CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2008-PL - SCJN

Vo. Bo.
Cotejó
CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009.
SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES
COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO,
AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al uno
de julio de dos mil nueve.
V I S T O S; Y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante oficio recibido el veintiuno de mayo de
dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y
Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
licenciado José Lima Cobos, Magistrado Numerario del Tribunal
Unitario Agrario del Cuadragésimo Distrito, denunció la posible
contradicción de criterios entre los sustentados por el Primero y
Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos
del Séptimo Circuito, al resolverse los juicios de amparo directo
********** y **********, respectivamente.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
SEGUNDO. A través del oficio número SSGA-XI-
21427/2009 del veintidós de mayo de dos mil nueve, el
Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal, remitió
a la Segunda Sala el original del oficio antes referido, así como
copia simple de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo
directo DA. ********** y ********** y de las sentencias pronunciadas
en los juicios agrarios ********** y **********, por considerar que a
este órgano jurisdiccional le correspondía el trámite y
conocimiento de la denuncia de mérito.
Mediante acuerdo del veintiséis de mayo siguiente, el
Presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal admitió el
asunto registrándolo con el número 195/2009, y solicitó a los
Presidentes de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo
ambos en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, copia
certificada de las ejecutorias dictadas en los expedientes de sus
respectivos índices.
TERCERO. Por proveído del once de junio de la misma
anualidad, el Presidente de la Segunda Sala tuvo por cumplido lo
anterior; declaró su legal competencia; dio vista al Procurador
General de la República para que manifestara lo que a su
representación social conviniese, y turnó el asunto, para su
resolución, a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
La Agente del Ministerio Público de la Federación mediante
oficio número DGC/DCC/0725/2009 formuló el pedimento en el
sentido de que el Tribunal Unitario Agrario debe analizar y calificar
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
un convenio de uso o usufructo, cuando se demande su
cumplimiento, aun cuando el demandado no comparezca a juicio.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y
resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de
conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII,
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos
Primero, Segundo y Cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001,
del veintiuno de junio de dos mil uno, pues el asunto pertenece a
la materia administrativa, especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La presente contradicción de tesis proviene de
parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de
la Ley de Amparo, toda vez que la formuló la autoridad señalada
como responsable en los dos juicios de amparo cuyas ejecutorias
se denuncian opuestas.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe
la contradicción de tesis propuesta y, en su caso resolverla,
resulta indispensable tener presentes las ejecutorias emitidas por
los Tribunales Colegiados de Circuito.
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Séptimo Circuito, al resolver el veintitrés de abril de dos mil
nueve, el amparo directo **********, determinó en la parte que
interesa:
“Quinto. Los conceptos de violación son
jurídicamente ineficaces. --- En efecto, el quejoso
se duele de que en la sentencia combatida, que es
la que dictó el cuatro de enero de dos mil ocho el
Magistrado del Tribunal Agrario del Cuadragésimo
Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad
de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el expediente
número **********, dicha autoridad responsable
desestimara sus acciones, consistentes la primera,
en la condena a la demandada, **********, al
cumplimiento del convenio conciliatorio de
usufructo que celebraron el diecinueve de junio de
dos mil siete, respecto de una fracción de una
hectárea, de la parcela que le corresponde a la
referida **********, como ejidataria con derechos
legalmente reconocidos en el poblado “**********”,
del Municipio de Texistepec, Veracruz, lo que
acreditó con el “certificado de derechos
parcelarios número ********** expedido por el
Registro Agrario Nacional con fecha 02 de octubre
de 1996, el cual ampara una superficie de **********
hectáreas” y, la segunda, en la emisión de la orden
al recién nombrado registro, para que inscribiera la
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resolución que en dicho juicio se dictara, a fin de
que “cause todos sus efectos legales”, pues, aunque
se tramitó y resolvió en rebeldía de la demandada,
el mencionado titular del Tribunal de que se trata
dispuso absolverla de esas acciones, con apoyo,
medularmente, en dos razones que, a su criterio, le
hicieron concluir que el citado convenio “no cumple
con los requisitos que señala la legalización (sic)
agraria”, por lo que era inconducente “calificarlo de
legal y elevarlo a la categoría de cosa juzgada”, las
que se hizo consistir en que el monto de la
contraprestación fijada por el usufructo, convenido
por el término de treinta años, ascendió a la suma
de $**********, lo que equivale a $6.72 diarios, suma
que es “irrisoria para satisfacer las necesidades más
elementales” de la usufructuante, y permite concluir
que ese contrato “viene a explotar la suma ignorancia,
notoria inexperiencia o extrema miseria de la parte
demandada”, y en que el actor no exhibió en dicho
juicio el proyecto productivo en que se apoyaría el
referido acuerdo de voluntades, cuestiones que
redundan en la violación de los preceptos de la Ley
Agraria que regulan esa clase de actos, o sea, los
artículos 45 y 79 de ese ordenamiento, los cuales
disponen, por su orden, que “Las tierras ejidales
podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o
aprovechamiento celebrado por el núcleo de población
ejidal, o por los ejidatarios titulares, según se trate de
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
tierras de uso común o parcelas respectivamente. Los
contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por
terceros tendrán una duración acorde al proyecto
productivo correspondiente, no mayor a treinta años,
prorrogables”, y que “El ejidatario puede aprovechar su
parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o
terceros su uso o usufructo, mediante aparcería,
mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro
acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de
autorización de (texto ilegible) o de cualquier autoridad.
Asimismo podrá (texto ilegible) sus derechos de
usufructo a la formación de sociedades tanto
mercantiles como civiles.” --- Ahora bien, precisado
lo anterior, debe decirse que es infundado el
primero de los motivos de reclamación hechos
valer, en el sentido de que el Tribunal responsable
no valoró adecuadamente la prueba confesional
que ofreció el hoy quejoso, a cargo de la
demandada, dado que las posiciones que le
articuló se calificaron de legales, y ante la
contumacia de aquélla, se le tuvo por confesa de
las mismas, máxime que dicha prueba, sigue
diciendo el disconforme, debió adminicularse con
la cláusula séptima del convenio, motivo del litigio,
todo lo cual permitía justificar la procedencia de
sus acciones, pues, en contra de lo que sin razón
afirma, de los autos agrarios relativos resulta claro
y patente, en primer lugar, que sólo se calificaron
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
de legales las posiciones primera, tercera, cuarta,
sexta y novena del pliego relativo, inherentes a que
la demandada, hoy tercera perjudicada, es titular
de la parcela número veintiséis del mencionado
ejido, que las partes celebraron el mencionado
convenio, cuyo objeto fue el usufructo de una
fracción de una hectárea de aquélla, que la propia
demandada recibió, como contraprestación del
ahora quejoso, la suma de $**********, “por concepto
de que … usufructuara la tierra motivo de este juicio
por treinta años prorrogables”, y que la fracción que
estaba usufructuando es la misma que se precisa
en el repetido acuerdo de voluntades, hechos que
de todas maneras ya se encontraban probados en
los autos naturales, por falta de impugnación de la
referida parte contumaz y que, por supuesto, no
fueron aptos para acreditar la procedencia de sus
acciones, ni aun vinculados con el contenido de la
aludida cláusula del convenio, en la cual se pactó
“Que **********, da como contraprestación a la señora
quien responde al nombre de **********, por la fracción
de tierra antes mencionada, la cantidad de $**********…
a fin de que eleve la producción y la productividad de
su parcela … “, por referirse ésta a otro hecho
también reconocido y que, por ende, en nada
desvirtúa las razones del Tribunal responsable
para desestimar sus acciones, lo anterior, sin que
se soslaye, de igual manera, que entre las
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posiciones que se calificaron de ilegales se
encuentran las atinentes a si la absolvente sabía
que el hoy quejoso tiene “un proyecto productivo de
para (sic) ganado bovino”, y que la propia **********
resultaría beneficiada con dicho proyecto, lo que
también, en contra de lo esgrimido por el hoy
quejoso, en vez de aprovecharle, afectó sus
intereses, pues, es claro que si aquéllas posiciones
no se acogieron como legales, menos pudo tenerse
a la demandada como confesa de ellas, de ahí que
sea inexacto, como se dijo, que las pruebas a las
que alude fueran aptas para justificar sus acciones.
--- Igualmente, carece de sustento legal lo demás
argumentado, tanto en la parte final del
mencionado primer concepto de impugnación,
como en la del segundo, en relación a que “el
proyecto productivo que se pretende desarrollar en la
fracción de tierra que se otorgó en usufructo es en
beneficio de las partes que intervenimos en el sumario
de referencia”, porque debido al usufructo que el
hoy quejoso recibió de la señora **********, esta
también participaría en el proyecto productivo que
se consigna en el acuerdo, de manera que, al
resolver como lo hizo, el repetido Tribunal Unitario
“no solamente me causa agravio a mi, sino también al
hoy tercero perjudicado” (sic), pues la existencia de
dicho proyecto y los eventuales beneficios que de
éste derivarían para la usufructuante, es claro que
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
no lograron justificarse, por no asentarse en el
propio convenio o exhibirse en los autos agrarios
relativos, en tanto que, por cuanto hace al resto del
segundo concepto de violación, si bien es verdad
el Tribunal responsable no manifestó,
expresamente, el fundamento legal que le permitió
concluir que la falta de exhibición del proyecto
productivo respectivo, era razón para no elevar a la
categoría de cosa juzgada y hacer cumplir
coercitivamente a la demandada el convenio
multicitado, como se exigió en el libelo origen del
juicio agrario relativo, no es menos cierto que ese
fundamento es el propio numeral 45 de la ley de la
materia, invocado en la sentencia, pues, si la litis
se circunscribió al análisis de la obligatoriedad del
convenio litigioso, en los términos en que fue
celebrado, es obvio que el resolutor debía estudiar
si estos últimos fueron acordes a la ley, por lo que
si la misma previene que los contratos que tienen
por objeto el uso de tierras ejidales por terceros,
como el del caso, “tendrán una duración acorde al
proyecto productivo correspondiente”, era menester
contrastar el término de treinta años prorrogables,
por el que fue perfeccionado el acuerdo del caso,
contra el repetido proyecto productivo y sus
particularidades, a fin de comprobar si el primero
resultaba legal, siendo que este último elemento,
necesario para el estudio de la cuestión debatida,
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
no se ofreció como prueba del actor, a pesar de ser
un acto en cuya formación intervino directamente y
que por lo mismo, como documento propio, debió
obrar en su poder y estuvo en condiciones de
exhibirlo, sin que así lo hiciera, no obstante que se
trataba de uno de los hechos base y presupuesto
de su acción principal de cumplimiento de
convenio, motivo por el que tampoco es de
acogerse lo que aduce en la parte final de su cuarto
concepto de violación, en torno a que el tribunal
omitió “aplicar la suplencia de la queja en relación a la
supuesta presentación del proyecto productivo”. --- De
conformidad con lo razonado en el párrafo que
antecede, también carece de sustento jurídico lo
esgrimido por aquél en su tercer motivo de
reclamación, acerca de que fue ilegal que el
Tribunal responsable considerara irrisoria y lesiva
de los intereses de la demandada, la
contraprestación pactada en el multicitado acuerdo
de voluntades, misma que ascendió a la suma de
$**********, ya que ésta sólo entregó “por el simple
acto de firmar el convenio de usufructo”, pues, insiste,
tanto de las aludidas posiciones de la prueba
confesional, cuanto de la referida cláusula séptima
del convenio, se deduce que el hoy tercero
perjudicado “también formaría parte del proyecto
productivo a fin de elevar la producción de su parcela”,
a más de que “nadie en su sano juicio” querría “tener
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un beneficio de $6 pesos con 72 centavos de utilidad al
día”, lo que se afirma es infundado, en primer lugar,
porque, como antes se razonó, no existe prueba en
los autos relativos de que la usufructuante
“formaría parte del proyecto productivo” de que se
trata u obtendría un beneficio personal y directo
derivado del mismo o de a cuánto ascendería ese
pretendido provecho ulterior y, en segundo,
porque de ninguna de las partes del convenio de
mérito o de las posiciones de la prueba confesional
a que alude el quejoso, se advierte estipulación
alguna acerca de que la suma en cuestión sólo
implicaba el pago por la firma del convenio
respectivo, como sin razón se aduce, sino que, por
el contrario, de la simple lectura de su cláusula
octava, se viene en conocimiento que la ahora
tercera perjudicada aceptó esa cantidad, de
conformidad, “por la tierra que otorga en usufructo a
**********, por un tiempo de 30 años prorrogables…”
(Foja 9 del sumario), lo que supone que se trató de
una contraprestación única a cambio del uso, goce
y disfrute temporal de la mencionada fracción de
su parcela, precisamente, por todo ese término, y
de ahí que sea correcto que, también por esta
causa, se desaprobara el convenio, negándose la
declaración judicial de que la demandada deba
cumplirlo y someterse a sus términos. ---
Finalmente, si bien es verdad lo afirmado por el
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quejoso en la primera parte de su cuarto concepto
de violación, en torno a que si el convenio objeto
del litigio natural no supone la “pulverización” del
ejido, como sin razón estimó el Tribunal
responsable, dado que su objeto no fue traslativo
de dominio, sino sólo del uso y goce, lo así
considerado por este último es irrelevante, dado
que, al margen de esta consideración, esa
pretendida ilegalidad, sólo fue vertida como
argumento “a mayor abundamiento”, pues como
antes se explicó, las dos razones antes precisadas,
es decir, la de que no se justificó la duración de
aquél, por falta de exhibición del proyecto
productivo con base en el cual se celebró y la de
que, prácticamente se perfeccionó en forma
gratuita, fueron bastantes para reputarlo ilegal, de
ahí que devenga inoperante dicho motivo de
reclamación.”
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el veintiuno de
noviembre de dos mil ocho, el amparo directo **********, determinó
en la parte que interesa:
“Sexto. Los conceptos de violación hechos valer
son fundados, suplidos en su deficiencia. --- Para
una mejor comprensión del asunto es conveniente
señalar que mediante escrito presentado el diez de
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
julio de dos mil cinco ante el Tribunal responsable,
********** promovió juicio agrario en contra de
**********, de quien demandó las siguientes
prestaciones: --- A) Que mediante sentencia que
dicte este Tribunal Unitario Agrario se condene al
ahora demandado ********** al cumplimiento del
convenio de fecha 03 de abril del año 2007 mismo
que fue celebrado por el suscrito y el ahora
demandado ante un representante de la
Procuraduría Agraria, institución facultada para la
celebración del citado acto jurídico. B) Se ordena al
Registro Agrario Nacional la inscripción de la
resolución que se dicte en el presente para que
ésta cause todos sus efectos legales. (Foja uno del
juicio agrario). --- El actor, aquí quejoso, basó su
demanda en los siguientes hechos: --- 1. El que
suscribe **********, mexicano, mayor de edad, con
domicilio conocido en **********. 2. Resulta que en
fecha 03 de abril de 2007 celebré un convenio
conciliatorio ante un servidor público de la
Procuraduría Agraria en donde intervino el que
suscribe y el ahora demandado, el cual consistía
en que al suscrito le otorgaba, respetaba y
reconocía el usufructo, por un tiempo de 30 años
prorrogables ya que en el mismo convenio
manifestamos bajo protesta de decir verdad sería
bajo el proyecto productivo que (sic) desarrollo
sobre dicha superficie como de mi titularidad entre
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
otras cuestiones, el señor **********, una superficie
de tierra ejidal aproximadamente 5-00-00 Has; la
cual se ubica dentro de la parcela ejidal titularidad
del antes citado y que se encuentra en el ejido
denominado **********, fundamentando dicho acto
en los artículos 44 del Reglamento Interior de la
Procuraduría Agraria, 135 y 136, fracción III, de la
ley sustantiva de la materia, siendo lo celebrado
apegado a derecho y que en su momento resolvió
la controversia que existía, pero actualmente esta
persona no quiere respetar dicho acuerdo y dado
que hemos invertido capital y trabajo en dicha
SUPERFICIE es que venimos a solicitar se condene
a éste (sic) a cumplirlo ya que no existió dolo, mala
fe o algún vicio que diera como consecuencia su
nulidad y además este se encuentra apegado a
derecho… (Fojas uno y dos ibídem). --- De lo
transcrito se advierte que la acción ejercitada por
el actor, aquí quejoso, fue la de cumplimiento e
inscripción en el Registro Agrario Nacional del
convenio de tres de abril de dos mil siete (fojas
seis a nueve del juicio agrario), celebrado entre el
actor y el demandado, mediante el cual se
constituyó a favor del aquí quejoso el usufructo
sobre una fracción de tierra ejidal de
aproximadamente cinco hectáreas, pertenecientes
a la parcela cuya titularidad corresponde a
**********, demandado en el juicio agrario. --- El
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
catorce de septiembre de dos mil siete se celebró
la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley
Agraria, a la cual no compareció el demandado, por
lo que se le tuvo por precluido su derecho a
contestar la demanda y ofrecer pruebas,
teniéndose por ciertos los hechos y prestaciones
que se reclamaron en la demanda inicial;
asimismo, se le tuvo por confeso de las posiciones
relativas a prueba confesional ofrecida por el actor
(fojas quince y dieciséis del juicio agrario). ---
Ahora bien, la Sala, al dictar la sentencia estimó
que de manera oficiosa debía estudiar la
procedencia de la acción y llegó a la conclusión de
que no se demostró tal extremo porque el contrato
resultaba nulo por diversas causas que consideró
actualizadas. --- Lo anterior se estima ilegal, en
virtud de las razones que enseguida se expondrán.
--- Las acciones ejercidas en el juicio agrario
consisten en las pretensiones de las partes, es
decir, las prestaciones que soliciten tanto en la
demanda, como en la contestación o reconvención,
en su caso, las cuales integrarán la litis en el juicio,
es decir, los puntos sobre los que versará la
controversia. --- En el caso, como se ha visto, la
pretensión principal es el cumplimiento de un
contrato mediante el cual se le otorgó al actor, aquí
quejoso, el usufructo sobre una superficie de
parcela cuya titularidad corresponde al
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
demandado; dicho contrato encuentra su
fundamento legal en los artículos 45 y 79 de la Ley
Agraria, los cuales disponen: --- Artículo 45. Las
tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato
de asociación o aprovechamiento celebrado por el
núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios
titulares, según se trate de tierras de uso común o
parceladas, respectivamente. Los contratos que
impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán
una duración acorde al proyecto productivo
correspondiente, no mayor a treinta años,
prorrogables. --- Artículo 79. El ejidatario puede
aprovechar su parcela directamente o conceder a otros
ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante
aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o
cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin
necesidad de autorización de la asamblea o de
cualquier autoridad. Asimismo podrá aportar sus
derechos de usufructo a la formación de sociedades
tanto mercantiles como civiles. --- De lo transcrito se
colige, en lo que interesa, que los ejidatarios
pueden conceder el usufructo de su parcela a otros
ejidatarios o terceros sin necesidad de autorización
de la asamblea, por lo que el demandado estaba
facultado legalmente para la celebración del
contrato en que el actor fundó su acción; en la
inteligencia de que la prestación solicitada por el
actor (y la única ejercida en el juicio, en virtud de
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
que no compareció el demandado) fue el
cumplimiento del referido contrato. --- Por lo tanto,
fue ilegal que el Tribunal responsable al analizar
los elementos de la acción llegara al extremo de
declarar la nulidad del contrato, cuando tal
cuestión no formó parte de la litis. --- Además de lo
anterior, la nulidad del contrato en cuestión debió
ser solicitada por el demandado vía reconvención
para que de esta manera pudiera formar parte de la
litis y el actor estuviera en posibilidad de llevar a
cabo su defensa, por lo que el Tribunal
responsable no tenía la posibilidad jurídica de
estudiar de manera oficiosa tal extremo, pues ello
implica la introducción de excepciones no hechas
valer por el demandado. --- No es obstáculo a lo
anterior, que de conformidad con lo establecido
por el artículo 164 de la Ley Agraria, el Tribunal
responsable está facultado para suplir la
deficiencia de las partes “… en sus planteamientos
de derecho cuando se trate de núcleos de población
ejidales o comunales, así como ejidatarios y
comuneros…”, pues lo cierto es que la facultad
mencionada no implica analizar las pretensiones
introduciendo cuestiones distintas a las
planteadas por las partes en sus escritos
respectivos, toda vez que su intervención debe ser
con el debido respeto de las garantías individuales
de quienes actúan en el juicio y de los principios
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
elementales del derecho procesal agrario, lo que
implica que dicha autoridad, al resolver en la forma
como lo hizo, se apartó de la litis fijada en el caso
y, por ende, con ello faltó al principio de
congruencia que exige el artículo 189 de la Ley
Agraria, lo que se traduce en una violación de las
garantías consagradas en los artículos 14 y 16
constitucionales. --- Tiene aplicación en el caso, la
tesis jurisprudencial número VII.2º.A.T.J/2,
sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada
en la página mil doscientos dieciocho, del tomo
XIV, correspondiente a septiembre de dos mil uno,
del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, que dice: “LITIS,
ALTERACIÓN DE LA. EN MATERIA AGRARIA. Si bien
es verdad que de conformidad con lo establecido por el
artículo 189 de la Ley Agraria, el Tribunal Agrario está
facultado para dictar sus resoluciones a verdad sabida
sin sujetarse a las reglas sobre estimación de las
pruebas, pero fundando y motivando sus
determinaciones, también lo es que esto no lo faculta
para apartarse de los puntos controvertidos
establecidos en la audiencia de derecho, a los que
quedó circunscrita la litis, introduciendo cuestiones
distintas a las planteadas por las partes en sus ocursos
respectivos.” --- Asimismo, sirve de apoyo a lo
anterior la jurisprudencia número VIII.2º.J/8,
sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
Octavo Circuito, compartida por este Tribunal
Colegiado, publicada en la página cuatrocientos
noventa y siete, del tomo IV, correspondiente a
septiembre de mil novecientos noventa y siete
(sic), del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, que dice: “LITIS, FIJACIÓN
DE LA. PROCEDIMIENTO AGRARIO. De lo
preceptuado por el artículo 181 de la nueva Ley
Agraria, se obtiene que el Tribunal Agrario prevendrá al
accionante, al momento de la presentación de su
demanda, para que subsane las irregularidades u
omisiones que de ésta adolezca, brindándole
oportunidad para corregirla dentro de los ocho días
siguientes, de donde resulta que en la audiencia a que
se refiere el artículo 185 de la propia ley, deben
precisarse todas las acciones y excepciones que las
partes quisieren hacer valer, estableciéndose,
precisamente en esta etapa, la litis a la cual deberá
ceñirse la autoridad al dictar la resolución
correspondiente, y si el magistrado responsable, al
momento de resolver el conflicto puesto a su
consideración introduce cuestiones que no se
puntualizaron al fijarse la litis, haciendo valer en la
sentencia oficiosamente acciones diversas a las
planteadas por las partes en la audiencia referida,
resulta evidente que con su actuación transgrede las
garantías constitucionales de los demandados”. --- Por
otra parte, es fundado lo que aduce el quejoso en
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
el sentido de que el Tribunal responsable no valoró
la confesional ofrecida en el juicio, en la que se
declaró confeso al demandado, violando así lo
dispuesto por los artículos 186 y 187 de la Ley
Agraria; lo anterior se afirma porque del análisis
de la sentencia reclamada, se advierte que el
responsable, no realizó pronunciamiento alguno
respecto del resultado de la confesional ofrecida
por el ahora quejoso a cargo del demandado, por lo
que el proceder de la responsable infringió lo
establecido en el artículo 16 de la Carta Magna,
pues al no valorar el resultado de la prueba en
comento, dejó en estado de indefensión al
impetrante de garantías, ya que éste desconoce los
motivos que tomó en consideración la autoridad
responsable para desestimar el resultado de dicho
medio de convicción. --- Resulta aplicable al caso,
en lo conducente, la jurisprudencia 204, emitida
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, publicada en las páginas
ciento sesenta y seis y ciento sesenta y siete, del
tomo VI, Materia Común, del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación,
correspondiente a los años de mil novecientos
diecisiete a dos mil, que dice: “FUNDAMENTACIÓN
Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la
Constitución Federal, todo acto de autoridad debe
estar adecuada y suficientemente fundado y motivado,
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse
con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por
lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las
circunstancias especiales, razones particulares o
causas inmediatas que se hayan tenido en
consideración para la emisión del acto; siendo
necesario, además, que exista adecuación entre los
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir,
que en el caso concreto se configuren las hipótesis
normativas”. --- También resulta aplicable al caso, la
jurisprudencia XXIII.J/7, sustentada por el entonces
Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito,
publicada en la página seiscientos sesenta y siete,
del tomo V, correspondiente al mes de febrero de
mil novecientos noventa y siete, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, cuyo criterio es compartido por este
Tribunal Colegiado, cuyo rubro y texto son:
“SENTENCIAS EN MATERIA AGRARIA. DEBEN
RESOLVERSE A VERDAD SABIDA LAS
CUESTIONES QUE SE PLANTEAN ANTE LOS
TRIBUNALES AGRARIOS, BASÁNDOSE EN LA
EQUIDAD Y LA BUENA FE. De conformidad con el
artículo 189 de la Ley Agraria en vigor, las sentencias
de los Tribunales Agrarios se dictarán a verdad sabida,
entendiéndose por ella la que conduce a resolver las
controversias acorde con las constancias de los autos
sin sujetarse necesariamente a las formalidades y
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
reglas sobre estimación de las pruebas; inspirándose
en la equidad y en la buena fe, cumpliendo con la
exigencia de fundamentación y motivación que
previene el artículo 16 constitucional”. --- En tales
condiciones, procede conceder al quejoso el
amparo solicitado para el efecto de que el Tribunal
Agrario responsable deje insubsistente la
sentencia reclamada, y emita otra en la que
siguiendo los lineamientos establecidos en esta
ejecutoria, resuelva la controversia sujetándose a
los términos en que se fijó la litis, y de manera
fundada y motivada se pronuncie sobre las
pruebas ofrecidas, en específico sobre la
confesional a cargo del demandado. --- De acuerdo
con lo anterior, se estima innecesario pronunciarse
respecto de los restantes conceptos de violación
que hace valer el quejoso, pues tales argumentos
tienden a evidenciar la ilegalidad de la
determinación del Tribunal responsable de declarar
nulo el contrato base de la acción, empero, en
virtud de la concesión del amparo otorgada, el
responsable deberá prescindir de ese análisis ya
que no formó parte de la litis en el juicio agrario. ---
Es aplicable al caso, la jurisprudencia 170,
sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del
Sexto Circuito, publicada en la página noventa y
nueve, del tomo IX, correspondiente al mes de
enero de mil novecientos noventa y dos, del
22

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
Semanario Judicial de la Federación, Octava
Época, que dice: “CONCEPTO DE VIOLACIÓN
FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE
LOS DEMÁS. Cuando el amparo se va a conceder al
considerarse fundado uno de los conceptos de
violación, lo que va a traer como consecuencia que
quede sin efecto la resolución que constituye el acto
reclamado, es innecesario hacer el estudio de los
demás conceptos de violación expresados por la
quejosa y que tienden al fondo de la cuestión
propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio
que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo
fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de
hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la
responsable, siendo que dicho análisis corresponde a
la misma al haber reasumido jurisdicción.”
QUINTO. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107,
fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la
República; 197 y 197-A, de la Ley de Amparo, cuando los
Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema
Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este
Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál
tesis ha de prevalecer.
En la especie, se considera que existe la contradicción
denunciada, pues los órganos colegiados analizaron el mismo
problema jurídico y adoptaron criterios discrepantes.
23

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis del Tribunal
Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, número
XLVI/2009, de rubro y texto siguientes:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS
SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS
CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN
MISMO PUNTO DE DERECHO,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES
FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN
EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA
JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES
COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU
EXISTENCIA.”). De los artículos 107, fracción XIII, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se
advierte que la existencia de la contradicción de
criterios está condicionada a que las Salas de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación o los
Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias
que pronuncien sostengan “tesis contradictorias”,
entendiéndose por “tesis” el criterio adoptado por el
juzgador a través de argumentaciones lógico-
jurídicas para justificar su decisión en una
24

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
controversia, lo que determina que la contradicción
de tesis se actualiza cuando dos o más órganos
jurisdiccionales terminales adoptan criterios
jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de
derecho, independientemente de que las cuestiones
fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales,
pues la práctica judicial demuestra la dificultad de
que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en
los problemas de derecho como en los de hecho, de
ahí que considerar que la contradicción se actualiza
únicamente cuando los asuntos son exactamente
iguales constituye un criterio rigorista que impide
resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que
conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en
detectar las diferencias entre los asuntos y no en
solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones
fácticas que en ocasiones rodean el problema
jurídico respecto del cual se sostienen criterios
opuestos y, consecuentemente, se denuncian como
contradictorios, generalmente son cuestiones
secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden
en la naturaleza de los problemas jurídicos
resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal
interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al
establecer que la contradicción se actualiza siempre
que “al resolver los negocios jurídicos se examinen
cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se
adopten posiciones o criterios jurídicos
25

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
discrepantes” impide el estudio del tema jurídico
materia de la contradicción con base en
“diferencias” fácticas que desde el punto de vista
estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el
análisis de fondo de la contradicción planteada, lo
que es contrario a la lógica del sistema de
jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo,
pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del
indicado requisito disminuye el número de
contradicciones que se resuelven en detrimento de
la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante
criterios jurídicos claramente opuestos. De lo
anterior se sigue que la existencia de una
contradicción de tesis deriva de la discrepancia de
criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la
solución de temas jurídicos que se extraen de
asuntos que pueden válidamente ser diferentes en
sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con
la finalidad establecida tanto en la Constitución
General de la República como en la Ley de Amparo
para las contradicciones de tesis, pues permite que
cumplan el propósito para el que fueron creadas y
que no se desvirtúe buscando las diferencias de
detalle que impiden su resolución.”
Para demostrarlo es preciso citar los antecedentes de las
dos ejecutorias que participan en la denuncia, a saber:
26

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
AMPARO DIRECTO **********.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
El uno de agosto de dos mil siete, el Tribunal Unitario
Agrario Distrito 40, admitió a trámite la jurisdicción
voluntaria promovida por **********, donde solicitó lo
siguiente:
• Que ********** cumpla el convenio conciliatorio del
diecinueve de julio de dos mil siete, celebrado ante un
representante de la Procuraduría Agraria.
• Que se ordene la inscripción de la resolución que
recaiga, ante el Registro Agrario Nacional.
El promovente de la acción referida basó su petición en
el hecho de que en la fecha señalada, él y **********
firmaron un convenio relativo al usufructo de **********
hectáreas que forman parte de la superficie total de
********** hectáreas que amparan la parcela **********,
del ejido **********, del Municipio de Texistepec, que
consta en el certificado parcelario número **********
expedido a favor de esa persona; a través del cual se
otorga a **********, en usufructo, la fracción de tierra
ejidal mencionada, por un periodo de treinta años,
prorrogables, para uso agrícola y ganadero, a cambio
de **********.
El cuatro de enero de dos mil ocho, el Tribunal Unitario
Agrario Distrito 40 resolvió no elevar a categoría de
sentencia el convenio celebrado entre ********** y
27

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
**********, y absolver a esta última de las pretensiones
del actor, con base en lo siguiente:
El estudio oficioso de la acción evidencia que el
convenio no es válido, porque otorgar ********** pesos
como contraprestación por utilizar durante treinta años
una porción de tierra ejidal, implica que la ejidataria
titular de la parcela recibe seis pesos con setenta y dos
centavos diarios, cantidad que resulta irrisoria para
satisfacer las necesidades más elementales; lo que
denota suma ignorancia, notoria inexperiencia o
extrema miseria de la parte demandada.
Además no se anexa al convenio, el proyecto
productivo en que se apoya, donde se aprecien los
datos de identificación, antecedentes, descripción del
proyecto a desarrollar, su justificación, indicadores
técnico-económicos y ecológicos, estimulación de
riesgos, entre otros datos necesarios para identificar
los beneficios mutuos.
Si con la reforma al artículo 27 constitucional se
pretende evitar la pulverización de las unidades
parcelarias, y en el convenio se pretende sustraer de la
unidad parcelaria de la titular, una hectárea, eso
violenta el espíritu constituyente, porque el propósito es
hacer posible que una mayor superficie se destine al
objetivo agrícola o ganadero, y no al contrario.
Por esos motivos, se considera que el convenio no
cumple con los requisitos que señala la legislación
agraria (artículos 45, 76 y 79), y en consecuencia no ha
28

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
lugar a calificarlo de legal y elevarlo a la categoría de
cosa juzgada, independientemente de que la parte
demandada fue omisa al emplazamiento para que
opusiera excepciones y defensas.
Contra esa resolución ********** promovió juicio de
amparo directo, el cual fue del conocimiento del Primer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Séptimo Circuito.
El veintitrés de abril de dos mil nueve, el órgano
colegiado negó la protección constitucional solicitada,
con base en lo siguiente:
• Es infundado el motivo de reclamación en el que se
afirma que el Tribunal responsable no valoró
debidamente la prueba confesional que ofreció en el
juicio de origen, no obstante que a la demandada se
le tuvo por confesa de las posiciones articuladas.
Esto es así porque hay que tomar en cuenta que sólo
se le tuvo por confesa a la demandada, de las
posiciones calificadas de legales, las que se referían
exclusivamente a quién era la titular de la parcela,
que el convenio celebrado se refería a un usufructo,
que como contraprestación se entregarían **********
pesos para usufructuar la tierra por treinta años; lo
que de cualquier forma estaba probado en autos,
pero no fue apto para acreditar la procedencia de la
acción.
29

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
• La existencia del proyecto productivo y los eventuales
beneficios que de éste derivarían para la
usufructuante, no lograron justificarse por no haberse
asentado en el propio convenio, o exhibirse en los
autos agrarios relativos, y si bien es verdad que el
Tribunal responsable no manifestó expresamente el
fundamento legal para concluir que la falta de
exhibición de dicho proyecto, era razón para no elevar
a la categoría de cosa juzgada el convenio y hacer
que la demandada lo cumpliera, también es cierto que
el artículo 45 de la Ley Agraria que se invocó en la
sentencia, es su fundamento.
• En efecto, era menester contrastar el término de
treinta años, prorrogables, contra el proyecto
productivo que no se exhibió, para comprobar si el
primero resultaba legal.
• Es infundado el argumento relativo a que la
demandada en el juicio natural también formaría parte
del proyecto productivo y obtendría beneficios, pues
nunca se probó esta aseveración, ni tampoco que la
suma de ********** pesos sólo era el pago por la firma
del convenio.
• Si bien es verdad que el convenio objeto del litigio, no
supone la “pulverización” del ejido, debe tenerse
presente que ese argumento del Tribunal responsable
resulta irrelevante, y además, sólo se mencionó como
a mayor abundamiento.
30

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
AMPARO DIRECTO **********.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
El diez de julio de dos mil siete, ********** promovió
ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 40, la acción
de ratificación de convenio, solicitando lo siguiente:
• Que ********** cumpla el convenio del tres de abril de
dos mil siete, celebrado entre las partes, ante un
representante de la Procuraduría Agraria.
• Que se ordene la inscripción de la resolución que
recaiga, ante el Registro Agrario Nacional.
El promovente de la acción referida basó su petición en
el hecho de que en la fecha señalada, él y **********
firmaron un convenio relativo al usufructo de **********
hectáreas que forman parte de la superficie total de
********** hectáreas del ejido **********, que consta en el
certificado parcelario número 78280 expedido a favor
de esa persona; a través del cual se otorga a **********,
en usufructo, la tierra ejidal mencionada, por un
periodo de treinta años, a cambio de ********** pesos.
El siete de enero de dos mil ocho, el Tribunal Unitario
Agrario Distrito 40 resolvió no elevar a categoría de
sentencia el convenio celebrado entre ********** y
**********, y absolver a esta última de las pretensiones
del actor, con base en lo siguiente:
31

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
El estudio oficioso de la acción evidencia que el
convenio no es válido, porque otorgar ********** pesos
como contraprestación por utilizar durante treinta años
una porción de tierra ejidal, implica que el ejidatario
titular de la parcela recibirá ocho pesos con treinta y
seis centavos diarios, cantidad que resulta irrisoria para
satisfacer las necesidades más elementales; lo que
denota suma ignorancia, notoria inexperiencia o
extrema miseria del demandado.
Además, no se anexa al convenio, no obstante ser
necesario, el proyecto productivo en que se apoya,
donde se deben apreciar los datos de identificación,
antecedentes, descripción del proyecto a desarrollar,
su justificación, indicadores técnico-económicos y
ecológicos, estimulación de riesgos, entre otros datos.
En el convenio se obliga a que el demandado notifique
a su esposa e hijos que se debe respetar el usufructo,
lo que riñe con lo previsto en los artículos 17 y 18 de la
Ley Agraria, que se refiere a la sucesión ejidal, ya que
como condicionante, los sucesores se ven obligados a
respetar lo acordado en el convenio.
La invalidez del convenio estriba además, en la
simulación de actos, ya que se condiciona al
demandado a que de darse el caso, venda una parte
de la parcela, por lo que el convenio no es de
usufructo, sino que en realidad es de cesión de una
fracción de la superficie, ocasionando la división de la
parcela, a pesar de que la legislación prohíbe su
32

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
fraccionamiento, conforme la reforma al artículo 27
constitucional que pretendió evitar la pulverización de
las unidades parcelarias.
Por esos motivos, se considera que el convenio no
cumple con los requisitos que señala la legislación
agraria (artículos 9°, 45, 76 y 79), y en consecuencia
no ha lugar a calificarlo de legal y elevarlo a la
categoría de cosa juzgada, independientemente de que
el demandado hubiere sido omiso en contestar la
demanda y se le hubiere tenido por contumaz.
Contra esa resolución, ********** promovió juicio de
amparo directo, el cual fue del conocimiento del
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Séptimo Circuito.
El veintiuno de noviembre de dos mil ocho, ese órgano
colegiado concedió la protección constitucional
solicitada, con base en lo siguiente:
• Supliendo la deficiencia de los conceptos de violación,
se estima que fue ilegal la decisión de estudiar de
manera oficiosa la procedencia de la acción, pues la
litis en un juicio agrario sólo se integra con las
pretensiones de las partes.
• Si la pretensión principal fue el cumplimiento de un
contrato mediante el cual se otorgó al actor, ahora
quejoso, el usufructo sobre una superficie de una
parcela, cuya titularidad corresponde al demandado;
luego, encuentra su fundamento en los artículos 45 y
33

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
79 de la Ley Agraria; por tanto los ejidatarios pueden
conceder el usufructo de su parcela a otros ejidatarios
o terceros sin necesidad de autorización de la
asamblea, de ahí que se concluya que el demandado
estaba facultado legalmente para la celebración del
contrato en el que el actor fundó su acción, en la
inteligencia de que la prestación solicitada por el actor
(y la única ejercida en el juicio, en virtud de que no
compareció el demandado) fue el cumplimiento del
referido contrato.
• Fue ilegal que el Tribunal responsable, al analizar los
elementos de la acción, llegara al extremo de declarar
la nulidad del contrato, cuando tal cuestión no formó
parte de la litis.
• La nulidad de los contratos debe ser solicitada por el
demandado vía reconvención, para que de esta
manera pueda formar parte de la litis y el actor esté en
posibilidad de llevar a cabo su defensa, por lo que el
tribunal no tenía la posibilidad jurídica de estudiar de
manera oficiosa tal extremo, pues implica la
introducción de excepciones no hechas valer por el
demandado.
• No representa obstáculo que el Tribunal responsable
pueda suplir la deficiencia de las partes, pues eso no
implica que pueda analizar las pretensiones
introduciendo cuestiones distintas a las planteadas por
las partes, ya que eso altera la litis en el procedimiento
34

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
agrario, violando así las garantías consagradas en los
artículos 14 y 16 constitucionales.
• Es fundado lo argumentado por el quejoso en relación
a que no se valoró la prueba confesional que ofreció en
el juicio de origen, en la que se declaró confeso al
demandado, porque en efecto, el Tribunal responsable
no realizó pronunciamiento alguno sobre el particular,
dejando en estado de indefensión al quejoso, quien
desconoció qué se tomó en consideración para
desestimar su acción.
• Por tanto, lo procedente es que se deje insubsistente la
sentencia reclamada, y se emita otra en la que se
resuelva la controversia, sujetándose a los términos en
los que se fijó la litis, y pronunciándose sobre la
confesional a cargo del demandado.
Los antecedentes narrados evidencian que al resolver los
negocios jurídicos, los órganos colegiados examinaron cuestiones
de derecho esencialmente iguales y adoptaron posiciones
discrepantes, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Séptimo Circuito determinó que el
Tribunal Unitario Agrario debe analizar la procedencia de la
acción, cuando se solicita el cumplimiento forzoso de un convenio
de usufructo de tierras ejidales y su inscripción en el Registro
Agrario Nacional, independientemente de que la parte
demandada no hubiere comparecido a juicio, y se le hubiere
tenido por confeso de las posiciones calificadas de legales; el
35

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Séptimo Circuito sostuvo que en ese supuesto, sólo debe
atenderse a lo solicitado por las partes, y no analizarse de oficio la
procedencia de la acción; por tanto, si la demandada no
compareció a juicio haciendo valer excepciones y defensas, el
Tribunal responsable estaba imposibilitado para estudiar la
legalidad del convenio de mérito.
Por consiguiente, ante la evidente discrepancia de posturas,
debe declararse la existencia de la contradicción de tesis
denunciada.
SEXTO. Sobre esas premisas, el tema de la contradicción
consiste en determinar si el Tribunal Unitario Agrario debe o
no analizar de oficio, la procedencia de la acción intentada
para lograr el cumplimiento forzoso de un convenio de
usufructo de tierras ejidales, a pesar de que la parte
demandada no comparezca a juicio.
Para abordar el tópico de que se trata, es preciso tener en
cuenta lo siguiente:
En términos de lo previsto en el artículo 189 de la Ley
Agraria, la naturaleza de los juicios respectivos comprende la
innegable obligación de los tribunales que los conozcan, de
analizar los elementos de las acciones intentadas, y de dictar las
sentencias correspondientes a verdad sabida, sin sujeción alguna
en cuanto a la estimación de pruebas, por virtud de su facultad de
36

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
apreciar los hechos y documentos según se estime debido en
conciencia.
Esta consideración se apoya en la jurisprudencia que
enseguida se cita:
Novena Época
No. Registro: 197392
Instancia: Segunda Sala
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: VI, noviembre de 1997
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 54/97
Página: 212
“JUICIO AGRARIO. OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR
DE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, DE
RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS Y DE
ACORDAR LA PRÁCTICA, AMPLIACIÓN O
PERFECCIONAMIENTO DE DILIGENCIAS EN
FAVOR DE LA CLASE CAMPESINA. Con base en lo
establecido en la tesis de esta Sala, LXXXVI/97, con
rubro: "PODER. EL USO DE ESTE VERBO EN LAS
DISPOSICIONES LEGALES, NO NECESARIAMENTE
IMPLICA UNA FACULTAD DISCRECIONAL.", debe
interpretarse que si el artículo 189 de la Ley Agraria
dispone que las sentencias se dicten a verdad
sabida, sin sujetarse a reglas sobre estimación de
37

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
las pruebas, sino apreciando los hechos y
documentos según se estime debido en
conciencia, motivo por el cual no puede aceptarse
que el juzgador, percatándose de que carece de los
elementos indispensables para resolver con apego
a la justicia, quede en plena libertad de decidir si se
allega o no esos elementos, sólo porque los
artículos 186 y 187 de la ley citada utilicen el
vocablo "podrán" en vez de "deberán", al regular lo
relativo a la práctica, ampliación o
perfeccionamiento de diligencias y a la obtención
oficiosa de pruebas, ya que ello pugna con la
intención del legislador, con la regulación del juicio
agrario ausente de formulismos y con el logro de
una auténtica justicia agraria.”
Ahora bien, en términos de lo previsto en el artículo 107,
fracción II, de la Constitución Federal, siempre que se trate de
actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la
propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos
y montes a los ejidatarios, es preciso tomar en cuenta todas
aquellas pruebas que puedan beneficiarlos para velar por sus
derechos agrarios.
Bajo esta perspectiva, es evidente que la suplencia de la
deficiencia de la queja en favor de los ejidatarios, procede en ese
supuesto aun ante la ausencia de argumentos tendentes a
defender la propiedad o posesión de sus parcelas.
38

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
En ese orden de ideas, procede analizar el caso especifico,
esto es, el acto por el cual un ejidatario celebra un convenio de
usufructo de sus tierras, debiendo aclarar, que si bien ese
derecho está contemplado en la Ley Agraria, reglamentaria del
artículo 27 constitucional, debe tenerse presente que para lo no
previsto en este ordenamiento legal, conforme a lo establecido en
su artículo 2°, se aplica supletoriamente la legislación civil federal.
En ese sentido, los artículos 9°, 45, 76 y 79 de la Ley
Agraria disponen:
“Artículo 9°. Los núcleos de población ejidales o
ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio
propio y son propietarios de las tierras que les han
sido dotadas o de las que hubieren adquirido por
cualquier otro título.”
“Artículo 45. Las tierras ejidales podrán ser objeto
de cualquier contrato de asociación o
aprovechamiento celebrado por el núcleo de
población ejidal, o por los ejidatarios titulares,
según se trate de tierras de uso común o
parceladas, respectivamente. Los contratos que
impliquen el uso de tierras ejidales por terceros
tendrán una duración acorde al proyecto
productivo correspondiente, no mayor a treinta
años, prorrogables.”
39

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
“Artículo 76. Corresponde a los ejidatarios el
derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de
sus parcelas.”
“Artículo 79. El ejidatario puede aprovechar su
parcela directamente o conceder a otros ejidatarios
o terceros su uso o usufructo, mediante aparcería,
mediería, asociación, arrendamiento o cualquier
otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin
necesidad de autorización de la asamblea o de
cualquier autoridad. Asimismo podrá aportar sus
derechos de usufructo a la formación de
sociedades tanto mercantiles como civiles.”
De esos preceptos legales se advierte, que teniendo los
ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus
parcelas, pueden usufructuarlas a otros ejidatarios o a terceros,
acorde al proyecto productivo correspondiente, a través de
cualquier acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de
autorización de la asamblea ejidal, por un plazo no mayor a treinta
años, prorrogables.
Ahora bien, de los antecedentes narrados en párrafos
precedentes, se advierte que en los juicios agrarios de origen,
que motivaron el dictado de las ejecutorias discrepantes, la parte
actora afirmó que el convenio de usufructo de tierras propiedad
40

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
del ejidatario, había sido celebrado ante un representante de la
Procuraduría Agraria.
Al respecto, importa mencionar que de acuerdo a lo
establecido en los artículos 134 y 135 de la ley analizada, la
Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la
administración pública federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de la Reforma
Agraria, cuyas funciones son de servicio social, y de defensa de
los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de
ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños
propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, cuando así se lo
soliciten, o de oficio.
Las atribuciones de la Procuraduría Agraria son, en lo que
interesa, promover y procurar la conciliación de intereses entre las
personas citadas.
Con base en ello se colige, que siendo la labor de la
Procuraduría sólo conciliar intereses en defensa de los derechos
ejidales; resulta incuestionable que los actos que presencie para
tal fin, no pueden ser, por ese simple hecho, firmes y sujetos a
inscripción en el Registro Agrario Nacional.
Lo anterior, se entiende si se tiene presente lo previsto en el
artículo 148 de la Ley Agraria, que establece:
41

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
“Artículo 148.- Para el control de la tenencia de la
tierra y la seguridad documental derivados de la
aplicación de esta ley funcionará el Registro
Agrario Nacional, como órgano desconcentrado de
la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que se
inscribirán los documentos en que consten las
operaciones originales y las modificaciones que
sufra la propiedad de las tierras y los derechos
legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y
comunal. El registro tendrá además una sección
especial para las inscripciones correspondientes a
la propiedad de sociedades.”
Esta disposición legal clarifica que las inscripciones ante el
Registro Agrario Nacional, se harán respecto de los derechos
legalmente constituidos sobre la propiedad de tierras ejidales.
En esa línea de razonamiento, es válido considerar que el
procedimiento agrario que se instaura con el objetivo de elevar a
cosa juzgada el convenio de usufructo de tierras de un ejidatario,
celebrado ante un representante de la Procuraduría Agraria, con
la consecuente solicitud de inscripción en el Registro Agrario
Nacional, está sujeto a la procedencia de la acción, la cual debe
verificarse, de oficio o a petición de parte, atendiendo
precisamente a la validez del convenio referido y al proyecto
productivo, exigencia para el aprovechamiento de tierras ejidales.
42

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
Por consiguiente, un convenio de usufructo de tierras
ejidales es válido si se celebra a cambio de una contraprestación
económica, que por lógica debe ser suficiente para satisfacer por
lo menos las necesidades elementales del ejidatario que
usufructúa su parcela, convenio que no puede referirse a un plazo
mayor a treinta años; y precisa, de que vaya acompañado del
proyecto productivo, pues es en este documento en donde se
fijan los antecedentes, los datos de identificación de la parcela, la
justificación del usufructo, los probables riesgos, el impacto
ambiental, la tecnología a aplicar para el uso agrícola, ganadero o
cualquier otra actividad relacionada con el campo, los indicadores
técnico-económicos, la estimulación de riegos, la población a
beneficiar, los insumos y servicios requeridos para su desarrollo,
entre otros factores.
Si como se afirmó, por disposición constitucional tratándose
de ejidatarios que realicen actos que tengan o puedan tener como
consecuencia privarlos de la posesión y disfrute de sus tierras,
deben tomarse en cuenta todas las pruebas que puedan
beneficiarlos en sus derechos agrarios, y suplírseles la queja
deficiente a pesar de la omisión total de motivos de inconformidad
contra tales actos; resulta incuestionable que en esta hipótesis,
de manera oficiosa debe analizarse la procedencia de la acción.
Apoyan esta consideración, los siguientes criterios:
“EXCEPCIONES Y DEFENSAS, FALTA DE
COMPROBACION DE LOS HECHOS
CONSTITUTIVOS DE LAS. Aun suponiendo que la
43

CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
demandada no hubiera aportado prueba alguna
para acreditar las excepciones y defensas que hizo
valer, tal circunstancia no le causa agravio alguno
al actor en el juicio natural, dado que la ley ordena
que el actor debe probar los hechos constitutivos
de su acción, y es indudable que cuando no los
prueba, su acción no puede prosperar,
independientemente de que la parte demandada
haya o no demostrado los hechos constitutivos de
sus excepciones y defensas.”
(No. Registro IUS: 241096. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala.
Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Volúmenes 103-108 Cuarta Parte. Materia(s): Común. Página: 148.
Genealogía: Informe 1977, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 113,
página 113.)
ACCIÓN, PRUEBA DE LA. Dado que la ley ordena
que el actor debe probar los hechos constitutivos
de su acción, es indudable que, cuando no los
prueba, su acción no puede prosperar,
independientemente de que la parte demandada
haya o no opuesto excepciones y defensas.”
(No. Registro IUS: 800667. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala.
Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen
69 Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Página: 13.)
“ACCIÓN, FALTA DE COMPROBACIÓN DE
ALGUNO DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE
LA. TRAE COMO CONSECUENCIA LA
ABSOLUCIÓN DEL DEMANDADO. Teniendo el
actor la obligación de probar los hechos
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constitutivos de su acción, conforme lo dispone el
artículo 1194 del Código de Comercio, es obvio que
la falta de comprobación de alguno de ellos trae
como consecuencia la absolución del demandado,
porque siendo de orden público el cumplimiento de
las condiciones requeridas por la ley para la
procedencia de la acción, su improcedencia, por
falta de uno de sus requisitos esenciales, debe ser
estimada por el juzgador.”
(No. Registro IUS: 240093. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala.
Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Volúmenes 193-198 Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Página: 9.)
ACCIÓN. FALTA DE PRUEBA DE LA. Dado que la
ley ordena que el actor debe probar los hechos
constitutivos de su acción, es indudable que,
cuando no los prueba, su acción no puede
prosperar, independientemente de que la parte
demandada haya o no opuesto excepciones y
defensas.”
(No. Registro IUS: 912949. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala.
Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 2000. Tomo IV, Civil,
Jurisprudencia SCJN. Materia(s): Civil. Tesis: 7. Página: 9.)
Tomando en cuenta estos aspectos, se colige que la
autoridad agraria debe, indefectiblemente, analizar la procedencia
de la acción, con independencia de que la demandada en el juicio
agrario no hubiere opuesto excepciones y defensas, o no hubiere
asistido a absolver las posiciones calificadas de legales respecto
de la confesional ofrecida por la actora, y si ésta no prueba su
acción, es indudable que no puede condenarse a la demandada
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al cumplimiento forzoso del convenio de usufructo de tierras
ejidales.
Esta consideración encuentra sustento en lo previsto en el
artículo 186 de la Ley Agraria, que dispone que en un
procedimiento agrario son admisibles toda clase de pruebas. El
Tribunal Agrario está facultado, en todo tiempo y cualquiera que
sea la naturaleza del negocio, a la práctica, ampliación o
perfeccionamiento de cualquier diligencia, para el conocimiento
de la verdad sobre los puntos cuestionados; luego, por lógica, si
tiene esas atribuciones, evidentemente no sólo puede, sino que
está obligado a analizar, previamente al dictado de la resolución
correspondiente, la procedencia del juicio, esto es, la procedencia
de la acción, y la legalidad del documento que se solicita sea
cumplimentado y registrado ante la autoridad competente.
Además, en las disposiciones del Código Civil Federal,
aplicado supletoriamente a la Ley Agraria, se establece sobre el
tema de los convenios y contratos lo siguiente:
“ARTÍCULO 1,792.- Convenio es el acuerdo de dos
o más personas para crear, transferir, modificar o
extinguir obligaciones.”
“ARTÍCULO 1,797.- La validez y el cumplimiento de
los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de
los contratantes.”
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“ARTÍCULO 1,824.- Son objeto de los contratos:
I.- La cosa que el obligado debe dar;
II.- El hecho que el obligado debe hacer o no
hacer.”
“ARTÍCULO 1,827.- El hecho positivo o negativo,
objeto del contrato, debe ser:
I.- Posible;
II.- Lícito.”
“ARTÍCULO 1,828.- Es imposible el hecho que no
puede existir porque es incompatible con una ley
de la naturaleza o con una norma jurídica que debe
regirlo necesariamente y que constituye un
obstáculo insuperable para su realización.”
“ARTÍCULO 1,830.- Es ilícito el hecho que es
contrario a las leyes de orden público o a las
buenas costumbres.”
“ARTÍCULO 1,831.- El fin o motivo determinante de
la voluntad de los que contratan, tampoco debe ser
contrario a las leyes de orden público ni a las
buenas costumbres.”
“ARTÍCULO 2,180.- Es simulado el acto en que las
partes declaran o confiesan falsamente lo que en
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realidad no ha pasado o no se ha convenido entre
ellas.”
“ARTÍCULO 2,181.- La simulación es absoluta
cuando el acto simulado nada tiene de real; es
relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa
apariencia que oculta su verdadero carácter.”
El análisis de esas disposiciones legales permite concluir
que la licitud de un contrato depende de su objeto y finalidad; de
que sea posible y no sea una simulación de actos en la que sólo
una de las partes obtenga beneficios; y consecuentemente, de
que no contenga cláusulas futuras que impliquen renuncia de
derechos; por tanto, es incuestionable que si estas exigencias se
aplican para toda clase de contratos, con mayor razón deben ser
atendidas en aquéllos actos que involucren la transmisión de
derechos para el uso y aprovechamiento de tierras ejidales.
De esta manera, es inconcuso que si como en el caso, la
parte actora en el juicio de origen solicita que se obligue a la
demandada (ejidatario) al cumplimiento forzoso del convenio de
usufructo y a su inscripción ante el Registro Agrario Nacional,
argumentando que se celebró ante un representante de la
Procuraduría Agraria; el Tribunal Unitario Agrario debe,
previamente al dictado de la resolución correspondiente, analizar
la legalidad de dicho convenio para determinar si es o no
procedente la acción, no obstante que la demandada no hubiere
acudido a juicio a pesar de haber sido emplazada, lo que implica
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que no opuso excepciones y defensas; en virtud de que no puede
obligarse a ésta a las prestaciones que se reclaman, si la acción
no prospera.
Ahora bien, como ya se expuso en párrafos precedentes,
esta conclusión obedece a dos razones: primera, el actor debe
probar su acción para que proceda condenar a la demandada, y
segunda, si ésta tiene la calidad de ejidataria, es obligada la
suplencia de la queja deficiente aun ante la ausencia de motivos
de inconformidad, pues los actos que tengan o puedan tener
como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y
disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidatarios,
precisan del análisis de todas aquellas pruebas que puedan
beneficiarlos.
En este sentido, de manera oficiosa debe estudiarse la
procedencia de la acción; y, si el convenio de usufructo cuyo
cumplimiento forzoso e inscripción se solicita, resulta nulo por
diversas causas, ya sea por la falta de exhibición del proyecto
productivo antes referido; porque lo convenido por las partes
afecta claramente los intereses de la ejidataria que usufructúa su
parcela; porque el acuerdo de voluntades evidencia que la parte
actora se aprovechó de la extrema necesidad, inexperiencia o
suma ignorancia del propietario de las tierras; porque existen
cláusulas contrarias a la ley, ya que se obliga a dicho propietario a
futuro afectando derechos de sus sucesores; porque es patente
que se trata de una simulación de actos en perjuicio de la parte
demandada, entre otras posibles causas; luego, estas
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particularidades deben conducir a la decisión de no satisfacer las
pretensiones de la actora.
A manera ilustrativa cabe mencionar, que en caso de
presentarse el supuesto de que la parte actora ya hubiere hecho
entrega al ejidatario de la cantidad a que se refiere el convenio
de usufructo de sus tierras; luego, conforme lo dispuesto en el
artículo 2239 del Código Civil Federal debe tenerse presente que
la anulación del acto, obliga a las partes a restituirse mutuamente
lo que han recibido en virtud o por consecuencia del acto nulo; lo
que implica que el ejidatario titular de la parcela dada en
usufructo, debe devolver al actor del juicio agrario, la cantidad de
dinero que éste le hubiere entregado por usufructuarla.
Es corolario de todo lo anterior, que el juzgador no está
facultado para resolver la controversia agraria, atendiendo
exclusivamente a las pretensiones de las partes; y, tampoco
podría sostenerse que debido a la no comparecencia de la parte
demandada a juicio, o a la falta de reconvención, prosperen
automáticamente las pretensiones de la actora, no obstante que
los artículos 45 y 79 de la Ley Agraria prevean la posibilidad de
que las tierras ejidales puedan usufructuarse por plazo
determinado, pues como se ha venido sosteniendo, previamente
al dictado de la resolución, debe analizarse la procedencia de la
acción.
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En mérito de lo hasta aquí expuesto, debe prevalecer con
carácter de jurisprudencia, la tesis que sustenta esta Segunda
Sala, en los siguientes términos:
CONVENIO DE USUFRUCTO DE TIERRAS EJIDALES.
PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO FORZOSO Y SU
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, DEBE
ANALIZARSE PREVIAMENTE LA PROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN INTENTADA EN EL JUICIO AGRARIO, CON
INDEPENDENCIA DE QUE LA DEMANDADA COMPAREZCA O
NO A JUICIO. Si bien en términos de los artículos 45 y 79 de la Ley
Agraria, las tierras ejidales pueden ser objeto de cualquier convenio
que implique su uso, como sería el de usufructo para el
aprovechamiento de las parcelas acorde al proyecto productivo que se
elabore, con una duración no mayor a 30 años, prorrogables; lo cierto
es que el cumplimiento forzoso e inscripción de dicho convenio ante el
Registro Agrario Nacional únicamente puede determinarlo el Tribunal
Unitario Agrario cuando proceda la acción intentada por la parte
actora, independientemente de que la demandada comparezca o no a
juicio. Lo anterior obedece a que aun ante la ausencia de excepciones
y defensas opuestas por ésta, a través de las cuales cuestione las
cláusulas del convenio, resulta incuestionable que previo al dictado de
la resolución de la controversia es preciso determinar su legalidad,
pues la falta de exhibición del proyecto productivo que debe
acompañarlo; la clara afectación a los intereses del propietario de la
parcela; la evidencia de que la actora se aprovechó de su extrema
necesidad, inexperiencia o suma ignorancia; la existencia de cláusulas
contrarias a la ley o la afectación futura que el cumplimiento del
convenio implica para la demandada, entre otros motivos impide la
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satisfacción de las pretensiones de la actora; pero además, el análisis
previo de la procedencia de la acción es obligatorio debido a que se
trata de actos que tienen o pueden tener como consecuencia privar de
la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los
ejidatarios, quienes constitucionalmente se encuentran protegidos.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Existe la contradicción de tesis denunciada.
SEGUNDO. Debe prevalecer, con carácter de
jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala,
conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del
último considerando de esta resolución.
Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a los
Tribunales Colegiados contendientes y la tesis jurisprudencial que
se establece a la Dirección General de la Coordinación de
Compilación y Sistematización de Tesis para su publicación en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y hágase del
conocimiento del Pleno y de la Primera Sala de esta Suprema
Corte y de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de
Distrito la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente
resolución, en acatamiento a lo previsto en el artículo 195 de la
Ley de Amparo; y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los
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señores Ministros: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David
Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita
Beatriz Luna Ramos y Presidente José Fernando Franco
González Salas.
Firman el Ministro Presidente y la Ministra Ponente, con el
Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTE:
MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
PONENTE:
MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO DE ACUERDOS:
LIC. MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ.
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009.
SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y
SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2009
CIRCUITO. FALLADA EN SESIÓN DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE,
EN EL SENTIDO SIGUIENTE: “PRIMERO. EXISTE LA CONTRADICCIÓN DE
TESIS DENUNCIADA. SEGUNDO. DEBE PREVALECER, CON CARÁCTER DE
JURISPRUDENCIA, EL CRITERIO SUSTENTADO POR ESTA SEGUNDA
SALA, CONFORME A LA TESIS QUE HA QUEDADO REDACTADA EN LA
PARTE FINAL DEL ÚLTIMO CONSIDERANDO DE ESTA RESOLUCIÓN.”
CONSTE.
En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo
previsto en el artículo 3°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la
información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra
en esos supuestos normativos.
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