o cualquiera otra oficina
de publicidad, s6lo tendrán responsabilidad penal por una publicaci6n delictiva
en los casos siguientes:
l. Cuando resulte plenamente comprobado que son autores de ella, o que
facilitaron los datos para hacerla o concurrieron a la preparación o ejecución del
delito, con pleno conocimiento de que se trataba de un hecho punible, haya habido
o no acuerdo con el principal responsable:
JI. Cuando sean a la vez directores de una publicación periódica, o los
editores, regentes o propietarios de la oficina en que se hizo la publicación, en
los casos en que recaiga sobre éstos la responsabilidad penal;
IU. Cuando se cometa el delito por una publicaci6nclandestina y sean ellos
los que la hicieren, siempre que no presenten al autor, al regente o al propietario
de la oficina en que se hizo la publicación.
ARTicULO 18. Los expendedores, repartidores o papeleros s6lo tendrán responsabilidad
penal cuando estén comprendidos en algunos de los casos del artículo
anterior y cuando tratándose de escritos o impresos anónimos, no prueben qué
persona o personas se los entregaron para fijarlos en las paredes o tableros de
anuncios, o venderlos, repartirlos o exhibirlos.
ARTÍCULO 19. En las representaciones teatrales y en las exhibiciones de cinematógrafo
o audiciones de fonógrafo, se tendrán como responsables, además del
autor de la pieza que se presente o exhiba, o constituya la audición, al empresario
del teatro, cinematógrafo o fonógrafo.
ARTICULO 20. En toda publicación peri6dica, además de las indicaciones del
artículo 15, deberá expresarse el lugar en que esté establecida la negociación o
administraci6n del peri6dico y el nombre, apellido y domicilio del director, administrador
o regente, bajo la pena de cien pesos de multa.
De la infracción de esta disposición será responsable el propietario del periódico
si se supiere quién es, y en su defecto, se aplicará 10 que disponen los artículos
16y 17.
ARTÍCULO 21. El director de una publicaci6n periódica, tiene responsabilidad
por los artículos, entrefiletes, párrafos y gacetillas, reportazgos y demás informes,
relaciones o noticias que contuviere.
l. Cuando estuvieren firmados por él o cuando aparecieren sin firma, pues en
este caso se presume que él es' el autor;

750 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
11. Cuando estuvieren firmados por otra persona, sí contienen un ataque notorio
a la vida privada, a la moral o a la paz pública, a menos que pruebe que
la publicación se hizo sin su consentimiento y que no pudo evitarla sin que haya
habido negligencia de su parte;
In. Cuando haya ordenado la publicación del artículo, párrafo o reportazgo
impugnado, o haya dado los datos para hacerlo o lo haya aprobado expresamente.
ARTÍCULO 22. Si una publicación periódica no tuviere director, o éste na hubiere
podido asistir a la oficina por justo impedimento, la responsabilidad penal
recaerá en el administrador o regente y, en su defecto, en el propietario de dicha-publicación,
y si no fuere conocido, en las personas a cuyo cargo está la redacción
y si tampoco éstas aparecieren, se aplicarán las disposiciones de los artículos
16 y 17.
ARTÍCULO 23. Cuando el director de una publicación periódica tuviere fuero
constitucional, habrá otro director que no goce de éste, el que será solidariamente
responsable con aquél, en los casos previstos por la ley, así como también por los
artículos que firmaren personas que tuvieren fuero.
Si no hubiere otro director sin fuero, en los casos de este artículo, se observará
lo dispuesto en el artículo anterior.
ARTÍCULO 2f. Toda oficina impresora de cualquier clase que sea deberá guardar
los originales que estuvieren firmados, durante el término que se señala para
la prescripción de la acción penal, a fin de que durante este término pueda, en
cualquier tiempo, probar quién es el autor de dichos artículos. El dueño, director
o regente de la oficina o taller, recabará los originales que estén suscritos con
seudónimo, juntamente con la constancia correspondiente, que contendrá además
del nombre y apellido del autor, su domicilio, siendo obligatorio para el impresor
cerciorarse de la exactitud de una y otra cosa. El original y la constancia deberán
conservarse en sobre cerrado por todo el tiempo que se menciona en este artículo.
ARTICULO 25. Si la indicación del nombre y apellido del autor o su domicilio
resultare falsa, la responsabilidad penal correspondiente recaerá sobre las personas
de que hablan los artículos anteriores.
ARTÍCULO 26. En ningún caso podrán figurar como directores, editores o responsables
de artículos o periódicos, Jibros y demás publicaciones, personas que se
encuentren fuera de la República o que estén en prisión o en libertad preparatoria,
o bajo caución, por delito que no sea de imprenta.
La infracción de esta disposición se castigará administrativamente, con multa
de veinticinco a cien pesos, siendo responsable de ella el regente de la imprenta o
taller de litografía, grabado o de cualquier otra clase en que se hiciere la publicación,
el director, regente o propietario del periódico en que se cometiere la infracción,
sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda resultar por contravención
a las disposiciones de los artículos t 9, 29 Y 39 de esta ley.
ARTÍcuLO 27. Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente
las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran
dar a las alusiones que se tes hagan en artículos, editoriales, 'párrafos, reportazgos
o entrevistas, siempre que la respuestas se dé dentro de los ocho días siguientes
a la publicación, que no sea mayor su extensión del triple del párrafo o artículo en
que se contenga la alusión que se contesta, tratándose de autoridades, o del doble,
tratándose de particulares; que no se usen injurias o expresiones contrarias al de-

APÉNDICE
coro del periodista, que no haya ataques a terceras personas y que no se cometa
alguna infracción de la presente ley.
o Si la rectificación tuviere mayor extensión que la señalada, el periódico tendrá
obligación de publicarla íntegra; pero cobrará el exceso al precio que fije en su
tarifa de anuncios, cuyo pago se efectuará o asegurará previamente.
Las publicaciones de la respuesta, se hará en el mismo lugar y con la misma
clase de letra y demás particularidades con que se hizo la publicaci6n del articulo,
párrafo o entrevista a que la rectificaci6n o respuesta se refiere.
La rectificación o respuesta se publicará al día siguiente de aquél en que se
reciba, si se tratare de publicación diaria, o en el número inmediato, si se tratare
de otras publicaciones periódicas. '
Si la respuesta o rectificación se recibiere cuando por estar ya arreglado el tiro
no pudiere publicarse en los términos indicados, se hará en el número siguiente.
La infracción de esta disposición.se castigará con una pena que no baje de un
mes ni exceda de once, sin perjuicio de exigir al culpable la publicación correspondiente,
aplicando, en caso de desobediencia, la pena del artículo 904 del Código
Penal del Distrito 'Federal.
ARTÍCULO 28. Cuando se tratare de imprenta, litografía, talleres de grabado o
de cualquier otro medio de publicidad pertenecientes a una empresa o sociedad, se
reputarán como propietarios, para los efectos de esta ley, a los miembros de la
junta directiva o a sus representantes en el país, en el caso de que dicha junta
resida en el extranjero.
ARTÍCULO 29. La responsabilidad criminal por escritos, libros, impresos, grabados
y demás objetos que se introduzcan a la República y en que haya ataques a
la vida privada, a la moral o a la paz pública, recaerá directamente sobre las persanas
que los importen, reproduzcan o expongan o, en su defecto, sobre los que los
vendan o circulen, a menos que éstos pruehen qué personas se los entregaron para
ese objeto.
ARTICULO 30. Toda sentencia condenatoria que se pronuncie con motivo de
un delito de imprenta, se publicará a costa del responsable, si así lo exigiere el
agraviado. Si se tratare de publicaciones periodísticas, la publicación se hará en
el mismo periódico en que se cometió el delito, aunque cambiare de dueño, caatigándose
al responsable en caso de resistencia, con la pena que establece el artículo
904 del C6digo Penal del Distrito Federal, sin perjuicio de que se compela
nuevamente a verificar la publicación bajo la misma pena establecida, hasta lograr
vencer dicha resistencia.
En toda sentencia condenatoria se ordenará que se destruyan los impresos, grabados,
litografías y demás objetos con que se haya cometido el delito] y tratándose
de instrumentos públicos, que se tilden de manera que queden ilegibles las palabras
o expresiones que Se consideren delictuosas.
ARTÍCULO 31. Los ataques a la vida privada, se castigarán:
l. Con arresto dc ocho días a seis meses y multa de cinco a cincuenta pesos,
cuando el ataque o injuria no esté comprendido en la fracción siguiente; .
n. Con pena de seis meses de arresto a dos años de prisión y multa de cien
a mil pesos, cuando el ataque o injuria sea de los que causen afrenta ante la
opinión pública o consista en una imputación o en apreciaciones que puedan per-
751

752 LAS CARANTfAS INDIVIDUALES
judicar considerablemente la honra, la fama o el crédito del injuriado, o comprometer
de una manera grave la vida, la libertad o los derechos o intereses de éste,
o exponerlo alodio o al desprecio público.
Aln;cuLo 32. Los ataques a la moral se castigarán:
l. Con arresto de uno a once meses y multa de cien a mil pesos en los casos
de la fracción I del articulo 29 ;
11. Con arresto de ocho días a seis meses y multas de veinte a quinientos pesos,
en los casos de las infracciones n ynI del mismo artículo.
ARTICULO 33. Los ataques al orden o a la paz pública se castigarán:
l. Con arresto que no bajará de un mes o prisión que no excederá de un
año, en los casos de la fracción 1 del artículo 3 9 ;
11. En los casos de provocación a la comisión de un delito, si la ejecución de
éste siguiese inmediatamente a dicha provocación, se castigará con la pena que la
ley señala para el delito cometido, considerando la publicación como circunstancia
agravante de cuarta clase. De lo contrario, la pena no bajará de la quinta parte ni
excederá de la mitad de la que correspondería si el delito se hubiere consumado;
FH. Con una pena que no bajará de tres meses de arresto, ni excederá de
dos años de prisión, en los casos de injurias contra el Congreso de la Unión o
alguna de las Cámaras, contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con,tra
el Ejército, la Armada o Guardia Nacional o las instituciones que de aquél y éstas
dependan;
IV. Con la pena de seis meses de arresto y un año y medio de prisión y
multa de cien a mil pesos, cuando se trate de injurias al Presidente de la República,
en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas;
V. Con pena de tres meses de arresto a un año de prisión y multa de cincuenta
a quinientos pesos, las injurias a los Secretarios de Despacho, al Proeurador
General de la República o a los directores de los Departamentos federales, a los
gobernadores del Distrito y Territorios Federales, en el acto de ejercer sus funciones
o con motivo de ellas, o a los tribunales, legislaturas y gobernadores de los
Estados, a éstos con motivo de sus funciones;
VI. Con arresto de uno a seis meses y multa de cincuenta a trescientos pesos,'
las injurias a un magistrado de la Suprema Corte, o a un magistrado de circuito y
del Distrito Federal o de los Estados, juez de distrito o del orden común, ya sea del
Distrito Federal, de los Territorios o de los Estados, a un individuo del Poder
Legislativo Federal o de los Estados, o a un general o coronel) en el acto de ejercer
sus funciones o con motivo de' ellas, o contra cualquiera otro cuerpo público
colegiado, distinto de los mencionados en las cuatro fracciones anteriores, ya sea de .
la Federación o de los Estados. Si la injuria se verificase en una sesión del Congreso
o en una audiencia de un tribunal, o se hiciere a los generales o coroneles
en una parada militar o estando al frente de sus fuerzas, la pena será de dos meses
de arresto a dos años de prisión y multa de doscientos a dos mil pesos;
VII. Con arresto de quince días a tres meses y multa de veinticinco a doscientc
spesos, al que injurie al que mande una fuerza pública, a uno de sus agentes
o de la autoridad, o a cualquiera otra persona que tenga carácter público y no
sea de las mencionadas en las cuatro fracciones anteriores, en el acto de ejercer
sus funciones o con motivo de ellas;

APÉNDICE
VIII. Con la pena de uno a once meses de arresto y multa de cincuenta a
quinientos pesos, en los casos de injurias a las naciones amigas, a los jefes de
ellas, o a sus representantes acreditados en el país,
IX. Con una pena de dos meses de arresto a dos años de prisión, en los
casos de la fracción III del artículo tercero.
-ARTÍCULO 34. Siempre que la injuria a un particular o a un funcionario público
se haga de un modo encubierto, o en términos equívocos, y el reo se niegue
a dar una explicación satisfactoria a juicio del juez, será castigado con la. pena
que le correspondería si el delito se hubiere cometido sin esa circunstancia. Si se
da explicación satisfactoria no habrá lugar a pen-a alguna.
ARTÍCULO 35. Se necesita querella de la parte ofendida para proceder contra
el autor del delito de injurias.
Si la ofensa es a la nación o a alguna entidad federativa, al Presidente de la
República, al Congreso de la Unión o a alguna de sus Cámaras, a la Suprema
Corte de Justicia, al Ejército, Armada o Guardia Nacional o a las instituciones
dependientes de aquél o-éstas, la querella será presentada por el Ministerio Público,
con excitativa del gobierno o sin ella. Si la injuria es a cualquier otro funcionario,
el Ministerio Público presentará también la querella, previa excitativa del ofendido.
Si la ofensa es a,una nación amiga, a su gobierno o a sus representantes
en el país, el Ministerio Público procederá también a formular la queja, previa
excitativa del gobierno mexicano. .
Cuando la ofensa se haga a cuerpos colegiados privados, su representante legitimo
presentará la querella correspondiente.
ARTÍCULO 36. Esta ley será obligatoria en el Distrito Federal y Territorios, en
lo que concierne a los delitos del orden común previstos en ella, y en toda la
República por lo que toca a los delitos de la competencia de los Tribunales Federales.
TRANSITORIO
Esta ley comenzará a regir desde el día quince del presente mes.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé él debido cumplimiento.
Dada en el Palacio Nacional de la ciudad de México, a los nueve días del 'mes
de abril de mil novecientos diez y siete.-V. CARRANZA. República.-Al ciudadano
licenciado Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado del Departamento
de Gobemaeión.-Presente.
753

756 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
ARTICULO 1. Todos los seres humanos nacen libres, e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros.
ARTICULO 2. 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una
persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de
soberanía.
ARTÍCULO 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona.
ARTÍCULO 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud
y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
ARTÍCULO 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes.
ARTÍCULO 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento
de su personalidad jurídica.
ARTÍCULO 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra discriminación
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
ARTÍCULO 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constituci6n o por la ley.
ARTícULO 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
ARTÍCULO 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad,
a-ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial;
para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal.
ARTícULO 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en
juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para
su defensa.
2. Nadie será condenado por actos ti omisiones que en el momento de cometerse
no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisi6n del delito.
ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra O a su

APÉNDICE 757
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques.
ARTÍCULO 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir
su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho á. salir de cualquier país, incluso del propio,
y a regresar a su país.
ARTÍCULO 14. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar
asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente
originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de
las Naciones Unidas.
ARTÍCULO 15. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
cambiar de nacionalidad.
ARTÍCULO 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen
derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse
y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimanía,
durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de Jos futuros esposos podrá
contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho
a la protección de la sociedad y del Estado.
ARTÍcuLO 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y
colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
ARTICULO 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o
de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual
y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica,
el culto y la observancia.
ARTICULO 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el
de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirla, sin limitaciones
de fronteras, por cualquier medio de expresi6n.
ARTICULO 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de .reunión y de
asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
ARTICULO 21. l. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de
su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las
funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse pe-

758 LAS GARANTÍAS INDIVIDUAI"ES
riódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto y otro procedimiento
equivalente que garantice la libertad del voto.
ARTÍCULO 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad
y al libre desarrollo de su personalidad.
ARTICULO 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elecci6n
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección
contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por
trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros
medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la
defensa de sus intereses.
ARTícULO 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo
libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas.
ARTÍCULO 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el biénestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especia.
les. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho
a igual protección social.
ARTICULO 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educaci6n. La educaci6n
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.'
La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales j favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que
habrá dc darse a sus hijos. .
ARTICULO 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de él resulten.

A PÉ N DIe E 759
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o
artísticas de que sea autora.
ARTÍCULO 28. Toda persona tiene derecho a que: se establezca un orden social
e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración
se hagan plenamente efectivos.
ARTÍCULO 29. 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto
que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único
fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los
demás, y de satisfacer las justas exigencias de. la moral, del orden público y del
bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición
a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
ARTícULO 30. Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido
de que confiere derecho alguno al Estado, a un gnIpo o a una persona, para
emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de
cualquiera de los derechos 'y libertades proclamados en esta Declaración.

762 LAS GARANTÍAS INDrvmuALEs
ARTÍCULO 7? Ninguno será aprehendido sino por los agentes que la ley
establezca o por las personas comisionadas al efecto, y en virtud de orden
escrita del juez de su propio fuero o de la autoridad política respectiva) y
cuando contra él obren indicios por los cuales se presuma -ser reo de detenninado
delito que se haya cometido.
ARTÍCULO 8? El delincuente in fraganti, el reo que se fuga y el ausente
que se exhorta por pregones públicos, pueden ser aprehendidos por cualquier
particular, quien en el acto los presentará a la autoridad política.
ARTÍCULO 9? La autoridad judicial puede librar órdenes para la aprehensión
de reos de otro fuero, siempre que aparezcan como cómplices de algún
delito de su conocimiento, poniendo al detenido dentro de 48 horas a disposición
del juez competente.
ARTÍCULO lO. La autoridad política deberá poner los detenidos a disposición
del juez de la causa) dentro del mismo término. Pasado éste, el juez podrá
reclamar la entrega del detenido y de los datos que obren contra él; Y si no los
recibiere, dentro de 24 horas después de pedidos, dará la orden de libertad de
aquél la cual será obedecida por el encargado de la custodia del supuesto reo,
sin pponer pretexto alguno a no ser que antes haya recibido orden de dejar
al reo a disposición de algún juez.
ARTÍCULO 11. Nadie puede ser detenido por la autoridad judicial más de
tres' días, o de cinco si el juez de la causa fue el aprehensor, sin que provea
el auto motivado de prisión; para el cual se requiere que esté averiguado el
cuerpo del delito; que haya datos suficientes para creer que el detenido es responsable,
y que se le haya tomado su declaración preparatoria,.impuesto de la
causa de su prisión y de quien es su acusador, si lo hubiese.
ARTÍCULO 12. En el =0 de que se mande hacer la aprehensión de un
acusado que se ausente, luego que se verifique sin sacarlo del lugar donde fue
habido, la autoridad política, dentro de las 24 horas siguientes a la que se le
comunique la aprehensión, pondrá al acusado a disposición de la autoridad
judicial, remitiéndole todos los datos que obren contra él. Si ésta creyese que
debe continuar aquella providencia, dispondrá de la traslación del reo, cuando
más tarde al día siguiente de haber recibido los datos; y entonces deberá proveer
el auto de bien preso, dentro de 48 horas, contadas desde la en que el
reo llegare al lugar de la residencia del juez. Será de la responsabilidad de las
autoridades políticas, en el caso de que .este artículo trata, proporcionar los auxilíos
necesarios para la conducción del reo con la prontitud conveniente para
que no sufra dilaciones vejatorias.
ARTÍCULO 13. El reo sometido a la autoridad judicial, que pasados los
términos legales no hubiese sido declarado bien preso, podrá ocurrir a la autoridad
judicial superior, y ésta decidirá el recurso dentro de 24 horas.
ARTícULO 14. La detención que excede de los términos legales es arbitraria,
y hace responsable a la autoridad que la comete, y a la judicial que la deja sin
castigo. El funcionario público que por tercera vez sea condenado por detención
arbitraria, además de la pena que las leyes establecieren, sufrirá la de quedar
inhábil para todo empleo público.

APÉNDICE 769
teador, ii incendiario, al parricida, y al homicida con alevosía, siempre que
haya una prueba de todo punto plena, y que no concurra ningua circunstancia
atenuante.
28. Para la instrucción de los procesos criminales se establece el juicio
por jurados en las 'capitales y demás pueblos que designen las Legislaturas
de los Estados. Una Ley general dictará las bases de esos juicios, y las legislaturas
los reglamentarán.
29. La aplicación de las penas es propia de la autoridad judicial, y la
política sólo podrá imponer aquélla para que expresamente la faculta la ley,
y en los casos y modos que ella determine.
30. Cualquier falta de observancia en los trámites esenciales de un proceso,
produce la nulidad de éste y la responsabilidad del juez.
31. Toda prevariación por cohecho, soborno o baratería y las infracciones
de la Constitución y de las leyes constitucionales, producen acción popular
contra los funcionarios que las cometen.
32. Nadie puede ser privado de su propiedad, ni' turbado en el libre uso y
aprovechamiento de ella, ya consista en cosas, en acciones, en derechos o en el
ejercicio de alguna profesión o industria. Cuando algún objeto de utilidad pública
exija la ocupación, el. interesado, será previamente indemnizado en los
términos que prevengan las leyes.
33. Las precedentes garantías son inviolables: cualquier atentado cometido
contra ellas hace responsable a la autoridad que lo ordena y al que lo ejecuta,
y debe ser castigado como delito común, cometido con abuso de la fuerza.
34-. Esta responsabilidad podrá exigirse en todo tiempo y a toda clase de
personas, y no podrán alcanzar a los culpados ni indulto, ni amnistía, ni cualquiera
otra disposición, aunque sea del Poder Legislativo, que lo sustraiga de
los tribunales o impida que se haga efectiva la pena.

APÉND/J:E
IV. Definir las políticas y lineamientos para la coordinaci6n con las instancias
y organismos nacionales e internaoionaJes relacionados con 106 derechos
humanos;
V. Informar semestralmente al. Presidente de .la República sobre el desempeño
de las funciones de la Comisi6n y, en general, de 106 resultados de las acciones
de protecci6n de 106 derechos humanos en el pala;
VI. Solicitar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables a cualquier
autoridad del país la información sobre posibles violaciones de 106 derechos humanos,
que requiera para el eficaz desempeño de sus funciones;
VII. Hacer las recomendaciones y en su caso observaciones que resulten
pertinentes a las autoridades administrativas del país sobre violaciones a los derechos
humanos;
VIII. Las demás que le confieran expresamente otras disposiciones legales
y reglamentarias,
Artículo sexto.-Para el mejor desempeño de sus responsabilidades, la ea.
misión contará con un Consejo.
El Consejo estará integrado por aquellas personas que gocen de reconocido
prestigio en la sociedad y sean invitadas a tal efecto por el Ejecutivo Federal,
por conducto del Presidente de la Comisión, así como por aquellos servidores
públicos que determine el propio Ejecutivo.
El cargo de los' miembros del Consejo será honorario.
El Consejo será un cuerpo colegiado de examen y opinión de la problemática
del respeto y defensa de los derechos humanos en el país y de los mexicanos
en el extranjero, con el propósito de proponer al Presidente de la Comisión las
directrices y lineamientos que se estimen pertinentes para su adecuada prevención
y tutela. .
Para la adecuada realización de sus responsabilidades, el Consejo se apoyará
en un Secretario Técnico designado por el Presidente de la República.
Artículo séptimo:-En el ejercicio de sus funciones el Presidente de la ea.
misi6n se auxiliará de un Secretario Ejecuticc que tendrá las siguientes funciones:
1. Someter a la consideración del Presidente de la omisi6n los programas
de trabajo del órgano;
11. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos que dicte el Presidente de la
Comisión, así como a los que emanen del Consejo;
III. Proponer los mecanismos y procedimientos de coordinaci6n con los
poderes y los diferentes órdenes de ·gobierno que resulten necesarios para llevar
a cabo las funciones de la Comisión;
IV. Las demás que le señale el Presidente de la Comisi6n.
Artículo oclavo.-La Comisión Nacional de. Derechos Humanos contará asimismo
con un visíw.Ju.· que dependerá del Presidente de la Comisión y que
tendrá las siguientes funciones:
773

774 LAS GARANTÍAS INDMDUALES
l. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión con organismos públicos,
sociales y privados, nacionales e internacíonales; esto último en coordinación
con la Secretaria de Relaciones Exteriores;
11. Diseñar, proponer y desarrollar canales de comunicación y colaboración
con la sociedad Y" en las tareas de respeto y defensa de los derechos humanos;
IIl. Representar al Presidente de la Comisión en todos aquellos actos relacionados
con el desahogo de las funciones del 6rgano;
IV. Denunciar ante las autoridades competentes los actos de que conozca
que puedan comportar violaciones a los derechos humanos;
V. Las demás que le encomiende expresamente el Presidente de la Comisión.
TRANSITORIOS
Articulo primt'ro.-EJ presente decreto entrará en VIgor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo.--Se" reforma el artículo 20. del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación, para quedar en los siguientes términos:
Artíc.ulo 20.- : .
Secretario.
Subescrctario de Gobierno y Desarrollo Político.
Artículo tercero.-Se deroga el artículo 15 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación, así como las demás disposiciones que se opongan a
10 dispuesto por este decreto.
Artículo cuarto.-Los recursos con que actualmente cuenta la Dirección
General de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación .pasarán a formar
parte del órgano desconcentrado que se crea por este ordenamiento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México,
Distrito Federal, a los cinco días del mes de junio de mil novecientos noventa.­
Carlos Salinas de Gortan.-Rúbrica.-El Secretario de Gobernación, Fernando
Gutiérrez Barrios.-Rúbrica.-El Secretario de Relaciones Exteriores, Fernando
Solana Morales.-Rúbrica.

APtNDICE
VI
LEY DE LA COMISiÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS!
CARLOS SALINAS DE CORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO:
"El congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
LEY DE LA COMISiÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS
TITuLO I
CAPITuLO ÚNICO
Disposiciones Generales
ARTIcuLO 1 2.-Esta leyes de orden público y de aplicación en todo el
territorio nacional en materia de Derechos Humanos, respecto de los mexicanos
y extranjeros que se encuentren en el país, en los términos establecídos
por el apartado "B" del artículo 102 constitucional.
ARTICULO 2 2.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios que
tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y
divulgación de los derechos humanos previstos por el jurídico mexicano.
ARTICULO 3 2.- La Comisión Nacional de Derechos humanos tendrá
competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas
con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren
I Publicada el 29 de junto de 1992 en el Diario Ofidal de la Federación.
775

776 1.AS GARANTíAS INorvmUAl.F..5
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción
de los del Poder Judicial de la Federación.
Cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto autoridades o
. servidores públicos de la Federación, como de las Entidades Federativas o Municipios.
la competencia se surtirá en favor de la Comisión Nacional.
Tratándose de presuntas violaciones a los Derechos Humanos en que los
hechos se imputen exclusivamente a autoridades o servidores públicos de las
entidades federativas o municipios. en principio conocerán los organismos
de protección de los derechos humanos de la Entidad de que se trate, salvo
lo dispuesto por el artículo 60 de esta ley.
Asimismo, corresponderá conocer a la: Comisión Nacional de Derechos
Humanos de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones,
acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes de los
Estados de la Federación, a que se refiere el artículo 102, apartado "BU de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTíCULO 4º.-Los procedimientos que se sigan ante la Comisión deberán
ser breves y sencillos, y estaránsujetos sólo a las formalidades esenciales
que requiera la documentación de los expedientes respectivos. Se seguirán
además, de acuerdo con los principios de inmediato, concentración y rapidez,
y se procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo con quejosos,
denunciantes y autoridades. para evitar la dilación de las comunicaciones
escritas.
El personal de la Comisión Nacional deberá manejar de manera confidencial
la información o documentación relativa a los asuntos de su competencia.
TÍTULO 11
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS
CAPITULO I
De la integración y facultades de la Comisión Nacional
ARTíCULO 5º.-La Comisión Nacional es integrada con un Presidente.
una Secretaría Ejecutiva. hasta 5 Visitadores Generales, así como el número
de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario
para la realización de sus funciones.
La Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades
contará con un Consejo.
ARTíCULO 6 2 .- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
I. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos;
11. Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones
de derechos humanos en los siguientes casos:

APÉNDICE
a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal;
b) Cuando los particulares o algún otrO agente social cometan ilícitos con
la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad. o bien cuando
estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que
legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos. particularmente
en tratándose de conductas que afecten la integridad ñsíca de las personas;
III. Formular recomendaciones públicas autónomas. no vinculatorias y
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos
por e! artículo 102. apartado B. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
IV. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se
presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de
derechos humanos de las Entidades Federativas a que se refiere e! citado arúculo
102. apartado B. de la Constitución Política;
V. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones
en que incurran los' organismos de derechos humanos a que se refiere la
fracción anterior. y por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones
de éstos por parte de las autoridades locales. en los términos señalados
por esta ley;
VI. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas
como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado,
cuando la naturaleza de! caso lo permita;
VII. Impulsar la observancia de los derechos humanos en e! país;
VIII. Proponer a las diversas autoridades de! país. que en el exclusivo
ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones
legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas,
que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección de
los derechos humanos;
IX. Promover e! estudio. la enseñanza y divulgación de los derechos humanos
ene! ámbito nacional e internacional.;
X. Expedir su Reglamento Interno;
XI. Elaborar y ejecutar programas prevenidos en materia de derechos
humanos;
XII. Supervisar el respeto a los derechos humanos en e! sistema penitenciario
y de readaptación social de! país;
XIII. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las
. dependencias competentes que impulsen e! cumplimiento dentro de! territorio
nacional de los tratados. convenciones y acuerdos internacionales signados
y ratificados por México en materia de derechos humanos;
XIV. Proponer al Ejecutivo Federal. en los términos de la legislación
. aplicable, la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia
de derechos humanos;
XV. Las demás que te otorguen la presente ley y otros ordenamientos
legales.
777

778 LAS GARANTíAS INDIVIDUALES
ARTICULO 7 0.- La comisión Nacional no podrá conocer de los asuntos
relativos a:
I. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales;
n. Resolucionesde carácter jurisdicción;
In. Conflictos de carácter laboral; y
IV. Consultas formuladas por autoridades. particulares u otras entidades,
sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales.
ARTICULO 80.- En los términos de esta ley, sólo podrán admitirse o conocerse
quejas o inconformidades contra actos y omisiones de autoridades
judiciales. salvo las de carácter federal. cuando dichos actos y omisiones tengan
carácter administrativo. La Comisión Nacional por ninguna motivo podrá
examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo.
CApITULO II
Del nombramiento y facultades IÚI Presidente IÚ In Comisión
ARTICULO gO._EI Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
deberá reunir para su designación los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos
políticos y civiles;
n. No tener menos de treinta y cinco años de edad, el día de su nombramiento;
y
In. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si
se tratare de robo. fraude. falsificación, abuso de confianza y otro que lastime
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el
cargo cualquiera que haya sido la pena.
ARTICULO IO.-El nombramiento del Presidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos. será hecho por el Presidente de la República y
sometido a la aprobación de la Cámara de Senadores, o en los recesos de
ésta, 'a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
ARTICULO l l.-El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
durará en sus funciones cuatro años, y podrá ser designado exclusivamente
para un segundo período.
ARTICULO 12.-Las funciones del Presidente de la Comisión Nacional,
de los Visitadores Generales y de la Secretaría Ejecutiva, son incompatibles
con el desempeño de cualquier otro cargo, empleo o comisión de la Federación.
los Estados, Municipios o en organismos privados, o con el desempeño
de su profesión, exceptuando las actividades académicas.
ARTICULO 13.-El Presidente de la Comisión Nacional y los Visitadores
Generales no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil. penal o
administrativa, por las opiniones y recomendaciones que formulen, o por los

APÉNDlCE
actos que realicen, en ejercicio de las funciones propias de sus cargos que les
asigna esta ley.
ARTICULO l4.-El Presidente de la Comisión Nacional podrá ser destituido
y, en su caso, sujeto a responsabilidad, sólo por las causas y mediante
los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. En ese supuesto, el Presidente será
substituido interinamente por el primer Visitador General, en tanto no se
designe nuevo Presidente de la Comisión Nacional.
ARTícuLO 15.-El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes
facultades:
I. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional;
11. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades
administrativas de la Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar
a los funcionarios y al personal bajo su autoridad;
111. Dictar las medidas específicas que juzgue conveniente para el mejor
desempeño de las funciones de la Comisión;
IV. Distribuir y delegar funciones a los Visitadores Generales en los términos
del Reglamento Interno;
V. Enviar un informe anual al Congreso de la Unión al Titular del Poder
Ejecutivo Federal sobre las actividades de la Comisión;
VI. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases
de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos
de defensa de los derechos humanos, así como con instituciones académicas
y asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de sus fines;
VII. Aprobar y emitir las recomendaciones públicas autónomas y acuerdos
que resulten de las investigaciones realizadas por los visitadores;
VIII. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección
de los derechos humanos en el país;
IX. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Comisión y
el respectivo informe sobre su ejercicio para presentar al Consejo de' la misma;
y
X. Las demás que le señalen la presente ley y otros ordenamientos.
ARTICULO 16.-Tanto el Presidente de la Comisión, como los VISitadores
Generales y los visitadores adjuntos, en sus actuaciones tendrán fe pública
para certificar la veracidad de los hechos en relación con las quejas o inconformidades,
presentadas ante la Comisión Nacional.
CAPITuLO '"
De la integracion, nombramiento y facultades del Consejo
ARTícuLO 17.-El Consejo a que se refiere el artículo 50. de esta ley, estará
integrado por diez personas que gocen de reconocido prestigio en la sociedad,
mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos. y cuando
779

780
lAS GARANTÍAS INUIVIDUALES
menos siete de entre ellos no deben desempeñar ningún cargo o comisión
como servidor público.
El Presidente de la Comisión Nacional lo será también de! Consejo. Los
cargos de los demás miembros de! Consejo serán honorarios. A excepción de
su Presidente, cada año deberá ser substituido e! miembro del Consejo de
mayor antigüedad.
ARTICULO 18.-EI nombramiento de los miembros de Consejo será hecho
por e! Titular de! Poder Ejecutivo Federal y sometido a la aprobación de
la Cámara de Senadores, o en los recesos de ésta, a la de la Comisión Pero
manente de! Congreso de la Unión.
El Consejo contará con un Secretario Técnico quien será designado por
el propio Consejo a propuesta del Presidente de la Comisión Nacional.'
ARTICULO. 19.-EI Consejo de la Comisión Nacional tendrá las siguientes
facultades;
1. Establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión Nacional;
11. Aprobar e! Reglamento Interno de la Comisión Nacional;
lIl. Aprobar las normas de carácter interno relacionadas con la Comisión
Nacional;
IV. Opinar sobre el proyecto de informe anual. que el Presidente de la
Comisión Nacional presente al Congreso de la Unión y al Titular del Poder
Ejecutivo Federal;
V. Solicitar al Presidente de la Comisión Nacional información adicional
sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la comisión
Nacional; y
VI. Conocer el informe del Presidente de la Comisión Nacional respecto
al ejercicio presupuesta!.
ARTíCULO 20.-El Consejo funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias
y tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros presentes.
Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos una vez al mes.
Las sesiones' extraordinarias podrás convocarse por el Presidente de la
Comisión Nacional o mediante solicitud que a éste formulen por lo menos 3
miembros de! Consejo, cuando se estime que hay razones de importancia
para ello.
CAPITULO IV
Del nombramiento y facultades de la Secretaria Ejecutiva
ARTICULO 21.-EI Titular de la Secretaría Ejecutiva deberá reunir para
su designación. los siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
11. Gozar de buena reputación; y
111. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento.

APÉNDICE
ARTICULO 22.-La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y
obligaciones: . ..,' ,
1. Proponer al Consejo y al Presidente de la Comisión Nacional, las pohticas
generales que en materia de derechos humanos habrá de seguir la Comisión
Nacional ante los organismos 'gubernamentales y no gubernamentales,
nacionales. e internacionales;
Il. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión Nacional, con organismo
públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales, en materia
de derechos humanos;
UI. Realizar estudios sobre los tratados y convenciones internacionales
en materia de derechos humanos;
IV. Preparar los anteproyectos de iniciativas de leyes y reglamentos que
la Comisión Nacional haya de entregar a los órganos competentes, así como
los estudios que los sustenten;
V. Colaborar con la Presidencia de la Comisión Nacional en la elaboración
de los informes anuales, así como de los especiales.
VI. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión
Nacional; y
VII. Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales y reglamentarias.
CAPITULO V
Del nombramiento y[aculsades de ros visitadores
ARTICULO 23.-Los Visitadores Generales de la Comisión Nacional debe,
rán reunir para su designación, los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
Il. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento;
Hl. Tener título de Licenciado en Derecho expedido legalmente, y tener
tres años de ejercicio profesional cuando menos; y
IV. Ser de reconocida buena fama.
ARTIcULO 24.-Los Visitadores Generales tendrán las siguientes facultades
y obligaciones:
I. Recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades presentadas
por los afectados, sus representantes o los denunciantes ante la Comisión
Nacional;
n. Iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidades
que le sean presentadas, o de oficio, discrecionalmente aquélla sobre
denuncias de violación a los derechos humanos que aparezcan en los medios
de comunicación;
Hl. Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación,
la solución inmediata de las violaciones de derechos humanos que
por su propia naturaleza así lo permita;
IV. Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los
781

782 lAS GARANTíAS IN.DlVIDUALES
proyectos de recomendación o acuerdo, que se someterán al Presidente de la
Comisión Nacional para su consideración; y . .
V. Las demás que le .señale la presente ley y el Presidente de la Comísión
Nacional, necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Los visitadores adjuntos auxiliarán en sus funciones a los Visitadores Generales
en los términos que fue el Reglamento y para tal efecto deberán reunir
los requisitos que establezca el mismo para su designación.
TITULO JII
DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN NACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS
CAPíTULO I
Disposiciones ge1W"aks
ARTíCULO 25.-Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones
a los Derechos Humanos y acudir ante las oficinas de la Comisión Nacional
para presentar, ya sea directamente o por medio de representante, quejas
contra dichas violaciones.
Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su
paradero, los hechos se podrán denunciar por los parientes o vecinos de los
afectados. inclusive por menores de edad.
Las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas podrán
acudir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar las
violaciones de derechos humanos respecto de personas que por sus condiciones
físicas, mentales, económicas y culturales, 0"0 tengan la capacidad efectiva
de presentar quejas de manera directa.
ARTícuLO 26.-La queja podrá presentarse dentro del plazo de un año,
a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se estimen
violatorios, o de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos.
En casos excepcionales, y tratándose de infracciones graves a los derechos
humanos, la Comisión Nacional podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución
razonada. No contará plazo alguno cuando se trate de hechos que
por su gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa humanidad.
ARTíCULO 27.-La instancia respectiva deberá presentarse por escrito; en
casos urgentes podrá formularse por cualquier medio de comunicación electrónica.
No se admitirán comunicaciones anónimas, por lo que toda queja o
reclamación deberá ratificarse dentro de los tres dlas siguientes a su presentación,
si el quejoso no se identifica y la suscribe en un primer momento.
Cuando los quejosos o denunciantes se encuentren recluidos en un centro
de detención o reclusos, sus escritos deberán ser trasmitidos a la Comisión
Nacional sin demora alguna por los encargados de dichos centros o

APÉNDICE
reclusorios o aquellos podrán entregarse directamente a los Visitadores Generales
o adjuntos.
ARTicULO 28.-La Comisión Nacional designará personal de guardia
para recibir y atender las reclamaciones o quejas urgentes a cualquier hora
del día y de la noche.
ARTicULO 29.-La Comisión Nacional deberá poner a disposición de los
reclamantes formularios que faciliten el trámite, y en todo caso orientará a
los comparecientes sobre el contenido de su queja o reclamación. Las quejas
también podrán presentarse oralmente, cuando los comparecientes no puedan
escribir o sean menores de edad. Tratándose de personas que no hablen
o entiendan correctamente el idioma español, se les proporcionará gratuitamente
un traductor.
ARTÍCULO 30.-En todos los casos que se requiera, la Comisión Nacional
levantará acta circunstanciada de sus actuaciones.
ARTÍCULO 3l.-En el supuesto de que los quejosos o denunciantes no
puedan identificar a las autoridades o servidores públicos, cuyos actos y omisiones
consideren haber afectado sus derechos fundamentales, la instancia
será admitida, si procede, bajo la condición de que se logre dicha identificación
en la investigación posterior de los hechos.
ARTIcULO· 32.-La formulación de quejas y denuncias, así como las resoluciones
y Recomendaciones que emita la Comisión Nacional, no afectarán el
ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a
los afectados conforme a las leyes, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos
preceptivos, de prescripción o caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse
a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia.
ARTIcULO 33.-Cuando la instancia sea inadmisible por ser manifiestamente
improcedente o infundada; será rechazada de inmediato. Cuando no
corresponda de manera ostensible a la competencia de la Comisión Nacional,
se deberá proporcionar orientación al reclamante, a fin de que acuda a
la autoridades o servidor público a quien corresponda conocer o resolver el
asunto.
ARTIcULO 34.-Una vez admitida la instancia, deberá ponerse en conocimiento
de las autoridades señaladas como responsables utilizando en casos
de urgencias cualquier medio de comunicación electrónica. En la misma comunicación
se solicitará a dichas autoridades o servidores públicos que rindan
un informe sobre los actos, omisiones o resoluciones que se les atribuyan
en la queja, el cual deberán presentar dentro de un plazo máximo de quince
días naturales y por los medios que sean convenientes, de acuerdo con el
caso, En las situaciones que a juicio de la Comisión Nacional se consideren
urgentes, dicho plazo podrá ser reducido.
ARTIcULO 35.-La Comisión Nacional, por conducto. de su Presidente y
previa consulta con el Consejo, puede declinar su competencia en un caso
783

784 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
determinado, cuando así lo considere conveniente para preservar la autonomía
y autoridad moral de la institución.
ARTícuLO 36.-Desde el momento en que se admita la queja, el Presidente
o los Visitadores Generales o adjuntos y, en su caso, el personal técnico
y profesional, se pondrá en contacto inmediato con la autoridad señalada
como responsable de la presunta violación de derechos humanos para intentar
lograr una conciliación entre los intereses de las partes involucradas,
siempre dentro del respeto de los derechos humanos que se consideren afectados,
a fin de lograr una solución inmediata del conflicto.
De lograrse una solución satisfactoria o el allanamiento del o de los responsables,
la Comisión Nacional lo hará constatar así y ordenará el archivo
del expediente, el cual podrá reabrirse cuando los quejosos y denunciantes
expresen a la Comisión Nacional que no se ha cumplido con el compromiso
en un plazo de 90 días, Para estos efectos, la Comisión Nacional en el término
de setenta y dos horas dictará el acuerdo correspondiente, y en su caso,
proveerá las acciones y determinaciones conducentes.
ARTíCULO 37.-Si de la presentación de la queja no se deducen los elementos
que permitan la intervención de la Comisión Nacional, ésta requerirá
por escrito al quejoso para que la aclare. Si después de dos requerimientos
el quejosos no contesta, se enviará la queja al archivo por falta de interés del
propIO quejoso.
ARTíCULO 38.-En el informe que deberán rendir las autoridades señaladas
como responsables contra las cuales se interponga queja o reclamación,
se deberá hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones
de los actos y omisiones impugnados, si efectivamente éstos existieron,
así como los elementos de información que consideren necesarios para
la documentación del asunto.
La falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoye,
así como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad
respectiva, tendrá el efecto de que en relación con el trámite
de la queja se tengan por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba
en contrario.
ARTíCULO 39.-Cuando para la resolución de un asunto se requiera una
investigación, el Visitador General tendrá las siguientes facultades:
I. Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen violaciones
de derechos humanos, la presentación de informes o documentación
adicionales;
Il. Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares todo
género de documentos e informes;
IIl. Practicar visitas e inspecciones, ya sea personalmente o por medio
del personal técnico O profesional bajo su dirección en términos de ley;
IV. Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos; y
V. Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho juzgue
convenientes para el mejor conocimiento del asunto.

APtNDlCE
ARTICULO 40.-El Visitador General tendrá la facultad de solicitar en
cualquier momento a las autoridades competentes, .que se tomen todas las
medidas precautorias o cautelares necesanas para evitar la consumación Irreparable
de las violaciones denunciadas o reclamadas, o.la producción de daños
de difícil reparación a los afectado, así como solicitar su modificación
cuando cambien las situaciones que las justificaron.
Dichas medidas pueden ser de conservación o restitutorias, según lo requiera
la naturaleza del asunto.
ARTICULO 4 l.-Las pruebas que se presenten, tanto por lo interesados
como por las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones,
o bien que la Comisión Nacional requiera y recabe de oficio, serán
valoradas en su conjunto por el VIsitador General, de acuerdo con los principios
de la lógica y de la experiencia, y en su caso de la legalidad, a fin de
que puedan producir convicción sobre los hechos materia de la queja.
ARTICULO 42.-Las condiciones del expediente, que serán la base de las
recomendaciones, estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación
y pruebas que obren en el propio expediente.
CAPtruLO II
De los acuerdos y recomendaciones autónomos
ARTICULO. 43.-La Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá
dictar acuerdos de trámite, que serán obligatorios para las autoridades y
servidores públicos para que comparezcan o aporten información o documentación.
Su incumplimiento acarreará las sanciones y responsabilidades
señaladas en el Título IV, Capítulo II de la presente ley.
ARTICULO. 44.-Concluida la investigación, el Visitador General formulará,
en su caso, un proyecto de Recomendación, o acuerdo de no responsabilidad
en los cuales se analizarán los hechos, los argumentos y
pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a
fin de determinar si las autoridades o servidores han violado o no los derechos
humanos de los afectados, al haber incurrido en actos y omisiones ilegales,
irrazonables, injustas, inadecuadas, o erróneas, o hubiesen dejado sin
respuesta las solicitudes presentada por los interesados durante un período
que exceda notoriamente los plazos fijados por las leyes.
En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medias que procedan
para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, y
si procede en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se
hubiesen ocasionado.
Los proyectos antes referidos serán sometidos al Presidente de la Comisión
Nacional para su consideración final.
ARTICULO. 45.-En caso de que no se comprueben las violaciones de derechos
humanos imputadas, la Comisión Nacional dictará acuerdo de no responsabilidad.
785

APÉNDICE
dos de no responsabilidad que se hubiesen formulado; los resultados obtenidos,
así como las estadísticas, los programas desarrollados y demás datos que
se consideren convenientes.
Asimismo, e! informe podrá contener proposiciones dirigidas a las autoridades
y servidores públicos competentes, tanto federa!es, como locales y
municipales, para promover la expedición o modificación de disposiciones
legislativas y reglamentarias, así como .para perfeccionar las prácticas administrativas
correspondientes con el objeto de tutelar de manera más efectiva
los derechos humanos de los gobernados y lograr una mayor eficiencia en
la prestación de los servidores públicos,
ARTíCULO. 54.-Ninguna autoridad o servidor público dará instrucciones
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con motivo de los informes a
que se refiere e! artículo 52 de esta ley.
CApITuLO IV
De ÚJ.¡ inconfimnUUuJes
ARTICULO. 55.-Las inconformidades se substanciarán mediante los recursos
de queja e impugnación, con base en lo dispuesto por el artículo 102,
apartado B, de la Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos y
de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Se aplicarán supletoriamente
y en lo que resulte procedente, los preceptos de! Título lll, Capítulo 1, de
esta ley. Las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre
estas inconformidades no admitirán recurso alguno.
ARTICULO. 56.-El recurso de queja. sólo podrá ser promovido por los
quejosos, o denunciantes que sufran un perjuicio grave, por las omisiones o por
la inacción de los organismos locales, con motivo de los procedimientos que
hubiesen substanciado ante los mismos. y siempre que no exista Recomendación
alguna sobre e! asunto de que se trate; y hayan transcurrido seis meses
desde que se presentó la queja o denuncia ante el propio organismo local.
En caso de que el organismo local acredite estar dando seguimiento adecuado
a la queja o denuncia, el recurso de queja deberá ser desestimado.
ARTICULO. 57.-El recurso de queja deberá ser presentado directamente
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por escrito, o en casos de
urgencia, oralmente o por cualquier medio de comunicación; en este supuesto,
la instancia deberá ser ratificada dentro de los tres días siguientes por e!
interesado. En dicho escrito o comunicación, deberán precisarse las omisiones
o la inactividad del organismo estatal respectivo; acompañado de las
pruebas documentales que lo sustenten. La Comisión Nacional, antes de pronunciarse
sobre la admisión de! recurso, podrá solicitar a los interesados las
informaciones o aclaraciones que considere necesarias, y podrá desecharlo
de plano cuando lo 'considere notoriamente infundado o improcedente.
ARTICULO. 58.-La tramitación será breve y sencilla. Una vez admitido
el recurso, la Comisión Nacional correrá traslado del mismo, al organismo
787

788 LAS GARANTíAS INDIVIDUALES
estatal contra el cual se presente, para que rinda un informe en un plazo no
mayor de diez días hábiles, el cual deberá acompañar con las constancias y
fundamentos que justifiquen su conducta. Si dicho informe no se presenta
dentro de dicho plazo, se presumirán ciertos los hechos señalados, salvo
prueba en contrario.
ARTÍcuLO. 59.-La Comisión Nacional deberá pronunciarse sobre la
queja en un término que no exceda de sesenta días, a partir de la aceptación
del recurso, formulando una Recomendación al organismo local, para que
subsane, de acuerdo con su propia legislación, las omisiones o inactividad en
las que hubiese incurrido; o bien declarar infundada la inconformidad cuando
considere suficiente la justificación que presenta ese organismo estatal.
Este deberá informar en su caso, en un plazo no mayor de quince días hábiles,
sobre la aceptación y cumplimiento que hubiese dado a dicha Recomendación.
ARTÍCULO 60.-La Comisión Nacional ante Un recurso de queja por
omisión o inactividad, si considera que el asunto es importante y el organismo
estatal puede tardar mucho en expedir su Recomendación, podrá atraer
esa queja y continuar tramitándola con el objeto de que sea este organismo
el que emita. en su caso, la Recomendación correspondiente.
ARTÍCULO. 6l.-El recurso de impugnación procederá exclusivamenteante
la Comisión Nacional y contra las resoluciones definitivas de los organismos
estatales de derechos humanos o respecto de las ·informaciones también
definitivas de las autoridades locales sobre el cumplimiento de las
Recomendaciones emitidas por los citados organismos. Excepcionalmente
podrán impugnarse los acuerdos de los propios organismos estatales cuando,
a juicio de la Comisión Nacional, se violen ostensiblemente los derechos de
los quejosos o denunciante en los procedimientos seguidos ante los citados
organismos, y los derechos deban protegerse de inmediato.
ARTICULO. 62.-El recurso de impugnación deberá contener una descripción
concreta de los hechos y razonamientos en que se apoya, así como
las pruebas documentales que se consideren necesarias. A su vez, el organismo
estatal de derechos humanos deberá enviar con la instancia del recurrente
un informe sobre la Recomendación que se impugna con los documentos
justificativos que considere necesarios.
ARTÍCULO. 63.-El recurso de impugnación interpuesto contra una Recomendación
de carácter local, contra la insuficiencia en el cumplimiento la
misma por la autoridad local, deberá presentarse por escrito ante el organismo
estatal de protección de derechos humanos que la hubiere formulado,
dentro de un plazo de treinta días naturales. contados a partir de que el recurrente
tuvo conocimiento de la propia Recomendación. El citado organismo
local deberá enviar el recurso ante la Comisión Nacional dentro de los
quince días siguientes.
ARTÍCULO. 64.-5610 quienes hayan sido quejosos en un expediente integrado
por un organismo estatal de derechos humanos, estarán legitimados
para interponer los recursos de impugnación, tanto contra las recomen-

790 LAS GARANTíAS INDIVIDUALES
asuntos de la competencia de la Comisión, o por razón de sus funciones o
actividades puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir
en sus términos con las peticiones de la Comisión en tal sentido.
En los casos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 30. de la ley
tratándose de las inconformidades previstas en el último párrafo del artículo
102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades
locales y municipales correspondientes deberán proporcionar a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos la información y datos que ésta les
solicite, en los términos de la presente ley.
ARTICULO. 68.-Las autoridades o servidores públicos a los que se les solicite
información o documentación que se estime con carácter reservado, lo
comunicarán a la Comisión Nacional y expresarán las razones para considerarla
así. En ese supuesto, los Visitadores Generales de la Comisión Nacional
tendrán la facultad de hacer la calificación definitiva sobre la reserva, y solicitar
que se les proporcione la información o documentación que se manejará
en la más estricta confidencialidad.
ARTICULO. 69.-En los términos previstos en la presente ley, las autoridades
y servidores públicos, federales, locales y municipales, colaborar dentro
del ámbito de su competencia, con la Comisión Nacional de Derechos
Humanos.
Sin perjuicio de las atribuciones legales que correspondan a los organismos
estatales de protección de ·los derechos humanos, la comisión podrá celebrar
convenios o acuerdos con dichas autoridades y servidores públicos
para que puedan actuar como receptores de quejas y denuncias de competencia
federal, las que remitirán a la Comisión Nacional por los medios más
expeditos.
CAPITULO 11
De la responsabilidad

APÉNDICE
sión Nacional incurran en faltas o en delitos. la misma lo hará del conocímiento
de las autoridades competentes para que sean sancionados de acuerdo
con las leyes de la materia. .
ARTICULO. 72.-La Comisión Nacional deherá poner en conocimiento
de las autoridades superiores competentes. los actos y omisiones en que incurran
autoridades y servidores públicos. durante y con motivo de las investigaciones
que realiza dicha Comisión. para efectos de la aplicación de las
sanciones administrativas que deban imponerse. La autoridad superior deberá
informar a la Comisión Nacional sobre las medidas o sanciones disciplinarias
impuestas.
ARTICULO. n.-Además de las denuncias sobre los delitos y faltas administrativas
en que puedan incurrir las autoridades y servidores públicos en
el curso de las investigaciones seguidas por la Comisión Nacional. podrá solicitar
la amonestación pública o privada. según el caso. al titular de la dependencia
de que se trate.
TtruLO V
DEL RÉGIMEN LABORAL
CAPITULO ÚNICO
ARTICULO. 74.-El personal que preste sus servicios a la Comisión Nacional
de Derechos Humanos se regirá por las disposiciones del apartado B
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho personal
quedará incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
Todos los servidores públicos que integran la planta de la Comisión Nacional.
son trabajadores de confianza' debido a la naturaleza de las funciones
que ésta desempeña.
TÍTULO VI
DEL PATRIMONIO Y DEL PRESUPUESTO DE LA
COMJSIÓN NACIONAL
ARTíCULO. 75.-La Comisión Nacional de Derechos Humanos contará
con patrimonio propio. El Gobierno Federal deberá proporcionarle los recursos
materiales y financieros para su debido funcionamiento.
ARTIcULO. 76.-La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá la
facultad de elaborar su anteproyecto de presupuesto anual de egresos. el
cual remitirá directamente al Secretario de Estado competente. para el trámite
correspondientes.
791

792
TRANSITORIOS
l.AS GARANTíAS INDIVIDUALES
PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Ojiaal de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias
que se opongan al presente ordenamiento.
TERCERO. En tanto el Congreso de la Unión para el Distrito Federal y
las Legislaturas de los estados establezcan los organismos de protección de
los derechos humanos a que se refiere el primer párrafo del apartado B del
artículo 102 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá seguir conociendo de las
quejas que deban ser de competencia local, de conformidad con lo establecido
por dicha Constitución Política.
La Comisión Nacional conocerá también de las quejas e inconformidades
que se presenten en relación con las Recomendaciones o acuerdos, del organismo
de derechos humanos del Distrito Federal, así como de la insuficiencia
en el cumplimiento de las mismas por parte de las autoridades a las que
sean emitidas.
CUARTO. Los recursos humanos, materiales y presupuestales con que actualmente
cuenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos como órgano
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pasarán a formar parte de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos como organismo descentralizado
que se crea en esta ley, preservándose los derechos adquiridos de los trabajadores
de la Comisión.
QUINTO. Los actuales funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos permanecerán en sus cargos hasta que se haga la designación
correspondiente, conforme a los dispuesto por esta ley.
SEXTO. Los actuales miembros del Consejo de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, permanecerán en el desempeño de sus encargos en dicho
Consejo, el que realizará una insaculación para conocer el orden en que
serán substituidos de conformidad con el artículo 17, de esta ley.
SÉmMO. El Presidente de la República enviará a la Cámara de Senadores
o a la Comisión Permanente del Congreso dentro de los seis meses siguientes
a la Entrada en vigor de esta ley, y deberá ser publicado en el Diario Oficial
de la Federación.
OCTAVO. El Presidente de la República enviará a la Cámara de Senadores
o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, para
su aprobación, el nombramiento de Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, dentro de los noventa días siguientes a aquél en que
esta ley entre en vigor.
México, D. F., a23 de junio de 1992.--"--Sen. Manuel Aguikra Gémez, Presidente.-Dip.
Jorge Alfonso Calderón Solazar, Presidente.i--Sen. Antonio Melgar
Aranda, Secretario.-Dip. Felipe Muñoz Kapamas, Secretario.-Rúbricas."

APÉNDICE
793
•
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación
y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México. Distrito Federal. a los
veinticinco días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos.-Carlos
Salinas de Gorlari.-Rúbrica.-El Secretario de Gobernación, Fernando Gruiérrez
Ramos.-Rúbrica.

APÉNDICE
VII
REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADAS
EL 14 DE AGOSTO DE 2001 EN MATERIA INDÍGENA
ARTíCULO 2°.-La Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente
en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o
parte de ellas. .
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental
para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen
una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y
que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá
en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El
reconocimiento de los pueblos y comunidades' indígenas se hará en las constituciones
y leyes de las entidades federativas; las que deberán tomar en cuenta,
además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de
este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento fisico
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía
para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica,
política y cultural.
11. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución
de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta
Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y,
de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá
los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales,
a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas
propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en
condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el
pacto federal y la soberanía de los estados.
795

796 LAS GARANTíAs INDIVIDUALES
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas. conocimientos y todos los elementos
que constituyan su cultura e identidad.
V. Conservar y mejorar el hábitat Y preservar la integridad de sus tierras
en los términos establecidos en esta Constitución.
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia
de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia,
así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad,
al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares
que habitan y ocupan las comunidades. salvo aquellos que corresponden a
las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las
comunidades podrán asociarse en términos de ley.
VII. Elegir. en los municipios con población indígena. representantes ante
los ayuntamientos.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán
estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la
participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y
nonnas internas.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar
ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual
o colectiva. se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades
culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas
tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores
que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características
de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones
y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad. así como
las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades
de interés público.
B. La Federación. los Estados y los Municipios, para promover la igualdad
de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria.
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias
para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo
integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y
operadas conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades
indígenas. dichas autoridades, tienen la obligación de:
1. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito
de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus
pueblos. mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.
con la participación.de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán
equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades
administrarán directamente para fines específicos.
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la
educación bilingüe e intercultural, la alfabetización. la conclusión de la educación
básica. la capacitación productiva y la educación media superior y superior.
Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en
todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido

APtNDICE
\
\
\
regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos. de acuerdo con
las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar
el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.
111. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación
de la cobertura del sistema nacional. aprovechando debidamente la
medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante
programas de alimentación. en especial para la población infantil.
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios
para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso
al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento
de vivienda. así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo. mediante
el apoyo a los proyectos productivos. la protección de su salud. el
otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en
la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las
comunidades. mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación
y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las
comunidades indígenas puedan adquirir operar y administrar medios de comunicación.
en los términos que las leyes de la materia determinen.
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de
las comunidades indígenas' mediante acciones que permitan alcanzar la
suficiencia de sus ingresos económicos. la aplicación de estímulos para las
inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación
de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva,
así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y
comercialización.
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los rnígrantes de los
pueblos indígenas. tanto en el territorio nacional como en el extranjero.
mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros
agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas
especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias
migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión
de sus culturas.
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional
de Desarrollo y de los estatales y municipales y. en su caso. incorporar
las recomendaciones y propuestas que realicen.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este
apartado. la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. las legislaturas
de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento
de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben,
así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen
en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
Sin peIjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas.
sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá
en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.
797

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808
VII. La justicia social . . . .
VIII. Conclusión ..
IX. Los derechos humanos
A. Su positividad normativa
B. Su dimensión axiológica y deomológica
CAPITULO PRIMERO
lAS GARANliAS INDIVIDUALES
BREVE RESEÑA ACERCA DE lA SITUACIÓN DEL INDIVIDUO
COMO GOBERNADO EN LOS PRINCIPALES REGÍMENES
POLÍTICO-SOCIALES HISTÓRICAMENTE DADOS
1. Tiempos primitivos ..
11. Los estados orientales.
III. Grecia
IV. Roma . . . .
V. Edad Media
VI. España ..
VII. Inglaterra. .
VIII. Francia . . .
IX. Colonias inglesas de América
X. Estados Unidos .
XI. La extinta U.R.S.S .
XII. República Popular China
XIII. Cuba .
XIV México (Generalidades)
A. Época precolombina
B. Época colonial . . .
C. Época independiente
XV. La Declaración Universal de los Derechos Humanos
XVI. Convención Americana sobre Derechos Humanos
CAPiTULO SEGUNDO
LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
(ASPECTO GENERAL)
45
49
51
51
52
58
58
62
68
72
76
84
89
99
101
104
108
112
113
113
114
117
152
153
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
q. Diversas acepciones del concepto "garantía" . . . . . . . . . . . 161
III. Elementos, concepto y naturaleza de las garantías individuales 166
A. Sujetos 168
a) Consideraciones generales 168
b) Sujeto activo. 174
e) Sujeto pasivo. 178
B. Objeto. . . . . . 178
C. Fuente ..... 186
D. Concepto de garantía individnal 187
E. Principios constitucionales que rigen a las garantías -individuales . 187
F. Extensión de las garantías individuales en cuanto a su consagración
constitucional 188

IN DICE 809
C. Origen formal de las garantías individuales por lo que toca a su consagración
por el orden juridico estatal . . . . . . . . . . . . . . . .. ¡89
IV. Clasificación de las garantías individuales. . . . . . . . . . . . . . . .. 192
V. La extensión de los derechos públicos subjetivos derivados de las garantías
individuales y la reglamentación- de éstas 196
A. La extensión . . . 196
B. La reglamenIación . . . . . . . . . . . . . . 198
CAPíTuLO TERCERO
LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . 203
11. La suspensión de garantías individuales 210
a) Causas . . . . . . .. ..... .. 211
b) Autoridades . . . . . . . . . . . . . 212
e) Modalidades jurídicas de la suspensión 213
111. El régimen suspensivo de garantías individuales en la situación bélica
próxima pasada . . . . . . . . . . . . .. ..... 215
A. Carácter y naturaleza del decreto de suspensión 216
B. Alcance de dicho decreto . . . . . . 2 i 6
C. Aplicabilidad y vigencia del mismo 217
IV. Las facultades extraordinarias . . . . . 221
V. Las leyes de emergencia . . . . . . . . 227
VI. Control jurisdiccional de la legislación de emergencia 230
VII. Inconstitucionalidad del decreto congresional de cesación del estado suspensivo
de garantías individuales fechado el 28 de septiembre de 1945 243
A. El destino de las leyes de emergencia . 243
B. El decreto de cesación 246
CAPíTULO CUARTO
GARANTÍAS DE IGUALDAD
1. Idea jurídica de igualdad . . . . . . . . 251
11. La igualdad como garantía individual. . . . . . . . 254
A. Concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
B. Antecedentes históricos de la igualdad como situación del individuo 256
111. Garantías especificas de igualdad: análisis de los artículos 1, 2. 4, 12
Y 13 constitucionales _ 261
A. Artículo primero constitucional. . . . . . . . . 261
B. Artículo segundo constitucional. . . . . . . . .. 273
Antecedentes históricos de la esclavitud . . . . 273
C. Artículo 4 constitucional (igualdad jurídica de la mujer) 273
D. Artículo 12 constitucional 278
E. Artículo 13 constitucional . 281
a) Las leyes privativas . . . 281
b) Los tribunales especiales 287
e) Los fueros . . . . . . . . 290
d) El fuero de guerra . . . 295
e) Breve referencia histórica de los fueros personales en México. 299

810 lAS GARA1".'TÍAS INDIVIDUALES
f) Emolumentos por compensación de servicios públicos 301
CAPíTULO QUINTO
GARANTÍAS DE LIBERTAD
l. La libertad (Generalidades) . . . . . . 303
11. La libertad como garantía individual . . . . . . . . . 307
IIl. Garantías específicas de libertad . . . . . . . . . 311
A. La libertad de trabajo (artículo 5 constitucional) 311
a) Extensión y limitaciones constitucionales a dicha libertad. 311
Somera referencia a la Ley de Profesiones para el Disrrito Federal. 326
b) Seguridades constitucionales de la libertad de trabajo 332
e) El trabajo como obligación individual pública 34]
d) Reforma de 1992 . .. 343
e) Breve referencia histórica de la libertad de trabajo, . 343
B. La libre expresión de las ideas (artículo 6 constitucional) 348
a) Extensión jurídica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 350
b) Limitaciones constitucionales a la misma .. 351
e) Breve reseña histórica de la libertad de expresión de ideas 355
C. La libertad de imprenta (artículo 7 constitucional). 358
a) Su extensión jurídica . . . . . . . . . . . . 360
b) Sus limitaciones constitucionales. . . . . . 361
e) Sus seguridades jurídico-constitucionales. 367
d) Antecedentes históricos. . . . . . . . 368
D. El derecho de petición (articulo 8 constitucional). 375
E. Libertad de reunión y asociación (artículo 9 constitucional) 380
a) Extensión de dicha libertad específica . . . . . . . . . . . . 380
b) Limitaciones constitucionales a la libertad de asociación. 385
e) La libertad de asociación política y los partidos políticos 387
d) Breve referencia histórica de la libertad de reunión y asociación. 392
F. Libertad de posesión y portación de armas (artículo 10 constitucional).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
G. Libertad de tránsito (artículo 11 constitucional). 399
H. La libertad religiosa (artículo 24 constitucional) 402
I. Libertad de circulación de correspondencia (antes artículo 25 constitucional)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
J. La libre concurrencia (artículo 28 constitucional según el espíritu y
texto del constituyente de Qucrétaro) . . . . . . . . . . 411
a) Análisis del precepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
b) Los servicios públicos y el artículo 28 constitucional 417
e) Crítica al precepto . . . . . . . . . . . 420
N. Breves consideraciones sobre el artículo 3 constitucional. 432
a) Somera referencia histórica. 432
b) Apreciaciones generales 435
e) La reforma de 1934 440
d) La reforma de 1946 442
e) La reforma de 1992 445
j) La reforma de 2002 445
g) Sumen! referencia a la autonomía universitaria 446
Capítulo XV/l/. Trabajo en las Universidades e Instituciones de
Educación Superior Autónomas por Ley ' . . . . . . .. 451

íNDICE
CAPtruLO SEXTO
GARANTÍAS DE PROPIEDAD
I. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
n. La propiedad privada . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
A. La propiedad como derecho subjetivo civil . . . 459
B. La propiedad privada como derecho público subjetivo 460
a) Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . 460
b) Limitaciones constitucionales a la propiedad privada 465
l. Imposición de modalidades 465
2. La expropiación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
La utilidad pública 469
La indemnización . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
El procedimiento expropiatorio y sus presupueslOs 478
Antecedentes históricos de la expropiación . . . . . 481
3. La expropiación agraria . . . . . . . . . . . . . . . 484
e) Incapacidades jurídicas respecto a la titularidad de la propiedad 485
Antecedentes históricos de la incapacidad jurídica de los
extranjeros . . . 486
d) La reforma de 1992 493
III. La propiedad estatal .. 495
CAPITULO SÉPTIMO
GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA
Idea sobre la seguridad jurídica . . . . . . . . . . . . 504
El artículo 14 constitucional . . . . . . . . . . . . . . 505
1. Garantía de la irretroactividad de las leyes. 505
A. Planteamiento del problema .. 506
B. Distintas soluciones al problema 508
a) Teoría clásica. . . . . . 508
b) Opinión de Savigny. . 509
e) Tesis de Aubry y Rau 509
d) Idem de Bonneeasse 510
e) Opinión de Capirant . 510
j) Idem de Laurent . : . 510
g) Tesis de Coviello . . . 511
h) Idea de Duguit y jeze 512
i) Criterio de Roubier . . 512
j) Opinión nuestra . . . . 513
k) Hipótesis generales de irretroactividad legal . 515
l) La jurisprudencia de la Suprema Corte sobre esa cuestión . 516
C. La irretroactividad de las leyes en el artículo 14 constitucional 520
D. Breve referencia histórica sobre la irretroactividad legal 521
11. Garantía de audiencia. . . . . . . .. 524
A. El artículo 14 de la Constitución de 1857. Su interpretación por
Vallarta . . . . . . . . . . 525
a) Argumento auténtico . . . . . . 528
b) Argumento gramatical ..... 530
e) Argumento constitucional. . . . 532
d) Argumento de orden jurídico general 533
811

812 lAS GARANTíAs INDMDUALES
B. Análisis del segundo párrafo del artículo 14 constitucional vigente 536
a) Titularidad de la garantía de audiencia 537
b) AClO de autoridad condicionado por la garantía de audiencia (Concepto
de acto de privación) . . . . , . , . . . . . . . . . 538
e) Bienes jurídicos tutelados por la garantía de audiencia. 539
l. La vida . . . . 539
2. La libertad . . 540
3. La propiedad 540
4. La posesión . 542
5. Los derechos. 547
d) Garantías de seguridad jurídica integrantes de la audiencia 548
e) Excepciones a la garantía de audiencia. . . . . . 558
j) La garantía de audiencia frente a las leyes. . . . 564
g) Criterio de la Suprema Corte sobre el alcance de la garantía de
audiencia 567
h) Algunos antecedente históricos de la garantía de audiencia. 572
III. Garantía de la exacta aplicación de la ley en materia penal (Párrafo
tercero del artículo 14 constitucional) . . . . . . . . . . 574
a) Extensi6n de la garantía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 574
b} Interpretación analógica y por mayoría de razón . . . . . . . .. 575
IV. Garantías de legalidad en materia jurisdiccional civil (Cuarto párrafo del
artículo 14 constitucional) 579
a) Acto de autoridad condicionado. 579
b) Sentido y alcance de la garantía 580
El artículo 15 constitucional. . . . . . . . . . . 584
a) Implicación de las garantías que contiene 585
b) Alcance de la prohibición constitucional 586
El artículo 16 constítucíonal , . . . . . . . . . . . . . 589
I. Primera parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
A. Titularidad de las garantías consagradas . 590
B. Acto de autoridad condicionado (concepto de acto de molestia) 591
C. Bienes jurídicos preservados 592
a) La persona 592
b) La familia . 593
e) El domicilio 593
d) Los papeles 595
e) Las posesiones . 595
D. Garantía de competencia constitucional 596
a) Tesis de Iglesias 596
b) Tesis de Vallarta 598
e) Estado actual de la cuestión 600
E. Garantía de legalidad . . . . . 601
a) Concepto de fundamentación 602
b) Concepto de motivaci6n . . . 604
e) La motivación legal y la facultad discrecional 605
d) Concurrencia de la fundamentación y de la motivación 607
e) Diversas hipótesis de actos violatorios de la garantía de legalidad 610
F. Garantía de mandamiento escrito 612
G. Breve referencia histórica 613
II. Segunda parte. . . . . . . . . . . . . 614

íNDICE 813
Análisis de las garantías que en ellas se contiene. 614
A. Exégísis del precepto . . . . . . ... 615
B. Su crítica y su necesaria reforma. 618
111. Tercera parte. 626
IV. Cuarta parte. . . . . . . . . . . . . . . . 627
V. Quinta part.e. 628
A. Análisis de las garantías que contiene. 628
B. Las visitas domiciliarias. 632
VI. Sexta parte . . . . . . 633
VII. Séptima parte. . . . . 633
El articulo 17 constitucional . 635
El articulo 18 constitucional _ 639
El artículo 19 constitucional. 645
El articulo 20 constitucional. 646
El artículo 21 constitucional. 648
a) Imposición de penas. 648
b) Facultades sancionadoras de las autoridades administrativas. Concepto
de "reglamento" gubernativo y de policfa. 650
e) Persecución de los delitos. 656
El artículo 22 constitucional . 662
El articulo 23 constitucional. . . . . . . . 663
CAPÍTULO OCTAVO
DERECHO A LA INFORMACiÓN
1. Consideraciones previas. .. 671
H. Implicación de la información. . . 674
IlI. Riesgos de la reglamentación autónoma sobre la información. 682
IV. Incompetencia del Congreso Federal para reglamentar el derecho a la
información por medio de la prensa . . .. .. . . . . . . . . . . 685
V. Criterio de la Suprema Corte sobre el derecho a la información. 687
a) Antecedentes. . . . . . . . . . . . . . . . . 687
b) Consideraciones de la sentencia de la Corte. 687
e) Comentarios al criterio de la Suprema Corte. 690
VI. Conclusiones. . . . . . . . . .. 692
CAPITULO NOVENO
LAS GARANTÍAS SOCIALES
r. Introducción histórica . . . 693
11. Concepto y naturaleza de la garantía social 704
a) Sujetos. . . . . . . . . . . . . . . 705
óJ Objeto. . . . . . . . . . . . . . . . 705
e) Principios constitucionales de las garantías sociales 706
d) Situación y función del Estado en relación con las garantías
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706

814 lAS GARANlÍAS INDIVIDUALES
Hl. Las garantías sociales y las garantías individuales no se oponen ni son
incompatibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707
IV. Breve referencia a las garantías sociales en materia agraria. 712
l. Síntesis histórica . . . . . . . 712
2. Breves comentarios críticos. . . . . . . . 717
3. Falta de justicia agraria , 720
V. La garantía social y los intereses sociales. 721
VI. Las garantías sociales proclamadas en los artículos 4 y 21 párrafos cuarto
y quinto constitucionales , . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
CAPíTULO DÉCIMO
lA RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO
1. Introducción .
11. El nuevo artículo 25 constitucional.
111. El nuevo artículo 26 constitucional.
IV. El nuevo artículo 28 constitucional.
V. Resumen conclusivo ,
VI. Las entidades paraestatales y su privatización .
OBSERVACIONES .FINALES...•........
Ley de Imprenta. . .
Declaración Universal de Derechos Humamos
Proyecto de Ley Constitucional de Garantías Individuales
Proyecto de Ley de Garantías presentado por José Ma. Lafragua al Congreso Constituyente,
en la sesión del 3 de mayo de 1847. . , .
Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un órgano
desconcentrado de la Secretaria de Gobernación .
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos .
Reformas con.stitucionales publicadas el 14 de agosto de 2001 en materia indígena
BmLIOGRMÍA .
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Esta obra se terminó de imprimir
el día 14 de marzo de 2008. en los talleres de
CAStellanos Impresión; SA de CV
Ganaderos 149. col. Granjas Esmeralda.
09810, lztapalapa, México, DF
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