Fallo sobre venenos en Colonia Dignidad - El Mostrador

5/12/1986, no estaban vigentes, por lo que no pueden ser aplicadas en este caso, como
fundamento de atribución de responsabilidad al Estado.
Sin perjuicio de ello, indica, nuestra actual legislación no contempla un sistema de
responsabilidad objetiva del Estado. En efecto, el artículo 38 inciso 2°, del texto
constitucional de 1980, no establece en modo alguno una responsabilidad objetiva del
Estado, sino que constituye una norma procesal y adjetiva destinada a entregar
competencia para conocer los asuntos contenciosos administrativos, a los tribunales que
señale la ley.
Asevera que no es posible entonces pretender que esta norma eliminaría el elemento
subjetivo inherente a la obligación de indemnizar, para reemplazarlo por la mera relación
de causalidad material entre el daño y la actividad de la Administración.
El sistema de responsabilidad extra contractual del Estado en Chile, se encuentra
establecido de manera general en el artículo 42 del DFL 119.653 que fijó el texto
refundido de la Ley 18.575, de 1986, Orgánica Constitucional de Bases de la
Administración del Estado, que incorpora los conceptos de falta de servicio y falta
personal. La falta de servicio no es una responsabilidad objetiva, ya que para que opere se
requiere la "falta del servicio", es decir, debe darse el mal funcionamiento del servicio o el
no funcionamiento del mismo. Lo anterior descarta la idea de responsabilidad objetiva, en
la que sólo se exige para que opere que se acredite la relación de causalidad entre el
hecho y el daño, siendo indiferente la existencia o inexistencia de culpa o dolo.
El derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, se encuentra contenido
en el Código Civil, título XXXV, denominado "De los delitos y cuasidelitos", artículos 2314 y
siguientes. De acuerdo a esas normas la responsabilidad extracontractual es de carácter
subjetiva, lo cual guarda relación con el artículo 42 del DFL 1-19.653, que como ya
señalé, contiene un sistema de responsabilidad subjetiva fundada en la falta de servicio.
En este caso, indica, se trataría de una acción indemnizatoria destinada a hacer efectiva la
responsabilidad patrimonial del Estado y para que ella opere se requiere que el acto u
omisión dañoso haya sido ejecutado por alguno de los órganos en los que reside la
voluntad del Estado, que estos órganos hayan actuado dentro del ejercicio de sus
funciones y que hayan actuado con culpa o dolo.
Citando la demandada Fisco de Chile nuevamente el fallo "Domic y otros con Fisco",
indica que la Excma. Corte Suprema, señala :"NOVENO: Que, con todo, de las
disposiciones de los artículos 20 y 42 N° 2 de la Constitución de 1925 mencionadas en los
motivos anteriores, aparece que la indemnización que podía reclamar un individuo
absuelto o sobreseído definitivamente o la reclamación por un acto de un Ministro de
Estado, debían corresponder a perjuicios sufridos "injustamente" por el afectado y que las
reclamaciones ante los Tribunales Administrativos señalados en el artículo 87 debían
interponerse respecto de actos o disposiciones "arbitrarias" de autoridades políticas o
administrativas. De esta suerte, ninguna de esas normas contempló una responsabilidad