Manuel Sánchez Mármol - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Manuel Sánchez Mármol
desmentida, con que el comercio de la capital se ha prestado a
ayudar al gobierno, consintiendo en el aplazamiento del pago
de sus créditos, procedentes de ministraciones en numerario
hechas al Tesoro, los peligros no han llegado a apuntar siquiera.
La administración ha vivido sin angustias, y ha podido atender
aun a aquellos ramos del servicio público que no reclaman una
asistencia pronta e inmediata.
Pero este estado de cosas no debe persistir; si se ha de
salvar el crédito del Estado, indispensable es dotar de recursos
suficientes a la administración, a fin de que pueda hacer frente a
todas las necesidades existentes y por existir, y para ello es preciso
que un sistema tributario bien meditado, en que se armonicen con
los principios de la equidad natural las exigencias de la utilidad
común, venga a poner término al desequilibrio económico en
que nos encontramos, y a regularizar los ingresos del Tesoro.
El Congreso está dispuesto, en la realización de tamaña tarea, a
prestar su concurso y decidido apoyo al Ejecutivo, cuando éste
tenga por conveniente someter a su deliberación las iniciativas
de ley que anuncia.
Celebra con sinceridad la Asamblea Legislativa las
innegables mejoras introducida en la administración de justicia,
tanto en lo que toca al personal de los funcionarios encargados
de ejercerla, cuanto al ramo de legislación criminalista. La
administración de justicia es la base y fundamento de la vida
civil, y el pueblo en que ella falta o es defectuosa, no tiene
derecho de reivindicar el dictado de culto. Empero para que
una administración de justicia sea humanamente perfecta, no
es suficiente que esté encomendada a magistrados rectos y
entendidos; no basta que haya leyes precisas para decidir las
querellas y afirmar el imperio del Derecho en las diversas esferas
del orden social. Bajo el aspecto puramente civil, nada dejan
que desear esas condiciones; no así bajo el punto de vista penal.
El derecho penal reclama para la eficacia de sus fines, jueces
severos, leyes claras, prontitud de acción en la persecución
de los delitos, y prisiones seguras que hagan ineludible la
penalidad. Y de estas dos últimas condiciones carecemos por
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