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Notas sobre la pretendida reforma de la legislación procesal

José Antonio GARCÍA-TREVIJANO GARNICA

Lucas BLANQUE REY

Abogados

Diario La Ley, Nº 7602, Sección Tribuna, 1 Abr. 2011, Año XXXII, Editorial LA LEY

LA LEY 3448/2011

Asistimos, sobre todo desde 1998, a una verdadera «incontinencia» legislativa a la hora de inventar

procesos, lo que carece de sentido alguno. A través de este artículo se analiza el estado en que se

encuentra la legislación procesal en nuestro país y se apuntan algunas ideas creativas, bien lejanas de

las señaladas tendencias modernas, y, por lo que ahora corresponde, bastante alejadas de la

proyectada reforma de la legislación procesal.

Normativa comentada

LO 6/1985 de 1 Jul. (del Poder Judicial)

LIBRO III. DEL RÉGIMEN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES

TÍTULO III. DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES

CAPÍTULO III. DE LA NULIDAD DE LOS ACTOS

JUDICIALES

Artículo 241.

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Asistimos a un progresivo enfoque del régimen procesal, a nuestro juicio equivocado, que se

sustenta sobre las siguientes piezas:

1. Proliferación de muy distintos tipos de recursos, algunos de ellos bajo nombres clásicos pero

reconfigurados hasta lo irreconocible: apelaciones, casaciones ordinarias ante el TS, casaciones

ante los TSJ, casaciones para unificación de doctrina ante el TS, casaciones para unificación de

doctrina ante los TSJ, recursos por infracción procesal, recursos en los que haya normas «que no

lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina

jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido

precedentes pero no doctrina» (¿?), casaciones en interés de ley, acciones basadas en el art.

267.5 LOPJ, acciones de nulidad del art. 241 LOPJ, recursos de amparo, etc.

Aparte lo injustificado de muchos de ellos, tal situación arrastra trabajos innecesarios y

subsiguientes demoras, aparte el tiempo en resolver incidentes destinados a discernir los caminos

correctos o la superposición de recursos.

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Es decir, asistimos, sobre todo desde 1998, a una verdadera «incontinencia» legislativa a la hora

de inventar procesos, lo que carece de sentido alguno.

2. Aumento del número de litigios

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En buena parte ello es consecuencia de lo dicho en el punto 1, a lo que se une la dificultad, cierta,

de disponer de personal, y menos aún adecuadamente preparado, para atender debidamente el

trabajo que llega. Como ejemplo no solo de esa dificultad de disponer de personal, sino de,

acaso, imposibilidad de lograrlo, cabe mencionar la lenta y defectuosa implantación de la Oficina

Judicial, de oscuro presente e impredecible futuro (vid. disp. trans. 1.ª del Anteproyecto de

reforma de la LOPJ para la creación de los Tribunales de Instancia).

El nivel actual del sistema jurisdiccional español puede calificarse de nefasto, tanto por las

dilaciones procesales, como por el contenido mismo de las resoluciones. Pese a la gran talla de

muchos de nuestros profesionales, el problema está fundamentalmente en un sistema que no les

permite brillar. Los jueces llegan en buena medida a huir despavoridos de los pleitos, hasta el

punto de que los aspectos procesales han adquirido tal protagonismo, que hemos entrado en una

fase de muy bajo nivel jurídico de las resoluciones y debates.

Un buen ejemplo (mal ejemplo, por cierto) para apreciar el problema se descubre con un somero

análisis de los criterios progresivos que busca y rebusca cada día la Sala 3.ª del TS para inadmitir

recursos de casación: así, por solo apuntar algo, sobre las exigencias de las preparaciones (en

contra absoluta de lo establecido en la Ley Jurisdiccional), o sobre interpretación de la disp. trans.

1.ª LJ, que se ha convertido en una norma estable pese a que se trata de una específica regla

transitoria de la Ley de 1998.

Todo ello hace que las resoluciones judiciales sean hoy una clara muestra de lo que podría

denominarse pura ramplonería jurídica.

Pero el problema no está solo en la interpretación que los jueces hacen de las normas

procesales, sino en el propio legislador (y en los cuerpos sociales que tienen o deben tener

intervención en ello, incluidos los colegios de abogados). Así, se ha instalado como normal en

nuestro sistema algo que repugna al derecho procesal: establecer criterios imprecisos, a la postre

cuna de arbitrariedades, para determinar si se admiten o no los recursos. Nos referimos a las

manidas cláusulas de «especial trascendencia constitucional» o «relevancia casacional». El

derecho procesal debe moverse bajo criterios claros y precisos, más o menos estrechos, pero

seguros.

Y no se entra en los problemas de funcionamiento interno de los órganos jurisdiccionales

colegiados, que de tales no tienen demasiado en la práctica (1) .

3. Obsesión absoluta por quitar trabajo y taponamiento judicial en la creencia de que ello debe

lograrse simplemente eliminando la posibilidad de acceso a los procesos existentes, sea por vía

de elevar las cuantías exigibles a los recursos, sea introduciendo criterios formales tipo «te he

pillado» para inadmitirlos, y que a la postre son la antítesis de la justicia material. Por el camino

que vamos seguramente llegará a volver a exigirse que en las demandas de ejecución se diga

expresamente que la reclamación lo es para «absolver pagos debidos», como exigía la LEC de

1881, so pena de inadmisión.

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Todo esto liberará de trabajo a los órganos jurisdiccionales, pero supone pagar un precio social

incalculable, aparte de hacer que la «Justicia» se gane a pulso día a día, con empeño, la mala

imagen que tiene.

Y lo malo es que todo esto se produce llamativamente bajo la vigencia de un artículo como el 24

de la Constitución, que ofrece un campo de cultivo absolutamente opuesto a ello: derecho a la

tutela judicial EFECTIVA (lo que requiere medios de defensa efectivos y eficaces, con acciones

diseñadas sobre bases seguras, evitación de dilaciones indebidas y resoluciones fundadas y

correctas, procedentes de jueces competentes).

Dicho lo anterior, corresponde apuntar algunas ideas creativas, bien lejanas de las señaladas

tendencias modernas, y, por lo que ahora corresponde, bastante alejadas de la proyectada

reforma de la legislación procesal (estas propuestas se realizan atendiendo al ámbito

contencioso-administrativo, aunque puede servir en gran medida como apreciación general):

PRIMERO.— Debe huirse de que los procesos sean resueltos en una sola lectura. La regla

general debe ser que, salvo casos de muy poca trascendencia, no haya un solo asunto que no

pueda ser revisado ordinariamente por otro órgano jurisdiccional.

Estamos cansados de ver flagrantes errores judiciales (cuando ganamos y cuando perdemos los

pleitos) que podrían ser fácilmente corregidos en trance de resolución en segunda instancia, para

la cual el órgano ad quem dispone de una perspectiva de proceso tramitado que le facilita la

labor. Tal segunda lectura permitirá corregir muchos errores, en especial los flagrantes. De hecho,

el propio Consejo General del Poder Judicial maneja una tasa de revisión, total o parcial, en

segunda instancia de entre el 15% y el 30% de las resoluciones judiciales.

En este sentido se podría intentar configurar los proyectados Tribunales de Instancia como

órganos que funcionaran en dos niveles —individual y plenario— de modo que se podría

garantizar esa segunda lectura que se comenta. Algunas piezas de esa reforma (arts. 94, 168,

169 y 170) podrían ser el cauce de una auténtica reconfiguración del modo de funcionamiento de

la Administración de Justicia por su base.

SEGUNDO.— En el ámbito contencioso-administrativo jamás existió recurso de casación. La

casación fue una novedad extraña introducida en la Ley 29/1998. Hasta entonces los procesos se

iniciaban en las Audiencias Territoriales —pues no existían Juzgados—, y, salvo excepciones

menores, sus sentencias eran impugnables en apelación ante las Salas correspondientes del TS.

Cuando se pusieron en marcha los Juzgados de lo Contencioso (en diciembre de 1998), una

buena parte de los procesos se mantuvieron en instancia en manos de los TSJ. La distorsión fue

tremenda, pues al no existir ya apelaciones contra sus sentencias (sino casaciones), desapareció

la posibilidad de la segunda lectura —que no lo es desde luego un recurso de casación—.

De mantenerse el régimen de las casaciones contra sentencias de los TSJ es preferible el

establecer que todos los contenciosos se iniciarán en los Juzgados, y añadir recursos de

apelación ante los TSJ. Tras ello, las casaciones podrán estrecharse todo lo que se quiera

(siempre sobre criterios seguros de admisión, no sobre conceptos indeterminados como los antes

referidos).

Si para ello hay que multiplicar los Juzgados, reconfigurarse el sistema de trabajo (con un

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decente cuerpo de letrados) y redistribuirse efectivos, que se haga. Las apelaciones ante los TSJ

se pueden estructurar sobre un esquema de funcionamiento (similar al del Consejo de Estado)

que no requiera gran número de Magistrados.

Si se quisiera seguir manteniendo el sistema de inicio de algunos procesos ante los TSJ (lo que

ya se ha dicho que perdió sentido con la desaparición de las apelaciones contra sus sentencias),

debería establecerse un turno rotal de apelaciones ante los propios TSJ.

TERCERO.— Si así se hace, podrá clarificarse extraordinariamente el régimen de complejas

impugnaciones que innovó la Ley 29/1998. No es necesario, por ejemplo, romperse la cabeza con

extraños recursos para unificación de doctrina (unos ante el TS, otros ante los TSJ).

Desde nuestro punto de vista, si, como se dijo, es ya de por sí insostenible el sistema actual de

casaciones, la cosa será ya insoportable si a los justiciables se les hace jugarse sus importantes

asuntos a una instancia o lectura (por hacerse prácticamente desparecer las casaciones). La

Justicia está para resolver litigios, es un servicio público, no para evitarlos.

CUARTO.— Cosa distinta es el problema de las acciones de nulidad, aún no entendidas (o no

queridas entender) por los órganos jurisdiccionales. Tal vía (actual art. 241 LOPJ) ha sido

rediseñada por LO 6/2007 como un verdadero recurso de amparo al tiempo en que se ha hecho

prácticamente desaparecer el amparo ordinario previsto en el art. 53.2 CE. Para respetar esa

previsión constitucional habrá que acabar estableciendo un tribunal de amparos y liberando

definitivamente de ellos al TC. Sus interpretaciones (y restrictivas normas) operan sobre bases

inmotivadas y desde luego discrecionales («relevancia constitucional»), lo que, como se dijo, es

por esencia incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva; ésta no se satisface

permitiendo al Tribunal u órgano jurisdiccional elegir casi a placer qué asuntos resuelve y cuales

rechaza a limine.

(1)

DIARIO LA LEY

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Acaso debería empezar a pensarse en trabajar al estilo del Consejo de Estado: con Salas formadas por

menos Magistrados —Presidentes de sus respectivas Secciones—, con letrados asignados a ellas, donde

los temas se discutan y aprueben sobre la base de ponencias escritas y previamente repartidas, es decir,

casi lo opuesto a lo que sucede hoy, en que se vota in voce sobre exposiciones verbales del ponente de

turno, que después redacta la sentencia como mejor le parece, sentencia que sin leer firman sus

compañeros.

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