Decreto General de la Conferencia Episcopal Española para

Las cuatro Universidades de la Iglesia tienen Facultad de Teología y tres de ellas tienen
también Facultad de Derecho Canónico, que se rigen por la Constitución Apostólica «Sapientia
Christiana» sobre las Universidades y Facultades Eclesiásticas. Mas la mayor parte de sus Facultades
están dedicadas al cultivo de las restantes ciencias humanas e imparten, con efectos civiles, algunas
de las enseñanzas y títulos establecidos por el Estado para toda la Universidad española. Sólo estas
Facultades de estudios civiles de nuestras actuales Universidades de la iglesia se rigen por la
Constitución Apostólica «Ex Corde Ecclesiae» sobre las Universidades Católicas. Pero cada
Universidad de la Iglesia en su conjunto tiene el carácter de Universidad Católica.
La Constitución Apostólica «Ex Corde Ecclesiae», debe representar un nuevo aliento para
nuestras actuales Universidades de la Iglesia en el desempeño de su importante misión, con la que
vienen prestando un relevante servicio a la Iglesia y a la sociedad española, reconocido por la misma
sociedad mediante el prestigio académico de que gozan. La actividad de estas Universidades ha
mostrado ya la validez del modelo de Universidad Católica y ha abierto una senda a seguir por las
Universidades Católicas de futura creación.
En el marco de la legislación universitaria vigente en España es posible hacer uso de la amplia
libertad de creación de Universidades Católicas reconocida por la Constitución Apostólica «Ex
Corde Ecclesiae». Es posible y deseable el surgimiento de nuevas Universidades Católicas, en
cualquiera de sus diversas formas. En particular, las asociaciones y grupos católicos privados tienen
la posibilidad de ejercer de esta manera su misión de evangelizar la cultura, prestando así un
meritorio servicio a la Iglesia y a la sociedad española, además de la atención especial que toda
Universidad Católica ha de prestar a las personas o grupos sociales más desfavorecidos.
Para el cumplimiento de su misión, las Universidades Católicas deben cuidar la inspiración
cristiana de sus miembros y promover la reflexión sobre el saber humano a la luz de la fe de la
Iglesia, de manera que la investigación de las diversas disciplinas procure la integración de los
conocimientos por medio del diálogo entre la fe y la razón, y se atienda a las implicaciones éticas y
morales y a la perspectiva teológica. Esta acentuación del espíritu cristiano y la necesaria relación
institucional de la Universidad Católica con la Iglesia, han de hacerse compatibles con el
reconocimiento y garantía de la autonomía que la Universidad necesita para el cumplimiento de sus
tareas y con la libertad académica de sus miembros.
Las presentes normas tienen por finalidad concretar las formas de aplicar en España la
Constitución Apostólica «Ex Corde Ecclesiae» y deben ser interpretadas en el marco normativo y
doctrinal de la propia Constitución Apostólica.
Así pues, en cumplimiento de la misión encomendada a las Conferencias Episcopales en el
art. 1 § 2 de las Normas Generales de la Constitución Apostólica «Ex Corde Ecclesiae», la
Conferencia Episcopal Española, por acuerdos tomados en sus Asambleas Plenarias LVIII de 15-20
de febrero de 1993 (acta f. 99-107) y LXI de 25-29 de abril de 1994 (acta f. 60), una vez obtenido el
reconocimiento por la Santa Sede,
Artículo 1
DECRETA
Se entiende por Universidad Católica aquella Universidad erigida canónicamente por la
autoridad eclesiástica o creada por una persona jurídica eclesiástica pública, o que la autoridad
eclesiástica reconoce como católica.
Artículo 2
Tienen el carácter de Universidad Católica las Universidades de la Iglesia, erigidas por la
Santa Sede, cuya existencia legal está reconocida en el art. X. 2. del Acuerdo entre el Estado español
y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, suscrito el día 3 de enero de 1979.
Estas Universidades deben acomodar sus vigentes Estatutos a las normas del Código de
Derecho Canónico, de la Constitución Apostólica «Ex Corde Ecclesiae» y del presente Decreto
General, y los someterán a la aprobación de la Santa Sede acompañados de un informe del organismo
competente de la Conferencia Episcopal.
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