utilización del derecho internacional por parte de los tribunales ...

UTILIZACIÓN DEL DERECHO
INTERNACIONAL POR PARTE DE
LOS TRIBUNALES NACIONALES
RECOPILACIÓN DE SENTENCIAS
2011
Programa sobre Normas Internacionales del Trabajo, Derechos en el
Trabajo e Igualdad de Género
1

Utilización del derecho internacional por parte de los
tribunales nacionales
Introducción
Recopilación de sentencias
El presente documento es una recopilación de sentencias de tribunales nacionales en las
que se han utilizado elementos del derecho internacional para la resolución de los
litigios. Algunas sentencias de cortes internacionales han sido incluidas. Aunque la
recopilación incluye principalmente asuntos en materia de derecho laboral, también
recoge sentencias relacionadas con los derechos humanos fundamentales en general.
Las decisiones se presentan en forma resumida, subrayando en cada caso el uso
concreto del derecho internacional.
El objetivo principal de este documento es complementar las actividades de formación
en el campo del derecho internacional del trabajo destinadas a jueces y juristas. Su
finalidad esencial es animar a los jueces, abogados y profesores de derecho a analizar la
variedad de hipótesis y técnicas que permiten el uso de instrumentos internacionales en
las decisiones judiciales nacionales. Por tanto, no pretende ser una recopilación
exhaustiva ni ofrecer una perspectiva integral de las tendencias jurisprudenciales de los
países citados. Dada su finalidad, pretende, más bien, resaltar las sentencias y decisiones
abiertas a los principios y espíritu del derecho internacional del trabajo y a los derechos
humanos fundamentales. Las traducciones de los extractos de las sentencias incluidas en
los resúmenes son obra del Programa de las Normas y de los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo, por lo que no tienen carácter oficial. Puede obtener,
previa solicitud, el texto completo de las sentencias en su idioma original. Por último, el
índice que figura al inicio ofrece una clasificación de las decisiones por países, temas y
formas de uso del derecho internacional.
Agradecemos de antemano cualquier comentario que nos permita corregir posibles
imprecisiones y, en particular, cualquier información sobre nuevas sentencias que hagan
referencia al derecho internacional del trabajo o a los derechos humanos fundamentales
en general, a fin de mejorar y actualizar este estudio.
1
Turín, 2011

Nota explicativa
Criterios de clasificación de las sentencias recogidas
Las sentencias se clasifican con arreglo a los cuatro criterios siguientes:
1. país de origen de la sentencia;
2. tema principal objeto de remisión al derecho internacional;
3. función desempeñada por el derecho internacional (resolución directa del litigio
con base en el derecho internacional; guía para la interpretación del derecho
interno; establecimiento de un principio jurisprudencial inspirado por el derecho
internacional; reforzamiento de una decisión basada en el derecho interno), y
4. tipo de instrumento internacional utilizado (tratados ratificados; tratados no
ratificados; instrumentos no sujetos a ratificación; legislación extranjera;
jurisprudencia internacional; jurisprudencia comparada; informe de la Oficina
Internacional del Trabajo, orden público internacional).
Mientras que los criterios de clasificación 1, 2 y 4 tienen un sentido obvio, no ocurre
necesariamente lo mismo con el criterio núm. 3, cuya finalidad es resaltar las distintas
funciones que los tribunales nacionales pueden asignar a los instrumentos
internacionales. Tras analizar las decisiones incluidas en el estudio, hemos distinguido
cuatro tipos básicos de funciones del derecho internacional, que pueden definirse del
siguiente modo:
Resolución directa del litigio con base en el derecho internacional
La norma internacional constituye la norma básica empleada para la resolución del
litigio, y su aplicación permite descartar la aplicación de una norma interna menos
protectora de los derechos de los trabajadores o de los derechos humanos o bien
subsanar una laguna de la legislación interna.
Uso del derecho internacional como guía para la interpretación del derecho
interno
Aunque el litigio se ha resuelto aplicando una disposición de derecho interno, la
aplicación de dicha disposición ha requerido la clarificación de su contenido y de su
alcance a la luz de los instrumentos internacionales.
Establecimiento de un principio jurisprudencial inspirado en el derecho
internacional
Ante las lagunas o la improcedencia de la legislación nacional, el juez se inspira de una
norma internacional (generalmente no ratificada o no sujeta a ratificación) para crear o
reconocer un principio jurisprudencial que permita resolver el litigio.
Referencia al derecho internacional para reforzar una decisión basada en el
derecho interno
Aunque el litigio hubiera podido resolverse mediante la aplicación exclusiva del
derecho interno, la referencia al derecho internacional permite al juez subrayar el
carácter fundamental de un principio o derecho ya reconocido en el derecho nacional o
corroborar la interpretación del derecho interno que realiza en su sentencia.
2

Estas definiciones no pretenden ser absolutas. De hecho, en algunas sentencias, la
frontera entre ellas puede difuminarse y resultar difícil distinguirlas. No obstante, dados
los fines formativos del documento, consideramos útil esta clasificación para resaltar de
forma más específica las diversas funciones que puede desempeñar el derecho laboral
internacional en los asuntos judiciales nacionales.
Por último, en los supuestos en que el ordenamiento jurídico de los países incluidos en
el compendio establezcan el modo en que debe incorporarse el derecho internacional al
derecho interno o bien la autoridad jerárquica que debe asignarse a aquél, las sentencias
del país en cuestión vienen precedidas de una nota en la que se señalan dichas
disposiciones.
3

ÍNDICE DE SENTENCIAS
Índice de sentencias por países (en orden alfabético francés)
Sudáfrica
1. Tribunal Constitucional de Sudáfrica, NUMSA c. Bader Pop, 13 de diciembre de
2002, núm. CCT 14/02
2. Tribunal Constitucional de Sudáfrica, Jacques Charl Hoffman c. South African
Airways, 28 de septiembre de 2000, caso núm. CCT 17/00
3. Tribunal de Apelación Laboral, Modise y otros c. Steve’s Spar, 15 de marzo de
2000, caso núm. JA 29/99
4. Tribunal Constitucional de Sudáfrica, South African National Defence Union c. el
Ministro de Defensa, 26 de mayo de 1999, caso núm. CCT 27/98
Alemania
5. Tribunal Constitucional Federal de Alemania, 18 de noviembre de 2003, 1 BvR
302/96
6. Tribunal Constitucional Federal de Alemania, 1 de julio de 1998, 2 BvR 441/90
7. Tribunal Administrativo Federal, 28 de mayo de 1991, BVerwG 1 C 20.89
Argentina
8. Corte Suprema de Argentina, Adriana María Rossi c. Estado Nacional - Armada
Argentina, 9 de diciembre de 2009, R. 1717. XLI
9. Corte Suprema de Argentina, Aníbal Raúl Pérez c. Disco S.A., 1 de septiembre de
2009, P. 1911. XLII
10. Corte Suprema de Argentina, Asociación Trabajadores del Estado c. Ministerio
de Trabajo, 11 de noviembre de 2008, A. 201. XL
11. Cámara Nacional de Apelaciones, Sala V, Parra Vera Maxima c. San Timoteo SA
conc., 14 de junio de 2006, expediente 144/05 s.d. 68536
12. Corte Suprema de Argentina, Isacio Aquino c. Cargo Servicios Industriales S.A.,
21 de septiembre de 2004, A. 2652. XXXVIII
13. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI, Balaguer, Catalina T. c.
Pepsico de Argentina S.R.L., 10 de marzo de 2004
14. Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur, Susana Elena
Ordóñez c. Gobierno de la Provincia de Tierra de Fuego, sobre contencioso
administrativo sobre incidente, 29 de agosto de 2000, sentencia interlocutoria
núm. 787
15. Juzgado núm. 20, Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.) y otros c. el
Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional, 29 de agosto de 2000, sentencia
núm. 19.896
16. Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur, Vargas,
Bernardo Silenio c. el Poder Ejecutivo Provincial, Ministerio de Salud y Acción
Social de la Provincia sobre contencioso administrativo, 30 de septiembre de
1998, causa núm. 556, sentencia definitiva núm. 565
17. Corte Suprema de Argentina, Ekmekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros,
7 julio de 1992, E.64.XXIII
4

Australia
18. Tribunal Constitucional de Australia, el Commonwealth de Australia c. Comisión
de derechos humanos e igualdad de oportunidades, 15 de diciembre de 2000,
[2000] FCA 1854
19. Tribunal Federal de Australia, Konrad c. Victoria Police y otros, 6 de agosto de
1999, [1999] FCA 988
20. Tribunal Supremo de Australia, Qantas Airways Limited c. Christie, 19 de marzo
de 1998, [1998] HCA 18
21. Tribunal de Relaciones Laborales, Vera Sapevski, Velika Trajkosta, Cvetanka
Levnarovska, Todonka Ristevska, Mirian Morales, Rosa Sagredo y Myriam
Araneda c. Katies Fashions, 8 de julio de 1997, IRC núm. 219/97
22. Tribunal Supremo de Australia, Ministro de Inmigración y Asuntos Étnicos c.
Teoh, 7 de abril de 1995, (1994) 128 A.L.R. 353
23. Comisión de Conciliación y Arbitraje de Australia, Termination, Change and
Redundancy Case, 2 de agosto de 1984, (1984) 8 I.R. 34
Azerbaiyán
24. Tribunal Constitucional de la República de Azerbaiyán, Sobre la conformidad del
artículo 143, 1) del Código de Trabajo de la República de Azerbaiyán con los
artículos 25, 37 y 149, 1) de la Constitución de la República de Azerbaiyán, 23 de
febrero de 2000
25. Tribunal Constitucional de la República de Azerbaiyán, Sobre la conformidad del
artículo 109 de la Ley sobre el mantenimiento de las pensiones de los ciudadanos
con los artículos 25, 38 y 71 de la Constitución de la República de Azerbaiyán,
29 de diciembre de 1999
Bélgica
26. Tribunal de Trabajo de Bruselas, 20ª Sala, D.D. c. SA Vanduc-Topfilm R.G., 20 de
febrero de 1992, núm. 79-759/91
Benin
27. Tribunal de Primera Instancia de Primera Clase de Cotonou, 7 de diciembre de
2009, expediente núm. 05-2005
28. Tribunal de Primera Instancia de Primera Clase de Cotonou, 20 de julio de 2009,
expediente núm. 54-2002
29. Tribunal Constitucional de Benin, 11 de enero de 2001, decisión núm. DCC 01-009
Botswana
30. Tribunal Industrial de Botswana, Sarah Diau c. Botswana Building Society, 19 de
diciembre de 2003, núm. IC 50 / 2003
31. Tribunal Laboral de Botswana, Joel Sebonego c. News Paper Editorial and
Management Services Ltd., 23 de abril de 1999, núm. IC 64/98
32. Tribunal de Apelación, Fiscal General c. Dow, 3 de julio de 1992, BLR 119 (CA)
Brasil
33. Tribunal Regional del Trabajo de la 3ª Región, Rogerio Ferreira Goncalves (1)
Infocoop Servicios – Cooperativa de Profissionais de Prestacao de Servicios ltda
(2) Caixa Economica Federal CEF (responsable Subsidiaria), 30 de septiembre
de 2003, 00652-2003-017-03-00-0RO
5

34. Tribunal Regional del Trabajo de la 3ª Región, Lacir Vicente Nunes c. Sandoval
Alves Da Rocha y otros, 7 de mayo de 2003, TRT-RO-3951/03
35. Tribunal Superior del Trabajo, Sub-sección 1ª especializada en conflictos
individuales, São Paulo Transporte S.A. c. Gilmar Ramos Da Silva, 5 de marzo
de 2003
Bulgaria
36. Tribunal Constitucional de Bulgaria, 27 de julio de 1992, decisión 8, asunto
constitucional núm. 7
Burkina Faso
37. Tribunal Laboral de Koudougou, J.B. K. Sankara c. Orfanato Pèdg Wendé, 5 de
febrero de 2009, núm. 003
38. Tribunal de Apelación de Bobo–Dioulasso, Sala Social, M.M. Karama y Bakouan
c. la Société Industrielle du Faso (SIFA), 5 de julio de 2006, núm. 035
39. Tribunal Laboral de Ouagadougou, Zongo y otros c. Gerente de la “Station Mobil
Bataille du Rail”, 17 de junio de 2003, núm. 090
40. Tribunal Laboral de Ouagadougou, Compaore c. Sitarail, 25 de marzo de 2003,
núm. 037
41. Tribunal Laboral de Ouagadougou, Savadogo Zonabo c. Grands moulins du
Burkina, 10 de septiembre de 2002, núm. 140
Canadá
42. Tribunal Supremo de Canadá, Asociación de Negociación Colectiva de Servicios de
Salud y de Apoyo c. Columbia Británica, 8 de junio de 2007, 2007 SCC 27; [2007] 2
S.C.R. 391
43. Tribunal Supremo del Canadá, Dunmore c. Ontario (Fiscal general), 20 de
diciembre de 2001, 2001 CSC 94; [2001] 3 S.C.R. 1016
44. Tribunal de Derechos Humanos de Québec, Comisión de Derechos de la Persona
y Derechos de la Juventud c. Universidad de Laval, 2 de agosto de 2000, núm.
200-53-000013-982, 2000 CanLII 3 (QC T.D.P.)
45. Tribunal Supremo de Canadá, Baker c. Ministro de Ciudadanía e Inmigración, 9
de julio de 1999, [1999] 2 S.C.R. 817
46. Tribunal Supremo de Canadá, Slaight Communication Incorporated c. Ron
Davidson, 4 de mayo de 1989, [1989] 1 S.C.R. 1038
Chile
47. Corte Suprema de Chile, Carlos Castro Cortés c. Wackenhut - Chile, 1 de agosto
de 2001, expediente núm. 2549-01
48. Corte de Apelaciones de Santiago, José Patricio Olivares Tapia y Carlos Octavio
Abarca González c. María Soledad Hurtado Gálvez, 6 de noviembre de 2000,
expediente núm. 2840-2000
49. Corte Suprema de Chile, Víctor Améstida Stuardo y otro c. Santa Isabel S.A., 19
de octubre de 2000, expediente núm. 10.695
China, Región Administrativa Especial de Hong Kong
50. Tribunal de Apelación de la Región Administrativa Especial de Hong Kong,
Recurso de apelación civil núm. 218 de 2005 (apelación de la sentencia HCAL
núm. 30 de 2003)
6

Colombia
51. Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena, Benjamín Ochoa Moreno s/acción
pública de inconstitucionalidad, 17 de mayo de 2000, sentencia C-567/00
52. Corte Constitucional de Colombia, 5 de abril de 2000, sentencia C-385/00
53. Corte Constitucional de Colombia, Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, Sindicato
de las Empresas Varias de Medellín c. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Municipio de Medellín y las Empresas
Varias de Medellín E.S.P., 10 de agosto de 1999, sentencia T-568/99
54. Corte Constitucional de Colombia, Sala Séptima de Revisión, Alfonso Ruiz y
otros c. Empresa Sucesores de José de Jesús Restrepo y Cía. S.A., 13 de marzo de
1995, sentencia T-102/95
Costa Rica
55. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Antonio Blanco Rodríguez y otros
c. el Presidente de la República, la Ministra de Gobernación y Policía, el
Instituto de Desarrollo Agrario y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, 11
de agosto de 1999, resolución núm. 06229-aa
56. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Hernán Oconitrillo Calvo c. la
Municipalidad de San José (recurso de amparo), 23 de abril de 1999, resolución
núm. 1999-02971
57. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, José Manuel Paniagua Vargas y
otros funcionarios de la Comisión Nacional para Asuntos Indígenas c. el
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y la Comisión Nacional para Asuntos
Indígenas (CONAI), 16 de enero de 1998, resolución núm. 0241-98
58. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, 8 de octubre de 1993, resolución
núm. 5000-93
Croacia
59. Tribunal Constitucional de Croacia, 10 de enero de 2001, núm. U-III 727-1997
60. Tribunal Constitucional de Croacia, 8 de noviembre de 2000, núm. U-I 745-1999
España
61. Tribunal Supremo de España, Secundino C.R. c. TOVIC S.L., 2 de octubre de
1989
62. Tribunal Constitucional de España, Recurso de amparo, 23 de noviembre de
1981, núm. 38/1981
Estonia
63. Tribunal de Distrito de Tallin, Sala de lo Contencioso Administrativo, Ly
Kovanen c. el Departamento de Reforma de la Propiedad de la Ciudad de Tallin,
6 de noviembre de 2000, caso núm. II-3-286/2000
64. Tribunal Supremo de Estonia, Sala de Revisión Constitucional, 27 de mayo de
1998, núm. 3-4-1-4-98
Estados Unidos
65. Tribunal Supremo de New Hampshire, el Estado de New Hampshire c. Robert H.,
30 de octubre de 1978, núm. 78-090
Etiopía
66. Tribunal de Apelación de Addis Abeba, 31 de julio de 2006, núm. 48008
7

Federación de Rusia
67. Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, Sobre la constitucionalidad de
las cláusulas 2 y 3 del artículo 11, 1) de la Ley de la Federación de Rusia de
junio de 1993 relativa a los organismos federales de la policía fiscal, 17 de
diciembre de 1996
68. Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, Sobre la constitucionalidad
del artículo 12 de la Ley de la URSS de 9 de octubre de 1989 relativa a la
resolución de los conflictos colectivos laborales, 17 de mayo de 1995
Francia
69. Corte de Casación, Sala Social, 4 de junio de 2009, recurso núm. 08-41.359
70. Corte de Casación, Sala Social, Syndicat des producteurs de miel de France c.
Syndicat national de l'apiculture et Union nationale de l'apiculture française, 13
de enero de 2009, recurso núm. 07-17.692
71. Corte de Casación, Sala Social, Sr. Samzun c. Sra. de Wee, 1 de julio de 2008,
recurso núm. F 07- 44.124
72. Corte de Casación, Sala Social, 29 de marzo de 2006, recurso núm. 04-46.499
73. Corte de Casación, Sala Social, 25 de enero de 2005, recurso núm. 04-41.012
74. Consejo de Estado, Sección de lo Contencioso, Sra. Cinar, 22 de septiembre de
1997, núm. 161364
75. Corte de Casación, Castanié c. Señora viuda de Hurtado, 27 de febrero de 1934
Honduras
76. Corte de Apelaciones del Trabajo, Hugo Humberto Rodríguez Rojas y otros c.
Wackenhut de Honduras S. A. de C. V. s/demanda ordinaria laboral, 10 de
octubre de 2006
India
77. Tribunal Supremo de la India, Vishaka y otros c. el Estado de Rajasthan y otros,
13 de agosto de 1997, [1997] 6 SCC 241
78. Tribunal Supremo de la India, Gaurav Jain c. Union of India y otros, 9 de julio de
1997, [1997] 8 SCC 114
79. Tribunal Supremo de la India, Nilabeti Behera alias Lalita Behera c. el Estado de
Orissa y otros, 24 de marzo de 1993, [1993] 2 SCC 746
80. Tribunal Supremo de la India, Mackinnon Mackenzie c. Audrey D’Costa y otro,
26 de marzo de 1987, [1987] 2 SCC 469
Italia
81. Tribunal de Primera Instancia de Milán, Vitali - Airoldi c. Maserati Spa y Officine
Alfieri Maserati, 21 de julio de 1994
82. Tribunal de Primera Instancia de Milán, AMSA c. Miglio, 28 de marzo de 1990
83. Tribunal de Primera Instancia de Savona, Fiumanò Rossotti c. Società Fiat, 8 de
noviembre de 1982
84. Tribunal de Apelación de Turín, Lanificio Tallia Gruppo c. Ceria Mary, 29 de
mayo de 1964
Kenya
85. Tribunal Laboral, 6 de diciembre de 2004, caso núm. 79/2002
8

Lesotho
86. Tribunal Laboral de Lesotho, Serame Khampepe c. Muela Hydropower Project
Contractors y otros cuatro, 2 de septiembre de 1999, caso núm. LC 29/97
87. Tribunal Laboral de Lesotho, Matete y Bosiu c. la Autoridad de Desarrollo de las
Tierras Altas de Lesotho y el Director Ejecutivo, 9 de febrero de 1996, caso núm. LC
131/95
88. Tribunal Laboral de Lesotho, Maisaaka’Mote c. Lesotho Flour Mills, 9 de
noviembre de 1995, caso núm. LC 59/95
89. Tribunal Laboral de Lesotho, Palesa Peko c. la Universidad Nacional de Lesotho,
1 de agosto de 1995, caso núm. LC 33/95
Lituania
90. Tribunal Constitucional de la República de Lituania, 14 de enero de 1999, núm.
8/98
Madagascar
91. Tribunal Laboral de Antsirabe, 22 de mayo de 2006, caso núm. 13/RG/TT/06
92. Tribunal Laboral de Antsirabe, Ramiaranjatovo Jean-Louis c. Fitsaboana Maso,
7 de junio de 2004, sentencia núm. 58
93. Tribunal Supremo de Madagascar, Dugain y otros c. Compagnie Air
Madagascar, 5 de septiembre de 2003, sentencia núm. 231
94. Tribunal Constitucional, 14 de febrero de 2001, decisión núm. 01-HCC/D2
95. Tribunal Constitucional, 7 de mayo de 1997, decisión núm. 07-HCC/D3
Malawi
96. Tribunal Supremo de Apelación de Malawi, Malawi Telecommunications Ltd c.
Makande y otro, 7 de mayo de 2007
97. Tribunal de Relaciones Laborales de Malawi, Davison Tchete c. “Safeguard
Services”, 1 de abril de 2002, núm. 6 de 2000
México
98. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Federación Democrática
de Sindicatos de Servidores Públicos, 4 de marzo de 2005, Amparo en revisión
1878/2004
Marruecos
99. Juzgado de Primera Instancia de Sidi Slimane, Mounir Ouharro C. c. Ismail
Alaoui, 25 de mayo de 2005, núm. 58/2005
Mauricio
100. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Mauricio, Pointu c. el Ministro de
Educación y Ciencia, 27 de octubre de 1995, núm. S.C.J. 350
9

Níger
101. Tribunal Constitucional de Níger, 16 de enero de 2002, sentencia núm. 2002-
004/CC
Nigeria
102. Tribunal Supremo de Nigeria, Abacha c. Fawehinmi, 28 de abril de 2000, núm.
SC 45/1997
Noruega
103. Tribunal Supremo de Noruega, Diasos c. el Director Administrativo de
Diakonhjemmet, 27 de noviembre de 1986
Nueva Zelanda
104. Tribunal de Apelación de Wellington, Tavita c. el Ministro de Inmigración, 17 de
diciembre de 1993, [1994] 2 NZLR 257
105. Tribunal Supremo de Nueva Zelanda, Van Gorkom c. el Fiscal General y otro, 10
de febrero de 1977, [1977] 1 NZLR 535
Paraguay
106. Corte Suprema de Justicia, Acción de inconstitucionalidad planteada por la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central Nacional de Trabajadores
(CNT) c. el Decreto núm. 16769 dictado por el Ejecutivo, 23 de septiembre de
2000, núm. 35
107. Tribunal de Apelación del Trabajo, Segunda Sala, Inca S.A.C.I. c. Virgilio
Villalba sobre justificación de causal de despido, 30 de mayo de 2000, acuerdo y
sentencia núm. 41
108. Tribunal de Apelación del Trabajo, Segunda Sala, Carmen Sachelaridi Knutson c.
Cooperativa Santísimo Redentor Ltda. sobre cobro de guaraníes en diversos
conceptos, 26 de mayo de 2000, acuerdo y sentencia núm. 40
Países bajos
109. Consejo Central de Apelación, 29 de mayo 1996, LJN: AL0666
Perú
110. Tribunal Constitucional, 17 de abril de 2006, expediente núm. 4635-2004-AA/TC
111. Tribunal Constitucional, Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del
Perú S.A y Fetratel, 11 de julio de 2002, expediente núm. 1124-2001-AA/TC
Filipinas
112. Tribunal Supremo de la República de Filipinas, International School Alliance of
Educators c. Hon Leonardo A. Quisumbing y otros, 1 de junio de 2000, G.R.
núm. 128845
113. Tribunal Supremo de la República de Filipinas, UST Faculty Union y otros c. Dir.
Benedicto Ernesto R. Bitonio, Jr. y otros, 16 de noviembre de 1999, G.R. núm.
131235
Rumania
114. Tribunal Constitucional de Rumania, 25 de febrero de 1993, decisión núm. 6
10

Rwanda
115. Tribunal Supremo de Rwanda, Sala Constitucional, 19 de febrero de 2002,
decisión núm. 009/11.02/02
Eslovenia
116. Tribunal Constitucional de Eslovenia, Sindicatos Independientes de Eslovenia c.
la Ley sobre Representatividad de los Sindicatos, 5 de febrero de 1998, núm. U-I-
57/95
117. Tribunal Constitucional de Eslovenia, Sindicato de Trabajadores Ferroviarios
Eslovenos, 7 de diciembre de 1995, núm. U-I-92/94
Taiwán
118. Yuan Judicial, 2 de agosto de 2002, núm. 549
Trinidad y Tobago
119. Tribunal Laboral de Trinidad y Tobago, Bank and General Workers Union c.
Public Service Association of Trinidad and Tobago, 27 de abril de 2001, conflicto
laboral núm. 15 de 2000
120. Tribunal Laboral de Trinidad y Tobago, Bank and General Workers Union c.
Home Mortgage Bank, 3 de marzo de 1998, núm. 140 de 1997
Ucrania
121. Tribunal Constitucional, 18 de octubre de 2000, caso núm. 1-36/2000
Uruguay
122. Tribunal de Apelaciones del Trabajo de Primer Turno, CHH c. TSA por cobro de
licencia no gozada y salario vacacional, 12 de marzo de 1993, sentencia núm.
475
Zambia
123. Tribunal Supremo de Zambia, Jurisdicción Civil, Standard Chartered Bank
Zambia Limited c. Peter Zulu y 118 otros, 13 de noviembre de 1997, núm. 59 de
1996
Zimbabwe
124. Tribunal de Relaciones Laborales, Frederick Mwenye c. Textile Investment
Company, 8 de mayo de 2001, núm. LRT/MT/11/01
Índice de sentencias de cortes internacionales (en orden alfabético
francés)
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
125. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tercera Sección, Enerji Yapi-Yol Sen c.
Turquía, 21 de abril de 2009, demanda núm. 68959/01
126. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Gran Sala, Demir y Baykara c. Turquía,
12 de noviembre de 2008, demanda núm. 34503/97
11

Corte Interamericana de Derechos Humanos
127. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Huilca Tecse c. Perú, 3 de marzo de
2005
128. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Baena Ricardo y otros c. Panamá, 2
de febrero de 2001
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
129. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gerhard Schultz-Hoff c. Deustche
Rentenversicherung Bund y Stringer y otros c. Her Majesty’s Revenue and
Customs (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el
Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Alemania) y la House of Lords (Reino Unido)),
20 de enero de 2009, asuntos acumulados C-350/06 y C-520/06
Índice de sentencias por temas (en orden alfabético francés)
Contrato de trabajo: criterios para su existencia, condiciones de trabajo, despido
- Condiciones de trabajo de la gente de mar: 64
- Vacaciones pagadas: 24/ 34/ 81/ 82/ 83/ 122
- Despido: 3/ 11/ 16/ 19/ 20/ 23/ 26/ 27/ 28/ 30/ 31/ 39/ 46/ 47/ 49/ 53/ 58/ 59/ 61/ 62/
63/ 66/ 69/ 71/ 72/ 73/ 86/ 87/ 88/ 92/ 96/ 97/ 99/ 107/ 111/ 119/ 120
- Protección salarial: 9/ 85
- Calificación de la relación de trabajo: 33/ 91
- Salario mínimo: 39
- Seguridad y salud en el trabajo: 12/ 110
- Tiempo de trabajo: 110/ 129
Derecho a la salud: 12/ 56
Derechos fundamentales generales y libertades civiles
- Autoridad paterna: 65
- Condiciones de la privación de libertad: 29/ 102
- Dignidad de la persona: 17/ 35
- Derechos del niño: 22/ 45/ 74/ 78/ 104/ 118
- Derecho de propiedad: 60/ 67
- Derecho de réplica: 17
- Derecho de residencia: 22/ 45/ 104
- Libertad de expresión: 17/ 46/ 59
Igualdad de trato y de oportunidades
- Derechos de los pueblos indígenas y tribales: 55/ 57
- Igualdad de remuneración: 40/ 41/ 44/ 80/ 84/ 105
- Acoso sexual: 77/ 108/ 124
- Principio general de igualdad: 14/ 32/ 35/ 78/ 100/ 114/ 117/ 118
- Protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación: 2/ 5/ 18/ 20/
21/ 23/ 27/ 30/ 35/ 36/ 37/ 40/ 41/ 43/ 44/ 54/ 77/ 80/ 84/ 92/ 93/ 95/ 103/ 105/
108/ 112
- Trabajadores con responsabilidades familiares: 89
12

Estado de derecho
- Acceso a la justicia: 13/ 14/ 73
- Derecho a la tutela judicial efectiva: 12/ 13/ 94/ 101
- Derecho de reparación: 2/ 12/ 79
- Inmunidad de jurisdicción: 73
- Independencia de la judicatura: 115
Libertad sindical y negociación colectiva
- Derecho de huelga: 1/ 4/ 38/ 53/ 68/ 125
- Libertad sindical:1/ 4/ 8/ 10/ 11/ 16/ 42/ 43/ 47/ 48/ 49/ 51/ 52/ 54/ 58/ 61/ 62/ 70/
76/ 90/ 98/ 106/ 111/ 113/ 116/ 117/ 121/ 125/ 126/ 127/ 128
- Negociación colectiva: 1/ 15/ 42/ 126
- Protección frente a la discriminación antisindical: 8/ 11/ 13/ 63/ 76
Prohibición del trabajo forzoso: 6/ 123
Protección de la maternidad: 5/ 27/ 28/ 109
Protección social: 25/ 75/ 109
Trabajadores migrantes: 7/ 50/ 52
Índice de sentencias por la función desempeñada por el derecho
internacional
Resolución directa del litigio con base en el derecho internacional: 7/ 8/ 9/ 12/ 13/
15/ 17/ 27/ 34/ 41/ 50/ 51/ 52/ 53/ 55/ 57/ 58/ 60/ 64/ 63/ 66/ 69/ 71/ 72/ 73/ 74/ 75/ 76/
82/ 83/ 89/ 92/ 93/ 96/ 101/ 109/ 122/ 124
Uso del derecho internacional como guía para la interpretación del derecho
interno: 1/ 4/ 5/ 6/ 10/ 11/ 14/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 32/ 38/ 39/ 42/ 45/ 46/ 49/ 56/ 58/ 61/ 62/
68/ 70/ 77/ 78/ 80/ 85/ 86/ 87/ 88/ 90/ 97/ 100/ 102/ 103/ 104/ 107/ 110/ 111/ 113/ 114/ 116/
117/ 118/ 123/ 125/ 126/ 127/ 128/ 129
Establecimiento de un principio jurisprudencial inspirado en el derecho
internacional: 3/ 23/ 26/ 31/ 35/ 85/ 91/ 119/ 120
Referencia al derecho internacional para reforzar una decisión basada en el
derecho interno: 2/ 5/ 16/ 24/ 25/ 28/ 29/ 30/ 31/ 33/ 34/ 36/ 37/ 39/ 40/ 43/ 44/ 47/ 48/ 54/
59/ 65/ 67/ 79/ 81/ 84/ 90/ 94/ 95/ 98/ 99/ 105/ 106/ 108/ 112/ 115/ 121/ 126
13

Constitución de la República de Sudáfrica
Sudáfrica
Artículo 39, párrafo 1
Al interpretar la Declaración de Derechos, los tribunales y cortes de justicia
a) deberán promover los valores inherentes de una sociedad abierta y democrática basada en la dignidad
humana, la igualdad y la libertad;
b) deberán tener en cuenta el derecho internacional y
c) podrán tener en cuenta el derecho comparado.
Artículo 233
Al interpretar las leyes, los tribunales y cortes de justicia optarán por una interpretación razonable que se
ajuste al derecho internacional, por encima de cualquier otra interpretación contraria a éste.
1. Tribunal Constitucional de Sudáfrica, NUMSA c. Bader Pop, 13 de diciembre de
2002, núm. CCT 14/02
Temas: libertad sindical; negociación colectiva; derecho de huelga
Función del derecho internacional: uso de derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 1 jurisprudencia internacional 2
Medios de acción de los sindicatos minoritarios/ Importancia de los convenios y de los
procedimientos de los órganos de control de la OIT en la interpretación del derecho interno/
Uso del derecho internacional como guía para la interpretación del derecho interno
Un sindicato minoritario pretendía convocar una huelga en una empresa para obtener el derecho
de contar con un delegado sindical en el seno de dicha empresa. La legislación sudafricana
preveía que los sindicatos suficientemente representativos podían defender su derecho a
organizarse a través de la mediación, el arbitraje y la huelga, pero no establecía nada con
respecto a los medios de acción de los sindicatos minoritarios. La empresa había solicitado
judicialmente la prohibición de la huelga. Según la interpretación del Código de Trabajo por el
Tribunal de Apelación, un sindicato minoritario no tenía derecho a convocar una huelga, por lo
que el sindicato planteó la cuestión al Tribunal Constitucional.
Antes de entrar en el fondo del asunto, el Tribunal Constitucional definió las normas aplicables
en este litigio y señaló que la legislación sudafricana relativa a las cuestiones sindicales estaba
sujeta a las obligaciones del país como Estado miembro de la Organización Internacional del
Trabajo y, por tanto, debía interpretarse de modo conforme a las obligaciones del Estado
derivadas del derecho internacional. El Tribunal consideró que en este caso debían aplicarse los
Convenios de la OIT núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación y núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. 3
Tras referirse a los artículos aplicables de estos dos Convenios, el Tribunal Constitucional
explicó las funciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT y de la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT señalando que:
1
Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; Convenio
núm. 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949.
2
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT; Comité de Libertad Sindical de
la OIT.
3
El Tribunal Constitucional mencionó también el Convenio núm. 135 de la OIT sobre los representantes de los
trabajadores, 1971, y el Convenio núm. 154 de la OIT sobre la negociación colectiva, 1981, pero no se basó en ellos
al no haber sido ratificados por Sudáfrica.
14

“Sus decisiones son, por tanto, un desarrollo autorizado de los principios de libertad
sindical establecidos en los convenios de la OIT. La jurisprudencia de estos comités
constituirá también un importante recurso para el desarrollo de los derechos laborales
recogidos en nuestra Constitución.”
A continuación, el Tribunal analizó la “jurisprudencia” de los dos órganos de control con
respecto a la huelga y a los medios de acción que los sindicatos pueden emplear, observando
que:
“Estos principios derivados de la jurisprudencia de estos dos comités de la OIT son
directamente aplicables a la interpretación tanto de las disposiciones correspondientes
de la Ley como de la Constitución.”
A juicio del Tribunal, el reconocimiento de medios de acción a los sindicatos minoritarios se
ajustaba más a la “jurisprudencia” de los dos órganos de control de la OIT. Además, consideró
que esta interpretación tenía la ventaja de no restringir los derechos protegidos por la
Constitución.
En consecuencia, el Tribunal dictaminó que aunque la interpretación del Código de Trabajo
realizada por el Tribunal Laboral era de por sí correcta, no tenía suficientemente en cuenta las
directrices del derecho internacional:
“No obstante, [el Tribunal] no tiene suficientemente en cuenta las consideraciones
derivadas del análisis de los convenios de la OIT anteriormente señalados y, en
particular, no evita la limitación de los derechos constitucionales. La cuestión a la que
debemos dar respuesta, por tanto, es si la Ley es susceptible de una interpretación que
evite la limitación de los derechos constitucionales.”
Por tanto, el Tribunal Constitucional buscó una interpretación de la Ley que limitara la
vulneración de los derechos constitucionales y concluyó que los sindicatos minoritarios podían
defender sus derechos mediante la negociación colectiva. El Tribunal consideró que:
“Resulta más correcto contemplar el artículo 20 4 como una confirmación expresa de los
derechos internacionalmente reconocidos a los sindicatos minoritarios para tratar de
lograr el acceso al lugar de trabajo, el reconocimiento de sus delegados sindicales y de
otros medios organizativos mediante las técnicas de la negociación colectiva.”
En consecuencia, se consideró que si las empresas y sindicatos tenían derecho a negociar sobre
una cuestión, debía suponerse que lo tenían también para convocar una huelga sobre esa misma
cuestión.
El Tribunal Constitucional de Sudáfrica realizó, por tanto, una lectura del Código de Trabajo
ajustada a su interpretación de las normas internacionales del trabajo, reconociendo que los
sindicatos minoritarios podían defender ciertos derechos mediante la negociación colectiva y, en
caso de que ésta no diera frutos, mediante el ejercicio del derecho de huelga. El Tribunal revocó
la decisión del Tribunal de Apelación.
4 Artículo 20 de la Ley de Trabajo, incluido en el capítulo III, sección A, sobre la negociación colectiva: “Nada de lo
establecido en esta sección impide la conclusión de un convenio colectivo que regule los derechos organizativos”.
15

2. Tribunal Constitucional de Sudáfrica, Jacques Charl Hoffman c. South African
Airways, 28 de septiembre de 2000, caso núm. CCT 17/00
Temas: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación; derecho de reparación
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 5
Negativa a contratar a una persona portadora del VIH/ Recurso ante el Tribunal
Constitucional por discriminación/ Análisis de las obligaciones internacionales del Estado/
Obligación de eliminar los efectos de la discriminación/ Orden judicial de contratación del
recurrente
Al final de un proceso de selección, el recurrente fue considerado el candidato más adecuado
para un empleo como asistente de cabina en una compañía aérea. La contratación estaba
condicionada a una revisión médica previa, en la que el recurrente resultó ser clínicamente apto
y, por tanto, adecuado para el empleo. No obstante, un análisis de sangre mostró que era VIH
positivo. La empresa le comunicó que no podía contratarle por su condición de VIH positivo. El
Tribunal Laboral decidió que la actuación de la empresa estaba justificada. El recurrente acudió
al Tribunal Constitucional de Sudáfrica, alegando que la denegación constituía una vulneración
a su derecho constitucional a la igualdad, a la dignidad del hombre y a las “prácticas laborales
equitativas.” 6
El Tribunal Constitucional concluyó que la negativa de la compañía aérea a contratar al
recurrente vulneraba su derecho a la igualdad, garantizado por el artículo 9 de la Constitución
nacional. A continuación, el Tribunal procedió a determinar la reparación que debía otorgarse al
recurrente. La Constitución Sudafricana establece que, en caso de vulneración de un derecho
recogido en la Declaración de Derechos incluida en la Constitución nacional, el tribunal podrá
otorgar una reparación adecuada.
El Tribunal explicó que al prohibir la discriminación, la Constitución no sólo persigue evitarla,
sino también eliminar sus efectos. En el ámbito del empleo, la consecución de este objetivo
requiere no sólo la eliminación de la práctica discriminatoria, sino también el restablecimiento,
en la medida de lo posible, de la posición en que la persona que hubiera sufrido un perjuicio por
discriminación se hubiera encontrado si ésta no hubiera existido.
Para reforzar su argumento, el Tribunal hizo referencia a las obligaciones internacionales de
Sudáfrica en materia de discriminación:
“La necesidad de eliminar la discriminación injusta no se deriva únicamente del
capítulo 2 de nuestra Constitución, es también una obligación internacional. Sudáfrica
ha ratificado una serie de convenios contra la discriminación, entre ellos la Carta
Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, en cuyo preámbulo los Estados
miembros se comprometen, entre otras cosas, a suprimir todas las formas de
discriminación. El artículo 2 prohíbe cualquier clase de discriminación. El artículo 1
obliga a los Estados miembros a hacer efectivos los derechos y libertades establecidos
en la Carta. En el ámbito del empleo, el Convenio núm. 111 de la OIT sobre la
discriminación (empleo y ocupación), de 1958, prohíbe la discriminación que tenga por
efecto anular u obstaculizar la igualdad de oportunidades o de tratamiento en el empleo
o la ocupación. Según el artículo 2 de dicho Convenio, los Estados miembros tienen la
5
Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981; Convenio núm. 111 de la OIT sobre la
discriminación (empleo y ocupación), 1958.
6
El principio de dignidad del hombre se recoge en el Apartado 1, 4) de la Constitución de Sudáfrica; el principio de
igualdad en su Apartado 9 y el de prácticas laborales equitativas, en el 23, 1).
16

obligación de aplicar políticas nacionales que promuevan la igualdad de oportunidades
y de trato en materia de empleo y de ocupación, con objeto de eliminar cualquier
discriminación a este respecto.”
Basándose en la Constitución nacional y en el derecho internacional, el Tribunal Constitucional
de Sudáfrica consideró que para eliminar efectivamente la discriminación, la reparación
adecuada al caso requería imponer a la compañía aérea la contratación del recurrente como
asistente de cabina.
3. Tribunal de Apelación Laboral, Modise y otros c. Steve’s Spar, 15 de marzo de 2000,
caso núm. JA 29/99
Tema: despido
Función del derecho internacional: establecimiento de un principio jurisprudencial
inspirado en el derecho internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratado no ratificado 7
Participación de trabajadores en una huelga ilegal/ Terminación de la relación de trabajo sin
entrevista previa/ Medios de los trabajadores para recurrir contra prácticas laborales
indebidas/ Lagunas de la legislación nacional/ Referencia a las disposiciones del Convenio
núm. 158 de la OIT para ampliar el ámbito de aplicación de la entrevista previa a la
terminación de la relación de trabajo
Varios trabajadores habían tomado parte en una huelga declarada ilegal por los tribunales. Tras
un ultimátum para que regresaran al trabajo, la empresa despidió a los trabajadores que se
obstinaron en proseguir la huelga, sin ofrecer a éstos ni a sus representantes la posibilidad de
exponer su punto de vista. El Tribunal de Primera Instancia consideró que la terminación de la
relación de trabajo era válida. Ante la laguna de la legislación nacional en la materia y una
jurisprudencia contradictoria, el Tribunal de Apelación Laboral debía decidir si en caso de
huelga ilegal la empresa estaba igualmente obligada a respetar la regla de celebrar una entrevista
previa con los trabajadores o sus representantes antes de poner fin a sus contratos de trabajo.
A fin de reconocer la obligación de entrevistarse con los trabajadores antes de proceder a su
despido pese a la ausencia de disposiciones internas al respecto, el magistrado Zondo, en
decisión mayoritaria, se basó en las disposiciones del Convenio núm. 158 de la OIT sobre la
terminación de la relación de trabajo, 8 a pesar de que Sudáfrica no había ratificado este
Convenio.
“El procedimiento de la entrevista previa se adecua a las normas internacionales, no así
la ausencia de la misma. Afirmo lo anterior porque, con bastante claridad, el Convenio
núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, de 1982, contiene la
norma general de que una empresa no puede despedir a un trabajador por razones
basadas en su conducta o rendimiento laboral sin ofrecerle antes la oportunidad de
defenderse de los cargos formulados contra él. A este respecto, el Convenio no estipula
que dicha obligación no sea de aplicación a los casos de despido por huelga. Mas al
contrario, debe aplicarse también al despido de huelguistas ya que se trata de un despido
por razones basadas en la conducta del trabajador. El Convenio sólo prevé una
excepción, suficientemente amplia para englobar todas las excepciones normalmente
7 Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
8 Artículo 7 del Convenio núm. 158: “No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por
motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse
de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta
posibilidad.”
17

aplicables a la regla de la entrevista previa. La ausencia de la misma es directamente
contraria al Convenio o, al menos, incompatible con el mismo.”
En consecuencia, el Tribunal de Apelación Laboral, basándose en las disposiciones del
Convenio núm. 158 de la OIT, consideró que la regla de celebrar una entrevista previa con los
trabajadores era aplicable al despido de trabajadores que hubieran participado en una huelga
ilegal. En este caso, el Tribunal ordenó la readmisión de todos los trabajadores despedidos.
4. Tribunal Constitucional de Sudáfrica, South African National Defence Union c. el
Ministro de Defensa, 26 de mayo de 1999, caso núm. CCT 27/98
Temas: libertad sindical; derecho de huelga
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 9
Constitucionalidad de las disposiciones nacionales que prohibían el ejercicio del derecho de
sindicación a los miembros de las fuerzas armadas/ Importancia de interpretar la Constitución
nacional a la luz de los convenios internacionales de la OIT
El Tribunal Constitucional de Sudáfrica debía determinar si las disposiciones que prohibían que
los miembros de las fuerzas armadas participaran en actos públicos de protesta y se afiliaran a
un sindicato restringían derechos constitucionales. En caso afirmativo, el Tribunal debía decidir
si dicha restricción estaba justificada.
El artículo 23, 2) de la Constitución Nacional establece que: “Todos los trabajadores tienen
derecho a: 1) constituir sindicatos y afiliarse a los mismos, 2) participar en las actividades y
programas de los sindicatos y 3) a la huelga.”
Para decidir si la ley restringía derechos protegidos por la Constitución, el Tribunal debía
determinar si los miembros de las fuerzas armadas podían considerarse ‘trabajadores’ a efectos
del artículo 23, 2) de la Constitución. A fin de interpretar este artículo, el Tribunal se basó en
los convenios y recomendaciones de la OIT:
“El artículo 39 de la Constitución establece que a fin de interpretar el capítulo 2 de la
misma, los tribunales deben tener en cuenta el derecho internacional. A mi juicio, los
convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, una de las
organizaciones internacionales más antiguas, son recursos importantes para el análisis
del significado y ámbito de aplicación del término “trabajador”, utilizado en el artículo
23 de nuestra Constitución.”
El Tribunal se refirió a los artículos 2 10 y 9, 1) 11 del Convenio núm. 87 y concluyó lo siguiente:
“De acuerdo con dichas disposiciones, queda claro que el Convenio incluye a las
‘fuerzas armadas y a la policía’ en su ámbito de aplicación, pero que la medida de la
9 Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; Convenio
núm. 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949.
10 Artículo 2 del Convenio núm. 87: “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización
previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas
organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.”
11 Artículo 9, 1) del Convenio núm. 87: “La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las
fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio.”
18

aplicación de las disposiciones del Convenio a dichos servicios es una cuestión sujeta al
derecho interno y no determinada directamente por el Convenio.”
Tras observar que el Convenio núm. 98 adoptaba el mismo enfoque, el Tribunal Constitucional
concluyó lo siguiente:
“La OIT considera que los miembros de las fuerzas armadas y de la policía son
trabajadores a los efectos de estos Convenios, pero estima que sus funciones son
especiales, hasta tal punto que concede a los Estados miembros la posibilidad de
determinar el grado de aplicación a las fuerzas armadas y a la policía de las
disposiciones de los Convenios.”
Adoptando el mismo enfoque de los Convenios núm. 87 y 98 de la OIT, el Tribunal consideró
que el término ‘trabajador’, utilizado en el artículo 23, 2) de la Constitución, debía interpretarse
de modo que incluyera a los miembros de las fuerzas armadas. No obstante, la legislación
nacional podía limitar sus derechos constitucionales protegidos por el citado artículo, en la
medida en que dicha limitación fuera razonable y justificada en una sociedad abierta y
democrática, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Constitución.
El Tribunal Constitucional de Sudáfrica concluyó que la prohibición total de los sindicatos en
las fuerzas armadas excedía claramente la medida de lo razonable y justificado para la
consecución del objetivo legítimo del Estado de disponer de unas fuerzas armadas disciplinadas.
En consecuencia, declaró que la disposición nacional en cuestión era inconstitucional. Por el
contrario, el Tribunal resolvió que la prohibición del derecho de huelga eníí las fuerzas armadas
no vulneraba la Constitución.
19

Alemania
Constitución de la República Federal de Alemania
Artículo 25: Derecho internacional público
Las normas generales del derecho internacional público forman parte del derecho federal, prevalecen
sobre las leyes nacionales y crean directamente derechos y obligaciones para los residentes en el territorio
federal.
5. Tribunal Constitucional Federal de Alemania, 18 de noviembre de 2003, 1 BvR
302/96
Temas: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación; protección de la
maternidad
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno; referencia al derecho internacional para reforzar una
solución basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 12 tratados no ratificados 13
Ley que obliga al empleador a contribuir al pago de prestaciones a sus trabajadoras durante la
licencia de maternidad/ Necesidad de tener en cuenta las disposiciones constitucionales en
materia de igualdad de género con el fin de interpretar el principio de la libertad de trabajo/
Necesidad de impedir actuaciones discriminatorias en la práctica/ Utilización del derecho
internacional como guía para la interpretación del derecho interno y referencia al derecho
internacional para reforzar una solución basada en el derecho interno
La legislación alemana prevé que la mujer que disfrute de una licencia de maternidad tenga
derecho a percibir prestaciones en metálico procedentes de fondos públicos (seguro de salud).
Además, los empleadores alemanes están obligados a pagar la diferencia entre la prestación que
corresponda y el salario medio de toda mujer que tenga derecho a este tipo de prestación. Con el
transcurso del tiempo, los importes que los empleadores debían abonar por este concepto se
habían ido incrementando debido a la subida de los salarios mientras que el nivel de
prestaciones derivadas del seguro de enfermedad permaneció invariable. A este respecto hay
que señalar que para aliviar la carga que pesa sobre las empresas pequeñas (de hasta 30
empleados) se ha puesto en marcha un sistema de aseguramiento que cubra el pago de los
empleadores. 14
Una empresa alemana entabló una acción de inconstitucionalidad alegando que la obligación del
empleador (para las empresas de más de 30 empleados) de abonar la prestación en metálico
durante el permiso de maternidad violaba el derecho constitucional a la libertad de trabajo,
consagrada en el artículo 12, 1) de la Constitución alemana. 15
El Tribunal consideró que, en principio, el reparto de costes entre Estado y empleadores
propiciado por la protección de la maternidad no era inconstitucional, pero, en el caso
planteado, el Tribunal determinó que las modalidades de financiación vigentes eran
inconstitucionales en cuanto que violaban las disposiciones constitucionales en materia de
12
Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958; Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979.
13
Convenio núm. 183 de la OIT sobre la protección de la maternidad, 2000.
14
Las contribuciones que cada empleador debe efectuar a tal fin se calculan sobre la base del número total de
empleados de cada establecimiento.
15
El artículo 12, 1) de la Consitución alemana dice: “Todos los alemanes tendrán derecho a escoger libremente su
profesión, su lugar de trabajo y su centro de formación, si bien el ejercicio de las profesiones podrá ser regulado por
la ley o en virtud de una ley.”
20

igualdad. La Constitución alemana prevé en su artículo 3, 2) que: “El hombre y la mujer gozan
de los mismos derechos. El Estado promoverá la aplicación efectiva de la igualdad de derechos
de las mujeres y los hombres e impulsará la eliminación de las desventajas existentes.” El
Tribunal señaló que tales disposiciones tenían como objetivo la consecución de la igualdad en la
sociedad y, en particular, el fomento de la igualdad de género.
El Tribunal consideró que tales objetivos eran compatibles con las obligaciones internacionales
contraídas por Alemania, en particular con las derivadas del Convenio núm. 111 de la OIT sobre
discriminación (empleo y ocupación) y del Convenio sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer. Ambos convenios exigen la erradicación de la discriminación
indirecta y de las discriminaciones en la práctica. El Tribunal señaló que, en virtud de lo
dispuesto en tales convenios, si bien el Estado disponía de un amplio margen de maniobra para
promover la igualdad, asimismo debería evitar cualquier acto que pudiera derivar en una
conducta discriminatoria.
Seguidamente, el Tribunal observó que el incremento que los empleadores alemanes habían
experimentado en sus obligaciones financieras como consecuencia de la protección de la
maternidad podía restringir las oportunidades de empleo de la mujer. Para reafirmar su postura,
el Tribunal se refirió al artículo 8, 6) del Convenio núm. 183 de la OIT sobre la protección de la
maternidad, 16 no ratificado por Alemania. Según el Tribunal, esta disposición se basa en la
convicción de que si la responsabilidad en el pago de las prestaciones en metálico se hace
depender de los empleadores, la mujer podría encontrar ciertas dificultades a la hora de acceder
a un puesto de trabajo. A este respecto, el Tribunal consideró que no era necesario determinar la
probabilidad según la cual el pago de las prestaciones de maternidad constituía una causa de
desempleo para la mujer.
El Tribunal Constitucional Federal de Alemania señaló finalmente que el sistema de
aseguramiento vigente en las empresas de menos de 30 empleados era adecuado para prevenir la
discriminación indirecta contra la mujer e, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, 2) de la
Constitución alemana. En cambio, el Tribunal decidió, fundamentando su decisión en las
normas de derecho internacional, que en las empresas de más de 30 empleados las disposiciones
legislativas afectadas eran inconstitucionales. Este requisito fue calificado de inconstitucional
por resultar violatorio de la garantía constitucional de libertad de ocupación o profesión.
16 El artículo 6, 8) del Convenio núm. 183 establece que: “Con objeto de proteger la situación de las mujeres en el
mercado de trabajo, las prestaciones relativas a la licencia que figura en los artículos 4 y 5 deberán financiarse
mediante un seguro social obligatorio o con cargo a fondos públicos, o según lo determinen la legislación y la
práctica nacionales. El empleador no deberá estar personalmente obligado a costear directamente las prestaciones
pecuniarias debidas a las mujeres que emplee sin el acuerdo expreso de ese empleador, excepto cuando: que así esté
previsto en la legislación o en la práctica nacionales de un Estado Miembro antes de la fecha de adopción de este
Convenio por la Conferencia Internacional del Trabajo; o se acuerde posteriormente a nivel nacional por los
gobiernos y las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores.”
21

6. Tribunal Constitucional Federal de Alemania, 1 de julio de 1998, 2 BvR 441/90
Tema: prohibición del trabajo forzoso
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 17
Arrendamiento de servicios prestados por reclusos a empresas privadas sin el consentimiento de
éstos/ Asunto planteado al Tribunal Constitucional por violación del Convenio núm. 29 de la OIT/
Interpretación de la Constitución nacional a la luz de un convenio ratificado con anterioridad a la
adopción de la Constitución
El Tribunal Constitucional Federal debía pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley
alemana relativa al trabajo penitenciario de los reclusos. La cuestión concreta discutida era el
arrendamiento de los servicios prestados por los reclusos a empresas privadas sin el
consentimiento de éstos. El trabajo forzoso está regulado en el artículo 12 de la Constitución
alemana, que establece lo siguiente:
“1. Todos los alemanes tienen derecho a elegir libremente su profesión, su ocupación y
su lugar de formación. El ejercicio de una actividad profesional puede ser regulado por
ley o en virtud de una ley.
2. Nadie podrá ser obligado a realizar un determinado trabajo, excepto en el marco de
una obligación pública de prestación de servicios general, usual e igualmente aplicable
a todos. (...)
4. El trabajo forzoso es lícito únicamente en el caso de que exista una condena privativa
de libertad impuesta por un tribunal.”
Las personas que presentaron el recurso ante el Tribunal Constitucional consideraban que la Ley
alemana vulneraba el Convenio núm. 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso. El Tribunal
reconoció, en primer lugar, que la Constitución podía interpretarse a la luz del derecho
internacional:
“Las normas del derecho internacional se oponen desde hace tiempo al arrendamiento
incondicional del trabajo penitenciario de los reclusos. El apartado c) del párrafo 2 del
artículo 2 del Convenio núm. 29 de la OIT, de 28 de junio de 1930, prevé una excepción
a la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio (de los prisioneros) sujeta a la
condición de que ‘este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las
autoridades públicas’. Esta norma internacional, ya existente en el momento de las
deliberaciones relacionadas con la Constitución alemana, establece la base de la
intención del legislador y constituye asimismo una ayuda para la interpretación de la
Constitución.”
Aunque el Tribunal Constitucional de Alemania se basó en el Convenio núm. 29 de la OIT para
interpretar las disposiciones internas, consideró que en el caso en cuestión el ‘arrendamiento de
los servicios’ previsto en la ley no era inconstitucional, pues se había realizado bajo la
supervisión y el control de las autoridades públicas. 18
17 Convenio núm. 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso, 1930.
18 Debe señalarse, no obstante, que en su observación de 1999 relativa a la aplicación del Convenio núm. 29 en
Alemania, la Comisión de Expertos en Aplicación de los Convenios y Recomendaciones consideró que: “(...) sólo
cuando el trabajo es realizado voluntariamente en condiciones que garantizan salarios normales, seguridad social,
etc., puede el trabajo realizado por reclusos para compañías privadas ser compatible con las disposiciones expresas
del artículo 1, 1) y el artículo 2, párrafos 1) y 2), c).”
22

7. Tribunal Administrativo Federal, 28 de mayo de 1991, BVerwG 1 C 20.89
Tema: trabajadores migrantes
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 19
Trabajador migrante en situación de desempleo/ Orden de repatriación a su país de origen/
Criterios para determinar la aplicación directa de las disposiciones de un tratado/ Aplicación
directa del artículo 8 del Convenio núm. 97 de la OIT/ Significado del término “admisión a
título permanente” con arreglo al artículo 8 del Convenio núm. 97 de la OIT/ Observancia de
lo dispuesto en el Convenio de la OIT
Un ciudadano extranjero que había trabajado en Alemania desde 1968 a 1981, fecha desde la
que se encontraba en situación de desempleo, recurrió a la justicia ordinaria. El demandante
disponía de permiso de residencia permanente, pero desde 1984 no disponía de permiso de
trabajo y desde 1985 dependía de la ayuda de la asistencia social. El demandante acudió al
Tribunal Administrativo Federal con el fin de impugnar la revocación de su permiso de
residencia permanente y la orden de repatriación a su país de origen, al que estaba sujeto. Como
argumento de su acción judicial, el demandante invocó el artículo 8, 1) del Convenio núm. 97
de la OIT que establece que: “El trabajador migrante que haya sido admitido a título permanente
y los miembros de su familia que hayan sido autorizados a acompañarlo o a reunirse con él no
podrán ser enviados a su territorio de origen o al territorio del que emigraron cuando, por
motivo de enfermedad o accidente sobrevenidos después de la llegada, el trabajador migrante no
pueda ejercer su oficio, a menos que la persona interesada lo desee o que así lo establezca un
acuerdo internacional en el que sea parte el Estado Miembro.”
El Tribunal confirmó la jurisprudencia que había venido manteniendo al respecto, según la cual
las disposiciones de tratados internacionales son de aplicación directa si su formulación,
objetivos y contenido están suficientemente determinados y son apropiados para crear efectos
jurídicos en ausencia de desarrollo legislativo interno. El Tribunal consideró que el artículo 8
del Convenio núm. 97 cumplía con tales condiciones y que el demandante podía, por tanto,
valerse de derechos individuales en virtud de dicho artículo.
El Tribunal Administrativo Federal decidió que la revocación del permiso de residencia del
demandante no contradecía el Convenio núm. 97 en la medida en que, según la interpretación
del Tribunal conforme al artículo 8, son considerados como “admitidos a título permanente”
solo aquellos migrantes que dispongan a la vez de permiso de residencia y de trabajo
permanentes. 20
19 Convenio núm. 97 de la OIT sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949.
20 Conviene señalar que la interpretación del Tribunal no parece conforme con la posición de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. A este respecto, es preciso referirse a la
solicitud directa que la Comisión dirigió a Alemania en 2001: “La Comisión desearía referirse a su solicitud directa
anterior y recordar las explicaciones proporcionadas en el párrafo 458 de su Estudio general de 1980 sobre
trabajadores migrantes según el cual la admisión a título permanente está ligada exclusivamente al estatuto de
residencia permanente, mientras que el Gobierno afirma (al menos antes de la entrada en vigor de la ley de extranjería
de 1990) que la admisión a título permanente presuponía, en virtud de la legislación nacional, no solamente la
posesión de un permiso de residencia permanente, sino también la posesión de un permiso de trabajo permanente.”
23

Constitución de la Nación Argentina
Argentina
Artículo 31
Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados
con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están
obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o
constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del
Pacto de 11 de noviembre de 1859.
Artículo 75, párrafo 22
(…) Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su
Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los
Derechos del Niño: en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo
alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y
garantías por ella reconocidos. (…)
8. Corte Suprema de Argentina, Adriana María Rossi c. Estado Nacional - Armada
Argentina, 9 de diciembre de 2009, R. 1717. XLI
Temas: libertad sindical; protección frente a la discriminación antisindical
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional.
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 21 jurisprudencia internacional 22
Libertad sindical/ Condiciones del ejercicio de las actividades sindicales/ Protección sindical/
Protección sindical únicamente a los representantes de sindicatos con personería gremial/
Resolución directa del litigio con base en el derecho internacional
La actora, representante sindical, reclamó que se dejara sin efecto la sanción disciplinaria de
suspensión y el cambio de lugar de tareas que su empleadora, la Armada Argentina, había
dispuesto sin contar con una autorización judicial previa. La demandante alegaba que dicha
autorización era necesaria pues en su condición de presidenta de la Asociación de Profesionales
de la Salud del Hospital Naval y miembro titular del Consejo Federal de la Federación Médica
Gremial de la Capital Federal debía ser titular del fuero sindical consagrado en la constitución y
desarrollada por la ley que garantiza que “los trabajadores amparados por las garantías previstas
[en el artículo 48 en el cual se prevén las garantías para los trabajadores que ocupan “cargos
electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial”], no podrán ser
despedidos, suspendidos ni con relación a ellos podrá modificarse las condiciones de trabajo, si
no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía [...]”.
21
Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948;
Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), 1969; Protocolo Adicional a
la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(“Protocolo de San Salvador”), 1988.
22
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT; Comité de Libertad Sindical de
la OIT.
24

Tanto el juez de primera instancia como el Tribunal de Apelaciones sostuvieron la
imposibilidad de darle operatividad a la tutela sindical pues la actora pertenecía a un sindicato
“simplemente inscripto” que se veía desplazado en la representación del personal por otro que
poseía personería gremial y eran los representantes de esa última entidad los que gozaban de
fuero sindical según el artículo 52 de la ley de Asociaciones Sindicales.
Para resolver el caso, la Corte Suprema alude en primera instancia a su propia jurisprudencia,
pues el caso del 11 de noviembre de 2008 “Asociación Trabajadores del Estado c/ Ministerio de
Trabajo” constituye un precedente importante en el tema a tratar. En ese caso la Corte
estableció que el artículo 41.a de la ley 23.551 resultaba inconstitucional pues concedía a los
sindicatos que ostentan el carácter de más representativos algunos privilegios en detrimento de
la actividad de los sindicatos simplemente inscriptos que compartían con aquéllos, total o
parcialmente, el mismo ámbito de actuación.
La Corte cita la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resaltar
como la libertad de asociación contiene una obligación de protección para el Estado y compara
ello con la disposición del artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales para concluir que
hay un incumplimiento de dicha obligación:
“Bien podría decirse, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
referentes a la libertad sindical y a la libertad de asociación previstas en el artículo 16 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la obligación estatal
“negativa” de no interferir, se yuxtapone una obligación “positiva” del mismo Estado
esto es, la de adoptar las medidas apropiadas para proteger y preservar el ejercicio de la
actividad sindical “sin temor” por parte de los representantes sindicales, cuanto más
que, de lo contrario, “se podría disminuir la capacidad de las agrupaciones de
organizarse para la protección de sus intereses”.
[A]l limitar a los representantes gremiales de los sindicatos con personería gremial los
alcances de la protección prevista en su artículo 52, la ley 23.551, reglamentaria de la
libertad sindical constitucionalmente reconocida, ha violentado, de manera tan patente
como injustificada, la esfera en que el legislador puede válidamente dispensar
determinados privilegios a las asociaciones más representativas.” 23
Finalmente, para concluir la declaratoria de inconstitucionalidad del Art. 52 de la Ley de
Asociaciones Sindicales, la Corte se refiere de manera extensa y cuidadosa a las disposiciones
del Convenio núm. 87 y las observaciones de la Comisión de Expertos en la Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de la OIT que de manera reiterada había advertido al Estado
Argentino de la inconformidad del artículo en cuestión con lo previsto en le Convenio 87:
“Súmase a todo ello el aporte del antes citado Convenio n° 87 de la OIT, instrumento
indudablemente fundamental en la materia, (…) este instrumento es concluyente en
cuanto obliga al Estado, tanto “a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para
garantizar a los trabajadores [...] el libre ejercicio del derecho de sindicación” (artículo
11), cuanto a “abstenerse de toda intervención que tienda a limitar [...] o a entorpecer
[el] ejercicio legal” del derecho de las “organizaciones de trabajadores [...] de organizar
[...] sus actividades y el de formular su programa de acción” (artículo 3.1 y 2). (…)
En este sentido, corresponde tomar en especial consideración, dado su nexo específico
con la cuestión sub lite, el criterio de la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de la OIT (…) En efecto, la más que reciente conclusión
de este órgano (2008), da cuenta de que, no obstante la tutela general que prevé el
artículo 47 de la ley 23.551, “los artículos 48 y 52 [de ésta] establecen un trato de favor
a los representantes de las organizaciones con personería gremial en caso de actos de
23 Considerando núm. 4 de la sentencia.
25

discriminación antisindical [fuero sindical] que excede de los privilegios que pueden
otorgarse a las organizaciones más representativas” (…).
En suma, desde la primera hora, 1989, la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de la OIT se pronunció en términos desfavorables a la
compatibilidad de la ley 23.551, de 1988, con el Convenio n° 87 (…).
A iguales resultados conduce la doctrina del Comité de Libertad Sindical de la OIT, en
atención a lo adelantado en el párrafo precedente, y a lo formulado por el Tribunal en el
repetidamente citado Asociación Trabajadores del Estado.” 24
Una vez declarada la inconstitucionalidad de la norma en los términos ya expuestos, la Corte
revoca la sentencia apelada y remite el proceso al Tribunal para que se haga un nuevo
pronunciamiento en armonía con lo dispuesto por la Corte; es decir, reconociendo el derecho al
fuero sindical sin diferenciar si el representante pertenece a un sindicato con personería gremial
o a uno simplemente inscrito.
9. Corte Suprema de Argentina, Aníbal Raúl Pérez c. Disco S.A., 1 de septiembre de
2009, P. 1911. XLII
Tema: protección salarial
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 25 instrumentos no sujetos a ratificación; 26
jurisprudencia internacional 27
Concepto y naturaleza jurídica de la remuneración/ Vales alimentarios como parte de pago/
Beneficios sociales a los trabajadores/ Resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Un trabajador demanda para que al cálculo de la indemnización debida por despido injusto se
incluyan los conceptos de los vales alimentarios que le daba su empleador, pues él considera
que hacen parte de su remuneración. El fallo de primera instancia reconoció la petición pero fue
revocado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Dicha Cámara sostuvo que el
cálculo se había basado en una norma dictada por el Congreso que autorizaba a los empleadores
a reconocer ciertos beneficios sociales a los trabajadores con el objetivo de mejorar su calidad
de vida sin que ello contara dentro del concepto de salario. Dijo la Cámara además que la norma
no violaba la Constitución.
Sin embargo, la Corte Suprema se alejó del planteamiento anterior pues aclaró que no se trataba
de que el legislador no pudiese disponer la posibilidad de otorgar "beneficios sociales", sino que
con ello no se podía pretender cambiar “la naturaleza jurídica de lo que es propio de la
contraprestación”.
La Corte se ocupa de analizar la validez constitucional del artículo 131 de la ley 24.700 que
servía de fundamento para los llamados “beneficios sociales” y que los excluía del concepto de
24 Considerando núm. 6 de la sentencia.
25 Preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 1948; Convenio núm. 95 de la OIT sobre la
protección del salario, 1949; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966; Convención
Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), 1969; Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(“Protocolo de San Salvador”), 1988.
26 Declaración de Filadelfia de la OIT, 1944; Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948; Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948; Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una
Globalización Equitativa, 2008.
27 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.
26

emuneración. Para llevar a cabo dicho examen, la Corte acude al Art. 14 de la Constitución y el
principio protectorio en él consagrado y lo correlaciona con diferentes instrumentos
internacionales pues dice que en ellos se encuentra el contenido de los derechos que debe ser
respetado por el Legislador. Dice la Corte que “la naturaleza jurídica de una institución debe ser
definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen, con independencia del
nombre que el legislador o los particulares le atribuyan” y hace referencia a la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a la Declaración Universal de Derechos
Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (expresa y
puntualmente a los Art. 6º y 7º), a la Declaración de Filadelfia de la OIT en 1944, entre otros.
De este análisis la Corte concluye que los vales alimentarios son, en efecto, remuneración para
el trabajador:
“Corresponde centrar la atención en los Art. 6º y 7º del PIDESC puesto que, al resultar
"interdependientes" 28 proporcionan, con entera sencillez y elocuencia, pautas decisivas
para esclarecer la antes mencionada conceptualización y, por ende, para resolver el sub
lite. En efecto, dado que el primer precepto dispone que el derecho a trabajar
"comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo [ ... ]" (inc. 1º, itálicas agregadas), y el segundo califica, cuando
dicha oportunidad se materializa mediante un trabajo en relación de dependencia, como
"salario" o "remuneración" la prestación debida por el empleador al empleado, es
necesario concluir, entonces, en que resulta inadmisible que caiga fuera del alcance de
estas últimas denominaciones una prestación que, como los vales alimentarios en
cuestión, entrañó para el actor, inequívocamente, una "ganancia" y que, con no menor
transparencia, sólo encontró motivo o resultó consecuencia del mentado contrato o
relación de empleo.”
Dice la Corte que el contenido de las garantías constitucionales no puede ser cambiado por la
voluntad del legislador ni del empleador. Señala que el marco de reciprocidad del contrato de
trabajo debe regirse por el principio de justicia social y que todo lo atinente al salario supera los
límites de las reglas del mercado de trabajo y somete a éste a las exigencias superiores de la
protección de la dignidad de la persona y del bien común. La Corte hace una reflexión sobre la
justicia social en la cual hace referencia a la declaración sobre la justicia social de la OIT:
“No es otro, por cierto, sino la justicia social, el valor que ha guiado de continuo a la
OIT, desde el momento mismo de su creación (Tratado de Versalles, Sección I, primer
párrafo) hasta la actualidad, y que reafirma la reciente Declaración de la OIT sobre la
justicia social para una globalización equitativa (adoptada en Ginebra, 10-06-2008),
como modo de hacer frente a los desafíos del siglo XXI.”
La Corte agrega que una definición de remuneración en el ordenamiento jurídico argentino “en
manera alguna podría entenderse de alcances menores que la acuñada en el Art. 1º del Convenio
núm. 95 29 [de la OIT]sobre la protección del salario” y por ello considera conveniente acudir a
las reiteradas observaciones dirigidas al gobierno por la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de la OIT desde el año de 1995 y en las que se había
pronunciado expresamente sobre el artículo en cuestión:
“(…) más todavía; con todo ello, el órgano internacional, en rigor, persistía o daba
seguimiento a las censuras que había dirigido, en 1995, a los beneficios no
28 Tal y como lo ha establecido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su observación general
núm 18, El derecho al trabajo, 2005, E/C.12/GC/18, párrafo 8.
29 Artículo 1 del Convenio núm. 95: “A los efectos del presente Convenio, el término salario significa la
remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en
efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un
contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que
haya prestado o deba prestar”.
27

emuneratorios de los decretos 1477 y 1478 de 1989, y 333 de 1993, "destinados a
mejorar la alimentación del trabajador y de su familia", al concluir en "la existencia de
un vínculo entre los beneficios dirigidos a mejorar la alimentación del trabajador y de su
familia, y el trabajo realizado o el servicio prestado, en virtud de un contrato de trabajo.
Estos 'beneficios' —añadió— cualquiera sea el nombre que se le pueda dar (primas,
prestaciones complementarias, etc.), son elementos de la remuneración en el sentido del
artículo 1 del Convenio.
(…)
De ahí que, en las anteriormente recordadas observaciones de 1998 y 1999, el órgano
internacional expresara que "lamenta [ba] observar que esta nueva legislación [art. 103
bis de la LCT, según el texto de la ley 24.700] retrotrae a la situación de discrepancia
con las disposiciones del Convenio", que ya había puntualizado, repetidamente, en
punto a los decretos 1477 y 1478 de 1989, y 333 de 1993.”
10. Corte Suprema de Argentina, Asociación Trabajadores del Estado c. Ministerio de
Trabajo, 11 de noviembre de 2008, A. 201. XL
Tema: libertad sindical
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 30 instrumentos no sujetos a ratificación; 31
jurisprudencia internacional 32
Asociaciones sindicales de trabajadores/ Constitucionalidad/ derecho de asociación/ Derechos
del trabajador/ Libertad sindical/ Personería gremial/ Uso del derecho internacional como
guía para la interpretación del derecho interno
En el derecho doméstico argentino, el artículo 41, inciso a, de la ley 23.551 (Ley de
Asociaciones Sindicales) dispone que los delegados del personal y los integrantes de las
comisiones internas y organismos sindicales similares previstos en la ley deben estar afiliados a
la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegidos en comicios convocados
por ésta.
El modelo sindical argentino permite dentro de una misma actividad la coexistencia de varios
sindicatos con simple inscripción en un registro que lleva el Ministerio de Trabajo de la Nación,
pero sólo uno de estos sindicatos (el que tiene mayor representación) tiene la personería gremial
que lo faculta a la entera representación gremial.
En el presente caso un sindicato sin personería gremial - Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE) - convocó a elecciones de delegados. Esta convocatoria fue resistida por la entidad
gremial con personería gremial - Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA) -
y fue declarada inválida en sede administrativa por la Dirección Nacional de Asociaciones
Sindicales, cuya decisión fue confirmada por el Ministerio de Trabajo. En la via recursiva
30 Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), 1969; Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966;
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), 1988: Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948.
31 Constitución de la OIT, 1919; Declaración de Filadelfia de la OIT, 1944; Declaración Universal de Derechos
Humanos, 1948; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948; Declaración de la OIT
relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, 1998.
32 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Corte Interamericana de Derechos Humanos; Comité de
Libertad Sindical de OIT; Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.
28

judicial, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirma lo decidido por el Ministerio
de Trabajo, y el trámite se presente ante la Corte Suprema de Justicia por via de Recurso
Extraordinario.
La Corte analiza el contenido del derecho a la libertad de asociación sindical consagrado en el
artículo 14 de la constitución en sus dimensiones individual y colectivo. Para este estudio, la
Corte acude a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
“Según lo juzgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los términos del art.
16.1 de la Convención Americana establecen "literalmente" que "quienes están bajo la
protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de asociarse
libremente con otras personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o
entorpezcan el ejercicio del respectivo derecho, lo que representa, por lo tanto, un
derecho de cada individuo", sino que, "además, gozan del derecho y la libertad de
buscar la realización común de un fin lícito, sin presiones o intromisiones que puedan
alterar o desnaturalizar su finalidad" (Caso Huilca Tecse vs. Perú, cit., párr. 69 y su
cita). La libertad de asociación en "materia laboral", por ende, así como en su
dimensión individual "no se agota con el reconocimiento teórico del derecho a formar
sindicatos, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar
cualquier medio apropiado para ejercer esa libertad", en su dimensión social (…)”
La Corte concluye que la norma doméstica argentina recurrida (artículo 41, inciso a, de la ley
23.551) es violatoria del derecho a la libertad de asociación sindical tanto en el plano individual
como en el colectivo. Así la Corte observa que esta norma limita injustificadamente:
“en primer lugar, la libertad de los trabajadores individualmente considerados que
deseen postularse como candidatos, pues los constriñe, siquiera indirectamente, a
adherirse a la asociación sindical con personería gremial, no obstante la existencia, en el
ámbito, de otra simplemente inscripta. En segundo termino, la libertad de estas últimas
[los organismos sindicales registrados sin personería gremial], al impedirles el
despliegue de su actividad en uno de los aspectos y finalidades más elementales para el
que fueron creadas.”
En el aspecto colectivo del derecho a la libertad de asociación sindical, la Corte construye su
interpretación de este derecho constitucional acudiendo al Convenio núm. 87 de la OIT y a la
jurisprudencia de los órganos de control de la OIT en particular en lo referente al tema de las
prerogativas que se pueden atribuir a los sindicatos más representativos sin infringir el derecho
de los trabajadores a afiliarse a los sindicatos que estimen conveniente y el derecho de las
organizaciones sindicales de organizar sus actividades y de elegir libremente a sus
representantes:
“[E]ste orden conceptual se corresponde con la interpretación del Convenio N° 87 y la
labor de dos órganos de control internacional de la OIT. [...] Al efecto, en fecha
reciente, la Comisión de Expertos ha "recordado" al Estado argentino, "que la mayor
representatividad no debería implicar para el sindicato que la obtiene, privilegios que
excedan de una prioridad en materia de representación en las negociaciones colectivas,
en la consulta por las autoridades y en la designación de los delegados ante los
organismos internacionales" (Observación individual sobre el Convenio sobre la
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Argentina
(ratificación: 1960), 2008). [...] (Y), en 1989, al formular sus observaciones sobre la ley
23.551, la Comisión de Expertos advirtió que no parecía estar en conformidad con el
Convenio n° 87 la disposición de aquélla, conforme a la cual, "las funciones de
representante de los trabajadores en la empresa sólo pueden ser ejercidas por los
miembros de [las] organizaciones que poseen la personería gremial". […]
Estos criterios de la mentada Comisión resultan, indudablemente, del todo concordes
29

con los del Comité de Libertad Sindical: si bien a la luz de la discusión del proyecto de
Convenio n° 87 y de la Constitución de la OIT (art. 5.3), "el simple hecho de que la
legislación de un país establezca una distinción entre las organizaciones sindicales más
representativas y las demás organizaciones sindicales no debería ser en sí criticable", es
"necesario" que la distinción no tenga como consecuencia "conceder a las
organizaciones más representativas [...] privilegios que excedan de una prioridad en
materia de representación en las negociaciones colectivas, consultas con los gobiernos,
o incluso en materia de designación de los delegados ante organismos internacionales
[…]" (Libertad sindical: Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical del Consejo de Administración de la OIT, Ginebra, OIT, 4ª. ed. revisada, 1996,
párr. 309)”.
Interpretando la Constitución a la luz del Convenio núm. 87 de la OIT y de la jurisprudencia de
la Comisión de Expertos y del Comité de Libertad Sindical de la OIT, la Corte declara
inconstitucional el artículo y revoca la sentencia apelada.
11. Cámara Nacional de Apelaciones, Sala V, Parra Vera Maxima c. San Timoteo SA
conc., 14 de junio de 2006, expediente 144/05 s.d. 68536
Temas: despido; libertad sindical; protección frente a la discriminación antisindical
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 33 jurisprudencia internacional 34
Despido/ Discriminación antisindical/ Acción de amparo/ Traslado de la carga probatoria/ Uso
del derecho internacional como guía para la interpretación del derecho interno
Una trabajadora despedida por motivos de reestructuración, acudió a la justicia alegando haber
sido víctima de discriminación antisindical. La demandante apeló la sentencia de primera
instancia que rechazó sus pretensiones a obtener la reincorporación a su puesto de trabajo y el
pago de los salarios caídos desde la fecha de su despido. En primer grado se negaron sus
pretensiones por considerar que las declaraciones testimoniales no eran suficientemente eficaces
para acreditar que el despido obedecía a una actitud discriminatoria de parte de la demandada;
Así mismo se argumentó que cuando se pretende nulificar un despido considerado
discriminatorio, se requiere la producción de una prueba totalmente convincente y una
apreciación muy exigente de los elementos acompañados, lo cual, en criterio del juez, no se
daba en el caso.
La Cámara de apelaciones debía entonces aclarar si el despido de la recurrente había sido un
acto discriminatorio como represalia contra la actividad sindical realizada por aquella.
Para dirimir el caso, la Cámara subrayó la relevancia del derecho internacional al establecer que
debe ser fundamento de cualquier actuación por parte del poder judicial argentino, en razón de
la prevalencia que la Constitución de este país le ha otorgado a las normas internacionales
dentro del ordenamiento jurídico argentino:
“La sola invocación de las normas de la ley de contrato de trabajo que reglamentan el
derecho a la protección contra el despido arbitrario y al trabajo para desestimar la
33 Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; Convenio
núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958; Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, 1966; Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), 1969.
34 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT; Comité de Libertad Sindical de
la OIT; Corte interamericana de derechos humanos.
30

pretensión de la actora, no solo seria insostenible en el orden jurídico nacional, sino que
comprometería gravemente la responsabilidad internacional del Estado Argentino.” 35
En particular, los magistrados de segundo grado atribuyeron una decisiva importancia a la labor
de los órganos de control de la OIT declarando que:
“La reforma constitucional argentina de 1994 ha conferido jerarquía constitucional a
varios tratados, declaraciones y pactos internacionales de derechos humanos, entre
ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…)Los informes, estudios y
demás opiniones constitutivas de la doctrina de los organismos de control de la
Organización Internacional del Trabajo, y, en general, las opiniones y decisiones
adoptadas por los organismos internacionales de fiscalización y aplicación de los
tratados, pactos y declaraciones universales de derechos humanos de jerarquía
constitucional y supralegal deben servir de guía insoslayable para su interpretación y
aplicación por los tribunales argentinos”. 36
Más específicamente, la Cámara se pronunció sobre la “jurisprudencia” de la Comisión de
Expertos y del Comité de Libertad Sindical de la OIT declarando en cuanto a ambos que “el
conocimiento de esta jurisprudencia es sumamente importante para poder apreciar los alcances
de las distintas normas contenidas en un convenio”. 37
Con base en estas fuentes, la jurisdicción de segundo grado disintió de la decisión de primera
instancia, en primer lugar por considerar la dificultad probatoria como uno de los mayores
obstáculos para conseguir una protección eficaz en contra de los actos de discriminación
emanados de particulares. En este sentido, la Cámara estableció que cuando el trabajador se
considera discriminado, para responder a las exigencias de tutela de sus derechos fundamentales
y a las dificultades probatorias del hecho lesivo, debe producirse un desplazamiento de las
reglas tradicionales de distribución de la carga de la prueba siempre que el trabajador pueda
“aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental,
principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél”.
Para sustentar la inversión de la carga probatoria que consideraban decisiva en tal caso, los
magistrados de la jurisdicción de segundo grado se inspiraron en el Estudio general de la
Comisión de expertos relativo al Convenio núm.111 de la OIT sobre la discriminación en el
empleo y la ocupación. 38 Con fundamento en tal principio, la jurisdicción de segundo grado
consideró demostrado el carácter discriminatorio del despido sufrido por la trabajadora.
En cuanto a la sanción aplicable a dicho despido, los integrantes de la Cámara se refirieron a
varias disposiciones, entre ellas al artículo 1 del Convenio núm. 98 de la OIT que prevé que los
trabajadores deberán gozar de una protección adecuada contra los actos de discriminación
antisindical. Al respecto, la jurisdicción mencionó la posición del Comité de libertad sindical de
la OIT según la cual cuando “la legislación nacional permite a los empleadores, a condición de
que paguen la indemnización prevista por la ley en todos los casos de despido injustificado,
despedir a un trabajador, si el motivo real es su afiliación a un sindicato o su actividad sindical,
no se concede una protección suficiente contra los actos de discriminación antisindical cubiertos
por el Convenio núm. 98”.
Inspirándose en la labor de los órganos de control la OIT, la Cámara de apelaciones decidió
revocar la sentencia de primera instancia, declarar la nulidad del despido y el reintegro de la
35 P. 25 de la sentencia.
36 P. 10 de la sentencia.
37 P. 7 de la sentencia.
38 OIT: Igualdad en el empleo y la ocupación. Estudio general de la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones, Informe III(4B), Conferencia Internacional del Trabajo, 75.ª reunión, Ginebra, 1988.
31

trabajadora, por considerar que debido a la forma en que se desarrollaron los hechos previos al
despido, este fue un acto efectivamente discriminatorio por motivos antisindicales.
12. Corte Suprema de Argentina, Isacio Aquino c. Cargo Servicios Industriales S.A., 21
de septiembre de 2004, A. 2652. XXXVIII
Temas: seguridad y salud en el trabajo; derecho a la salud; protección frente a la discriminación
en el empleo y la ocupación; derecho a la tutela judicial efectiva; derecho de reparación
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 39 instrumentos no subjetos a ratificacion; 40
jurisprudencia internacional; 41 jurisprudencia comparada 42
Accidente de trabajo/ Acción civil/ Aseguradora de riesgos del trabajo/ Constitución nacional/
constitucionalidad/ Daños y perjuicios/ Indemnización/ Riesgos del trabajo/ Reparación
integral/ Responsabilidad civil/ Valuación del daño/ Resolución directa del litigio con base en el
derecho internacional
El trabajador sufrió un grave accidente de trabajo al caer de un techo de chapa de unos diez
metros de altura, en el que se encontraba trabajando, siguiendo las directivas de su empleadora,
sin que se le hubiera provisto ningún elemento de seguridad o se hubiera instalado una red o
mecanismo protectorio para el supuesto de caídas. Al momento del accidente, el actor tenía 29
años de edad.
Como consecuencia del accidente de trabajo, se determinó que el actor sufría del 100% de
incapacidad laboral.
En el ordenamiento jurídico argentino, los accidentes y enfermedades laborales son regulados
por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) núm. 24.557 que crea un sistema reparador de los
daños sobre la idea de un seguro: la empresa empleadora contrata con una Administradora de
Riesgos del Trabajo (ART) la cobertura de sus empleados, y la ART cumple las funciones de
prevención y reparación de los daños ocasionados al trabajador por enfermedades o accidentes
de trabajo.
La LRT sólo indemniza daños materiales y, dentro de éstos, únicamente el lucro cesante, lo
cual, a su vez, sólo resulta mensurable en forma restringida.
En el sistema de la LRT, la contratación de la ART por parte del empleador implicaba la
eximición por parte de éste último de toda responsabilidad por los daños sufridos por el
trabajador por el hecho o en ocasión del trabajo, con la única excepción del caso de dolo del
empleador. El trabajador damnificado recibía únicamente las prestaciones de la LRT por parte
de la ART. De este modo, no existía para el trabajador la posibilidad de reclamar la
indemnización de daños conforme las pautas generales del Código Civil argentino.
39 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966; Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979; Convención sobre los Derechos del Niño, 1989;
Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), 1969; Preámbulo de la Carta
de la Organización de los Estados Americanos, 1948; Declaración Sociolaboral de MERCOSUR, 1998.
40 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948; Preámbulo de la Constitución de OIT, 1919.
41 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Corte Interamericana de Derechos Humanos.
42 Corte de Arbitraje belga: sentencia núm. 33792, 7-5-1992, IV, B.4.3; sentencia núm. 40/94, 19-5-1994, IV, B.2.3;
Tribunal Constitucional de Portugal: decisión núm 39/84; Consejo Constitucional francés: decisión núm. 94-359 DC
del 19.01.1995 (Recueil des décisions du Conseil Constitutionnel 1995; Corte Europea de Derechos Humanos: James
y otros, sentencia del 21.02.1986.
32

La Corte encuentra que el régimen indemnizatorio de la LRT aplicable en el caso era
marcadamente insuficiente y no conducía a la reparación plena e integral que debía garantizarse
al trabajador en acuerdo con el principio constitucional que prohíbe a las personas perjudicar los
derechos de un tercero (art. 19). También encontró que el sistema era incompatible con los
principios de la “protección del trabajo” y de garantizar “condiciones dignas y equitativas del
trabajo” estipulado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional 43 y a otras normas enunciadas
en diversos instrumentos internacionales de jerarquía constitucional (en particular en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) contenidos en el art. 75, inc. 22,
de aquélla.
La Corte concluye también que la LTR no es compatible con el principio de justicia social:
“[...]el régimen de la LRT cuestionado tampoco se encuentra en armonía con otro
principio señero de nuestra Constitución Nacional y del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos: la justicia social, que cobra relevante aplicación en el ámbito del
derecho laboral a poco que se advierta que fue inscripto, ya a principios del siglo
pasado, en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, como un medio para establecer la paz universal, pero también como un fin
propio. Entre otros muchos instrumentos internacionales, los Preámbulos de la Carta de
la Organización de los Estados Americanos y de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, a su turno, no han cesado en la proclamación y adhesión a este
principio, que también revista en el art. 34 de la antedicha Carta (según Protocolo de
Buenos Aires). Empero, es incluso innecesario buscar sustento en los mentados
antecedentes, por cuanto la justicia social, como lo esclareció esta Corte en el ejemplar
caso "Berçaitz", ya estaba presente en nuestra Constitución Nacional desde sus mismos
orígenes.”
En consecuencia, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la limitación impuesta al trabajador
de reclamar frente a su empleador la indemnización plena de los daños y perjuicios sufridos por
un accidente de trabajo y al eximir al empleador de responsabilidad civil.
43 Constitución argentina, Artículo 14 bis:
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones
dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital
móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la
producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público;
organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el
derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su
gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la
ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía
financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir
superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de
familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”
33

13. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI, Balaguer, Catalina T. c.
Pepsico de Argentina S.R.L., 10 de marzo de 2004
Temas: acceso a la justicia; derecho a la tutela judicial efectiva; protección frente a la
discriminación antisindical
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 44 instrumentos no subjectos a ratificacion 45
Amparo/ Derecho a la no discriminación/ Invocación de causa genérica en el despido/
Principio de libertad sindical/ Reincorporación de la trabajadora/ Resolución directa del litigio
con base en el derecho internacional
La actora era una trabajadora sin cargo gremial y, por lo tanto, no gozaba de la estabilidad
propia (imposibilidad de ser despedido, suspendido o modificadas las condiciones del contrato
de trabajo sin un juicio previo de exclusión de tutela) que el derecho argentino otorga a los
dirigentes sindicales bajo la norma doméstica: ley de asociaciones sindicales núm. 23.551. Sin
embargo, la actora era la esposa de un dirigente sindical amparado por dicha tutela legal y,
además, ella misma en los hechos realizaba habitualmente la actividad de defensa de los
derechos de sus compañeras trabajadoras.
Luego de un conflicto colectivo en el cual la actora tuvo activa participación, la empresa
comunicó a la Sra. Balaguer su despido justificándolo en razones de su bajo desempeño. La
actora rechazó el despido manifestando que la verdadera razón que motivó la ruptura del
contrato de trabajo era su actividad en defensa de los derechos de los trabajadores y su
condición de esposa de un dirigente sindical, e inició una acción judicial de amparo reclamando
su reinstalación en su puesto de trabajo con fundamento en el carácter discriminatorio de su
despido.
La legislación específica laboral argentina, en su aspecto de derecho laboral individual, no
contiene disposiciones directas sobre el despido discriminatorio (sin perjuicio de que se prohíbe
la discriminación); y a nivel de derecho laboral colectivo, la ley de asociaciones sindicales no
prevé la posibilidad de reinstalación frente a la conducta antisindical de un empleador.
El juez de grado hizo lugar al reclamo de la Sra. Balaguer, aceptando la via del amparo y
disponiendo su reinstalación, con fundamento en la legislación interna argentina de carácter
general (no específicamente laboral) que prohíbe bajo pena de nulidad todo acto de
discriminación (ley 23.592).
Por vía de recurso de apelación, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirma la
sentencia. En su decisorio, la Cámara analiza la comunicación de despido, afirmando que la
invocación de razones genéricas o amplias (en éste caso, “bajo desempeño”) no son suficientes
para satisfacer el requisito impuesto por la legislación doméstica laboral argentina de justificar
la causa del despido. Y ante la ausencia de razón fundada en el despido, la denuncia de
discriminación de la actora se torna verosímil, siendo procedente su tutela jurisdiccional por la
via del amparo.
44
Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; Convenio
núm. 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, 1966; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966; Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 1965; Convención Americana
sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), 1969; Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979; Convención sobre los Derechos del Niño, 1989.
45
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948; Declaración Universal de Derechos
Humanos, 1948.
34

Como fundamento de su decisión, la Cámara Nacional de Apelaciones no sólo se refiere a la ley
argentina sobre anti-discriminación (Ley 23.551), sino que además fundamenta el fallo en la
aplicación de las normas internacionales ratificadas por Argentina: el sistema americano y de las
Naciones Unidas de protección de derechos humanos que sirve de fundamento al derecho a la
no discriminación.
En lo que hace a la protección del trabajador con actividad sindical pero sin un cargo formal en
la entidad sindical, la Corte hace referencia particularmente a los Convenios núm. 87 y 98 de la
OIT que amplían la base de los sujetos protegidos en relación a lo previsto por la legislación
doméstica argentina. La Corte observa:
“[Que] el artículo 1 del Convenio Nro. 98, en su apartado 1, establece que “... los
trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación
tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo...” y en el
apartado 2 inciso b) se prevé que ... dicha protección deberá ejercerse especialmente
contra todo acto que tenga por objeto ... “despedir a un trabajador o perjudicarlo en
cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en
actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del
empleador, durante las horas de trabajo ...””.
Siendo calificado el despido como un acto discriminatorio por estar verdaderamente motivado
en la actividad sindical de la actora corresponde su declaración de nulidad y, como
consecuencia del acto nulo, la reinstalación de la trabajadora es procedente:
“En el caso, carece de relevancia la postura de la recurrente vinculada con que Balaguer
carecía de estabilidad sindical y que el art. 47 de la ley 23.551 no posibilitaría la
reinstalación, pues la normativa ya citada que protege frente a conductas
discriminatorias es más amplia que la tutela que confiere la ley 23.551, pues sanciona
cualquier trato desigual fundado en diferentes circunstancias, incluso las ideas o
actividad sindical.
Aclarado todo ello, cabe señalar que el despido discriminatorio, en el régimen de la ley
23.592 y en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (cfr. art. 75 inc. 22
C.N.), tiene como rango distintivo que la discriminación debe "cesar" y -en mi opinión-
la única forma de lograrlo es la de reponer al trabajador en su puesto de trabajo, ya que
los despidos discriminatorios son nulos y carecen de eficacia. ”
35

14. Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur, Susana Elena
Ordóñez c. Gobierno de la Provincia de Tierra de Fuego, sobre contencioso
administrativo sobre incidente, 29 de agosto de 2000, sentencia interlocutoria núm.
787
Temas: acceso a la justicia; principio general de igualdad
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 46
Acceso a la justicia/ Principio de igualdad/ Ley que establece el pago de tasas judiciales a los
trabajadores del sector público/ Principio constitucional de gratuidad y garantía de igualdad/
Interpretación de garantías constitucionales a la luz del derecho internacional para aclarar la
definición de un término
La demandante planteó la inconstitucionalidad de una ley 47 que obligaba a pagar tasas judiciales
a los trabajadores del sector público en el caso de que instaran juicio contra su empleador,
señalando que tal disposición violaba la Constitución Provincial 48 que consagraba, como
garantía del trabajador, la gratuidad de actuaciones administrativas o judiciales de naturaleza
laboral, profesional o gremial.
Para comprobar si la ley violaba la Constitución Provincial, el Juzgado de Primera Instancia de
Trabajo analizó la disposición constitucional que reconocía el principio de gratuidad de acceso a
la justicia para determinar si esta última se aplicaba también a los trabajadores del sector
público. A tal efecto, el juzgado se refirió al Convenio núm. 151 de la OIT para interpretar el
sentido del término trabajador incluido en la disposición constitucional.
El juzgado consideró que de dicha interpretación se colige que cuando la norma de gratuidad se
refiere al trabajador, no hace distinción entre trabajador del sector público y aquel del sector
privado, por lo que el beneficio de la gratuidad en los procesos judiciales les corresponde a
ambas categorías de trabajadores, no debiendo excluir de este beneficio a los empleados
públicos.
En efecto el Juzgado, señaló “(…) el inciso 9 del artículo 16 de la Constitución Provincial
resulta aplicable a los trabajadores de ambos sectores, toda vez que en este caso la palabra
“laboral” debe entenderse como referida a cuestiones vinculadas con la ocupación de las
personas en relación de dependencia sea contrato de trabajo o contrato de empleo público y no a
casos regidos exclusivamente por el Derecho del Trabajo”. “Esta interpretación coincide
también con la utilización que del vocablo “trabajador” efectúa la Organización Internacional
del Trabajo, que sólo distingue entre los pertenecientes al Sector Público de los del Privado en
casos puntuales que requieren distinto o expreso tratamiento debido a las particularidades
derivadas de la naturaleza jurídica del empleador (vgr. Convenio núm. 151).”
Interpretando la Constitución Provincial a la luz del Convenio núm. 151 de la OIT, el Juzgado
del Trabajo del Distrito Judicial Sur señaló que el beneficio de la gratuidad de acceso a la
justicia se aplicaba tanto a los trabajadores públicos como a los privados, motivo por el cual
declaró la inconstitucionalidad de la ley que establecía el pago de tasas a los trabajadores del
sector público.
46 Convenio de la OIT núm. 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1979.
47 Artículo 41 de la Ley de tasas judiciales núm. 460 promulgada el 27/12/99.
48 Artículo 16, 9) de la Constitución Provincial: “El trabajo es un derecho y un deber social; es el medio legítimo e
indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona y de la comunidad. Tierra del
Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur es una Provincia fundada en el trabajo y como tal reconoce a todos sus
habitantes los siguientes derechos: A la gratuidad para la promoción de actuaciones administrativas o judiciales de
naturaleza laboral, profesional o gremial.”
36

15. Juzgado núm. 20, Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.) y otros c. el
Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional, 29 de agosto de 2000, sentencia
núm. 19.896
Tema: negociación colectiva
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 49 instrumento no sujeto a ratificación 50
Negociación colectiva en el sector público/ Reducción de la remuneración del personal por
decretos del Ejecutivo/ Aplicación directa del derecho internacional para descartar una
disposición nacional de jerarquía inferior
El Ejecutivo emitió unos decretos que reducían la remuneración del personal del sector público,
cuya cantidad había sido pactada mediante negociación colectiva. Ante tal hecho, los
funcionarios públicos promovieron una acción de amparo contra el Estado solicitando se
declarase la inconstitucionalidad y la nulidad de dichos decretos por violación de los convenios
colectivos. 51
Para determinar si los decretos que reducían la remuneración del personal del sector público
eran válidos, el Juzgado se refirió al Convenio núm. 95 de la OIT sobre la protección del
salario. 52 El Juzgado consideró que dicho Convenio reconocía el derecho de los trabajadores a
gozar de los salarios pactados.
El Juzgado se pronunció sobre la aplicación del Convenio núm. 95 de la OIT señalando lo
siguiente:
“(…) el derecho de los trabajadores a percibir su remuneración de acuerdo con el nivel
alcanzado antes del decreto cuestionado se encuentra expresamente protegido por el
Convenio núm. 95 de la OIT sobre la protección del salario 53 (ratificado por Decreto
Ley 11.594/56) aplicable a todas las personas a quienes se pague o deba pagarse un
salario.”
El Juzgado consideró además otros dos instrumentos internacionales:
“(…) la rebaja que dispone el Decreto 430/00 y el Decreto 461/00 vulnera claramente
una disposición expresa del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales 54 que, como es sabido, tiene jerarquía constitucional (artículo 75 (22) CN).
49
Convenio núm. 95 de la OIT sobre la protección del salario, 1949; Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, 1966.
50
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948.
51
En virtud del ordenamiento jurídico argentino, los empleados públicos se rigen por el derecho público para
aspectos formales del vínculo laboral y, en lo relacionado al desenvolvimiento interno de la relación, se rigen por el
derecho privado. Dentro de éste último, figura la posibilidad de precisar las condiciones de trabajo mediante
negociación colectiva.
52
De conformidad con el artículo 75, 22) de la Constitución Nacional de la República Argentina los tratados
internacionales tienen jerarquía superior a las leyes.
53
El artículo 8 de dicho Convenio solo autoriza descuentos de acuerdo con las condiciones que surjan de la
“legislación nacional”, un contrato colectivo o un laudo arbitral. De esta disposición el Juzgado dedujo la
imposibilidad de establecer una reducción remuneratoria por vía de un decreto. Dicho Convenio ratificado, de
acuerdo con lo previsto por el artículo 75, 22) primer párrafo de la Constitución Nacional tiene jerarquía supralegal.
54
Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que
le aseguren en especial: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario
equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las
mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual.”
37

(…) que el artículo XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (referido al derecho al trabajo y a una justa retribución) establece que toda
persona tiene derecho a recibir una remuneración que le asegure un nivel de vida
conveniente para si misma y su familia.”
Así el Juzgado núm. 20 aplicó directamente el Convenio núm. 95 de la OIT para declarar la
inconstitucionalidad y nulidad de los decretos que rebajaban la remuneración de los
funcionarios públicos pactada por convenio colectivo. Además, el Juzgado ordenó la
reintegración del importe descontado.
16. Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur, Vargas,
Bernardo Silenio c. el Poder Ejecutivo Provincial, Ministerio de Salud y Acción Social
de la Provincia sobre contencioso administrativo, 30 de septiembre de 1998, causa
núm. 556, sentencia definitiva núm. 565
Temas: libertad sindical; despido
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: jurisprudencia internacional 55
Despido/ Libertad de expresión dentro del marco de la libertad sindical/ Referencia al derecho
internacional para reforzar una decisión basada en el derecho interno
Un trabajador tenía a su cargo la gestión de residuos humanos en un hospital. Debido al fallo de
algunas máquinas, la labor del empleado no se realizaba adecuadamente, ante lo cual el
trabajador dio a conocer al Sindicato, mediante la cesión de fotografías, el funcionamiento
inadecuado de la maquinaria, que era contrario a las normas vigentes sobre la salud. A
continuación, el Sindicato difundió dichas fotografías a los medios de comunicación.
Estos hechos motivaron que el trabajador fuera despedido, razón por la cual éste interpuso el
presente recurso, solicitando la nulidad del despido por cuanto consideró que las faltas
atribuidas no merecían tal sanción, alegando que se estarían violando la libertad de expresión y
la libertad sindical.
Para examinar si el despido era contrario a la libertad de expresión dentro del marco de la
libertad sindical, el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo utilizó la “jurisprudencia” del
Comité de Libertad Sindical de la OIT para reforzar los principios ya incorporados a la ley de
asociaciones sindicales 56 referida a que los trabajadores y sus organizaciones respectivas deben
disfrutar de libertad de opinión y de expresión en sus reuniones, publicaciones y demás
actividades.
El juzgado señaló literalmente lo siguiente:
55 Comité de Libertad Sindical de la OIT.
56 Artículo 1 de la Ley de asociaciones sindicales núm. 23.551 promulgada el 14/4/88: “La libertad sindical será
garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales.”
Artículo 3: “Entiéndase por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de
trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador.”
Artículo 5, d): “Las asociaciones sindicales tienen los siguientes derechos: Formular su programa de acción, y
realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores. En especial, ejercer el derecho a
negociar colectivamente, el de participar, el de huelga y el de adoptar las demás medidas legítimas de acción
sindical.”
38

“En ese sentido, advierto que dicha tarea carece del carácter difamatorio, desleal y de
intencionalidad política que le asigna la demandada, y que, a lo sumo, a raíz de la
publicación de las fotografías en cuestión, se aceleraron las transformaciones que se
hicieron en el hospital (provisión de un nuevo horno incinerador y cambio en el sistema
de traslado de los residuos al basurero municipal).
La mentada actividad, entonces, halla legitimidad dentro de la doctrina que establece
que el ejercicio pleno de los derechos sindicales requiere la existencia de una corriente
libre de informaciones, opiniones e ideas en sus reuniones, publicaciones y otras
actividades sindicales (Recopilación de la OIT de 1985, párrafo 175) 57 y que la libertad
sindical no implica solamente el derecho de los trabajadores y empleadores a constituir
libremente las asociaciones de su elección, sino también el de las asociaciones
profesionales mismas a entregarse a actividades lícitas en defensa de sus intereses
profesionales (Recopilación de la OIT de 1985, párrafo 345).” 58
En consecuencia, basándose en la ley de asociaciones sindicales y haciendo referencia a los
principios aludidos por la “jurisprudencia” del Comité de Libertad Sindical de la OIT referente a
la libertad de expresión dentro del marco de la libertad sindical, el Juzgado del Trabajo del
Distrito Judicial Sur declaró la nulidad de las resoluciones administrativas de despido.
17. Corte Suprema de Argentina, Ekmekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros, 7
julio de 1992, E.64.XXIII
Temas: libertad de expresión; dignidad de la persona; derecho de réplica
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratados ratificados; 59 jurisprudencia internacional 60
Libertad de prensa y dignidad de la persona/ Derecho de réplica/ Superioridad de los tratados
internacionales ratificados sobre las leyes nacionales/ Carácter de aplicabilidad directa de las
disposiciones de un tratado internacional
En razón del derecho de replica que según su criterio le concedía el artículo 14.1 del Pacto de
San José de Costa Rica ratificado por Argentina, el recurrente interpuso recurso de amparo ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, contra el conductor de un programa televisivo
quien se había negado a leer durante el mismo una carta documento que respondía a un
periodista quien en ocasión anterior había expresado frases consideradas como agraviantes por
el recurrente.
La primera instancia rechazó las pretensiones del actor argumentando entre otras razones que el
derecho de respuesta no tenía carácter operativo porque el propio Pacto de San José de Costa
Rica lo consagra “en las condiciones que establezca la ley”, y esto inhibe su carácter
autoejecutable mientras no se reglamenten sus requisitos sustanciales y se regule procesalmente
su ejercicio, lo cual no había hecho la legislación argentina en aquella época.
57
OIT: La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de
Administración de la OIT (Ginebra, 1985), tercera edición, párrafo 175. En la versión actualizada de dicha
recopilación (quinta edición revisada, 2006) ver párrafo 154.
58
OIT: La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de
Administración de la OIT, 1985, op. cit., párrafo 345. En la versión actualizada de dicha recopilación (quinta edición
revisada, 2006) ver párrafo 495.
59
Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), 1969; Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, 1969.
60
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
39

Tal rechazo motivó la queja del recurrente ante la Corte Suprema, que más allá de decidir si el
derecho de respuesta constituía un remedio eficaz para la situación de indefensión a la dignidad
humana en que pueden encontrarse las personas ante la actividad de los medios de
comunicación, debía examinar si el derecho de respuesta protegido por el Pacto de San José era
directamente operativo en el derecho interno argentino o si era necesaria su complementación
legislativa.
Para la época del fallo todavía no se había efectuado la reforma constitucional de 1994 que
reconoce expresamente la preeminencia de los tratados internacionales ratificados sobre las
leyes. Además hasta la fecha la jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina seguía una
posición dualista al haber considerado en varios fallos que la eficacia en el derecho interno de
los tratados internacionales ratificados quedaba supeditada a la incorporación legislativa de su
contenido.
Con este caso, la Corte dio un giro fundamental a su jurisprudencia, abandonando primero la
teoría dualista mediante el reconocimiento de la superioridad jerárquica de los tratados
ratificados sobre la legislación nacional, y adoptando además una apreciación amplia del
carácter directamente aplicable de las disposiciones de los tratados internacionales.
Para reconocer la superioridad de los tratados ratificados sobre las leyes internas en vista de la
ausencia de disposición constitucional expresa al respecto, la Corte se basó en la ratificación por
parte de Argentina de la Convención de Viena sobre el derecho de de los tratados, al declarar:
“Que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados -aprobada por ley 19.865,
ratificada por el Poder Ejecutivo nacional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor desde el
27 de enero de 1980- confiere primacía al derecho internacional convencional sobre el
derecho interno. Ahora esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico
argentino. La convención es un tratado internacional, constitucionalmente válido, que
asigna prioridad a los tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito del
derecho interno, esto es, un reconocimiento de la primacía del derecho internacional por
el propio derecho interno”.
Esta convención ha alterado la situación del ordenamiento jurídico argentino contemplada en los
precedentes de Fallos: 257:99 y 271:7 (La Ley, 43-458; 131-773), pues ya no es exacta la
proposición jurídica según la cual “no existe fundamento normativo para acordar prioridad” al
tratado frente a la ley. Tal fundamento normativo radica en el artículo 27 de la Convención de
Viena, de acuerdo con el cual “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado”
En tal sentido la Corte declaro “Que la necesaria aplicación del artículo 27 de la Convención de
Viena impone a los órganos del Estado argentino asignar primacía al tratado ante un eventual
conflicto con cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones que, en
sus efectos, equivalgan al incumplimiento del tratado internacional en los términos del citado
artículo 27.”
Planteado este principio general, quedaba por determinar si el artículo 14, 1) del Pacto de San
José reconocía un derecho directamente exigible ante los tribunales argentinos en ausencia de
desarrollo legislativo de su contenido.
Para determinar su posición, la Corte se refirió a una opinión consultiva de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la cual la jurisdicción regional calificaba el artículo
14, 1) del Pacto como directamente aplicable. La Corte Interamericana, órgano competente para
interpretar el Pacto de San José, declaro en uno de sus pronunciamientos que el Pacto se dirige a
reconocer derechos y libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo,
considerando por lo tanto que cuando el Pacto dispone que el derecho de respuesta se ejercerá
40

“en las condiciones que establezca la ley”, únicamente se refiere a cuestiones estrictamente
procedimentales (publicación de la respuesta, tiempo para ejercer el derecho, etc.) propias de
cada sistema jurídico interno.
Apoyada en lo anterior, la Corte Suprema argentina declaró:
“cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga
internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a
los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo
suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación
inmediata. Una norma es operativa cuando esta dirigida a una situación de la realidad en
la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer
el congreso”; 61 (…)
La interpretación textual según la cual toda persona –tiene derecho a…- despeja la duda
sobre la existencia de la alegada operatividad”. 62
Con base en la Convención de Viena y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
derechos humanos, la Corte suprema de Argentina no sólo cambió de postura en relación a
fallos anteriores en los que había negado la operatividad del derecho de respuesta en el derecho
positivo interno, sino que modificó radicalmente la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto
al valor de los tratados ratificados en el ordenamiento jurídico argentino. Así mismo, la Corte
declaró procedente la queja, revocó la sentencia apelada y condenó al demandado a dar lectura
en su programa televisivo a la carta escrita por el recurrente.
61 P. 8 de la sentencia.
62 P. 8 de la sentencia.
41

Australia
18. Tribunal Federal de Australia, el Commonwealth de Australia c. Comisión de
derechos humanos e igualdad de oportunidades, 15 de diciembre de 2000, [2000]
FCA 1854
Tema: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 63 jurisprudencia internacional 64
Oficial de la marina no seleccionado para un ascenso/ Reclamación por discriminación basada
en su edad/ Uso del derecho internacional para determinar si el término “discriminación”
contemplado en la ley nacional incluía la discriminación indirecta
Un oficial de la marina australiana, de cuarenta y siete años de edad, no fue seleccionado por la
Comisión de Nombramientos para optar a un ascenso a un grado superior. El oficial recurrió la
decisión, alegando discriminación por razón de edad, en contravención del artículo 3, 1) de la
Ley relativa a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades de 1986 (en adelante,
denominada “Ley”). 65
El Tribunal Federal de Australia, debido a que la legislación nacional no determinaba
expresamente si el término ‘discriminación’ del artículo 3, 1) de la Ley comprendía la noción de
‘discriminación indirecta’, recurrió a los instrumentos internacionales para resolver este
problema de interpretación. Dicho Tribunal no solo hizo uso del Convenio núm. 111 de la OIT
sobre la discriminación (empleo y ocupación), sino también de los documentos de los órganos
de control de la OIT destinados a aclarar el significado y alcance de dicho Convenio.
En su sentencia, el Tribunal consideró que:
“(…) Esta Ley fue promulgada con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones
internacionales de Australia derivadas del Convenio núm. 111 de la OIT. En
consecuencia, los párrafos 1 y 2 del artículo 1 de dicho Convenio han de ser la fuente de
interpretación de la noción de “discriminación” incluida en el artículo 3, 1) de la Ley.
Además, dicho artículo retoma en sustancia los citados párrafos del Convenio.
La definición del término “discriminación” de la Ley debe interpretarse, por tanto, de
conformidad con la interpretación que se le atribuye en el derecho internacional en el
Convenio núm. 111 de la OIT. 66
(…) En consecuencia, existe a mi juicio una sólida base, no sólo en virtud de las
diversas opiniones expresadas por la Comisión de Expertos (incluidas las de 1996), 67
63 Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
64 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT; Comisión de Encuesta creada en
virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT para el examen de las reclamaciones relativas al cumplimiento por
parte de Rumania del Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
65 Dicho artículo define la discriminación del siguiente modo:
a) toda forma de distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política,
ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo y la ocupación; y
b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que: (i) tenga por efecto anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; (ii) haya sido declarada constitutiva de discriminación a los
efectos de esta Ley
Por el contrario, no se considerarán como discriminación las distinciones, exclusiones o preferencias:
c) basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado.”
66 Párrafos 30 y 31 de la sentencia.
67 El juez se refiere al Estudio especial de 1996 sobre la igualdad en el empleo y la ocupación de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en particular sus párrafos 25 y 26 (OIT: Igualdad en el
42

sino también en el Informe de la Comisión de Encuesta relativa a Rumania, que permite
concluir que el término ‘discriminación’ del Convenio núm. 111 de la OIT y, por
consiguiente, del artículo 3, 1) de la Ley, comprende la discriminación indirecta.” 68
“El juez recordó asimismo que en 1988 la Comisión de Expertos afirmó, en su Estudio
general sobre la igualdad en el empleo y la ocupación de 1988, que “la noción de
discriminación indirecta se refiere a situaciones en que reglamentos y prácticas,
aparentemente neutros, tienen como resultado alterar la igualdad en perjuicio de
personas que presentan determinadas características o que pertenecen a ciertos grupos
con determinadas características (raza, color, sexo, religión, por ejemplo).”” 69
Basándose en el Convenio núm. 111 de la OIT y en las afirmaciones sobre el mismo de los
órganos de control de la OIT, el Tribunal Federal de Australia consideró que la legislación
nacional relativa a la discriminación en el empleo y en la ocupación era aplicable en los casos
de discriminación indirecta. Sobre esta base, el Tribunal reconoció el carácter discriminatorio de
la negativa de ascenso.
19. Tribunal Federal de Australia, Konrad c. Victoria Police y otros, 6 de agosto de 1999,
[1999] FCA 988
Tema: despido
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 70 jurisprudencia comparada 71
Demanda judicial de un agente de policía por despido improcedente/ Uso del derecho
internacional y de la jurisprudencia comparada como guía para la interpretación del término
“empleado” en la legislación nacional
Un agente de policía presentó una demanda judicial para que se reconociera el carácter
injustificado de su despido, alegando que se había vulnerado el artículo 170 DE de la Ley de
relaciones laborales de 1988 (Cth) (en adelante, la “Ley”).
Para resolver el litigio, el Tribunal Federal de Australia analizó si el artículo 170 DE de la Ley 72
era aplicable a este caso, es decir, si el término ‘empleado’ utilizado en dicho artículo abarcaba
también a los agentes de policía. Para emitir su decisión, el Tribunal se refirió al instrumento
internacional que se encuentra en el origen de la Ley, el Convenio núm. 158 de la OIT sobre la
terminación de la relación de trabajo, así como a la jurisprudencia comparada.
El Tribunal señaló en primer lugar que se había aprobado la Sección 3 de la Ley [la cual
comprende el artículo 170 DE] con el objeto de llevar a efecto lo dispuesto en el Convenio
núm. 158 de la OIT y su Recomendación núm. 166 sobre la terminación de la relación de
trabajo, por lo que ésta debía interpretarse en conjunción con los citados instrumentos:
empleo y la ocupación. Estudio especial de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones, Informe III(4B), Conferencia Internacional del Trabajo, 83.ª reunión, Ginebra, 1996).
68
Párrafo 45 de la sentencia.
69
OIT: Igualdad en el empleo y la ocupación. Estudio general de la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones, Informe III(4B), Conferencia Internacional del Trabajo, 72.ª reunión, Ginebra, 1988,
párrafo 28, nota 1, citada en el párrafo 37 de la sentencia.
70
Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
71
Estados Unidos y Canadá.
72
Artículo 170 de de la Ley: “La empresa no podrá poner término a la relación de trabajo de un empleado sin una o
varias causas justificadas relacionadas con la capacidad o conducta de éste o sobre la base de las necesidades
operativas del puesto de trabajo, del establecimiento o del servicio.”
43

“El objeto de la Sección 3 es llevar a efecto lo dispuesto en el Convenio núm. 158 de la
OIT (1982) y su Recomendación núm. 166. Cuando un decreto tiene la finalidad de
llevar a efecto un tratado, se acepta como principio de interpretación que el Parlamento
pretende conferir a cada una de sus disposiciones el mismo efecto que el que posee en
sus correspondientes disposiciones del tratado (...). Ello queda expresamente estipulado
en el artículo 170 CB de la Ley de relaciones laborales, que establece que “las
expresiones incluidas en esta sección tendrán el mismo significado que en el Convenio
sobre la terminación de la relación de trabajo.” En consecuencia, para determinar si un
agente es un ‘empleado’ a los efectos de la Sección 3, procede analizar en primer lugar
si, de acuerdo con la correcta interpretación del Convenio, un agente es una ‘persona
empleada’ a la que éste es de aplicación.” 73
Con objeto de determinar si un agente de policía era un empleado en el sentido del Convenio, el
Tribunal limitó su análisis al “sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado
en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. 74 De hecho, los magistrados no se
basaron en ningún otro medio de interpretación (trabajos preparatorios y/o aclaraciones del
significado y alcance del texto por parte de los órganos de control de la OIT), ya que
consideraron que el análisis de lo dispuesto en el Convenio les permitía determinar claramente
el significado del término ‘empleado’ en dicho instrumento. 75
“No puede haber duda de que el Convenio es de aplicación tanto para los empleados
públicos como privados (...). Si tomamos el texto del Convenio, sin recurrir a ningún
documento preparatorio, la redacción del artículo 2, 1) es suficientemente genérica para
incluir a los empleados públicos: es decir, la expresión ‘todas las personas empleadas’
es apropiada para incluir a los empleados públicos. El contexto confirma esta
interpretación, ya que comprende la existencia de una disposición que excluye ciertas
categorías de trabajadores con las cuales puede haber ‘problemas especiales’ (artículo
2, 4)) y el hecho de que las normas de aplicación general (establecidas en la parte II)
son igualmente aplicables a los empleados públicos y privados.” 76
A continuación, el Tribunal consideró que:
“Desde el momento en que queda establecido que el Convenio es aplicable a los
empleados públicos (a menos que sean objeto de una exclusión explícita), se infiere que
cubre también a los miembros de las fuerzas de la policía como una categoría de
empleados públicos.” 77
El Tribunal también invocó concretamente varias sentencias estadounidenses 78 y canadienses 79
para respaldar su argumento de que los agentes de policía estaban incluidos en el término
‘empleados’ en el sentido de la Ley.
El uso del Convenio núm. 158 de la OIT como guía para la interpretación de la ley nacional
permitió que el Tribunal Federal determinara que la legislación interna australiana relativa a la
terminación de la relación de trabajo era efectivamente aplicable a los agentes de policía.
73 Juez Finkelstein, párrafo 71 de la sentencia.
74 Artículo 31, 1) de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
75 Para actuar de este modo, los jueces se basaron en los principios de interpretación de los artículos 31 y 32 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Véanse los párrafos 72 a 77 de la sentencia.
76 Juez Finkelstein, párrafo 76 de la sentencia.
77 Juez Finkelstein, párrafo 78 de la sentencia. Debe señalarse que los jueces Ryan y North se mostraron de acuerdo
con los argumentos y observaciones del juez Finkelstein.
78 Véanse los párrafos 90 a 93 de la sentencia.
79 Véanse los párrafos 94 a 99 de la sentencia.
44

20. Tribunal Supremo de Australia, Qantas Airways Limited c. Christie, 19 de marzo de
1998, [1998] HCA 18
Temas: despido; protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 80 instrumento no sujeto a ratificación 81
Despido de un piloto/ Reclamación por discriminación basada en la edad/ Referencia al
derecho internacional para aclarar el significado de las disposiciones nacionales aplicables
Un piloto despedido el día de su 60 cumpleaños demandó a la empresa, Qantas Airways Ltd.
(en adelante, “Qantas”), alegando que dicho despido era una medida discriminatoria por razón
de edad que infringía la Ley de relaciones laborales de 1988 (Cth) (en adelante, la “Ley”),
según la cual la empresa no podía poner término a la relación de trabajo por razón de edad. 82
Para determinar si la Ley era aplicable en este caso, el Tribunal Supremo de Australia analizó en
primer lugar si se había producido una ‘terminación de la relación de trabajo’ en el sentido de la
Ley y precisó a continuación el significado del término ‘calificaciones exigidas’, ya que según
la legislación nacional no es ilegal poner término a la relación de trabajo por razón de edad si
ésta se considera una calificación necesaria para un empleo determinado. 83
Con respecto a estas dos cuestiones, tres de los cinco jueces del Tribunal se basaron en el
derecho internacional para interpretar la legislación interna y resolver el litigio. El juez Kirby se
refirió en términos generales a la interpretación de las disposiciones legislativas internas a la luz
de los instrumentos internacionales y afirmó que:
“Si, como en este caso, una ley nacional contiene palabras provenientes de fuentes
internacionales, el Tribunal puede acudir legítimamente a dichas fuentes para
determinar su significado. Se trata, por tanto, de un enfoque adecuado conforme a la
autoridad de este Tribunal; pero además, en el caso que nos ocupa, se trata de un
enfoque de obligado cumplimiento puesto que la Ley nacional incluye una remisión
específica al Convenio de la OIT sobre terminación de la relación de trabajo, en virtud
de la cual los términos utilizados en la Ley deberán tener ‘el mismo significado’ que en
el Convenio.” 84
Los jueces acudieron, por tanto, al derecho internacional para interpretar las disposiciones
nacionales aplicables a la resolución de este litigio.
Con respecto a la sujeción de la ruptura del contrato de trabajo objeto de la demanda a lo
dispuesto en la Ley nacional relativa a la terminación de la relación de trabajo, el juez Gummov
consideró que “el artículo 170 CB establece que las expresiones incluidas en la Sección 3 tienen
el mismo significado que en el Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la
relación de trabajo de 1982, el cual se reproduce como Anexo 10 de la Ley. El artículo 3 de
dicho Convenio establece que “a los efectos del presente Convenio, las expresiones
80 Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958; Convenio núm. 158 de la OIT
sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982; Convenio sobre la Aviación Civil Internacional, 1944.
81 Recomendación núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
82 Artículo 170 DF, 1), f) de la Ley: “La empresa no podrá poner término a la relación de trabajo de un empleado por
ninguna de las siguientes razones: (…) f) edad.”
83 Artículo 170 DF, 2) de la Ley: “El apartado 1 del artículo [de la Ley] no impide que ninguna de las razones
señaladas en el párrafo 1), f) constituya un fundamento válido para la terminación de la relación de trabajo si
constituye una calificación exigida para un empleo determinado.”
84 Magistrado Kirby, párrafo 152, 3) de la sentencia.
45

‘terminación’ y ‘terminación de la relación de trabajo’ significan terminación de la relación de
trabajo por iniciativa del empleador.”” 85
El juez concluyó, basándose en esta fuente de derecho en particular, que Qantas había
efectivamente puesto término a la relación de trabajo con el piloto en el sentido de la Ley y que
ésta era, por tanto, aplicable para la resolución del litigio.
Con respecto al término ‘calificaciones exigidas’, el magistrado McHugh señaló que:
“Aunque el artículo 170 DF, 1), f) prohíbe la terminación de la relación de trabajo por
razón de edad, el apartado 2) del mismo artículo excluye la aplicación de esta
prohibición cuando la terminación se basa en ‘las calificaciones exigidas para un
empleo determinado’, una frase cuyo significado debe determinarse en función del
significado que posee en las disposiciones del Convenio [de la OIT], puesto que éstas
constituyen la base de las disposiciones sobre la terminación de la relación de trabajo
en la Ley nacional. La disposición pertinente del Convenio es el artículo 1, 2) del
Convenio núm. 111 de la OIT, la cual establece que “Las distinciones, exclusiones o
preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no
serán consideradas como discriminación.”” 86
El magistrado consideró que, en este caso, la edad del piloto podía ser una ‘calificación exigida
para el puesto’, puesto que a partir de la edad de 60 años un piloto ya no estaría legalmente
capacitado para pilotar la mayoría de los vuelos internacionales operados por Qantas.
Efectivamente, a excepción de tres Estados, todos los Estados con los que Qantas operaba
habían suscrito el Convenio sobre la Aviación Civil Internacional, en virtud del cual se prohíbe
que los pilotos mayores de 60 años lleven el mando de vuelos internacionales.
La remisión al Convenio núm. 158 de la OIT permitió que el Tribunal Supremo de Australia
precisara el significado de la ley nacional aplicable a esta demanda, en virtud de lo cual falló
que en este caso se había producido efectivamente una terminación del contrato de trabajo, pero
que la edad podía constituir una calificación exigible en el caso de un piloto de aeronaves. Sobre
esta base, el Tribunal consideró que la terminación de la relación de trabajo no era
discriminatoria.
85 Párrafos 96 y 97 de la sentencia.
86 Magistrado McHugh, párrafo 70 de la sentencia.
46

21. Tribunal de Relaciones Laborales, Vera Sapevski, Velika Trajkosta, Cvetanka
Levnarovska, Todonka Ristevska, Mirian Morales, Rosa Sagredo y Myriam Araneda c.
Katies Fashions, 8 de julio de 1997, IRC núm. 219/97
Tema: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 87 jurisprudencia internacional 88
Despido de empleadas/ Demanda judicial por el carácter discriminatorio de los despidos/ Uso
del derecho internacional para determinar si la legislación nacional prohíbe la discriminación
indirecta
Varias empleadas fueron despedidas después de que la empresa donde trabajaban reubicara su
centro de distribución en unas instalaciones con equipos que permitían un trabajo más rápido y
eficiente. Algunas de ellas presentaron una demanda judicial contra dicho despido alegando
motivos discriminatorios por razones de sexo, lo cual vulneraría el artículo 170 DF, 1) de la Ley
de Relaciones en el Lugar de Trabajo de 1996 (en adelante, la “Ley”). 89
Para resolver este caso, el Tribunal de Relaciones Laborales debía determinar previamente si el
artículo 170 DF, 1) de la Ley prohibía la discriminación indirecta. Para interpretar dicho
artículo, el Tribunal se basó en el Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación
(empleo y ocupación), ya que el artículo 170 CA, 1) de la Ley establecía que ésta se había
promulgado para dar cumplimiento al citado Convenio. El Tribunal se basó también en un
Estudio general de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
de la OIT, en la que se aclaraba el significado y el alcance de este instrumento y se señalaba que
el Convenio núm. 111 prohibía tanto la discriminación directa como la indirecta: “Los
instrumentos de 1958 abarcan todos los tipos de discriminaciones, tanto las que se ejercen en el
derecho como en la práctica, sean directas o indirectas.” 90
Basándose en estos elementos del derecho internacional, el Tribunal de Relaciones Laborales
concluyó que la Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo de 1996 prohibía la discriminación
indirecta y, en consecuencia, declaró que los despidos eran improcedentes.
87 Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
88 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.
89 Artículo 170 DF 1) de la Ley: “La empresa no podrá poner término a la relación de trabajo de un empleado por
ninguna de las siguientes razones: (…) sexo, (…).”
90 OIT: Igualdad en el empleo y la ocupación. Estudio especial de la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones, op. cit., párrafo 25.
47

22. Tribunal Supremo de Australia, Ministro de Inmigración y Asuntos Étnicos c. Teoh,
7 de abril de 1995, (1994) 128 A.L.R. 353
Temas: derecho de residencia; derechos del niño
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 91
Solicitud de la condición de residente por un inmigrante/ Consideración de un convenio
ratificado pero no incorporado aún a la legislación interna/ Uso del derecho internacional
como guía para la interpretación del derecho interno
Un ciudadano malasio con permiso de residencia temporal se casó con una australiana, con la
que tuvo varios hijos. El Ministerio de Inmigración denegó su solicitud para obtener la
condición de residente basándose en sus graves antecedentes penales por drogas. El solicitante
recurrió esta decisión administrativa.
El Tribunal Supremo de Australia se planteó si la Administración, en su análisis del caso,
hubiera tenido que tomar en consideración los principios establecidos en la Convención sobre
los Derechos del Niño, que podrían haber modificado el resultado de la decisión
administrativa. 92 Esta Convención ya había sido ratificada por Australia, pero aún no formaba
parte de la legislación interna. El Tribunal resolvió que las autoridades administrativas debían
reexaminar la solicitud del demandante a la luz de los principios de la Convención.
Para llegar a esta conclusión, algunos magistrados del Tribunal se pronunciaron sobre el valor
jurídico que poseían en el derecho interno los tratados ratificados pero aún no incorporados a la
legislación nacional. Dichos magistrados concluyeron que los tratados internacionales no
incorporados al derecho australiano podían influir en la legislación interna de dos formas
distintas: como instrumentos interpretativos de los actos legislativos o como guía para el
desarrollo de la “common law”.
“Es bien sabido que las disposiciones de un tratado internacional ratificado por
Australia no entran a formar parte del derecho australiano hasta que no han sido
debidamente incorporadas a nuestra legislación interna mediante un decreto. (...) Sin
embargo, el hecho de que aún no se hayan incorporado las disposiciones de la
Convención al derecho australiano no significa que su ratificación no tenga
consecuencias para éste. En caso de ambigüedad de un decreto o de una ley
subordinada, el Tribunal debe favorecer la interpretación que más se ajuste a las
obligaciones contraídas por Australia en virtud de los tratados y convenios
internacionales de los que forma parte, al menos en aquellos casos en los que la
normativa se promulgue como consecuencia o después de la entrada en vigor o
ratificación del pertinente instrumento internacional. Ello es debido a que el Parlamento
pretende, prima facie, llevar a efecto las obligaciones contraídas por Australia en virtud
del derecho internacional. (...) Si los términos de las leyes internas son susceptibles de
una interpretación coherente con lo dispuesto en los instrumentos internacionales y con
91 Convención sobre los Derechos del Niño, 1989.
92 Artículo 3, 1) de la Convención sobre los Derechos del Niño: “En todas las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”
Artículo 9, 1) de la misma Convención: “Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres
contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen,
de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del
niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto
de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca
del lugar de residencia del niño.”
48

las obligaciones que éstos imponen a Australia, entonces debe prevalecer tal
interpretación.”
Con respecto al papel desempeñado por los convenios internacionales ratificados por Australia
pero no incorporados a su ordenamiento jurídico interno como guías para el desarrollo de la
“common law”, los magistrados añadieron:
“Los tribunales podrán utilizar las disposiciones de un convenio internacional del que
Australia sea parte, especialmente si establece derechos fundamentales universales,
como guía para el desarrollo de la “common law”. No obstante, éstos deberán mostrar la
debida cautela cuando el Parlamento no considere oportuno incorporar las disposiciones
de un instrumento internacional a nuestro derecho interno. El desarrollo judicial de la
“common law”no debe contemplarse como una puerta trasera para la incorporación de
un convenio al derecho australiano.”
Sobre esta base, el Tribunal Supremo de Australia concluyó que las autoridades administrativas
debían reexaminar la solicitud del demandante para obtener la condición de residente a la luz de
los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.
23. Comisión de Conciliación y Arbitraje de Australia, Termination, Change and
Redundancy Case, 2 de agosto de 1984, (1984) 8 I.R. 34
Temas: despido; protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación
Función del derecho internacional: establecimiento de un principio jurisprudencial
inspirado en el derecho internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 93
Conflicto colectivo/ Laudo dictado por la Comisión/ Uso del derecho internacional para la
elaboración del laudo/ Establecimiento de un principio jurisprudencial inspirado en el derecho
internacional
En el contexto del análisis de un conflicto laboral entre un sindicato y varias empresas ante la
Comisión de Conciliación y Arbitraje de Australia, el Consejo de Sindicatos Australianos (en
adelante, el “ACTU” por sus siglas en inglés) solicitó a la Comisión un laudo 94 que reconociera
el derecho de los trabajadores a la seguridad en el empleo y, en particular, a la protección frente
al despido injustificado.
Para determinar la lista de causas injustificadas de despido, la Comisión se basó en dos
convenios de la OIT, en concreto, el Convenio núm. 111 sobre la discriminación (empleo y
ocupación) y el Convenio núm. 158 sobre la terminación de la relación de trabajo.
“En estas circunstancias, hemos decidido actuar en conformidad con el dictamen del
caso de Rockhampton City Council, la Ley sobre discriminación racial de 1975, la Ley
sobre discriminación sexual de 1984, y los convenios de la OIT, y establecer una lista
de motivos que no constituyen causa justificada de despido. Para ello, nos hemos
referido al Convenio núm. 158 de la OIT, el cual establece que no constituyen una
causa justificada de despido: ‘la raza, el color, el sexo, el estado civil, las
93 Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958; Convenio núm. 158 de la OIT
sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
94 Una de las funciones de las Comisiones de Relaciones Laborales en Australia es determinar las condiciones
mínimas de trabajo de los trabajadores que no estén en condiciones de negociarlas por sí mismos. Estas decisiones se
conocen como “laudos”.
49

esponsabilidades familiares, el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la
ascendencia nacional o el origen social’. De acuerdo con el dictamen del caso de
Rockhampton City Council y lo establecido en el Convenio núm. 111 de la OIT,
también hemos incluido en dicha lista de motivos una excepción relativa a las
distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un
empleo determinado.”
50

Constitución de la República de Azerbaiyán
Azerbaiyán
Artículo 12, párrafo 2: Finalidad del Estado
Los derechos y libertades de las personas y ciudadanos recogidos en esta Constitución se aplicarán
conforme a los tratados internacionales de los que la República de Azerbaiyán sea parte.
Artículo 148, párrafo 2: Actos jurídicos incluidos en el sistema legislativo de la República de
Azerbaiyán
Los acuerdos internacionales ratificados por la República de Azerbaiyán forman parte integrante de su
sistema legislativo.
Artículo 151, párrafo 2: Fuerza jurídica de los instrumentos internacionales
En caso de discrepancia entre las leyes u otras normas del ordenamiento jurídico de la República de
Azerbaiyán (salvo la Constitución y los instrumentos legales aprobados mediante referéndum) y los
acuerdos internacionales de los que esta sea parte, prevalecerá lo dispuesto en estos últimos.
24. Tribunal Constitucional de la República de Azerbaiyán, Sobre la conformidad del
artículo 143, 12), 1) del Código de Trabajo de la República de Azerbaiyán con los
artículos 25, 37 y 149, 1) de la Constitución de la República de Azerbaiyán, 23 de
febrero de 2000
Tema: vacaciones pagadas
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado; 95 tratado no ratificado; 96 instrumento no
sujeto a ratificación 97
Restricción del derecho a vacaciones pagadas al término del contrato de trabajo/ Demanda
ante el Tribunal Constitucional/ Referencia al derecho internacional para resaltar el carácter
fundamental de los derechos vulnerados
El Código de Trabajo de la República de Azerbaiyán disponía que, en caso de terminación del
contrato de trabajo, los trabajadores tenían derecho a los días de vacaciones pagadas no
disfrutados. No obstante, esta disposición no era de aplicación en caso de terminación por
liquidación de la empresa o incumplimiento, por parte del trabajador, de sus obligaciones o
responsabilidades. El Presidente del Tribunal Supremo remitió el asunto al Tribunal
Constitucional para que analizara la constitucionalidad de esta disposición.
El Tribunal consideró que esta restricción era contradictoria con los artículos 37, 1) y 37, 2) de
la Constitución nacional y con varios instrumentos del derecho internacional.
Con objeto de demostrar el carácter fundamental del derecho a vacaciones pagadas, el Tribunal
citó los artículos de varios instrumentos internacionales:
“El derecho de todos los trabajadores a vacaciones periódicas pagadas también se
recoge en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 98 en el
95 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966.
96 Convenio núm. 132 de la OIT sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970.
97 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
98 Artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho al descanso, al
disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.”
51

artículo 7, d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 99 y
en el artículo 3 100 del Convenio de la OIT sobre vacaciones pagadas.” 101
El Tribunal Constitucional consideró que las disposiciones del Código de Trabajo impugnadas
contravenían los artículos de los citados instrumentos internacionales y el principio de igualdad
constitucionalmente reconocido.
Tras referirse al derecho internacional para subrayar el carácter fundamental de los derechos
vulnerados, el Tribunal Constitucional de Azerbaiyán estimó que las disposiciones del Código
de Trabajo que negaban a los empleados el derecho a las vacaciones pagadas eran
inconstitucionales.
25. Tribunal Constitucional de la República de Azerbaiyán, Sobre la conformidad del
artículo 109 de la Ley sobre el mantenimiento de las pensiones de los ciudadanos con
los artículos 25, 38 y 71 de la Constitución de la República de Azerbaiyán, 29 de
diciembre de 1999
Tema: protección social
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado; 102 instrumento no sujeto a ratificación 103
Reducción de las pensiones para las personas encarceladas/ Demanda ante el Tribunal
Constitucional/ Referencia al derecho internacional para subrayar el carácter fundamental de
las disposiciones de la Constitución vulneradas
Una ley establecía que los ciudadanos que cumplían condenas de cárcel sólo podían percibir el
20% de sus pensiones de jubilación. El fiscal remitió el asunto al Tribunal Constitucional para
que analizara la constitucionalidad de esta ley. El Tribunal consideró que esta restricción era
contradictoria con los artículos de la Constitución nacional que garantizan el derecho a la
protección social y añadía una nueva forma de penalización no prevista en el Código Penal.
Para demostrar el carácter fundamental de los derechos a la protección social, el Tribunal se
remitió a los correspondientes artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
“En la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales no se prevé la restricción del derecho a las
prestaciones sociales de las personas encarceladas.
99 Artículo 7, d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que
le aseguren en especial: (...) d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo
y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.”
100 Artículo 3 del Convenio núm. 132:
“1. Toda persona a quien se aplique el presente Convenio tendrá derecho a vacaciones anuales pagadas de una
duración mínima determinada.
2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio especificará la duración de las vacaciones en una declaración
anexa a su ratificación.
3. Las vacaciones no serán en ningún caso inferiores a tres semanas laborables por un año de servicios. (…).”
101 El Tribunal Constitucional de la República de Azerbaiyán no especificó en qué convenio de la OIT sobre
vacaciones pagadas se basaba. Suponemos que era el Convenio núm. 132 sobre vacaciones pagadas, que aún no ha
sido ratificado por Azerbaiyán.
102 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966.
103 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
52

El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de
la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de
su personalidad”.
El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
reconoce “el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.
El Tribunal Constitucional de la República de Azerbaiyán considera importante precisar
que la práctica internacional no reconoce la condena de una persona como justificación
para privarle de sus prestaciones sociales.”
Tras referirse al derecho internacional para subrayar el carácter fundamental del derecho a la
protección social, el Tribunal Constitucional de Azerbaiyán estimó que las disposiciones legales
que restringían las pensiones de las personas encarceladas eran contrarias a la Constitución
nacional.
53

Bélgica
26. Tribunal de Trabajo de Bruselas, 20ª Sala, D.D. c. SA Vanduc-Topfilm R.G., 20 de
febrero de 1992, núm. 79-759/91
Tema: despido
Función del derecho internacional: establecimiento de un principio jurisprudencial
inspirado en el derecho internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratados no ratificados 104
Despido sin entrevista previa/ Laguna en la legislación nacional/ Referencia al Convenio núm.
158 de la OIT para crear un principio jurisprudencial que establezca el derecho de un
trabajador a una entrevista previa
Un trabajador fue despedido por falta grave. El empleador le reprochaba errores cometidos en la
ejecución de su trabajo. El trabajador impugnó su despido ante el Tribunal de Trabajo, alegando
que no se le había permitido hablar previamente para defenderse de los reproches que se le
habían hecho.
A falta de una disposición en la legislación Fa que hiciera obligatoria la entrevista previa al
despido, el Tribunal de Trabajo se inspiró en el artículo 7 del Convenio núm. 158 de la OIT
sobre la terminación de la relación de trabajo, aunque éste no haya sido ratificado por Bélgica.
Tras enunciar el principio expuesto en el artículo 7 del Convenio núm. 158 de la OIT, el tribunal
afirmó que, aunque este Convenio no había sido ratificado por Bélgica, de modo que las normas
allí planteadas no eran, por consiguiente, jurídicamente vinculantes en el país, no era menos
cierto que podía ser «una fuente de inspiración para la jurisprudencia en la medida en la que
traducía un cierto consenso a nivel internacional sobre el tema de los derechos y obligaciones
mínimos recíprocos de los empleadores y los trabajadores». Basándose en los trabajos
preparatorios del Convenio núm. 158 de la OIT, explicó que la aplicación de este Convenio
estaba aún más justificada puesto que «había sido aprobada por las cuatro delegaciones belgas
(gobierno, empleadores y trabajadores) en la Asamblea General de la OIT 105 , lo cual indicaba al
menos, por una parte, que Bélgica reconocía a la OIT, y, por otra, que las normas enunciadas en
esta convención, en principio, no parecían perturbar exageradamente el orden jurídico belga».
Inspirándose en las disposiciones del artículo 7 del Convenio núm. 158 de la OIT, el Tribunal
del Trabajo estimó que, al no escuchar al trabajador antes de despedirlo por falta grave, aunque
los hechos reprochados no fuesen tales que no pudiera esperarse razonablemente del empleador
que lo hiciera, se le había causado un perjuicio al trabajador que debía repararse con el pago de
una indemnización.
104
Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
105
OIT: Informe de los trabajos de la 68.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, Ginebra,
1982, págs. 36/15 y 36/20.
54

Constitución de la República de Benin
Benin
Preámbulo
(...) Proclamamos nuestra adhesión a los principios de la democracia y a los derechos humanos, tal como
se definen en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, y a la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, aprobada en 1981
por la Organización de la Unidad Africana y ratificada por Benin el 20 de enero de 1986, cuyas
disposiciones forman parte integrante de esta Constitución y del derecho interno de Benin y prevalecerán
sobre la legislación nacional; (...)
Artículo 7
Los derechos y obligaciones proclamados y garantizados por la Carta Africana sobre los Derechos
Humanos y de los Pueblos, aprobada por la Organización de la Unidad Africana en 1981 y ratificada por
Benin el 20 de enero de 1986, forman parte integrante de esta Constitución y del derecho interno de
Benin.
Artículo 147
Los tratados y acuerdos ratificados siguiendo el procedimiento establecido tendrán, desde el momento de
su publicación, rango superior a las leyes, a condición de que éstos sean aplicados por las otras partes.
27. Tribunal de Primera Instancia de Primera Clase de Cotonou, 7 de Diciembre de
2009, Expediente núm. 05-2005
Tema: despido; protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación; protección de
la maternidad
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 106
Discriminación basada en el criterio del sexo/ Protección a la maternidad/ Despido
injustificado/ Prohibición de despedir a una mujer durante embarazo, la licencia de maternidad
o el período siguiente a ella/ Resolución directa del litigio con base en el derecho internacional
Una mujer es víctima de un accidente de tránsito y por ello queda incapacitada para trabajar
durante casi dos años. La relación de trabajo entre ella y su empleador no constaba en ningún
contrato escrito. Durante esta época de incapacidad, la mujer queda en embarazo y lo comunica
a su empleador. Aún sabiendo de su estado, el empleador deja de pagarle alegando que ella ha
incurrido en una justa causa de despido por abandonar el puesto de trabajo, ausencias
injustificadas y negativa a obedecer las órdenes.
Después del parto, la mujer regresa a hablar con el empleador y éste le exige firmar un contrato
para “recomenzar” la relación laboral. Hecho que, sumado al no pago de 6 meses de salario, la
demandante señala como violación de las obligaciones de su empleador y a la protección de la
maternidad.
El juez conduce el caso como un problema de discriminación y se remite de manera inmediata
al Convenio núm. 111 de la OIT. A continuación, el juez revisa la normatividad interna y,
encontrando perfecta armonía entre ésta y las normas internacionales del trabajo, explica que
decidirá el refiriéndose a derecho internacional del trabajo y la ley:
106 Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
55

“Considerando que la discriminación viola los derechos individuales fundamentales y la
justicia social; que el Convenio núm. 111 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre la discriminación, ratificada por Benin y en vigor desde el 15 de junio de
1960, prohíbe toda distinción, exclusión o preferencia basada en criterios tales como
género, raza u opinión política, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;
Que la legislación de Benin, específicamente el Código del Trabajo y el Convenio
Colectivo General del Trabajo, reflejan este compromiso de la Organización
Internacional del Trabajo; y que, en efecto, el artículo 171 del Código del Trabajo
establece que un empleador no puede despedir a una mujer mientras está embarazada
sea un embarazo aparente o médicamente confirmado;
Que por otra parte, el Convenio Colectivo General de Trabajo del 17 de mayo de 1974
prevé en el artículo 44 apartado 2 que "los empleadores deberán considerar la condición
de las mujeres embarazadas en relación con las condiciones de trabajo. El embarazo no
puede ser en sí un motivo de despido"”.
El juez al revisar el expediente, encuentra que están probados los siguientes hechos: que las
incapacidades y el embarazo constan en certificados médicos debida y oportunamente
informados al empleador, que éste incurrió en cesación de pagos y, que la motivación de la
terminación de la relación de trabajo fue el hecho del embarazo consecutivo a una época de
incapacidad de la empleada. En consecuencia, el juez aplicando tanto el Convenio núm. 111 de
la OIT y la legislación interna, declara que el empleador incumplió sus obligaciones, vulneró la
protección debida a la mujer embarazada y que la terminación de la relación de trabajo en tales
condiciones constituye una discriminación basada en motivos del sexo, que cubre a su vez los
criterios de la maternidad, estado matrimonial y situación familiar. Así, siendo la terminación de
la relación de trabajo injusta, el juez reconoce que hay lugar al pago de una indemnización por
el despido y, adicionalmente una indemnización por los daños y perjuicios según las leyes de
Benin.
28. Tribunal de Primera Instancia de Primera Clase de Cotonou, 20 de julio de 2009,
expediente núm. 54-2002
Temas: protección a la maternidad; despido
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión tomado con base en le derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados no ratificados 107
Protección a la maternidad/ Despido injustificado/ Prohibición de despedir a una mujer
durante embarazo, la licencia de maternidad o el período siguiente a ella/ Referencia al
derecho internacional para reforzar una decisión tomado con base en le derecho interno
Una mujer después del parto fue diagnosticada con una enfermedad que le impedía
temporalmente realizar todo tipo de desplazamientos que implicaran impacto o golpes en el
cuerpo. Su trabajo anteriormente le exigía viajar en moto todos los días. En vista de ello, y
todavía durante el período de licencia de maternidad prorrogada, su empleador le envía una
carta despidiéndola por incapacidad física y aduciendo que era imposible reasignarle un trabajo
acorde con su estado de salud.
El juez de primera instancia, se refiere al artículo 8 del Convenio núm. 183 de la OIT y a los
artículos 170 a 172 del Código del Trabajo de Benin:
107 Convenio núm. 183 de la OIT sobre la protección de la maternidad, 2000.
56

“[…]El artículo 8 del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
(…) sobre la protección de la maternidad establece que un empleador no puede despedir
a una mujer durante su embarazo, licencia de maternidad o durante el período siguiente
a su regreso salvo que el despido sea por razones no relacionadas con el con el
embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de
demostrar que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo, el
nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia recae en el empleador. Después
de la licencia de maternidad, debe garantizarse que las mujeres vuelvan al trabajo, en la
misma posición o una posición equivalentemente remunerada;
(…) el derecho positivo de Benin proporciona una protección de la maternidad idéntica
a la prevista a nivel internacional a través de la Ley núm. 98-004, de 27 de enero 1998,
Código del Trabajo, en los artículos 170 a 172”.
Específicamente, el Código de Trabajo de Benin otorga el derecho a un periodo de licencia de
maternidad antes y después del parto, el cual puede ser extendido en caso de enfermedad
debidamente constatada y causada por el embarazo o por el parto. Así mismo, ningún empleador
puede despedir a una mujer durante estos periodos.
De acuerdo a lo anterior, el juez declara que habiéndose despedido a esta mujer durante el
período de reposo medico después del parto, el despido es manifiestamente injusto. El juez
condena al empleador a pagar una suma a título de indemnización por el despido injustificado y
por los daños y perjuicios causados.
29. Tribunal Constitucional, 11 de enero de 2001, decisión núm. DCC 01-009
Tema: condiciones de la privación de libertad
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 108
Detención ilegal y trato inhumano y degradante/ Demanda ante el Tribunal Constitucional por
vulneración de la Constitución nacional/ Aplicación directa de la Carta Africana sobre los
Derechos Humanos y de los Pueblos
Un ciudadano de Benin fue encarcelado sin motivos y posteriormente privado de agua,
alimentos y visitas durante cuatro días. Afirmó que fue golpeado por otros detenidos y que el
comisario de policía que le encarceló le insultó y amenazó de muerte. Por ello, solicitó al
Tribunal Constitucional de Benin que declarara inconstitucionales estos actos.
El Tribunal Constitucional analizó los artículos correspondientes de la Constitución nacional,
tras lo cual observó que se había vulnerado el artículo 18 109 de la misma y se refirió al artículo
5 110 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos para subrayar el carácter
grave de esta infracción.
108 Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981.
109 Artículo 18 de la Constitución de Benin:
“Nadie podrá ser sometido a tortura ni a malos tratos, ni a un trato cruel, inhumano o degradante.
Nadie tiene el derecho de impedir que un detenido o acusado sea examinado por un médico de su elección.
Nadie puede ser encarcelado en instituciones penitenciarias salvo que le sea aplicable una ley penal vigente.
Nadie puede permanecer encarcelado más de 48 horas, salvo por decisión del juez, ante el cual deberá comparecer.
Este plazo sólo podrá ampliarse en casos excepcionales previstos por ley y no excederá en ningún caso de ocho días.”
110 Artículo 5 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos: “Todo individuo tendrá derecho al
respeto de la dignidad inherente al ser humano y al reconocimiento de su status legal. Se prohíben todas las formas de
explotación y degradación del hombre, especialmente la esclavitud, el comercio de esclavos, la tortura, el castigo y el
trato cruel, inhumano o degradante.”
57

“Del análisis de los elementos del caso se desprende que el demandante fue mantenido
en custodia de forma premeditada; que el carácter deliberado de su detención indebida y
arbitraria fue resultado de la voluntad consciente del comisario de policía (...) de
“privarle de libertad para castigarle”; y que, por tanto, pese a la negativa del comisario,
las condiciones de detención y privación de libertad del demandante constituyen un
trato inhumano y degradante en el sentido del artículo 18 de la Constitución y del
artículo 5 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos.”
Por lo tanto, el Tribunal Constitucional de Benin estimó que los actos del comisario de policía
constituían una vulneración de la Constitución y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos
y de los Pueblos.
58

Botswana
30. Tribunal Industrial de Botswana, Sarah Diau c. Botswana Building Society, 19 de
diciembre de 2003, núm. IC 50 / 2003
Temas: despido; protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado 111 ; instrumento no sometido a ratificación 112
Estado serológico respecto al VIH como parte del reconocimiento médico/ Despido/ Derecho a
la privacidad/ Protección de la dignidad humana/ Referencia al derecho internacional para
reforzar una decisión basada en el derecho interno
En febrero de 2002, se le ofreció a la demandante un contrato de prueba para un empleo de
ayudante de seguridad en Botswana Building Society, la empresa demandada en este caso. En la
oferta de trabajo se informaba de que la obtención de un puesto permanente estaba sujeta a la
superación con éxito de un reconocimiento médico llevado a cabo por un médico escogido y
pagado por Botswana Building Society. La demandante empezó a trabajar en una fecha
posterior de ese mismo mes y, en agosto de 2002, la empresa le envió una solicitud por escrito
para que presentara un documento certificado sobre su estado serológico respecto al VIH, como
parte del reconocimiento médico. La demandante respondió por carta, negándose a proporcionar
dicho documento: «Que yo sepa, el estado serológico respecto al VIH es un derecho personal,
que no se puede exigir públicamente o para un empleo». En octubre de 2002, la demandante
recibió una carta de Botswana Building Society en la que se le comunicaba que no se le iba a
ofrecer un puesto permanente. No se dio ningún motivo para la terminación de su relación de
trabajo.
En su escrito de demanda, la demandante solicitó un desagravio de «Reincorporación o pago
por despido improcedente», que incluyera:
1. una orden que declarara ilícito el requerimiento a la demandante por parte de la empresa
demandada de someterse a una prueba del VIH, porque viola el derecho constitucional
a la privacidad;
2. una orden que declarara la decisión de la empresa demandada de terminar el contrato de
trabajo de la demandante sobre la base de que podía tener VIH como discriminación
por motivos de discapacidad y que dicha discriminación constituye una negación del
derecho a igual protección de la ley consagrado en la Constitución, así como un
tratamiento inhumano y degradante;
3. una orden que declarara que el hecho de que la empresa demandada no ofreciera
asesoramiento psicológico previo y posterior a la prueba constituye un tratamiento
degradante;
4. una orden que obligara a la empresa demandada a reincorporar a la demandante y
pagarle seis meses de indemnización.
Al no haber ninguna regulación legal en relación con el VIH/SIDA y el empleo, el Tribunal
Laboral arguyó que la Constitución, como ley suprema, es relevante a la hora de examinar
cuestiones relativas al VIH/SIDA en el lugar de trabajo, en la medida en la que garantiza la
igualdad de todas las personas ante la ley y la igual protección de la ley y la dignidad humana, y
porque prohíbe la discriminación.
111 Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
112 Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, 1998.
59

El Tribunal también señaló que hay una política nacional relativa al VIH/SIDA que trata estos
asuntos y sigue la línea de las directrices internacionales. El Tribunal observó que la
eliminación de la discriminación injusta y la promoción de la no discriminación son objetivos
clave de esta política y hacen aplicables las obligaciones internacionales en Botswana. El
Tribunal señaló también que el principio constitucional de la eliminación de la discriminación
en el lugar de trabajo está en armonía con la Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo, que reafirma el principio constitucional de la OIT relativo
a la eliminación de la discriminación en el lugar de trabajo. También observó que esto seguía la
línea de los valores del Convenio núm. 111 de la OIT, ratificado por Botswana. El tribunal
señaló que las disposiciones pertinentes deben tenerse en cuenta a la hora de interpretar
disposiciones fundamentales similares de la Constitución.
En relación con las disposiciones de las secciones 3(a) y 7(1) de la Constitución de Botswana, el
Tribunal concluyó que el requerimiento de presentar un documento sobre el estado serológico
respecto al VIH es una violación del derecho a la libertad y que la terminación del contrato era
improcedente e ilícita.
El Tribunal ordenó la reincorporación de la demandante y una indemnización.
31. Tribunal Laboral de Botswana, Gaborone, Joel Sebonego c. News Paper Editorial
and Management Services Ltd., 23 de abril de 1999, núm. IC 64/98
Tema: despido
Función del derecho internacional: establecimiento de un principio jurisprudencial
inspirado en el derecho internacional; referencia al derecho internacional para reforzar
una decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado no ratificado; 113 legislación extranjera; 114 jurisprudencia
comparada 115
Despido por enfermedad/ Laguna de la legislación nacional/ Establecimiento de un principio
jurisprudencial sobre la base del Convenio núm. 158 de la OIT y de la legislación sudafricana/
Referencia al derecho internacional para reforzar una decisión basada en el derecho interno
El director de dos periódicos había estado varios meses consecutivos enfermo y no había
comunicado a la empresa las causas exactas de su ausencia. Transcurrido cierto tiempo, el
director jefe decidió despedirle por “ausencia prolongada por enfermedad”. El despido se
realizó sin preaviso. El ex director consideró que se trataba de un despido improcedente.
El Tribunal Laboral constató que la legislación de Botswana no contenía ninguna disposición
sobre despidos por causas médicas, por lo que estimó que debía acudir a otras fuentes, incluido
el derecho internacional, para determinar qué principios jurisprudenciales debía aplicar para
resolver el litigio.
“El Tribunal debe, por tanto, consultar otras fuentes sobre las que basar su sentencia
para resolver este caso. Dado que los despidos por enfermedad están muy
estrechamente relacionados con los despidos por incapacidad de trabajar, el Tribunal
señalará los principios internacionales de equidad en materia de despido por este último
concepto.”
113 Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
114 Sudáfrica.
115 Reino Unido.
60

El Tribunal analizó a continuación su competencia para aplicar los convenios internacionales
del trabajo:
“Dado que el Tribunal Laboral no es sólo un tribunal de derecho, sino también de
equidad, puede aplicar las normas de justicia natural y de equidad, como en ocasiones
se denominan, para resolver los litigios laborales. Estas normas de equidad emanan de
la “common law” y de los convenios y recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Los requisitos básicos para un despido sustantivamente
justificado, lo que incluye el despido por incapacidad debido a enfermedad, se exponen
de forma sucinta en el artículo 4 del Convenio núm. 158 de la OIT, de 1982, que
establece lo siguiente: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a
menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su
conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento
o servicio.”
La razón por la que el Convenio núm. 158 es también aplicable a la incapacidad por
enfermedad es el uso del citado término “capacidad”, que en dicho contexto también
comprende la noción de incapacidad.”
A continuación, el Tribunal Laboral de Botswana estableció los principios aplicables al despido
por razones de salud basándose en el Convenio núm. 158 de la OIT (artículos 4 116 y 6), 117 la
jurisprudencia inglesa y la legislación sudafricana; y los resumió del siguiente modo:
“Resumiendo estos principios, debe haber en primer lugar una prueba médica válida
que dé fe de la incapacidad para trabajar del empleado, es decir, la enfermedad debe ser
tal que el trabajador no pueda ya, por su causa, desempeñar la labor para la que estaba
empleado. La ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad no constituye
una causa justificada de terminación de la relación de trabajo. La empresa debe evaluar
en primer lugar cuál es la enfermedad y, a continuación, determinar su gravedad y hacer
un pronóstico. Esto debe hacerse en consultas con el empleado y, si es posible, con un
médico. Si la empresa comprueba que el empleado no es capaz de desempeñar el
trabajo para el que fue contratado y no hay trabajo alternativo disponible, podrá
despedirle por incapacidad para realizar sus funciones. Ésta sería una causa justificada
de despido.”
Puede observarse que en relación con la ausencia temporal del trabajo por razones de salud el
Tribunal se basó en gran medida en el artículo 6 del Convenio núm. 158 de la OIT, que
establece que “la ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá
constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo.” Las restantes
condiciones para establecer la validez del despido fijadas por el Tribunal procedían de la
jurisprudencia sudafricana, incorporada posteriormente al Código de Trabajo de Sudáfrica.
Con respecto al preaviso, el Tribunal observó que los artículos del Código de Trabajo de
Botswana relativos al preaviso en caso de despido por falta grave no eran aplicables al despido
por enfermedad. El Tribunal consideró que un empleado enfermo no incurre en falta grave y se
remitió a un fallo anterior en el que se dictaminó que la empresa no tenía una causa justificada
116 Artículo 4 del Convenio núm. 158: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que
exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de
funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”.
117 Artículo 6 del Convenio núm. 158:
“1. La ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá constituir una causa justificada de
terminación de la relación de trabajo.
2. La definición de lo que constituye una ausencia temporal del trabajo, la medida en que se exigirá un certificado
médico y las posibles limitaciones a la aplicación del párrafo 1 del presente artículo serán determinadas de
conformidad con los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente Convenio.”
61

para no realizar el preaviso de terminación de la relación de trabajo. El Tribunal se basó en el
Convenio núm. 158 de la OIT para respaldar sus consideraciones:
“Esta conclusión, con respecto a la causa justificada, se ve confirmada por el artículo 4
del Convenio núm. 158 de la OIT, anteriormente citado. Asimismo, la conclusión sobre
el preaviso se ve confirmada por el artículo 11 de dicho Convenio (...).” 118
El Tribunal Laboral de Botswana se basó en el Convenio núm. 158 para establecer los
principios aplicables a la terminación de la relación de trabajo por motivos de enfermedad, en
relación con las causas de dicha terminación, por una parte, y con el derecho del trabajador al
preaviso, por otra. En este caso, el Tribunal consideró que, aunque la terminación de la relación
de trabajo estaba básicamente justificada, la falta de preaviso era ilegal, por lo que condenó a la
empresa a pagar al trabajador una indemnización.
32. Tribunal de Apelación, Fiscal General c. Dow, 3 de julio de 1992, BLR 119 (CA)
Tema: principio general de igualdad
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 119
Ley que impide otorgar la nacionalidad botswanesa a los hijos de matrimonios entre una mujer
botswanesa y un marido extranjero/ Recurso de inconstitucionalidad/ Disposición
constitucional que no prohíbe expresamente la discriminación por razón de sexo/
Interpretación de la Constitución a la luz del derecho internacional
Una ciudadana de Botswana casada con un ciudadano de los Estados Unidos acudió a la Justicia
para que declarara la inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley de Botswana sobre la
nacionalidad. En virtud de dicho artículo, no podía otorgarse la nacionalidad botswanesa a hijos
de matrimonios entre una mujer botswanesa y un hombre extranjero, mientras que todos los
hijos cuyo padre era nacional de Botswana sí veían reconocida esta nacionalidad. La
demandante alegó que esta disposición constituía una discriminación por razón de sexo que
perjudicaba a dos de sus hijos, nacidos en Botswana pero “extranjeros en su propia tierra”.
La demanda judicial suscitaba la cuestión de saber si la Constitución de Botswana podía ser
interpretada de forma que permitiera la discriminación por razón de sexo. En efecto, existía una
aparente contradicción a este respecto entre los artículos 3 y 15 de la Constitución.
De hecho, si bien la primera disposición reconocía el derecho de disfrutar de un cierto número
de derechos fundamentales sin discriminación basada principalmente en el sexo, el artículo 15,
por el contrario, al tratar específicamente la noción de discriminación, no incluía el sexo en la
lista de motivos de discriminación expresamente prohibidos.
En primera instancia, el Tribunal había considerado que la Constitución no podía ser
interpretada de forma que permitiera las discriminaciones basadas en el sexo y había declarado
inconstitucional el artículo de la ley en cuestión. Para apoyar este razonamiento, el tribunal
indicó que prefería escoger una interpretación de la Constitución conforme a las obligaciones
internacionales del Estado en materia de no discriminación.
118 Artículo 11 del Convenio núm. 158: “El trabajador cuya relación de trabajo vaya a darse por terminada tendrá
derecho a un plazo de preaviso razonable o, en su lugar, a una indemnización, a menos que sea culpable de una falta
grave de tal índole que sería irrazonable pedir al empleador que continuara empleándolo durante el plazo de
preaviso.”
119 Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981; Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979.
62

El Ministro de Justicia apeló esta decisión alegando que la omisión del sexo en los motivos de
discriminación prohibidos en el artículo 15 había sido deliberada por parte de los legisladores, a
fin de tener en cuenta el carácter patrilineal de la cultura tradicional de Botswana 120 .
Para resolver la apelación y determinar si la Constitución permitía efectivamente las
discriminaciones por razón de sexo, el Tribunal de Apelación examinó en primer lugar la lógica
interna del texto constitucional y los principios generales de interpretación que debían tenerse
en cuenta para resolver la contradicción entre los artículos 3 y 15 del texto. El Tribunal señaló
tres argumentos que permitían declarar inconstitucional la ley sobre la nacionalidad.
El órgano jurisdiccional subrayó primero que entre los derechos fundamentales que enumera, el
artículo 3 reconoce el derecho a la protección ecuánime de la ley. Al igual que todos los
derechos citados en esa disposición, debe acordarse la protección ecuánime de la ley sin
discriminación por razón de sexo. El Tribunal de Apelación dedujo de lo anterior que el artículo
3 imponía una prohibición general de discriminación por razón de sexo.
Además, el Tribunal indicó que el artículo 3 es una disposición general que tiene por objeto
aclarar la interpretación del conjunto de las disposiciones del capítulo de la Constitución
relativo a los derechos fundamentales de los seres humanos. En este sentido, el artículo 15 no
podía aplicarse independientemente del artículo 3.
Por último, el Tribunal consideró que, para reconocer que el artículo 15 restringe las garantías
acordadas por el artículo 3 con respecto a las diferencias de trato por razón de sexo, hubiera sido
necesario que esta restricción fuera clara y sin ambigüedad, lo cual no sucedía en este caso ya
que el artículo 15 no excluía expresamente la discriminación por razón de sexo de su ámbito de
aplicación.
Para apoyar su interpretación de la Constitución, el Tribunal se refirió luego a las obligaciones
internacionales de Botswana en materia de no discriminación. El Tribunal hizo notar que
Botswana había ratificado tanto la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos
como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer. Tras defender la necesidad de tomar en consideración los instrumentos
internacionales a la hora de interpretar la Constitución, el Tribunal decidió anular el artículo 4
de la ley sobre la nacionalidad:
“(…) incumbe a nuestro país, como al resto de Estados africanos que han firmado la
Carta [Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos], la clara
obligación de asegurar la eliminación de todo tipo de discriminación contra las mujeres.
En mi opinión, este Tribunal tiene claramente el deber de tener muy presentes las
obligaciones internacionales a la hora de asumir la difícil tarea de interpretar las
disposiciones de la Constitución. Si las disposiciones constitucionales son tales que
pueden ser interpretadas de forma que se asegure el respeto por parte del Estado de sus
obligaciones internacionales, debe escogerse entonces tal interpretación. Podría ser de
otra forma en el caso de que, plenamente consciente de sus obligaciones internacionales
dimanantes de un tratado, convención, acuerdo o protocolo ratificado, un Estado adopte
una ley que contravenga de forma deliberada y en un lenguaje claro el contenido de
dicho tratado. No obstante, en el caso objeto de examen por este Tribunal, las
disposiciones claras del artículo 3 de la Constitución son conformes a las obligaciones
internacionales del Estado, mientras que la interpretación del artículo 15 sostenido por
el recurrente conduciría inevitablemente al Estado a vulnerar sus obligaciones
dimanantes de las reglas de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad
Africana. A este respecto, soy de la opinión que este país no adoptará deliberadamente
120
El artículo 15 de la Constitución fue enmendado en el 2004 para incluir el sexo entre los motivos prohibidos de
discriminación.
63

ninguna ley que contravenga sus obligaciones y compromisos en virtud de estos
tratados. Los tribunales deben, por tanto, interpretar las leyes nacionales de forma que
sean compatibles con la responsabilidad del Estado de no vulnerar sus obligaciones
internacionales (…)
A la luz de lo anterior, debe interpretarse que la Constitución no permite las
discriminaciones por razón de sexo, lo que constituiría una vulneración del derecho
internacional. Por consiguiente, debe considerarse inconstitucional el artículo 4 de la ley
sobre la nacionalidad y debe quedar, por tanto, anulado.”
Constitución del Brasil
Brasil
Artículo 5
1. Las normas que definen derechos y garantías fundamentales son de aplicación inmediata.
2. Los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución no son excluyentes de cualquier otro
derecho derivado del régimen y de los principios adoptados por este texto o procedente de los
tratados internacionales ratificados por la República Federativa del Brasil.
3. Los tratados y convenios internacionales sobre derechos de la persona aprobados por cada cámara del
Congreso Nacional, en dos votaciones por mayoría de los tres quintos de los votos de los miembros
de cada cámara, serán considerados como modificaciones constitucionales.
33. Tribunal Regional del Trabajo de la 3ª Región, Rogerio Ferreira Goncalves (1),
Infocoop Servicios – Cooperativa de Profissionais de Prestacao de Servicios ltda (2)
Caixa Economica Federal CEF (responsable subsidiaria), 30 de septiembre de 2003,
00652-2003-017-03-00-0RO
Tema: calificación de la relación de trabajo
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
solución basada en el derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: instrumento no sujeto a ratificación 121
Trabajador que ejerce su actividad laboral en una cooperativa que presta servicios a una
administración pública/ Se reclama la existencia de una relación de trabajo por cuenta ajena/
Existencia de relación de ajenidad/ Utilización de una recomendación de la OIT para justificar
la posición del Tribunal
Un operador-grabador de datos informáticos se afilió a una cooperativa que prestaba servicios
para una administración pública. En este contexto, el operador trabajaba para la Administración
pero como miembro de la cooperativa era de esta última de la que recibía una remuneración.
La colaboración que el operador mantuvo con la cooperativa finalizó al cabo de 20 meses. El
trabajador recurrió a la justicia para que se reconociera que había tenido una relación de trabajo
por cuenta ajena con la cooperativa, calificación jurídica que acarrearía la concesión de una
serie de ventajas y beneficios.
El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del trabajador reconsiderando la relación
contractual que le unía con la cooperativa. La cooperativa apeló la sentencia alegando que el
operador-grabador era miembro de pleno derecho de la cooperativa y que recibía su parte de
beneficios de dicha organización, haciendo énfasis en que el vínculo contractual entre la
121 Recomendación núm. 193 de la OIT sobre la promoción de las cooperativas, 2002.
64

cooperativa y la administración pública eran de carácter puramente civil y que de ningún modo
se podía deducir que existía una relación de trabajo por cuenta ajena con el operador.
Antes de considerar los hechos, el Tribunal Regional del Trabajo analizó el artículo 3 de la
Consolidación de Leyes del Trabajo brasileña, que establece que las relaciones entre una
cooperativa y sus miembros no están regidas por un contrato de trabajo. En segunda instancia se
subrayó que esta disposición tenía como único efecto establecer una presunción simple de
ausencia de relación de trabajo por cuenta ajena y que no se oponía, bajo ningún concepto, a la
recalificación del vínculo contractual que unía a asociado y cooperativa, en particular en caso de
fraude de ley destinado a evitar la aplicación de la legislación laboral.
Para respaldar esta interpretación, el Tribunal Regional del Trabajo se refirió a la
Recomendación núm. 193 de la OIT sobre la promoción de las cooperativas. Tras aludir el
párrafo 8, b) de dicho documento, 122 el Tribunal consideró lo siguiente: “Así pues, aunque la
OIT promueve la creación de cooperativas, asimismo manifiesta su preocupación para que no se
utilice este instrumento jurídico para violar los derechos de los trabajadores. En este sentido, es
necesario verificar en cada caso la forma en la que se desarrolla la prestación de trabajo, con el
objeto de determinar su exacta calificación jurídica.”
Al aplicar este principio al litigio, la instancia de apelación constató que la remuneración del
operador-grabador de datos informáticos no se distinguía en absoluto de la que recibía un
trabajador subordinado y que por las tareas que realizaba no se le podía considerar como
trabajador autónomo.
Sobre este fundamento, el juez encargado de exponer la decisión del Tribunal Regional del
Trabajo declaró lo siguiente:
“Sobre la base de los preceptos legales ya mencionados y de la Recomendación de la
OIT, adoptamos la decisión del Tribunal de Primera Instancia y concluimos que existe
una relación de empleo conforme a lo establecido por el artículo 3 de la Consolidación
de las Leyes del Trabajo.”
34. Tribunal Regional del Trabajo de la 3ª Región, Lacir Vicente Nunes c. Sandoval
Alves Da Rocha y otros, 7 de mayo de 2003, TRT-RO-3951/03
Tema: vacaciones pagadas
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional; referencia al derecho internacional para reforzar una decisión basada en el
derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 123
Extinción del contrato de trabajo sin haber disfrutado de vacaciones/ Reclamación de
indemnización por vacaciones pagadas no disfrutadas/ Discordancia entre el derecho interno y
un convenio internacional ratificado/ Aplicación de la regla más favorable al trabajador
Un trabajador doméstico es despedido a los ocho meses de su contratación y solicita ante los
tribunales una indemnización por las vacaciones pagadas no disfrutadas durante el periodo que
estuvo contratado. El Tribunal de Primera Instancia rechazó la demanda considerando que las
122 El párrafo 8, b) de la Recomendación núm. 193 dice así: "Velar por que no se puedan crear o utilizar cooperativas
para evadir la legislación del trabajo ni ello sirva para establecer relaciones de trabajo encubiertas, y luchar contra las
pseudos-cooperativas que violan los derechos de los trabajadores, velando porque la legislación del trabajo se aplique
en todas las empresas.”
123 Convenio núm. 132 de la OIT sobre vacaciones pagadas (revisado), 1970.
65

disposiciones relativas a indemnizaciones compensatorias por no haber disfrutado del periodo
vacacional no amparan a los trabajadores domésticos. El trabajador recurrió en apelación esta
decisión ante el Tribunal Regional del Trabajo competente.
El Tribunal Regional de Trabajo analizó primero si la legislación laboral en materia de
vacaciones pagadas se aplicaba a los trabajadores domésticos. La jurisdicción señaló que el
artículo 7 de la Constitución extiende a los trabajadores domésticos la aplicación de las normas
de la Codificación de Leyes del Trabajo del Brasil (CLT) en materia de vacaciones pagadas.
Para apoyar su decisión, el Tribunal se remitió al Convenio núm. 132 de la OIT, ratificado por
el Brasil en 1999, que sólo excluía de su ámbito de aplicación a las gentes del mar. 124
Según lo dispuesto en la legislación nacional, había dos obstáculos para el reconocimiento al
demandante de la indemnización compensatoria por vacaciones pagadas y no disfrutadas. El
primero, el artículo 130 de la CLT, que dispone un periodo mínimo de doce meses para que los
asalariados adquieran el derecho a vacaciones pagadas. El segundo, el artículo 147 del mismo
texto, que establece que las personas cuyo contrato de trabajo finalice antes de que transcurran
doce meses de servicio tendrán derecho a una indemnización compensatoria por vacaciones
pagadas y no disfrutadas salvo en el caso en el que el empleador hubiera puesto fin al contrato
por “causa justa”. Hay que resaltar que en el caso de autos el trabajador fue despedido y no
impugnó la validez de la finalización del contrato.
No obstante, el Tribunal examinó el contenido del Convenio núm. 132 de la OIT y consideró
que el litigio se resolvería aplicando la norma que resultara más favorable al
trabajador,declarando lo siguiente:
“Es preciso señalar que el principio de la norma más favorable es aplicable en Derecho
del Trabajo. Por tanto, es al juez a quien corresponde aplicar la norma más favorable al
trabajador. En este sentido, el artículo 11 en conjunción con el artículo 5 del precitado
Convenio establece un nuevo periodo mínimo de adquisición del derecho a vacaciones
pagadas, reduciéndolo a seis meses, independientemente del motivo de la terminación
del contrato.”
En aplicación del principio de la norma más favorable, el Tribunal Regional del Trabajo de la
3.ª Región se acogió al Convenio núm. 132 de la OIT para reconocer al demandante el derecho
a la indemnización por vacaciones pagadas. El cálculo del importe se efectuó conforme a las
disposiciones de derecho interno.
124 El artículo 2, 1) del Convenio núm. 132 dice lo siguiente: “El presente Convenio se aplica a todas las personas
empleadas por cuenta ajena, con excepción de las gentes del mar.”
66

35. Tribunal Superior del Trabajo, Sub-sección 1ª especializada en conflictos
individuales, São Paulo Transporte S.A. c. Gilmar Ramos Da Silva, 5 de marzo de
2003
Temas: dignidad de la persona; principio general de igualdad; protección frente a la
discriminación en el empleo y la ocupación
Función del derecho internacional: establecimiento de un principio jurisprudencial
inspirado en el derecho internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 125 instrumentos no sujetos a ratificación 126
Discriminación/ HIV/SIDA/ Constitución nacional/ Dignidad de la persona/ Establecimiento de
un principio jurisprudencial inspirado en el derecho internacional
La empresa São Paulo Transporte S.A. al tener conocimiento que el actor era portador del
VIH/SIDA, le comunicó su despido argumentando razones técnicas.
El trabajador inició una acción judicial reclamando su reintegro en su puesto de trabajo y el
pago por parte de la empresa de una indemnización de daños.
El tribunal de primera instancia hizo lugar al reclamo del actor, y luego de una serie de recursos
judiciales, el caso llega a la decisión del Tribunal Superior del Trabajo.
La empresa resiste la pretensión del trabajador argumentando que en el ordenamiento jurídico
brasilero no existe una disposición normativa que reconozca al trabajador el derecho de
estabilidad propia que reclama; y que las previsiones contenidas en la Constitución Federal
respecto al Estado Democrático de Derecho y a la Dignidad de la Persona Humana son
demasiado genéricas en su formulación como para sustentar el derecho a la reintegración al
puesto de trabajo, más aún cuando no se trata de un accidente de trabajo o de una enfermedad
vinculada al trabajo. Continúa la empresa argumentando que junto al VIH/SIDA existen otras
enfermedades de idéntico impacto social, las cuales no generan en los empleados enfermos el
derecho a la estabilidad propia.
El Tribunal considera que la conducta de la empresa que aún conociendo la enfermedad del
trabajador, procede a su despido es repugnante a la dignidad de la persona humana, la cual,
constituye un principio fundamental de la República Federativa del Brasil y este principio está
presente en la Constitución Federal de 1988.
Además, el Tribunal tiene presente que no es el caso que la gravedad de una enfermedad pueda
permitir a un trabajador permanecer dentro de una empresa a pesar de conductas que no lo
permitieran. Pero en este caso, la empresa en conocimiento de la enfermedad del trabajador
procedió a su despido expresando como causa razones técnicas que luego no probó en el juicio,
lo que lleva a considerar que la empresa no tuvo más causa de despido que la propia enfermedad
del actor.
El Tribunal argumenta que existen en el ordenamiento jurídico brasilero normas jurídicas
suficientes que prohíben las conductas discriminatorias. Estas normas jurídicas incluyen no sólo
la propia Constitución Federal sino también los Convenios de OIT núm. 111 y 117, y la
Declaración OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998. En
consecuencia, sostiene el Tribunal que en éste escenario mundial de preocupación en erradicar
las prácticas discriminatorias, no existe para los jueces la posibilidad de negar amparo
jurisdiccional al trabajador portador de VIH/SIDA, aún en el hipotético caso de un vacío
125 Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958; Convenio núm. 117 de OIT
sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962.
126 Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998.
67

normativo legal.
Dando respuesta al argumento de la empresa sobre la inexistencia de norma legal que posibilite
el reintegro del trabajador, el Tribunal sostiene que el derecho a la reinstalación surge de la
nulidad del acto discriminatorio. Por disposición del Código Civil, el acto nulo no produce
efectos jurídicos.
Como consecuencia, calificando el despido como arbitrario y discriminatorio, el Tribunal hace
lugar al reclamo del actor y dispone su reintegro y el pago por parte de la empresa de una suma
de dinero como indemnización de daños.
68

Constitución de la República de Bulgaria
Bulgaria
Artículo 5, párrafo 4
Los instrumentos internacionales debidamente ratificados y promulgados que hayan entrado en vigor a
efectos de la República de Bulgaria formarán parte integrante del ordenamiento jurídico interno del país.
Estos instrumentos prevalecerán sobre las disposiciones de la legislación interna que le sean contrarias.
36. Tribunal Constitucional de Bulgaria, 27 de julio de 1992, decisión 8, asunto
constitucional núm. 7
Tema: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 127
Prohibición de que los antiguos dirigentes del Partido Comunista ocupen puestos ejecutivos en
entidades bancarias/ Demanda ante el Tribunal Constitucional por vulneración de la
Constitución Nacional/ Supremacía del derecho internacional sobre el interno/ Referencia al
derecho internacional para reforzar una decisión basada en el derecho interno
Una disposición incluida en una nueva ley, la Ley de Bancos y Crédito, 128 prohibía a las
personas que hubieran ocupado anteriormente puestos ejecutivos en los órganos del Partido
Comunista que ocuparan cargos similares en entidades bancarias. Unos parlamentarios
solicitaron al Tribunal Constitucional que declarara que dicha disposición era inconstitucional e
incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con el Convenio núm.
111 de la OIT.
En primer lugar, el Tribunal especificó la posición jerárquica de estos dos instrumentos
internacionales en el ordenamiento jurídico interno:
“Conforme al artículo 5, 4) de la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Convenio núm. 111 de la OIT relativo a la discriminación en materia de
empleo y ocupación y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados forman
parte integrante de nuestra legislación nacional desde su ratificación y promulgación.
Asimismo, se desprende de dicho artículo de la Constitución que tienen supremacía
sobre nuestras leyes nacionales.”
A continuación, el Tribunal comparó las disposiciones de la nueva Ley con las de estos
instrumentos internacionales y observó que:
“(...) el asunto que nos ocupa trata de la restricción del derecho a ocupar un puesto
ejecutivo en los órganos rectores de entidades bancarias para determinadas personas, lo
que constituye una discriminación en el acceso a las diversas ocupaciones en el sentido
del artículo 1 del Convenio núm. 111. La Ley es también contraria a los artículos 2, 2) y
6, 1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a los
artículos 2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
127 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, 1966; Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
128 Ley de Bancos y Crédito, publicada en el Boletín Oficial núm. 25/1992.
69

De lo anterior resulta que el texto del párrafo 9 de las Disposiciones Transitoria y Final
de la Ley de Bancos y Crédito se contradice con el artículo 6, 2) de la Constitución 129 y
con los convenios internacionales anteriormente mencionados. Estos convenios son
considerados parte integrante de la legislación nacional y tienen supremacía sobre
cualquier otra norma interna que les sea contraria. Por tanto, en virtud de la aplicación
inmediata de lo dispuesto en la Constitución y de la supremacía de las normas
internacionales sobre el derecho interno, se desprende que ha de reconocerse que (...) [la
disposición en discusión] incumple el artículo 6, 2) de la Constitución, así como los
citados acuerdos internacionales.”
En consecuencia, el Tribunal Constitucional de Bulgaria consideró que la disposición que
prohibía el acceso a cargos ejecutivos en entidades bancarias a personas que hubieran ocupado
previamente cargos ejecutivos en los órganos del Partido Comunista era inconstitucional y
contraria a los citados convenios internacionales.
129 Artículo 6, 2) de la Constitución de Bulgaria: “Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No se aceptará ningún
privilegio ni restricción de derechos por razón de raza, nacionalidad, etnia, sexo, origen, religión, educación,
convicciones, afiliación política, situación personal, social o financiera.”
70

Constitución de Burkina Faso
Burkina Faso
Artículo 151
Los tratados y acuerdos debidamente ratificados o aprobados tendrán, desde el momento de su
publicación, supremacía sobre las leyes internas, siempre que cada acuerdo o tratado sea aplicado por la
otra parte.
37. Tribunal Laboral de Koudougou, J.B. K. Sankara c. Orfanato Pèdg Wendé, 5 de
febrero de 2009, núm. 003
Tema: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 130
Protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación/ Despido/ Distinción sin
fundamento en relación con una calificación específica/ Referencia al derecho internacional
para reforzar una decisión basada en el derecho nacional
Un profesional docente que trabajaba en un orfanato, fue despedido porque no frecuentaba la
iglesia regularmente y porque su situación de soltero con hijo no se adecuaba a los valores
preconizados por la institución. Considerando su despido abusivo y discriminatorio, acudió al
Tribunal Laboral. El orfanato sostenía, por contra, que el profesional docente, padre de cuatro
hijos sin estar casado, no tenía el comportamiento de un cristiano convencido que se necesitaba
para ayudar a los huérfanos. No obstante, el tribunal desestimó esta argumentación.
Tras recordar que el artículo 4 del Código de Trabajo prohíbe la discriminación en materia de
empleo y ocupación y que el artículo 71, párrafo 2, de este mismo código declara abusivos los
despidos basados en la discriminación, el Tribunal Laboral utilizó el Convenio núm. 111 de la
OIT. De este modo declaró que «si bien es cierto que en el sentido del párrafo 2 del artículo 1º
del Convenio núm. 111 de la OIT, la religión puede constituir una calificación que puede ser
exigida de buena fe para el ejercicio de un empleo o una ocupación, en este caso particular, el
puesto de maestro de primaria en el orfanato no requería un conocimiento especial de la
religión, la enseñanza de la Biblia no se encontraba incluida ni en el programa ni en el horario
presentado en el expediente y aún menos en los estatutos de la fundación».
Con el fin de reforzar su decisión, el Tribunal se refirió al párrafo 2 del artículo 1º del Convenio
núm. 111 de la OIT, que excluye del campo de las discriminaciones las distinciones,
exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado.
Aplicando este texto, investigó si se exigía una calificación específica en materia de religión
para ocupar el puesto de maestro en este orfanato. En este caso particular resultó no ser así.
Basándose en los textos nacionales que prohíben la discriminación en materia de empleo y
ocupación y en la disposición específica del artículo 1º, párrafo 2, del Convenio núm. 111 de la
OIT, el Tribunal Laboral consideró que el orfanato, al dar preferencia a los cristianos
protestantes de una iglesia para la ocupación de un puesto de maestro, alteraba la igualdad de
oportunidades y de trabajo. En consecuencia, declaró injustificado el despido del demandante
que estaba basado en esta discriminación.
130 Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
71

38. Tribunal de Apelación de Bobo–Dioulasso, Sala Social, M.M. Karama y Bakouan c.
la Société Industrielle du Faso (SIFA), 5 de julio de 2006, núm. 035
Tema: derecho de huelga
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado; 131 jurisprudencia internacional 132
Huelga general/ Legalidad de la huelga/ Referencia al Convenio núm. 87 de la OIT/
Interpretación de las disposiciones del derecho nacional a la luz del Convenio núm. 87 de la
OIT y de la Recopilación del Comité de Libertad Sindical
Por iniciativa de varias centrales sindicales de Burkina Faso se presentó un preaviso de huelga
de 48 horas de los trabajadores del sector público y el sector privado ante el Jefe de Estado y el
Director General de Empleo, Trabajo y Seguridad Social con vistas a una huelga en la totalidad
del territorio nacional. Dos trabajadores del sector privado fueron despedidos por participar en
esta huelga, aunque el preaviso había sido notificado a su empleador.
Después de que el Tribunal Laboral de Bobo-Dioulasso declarara legítimos los despidos, estos
trabajadores acudieron al Tribunal de Apelación, ante el cual alegaron que la huelga del sector
privado era una huelga de solidaridad que obtenía su legalidad de la huelga del sector público
con la que se solidarizaba. Por contra, el empleador argumentó que las disposiciones del Código
de Trabajo prohibían en el sector privado toda huelga que no se inscribiera en el contexto de la
empresa y que, en este caso particular, la huelga, impulsada por motivos externos a la empresa,
era ilícita.
El Tribunal de Apelación, tras constatar que se trataba de una huelga general nacional que
afectaba a todos los sectores y comprendía un número determinado de reivindicaciones
relacionadas con los salarios, los impuestos y los derechos de los trabajadores, se remitió al
Convenio núm. 87 de la OIT. Para explicar las bases de su razonamiento, recordó, por una parte,
que :
«el principio de la interpretación conforme permite suponer que el legislador no ha
violado o no quiere violar el espíritu de los tratados internacionales que ha ratificado»
Y, por otra parte:
«que el juez tiene la posibilidad de remitirse a dichos instrumentos internacionales y a
los comentarios de los expertos en caso de contradicciones, insuficiencias, lagunas o
retroceso respecto al avance preconizado en los tratados».
Aplicando estos principios, el Tribunal de Apelación consideró que la huelga, que era una
huelga general basada en intereses profesionales y económicos y dirigida a buscar soluciones a
cuestiones de políticas sociales, era legítima y lícita conforme a las afirmaciones del Comité de
Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo que se
encuentran en la Recopilación de decisiones y principios. 133
A continuación consideró que, aunque el legislador nacional no había previsto expresamente el
mecanismo de inicio de huelga en este supuesto, la huelga iniciada de ese modo en el sector
privado obtenía su legalidad de la iniciada en el sector público en conformidad con la ley
131 Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948.
132 Comité de Libertad Sindical de la OIT.
133 OIT: La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de
Administración de la OIT, cuarta edición (revisada), (Ginebra, 1996), párrafo 494. En la versión actualizada (quinta
edición revisada, 2006) ver párrafo 543.
72

nacional. Para reforzar este análisis, se remitió de nuevo a las afirmaciones del Comité de
Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT 134 señalando que, en este caso
particular, no se había acudido a ninguna jurisdicción, ni a ningún órgano independiente de la
Administración afectada por la huelga para valorar su legalidad o ilegalidad.
Interpretando de este modo las disposiciones del derecho nacional en materia de huelga a la luz
del Convenio núm. 87 de la OIT y de la Recopilación del Comité de Libertad Sindical, el
Tribunal de Apelación consideró la huelga legítima y legal y declaró injustificado el despido de
ambos demandantes.
39. Tribunal Laboral de Ouagadougou, Zongo y otros c. Gerente de la “Station Mobil
Bataille du Rail”, 17 de junio de 2003, núm. 090
Temas: despido; salario mínimo
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno; uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 135
Ruptura abusiva de contrato/ Inobservancia de los salarios mínimos establecidos/ Referencia al
derecho internacional para reforzar una decisión basada en el derecho interno/ Uso del
derecho internacional como guía para la interpretación del derecho interno
Los tres demandantes trabajaban, todos ellos, para la demandada como responsables de
surtidores de gasolina. El 30 de abril de 2001, la demandada les informó, mediante notas
individuales, de la ruptura de sus contratos de trabajo sin que mediara explicación ni preaviso.
Los demandantes, considerando que sus despidos eran injustificados acudieron a la Inspección
de Trabajo para intentar solucionar el litigio de forma amistosa. Al fracasar este intento,
presentaron una demanda ante el Tribunal Laboral.
El Tribunal, tras concluir que se trataba de una ruptura abusiva de los contratos de trabajo,
examinó las diversas reclamaciones de los demandantes, entre las cuales se encontraba el cobro
de los importes salariales adeudados con motivo de la inobservancia de los salarios mínimos
aplicables a su categoría profesional. En ese sentido, la jurisdicción pudo constatar que los
salarios abonados a los demandantes eran inferiores a los mínimos establecidos en los acuerdos
de la comisión mixta paritaria interprofesional del 12 de marzo de 1997 y del 24 de mayo de
1999. El Tribunal dedujo, en consecuencia, que se había vulnerado el artículo 20, 5) del Código
del Trabajo. Dicho artículo establece que: “el empleador debe pagar los salarios y las
indemnizaciones adeudadas, en virtud de los textos normativos, convencionales y
contractuales.”
Además, a fin de confirmar su interpretación del artículo 20, 5) y reconocer el carácter
obligatorio de la aplicación de los salarios mínimos, el Tribunal se refirió a los Convenios núm.
26 y 131 de la OIT sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos. Ambos convenios
fueron ratificados por Burkina Faso.
El Tribunal constató que el artículo 3, 3) del Convenio núm. 26 obliga a los empleadores y a los
trabajadores a respetar las tasas mínimas de salarios establecidas:
134
Op. cit., párrafos 522 y siguientes. En la versión actualizada (quinta edición revisada, 2006) ver párrafos 628 y
siguientes.
135
Convenio núm. 26 de la OIT sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928; Convenio núm. 131 de
la OIT sobre la fijación de salarios mínimos, 1970.
73

“El artículo 3, 3) del Convenio núm. 26 de la OIT sobre los métodos para la fijación de
salarios mínimos (…) dispone que las tasas mínimas de salarios que hayan sido fijadas
serán obligatorias para los empleadores y trabajadores interesados, quienes no podrán
rebajarlas por medio de un contrato individual ni, excepto cuando la autoridad
competente dé una autorización general o especial, por un contrato colectivo.”
El Tribunal se refirió, asimismo, al artículo 2, 1) del Convenio núm. 131 que establece que “los
salarios mínimos tendrán fuerza de ley y no podrán reducirse.”
Finalmente, con objeto de permitir que los demandantes pudieran cobrar la suma que su anterior
jefe les adeudaba, el Tribunal tuvo nuevamente en cuenta los Convenios núm. 26 y 131 de la
OIT:
“[Visto que] en su artículo 4 [Convenio núm. 26], se afirma que (…) todo trabajador al
que le sean aplicables las tasas mínimas y haya recibido salarios inferiores a esas tasas
tendrá derecho a recuperar la suma que se le adeude, por vía judicial o por cualquier
otra vía legal, dentro del plazo que fije la legislación nacional. Considerando que cabe
añadir que el Convenio núm. 131 relativo a la fijación de salarios mínimos de 1970,
sobre todo en lo que se refiere a los países en vías de desarrollo, ratificado mediante el
Decreto 74-42 del 4 de marzo de 1974, dispone en su artículo 2, 1) que (…) la persona o
personas que no los apliquen estarán sujetas a sanciones apropiadas de carácter penal o
de otra naturaleza.”
Por consiguiente, el Tribunal Laboral de Ouagadougou concluyó que el derecho nacional,
interpretado conforme a los tratados ratificados por Burkina Faso, no permite derogar por
contrato los salarios mínimos fijados por la Comisión mixta paritaria interprofesional. Además,
concluyó que cuando dichas tasas mínimas no se respetan, la víctima de tal vulneración tiene
derecho a pedir la compensación de las sumas adeudadas y el empleador debe pagar los
derechos adquiridos resultantes de tal vulneración.
40. Tribunal Laboral de Ouagadougou, Compaore c. Sitarail, 25 de marzo de 2003,
núm. 037
Temas: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación; igualdad de
remuneración
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 136
Despido abusivo/ Historial profesional/ Discriminación entre trabajadores nacionales y
extranjeros/ Referencia al derecho internacional para reforzar una decisión basada en el
derecho interno
Un empleado de la compañía ferroviaria Sitarail fue asignado sucesivamente a tres puestos
distintos, con una reducción sustancial de su sueldo. Se negó a aceptar el tercer puesto y fue
despedido. Tras considerar que el despido era injustificado, el Tribunal Laboral de
Ouagadougou analizó la remuneración que el trabajador debía percibir como indemnización, lo
que requería elaborar el historial profesional del demandante. Ello permitió observar que había
una diferencia de sueldo entre los empleados de Burkina Faso y los extranjeros.
136 Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
74

Tras señalar que la diferencia de trato era contraria al convenio colectivo aplicable a las
empresas, así como a la legislación nacional, la cual prohíbe la discriminación, el Tribunal se
refirió al Convenio núm. 111 de la OIT para reforzar su decisión:
“Dado que la compañía ferroviaria Sitarail ha claramente interpretado de forma
incorrecta el espíritu de los instrumentos legales y ha discriminado a los trabajadores de
dos nacionalidades distintas, sin que exista ninguna disposición que establezca dicha
diferencia, ni mucho menos que la imponga;
dado que, además, el Convenio núm. 111 de la OIT obliga a los Estados que lo hayan
ratificado a prohibir toda forma de discriminación en materia de empleo y de formación
profesional;
y dado que Burkina Faso y Costa de Marfil están vinculados por dicho Convenio;
Sitarail, al aplicar un trato distinto a trabajadores con idéntica cualificación profesional,
ha vulnerado deliberadamente el espíritu y el contenido del Convenio núm. 111.”
En consecuencia, el Tribunal Laboral de Ouagadougou, considerando que la compañía Sitarail
había incumplido la legislación nacional así como el Convenio núm. 111 de la OIT, condenó a
la empresa a pagar la diferencia de remuneración al trabajador afectado.
41. Tribunal Laboral de Ouagadougou, Savadogo Zonabo c. Grands moulins du
Burkina, 10 de septiembre de 2002, núm. 140
Temas: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación; igualdad de
remuneración
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 137
Práctica de una empresa consistente en asignar una categoría superior a los empleados
ascendidos a puestos directivos/ Demanda de una empleada ascendida que sólo había
cambiado de nivel administrativo sin que modificaran su categoría/ Aplicación directa de los
Convenios núm. 100 y 111 de la OIT
La demandante había sido ascendida a un puesto ejecutivo en una empresa que aplicaba, en la
práctica, la regla no escrita de ascender a una categoría superior a todos los empleados adscritos
a dicho puesto. Varios días después de su designación, la dirección decidió no aplicar esta regla
y le asignó únicamente un cambio de nivel administrativo. No obstante, varios meses después,
uno de sus colegas masculinos fue promovido a un puesto ejecutivo y fue ascendido a una
categoría superior, de acuerdo con la práctica que había sido habitual. La empresa alegó que el
cambio de escalón administrativo de la demandante le había supuesto un sueldo superior al que
hubiera recibido si se hubiera aplicado la práctica anterior.
El Tribunal Laboral de Ouagadougou consideró que ese argumento no era aceptable y aplicó
directamente los Convenios de la OIT núm. 100 sobre igualdad de remuneración y 111 sobre
discriminación:
“El Convenio núm. 100, ratificado por Burkina Faso, prohíbe cualquier forma de
discriminación en materia de remuneración entre hombres y mujeres;
137
Convenio núm. 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración, 1951; Convenio núm. 111 de la OIT sobre la
discriminación (empleo y ocupación), 1958.
75

En este caso, la Sra. Savadogo Zonabo [la demandante] ha sufrido un trato
discriminatorio con respecto a su remuneración por parte de Grands Moulins du
Burkina [la empresa] por ser la primera mujer que accede a un puesto ejecutivo; (…)
Al no elevar de categoría a la Sra. Zonabo (...) pese a cumplir todos los requisitos para
ello, la empresa ha infringido los Convenios núm. 100 y 111.”
El Tribunal Laboral de Ouagadougou, basándose en los Convenios núm. 100 y 111 de la OIT,
dictaminó que la empresa demandada debía restituir a la demandante sus derechos
ascendiéndola a la categoría solicitada y abonándole la diferencia salarial, una indemnización y
una compensación por daños y perjuicios.
Canada
42. Corte Suprema de Canadá, Asociación de Negociación Colectiva de Servicios de
Salud y de Apoyo c. Columbia Británica, 8 de Junio de 2007, 2007 SCC 27, [2007] 2 SCR
391
Temas: libertad sindical; negociación colectiva
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno.
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 138 jurisprudencia internacional 139 .
Carta Canadiense de los Derechos y Libertades/ Libertad de asociación/ Derecho a la
negociación colectiva/ Si la garantía constitucional de libertad sindical incluye el derecho de
negociación colectiva/ Uso del derecho internacional como guía para la interpretación del
derecho interno.
Se presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Canadá en el cual los apelantes
demandaron la inconstitucionalidad de la Parte 2 de la Ley de Mejoramiento de la Prestación de
Servicios Sociales y de Salud (Health and Social Services Delivery Improvement Act SBC 2002)
porque consideraban que violaba la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
Parte 2 de la norma dio a los empleadores mayor flexibilidad para organizar las relaciones con
los trabajadores y en algunos casos incluso para hacerlo de maneras que no hubiera sido posible
bajo las condiciones establecidas en pactos colectivos previos y vigentes. Introdujo cambios en
las transferencias y en los derechos de asignación en diferentes lugares de trabajo (arts. 4 y 5), la
subcontratación (art. 6), los estatus de los trabajadores bajo acuerdos de subcontratación (art. 6),
los programas de seguridad en el empleo (arts. 7 y 8), y los despidos y derechos de prelación
por antigüedad (art. 9). Adicionalmente, el artículo 10 invalidaba cualquier parte de una
convención colectiva, previa o posterior, que fuera en contra de la Parte 2, así como cualquier
convención colectiva cuyo objeto fuera la modificación de estas restricciones.
La cuestión jurídica enfrentada por la Corte era determinar si la garantía de la libertad de
asociación en el artículo 2(d) de la Carta protege los derechos de negociación colectiva y, en
caso afirmativo, revisar si dicho derecho se había violado con la ley aprobada. Al resolver el
primer punto la Corte hace un cambio significativo en su jurisprudencia pues reconoce que las
razones evocadas en el pasado para excluir el derecho a la negociación colectiva de la garantía a
138 Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966; Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, 1966.
139 Comité de Libertad Sindical de la OIT; Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de
la OIT; Comisiones de Investigación y de Conciliación en Materia de Libertad Sindical de la OIT.
76

la libertad de asociación ya no podían ser sostenidas y que no resultaría consistente con el
reconocimiento que se ha hecho históricamente en Canadá de la importancia de la negociación
colectiva. La Corte dice también que la negociación colectiva es un componente integral de la
libertad de asociación en el derecho internacional, el cual puede informar la interpretación de las
garantías de la Carta:
“Bajo el sistema federal de gobierno de Canadá, la incorporación de acuerdos
internacionales en el derecho interno es propiamente el papel del Parlamento federal o
las legislaturas federales. Sin embargo, las obligaciones internacionales de Canadá
pueden ayudar a los tribunales encargados de la interpretación de las garantías de la
Carta (véase Suresh v. Canadá (Minister of Citizenship and Immigration […]) La
aplicación de esta herramienta interpretativa aquí apoya el reconocimiento de un
proceso de negociación colectiva como parte de la garantía de la Carta de la libertad de
asociación.
La adhesión de Canadá a los documentos internacionales que reconocen el derecho a la
negociación colectiva apoya el reconocimiento del derecho en el art. 2(d) de la
Carta.” 140
La Corte presenta como fuentes principales para entender el artículo 2(d) de la Carta al Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación. Canadá ha ratificado los tres, razón por la
cual, la Corte reconoce en ellos no sólo un reflejo del consenso internacional sino principios que
Canadá se ha comprometido a mantener:
“El PIDESC, el PIDCP y el Convenio núm. 87 extienden la protección al
funcionamiento de los sindicatos en una manera que sugiere que el derecho a la
negociación colectiva es parte de la libertad de asociación. La interpretación de estos
convenios, en Canadá e internacionalmente, no sólo apoya la tesis de que existe un
derecho a la negociación colectiva en el derecho internacional, sino que sugiere también
que ese derecho debe ser reconocido en el contexto canadiense en virtud del art.
2(d).” 141
La Corte analiza el contenido del Convenio núm. 87 haciendo referencia a la interpretación del
mismo hecha por los órganos de control de la OIT:
“Se ha entendido que el Convenio núm. 87 protege también la negociación colectiva
como parte de la libertad de asociación. La parte I del Convenio, titulada "Libertad de
Asociación", establece los derechos de los trabajadores a constituir libremente
organizaciones que operen bajo las constituciones y las normas establecidas por los
trabajadores y que tengan la capacidad de afiliarse internacionalmente. Dickson CJ,
disidente en el caso de Referencia de Alberta, en la página 355, acudió al Convenio
núm. 87 para establecer el principio de que la capacidad "de formar y organizar
sindicatos, incluso en el sector público, deben incluir el libre ejercicio de las actividades
esenciales de los sindicatos, tales como la negociación colectiva y la huelga, con
sujeción a los límites razonables".
El Convenio núm. 87 ha sido objeto de numerosas interpretaciones por el Comité de
Libertad Sindical, la Comisión de Expertos y Comisiones de Investigación. Estas
interpretaciones han sido descritas como la "piedra angular del derecho internacional
sobre la libertad sindical y negociación colectiva". […] Si bien no son vinculantes,
140 Párrafos 69 y 70 de la sentencia.
141 Párrafo 72 de la sentencia.
77

arrojan luz sobre el alcance del art. 2(d) de la Carta, ya que están destinados a aplicarse
a la negociación colectiva” 142
Por lo tanto, la Corte concluye que en el art. 2(d) debe entenderse incluida la protección del
derecho de los trabajadores a asociarse con el propósito de avanzar en los objetivos relacionados
con el trabajo a través de un proceso de negociación colectiva. Agrega que dicha protección
cubre de toda interferencia sustancial por parte del Estado y recuerda el deber de negociar de
buena fe. Establece además que la interferencia sustancial debe determinarse teniendo en cuenta
la importancia de los asuntos que son objeto del proceso de negociación colectiva y la capacidad
de los miembros de los sindicatos para perseguir sus objetivos en conjunto. De la misma forma
es necesario tener en cuenta la manera en la cual la medida impacta sobre el derecho a la
negociación colectiva y a la consulta de buena fe. De acuerdo a este argumento, la Corte
concluyó que:
“[L]os artículos 4, 5, 6(2), 6(4) y 9, en relación con el artículo 10, interfieren con el
proceso de la negociación colectiva, ya sea por no tener en cuenta los procesos de
pasadas negociaciones colectivas, ya sea por socavar los futuros procesos de
negociación colectiva, o ambas cosas. Esto nos obliga a determinar si estos cambios
sustancialmente violan el derecho de asociación de los trabajadores a participar en la
negociación colectiva en materia laboral y de empleo. […]
Las disposiciones relativas a la subcontratación (artículos 6(2) y 6(4)), los despidos
(artículos. 9(a), 9(b) y 9(c)) y los derechos de prelación por antigüedad (artículo 9(d))
son cuestiones fundamentales para la libertad de asociación. Las restricciones a los
convenios colectivos limitando el poder discrecional del empleador de despedir a los
empleados afecta la capacidad de los trabajadores a conservar un empleo seguro, una de
las protecciones esenciales dada a los trabajadores por su sindicato. Del mismo modo,
los límites en los convenios colectivos de los derechos de los empleadores a contratar en
el exterior permiten a los trabajadores tener seguridad en el empleo. Por último, los
derechos de prelación por antigüedad son una parte integral del sistema de antigüedad
por lo general establecidos en los convenios colectivos, que es una protección de gran
importancia para el sindicato […].
Lo mismo no se puede decir de las transferencias y reasignaciones cubiertas por los
artículos 4 y 5 de la ley. Estas disposiciones (….) tienen que ver con modificaciones
relativamente menores de los regímenes existentes de las transferencias y
reasignaciones de los empleadores. Protecciones significativas permanecieron en su
lugar. Es cierto que la ley retiró estos asuntos de la mesa de negociación colectiva. No
obstante, considerando todo, no se puede decir que los artículos 4 y 5 equivalen a una
interferencia sustancial en la capacidad del sindicato de iniciar en un proceso de
negociación colectiva, por lo cual no se requiere la protección del articulo 2(d) de la
Carta”. 143
En conclusión, la Corte basándose en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades interpretada
a la luz del Convenio núm. 87 de la OIT y de la jurisprudencia de la Comisión de Expertos y del
Comité de Libertad Sindical de la OIT declara inconstitucionales los artículos 6(2), 6(4) y 9 de
la Parte 2 de la ley (leídos en consonancia con el artículo 10) pues violan de manera sustancial e
injustificada el derecho a la negociación colectiva protegido por el art. 2(d) de la Carta y declara
constitucionales las demás disposiciones demandadas porque la violación no es sustancial.
142 Párrafos 75 y 76 de la sentencia.
143 Párrafos 128, 130 y 131 de la sentencia.
78

43. Tribunal Supremo del Canadá, Dunmore c. Ontario (Fiscal general), 20 de
diciembre de 2001, 2001 SCC 94; [2001] 3 S.C.R. 1016
Temas: libertad sindical; protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado; 144 tratados no ratificados; 145 jurisprudencia
internacional 146
Libertad sindical/ Exclusión de trabajadores agrarios del régimen jurídico de las relaciones de
trabajo/ Obligación positiva del Estado de proteger la libertad sindical/ Vulneración de la
Carta de derechos y libertades del Canadá/ Referencia al derecho internacional para reforzar
una decisión basada en el derecho interno
En 1995, el artículo 80 de la Ley por la que se modifica la legislación sobre relaciones de
trabajo y empleo (LMLRTE, por sus siglas en francés) derogó la Ley de 1994 sobre las
relaciones de trabajo en la agricultura (LRTA) que, por primera vez, había reconocido
expresamente el derecho de sindicación de los trabajadores agrarios de Ontario. La conjunción
del citado artículo 80 y del artículo 3, b) de la Ley de 1995 sobre las relaciones de trabajo (LRT)
tuvo como efecto el fin de los convenios colectivos concluidos en el sector agrícola, la
revocación de los derechos de los sindicatos acreditados y la exclusión de los trabajadores
agrarios de la protección instituida por la LRT frente a las prohibiciones de sindicación de la
common law y las prácticas patronales antisindicales.
Los trabajadores agrarios, a título personal y en nombre del Sindicato internacional de
trabajadores y trabajadoras unidos de la alimentación y el comercio (TUAC) impugnaron la
derogación de la LRTA y su exclusión de la LRT ante los tribunales de Ontario. Para ello
alegaron que dichas disposiciones vulneraban su libertad de asociación y su derecho a la
igualdad, reconocidos por la Carta de derechos y libertades del Canadá (en adelante, “la Carta”),
un texto con valor constitucional. Dicha demanda fue desestimada tanto por el Tribunal de
Primera Instancia como por el Tribunal de Apelación de Ontario, por lo que los demandantes
presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo del Canadá.
Tras circunscribir el objeto de la demanda y determinar que la negociación colectiva y el
ejercicio del derecho de huelga no formaban parte de éste, el Tribunal Supremo examinó la
posible vulneración del artículo 2, d) de la Carta, el cual establece que toda persona posee la
libertad fundamental de asociación.
En su análisis, el Tribunal examinó especialmente si las actividades colectivas de los sindicatos
estaban efectivamente protegidas por el artículo 2, d) de la Carta y si dicha disposición imponía
al Estado una obligación positiva de protección que sería igualmente aplicable a los trabajadores
agrarios. Con respecto a estos dos puntos, el Tribunal Supremo se refirió al derecho
internacional del trabajo para apoyar y reforzar su argumentación.
En primer lugar, el Tribunal se detuvo en precisar el objeto del artículo 2, d) de la Carta a fin de
determinar si englobaba únicamente el ejercicio de los derechos y libertades individuales
ejercidos colectivamente o si comprendía también las actividades colectivas de los sindicatos
que no pueden ejercerse de forma individual. El Tribunal se inclinó finalmente por una
interpretación amplia del objeto de tal artículo y se refirió al derecho internacional del trabajo a
fin de reforzar esta conclusión. En concreto, señaló que las decisiones del Comité de Libertad
144 Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948.
145 Convenio núm. 11 de la OIT sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921; Convenio núm. 141 de la OIT
sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975.
146 Comité de Libertad Sindical de la OIT.
79

Sindical de la OIT demostraban que el pleno reconocimiento de la libertad de asociación
implicaba la protección efectiva de las actividades de dimensión colectiva efectuadas por los
sindicatos.
Acto seguido, el Tribunal examinó la principal cuestión jurídica planteada en el litigio, que
consistía en determinar si, en virtud del artículo 2, d) de la Carta, el Estado tenía la obligación
positiva de proteger la libertad sindical de los trabajadores agrarios. En efecto, la ley sujeta a
examen no prohibía que los trabajadores agrarios se sindicaran, pero se abstenía de acordarles la
protección reconocida a los otros trabajadores frente a las prácticas antisindicales.
Basándose principalmente en su jurisprudencia anterior, el Tribunal concluyó que, desde el
momento en que se probaba que la exclusión de un grupo de una protección acordada por la ley
imposibilitaba el ejercicio efectivo de una libertad reconocida por la Carta, incumbía al Estado
ampliar el ámbito de aplicación de la protección legal. A fin de apoyar el reconocimiento de la
obligación positiva del Estado de ampliar el régimen de protección de la libertad sindical a los
trabajadores agrarios, el Tribunal hizo referencia a varios convenios de la OIT. Sobre la base de
los artículos 2 y 10 del Convenio núm. 87 de la OIT, así como de los Convenios núm. 11 y 141,
el Tribunal subrayó el carácter central del principio de no discriminación en el reconocimiento
efectivo de la libertad sindical.
Tras presentar las pruebas que sustentaban que la exclusión de los trabajadores agrarios del
régimen de protección legal obstaculizaba el ejercicio efectivo de la libertad sindical, el Tribunal
Supremo del Canadá declaró inconstitucionales el artículo 80 de la LMLRTE, así como el
artículo 3, b) de la LRT basando su razonamiento en los convenios de la OIT.
44. Tribunal de Derechos Humanos de Québec, Comisión de Derechos de la Persona y
Derechos de la Juventud c. Universidad de Laval, 2 de agosto de 2000, núm. 200-53-
000013-982, 2000 CanLII 3 (QC T.D.P.)
Temas: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación; igualdad de
remuneración
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 147 instrumento no sujeto a ratificación 148
Establecimiento de un sistema de igualdad de remuneración en la Universidad/
Cuestionamiento del carácter discriminatorio del sistema/ Aplicación del derecho internacional
por parte del tribunal nacional como base jurídica adicional
La Comisión de Derechos de la Persona y Derechos de la Juventud denunció ante el Tribunal de
Derechos Humanos que la Universidad de Laval había introducido un sistema de igualdad de
remuneración con efectos discriminatorios por razón de sexo. En concreto, a pesar de que se
había considerado que el trabajo efectuado por los empleados de dos grupos de trabajo
diferentes era equivalente, los empleados del área administrativa (mujeres en su mayoría)
disfrutaban de una estructura salarial menos ventajosa que los del sector especializado y de
servicios (hombres en su mayoría). 149
147 Convenio núm. 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración, 1951; Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, 1966; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, 1979.
148 Recomendación núm. 90 de la OIT sobre igualdad de remuneración, 1951.
149 Véase párrafo 1 de la sentencia.
80

El Tribunal acudió al derecho internacional para reforzar su decisión basada en el artículo 19 de
la Carta de Derechos y Libertades de la Persona, Québec 1975 y sostener que el sistema de
igualdad de remuneración establecido por la Universidad vulneraba el derecho a la igualdad de
remuneración por un trabajo de igual valor. 150
El Tribunal de Derechos Humanos de Québec tomó como fundamento el Convenio núm. 100 y
la Recomendación núm. 90 de la OIT, así como los tratados pertinentes de las Naciones Unidas,
y determinó que la legislación nacional se debía interpretar en concordancia con las
obligaciones internacionales del Estado.
El Tribunal resaltó la definición del principio de igualdad de remuneración prevista en el
Convenio núm. 100 de la OIT en los siguientes términos:
“La adopción de este principio [principio de igualdad de remuneración] establece la
base de la igualdad entre hombres y mujeres y permite atacar el problema de los
empleos sub-valorados por ser efectuados tradicionalmente por las mujeres. [...] Para la
Conferencia Internacional del Trabajo, una correcta clasificación de los empleos
constituye un factor esencial en el establecimiento de tarifas de remuneración
conformes al principio de igualdad de remuneración fijado en el Convenio núm. 100.
Una clasificación de ese tipo se debe hacer a partir de métodos que permitan evaluar
objetivamente las tareas que comprenden los diferentes puestos de trabajo. El Convenio
núm.100 y la Recomendación núm. 90 marcaron un hito en el reconocimiento de las
causas de la discriminación contra la mujer en materia de remuneración. Al sustituir el
principio de "igual remuneración por trabajo igual" por una fórmula más amplia de
"igual remuneración por trabajo de igual valor" la OIT reconoce la base sistémica de la
discriminación salarial que surge de los diversos componentes de los sistemas de
compensación”. 151
En virtud del artículo 19 de la Carta de Derechos y Libertades de la Persona y acudiendo al
derecho internacional para sustentar su argumento, el Tribual declaró que la Universidad de
Laval había violado el derecho de igualdad de los empleados del área administrativa al no
concederles una remuneración igual a la de sus compañeros del sector especializado y de servicios,
ya que realizaban trabajos de igual valor.
150 El articulo 19 de la Carta de derechos y libertades de la persona de Québec estipula que:
“Cada empleador tiene que otorgar, sin discriminación, igual salario o remuneración a los miembros de su personal,
que realicen trabajo equivalente en el mismo lugar.
La diferencia en salarios o remuneraciones basada en experiencia, antigüedad, años de servicio, merito,
productividad, horas extras no es considerada discriminatoria si tales criterios son iguales para todos los miembros
del personal.
Los ajustes salariales y los planes de igualdad salarial no son acciones consideradas como discriminación de sexo, si
estos son estipulados en concordancia con la Ley de igualdad salarial (capitulo E-12.001).”
151 Párrafos 122, 125 y 126 de la sentencia
81

45. Tribunal Supremo de Canadá, Baker c. Ministro de Ciudadanía e Inmigración, 9 de
julio de 1999, [1999] 2 S.C.R. 817
Temas: derecho de residencia; derechos del niño
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado (pero aún no incorporado al derecho
interno); 152 instrumentos no sujetos a ratificación; 153 jurisprudencia comparada 154
Orden de expulsión del territorio de una madre con cuatro hijos/ Demanda ante el Tribunal
Supremo para que declare ilegal la orden de expulsión/ Uso del derecho internacional como guía
para la interpretación del derecho interno/ Opinión discrepante
Se dictó una orden de expulsión contra una ciudadana jamaicana que padecía trastornos
mentales graves y tenía cuatro hijos de nacionalidad canadiense. La madre presentó una
demanda judicial para obtener la anulación de dicha orden. La demandante alegó que el Código
de Inmigración dispone que, en los procedimientos de expulsión, la Administración debe tener
en cuenta las razones de orden humanitario, y que, en este caso la expulsión causaría un
perjuicio irreparable a ella y a sus hijos, así como a su salud mental.
En una opinión discrepante, 155 la magistrada L’heureux-Dubé consideró que debía tomarse en
consideración la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño a fin de
determinar las razones de orden humanitario aplicables al caso, aunque dicha Convención,
ratificada por Canadá, aún no hubiera sido incorporada a la legislación interna:
“Otra muestra de la importancia de la consideración de los intereses de los niños para la
adopción de una decisión de orden humanitario y por motivos familiares es la
ratificación por parte de Canadá de la Convención sobre los Derechos del Niño, así
como el reconocimiento de la importancia de los derechos e intereses de los niños en
otros instrumentos internacionales ratificados por Canadá. Estos tratados y convenios
internacionales no forman parte del derecho canadiense hasta su integración en el
ordenamiento jurídico interno mediante ley (...), por lo que sus disposiciones no tienen
aplicación directa en el derecho de Canadá.” 156
(…) Sin embargo, los valores reflejados en el derecho internacional relativo a los derechos
humanos pueden tenerse en cuenta en el enfoque contextual de la interpretación de las leyes
y en el ámbito del control judicial (…).
El Legislativo debe respetar los valores y principios del derecho internacional, tanto
consuetudinario como convencional. Estas normas forman parte del contexto jurídico en
el que debe aprobarse y aplicarse la ley. En la medida de lo posible, por tanto, deben
prevalecer las interpretaciones que reflejen estos valores y principios (…).
Otros países que se rigen por el derecho consuetudinario también han destacado el
importante papel que ejerce el derecho internacional relativo a los derechos humanos en la
interpretación de la legislación nacional: véase, por ejemplo, Tavita contra el Ministro de
Inmigración, [1994] 2 N.Z.L.R. 257 (C.A.), pág. 266 o Vishaka contra Rajasthan, [1997] 3
L.R.C. 361 (S.C. India), pág. 367. El derecho internacional también influye decisivamente
en la interpretación del ámbito de aplicación de los derechos incluidos en la Carta [de
152
Convención sobre los Derechos del Niño, 1989.
153
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948; Declaración de los Derechos del Niño, 1959.
154
Nueva Zelanda y la India.
155
Si bien los restantes miembros del Tribunal aceptaron la opinión de la magistrada L’heureux-Dubé con respecto al
fondo del asunto, éstos consideraron lo siguiente: “El principio de que un convenio internacional ratificado por el
Ejecutivo carece de fuerza o efecto en el sistema jurídico canadiense hasta su incorporación al derecho interno se
vería perjudicado si se aplicara un principio legal que permitiera referirse a él durante el proceso de su integración al
ordenamiento jurídico interno.”
156
Párrafo 69 de la sentencia.
82

Derechos y Libertades de Canadá]: Slaight Communications, anteriormente citado; R.
contra Keegstra, [1990] 3 S.C.R. 697.
Los valores y principios de la Convención reconocen la importancia de la atención a los
derechos e intereses de los niños en el momento de adoptar decisiones que afecten a su
futuro. El preámbulo hace también referencia a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos al afirmar que “la infancia tiene derecho a especial cuidado y
atención. Otros instrumentos internacionales asignan también la misma importancia a la
toma en consideración de la protección de los niños y sus necesidades e intereses. La
Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1959) establece en su
preámbulo que el niño ‘necesita protección y cuidado especiales’. Los principios de la
Convención y de otros instrumentos internacionales asignan especial importancia a la
protección de los niños y de la infancia y, en particular, a la consideración de sus
intereses, necesidades y derechos, lo que muestra que estos valores son fundamentales
para determinar si en la presente resolución se han tenido razonablemente en cuenta las
razones de orden humanitario y los motivos familiares.” 157
La magistrada L’heureux-Dubé consideró, por tanto, que aunque no se hubiera incorporado
todavía la Convención sobre los Derechos del Niño al derecho interno, la administración debía
tenerla en cuenta en sus procesos de expulsión. En este caso, el Tribunal Supremo de Canadá
anuló la orden de expulsión.
46. Tribunal Supremo de Canadá, Slaight Communication Incorporated c. Ron
Davidson, 4 de mayo de 1989, [1989] 1 S.C.R. 1038
Temas: despido; libertad de expresión
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 158
Despido sin causa justificada/ Laudo arbitral por el que se ordenaba a la empresa a
proporcionar cierta información a los potenciales contratantes del trabajador/ Demanda por
vulneración de la libertad de expresión/ Uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Una empresa despidió a un trabajador por incompetencia profesional, tras lo cual el caso fue
sometido a arbitraje. El proceso de arbitraje reveló que el despido había obedecido a una
estratagema urdida por la empresa para librarse del trabajador. En consecuencia, el árbitro
ordenó a la empresa el pago de una indemnización al empleado y le exigió que, en la
correspondencia que mantuviera con cualquier persona interesada en contratar al trabajador,
mencionara el adecuado rendimiento laboral de éste. Además, ordenó a la empresa que
informara a estas personas de que un laudo arbitral había fallado que se trataba de un despido
injustificado. La finalidad de esta medida era evitar que la antigua empresa dañara la carrera
profesional del trabajador. La empresa presentó una reclamación judicial al considerar que el
laudo arbitral vulneraba su derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido por la
Carta de Derechos y Libertades de Canadá.
A fin de determinar si el derecho de encontrar un nuevo empleo del trabajador justificaba la
restricción de la libertad de expresión de la antigua empresa, el magistrado que presidía el
Tribunal Supremo se basó en el derecho internacional, un enfoque compartido por la mayoría de
los miembros del Tribunal.
157 Párrafo 70 de la sentencia.
158 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966.
83

“En una sociedad libre y democrática como la canadiense hay diversos valores que
merecen protección, aunque sólo se mencionan expresamente algunos de ellos en la
Carta [de Derechos y Libertades de Canadá]. Los valores fundamentales de una sociedad
libre y democrática amparan tanto los derechos de la Carta como, en las oportunas
circunstancias, la limitación de éstos. Tal como se expuso en la sentencia Oakes,
anteriormente citada, (...) entre los valores fundamentales de nuestra sociedad libre y
democrática se encuentran “la dignidad inherente a la persona humana” y el
“compromiso con la justicia social y la equidad”. Teniendo especialmente en cuenta la
ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por
parte de Canadá (1996), así como su compromiso de proteger, entre otros, el derecho al
trabajo en todos sus aspectos, recogido en el artículo 6 de dicho pacto, no puede dudarse
de la gran importancia que reviste este objetivo en el presente caso. En mi anterior
remisión a la Ley sobre las relaciones de trabajo para los empleados del sector público
(Public Service Employee Relations Act) de Alberta, afirmé que:
“Las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por
Canadá son, a mi juicio, un indicio importante del significado de la expresión "se
benefician plenamente de la protección acordada por la Carta”. Creo que, en términos
generales, debe considerarse que la Carta proporciona una protección como mínimo tan
grande como la que ofrecen las disposiciones similares de los instrumentos
internacionales ratificados por Canadá en el ámbito de los derechos humanos.”
(...) Las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por
Canadá deben guiar no sólo la interpretación del contenido de los derechos garantizados
por la Carta, sino también la interpretación de lo que debe entenderse como objetivos
urgentes y substanciales en el sentido del artículo 1 que puedan justificar la restricción
de tales derechos. Por otra parte, a los efectos de este análisis sobre la proporcionalidad,
el hecho de que un valor tenga el carácter de derecho humano internacional, sea en
virtud del derecho consuetudinario internacional o de los tratados de los que Canadá sea
parte, debería ser generalmente indicativo del alto grado de importancia asignado a
dicho objetivo. Esto se corresponde con la importancia conferida por este Tribunal a la
protección de los empleados, como grupo social vulnerable. ”
Este mismo razonamiento puede encontrarse en la decisión del Tribunal Supremo:
“En síntesis, el árbitro no fue más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo deseado.
Finalmente, los efectos de las medidas no eran tan perjudiciales como para prevalecer
sobre el objetivo de éstas. En este caso, el objetivo revestía gran importancia,
especialmente a la luz del compromiso contraído por Canadá (en virtud de un tratado
internacional) de proteger el derecho al trabajo en todos sus aspectos. A los efectos de
este análisis sobre la proporcionalidad, el hecho de que un valor tenga el carácter de
derecho humano internacional, sea en virtud del derecho consuetudinario internacional
o de los tratados de los que Canadá sea parte, debería ser generalmente indicativo del
alto grado de importancia asignado a dicho objetivo.”
El Tribunal consideró que el hecho de que los instrumentos internacionales reconocieran el
derecho al trabajo mostraba el carácter fundamental de ese derecho, cuya protección podía
justificar, por tanto, la restricción de la libertad de expresión de la antigua empresa. En este
caso, el Tribunal Supremo de Canadá denegó la anulación del laudo arbitral.
84

Constitución Política de la República de Chile
Chile
Artículo 5, párrafo 2
El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de
la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos,
garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que
se encuentren vigentes.
47. Corte Suprema, Carlos Castro Cortés c. Wackenhut - Chile, 1 de agosto de 2001,
expediente núm. 2549-01
Temas: libertad sindical; despido
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 159
Despido de un dirigente sindical/ Acto de discriminación antisindical/ Referencia al derecho
internacional para reforzar una decisión basada en el derecho interno
El trabajador interpuso demanda contra su empleador por haber sido despedido debido a su
condición de dirigente sindical, solicitando se ordene su reincorporación inmediata al empleo.
El Tribunal de Primera Instancia acogió la demanda y, a su vez, la Corte de Apelaciones la
confirmó, tras lo cual el empleador interpuso un recurso para que la Corte Suprema anulara la
indicada sentencia.
A fin de determinar si el despido del dirigente sindical constituía una discriminación
antisindical, la Corte Suprema aplicó el Código de Trabajo, 160 así como la Constitución
Nacional. 161 Además, hizo referencia a los Convenios núm. 87 y 98 de la OIT para subrayar el
carácter fundamental de la autonomía de las organizaciones sindicales y la prohibición del
despido discriminatorio antisindical, considerando que dicho dirigente sindical estaba protegido
por el fuero sindical.
Efectivamente, la Corte hizo mención de los instrumentos internacionales de la siguiente
manera:
“Que el Convenio núm. 98 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la
aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, en su
artículo 1º dispone que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra
todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con
su empleo (…). Esta norma de derecho internacional alude al despido discriminatorio
antisindical, el cual no debe producir el efecto de extinguir la relación laboral.
Se ha advertido que este precepto es el complemento necesario o indispensable para la
autonomía de las organizaciones sindicales, conforme a los términos del Convenio núm. 87 de
la misma Organización Internacional del Trabajo, cuyo artículo 3º alude al principio
159
Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; Convenio
núm. 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949.
160
El artículo 243 del Código de Trabajo establece el Fuero otorgado a los dirigentes sindicales ya electos, desde la
fecha de la elección hasta seis meses después de haber cesado en el cargo.
161
El artículo 19, 19) de la Constitución de Chile señala que la ley contemplará los mecanismos que aseguren la
autonomía de estas organizaciones sindicales.
85

fundamental según el cual las organizaciones de trabajadores tienen el derecho de elegir
libremente a sus representantes.”
En consecuencia, la Corte de Chile, después de haberse basado en las disposiciones nacionales,
se refirió a los Convenios núm. 87 y 98 de la OIT para subrayar el carácter fundamental de la
protección de los representantes sindicales contra cualquier acto discriminatorio antisindical.
Sobre este fundamento, la Corte desestimó el recurso y confirmó la nulidad del despido.
48. Corte de Apelaciones de Santiago, José Patricio Olivares Tapia y Carlos Octavio
Abarca González c. María Soledad Hurtado Gálvez, 6 de noviembre de 2000,
expediente núm. 2840-2000
Tema: libertad sindical
Tipo de utilización del derecho internacional: referencia al derecho internacional para
reforzar una decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado; 162 jurisprudencia internacional 163
Libertad sindical/ Impugnación de las elecciones sindicales/ Autonomía sindical/ Referencia al
derecho internacional para reforzar una decisión basada en el derecho interno
Dos directivos de Federaciones de funcionarios públicos de Chile interpusieron una demanda de
protección de garantías constitucionales contra una Inspectora de Trabajo, argumentando que la
funcionaria no cumplió con su deber de realizar el examen de los requisitos de legalidad para la
elección de la directiva de una Agrupación Nacional de Federaciones de funcionarios públicos
de Chile.
Para determinar si la negativa de la funcionaria de trabajo de controlar la legalidad de la
elección era acorde con los principios de la libertad sindical, la Corte de Apelaciones se basó en
la legislación nacional 164 y dictaminó que dicha funcionaria había respetado la autonomía
sindical al no haber efectuado injerencia alguna en dicha elección, ya que la competencia como
calificador de la elección recaía en el Tribunal Electoral Regional y no en la Autoridad
Administrativa. Asimismo, para subrayar que la elección plenamente libre de sus representantes
es un elemento fundamental de la autonomía sindical dentro del marco de la libertad sindical, la
Corte tomó en consideración el artículo 19, 19) de la Constitución Nacional 165 e hizo referencia
al Convenio núm. 87 de la OIT 166 y a la “jurisprudencia” del Comité de Libertad Sindical de la
OIT. 167
162 Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948.
163 Comité de Libertad Sindical de la OIT.
164 Artículo 10, 2) de la Ley 18593 promulgada el 5 de enero de 1987: “Corresponde a los Tribunales Electorales
Regionales: (…) Conocer de las reclamaciones que se interpongan con motivo de las elecciones de carácter gremial y
de las de cualesquiera otros grupos intermedios.”
165 Artículo 19, 19) de la Constitución de Chile: “La Constitución asegura a todas las personas: (…) El derecho de
sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria. Las organizaciones
sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la
forma y condiciones que determine la ley. La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas
organizaciones. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político partidistas.”
166 Artículo 3, 1) del Convenio núm. 87: “Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de
redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su
administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.”
Artículo 3, 2) del mismo Convenio: “Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a
limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.”
167 “(…) en los casos en que sean impugnados los resultados de elecciones sindicales, estas cuestiones deberían
remitirse a las autoridades judiciales, quienes deberían garantizar un procedimiento imparcial, objetivo y rápido”
(Véase OIT: Informe del Comité de Libertad Sindical, caso núm. 1305, 239.o informe, Boletín Oficial, vol. LXVIII,
serie B, núm. 2, Ginebra, 1985, párrafo 297 a)).
86

La Corte se pronunció de la siguiente manera:
“(…) el sentido de la normativa no es sino permitir la aplicación concreta de la
autonomía sindical consagrada como garantía constitucional en el artículo 19, 19) de la
Carta Fundamental y de la que, a mayor abundamiento, da cuenta el Convenio núm. 87
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en vigor en nuestro país de 1º de
febrero de 1999.” 168
Asimismo, la Corte señaló:
“(…) que siguiendo en el ámbito de aplicación del Convenio núm. 87 de la OIT en el
campo de la impugnación de las elecciones sindicales, el Comité de Libertad Sindical,
nacido al amparo de dicha Organización Internacional, ha observado que en los casos
en que sean impugnados los resultados de elecciones sindicales, estas cuestiones
deberían remitirse a las autoridades judiciales, quienes deberían garantizar un
procedimiento imparcial, objetivo y rápido.”
Con ello, la Corte de Apelaciones de Santiago, de conformidad a su legislación nacional y con
referencia al Convenio núm. 87 de la OIT y a la “jurisprudencia” del Comité de Libertad
Sindical, desestimó la demanda en virtud a la autonomía sindical como garantía de la no
intervención de las autoridades públicas en la acción sindical.
49. Corte Suprema, Víctor Améstida Stuardo y otro c. Santa Isabel S.A., 19 de octubre de
2000, expediente núm. 10.695
Temas: libertad sindical; despido
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 169
Libertad sindical/ Despido de trabajadores con fuero sindical/ Acto de discriminación
antisindical/ Uso del derecho internacional como guía para la interpretación del derecho
interno
Unos trabajadores, que fueron designados representantes sindicales antes de la constitución del
sindicato, interpusieron una demanda por haber sido despedidos de forma injustificada. El
Tribunal de Primera Instancia estimó que los demandantes ya se encontraban asistidos por el
fuero sindical y consideró injustificados sus despidos. Sin embargo, la Corte de Apelaciones
revocó la sentencia de primer grado; ante lo cual, los trabajadores pidieron que la Corte
Suprema la anulase y dictase una nueva confirmando la de primer grado.
Para determinar si la protección del fuero sindical abarcaba a los trabajadores que eran
candidatos a representantes sindicales aun antes de la constitución del sindicato, la Corte analizó
su Código de Trabajo para constatar que dicho texto contenía disposiciones que podían ser
contradictorias ya que, por un lado, establecía que el fuero sindical se generaba a partir de la
168 La mayoría de los especialistas en Chile y la jurisprudencia de los tribunales chilenos interpretan el artículo 5 de la
Constitución Nacional, sosteniendo que los tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento
jurídico chileno tienen valor de ley y aquellos que consagran derechos esenciales de la persona humana, ratificados
por Chile y que se encuentran vigentes, tienen jerarquía de rango constitucional.
169 Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; Convenio
núm. 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; Convenio núm. 135 de la OIT
sobre los representantes de los trabajadores, 1971.
87

ealización de la Asamblea Constitutiva y, por el otro, que el fuero protegía a los candidatos
antes de la elección, siempre y cuando se comunicara por escrito la fecha de elección.
Ante tal situación, la Corte Suprema interpretó los dispositivos nacionales a la luz de los
Convenios núm. 87, 98 y 135 de la OIT, para inferir que, como garantía del respeto del derecho
a elegir libremente a sus representantes, el fuero sindical, para generar su pleno efecto, debe
comprender con carácter necesario el periodo inmediatamente anterior a la constitución del
sindicato pues en caso contrario no estaría resguardando el derecho mismo de sindicación.
Es así que la Corte se pronunció de la siguiente manera:
“(…) Los Convenios Internacionales del Trabajo núm. 87, 98 y 135, por lo que es de
toda evidencia que frente a eventuales dudas que pudiere ofrecer nuestro derecho
interno, se deben considerar los preceptos de la normativa internacional, especialmente
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política de la
República. 170
Que el artículo 3 del Convenio núm. 87 relativo a la libertad sindical y a la protección
del derecho de sindicación se refiere a la autonomía de estas organizaciones, uno de
cuyos aspectos es el de elegir libremente a sus representantes. Obvio aparece que si con
motivo de la constitución de un sindicato y de la elección de su directiva, se despide a
los dirigentes por necesidad de la empresa, las que no se acreditan, nuestra legislación
no se amoldaría a la preceptiva internacional.”
Asimismo, la Corte se refirió al artículo 1, 1) y al artículo 1, 2), a) del Convenio núm. 98 de la
OIT relativo al derecho de sindicación y de negociación colectiva, 171 y al artículo 1º del
Convenio núm. 135 de la OIT sobre los representantes de los trabajadores. 172
Es así que la Corte Suprema de Chile declaró el despido nulo por discriminación antisindical,
interpretando el Código de Trabajo a la luz de los Convenios núm. 87, 98 y 135 de la OIT,
señalando que el fuero sindical, para generar su pleno efecto en la autonomía de la organización
sindical, comprende también el periodo inmediatamente anterior a la constitución del sindicato.
170 Artículo 5 de la Constitución de Chile: “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos,
garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.”
171 Artículo 1, 1) del Convenio núm. 98: “Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de
discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.”
Artículo 2, 1), a) del Convenio núm. 98: “Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga
por objeto: a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser
miembro de un sindicato.”
172 Artículo 1 del Convenio núm. 135: “Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de
protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de
representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en
la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros
acuerdos comunes en vigor.”
88

China, Región Administrativa Especial de Hong Kong
Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong
Artículo 39
Las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de los convenios internacionales de trabajo que sean
aplicables en Hong Kong permanecerán en vigor y se aplicarán a través de leyes de la Región
Administrativa Especial de Hong Kong.
Los derechos y libertades de que disfruten los residentes de Hong Kong no serán coartados salvo por
prescripción legal. Tales restricciones no deberán contravenir las disposiciones del párrafo anterior de
este artículo.
50. Tribunal de Apelación de la Región Administrativa Especial de Hong Kong,
Recurso de apelación civil núm. 218 de 2005 (apelación de la sentencia HCAL núm.
30/2003)
Tema: trabajadores migrantes
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado; 173 jurisprudencia internacional 174
Trabajadores migrantes/ Impuesto que se aplica a los empleadores que contratan a
trabajadores extranjeros/ Incumplimiento del principio de igualdad de trato entre trabajadores
nacionales y no nacionales reconocido por el Convenio núm. 97 de la OIT/ Aplicabilidad del
Convenio núm. 97 de la OIT en derecho interno/ Observancia de lo dispuesto en el Convenio
Trabajadores extranjeros que habían sido contratados como personal doméstico acudieron a los
tribunales de Hong Kong para impugnar la validez del impuesto aplicable a los empleadores que
contratan mano de obra extranjera. Para fundar su demanda, alegaron, entre otros argumentos,
que el impuesto violaba el principio de igualdad de trato que recoge el artículo 6, 1) del
Convenio núm. 97 de la OIT sobre los trabajadores migrantes, aplicable en Hong Kong, al crear
una diferencia de trato entre trabajadores nacionales y extranjeros.
Antes de entrar sobre el fondo del asunto, el Tribunal se pronunció sobre la aplicabilidad del
Convenio núm. 97 de la OIT en derecho interno. A este respecto, el Tribunal declaró lo
siguiente:
“La parte demandada ha sugerido que en ausencia de legislación adoptada por la Región
Administrativa Especial de Hong Kong, el Convenio no produciría efectos jurídicos
internos. No obstante, admite que la aplicación del Convenio en Hong Kong desde el
punto de vista del derecho internacional daría lugar al principio de expectativa legítima
(legitimate expectation), el cual podrían invocar los apelantes para fundar su pretensión.
Nos parece posible considerar que el Convenio produzca los siguientes efectos
jurídicos en la Región: En el caso de que una disposición legislativa de Hong Kong
restringiera derechos laborales contraviniendo el Convenio aplicable en la materia,
dicha restricción sería contraria a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Básica, que
dispone que las restricciones de derechos de los residentes de Hong Kong no deberán
contravenir las disposiciones del artículo 39, 1). No es necesario pronunciarse sobre esta
cuestión, ya que el demandado acepta en cualquier caso que se aplica el “principio de
expectativa legítima”, tal y como se menciona anteriormente.”
173 Convenio núm. 97 de la OIT sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949.
174 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.
89

Tras haber determinado que el Convenio núm. 97 de la OIT era aplicable en derecho interno, el
Tribunal decidió sobre el fondo del asunto a fin de determinar si el impuesto que se aplicaba por
la contratación de trabajadores extranjeros incumplía el artículo 6, 1) de dicho Convenio. El
Tribunal determinó que la igualdad de trato prevista en dicho artículo era aplicable a los
trabajadores migrantes que hubieran obtenido el permiso de trabajo de forma regular en el
territorio del país que hubiera ratificado el Convenio. El impuesto objeto del litigio, que
constituye una condición previa para la concesión del permiso de trabajo a extranjeros, no
entraba en el ámbito de aplicación del Convenio. Para fundamentar su decisión el Tribunal se
remitió al Estudio general sobre trabajadores migrantes elaborado por la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT y publicado en 1999: “Tales
convenios tienen como objeto proteger las condiciones laborales de los trabajadores migrantes
presentes de forma regular en el territorio del estado en el que prestan los servicios por los que
se les ha contratado, y no tienen como finalidad determinar a quién se debe contratar ni cuáles
deberían ser las condiciones de concesión de visados.” 175
Así pues, tras considerar que el Convenio núm. 97 de la OIT era aplicable en derecho interno, el
Tribunal de Apelación de la Región Administrativa Especial de Hong Kong se remitió a los
trabajos de la Comisión de Expertos para decidir que los impuestos que se aplicaban a la
contratación de trabajadores extranjeros no contravenían dicho Convenio y que por tanto eran
legales.
175 OIT: Trabajadores migrantes. Estudio general de la Comisión de Expertos en la aplicación de Convenios y
Recomendaciones, Informe III(1B), Conferencia Internacional del Trabajo, 87.ª reunión, Ginebra, 1999.
90

Colombia
Constitución Política de la República de Colombia
Artículo 53
(...) Los convenios internacionales del trabajo, debidamente ratificados, hacen parte de la legislación
interna (…).
Artículo 93
Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
51. Corte Constitucional, Sala Plena, Benjamín Ochoa Moreno s/acción pública de
inconstitucionalidad, 17 de mayo de 2000, sentencia C-567/00
Tema: libertad sindical
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 176
Libertad sindical/ Pluralidad de sindicatos/ Registración del sindicato/ Aplicación directa del
Convenio núm. 87 de OIT
El actor cuestiona la constitucionalidad de normas jurídicas colombianas que no permiten la
coexistencia de más de un sindicato de base en una misma empresa y que requieren la
inscripción del sindicato en un registro estatal.
En primer lugar, sostiene el actor que la prohibición de más de un sindicato viola la libertad
sindical de los trabajadores cercenando la posibilidad de constituir un nuevo sindicato si ya
existe uno en ésa empresa.
El Ministerio de Trabajo, al contestar la pretensión, sostiene la constitucionalidad de las normas
jurídicas, argumentando que el permitir un solo sindicato hace a la unidad de la representación
gremial, que en definitiva contribuye al éxito de la actividad sindical.
Basándose en el art. 39 de la Constitución de Colombia, el cual garantiza a todos los
trabajadores el derecho de constituir sindicatos, y el art. 2 del Convenio núm. 87 de la OIT, el
cual forma parte del “bloque de constitucionalidad”, la Corte declaró que la limitación a la
constitución de sindicatos limita la libertad sindical, lo cual es inconstitucional.
En segundo lugar el actor manifiesta que el requisito de registración del sindicato en el registro
estatal viola la libertad sindical en tanto se imponen requisitos administrativos para el
reconocimiento y actuación de la actividad sindical que implican en los hechos una suerte de
autorización estatal previa.
El actor funda su demanda en la Constitución de Colombia y en el Convenio núm. 87 de la OIT,
normas jurídicas, las cuales, garantizan el derecho a constituir sindicatos sin intervención
estatal.
176 Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; Convenio
núm. 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, 1949.
91

La Corte consideró que en el sistema jurídico colombiano, el comienzo de la actividad sindical
pasa por dos etapas: una primera, en la cual la creación del sindicato se produce en la asamblea
que así lo decide y la obtención de su personería jurídica es automática y concomitante a su
creación; y una segunda, en la cual el sindicato ya creado y con personería jurídica, solicita su
inscripción en el registro estatal a los efectos de asegurar la publicidad de la existencia del ente
sindical frente a terceros, el cual no es una violación de la Constitución, ni del Convenio núm.
87 de la OIT.
Analizando el proceso de registración, la Corte observó que la legislación contempla el supuesto
en que la autoridad administrativa puede negar la inscripción argumentando razones de “buenas
costumbres”. Para la Corte, éste criterio subjetivo y amplio no pasa el test constitucional, siendo
una intervención del Estado extralimitada en la constitución de los sindicatos pudiendo llegar a
limitar el ejercicio del derecho, en contra de lo establecido por el artículo 39 de la Constitución
y el Convenio núm. 87 de la OIT. Además, la disposición normativa es inconstitucional en tanto
la no inscripción, suspensión o cancelación del registro del sindicato podría surgir de una
decisión administrativa, incumpliéndose el requisito de que estas sanciones sean sólo dispuestas
por decisión judicial tal como lo establece el artículo 39, inciso tercero, de la Constitución y el
artículo 4 del Convenio núm. 87 de la OIT.
En consecuencia, basándose en la Constitución Colombiana y en el Convenio núm. 87 de la
OIT, la Corte declara inconstitucional la facultad de la administración de no registrar, suspender
o cancelar la registración de un ente sindical por motivos de “buenas costumbres” y sin
intervención judicial.
52. Corte Constitucional, 5 de abril de 2000, sentencia C-385/00
Temas: libertad sindical; trabajadores migrantes
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en le derecho
internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratados ratificados; 177 instrumentos no sujetos a ratificación 178
Libertad sindical/ Derechos civiles del ciudadano extranjero/ Discriminación a trabajadores
extranjeros y exclusión de cargos de representación sindical/ Resolución directa del litigio con
base en le derecho internacional
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, dos ciudadanos demandaron varios
artículos 179 del Código Sustantivo del Trabajo por considerarlos violatorios a la Constitución, a
varios instrumentos internacionales y en particular a los Convenios núm. 87, 98 y 111 de la
OIT.
Los artículos impugnados requerían primero, que los sindicatos de trabajadores estuvieran
conformados por un mínimo de dos tercios de personal colombiano, e impedían además a los
trabajadores extranjeros acceder a cargos de representación sindical. 180
177
Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; Convenio
núm. 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, 1949; Convenio núm. 111 de la OIT
sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 1966; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
1965.
178
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948; Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, 1963.
179
Código Sustantivo del Trabajo, Artículos 384, 388, 422 y 432.
180
Dichas disposiciones habían sido consideradas como contrarias al Convenio núm. 87 de la OIT por la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Véase, por ejemplo, la observación de la Comisión de
Expertos con respecto de la aplicación por Colombia del Convenio núm. 87 publicada en 2000.
92

La resolución de este caso suponía tomar en consideración el artículo 100 de la Constitución
colombiana que prevé que “la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones
especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Así mismo,
los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los
nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley”.
La Corte señaló, primero, que el legislador no podía restringir el ejercicio de los derechos
civiles de los extranjeros invocando de forma abstracta razones de orden público, sino que “las
restricciones a los derechos fundamentales deben ser expresas, necesarias, mínimas
indispensables, y estar dirigidas a la realización de finalidades constitucionales legítimas en una
sociedad democrática, como son las que apuntan a asegurar bienes valiosos de la convivencia
social.”
Posteriormente la Corte Constitucional estableció que:
“conforme a los artículos de la Constitución 53, 4) 181 93 182 y 94, 183 el contenido y
alcance del derecho de asociación sindical ha de fijarse con arreglo a los convenios y
tratados internacionales sobre derechos humanos del trabajo”. 184
La Corte hizo entonces referencia expresa a los artículos 2, 3, 6 y 8 del Convenio núm. 87 de la
OIT relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización 185 y consideró
que:
“no cabe duda que los preceptos acusados se encuentran en contraposición con el
aludido convenio que ni siquiera remotamente admite la posibilidad de que a los
trabajadores extranjeros se les pueda restringir el derecho de asociación sindical.” 186
De acuerdo con lo anterior, con base en la lectura de la Constitución Nacional y en los artículos
pertinentes del Convenio núm. 87 de la OIT, la Corte Constitucional pronunció la invalidez de
las disposiciones de derecho interno que restringían la libertad sindical de los trabajadores
extranjeros.
181 Constitución Política, artículo 53, 4): “El congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: (…) Los convenios internacionales del
trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.”
182 Artículo 93, 1): “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y
deberes consagrados en esta carta, se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia.”
183 Artículo 94: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios
internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no
figuren expresamente en ellos.”
184 Pagina 13 de la sentencia.
185 Artículo 2 del Convenio núm. 87: “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización
previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas
organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.”.
Artículo 3 del Convenio núm. 87: “Las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar
sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su
administración y sus actividades y el de formular sus programas de acción. Las autoridades publicas deberán
abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”.
Artículo 6 del Convenio núm. 87: “Las disposiciones de los artículos 2,3 y 4 de este convenio se aplican las
federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores.”.
Artículo 8, 2) del Convenio núm. 87: “La legislación no menoscabara ni será aplicada de suerte que menoscabe las
garantías previstas en este convenio.”
186 Pagina 14 de la sentencia. Cabe señalar que el Comité de Libertad Sindical de la OIT considera aceptables las
legislaciones que condicionan el acceso de los trabajadores extranjeros a cargos de dirigencia sindical a un periodo
razonable de residencia en el país de acogida. Véase OIT: La libertad sindical. Recopilación de decisiones y
principios del Comité de libertad sindical del Consejo de administración de la OIT, quinta edición (revisada),
(Ginebra, 2006), párrafo 420.
93

53. Corte Constitucional de Colombia, Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, Sindicato de
las Empresas Varias de Medellín c. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Municipio de Medellín y las Empresas Varias
de Medellín E.S.P., 10 de agosto de 1999, sentencia T-568/99
Temas: derecho de huelga; despido
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 187 instrumentos no sometidos a
ratificación; 188 jurisprudencia internacional 189
Derecho de huelga/ Despidos antisindicales como consecuencia de la declaración de ilegalidad
de una huelga por vía administrativa/ Aplicación directa del derecho internacional para
descartar una disposición nacional de jerarquía inferior
Los trabajadores interpusieron una demanda de tutela por haber sido despedidos por participar
en una huelga que fue declarada ilegal por la autoridad administrativa, reclamando la
reintegración en sus puestos de trabajo.
El caso ya había sido estudiado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, 190 que emitió una
recomendación a través de la cual urgía al Gobierno para que se reintegraran en sus puestos de
trabajo a los trabajadores despedidos por participar en la huelga antes mencionada. Para
fundamentar su reclamación, los demandantes presentaron la recomendación del Comité de
Libertad Sindical.
Sin embargo, la demanda fue rechazada por improcedente, argumentando que el sindicato ya
había agotado todas las instancias ordinarias. Además, el Juzgado la denegó basándose en la no
obligatoriedad de la aplicación de las recomendaciones de la OIT. Ante tal situación, los
trabajadores insistieron en su pretensión e interpusieron el presente recurso de amparo.
Para determinar si los despidos por participar en una huelga que había sido declarada ilegal por
la autoridad administrativa constituían despidos antisindicales violatorios de la Constitución
Nacional, 191 la Corte Constitucional aplicó los Convenios núm. 87 y 98 de la OIT. 192 La Corte
consideró que, al calificar la ilegalidad de una huelga por autoridad administrativa, se privó a
los trabajadores de la garantía de imparcialidad y de protección contra la discriminación
antisindical.
Asimismo, la Corte le dio fuerza vinculante a la recomendación del Comité de Libertad
Sindical, concluyendo que las recomendaciones que éste formula y somete al Consejo de
187
Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; Convenio
núm. 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, 1966; Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de
Costa Rica”), 1969.
188
Constitución de la OIT, 1919; Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
189
Comité de Libertad Sindical de la OIT.
190
Queja núm. 1916 contra el Gobierno de Colombia presentada por el Sindicato de Trabajadores de las Empresas
Varias Municipales de Medellín (EEVVMM) (Véase OIT: Informe del Comité de Libertad Sindical, caso núm. 1916,
309.o informe, Boletín Oficial, vol. LXXXI, serie B, núm. 1, Ginebra, 1998).
191
Los artículos 39 y 56 de la Constitución de Colombia consagran expresamente los derechos de asociación,
sindicación y huelga, mientras que los artículos 53 y 93 de la Carta Magna señalan expresamente que los convenios
internacionales del trabajo forman parte de la legislación interna otorgando prevalencia en el orden interno a los
tratados internacionales sobre derechos humanos.
192
Según la Constitución de Colombia, los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados forman
parte de la legislación interna (artículo 53) y “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso,
que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno” (artículo 93). Como se puede apreciar, los tratados sobre derechos humanos se integran en el ordenamiento
interno con jerarquía superior.
94

Administración de la OIT constituyen una orden expresa vinculante para el Gobierno de
Colombia, y manifestó lo siguiente “(…) es el órgano que puede emitir recomendaciones de
carácter vinculante según las normas que rigen la Organización.”
De igual manera, agregó que “en este caso, el Consejo recibió el informe del Comité y sus
recomendaciones y lo publicó como parte de su informe oficial (...).” 193 “Colombia está
obligada, en virtud de su calidad de Estado parte del Tratado Constitutivo de la OIT, a acatar las
recomendaciones del Consejo de Administración.”
La Corte, con objeto de fundamentar su decisión en relación con el despido antisindical, se
pronunció de la siguiente manera:
“(…) se marginó al sindicato de la actuación que verificó el cese de actividades y que
fue adelantada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la participación del
empleador, mas no de los trabajadores.” “(…) tal actuación es violatoria del derecho de
participación de los trabajadores afiliados al sindicato (tanto de los que participaron del
cese como de lo que no lo hicieron) y del sindicato demandante, así como los
Convenios núm. 87 y 98 de la OIT, que forman parte del bloque de constitucionalidad.
(…) también procede incluir la Constitución de la OIT y los Convenios núm. 87 y 98
sobre libertad sindical (tratado y convenios debidamente ratificados por el Congreso,
que versan sobre derechos que no pueden ser suspendidos ni aún bajo los estados de
excepción); además de los artículos pertinentes de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos. Se confrontaron con
ellos los artículos 430 y 450 del Código de Trabajo puesto que en ellos basaron el
despido y, claro está, la recomendación del Comité de Libertad Sindical de la
Organización Internacional del Trabajo.”
En consecuencia, la Corte Constitucional de Colombia aplicó los Convenios núm. 87 y 98 de la
OIT, así como la recomendación del Comité de Libertad Sindical, considerándola con fuerza
vinculante, para determinar la violación de la Constitución Nacional. Sobre esta base, la Corte
declaró los despidos nulos y el reintegro de los trabajadores despedidos así como el
reconocimiento de los salarios y prestaciones que dejaron de percibir.
54. Corte Constitucional de Colombia, Sala Séptima de Revisión, Alfonso Ruiz y otros c.
Empresa Sucesores de José de Jesús Restrepo y Cía. S.A., 13 de marzo de 1995,
sentencia T-102/95
Temas: libertad sindical; protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado; 194 instrumento no sometido a ratificación 195
Libertad Sindical/ Discriminación salarial entre trabajadores sindicados y no sindicados/
Referencia al derecho internacional para reforzar una decisión basada en el derecho interno
Los trabajadores no sindicados de una empresa percibieron un aumento de sus salarios del 28%
en febrero del año 1992. Ante esta situación, los trabajadores sindicados iniciaron una
193 Véase OIT: Informe del Comité de Libertad Sindical, caso núm. 1916, 309.o informe, op. cit.
194 Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
195 Constitución de la OIT, 1919.
95

negociación colectiva para percibir también los aumentos de sus remuneraciones. Sin embargo,
no prosperó ningún acuerdo colectivo.
Ante el hecho de que el conflicto quedó sin solución, los trabajadores sindicados presentaron
una demanda laboral en octubre de 1992, con el objetivo que se incrementaran sus salarios en
un porcentaje igual al percibido por los trabajadores no sindicados. La demanda fue denegada
en primera y segunda instancia. Sin embargo, los trabajadores sindicados continuaron el proceso
e interpusieron un recurso ante la Corte Constitucional.
Para determinar si los trabajadores sindicados tenían derecho a percibir el aumento de salario
establecido unilateralmente por la empresa para los trabajadores no sindicados, la Corte
Constitucional se refirió a la Constitución de la OIT y a la jurisprudencia nacional (un
pronunciamiento de la misma Sala ante un caso similar) en el cual se aplicó el Convenio núm.
111 de la OIT.
Al respecto, la Corte señaló lo siguiente:
“Las personas nacen iguales ante la ley y no puede haber discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; esta
enumeración incluida en el artículo 13 [de la Constitución Nacional de Colombia], no es
taxativay, (…) el artículo 53 ibidem reitera que debe haber “igualdad de oportunidades
para los trabajadores”. (…)
Es más, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), aprobada
en 1919, consagra expresamente en su Preámbulo el “reconocimiento del principio de
salario igual por un trabajo de igual valor” y el Convenio 111 de la OIT (Aprobado
mediante la Ley 22/67), se refiere concretamente a la no discriminación en materia de
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.” 196
(…) “El principio constitucional de igualdad de los trabajadores ha sido desarrollado
por el Convenio Internacional del Trabajo núm. 111 (…) relativo a la discriminación en
materia de empleo y ocupación. Dicho Convenio es pues en Colombia fuente de
derecho de aplicación directa en virtud del artículo 53 de la Constitución Politica, al
decir: “los Convenios Internacionales del Trabajo debidamente ratificados, hacen parte
de la legislación interna”, cuyo contenido es norma interpretativa de los derechos
constitucionales en virtud del artículo 93 de la Carta Fundamental.”
En consecuencia, basándose en la Constitución Nacional de Colombia y haciendo referencia a la
Constitución de la OIT y al Convenio núm. 111 de la OIT, la Corte Constitucional dictaminó
que los trabajadores sindicados debían percibir el aumento de salario dispuesto para los no
sindicados. En caso contrario, se crearía una distinción no congruente con el principio de no
discriminación.
196 Artículo 1, 3) del Convenio núm. 111: “A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen
tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como
también las condiciones de trabajo.”
96

Costa Rica
Constitución Política de la República de Costa Rica
Artículo 7, párrafo 1
Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la
Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad
superior a las leyes.
55. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Antonio Blanco Rodríguez y otros c.
el Presidente de la República, la Ministra de Gobernación y Policía, el Instituto de
Desarrollo Agrario y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, 11 de agosto de
1999, resolución núm. 06229-aa
Tema: derechos de los pueblos indígenas y tribales
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 197
Derechos de los pueblos indígenas y tribales/ Derecho de propiedad/ Aplicación directa del
derecho internacional para descartar una disposición nacional de jerarquía inferior
Los habitantes de una reserva indígena interpusieron un recurso de amparo frente a la
vulneración de sus derechos territoriales, en vista de que el Estado costarricense había
disminuido la reserva de dicha comunidad mediante un Decreto.
A fin de determinar si la disminución de la reserva indígena decretada por el Ejecutivo
vulneraba los derechos fundamentales de los demandantes, la Sala Constitucional de la Corte
Suprema, al considerar que la Constitución Nacional sólo contemplaba disposiciones generales
en materia de propiedad, aplicó el Convenio núm. 107 de la OIT. 198 Dicho Convenio establece
la obligación de que los Estados firmantes adopten medidas para la protección, entre otros, de
los bienes de las poblaciones indígenas, así como el reconocimiento del derecho de propiedad
sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas.
La Corte consideró que el Decreto del Ejecutivo por el cual se reducía la reserva indígena era
incompatible con el Convenio núm. 107 de la OIT, en cuanto vulneraba los derechos de
propiedad de las poblaciones indígenas protegidos por dicho instrumento internacional.
La Sala se pronunció de la siguiente manera:
“El Decreto núm. 7962, en su artículo 1, dispone que se modifiquen los límites de la
Reserva indígena de Guatuso (…). Es decir, modifica el Decreto 5904-G de 10 de abril
de 1996, reduciendo la Reserva indígena de Guatuso en un área cercana a las 250
hectáreas. Ello infringe la prohibición contenida en la Ley núm. 6172 vigente desde el
20 de diciembre de 1977.
(…) al momento de dictarse el decreto cuestionado, se encontraba vigente y
debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, mediante Ley núm.
2330 de 9 de abril de 1959, el Convenio núm. 107 relativo a la protección e integración
197
Convenio núm. 107 de la OIT sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957; Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, 1966.
198
Según la Constitución de Costa Rica (artículo 7), dicho Convenio tiene rango superior a la Ley.
97

de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales. 199 (…) Tal normativa, de
conformidad con el artículo 7 de la Constitución, tiene rango superior a la Ley y por
consiguiente al decreto reformista. (…)
El artículo 11 del Convenio en cuestión contempló el deber del Estado de reconocer el
derecho de propiedad, colectivo e individual, a favor de los integrantes de las
poblaciones indígenas sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas. (…) Estos
territorios, tradicionalmente ocupados por estos grupos, fueron reconocidos en el
Decreto 5904-G por el Estado de Costa Rica, al fijar los limites de la reserva indígena
de Guatuso, por lo que cualquier variación en detrimento de su primera cabida, estaría
en contraposición con lo estipulado en el artículo 11 del Convenio Internacional
ratificado por Costa Rica.”
En conclusión, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica aplicó el Convenio núm. 107 de la
OIT que reconoce los derechos de propiedad de las poblaciones indígenas para hacer valer el
territorio ocupado tradicionalmente por ellos, descartando el Decreto del Ejecutivo, de rango
inferior, que reducía la reserva indígena, vulnerando los derechos fundamentales de dichas
poblaciones.
56. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Hernán Oconitrillo Calvo c. la
Municipalidad de San José (recurso de amparo), 23 de abril de 1999, resolución
núm. 1999-02971
Tema: derecho a la salud
Tipo de utilización del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía
para la interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado; 200 tratado no ratificado; 201 instrumento no
sometido a ratificación 202
Violación del derecho a la salud/ Falta de respeto de las recomendaciones del Ministerio de
Salud y de Trabajo/ Uso del derecho internacional como guía para la interpretación del
derecho interno
Un trabajador interpuso un recurso de amparo por violación del derecho a la salud, debido a que
la Municipalidad de San José no había acatado las recomendaciones del Ministerio de Salud y
del Ministerio de Trabajo en cuanto a las condiciones insalubres en las que se encontraban los
centros de trabajo donde los funcionarios ejercían su labor, motivo por el cual éstos padecían de
graves enfermedades.
A fin de determinar si debía otorgarse el amparo solicitado, la Corte Suprema hizo notar el
reconocimiento general del derecho a la salud en la Constitución Nacional. 203 Sin embargo,
199 El artículo 3 del Convenio núm. 107 establece la obligación de que los Estados firmantes adopten medidas
especiales para la protección de las instituciones, las personas, los bienes y el trabajo de las poblaciones indígenas,
mientras su situación social, económica y cultural les impida beneficiarse de la legislación general del país a que
pertenezcan.
200 Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), 1969; Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(“Protocolo de San Salvador”), 1988.
201 Convenio de la OIT núm. 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981.
202 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948; Recomendación núm. 97 de la OIT sobre la
protección de la salud de los trabajadores, 1953.
203 Artículo 56 de la Constitución de Costa Rica: “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la
sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que
por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o
degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.”
98

constató que no existía ley alguna que tratase la protección de la salud en el centro de trabajo.
En consecuencia, la Corte interpretó el principio consagrado en la Constitución Nacional a la
luz de los instrumentos internacionales de carácter regional y a la luz del Convenio núm. 155 de
la OIT 204 y de la Recomendación núm. 97 de la OIT. 205 Dichos instrumentos contienen
disposiciones que exigen que los empleadores garanticen que el medio ambiente de trabajo sea
seguro y sano para todos los trabajadores.
Así, la Corte se pronunció al respecto de la siguiente forma:
“En virtud del carácter programático de la norma constitucional citada, es necesario
desarrollar su contenido jurisprudencialmente, a través del análisis casuístico, a fin de
establecer qué acciones u omisiones atentan contra la libertad, dignidad, estabilidad y
adecuada remuneración que se definen como elementos constitutivos del derecho al
trabajo.”
Asimismo, agregó:
“En atención al objeto del amparo que nos ocupa procede indicar que, evidentemente, la
protección de la salud de los trabajadores es indispensable para garantizar el respeto a
su dignidad. De una interpretación armónica de los artículos 21 y 56 de la Constitución
Política, de los artículos 1, 11 y 14 de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y del artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos, se concluye que el trabajador tiene derecho
a ejecutar las funciones que le competen en un ambiente apropiado, cuyas condiciones
garanticen la protección de su derecho a la salud. Al respecto, la Sala tomó en
consideración el artículo 16 del Convenio núm. 155 de la Organización Internacional
del Trabajo.”
Por otra parte, la Corte se refirió a la Recomendación núm. 97 de la Organización del Trabajo
sobre la protección de la salud de los trabajadores en los lugares de trabajo. 206
Ante la falta de una ley nacional que regulase la protección de la salud en el centro de trabajo, la
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica interpretó la correspondiente disposición de la
Constitución a la luz de los instrumentos internacionales y, fundamentalmente, del Convenio
núm. 155 de la OIT y de la Recomendación núm. 97 de la OIT para declarar la violación del
derecho a la salud por parte de la municipalidad.
204
Artículo 16, 1) del Convenio núm. 155: “Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea
razonable y factible, garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones y procesos que
estén bajo su control son seguros y no entrañan riesgo alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores.”
205
Párrafo 1 de la Recomendación núm. 97: “La legislación nacional debería contener disposiciones sobre los
métodos para prevenir, reducir o eliminar los riesgos de enfermedad en los lugares de trabajo, e incluso sobre los
métodos que pueda ser necesario y apropiado aplicar con respecto a riesgos especiales que amenacen la salud de los
trabajadores.”
206
La Corte señaló que la Recomendación establece medidas técnicas de protección contra los riesgos que amenazan
la salud de los trabajadores.
99

57. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, José Manuel Paniagua Vargas y
otros funcionarios de la Comisión Nacional para Asuntos Indígenas c. el Ministerio de
Cultura, Juventud y Deportes y la Comisión Nacional para Asuntos Indígenas
(CONAI), 16 de enero de 1998, resolución núm. 0241-98
Tema: derechos de los pueblos indígenas y tribales
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado; 207 jurisprudencia internacional 208
Derechos de las pueblos indígenas y tribales/ Disminución del 85% del presupuesto asignado a
la Comisión Nacional para Asuntos Indígenas/ Aplicación directa del derecho internacional
para descartar una disposición nacional de jerarquía inferior
Los funcionarios de la Comisión Nacional para Asuntos Indígenas (CONAI) interpusieron un
recurso de amparo para reclamar la restitución presupuestaria de dicha institución, ya que ésta
había sufrido un recorte significativo en su presupuesto. Por ley, dicho presupuesto venia siendo
otorgado por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, el mismo que, para el año 1997,
realizó ajustes presupuestarios correspondientes al 85% del monto asignado. Los funcionarios
afirmaron que el recorte violaba los derechos fundamentales reconocidos a las poblaciones
indígenas.
A fin de determinar si el recorte presupuestario de la Comisión Nacional para Asuntos
Indígenas decretado por el Ejecutivo era contrario a los derechos fundamentales de las
poblaciones indígenas, la Corte aplicó el Convenio núm. 169 de la OIT que obliga a todo Estado
ratificante a desarrollar programas que estén destinados a salvaguardar las instituciones, bienes,
trabajo, cultura y medio ambiente de las poblaciones indígenas y que también exige la
formulación de consultas a dichas poblaciones.
La Corte consideró que, en base a las obligaciones genéricas previstas en dicho instrumento, la
disminución del presupuesto de la CONAI decretado por el Ejecutivo implicaba una limitación
indebida de su función como institución o mecanismo para el desarrollo de las iniciativas
relacionadas con los pueblos indígenas. De esta manera, se habían infringido las obligaciones
adquiridas por el Estado de Costa Rica al suscribir y aprobar el Convenio núm. 169 de la OIT,
lesionando el principio de buena fe con que deben ejecutarse los convenios internacionales.
La Corte se refirió, asimismo, a la obligación especial que impone dicho Convenio internacional
en virtud de la cual debe consultarse a la población indígena antes de adoptar determinadas
medidas, y confirmó que no se había llevado a cabo tal consulta en el presente caso.
La Corte se pronunció de la siguiente manera:
“(…) está probado que de un año a otro se ha reducido sustancialmente el Presupuesto
de CONAI, lo que implica limitarla indebidamente en su papel de institución o
mecanismo para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de los indígenas en
nuestro país. En los términos del artículo 33 del Convenio núm. 169 de la OIT, minar su
presupuesto lesiona el principio de buena fe con que deben interpretarse y ejecutarse los
convenios internacionales en nuestra jurisdicción territorial, pues se invoca una
situación interna para justificar el incumplimiento de los términos de un tratado, como
sucede en el caso, cuando han de observarse medidas especiales para salvaguardar los
intereses de los indígenas, su trabajo, cultura, entre otras cosas (artículos 26 y 27 de la
207
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969; Convenio de la OIT núm. 169 sobre pueblos
indígenas y tribales, 1989.
208
Corte Interamericana de Derechos Humanos: dictamen consultivo OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982.
100

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados). Tómese en cuenta que, además
de esa obligación genérica de interpretación de los tratados, existe una obligación
especial en el propio Convenio núm. 169 de la OIT, por la cual debe formularse una
consulta a los pueblos indígenas, de conformidad con el principio de buena fe, según lo
establece el artículo 6, 2) de ese mismo cuerpo normativo. (…) que no ha existido esa
consulta formal a los grupos indígenas del país sobre la disminución presupuestaria de
CONAI. (…)
Desde el momento en que Costa Rica aprobó este instrumento internacional, el Estado
costarricense se comprometió, según el citado artículo 4, a establecer medidas
especiales, lo que debe entenderse como un constante activismo para salvaguardar a
estos grupos étnicos minoritarios, sus instituciones, sus bienes, su trabajo, su medio
ambiente, entre otras cosas, de la influencia de nuestra población y cultura.
Estas medidas especiales deben significar para el Estado una prohibición de abandonar
o dejar a la deriva una institución pública que tiene por objeto establecerse como foro
de discusión e iniciativas de los asuntos indígenas en el país.”
La Corte mencionó además un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Dictamen consultivo OC-2/82, de 24 de septiembre de 1982) en el que se refería a los tratados
sobre derechos humanos, señalando lo siguiente:
“No son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un
intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo entre los Estados
contratantes, su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los
seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado
como frente a los otros Estados contratantes.”
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia señaló que, a la luz de lo preceptuado por el
Convenio núm. 169 de la OIT, la disminución presupuestaria de la CONAI decretada por el
Ejecutivo atentaba contra las obligaciones adquiridas por el Estado costarricense para proteger
la integridad y dignidad de las poblaciones indígenas, motivo por el cual la Sala acogió el
amparo y ordenó al Estado la restitución de la situación presupuestaria de dicha Comisión.
101

58. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, 8 de octubre de 1993, resolución
núm. 5000-93
Temas: libertad sindical; despido
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional; uso del derecho internacional como guía para la interpretación del derecho
interno
Tipo de instrumento utilizado: tratados ratificados; 209 instrumentos no sujetos a ratificación 210
Libertad sindical/ Despido/ Recurso de amparo/ Fuero sindical/ Readmisión en el empleo/
Resolución directa del litigio con base en el derecho internacional/ Uso del derecho
internacional como guía para la interpretación del derecho interno
Ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se interpuso recurso de amparo en
favor de tres integrantes del Comité Permanente de los trabajadores de una empresa de la cual
fueron despedidos al momento en que se encontraban realizando gestiones para la renegociación
del contrato colectivo vigente. Los recurrentes alegaban despido injustificado, obstáculo al
ejercicio de la libertad sindical y derecho a la negociación colectiva de todos los trabajadores de
la empresa considerada. Por su parte la empresa recurrida se defendió manifestando que el
despido no se basaba en la actividad sindical de los trabajadores, sino que obedecía a razones
económicas y que la ruptura de los contratos de trabajo se había acompañado del pago de las
indemnizaciones legales.
La cuestión radicaba en que en la legislación costarricense de aquella época se verificaba la
ausencia de un fuero sindical protector de los representantes de los trabajadores, que se hacia
evidente en la posibilidad existente de despedir a los mismos como a cualquier otro trabajador,
mediante el mero pago de indemnizaciones legales 211 sin ser necesaria una expresión de causa.
Después de haber señalado que la Constitución nacional reconoce la libertad de asociación y la
libertad sindical, la Corte analizó el contenido de los instrumentos internacionales que protegen
el ejercicio de la libertad sindical, haciendo especial énfasis en el artículo 1 del Convenio
núm.135, 212 el artículo 1 del Convenio núm. 98 213 y 8, 2) del Convenio núm. 87 214 de la OIT.
209
Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; Convenio
núm. 98 de la OIT sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949;
Convenio núm. 135 de la OIT sobre la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los
trabajadores en la empresa, 1971; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966; Convención Americana
sobre los Derechos Humanos, 1969.
210
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948; Declaración Universal de Derechos
Humanos, 1948.
211
Dicha situación había sido considerada como contraria al Convenio núm. 98 de la OIT por la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Véase por ejemplo, la observación de la Comisión de
Expertos publicada en 1991: “La Comisión desea poner de relieve que la legislación en vigor no consagra el fuero
sindical y concretamente no garantiza la inamovilidad de los dirigentes sindicales y sindicalistas cuando la decisión
de despedirles se funda en la realización de actividades sindicales, ya que se permite el despido sin expresión de
causa (por “propia voluntad del patrono”) mediando el pago de las indemnizaciones legales (artículo 85 del Código
de Trabajo), situación ésta que no está en conformidad con el artículo 1.o del Convenio núm. 98.”
212
Artículo 1 del Convenio núm. 135: “Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de
protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de
representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en
la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros
acuerdos comunes en vigor.”
213
Artículo 1 del Convenio núm. 98: “1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de
discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá
ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de
que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; b) despedir a un trabajador o
perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales
fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.”
214
Artículo 8, 2) del Convenio núm. 87. “2. La legislación nacional no menoscabara ni será aplicada de suerte que
menoscabe las garantías previstas por el presente convenio.”
102

La jurisdicción constitucional consideró que se desprendía de la letra y espíritu de estos
instrumentos internacionales, la necesidad de establecer un fuero especial que protegiera a los
representantes de los trabajadores contra despidos sin causa objetiva; en este sentido solo sería
procedente la ruptura del contrato de trabajo de aquellos, cuando se demostrara que el
representante había violado sus obligaciones particulares y generales. 215
De acuerdo con el artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica que atribuye a los
tratados internacionales ratificados una autoridad superior a las leyes, la Corte subrayó que los
convenios internacionales mencionados eran de obligatoria aplicación. Seguidamente estableció
que los artículos de carácter general de la Constitución 216 y del Código de trabajo
costarricense 217 que reconocen la libertad sindical y prohíben al empleador cualquier acción
destinada a que los trabajadores se retiren de un sindicato, eran concordantes con el contenido
de los instrumentos internacionales.
Basándose principalmente en los Convenios núm. 135, 98 y 87, la Corte Suprema de Justicia de
Costa Rica anuló los despidos de los tres representantes de los trabajadores, ordenando su
reinstalación en sus puestos de trabajo y funciones de representación. Finalmente, expresó la
igualdad de criterio y sustento normativo para resolver el despido de los simples trabajadores
cuando la causal expresa o tácita sea su pertenencia a una asociación o sindicato.
215
Conviene resaltar que la decisión del Tribunal fue consagrada a nivel legislativo por la ley núm. 7360 de 4 de
noviembre de 1993.
216
Artículo 60 de la Constitución política de Costa Rica.
217
Artículo 70 del Código sustantivo del trabajo de Costa Rica.
103

Constitución de la República de Croacia
Croacia
Artículo 140
Los acuerdos internacionales concluidos y ratificados conforme a la Constitución, publicados y en vigor,
formarán parte integrante del ordenamiento jurídico de la República de Croacia y sus efectos jurídicos
prevalecerán sobre las leyes nacionales. Sus disposiciones sólo podrán modificarse o anularse conforme a
lo establecido en las mismas o en las normas generales del derecho internacional.
59. Tribunal Constitucional de Croacia, 10 de enero de 2001, núm. U-III 727-1997
Temas: despido; libertad de expresión
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificados 218
Despido/ Demanda ante el Tribunal Constitucional por vulneración de la libertad de expresión/
Referencia al derecho internacional para reforzar una decisión basada en el derecho interno
Un conductor del Ministerio del Interior había sido despedido por incompetencia profesional.
Tras una serie de sentencias judiciales en su contra, el demandante acudió al Tribunal
Constitucional de Croacia, alegando que su contrato de trabajo había sido rescindido por
manifestar sus opiniones personales durante el ejercicio de sus funciones y que los tribunales no
le habían proporcionado una tutela judicial efectiva, pues no habían tenido en cuenta hechos
esenciales del caso (en particular, los motivos reales del despido).
Para sustentar su causa, el demandante alegó que se había vulnerado la Constitución nacional,
así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
El Tribunal Constitucional analizó las correspondientes disposiciones de la Constitución, a fin
de determinar si se había vulnerado la libertad de expresión del demandante, y observó que se
había producido efectivamente una vulneración de este derecho reconocido no sólo en el
artículo 38, 1) de la Constitución, sino también en varios instrumentos internacionales:
“El Tribunal Constitucional resalta que no se puede poner término a la relación de
trabajo de un empleado por haber manifestado opiniones personales, y que ello también
se aplica al demandante en su calidad de empleado del Ministerio del Interior. El
derecho a la libertad de expresión está garantizado en el apartado 1 del artículo 38 de la
Constitución, así como en el artículo 10 del Convenio Europeo 219 y en el artículo 19 del
218 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 1950; Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.
219 Artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales:
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad
de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin
consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión,
de cinematografía o de televisión, a un régimen de autorización previa.
2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas
formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una
sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden
y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos
ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad
del poder judicial.”
104

Pacto Internacional, 220 y sólo puede restringirse en casos excepcionales (como , por
ejemplo, en interés de la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad
pública y la paz, la defensa del orden y la prevención del delito u otros similares), que
no concurren en el presente caso ni han sido discutidos ni acreditados ante un tribunal”.
A continuación, el Tribunal consideró que los tribunales de instancias inferiores no habían
analizado los motivos del despido y estimó que éste contravenía los artículos de la Constitución
que garantizan la igualdad ante la ley, el derecho de apelación y el derecho a la tutela judicial
efectiva. Para sustentar su resolución, el Tribunal subrayó que estos derechos también están
recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
“Sobre la base de las mismas razones que sirven para fundamentar la existencia de una
infracción de las citadas disposiciones constitucionales, las sentencias controvertidas
incumplen igualmente las disposiciones correspondientes del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales.”
Una vez concluido que se habían vulnerado los derechos que la Constitución nacional garantiza,
el Tribunal Constitucional de Croacia se refirió en dos ocasiones a dos instrumentos
internacionales para reforzar su decisión y subrayar la importancia de los derechos
fundamentales que se habían vulnerado. El Tribunal estimó que la libertad de expresión no
puede constituir un motivo de terminación de la relación de trabajo y que la falta de
consideración de los motivos reales del despido vulneraba el derecho a la tutela judicial
efectiva, por lo que anuló las sentencias recurridas por el demandante.
220 Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
“1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por
consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la
ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”
105

60. Tribunal Constitucional de Croacia, 8 de noviembre de 2000, núm. U-I 745-1999
Tema: derecho de propiedad
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado; 221 jurisprudencia internacional 222
Expropiación/ Competencia del Tribunal Constitucional para revisar la conformidad de una ley
con respecto a un tratado/ Aplicación directa del derecho internacional para descartar una
disposición nacional de jerarquía inferior
Un ciudadano alegaba que la Ley de Expropiaciones 223 vulneraba el Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, así como sus protocolos.
Dicho ciudadano afirmaba que el hecho de que un procedimiento de expropiación no estuviera
sometido al control judicial infringía el artículo 6 224 del Convenio y sus Protocolos núm. 1, 4, 6,
7 y 11, por lo que solicitó al Tribunal Constitucional que declarara la Ley incompatible con las
disposiciones del Convenio.
Dado que la Constitución nacional no especificaba si el Tribunal Constitucional era competente
para pronunciarse sobre la conformidad de una ley con respecto a un instrumento internacional,
el Tribunal debía dar repuesta en primer lugar a esta cuestión. A fin de sustentar su competencia
en esta materia, el Tribunal recordó que la Constitución le asigna la función de velar por que se
respete la jerarquía de las normas.
En consecuencia, consideró que:
“Si la decisión del Tribunal Constitucional sobre la conformidad de una ley con
respecto a la Constitución, así como de otras normas con respecto a la Constitución y a
la legislación nacional constituye, de hecho, una decisión sobre la conformidad de una
norma de rango inferior con respecto a otra de rango superior y a la Constitución, que es
la norma de máximo rango, la autoridad del Tribunal para revisar la conformidad de una
ley con respecto a un tratado internacional es pues una consecuencia lógica de la
disposición constitucional en virtud de la cual un tratado internacional ratificado y
publicado forma parte integrante del ordenamiento jurídico interno con rango normativo
superior al de una ley.” 225
A continuación, el Tribunal analizó los artículos del Convenio para la Protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. 226 Este último había considerado que los tribunales competentes para
resolver los litigios relacionados con los derechos y obligaciones civiles debían proceder a un
examen independiente de los hechos y que éste debía hacerse mediante un procedimiento oral
221
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 1950.
222
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
223
Ley de Expropiaciones, Boletín Oficial de la República de Croacia núm. 9/94 y 35/94.
224
Artículo 6, 1) del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales:
“Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un
Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones
de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe
ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la Sala de Audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público
durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una
sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el
proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el Tribunal, cuando en circunstancias especiales la
publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.”
225
El artículo 140 de la Constitución establece que los tratados internacionales firmados y ratificados tienen
supremacía sobre las leyes nacionales.
226
Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Le compte, Van Leuven y De Meyere c. Bélgica, 18 de octubre de 1982
A54; Ettl y otros c. Austria, 23 de abril de 1987 A117.
106

con una audiencia para ambas partes. El Tribunal consideró que el procedimiento administrativo
previsto en la Ley de Expropiaciones no cumplía estos requisitos.
El Tribunal Constitucional de Croacia consideró que la Ley contravenía, por tanto, el Convenio
para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y, en
consecuencia, la Constitución nacional.
Constitución Española
España
Artículo 10, párrafo 2
Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Artículo 96, párrafo 1
Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España,
formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del
Derecho internacional.
61. Tribunal Supremo de España, Secundino C.R. c. TOVIC S.L., 2 de octubre de 1989
Temas: libertad sindical; despido
Tipo de utilización del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía
para la interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado 227
Despido/ Libertad sindical/ Alcance de tiempo dedicado a la actividad de representación
sindical/ Uso del derecho internacional como guía para la interpretación del derecho interno
Una empresa despidió a un trabajador argumentando trasgresión de la buena fe contractual por
ausencia en el trabajo. Dicho trabajador interpuso una demanda por despido improcedente
debido a que la falta alegada de ausencias en el trabajo estaba justificada por su asistencia a las
reuniones de la Comisión negociadora del convenio colectivo del sector metal. La sentencia de
primera instancia acogió la tesis de la empresa, según la cual el trabajador debería haberse
incorporado a sus labores cuando acabó su labor de representación sindical en lugar de
permanecer en su domicilio o de frecuentar diversos bares, lo que constituía un uso abusivo del
tiempo dedicado a la actividad sindical.
Ante tal hecho, el demandante interpuso un recurso de apelación estimando que se debía
considerar el tiempo dedicado a la representación sindical con un criterio amplio, lo que incluía
el intercambio de impresiones con compañeros, por lo que su conducta era conforme a derecho.
A fin de determinar si el despido por uso indebido del tiempo otorgado al representante sindical
para desarrollar sus actividades sindicales era improcedente, el Tribunal Supremo interpretó la
Ley Orgánica de Libertad Sindical 228 a la luz de la Constitución Nacional y del Convenio núm.
227 Convenio núm. 135 de la OIT sobre los representantes de los trabajadores, 1971.
228 Artículo 9, 2) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical núm. 11/1985 de 2 de agosto de 1985: “Los representantes
sindicales que participen en las Comisiones negociadoras de convenios colectivos, manteniendo su vinculación como
107

135 de la OIT. El Tribunal estimó que dicho Convenio recogía la concesión de los permisos
retribuidos que fueran necesarios para el adecuado ejercicio de la labor de negociación por parte
de los representantes sindicales. El tribunal consideró que, dentro del marco del Convenio, el
uso de los permisos no debía estar sujeto a controles rigurosos y debían tomarse en cuenta
criterios de razonabilidad.
El Tribunal señaló lo siguiente:
“(…) interpretación que no resulta conforme con la finalidad del precepto, en el que el
objetivo de facilitar las funciones negociadoras de los representantes debe armonizarse
con la no imposición de cargas excesivas a la empresa, como prevé el artículo 2, 3) del
Convenio núm. 135 de la OIT. 229 De ahí la necesidad de que la justificación que
contempla el artículo 37, 3) del Estatuto de los Trabajadores, 230 deba comprender en
estos casos no sólo la actividad motivadora del permiso, sino también la adecuación de
ésta al tiempo utilizado de acuerdo con criterios de razonabilidad.
(…) que no puede exigirse un cómputo escrupuloso en el tiempo empleado, el cual ha
de ser flexible y ha de preservarse la independencia del representante, (…) los
representantes de los trabajadores tienen derecho a desempeñar sus funciones sin ser
sometidos a vigilancia singular, ya que ello supone una traba o limitación a su derecho
de libertad o libre ejercicio del cargo, deducción que se obtiene en dicha sentencia a la
luz del artículo 28, 1) de la Constitución 231 y del Convenio núm. 135 de la OIT.”
En conclusión, el Tribunal Supremo de España interpretó el ordenamiento nacional a la luz del
Convenio núm. 135 de la OIT para señalar que el permiso para la actividad sindical del
trabajador no debe ser objeto de un control rígido, concluyendo que la conducta del demandante
no justificaba la sanción de despido.
trabajador en activo en alguna empresa, tendrán derecho a la concesión de los permisos retribuidos que sean
necesarios para el adecuado ejercicio de su labor como negociadores, siempre que la empresa esté afectada por la
negociación”.
229
Artículo 2, 3) del Convenio núm. 135: “La concesión de dichas facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento
eficaz de la empresa interesada”.
230
Artículo 37, 3) del Estatuto de los Trabajadores: “El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del
trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: (…) e) para realizar
funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente”.
231
Artículo 28, 1) de la Constitución Española: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o
exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina
militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el
derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar
confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser
obligado a afiliarse a un sindicato.”
108

62. Tribunal Constitucional de España, Recurso de amparo, 23 de noviembre de 1981,
núm. 38/1981
Temas: libertad sindical; despido
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 232 instrumento no sujeto a ratificación; 233
jurisprudencia internacional 234
Despido/ Libertad sindical/ Recurso de amparo/ Traslado de la carga probatoria/ Readmisión
en el empleo/ Utilización judicial de instrumentos internacionales no vinculantes
Varios trabajadores fueron despedidos por razones económicas un día después de haber
depositado sus candidaturas a la posición de representantes de los trabajadores. Impugnaron su
despido ante el Tribunal de trabajo y, en suplicación, ante el Tribunal central del trabajo.
Los Tribunales ordinarios fallaron en contra de las pretensiones de los demandantes al no
considerar probada la discriminación antisindical, pero declararon la nulidad de los despidos por
incumplimiento de requisitos formales. En virtud de la legislación vigente en aquel momento,
dicha nulidad daba la opción al empleador de indemnizar a los trabajadores como sustitutiva de
la readmisión, ya que la sanción de readmisión solo resultaba obligatoria cuando se tratara de
despidos ilícitos a representantes de los trabajadores.
Contra dicha sentencia los trabajadores interpusieron recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional de España alegando una violación del principio de libertad sindical y solicitando
su readmisión inmediata en el empleo.
La resolución del caso planteaba dos principales problemas jurídicos al Tribunal Constitucional:
decidir si la protección constitucional de la libertad sindical conllevaba la inversión de la carga
de la prueba en los casos de presunta discriminación sindical, y por otro lado, si la protección
constitucional de dicho principio suponía extender a los candidatos al puesto de representante de
los trabajadores la readmisión en el empleo (nulidad radical) en caso de despido antisindical.
Al establecer que “de acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución, los textos internacionales
ratificados por España son instrumentos valiosos para configurar el sentido y alcance de los
derechos que recoge la Constitución”, 235 el Tribunal se refirió a los instrumentos de la OIT para
interpretar el artículo de la Constitución española, reconociendo la libertad sindical. El Tribunal
no sólo tomó en consideración los convenios de la OIT ratificados por España, instrumentos
jurídicamente vinculantes, sino que recurrió también a otras fuentes como las recomendaciones
internacionales del trabajo y las decisiones del Comité de Libertad Sindical. En relación al valor
de las recomendaciones internacionales del trabajo, el Tribunal declaró que “son textos
orientativos que, sin eficacia vinculante, pueden operar como criterios interpretativos o
aclaratorios de los convenios”. 236
232
Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; Convenio
núm. 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1948; Convenio núm.135 de la OIT
sobre los representantes de los trabajadores, 1971.
233
Recomendación núm. 143 de la OIT sobre los representantes de los trabajadores, 1971.
234
Comité de Libertad Sindical de la OIT.
235
Los Convenios de la OIT ratificados por España son textos invocables respecto de los derechos reconocidos en los
artículos 14 y 28.1 que se incorporan al ordenamiento interno, y de estas normas surgen los derechos individuales,
página 1 de la sentencia.
236
Página 2 de la sentencia.
109

Respecto a la atribución de la carga probatoria en casos de presunta discriminación antisindical,
el Tribunal se basó en la jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical y en la Recomendación
núm. 143 de la OIT para interpretar la Constitución Nacional. El Tribunal expresó que:
“la dificultad probatoria de la motivación antisindical hubiera podido obviarse
trasladando al empresario la prueba de la existencia de un motivo razonable de despido
cualquiera que fuera su justificación formal y la viabilidad sustancial para romper la
relación de trabajo. Esta es la solución que se recoge en decisiones del Comité de
Libertad Sindical de la O.I.T. apoyadas en la Recomendación núm. 143 (III, 6.2 e)),
dentro del marco general de «las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los
trabajadores» la libertad sindical, a las que obligan los Convenios de la O.I.T. -87 (art.
11), 98 (art. 1) y 135 (art. 1)”.
El Tribunal consideró además que la falta de una norma legal que recogiera esta garantía o la no
mención de los candidatos a representantes para quienes se recomienda la protección, no era
obstáculo a que respecto de la libertad sindical se reconociera que es el empresario quien debe
probar que el despido tachado de discriminatorio, se debe a motivos razonables, extraños a todo
propósito de discriminación antisindical.
En cuanto a la extensión de la nulidad radical (con la consecuente readmisión en el empleo)
como sanción de los despidos antisindicales de candidatos a la posición de representantes
sindicales, el Tribunal fundamentó principalmente su decisión en su propia interpretación del
artículo 28 de la Constitución española que protege la libertad sindical. La jurisdicción
constitucional afirmó que la libertad sindical es un derecho subjetivo de todos los trabajadores
cuyo goce no se limita a los representantes de los mismos, y añadió que la violación de un
derecho fundamental requería el pleno reestablecimiento de la víctima en sus derechos, por lo
cual cualquier trabajador despedido por motivos sindicales tenía derecho a la readmisión en el
empleo. Para respaldar dicha solución, el Tribunal se apoyó en el artículo 7, 1) de la
Recomendación núm. 143 de la OIT que sugiere extender a los candidatos la protección
reforzada atribuida a los representantes de los trabajadores.
Utilizando los convenios de la OIT, así como las fuentes no vinculantes que los complementan,
con el fin de interpretar las disposiciones constitucionales, el Tribunal constitucional de España
estableció la nulidad radical de los despidos antisindicales aún cuando los afectados no sean
representantes sindicales y afirmó la inversión de la carga probatoria en caso de alegarse
discriminación antisindical.
110

Constitución de la República de Estonia
Estonia
Artículo 3
El Gobierno ejercerá sus funciones exclusivamente de acuerdo con la Constitución y las leyes que se
ajusten a la misma. Los principios y las normas del derecho internacional universalmente reconocidos
forman parte inseparable del ordenamiento jurídico estonio. (...)
Artículo 123
La República de Estonia no celebrará tratados internacionales si éstos son contrarios a la Constitución. En
caso de conflicto entre las normas u otros instrumentos jurídicos de Estonia y los tratados internacionales
ratificados por el Parlamento, se aplicará lo dispuesto en estos últimos.
63. Tribunal de Distrito de Tallin, Sala de lo Contencioso Administrativo, Ly Kovanen c.
el Departamento de Reforma de la Propiedad de la Ciudad de Tallin, 6 de noviembre
de 2001, caso núm. II-3-286-2000
Temas: despido; protección frente a la discriminación antisindical
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 237
Despido de un delegado sindical/ Falta de autorización del inspector de trabajo/
Determinación de la condición de delegado sindical/ Aplicación directa de los Convenios núm.
87 y 135 de la OIT
La Sra. Ly Kovanen, delegada sindical en un organismo público había sido despedida. El empleador
había puesto término a la relación de trabajo sin haber obtenido la correspondiente autorización del
inspector de trabajo. El problema jurídico que se planteaba derivaba del hecho de que el organismo
público donde trabajaba la Sra. Kovanen consideraba que ella no era representante de los trabajadores
debido a que, en el momento de su elección como delegada sindical, su sindicato carecía de estatutos y
su nombramiento no figuraba en el acta oficial. Por tanto, para poder pronunciarse sobre la cuestión de
la legalidad o ilegalidad del despido sin la previa autorización del inspector de trabajo, la Sala de lo
Contencioso Administrativo debía determinar primero si la Sra. Kovanen tenía o no la condición de
representante de los trabajadores.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Distrito de Tallin consideró injustificado que
no se hubiera reconocido a la Sra. Kovanen su condición de delegada. Asimismo, dictaminó que no
debía condicionarse el reconocimiento de la condición de trabajador protegido al examen escrupuloso
de las formalidades administrativas, sino que éste dependía de la realización efectiva de las funciones
de representante sindical.
El Tribunal basó directamente su decisión en el derecho internacional:
“Esta consideración no se ajusta al artículo 29 238 de la Constitución de la República de
Estonia ni a los instrumentos internacionales correspondientes, los cuales proporcionan
garantías adicionales a los empleados para el ejercicio de su libertad de sindicación.
237 Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; Convenio
núm. 135 de la OIT sobre los representantes de los trabajadores, 1971.
238 El apartado relativo a la libertad de sindicación del artículo 29 de la Constitución es el quinto y dice lo siguiente:
“Las empresas y los empleados podrán afiliarse libremente a sindicatos y asociaciones. Los sindicatos y las
asociaciones de empleados y empresas podrán utilizar todos los medios legalmente autorizados para proteger sus
derechos e intereses legítimos (…).”
111

Según el artículo 2 del Convenio núm. 87 de la OIT (ratificado por la República de
Estonia el 22 de septiembre de 1993), los trabajadores y los empleadores, sin ninguna
distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones
que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola
condición de observar los estatutos de las mismas.
Conforme al artículo 3 del citado Convenio, las organizaciones descritas tienen derecho
a elaborar sus propios estatutos y elegir libremente a sus representantes.
El artículo 3 del Convenio núm. 135 de la OIT establece que a los efectos de dicho
Convenio, la expresión “representantes de los trabajadores” comprende las personas
reconocidas como tales en virtud de la legislación o la práctica nacionales, ya se trate de
representantes sindicales u otros.
El artículo 1 de este último Convenio dispone, por su parte, que los representantes de
los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que
pueda perjudicarlos, incluido el despido.”
Sobre esta base, el Tribunal de Distrito de Tallin consideró que la solicitante había sido
reconocida en la práctica como representante de su sindicato, tanto por éste como por el
organismo público donde trabajaba. Para establecer lo anterior, se basó concretamente en la
correspondencia entre el organismo público y el sindicato y concluyó que la protección prevista
para los representantes sindicales debía aplicarse también a la solicitante, pues desempeñaba
efectivamente las funciones propias de ese puesto. Asimismo, el despido se había realizado sin
la autorización del inspector de trabajo y era, por tanto, ilegal. El Tribunal basó directamente su
decisión en las disposiciones de los dos convenios de la OIT anteriormente citados. Por último,
no ordenó la reincorporación de la Sra. Kovanen a su puesto de trabajo, pues ella no lo deseaba,
pero le acordó una indemnización económica.
64. Tribunal Supremo de Estonia, Sala de Revisión Constitucional, 27 de mayo de 1998,
núm. 3-4-1-4-98
Tema: condiciones de trabajo de la gente de mar
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 239
Obligación de la gente de mar extranjera de poseer un documento administrativo estonio para
poder trabajar en un buque de este país/ Demanda ante Sala de Revisión Constitucional del
Tribunal Supremo por incumplimiento del Convenio núm. 108 de la OIT/ Aplicación directa del
Convenio núm. 108 de la OIT para descartar una disposición nacional de jerarquía inferior
Un reglamento vigente en Estonia 240 establecía que la gente de mar extranjera debía obtener un
certificado de registro laboral para trabajar en los buques registrados en dicho país, sin el cual
no podían abandonar el territorio en un buque estonio, a pesar de que hubieran entrado
legalmente en Estonia a bordo de un buque. El Tribunal Administrativo de Tallin había
considerado que este reglamento contravenía el principio constitucional de libre elección de la
ocupación, así como el principio de igualdad de trato a nacionales y extranjeros y el Convenio
núm. 108 de la OIT sobre los documentos de identidad de la gente de mar. Por ello, remitió la
cuestión al Tribunal Supremo para que éste se pronunciara sobre la constitucionalidad del
reglamento.
239 Convenio núm. 108 de la OIT sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958.
240 Reglamento núm. 414 del Gobierno de la República, de 3 de noviembre de 1994: “Modificación parcial del
Reglamento núm. 268 del Gobierno de la República, de 16 de septiembre de 1992.”
112

La Sala de Revisión Constitucional del Tribunal Supremo analizó las disposiciones del
reglamento y las comparó con las del Convenio núm. 108 de la OIT:
“El trato desigual a extranjeros (...) no se ajusta al artículo 5 del Convenio núm. 108, en
virtud del cual cualquier marino portador de un documento de identidad de la gente de
mar válido y otorgado por la autoridad competente de un territorio para el cual esté en
vigor el presente Convenio será readmitido en dicho territorio, con independencia de
que haya sido incluido o no en la lista de la tripulación de un barco que navegue bajo
bandera estonia.
Conforme al artículo 6 del Convenio, todo Miembro permitirá la entrada en un territorio
para el cual esté en vigor el presente Convenio a cualquier marino portador de un
documento de identidad de la gente de mar válido, cuando la entrada tenga por fin una
licencia temporal en tierra por el tiempo que dure la escala del buque.
Sin embargo, el Convenio no regula las cuestiones relativas a la salida del territorio de
un Estado miembro. Este derecho, especialmente si está relacionado con el embarque,
está implícito y emana de la finalidad del Convenio, que es la de simplificar las
formalidades relativas al viaje de la gente de mar, ya sea para embarcarse o para
desembarcar.”
El Tribunal Supremo de Estonia se basó en la finalidad del Convenio núm. 108 de la OIT para
concluir que las disposiciones de este instrumento regían no sólo el derecho de entrada en un
Estado parte del Convenio, sino también el de salir de él. Dado que la Constitución establecía
que los tratados tenían rango superior a la legislación nacional, la Sala de Revisión
Constitucional confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Tallin y declaró
inconstitucional el reglamento.
113

Estados Unidos
65. Tribunal Supremo de New Hampshire, el Estado de New Hampshire c. Robert H., 30
de octubre de 1978, núm. 78-090
Tema: autoridad paterna
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 241
Demanda de un padre privado de la custodia de sus tres hijos/ Análisis de la legislación
aplicable/ Referencia al derecho internacional para reforzar una decisión basada en el derecho
interno
Un padre se vio privado de la custodia de sus tres hijos debido a que los servicios sociales
consideraron que, dada su situación económica y las circunstancias familiares, el interés de los
niños requería que dejaran de vivir con él. El padre recurrió esta decisión ante el Tribunal
Supremo de New Hampshire.
El tribunal analizó los principios fundamentales que rigen las relaciones entre la familia y el
Estado, los cuales establecen el principio de que los padres tienen autoridad sobre sus hijos sin
necesidad de que el Estado se la confiera, como algo inherente a su condición de padres. Para
reforzar su análisis, el Tribunal se refirió al derecho internacional señalando que:
“En el ámbito internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
las Naciones Unidas establece, en su artículo 23, párrafo 1, que “la familia es el
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la
sociedad y del Estado” (1966). Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas estipula, en su artículo 10,
párrafo 1, que “se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental
de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles” (1966).”
La referencia a estos dos pactos reforzó el punto de vista del Tribunal Supremo de New
Hampshire sobre la necesidad de basar en pruebas claras y convincentes la decisión de retirar a
los padres la custodia de sus hijos. En este caso, el Tribunal consideró que no se daban estas
circunstancias y acordó que el demandante recuperara la custodia de sus hijos.
241
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, 1966.
114

Etiopía
Constitución de la República Democrática Federal de Etiopía
Artículo 9, párrafo 4
Todos los tratados internacionales ratificados por Etiopía forman parte integrante del derecho interno.
Artículo 13: Ámbito de aplicación e interpretación
1. Todos los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, tanto federales como estatales, tienen la
responsabilidad y el deber de respetar y de garantizar la aplicación de las disposiciones del presente
capítulo.
2. Las libertades y los derechos fundamentales que se incluyen en este capítulo deben interpretarse
conforme a los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a los pactos de Naciones
Unidas sobre derechos del hombre y a los instrumentos internacionales ratificados por Etiopía.
66. Tribunal de Apelación de Addis Abeba, 31 de julio de 2006, núm. 48008
Tema: despido
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 242
Rescisión del contrato de trabajo por negarse a ejecutar determinadas tareas y abandonar el
puesto de trabajo/ Alegaciones contestadas por el trabajador/ Dificultad probatoria/ Aplicación
del Convenio núm. 158 de la OIT que atribuye al empleador la carga de la prueba
Una cuidadora denunció la rescisión de su contrato de trabajo. El empleador alegó que había
rescindido el contrato porque la demandante abandonó su puesto de trabajo tras negarse a
efectuar determinadas tareas domésticas. La trabajadora afirmó que su empleador la despidió
verbalmente tras haberle indicado que en su contrato de trabajo no se contemplaban ese tipo de
tareas. En primera instancia el Tribunal consideró que la declaración de demandante y
demandado no aportaban pruebas adicionales para resolver el litigio pero, a pesar de ello,
consideró que la rescisión del contrato se debió a la negativa de la trabajadora de realizar las
tareas previstas en el contrato.
La trabajadora recurrió la sentencia. El Tribunal de Apelación notó que el Tribunal de Primera
Instancia había resuelto el litigio a pesar de haber señaló la ausencia de pruebas relativas tanto al
contenido del contrato como al abandono del puesto de trabajo.
Acto seguido, el Tribunal de Apelación recordó que tanto la legislación interna como el artículo
4 del Convenio núm. 158 de la OIT, ratificado por Etiopía, consideraban que el hecho de que la
trabajadora no ejecutara sus funciones de forma adecuada era considerado como motivo válido
para el despido.
El Tribunal de Segunda Instancia deliberó sobre la carga de la prueba en este tipo de litigios, y
sin encontrar disposiciones aplicables en la legislación interna, se remitió al Convenio núm. 158
de la OIT. A este respecto, el Tribunal declaró lo siguiente:
“El empleador debería aportar elementos suficientes para probar los dos hechos
alegados. La afirmación de que la carga de la prueba incumbe al empleador es conforme
a lo que estipula el artículo 9, 2) del mencionado Convenio, ratificado por Etiopía. Por
tanto, si del expediente se desprende que el empleador no ha aportado los elementos que
242 Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
115

demuestran la existencia de un motivo válido de despido, el recurrente no tiene el deber
de aportar las pruebas que sustenten sus alegaciones.”
El Tribunal de Addis Abeba, tras remitirse al Convenio núm. 158 de la OIT para atribuir al
empleador la carga de probar la validez del despido y tras manifestar la falta de pruebas al
respecto, declaró la improcedencia del despido.
Constitución de la Federación de Rusia
Federación de Rusia
Artículo 15, párrafo 4
Los principios y normas del derecho internacional universalmente reconocidos y los tratados
internacionales de la Federación de Rusia forman parte integrante de su ordenamiento jurídico. Si un
tratado internacional de la Federación de Rusia incluyera disposiciones contrarias a las de la legislación
interna, prevalecerá lo dispuesto en el tratado internacional.
Artículo 17, párrafo 1
La Federación de Rusia y la presente Constitución reconocen y garantizan los derechos y libertades
fundamentales, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional comúnmente
reconocidos.
67. Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, Sobre la constitucionalidad de
las cláusulas 2 y 3 del artículo 11, 1) de la Ley de la Federación de Rusia de junio de
1993 relativa a los organismos federales de la policía fiscal, 17 de diciembre de 1996
Tema: derecho de propiedad
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado; 243 instrumento no sujeto a ratificación 244
Procedimiento administrativo para el cobro de impuestos de personas jurídicas/ Demanda ante el
Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad de la ley/ Referencia al derecho internacional
para reforzar la interpretación de las disposiciones constitucionales
De acuerdo con una determinada ley de la Federación de Rusia, 245 los órganos de la policía
fiscal podían proceder directamente al cobro de los atrasos tributarios cuando se trataba de
personas jurídicas, mientras que en el caso de las personas físicas estaban obligados a utilizar la
vía judicial. Los fundadores de un grupo de corporaciones presentaron una demanda ante el
Tribunal Constitucional, alegando que el uso de un procedimiento administrativo, en lugar de
uno judicial, vulneraba su derecho constitucional a la propiedad, reconocido en el artículo 35 de
la Constitución de Rusia. 246
243 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966.
244 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
245 Ley de la Federación de Rusia de 24 de junio de 1993 relativa a los órganos de la policía fiscal.
246 Artículo 35 de la Constitución de la Federación de Rusia:
“1. El derecho de propiedad privada está protegido por ley.
2. Toda persona tiene derecho a poseer bienes en propiedad y a utilizarlos y administrarlos individualmente o junto
con otras personas.
3. Nadie podrá ser arbitrariamente privado de sus bienes, salvo por decisión judicial. La expropiación forzosa de
bienes sólo podrá realizarse por necesidades del Estado y con una indemnización previa y equitativa. (…)”
116

El Tribunal Constitucional debía, por tanto, determinar el ámbito de aplicación de este derecho
y la posibilidad de restringirlo. Para responder a esta cuestión, el Tribunal se remitió a los
correspondientes artículos de la Constitución nacional, pero también a la Declaración Universal
de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
“Al mismo tiempo, el derecho a la propiedad privada no es un derecho absoluto y no se
encuentra entre aquellos que, conforme al artículo 56, 3) de la Constitución, no pueden
restringirse en ningún caso. Por tanto, conforme al sentido del artículo 55, 3) de la
Constitución de la Federación de Rusia, la legislación federal sólo podrá establecer
restricciones (al artículo 35) dentro de los límites necesarios para la protección de los
fundamentos del sistema constitucional, la moral, la salud, los derechos e intereses
legítimos ajenos y la defensa y seguridad nacionales. Ello es conforme a los principios y
normas del derecho internacional generalmente aceptados, en especial con respecto la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, según la
cual ‘toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su personalidad’ (artículo 29, 1)) y ‘en el ejercicio de sus
derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las
limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de
la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática’
(artículo 29, 2)). Una disposición similar sobre la posibilidad de restringir los derechos
del hombre y del ciudadano se recoge en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966 (artículo 4).” 247
Reforzando su argumentación jurídica con esta referencia a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el
Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia consideró que, aunque el procedimiento para
el cobro de atrasos era administrativo, las personas jurídicas podían impugnarlo acudiendo a los
tribunales, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Constitución, por lo que no se
vulneraba su derecho constitucional a la protección de la propiedad privada.
247 Artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado,
éste podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con
la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad
democrática”.
117

68. Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, Sobre la constitucionalidad del
artículo 12 de la Ley de la URSS de 9 de octubre de 1989 relativa a la resolución de los
conflictos colectivos laborales, 17 de mayo de 1995
Tema: derecho de huelga
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 248
Ley restrictiva del ejercicio del derecho de huelga/ Demanda ante el Tribunal Constitucional
por inconstitucionalidad de la ley/ Análisis de las disposiciones nacionales e internacionales
aplicables/ Uso del derecho internacional como guía para la interpretación de la
constitucionalidad de la ley
El personal de vuelo de varias líneas aéreas había realizado una huelga que fue declarada ilegal
por los tribunales ordinarios por considerarla contraria a la ley relativa al procedimiento de
resolución de los conflictos laborales de Rusia. 249 A raíz de ello, se presentó una demanda ante
el Tribunal Constitucional, a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley.
El Tribunal Constitucional aludió, en primer lugar, a las disposiciones de la Constitución
nacional que reconocen la legitimidad del derecho de huelga, pero que autorizan al legislador a
restringirlo para ciertas categorías. 250 Asimismo, añadió que estas disposiciones constitucionales
eran compatibles con el derecho internacional y que este último debía servir como guía para los
legisladores a efectos de determinar las posibles restricciones al derecho de huelga:
“La restricción del derecho de huelga tampoco contradice los principios y normas
generalmente aceptados del derecho internacional. Por tanto, sobre la base de lo establecido
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la prohibición del
derecho de huelga es admisible con respecto a las personas integrantes de las fuerzas
armadas, la policía y la administración del Estado (apartado 2 del artículo 8). 251 Por lo que
respecta a otras personas, las restricciones sólo son posibles si resultan necesarias en una
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la
protección de los derechos y libertades ajenos (subapartado “c” del apartado 1 del artículo
8). Por otra parte, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
reservan la regulación del derecho de huelga al ámbito de la legislación interna, si bien ésta
no puede ir más allá de las restricciones autorizadas en la misma.”
Tras analizar las fuentes de derecho nacional e internacional, el Tribunal Constitucional consideró
que la restricción del derecho de huelga del personal de vuelo era lícita. Sin embargo, el artículo
controvertido de la legislación era inconstitucional en la medida en que no establecía suficientes
diferencias entre las diversas categorías de personal de la aviación civil, por lo que ampliaba
excesivamente el ámbito de aplicación de las restricciones al derecho de huelga.
El Tribunal Constitucional instó a la Asamblea Federal de Rusia a reformular el artículo de la
ley sobre la restricción del derecho de huelga, teniendo en cuenta los artículos pertinentes de la
248 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966.
249 Ley de 9 de octubre de 1989 relativa a la resolución de los conflictos colectivos laborales.
250 Artículo 37, 4) de la Constitución de la Federación de Rusia: “Se reconocerá el derecho a los conflictos laborales,
individuales y colectivos, con el uso de medios de resolución de los mismos establecidos por la legislación federal,
incluido el derecho de huelga”.
251 Artículo 8, 1), d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Los Estados Partes en
el presente Pacto se comprometen a garantizar: (...) d) el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de
cada país”.
Artículo 8, 2) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “El presente artículo no
impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la
policía o de la administración del Estado”.
118

Constitución nacional 252 y los principios y normas del derecho internacional generalmente
aceptados, a fin de delimitar el ámbito de aplicación de las restricciones al derecho de huelga.
Constitución francesa
Francia
Artículo 54
Si el Consejo Constitucional, requerido por el Presidente de la República, por el Primer Ministro, por el
Presidente de cualquiera de las dos asambleas o por sesenta diputados o sesenta senadores, declara que un
compromiso internacional contiene una cláusula contraria a la Constitución, la autorización para ratificar
o aprobar el referido compromiso internacional solo podrá otorgarse previa revisión de la Constitución.
Artículo 55
Los tratados o acuerdos debidamente ratificados o aprobados tienen, desde la fecha de su publicación una
autoridad superior a la de las leyes, siempre que sean aplicados por la otra parte.
69. Corte de Casación, Sala Social, 4 de junio de 2009, recurso núm. 08-41.359
Tema: despido
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 253
Terminación unilateral de la relación laboral/ Período de prueba/ Resolución directa del litigio
con base en el derecho internacional
Un señor es contratado para un cargo directivo en una empresa. Su contrato estipulaba la
obligación de cumplir, según las normas de la Convención Colectiva de dicha empresa, un
período de “stage” 254 durante 12 meses. La misma convención estipulaba para cargos de otras
categorías esta misma obligación pero solo durante seis meses. Y, adicionalmente, establecía
que durante esa época no aplicaban las normas sobre despido, que se trataba de un período para
conocer las aptitudes del trabajador.
El empleador despide al trabajador precisamente antes de que termine ese período de “stage” y
este último demanda para que se reconozca que el lapso de tiempo establecido como “stage”
era excesivo, y que tiene derecho al pago de la indemnización pues la duración de este período
no era razonable y es esa la condición que establece el Convenio núm. 158 de la OIT para poder
excluir a los empleados en período de prueba de la normatividad sobre terminación unilateral
del contrato.
252 Artículo 55, 2) de la Constitución de la Federación de Rusia: “En la Federación de Rusia, no podrán promulgarse
leyes que supriman o restrinjan los derechos humanos y las libertades civiles.”
Artículo 55, 3) de la Constitución de la Federación de Rusia: “La legislación federal sólo podrá restringir los derechos
humanos y las libertades civiles en la medida necesaria para la protección de los fundamentos del orden
constitucional, la moral, la salud, los derechos e intereses legítimos ajenos y la garantía de la defensa y seguridad
nacionales.”
253 Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
254 Según el artículo 10 de dicho convenio colectivo, los agentes contratados por primera vez deben realizar un
período de trabajo llamado “stage”. Si el período de “stage” es satisfactorio, se confirma al agente y se le confirman
entonces sus funciones. En caso contrario, la Dirección pone fin al contrato.
119

El Tribunal de Apelación no accedió a las peticiones del demandante pues consideró que la
convención colectiva no iba en contra de derecho y que la duración de lo “stage” era legal. Así,
el demandante presenta el recurso de casación pues dice que independiente del nombre que se la
ha dado, realmente se trataba de un período de prueba cuya duración resultaba exagerada.
Presenta la comparación con aquella de 6 meses para los empleados de otras categorías en la
misma empresa estipulado en la convención colectiva sin encontrar razón alguna para la
distinción. El fundamento jurídico del recurso de apelación del demandante es el artículo 2(b) 255
del Convenio núm. 158 de la OIT.
Así, la Corte de Casación se pronuncia teniendo en cuenta los principios del Convenio núm. 158
y su artículo 2, párrafo 2 (b); y establece:
“que es exagerada, a la luz de la finalidad del período de prueba y las reglas de
exclusión para el despido durante ese período, la duración de un año de lo stage
establecida en la convención colectiva nacional de Crédit Agricole para los agentes
“clase III” que tengan un contrato de duración indefinida”.
Dice que, por el contrario, establecer un período de prueba de seis meses resultaría compatible
con la legislación internacional. La Corte concluye que la mencionada convención colectiva no
es compatible con el Convenio núm. 158 y que la Corte de Apelación violó la Convención
mencionada con su pronunciamiento. Por ello, la Corte de Casación anula el fallo recurrido y lo
remite para ser decidido de nuevo.
70. Corte de Casación, Sala Social, Syndicat des producteurs de miel de France c.
Syndicat national de l'apiculture et Union nationale de l'apiculture française, 13 de
enero de 2009, recurso núm. 07-17.692
Tema: libertad sindical
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 256
Libertad sindical/ Condiciones de constitución de un sindicato o de una unión de sindicatos/
Uso del derecho internacional como guía para la interpretación del derecho interno
Un sindicato de productores de miel pidió a la justicia que se prohibiera a otras dos
organizaciones que agrupaban a apicultores presentarse bajo la denominación de sindicato o de
unión de sindicatos. Alegaba que estas dos organizaciones profesionales no podían recibir tal
denominación porque no reunían exclusivamente a personas que ejercían habitualmente la
actividad profesional de apicultor tal y como la definía el derecho fiscal francés. 257 Estas
organizaciones estaban esencialmente compuestas por apicultores que podrían calificarse de
«aficionados», los cuales ejercían una apicultura «de hobby» de la que no obtenían más que
ingresos accesorios u ocasionales. Estas organizaciones obtuvieron una decisión judicial
255 Artículo 2: Todo Miembro podrá excluir de la totalidad o de algunas de las disposiciones del presente Convenio a
las siguientes categorías de personas empleadas:
a) los trabajadores con un contrato de trabajo de duración determinada o para realizar determinada tarea;
b) los trabajadores que efectúen un período de prueba o que no tengan el tiempo de servicios exigido, siempre que en
uno u otro caso la duración se haya fijado de antemano y sea razonable;
c) los trabajadores contratados con carácter ocasional durante un período de corta duración.
256 Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948.
257 El derecho fiscal francés distingue, desde el punto de vista del régimen tributario, a los apicultores profesionales
de los apicultores no profesionales, llamados «aficionados». Sólo las explotaciones que tengan más de 10 colmenas
son imponibles.
120

favorable del Tribunal de Apelación, que rechazó la demanda de prohibición del sindicato
demandante. Este último presentó un recurso ante la Corte de Casación en contra de esta
decisión.
Para resolver este litigio, la Corte de Casación interpretó el artículo L.411-2 del Código de
Trabajo 258 a la luz del Convenio núm. 87 de la OIT. De este modo recordó que, según los
artículos 2 y 5 de este Convenio, los trabajadores y los empleadores, sin distinción de ningún
tipo, tienen derecho a constituir las organizaciones que elijan y que, por su parte, estas
organizaciones tienen también derecho a formar ellas mismas otras agrupaciones.
Consideró por lo tanto que el artículo L.411-2 del Código de Trabajo, que supone la existencia
de actividades remuneradas y excluye las actividades desinteresadas o filantrópicas, se
interpreta de forma que no hay una distinción entre actividades que dependa de que éstas se
ejerzan a título exclusivo, accesorio u ocasional, o de que los ingresos que se obtengan
constituyan unos ingresos principales o accesorios.
Esta interpretación del derecho interno a la luz del derecho internacional llevó a la Corte de
Casación a decidir que todos los productores de miel pueden constituir sindicatos y que debe
considerarse como tal a todo apicultor que comercialice sus productos, sin que importe que esta
actividad sea accesoria u ocasional. Por lo tanto, se reconoció que las dos organizaciones
demandadas tienen derecho a constituirse como sindicato o unión de sindicatos.
71. Corte de Casación, Sala Social, Sr. Samzun c. Sra. de Wee, 1 de julio de 2008,
recurso núm. F 07- 44.124
Tema: despido
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 259
Contracto de trabajo/ Despido/ Motivo del despido/ Resolución directa del litigio con base en el
derecho internacional
Una trabajadora había sido contratada en calidad de secretaria con un contrato de trabajo de
duración determinada. Se había puesto fin a este contrato con la firma de un contrato
recientemente creado por el legislador nacional, el contrato de trabajo «para nuevas
contrataciones» (contrat nouvelles embauches). Un mes más tarde, el empleador rescindió el
contrato sin motivo. La trabajadora impugnó esta ruptura de contrato ante la justicia. Alegó que
el contrato de trabajo «para nuevas contrataciones», tal y como lo había instituido la ordenanza
del 2 de agosto de 2005, no respetaba el Convenio núm. 158 de la OIT ya que permitía,
particularmente al empleador, rescindirlo sin motivo durante los dos primeros años posteriores a
su firma. La jurisdicción de primera instancia y el Tribunal de Apelación aceptaron su demanda
declarando que el contrato de nuevo empleo no cumplía con las disposiciones de este texto
internacional.
El empleador presentó un recurso ante la Corte de Casación en contra del fallo del Tribunal de
Apelación. Ante este tribunal desarrolló una tesis según la cual el Convenio núm. 158 de la OIT
no podía aplicarse al contrato de trabajo «para nuevas contrataciones», puesto que éste entraba
258
Tras la recodificación del Código de Trabajo realizada en 2008, este artículo L.411-2 del Código de Trabajo se ha
convertido en el artículo L.2131-2 del mismo código.
259
Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982, ratificado por Francia el
16.03.1989.
121

dentro de las exclusiones previstas por el artículo 2, párrafos 2 y 5, del Convenio. Esta
argumentación fue desestimada.
La Corte de Casación resolvió este litigio mediante la aplicación directa de los artículos 4, 7 y 9
del Convenio núm. 158 de la OIT. Consideró que el artículo 2 de la ordenanza del 2 de agosto
de 2005 que instauraba el contrato de trabajo «para nuevas contrataciones», 260 no satisfacía las
exigencias de estas disposiciones combinadas del texto internacional, al desechar las
disposiciones generales relativas al procedimiento previo al despido, a la exigencia de una causa
real y grave, a su enunciación y a su control, al privar al trabajador de su derecho de defenderse
con anterioridad al despido y al hacer que recayera exclusivamente sobre el trabajador el peso
de demostrar la improcedencia de la rescisión del contrato.
Basándose en los artículos 4, 7 y 9 del Convenio núm. 158 de la OIT, la Corte de Casación
desestimó las disposiciones del texto nacional declarándolo contrario a la norma internacional,
afirmó que la rescisión del contrato estaba sometida a las normas de orden público previstas en
el Código de Trabajo y que el despido improcedente de la trabajadora no tenía causa real y
grave. Por lo tanto, el empleador fue condenado al pago de las indemnizaciones previstas en
materia de despido injustificado. 261
260 Artículo 2 de la ordenanza núm. 2005-893 del 2 de agosto de 2005:
“El contrato de trabajo definido en el artículo 1º es de duración indefinida y debe concluirse por escrito.
El contrato queda sometido a las disposiciones del Código de Trabajo, con la excepción, durante los dos primeros
años a partir de la fecha de firma del contrato, de las disposiciones de los artículos L. 122-4 a L. 122-11, L. 122-13 a
L. 122-14-14 y L. 321-1 a L. 321-17 de este código.
El contrato puede ser rescindido a iniciativa del empleador o del asalariado, durante los dos primeros años a partir de
la fecha de firma del mismo, en las siguientes condiciones:
1° La ruptura se notifica mediante carta certificada con acuse de recibo;
2° Cuando el contrato finaliza a iniciativa del empleador y salvo caso de falta grave o fuerza mayor, la presentación
de la carta recomendada inicia, cuando el asalariado lleva presente al menos un mes en la empresa, un preaviso. La
duración del mismo se fija en dos semanas, en el caso de un contrato firmado menos de seis meses antes de la fecha
de presentación de la carta recomendada, y en un mes, en el caso de un contrato firmado hace al menos seis meses;
3° Cuando el contrato finaliza por iniciativa suya, salvo en casos de falta grave, el empleador pagará al asalariado,
como tarde cuando expire el preaviso, además de las sumas que queden pendientes de los salarios y de la
indemnización de las vacaciones pagadas, una indemnización igual al 8% de la suma total de la remuneración bruta
debida al asalariado desde la firma del contrato. El régimen fiscal y social de esta indemnización es el aplicable a la
indemnización mencionada en el artículo L. 122-9 del Código de Trabajo. A esta indemnización pagada al asalariado
se añade una contribución del empleador igual al 2% de la remuneración bruta debida al trabajador desde el inicio del
contrato. Esta contribución la recuperan los organismos mencionados en el primer párrafo del artículo L. 351-21 del
Código de Trabajo conforme a las disposiciones de los artículos L. 351-6 y L. 351-6-1 del mismo código. Está
destinada a financiar las acciones de acompañamiento reforzado del asalariado por parte del servicio público de
empleo con vistas a su retorno al empleo. No se considera como un elemento de salario tal y como lo define el
artículo L. 242-1 del Código de la Seguridad Social.”
261 Es interesante señalar que en 2005 la Confederación General del Trabajo - Fuerza Obrera - presentó una
reclamación en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT relativa a las ordenanzas núm. 2005-892, relativa a
la adaptación de las reglas aplicables al cálculo del número de empleados de plantilla de las empresas y la ordenanza
núm. 2005-893, relativa al contrato de trabajo “para nuevas contrataciones”. En el informe del comité encargado del
examen de la reclamación se afirma, con respecto a la compatibilidad de la ordenanza núm. 2005-893 con el
Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, lo siguiente:
“[71] (…) el párrafo 2, b), del artículo 2 del Convenio tiene por objetivo garantizar que toda exclusión de la
protección del Convenio para los trabajadores que efectúen un período de prueba o que no hayan cumplido el tiempo
de servicios exigido tenga una duración «razonable». Cabe pues considerar que la razón de ser de la referencia a este
carácter «razonable» está vinculada a la exclusión de la protección. En consecuencia, las consideraciones políticas
subyacentes y referidas anteriormente, así como las medidas adoptadas para contrarrestar la exclusión de la
protección o limitar el ámbito de dicha exclusión, podrían contribuir a justificar un período de exclusión
relativamente largo. Sin embargo, la principal preocupación debería estribar en garantizar que la duración del período
de exclusión de los beneficios derivados del Convenio quede limitada a lo que cabe considerar razonablemente
necesario a la luz de los objetivos para los cuales se instauró este tiempo de servicios exigido, a saber «en particular,
(para permitir) a los empleadores medir la viabilidad económica y las perspectivas de desarrollo de su empresa» y
permitir a los trabajadores interesados que adquieran cualificaciones o experiencias. El Comité toma nota de que la
duración normalmente considerada razonable en Francia para el tiempo de servicios exigido no excede de seis meses.
Por tanto, el Comité no podría excluir la posibilidad de que estuviera justificado un período más dilatado para
permitir a los empleadores medir la viabilidad económica y las perspectivas de desarrollo de su empresa, aunque no
está en condiciones de concluir, a partir de las consideraciones aparentemente adoptadas por el Gobierno para
122

Las disposiciones relativas al contrato de trabajo «para nuevas contrataciones» fueron derogadas
por una ley del 26 de junio de 2008. 262
72. Corte de Casación, Sala Social, 29 de marzo de 2006, recurso núm. 04-46.499
Tema: despido
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado; 263 jurisprudencia internacional 264
Despido sin preaviso/ El derecho nacional somete la aplicabilidad del plazo de preaviso a una
condición de antigüedad/ Aplicabilidad directa de las disposiciones del Convenio núm. 158 de
la OIT/ Conformidad de las disposiciones internas con el Convenio núm. 158 de la OIT
Se trata del despido de un trabajador sin preaviso transcurridos tres meses desde su contratación.
El trabajador reclamaba ante la justicia una indemnización por haberse producido el despido sin
preaviso, a pesar de que la legislación laboral francesa solo prevé el derecho a un plazo de
preaviso para los trabajadores que cuenten con por lo menos seis meses de antigüedad. Para
fundar sus pretensiones, el trabajador se remitió al Convenio núm. 158 de la OIT, ratificado por
Francia, que establece en su artículo 11 que el trabajador cuya relación de trabajo vaya a darse
por terminada tiene derecho a un plazo de preaviso razonable.
El Tribunal de Apelación, que conoció este asunto en segunda instancia, acogió las pretensiones
del trabajador y otorgó una indemnización por despido sin preaviso en virtud de lo dispuesto en
el Convenio núm. 158 de la OIT. El empleador recurrió la sentencia ante la Corte de Casación.
Con el fin de resolver el litigio, la Sala de lo Social de la Corte de Casación estableció, en
primer lugar, el elenco de normas de derecho aplicables al litigio para, a continuación, regular la
determinar esa duración, que un período de hasta dos años sea razonable”. 72. Por consiguiente, el Comité concluye
que no hay fundamentos suficientes para considerar que el período de consolidación del empleo es un «tiempo de
servicios exigido (de) duración... razonable», en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2, b), del artículo 2, lo cual
justificaría la exclusión de los trabajadores interesados de la protección derivada del Convenio durante ese período.”
Adicionalmente, el Comité se pronuncia respecto de la violación de los artículos 4 y 7 con Convenio, leídos en
consonancia y que establecen la necesidad de una causa justificada para dar por terminada la relación de trabajo y el
derecho de defensa que debe reconocerse al trabajador antes de ser despedido. El Comité expresa que: “[77] la
ordenanza núm. 2005-893 se aparta considerablemente de lo preceptuado en el artículo 4 del Convenio núm. 158, que
según indicó la Comisión de Expertos es la clave del Convenio” y agrega [78] “Al propio tiempo, el Comité toma
nota de que el Conseil d’Etat y la Cour de Cassation declararon que las disposiciones del Convenio son directamente
aplicables en virtud del derecho francés y de que ciertas resoluciones judiciales apuntan a una posibilidad clara de
que el sistema judicial francés no aplique en modo alguno la ordenanza, por considerarla incompatible con el
Convenio núm. 158. En consecuencia, el Comité considera que, en las circunstancias actuales, si bien Francia no vela
por la plena aplicación del Convenio núm. 158, es posible pero no seguro que los trabajadores interesados encuentren
actualmente una adecuada reparación ante los tribunales franceses.”
(OIT: Informe del Comité encargado de examinar la reclamación por la que se alega el incumplimiento por Francia
del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), del Convenio
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), del Convenio sobre la discriminación
(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) y del Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm.
158), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación General del Trabajo -
Fuerza Obrera. Ginebra, 6 noviembre 2007).
262 Ley núm. 2008-596 del 26 de junio de 2008.
263 Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
264 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Aunque esta fuente no se
menciona expresamente en la sentencia de la Corte de Casación, en el comunicado emitido por la Corte a este
propósito se hace referencia al Estudio general de la Comisión de Expertos sobre despido improcedente para reforzar
el análisis que el Tribunal hace del Convenio núm. 158.
123

cuestión de la aplicabilidad de las disposiciones del Convenio núm. 158 de la OIT por los
tribunales nacionales. A este respecto, la Corte declaró lo siguiente:
“Dado que los artículos 1; 2, 2, b); y 11 del Convenio internacional núm. 158 sobre la
terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, que fue adoptado en
Ginebra el 22 de junio de 1982 y que entró en vigor en Francia el 16 de marzo de 1990,
son de aplicación directa por los tribunales nacionales, al igual que los artículos L.122-5
y L. 122-6 del Código de Trabajo.”
A continuación, la Corte se pronunció sobre la conformidad de las disposiciones del Código de
Trabajo que subordinan el plazo de preaviso a una antigüedad de seis meses con las
disposiciones del Convenio núm. 158 de la OIT. A este respecto, la Corte consideró que el
artículo 2, 2), b) del Convenio permite que los Estados Miembros excluyan de la totalidad o de
parte del ámbito de aplicación del Convenio a determinadas categorías de trabajadores, en
particular, a aquellos que no tengan la antigüedad requerida, siempre que la duración se haya
fijado de antemano y sea razonable. La Corte de Casación consideró que la obligatoriedad de
preaviso cuando se ostente una antigüedad de seis meses establecida por el Código de Trabajo
era razonable conforme a lo dispuesto en el Convenio núm. 158 de la OIT. Asimismo, la Corte,
basándose en esta constatación, determinó la conformidad de los artículos del Código de
Trabajo con las disposiciones del Convenio y el carácter erróneo de la decisión adoptada por el
Tribunal de Apelación:
“Al decidir de esta forma, aunque conforme a lo dispuesto, referidos al despido con
preaviso, el Tribunal de Apelación ha incumplido lo dispuesto en los artículos L.122-5
y L. 122-6 del Código de Trabajo. Según dichas disposiciones, la necesidad de plazo de
preaviso se excluye en caso de antigüedad de servicios continuos inferiores a seis
meses, lo que constituye una duración de antigüedad razonable en el sentido que
establece el artículo 2 del Convenio.”
73. Corte de Casación, Sala Social, 25 de enero de 2005, recurso núm. 04-41.012
Temas: despido; inmunidad de jurisdicción; acceso a la justicia
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado; 265 orden público internacional
Trabajador contratado por una organización internacional/ Rescisión del contrato de trabajo/
Inmunidad de jurisdicción/ Ausencia de un tribunal interno que trate los asuntos del organismo/
Acceso a la justicia como norma de orden público internacional/ Resolución directa del litigio
con base en el derecho internacional
Un ciudadano francés contratado en África por el Banco Africano de Desarrollo, tras la
finalización de su contrato acudió a los tribunales de lo social franceses solicitando el pago de
una indemnización por despido. A pesar del Acuerdo de Sede 266 firmado entre Francia y el
Banco Africano de Desarrollo por el que se otorgaba inmunidad de jurisdicción a este último, el
Tribunal de Apelación que conoció el asunto se declaró competente sobre la base del artículo 6
del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas, que reconocía el
derecho de toda persona a un proceso equitativo.
265 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 1950.
266 Acuerdo de Jartum, firmado el 4 de agosto de 1963 entre el Banco Africano de Desarrollo y Francia.
124

El Banco Africano de Desarrollo recurrió la sentencia en casación señalando, en particular, que
el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas no era aplicable al
caso, ya que el trabajador había venido desempeñando sus funciones en África.
La Sala de lo Social de la Corte de Casación se pronunció sobre la competencia de la
jurisdicción francesa con respecto a los litigios derivados de las relaciones laborales entre el
Banco Africano de Desarrollo y sus empleados de nacionalidad francesa. A este respecto, la
Corte consideró que la inmunidad de jurisdicción prevista en el Acuerdo de Sede solo puede
producir efectos si los trabajadores del Banco disponen de un tribunal ante el que resolver sus
diferencias, condición para que se respete la regla de orden público internacional que garantiza
el acceso a la justicia:
“Dado que el Banco Africano de Desarrollo no puede prevalerse de la inmunidad de
jurisdicción en el litigio que le enfrenta al empleado que ha despedido, ya que cuando se
produjeron los hechos no había instituido en su seno un tribunal con competencia para
decidir sobre disputas de esta índole, se considera como denegación de justicia la
imposibilidad de una de las partes para acceder a la misma y obtener una resolución
fundada en derecho, ejerciendo así un derecho considerado de orden público
internacional, y se funda la competencia de la jurisdicción francesa siempre que exista
un vínculo con Francia.”
Tras considerar que el acceso a la justicia constituía una norma de orden público internacional,
la Corte de Casación francesa dedujo que, en ausencia de tribunal propio, la jurisdicción
francesa era competente para conocer los litigios que enfrentaran al Banco Africano de
Desarrollo y a sus empleados de nacionalidad francesa.
74. Consejo de Estado, Sección de lo Contencioso, Sra. Cinar, 22 de septiembre de 1997,
núm. 161364
Tema: derechos del niño
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 267
Ciudadana turca con residencia regular en Francia/ Entrada en Francia de su hijo sin
autorización administrativa/ Orden de expulsión/ Interés superior del niño/ Resolución directa
del litigio con base en el derecho internacional
La señora Cinar, ciudadana turca, tras obtener el permiso de residencia francés a raíz de un
reagrupamiento familiar con sus padres se llevó a su hijo a Francia, que por aquel entonces tenía
cuatro años, sin solicitar previamente el permiso de residencia para aquél. El Prefecto rechazó la
solicitud posterior de permiso de residencia por incumplimiento de las normas de entrada en el
territorio, ordenando asimismo la expulsión del niño.
La señora Cinar recurrió la decisión del Prefecto, que fue confirmada por el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo competente. La Sra. Cinar se acogió a lo dispuesto en la
Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Francia, y recurrió la sentencia. El
asunto llegó finalmente al conocimiento del Consejo de Estado.
Para resolver la disputa, el órgano supremo del orden contencioso-administrativo francés se
pronunció, en primer lugar, sobre la aplicabilidad de la Convención a las autoridades
267 Convención sobre los Derechos del Niño, 1989.
125

administrativas y sobre la posibilidad de invocarla en un recurso ante la jurisdicción
contencioso-administrativa. A este respecto, el Consejo de Estado estableció lo siguiente:
“Del análisis de lo establecido en el artículo 3, 1) de la Convención sobre los Derechos
del Niño de 26 de enero de 1990, publicado por decreto de 8 de octubre de 1990, se
desprende cuanto sigue: En todas las decisiones que conciernan a la infancia, ya
provengan de instituciones públicas o privadas de protección social, de tribunales, de
autoridades administrativas o de órganos legislativos, debe prevalecer el interés superior
del niño. Las autoridades administrativas deben conceder una atención primordial al
interés superior de la infancia en todas sus decisiones, tanto las que deriven del tipo de
estipulaciones mencionadas, que se pueden invocar como fundamento en un recurso por
exceso de poder, como las que procedan del ejercicio de su libertad de apreciación.”
El Consejo de Estado, tras pronunciarse sobre esta cuestión se basó directamente en la
Convención sobre los Derechos del Niño para apreciar la validez de la decisión del Prefecto:
“Teniendo en consideración que del expediente se desprende que ni el padre del niño, al
que no conoce y que nunca le procuró ningún tipo de ayuda para su educación, y que
ninguna otra persona de su familia podía recibir al niño en Turquía, la decisión del
Prefecto de expulsar al joven Tolga de Francia y de separarlo provisionalmente de su
madre perjudica el interés superior del niño y se debe considerar contraria al artículo 3,
1) de la Convención sobre los Derechos del Niño.”
El Consejo de Estado francés, en base al incumplimiento del artículo 3,1) de la Convención
sobre los Derechos del Niño, anuló pues la sentencia del Juzgado de lo Contenciosoadministrativo
y la decisión del Prefecto objeto del recurso.
75. Corte de Casación, Castanié c. Señora viuda de Hurtado, 27 de febrero de 1934
Tema: protección social
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 268
Accidente de trabajo/ Ley nacional que subordina su plena aplicación a trabajadores
extranjeros a la existencia de un tratado bilateral/ El Convenio de la OIT prevé igualdad de
trato para los nacionales de los países que lo hayan ratificado/ Aplicación directa del derecho
internacional
La viuda de un trabajador español decidió, tras el accidente de trabajo que acabó con la vida de
su marido en territorio francés, recurrir a la justicia francesa para obtener una indemnización
idéntica a la conseguida por un nacional de aquel país. El Tribunal de Apelación, en base al
Convenio núm. 19 de la OIT, ratificado por Francia, le dio la razón. La compañía aseguradora
del trabajador recurrió el asunto ante la Corte de Casación alegando que el derecho interno en
materia de accidentes de trabajo subordinaba su plena aplicación, en el caso de trabajadores
extranjeros, a la existencia de un tratado bilateral con el país del que el trabajador fuera
nacional. La Corte Suprema francesa descartó la aplicación del derecho interno en caso de
indemnizaciones por accidentes de trabajo para aplicar directamente el artículo 1, 1) del
Convenio núm. 19 de la OIT sobre la igualdad de trato en materia de accidentes de trabajo.
Dicho artículo dispone que el Estado que haya ratificado el Convenio se compromete a
reconocer a los nacionales de otro Estado que también lo haya ratificado y que fueren víctimas
268 Convenio núm. 19 de la OIT sobre la igualdad de trato (accidentes de trabajo), 1925.
126

de un accidente de trabajo el mismo trato otorgado a sus nacionales en materia de accidentes de
trabajo.
“Que la sentencia impugnada decide conforme a derecho que, como consecuencia de
esta doble ratificación [la del Convenio núm. 19], quedaron derogadas en Francia las
disposiciones del artículo 3 in fine de la Ley de 29 de abril de 1898, y que los obreros
españoles o sus causahabientes se beneficiaban, en caso de accidentes de trabajo
posteriores al 22 de febrero de 1929, del mismo trato que los obreros franceses sin tener
en cuenta el lugar de residencia, incluso en ausencia de un acuerdo bilateral entre ambos
países.”
El Tribunal de Casación francés confirmó, basándose en el Convenio núm. 19 de la OIT, la
sentencia del Tribunal de Apelación y concedió a la viuda del trabajador una indemnización
idéntica a la aplicable a los trabajadores nacionales.
Honduras
76. Corte de Apelaciones del Trabajo, Hugo Humberto Rodríguez Rojas y otros c.
Wackenhut de Honduras S. A. de C. V. s/demanda ordinaria laboral, 10 de octubre de
2006
Temas: libertad sindical; protección frente a la discriminación antisindical
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 269 ; instrumento no sujeto a ratificación 270
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Proceso de constitución de un sindicato en una empresa de seguridad privada/ Despido de los
dirigentes sindicales provisionales sin autorización judicial previa/ Objeción del empleador al
derecho de sindicación de los trabajadores de empresas de seguridad/ Utilización del derecho
internacional para la resolución directa del litigio
42 trabajadores de una empresa de seguridad privada iniciaron los trámites administrativos para
la inscripción de un sindicato. Antes de que se produjera el reconocimiento de la personalidad
jurídica de la organización sindical, la empresa despidió a varios de los miembros de la
dirección provisional del sindicato tras haberse negado estos a trabajar para uno de los clientes
de la misma.
Una parte de los trabajadores recurre a la justicia para que se reconozca la improcedencia de su
despido considerándose amparados por el Código de Trabajo de Honduras, en el cual se
supedita el despido de los cargos directivos de un sindicato, incluidos aquellos cuya
personalidad jurídica aún no haya sido reconocida, a una decisión judicial previa en ese sentido.
Por su parte, el empleador sostiene que los trámites administrativos de inscripción del sindicato
aún no estaban finalizados y que, por lo tanto, el sindicato no existía en la fecha en que se
produjo el despido, además de que las designaciones de cargos sindicales forma título
269 Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), 1969; Convenio núm. 87
de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; Convenio núm. 98 de la OIT
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949.
270 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948.
127

provisional solo pueden durar 30 días, con lo cual habían vencido en el momento del despido.
Asimismo, cuestiona el derecho de sindicación de los trabajadores de empresas de seguridad
privada, sobre la base de la «Ley de Policía» y el artículo 534 del Código del Trabajo, que
excluye del derecho de libertad sindical a los cuerpos y fuerzas de policía. Cabe mencionar que
los contratos laborales de los trabajadores de la empresa incluían una cláusula de renuncia al
ejercicio de la libertad sindical.
Basándose en los tratados internacionales ratificados por Honduras en materia de libertad
sindical, el tribunal de primera instancia encargado de la causa reconoció el derecho de
sindicación de los demandantes y les concedió una parte de las indemnizaciones y
compensaciones pecuniarias que reclamaban. Tanto el empleador como los trabajadores
apelaron esta decisión, estos últimos por no haber obtenido la totalidad de las indemnizaciones
solicitadas.
Ante el tribunal de segunda instancia, el empleador volvió a presentar objeciones al derecho de
sindicación de los trabajadores de empresas de seguridad privada y a la aplicabilidad de la
protección especial contra despidos, prevista en el Código del Trabajo, para miembros de
sindicatos cuya personalidad jurídica aún no hubiese sido reconocida. Por último, solicitó al
tribunal que resolviera la causa teniendo en consideración los resultados de una inspección
realizada por las autoridades laborales, en el transcurso de la cual quedó de manifiesto que
varios trabajadores habían renunciado a formar parte del sindicato.
Para dilucidar estos tres puntos, la Corte de Apelaciones hizo referencia a los Convenios núm.
87 y 98 de la OIT:
“CONSIDERANDO: Que habiéndose organizado un grupo de trabajadores para
asociarse en un sindicato, automáticamente se colocaban bajo la protección del Estado
de tal manera que no era posible para el patrono poner fin al contrato de trabajo de
ninguno de los trabajadores asociados sin que la causa en que incurrieran fuera
previamente calificada por el órgano jurisdiccional (…) cualquier actividad patronal
como la realizada con el auxilio de las autoridades administrativas al levantar actas de
renuncia de algunos trabajadores u obtener las constancias de renuncia a las que se
refiere el recurrente, resulta contraria a la protección que el Estado brinda a esos
efectos. El Convenio núm. 98 de la Organización Internacional del Trabajo citado por
[el tribunal de primera instancia] en el fallo recurrido así lo establece en su artículo 1, de
ahí que no sea posible estimar esos medios de prueba en el sentido pretendido por el
empleador.”
“CONSIDERANDO: Que el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo,
relativa a la Libertad Sindical y a la protección del derecho de sindicación, no hace
distingos de clase alguna de trabajadores ni condiciona la constitución de las
organizaciones a autorización previa, de ahí que la protección sea efectiva a partir del
momento en que se comunica la decisión de los trabajadores de organizarse, sin requerir
el reconocimiento de la personería jurídica; en cuanto a la clase de actividad realizada
por los trabajadores en este caso, cuando de la aplicación de estos principios de
protección se trata, la interpretación deberá siempre efectuarse de manera que favorezca
la tutela del derecho de que se trate; en ese sentido el articulo 9 del Convenio antes
citado no excluye a los miembros de los cuerpos Estatales armados de los derechos a la
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, únicamente somete a la
legislación nacional la determinación del alcance de dicho convenio, alcance que es
fijado por el Código del Trabajo en su articulo 534; la supervisión de las empresas de
seguridad privada, a no dudar, esta bajo la vigilancia de la policía nacional es cierto,
pero no convierten a los trabajadores de esas empresas en policías ni los puede dejar
implícitos en la regulación de la disposición citada, pues ni aun y cuando lo fueran el
derecho a la asociación es un derecho fundamental del que emana la libertad sindical y
128

si el derecho interno limitara su ejercicio por cualquier razón, la comunidad de
intereses a la que pertenece este derecho, obliga a la aplicación directa de las
disposiciones que regulan de forma mas favorable su protección.”
La Corte de Apelaciones decidió por tanto que, en virtud del Convenio núm. 87 de la OIT, los
trabajadores de empresas de seguridad privada no podían quedar excluidos del ámbito de
aplicación de la libertad sindical, y que la protección especial contra el despido para miembros
de los cargos directivos provisionales de un sindicato cuya personalidad jurídica aún no haya
sido reconocida constituye una forma de protección que es conforme con los convenios de la
OIT. De esta manera, el tribunal de segunda instancia confirmó el carácter improcedente de los
despidos y aumentó, tal y como solicitaban los demandantes, el monto total de las
indemnizaciones a pagar por el empresario.
129

India
77. Tribunal Supremo de la India, Vishaka y otros c. el Estado de Rajasthan y otros, 13
de agosto de 1997, [1997] 6 SCC 241
Temas: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación; acoso sexual
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 271 jurisprudencia internacional 272
Acoso sexual/ Laguna en la legislación interna/ Uso del derecho internacional como guía para
la interpretación de los derechos constitucionales y para la determinación de las normas
aplicables al acoso sexual
Un grupo de activistas sociales y organizaciones no gubernamentales interpusieron una
demanda colectiva solicitando, conforme al artículo 32 de la Constitución de la India relativa a
los poderes del Tribunal Supremo, que se establecieran directrices sobre el ejercicio de ciertos
derechos fundamentales incluidos en la Constitución, los cuales estaban siendo vulnerados por
supuestas prácticas de acoso sexual en el lugar de trabajo. El artículo 32 de la Constitución
faculta, en efecto, al Tribunal Supremo a establecer directrices sobre la aplicación de los
derechos constitucionalmente reconocidos.
Dado que la legislación interna no trataba esta cuestión ni tampoco establecía medidas efectivas
para evitar el acoso sexual de las trabajadoras en el lugar de trabajo, el Tribunal decidió
formular unos principios generales para definir el concepto de acoso sexual y asegurar su
erradicación. Para ello, el Tribunal se remitió a la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, así como a los documentos elaborados por el Comité
de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (el
organismo internacional encargado del control de la aplicación de la Convención).
A fin de argumentar su aplicación del derecho internacional, el Tribunal señaló que:
“La igualdad de género incluye la protección frente al acoso sexual y el derecho a un
trabajo digno, un derecho humano fundamental que está universalmente reconocido.
Los requisitos mínimos de este derecho han sido universalmente aceptados. Los
convenios y normas internacionales son, por tanto, de gran importancia para la
formulación de las directrices destinadas a lograr ese fin.
(...) El gobierno de la India ratificó la citada Convención el 25 de junio de 1993, con
algunas reservas que no son relevantes en este caso. En la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, celebrada en Beijing, el Gobierno de la India asumió también el
compromiso oficial, entre otros, de formular y aplicar una política nacional relativa a la
mujer. Dicha política tiene como objetivo proporcionar orientaciones e información de
forma permanente en todas las esferas y los sectores. El Gobierno también se
comprometió a crear una Comisión de Derechos de la Mujer, que actúe como defensor
público de los derechos humanos de la mujer, así como a institucionalizar un
mecanismo de ámbito nacional para supervisar la aplicación de la Plataforma de
Acción. No tenemos, por tanto, ninguna duda sobre la aplicabilidad de lo anterior para
interpretar cuál es la naturaleza y el ámbito de aplicación de la garantía constitucional
de la igualdad de género establecida en nuestra Constitución.”
El Tribunal añadió que:
271 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979.
272 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas.
130

“Es una regla de interpretación jurídica ya aceptada el hecho de que deben tomarse en
consideración los convenios y normas internacionales para interpretar el derecho
interno cuando no hay contradicción entre ambos y existe una laguna en la legislación
nacional.”
El Tribunal Supremo de la India se refirió, a continuación, a varias sentencias australianas y
concluyó que:
“No existe motivo alguno para no utilizar dichos convenios y normas internacionales
para interpretar los derechos fundamentales expresamente reconocidos en la
Constitución de la India, los cuales incluyen el concepto básico de igualdad de género
en todos los ámbitos de la actividad humana.”
Una vez justificada la referencia a los instrumentos internacionales, el Tribunal Supremo de la
India se basó ampliamente en la Recomendación General del Comité sobre la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas para determinar los actos y situaciones
constitutivos de acoso sexual. Por otra parte, el Tribunal siguió las directrices del Comité de las
Naciones Unidas relativas a la formulación de medidas destinadas a proteger a la mujer frente al
acoso y a la determinación de las reparaciones judiciales para las víctimas.
78. Tribunal Supremo de la India, Gaurav Jain c. Union of India y otros, 9 de julio de
1997, [1997] 8 SCC 114
Temas: principio general de igualdad; derechos del niño
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 273 instrumentos no sujetos a ratificación 274
Derechos de los hijos de las prostitutas/ Análisis de las disposiciones internacionales relativas
a los derechos del niño/ Uso del derecho internacional como guía para la interpretación del
derecho interno
El Tribunal Supremo de la India debía determinar los derechos de los hijos de las prostitutas.
¿Había que separarlos de sus madres o podían permanecer con ellas? En este último caso, ¿en
qué condiciones? En particular, el Tribunal debía definir las directrices de actuación para la
administración en este ámbito.
El Tribunal consideró, en primer lugar, que el derecho internacional incluía derechos
directamente aplicables a las prostitutas y a sus hijos:
“La Convención sobre los Derechos del Niño, así como los Derechos Fundamentales
del Título III de la Constitución nacional, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y los “Principios Rectores de la Política del Estado” son instrumentos y
medios igualmente aplicables y significativos para mejorar su situación social,
educativa, económica y cultural e integrarlos en el entorno social, ofreciéndoles las
mismas oportunidades que al resto de los niños.”
“Este Tribunal había considerado [en una sentencia anterior] que lo dispuesto en la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
era parte integrante de los derechos fundamentales y los principios rectores.”
273
Convención sobre los Derechos del Niño, 1989; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, 1979.
274
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948; Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, 1986.
131

Tras analizar las circunstancias económicas y sociales, así como la situación mental de los hijos
de las prostitutas, y las medidas ya adoptadas en el conjunto del país para prestarles ayuda, el
Tribunal afirmó lo siguiente:
“La creación de hogares juveniles es una obligación del Estado para dar cumplimiento a
lo dispuesto en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño, en
conjunción con los principios de la Declaración de las Naciones Unidas y con la Política
Nacional del Gobierno de la India (...).”
En su análisis de los distintos tipos de medidas ya adoptadas para proteger a los hijos de las
prostitutas, el Tribunal subrayó lo siguiente:
“Desgraciadamente, los hogares juveniles creados y gestionados por el Gobierno no se
administran eficazmente y no están produciendo los resultados esperados. Se han
convertido en elementos ornamentales para fines estadísticos, incumpliendo los
objetivos constitucionales y las convenciones internacionales que forman parte del
derecho interno.”
El Tribunal concluyó su prolijo análisis de los aspectos legales, sociales, económicos y
culturales señalando que los hijos de las prostitutas no deben ser separados de sus madres, a
menos que ésta sea la mejor solución. El Tribunal invitó asimismo al gobierno a aplicar las
medidas adecuadas, señalando que:
“Las observaciones expuestas en esta sentencia, las disposiciones constitucionales, las
convenciones internacionales sobre derechos humanos, entre otras citadas, y los
“Principios Rectores de la Política del Estado” deberían de servir como base y
orientación al gobierno de la Unión de la India así como a los gobiernos de los Estados
federados para analizar los problemas en las conferencias ministeriales y de secretarios,
conforme a lo propuesto en esta sentencia, a fin de desarrollar procedimientos y
principios que garanticen a estas mujeres sus citados derechos fundamentales y
humanos.”
El Tribunal Supremo de la India consideró que las convenciones internacionales deben
constituir una orientación para la acción de los gobiernos federales y central a fin de facilitar la
integración de los hijos de las prostitutas en la sociedad.
132

79. Tribunal Supremo de la India, Nilabeti Behera alias Lalita Behera c. el Estado de
Orissa y otros, 24 de marzo de 1993, [1993] 2 SCC 746
Tema: derecho de reparación
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado; 275 legislación comparada 276
Muerte de un joven causada por agentes de la policía/ Derecho de reparación/ Referencia a las
disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como fundamento de la
competencia del Tribunal para imponer una indemnización económica
Un joven fue encontrado muerto en una vía de ferrocarril tras ser detenido por agentes de la
policía. Su cuerpo estaba lleno de heridas profundas y de fracturas graves. El Tribunal Supremo
de la India consideró que la muerte había sido causada por los agentes de la policía y que la
familia del fallecido tenía derecho a una reparación. El problema jurídico que se planteaba era
que el tipo de recurso presentado por el demandante 277 no mencionaba expresamente la
posibilidad de que el Tribunal Supremo otorgara una indemnización económica. A fin de
fundamentar su autoridad para otorgar tal indemnización, el Tribunal se refirió a la práctica
nacional en materia de reparaciones y a la Constitución de Trinidad y Tobago, la cual contiene
una disposición similar al artículo 32 de la Constitución de la India en la que se faculta al
tribunal para imponer una indemnización económica. El Tribunal se basó, entonces, en el
derecho internacional para reforzar su argumentación, señalando lo siguiente:
“También se puede citar el artículo 9, 5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 1966, que establece que el derecho efectivo a la reparación no es ajeno al
concepto de ejercicio de un derecho reconocido.”
Mediante la remisión al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Tribunal
Supremo de la India reforzó su conclusión de estar facultado para imponer una indemnización
económica con objeto de reparar la vulneración de un derecho fundamental en un procedimiento
iniciado en virtud del artículo 32 de la Constitución. La familia del joven se benefició de esta
consideración.
275
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.
276
Constitución de Trinidad y Tobago.
277
El artículo 32 de la Constitución de la India prevé la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo para ejercitar los
derechos constitucionalmente reconocidos.
133

80. Tribunal Supremo de la India, Mackinnon Mackenzie c. Audrey D’Costa y otro, 26
de marzo de 1987, [1987] 2 SCC 469
Temas: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación; igualdad de
remuneración
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado; 278 jurisprudencia comparada; 279
jurisprudencia internacional 280
Igualdad de remuneración/ Diferencias retributivas entre taquígrafos y taquígrafas/ Referencia
al Convenio núm. 100 de la OIT como norma aplicable al caso/ Uso del Convenio núm. 100 de
la OIT como guía para la interpretación del derecho interno
Una taquígrafa, cuyo contrato de trabajo ya había expirado, cuestionó el sistema retributivo
aplicado en su empresa, alegando que discriminaba a las mujeres respecto de los hombres. Esta
discriminación fue reconocida por tres tribunales, por lo que la empresa recurrió al Tribunal
Supremo para solicitar la anulación de las medidas adoptadas en beneficio de la Sra. D’Costa.
Ésta había ocupado un puesto denominado “de confianza” en la empresa. El problema recaía en
que no había ningún hombre que hubiera ocupado un puesto similar, aunque se había observado
que un taquígrafo hubiera percibido un sueldo superior por el mismo trabajo.
El Tribunal consideró, en primer lugar, que el Convenio núm. 100 de la OIT era una de las
fuentes de derecho aplicables en este caso:
“Antes de abordar el litigio entre las partes, es necesario determinar las disposiciones
legales aplicables al caso. El artículo 39, d) de la Constitución de la India establece que
el Estado, en particular, llevará a caso sus políticas de forma que se asegure la igualdad
de remuneración entre hombres y mujeres para un trabajo de igual valor. La India es
parte del Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, aprobado por la
Conferencia General de la OIT el 29 de junio de 1951.”
Tras referirse al artículo 2 del Convenio núm. 100 de la OIT, 281 el Tribunal procedió a describir
la situación jurídica de los países europeos en materia de igualdad de remuneración:
“En el Reino Unido, este Convenio se llevó a efecto mediante la promulgación de la
Ley sobre la Igualdad de Remuneración de 1970. Prácticamente todos los demás países
de la Comunidad Europea han firmado este Convenio. El Tratado de la Comunidad
Económica Europea establece asimismo que “cada Estado miembro garantizará durante
la primera etapa [es decir, hasta el 31 de diciembre de 1961], y mantendrá después, la
aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y
femeninos para un mismo trabajo.””
278
Convenio núm. 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración, 1951.
279
Reino Unido.
280
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
281
Artículo 2 del Convenio núm. 100:
“1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración,
promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores
del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un
trabajo de igual valor.
2. Este principio se deberá aplicar por medio de:
a) la legislación nacional;
b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o reconocido por la legislación;
c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; o
d) la acción conjunta de estos diversos medios”.
134

En su análisis de la jurisprudencia europea, el Tribunal señaló que:
“En un caso en que una mujer reclamaba la misma remuneración salarial que su
predecesor en el cargo, un trabajador masculino, el Tribunal Europeo consideró que el
concepto de igualdad de remuneración en el Tratado CEE no se limitaba a los casos en
que un hombre y una mujer ocupaban un puesto similar de forma simultánea, sino
también cuando una mujer percibía una retribución inferior a un hombre que
previamente había ocupado un puesto de igual valor.”
En consecuencia, interpretando la legislación nacional en conjunción con el Convenio núm. 100
de la OIT y con la práctica jurisprudencial europea en la materia, el Tribunal Supremo de la
India consideró que la Sra. D’Costa había recibido una retribución muy inferior a la de sus
colegas masculinos que desempeñaban trabajos de igual valor. El hecho de que no hubiera
ningún hombre que ocupara el mismo puesto que ella en la empresa era irrelevante, pues el
principio de igualdad de remuneración presuponía que se garantizara el mismo nivel de
retribución no sólo a las personas que desempeñan funciones idénticas, sino también a las que
realizan un trabajo diferente pero considerado de igual valor. El Tribunal denegó, por tanto, la
anulación de las medidas correctoras adoptadas en beneficio de la Sra. D’Costa.
135

Constitución de la República italiana
Italia
Artículo 10, párrafo 1
El ordenamiento jurídico italiano se ajustará a las normas del derecho internacional generalmente
reconocidas.
81. Tribunal de Primera Instancia de Milán, Vitali - Airoldi c. Maserati Spa y Officine
Alfieri Maserati, 21 de julio de 1994
Tema: vacaciones pagadas
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 282
Determinación de la cuantía de la remuneración por vacaciones pagadas/ Laguna de la
legislación interna/ Referencia al derecho internacional para reforzar una decisión basada en
el derecho interno
Una empresa traspasó a otra gran parte de sus bienes, así como a su plantilla de trabajadores. No
obstante, los empleados exigían que la empresa cedente les abonara el pago de los salarios
adeudados, cuya cuantía constituía el objeto del litigio. El Tribunal se remitió al derecho
internacional para reforzar su interpretación del convenio colectivo laboral aplicable a los
contratos de trabajo y consideró que debían tenerse en cuenta las horas extraordinarias regulares
para calcular las vacaciones pagadas. De hecho, el Tribunal señaló que “el artículo 7 del
Convenio núm. 132 de la OIT de 1970 283 constituía otra razón para respaldar las alegaciones de
los solicitantes.”
Tras referirse al Convenio núm. 132 de la OIT a fin de sustentar su resolución, el Tribunal de
Primera Instancia de Milán consideró que para calcular la remuneración correspondiente a las
vacaciones pagadas debían tenerse en cuenta las horas extraordinarias regularmente pagadas.
282 Convenio núm. 132 de la OIT sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970.
283 Artículo 7 del Convenio núm. 132:
“1. Toda persona que tome vacaciones de conformidad con las disposiciones del presente Convenio percibirá, por el
período entero de esas vacaciones, por lo menos su remuneración normal o media (incluido el equivalente en efectivo
de cualquier parte de esa remuneración que se pague en especie, salvo si se trata de prestaciones permanentes de que
disfruta el interesado independientemente de las vacaciones pagadas), calculada en la forma que determine en cada
país la autoridad competente o el organismo apropiado.
2. El monto debido en virtud del párrafo 1 deberá ser pagado a la persona empleada interesada antes de sus
vacaciones, a menos que se haya previsto de otro modo en un acuerdo que vincule al empleador y a dicha persona.”
136

82. Tribunal de Primera Instancia de Milán, AMSA c. Miglio, 28 de marzo de 1990
Tema: vacaciones pagadas
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 284
Cómputo de las horas extraordinarias para el cálculo de las vacaciones pagadas/ Laguna en la
legislación nacional/ Aplicación directa del derecho internacional para cubrir una laguna del
derecho interno
Un trabajador, que había realizado con asiduidad horas extraordinarias, reclamó el cómputo de
las mismas para el cálculo de su remuneración por vacaciones. Dado que la legislación italiana
no establecía nada a ese respecto, el Tribunal se basó directamente en el derecho internacional
para resolver el litigio:
“Con respecto al pago de las vacaciones, el Tribunal confirma su propia jurisprudencia
y considera que el cómputo de las horas extraordinarias regulares para calcular el pago
de las vacaciones se basa directamente en el artículo 7 del Convenio núm. 132 de la
OIT, de 24 de junio de 1972, que entró en vigor en Italia en virtud de la Ley núm. 157,
de 10 de abril de 1981. Dicho artículo dispone que toda persona que tome vacaciones
percibirá, por el período entero de esas vacaciones, por lo menos su remuneración
normal o media. Ello implica que, en caso de remuneración variable, el pago de
vacaciones no debe ser inferior al sueldo medio, correspondiendo a las autoridades del
Estado la regulación de los restantes factores (duración de las vacaciones, etc.).”
Por tanto, basándose en el Convenio núm. 132 de la OIT, el Tribunal de Primera Instancia de
Milán consideró que si las horas extraordinarias se realizaban de modo regular, debían
computarse en el cálculo de la remuneración percibida durante los períodos de vacaciones
pagadas.
83. Tribunal de Primera Instancia de Savona, Fiumanò Rossotti c. Società Fiat, 8 de
noviembre de 1982
Tema: vacaciones pagadas
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 285
Incidencia de la enfermedad con respecto a las vacaciones pagadas/ Incorporación reciente del
Convenio núm. 132 de la OIT sobre las vacaciones pagadas a la legislación nacional/
Aplicación directa del derecho internacional para cubrir una laguna del derecho interno
El Tribunal de Primera Instancia de Savona debía decidir si la enfermedad acaecida durante el
disfrute de las vacaciones pagadas interrumpía el curso de las mismas. En primer lugar, dicho
Tribunal analizó el derecho interno aplicable en este caso, basándose principalmente en la
jurisprudencia nacional. En aquel momento, en Italia, el Tribunal de Casación consideraba que una
enfermedad acaecida durante el período de disfrute de las vacaciones pagadas no interrumpía su
curso. El Tribunal de Savona explicó que “la cuestión debe resolverse a la luz de un nuevo elemento
284 Convenio núm. 132 de la OIT sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970.
285 Convenio núm. 132 de la OIT sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970.
137

legal (...) que basta, por el momento, para respaldar (y, en breve, para imponer) la tesis del efecto
suspensivo de una enfermedad sobre el período de vacaciones.”
En efecto, Italia acababa de ratificar el Convenio núm. 132 de la OIT sobre las vacaciones
pagadas, cuyo artículo 6, 2) establece lo siguiente:
“En las condiciones en que en cada país se determinen por la autoridad competente o por el
organismo apropiado, los períodos de incapacidad de trabajo resultantes de enfermedad o de
accidente no podrán ser contados como parte de las vacaciones pagadas anuales prescritas
como mínimo en el párrafo 3 del artículo 3 del presente Convenio.”
El Tribunal consideró que el Convenio núm. 132 de la OIT no era una mera repetición del
Convenio núm. 52 relativo a las vacaciones anuales pagadas, ya ratificado por Italia, sino que
regulaba explícitamente el efecto de ambos factores [las vacaciones y la enfermedad] sobre el
curso del período de vacaciones.
A continuación, el Tribunal analizó el Convenio y llegó a la siguiente conclusión:
“La expresión “incapacidad de trabajo” empleada en el nuevo Convenio, a diferencia
del término “interrupción” utilizado en el Convenio anterior, no sólo recalca la ausencia
de la prestación laboral sino (y sobre todo) el estado físico del trabajador que, debido a
la enfermedad, no puede trabajar. El hecho de que se remita a los legisladores de cada
país la determinación de las condiciones en las que la enfermedad puede considerarse
un motivo de suspensión de las vacaciones resalta la prohibición de que éstas coincidan
con un período de incapacidad física del trabajador, con el fin de garantizarle la
posibilidad de disfrutar plenamente de su descanso anual”.
En conclusión, el Tribunal consideró que:
“La justificación del descanso anual debe entenderse no sólo, o al menos no
exclusivamente, como la concesión al trabajador de un medio para recuperar sus
energías físicas y mentales a fin de reincorporarse al trabajo, sino esencialmente como
la concesión de un período en el que pueda disponer plenamente de su propio tiempo
para dedicarlo a sus intereses familiares, sociales, culturales, etc.”
Basándose directamente en el Convenio núm. 132 de la OIT, el Tribunal de Primera Instancia
de Savona determinó que una enfermedad acaecida durante el período de disfrute de las
vacaciones pagadas interrumpía el curso de las mismas.
138

84. Tribunal de Apelación de Turín, Lanificio Tallia Gruppo c. Ceria Mary, 29 de mayo
de 1964
Temas: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación; igualdad de
remuneración
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 286
Convenio colectivo que establece una retribución inferior para las mujeres/ Demanda de una
empleada/ Interpretación de la Constitución nacional/ Referencia al derecho internacional
para reforzar una decisión basada en el derecho interno
Un convenio colectivo establecía diferencias de retribución entre los hombres y las mujeres que
trabajaban en una empresa: las mujeres percibían un sueldo equivalente a un 92,8% del de los
hombres, pese a estar igualmente cualificadas. Según la empresa, esta diferencia de retribución
estaba justificada por la diferencia de productividad.
El Tribunal de Apelación de Turín estimó que esta diferencia de retribución era discriminatoria,
ya que se basaba en razones de sexo. El Tribunal basó su sentencia principalmente en los
artículos 36,1 y 37 de la Constitución de Italia 287 y se sirvió del derecho internacional para
reforzar su argumentación, señalando lo siguiente:
“Por otra parte, cualquier evaluación general que compare el rendimiento de los
trabajadores de sexo masculino y femenino contradice el derecho individual de cada
trabajadora a percibir una remuneración equivalente a la de un trabajador que
desempeñe las mismas funciones. Puede añadirse, para mayor confirmación de esta
interpretación, que:
a) el artículo 119 del Tratado Constitutivo de la CEE, ratificado por el Parlamento de
Italia mediante la Ley núm. 1203 del 14 de octubre de 1957, establece que “la
igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo, significa: a) que la
retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de obra
realizada se fija sobre la base de una misma unidad de medida; b) que la retribución
establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es igual para un mismo
puesto de trabajo;
b) que, tras establecer el principio de igualdad de remuneración entre la mano de
obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, el
Convenio núm. 100 de la OIT, adoptado en Ginebra el 29 de junio de 1951 y
aprobado por el Parlamento de Italia mediante la Ley núm. 741 del 22 de mayo de
1965, añade que “la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las
tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo.””
Tras referirse al derecho internacional para reforzar su solución, el Tribunal de Apelación de
Turín consideró que la demandante tenía derecho a percibir la misma retribución que los
286
Convenio núm. 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración, 1951; Tratado Constitutivo de la Comunidad
Económica Europea, 1957.
287
Artículo 36, 1) de la Constitución de Italia: “Los trabajadores tienen derecho a una remuneración proporcional a la
cantidad y calidad de su trabajo y, en cualquier caso, suficiente para garantizarles a ellos y sus familias una existencia
independiente y digna.”
Artículo 37, 1) de la Constitución de Italia: “Las mujeres trabajadoras tienen los mismos derechos y, para puestos
comparables, la misma remuneración que los hombres trabajadores. Las condiciones de trabajo deben ser tales que permitan
que las mujeres atiendan sus obligaciones familiares esenciales y garanticen una protección adecuada a las madres y a sus
hijos.”
139

trabajadores de sexo masculino. En consecuencia, se condenó a la empresa a pagarle la
diferencia de sueldo correspondiente a todo el período en que había trabajado para ésta.
Kenya
85. Tribunal laboral, 6 de diciembre de 2004, caso núm. 79/2002
Tema: protección salarial
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para
interpretar el derecho interno; establecimiento de un principio jurisprudencial inspirado
en el derecho internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratados no ratificados; 288 instrumento no sujeto a ratificación; 289
jurisprudencia internacional; 290 jurisprudencia comparada 291
Administración judicial de una empresa/ Impago de créditos salariales/ Lagunas legislativas en
Derecho del Trabajo y existencia de contradicción entre el este último y el Derecho Mercantil
acerca de la protección de créditos salariales/ Referencia al derecho internacional para
formular principios generales en la materia
Una empresa con dificultades financieras había sido puesta bajo administración judicial. El
síndico despidió a un gran número de empleados. Los trabajadores reclamaron ante la justicia el
pago de salarios y de diversos créditos, además de la indemnización por despido prevista en el
convenio colectivo de la empresa.
El síndico, como justificación por el impago de las sumas anteriores, alegó que la empresa tenía
otras deudas prioritarias que debía liquidar. Para demostrar la primacía de unas deudas sobre
otras, el demandado se remitió a la ley keniana de sociedades que limita el privilegio del crédito
salarial a un máximo de 4 000 chelines kenianos o a cuatro meses de salario, sirviendo como
referencia la suma inferior de entre las dos.
El Tribunal, tras indicar que la ley keniana de sociedades no se había revisado en mucho tiempo,
recalcó que 4 000 chelines kenianos eran, por aquel entonces, inferiores a un mes de salario
mínimo. A continuación, el Tribunal señaló que la legislación laboral más reciente mantenía
silencio con respecto a muchos aspectos de la protección de los créditos salariales. No obstante,
este vacío legal no impedía la existencia de contradicciones en la materia entre la legislación
laboral y la ley keniana de sociedades. 292 Aunque las disposiciones “contradictorias” que el
Tribunal había señalado no eran aplicables directamente al litigio, no obstante, aportaban un
enfoque general mucho más favorable a la protección de los créditos salariales y se demostraba
claramente su incompatibilidad con el artículo de la ley de sociedades anteriormente
mencionado
Con objeto de resolver las contradicciones señaladas, de interpretar el vacío jurídico existente en
la legislación laboral y de determinar la medida por la que se debían proteger los créditos
salariales, el Tribunal decidió examinar la postura mantenida por el derecho internacional del
trabajo al respecto. Para justificar este enfoque, la jurisdicción se remitió a sentencias
procedentes de tribunales de países de common law que, a su vez, utilizaron el derecho
288
Convenio núm. 95 de la OIT sobre la protección del salario, 1949; Convenio núm. 173 de la OIT sobre la
protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del trabajador, 1992.
289
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
290
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.
291
La India y Gran Bretaña.
292
El Tribunal señaló, por ejemplo, que en caso de que una sentencia ordenara al empleador pagar sus deudas
comerciales, estas solo se podrían ejecutar cuando se pagaran.
140

internacional para resolver lagunas legislativas. 293 De esta forma, el Tribunal se remitió al
Convenio núm. 95 de la OIT (protección del salario) y al Convenio núm. 173 (protección de los
créditos laborales en caso de insolvencia del empleador), ninguno de ellos ratificado por Kenya.
En particular, el Tribunal se refirió al artículo 7 del Convenio núm. 173, que establece que si la
legislación nacional limita el privilegio aplicable a los créditos salariales a un determinado
importe, este deberá ser socialmente aceptable y revisado con regularidad.
La jurisdicción, para profundizar en su análisis del derecho internacional, se remitió a los
trabajos de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenciones y Recomendaciones de la
OIT, en particular al Estudio general relativo a los convenios precitados. 294 Con respecto a la
Comisión de Expertos, el Tribunal se pronunció de la siguiente forma:
“La OIT dispone igualmente de una Comisión de Expertos formada por especialistas en
Derecho del Trabajo de reconocido prestigio, elegidos entre los Estados Miembros. La
Comisión analiza los informes anuales presentados por los Estados Miembros y, sobre
esta base, formula recomendaciones suplementarias sobre la forma más adecuada de
aplicar los convenios. Tales recomendaciones son, a continuación, ampliamente
utilizados por los juzgados y tribunales de numerosos países. Forman parte de la
jurisprudencia evolutiva referente a los convenios de la OIT en particular y al Derecho
Internacional de Derechos Humanos en general.”
El Tribunal destacó del Estudio general de la Comisión de Expertos, entre otros, que la
necesidad de otorgar una protección especial a los créditos salariales constituía un principio
ampliamente aceptado a nivel internacional dado el carácter alimenticio del salario. La
jurisdicción destacó igualmente el párrafo del Estudio en el que se vinculaba la protección
salarial y el derecho a un salario digno, tal y como se reconoce en el artículo 23 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
El Tribunal, tras haber considerado las orientaciones aportadas por el Derecho Internacional del
Trabajo, consideró que debía interpretar las lagunas y las contradicciones de la legislación
interna de forma que se garantizara una protección “socialmente aceptable” 295 a los trabajadores
de empresas en suspensión de pagos. A este respecto, el Tribunal declaró lo siguiente:
“¿Se debe suponer que si existe una laguna legal es porque el legislador ha descartado
la posibilidad de acordar un privilegio como el que sostiene el demandado? Si ello es
así, ¿es aceptable que los trabajadores no tengan derecho a ningún tipo de recurso
jurídico? No podemos considerar tal situación en atención a nuestro orden
constitucional, a las leyes adoptadas para ponerlo en práctica y de la aplicación e
interpretación de aquellas en el contexto del derecho internacional.”
El Tribunal laboral de Kenya, inspirándose en el Convenio núm. 95 y el Convenio núm. 173 de
la OIT y en la lectura que de ambos realiza la Comisión de Expertos, decidió que se debían
garantizar los salarios y otros beneficios correspondientes al periodo inmediatamente anterior al
despido con un límite de cuatro meses. En el mismo sentido, el resto de derechos de crédito
devengados en virtud de la ley, del convenio colectivo de la empresa y de los contratos de
trabajo individuales se garantizaron con un límite que no sobrepasó el equivalente a doce meses
de salario.
293
En particular, la sentencia Vishaka del Tribunal Supremo de la India.
294
OIT: Salario mínimo. Estudio general de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y
Recomendaciones, Informe III(4B), Conferencia Internacional del Trabajo, 79.ª reunión, Ginebra, 1992.
295
Cabe señalar que el Tribunal, para fundamentar su decisión, hizo suya la terminología del artículo 7 del Convenio
núm. 173 de la OIT.
141

Código de Trabajo de Lesotho
Lesotho
Artículo 4: Principios de interpretación y aplicación del Código
Deberán utilizarse los siguientes principios para la aplicación e interpretación de este Código:
(…)
b) no se interpretará ni aplicará ninguna disposición del Código ni de las normas dictadas en su virtud
en contravención de lo dispuesto en los convenios internacionales del trabajo que hayan entrado en
vigor en el Reino de Lesotho;
c) en caso de ambigüedad, las disposiciones del Código y las normas dictadas en su virtud se
interpretarán del modo más ajustado a los convenios y recomendaciones adoptados por la
Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo;
(...)
86. Tribunal Laboral de Lesotho, Serame Khampepe c. Muela Hydropower Project
Contractors y otros cuatro, 2 de septiembre de 1999, caso núm. LC 29/97
Tema: despido
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado no ratificado; 296 jurisprudencia comparada 297
Despido colectivo/ Derecho a una entrevista individual antes de ser despedidos/ Uso del
derecho internacional como guía para la interpretación del derecho interno
Una empresa llevó a cabo un despido colectivo. Uno de los empleados impugnó su despido,
alegando que la empresa hubiera debido organizar una entrevista individual antes de proceder a
la terminación de la relación de trabajo. El Tribunal Laboral debía decidir si la empresa estaba
sujeta a tal obligación.
Tras analizar las disposiciones del Código de Trabajo relativas a las entrevistas previas, el
Tribunal se refirió al Convenio núm. 158 de la OIT como guía para la interpretación de la
legislación nacional:
“Está claro que la celebración de entrevistas prevista en el artículo 66, 4) del Código no
es una condición previa indispensable cuando el despido es fruto de necesidades de
funcionamiento de la empresa. No obstante, sobre la base de los instrumentos de la
Organización Internacional del Trabajo y de decisiones de países vecinos,
especialmente Sudáfrica, este Tribunal establece un precedente jurídico según el cual un
empleado sujeto a un posible despido debe ser informado con antelación suficiente
sobre dicha medida y sobre las alternativas que posee (véase el artículo 13, 1), a) del
Convenio núm. 158 de la OIT, del año 1982, sobre la terminación de la relación de
trabajo). 298 En cualquier caso, el principio establecido es que si los empleados son
miembros de un sindicato o de otro organismo colectivo a través del cual mantienen
comunicaciones con el empleador sobre las cuestiones de interés común, es suficiente
que el empleador consulte a dicho sindicato u organismo colectivo.”
296
Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
297
Sudáfrica.
298
Artículo 13, 1), a) del Convenio núm. 158: “Cuando el empleador prevea terminaciones por motivos económicos,
tecnológicos, estructurales o análogos: a) proporcionará a los representantes de los trabajadores interesados, en
tiempo oportuno, la información pertinente, incluidos los motivos de las terminaciones previstas, el número y
categorías de los trabajadores que puedan ser afectados por ellas y el período durante el cual habrían de llevarse a
cabo dichas terminaciones.”
142

Al interpretar el derecho interno a la luz del Convenio núm. 158 de la OIT, el Tribunal Laboral
de Lesotho estimó que, en el caso de que se hubiera realizado una consulta sobre el despido
colectivo con los representantes de los trabajadores, el empleador no tenía la obligación de
celebrar entrevistas individuales previas. Sobre esa base y dado que el demandante era miembro
de un sindicato consultado antes del despido, se desestimó el recurso.
87. Tribunal Laboral de Lesotho, Matete y Bosiu c. la Autoridad de Desarrollo de las
Tierras Altas de Lesotho y el Director Ejecutivo, 9 de febrero de 1996, núm. LC
131/95
Tema: despido
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado no ratificado 299
Funcionarios cedidos provisionalmente en comisión de servicios a una autoridad
administrativa/ Término del contrato de cesión/ Posibilidad de acumular varias prestaciones
por fin de servicios/ Uso del Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación
de trabajo como guía para la interpretación del derecho interno
El Gobierno cedió provisionalmente a dos funcionarios en comisión de servicios a una autoridad
administrativa (en adelante, la “Autoridad”) y más tarde decidió poner fin a dicha comisión y
reasignarlos a su departamento inicial. Ambos funcionarios estimaron que, además de la
gratificación por fin de asignación estipulada en el contrato con la Autoridad, tenían derecho a
la indemnización por fin de servicios prevista en el Código de Trabajo. El Tribunal debía
decidir, por tanto, si los trabajadores tenían derecho a percibir simultáneamente ambas
prestaciones.
El Tribunal se refirió a los artículos 12, 1), a) y 2, 4) del Convenio núm. 158 de la OIT 300 a fin
de interpretar las disposiciones del Código de Trabajo relativas a las indemnizaciones por fin de
servicios y poder, así, resolver el litigio.
“A nuestro juicio, las palabras ‘indemnización por fin de servicios o a otras prestaciones
análogas’ del artículo 12, 1) son significativas. De ellas resulta claramente que la
indemnización por fin de servicios prevista en el artículo 79 del Código no es la única
prestación por fin del servicio jurídicamente vinculante para el empleador. Hay lugar
para el pago de otras prestaciones en sustitución de la indemnización por fin de
servicios. El artículo 2, 4) permite eximir al empleador de la obligación de pagar una
indemnización por fin de servicios cuando éste se rija por disposiciones que prevean
mejores prestaciones por fin del servicio, que sean al menos equivalentes a las previstas
por el Código.”
299 Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
300 Artículo 12, 1) del Convenio núm. 158: “De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, todo
trabajador cuya relación de trabajo se haya dado por terminada tendrá derecho: a) a una indemnización por fin de
servicios o a otras prestaciones análogas, cuya cuantía se fijará en función, entre otras cosas, del tiempo de servicios y
del monto del salario, pagaderas directamente por el empleador o por un fondo constituido mediante cotizaciones de
los empleadores.”
Artículo 2, 4) del Convenio núm. 158: “En la medida en que sea necesario, y previa consulta con las organizaciones
de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, la autoridad competente o el
organismo apropiado de cada país podrá tomar medidas para excluir de la aplicación del presente Convenio o de
algunas de sus disposiciones a ciertas categorías de personas empleadas cuyas condiciones de empleo se rijan por
disposiciones especiales que en su conjunto confieran una protección por lo menos equivalente a la que prevé este
Convenio.”
143

En conclusión, el Tribunal consideró que no podían acumularse los diversos tipos de
prestaciones, sino que los dos empleados debían percibir únicamente la más ventajosa de ellas:
“En consecuencia, la Autoridad actuó de modo conforme al artículo 2, 4) del Convenio
núm. 158 de la OIT, que la exime, en virtud del artículo 4, a) del Código, de la
obligación de pagar la indemnización por fin de servicios, al haber abonado la prima del
25%, a la que tienen derecho los demandantes en virtud de sus contratos, y que
constituye una prestación análoga alternativa más beneficiosa que la indemnización por
fin de servicios prevista en el artículo 79 del Código.”
Tras interpretar el Código de Trabajo a la luz del Convenio núm. 158 de la OIT, el Tribunal
Laboral de Lesotho consideró que los funcionarios demandantes no tenían derecho a acumular
la gratificación convencional por terminación del contrato y la indemnización legal por fin de
servicios, pues ambas tenían una misma finalidad. En consecuencia, el empleador ya había
cumplido con sus obligaciones legales al pagar la gratificación prevista en el contrato, cuya
cuantía era superior a la prestación estipulada en el Código de Trabajo.
88. Tribunal Laboral de Lesotho, Maisaaka’Mote c. Lesotho Flour Mills, 9 de
noviembre de 1995, caso núm. LC 59/95
Tema: despido
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: instrumento no sujeto a ratificación 301
Falta de ética profesional/ Entrevista disciplinaria/ Derecho del empleado a recibir asistencia
legal durante la entrevista/ Interpretación del derecho interno a la luz de una recomendación
de la OIT, con objeto de determinar el tipo de representación al que tiene derecho el empleado
Un empleado, acusado de hacer desaparecer una carta certificada, fue despedido. Dicho
empleado alegaba que la terminación de su contrato de trabajo no era válida, ya que no había
podido contar con la asistencia de su abogado durante la entrevista previa al despido. El
abogado del demandante reclamaba la aplicación de la Recomendación núm. 166 de la OIT ya
que, conforme al artículo 4, b) del Código de Trabajo, ninguna de las disposiciones del Código
debía ser interpretada en contravención de lo dispuesto en los convenios y recomendaciones
ratificados de la OIT. El Tribunal consideró, no obstante, que lo dispuesto en el artículo 4, b) del
Código de Trabajo no era de aplicación en este caso, porque Lesotho no había ratificado el
Convenio núm. 158 de la OIT.
A pesar de que el Tribunal desestimó la aplicación del artículo 4, b) del Código de Trabajo, se
remitió a la Recomendación núm. 166 de la OIT en virtud del artículo 4, c) del citado Código, 302
a fin de interpretar lo dispuesto en el mismo con respecto a las entrevistas previas. En primer
lugar, el Tribunal afirmó lo siguiente:
“Resulta significativo que la Recomendación de la OIT núm. 166 de 1982 no
especifique el tipo de representación con que debería contar un empleado que se someta
a una entrevista disciplinaria.” 303
301
Recomendación núm. 166 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (en aquel momento aún
no se había ratificado el Convenio núm. 158).
302
Artículo 4, c) del Código de Trabajo de Lesotho: “En caso de ambigüedad, las disposiciones del Código y las
normas dictadas en su virtud se interpretarán del modo más ajustado a los convenios y recomendaciones adoptados
por la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo.”
303
Párrafo 9 de la Recomendación núm. 166: “Todo trabajador debería tener derecho a contar con la asistencia de
otra persona cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Convenio sobre la terminación de la relación
144

El Tribunal consideró asimismo que, si bien un empleado tenía derecho a contar con asistencia
durante la celebración de una entrevista previa, ello no le daba derecho a elegir el tipo de
representación, y señaló que:
“Conforme a lo expuesto por Baxter, en el caso de Dlali y otros contra Railit (Pty) Ltd.
(1989) 10 ILJ 353, el tipo de representación a que tiene derecho el empleado durante
una entrevista disciplinaria ha de ser decidido por el empleador. No obstante lo cual, el
derecho del empleado a ser representado, de acuerdo con las directrices establecidas en
la Recomendación de la OIT núm. 166 de 1982, es incontestable.”
Por tanto, el Tribunal se basó en la Recomendación núm. 166 de la OIT para determinar el
carácter incontestable del derecho a recibir asistencia durante una entrevista previa y sentenció
que, pesar de que el empleador tenía la potestad de elegir el tipo de representación con que
podía contar el empleado, le correspondía a este último decidir qué persona debía prestarle
asistencia.
En el caso que nos ocupa, el Tribunal Laboral de Lesotho consideró que el hecho de que el
empleado no pudiera contar con la asistencia de su abogado no había afectado la validez de la
entrevista. En consecuencia, desestimó su recurso.
89. Tribunal Laboral de Lesotho, Palesa Peko c. la Universidad Nacional de Lesotho, 1
de agosto de 1995, caso núm. LC 33/95
Tema: trabajadores con responsabilidades familiares
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratado no ratificado; 304 instrumento no sujeto a ratificación 305
Ausencia de una empleada por motivos de salud de su hijo/ Suspensión de empleo y sueldo/
Tribunal compelido a aplicar las normas del derecho internacional/ Aplicación directa del
derecho internacional para cubrir una laguna del derecho interno/ Anulación de la suspensión
de empleo y sueldo
Una empleada se ausentó del trabajo durante dos semanas para cuidar de su hijo, operado de
apendicitis, alegando motivos de enfermedad. A raíz de ello, su empleador la suspendió de
empleo y le dedujo de su sueldo el importe correspondiente al período en que estuvo ausente.
El Tribunal Laboral de Maseru señaló, en primer lugar, la existencia de una laguna al respecto
en la legislación nacional:
“El artículo 4 del Código, relativo a los “principios de interpretación y administración
del Código”, establece en su apartado (c) que:
“En caso de ambigüedad, las disposiciones del Código y las normas dictadas en su
virtud se interpretarán del modo más ajustado a los convenios y las recomendaciones
adoptados por la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo.””
de trabajo, 1982, se defienda de cargos acerca de su conducta o su trabajo que puedan llevar a la terminación de su
relación de trabajo; este derecho puede ser regulado por los métodos de aplicación previstos en el párrafo 1 de la
presente Recomendación.”
304 Convenio núm. 156 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981.
305 Recomendación núm. 165 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981.
145

El Tribunal se refirió entonces al Convenio núm. 156 de la OIT sobre los trabajadores con
responsabilidades familiares y, en concreto, a sus artículos 1, 2, 3 y 4, b), 306 a fin de cubrir las
lagunas existentes en la legislación nacional.
Por último, el Tribunal fundamentó su poder para aplicar dicho Convenio en el artículo 9 del
mismo:
“Conforme al artículo 9 del Convenio, las disposiciones del mismo podrán aplicarse por
vía legislativa, convenios colectivos, reglamentos de empresa, laudos arbitrales,
decisiones judiciales, o mediante una combinación de tales medidas. En consecuencia,
este tribunal está facultado para aplicar las disposiciones del Convenio y de la
Recomendación.”
Sobre esta base, el Tribunal Laboral de Lesotho aplicó directamente las disposiciones del
Convenio núm. 156 de la OIT y falló la nulidad de la suspensión de empleo, imponiendo al
empleador el pago del sueldo correspondiente al período de tiempo durante el cual la empleada
se ocupó del cuidado de su hijo.
306 Artículo 1 del Convenio núm. 156:
“1. El presente Convenio se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a su
cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de
ingresar, participar y progresar en ella.
2. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán también a los trabajadores y a las trabajadoras con
responsabilidades respecto de otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o
sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de
ingresar, participar y progresar en ella (…).”
Artículo 2 del Convenio núm. 156: “El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica y a
todas las categorías de trabajadores.”
Artículo 3 del Convenio núm. 156:
“1. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada
Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas con
responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser
objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y
profesionales.
2. A los fines del párrafo 1 anterior, el término discriminación significa la discriminación en materia de empleo y
ocupación tal como se define en los artículos 1 y 5 del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958.”
Artículo 4 del Convenio núm. 156:
“Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, deberán
adoptarse todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales para:
a) permitir a los trabajadores con responsabilidades familiares el ejercicio de su derecho a elegir libremente su
empleo;
b) tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo y a la seguridad social.”
146

Constitución de la República de Lituania
Lituania
Artículo 138, párrafo 3
(...) Los acuerdos internacionales ratificados por el Parlamento de la República de Lituania forman parte
integrante del ordenamiento jurídico de la República de Lituania.
90. Tribunal Constitucional de la República de Lituania, 14 de enero de 1999, núm.
8/98
Tema: libertad sindical
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno; referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 307
Procedimiento disciplinario/ Posibilidad de que un sindicato defienda a un empleado no
afiliado/ Uso del derecho internacional como guía para la interpretación del derecho interno/
Referencia al derecho internacional para reforzar una decisión basada en el derecho interno
Una empleada, objeto de un procedimiento disciplinario, no se presentó ante la comisión
encargada de resolver los conflictos laborales al considerar que, en virtud de la legislación
vigente, ningún sindicato podía representarla para defender sus derechos si no estaba afiliada al
mismo. En consecuencia, dicha empleada presentó una demanda judicial para solicitar la
anulación de las sanciones disciplinarias que le habían impuesto, alegando que el hecho de no
poder recibir la asistencia de un sindicato para defender sus derechos era inconstitucional. De
acuerdo con dicha solicitud, el Tribunal de Primera Instancia solicitó al Tribunal Constitucional
que se pronunciara sobre la constitucionalidad de la Ley de Sindicatos. Éste analizó, en primer
lugar, si los sindicatos estaban facultados para defender a los trabajadores no afiliados; después
de lo cual examinó si todas las disposiciones de la Ley de Sindicatos eran conformes con la
Constitución.
Tras analizar la legislación y la Constitución nacionales, el Tribunal estimó que los sindicatos
estaban facultados para representar a todos los empleados, y no sólo a sus afiliados,
especialmente en las negociaciones colectivas.
Para reforzar esta argumentación, el Tribunal se refirió al derecho internacional:
“El objetivo de los sindicatos de defender de forma organizada no sólo a sus miembros,
sino también a todos los empleados, se recoge igualmente en los convenios de la
Organización Internacional del Trabajo ratificados por la República de Lituania el 23 de
junio de 1994. Así, por ejemplo, el artículo 5 del Convenio sobre la negociación
colectiva del 23 de junio de 1981 establece que deberán adoptarse medidas adecuadas a
las condiciones nacionales para fomentar la negociación colectiva, las cuales deberán
tener por objeto que: a) la negociación colectiva sea posibilitada a todos los
empleadores y a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad a que se
aplique el presente Convenio; b) la negociación colectiva sea progresivamente
extendida a todas las materias a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2
del presente Convenio (es decir, con el fin de fijar las condiciones de trabajo y empleo,
307
Convenio de la OIT núm. 154 sobre la negociación colectiva, 1981; Convenio de la OIT núm. 135 sobre los
representantes de los trabajadores, 1971.
147

egular las relaciones entre empleadores y trabajadores y regular las relaciones entre
empleadores o sus organizaciones y una o varias organizaciones de trabajadores).”
A continuación, el Tribunal Constitucional analizó si las otras disposiciones de la Ley de
Sindicatos que, según la demandante, sólo protegían a los trabajadores sindicados eran
conformes a la Constitución nacional. En particular, el Tribunal estudió las disposiciones de la
legislación lituana que garantizaban a los representantes de los trabajadores una mayor
protección frente al despido.
Para ello, el Tribunal se basó principalmente en lo dispuesto en el Convenio núm. 135 de la
OIT, confiriendo así una función interpretativa a dicho instrumento, y señaló lo siguiente:
“El artículo 1 del Convenio núm. 135 relativo a la protección y facilidades que deben
otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa, adoptado por la
Organización Internacional del Trabajo y ratificado por la República de Lituania el 23
de junio de 1994, establece que: “los representantes de los trabajadores en la empresa
(de acuerdo con el artículo 3 del Convenio, dicho término también comprende a los
representantes nombrados o elegidos por los sindicatos o por sus afiliados) deberán
gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido
por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades
como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical,
siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u
otros acuerdos comunes en vigor.”
Por tanto, lo dispuesto en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 21 de la Ley de
Sindicatos es conforme a lo establecido en el citado Convenio a fin de proteger a los
representantes de los empleados frente a los riesgos relacionados con sus actividades
sindicales.”
El Tribunal Constitucional de Lituania se basó, por tanto, en los Convenios núm. 154 y 135 de
la OIT para confirmar que una de las funciones de los sindicatos era defender los derechos de
los empleados no afiliados a los mismos y para afirmar que la mayor protección concedida a los
representantes sindicales era conforme a lo dispuesto por la Constitución.
148

Constitución de la República de Madagascar
Madagascar
Preámbulo
(...) Teniendo en cuenta su situación geopolítica en la región y su compromiso activo en la entente
internacional, y adoptando:
- la Carta Internacional de Derechos Humanos,
- la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, y
- los convenios relativos a los derechos de las mujeres y de los niños, todos los cuales se consideran
parte integrante del sistema jurídico de Madagascar; (…)
Artículo 82, párrafo 3), VIII)
(...) Los tratados y acuerdos debidamente ratificados o adoptados tendrán desde su publicación un rango
superior a las leyes, siempre que sean aplicados por la otra parte.
91. Tribunal Laboral de Antsirabe, 22 de mayo de 2006, caso núm. 13/RG/TT/06
Tema: calificación de la relación de trabajo
Función del derecho internacional: establecimiento de un principio jurisprudencial
inspirado en el derecho internacional
Tipo de instrumento utilizado: informe de la Oficina Internacional del Trabajo 308
Contrato entre una empresa de seguridad y un individuo para que este realizara trabajos de
vigilancia/ Contrato calificado por las partes como de “prestación de servicios”/
Reconocimiento de la existencia de un principio de supremacía de la realidad inspirado en los
trabajos de la OIT/ Recalificación del contrato
Un individuo había celebrado un contrato mercantil de prestación de servicios con una empresa
de seguridad para trabajar como vigilante de seguridad. Transcurridos cinco años desde su
contratación, la empresa puso fin al contrato de forma unilateral. El vigilante recurrió a la
justicia laboral para que se reconociera la existencia de un contrato de trabajo que le vinculara a
la empresa y obtener, de esta manera, daños y perjuicios por despido improcedente.
La empresa de seguridad alegó, de una parte, que el artículo 11 del contrato firmado con el
demandante excluía de forma expresa la existencia de una relación de trabajo por cuenta ajena
y, de otra parte, que el vigilante no prestaba sus servicios de forma regular, sino que lo hacía de
forma intermitente “en función de las necesidades de la clientela”.
El Tribunal malgache, tras haber definido el alcance de los términos empleador y trabajador,
puso de relieve la existencia de un principio general de primacía de la realidad de los hechos, tal
y como el que define el Informe de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la relación de
trabajo, presentado en la Conferencia Internacional del Trabajo en 2006, y en virtud del cual “la
existencia de una relación de trabajo debe ser determinada por los hechos de lo que realmente
fue convenido y llevado a cabo por las partes y no por la manera como cada una de las partes o
ambas califiquen la relación que hay entre ellas.”
El Tribunal, en base a este principio, entró a determinar si el demandante había realizado sus
funciones como trabajador autónomo o como trabajador por cuenta ajena.
308 OIT: La relación de trabajo, Informe V(1), Conferencia Internacional del Trabajo, 95.ª reunión, Ginebra, 2006.
Conviene señalar que dicho Informe preparatorio ha derivado en la adopción de la Recomendación núm. 198 relativa
a la relación de trabajo por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2006.
149

Tras haber señalado que el demandante solo ejercía su actividad en beneficio de la demandada,
la jurisdicción consideró igualmente que los horarios de trabajo los fijaba la sociedad de
seguridad de forma unilateral y que esta última disponía de poder disciplinario con respecto al
vigilante, tal y como se demuestra por la existencia de una carta de advertencia.
A partir de esta serie de indicios, el Tribunal Laboral de Primera Instancia de Antsirabe
consideró que las partes estaban vinculadas por un contrato de trabajo, que la rescisión del
contrato fue ilegal y que no se respetaron las normas del Código de Trabajo respecto del
despido.
92. Tribunal Laboral de Antsirabe, Ramiaranjatovo Jean-Louis c. Fitsaboana Maso, 7
de junio de 2004, sentencia núm. 58
Temas: despido; protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado; 309 instrumento no sujeto a ratificación 310
Despido basado en la conversión religiosa de un trabajador empleado en una institución
religiosa/ Evaluación de las cualificaciones exigidas para el empleo en cuestión por parte del
Tribunal/ Discriminación basada en la religión/ Aplicación directa del derecho internacional
Un asalariado, empleado como estadístico en una institución perteneciente a una iglesia
luterana, había sido despedido por pérdida de confianza debido a que, según el empleador, el
primero había mentido sobre el motivo de una de sus ausencias. El asalariado acudió a la justicia
para obtener una indemnización por daños y perjuicios alegando un despido abusivo, ya que
consideraba que el motivo real de su despido residía en su abandono de la religión luterana en
provecho de otra confesión religiosa.
El Tribunal, tras concluir que el motivo real del despido era la conversión religiosa del
demandante, debía pronunciarse sobre la validez de dicho despido teniendo en cuenta que el
reglamento interno de la institución, cuya finalidad era difundir la fe luterana, estipulaba que la
adhesión a esa fe constituía una condición necesaria para la contratación.
Aun cuando la Constitución nacional establecía de forma general el principio de prohibición de
la discriminación en el empleo por motivos religiosos, el Tribunal decidió recoger las
disposiciones más precisas del Convenio núm. 111 de la OIT que define concretamente los
límites a la noción de discriminación en el empleo y la ocupación. En la resolución del litigio, la
jurisdicción se refirió en particular al artículo 1, 2) del citado Convenio, el cual establece que
“Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las cualificaciones exigidas para un
empleo determinado no serán consideradas como discriminación.”
En aplicación de dicho artículo, el Tribunal consideró que, a pesar del carácter religioso del
organismo empleador, no podía considerarse la fe luterana como una cualificación exigida para
ejercer el empleo de estadístico.
En consecuencia, el Tribunal Laboral de Antsirabe, basándose directamente en el Convenio
núm. 111 de la OIT, declaró ilícito el despido del asalariado y, tal como este último solicitó, le
otorgó una indemnización por daños y perjuicios.
309 Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
310 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
150

93. Tribunal Supremo de Madagascar, Dugain y otros c. Compagnie Air Madagascar, 5
de septiembre de 2003, sentencia núm. 231
Tema: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 311 instrumento no sujeto a ratificación 312
Convenio colectivo en el que se establece una edad de jubilación distinta para hombres y
mujeres/ Demanda por discriminación/ Aplicación directa del derecho internacional
El convenio colectivo de una compañía aérea establecía la edad de jubilación para el personal de
cabina de sexo femenino en 45 años y para el personal de sexo masculino en 50. Tras su
jubilación, varias empleadas presentaron una demanda judicial para lograr la anulación del
artículo del convenio colectivo que estipulaba lo anterior. El Tribunal de Apelación desestimó la
demanda, sin determinar si el artículo en cuestión era discriminatorio o no. En consecuencia, las
dos empleadas sometieron la cuestión al Tribunal Supremo, alegando la vulneración de un
principio general de derecho.
Con el objeto de determinar si la cláusula era o no discriminatoria, el Tribunal Supremo de
Madagascar se refirió al Preámbulo de la Constitución nacional, 313 así como a los instrumentos
internacionales relativos a la discriminación en el empleo y la ocupación incorporados al
derecho interno de Madagascar.
El Tribunal citó, en primer lugar, el Preámbulo de la Constitución de Madagascar y señaló lo
siguiente:
“El principio de igualdad y no discriminación es, por tanto, un principio general de
derecho, una norma de orden público que los jueces, en el ejercicio de sus funciones,
tienen el deber de aplicar.”
A continuación, el Tribunal se refirió a los instrumentos internacionales en materia de
discriminación incorporados al derecho interno, en virtud del Preámbulo de la Constitución:
“Teniendo en cuenta, además, que los convenios internacionales relativos a los derechos
de las mujeres incluyen no sólo la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer (...), sino también el Convenio núm. 111 de la OIT
sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (...) y la Declaración de la OIT
sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, en los que la eliminación de
la discriminación en el empleo y la ocupación son de aplicación automática; teniendo en
cuenta asimismo que, de acuerdo con el sentido de esas normas internacionales, el
establecimiento de un límite de edad o de una restricción basada en el sexo no es en sí
mismo discriminatorio, a pesar de que estas estipulaciones sólo están justificadas si el
empleador puede probar que el género constituye un requisito profesional inherente al
puesto de trabajo por razones de seguridad, sobre todo para aquellos trabajos que
311 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979; Convenio núm.
111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
312 Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998.
313 El Preámbulo de la Constitución de Madagascar establece lo siguiente:
“(…) Teniendo en cuenta su situación geopolítica en la región y su compromiso activo en la entente internacional, y
adoptando:
- la Carta Internacional de Derechos Humanos;
- la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos; y
- los convenios relativos a los derechos de las mujeres y de los niños, todos los cuales se consideran parte integrante
del sistema jurídico de Madagascar, (…)”
151

entrañan algún tipo de riesgo, en cuyo caso deben aportarse pruebas de los efectos de la
edad y de la diferencia de género sobre la seguridad, (…).”
En consecuencia, el Tribunal Supremo de Madagascar se basó principalmente en el Convenio
núm. 111 de la OIT y en otros instrumentos internacionales para estimar que la cláusula del
convenio colectivo relativa a la edad de jubilación era discriminatoria y anuló la sentencia del
Tribunal de Apelación.
94. Tribunal Constitucional, 14 de febrero de 2001, decisión núm. 01-HCC/D2
Tema: derecho a la tutela judicial efectiva
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 314 tratado no ratificado; 315 instrumento
internacional no sujeto a ratificación; 316 jurisprudencia internacional 317
Excepción de inconstitucionalidad/ Derecho de propiedad/ Derecho a la tutela judicial efectiva/
Referencia al derecho internacional para reforzar una decisión basada en el derecho interno
Una empresa interpuso una demanda contra otra en relación con un contrato de arrendamiento.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación no admitió a trámite la demanda por entender que la
sede de la sociedad demandante no estaba situada en el lugar declarado y que se trataba de una
empresa ficticia, sin personalidad jurídica y, por tanto, carente de capacidad procesal. Ante ello,
la empresa interpuso una excepción de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Apelación y el
caso fue trasferido al Tribunal Constitucional. Dicha empresa alegaba que la decisión del
Tribunal de Apelación le impedía ejercitar su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
para proteger su derecho de propiedad.
Tras determinar su competencia, el Tribunal Constitucional consideró que la denegación del
derecho a la reclamación judicial por el Tribunal de Apelación contravenía los artículos 9, 13,
6), 13, 7) y 34 de la Constitución de Madagascar 318 y era contraria al principio de la seguridad
jurídica.
El Tribunal Constitucional se basó en el derecho internacional para reforzar su decisión:
“(…) la sentencia (…) infringe efectivamente la Carta Internacional de Derechos
Humanos 319 y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, que
314
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966; Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, 1966; Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966; Carta
Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981.
315
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena
de muerte, 1989.
316
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
317
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
318
Artículo 9 de la Constitución de Madagascar: “El ejercicio y la protección de los derechos individuales y de las
libertades fundamentales se regularán mediante ley.”
Artículo 13, 6) de la Constitución de Madagascar: “La ley garantiza a todas las personas el acceso a la justicia, sin
que pueda ser motivo de excepción la falta de recursos.”
Artículo 13, 7) de la Constitución de Madagascar: “El Estado garantizará el derecho pleno e inviolable a la defensa en
todas las jurisdicciones y las fases del procedimiento, con inclusión de la instrucción del caso, la policía judicial y las
actuaciones judiciales.”
Artículo 34 de la Constitución de Madagascar: “El Estado garantizará el derecho a la propiedad privada. Nadie podrá
ser privado de sus bienes, excepto con fines públicos y siempre que se abone previamente una indemnización justa.”
319
La Carta Internacional de Derechos Humanos comprende: la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948;
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966; el Pacto Internacional de Derechos
152

forman parte integrante del ordenamiento jurídico nacional de Madagascar, conforme a
lo establecido en el Preámbulo de su Constitución; por otra parte, conforme a lo
dispuesto en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Toda
persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución o por la ley”; y, según el artículo 10 de la Declaración, “Toda persona
tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia
por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”
Además, a los efectos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el
derecho a ser oído con justicia puede interpretarse en el contexto del apartado 1 del
artículo 14 de dicho Pacto conforme requiere una serie de garantías, entre ellas la
posibilidad de pleitear en igualdad de condiciones y el respeto a los procedimientos
contradictorios; en ese sentido, al impedir a la sociedad de responsabilidad limitada X
[la empresa demandante] actuar ante los tribunales sin causa legal justificada el
Tribunal de Apelación le privó de su derecho a ser oída con justicia. (…)
La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos reconoce derechos
individuales fundamentales, entre ellos, la igualdad ante la ley, el derecho a igual
protección de la ley, el derecho a ser oído con justicia y el derecho de propiedad; (...)”
Tras reforzar su argumentación basándose en la Carta Africana sobre los Derechos
Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el
Tribunal Constitucional consideró que el Tribunal de Apelación había vulnerado el
derecho fundamental del demandante a la tutela judicial efectiva y que la sentencia que
había emitido dicho tribunal “vulnera el ordenamiento jurídico interno y, en particular,
las disposiciones de las leyes fundamentales, los principios constitucionales y los
compromisos adquiridos mediante los convenios y tratados internacionales.”
El Tribunal Constitucional de Madagascar anuló la sentencia del Tribunal de Apelación por
vulneración de la Constitución.
Civiles y Políticos, 1966; el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966; y el
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de
muerte, 1989.
153

95. Tribunal Constitucional, 7 de mayo de 1997, decisión núm. 07-HCC/D3
Tema: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 320 tratado no ratificado; 321 instrumento
internacional no sujeto a ratificación 322
Nueva ley parlamentaria sobre las condiciones de acceso a la función pública/ Examen de su
constitucionalidad/ Referencia al derecho internacional para reforzar una decisión basada en
el derecho interno
El Tribunal Constitucional de Madagascar debía pronunciarse sobre la constitucionalidad de un
nuevo reglamento interno en el que se establecían las condiciones generales para el personal del
Parlamento. 323 Dicho reglamento introducía nuevas condiciones de acceso a la función pública:
“antigüedad, buen servicio, buena conducta, moralidad, productividad y aptitudes especiales”.
El Tribunal tomó en consideración el artículo 27, 2) de la Constitución nacional, 324 así como su
Preámbulo. 325 Dado que este último confiere un valor constitucional a la Carta Internacional de
Derechos Humanos, el Tribunal analizó igualmente las disposiciones de la misma a fin de
determinar si el reglamento interno vulneraba algún principio constitucional. Tras ello, el
Tribunal estableció que no sólo se había producido una vulneración de la Constitución nacional,
sino también del artículo 21, 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y
declaró que los criterios introducidos en el reglamento interno constituían “nuevas condiciones,
que habían sido añadidas de forma arbitraria, mediante un decreto del Presidente de la
Asamblea Nacional, a las establecidas exclusivamente en el artículo 27, 2) de la Constitución y
a las condiciones de igualdad estipuladas en el artículo 21, 2) de la Carta Internacional de
Derechos Humanos, 326 adoptada en el Preámbulo de la Constitución”. El Tribunal sentenció
asimismo que “una disposición de esa naturaleza abre la puerta a abusos, desigualdades y
discriminación, cuando el Preámbulo de la Constitución exige “combatir la injusticia, las
desigualdades y todas las formas de discriminación”.”
En consecuencia, el Tribunal Constitucional de Madagascar se basó en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos para subrayar la gravedad de la vulneración del principio de igualdad
consagrado en el Preámbulo de la Constitución nacional, así como en su artículo 27, 2); y falló
la inconstitucionalidad del artículo en cuestión.
320
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966; Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, 1966; Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.
321
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena
de muerte, 1989.
322
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
323
Reglamento núm. 16-AN/P, de 6 de mayo de 1997.
324
Artículo 27, 2) de la Constitución de Madagascar: “El acceso a las funciones públicas estará abierto a todos los
ciudadanos sin más requisitos que los relativos a la capacidad y aptitudes.”
325
Preámbulo de la Constitución de Madagascar:
“(…) Teniendo en cuenta su situación geopolítica en la región y su compromiso activo en la entente internacional, y
adoptando:
- la Carta Internacional de Derechos Humanos;
- la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos; y
- los convenios relativos a los derechos de las mujeres y de los niños, todos los cuales se consideran parte integrante
del sistema jurídico de Madagascar (…)”
326
Cabe subrayar que el artículo en cuestión es el 21, 2) de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda
persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
154

Malawi
96. Tribunal Supremo de Apelación de Malawi, Malawi Telecommunications Ltd c.
Makande y otro, 7 de mayo de 2007
Tema: despido
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 327 ; jurisprudencia comparada 328
Razón para el despido/ Necesidades de funcionamiento/ Reestructuración/ Consultas/ Uso de
jurisprudencia extranjera / Aplicabilidad directa del Convenio núm. 158 de la OIT
Las partes apeladas eran antiguos empleados del recurrente y fueron despedidos por presuntos
motivos de reestructuración. Estos habían recurrido el despido alegando que el recurrente
todavía necesitaba sus servicios. El tribunal de primera instancia, es decir, el Tribunal de
Relaciones Industriales, había concluido que el despido era injusto porque el recurrente no había
seguido el procedimiento debido antes de despedir a los empleados. Para decidir, el Tribunal de
Relaciones Industriales acudió al Convenio núm. 158 de la OIT encontrando que la legislación
nacional no proporcionaba orientación suficiente para determinar los procedimientos que los
empleadores tendrían que seguir en caso de despidos. El recurrente no se había mostrado
conforme con la sentencia y había presentado un recurso ante el Tribunal Superior que fue
desestimado, admitiéndose la sentencia del tribunal de primera instancia.
Los motivos para recurrir ante el Tribunal Supremo eran cuatro, a saber: el juez cometió un
error judicial “a) al hallar lógico y admisible buscar orientación en la legislación o en los
convenios/tratados extranjeros para cubrir lagunas detectadas en (...) la legislación; b) al aplicar
el Convenio núm. 158 de la OIT (...) en aras de la transparencia en un Malawi democrático, sin
sopesar si dicho convenio era o es aplicable en Malawi; c) al adoptar en su integridad la
sentencia del caso Bristol Channel Ship Repairs c. O’ Keefe (…) sin tener en cuenta que en
dicho caso la decisión se basó en disposiciones jurídicas que no son aplicables en Malawi, y d)
porque, a pesar de haberse determinado que el segundo apelado (...) indicó que había tenido
conocimiento a través del sindicato de trabajadores de que la reducción de plantilla afectaría a
aquellos que no rendían como se esperaba, el docto magistrado no admitió que se hubiesen
realizado consultas con los empleados”. 329 El recurrente solicitó que se anulase la decisión del
Tribunal Superior sobre la improcedencia del despido.
Tratando los puntos anteriores, el Tribunal Supremo declaró que el Convenio núm. 158 de la
OIT debería considerarse como aplicable en Malawi según lo dispuesto en la sección 2) del
artículo 211 de la Constitución de 1994. El tribunal observó que no existe ninguna ley que
entretanto haya dispuesto lo contrario. 330 Afirmó que las sentencias extranjeras basadas en
legislación extranjera podían tenerse en cuenta para resolver un caso siempre que el juez fuese
consciente de que la sentencia carecería de toda fuerza vinculante, y observa expresamente que
la sentencia tenía solo un carácter o autoridad convincente. Por último, declaró que las consultas
(anteriores al despido por necesidades de funcionamiento) en realidad debían entrañar “una
327
Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
328
Reino Unido.
329
Página 2 de la sentencia.
330
El artículo 211 de la Constitución de Malawi de 1994 dice: “1) Todo acuerdo internacional ratificado por una ley
formará parte de la legislación de la República si así lo estipula la ley que ratifica el acuerdo.
2) Los acuerdos internacionales en vigor antes del inicio de esta Constitución y vinculantes para la República
formarán parte de la legislación de la República, a no ser que posteriormente el Parlamento disponga otra cosa o el
acuerdo venza de otra forma.
(3) El derecho consuetudinario internacional, excepto si es incoherente con esta Constitución o con una ley, será de
aplicación permanente.” Cabe señalar que Malawi ratificó el Convenio núm. 158 de la OIT en 1986.
155

participación real de los empleados en el proceso de reestructuración. No debe solo consistir en
un presunto intento del empleador de notificar de forma unilateral a los empleados, de una
forma que no pretenda, asimismo, obtener una respuesta de los últimos”. 331
A la vista de lo anterior, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Industrial
como lo había hecho el Tribunal Superior, ya que los recurrentes no siguieron el procedimiento
debido antes de despedir a las partes apeladas, procedimiento que se determina teniendo en
cuenta los requisitos establecidos en los artículos 13 y 14 del Convenio núm. 158 de la OIT.
Así, el Tribunal Supremo desestimó el recurso.
97. Tribunal de Relaciones Laborales de Malawi, Davison Tchete c. “Safeguard
Services”, 1 de abril de 2002, núm. 6 de 2000
Tema: despido
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado 332
Despido sin causas justificadas/ Inobservancia del derecho del trabajador a defenderse de los
cargos formulados contra él/ Uso del derecho internacional como guía para la interpretación
del derecho interno
En julio de 1999, el Sr. Davison, empleado de la sociedad Safeguard Services, tomó tres días de
baja por enfermedad informando a su empresa de la razón de su ausencia. En el transcurso de
esos tres días, el Sr. Davison recibió la noticia de que su hermana había fallecido e informó a la
empresa de la prolongación de su ausencia debido a ese nuevo motivo. Cuando el empleado se
reincorporó a su lugar de trabajo, se le denegó el acceso a una reunión y unos días más tarde
recibió una carta de despido.
En consecuencia, el Sr. Davidson presentó una demanda para obtener una indemnización por fin
de servicios, una carta de referencias para el período 1985-1989, así como el pago de cinco días
de vacaciones anuales que se le adeudaban. A pesar de que en la demanda no se incluía la
cuestión de la validez del despido, el Tribunal, al ser competente para juzgar en equidad, se
pronunció sobre dicha cuestión. En el momento de los hechos, aún no había entrado en vigor la
Ley sobre el empleo (2000), que enmarca las condiciones de fondo y de forma del despido. Por
ello, a fin de estudiar la validez del despido, el Tribunal se refirió al artículo 31 de la
Constitución de la República de Malawi, el cual establece que “toda persona tiene derecho a
condiciones de trabajo equitativas y seguras y a una remuneración equitativa”. Con objeto de
interpretar la noción de “condiciones de trabajo equitativas” y determinar su contenido en
relación con el despido, el Tribunal se basó en el Convenio núm. 158 de la OIT sobre la
terminación de la relación de trabajo, ratificada por Malawi.
En primer lugar, el Tribunal examinó los motivos del despido del Sr. Davidson. Para ello,
interpretó la noción de “condiciones de trabajo equitativas” a la luz del artículo 4 del Convenio
núm. 158, el cual estipula que “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a
menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o
basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio.” Sobre
esa base, el Tribunal consideró que las ausencias por enfermedad y defunción de una hermana
del empleado no constituían una causa justificada para poner término a la relación de trabajo y,
por tanto, no se justificaba la ruptura del contrato de trabajo.
331 Página 10 de la sentencia.
332 Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
156

En segundo lugar, el Tribunal se detuvo en el procedimiento utilizado por la empresa para poner
término a la relación de trabajo y observó que el demandante no había tenido la oportunidad de
hacerse oír antes de ser despedido. Con objeto de determinar qué constituía un procedimiento de
terminación equitativa de la relación de trabajo, el Tribunal se refirió al artículo 7 del Convenio
núm. 158, el cual establece que “No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un
trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya
ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda
pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad.” Sobre esa base, el
Tribunal estimó que el no haberse celebrado una entrevista previa era contrario al derecho a
condiciones de trabajo equitativas.
En consecuencia, el Tribunal de Relaciones Laborales de Malawi, al interpretar el artículo 31 de
la Constitución nacional a la luz del Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la
relación de trabajo por iniciativa del empleador, consideró que el despido del trabajador,
decidido sin mediar una entrevista previa y motivado por ausencias justificadas del trabajador,
vulneraba su derecho a condiciones de trabajo equitativas y le daba derecho a percibir una
indemnización por daños y perjuicios.
157

México
98. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Federación Democrática de
Sindicatos de Servidores Públicos, 4 de marzo de 2005, amparo en revisión 1878/2004
Temas: libertad sindical
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 333 instrumento internacional no sujeto a
ratificación 334
Amparo/ Sindicato/ Libertad sindical/ Constitución nacional/ Principio de igualdad/ Referencia
al derecho internacional para reforzar una decisión basada en el derecho interno
La Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos inició un proceso de amparo
peticionando la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado en tanto por esta ley sólo se reconoce a un sindicato (Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado) como el único ente sindical reconocido por el
Estado al cual pueden afiliarse los sindicatos; y solicitando amparo contra el acto administrativo
que denegó su registro como entidad sindical de segundo grado.
El actor invocó la protección de su derecho a la libertad sindical conforme los artículos 9, 14, 16
y 123, apartado B, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas y el Convenio núm. 87 de la OIT citando en apoyo de su pretensión decisiones
del Comité de Libertad Sindical de la OIT y comentarios de la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.
La Juez de 1ª. Instancia hizo lugar a la pretensión de la parte actora, disponiendo que el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje, actuando en Pleno, deje insubsistente el acuerdo reclamado
por el cual se negaba registración y provea lo relativo a la solicitud de registro de la Federación
Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos. Contra dicha sentencia recurrieron la
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y el Estado Mexicano.
Interviniendo en la revisión el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, confirmó la sentencia
en la materia que compete a ése tribunal y dispuso remitir los autos a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Ante la Suprema Corte, el recurrente Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado expresó sus agravios sosteniendo que: 1) la sentencia de la a quo violaba los derechos de
los trabajadores en tanto posibilitar la actuación de otro ente sindical implicaba una afectación a
la representación colectiva; 2) que la norma legal no impide a los sindicatos afiliarse a la
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado; 3) que el actor nunca solicitó
el reconocimiento estatal; 4) que no se aplicó el Convenio núm. 151 de la OIT, así como a
recomendación 159 relativa al citado Convenio, si bien es cierto que el Convenio núm. 151 de
la OIT no ha sido ratificado por el Gobierno Mexicano.
La Suprema Corte confirma el fallo recurrido, donde se había utilizado el Convenio núm. 87 de
la OIT y la jurisprudencia de los órganos de control de la OIT para reforzar la argumentación
jurídica, y declara que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es
inconstitucional en tanto que el derecho a la libertad sindical se expresa también con relación a
los sindicatos con los mismos aspectos positivos o negativos que se reconocen a los trabajadores
333 Convenio núm. 87 de OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948.
334 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
158

en forma individual, es decir, que los sindicatos pueden: 1) ingresar a una federación o
conformar una nueva; 2) no ingresar a una federación determinada o no afiliarse a ninguna; y
tienen 3) la libertad de separarse o renunciar a formar parte de una Federación. Y en éste
sentido, el legislador no está facultado para prohibir la existencia en definitiva de ulteriores
organizaciones a la creada por el propio legislador. 335
335 Cabe señalar que la decisión de la Corte Suprema en efecto coincide con el sentido de numerosas observaciones de
la Comisión de Expertos dirigidas a México con respecto a la aplicación del Convenio núm. 87.
159

Constitución del Reino de Marruecos
Marruecos
Preámbulo
(…) Consciente de la necesidad de encuadrar su acción en el marco de los organismos internacionales, a
los que pertenece como miembro activo y dinámico, el Reino de Marruecos suscribe los principios,
derechos y obligaciones que emanan de las Cartas de dichos organismos y reafirma su adhesión a los
derechos humanos tal como se reconocen universalmente. (…)
Artículo 31, párrafo 3
Los tratados que puedan oponerse a lo dispuesto en la Constitución se aprobarán de acuerdo con los
procedimientos previstos para la reforma de ésta.
Código del Trabajo del Reino de Marruecos
Preámbulo
La presente legislación laboral se caracteriza por su conformidad a los principios básicos establecidos por
la Constitución y a las normas internacionales previstas en los convenios de las Naciones Unidas y de sus
organismos especializados en el ámbito laboral.
(...)
Los derechos protegidos y cuyo ejercicio, tanto dentro como fuera de la empresa, está garantizado por la
presente ley comprenden los contemplados en los convenios internacionales de trabajo ratificados, por
una parte, y los previstos en los principales convenios de la Organización Internacional del Trabajo, por
otra, que comprenden en especial: a) la libertad sindical y la adopción efectiva del derecho de
organización y de negociación colectiva, b) la prohibición de todo tipo de trabajo forzoso, c) la
eliminación efectiva del trabajo infantil, d) la prohibición de la discriminación en materia de empleo y
ocupación, y e) la igualdad salarial.
(…)
En caso de contradicción entre disposiciones legales, se dará prioridad a la aplicación de las disposiciones
que sean más ventajosas para los asalariados.
En los procedimientos de resolución de conflictos laborales, se tomarán en consideración las distintas
disposiciones de acuerdo con el siguiente orden:
I. las disposiciones de la presente ley, los convenios y cartas internacionales ratificadas en la materia;
II. los convenios colectivos;
III. el contrato de trabajo;
IV. les decisiones arbitrales y la jurisprudencia; (…)
99. Juzgado de Primera Instancia de Sidi Slimane, Mounir Ouharro C. c. Ismail Alaoui,
25 de mayo de 2005, núm. 58/2005
Tema: despido
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 336
Despido de un trabajador sin motivo válido/ Corresponde a la empresa la carga de la prueba
del abandono del puesto de trabajo/ La simple inobservancia del procedimiento de despido y en
particular de la obligada audiencia del trabajador constituye abuso de derecho/ Efecto
inmediato del Código de Trabajo/ Consolidación de sus disposiciones en materia de despido
por las disposiciones del Convenio núm. 158 de la OIT
Los hechos se refieren al despido firme de un trabajador después de 3 años de trabajo en una
empresa de servicios telefónicos. El trabajador alegó despido abusivo por inexistencia de
336 Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
160

motivo válido y por inobservancia de los requisitos formales previstos por el Código de Trabajo
para el despido de un trabajador. Además de una indemnización por daños y perjuicios, reclamó
el pago de la diferencia entre los salarios percibidos y los que hubiera debido percibir por
aplicación del tipo del salario mínimo legal, así como la indemnización por despido, la prima
por antigüedad y diversas indemnizaciones destinadas a compensar las vacaciones y fiestas
pagadas a las que tenía derecho y la pérdida del puesto de trabajo. El tribunal ratificó el carácter
abusivo del despido y reconoció la mayor parte de estas pretensiones, sobre la base de lo
dispuesto en el Código de Trabajo, cuyo alcance reafirmó remitiendo al Convenio núm. 158 de
la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador.
Más en concreto, el demandado sostuvo que el interesado, que había trabajado para él en
régimen temporal, sustrajo fondos de la caja de la “teletienda” y abandonó voluntariamente su
puesto de trabajo una vez que se descubrió su acción y tras la denuncia del hecho ante la
fiscalía. Por lo tanto, cuestionó la calificación de ruptura abusiva del contrato de trabajo y
solicitó del tribunal, a título principal, la suspensión del procedimiento hasta que recayese
sentencia en el proceso penal y, a título accesorio, la desestimación de la demanda por falta de
base legal y de fundamento serio.
Tras la indagatoria realizada, el tribunal consideró probadas tanto la existencia de una relación
de trabajo continuada entre las partes como la ruptura de la misma. En lo que se refiere a la
alegación de abandono del puesto de trabajo, señaló que, de acuerdo con lo dispuesto en el
Código de Trabajo, la carga de la prueba corresponde a la empresa. Consideró que el carácter
abusivo del despido quedaba probado por la simple inobservancia del procedimiento legal que
prevé, entre otras cosas, la notificación por escrito del despido por falta grave en las 48 horas
siguientes a la toma de la decisión y a la audiencia previa del trabajador. A este respecto,
remitió a las disposiciones del Código de Trabajo y del Convenio núm. 158 de la OIT, en los
siguientes términos:
“Considerando que la carga de la prueba del abandono voluntario del puesto de trabajo
corresponde a la empresa a tenor del artículo 63, apartado 2, requisito que no cumplió
el demandado; que la falta grave supuestamente cometida por el trabajador según el
demandado hubiera debido tener como consecuencia un despido disciplinario a tenor
del artículo 61 del Código de Trabajo, lo que, por otra parte, hubiera dado ocasión al
trabajador de defenderse durante la audiencia prevista en el artículo 62. Asimismo, el
artículo 63 prevé la notificación por escrito del despido al trabajador dentro de las 48
horas siguientes a la toma de la decisión, requisito que no cumplió el demandado; de
todo ello se deriva que el despido carece de base legal, aun en el caso de que el
trabajador hubiera cometido el robo del que se le acusa, puesto que no se observaron
los procedimientos de despido citados.
Considerando que cabe destacar al respecto que las disposiciones del Código de
Trabajo antes mencionadas están corroboradas por el Convenio núm. 158 de la OIT
sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, ratificado
por Marruecos el 7 de octubre de 1993, que declara en su artículo 4: “No se pondrá
término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una
causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las
necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”, y afirma en
su artículo 7 que no deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador
por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya
ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él; (…)”
Sobre la base del Código de Trabajo y confirmado con la referencia al Convenio núm. 158 de la
OIT, el Tribunal de Sidi Slimane concluyó que, en ausencia de una audiencia previa y de la
notificación por escrito de la ruptura del contrato de trabajo, el despido del trabajo debía
considerarse abusivo.
161

Mauricio
100. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Mauricio, Pointu c. el Ministro de
Educación y Ciencia, 27 de octubre de 1995, núm. S.C.J. 350
Tema: principio general de igualdad
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado; 337 jurisprudencia internacional; 338
jurisprudencia comparada 339
Nueva reglamentación para unas pruebas selectivas/ Demanda por incumplimiento del
principio de igualdad/ Uso de la jurisprudencia comparada e internacional como guía para la
interpretación de las disposiciones de la Constitución nacional
Los estudiantes de Mauricio realizaban todos los años una prueba selectiva para poder acceder a
los mejores centros de enseñanza secundaria del país. Ante la modificación del tipo de pruebas y
de los métodos de cálculo de las calificaciones, algunos ciudadanos de Mauricio acudieron al
Tribunal Supremo. Los demandantes alegaban que las nuevas disposiciones vulneraban el
principio de igualdad establecido en los artículos 3 y 16 de la Constitución nacional, 340 al
introducir distintos coeficientes en función de las asignaturas elegidas en el examen.
Antes de analizar los artículos aplicables de la Constitución nacional, el Tribunal Supremo
examinó la posibilidad de interpretar los derechos fundamentales establecidos en la misma en
conjunción con fuentes extranjeras e internacionales. Tras estudiar los precedentes judiciales, el
Tribunal llegó a la siguiente conclusión:
“A nuestro juicio, el mejor planteamiento es que una constitución, sobre todo la parte de
la misma que recoge los derechos fundamentales, debe interpretarse desde una
perspectiva histórica, a la luz de sus fuentes y, en la medida de lo posible, de las
sentencias dictadas por tribunales nacionales e internacionales sobre la base de
disposiciones similares.”
En su argumentación, el Tribunal “consideró, entre otras, las normas internacionales relativas a
los derechos humanos desde la perspectiva adoptada por el Comité de Derechos Humanos en el
Caso Zwaan de Vries contra los Países Bajos, 341 en el que se señala que el artículo 26 [del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos] impone al Estado un código de buena conducta
en el ejercicio de sus funciones legislativas, administrativas y judiciales.”
337 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.
338 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
339 India y los Estados Unidos.
340 Artículo 3 de la Constitución de Mauricio: “La Constitución reconoce y declara que en Mauricio han existido y
seguirán existiendo, sin discriminación por razón de raza, lugar de origen, opinión política, color, religión o sexo y
con sujeción al respeto de los derechos y libertades ajenos y al interés público, todos y cada uno de los siguientes
derechos humanos y libertades fundamentales (...).”
Artículo 16 de la Constitución de Mauricio:
“1) Con sujeción a lo dispuesto en los subapartados 4), 5) y 7), ninguna norma establecerá disposiciones
discriminatorias o con efectos discriminatorios.
2) Con sujeción a lo dispuesto en los subapartados 6), 7) y 8), nadie podrá ser tratado de forma discriminatoria por
cualquier persona que actúe en el ejercicio de una función pública legalmente conferida o de las funciones propias de
cualquier autoridad pública (…).”
341 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, comunicación núm. 182/1984: Zwaan de Vries c. los
Países Bajos, 9 de avril de 1987, CCPR/C/29/D/182/1984.
162

A continuación, el Tribunal Supremo examinó la jurisprudencia de los Estados Unidos y de la
India y adoptó el “enfoque por categorías” de esta última. 342 Sobre esa base, el Tribunal
consideró que la nueva reglamentación introducía una diferencia de trato entre los estudiantes, a
pesar de que todos ellos pertenecían a una misma categoría, lo que resultaba contrario al
“principio de igualdad ante la ley y del derecho a igual protección de la ley 343 establecido en
nuestra Constitución.”
La referencia al derecho internacional y extranjero permitió al Tribunal Supremo de Mauricio
afirmar que las disposiciones de la nueva reglamentación para las pruebas selectivas eran
discriminatorias al establecer diferencias de trato entre personas pertenecientes a una misma
categoría. En consecuencia, el Tribunal declaró inconstitucional la nueva reglamentación.
342 El Tribunal Supremo de la India definió el “enfoque por categorías” en su sentencia del Caso R. K. Garg c. Union
of India (1981) de la siguiente forma: “Las personas que se encuentran en situaciones similares deben ser tratadas de
igual forma, mientras que las personas que se encuentran en situaciones diferentes no deben recibir igual trato. Deben
satisfacerse las dos condiciones siguientes para poder analizar correctamente la categorización autorizada: (i) la
categorización debe basarse en una diferencia inteligible que distinga a un grupo de personas o cosas de aquellas
otras que no pertenecen al grupo y (ii) también debe existir una relación lógica entre esta diferencia y el objeto del
instrumento legal en cuestión. Aunque la categorización puede basarse en diversos criterios, lo importante es que
exista una relación entre dicha distinción y el objeto del instrumento legal en cuestión.”
343 Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todas las personas son iguales ante la ley y
tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y
garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.”
163

Constitución de Níger
Níger
Preámbulo
(…) El pueblo soberano de Níger: proclama su adhesión al principio de la democracia pluralista, así como
a la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y a la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de
los Pueblos de 1981, tal como quedan garantizados por la presente Constitución; (…)
Artículo 132
Los tratados y acuerdos debidamente ratificados tendrán, desde su publicación, un rango superior a las
leyes, siempre que sean aplicados por la otra parte.
101. Tribunal Constitucional de Níger, 16 de enero de 2002, sentencia núm. 2002-004/CC
Tema: derecho a la tutela judicial efectiva
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumento utilizado: instrumento no sujeto a ratificación 344
Examen de los nuevos estatutos y reglamentos del Tribunal Supremo por parte del Tribunal
Constitucional/ Derecho a la tutela judicial efectiva/ Aplicación directa de un instrumento
internacional con valor constitucional
El Tribunal Constitucional de Níger debía pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley que
modificaba la composición, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Supremo.
Uno de los artículos de dicha ley establecía que, en caso de reclamación contra un
nombramiento, debía dictarse una sentencia en un plazo máximo de 60 días. A falta de tal
sentencia, la reclamación se consideraría desestimada ipso iure de modo definitivo.
El Tribunal analizó la conformidad de esta disposición con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (integrada en el apartado sobre constitucionalidad) 345 y concluyó que el
artículo en cuestión infringía: “lo dispuesto en el artículo 8 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948 que establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un
recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.””
En consecuencia, sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
Tribunal Constitucional de Níger declaró inconstitucionales las disposiciones legislativas que
preveían la desestimación de una reclamación contra un nombramiento cuando no se hubiera
dictado una sentencia en un plazo máximo de 60 días.
344 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
345 Preámbulo de la Constitución de Níger: “(…) El pueblo soberano de Níger: proclama su adhesión al principio de
la democracia pluralista, así como a la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y a la Carta Africana sobre los
Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, tal como quedan garantizadas por la presente Constitución; (…)”
164

Constitución de la República federal de Nigeria
Nigeria
Artículo 12, párrafo 1
Los tratados entre la República Federal de Nigeria y cualquier otro país no tendrán fuerza legal hasta que
no hayan sido incorporados al derecho interno mediante ley por la Asamblea Nacional.
102. Tribunal Supremo de Nigeria, Abacha c. Fawehinmi, 28 de avril de 2000, núm. SC
45/1997
Tema: condiciones de la privación de libertad
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 346 jurisprudencia comparada 347
Detención arbitraria/ Demanda ante el Tribunal Supremo/ Determinación del valor de la Carta
Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos en el derecho interno/ Uso del derecho
internacional como guía para la interpretación del derecho interno
Un activista pro derechos humanos fue retenido en prisión durante una semana sin que existiera
una orden de detención ni se hubiera presentado ninguna causa contra él. Durante ese período,
se le mantuvo completamente aislado antes de ser encarcelado. Por esa razón, presentó una
demanda ante el Tribunal Supremo reclamando el respeto de sus derechos fundamentales y
alegando, entre otras cosas, que su arresto contravenía los artículos 4, 5, 6 y 12 348 de la Carta
Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (ratificada por Nigeria).
El principal problema jurídico que debía resolver el Tribunal Supremo era el valor que poseía,
en el sistema jurídico interno, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,
ya que de su decisión sobre este punto dependía la admisibilidad de la demanda.
346
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969; Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de
los Pueblos, 1981.
347
Francia y Reino Unido.
348
Artículo 4 de la Carta africana sobre los derechos humanos y de los pueblos: “El ser humano es inviolable. Todo
ser humano tiene derecho al respeto de su vida y de la integridad de su persona. Nadie puede ser privado de ese
derecho arbitrariamente.”
Artículo 5 de la Carta africana sobre los derechos humanos y de los pueblos: “Toda persona tendrá derecho al respeto
de la dignidad inherente al ser humano y al reconocimiento de su personalidad jurídica. Se prohíben todas las formas
de explotación y degradación del hombre, especialmente la esclavitud, el comercio de esclavos, la tortura y el castigo
y el trato cruel, inhumano o degradante.”
Artículo 6 de la Carta africana sobre los derechos humanos y de los pueblos: “Todo individuo tendrá derecho a la
libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede ser privado de su libertad más que por razones y condiciones
previamente establecidas por la ley. En especial, nadie puede ser arrestado o detenido arbitrariamente.”
Artículo 12 de la Carta africana sobre los derechos humanos y de los pueblos:
“1) Todo individuo tendrá derecho a la libertad de tránsito y de residencia dentro de las fronteras de un Estado,
siempre que se atenga a la ley.
2) Todo individuo tendrá derecho a salir de cualquier país, incluido el suyo, y retornar a su propio país. Este derecho
sólo está sujeto a las restricciones estipuladas por la ley para la protección de la seguridad nacional, la ley y el orden,
la salud pública o la moral.
3) Todo individuo tendrá derecho, cuando esté perseguido, a buscar y obtener asilo en otros países de conformidad
con las leyes de esos países y los convenios internacionales.
4) Un extranjero legalmente admitido en un territorio de un Estado firmante de la presente Carta, sólo puede ser
expulsado de él en virtud de una decisión tomada de conformidad con la ley.
5) La expulsión masiva de extranjeros está prohibida. Se entenderá por expulsión masiva aquella dirigida a un grupo
nacional, racial, étnico o religioso.”
165

En primer lugar, el Tribunal Supremo definió el término ‘tratado’ conforme a la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Tras invocar la jurisprudencia inglesa relativa
al Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea para el Reino Unido, uno de los
magistrados del Tribunal Supremo señaló lo siguiente:
“La abundante jurisprudencia al respecto muestra claramente que los tratados pueden
crear derechos y obligaciones no sólo entre los propios Estados miembros, sino entre los
ciudadanos y los Estados miembros y entre los propios ciudadanos.”
Además, el Tribunal consideró que:
“El espíritu de una convención o tratado exige que la interpretación y aplicación de sus
disposiciones se ajuste a los conceptos jurídicos internacionales y civilizados, es decir,
los conceptos generalmente aceptados y, al mismo tiempo, de clara aplicación. Por
tanto, los tribunales no deben interpretar las leyes de modo que entren en conflicto con
el derecho internacional.”
El Tribunal prosiguió su argumentación basando su interpretación en la jurisprudencia inglesa y de
ese modo alegó que, ya que los tratados se incorporan al orden jurídico interno de Nigeria mediante
una ley nacional, éstos “adquieren carácter vinculante y nuestros tribunales tienen la obligación de
aplicarlos como las restantes leyes en el ámbito de sus competencias.”
Con respecto al lugar que ocupa la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los
Pueblos en la jerarquía normativa de Nigeria, el Tribunal afirmó que la ley que incorporó dicha
Carta al orden jurídico interno “es una ley con acento internacional. Por tanto, en caso de
conflicto entre esta y otra ley, sus disposiciones prevalecerán sobre las de la otra ley, pues se
presume que el poder legislativo no desea incumplir sus obligaciones internacionales. En
consecuencia, tiene mayor fuerza y valor jurídico que cualquier otra ley nacional.”
A continuación, el Tribunal señaló que, dado que la Carta es un instrumento para la protección
de los derechos humanos, sus disposiciones pueden invocarse ante los tribunales nigerianos.
Para justificar su argumentación, el Tribunal se basó directamente en los artículos de la Carta
que establecen que las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados tienen derecho a la tutela
judicial efectiva para defenderlos. 349
Finalmente, es interesante señalar que el Tribunal Supremo consideró que el hecho de que la
legislación no previera un recurso específico no impedía que los ciudadanos reclamaran la
aplicación de los derechos reconocidos en la Carta. Esta posibilidad podía aplicarse, incluso,
utilizando el procedimiento previsto para la protección de los derechos fundamentales
contenidos en la Constitución nacional.
Por tanto, el Tribunal Supremo de Nigeria, tras interpretar el derecho interno a la luz del
derecho internacional y extranjero, consideró que los tratados ratificados e incorporados
mediante ley al derecho interno tenían rango jerárquico superior a las restantes leyes nacionales.
Sobre esta base, tras admitir el recurso del activista pro derechos humanos, el Tribunal
consideró directamente aplicables las disposiciones de la Carta Africana sobre los Derechos
Humanos y de los Pueblos.
349 Artículo 7, 1), a) de la Carta africana sobre los derechos humanos y de los pueblos: “Todo individuo tiene derecho
a que sea visto su caso, lo cual implica: a) derecho de apelación a órganos nacionales competentes contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos y garantizados por los convenios, leyes, ordenanzas y costumbres
vigentes.”
166

Constitución del Reino de Noruega
Noruega
Artículo 110, párrafo c)
Las autoridades del Estado tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos. Se regularán
mediante ley las medidas concretas para la aplicación de los tratados correspondientes.
103. Tribunal Supremo de Noruega, Diasos c. el Director Administrativo de
Diakonhjemmet, 27 de noviembre de 1986
Tema: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 350
Discriminación religiosa en un colegio privado cristiano/ Requisitos inherentes al puesto de
trabajo/ Interpretación de la legislación nacional a la luz de un convenio internacional
incorporado al ordenamiento jurídico interno
Un centro cristiano de enseñanza secundaria adoptó un reglamento en el que se establecía la
posibilidad de interrogar a los empleados sobre sus creencias religiosas. Esta disposición había
provocado supuestamente la dimisión de un responsable administrativo del colegio. A raíz de
ello, se había presentado una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia solicitando la
anulación del reglamento. En su sentencia, el juez dictaminó que el colegio tenía el derecho de
interrogar al personal docente e investigador sobre sus creencias religiosas, pero no al
responsable administrativo. Esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal de Segunda Instancia,
que concluyó que el reglamento en cuestión era ilegal con respecto a todos los puestos de
trabajo. El colegio recurrió esta última sentencia ante el Tribunal Supremo de Noruega, pero se
limitó únicamente al caso del personal docente.
El Tribunal Supremo aclaró, en primer lugar, el significado del artículo de la ley noruega
relativa a la discriminación en el empleo y la ocupación, interpretándolo en conjunción con el
derecho internacional:
“Antes de la aprobación de la Ley sobre la protección de los trabajadores y del entorno
laboral, 351 Noruega había ratificado el Convenio núm. 111 de la OIT, por lo que debe
presumirse que el artículo 55, A) de la Ley 352 no contraviene las obligaciones que
Noruega asumió en virtud de dicha ratificación con respecto a la legislación adoptada
con posterioridad a la misma. Hago también referencia en este punto a lo expuesto en
los trabajos preparatorios (...) de la Ley. Considero, por tanto, incuestionable que al
interpretar el artículo 55, A) se tenga en especial consideración el Convenio.
Según el artículo 55, A), las disposiciones que prohíben la obtención de información no serán de
aplicación si la naturaleza del puesto justifica que se recoja esa información. La cuestión
jurídica fundamental en este caso es si dicha cláusula de excepción debe entenderse de modo
que las circunstancias en las que se exige la información han de estar relacionadas con una
350 Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
351 Ley de 1977 sobre la protección de los trabajadores y del entorno de trabajo.
352 Artículo 55 de la Ley de protección de los trabajadores y el entorno de trabajo de 1977: “El empleador no podrá,
ni mediante el anuncio de puestos vacantes ni de ningún otro modo, exigir a los solicitantes que suministren
información relativa a sus opiniones políticas, religiosas o culturales o a su eventual afiliación sindical. El empleador
no podrá tampoco adoptar medidas para intentar obtener dicha información por otros medios. Estas disposiciones no
serán de aplicación si la naturaleza del puesto justificara que se proporcionara esa información.”
167

cualificación absolutamente necesaria para el puesto en concreto o si es suficiente que la
cualidad en cuestión sea necesaria para la categoría de los puestos de que se trate.”
A continuación, el Tribunal Supremo interpretó el artículo 55 de la ley noruega de la siguiente
forma: “La finalidad general del puesto puede ser tomada en consideración como un factor de la
evaluación del puesto en concreto.” Esta interpretación ofrecía la posibilidad de evaluar el puesto
no sólo en función de las cualificaciones exigidas para el puesto en cuestión sino también de la
naturaleza del tipo de puesto en general.
El Tribunal examinó, a continuación, si su interpretación era conforme al Convenio núm. 111 de
la OIT:
“La interpretación del artículo 55, A) en la que aquí me baso parece estar conforme a lo
que puede considerarse una consecuencia natural de la disposición de excepción del
apartado 2 del artículo 1 del Convenio núm. 111 de la OIT. En el texto inglés, dicha
disposición establece: “Any distinction, exclusion or preference in respect of a
particular job based on the inherent requirements thereof shall not be deemed to be
discrimination” (Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las
calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como
discriminación).
La expresión “inherent requirement” (calificaciones exigidas) debe entenderse como
una alusión a las cualificaciones inherentes o naturalmente asociadas al puesto. En
consecuencia, no puedo interpretar dicha disposición de modo que admita excepciones
únicamente en el caso de que las cualidades necesarias para la realización del trabajo
naturalmente asociadas al puesto concreto estén en cuestión. Téngase en cuenta que los
trabajos preparatorios del Convenio, citados en cierta medida por el abogado de la
defensa, ofrecen escasa orientación sobre la expresión “inherent requirement”.
Por su parte, el texto francés, que tiene la misma autoridad que el inglés, reza así: “Les
distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualification exigées pour un
emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations”. En este caso,
por tanto, se utilizan las palabras ‘les qualifications exigées’. En un borrador anterior, el
prerrequisito que se desprendía de esta expresión se veía reforzado por la palabra
“nécessairement’, que se suprimió posteriormente en la versión definitiva. A mi juicio,
esta modificación corrobora mi interpretación de la disposición del Convenio.”
El Tribunal Supremo de Noruega utilizó, de este modo, el derecho internacional como guía para
la interpretación del derecho nacional y consideró que puede tenerse en cuenta la finalidad
general del puesto como un factor de evaluación de las cualificaciones exigidas para un empleo
determinado. Además, el Tribunal resaltó la importancia de tomar en consideración el Convenio
núm. 111 de la OIT para la interpretación de la legislación interna sobre la discriminación en el
empleo y la ocupación. 353
353 Es interesante señalar que los sindicatos noruegos presentaron una reclamación (en virtud del artículo 24 de la
Constitución de la OIT) relativa al artículo 55, A). En el informe del comité encargado del examen de la reclamación
se afirma lo siguiente: “Con respecto a la Ley noruega de 1977 sobre la protección de los trabajadores y el entorno de
trabajo, en cuyo artículo 55, A) se establece que el empleador podrá solicitar a los candidatos a puestos vacantes
información sobre sus opiniones políticas, religiosas o culturales si así lo exige la naturaleza del puesto o si el objeto
de la actividad del empleador es la promoción de opiniones políticas, religiosas o culturales y el puesto es relevante
para la consecución de dicho objetivo, el comité considera que para cumplir el apartado 2 del artículo 1 del Convenio
núm. 111 hay que tener en cuenta las exigencias efectivas del puesto en cuestión y, cuando sea necesario, la
incidencia directa de esas tareas en los objetivos de la institución. Naturalmente, el hecho de que una organización
tenga una ideología particular será una razón para exigir que ciertos puestos tengan que ser ocupados por personas de
esa misma ideología. Sin embargo, para mantener la conformidad con el Convenio, las responsabilidades de tales
puestos deben relacionarse directamente con la prosecución de la promoción de los objetivos de la institución. Como
corolario, el comité estima que en ciertas organizaciones la consideración de las “calificaciones exigidas para un
empleo determinado” puede implicar cuestiones tales como la de saber si habría un riesgo de que quede frustrada,
socavada o perjudicada la consecución de los objetivos de la institución, por el hecho de emplear en un puesto
particular a alguien que no comparte la ideología de la organización. Sin embargo, de las opiniones expresadas por el
comité de expertos se deduce claramente que las distinciones hechas en estas circunstancias sólo pueden justificarse
168

Nueva Zelanda
104. Tribunal de Apelación de Wellington, Tavita c. el Ministro de Inmigración, 17 de
diciembre de 1993, núm. [1994] 2 NZLR 257
Temas: derecho de residencia; derechos del niño
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 354 jurisprudencia internacional 355
Inmigración/ Extranjero casado con una ciudadana neozelandesa y padre de una niña,
amenazado con la expulsión del territorio/ Obligación por parte de la Administración de tener
en cuenta las normas internacionales relativas a los derechos humanos
El Ministerio de Inmigración hizo llegar una orden de expulsión a un ciudadano de las Islas
Samoa casado con una ciudadana neozelandesa, con la que había tenido una hija. Dicho
extranjero solicitó, sin éxito, la reconsideración del caso por razones humanitarias. La cuestión
principal del procedimiento ante el Tribunal de Apelación era si, en ausencia de normas legales
que lo impusieran expresamente, las autoridades administrativas, en el ejercicio de sus
facultades discrecionales, debían tener en cuenta los instrumentos internacionales ratificados por
Nueva Zelanda.
El Tribunal de Apelación de Wellington analizó, en primer lugar, las disposiciones aplicables de
los instrumentos internacionales, para determinar si la Administración hubiera modificado su
decisión de expulsión en el caso de que hubiera tenido en cuenta dichas disposiciones. Para ello
revisó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 23, 1) y 24, 1)) 356 y la
Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 91), 357 así como la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 358
El Tribunal observó que el Tribunal Europeo había estimado, en dos de sus sentencias, que las
consecuencias de la extradición de ciudadanos extranjeros sobre su situación y la de sus familias
resultaban desproporcionadas con respecto al fin perseguido. El Tribunal de Apelación
consideró que podía adoptarse este mismo enfoque de acuerdo con el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño. A tal efecto, el
punto de partida para el examen del caso debía ser la situación de la familia y del niño.
en virtud del Convenio si el puesto por sí mismo implica responsabilidades especiales.” (OIT: Informe del Comité
encargado de examinar la reclamación presentada por la Federación Noruega de Sindicatos (LO) en virtud del
artículo 24 de la Constitución de la OIT, alegando el no cumplimiento del Convenio núm. 111 por Noruega, Boletín
Oficial, vol. LXVI, serie B, núm. 1, Ginebra, 1983, páginas 177 a 186, párrafos 10 y 29.)
354
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966; Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, 1966; Convención sobre los Derechos del Niño, 1989.
355
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
356
Artículos 23, 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”
Artículo 24, 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todo niño tiene derecho, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento,
a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y
del Estado.”
357
Artículo 9, 1) de la Convención sobre los Derechos del Niño: “Los Estados Partes velarán por que el niño no sea
separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades
competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria
en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos
en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.”
358
Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Berrehab c. los Países Bajos (1988) 11 EHRR 322; Beldjoudi c.
Francia (1992) 14 EHRR 801.
169

Una vez establecido que la consideración de los instrumentos internacionales podía modificar la
decisión de expulsión adoptada por la Administración, el Tribunal de Apelación señaló que ésta
debía tener en cuenta los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos en el
ejercicio de sus facultades discrecionales. Asimismo juzgó poco convincente la tesis contraria,
pues ello supondría que la adhesión de Nueva Zelanda a los instrumentos internacionales era
meramente “decorativa”, en palabras del Tribunal.
Aunque el Tribunal no analizó de manera general el efecto de los convenios internacionales
relativos a los derechos humanos sobre la legislación nacional, consideró que la ratificación por
parte de Nueva Zelanda del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos tenía consecuencias sobre el ejercicio del poder judicial nacional.
“Desde la adhesión de Nueva Zelanda al Protocolo Facultativo, el Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas forma parte, en cierto sentido, de la estructura judicial
de este país, ya que las personas situadas bajo la jurisdicción de los tribunales
neozelandeses tienen derechos directos de recurso ante el mismo. La falta de aplicación
práctica de los instrumentos internacionales de los que Nueva Zelanda es parte podría
suscitar críticas. Éstas serían legítimamente extensibles a los tribunales neozelandeses si
éstos aceptaran el argumento de que, debido a que la legislación nacional que acuerda
poderes discrecionales en términos generales no menciona las normas u obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos, el poder ejecutivo es completamente
libre de no aplicarlas.”
En consecuencia, el Tribunal de Apelación de Wellington consideró que, aunque la legislación
en materia de inmigración no estipulaba expresamente que la Administración tuviera que tomar
en consideración las obligaciones internacionales contraídas por Nueva Zelanda en el ejercicio
de sus facultades discrecionales, ello no significaba que ésta pudiera hacer caso omiso de ellas.
En consecuencia, instó al Ministerio de Inmigración que reexaminara la decisión de expulsión
teniendo en cuenta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre
los Derechos del Niño.
105. Tribunal Supremo de Nueva Zelanda, Van Gorkom c. el Fiscal General y otro, 10 de
febrero de 1977, núm. [1977] 1 NZLR 535
Temas: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación; igualdad de
remuneración
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: instrumento no sujetos a ratificación 359
Sistema educativo nacional/ Concesión de una asignación por traslado únicamente a los
profesores masculinos/ Demanda ante el Tribunal Supremo/ Referencia al derecho
internacional para reforzar una decisión basada en el derecho interno
Las disposiciones de un reglamento administrativo preveían el reembolso de los gastos de
traslado únicamente para los hombres casados. En virtud de la legislación nacional, el Tribunal
Supremo dictaminó que esta diferencia de trato era discriminatoria.
Para reforzar su decisión, el Tribunal se refirió al derecho internacional señalando que:
359
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948; Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer, 1967.
170

“(...) la referencia a ciertos documentos internacionales, aunque no sea imprescindible,
no resulta fuera de lugar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada
y promulgada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como “ideal
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”, establece en sus
artículos 2 y 23, 2) que “toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración, sin distinción alguna [entre otros] de sexo” y que “toda persona tiene
derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”. Por su parte, la
Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, adoptada por la
Asamblea General en 1967, establece en su artículo 10, 1) que: “Deberán adoptarse
todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, casada o no, los mismos
derechos que al hombre en la esfera de la vida económica y social, y en particular: (...)
b) El derecho a igual remuneración que el hombre y a igualdad de trato con respecto a
un trabajo de igual valor”. (…)
Obviamente, estas declaraciones generales no aluden directamente a cuestiones tan
concretas como los gastos de traslado, ni forman parte de nuestro derecho interno. Son
objetivos que los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben esforzarse en
alcanzar. Pero en relación con ciertos derechos sociales enunciados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (…):
“Pueden considerarse, no obstante, como la expresión de objetivos legislativos que
podrían influir en la interpretación de las leyes por parte de los diversos tribunales
nacionales”.”
El Tribunal Supremo de Nueva Zelanda consideró que, en este caso, el reglamento que
establecía una diferencia de trato entre hombres y mujeres no era conforme al derecho interno ni
era compatible con el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la
Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. De ese modo, reconoció
que estos instrumentos desempeñan un papel en la interpretación del derecho interno, por lo que
consideró discriminatorias las disposiciones relativas a los gastos de traslado.
171

Constitución Nacional de Paraguay
Paraguay
Artículo 137, párrafo 1
La ley suprema de la República es la Constitución. Ésta, los tratados, convenios y acuerdos
internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas
de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de
prelación enunciado.
Artículo 141
Los tratados internacionales validamente celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos
instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno
con la jerarquía que determina el artículo 137.
Código de Trabajo
Artículo 6
A falta de normas legales o contractuales de trabajo, exactamente aplicables al caso controvertido, se
resolverá de acuerdo con la equidad, los principios generales del Derecho Laboral, las disposiciones de
los convenios de la Organización Internacional del Trabajo aplicables al Paraguay, los principios del
derecho común no contrarios a los del Derecho Laboral, la doctrina y jurisprudencia, la costumbre o el
uso local.
106. Corte Suprema de Justicia, Acción de inconstitucionalidad planteada por la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central Nacional de Trabajadores (CNT) c. el
Decreto núm. 16769 dictado por el Ejecutivo, 23 de septiembre de 2000, expediente
núm. 35
Tema: libertad sindical
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 360
Libertad sindical/ Decreto dictado por el Ejecutivo que establece procedimientos de elección en
la dirección de las organizaciones sindicales/ Referencia al derecho internacional para
reforzar una decisión basada en el derecho interno
Los sindicatos demandantes interpusieron la acción de inconstitucionalidad contra un decreto
dictado por el Ejecutivo, a través del cual se establecían normas para la elección de la dirección
de las organizaciones sindicales. 361 Los demandantes alegaron que el decreto violaba la
Constitución en lo referente a los principios de libertad sindical.
Para determinar si las disposiciones decretadas por el Ejecutivo para regular la elección de la
dirección sindical eran inconstitucionales, la Corte Suprema analizó la Constitución Nacional 362
y se refirió al Convenio núm. 87 de la OIT, 363 el cual garantiza efectivamente la autonomía de
360
Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948.
361
Decreto núm. 16769 de 1993.
362
Artículo 97 de la Constitución de Paraguay: “Los sindicatos tienen el derecho a promover acciones colectivas y a
concertar convenios sobre las condiciones de trabajo. El Estado favorecerá las soluciones conciliatorias de los
conflictos de trabajo y la concertación social. El arbitraje será optativo.”
363
De acuerdo con la Constitución Paraguay, los convenios internacionales tienen valor superior a las leyes
nacionales. Artículo 137, 1) de la Constitución: “La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados,
convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones
172

las organizaciones para elegir con libertad a sus representantes y establece, además, la
abstención de toda intervención por parte de la autoridad pública.
La Corte consideró que, en base a dicho convenio internacional, el decreto del Ejecutivo en el
que establecía normas precisas que regulan detalladamente las elecciones sindicales constituía
una limitación del derecho de los sindicatos a la libertad de elección de sus autoridades y una
injerencia indebida por parte de la Autoridad Pública.
La Corte Suprema se pronunció de la siguiente manera:
“Con el argumento expuesto en el titulo del Decreto de establecer normas para la
elección de la dirección de las organizaciones sindicales, se cancela la personería
gremial de los sindicatos, cuyos estatutos no se adecuan a su normativa, se incorporan
nuevos organismos al sistema electoral sindical, se permite la intervención de la
Autoridad Administrativa del Trabajo en la formación de dichos organismos, (…) se
establece la forma de redactar los padrones (…), se fijan los plazos para las tachas y
reclamaciones y se establecen los mecanismos para obligar a las Federaciones y
Confederaciones a que comuniquen previamente al Ministerio del Trabajo los padrones
que utilizarán, (…), se fija la fecha de convocatoria, se ordena su publicación en los
diarios y se establece la obligatoriedad de la designación de delegados. En cuanto a las
candidaturas, se permite la posibilidad de que la Autoridad Administrativa del trabajo se
encargue de las elecciones bajo ciertas circunstancias (…).”
Asimismo, la Corte Suprema afirmó:
“Con el Decreto del Ejecutivo, no se pretende dar cumplimiento al precepto
constitucional, sino eliminar derechos consagrados en la propia Constitución y en los
convenios internacionales suscritos por el Paraguay (artículo 97 y concordantes de la
Constitución Nacional y Convenio núm. 87 de la OIT, artículos 3, 4, 7). 364
Además de violar la Constitución Nacional, el Decreto en cuestión también contradice
disposiciones del Convenio núm. 87 relativo a la libertad sindical y a la protección del
derecho de sindicación.”
A continuación, la Corte citó expresamente los artículos 2 y 3 de dicho Convenio. 365
En consecuencia, la Corte Suprema de Paraguay se basó en la Constitución Nacional e hizo
referencia al Convenio núm. 87 de la OIT para descartar el decreto del Ejecutivo, declarando su
inconstitucionalidad, porque establecía normas y procedimientos para las elecciones de los
dirigentes sindicales, interfiriendo en el derecho de las organizaciones de elegir libremente a sus
representantes.
jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en orden de
prelación enunciado.”
364 Artículo 3, 1) del Convenio núm. 87: “Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de
redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su
administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.”
Artículo 3, 2) del Convenio núm. 87: “Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a
limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.”
Artículo 4 del Convenio núm. 87: “Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución
o suspensión por vía administrativa.”
Artículo 7 del Convenio núm. 87: “La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y
de empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la
aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio.”
365 Artículo 2 del Convenio núm. 87: “Los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización
previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las
mismas.”
173

107. Tribunal de Apelación del Trabajo, Segunda Sala, Inca S.A.C.I. c. Virgilio Villalba
sobre justificación de causal de despido, 30 de mayo de 2000, acuerdo y sentencia
núm. 41
Tema: despido
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado no ratificado; 366 jurisprudencia comparada 367
Despido por supuestos insultos y maltratos contra el empleador/ Uso del derecho internacional
como guía para la interpretación del derecho interno
Para justificar la causal de despido contra un trabajador, una empresa interpuso una demanda
laboral. Dicha demanda tuvo por finalidad justificar que el despido se produjo por incurrir el
trabajador en falta de respeto, injuria, maltrato de parte hacia su jefe y desobediencia a la orden
de trabajo.
La alegada falta de respeto había consistido en un supuesto insulto pronunciado por el
demandado a su jefe, durante una discusión generada por el cambio de tareas que la empresa
dispuso para el trabajador afectado, ante lo cual éste último manifestó su disconformidad. El
juez de primera instancia acogió la demanda del empleador. Ante tal hecho, el demandado
presentó el correspondiente recurso de apelación.
Para determinar si hubo justificación de causal de despido por falta de respeto de parte del
demandado hacia su jefe, el Tribunal de Apelación usó la jurisprudencia española 368 para
interpretar el Código de Trabajo. 369 El Tribunal consideró que si bien el insulto es una causa
justa de despido, la simple discusión promovida por el trabajador con el superior al no estar de
acuerdo con una decisión de la empresa, no constituye causa de despido.
Asimismo, el Tribunal interpretó el Código de Trabajo a la luz del Convenio núm. 158 de la
OIT, para aclarar que la queja del trabajador ante una supuesta infracción del superior inmediato
no constituye falta de respeto que de lugar al despido.
El Tribunal se pronunció al respecto de la siguiente manera:
“En cuanto a los malos tratos, sean de palabra o de obra, configuran causal potencial de
despido si ellos se traducen en actos de violencia corporal, en amenazas, en insultos,
improperios y otras múltiples formas de vejaciones o molestias. El Tribunal Supremo
de España ha resuelto que no constituye causa de despido la simple discusión
promovida por un trabajador al notificarle el Gerente la suspensión de su cargo: pues
discutir, debatir o ventilar razonadamente una materia o cuestión parece atributo
personal innegable y, a menos de que se trasponga el limite que la corrección impone,
no implica acto contrario al respeto que debe guardarse a la representación patronal.
Tampoco supone falta de respeto y consideración suficiente para dar lugar al despido la
denuncia por un trabajador de algunas infracciones cometidas, a su juicio, por su
superior inmediato, cuando resulten ciertos los hechos que denunciaba, siguiendo los
366 Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
367 Sentencia del Tribunal Supremo de España.
368 Compendio de Derecho Laboral, página 971: “No constituye causa de despido la simple discusión promovida por
un trabajador al notificarle el gerente la suspensión de su cargo, pues, discutir, debatir o ventilar razonadamente una
materia o cuestión parece atributo personal innegable; y a menos de que trasponga el limite que la corrección impone,
no implica acto contrario al respeto que debe guardarse a la representación patronal.”
369 Artículo 81, c) del Código de Trabajo de Paraguay: “Los actos de violencia, amenazas, injurias o malos
tratamientos del trabajador para con el empleador, sus representantes, familiares o jefes de empresas, oficina o taller
cometidos durante las labores.”
174

lineamientos del Convenio núm. 158 de la OIT que habla de la prohibición de despido
cuando se trata del hecho de haber presentado una queja o entablado un procedimiento
contra un empleador por presuntas violaciones de la ley o el reglamento.”
En consecuencia, el Tribunal de Apelación del Trabajo interpretó el ordenamiento nacional a la
luz del Convenio núm. 158 de la OIT y la jurisprudencia española para concluir que la discusión
entre el trabajador y empleador no constituía una falta de respeto, injuria o maltrato de parte que
justificara el despido. El Tribunal revocó la sentencia apelada.
108. Tribunal de Apelación del Trabajo, Segunda Sala, Carmen Sachelaridi Knutson c.
Cooperativa Santísimo Redentor Ltda. sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos,
26 de mayo de 2000, acuerdo y sentencia núm. 40
Temas: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación; acoso sexual
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado; 370 instrumento no sometido a ratificación 371
Discriminación/ Acoso sexual/ Referencia al derecho internacional para reforzar una decisión
basada en el derecho interno
Tres trabajadoras denunciaron acoso sexual por parte del Gerente de una cooperativa. Ante estas
denuncias, la cooperativa dispuso la investigación de los hechos, con resultado adverso para las
denunciantes. Ante tal situación, las trabajadoras renunciaron a la cooperativa, pero una de ellas
presentó una demanda judicial.
La demandante sostuvo que fue conducida por el Gerente a un motel. Éste pretendió introducirla
en una habitación, pero ante los gritos de ella, el Gerente se alejó del lugar. La demanda fue
declarada improcedente por falta de pruebas. Ante tal hecho, la trabajadora interpuso el recurso
de apelación correspondiente.
Para determinar si hubo acoso sexual, el Tribunal de Apelación aplicó el Código de Trabajo, 372
en virtud del cual éste entendió que el llamado acoso sexual vertical o por chantaje se desprende
de la posición de mando entre el sujeto activo y pasivo. Dicho Código de Trabajo también
especifica las formas en que éste puede producirse: por amenazas, hostigamiento, chantaje,
manoseo con propósitos sexuales del superior jerárquico sobre el trabajador. Asimismo, el
Tribunal basándose en el Código de Trabajo estimó que dicha norma facultaba a la trabajadora a
poner término al contrato de trabajo con el pago de los beneficios legales pertinentes.
Por otro lado, el Tribunal hizo referencia al Convenio núm. 111 de la OIT para subrayar que el
acoso sexual constituía una forma particular de discriminación fundada en el sexo. La Sala
consideró dicho Convenio para dar a las conductas impropias la debida importancia, ya que
perjudican las condiciones de trabajo y la armonía laboral.
El Tribunal se pronunció al respecto de la siguiente forma:
370
Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
371
Resolución de la OIT sobre igualdad de oportunidades y de trabajo para los trabajadores y las trabajadoras en el
empleo, del 27 de junio de 1985.
372
Artículo 81, w) del Código de Trabajo: “(…) como causa justificada de terminación del contrato por voluntad
unilateral del trabajador: los actos de acoso sexual consistentes en amenazas, presión, hostigamiento, chantaje o
manoseo con propósitos sexuales hacia un trabajador de uno u otro sexo por parte de los representantes del
empleador, jefes de la empresa, oficina o taller o cualquier superior jerárquico.”
175

“Paraguay ha ratificado el Convenio núm. 111 (1958) sobre discriminación en materia
de empleo y ocupación, que prohíbe cualquier discriminación basada, entre otros
motivos, en el sexo y que tenga por efecto alterar o anular la igualdad de oportunidades
o de trato en el empleo y la ocupación, comprendiendo estos términos tanto el acceso a
los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas
ocupaciones, como las condiciones de trabajo en su acepción más amplia. El concepto
de acoso sexual se reconoce como una forma particular de discriminación fundada en el
sexo.
(…) la Resolución de la OIT, sobre igualdad de oportunidades y de trabajo para los
trabajadores y las trabajadoras en el empleo, adoptada el 27 de junio de 1985, en su
párrafo 5, dentro del apartado de condiciones y medio ambiente de trabajo, apunta que
los hostigamientos de índole sexual en el lugar de trabajo perjudican las condiciones de
trabajo y las perspectivas de ascenso de los trabajadores (…).”
En conclusión, el Tribunal de Apelación del Trabajo aplicó el Código de Trabajo para señalar
que existió acoso sexual por chantaje por parte del Gerente contra la trabajadora. El Tribunal,
por otro lado, hizo referencia al Convenio núm. 111 de la OIT para subrayar que el acoso sexual
constituye una discriminación en razón del sexo.
176

Constitución de los Países Bajos
Países Bajos
Artículo 93
Las normas de los tratados y las resoluciones de las organizaciones de derecho internacional público con
efectos vinculantes generales por su contenido, tendrán fuerza obligatoria a partir de su publicación.
Artículo 94
Las disposiciones legales en vigor en el Reino no serán aplicadas si su aplicación no fuese compatible con
las normas de los tratados, o las resoluciones de las organizaciones de derecho internacional público, con
efectos vinculantes generales.
109. Consejo Central de Apelación, 29 de mayo de 1996, LJN: AL0666
Temas: protección de la maternidad, protección social
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 373 , jurisprudencia internacional 374
Protección de la maternidad/ Cuidados post-natales/ Seguridad social
Con el fin de fomentar los partos en el hogar, en 1980 se modificó el decreto sobre asistencia
hospitalaria y seguro de enfermedad para introducir una disposición (art. 3a) en virtud de la cual
quedó establecida la contribución personal a los costos derivados de la atención hospitalaria y
los cuidados posnatales por indicación médica. En 1996, este precepto fue derogado para
cumplir con los requisitos mínimos establecidos por los convenios internacionales. Algunas
aseguradas sociales a las que se había aplicado esta norma recurrieron ante los tribunales, pero
sus peticiones fueron desestimadas por falta de fundamento. Entonces, las partes presentaron
una apelación, invocando los Convenios núm. 102 y 103 de la OIT, el Código Europeo de
Seguridad Social y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como fundamento de
su recurso.
El Consejo estableció que, en virtud de los artículos 93 y 94 de la Constitución de los Países
Bajos, las normas incluidas en esos instrumentos tienen efectos jurídicos vinculantes erga
omnes, y que las demandantes podían invocar legítimamente la protección de dichas normas. El
Consejo remite expresamente a los artículos 10.1.b) y 49.2 del Convenio núm. 102 y a los
artículos 1, 3 y 4 del Convenio núm. 103, en los cuales están consagradas las prestaciones
mínimas que deben asegurarse a las mujeres embarazadas. Asimismo, el Consejo hace
referencia a las solicitudes directas de la Comisión de Expertos de la OIT en 1988, 1990 y 1999
dirigidas al Gobierno neerlandés, relativas a la aplicación de los Convenios núm. 102 y 103, en
las que la Comisión había hecho hincapié en la prohibición incluida en los convenios de exigir a
los interesados cualquier contribución a los costos de la atención posnatal y los cuidados por
indicación médica. Concluye el Consejo que el artículo 3a del mencionado decreto sobre
atención hospitalaria y seguro de enfermedad es incompatible con las normas vinculantes erga
omnes de los Convenios núm. 102 y 103 de la OIT y que por esta razón no cabe invocar su
aplicación, procediendo por tanto a la anulación de las resoluciones anteriores.
373 Convenio núm. 102 de la OIT sobre la seguridad social (norma mínima), 1952; Convenio núm. 103 de la OIT
sobre la protección a la maternidad (revisado), 1952.
374 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.
177

Constitución del Perú
Perú
Artículo 3
La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución
garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de
soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.
Artículo 55
Los tratados ratificados por el Estado que estén en vigor forman parte del derecho nacional.
Artículo 56
Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de ser ratificados por el Presidente de la
República, siempre que versen sobre las siguientes materias:
1. Derechos de la persona; 2. Soberanía, fronteras o integridad del Estado; 3. Defensa Nacional; 4.
Obligaciones financieras del Estado.
Artículo 57, párrafo 2
Cuando el tratado afecte a disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento
que rige la Constitución antes de ser ratificado por el Presidente de la República.
Disposición final transitoria núm. 4
Las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por Perú.
110. Tribunal Constitucional, 17 de abril de 2006, expediente núm. 4635-2004-AA/TC
Temas: tiempo de trabajo; seguridad y salud en el trabajo
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratados ratificados; 375 instrumentos no sujetos a ratificación; 376
jurisprudencia internacional; 377 informe de la Oficina Internacional del Trabajo 378
Empresa minera/ Jornada laboral de 12 horas diarias y de 48 horas semanales/ Determinación
del carácter constitucional de la organización del tiempo de trabajo/ Utilización de
instrumentos internacionales para interpretar la Constitución/ Aplicación integrada y
cumulativa de las normas internacionales/ Principio de la norma más favorable/ Existencia de
vínculo entre tiempo de trabajo, higiene y seguridad, y dignidad humana
Dos representantes sindicales de un grupo minero acudieron a la justicia para que se dejara de
aplicar el sistema denominado “4x3”, según el cual los mineros trabajaban 12 horas durante
cuatro jornadas laborales y descansaban tres días. A cambio, perseguían obtener la aplicación de
su convenio colectivo de empresa, que establecía una jornada laboral de ocho horas. Sin haber
obtenido una resolución favorable en la justicia ordinaria, los representantes sindicales
sometieron la cuestión al Tribunal Constitucional, alegando el incumplimiento de la duración
375 Convenio núm. 1 de la OIT sobre las horas de trabajo (industria), 1919; Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, 1966; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1988 (“Protocolo de San Salvador”).
376 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
377 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT: observación relativa a la
aplicación por el Perú del Convenio núm. 1 de la OIT, publicada en 2002.
378 Equipo Técnico Multidisciplinario para los Países Andinos de la Oficina Internacional del Trabajo: Informe sobre
las Condiciones de Trabajo, Seguridad y Salud Ocupacional en la Minería del Perú (Lima, 2002).
178

máxima del tiempo de trabajo prevista en la Constitución peruana; 379 un atentado a la dignidad
de la persona y la violación del principio de igualdad.
El empleador indicó que la organización del tiempo de trabajo aplicada por la empresa era
conforme a la Constitución peruana y no superaba las 48 horas semanales mencionadas en el
artículo 25 de la Constitución. A este respecto, el demandado insistió en que el Tribunal
Constitucional había declarado como constitucional, en decisiones anteriores, este tipo de
planificación del tiempo de trabajo. Asimismo, el demandado señaló que los horarios aplicados
por la empresa eran conformes con la legislación que regía las actividades mineras y que el
convenio colectivo de la empresa permitía al empleador modificar los horarios de trabajo en
determinadas circunstancias.
Antes de entrar a analizar el fondo del asunto, la jurisdicción constitucional se remitió al
Informe de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las condiciones de trabajo y de seguridad
y salud en el sector minero del Perú. El Tribunal mencionó este Informe para poner de
manifiesto que el trabajo en la mina se consideraba como una actividad de alto riesgo que
requería medidas de protección especiales. Entre los riesgos que la minería entrañaba, destacó
los esfuerzos físicos que se exigía a los trabajadores y que estos estaban expuestos a numerosas
enfermedades profesionales.
El Tribunal se pronunció, a continuación, sobre la conformidad del sistema “4x3” con el artículo
25 de la Constitución relativo al tiempo de trabajo. El Tribunal señaló que, en virtud de la
disposición final y transitoria núm. 4 de la Constitución, dicho artículo debía interpretarse
conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los tratados ratificados por
Perú en la materia. El Tribunal, además de la precitada Declaración, 380 consideró pertinentes al
caso a los siguientes instrumentos: El Convenio núm. 1 de la OIT sobre las horas de trabajo
(industria), 381 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 382 y el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 383
El Tribunal, con objeto de precisar el sentido y el alcance de la disposición constitucional que
limitaba las horas de trabajo, se decantó por aplicar de forma integrada estas fuentes
internacionales de diversa índole en el respeto al principio de la norma más favorable.
El Tribunal extrajo de cada disposición los aspectos que consideró que otorgaban una mayor
protección y declaró lo siguiente:
“a) La jornada laboral de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho horas semanales se
prescribe como duración máxima. b) En determinadas circunstancias, es posible trabajar
más de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho horas semanales, a condición de que la
media de horas trabajadas, calculada en un periodo de tres semanas o, incluso, en un
periodo inferior, no sobrepase ni las ocho horas diarias ni las cuarenta y ocho horas
semanales. Esta posibilidad dependerá del tipo de trabajo realizado. c) La jornada
laboral debe respetar unos límites razonables. d) La jornada laboral será inferior para los
trabajos peligrosos, insalubres o de jornada nocturna. e) En el caso de nuestro país, la
Constitución impone una duración máxima de 48 horas para la jornada laboral. La
norma que otorgue mayor protección prevalecerá sobre todas las demás disposiciones
que impongan una jornada semanal superior (por ejemplo, el artículo 4 del Convenio
núm. 1 de la OIT).”
379 El artículo 25 de la Constitución del Perú dice así: “La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o
cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas
trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar dicho máximo.”
380 Artículo 24 de la Constitución del Perú.
381 Artículos 2, 2, c) y 4 de la Constitución del Perú.
382 Artículo 7, d) de la Constitución del Perú.
383 Artículo 7, g) de la Constitución del Perú.
179

El Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta la peligrosidad del trabajo en la mina y las
disposiciones constitucionales en materia de duración del trabajo interpretadas al amparo del
derecho internacional, decidió que una jornada laboral razonable era aquella que no sobrepasara
las ocho horas diarias. Se trataba pues de una condición que aseguraba el respeto del derecho
constitucional a la salud y al principio del “trabajo decente” promovido por la OIT. El Tribunal,
en consecuencia, declaró inconstitucional no solamente el sistema “4x3”, sino también los
decretos relativos al sector minero que hacían posible cierta alteración del tiempo de trabajo por
parte del empleador.
111. Tribunal Constitucional, Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú
S.A y Fetratel, 11 de julio de 2002, expediente núm 1124-2001-AA/TC
Temas: libertad sindical; despido
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 384 tratados no ratificados 385
Libertad sindical/ Debido proceso/ Protección contra el despido arbitrario/ Uso del derecho
internacional como guía para la interpretación del derecho interno
Se presentó un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional luego de que tanto el
juzgado de primera instancia como el de segunda hubiesen denegado la acción de amparo
presentada por los sindicatos contra las empresas Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Perú
Holding S.A. Los demandantes pedían que dichas empresas dejaran de amenazar y vulnerar los
derechos constitucionales a la libertad sindical y al trabajo de los trabajadores en virtud de la
aplicación de un Plan de Despido Masivo contenido en un Resumen Ejecutivo elaborado por la
Gerencia de Recursos Humanos de la primera de las empresas demandadas. Con la demanda se
anexó una lista de setenta y siete trabajadores a ser desvinculados.
Cuando el caso llega al Tribunal Constitucional ya se habían realizado numerosos despidos. El
Tribunal procedió a analizar si los actos de despido habían vulnerado la libertad de sindicación
y el derecho al trabajo y, a su vez, revisó la constitucionalidad de la norma que permitió dichos
despidos.
La Constitución peruana reconoce la libertad sindical en su artículo 28, inciso 1). El Tribunal
establece que el contenido de este derecho incluye la facultad de toda persona de constituir
organizaciones con el propósito de defender sus intereses gremiales, así como la facultad de
afiliarse o no afiliarse a este tipo de organizaciones que a su vez implica la protección del
trabajador afiliado o sindicado a no ser objeto de actos que perjudiquen sus derechos y tuvieran
como motivación real su condición de afiliado o no afiliado de un sindicato u organización
análoga. Para desarrollar a profundidad el contenido del derecho, el Tribunal acude al Convenio
núm. 87 de la OIT en los siguientes términos:
“De conformidad con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, los
derechos constitucionales deben interpretarse dentro del contexto de los tratados
internacionales suscritos por el Estado peruano en la materia. […]
El aspecto orgánico de la libertad de sindicación se halla reconocido expresamente en el
artículo 2 del Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
384 Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 1988 (“Protocolo de San Salvador”).
385 Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
180

sindicación, precisando que consiste en "el derecho de constituir las organizaciones que
estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, (...)". […] según
el artículo 1º, inciso 2), literal "b", la protección del trabajador contra todo acto que
menoscabe la libertad de sindicación se extiende también "contra todo acto que tenga
por objeto" "despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de
su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales (...)" [cursiva de la
sentencia].” 386
El Tribunal, observando que fue el criterio de afiliación sindical el que había determinado la
aplicación de la medida de despido, declara la lesión a la libertad constitucional de sindicación y
para reforzar su decisión agrega:
“Más concretamente, en este caso, se trató de la lesión de la libertad de sindicación al
haberse procedido al despido de personas que tienen la condición de afiliados a los
sindicatos antes mencionados; circunstancia que implica la vulneración al citado
derecho constitucional, conclusión que resulta clara cuando se tiene en cuenta el
contenido de éste a partir o conforme lo establecido por el citado Convenio sobre
libertad sindical.” 387
Seguidamente, el Tribunal procede a analizar si la norma en que se fundamentó el despido
afectaba el derecho al trabajo al establecer que frente a un despido arbitrario corresponde una
indemnización como única reparación, sin prever la posibilidad de reincorporación. El Tribunal
concluyó que el derecho constitucional no fue respetado pues dicha norma vacía de contenido el
derecho al trabajo. Dice que la indemnización sería una forma de restitución complementaria, si
así lo determinara libremente el trabajador, pero no puede ser la reparación de un acto
inconstitucional. Por ende, establece que el reintegro al trabajo debe ser la consecuencia
necesaria del acto nulo del despido.
Sobre el punto anterior, el Tribunal hace referencia también al derecho internacional con el fin
de mostrar que en éste se establecen unos estándares mínimos de protección y que nada obsta
para que la protección otorgada en el ordenamiento interno sea más protectora y establezca tanto
la indemnización como el reintegro del trabajador:
“La forma de protección no puede ser sino retrotraer el estado de cosas al momento de
cometido el acto viciado de inconstitucionalidad, por eso la restitución es una
consecuencia consustancial a un acto nulo. La indemnización será una forma de
restitución complementaria o sustitutoria si así lo determinara libremente el trabajador,
pero no la reparación de un acto ab initio inválido por inconstitucional.
Si bien, como alega Telefónica del Perú S.A.A., el apartado "d" del artículo 7º del
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contempla la posibilidad de reparación
indemnizatoria, juntamente con la restitutoria, frente al despido arbitrario, debe tenerse
en cuenta que el derecho internacional de los derechos humanos enuncia mínimos
derechos que siempre pueden ser susceptibles de mayores niveles de protección y no
pueden significar, en absoluto, el menoscabo de los derechos reconocidos por la
Constitución conforme lo establece el artículo 4º del propio Protocolo antes citado 388 , ni
mucho menos cuando ello conlleva al menoscabo del mismo contenido esencial de los
derechos constitucionales. La interpretación de éstos debe efectuarse siempre en sentido
386 Párrafos 9 y 10 de la sentencia.
387 Párrafo 11 de la sentencia.
388 Artículo 4 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales: “No Admisión de Restricciones - No podrá restringirse o menoscabarse ninguno
de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones
internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado.”
181

dirigido a alcanzar mayores niveles de protección. Es por ello que la doctrina sostiene
que los derechos constitucionales han de interpretarse como mandatos de optimización.
Es extensible este razonamiento a lo establecido por el Convenio 158 sobre terminación
de la relación de trabajo, que, aunque no ratificado y en calidad de Recomendación,
prevé también la posibilidad de protección indemnizatoria frente al despido
arbitrario.” 389
De acuerdo al Art. 2 de la Constitución, interpretado a la luz del Convenio núm. 87 de la OIT, la
Corte declaró nulo e inválido el despido y ordenó el reintegro de los trabajadores
389 Párrafo 12, literal c de la sentencia.
182

Constitución de Filipinas
Filipinas
Artículo 2, sección 2
Filipinas renuncia a la guerra como instrumento de política nacional, adopta los principios generalmente
aceptados del derecho internacional como parte del ordenamiento jurídico interno y se adhiere a la
política de paz, igualdad, justicia, libertad, cooperación y amistad con todas las naciones.
112. Tribunal Supremo de la República de Filipinas, International School Alliance of
Educators c. Hon Leonardo A. Quisumbing y otros, 1 de junio de 2000, G.R. núm.
128845
Tema: protección frente a la discriminación en el empleo y la ocupación
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 390 instrumento no sujeto a ratificación 391
Discriminación entre trabajadores nacionales y extranjeros/ Demanda por discriminación/
Referencia al derecho internacional para reforzar una decisión basada en el derecho interno
Un colegio internacional de Filipinas empleaba a trabajadores nacionales y extranjeros y pagaba
salarios superiores a estos últimos, además de otras prestaciones. Los empleados filipinos
presentaron una demanda por discriminación. El Tribunal Supremo consideró que las
disposiciones que concedían a los empleados extranjeros salarios más elevados y otras
prestaciones eran inconstitucionales y se refirió al derecho internacional para reforzar su
argumentación:
“El derecho internacional, que se deriva de los principios generales del derecho, prohíbe
la discriminación. Los principios generales del derecho incluyen la equidad, es decir,
los principios generales de imparcialidad y de justicia, basados en el examen de lo que
es razonable. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención
internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, así
como la Convención contra la discriminación en la educación y el Convenio núm. 111
sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación acogen, todos ellos, el
principio general de eliminación de la discriminación, ya que ésta es la verdadera
antítesis de la imparcialidad y la justicia. Filipinas ha incorporado estos principios a su
ordenamiento jurídico nacional mediante su Constitución.”
A continuación, el Tribunal analizó en detalle las disposiciones de estos instrumentos
internacionales:
“El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
establece que:
“Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce
de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
390 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966; Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 1965; Convención relativa a la Lucha contra la
Discriminación en la Esfera de la Enseñanza, 1960; Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y
ocupación), 1958.
391 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
183

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Un
salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de
los hombres, con salario igual por trabajo igual;”
Las citadas disposiciones consagran de forma indiscutible el principio jurídico de la
“igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor”. Las personas que poseen
cualificaciones y aptitudes similares y cuyos trabajos requieren sustancialmente un
esfuerzo y un nivel de responsabilidades similares en condiciones parecidas deben
percibir salarios similares. Esta norma es aplicable al colegio demandado, sin perjuicio
de su “carácter internacional”.”
Tras basarse en el derecho nacional, el Tribunal Supremo de Filipinas se remitió a los
instrumentos internacionales para señalar el carácter fundamental del principio de igualdad de
remuneración. En este caso, el Tribunal consideró que las diferencias de trato entre empleados
filipinos y extranjeros eran discriminatorias, aunque los empleados extranjeros podían seguir
disfrutando de las prestaciones relacionadas con su nacionalidad, tales como el pago de los
gastos de traslado, etc.
113. Tribunal Supremo de la República de Filipinas, UST Faculty Union y otros c. Dir.
Benedicto Ernesto R. Bitonio, Jr. y otros, 16 de noviembre de 1999, G.R. núm.
131235
Tema: libertad sindical
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 392
Vulneración de las reglas establecidas en los estatutos de un sindicato para la elección de sus
representantes/ Impugnación de una decisión administrativa que anulaba la elección/ Ámbito
de aplicación del derecho de libre sindicación/ Uso del derecho internacional como guía para
la interpretación del derecho interno
Los miembros de un sindicato impugnaron la elección de sus representantes, alegando que el
procedimiento seguido no se ajustaba a lo establecido en los estatutos del sindicato. En
consecuencia, sometieron la cuestión a un proceso de arbitraje. El árbitro declaró nula la
elección. Esta decisión fue posteriormente confirmada por las autoridades competentes del
Ministerio de Trabajo. Los sindicalistas elegidos como representantes recurrieron esta decisión,
alegando que la anulación de la elección por una autoridad externa al sindicato vulneraba su
derecho de libre sindicación.
El Tribunal Supremo aclaró el ámbito de aplicación del derecho de libre sindicación, mediante
el examen de los fundamentos jurídicos del principio y de los derechos y obligaciones
resultantes para los miembros del sindicato. Asimismo, incluyó en su sentencia un extracto de
una sentencia en la que el juez interpretaba el derecho nacional en conjunción con el Convenio
núm. 87 de la OIT:
“El derecho constitucional de autoorganización sindical se entiende mejor en el
contexto del Convenio núm. 87 de la OIT (relativo a la libertad sindical y a la
protección del derecho de sindicación), del que Filipinas es signataria. El artículo 3 de
dicho Convenio establece que las organizaciones de trabajadores tienen el derecho de
redactar sus estatutos y reglamentos administrativos y elegir libremente a sus
392 Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948.
184

epresentantes sin intervención alguna por parte de las autoridades públicas. El derecho
conferido mediante esta disposición es expansivo, al igual que la responsabilidad
impuesta a los miembros del sindicato de respetar los estatutos y reglamentos que ellos
mismos elaboren. Cabe subrayar que los estatutos del sindicato constituyen la ley
fundamental que regula las relaciones entre sus miembros; es ahí donde se definen los
derechos, deberes, obligaciones, poderes, funciones y autoridad de los miembros y de
los responsables del sindicato. En definitiva, es el estatuto el que determina la validez
de los actos realizados por un miembro o responsable del sindicato. Sin respeto a los
estatutos, la institución democrática del sindicato degenera en una mera agrupación de
personas regidas por la ley de las masas.”
Esta referencia al Convenio núm. 87 de la OIT permitió al Tribunal Supremo de Filipinas
subrayar el carácter vinculante de las normas establecidas en los estatutos de un sindicato. Sobre
esta base, el Tribunal consideró que se habían incumplido las normas que regulaban la elección
de los representantes del sindicato y que, por tanto, la administración había actuado
correctamente al anular la elección. Asimismo, dictaminó que dicha decisión no vulneraba el
derecho de libre sindicación. 393
393 El Comité de Libertad Sindical de la OIT manifestó su opinión con respecto a la anulación de unas elecciones
sindicales por una autoridad administrativa (OIT: La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del
Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, quinta edición (revisada), (Ginebra, 2006)):
Párrafo 431: “En relación con un conflicto interno en el seno de la organización sindical entre dos direcciones rivales,
el Comité recordó que para garantizar la imparcialidad y la objetividad del procedimiento conviene que el control de
las elecciones sindicales corra a cargo de las autoridades judiciales competentes.”
Párrafo 440: “Las medidas que puedan ser tomadas por vía administrativa en caso de impugnación de los resultados
electorales corren el riesgo de parecer arbitrarias. Por eso, y también para garantizar un procedimiento imparcial y
objetivo, los casos de esa índole deberían ser examinados por las autoridades judiciales.”
Párrafo 443: “Con el fin de evitar el peligro de graves limitaciones al derecho de los trabajadores a elegir libremente a
sus representantes, los casos sometidos a los tribunales por las autoridades administrativas recusando los resultados
de elecciones sindicales no deberían – en espera del resultado definitivo de los procedimientos judiciales – paralizar
el funcionamiento de las organizaciones sindicales.”
185

Constitución de Rumania
Rumania
Artículo 11: Tratados internacionales
1. El Estado rumano se compromete a cumplir estrictamente y de buena fe las obligaciones derivadas de
los tratados de los que sea parte.
2. Los tratados ratificados por el Parlamento con arreglo a la ley forman parte del ordenamiento interno.
Artículo 20: Prevalencia de los derechos humanos
1. Las disposiciones constitucionales relativas a los derechos y libertades de los ciudadanos se
interpretarán y aplicarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con
los pactos y tratados de los que Rumania sea parte.
2. En caso de conflicto entre los pactos y tratados relativos a los derechos humanos fundamentales de
los que Rumania sea parte y el derecho interno, prevalecerán los instrumentos internacionales.
114. Tribunal Constitucional de Rumania, 25 de febrero de 1993, decisión núm. 6
Tema: principio general de igualdad
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados 394
Elevación del tipo impositivo para ciertas personas que ocupaban simultáneamente varios
puestos/ Demanda ante el Tribunal Constitucional/ Uso del derecho internacional para definir
el concepto de discriminación
Se sometió al examen del Tribunal Constitucional de Rumania una ley que establecía un
incremento del 30% en el tipo impositivo para los ingresos de las personas que ocuparan varios
puestos simultáneamente. Dicha ley se refería especialmente a los políticos que tuvieran un
mandato electoral y percibieran a la vez un salario del Estado y de otro empleador.
El Tribunal Constitucional analizó las disposiciones aplicables de la Constitución nacional para
determinar si la ley en cuestión era discriminatoria y estimó que era necesario complementarlas
con las de los instrumentos internacionales ratificados por Rumania:
“Los criterios de no discriminación se establecen en el artículo 4, 2) de la Constitución:
raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opiniones, afiliación política,
propiedad y origen social”. No obstante, es importante recalcar en este contexto que las
disposiciones constitucionales han de complementarse con los instrumentos
internacionales relativos a los derechos humanos, puesta que éste es el único modo de
que el principio de igualdad de derechos adquiera una auténtica dimensión jurídica.
Esto se deriva expresamente del primer apartado del artículo 20 de la Constitución, el
cual establece que ‘Las disposiciones constitucionales relativas a los derechos y
libertades de los ciudadanos se interpretarán y aplicarán de conformidad con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los pactos y otros tratados de los
que Rumania sea parte’. Por tanto, lo dispuesto en el artículo 26 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor el 23 de marzo de 1976, es de
aplicación en este caso. Dicho artículo establece que: “Todas las personas son iguales
ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este
respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas
394
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, 1966.
186

protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Por otra parte, el artículo 2, d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que entró en vigor el 3 de enero de 1976, contiene disposiciones
similares.”
Tras subrayar en términos generales que las disposiciones de los instrumentos internacionales
complementaban las causas de discriminación prohibidas por la Constitución nacional, en este
caso concreto el Tribunal Constitucional de Rumania basó su dictamen únicamente en las
normas constitucionales. El Tribunal consideró que la ley en cuestión establecía una
discriminación entre categorías de funcionarios públicos, lo que resultaba incompatible con el
artículo 16, 1) 395 de la Constitución relativo a la igualdad ante la ley y con el artículo 53, 2) 396
relativo a la igualdad fiscal.
395
Artículo 16, 1) de la Constitución de Rumania: “Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y las autoridades
públicas, sin ningún privilegio ni discriminación.”
396
Artículo 53, 2) de la Constitución de Rumania: “El sistema tributario garantizará una distribución justa de las
cargas fiscales.”
187

Constitución de la República de Rwanda
Rwanda
Preámbulo
(…) Reafirmando nuestra adhesión a los principios de los derechos humanos definidos en la Carta de las
Naciones Unidas, de 26 de junio de 1945, la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, de 10 de diciembre de 1948, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, de 7 de marzo de 1966, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966, la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, de 1 de mayo de 1980, la Carta Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos, de 27 de junio de 1981 y la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de
1989; (...)
Artículo 190
Los tratados o acuerdos internacionales debidamente ratificados o adoptados tendrán, desde su
publicación oficial, un rango superior a las leyes, siempre que cada uno de ellos sea aplicado por la otra
parte.
115. Tribunal Supremo de Rwanda, Sala Constitucional, 19 de febrero de 2002, decisión
núm. 009/11.02/02
Tema: independencia de la judicatura
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 397
Estatutos de la judicatura establecidos por decreto/ Demanda ante el Tribunal Constitucional
basándose en que dichos estatutos deberían aprobarse mediante ley parlamentaria/ Referencia
al derecho internacional para reforzar una decisión basada en el derecho interno
Una ley 398 disponía que los estatutos del personal del ejército, la policía nacional y la judicatura
se establecerían mediante decreto. El Presidente de la Asamblea Nacional cuestionó la validez
de dicha ley ante la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo.
Ésta consideró que el hecho de que los estatutos de la judicatura se establecieran por decreto era
incompatible con una ley orgánica que preveía que dichos estatutos fueran establecidos
mediante ley parlamentaria.
Para reforzar su decisión, el Tribunal añadió que la ley en cuestión contravenía el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
“[Los artículos impugnados] vulneran el principio de independencia de la judicatura,
que conlleva el establecimiento de un estatus especial con elementos de independencia
individual e institucional, un principio reconocido en el mismo artículo de la ley
fundamental y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.” 399
397 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.
398 Ley sobre el Reglamento General de la Función Pública de Rwanda.
399 Artículo 14, 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todas las personas son iguales ante los
tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por
188

Sobre esta base, el Tribunal Supremo de Rwanda consideró que el establecimiento de los
estatutos de la judicatura mediante decreto contravendría tanto la Constitución nacional como el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación
de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.”
189

Constitución de Eslovenia
Eslovenia
Artículo 8
Las leyes y reglamentos deberán ajustarse a los principios generalmente aceptados del derecho
internacional y a los tratados legalmente vinculantes para Eslovenia. Los tratados ratificados y publicados
tendrán aplicación directa.
Artículo 153, párrafos 1 y 2
Las leyes, los reglamentos y otras normas de carácter general deberán ser conformes a la Constitución.
Las leyes deberán ajustarse a los principios generalmente aceptados del derecho internacional y a los
tratados válidos ratificados por la Asamblea Nacional, mientras que los reglamentos y los otros
instrumentos jurídicos generales deberán también ser conformes a los restantes tratados ratificados por
Eslovenia.
116. Tribunal Constitucional de Eslovenia, Sindicatos Independientes de Eslovenia c. la
Ley sobre Representatividad de los Sindicatos, 5 de febrero de 1998, núm. U-I-57/95
Tema: libertad sindical
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 400 jurisprudencia internacional 401
Ley nacional que regula las condiciones para la creación de sindicatos, sus criterios de
representatividad y las ventajas asociadas/ Demanda de una asociación de trabajadores por
incumplimiento de la Constitución y de los Convenios núm. 87 y 98 de la OIT/ Análisis de las
disposiciones legales/ Uso del derecho internacional como guía para la interpretación del
derecho interno
Los sindicatos eslovenos alegaron ante el Tribunal Constitucional que la ley eslovena relativa a
las cuestiones sindicales 402 vulneraba los Convenios núm. 87 y 98 de la OIT, así como el
artículo 76 de la Constitución de Eslovenia. 403 El Tribunal Constitucional debía determinar, en
primer lugar, si el sometimiento del reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato a la
inscripción de sus documentos constitutivos ante la autoridad competente era contrario al
principio de libertad sindical. En segundo lugar, debía establecer si podían concederse ciertos
derechos preferenciales en el ámbito de la negociación colectiva a los sindicatos más
representativos.
Para analizar la validez de las disposiciones relativas al reconocimiento de los sindicatos, el
Tribunal se refirió a lo dispuesto en el Convenio núm. 87 de la OIT como guía para la
interpretación del derecho nacional:
“El Estado puede vincular el reconocimiento de la personalidad jurídica de un sindicato
a la obligación de presentar los estatutos del mismo ante el organismo competente. Sin
embargo, ello no le autoriza a establecer condiciones que puedan interferir
indirectamente en el derecho a la libre sindicación. Esto se deriva del artículo 7 del
Convenio núm. 87 de la OIT.
400 Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; Convenio
núm. 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; Carta Social Europea, 1961
(ratificado pero no incorporado aún al derecho interno).
401 Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
402 Ley sobre la representatividad de los sindicatos, Boletín Oficial de la República de Eslovenia núm. 13/93.
403 Artículo 76 de la Constitución de Eslovenia: “Se garantizará la libertad de creación y funcionamiento de los
sindicatos, así como de afiliación a los mismos.”
190

La ZRSin [la ley recurrida] establece en sus artículos 2 y 3 que los sindicatos adquirirán
personalidad jurídica en la fecha de publicación de la decisión relativa a la presentación
de sus estatutos u otros documentos organizativos básicos. Las condiciones establecidas
en la Ley para la publicación de dicha decisión son la presentación del documento
organizativo exigido, la acreditación de la creación efectiva del sindicato y la prueba de
la presentación de la solicitud por una persona autorizada por el sindicato. Ninguna de
estas condiciones interfiere en el derecho de las personas a constituir sindicatos, aprobar
sus estatutos junto con otras personas y elegir a sus representantes sindicales, ni
tampoco impide la creación de sindicatos. El organismo administrativo se limita a
registrar los hechos señalados y a confirmar, por medio de una decisión, que el sindicato
ha adquirido personalidad jurídica.
Lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la ZRSin no es contrario, por tanto, al artículo 76
de la Constitución ni al Convenio núm. 87 de la OIT.”
A continuación, el Tribunal Constitucional de Eslovenia analizó los apartados de la Ley
relativos al papel preferente asignado a los sindicatos más representativos en el ámbito de la
negociación colectiva. Para argumentar su decisión, el Tribunal aludió a varias sentencias
emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 404 (relacionadas con el artículo 11 del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos) 405 y al Convenio núm. 98 de la
OIT:
“Uno de los principios fundamentales del Convenio núm. 98 de la OIT es el carácter
libre y voluntario de la negociación colectiva y de la celebración de convenios
colectivos. Por este motivo, el convenio colectivo se aplica únicamente a las partes
firmantes, a menos que la ley disponga su aplicación universal. Este punto de partida
básico implica, no obstante, que la libertad sindical no puede interpretarse como
generadora del derecho a concluir cualquier clase de convenio colectivo, pues tal
derecho por parte de los sindicatos supondría necesariamente la obligación de que los
empleadores concluyeran un convenio: y ello no se realizaría de forma libre y voluntaria
sino por exigencia de la otra parte firmante. Por tanto, el Tribunal Constitucional
considera que el artículo 76 de la Constitución no puede interpretarse en un sentido más
amplio que el que tiene en el artículo 11 del Convenio Europeo.”
Esta referencia a los instrumentos internacionales como fuente para la interpretación del derecho
interno permitió al Tribunal Constitucional de Eslovenia considerar que el Estado podía
establecer normas reguladoras del reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos,
siempre que éstas no obstaculizaran el derecho a la libre constitución de tales organizaciones. El
Tribunal dictaminó asimismo que el Estado podía conceder a los sindicatos más representativos
un papel preferente en las negociaciones colectivas. Por tanto, el Tribunal consideró que la ley
eslovena relativa a las cuestiones sindicales era conforme a la Constitución de Eslovenia y a los
instrumentos internacionales anteriormente citados.
404 Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Sindicato de la Policía Nacional de Bélgica c. Bélgica, 27 de octubre de
1975; Sindicato de Maquinistas Suecos c. Suecia, 06.02.76; Schmidt y Dalhström c. Suecia, 6 de febrero de 1976.
405 Artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos:
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho de
fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.
2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquéllas que, previstas por la ley,
constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la
defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y
libertades ajenos El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los
miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado.”
191

117. Tribunal Constitucional de Eslovenia, Sindicato de Trabajadores Ferroviarios
Eslovenos, 7 de diciembre de 1995, núm. U-I-92/94
Temas: libertad sindical; principio general de igualdad
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 406
Ley mediante la cual se modifica la representación de los trabajadores en los órganos
directivos de la compañía ferroviaria nacional/ Demanda ante el Tribunal Constitucional por
vulneración del principio de igualdad/ Uso del derecho internacional como guía para la
interpretación de la norma impugnada
Una ley nacional específica modificó las normas que regulaban la participación de los
trabajadores en los órganos directivos de la compañía nacional de ferrocarriles, 407 reduciendo el
número de representantes de los trabajadores en los mismos. Un sindicato acudió al Tribunal
Constitucional alegando que la nueva regulación no confería a los empleados de la empresa los
mismos derechos que a los empleados de otras empresas públicas, con lo que se vulneraba el
principio de igualdad reconocido en la Constitución eslovena.
El Tribunal Constitucional analizó, en primer lugar, el contenido de la Ley específica relativa a
los ferrocarriles nacionales para examinar su conformidad con la Constitución, e interpretó
aquella en conjunción con el derecho internacional:
“Por tanto, la (...) disposición impugnada (...) constituye una facilidad o ventaja de que
gozan los representantes de los trabajadores para desempeñar rápida y eficazmente sus
funciones como miembros del comité de empresa y ejercitar, así, el derecho a participar
en la dirección conforme a lo dispuesto en la Constitución. De acuerdo con el artículo 2
del Convenio ratificado núm. 135 de la OIT 408 relativo a la protección y facilidades que
deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa (Boletín Oficial
SFRY, núm. 14/82), estas facilidades deberán ser apropiadas tanto desde el punto de
vista de la empresa como desde el de los representantes de los trabajadores. Además, al
establecer estas facilidades, deberán tenerse en cuenta las características del sistema de
relaciones obrero-patronales del país, y las necesidades, importancia y posibilidades de
la empresa interesada, así como el funcionamiento eficaz de la misma, que no deberá
verse perjudicado por dichas facilidades.”
De aplicarse la norma general, el número de trabajadores de la empresa ferroviaria con
participación en los órganos directivos hubiera sido notablemente superior a la media y hubiera
tenido consecuencias económicas importantes para el presupuesto de la compañía. Basándose en
el Convenio núm. 135 de la OIT, el Tribunal Constitucional de Eslovenia consideró que la
modificación legislativa de las normas de representación de los trabajadores era correcta.
406 Convenio núm. 135 de la OIT sobre los representantes de los trabajadores, 1971.
407 Ley de medidas de ejecución y financiación del transporte en la red ferroviaria actual y de reorganización y
modificación de la propiedad de la compañía ferroviaria pública eslovena, Boletín Oficial de la República de
Eslovenia núm. 71/93.
408 El artículo 2 del Convenio núm. 135 establece literalmente lo siguiente:
“1. Los representantes de los trabajadores deberán disponer en la empresa de las facilidades apropiadas para
permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones.
2. A este respecto deberán tenerse en cuenta las características del sistema de relaciones obrero-patronales del país y
las necesidades, importancia y posibilidades de la empresa interesada.
3. La concesión de dichas facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la empresa interesada.”
192

Taiwán
118. Yuan Judicial, 2 de agosto de 2002, núm. 549
Temas: principio general de igualdad; derechos del niño
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado 409
Seguro de vida/ Ley que prohibía percibir las indemnizaciones de los seguros de vida a los
niños cuya adopción se hubiera realizado con menos de 6 meses de antelación/ Uso del derecho
internacional como guía para la interpretación del derecho interno
Una ley destinada a evitar el fraude establecía que los niños cuya adopción se hubiera realizado
menos de 6 meses antes del fallecimiento de sus padres adoptivos no podían beneficiarse de los
seguros de vida de éstos. A fin de estudiar este caso, el Yuan Judicial, Órgano competente para
interpretar la Constitución, se refirió a los convenios internacionales y al derecho comparado y
concluyó que la ley se ajustaría más a los principios constitucionales si los niños recientemente
adoptados pudieran ser reconocidos por los tribunales como posibles beneficiarios de los
seguros de vida.
En consecuencia, el Yuan Judicial consideró que las disposiciones legislativas relativas a los
niños adoptados debían enmendarse “teniendo en cuenta los convenios internacionales relativos
al trabajo y a la seguridad social (...).”
El magistrado Yueh-Chin Huang expuso una opinión particular de acuerdo con el principio de
esta interpretación, recalcando la importancia de los convenios internacionales del trabajo en la
interpretación de la legislación nacional:
“Hay cientos de convenios y recomendaciones legislativas adoptadas por la OIT que
desempeñan un papel fundamental de valor universal en la protección de los derechos
humanos. En esta interpretación, se han utilizado los convenios internacionales como
fuente de derecho. Este es un fenómeno muy beneficioso para el desarrollo de nuestro
sistema de interpretación constitucional. (...) Desde un punto de vista internacional,
dado que la voluntad de la comunidad internacional es aplicar los fines u objetivos de
los convenios, los Estados parte en dichos convenios tienen el deber de expresar
fielmente los fines de los mismos, lo que limita en gran medida el ámbito de la
discrecionalidad legislativa. (...) El ‘Órgano de Interpretación Constitucional’ debe
utilizar los convenios como fuente de derecho para la revisión de las leyes aprobadas
por el Órgano Legislativo [el Parlamento de Taiwán].”
409 Convenio núm. 102 de la OIT sobre la seguridad social (norma mínima), 1952.
193

Trinidad y Tobago
119. Tribunal Laboral de Trinidad y Tobago, Bank and General Workers Union c. Public
Service Association of Trinidad and Tobago, 27 de abril de 2001, conflicto laboral
núm. 15 de 2000
Tema: despido
Función del derecho internacional: establecimiento de un principio jurisprudencial
inspirado en el derecho internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratado no ratificado; 410 instrumento internacional no sujeto a
ratificación 411
Despido por incumplimiento de las obligaciones laborales/ Ausencia de entrevista previa/
Establecimiento de un principio jurisprudencial inspirado en el derecho internacional
Un agente de seguridad había sido despedido sin una entrevista previa. El empleador alegaba
que el trabajador había incumplido sus obligaciones en varias ocasiones, lo cual por separado y
conjuntamente constituía una causa suficientemente grave para justificar su despido inmediato.
El Tribunal Laboral de Trinidad y Tobago debía determinar si el despido sin que mediara una
entrevista previa con el trabajador era contrario a las buenas prácticas de las relaciones
laborales. 412
Para ello, el Tribunal se apoyó en varios precedentes jurisprudenciales basados especialmente
en la Recomendación núm. 119 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo. En uno
de ellos (TD98/1997 Barclays Bank and Barclays Employees Union), el Tribunal había
concluido que:
“Un principio fundamental de justicia natural desarrollado por la common law es que
toda persona tiene derecho a ser oída para defenderse o defender sus bienes. La
recomendación de la OIT no hace sino reafirmar este principio.”
El Tribunal se refirió también a otras sentencias similares y concluyó que los principios de
buenas prácticas laborales requieren que el empleador no sólo informe del despido al trabajador,
sino también que le ofrezca una oportunidad justa de ser oído antes de proceder al despido.
Dichos principios están basados en los citados precedentes judiciales, así como en el Convenio
núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo:
“Éstas y muchas otras sentencias de este tribunal (...), así como el Convenio núm. 158
de la OIT (...), determinan que en nuestro sistema de relaciones laborales todos los
trabajadores tienen derecho a una oportunidad justa de defenderse frente a cualquier
imputación o alegación y de ser oídos para atenuar las posibles sanciones
(especialmente el despido) de los directivos responsables de tales decisiones antes de su
adopción. Ésta no es una cuestión irrelevante que pueda tomarse a la ligera o
considerarse un mero formalismo. Se trata de un principio fundamental de las buenas
relaciones laborales.”
Por tanto, el Tribunal se basó particularmente en el Convenio núm. 158 de la OIT para sustentar
la obligación de ofrecer al trabajador una oportunidad justa de defenderse antes de proceder a su
despido. La omisión de este derecho por parte del empleador supondría un incumplimiento
410 Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
411 Recomendación núm. 119 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1963.
412 La Ley de Relaciones Laborales de Trinidad y Tobago autoriza a los tribunales a imponer la readmisión de los
trabajadores y el pago de indemnizaciones en caso de despido en circunstancias “duras, opresivas, abusivas o
contrarias a los principios de buenas prácticas de las relaciones laborales.”
194

grave de los principios de buenas prácticas de las relaciones laborales. El Tribunal consideró
que si un empleador tratase de confirmar y justificar el despido de un trabajador en tales
circunstancias, asumiría la responsabilidad de probar que no podía esperarse razonablemente de
él que concediera al trabajador 413 la posibilidad de ser oído y que, incluso en el caso de haberlo
hecho, ello no hubiera producido diferencia alguna en el resultado final.
En este caso, el Tribunal Laboral concluyó que el empleador no había acreditado ninguna
circunstancia que hubiera podido impedirle razonablemente cumplir el principio de la entrevista
previa al despido y le impuso el pago de una indemnización a favor del trabajador.
120. Tribunal Laboral de Trinidad y Tobago, Bank and General Workers Union c. Home
Mortgage Bank, 3 de marzo de 1998, núm. 140 de 1997
Tema: despido
Función del derecho internacional: establecimiento de un principio jurisprudencial
inspirado en el derecho internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratado no ratificado 414
Contrato de trabajo que establece la libre terminación de la relación de trabajo por cualquiera
de las partes/ Terminación del contrato por el empleador/ Establecimiento de un principio
jurisprudencial inspirado en el Convenio núm. 158 de la OIT/ Prohibición de terminar la
relación de trabajo sin causa justificada
Un empleador había contratado los servicios de un conductor mediante un contrato que permitía
la rescisión del mismo en cualquier momento por cualquiera de las partes. Pocos meses después,
el empleador notificó por carta al trabajador que, conforme a las condiciones del contrato, ponía
fin a la relación de trabajo.
El Tribunal consideró que, de acuerdo con la common law, el empleador no estaba obligado a
dar ninguna razón para el despido. No obstante, el Tribunal debía determinar si el despido era
conforme a los “principios de buenas prácticas de las relaciones laborales” reconocidos por la
legislación nacional. 415
Para determinar los principios de las buenas prácticas de las relaciones laborales aplicables al
despido, el Tribunal se basó en el Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la
relación de trabajo.
“Los principios de las buenas prácticas de las relaciones laborales prohíben terminar la
relación de trabajo sin una causa justificada relacionada con la capacidad del trabajador
para realizar el trabajo para el que fue contratado o basada en las necesidades de
funcionamiento de la empresa del empleador. Estos principios están reconocidos en el
Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se ponen
por escrito principios de buenas prácticas de las relaciones laborales ya asentados, sin
413 Es interesante observar que el Tribunal utilizó casi literalmente el artículo 7 del Convenio núm. 158 de la OIT para
formular este principio. Dicho artículo establece que “No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un
trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad
de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le
conceda esta posibilidad.”
414 Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
415 Artículo 10, 3), b) de la Ley de Relaciones Laborales de Trinidad y Tobago: “Los tribunales (…) actuarán (...)
conforme a la equidad, la buena fe y (...) los principios y prácticas de las buenas relaciones laborales.”
El Artículo 10, 5) de la Ley establece que en caso de despido, el tribunal debe determinar si las circunstancias del
despido “(...) no se ajustan a los principios de buenas prácticas de las relaciones laborales.”
195

que tenga influencia el hecho de que el Convenio no haya sido ratificado por Trinidad y
Tobago. El Convenio no es aplicable como elemento integrante del derecho interno de
Trinidad y Tobago, pero sí como prueba de la existencia de principios de buenas
prácticas de las relaciones laborales internacionalmente aceptadas.”
Por tanto, inspirándose en el Convenio núm. 158 de la OIT, el Tribunal Laboral consideró que
el empleador había incumplido sus obligaciones al terminar la relación de trabajo sin una causa
justificada y sin ofrecer al trabajador una oportunidad justa de ser oído.
196

Constitución de Ucrania
Ucrania
Artículo 9
Los tratados internacionales en vigor y que el Consejo Supremo de Ucrania (Parlamento) ha ratificado
como vinculantes forman parte de la legislación nacional de Ucrania.
La celebración de tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución solo será posible tras
haber enmendado la Constitución.
Ley de tratados internacionales de Ucrania 416
Artículo 17, párrafos 1 y 2
1. Los tratados internacionales celebrados y ratificados por Ucrania constituyen parte inseparable de la
legislación nacional ucraniana y serán aplicados de manera idéntica a las disposiciones de la
legislación nacional.
2. Si por un tratado ratificado por Ucrania aprobado en forma de ley se establecen normas distintas a las
que contempla la legislación interna, se aplicarán las normas del tratado internacional.
121. Tribunal Constitucional, 18 de octubre de 2000, caso núm. 1-36/2000
Tema: libertad sindical
Función del derecho internacional: referencia al derecho internacional para reforzar una
solución basada en el derecho interno
Tipo de instrumento utilizado: tratados ratificados 417
Ley que restringe la posibilidad de crear más de un sindicato en el ámbito local y provincial y
que subordina el reconocimiento de nuevas organizaciones al control del Ministerio de
Justicia/ Acción de inconstitucionalidad/ Referencia al derecho internacional para reforzar una
solución basada en el derecho interno
Numerosos parlamentarios ucranianos y el “Defensor de Derechos Humanos del Consejo
Supremo” entablaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley sindical que acababa de
adoptar el Parlamento alegando que el texto violaba, no solamente el articulado de la
Constitución ucraniana donde se reconocía la libertad sindical, sino también el Convenio núm.
87 de la OIT y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos
ratificados por Ucrania.
Los demandantes impugnaron, en primer lugar, la constitucionalidad del artículo 11 de la ley,
que formulaba las condiciones de creación de los sindicatos en el ámbito local, provincial y
nacional.
En virtud de dicho artículo, los sindicatos locales, para dotarse de personalidad jurídica debían
contar con al menos tres secciones sindicales de base o con nueve miembros que trabajaran para
empresas diferentes. De esta disposición se deducía que no se iba a reconocer la personalidad
jurídica a aquellas asociaciones de trabajadores que tuvieran representación en una sola
empresa, y que estas debían, necesariamente, afiliarse a un sindicato más amplio. Asimismo, los
demandantes impugnaron las disposiciones del artículo 11 que solo otorgaban el estatuto de
sindicato provincial a aquellas organizaciones que reunieran a la mayoría de afiliados sindicales
que existieran en un determinado sector o en una región. Los demandantes alegaron que estas
disposiciones impedían ejercer el pluralismo sindical en el ámbito provincial.
416 Ley de tratados internacionales de Ucrania de 22 de diciembre de 1993.
417 Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966.
197

Finalmente, los demandantes impugnaron la validez del artículo 16 de la ley relativo al
procedimiento de registro de sindicatos. Según esta disposición, el Registro en el Ministerio de
Justicia constituía una condición previa a la obtención de la personalidad jurídica, aunque el
Ministerio podía rechazar dicho registro si consideraba que no se habían respetado las reglas del
artículo 11.
El Tribunal se fundó, en primer lugar, en los artículos 36 y 37 de la Constitución de Ucrania,
relativos al reconocimiento de la libertad sindical, y consideró que tales disposiciones protegían
el pluralismo sindical, que se había visto minorado por lo dispuesto en el artículo 11 de la ley
objeto del recurso. La jurisdicción constitucional estimó posteriormente que el artículo 16 de la
Constitución producía el efecto de subordinar la creación de sindicatos a una autorización
previa, condición que la Constitución prohíbe de forma expresa.
El Alto Tribunal, para reforzar su planteamiento, consideró que las disposiciones objeto del
litigio también eran contrarias al Convenio núm. 87 de la OIT y al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Tribunal señaló que las garantías incluidas en
ambos instrumentos se habían integrado en la Constitución. A este respecto, el Tribunal declaró
lo siguiente:
“El espíritu de estos tratados internacionales se ha incorporado en el texto de la
Constitución ucraniana, en particular en sus artículos 36 y 37, que contienen
protecciones y garantías similares relativos al ejercicio por parte de los ciudadanos del
derecho a la libertad de asociación, las organizaciones sindicales inclusive. Dado que
ciertas disposiciones de la ley parecen inconstitucionales en la medida de que violan el
derecho de los ciudadanos a la liberta de asociación, el Tribunal Constitucional de
Ucrania señala, a este respecto, que las exigencias del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio núm. 87 de la OIT no se han
incorporado adecuadamente al texto legislativo.”
El Tribunal Constitucional de Ucrania, basándose en el texto de la Constitución y en las
disposiciones de los tratados internacionales pertinentes en la materia, declaró pues la
inconstitucionalidad de los artículos relativos a los sindicatos que dieron lugar al litigio.
198

Uruguay
122. Tribunal de Apelaciones del Trabajo de Primer Turno, CHH c. TSA por cobro de
licencia no gozada y salario vacacional, 12 de marzo de 1993, sentencia núm. 475
Tema: vacaciones pagadas
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumento utilizado: tratado ratificado 418
Licencia vacacional/ Condiciones para la obtención del derecho a una licencia vacacional/
Prevalencia de la norma internacional cuando es más favorable al trabajador/ Aplicación
directa del derecho internacional para descartar una disposición nacional de jerarquía inferior
Un trabajador interpuso una demanda para obtener el cobro de una licencia no gozada y del
salario vacacional tras ser despedido sin el pago de dichos rubros. El demandante señaló que, en
su caso y con respecto al cómputo para generar su derecho de licencia, la empresa demandada
había tomado en cuenta los días trabajados del recurrente y después, de conformidad con un
convenio colectivo, había considerado los primeros 30 días de ausencias por enfermedad
debidamente comprobada del trabajador, pero en el cómputo no había tomado en cuenta los
ulteriores días de ausencia por el citado motivo. Es necesario señalar que la legislación nacional
preveía una solución similar al convenio colectivo.
Ante dicha situación, el demandante fundamentó su recurso señalando que, en el presente caso,
se debía aplicar el Convenio núm. 132 de la OIT como norma más favorable al trabajador. El
demandante afirmó que tal Convenio disponía que, para generar el derecho de licencia, debían
computarse todas las ausencias por enfermedad. No obstante, el juez de primera instancia se
decantó por la solución contenida en el convenio colectivo. En consecuencia, el demandante
interpuso un recurso de apelación.
Para determinar cómo debían computarse las ausencias por enfermedad para generar el derecho
de licencia, el Tribunal de Apelaciones efectuó un análisis del Convenio núm. 132 de la OIT, 419
contrastándolo con el convenio colectivo 420 y la legislación nacional. El Tribunal indicó que el
primero tenía prevalencia al establecer beneficios superiores respecto al cómputo de las
ausencias por enfermedad.
El Tribunal se pronunció de la siguiente manera:
“El Tribunal estima que el agravio es de recibo, en virtud de lo dispuesto en el
Convenio Internacional del Trabajo núm. 132, cuya imperativo legal no puede ser
disminuido por lo resuelto en un convenio colectivo, el cual no prevalece sobre una
norma heterónoma imperativa que establece beneficios superiores a los establecidos por
la convención colectiva”.
“Asimismo, la colisión entre dicho Convenio Internacional del Trabajo núm. 132 y una
ley nacional debe ser resuelta en el sentido de la norma más favorable al trabajador, en
este caso el Convenio, que dispone que todas las ausencias por enfermedad se computen
para generar el derecho a la licencia, en tanto que la legislación nacional (Ley núm.
12.290) dispone que las ausencias por enfermedad debidamente comprobada no generan
descuentos a efectos de la licencia, hasta un máximo de 30 días. El Decreto-ley núm.
418 Convenio núm. 132 de la OIT sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970.
419 Artículo 5, 4) del Convenio núm. 132: “En las condiciones que en cada país se determinen por la autoridad
competente o por el organismo apropiado, las ausencias del trabajo por motivos independientes de la voluntad de la
persona interesada, como enfermedad, accidente o maternidad, serán contadas como parte del período de servicios.”
420 Convenio colectivo: “Se computarán los días de ausencias por enfermedad hasta un máximo de 30 días al año.”
199

14.407, a su vez, establece que el derecho a la licencia y al salario vacacional se
obtendrá y percibirá, respectivamente, en forma proporcional al periodo trabajado.”
“Si bien el citado Convenio núm. 132 acepta que los diversos Estados que se adhieren al
mismo puedan reglamentar sus propias disposiciones (se pueden reglamentar incluso
por convenios colectivos), debido a que el Reglamento es una norma de inferior
jerarquía al Convenio, no pueden derogarlo en todo ni en parte, sino sólo explicitar la
forma en que será aplicado.”
En consecuencia, el Tribunal de Apelación basó su decisión en la interpretación del Convenio
núm. 132 de la OIT, amparó la demanda para descartar el convenio colectivo y dispuso que se
computaran todas las ausencias por enfermedad para generar el derecho a la licencia.
Zambia
123. Tribunal Supremo de Zambia, Jurisdicción Civil, Standard Chartered Bank Zambia
Limited c. Peter Zulu y 118 otros, 13 de noviembre de 1997, núm. 59 de 1996
Tema: prohibición del trabajo forzoso
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho interno
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 421 tratado no ratificado 422
Traspaso de contratos de trabajo de una empresa a otra sin el consentimiento de los
empleados/ Empresa condenada en apelación por trabajo forzoso/ Reconocimiento por parte
del Tribunal Supremo de los convenios de la OIT como fuente para la interpretación de la
Constitución de Zambia
Los empleados de un banco presentaron una demanda judicial al traspasarse sus contratos de
trabajo a otra empresa sin su consentimiento. El Tribunal de Apelación consideró que este
traspaso contravenía el artículo 14 de la Constitución Nacional, que prohibía el trabajo forzoso,
así como los convenios de la OIT ratificados por Zambia.
La empresa acudió al Tribunal Supremo, que debía decidir, entre otras cosas, sobre la legalidad
de esta referencia a los convenios internacionales:
“Zambia ha ratificado algunos convenios internacionales, pero para que se integren a
nuestro ordenamiento jurídico interno deben cumplir las condiciones establecidas en la
Constitución (...). Los convenios ratificados pueden influir en la interpretación del
artículo 14, 2) de la Constitución, relativo al trabajo forzoso. El artículo 14, 2) establece
lo siguiente:
“No podrá exigirse a ninguna persona que realice un trabajo forzoso”.
En dicho artículo se ha tratado de definir el “trabajo forzoso”, pero es posible que la
definición no abarque las nuevas situaciones y que sea necesario o deseable buscar
orientación en los convenios de los que Zambia forma parte.”
Tras considerar que el derecho internacional podía constituir una fuente de interpretación de la
Constitución Nacional, el Tribunal Supremo de Zambia desestimó la alegación relativa a la
referencia al derecho internacional de la empresa que presentó el recurso.
421 Convenio núm. 105 de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957; Convenio núm. 122 de la OIT sobre la
política del empleo, 1964; Convenio núm. 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
422 Convenio núm. 92 de la OIT sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949.
200

Constitución de Zimbabwe
Zimbabwe
Artículo 111, b): Efectos de los convenios internacionales
Salvo que la presente Constitución o una ley parlamentaria dispongan otra cosa, los convenios, tratados
y acuerdos celebrados u objeto de adhesión por el Presidente o bajo la autoridad de éste con uno o más
Estados o Gobiernos extranjeros u organizaciones internacionales: (…)
b) no formarán parte del derecho interno de Zimbabwe hasta que se incorporen al mismo mediante
una ley parlamentaria. (…)
124. Tribunal de Relaciones Laborales, Frederick Mwenye c. Textile Investment
Company, 8 de mayo de 2001, núm. LRT/MT/11/01
Tema: acoso sexual
Función del derecho internacional: resolución directa del litigio con base en el derecho
internacional
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado; 423 jurisprudencia internacional 424
Acoso sexual/ Laguna en el derecho interno/ Aplicación directa del derecho internacional
para definir el acoso sexual
Una secretaria se quejó, ante el Director General de la empresa para la que trabajaba, de que
uno de sus superiores directos la estaba sometiendo a un constante y persistente acoso sexual.
Dicho directivo fue despedido, pero impugnó la decisión ante los tribunales.
El Tribunal de Relaciones Laborales debía determinar si la conducta del demandante podía
considerarse como acoso sexual. Ninguna disposición del derecho interno regulaba la
cuestión, por lo que el tribunal acudió al derecho internacional y acordó lo siguiente:
“No tengo conocimiento de ningún caso en el que la jurisprudencia nacional haya
dado una definición judicial del término ‘acoso sexual’. En su sentido gramatical
ordinario, el término connota el sometimiento de una persona a un tratamiento
desagradable e inaceptable de naturaleza sexual.
La Recomendación General núm. 19, de 1992, de la Convención de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer 425 señala que “el hostigamiento sexual incluye conductas de tono
sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual,
exhibición de pornografía y exigencias sexuales, ya sean verbales o de hecho”. En
este caso, las pruebas muestran claramente que el recurrente realizó reiteradas
aproximaciones sexuales no deseadas a la Sra. Gwelo, provocándole malestar e
incomodidad. Pese a sus claras negativas, el recurrente persistió en su inaceptable
comportamiento. (…)
El acoso sexual es un comportamiento abusivo e inmoral, esencialmente contrario a la
dignidad y a la integridad humana y supone una vulneración de la libertad de
asociación (…). La citada Recomendación General núm. 12 considera el
hostigamiento sexual como una forma de violencia contra la mujer.”
423 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979.
424 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomendación general núm. 19.
425 Téngase en cuenta que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer no es un convenio de la OIT. La recomendación general núm. 19 fue adoptada por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano de control de la citada Convención.
201

Ante la constatación de la existencia de una laguna en el derecho interno, el Tribunal de
Relaciones Laborales aplicó directamente lo dispuesto en la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer para considerar la conducta del
demandante como acoso sexual y desestimar su demanda.
202

Tribunal Europeo de Derechos Humanos
125. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tercera Sección, Enerji Yapi-Yol Sen c.
Turquía, 21 de abril de 2009, demanda núm. 68959/01
Temas: libertad sindical; derecho de huelga
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
Tipo de instrumentos utilizados: tratado ratificado; 426 jurisprudencia internacional 427
Libertad sindical y derecho de huelga/ Prohibición de reunión/ Interpretación del artículo 11
del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos a la luz del derecho
internacional
Unos funcionarios turcos que trabajaban en el sector de catastro, de la energía y en los
servicios de infraestructuras y de construcción de autopistas, habían fundado un sindicato que
se había hecho miembro de la Federación de Sindicatos del Sector Público. En 1996, cinco
días antes de las acciones programadas por esta Federación para el reconocimiento del
derecho a un convenio colectivo de los funcionarios, el gobierno turco publicó una circular
que prohibía a los funcionarios participar en concentraciones que tuvieran la huelga como
finalidad. Miembros del sindicato, que participaron en estas jornadas de huelga e hicieron
declaraciones a la prensa, fueron sometidos a sanciones disciplinarias. El sindicato presentó
una demanda al Consejo de Estado para la anulación de la circular, pero el recurso fue
rechazado. Ante el recurso presentado por el sindicato, la Asamblea Plenaria del Consejo de
Estado confirmó el fallo.
El sindicato acudió entonces al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que se
había producido una violación por parte de la República de Turquía de los artículos 11 y 14
del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
Aplicando los principios de interpretación enunciados en su fallo sobre el caso Demir y
Baykara c. Turquía, el Tribunal reforzó su decisión teniendo en cuenta elementos
provenientes de fuentes de derecho internacional distintas del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos. Tras afirmar que la huelga, que permite al sindicato
hacer que se oiga su voz, constituye un recurso importante para que los miembros de un
sindicato puedan proteger sus intereses, se refirió al Convenio núm. 87 de la OIT. Señaló de
este modo que el derecho de huelga se encuentra reconocido por los órganos de control de la
Organización Internacional del Trabajo como el corolario indisociable del derecho de
asociación sindical protegido por el Convenio núm. 87 de la OIT.
Interpretando el artículo 11 a la luz de estos principios, el Tribunal afirmó que, aunque la
prohibición del derecho de huelga podía afectar a ciertas categorías de funcionarios, no podía
extenderse a los funcionarios en general, como se había hecho en este caso, ni a los
trabajadores públicos de las empresas comerciales o industriales del Estado. Añadió que la
circular, redactada en términos generales, prohibía de manera absoluta a todos los
funcionarios el derecho a la huelga, sin que Turquía hubiera demostrado que la restricción
incriminada fuera necesaria en una sociedad democrática.
El recurso a elementos del derecho internacional distintos del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos llevó al Tribunal a concluir que la adopción de la
426
Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
(ratificado por Turquía el día 12 de julio de 1993).
427
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT; Comité de Libertad Sindical
de la OIT.
203

circular de 1996 y su aplicación por parte de Turquía no correspondían a una «necesidad
social imperiosa» y que, en consecuencia, se había atentado contra el disfrute efectivo por
parte del sindicato demandante de los derechos consagrados en el artículo 11 de la
Convención.
126. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Gran Sala, Demir y Baykara c. Turquía,
12 de noviembre de 2008, demanda núm. 34503/97
Temas: libertad sindical; negociación colectiva
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos;
referencia al derecho internacional para reforzar una decisión basada en el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 428 jurisprudencia internacional 429
Libertad sindical/ Derecho a la negociación colectiva/ Interpretación del Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos a la luz del derecho internacional/ Referencia
al derecho internacional para reforzar una solución basada en el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos
Un sindicato, creado en Turquía en 1990 por funcionarios municipales, firmó un convenio
colectivo con un municipio. Al no cumplir este municipio con todas las obligaciones
derivadas del texto, el sindicato acudió al Tribunal de Gran Instancia. El juicio de este
tribunal, que dio la razón al sindicato, fue invalidado por el Tribunal de Casación, que negó al
sindicato el derecho a la negociación colectiva con un municipio. Tras esta decisión, el
Tribunal de Cuentas ordenó a los miembros del sindicato que reembolsaran el sobrante de las
rentas percibidas en aplicación de este convenio colectivo anulado. Los alcaldes, que habían
firmado dichos acuerdos colectivos, fueron demandados por lo penal y por lo civil por abuso
de poder.
Un miembro del sindicato y su Presidenta acudieron al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Tras un primer fallo, que concluía que se había producido una violación del
artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, el caso se
remitió a la Gran Sala del Tribunal a petición del gobierno de la República de Turquía, que
alegó entonces que el Tribunal no podía, ni siquiera por vía de interpretación, oponerle otros
tratados internacionales que no fueran el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos. Esta argumentación fue rechazada por la Gran Sala.
Para explicar sus métodos de interpretación, la Gran Sala recordó que las disposiciones del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos podían interpretarse a la luz
de los tratados internacionales aplicables a la materia, pero también de acuerdo con las
normas pertinentes del derecho internacional consideradas «principios generales del derecho
reconocidos por las naciones civilizadas», o como «principios establecidos por textos de
428
Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
(ratificado por Turquía el día 12 de julio de 1993); Convenio núm. 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y
de negociación colectiva, 1949 (ratificado por Turquía el día 23 de enero de 1952); Convenio núm. 151 de la OIT
sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (ratificado por Turquía el día 12 de julio de
1993).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también hizo referencia a otros instrumentos internacionales
ratificados por Turquía como la Carta Social Europea, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
1966, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966.
429
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT; Comité de Libertad Sindical
de la OIT.
204

alcance universal» o «normas internacionalmente aceptadas». Precisó que, en la búsqueda de
denominadores comunes entre las normas del derecho internacional, no hace distinción entre
las fuentes de derecho, por el hecho de haber sido firmadas y ratificadas, o no, por el gobierno
demandado.
Aplicando estos principios en lo relativo al derecho de los funcionarios municipales de fundar
sindicatos, para interpretar el artículo 11 del Convenio, el Tribunal se refirió al Convenio
núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical. También se basó en la opinión de la Comisión de
Expertos de la OIT sobre la aplicación de los convenios y las recomendaciones, que, en sus
observaciones redactadas a la atención del Gobierno de Turquía, estimó que la única
excepción al derecho sindical prevista por el Convenio núm. 87 afectaba a los miembros de
las fuerzas armadas y de la policía y no a otros miembros de la Administración. 430 El Tribunal
también se remitió a las decisiones del Comité de Libertad Sindical del Consejo de
Administración de la OIT en lo que respecta a los funcionarios municipales. 431 Dedujo del
conjunto de estos elementos que las restricciones impuestas por el artículo 11, párrafo 2, del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos exigían una interpretación
estricta, los funcionarios municipales no podían ser tratados como si fueran miembros de la
Administración del Estado y ver de este modo limitado su derecho a organizarse y formar
sindicatos.
Sobre el asunto de la anulación retroactiva del convenio colectivo a consecuencia del fallo del
Tribunal de Casación, el Tribunal se basó en el Convenio núm. 98 de la OIT sobre el derecho
de sindicación y de negociación colectiva. Observó que, aunque este convenio, como lo
indica en su artículo 6, no trata la situación de los funcionarios públicos, la Comisión de
Expertos de la OIT ha interpretado que esta disposición excluye únicamente a los
funcionarios cuyas actividades son propias de la Administración del Estado. A la luz de estos
elementos, pero también del Convenio núm. 151 de la OIT, el Tribunal estimó que su
jurisprudencia, según la cual el derecho a negociar y firmar convenios colectivos no constituía
un elemento inherente del artículo 11, debía revisarse para que tuviera en cuenta la evolución
perceptible tanto en el derecho internacional como en los sistemas jurídicos nacionales.
Basándose de este modo en los Convenios núm. 87, 98 y 151 de la OIT así como en los
instrumentos elaborados por los órganos de control de la OIT, el Tribunal afirmó que se había
producido una violación del artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos, por una parte, por la intromisión que habían sufrido los funcionarios
municipales en el ejercicio de su derecho a fundar sindicatos, y, por otra parte, por la
anulación retroactiva del convenio colectivo firmado por el sindicato después de realizar
negociaciones colectivas con la administración.
430 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT: observación sobre la
aplicación del Convenio núm. 87 en Turquía publicada en 2005.
431 OIT: La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo
de Administración de la OIT, cuarta edición (revisada), (Ginebra, 1996), párrafo 217. En la versión actualizada de
dicha recopilación (quinta edición revisada, 2006) ver párrafo 230.
205

Corte Interamericana de Derechos Humanos
127. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Huilca Tecse c. Perú, 3 de marzo de
2005
Tema: libertad sindical
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interamericano
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 432 jurisprudencia internacional 433
Libertad de asociación/ Libertad sindical/ Derecho a la vida/ Derecho y la libertad de
determinado grupo a asociarse libremente, sin miedo o temor/ Obligación del Estado de
permitir que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente/
Responsabilidad internacional del Estado/ Uso del derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interamericano
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte Interamericana una
demanda contra el Estado del Perú por la ejecución extrajudicial de un importante líder
sindical peruano, el señor Pedro Huilca Tecse, quien al momento de los hechos, se
desempeñaba como Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del
Perú. La Comisión señaló que dicha ejecución fue llevada a cabo presuntamente por
miembros del Grupo Colina, un escuadrón de eliminación vinculado al Servicio de
Inteligencia del Ejército del Perú. Además, la demanda también se refirió a la presunta falta
de una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos.
El Estado en su contestación de la demanda se allanó a las pretensiones de la parte
demandante y también en los extremos de la reparación civil y las costas. La Corte establece
que hay indicios suficientes para concluir que la ejecución extrajudicial del señor Pedro
Huilca Tecse tuvo una motivación política, producto de una operación encubierta de
inteligencia militar y tolerada por diversas autoridades e instituciones nacionales. La Corte
concluye que se violó el derecho a la vida y a la libertad de asociación, consagrados en la
Convención Americana de Derechos Humanos. En relación con este último, establece que se
configuró una violación del contenido del derecho a la libertad de asociación, en relación con
la libertad sindical pues el asesinato fue motivado por su carácter de líder sindical opositor. Y,
agrega que no sólo se restringió la libertad de asociación de un individuo, sino también del
movimiento sindical por el efecto amedrentador de la ejecución del señor Pedro Huilca Tecse.
Para reforzar su decisión, la Corte acude a la normatividad y a la jurisprudencia internacional
y regional:
“La Corte recuerda lo señalado en el Protocolo de San Salvador de 17 de noviembre
de 1988 y en el Convenio 87 de la OIT relativo a la Libertad Sindical y a la
Protección del Derecho de Sindicación de 17 de junio de 1948, los cuales en sus
artículos 8.1.a y 11, respectivamente, comprenden la obligación del Estado de
permitir que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente. El
Perú ratificó el Convenio 87 de la OIT el 2 de marzo de 1960.
El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha señalado que “la libertad sindical sólo
puede ejercerse en una situación en que se respete y garanticen plenamente los
432 Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
(ratificado por Perú el día 2 de marzo de 1960); Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San
José de Costa Rica”), 1969 (ratificado por Perú el día 8 de majo de 1978); Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de
San Salvador”), 1988 (ratificado por Perú el día 28 de octubre de 1992).
433 Comité de Libertad Sindical de la OIT; Corte Europea de Derechos Humanos.
206

derechos humanos fundamentales, en particular los relativos a la vida y a la seguridad
de la persona.”
La Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que el ejercicio efectivo de la
libertad de asociación no puede “ser reducido a una mera obligación por parte del
Estado de no interferir: un concepto solamente negativo no sería compatible con el
objeto y propósito del artículo 11 [del Convenio Europeo, el cual] en algunas
ocasiones requiere la adopción de medidas positivas, aún en la esfera de relaciones
entre particulares, si el caso así lo amerita.”
[…]
El Estado debe garantizar que las personas puedan ejercer libremente su libertad
sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna, de lo contrario, se podría
disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus
intereses.” 434
Basándose en la Convención Americana de Derechos Humanos y con referencia a el
Convenio núm. 87 de la OIT y a la jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical de la OIT y
de la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte considera que el Estado peruano incurrió
en responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida y la libertad de
asociación y establece medidas de reparación para las víctimas.
128. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Baena Ricardo y otros c. Panamá,
2 de febrero de 2001
Tema: libertad sindical
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional para reforzar una
decisión basada en el derecho interamericano
Tipo de instrumentos utilizados: tratados ratificados; 435 jurisprudencia internacional 436
Derechos laborales/ Derechos sindicales/ Libertad de expresión/ Libertad de asociación/
Derecho de acceso a la justicia/ Derecho a un recurso judicial efectivo/ Uso del derecho
internacional para reforzar una decisión basada en el derecho interamericano
El Comité Panameño por los Derechos Humanos denunció ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Panamá por el despido arbitrario de 270
empleados públicos y dirigentes sindicales, que habían participado en distintas protestas
contra la política gubernamental en reclamo de sus derechos laborales. El despido se produjo
luego de que el Gobierno acusara a estas personas de haber participado en aquellas
manifestaciones de protesta y de resultar cómplices de una asonada militar. Para concretar la
sanción, se aplicó una ley (núm. 25) dictada con posterioridad a los hechos, que estableció
que la tramitación de los juicios que iniciaran los trabajadores a raíz de los despidos se
realizaría en el fuero contencioso-administrativo y no en el laboral, tal como determinaba la
legislación vigente.
434
Párrafos 74 a 77 de la sentencia.
435
Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
(ratificado por Panamá el día 3 de junio de 1958); Convenio núm. 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y
de negociación colectiva, 1949 (ratificado por Panamá el día 16 de majo de 1966); Convención Americana sobre
Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), 1969 (ratificado por Panamá el día 8 de majo de 1978);
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), 1988 (ratificado por Panamá el día 28 de octubre de 1992).
436
Comité de Libertad Sindical de la OIT; Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
de la OIT.
207

Todos los reclamos de los trabajadores ante la jurisdicción contencioso-administrativa fueron
desestimados. Adicionalmente, se presentaron tres acciones de inconstitucionalidad contra la
Ley 25 ante la Corte Suprema de Justicia. Dichas acciones fueron acumuladas y, mediante
sentencia de 23 de mayo de 1991, dicho tribunal declaró que la Ley 25 era constitucional
salvo el parágrafo del artículo 2. Agregó la Corte que en las acciones de inconstitucionalidad
se debe limitar a “declarar si una norma es o no inconstitucional”, y por ello no se pronunció
sobre la situación concreta de los trabajadores destituidos.
La CIDH hizo intentos de solución amistosa entre los trabajadores y el Estado sin obtener
ningún resultado positivo pues el 10 de diciembre de 1997 el Estado panameño rechazó el
informe de la Comisión aduciendo “obstáculos, motivaciones y fundamentos jurídicos que le
impedían ejecutar las recomendaciones emitidas por la Comisión”.Por lo tanto, la Comisión
decide presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte constató que al despedir a los trabajadores estatales, se despidió a muchos dirigentes
sindicales que se encontraban involucrados en una serie de reivindicaciones. Aún más, se
destituyó a los sindicalistas y trabajadores por actos que no constituían causal de despido en la
legislación vigente al momento de los hechos. Así, determinó que, al asignarle carácter
retroactivo a la Ley 25, se pretendió darle fundamento a la desvinculación laboral masiva de
dirigentes sindicales y de trabajadores del sector público, actuación que vulneró las
posibilidades de acción de las organizaciones sindicales en el mencionado sector.
La Corte tomó también en consideración las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la
OIT que se había pronunciado sobre este caso en concreto (caso 1569), como los comentarios
de la Comisión de Expertos de la OIT:
“El Comité de Libertad Sindical de la OIT, al resolver el caso No. 1569, decisión que
consta en el acervo probatorio del expediente ante esta Corte, consideró que “el
despido masivo de dirigentes sindicales y trabajadores del sector público por el paro
del día 5 de diciembre de 1990 es una medida que puede comprometer seriamente las
posibilidades de acción de las organizaciones sindicales en el sector público en las
instituciones donde existan”, y que, en consecuencia, tal despido significó una grave
violación al Convenio 98 relativo a la aplicación de los principios del derecho de
sindicación y de negociación colectiva.
Por su parte, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT, al resolver el caso No. 1569, tal como consta en la
referida resolución del Comité de Libertad Sindical, pidió al Estado que derogara la
Ley 25, “en la que se fundaron los despidos masivos por considerar que la misma,
atenta gravemente contra el ejercicio del derecho de las asociaciones de trabajadores
públicos, de organizar sus actividades.”” 437
Así las cosas, acudiendo a los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical y de la
Comisión de Expertos de la OIT para reforzar a su argumentación, la Corte declaró que el
Estado de Panamá había violado el derecho a la libertad de asociación, consagrado en el Art.
16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como los derechos a las garantías
judiciales y a la protección judicial, y los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley
en perjuicio de los 270 trabajadores. Por ello, decidió que el Estado debía reintegrar en sus
cargos a los trabajadores y pagarles los montos correspondientes a los salarios caídos.
437 Párrafos 162 y 163 de la sentencia.
208

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
129. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gerhard Schultz-Hoff c. Deustche
Rentenversicherung Bund y Stringer y otros c. Her Majesty’s Revenue and Customs
(peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Landesarbeitsgericht
Düsseldorf (Alemania) y la House of Lords (Reino Unido)), 20 de enero de 2009,
asuntos acumulados C-350/06 y C-520/06
Tema: tiempo de trabajo
Función del derecho internacional: uso del derecho internacional como guía para la
interpretación del derecho de la Unión Europea
Tipo de instrumento utilizado: tratado no ratificado 438
Condiciones de trabajo/ Ordenación del tiempo de trabajo/ Directiva 2003/88/CE/ Derecho a
vacaciones anuales retribuidas/ Licencia por enfermedad/ Vacaciones anuales que coinciden
con una licencia por enfermedad/ Compensación económica en concepto de vacaciones
anuales retribuidas que, por razones de enfermedad, no se disfrutaron antes de que finalizara
el contrato/ Interpretación del derecho de la Unión Europea a la luz del derecho
internacional
Un trabajador alemán y dos trabajadores británicos, el primero reconocido como persona con
discapacidad grave, los otros por encontrarse enfermos, estuvieron de baja por enfermedad
durante varios meses. Al no haber podido recibir durante los periodos de referencia
correspondientes sus vacaciones pagadas anuales, habían reclamado una indemnización por
vacaciones pagadas no disfrutadas. Ante la negativa de sus empleadores respectivos,
acudieron a la jurisdicción competente de sus respectivos países para que se condenara al
empleador a pagar esta indemnización. Sus demandas fueron rechazadas sobre la base de que
ninguno de los Estados afectados permitía en su derecho interno tal indemnización. Las
disposiciones nacionales alemanas y británicas prevén, en efecto, que las vacaciones pagadas
de acuerdo con la ley deben disfrutarse durante el año en curso, sin que sea posible
compensación alguna por medio de una indemnización financiera al final de la relación
laboral.
Para ocuparse de tres cuestiones prejudiciales del Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Alemania)
y la House of Lords (Reino Unido) sobre la interpretación del artículo 7 de la directiva
2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 4 de noviembre de 2003 relativas a
ciertos aspectos de la organización del tiempo de trabajo, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea se basó en el Convenio núm. 132 de la OIT.
Afirmando que la directiva 2003/88, en el considerando sexto, tenía en cuenta principios de la
Organización Internacional del Trabajo en materia de organización del tiempo de trabajo, 439 el
Tribunal se remitió al artículo 5, párrafo 4, del Convenio núm. 132 de la OIT sobre las
vacaciones pagadas anuales. Después, interpretando la directiva a la luz de estas disposiciones
del Convenio núm. 132, declaró que, al tratarse de trabajadores con baja por enfermedad
debidamente prescrita, el derecho a unas vacaciones pagadas anuales conferido por la propia
directiva 2003/88 a todos los trabajadores no puede estar subordinada en un Estado Miembro
a la obligación de haber efectivamente trabajado durante el periodo de referencia establecido
por dicho Estado. 440
438 Convenio núm.132 de la OIT sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970.
439 Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 4 de noviembre de 2003 relativa a ciertos
aspectos de la organización del tiempo de trabajo.
Considerando núm. 6 conviene tener en cuenta los principios de la OIT en materia de organización del tiempo de
trabajo, incluido lo relativo al trabajo de noche.
440 Las conclusiones de la abogado general, la Sra. Verica Trstenjak, presentadas el 24 de enero de 2008 señalan:
209

El recurso al Convenio núm. 132 de la OIT como fuente de interpretación de la directiva llevó
al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a declarar:
que el artículo 7, párrafo 1, de la directiva 2003/88 debe interpretarse en el
sentido de que se opone a las disposiciones o las prácticas nacionales que prevén la
extinción del derecho a las vacaciones anuales pagadas en el momento en el que
expira el periodo de referencia y/o un periodo de prórroga fijado por el propio
derecho nacional cuando el trabajador ha estado de baja por enfermedad durante todo
o parte del periodo de referencia y si su incapacidad para trabajar ha perdurado hasta
el final de la relación laboral, razón por la cual no ha podido ejercer su derecho a
vacaciones anuales pagadas.
- que el artículo 7, párrafo 2, de la directiva 2003/88 debe interpretarse en el
sentido de que se opone a las disposiciones o las prácticas nacionales que prevén que,
al finalizarse la relación laboral, no ha de pagarse ninguna indemnización financiera
por vacaciones anuales pagadas no disfrutadas al trabajador que ha estado de baja por
enfermedad durante todo o parte del periodo de referencia y/o de un periodo de
prórroga, siendo éste el motivo por el que no ha podido ejercer su derecho a
vacaciones anuales pagadas. Para el cálculo de dicha indemnización financiera, la
remuneración ordinaria del trabajador, que es la que debe mantenerse durante el
periodo de reposo correspondiente a las vacaciones anuales pagadas, es igualmente
determinante.
- que, aunque la Comunidad Europea no sea miembro de la Organización Internacional del Trabajo, todos sus
Estados Miembros lo son,
- que, teniendo en cuenta la referencia que encontramos en el sexto considerando de la directiva sobre los
principios de la OIT, es indispensable interpretar la directiva teniendo en cuenta principios esenciales del
Convenio núm. 132 de la OIT, que fija las normas internacionales de referencia en el ámbito del derecho laboral.
210

Para cualquier observación sobre posibles imprecisiones o información sobre nuevas
sentencias nacionales referidas al derecho internacional, sírvase contactar a:
Programa sobre Normas Internacionales del Trabajo, Derechos en el Trabajo e
Igualdad de Género
Centro Internacional de Formación de la OIT
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turín (Italia)
Teléfono: +39.011.6936626
Fax: +39.011.6391913
Correo: ilsgen@itcilo.org
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