Programa Teixeira de Freitas - STF

Programa
Teixeira de Freitas

Programa Teixeira de Freitas 3
PROGRAMA TEIXEIRA DE FREITAS - ESTUDIANTES INTERCAMBISTAS
- 2º SEMESTRE DE 2010 -
1. SUPERVISORA:
Christine Oliveira Peter da Silva
Asesoría de Asuntos Internacionales de la Presidencia
E-mail: Christine@stf.jus.br
Interno: + 55 XX (61) 3217-4012
2. COORDINADORES:
Erismar Souza Freitas Filho
Asesoría de Asuntos Internacionales de la Presidencia
E-mail: erismar.filho@stf.jus.br
Interno: + 55 XX (61) 3217-6505
Larissa Maria Melo de Souza
Asesoría de Asuntos Internacionales de la Presidencia
E-mail: larissa.melo@stf.jus.br
Interno: + 55 XX (61) 3217-6503
3. ESTUDIANTE INTERCAMBISTA:
Mariana Andrea Gamba Cremaschi
Nacionalidad: Argentina
Universidad: Universidad de Salta
Período: 6 meses.
Alojamiento: Asesoría de Asuntos Internacionales de la Presidencia del STF

ÍNDICE
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1. DEBATES SOBRE LOS TEMAS JURÍDICOS
1.1. Historia Constitucional Argentina ..................................................................................................................................................................... 5
1.2. Estructura y Funciones del Poder Judicial Argentino ............................................................................................................................... 22
1.3. Control de Constitucionalidad en Argentina ............................................................................................................................................... 33
1.4. Comunidades Indígenas y sus tierras ............................................................................................................................................................. 40
1.5. Estatus Jurídico de los Extranjeros en la República Argentina ............................................................................................................. 47
1.6. Crimen de Racismo y antisemitismo ............................................................................................................................................................... 53
2. INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2.1. Ambientación en el Supremo Tribunal Federal de Brasil ........................................................................................................................ 60
2.2. Sesión Plenaria del día 18 de agosto de 2010 ............................................................................................................................................. 62
2.3. Sesión Plenaria del día 8 de septiembre de 2010 ...................................................................................................................................... 65
2.4. Sesión Plenaria del día 15 de septiembre de 2010 .................................................................................................................................... 67
2.5. Acompañamiento de Actividades en Gabinete del Ministro Ricardo Lewandowsky y en
Gabinete del Ministro Gilmar Mendes .................................................................................................................................................................... 69
3. INFORMES DE LAS VISITAS
3.1. Visita al Congreso Nacional de Brasil ................................................................................................................................................................ 71
3.2. Visita al Consejo Nacional de Justicia .............................................................................................................................................................. 73
3.3. Visita al Superior Tribunal de Justicia ............................................................................................................................................................... 75

INTRODUCCIóN
HISTORIA CONSTITUCIONAL ARGENTINA
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Brasilia, 27 de agosto de 2010
Mariana Andrea Gamba Cremachi
Universidad Católica de Salta
Salta - Argentina
Se puede afirmar que desde 1810 en adelante, la vida política argentina está regida por una idea fija que se traduce en la
necesidad de organizar el país mediante una Constitución, y a eso se debe la serie ininterrumpida de ensayos efectuados,
que si bien algunos se frustraron, el espíritu revolucionario persistió en esa dirección.
La expansión de Napoleón por Europa y España, dejaba una situación propicia para la independencia argentina. El rey
estaba cautivo, el virrey era débil y el ejercito español en la zona no era importante.
Se formó un Cabildo que reemplazo al virrey y determinó una junta de gobierno. Originalmente estaba compuesta por
españoles lo que creó descontento general entonces se procedió a formar otra.
El día 25 de Mayo de 1810 se formó la nueva Junta de Gobierno que con el apoyo de las milicias criollas, seguiría gobernando
en reemplazo del virrey aunque sin dejar de serle fiel a rey de España. En diciembre del mismo año se forma la junta
grande que integra a representantes de las provincias.
EL REGLAMENTO ORGáNICO DE 1811
A fines de junio de 1811, la delicada situación de la Junta Grande se tornó mas critica. Ante la hostilidad de la opinión
publica y por mediación del Cabildo, la Junta Grande decretó el 23 de setiembre de 1811 la creación de un ejecutivo, cuya
conducta debía quedar ajustada a las disposiciones que le dictaría la Junta.
Así quedó establecido un nuevo gobierno o Triunvirato que debía gobernar ateniéndose a las normas que le fijara la
Junta Conservadora, pero ambos organismos (ejecutivo y legislativo) no tardaron en distanciarse a causa de divergencias
políticas.
Como Junta Conservadora los diputados “de los Pueblos” sancionaron el 22 de octubre el “Reglamento Orgánico”, llamado
en nuestra historia Constitucional Reglamento de Poderes, por establecerse por primera vez la separación de los poderes
a la manera de las Constituciones inspiradas en Locke.
El Reglamento Orgánico se inicia con un importante preámbulo, consagran derechos naturales del hombre y deja sentado
un claro principio federalista.
La Junta creó un Ejecutivo y da un reglamento provisional, sobre la base de la división de los Poderes: Legislativo, Ejecutivo
y Judicial.
El Reglamentose divide en 3 secciones; la primera señala las atribuciones de: “La Junta Conservadora (Poder Legislativo).
La segunda sección trata del Poder Ejecutivo que está a cargo de los individuos nombrados en septiembre, y es independiente.
Debe promover la reunión de diputados y la celebración del Congreso.
La tercera sección se refiere al Poder judicial, “Es independiente y a él sólo toca juzgar a los ciudadanos”; No dice quiénes
forman el “Poder Judicial”, suponiéndose que serian los tribunales existentes.
Una vez sancionado el Reglamento y remitido para su promulgación al Ejecutivo, este acordó enviarlo en consulta al
Cabildo y a la Junta Consultiva (organismos municipales) por entender que la Junta Conservadora se arrogaba funciones
que no le correspondían, lo que constituyó una aberración institucional. Ambos aconsejaron el rechazo del reglamento, lo
que fue cumplido por el Triunvirato, que disolvió la Junta Conservadora.
EL ESTATUTO PROVISIONAL DE 1811
Disuelta la Junta Conservadora y derogado el Reglamento Orgánico, permanecía el Triunvirato como único organismo
de gobierno; es para remediar esa situación que Rivadavia redactó el Estatuto provisional del Gobierno Superior de las
Provincias Unidas del Río de la Plata a nombre del Señor Don Fernando VII.
El Estatuto provisional, en sus 9 artículos, conserva el principio de la división de poderes. En su contenido se destacan los
decretos de seguridad individual y de libertad de imprenta.
El Estatuto regiría hasta la apertura del Congreso (art. 8°), y no podía ser modificado sin la aprobación de la Asamblea.

LA ASAMBLEA DEL AñO XIII
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El 24 de octubre, Passo, Álvarez Jonte y Francisco Belgrano habían dictado la convocatoria a la Asamblea General Constituyente,
precedida de un manifiesto que es una verdadera declaración informal de independencia.
Para hacer la representación se invitaba a los vecinos libres y patriotas a elegir.
El 31 de enero quedó instalada la Asamblea aunque no se encontraban todos los diputados siendo elegido presidente
Alvear. Residiría en la Asamblea la representación y ejercicio de la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
La Asamblea del Año XIII —la primera de carácter nacional argentino— realizó una amplia y fecunda labor en cuyo transcurso
los diputados trabajaron en forma intensa y con decisión revolucionaria. Posteriormente el organismo careció de
orientación definida y vaciló ante los problemas políticos y las disensiones internas, hasta que clausuró sus sesiones el 26
de enero de 1815.
Si bien fue convocada para declarar la independencia y para darnos una ley fundamental, no realizó ninguno de los dos
propósitos; sin embargo las ideas que en ella se debatieron y las leyes que en su seno surgieron otorgaron justa perennidad
a su obra.
La labor de la Asamblea puede sintetizarse de la siguiente manera:
Reformas políticas:
Reglamentó las atribuciones y facultades del segundo Triunvirato como también el funcionamiento del mismo. Creó el
cargo de Director Supremo y un Consejo de Estado.
Dispuso que los españoles europeos fueran “removidos de los empleos eclesiásticos, civiles y militares” si en el lapso de
quince días no hubieran obtenido la carta de ciudadanía.
Reformas sociales:
El 2 de febrero se sancionó la libertad de vientres declarando libres a los hijos de esclavos nacidos después del 31 de enero,
“día consagrado a la libertad”.
La “libertad de vientres” fue completada el 4 con un decreto que declaraba libres a “los esclavos que de cualquier modo se
introduzcan desde este día en adelante, por el solo hecho de pisar el territorio de las Provincias Unidas”.
El 1 de setiembre de 1811 la Junta Grande había suprimido el tributo que pagaban “los indios”. La Asamblea resolvió
suprimirlo nuevamente, agregando “la mita, yanaconazgos, encomiendas y servicio personal de los indios bajo todos los
respectos”.
Los títulos de “condes, marqueses y barones” quedaron extinguidos.
Los símbolos patrios:
La Asamblea adoptó como sello el distintivo de las manos cruzadas, pica, gorro frigio, laureles y sol naciente sobre un
campo inferior de plata y superior de azul, que es hoy el escudo argentino.
No hay constancia de la aceptación oficial de la bandera. Pero la Asamblea consintió que se usase el pabellón de dos listas
azules y una blanca en el centro.
La Asamblea encargó a su diputado Vicente López y Planes que trabajara la canción para el imno la cual fue aprobada por
decreto soberano.
El 5 de mayo se dictó la ley que declaraba día de fiesta cívica al 25 de mayo.
Reformas judiciales:
Nueva organización de los tribunales: se dictó el Reglamento de la Cámara de Apelaciones que organizaba la justicia en
todas las instancias.
Se abolió el tormento y el juramento en Juicio.
Reformas ecelesiasticas:
Supresión de la Inquisición.
Independencia eclesiástica: se resolvió que la iglesia de las Provincias Unidas no dependiese de ninguna autoridad eclesiástica
de fuera de su territorio.

Reformas económicas:
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La Asamblea ordenó acuñar en Potosí monedas de oro y plata sin la imagen del rey y con el sello de la Asamblea y la Inscripción:
“Provincias Unidas del Río de la Plata”, en el reverso un sol y debajo “En unión y libertad”.
Obra constitucional:
La Asamblea había sido convocada como General Constituyente para declarar la independencia y dictar una constitución.
Para allanar su labor el Triunvirato nombró el 4 de noviembre de 1812 una Comisión Oficial encargada de redactarla, y
además encomendó a la Sociedad Patriótica que preparase otro proyecto. Ambos tuvieron entrada en la Asamblea, pero
no recibieron sanción por no cumplirse el trámite previo y necesario de la declaración de la independencia.
ESTATUTO PROVISIONAL DE 1815
En el Cabildo, el Gobernador ante la imposibilidad de convocar a elecciones generales en todas las provincias, dispuso que
para designar un gobierno provisional hasta que se reuniese un nuevo Congreso General, se realizara una convocatoria
limitada a la ciudad de Buenos Aires.
Los electores votados se reunieron para tratar la forma de gobierno. Resolvieron mantener la unipersonal.
Eligieron una Junta de Observación encargada de dar el Estatuto provisorio que reglaría las atribuciones del gobierno.
Con extraordinaria celeridad la Junta de Observación dio el 5 de mayo el Estatuto Provisional para la dirección y administración
del Estado. Se aplicaría únicamente en Buenos Aires y Tucumán como “Constitución Principal”, porque las demás
provincias lo rechazaron como código. Tiene importancia en nuestra historia Constitucional por sus disposiciones sobre
ciudadanía que pasaron a leyes y Constituciones locales y nacionales posteriores.
El Estatuto surgió a consecuencia de una revolución federal, pero su contenido, como el modelo que le sirvió de Inspiración,
es de carácter unitario.
El Estatuto Provisional establece tres poderes: el Ejecutivo, a cargo del Director Supremo; el Legislativo, representado por
la Junta de Observación; y el Judicial, por un Tribunal superior y las cámaras de apelaciones. Subordinaba el Poder Ejecutivo
al Legislativo.
La disposición más importante del Estatuto Provisional es la que concedía al Director Supremo la facultad de convocar a
las provincias para nombramiento de diputados que habían de formar la Constitución, los cuales deberían reunirse en la
ciudad de Tucumán”.
DECLARACIóN DE LA INDEPENDENCIA
El 9 de julio de 1816, en Tucumán, se declaró formalmente la independencia de la Provincias Unidas del Río de la Plata,
rompiéndose para siempre el vínculo que las unía a la Corona Española.-
Una vez independizados, los diputados se dieron a la ardua tarea de decidir bajo qué forma de gobierno se encaminaría
el nuevo estado soberano.
Si bien en la práctica se orientó hacia el régimen de gobierno republicano y representativo, los intentos por establecer
una monarquía moderada o constitucional fueron varios y contaron con la adhesión de importantes figuras, aunque estos
ideales no llegaron a prosperar.
REGLAMENTO PROVISORIO DE 1817
Durante el año 1816 se redacta un proyecto acerca de un reglamento provisorio que en 1817 obtuvo su aprobación en el
congreso. Las modificaciones más importantes se realizaron en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, manteniéndose
en el Judicial las disposiciones del Estatuto de 1815.
La forma de gobierno adoptada era unitaria, centralizándose en el Director del Estado. Las provincias eran tratadas como
simples entidades administrativas y no como estados soberanos o autónomos. Sin embrago donde más se nota el tinte
unitario es en lo referente al Poder Ejecutivo, que asume un mayor número de prerrogativas y facultades, suprimiendo la
Junta de Observación.
CONSTITUCIóN DE 1819
Fue sancionada por el mismo Congreso que tres años antes había declarado la Independencia en Tucumán, trasladándose
a Buenos Aires.
El proyecto estipulaba que el poder ejecutivo sería ejercido por un Director Supremo electo por ambas cámaras del Congreso,
con su propio Consejo de Estado, quien duraría cinco años en el poder, pudiendo ser reelecto por una única vez.

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El poder legislativo estaría integrado por una Cámara de Senadores, formada por un número de miembros igual al de provincias,
tres militares, un obispo, tres eclesiásticos, un representante de cada universidad y el Director Supremo saliente. La
otra Cámara sería conformada por Diputados elegidos a razón de uno cada veinticinco mil habitantes y tendría la iniciativa
en materia impositiva y estaba a cargo la promoción de juicio político a los altos funcionarios del Estado.
El poder judicial sería ejercido por una Alta Corte de Justicia compuesta por siete jueces y dos fiscales designados por el
Director con noticia y consentimiento del Senado.
El proyecto de Constitución fue aprobado por el Congreso y entró en vigencia el 25 de mayo de 1819, encontrando un
entusiasta recibimiento por parte del pueblo de Buenos Aires; por el contrario, fue inmediatamente rechazada por las provincias
del interior. La mayor crítica por parte del interior, fue su neto carácter unitario, cuando la mayoría de las provincias
sostenía una posición federal. Plantea la muerte de las autonomías provinciales, del gobierno propio, del federalismo, de
las aspiraciones democráticas y republicanas.
En definitiva, las provincias rechazaron el documento y los caudillos Santa Fe y Entre Ríos decidieron ir a la guerra contra
Buenos Aires. Guerra en que las provincias sublevadas contra el Directorio resultaron victoriosas en la Batalla de Cepeda
el 1 de febrero de 1820, provocando con ello la caída del entonces Director Supremo, José Rondeau y dando inicio a un
período de crisis para la ciudad puerto y su provincia, y de autonomía para las provincias interiores. Luego de la Batalla de
Cepeda, también el Congreso se disolvió, así empezando la anarquía del año 1820.
CONSTITUCIóN DE 1826
A fines de 1823 la situación interna de las Provincias Unidas del Río de la Plata, si bien transitaba por un momento de
tranquilidad política merced al gobierno encabezado por el General Las Heras, ante la necesidad de concretar la unión
nacional por el advenimiento de una guerra con Brasil que había ocupado la Banda Oriental, Buenos Aires invitó a todas
las provincias a un Congreso General y estas aceptaron.
El 16 de diciembre de aquel año, se instaló el Congreso General Representante de las Provincias Unidas de Sudamérica.
Este organismo sancionó una Ley Fundamental compuesta por 18 artículos que quedaba en vigencia hasta la sanción
definitiva de la Carta Magna.
En líneas generales esta Constitución era igual a la de 1819. Sólo que era más completa y centralista. Establecía la división
de poderes:
- Poder Ejecutivo: ejercido por el Presidente de la Nación cuyo mandato duraría cinco años, designado en elección de
segundo grado, que entre otras atribuciones designaba a los Gobernadores provinciales con acuerdo del Senado, que no
tendrían autonomía y su presupuesto debería ser aprobado por el Congreso Nacional.
- Poder Legislativo: bicameral, con Cámara de Diputados y de Senadores.
- Poder Judicial: una Alta Corte de Justicia - con 9 Jueces y 2 Fiscales - y los tribunales inferiores.
Lo más destacable es que enumeraba una serie de derechos y garantías que pasaron a la Constitución de 1853. Establece
la religión católica como religión del Estado; sanciona con pena de muerte o destierro al que atentare o prestare medios
para atentar contra la Constitución; prohibía la confiscación de bienes; se privaba de los derechos de ciudadanía al procesado
en causa criminal por la que pueda resultar pena de muerte. También establecía la inamovilidad de los Jueces y la
no disminución de los sueldos.
Con los unitarios diestramente dueños del Congreso y frente a las luchas entre Córdoba y Tucumán, Las Heras vislumbró
que no podría continuar ejerciendo el Poder Ejecutivo y el 12 de julio de 1825 decide renunciar, siendo ésta rechazada por
la Asamblea. No pasó mucho tiempo, y el 6 de febrero de 1826 el Congreso crea el cargo de Presidente de la República,
siendo elegido para ocupar el puesto Bernardino Rivadavia, figura profundamente rechazada por el interior, verdadero
artífice de la Constitución.
El Presidente una vez aprobada la Constitución el 24 de noviembre de 1826, nombra comisionados para convencer a los
gobernadores y juntas provinciales. Menos Tucumán, Catamarca y Salta, las provincias están en manos federales. Y es a éstas
a donde se dirigen los comisionados. La mayoría de las provincias rechazan la Constitución pero manifiestan el deseo
de seguir la guerra con el Brasil “sin el Congreso ni el presidente”.
Ya en guerra con el Brasil en el año 1827, el Congreso declaró su propia disolución y la del Poder Ejecutivo Nacional, quedando
en manos de Buenos Aires las relaciones exteriores y la guerra. A partir de este momento el país quedará sin gobierno
nacional y entrará en una lucha feroz entre unitarios y federales, a pesar de lo cual las provincias con igual tendencia
política se unirán mediante pactos, tales como la Liga Unitaria y Pacto Federal.
TRATADO DEL PILAR
El trato del Pilar es la obra institucional de los pueblos litorales, asentando los principios básicos sobre los que habrá de
organizarse la Nación. Es el pacto sobre el cual habrán de consolidarse las autonomías provinciales y del cual surgirán

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definitivamente los principios de federalismo y nacionalidad.
La firma del tratado del Pilar es el punto de partida de unificación nacional bajo la bandera federal. Aquí se inicia la historia
de los pactos y tratados interprovinciales.
PACTO DE BANEGAS
Acuerdo de paz entre Buenos Aires y Santa Fe, importante porque reafirma el espíritu federal consagrado en el tratado
del Pilar.
EL TRATADO CUADRILáTERO
La necesidad de unir a las provincias del litoral frente a la amenaza latente de los portugueses, llevó a los gobernadores de
Bs. As., Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes a convenir una reunión de representantes para sentar las bases de un tratado de
unión. La convención se reunió en Santa Fe en enero de 1822.
El articulo 1° fijaba una paz firme, verdadera amistad y unión entre las 4 provincias, cuya recíproca libertad, independencia,
representación y derechos se reconocen. El artículo reconoce expresamente la autonomía de las provincias firmantes,
ratificando el federalismo y el principio de la nacionalidad.
Las provincias quedaban comprometidas a defender la soberanía del País. Este artículo está inspirado en un sentimiento
de lucha contra todo intento de ataque que atente contra la soberanía nacional.
También reafirmaron el espíritu federal el Pacto de Cañuelas y el de Barracas.
EL PACTO FEDERAL
El 20 de julio se reúnen en Santa Fe los comisionados de las provincias federales: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes,
firmantes del Pacto Federal (4 de enero de 1831) del que se destaca lo siguiente:
- se obligaban a no rehusar su consentimiento expreso para cualquier tratado que alguna de las tres provincias litorales
quiera celebrar con otra de ellas o de las demás que pertenecen a la República;
- los habitantes de las tres provincias litorales gozarán recíprocamente de la franqueza y seguridad de entrar y transitar con
sus buques y cargas en todos los puertos, ríos y territorios de cada una;
- cualquiera provincia de la República que quiera entrar en la liga que forman las litorales será admitida;
- mientras no se establezca la paz pública de todas las provincias de la República, residirá en la capital de Santa Fe una
comisión compuesta de un diputado por cada una de las tres provincias litorales;
- las atribuciones de esta Comisión serán: celebrar tratados de paz a nombre de las tres provincias, hacer declaración de
guerra, invitar a todas las demás provincias de la República cuando estén en plena libertad y tranquilidad, a reunirse en
Federación con las tres litorales; y a que por medio de un Congreso General Federativo se arregle la administración general
del país bajo el sistema federal, consultando del mejor modo posible la seguridad y engrandecimiento general de la República,
su crédito interior y exterior, y la soberanía, libertad e independencia de cada una de las provincias
Este “Pacto Federal de 1831” era el convenio más importante de los que se habían celebrado hasta entonces entre las
provincias con el propósito de organizar el país.
LA REALIDAD EN LAS PROVINCIAS
En la província de Buenos Aires se encontraba como gorbernador Juan Manuel de Rosas, quien llega al poder representando
intereses de grandes comerciantes, estancieros, terratenientes y conservadores.
Logró un equilibrio general mediante un régimen dictatorial, en el cuál no había libertades para opinar contrariamente a
él. Eliminó a todos sus rivales bajo el lema “federación o muerte”. La industria se mantuvo estancada y no avanzó paralelamente
a los nuevos descubrimientos tecnológicos.
Más allá de haber logrado la estabilidad, Rosas nunca aceptó la organización constitucional del país. Consideraba que las
provincias no estaban maduras políticamente como para manejarse en autonomía. Pero estas le demandaban al gobierno
central un mejor reparto de las ganancias de los impuestos aduaneros, la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay
y proteger algunas industrias. Rosas iba a estar al frente del gobierno central hasta 1852. Después de la muerte de los
caudillos provinciales, Quiroga y López, los planes del interior se fueron desintegrando y Rosas fue aumentando su poder
que se volvió casi absoluto.
Urquiza era el gobernador de Entre Ríos, una provincia que fue progresando y creciendo a la par que este gobernador. Sin
embargo, las políticas del gobierno central de Rosas no beneficiaban a Entre Ríos o a ninguna otra provincia del interior.
Con el apoyo de Brasil y la Banda Oriental, Urquiza forma la triple alianza, también apoyada por la provincia de Corrientes.
El 3 de febrero Urquiza enfrenta a Rosas en la batalla de Caseros, donde este último es derrotado. Urquiza ingresa a Buenos

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Aires y asume el poder nacional teniendo como principal objetivo establecer una constitución republicana, representativa
y federal.
PROTOCOLO DE PALERMO
Después de haber vencido a Rosas en la batalla de Caseros, Urquiza (“ni vencedores ni vencidos”) fiel a su pensamiento de
organizar la Nación, se avoca a esa difícil tarea.
Deseoso de organizar la autoridad que provisionalmente se encargue del manejo de las relaciones exteriores y de hacer
cumplir los pactos, convoca a una reunión en su residencia del barrio de San Benito de Palermo.
En el protocolo de Palermo del 6 de abril de 1852 está dado el fundamento jurídico de la organización nacional, la misma
se hará “cumpliéndose la voluntad de los pueblos, trazada en los pactos y leyes fundamentales; cumpliendo el pacto federal
del 31”, al cual, se adhirieron todas las provincias argentinas.
Su artículo 16 establece la organización del país bajo el sistema federal.
A partir del Protocolo de Palermo, surge un poder nacional para el manejo de las relaciones exteriores. Es necesario que el
congreso constituyente surja de un acto solemne y fundamental, donde estén representadas las soberanías provinciales;
un acto del que no pueda dudarse y que su resolución sea el unánime voto de los pueblos.
Los aspectos fundamentales del acuerdo fueron los siguientes: reconocer el Pacto Federal de 1831, fijar las bases para la
convocatoria del congreso constituyente que se reunirá en Santa Fe, fijar las atribuciones del gobierno provisional, ejercido
por Urquiza, como director provisional, establecer que el país se organizará bajo el sistema federal de gobierno, siendo
ésta una cláusula pétrea y sin discusión; creación de un consejo de estado, que revestirá carácter consultivo y que debía
ser integrado por el propio director.
EL ACUERDO DE SAN NICOLáS
Tras el derrocamiento de Juan Manuel de Rosas a comienzos de 1852, se abrió una nueva etapa política en la Argentina.
El principal problema que debían enfrentar Urquiza, y los gobernadores provinciales era la organización política del país.
Los gobernadores provinciales otorgaron a Urquiza la representación de las relaciones exteriores de la Confederación
Argentinas.
En mayo de 1852, los gobernadores, y en algunos casos sus propios delegados, se reunieron en San Nicolás de los Arroyos,
para debatir acerca de la organización política de la Confederación.
A través del Acuerdo de San Nicolás, se decidió convocar rápidamente a un Congreso Constituyente formado por dos diputados
de cada una de las catorce provincias. En esas mismas reuniones, los gobernadores también otorgaron a Urquiza
el mando de las fuerzas militares, declararon la libre navegación de los ríos interiores y la nacionalización de las aduanas
provinciales.
El Acuerdo desató la oposición enfurecida de los dirigentes políticos de Buenos Aires, quienes veían en el una amenaza a
los privilegios de su provincia. Estos dirgentes se oponían en particular a la nacionalización de la Aduana porteña y de sus
cuantiosos recursos. Tampoco estaban de acuerdo en conceder la igualdad de representación a todas las provincias. Por
estas razones en junio de 1852, la Legislatura porteña juzgó apropiado rechazar el Acuerdo de San Nicolás. Esto provocó
la renuncia del gobernador y el consiguiente ascenso al poder en la provincia del grupo mas radicalmente opositor al
político entrerriano.
Así comenzó un periodo de conflictos entre Urquiza y los porteños. El 11 de septiembre de 1852, los opositores porteños a
Urquiza y al Acuerdo, decidieron separarse de la Confederación Argentina. El resultado de esta separación fue la existencia
de dos entidades políticas autónomas que se prolongaría hasta 1861: la Confederación Argentina, formada por la totalidad
de las provincias con excepción de Buenos Aires, y el Estado de Buenos Aires, separado del resto.
LA CONSTITUCIóN DE 1853
Todos los gobiernos de provincia respondieron al llamado para el Congreso Constituyente, condenando la actitud de
Buenos Aires.
Cada provincia envió dos diputados; todos eran sostenedores del sistema federal.
El 18 de abril la Comisión de negocios Constitucionales presentó a la asamblea el proyecto de Constitución. El 1° de mayo,
fue firmada por los constituyentes. Una comisión especial, fue encargada de presentarla para su aprobación a Urquiza y al
mismo tiempo la presentarían al examen y libre aceptación de Buenos Aires.
Se fijó el 9 de julio para que el pueblo de la República jurara respetar, obedecer y defender la Constitución política de la
Confederación Argentina. En la fecha indicada todas las provincias juraron la nueva Constitución. Solo Buenos Aires rehusó
su asentimiento, negándose aún a recibir la comisión parlamentaria.

BASES SOBRE LAS CUALES SE REDACTA LA CONSTITUCIóN DE 1853
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1-Laconstitución obedece a la corriente filosófica del constitucionalismo (la norma jurídica se convierte en ley de garantía
para limitar el poder).
2- Responde al concepto racional normativo (concepción que cree en la inmutabilidad del mundo, que los grupos humanos
son iguales, al igual que los climas y territorios). La razón a priori: el texto por sólo ser dictado por el órgano competente
es justo y siempre se cumple. Se cree que la norma es atemporal, que siempre tendrá la misma efectividad histórica, es
decir, para todos los hombres, sin importar los pueblos. Esta filosofía no entiende que hay bases sociológicas diferentes.
3- Está basada en el ius naturalismo. Retiene para la concepción de la constitución un derecho natural que antecede a la
norma. Esta última lo único que hace es receptarla. Según esta corriente el estado no otorga derechos a los hombres, sino
que los reconoce jurídicamente, ya que éstos le son innatos.
4- La supralegalidad de la constitución nacional: los que crean el texto la colocan por encima de todo ordenamiento jurídico,
“es la ley de leyes” (Alberdi).
5- Busca la estabilidad de la constitución nacional: se realiza un texto escrito que tiene la intención de durar para dar
estabilidad al estado.
6- Estado de derecho: establece el imperio de la ley, la ley es la palabra de la sociedad dictada por sus representantes. La
ley está por encima de toda autoridad.
CONTENIDO
La Constitución de 1853 consta de un Preámbulo y de 106 artículos que pueden dividirse en dos grupos:
1°: las declaraciones, derechos y garantías;
2°: las autoridades de la nación, subdividido éste en dos títulos: gobierno federal, gobierno provincial. El gobierno federal
se divide en tres secciones, a saber: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial.
Cada sección comprende, a su vez, varios capítulos:
Sección 1°
Cap. 1°: Cámara de diputados.
Cap. 2°: Senado.
Cap. 3°: Disposiciones comunes a ambas cámaras.
Cap. 4°: Atribuciones del Congreso.
Cap. 5°: Formación y duración del P. Legislativo.
Sección 2°:
Cap. 1°: Naturaleza y duración del P. E.
Cap. 2°: Forma y tiempo de su elección.
Cap. 3°: Atribuciones del Poder Ejecutivo.
Cap. 4°: De los Ministros.
Sección 3. °:
Cap. 1°: Naturaleza y duración del P. Judicial.
Cap. 2°: Atribuciones.
El Preámbulo traduce el carácter moral y político del contenido de la C.N. y expresa los propósitos generales que tuvieron
sus redactores.
La Constitución establece la forma representativa, republicana y federal de gobierno, pues el pueblo soberano delibera
y gobierna por sus representantes. El gobierno federal sostiene el culto Católico, Apostólico, Romano; las autoridades
federales residen en la Capital, designada por ley del Congreso, previa creación del territorio por la o las legislaturas de
las provincias afectadas. Obtiene sus recursos de los derechos de importación y exportación; todas las aduanas son nacionales
y el Congreso determina las tarifas; de la venta o locación de tierras nacionales, y de las rentas de Correos; de las
contribuciones fijadas por el Congreso en forma equitativa y proporcional; de los empréstitos contraídos por ley.
Las autonomías provinciales tienen que asegurar el régimen municipal, la administración de justicia, y la instrucción primaria.
Cada provincia ha de dictarse una Constitución bajo el sistema federal.
Los derechos son enumerados o bien implícitos, los primeros constan en la letra de la Constitución, y los segundos fluyen

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de la propia naturaleza o del espíritu de la nación. Bajo otro punto de vista son civiles y políticos: la Constitución consagra
aquéllos y otorga estos.
Derechos enumerados: Libertad e igualdad civiles; Libertad del trabajo e industria; Derecho de propiedad; Libertad de
conciencia; Libertad personal.
La ley concede además otras garantías que son:
a) nadie será obligado a deponer contra sí mismo;
b) nadie será arrestado sin orden escrita de la autoridad competente;
c) el domicilio y la correspondencia privada son inviolables salvo en los casos fijados por ley;
d) no se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos;
e) los tormentos y azotes no pueden usarse como medio judicial;
f) las cárceles sanas y limpias son para alojo y no castigo de los reos;
g) Derechos políticos: Los ciudadanos tienen el derecho de reunión, de asociación y de petición ante los poderes de la
Nación.
El artículo 23 autoriza la suspensión de los derechos, libertades y garantías en caso de “estado de sitio” que puede darse
por conmoción interior o ataque exterior.
El Gobierno Federal consta de los 3 poderes enunciados. El Poder Legislativo es bicamarista y comprende una Cámara de
Diputados por la Nación y otra de Senadores (dos por cada provincia y dos por la Capital Federal).
La cámara de diputados tiene representantes elegidos directamente a pluralidad de sufragios y a razón de 1 por cada
33.000 habitantes o fracción no menor de 16.500, duran 4 años renovándose por mitades y pudiendo ser reelegidos.
El Senado está formado por 2 senadores por cada provincia, nombrados por sus legislaturas, y 2 por la Capital federal,
elegidos en votación de segundo grado. Duran 9 años y se renuevan por tercios. El Vicepresidente de la Nación preside el
Senado y vota solamente en caso de empate.
El Poder Ejecutivo es desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación, y, en caso de acefalía, por
el Vice Presidente; en el caso de que ambos faltaran, la Presidencia es desempeñada interinamente por el presidente del
Senado, en su ausencia por el presidente de la Cámara de Diputados y en caso de faltar éstos el Presidente de la Suprema
Corte de justicia quien habrá de convocar a elecciones dentro de los 30 días de su nombramiento.
El presidente ha de ser argentino nativo (o hijo de nativo) y pertenecer a la religión católica; es elegido en forma indirecta
por colegios electorales de la capital y provincias.
El Poder Judicial está formado por la Corte Suprema y los Tribunales inferiores. Los magistrados son nombrados por el
Presidente con acuerdo del Senado.
Por último están los jueces de sección de la Capital y provincias.
Organización de los poderes públicos de la Confederación.
Después de terminar la guerra con Buenos Aires, Urquiza se retiró a Paraná en donde fijó, con carácter provisional, la sede
del gobierno de la Confederación. El mismo día, de acuerdo a la Constitución, convocó al pueblo de la República a elecciones
generales para la designación del primer presidente Constitucional.
El Congreso dedicó su sesión del 20 de febrero de 1854 para realizar el escrutinio que dio como resultado el nombramiento
del general Urquiza como presidente.
Pacto de San José de Flores
Después de la derrota de Cepeda, la situación militar se tornó insostenible para Buenos Aires. Se aflojaron las tensiones
posibilitándose el entendimiento que culminó con la Firma del Pacto de Unión, efectuado en San José de Flores por representantes
de ambos gobiernos. En dicho Pacto se acordó que:
- Buenos Aires pasaría a integrar la Confederación;
- Esta provincia debía convocar a una Convención provincial que procedería a examinar la Constitución Nacional;
- Dicha Convención debería proponer al Poder Ejecutivo de la Confederación las reformas que estimara necesarias y éste
a su vez reuniría una Convención Nacional para considerarlas;
- Todas las propiedades y establecimientos públicos de la provincia de Buenos Aires le seguirían perteneciendo exceptuándose
a la Aduana que corresponde a la Nación;
- La Nación garantizaría a la provincia de Buenos Aires “su presupuesto de 1859 hasta cinco años después de su incorporación.

Programa Teixeira de Freitas 13
Reforma Constitucional de 1860
El 5 de enero de 1860, cumpliendo con lo dispuesto por el Pacto de San José de Flores, se reunió la Convención Provincial
para proponer las reformas constitucionales. La Convención aprobó las reformas sugeridas:
Se aprobaron como nombres oficiales del país Provincias Unidas del Río de la Plata, Confederación Argentina y República
Argentina, conservándose el nombre de Nación Argentina para encabezar las leyes.
La capital de la República debía ser aquella que designara el Congreso Nacional previa cesión de la Legislatura local.
Las Constituciones provinciales no serían sometidas a la consideración del Congreso Nacional.
El Poder Ejecutivo sólo podría intervenir en las provincias para garantizar el régimen republicano o repeler invasiones.
Los derechos de exportación no deberían ser considerados como rentas nacionales.
PRIMERAS PRESIDENCIAS CONSTITUCIONALES
En los 18 años que duraron las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento y Nicolás Avellaneda, se logró la
unidad política que hacía tiempo se buscaba y se crearon las instituciones que consolidarían al Estado. Se comienza con
una etapa de modernización tecnológica para permitir el ingreso de capitales extranjeros, y empezar a competir con los
mercados internacionales.
Otras características de la época fueron la ampliación de las fronteras en la lucha contra los indígenas, el fomento de la
inmigración, lo que fue punto de partida del crecimiento en la economia.
Se organiza la administración nacional y se crean instrumentos nacionales tales como correos, telégrafos, ferrocarril, escuelas,
oficinas administrativas para el cobro de impuestos.
También se apoyaron desde el estado las economía regionales, otorgando créditos blandos , financiando materia prima,
también se impulsó el comercio.
REFORMA DE LA CONSTITUCIóN DE 1866
La convención nacional convocada en 1860 para reformar la constitución había establecido que los derechos de exportación,
como impuesto nacional, durarían sólo hasta 1866. Al aproximarse esa fecha, se vio la conveniencia de que la
nación, en guerra con el Paraguay, no perdiera las importantes rentas provenientes de los derechos de exportación. Por
consiguiente, el Congreso aprobó la necesidad de la reforma y la Convención Nacional, reunida en Santa Fe, sancionó la
modificación del artículo 4 y del inciso 1º del artículo 67 de manera que los derechos de exportación continuaran siendo
percibidos por la nación.
ARGENTINA A PARTIR DE 1880
Con Julio Roca como presidente Argentina comienza una etapa de estabilidad política y constitucional y prosperidad
económica. Pasó a ser un país rico, moderno, comparable con las grandes potencias mundiales.
Los hombres dirigentes, encargados de conducir al país política y económicamente pertenecían en su mayoría a una elite
tradicional de familias criollas, con gran poder económico que se vinculaban a la exportación de los productos que ellos
producían. Este grupo privilegiado fue denominado la generación del 80.
El partido político de esta elite, inciado en el poder con el Presidente Roca, se conocía como el PAN (Partido Autonomista
Nacional).
Para el crecimiento del país era necesario que se integre cuanto antes al mercado internacional como productor de materia
prima. Las fábricas de las grandes potencias mundiales necesitaban materiales, tales como cuero, lanas, sebo, carnes,
cereales y Argentina podía producirlo, pero para ello, hacían falta capitales, tecnología y mano de obra. Consecuentemente
se implementó un plan de crecimiento basado en un Modelo Agro-exportador en donde la Pampa Húmeda convenientemente
explotada podría cubrir las expectativas de un futuro económicamente próspero para la Argentina.
Para el crecimiento de Argentina fue tambien importante la gran corriente inmigracionista.
Presidencia de HiPolito YrigoYen - Primeros Pasos del radicalismo
En las elecciones de 1916 triunfa el radicalismo con la figura de Hipólito Yrigoyen. El Radicalismo era un partido político
bien organizado de alcance nacional, con apoyo en todo el país.
El gobierno de Yrigoyen fue nacionalista y popular, representando a los sectores bajos y medios de la sociedad que desde
principio de siglo se oponían a la conducción política de la vieja dirigencia oligarca.
Los primeros sindicatos surgieron en este época y se reprodujeron en todo el país presionando cada vez mas al gobierno.
El gobierno radical intentó desde un primer momento repartir más equitativamente las riquezas del estado y las ganancias
generadas del modelo agro exportador vigente y trato de mantener un diálogo fraternal entre el estado - patronal

Programa Teixeira de Freitas 14
- obreros aunque muchas veces las manifestaciones sociales se les escapaba del control.
Yrigoyen debió soportar los efectos de la Primera Guerra Mundial. Hubo una caída importante de las exportaciones. La
economía sufría de una importante inflación y los sueldos caían constantemente, por otro lado se generó una gran desocupación.
la década infame: (1930-1943) - Primer golPe militar
El 6 de septiembre de 1930 un golpe militar encabezado por Uriburu destituye al régimen democrático de Yrigoyen, de
esta manera se inicia la década infame, vuelven los antiguos conservadores, oligarcas, que defendían el modelo agro
exportador.
Uriburu gobernó durante un año y medio bajo el estado de sitio y la ley marcial, disolviendo el Congreso e interviniendo
las provincias y universidades.
Posteriormente se creará la Concordancia, un partido político formado por la unión de diversas fuerzas quien ganó las
elecciones llevado a Agustín P. Justo, militar, al poder.
La crisis internacional continuó varios años más y las medidas tomadas no alcanzaron a equilibrar el caos.
PRIMER GOBIERNO DE JUAN DOMINGO PERóN
En 1943, el Grupo de Oficiales Unidos llega al poder mediante un golpe de estado. Como Ministro de Guerra llegaba
el Gral. Domingo Perón quien también ocupó previamente la Secretaria de Previsión Social, cargo que le daría mucho
contacto con el pueblo. Se procedió a las típicas prácticas autoritarias como la disolución del Congreso, proscripción de
partidos políticos y control de los medios de comunicación e intervención a las universidades.
En 1946, mediante elecciones democráticas, triunfó la fórmula Perón-Quijano. Una vez en la presidencia creó el partido
peronista, que se encontraba formado de 3 consignas fundamentales: independencia económica; justicia social y soberanía
popular.
Se fue desprendiendo de funcionarios de ideología opositora mantuvo la intervención a las universidades y el control de
los medios de comunicación. Intervino en la economía, tendiendo a distribuir la riqueza con más equidad y a fomentar
medidas proteccionistas. Esto se pudo realizar gracias al buen momento en que estaba pasando la Argentina por las excesivas
exportaciones agrícolas, pero como todo sistema que se basa en la redistribución, no era sustentable en el tiempo.
Argentina pasó a ser un país acreedor y por varios meses no se tuvo deuda externa. La construcción creció notablemente.
El gobierno peronista siempre se orientó a favor de los trabajadores, a costas de que los industriales transfieran dichos
aumentos a los precios generando inflación.
La oposición no veía con agrado esta política social, porque se hacía con dinero de todos y sólo se destinaba a la masa de
asalariados que tenían una postura de lealtad permanente a su Perón.
constitución de 1949
Este año se reúne la Convención Constituyente en Buenos Aires. Las reformas de la Constitución se realizaron con el propósito
de posibilitar la reelección del presidente Perón.
La Constitución de 1949 no modificó en líneas generales la tradicional estructura de 1853, conservando su parte dogmática
(declaraciones, derechos y garantías individuales) y su parte orgánica (estructura de los poderes). Incorporó nuevos
derechos y garantías individuales.
No modificó la forma representativa, republicana y federal e incorporó el tríptico del movimiento peronista: una nación
socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Entre sus artículos se encontraba la reelección presidencial,
los derechos del trabajador, de la familia y de la ancianidad, intervención del Estado en la economía y reformas
de Constituciones provinciales.
SEGUNDO GOBIERNO DE PERóN
Perón logró obtener la reelección de la presidencia.
Con el tiempo la política redistributiva de la riqueza fue teniendo dificultades, pues cada día había menos recursos del
estado nacional. La política se podía sostener siempre y cuando las condiciones generales sean favorables. Cuando los
precios de los productos agrícolas cayeron debido a la recuperación europea, las condiciones para el país dejaron de ser
propicias para mantener las políticas peronistas.
El gobierno se vió obligado a cambiar la política económica. Se debía generar más y riqueza y consumir menos. Se otorgaron
concesiones a empresas extranjeras para que exploten el petróleo en la patagonia. Hubo sequías que perjudicaron
las cosechas, complicando aun más la situación nacional. Los sindicatos, al ver que la situación empeoraba y el gobierno
cambiaba su política económica, comenzaron a reclamar y a manifestar oposición.

Programa Teixeira de Freitas 15
El gobierno se pone más duro y autoritario, para poder mantener su poder. El peronismo resultó ser uno de los mayores
movimientos sociales de Argentina y, a pesar de la situación poco favorable, Perón volvería a ser elegido presidente en
1973.
Perón fue un líder carismático y políticamente muy inteligente. Supo como ganarse a la población y hacer de su persona
una figura política mítica.
Sin embargo, cuando la coyuntura dejó de ser favorable, su política paternalista dejó de ser sustentable y allí comenzaron
los principales inconvenientes. Perón se mantuvo en el poder con el voto cautivo de las clases más bajas, a las que mantenía
dándoles el dinero de aquellos que producían. Cuando la economía internacional no favoreció más las exportaciones
o la producción, el sistema peronista dejó de tener sustento.
Perón fue el creador de este sistema en Argentina, que se mantiene vigente hasta la actualidad y es uno de los principales
motivos que impiden el desarrollo argentino.
TERCER GOLPE DE ESTADO
El general Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia y estableció un régimen que consistió en el intento de las clases
dominantes de recuperarse de los años peronistas.
El partido peronista fue intervenido y lo mismo sucedió con la mayoría de los sindicatos. No se permitió el uso de símbolos
peronistas, se arrestaron a muchos dirigentes políticos y gremiales y, entre las medidas principales, se anuló la Constitución
de 1949 que era predominantemente socialista y había desplazado a la Constitución liberal anterior.
REFORMA DE 1957
La Constitución vigente durante el gobierno de facto de Aramburu, era la llamada “Constitución justicialista”, sancionada
en 1949. Por tal motivo, el 23 de abril de 1956, el gobierno provisional puso en vigencia la Constitución de 1853, convocándose
posteriormente a elecciones para una Convención Constituyente para reformarla.
Cuando se reúne en Santa Fe en septiembre de 1957 la Convención Constituyente (de la cual estuvo excluido el peronismo),
los delegados intransigentes impugnan la reunión y se retiran, dejando al cuerpo con quórum estricto. La Convención
apenas alcanza a sancionar un artículo que contiene derechos sociales (14 bis) y luego, al retirarse el sector radical que
responde a Sabattini, queda sin quórum.
Así, la reforma concluye sin pena ni gloria. Se declararon nulas las reformas del 49 y se mantuvieron los artículos de la
Constitución de 1853, adicionándosele el artículo 14 bis.
EL GOBIERNO PROGRESISTA DE FRONDIzI
Frondizi gana las elecciones de 1958 en parte por la actitud adoptada por el peronismo, cuyo lider, aconsejo votar por el
radical. El apoyo de Perón a Frondizi tiene su fundamento en la ideología del radical en contra de los golpes militares y a
favor del progresismo y nacionalismo. De todas maneras, desde el principio, las Fuerzas Armadas comenzaron a barajar la
posibilidad de organizar un golpe de Estado para destituir a Frondizi.
El sector industrial, después de los gobiernos peronistas, había quedado compuesto por pequeños capitalistas y talleres
artesanales, poco eficientes y para nada competitivos. Las grandes corporaciones del país, estaban en manos del Estado.
Frondizi implementó un plan destinado a modernizar la economía e impulsar la investigación científica. Promulgó la Ley
de inversiones extranjeras, que trajo como consecuencia la radicación de capitales.
La modernización derivó en la atracción de capitales extranjeros que se radicaron en la industria, haciéndola más eficiente
y competitiva. La burguesía industrial desplazó a la burguesía agropecuaria. Por otro lado, los capitales se concentraron en
las principales ciudades del país, aumentando la diferencia entre el desarrollo de estas y el resto del territorio.
PRESIDENCIA DE ARTURO ILLIA
El gobierno del Presidente Illia puso mucho énfasis en el respeto de las instituciones y la democracia liberal. Su administración
fue, en ese sentido, un ejemplo ya que gobernó sin Estado de Sitio y garantizando las libertades básicas.
Argentina comenzó a recuperarse pero lentamente. Se requería una apertura económica y medidas tendientes a la acumulación
de capitales. Muchos no consideraban a Illia capaz de liderar este cambio, consecuentemente se gestó un nuevo
golpe de Estado.
En 1966 la Junta militar destituyó al presidente, al vicepresidente y a los gobernadores, disolvió el Congreso Nacional, las
legislaturas provinciales, a los partidos políticos y reemplazó a los miembros de la Corte Suprema. El cargo de presidente
fue ocupado por el Tte. Gral. Juan Carlos Onganía. Este período militar fue denominado la Revolución Argentina.
La finalidad económica de Onganía fue pronto descubierta. Su objetivo era la consolidación de los grandes monopolios
industriales y financieros asociados con el capital extranjero, en detrimento de la burguesía rural y de los sectores populares.

LA GUERRILLA ARGENTINA
Programa Teixeira de Freitas 16
La guerrilla argentina nace por dos causas principalmente. En primer lugar, el acercamiento entre las clases medias y bajas
y en segundo lugar, la atracción que producía Perón desde el exilio, en la juventud que lo seguía.
Hubo dos movimientos guerrilleros destacados en Argentina. El ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) era el brazo
armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Eran marxistas y consideraban al peronismo una operación de la
burguesía para ganar tiempo y retrasar la concreción de la revolución obrera.
Por otro lado estaba la principal fuerza guerrillera de origen urbano generada en Latinoamérica, los Montoneros. Eran
partidarios de la lucha armada y transformaron la imagen de Perón, haciéndolo ver un personaje revolucionario.
FINAL DEL GOBIERNO MILITAR y LA VUELTA DEL PERONISMO
Roberto M. Levingston fue designado presidente en junio de 1970. Levingston era totalmente desconocido para la población.
Los peronistas, radicales, progresistas, conservadores populares y socialistas respondieron a su designación formando
una alianza llamada La Hora del Pueblo que puso punto final al gobierno del General en 1971. Perón era el único
con capacidad de liderazgo y carisma para frenar el desorden institucional que se producía en Argentina. Sin embargo,
por una cláusula de residencia no podía volver al país. En su lugar, se presenta a las elecciones Héctor Cámpora y las gana
en 1973. El 25 de mayo de 1973, Héctor Cámpora asumió la presidencia de la República Argentina. El peronismo volvía al
poder y la población lo festejaba, cansada de los gobiernos militares. Cámpora otorgó cargos políticos y beneficios a los
Montoneros, admitiendo su ayuda en la lucha contra los militares. Cámpora fue seguido en la presidencia por Perón quien
había regresado al país y al morir este asumió su vicepresidente y esposa, Isabel Perón.
EL PROCESO DE REORGANIzACIóN NACIONAL
El desencanto popular ante la presidencia de Isabel Perón y la mala situación vivida en el país creó el ambiente propicio
para la vuelta al poder de los militares.
Así es como en 1976, la Junta Militar encabezada por el teniente general Jorge Rafael Videla por el Ejército, el almirante
Emilio Eduardo Massera por la Marina y el brigadier general Orlando Ramón Agosti por la Fuerza Aérea, depuso al gobierno
constitucional de Isabel Perón con la finalidad de eliminar la corrupción y la guerrilla.
A diferencia de gobiernos militares anteriores, el de 1976 asumió de manera mucho más violenta, disoviendo el Congreso
y las legislaturas provinciales, depusieron a los jueces y gobernadores y fue prohibida la actividad política estudiantil
y de los partidos. Se intervinieron los sindicatos, se prohibieron las huelgas y las negociaciones colectivas. También se
establecieron consejos de guerra militares con poderes para dictar sentencias de muerte a todo aquel que se sospechase
subversivo.
El país obtuvo créditos por miles de millones de dólares aunque esos préstamos no fueron correctamente invertidos.
La dureza de los métodos utilizados por los militares para eliminar la subversión tomaron por sorpresa a la población.
Había campos de concentración, asesinatos, secuestros y torturas. El resultado final del Proceso militar fueron 15.000 desaparecidos,
triplicación de la deuda externa, inflación descontrolada, desindustrialización, y caída del PNB.
En 1983, agobiados por la situación económica, debilitados por la derrota de Malvinas, y presionados por la opinión pública
nacional e internacional, los militares devolvieron el gobierno a los civiles en las elecciones en las que triunfó el Dr.
Raúl Alfonsín por la UCR.
regreso a la democracia - Presidencia de raúl alfonsín
El gobierno de Alfonsín se caracterizó por el fortalecimiento de las instituciones democráticas pero por la inestabilidad
económica. Después de tantos periodos militares, Alfonsín se iba a encargar de afianzar la democracia.
La situación económica que había dejado el gobierno militar era desastrosa. Una deuda externa enorme, las industrias
nacionales destruidas y una sensación de desconfianza que iba a ser difícil de revertir.
Alfonsín propulsó dos planes económicos, el Plan Primavera y el Plan Austral. El primero fue un fracaso mientras que el segundo
tuvo algún éxito en sus inicios. Sin embargo la hiperinflación no podía ser controlada por el gobierno y la inestabilidad
generó demasiada presión sobre el presidente, obligándolo a finalizar su mandato antes del tiempo reglamentario.
dictamina según sus convicciones, estableciendo las conclusiones que estime arregladas a derecho.
PRIMER GOBIERNO DE CARLOS MENEM
Carlos Menem asume la presidencia argentina en 1989, con el partido Justicialista Popular.
Económicamente el país estaba en malas condiciones, había hiperinflación, se pagaban miles de millones de dólares en
intereses de la deuda externa y no había estabilidad.

Programa Teixeira de Freitas 17
Desde el inicio de su gobierno, Menem modificó la tendencia popular a la que estaba acostumbrada la población desde
los gobiernos peronistas. Comenzó a implementar medidas más liberales tendientes a equilibrar la economía.
Su plan principalmente se basaba en el saneamiento fiscal, concentrar el gasto en salud y educación, privatizar las empresas
estatales y, sobre todo, protección de las propiedad privada.
Inicialmente, Menem no tuvo éxito en sus planes económicos para estabilizar el país y aplicar medidas tendientes a modernizarlo
en sus relaciones comerciales. Sin embargo, la situación cambió cuando llegó el ministro de economía Domingo
Cavallo. Estableció el Plan de Convertibilidad que establecía que 10,000 australes eran equivalentes a un dólar, y
posteriormente, 1 peso sería equivalente a un dólar. Sumando a esto, Argentina se alineo con los intereses de los grandes
grupos económicos, mejoró sus relaciones con Estados Unidos, privatizó todas las empresas estatales y desregularizó el
mercado. El país se estabilizó, dejó de haber inflación y el PBI comenzó a crecer a buen ritmo.
El Plan de Convertibilidad debía ser una medida tendiente a la estabilización y no estaba planeado para durar el tiempo
que duró. Siendo la situación positiva, Menem no se animó a modificar la convertibilidad y con el tiempo este sistema
destruyó a todas las industrias nacionales. El gobierno no implementó ninguna medida para mejorar la productividad y
competitividad de las empresas argentinas, consecuentemente las mismas fueron absorbidas por capitales extranjeros.
Los principales problemas del gobierno de Menem fueron la desocupación, que alcanzó niveles superiores al 15 % y la
corrupción.
la reforma de 1994.
El pacto de Olivos
En diciembre de 1993, Alfonsín (como presidente de la UCR) y el presidente Menem acordaron el llamado Pacto de Olivos,
que incluía un acuerdo sobre la realización de una reforma Constitucional y un compromiso sobre algunos de los puntos
que habrían de figurar en ella.
En este acuerdo, las partes firmantes, coincidieron en presentar al pueblo de la República un proyecto de reforma constitucional,
señalando que la parte dogmática no sería modificada.
Entre los temas más destacados del documento se hace referencia a:
- poderes del estado;
- atenuación de un sistema presidencialista a través de la incorporación de un jefe de gabinete;
- reducción del mandato presidencial a 4 años con reelección inmediata;
- la elección directa de senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría;
- la elección directa por doble vuelta del presidente y vice de la Nación;
- la regulación de las facultades del presidente para dictar reglamento de necesidad y urgencia.
- la designación de jueces donde prevalecerá la idoneidad, etcétera.
EL PACTO DE LA ROSADA
Firmado el 13 de diciembre de 1993 por Alfonsín y Menem complementaba al pacto de Olivos.
El documento estaba dividido en 3 partes:
1- núcleo de coincidencias básicas: se postula la atenuación del sistema presidencialista para la cual se promovía la
creación de un jefe de gabinete, de ministros, nombrados y removidos por el presidente. A continuación se establecían
sus atribuciones. También se inserta la reducción del mandato del presidente y vice a 4 años, de reelección inmediata por
un solo periodo. Se elimina el requisito confesional para ser presidente y vice. Se establece la elección directa de 3 senadores,
2 por la mayoría y 1 por la primer minoría, por cada provincia y por la ciudad de Buenos Aires, y la reducción de sus
mandatos, así como la elección directa por doble vuelta del presidente y vice de la Nación. Otra reforma que se propone
es la de regulación de la facultad presidencial de dictar decreto de necesidad y urgencia. Se postula la reforma en lo referente
a la extensión de las cesiones ordinarias del Congreso que se extenderían entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre.
2- Temas habilitados para el debate constitucional: los temas que deberán ser habilitados por el Congreso Nacional
para su debate por la Convención Constituyente, a saber:
- fortalecimiento del régimen federal: distribución de competencia entre la Nación y las Provincias respecto de la prestación
de servicios y en materia de gastos y recursos

Programa Teixeira de Freitas 18
- autonomía municipal;
- posibilidad de la incorporación de la iniciativa y la consulta popular como mecanismo de democracia semidirecta;
- establecimiento del defensor del pueblo y el Ministerio Publico como órgano extra poder;
- garantías de la democracia en cuanto a la regulación constitucional de los partidos políticos, defensa del orden constitucional;
- preservación del medio ambiente;
- defensa de la competencia, del usuario y del consumidor;
- consagración del hábeas corpus y del amparo.
3- Mecanismos jurídicos y políticos para garantizar la concreción de los acuerdos: se establece que la declaración
de necesidad de reforma constitucional indicará las modificaciones incluidas en el núcleo de coincidencias básicas.
La Convención Constituyentes se reunirá con el objeto de introducir las reformas y para considerar los temas que deberán
ser habilitados por el Congreso Nacional, para su debate.
LEy DECLARATIVA DE LA NECESIDAD DE LA REFORMA
Terminada la etapa preliminar, el Congreso de la Nación, sanciona dicha ley promulgada por el Poder
Ejecutivo en diciembre de 1993. En su artículo 1 declara necesaria la reforma parcial de la constitución.
Promulgada esta ley fue impugnada por numerosos sectores políticos y sociales ya que contenía dos violaciones a las
exigencias constitucionales sobre el proceso prerreformado.
La primera consistía en que había sido violado el procedimiento para la formación y aprobación de las leyes. El senado
modificó el texto votado por la cámara de diputados sin haber vuelto a la cámara de origen para su tratamiento.
Por otra parte, la norma pretende limitar la capacidad decisoria de la Convención Reformadora con la pretensión de obligatoriedad,
de su aceptación en bloque, de la totalidad de las coincidencias básicas.
ASAMBLEA CONSTITUyENTE
Conforme a las disposiciones, se realizó su solemne apertura en la ciudad de Paraná, para luego comenzar sus cesiones
en Santa Fé en mayo de 1994.
Luego de un largo debate aprobó el reglamento de la Asamblea. Funcionaron 11 comisiones, por ejemplo: de redacción,
de coincidencia básicas, de competencia federal, del régimen federal, de participación democrática, etcétera.
El senador nacional Eduardo Menem presidió la convención constituyente.
El 22 de agosto fue clausurada la asamblea al darse sanción definitiva al texto constitucional reformado.
El 24 de agosto se procedió a la jura de la constitución reformada.
EL TEXTO CONSTITUCIONAL
El texto reformado consta de 129 artículos. Ni la parte dogmática ni el preámbulo fueron modificados:
1- Nuevos derechos y garantías: abriendo un segundo capítulo en la parte dogmática, denominado nuevos derechos y
garantías, se introducen los siguientes temas:
- defensa del sistema democrático y del orden constitucional: la constitución mantendrá su imperio aun cuando se irrumpiese
su observancia por golpes de estado. Sus autores serán inhabilitados para ocupar cargos públicos y excluidos del
indulto y la conmutación de penas.
- Los partidos políticos: se garantiza su pleno ejercicio al considerárselo instituciones fundamentales del sistema democrático.
- El derecho de iniciativa popular: se pone acento en la participación del ciudadano al tener el derecho de presentar
proyectos de ley en la cámara de diputados.
- Derecho a la consulta popular: permite al pueblo intervenir en la formación de las leyes, participando en la consulta que
hace el Congreso.
- Derecho al medio ambiente: todos los habitantes gozan del derechos a un ambiente sano que permite el desarrollo
humano y la satisfacción de las necesidades, teniendo el deber de preservarlo.
- Derecho de consumidores y usuarios: se tiene derecho a la información adecuada y veraz, la libertad de elección, y a
condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para
el consumo, a la defensa de la competencia, al control de monopolios, etcétera.

2- De las garantías procesales:
Programa Teixeira de Freitas 19
- amparo: toda persona puede interponer el amparo, siempre que no exista otro medio judicial mas idóneo, contra todo
acto u omisión que lesione, restrinja, altere o amenace en forma arbitraria o ilegal los derechos y garantías constitucionales.
- Hábeas data: apunta a conocer datos referidos a uno para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización
de aquellos.
- Derecho al secreto periodístico.
- Hábeas corpus: cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, el afectado podrá
interponer el habeas corpus, y el juez resolverá de inmediato.
3- Del senado: se elevo a tres el número de senadores por cada provincia y Buenos Aires, siendo dos por la mayoría
y uno por la primera minoría. Esto significó la incorporación de un mecanismo de pluralismo político que garantiza
a la oposición sus derechos. Se reducen los mandatos a 6 años y se sustituye la elección indirecta por la directa.
4- Atribuciones del Congreso:
- impuestos y coparticipación;
- los pueblos indígenas argentinos: debe garantizar el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe estado
intercultural, etcétera;
- valores del desarrollo: el Congreso debe proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico, a la generación
de empleo, etcétera.
- los tratados internacionales: debe aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Éstos tienen jerarquía superior a las leyes.
5- De la formación y sanción de leyes: cada cámara luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en
sus comisiones, la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. Una vez
aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario. Todo proyecto no devuelto en el término de 10 días
hábiles se reputa como aprobado por el Poder Ejecutivo.
Ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiese tenido origen en ella y luego hubiese sido
adicionado o enmendado por la cámara revisora.
La voluntad de cada cámara debe manifestarse expresamente, se excluye la sanción tácita.
6- De la Auditoría General de la Nación: tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoria de toda la administración
pública, interviniendo en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción estado inversión de
los fondos públicos.
7- Del Defensor del Pueblo: es un órgano independiente. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos
y demás derechos y garantías tutelados por la constitución ante hechos de la administración, y el control del ejercicio de
las funciones administrativas publicas.
8- Del Poder Ejecutivo: el presidente y el vice ejercen por 4 años y podrán ser reelegidos por un solo periodo
consecutivo. Serán elegidos directamente por el pueblo en doble vuelta. La segunda vuelta si correspondiese,
se realizará entre las dos fórmulas de candidatos mas votadas. No será necesaria la segunda vuelta si hubieren
obtenido mas de 45% de los voto o cuando haya obtenido por los menos el 40% de los votos y a además
exista una diferencia mayor del 10% del total de los votos emitidos sobre la fórmula que le sigue en numero de votos.
Entre las atribuciones del Poder Ejecutivo reformadas:
- es el jefe supremo de la nación, jefe del gobierno y responsable de la administración general del país;
- nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del senado;
- nombra y remueve a los embajadores y encargados de negocios con acuerdo del senado;
- nombra y remueve al jefe de gabinete y a los demás ministros del despacho;
- decreta la intervención federal a una provincia en caso de cese del congreso.

Programa Teixeira de Freitas 20
9- Del jefe de gabinete: entre sus facultades ejerce la administración general del país, efectúa los nombramientos de los
empleados de la administración, ejerce las funciones y atribuciones que le delegue el presidente, etcétera.
10- Decretos de necesidad y urgencia: cuando existan circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir los
trámites ordinarios para sancionar las leyes, el Poder Ejecutivo podrá dictar decretos los que serán decididos en acuerdo
general de ministros.
11- El Consejo de la Magistratura: tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial,
administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.
12- Ministerio Público: órgano con jerarquía constitucional que integra el sistema de administración de justicia;
su función es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad.
13- Gobierno de las provincias: cada provincia dicta su propia constitución asegurando la autonomía municipal y reglando
el contenido institucional político, económico, administrativo y financiero.
Pueden conservar organismo de seguridad social y promover el progreso económico, el desarrollo humano, el empleo, la
educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.
14- La ciudad de Buenos Aires: tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción
y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad.
15- Ratificación de la soberanía argentina: el Congreso declara que la Nación ratifica su legítima soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgia del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos insulares correspondientes, por ser parte integrante
del territorio Nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de su soberanía constituyen un
objetivo irrenunciable del pueblo argentino.
SEGUNDO GOBIERNO DE MENEM
En 1995 el presidente es reelecto, pero la situación ya no era tan positiva como en los años anteriores. Argentina estaba
más atada a la economía del exterior y diversas crisis internacionales como la Rusa, la de oriente y la brasilera perjudicaron
notablemente la estabilidad conseguida.
Finalmente, en 1999, el justicialismo pierde las elecciones y asumen nuevamente un radical, aunque representando a un
partido de coalición, liderado por el presidente Fernando de la Rua.
gobierno de fernando de la rúa
Sus políticas fueron débiles para enfrentar una situación política y económica complicada. Argentina había perdido reservas,
no podía sostener la convertibilidad, pagaba muchos intereses de la deuda y el desempleo superaba el 17 %.
Ante la falta de medidas y de un plan concreto, explota una crisis que iba a marcar al país para siempre.
El motivo que hace explotar la crisis argentina en el año 2001 es la denuncia de sobornos en el senado, para aprobar una
ley. La ley reducía los inaplicables beneficios de los trabajadores otorgados durante el gobierno populista de Perón.
En diciembre de 2000, el Gobierno obtuvo un crédito de 30.700 millones de dólares, pero la ineficiente gestión de Machinea
obligó a cambiar de ministro de economía, entonces llegó Ricardo López Murphy, cuyas medidas fueron rechazadas
con una ola de protestas en todo el país. El Ministro debió renunciar y De la Rúa designó a Domingo Cavallo que por
entonces contaba con imagen positiva. Cavallo diseñó un plan para controlar la evasión de capitales, disminuir el gasto
público y aumentar los ingresos a fin de recuperar liquidez y reducir la necesidad de refinanciar la deuda externa.
La situación social, económica y política argentina estaba cada vez peor. Diferentes sectores protestaban diariamente en
las calles y la presión se volvió casi insostenible para el gobierno.
Ante la desconfianza económica para que se mantenga la paridad cambiaria, Cavallo inmovilizó parcialmente todos los
depósitos bancarios durante 90 días. Esta medida fue conocida como “el corralito” y todo el pueblo se movilizó em su
contra. Se produjeron saqueos a comercios y el Gobierno respondió con la renuncia de Cavallo y la declaración del estado
de sitio.

Programa Teixeira de Freitas 21
Esta decisión fue repudiada y durante los días 20 y 21 de diciembre hubo cacerolazos de protesta y movilizaciones salvajes
que obligaron a la policía a reprimir con dureza. El saldo fue de 27 muertos y decenas de heridos en todo el país. De la Rua,
ante el descontrol generalizado, procedería a leer en cadena nacional su renuncia.
Seguidamente, pasaron por la presidencia varias personas en tan solo un año, hasta que finelmente Eduardo Duhalde
logro terminar el gobierno de Fernando De la Rua. Durante su gobierno, desidió la pesificación de todos los depósitos,
por lo que quienes tenían dólares en el banco, pasarían a tener pesos, siendo que el peso valía un tercio del dólar. Esto
destruyó los ahorros de la clase media y Argentina en poco tiempo pasó a tener un 50% de su población bajo el índice de
la pobreza.
GOBIERNO NESTOR DE KIRCHNER
Menem se volvió a presentar en las elecciones presidenciales de 2003 y obteniendo un 25% de los votos. Sin embargo, en
la segunda vuelta, previendo una derrota decidió abandonar los comicios dejando como ganador a Néstor Kirchner, ex
gobernador de la provincia de Santa Cruz, peronista e intergrante activo de la política de los años 90.
Kircher logra una mejora de las variables económica fomentada por los altos precios de las materias primas en el mercado
internacional. Partidario de la intervención estatal, lleva esta política al extremo. Interviene en todos los aspectos de la
economía, y gracias a sus maniobras y a los numerosos impuestos con que ahogó a la población logra un superavit fiscal.
Kirchner es muy criticado por la presión que le impone a los medios de comunicación y por sus políticas ante el desorden
público. Los “piquetes” (cortes de calles) se transformaron en algo cotidiando en Argentina, como así también la inseguridad.
En conclusión, Nestor Kirchner nace con la vieja y corrupta política argentina y se mantiene en ella. Las políticas implementadas
son populistas, reparte dinero de la población a las clases más bajas para mantenerlas como votantes cautivos.
Extorsiona a los medios de comunicación con las licencias para seguir operando, modifica el consejo de la magistratura
para poder tener control sobre el poder judicial.
GOBIERNO DE CRISTINA FERNáNDEz DE KIRCHNER
Asumio la Presidencia de la Nación con la misión de mejorar el modelo implementado por su esposo, Néstor Kirchner, y
entrará en la historia del país como la primera mujer en ocupar este cargo por mandato popular.

Programa Teixeira de Freitas 22
ESTRUCTURA y FUNCIONES DEL PODER JUDICIAL ARGENTINO
Brasilia, 30 de agosto de 2010
Mariana Andrea Gamba Cremachi
Universidad Católica de Salta
Salta - Argentina
La Justicia en la Argentina es administrada por el Poder Judicial de la Nación, compuesto por una Corte Suprema de Justicia
y por los demás tribunales inferiores, tanto a nivel federal como a nivel provincial.
Entonces, por debajo de la CSJN, funcionan los distintos fueros separados en razón de la materia. Así existen fueros civil,
comercial, penal, contencioso-administrativo, laboral, etc.
Dentro de cada uno de ellos actúan los juzgados de 1ª instancia y las Cámaras de Apelaciones. Estas Cámaras son tribunales
pluripersonales que revisan las decisiones de los juzgados y se dividen en “salas”.
Por otra parte, existen los fueron especiales: Justicia Electoral y de la Seguridad Social.
Finalmente forma parte de la Justicia Nacional órganos como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de enjuiciamiento.
Una de las características del Poder Judicial es su total independencia con respecto a los otros dos poderes, Legislativo
y Ejecutivo, por lo que sus fallos deben ser independientes e imparciales con respecto a cualquier partidismo político.
Tan es así, que nuestra Constitución Nacional en su artículo 109 establece que “en ningún caso el Presidente de la Nación
puede ejercer funciones judiciales”.
Asimismo, el Poder Judicial ejerce el control de constitucionalidad de las leyes y de los actos de gobierno.
El Poder Judicial de la Nación está regulado en la sección tercera de la segunda parte (parte orgánica) de la Constitución
de la Nación Argentina.
La designación de los jueces federales la realiza el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado, sobre la base de una
terna integrada por candidatos seleccionados en concurso público por el Consejo de la Magistratura, órgano de composición
multisectorial, a quien corresponde el control directo de los jueces y la administración del Poder Judicial.
Los jueces permanecen en sus cargos “mientras dure su buena conducta” y solo pueden ser removidos en caso de infracciones
graves, por un Jurado de Enjuiciamiento.
EL DOBLE ORDEN JUDICIAL
Existen en el país:
- Justicia Federal que ejerce sus atribuciones en todo el territorio de la república, con respecto a los asuntos mencionados
en el artículo 116 de la Constitución Nacional (competencia federal), y sin esa limitación en los lugares sometidos a la

potestad del gobierno nacional;
Programa Teixeira de Freitas 23
- Justicia ordinaria y común que ejerce sus funciones a través de los órganos judiciales que cada provincia debe crear y
organizar con prescindencia del gobierno central (artículos 5, 121, 123 de la Constitución Nacional) y cuya competencia
abarca el conocimiento de todos los puntos regidos por el derecho común y local, con las limitaciones establecidas en el
artículo 75 inciso 12 de la Carta Magna Nacional (naturalización, nacionalidad, bancarrotas, falsificación de moneda corriente
y documentos públicos del Estado y las materias que requieran el establecimiento del juicio por jurados).
JUSTICIA FEDERAL
De acuerdo a lo establecido por el artículo 116 de la Constitución, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores
de la Nación:
- el conocimiento y decisión de todas las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes nacionales,
salvo los casos que corresponden a la justicia provincial;
- de las causas regidas por los tratados internacionales;
- de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros;
- de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima;
- de los asuntos en que la Nación sea parte;
- de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de
diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.
Por otra parte, la justicia federal entiende en ciertas materias fijadas por ley, tales como estupefacientes, trata de personas,
contrabando, evasión fiscal, lavado de dinero, y otros delitos que afectan a la renta y a la seguridad de la Nación.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIóN
La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el más alto tribunal de justicia del país.
Fue instalada en 1863. Actualmente está compuesta por 7 Ministros y ante ella actúan el Procurador General de la Nación,
los Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Defensores Oficiales ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Tiene competencia originaria sobre las materias que se encuentran reguladas en el artículo 117 de la Constitución: “en todos
los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte,
la ejercerá originaria y exclusivamente”.
El Art. 24 del Decreto ley 1285/1958 establece que la CSJN conocerá:
- Originaria y exlusivamente, en todos los asuntos entre:
- Dos o más provincias

Programa Teixeira de Freitas 24
- Una provincia y un estado extranjero
- Causas concernientes a embajadores
- Etc.
- Por Recurso Extraordinario en los casos del Art. 14 de la Ley N° 48 (Cuando se pone en cuestión la validez o la interpretación
de una cláusula constitucional y que la sentencia del tribunal inferior haya sido en contra de su validez)
- Recursos de revisión;
- Recursos de apelación denegado;
- Recursos de queja por retardo de justicia;
- Por apelación ordinaria de la sentencias definitivas de la Cámara Nacional de Apelaciones en algunos casos determinados;
- Cuestiones de competencia entre tribunales que no tengan otro órgano superior jerárquico común.
REqUISITOS, NOMBRAMIENTO y REMOCIóN DE LOS MINISTROS
Para ser juez de la Corte Suprema de Justicia y Procurador General de la Nación, es requisito ser ciudadano argentino,
tener 30 años de edad, ser abogado graduado en Universidad Nacional, con ocho años de ejercicio y las demás calidades
exigidas para ser senador, es decir, haber sido seis años ciudadano de la Nación y disfrutar de una renta anual de dos mil
pesos fuertes o de una entrada equivalente (cuestión que la práctica no se tiene en cuenta por estar totalmente desactualizados
los valores).
Los jueces de la CSJN son nombrados por el presidente de la nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros
presentes, en sesión pública convocada al efecto; su cargo es inamovible y conservan su empleo mientras dure su
buena conducta ( arts110 CN y 3 del Dec-Ley 1285/58).
La remoción de los ministros de la Corte se hace mediante el procedimiento de juicio político, en el cual la Cámara de
Diputados ejerce la acusación y el Senado juzga al acusado.
PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA
La ley acuerda a la Corte la facultad de designar su presidente Éste es elegido por mayoría absoluta de votos de los ministros
del tribunal y dura tres años en el ejercicio de sus funciones.
Entre las atribuciones del Presidente se pueden destacar las de representar al Tribunal en los actos protocolares y ante los
poderes públicos; presidir las audiencias públicas; distribuir las causas a los ministros; aplicar sanciones a los empleados
de la Corte, etc.

Presidente
Composición actual de la CSJN
Dr. Ricardo Luis Lorenzetti
Vicepresidente
Dra. Elena I. Highton de Nolasco
Ministros
Dr. Carlos S. Fayt
Dr. Enrique Santiago Petracchi
Dr. Juan Carlos Maqueda
Dr. E. Raul Zaffaroni
Dra. Carmen María Argibay
Programa Teixeira de Freitas 25
FUEROS ESPECIALES
Justicia Nacional Electoral: es un fuero especializado encargado de resolver las cuestiones relacionadas con la aplicación
de las leyes electorales y de los partidos políticos. Está compuesta por la Cámara Electoral Nacional, que es el máximo
órgano judicial en la materia, actuando como tribunal de alzada con relación a las controversias suscitadas en los juzgados
federales provinciales con competencia electoral y a los pronunciamientos de las Juntas Electorales Nacionales.
Justicia de La Seguridad Social: El ordenamiento federal garantiza la autonomía jurisdiccional de la Seguridad Social,
mediante tribunales especializados. Su objeto es el de concentrar a los procesos que involucren cuestiones relacionadas
con la salud y la seguridad de las personas afiliadas a las obras sociales respecto a las cuales se incluye el cobro de aportes
y contribuciones.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Está regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara
del Congreso, tiene a cargo la selección en concurso público de los candidatos a jueces y la conformación de ternas, de las
cuales, el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado, elige al nuevo juez.
Administra también el Poder Judicial, supervisa a los jueces y pone en marcha el mecanismo para su remoción por un
Jurado de Enjuiciamiento.
Se integra periódicamente de modo de procurar el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes
de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Se integra también
por otras personas del ámbito académico y científico.
El art, 114 de la Constitución Nacional, específicamente fija sus atribuciones:
1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores.

Programa Teixeira de Freitas 26
2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores.
3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.
4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.
5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la
acusación correspondiente.
6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la
independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.”
Además de lo expuesto, son atribuciones propias del Consejo:
• Organizar el funcionamiento de la Escuela Judicial, dictar su reglamento, aprobar sus programas de estudio y establecer
el valor de los cursos realizados, como antecedentes para los concursos convocados. Planificar los cursos de capacitación
para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial para la eficaz prestación del servicio de justicia.
• Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Autarquía
Judicial y la Ley de Administración Financiera, y ejecutarlo.
El Consejo está integrado por trece miembros, de acuerdo con la siguiente composición:
1. Tres jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el sistema D`Hont, debiéndose garantizar la representación
igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del
interior de la República.
2. Seis legisladores. A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de
los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán tres legisladores por cada una de ellas, correspondiendo
dos a la mayoría y uno a la primera minoría.
3. Dos representantes de los abogados de la matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales que
posean esa matrícula. Uno de los representantes deberá tener domicilio real en cualquier punto del interior del país.
4. Un representante del Poder Ejecutivo.
5. Un representante del ámbito académico y científico que deberá ser profesor regular de cátedra universitaria de facultades
de derecho nacionales y contar con una reconocida trayectoria y prestigio, el cual será elegido por el Consejo Interuniversitario
Nacional con mayoría absoluta de sus integrantes.
JURADO DE ENJUICIAMIENTO
Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación se remueven por las siguientes causales: responsabilidad, mal desempeño,
delito en el ejercicio de sus funciones, crímenes comunes.
El órgano interviniente es un Jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula
federal. El fallo será irrecurrible, no tendrán más efecto que destituir al acusado. El condenado quedará no obstante
sujeto a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.
ministerio Público
Si bien ya no se discute el hecho de que el Ministerio Público sea parte del Poder Judicial, sino que es un órgano independiente
con autonomía funcional y autarquía financiera, hago mención a él porque su funcionamiento contribuye con la
actividad judicial.
Tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales
de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un Procurador
General de la Nación y un Defensor General de ;la Nación y los demás miembros establecidos por ley.
Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones (Art. 120 CN).
El Ministerio Público Fiscal nuclea y coordina la acción de los fiscales, mientras que el Ministerio Público de la Defensa
efectúa igual tarea con los defensores oficiales.
Funciones:
- Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad;
- Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera;

Programa Teixeira de Freitas 27
- Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales, salvo cuando para intentarla o proseguirla
fuere necesario instancia o requerimiento de parte conforme las leyes penales;
- Promover la acción civil en los casos previstos por la ley;
- Intervenir en los procesos de nulidad de matrimonio y divorcio, de filiación y en todos los relativos al estado civil y nombre
de las personas, venias supletorias, declaraciones de pobreza;
- En los que se alegue privación de justicia;
- Velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República
- Velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal;
- Promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona
y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas, cuando carecieren de
asistencia o representación legal; cuando fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes y representantes legales,
parientes o personas que los tuvieren a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos;
- Defender la jurisdicción y competencia de los tribunales;
- Ejercer la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales, y en
otros fueros cuando aquellos fueren pobres o estuvieren ausentes
- Velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación
psiquiátrica, a fin de que los reclusos e internados sean tratados con el respeto debido a su persona, no sean sometidos a
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás
que resulten necesarias para el cumplimiento de dicho objeto, promoviendo las acciones correspondientes cuando se
verifique violación;
- Intervenir en todos los procesos judiciales en que se solicite la ciudadanía argentina.
JUSTICIA PROVINCIAL
Cada una de las provincias de Argentina, en base a la autonomía otorgada por la Constitución Nacional en su artículo 5,
establece la administración y organización de la justicia ordinaria dentro de su territorio.
Es por ello que en Argentina hay una organización judicial distinta en cada una de las provincias de acuerdo a sus constituciones
provinciales.
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
A modo de ejemplo, acompaño organigrama de la estructura del Poder Judicial de la provincia de Salta, en la cual vivo.

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EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN ARGENTINA
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Brasilia, 10 de septiembre de 2010
Mariana Andrea Gamba Cremachi
Universidad Católica de Salta
Salta - Argentina
El Control de constitucionalidad es el mecanismo jurídico por el cual se pretende asegurar el cumplimiento de las normas
constitucionales invalidándose las normas de rango inferior que no hayan sido hechas de conformidad con aquellas.
El control de constitucionalidad tiene como fundamento el principio de supremacía de la constitución, es decir, que la
Constitución de un país es la norma de mayor jerarquía a la cual deben sujetarse las de rango inferior, entendiéndose por
tales a las leyes dictadas por el parlamento, los decretos y demás resoluciones dados por el Poder Ejecutivo o por entidades
autárquicas y las sentencias y demás resoluciones de los jueces.
La supremacía de la constitución tiene dos sentidos. En un sentido fáctico, propio de la constitución material, significa que
es el fundamento y la base de todo el orden jurídico político de un estado.
Pero el sentido con que el constitucionalismo utiliza la noción de supremacía constitucional es otro. Apunta a la noción de
constitución formal, revestida de supralegalidad, que obliga a que las normas y los actos estatales y privados se ajusten a
ella. Ello envuelve una formulación del deber-ser; todo el orden jurídico político del estado debe ser congruente o compatible
con la constitución formal.
CLASIFICACIONES
según la admisión
Positivos: explícitamente en el texto constitucional, o tácitamente en el Derecho Constitucional consuetudinario, admiten
la existencia de control.
Negativos: no admiten el control de constitucionalidad pese a tener necesidad de él por ser su Constitución del tipo
rígido. Es sabido que la constitución no admite prueba en contrario.
Según los órganos de control
Judiciales (o con fisonomía judicial): el control se encarga a tribunales, pertenecientes o no al Poder Judicial. Esta variante
se subdivide en tres:
Difuso (o desconcentrado): cualquier juez puede realizar la verificación de constitucionalidad.
Concentrado (o especializado): es el sistema ideado por Kelsen. Algunos países lo han implementado exactamente
como él propuso; otros ubicaron al Tribunal Constitucional dentro del Poder Judicial. Otros países quedaron a mitad de
camino otorgando la función del Tribunal Constitucional a un órgano ordinario del Poder Judicial, sea a la Corte Suprema
o a una sala de ella llamándola “Sala Constitucional”.
Mixto: intenta compaginar las ideas del sistema difuso y del concentrado. Así, por ejemplo, todos los jueces resuelven las
cuestiones de constitucionalidad en las acciones ordinarias con efectos inter partes, pero en ciertas acciones especiales,
generalmente reservadas a ciertos órganos (Presidente, Fiscal General) van directamente al Tribunal Constitucional cuya
sentencia será erga omnes. O bien el Tribunal conoce por apelación en los aspectos constitucionales de los casos comunes
pero es primera instancia en las acciones generales de inconstitucionalidad.
No judiciales: En algunos países la desconfianza por la judicatura (conservadora, no electa popularmente) ha hecho que
se entregue el control de constitucionalidad a otros entes. Así tenemos:
Poder Legislativo: Es el mismo Parlamento quien controla, o él a través de un órgano suyo. Se trata principalmente de
naciones que sostienen la doctrina del “centralismo democrático” donde el órgano más representativo del pueblo (Poder
Legislativo) es quien concentra mayor poder, prevaleciendo sobre los demás.
Poder Ejecutivo: normalmente el Ejecutivo puede vetar cuando considera que una ley sancionada es inconstitucional,
este es el control de constitucionalidad propio suyo. Pero también ha existido algún sistema donde era el Ejecutivo el
órgano de control frente al cuestionamiento.
Electorado: se han estructurado algunos sistemas bajo la idea de la democracia directa en los cuales es el pueblo quien
decide si determinada norma coincide o no con los lineamientos constitucionales. Un sistema, denominado “apelación
popular de sentencias”, prevé que cuando el Superior Tribunal declara inconstitucional una norma, el 5% del electorado
puede exigir que se someta a referéndum la decisión del tribunal. Otro ha previsto que mediante consulta popular se
derogue una ley por considerarla inconstitucional.

Programa Teixeira de Freitas 34
Órganos sui generis: Son órganos que, o no se estructuran como tribunales, o su forma de integración es especial, o
fundan el control en principios extrajurídicos, o su método de control es novedoso. Ejemplos:
El Consejo de la Revolución portugués: que estuvo integrado por el Presidente de la República y oficiales de las fuerzas
armadas. Podía declarar la inconstitucionalidad con efectos erga omnes. Tenía también a su cargo el control de la inconstitucionalidad
por omisión.
El Consejo de los Custodios iraní: conformado por seis teólogos designados por el Ayatollah y seis juristas musulmanes.
Antes de la sanción controlan los proyectos de ley comparándolos con los principios sociorreligiosos del Islam y con la
Constitución.
El Consejo Constitucional francés: inscripto dentro de los sistemas de control especializado, preventivo, abstracto y limitado.
Lo componen todos los ex-presidentes de la República y nueve miembros más: tres designados por el presidente,
tres por el presidente del Senado y tres por el de la Asamblea Nacional (Cámara de Diputados).
El Tribunal de Garantías Constitucionales ecuatoriano: se compone de once miembros, tres designados directamente
por el Congreso y ocho elegidos por el Congreso entre ocho ternas enviadas por las centrales nacionales de trabajadores,
cámaras de la producción, presidente de la República, alcaldes cantonales, prefectos provinciales, etcétera. Puede suspender
los efectos de las leyes, decretos y ordenanzas que considere inconstitucionales pero sometiéndose a la decisión
definitiva del Congreso Nacional.
según los límites estatales
Nacional: los órganos del control son órganos propios del Estado controlado.
Internacional: los países firmantes de ciertos convenios internacionales se han sometido a la jurisdicción de ciertos tribunales
supranacionales que pueden desvirtuar lo sentenciado por el Poder Judicial Nacional, pues sus sentencias definitivas
son obligatorias para los estados. Y así puede ocurrir cuando derechos consagrados en la Constitución están también
resguardados por el tratado, esto adquiere características de importancia en Argentina tras la reforma de 1994.
según la formación de los jueces
Letrados: es así en la mayoría de los sistemas. Algunas constituciones con sistema concentrado exigen una altísima formación
profesional, lo que, sin duda, redunda en beneficio de la independencia y capacidad de los magistrados.
Legos: en algunos sistemas se admite que los jueces legos (no abogados) realicen el control en las jurisdicciones donde
no hay jueces letrados.
Mixtos: otros regímenes mezclan juristas con legos. Algunos lo hacen en búsqueda de mayor conciencia social de los
jueces, otros para lograr especialistas en otra materia considerada de importancia.
según el momento
Preventivo: el control se efectúa antes de la sanción de la ley, sobre el proyecto. O bien, sobre la ley pero antes de su
promulgación. En el caso del Consejo Constitucional Francés el control es preventivo, se ejerce antes de la promulgación.
En algunos casos obligatoriamente (leyes orgánicas, reglamentos de las cámaras) y en los demás casos, sólo a petición de
parte, siendo los únicos legitimados el Presidente de la República, el Primer Ministro, el Presidente de la Asamblea Nacional,
el Presidente del Senado, sesenta diputados o sesenta senadores.
Reparador: después de que la norma entró en vigencia.
Mixto: Se puede controlar antes y después de que la norma se sancione. En algún sistema el presidente de la República
puede reclamar al Tribunal Supremo el control de un proyecto, si esto no ocurrió, el tribunal puede controlar la norma
reparadoramente. Otro da el control preventivo al Tribunal Constitucional y el reparador a la Corte Suprema.
según el modo de imPugnación
Abstracto: el impugnador no se halla en una relación jurídica donde se vea afectado por la norma inconstitucional. Aquí
se utilizan las acciones populares o las acciones declarativas puras (o abstractas) de inconstitucionalidad.
Concreto: está legitimado únicamente cuando hay una relación jurídica donde alguien se ve lesionado por la norma
inconstitucional en un derecho subjetivo, un interés legítimo o un interés simple. Las vías de acceso a la jurisdicción son
diversas: acción declarativa concreta de inconstitucionalidad, acción de amparo, demanda incidental, juicio ejecutivo o
sumario, etc.
según la Posibilidad de acceso
Condicionado: hay un órgano preseleccionador de los casos que llegarán al órgano controlador de la constitucionalidad.

Programa Teixeira de Freitas 35
Incondicionado: todos los casos pueden llegar al órgano máximo de control, aunque haya instancias previas.
según los sujetos legitimados
Restringido: sólo los sujetos taxativamente enumerados pueden excitar el control. Así en Francia donde los legitimados
son: el Presidente de la República, el Primer Ministro, el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Senado,
sesenta diputados o sesenta senadores.
Amplio: está legitimado todo aquél que tenga un derecho subjetivo, un interés legítimo o un interés simple, afectados
por la norma inconstitucional.
Amplísimo: está legitimada cualquier persona, se vea o no afectada.
según la cobertura
Total: todo acto, ley y omisión, del Estado y de los particulares, están sujetos al control.
Parcial: sólo una porción del mundo jurídico está sometida al control.
según la facultad de decisión
Decisorios: el controlador invalida la norma. Hay tres variantes:
Inter partes: sólo para las partes y respecto al asunto de la sentencia.
Erga omnes: todos los habitantes quedan exentos de respetar la norma declarada inconstitucional. Otra posibilidad es
que la norma embrionaria quede preventivamente abolida, con efectos absolutos, e incluso sin recurso alguno contra la
decisión, como en Francia.
Intermedio: El Tribunal Constitucional puede merituar el caso y decidir inter partes o erga omnes.
No decisorios: en estos sistemas el órgano de control emite pronunciamientos que no invalidan la norma cuestionada
sino que transmite una recomendación al órgano encargado de dictarla y abrogarla (doctrina del paralelismo de competencias).
según la temPoralidad de los efectos
Ex nunc: los efectos no son retroactivos.
Ex tunc: los efectos son retroactivos.
jerarquía normativa.
La supremacía constitucional supone una gradación jerárquica del orden jurídico derivado, que se escalona en planos
distintos. Los más altos subordinan a los inferiores, y todo el conjunto se debe subordinar a la constitución. Cuando esa
relación de coherencia se rompe, hay un vicio o defecto, que llamamos “inconstitucionalidad” o “anti-constitucionalidad”.

la Pirámide jurídica argentina
Programa Teixeira de Freitas 36
La Constitución argentina, ley escrita, codificada y rígida, se distingue, por su origen, de las leyes ordinarias por ser producto
del poder constituyente originario, las otras normas se originan en actos del Poder Legislativo, uno de los poderes
constituidos que la propia constitución consagra. El principio del que hablamos esta expresamente consagrado en el art.
31 CN y su fuente es el art. VI cláusula 2º de la Const. de EEUU.
Al tener nuestro Estado una estructura Federal, y existir dos ordenes jurídicos distintos, la supremacía constitucional debe
cubrir ambos aspectos.
Del art. 31 CN que establece “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso
y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están
obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones
provinciales (…)” surge expresamente el “Principio de Supremacía” según el cual el orden jurídico federal tiene preeminencia
sobre el provincial, la Constitución junto con el derecho federal prevalecen sobre el derecho provincial y existe
superioridad jerárquica de la Constitución sobre todo el ordenamiento jurídico federal y provincial.
Según ello, tenemos en la cima de la pirámide jurídica a la Constitución Nacional y doce Instrumentos Internacionales
con jerarquía constitucional. Fue en la reforma constitucional de 1994 que el artículo 75 inciso 22 CN invistió de jerarquía
constitucional a once instrumentos internacionales de Derechos Humanos; tales tratados no entran a formar parte del
texto de la constitución y quedan fuera de él, en el bloque de Constitucionalidad Federal, y comparten con la constitución
su misma supremacía. La Convención Americana de Desaparición Forzada de Personas fue agregada en 1997.
Por debajo de la Carta Magna se ubican los Tratados sin jerarquía constitucional, Tratados de Integración, mencionados
en el art. 75 inc. 24.
Y por último, en orden de prelación siguen las Leyes Nacionales.
características del control de constitucionalidad en la argentina.
1- En cuanto al órgano que lo ejerce, el sistema es judicial y difuso.
La supremacía constitucional quedó reconocida y consagrada en la Constitución de Estados Unidos de 1787 pero no
sucedió lo mismo con el “control de constitucionalidad”. Aunque no se incorporó expresamente que el Poder Judicial iba
a realizar el control los convencionales reunidos en Filadelfia se inclinaban a otorgarle a dicho poder la mencionada facultad.
En 1803, pretorianamente y a través del fallo “Marbury vs. Madison” se resolvió que la función de control la efectuaría
el Poder Judicial.
Los constituyentes que sancionaron la Constitución argentina tomaron como modelo de control el adoptado por la Constitución
de EEUU, adoptando implícitamente el control difuso. Así, nuestro artículo 116 establece que: “Corresponde a la
Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre
puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación y por los tratados con las Naciones extranjeras”.
De modo que nuestro país adoptó el sistema de control de constitucionalidad de tipo judicial “difuso” basado en que
todos los jueces, sin distinción de categorías o jurisdicciones, nacional o provinciales, ejercen la potestad de interpretar
la Constitución y en que pueden dejar de aplicar una norma en el caso concreto cuando la reputen contraria a la Carta
Magna. Es derecho-deber de la judicatura cumplir su papel tutelar de la supremacía constitucional. Sin perjuicio de llegar
a la Corte Suprema como tribunal último por vía de Recurso Extraordinario legislado en el art. 14 de la ley 48.
El principio no está contemplado taxativamente en la Constitución sino que emana de ciertas cláusulas: arts. 31, 30, 116,
que se sustentan en el siguiente basamento legal:

Programa Teixeira de Freitas 37
*Ley 128 de la Confederación Argentina (año 1858) que estableció que el principal objeto de la justicia federal es mantener
en vigor y observancia la CN en los casos contenciosos, interpretando con ellos las leyes uniformemente, aplicándolas
conforme a la Constitución..”
*Ley 27 (año 1862): reafirma la función tutelar de la judicatura respecto de la CN al establecer uno de los objetos (de la
justicia nacional) es sostener la observancia de la Constitución Nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición
de cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en oposición con ella.
La Corte Suprema decidió, en el caso “Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SA c/ Provincia de Salta”, del 8 de noviembre
de 1967, que cualquiera sean las facultades del poder administrador para dejar sin efecto actos contrarios a las leyes,
no cabe admitir que sea de su resorte el declarar la inconstitucionalidad de éstas, porque el poder judicial es, en última
instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano legislativo.
Claro está que el ejercicio del control judicial de constitucionalidad de las normas y actos por parte de los jueces, debe
ejercitarse según ellos sean competentes en el caso concreto, en función del grado, materia, valor, turno, etc.
En “Rodríguez, Jorge” (LL,1997-F-884), la Corte advirtió que en ciertos conflictos de poderes (posible invasión de un juez
respecto de atribuciones privativas del congreso o del presidente), es competente para entender en el asunto la Corte
Suprema, como guardián e interprete final de la constitución, en resguardo del principio de la división de los poderes.
2- Fundamentalmente letrado
El control de constitucionalidad en la República Argentina es ejercido por jueces con título de abogado, pero en las jurisdicciones
donde hay jueces legos también les compete a ellos.
3- Permanente
El mencionado control es siempre ejercido por órganos que tienen continuidad incluso en períodos de feria judicial, en
que actúa el tribunal de turno correspondiente.
4- Es esencialmente reparador, pero mixto en determinados casos
Es decir que es posterior a la sanción de las normas (no hay en nuestro país control judicial preventivo, anterior a la sanción
de la ley), pero es mixto –reparador o preventivo- respecto de hechos y actos en acciones de amparo y hábeas corpus, en
los que se practica para evitar hechos lesivos antes de que se produzcan (art. 1, ley 16.986; y art. 3 inc. 1, ley 23.098).
5- En principio, se ejerce por vía de excepción y a pedido de parte
Esto es así según la tradicional doctrina de la CS que sienta esa regla. El control se efectúa entonces con ocasión de
un juicio contencioso, no cabe formular declaraciones abstractas de inconstitucionalidad. Reiteradamente la Corte ha
establecido que la revisión judicial solo procede respecto de verdaderas causas judiciales, de controversias entre partes
con intereses jurídicos contrapuestos. No existiría una “real causa” si se persigue una “declaración general y directa de
inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes” (Fallos: 243:176; 256:104).
Los argumentos que sirven de base para esta doctrina son: a) el art. 2º de la ley 27 que establece que la Justicia Nacional
“nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida y a instancia de parte”;
b) el principio de división de poderes, en virtud del cual no se puede invalidar genéricamente leyes objetadas ante los
estrados judiciales; y c) la presunción de validez que se le debe reconocer a los actos de las autoridades constituidas y a las
leyes dictadas por el Congreso Nacional.
Actualmente, la Corte admite el ejercicio del control por vía de acción, a través de: acción meramente declarativa, acción
de amparo, habeas corpus y la demanda incidental.
A partir de 1983, con la finalización del último gobierno de facto se aceptó la acción declarativa prevista en el art.322
CPCCN, procediendo la declaración de incostitucionalidad cuando la misma corresponda a un “caso” en el que el titular
de un interés jurídico “concreto” busque “fijar la modalidad de la relación jurídica”. Debe existir; controversia entre partes,
interés concreto y actual y perjuicio consecuencia de esa falta de certeza.
La reforma de 1994 posibilitó el control de constitucionalidad en la “acción de amparo”, que establece: “en el caso, el juez
podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto y omisión lesiva”.
Conforme a la doctrina tradicional de la Corte, el control se ejerce “a pedido de parte”, doctrina basada en la necesidad
de dar cumplimiento con los requisitos formales previstos en los arts. 14 y 15 de la ley 48 entre los cuales se encuentra la
introducción oportuna de la cuestión federal y su mantenimiento en las instancias del proceso de modo que resultaría
imposible que un juez analice y resuelva sobre la constitucionalidad a falta de requerimiento expreso y oportuno.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta el caso “Mill de Pereyra, Rita A y otro c/ Provincia de Corrientes” del
27/9/01, ha venido manteniendo su reticencia tradicional en lo atinente a la declaración de inconstitucionalidad de oficio,
circunscribiendo esta posibilidad para el supuesto en que la ley habilite al juez al efecto. Los fundamentos esgrimidos por
aquélla al adoptar esa posición son los siguiente:

Programa Teixeira de Freitas 38
a) La declaración de oficio altera el equilibrio de poderes en beneficio Poder Judicial.
b) Atenta contra el principio de presunción de legitimidad de los actos y normas estatales.
c) También se atentaría contra el derecho de defensa en juicio.
Cabe destacar la doctrina derivada del citado fallo de la Corte Suprema en autos “Mill de Pereyra” ( E.D. del 28/12/01), que
si bien no implica la habilitación a los jueces de declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley en cualquier supuesto,
si se los autoriza en situaciones muy precisas:
a) cuando la violación de la Constitución sea de tal entidad que justifique la abrogación de la norma en desmedro de la
seguridad jurídica, ya que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad;
b) cuando la repugnancia a la Constitución sea manifiesta e indubitable, ya que en caso de duda debe estarse por la
constitucionalidad;
c) cuando la incompatibilidad sea inconciliable, o sea, cuando no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio
por otras razones distintas que las constitucionales comprendidas en la causa;
d) cuando su ejercicio no suponga en modo alguno la admisión de declaraciones en abstracto, es decir, fuera de una
causa concreta, lo que determina el carácter incidental de este tipo de declaraciones de inconstitucionalidad o sea, que
se ejerce sólo cuando es necesario remover un obstáculo que se interpone entre la decisión de la causa y la aplicación
directa a ésta de la CN;
e) cuando la declaración de inconstitucionalidad no vaya más allá de lo estrictamente necesario para resolver el caso;
f) cuando la declaración de inconstitucionalidad no tenga efecto derogatorio genérico.
7- En principio, solo podría pedirlo el titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo
La regla general es que el control sólo podrá pedirlo el titular actual de un derecho propio que vea amenazados sus derechos
por la aplicación de la norma en cuestión.
También es admisible reconocer legitimación al titular de un interés legítimo que no tiene calidad de derecho subjetivo.
Con la reforma constitucional de 1994, el art. 43 que regula el amparo, el habeas data y el habeas corpus, abre una nueva
interpretación, porque habilita la acción de amparo “contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los
derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia
colectiva en general”. De inmediato señala quienes son los sujetos legitimados para interponer la acción de amparo y dice:
- el afectado
- el defensor del pueblo
- y las asociaciones que propendan a esos fines.
El art. 43 prevé y da por reconocidos los intereses difusos, intereses colectivos.
A efectos de su tutela mediante el amparo, la trilogía de sujetos legitimados para provocar el control por vía directa amplía
explícitamente lo que hasta entonces no siempre era admitido.
En efecto el afectado no es el titular único y exclusivo del derecho o interés que alega, porque es uno entre varios o muchos,
con quienes comparte lo que hay de común o colectivo en ese derecho o interés.
La acción de habeas corpus puede ser deducida por la persona detenida o por cualquiera en su favor. La introducción de
la figura del amparo colectivo en el art. 43 de la CN implica apertura de los sujetos legitimados para impulsar el control de
constitucionalidad en lo relativo a la defensa de los “intereses difusos”.
8- La declaración de inconstitucionalidad produce efectos limitados.
La sentencia declarativa de inconstitucionalidad sólo implica no aplicar la norma en el caso resuelto, el efecto es limitado,
restringido o inter-partes, dejando subsistente la vigencia de la norma fuera de ese caso.
Lo decidido en una causa se aplica sólo a ella, sin derogar a la norma reputada inconstitucional (CSJN, Rodríguez Larreta
de Zuberbuhler, LL, 72-724), sin afectar además a las normas análogas (Lorenzo, Fallos, 253:253) ni a normas futuras (Banco
de Mendoza, Fallos, 247:325). Si se declara la inconstitucionalidad de una parte de la ley, el resto de ella permanece intacta
(Castro, Fallos, 214:177) (17).
La Corte ha extendido el valor de su propia jurisprudencia, dándole efecto vinculante, aunque condicionado, configurando
así una regla de derecho constitucional consuetudinario.
En ciertos casos argumentó que los jueces tenían el deber moral de seguir sus directrices (Pastorino, Fallos, 25:368), y en
otros alegó un deber institucional (Santín, Fallos, 212:59), con una salvedad: los jueces pueden apartarse del criterio de
la Corte dando fundamentos suficientes, y siempre que ese alejamiento no signifique desconocimiento deliberado de la

Programa Teixeira de Freitas 39
autoridad y prestigio del alto tribunal. Al respecto, el juez o tribunal disidente de la Corte debe dar nuevos fundamentos
que justifiquen modificar la posición sentada por ella (Cerámica San Lorenzo, LL, 1986-A-1978) (18).
9- Materias controlables: normas, actos y omisiones.
Los órganos judiciales están facultados para analizar la constitucionalidad de:
a) Las constituciones provinciales.
b) Las leyes.
c) Los tratados internacionales sin jerarquía constitucional.
d) Los decretos, reglamentos y actos administrativos.
e) Las sentencias.
f) La actividad de los particulares.
El control de constitucionalidad opera tanto sobre leyes como sobre interpretaciones de esas leyes. Así es factible declarar
inconstitucional la interpretación concreta que se ha hecho de una ley, y no la ley misma (CSJN, Ure, 313:209).
Casos de cuestiones no justiciables
CASOS DE CUESTIONES NO JUSTICIABLES
La doctrina de los asuntos políticos nació en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso
Marbury vs. Madison (1803).Este caso sentó el principio que la decisión de las cuestiones políticas no están dentro de la
competencia del Poder Judicial y que las decisiones de los órganos políticos son definitivas, o sea, que no son objeto de
revisión.
En la Republica Argentina, la Corte Suprema de la Nación consagro por primera vez la doctrina de los asuntos políticos en
el caso J.N. Cullen vs. Llerena (1893). En tal oportunidad se resolvió que la intervención nacional en las provincias, en todos
los casos en que la Constitución la permite o prescribe, es un acto político por su naturaleza cuya verificación corresponde
exclusivamente a los órganos políticos de la Nación
En cuanto a la justiciabilidad de las llamadas “cuestiones políticas” lo cierto es que lo que escapa a la competencia del Poder
Judicial es exclusivamente la revisión del juicio de valor de asuntos políticos, pero no las proyecciones del acto político
sobre los derechos constitucionales, cuyo amparo es misión especifica de los tribunales de justicia.
INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL
Se plantea si una reforma de la Constitución puede ser declarada inconstitucional y si, en tal caso, le corresponde al Poder
Judicial declarar la inconstitucionalidad.
Al respecto se distinguen dos situaciones:
- que la reforma sancionada viole el procedimiento, las condiciones o las prohibiciones establecidas en la Constitución
vigente;
- que contradiga los principios básicos o el espíritu de la Constitución vigente.
Ambos casos son discutidos en doctrina, sin haberse expedido al respecto la Corte.

comunidades indígenas Y sus tierras
Programa Teixeira de Freitas 40
Brasilia, 17 de septiembre de 2010
Mariana Andrea Gamba Cremachi
Universidad Católica de Salta
Salta - Argentina
La Legislación argentina fue evolucionando a medida que también lo hacían los procesos mundiales y regionales respecto
a los pueblos indígenas.
La República Argentina dentro de su gran territorio posee innumerables cantidades de comunidades indígenas, muy
diferentes incluso entre sí, y que sumado a los derechos que les corresponden como pobladores originarios de nuestras y
como personas, fue lo que llevó a la necesidad de su regulación especial.

CONSTITUCIóN DE 1853
Programa Teixeira de Freitas 41
La Constitución Nacional del año 1853, ya hacía referencia a las comunidades indígenas estableciendo el deber de “Conservar
el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”.
En aquel momento, tal como lo demuestra la norma, la concepción del Estado Argentino sobre los pueblos indígenas
era muy diferente a la que se posee en la actualidad, siendo el objetivo con respecto a ellos su incorporación a la cultura
dominante y transformación al catolicismo. No había una actitud de tolerancia hacia las culturas de los pueblos originarios
e incluso la denominación “indios” que se utilizaba en el texto constitucional no era apropiada.
LEy N° 23.302
La primera ley en regular la cuestión relativa a las comunidades indígenas fue la ley Nº 23.302, a través de la cual se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
De este modo, el estado comenzó a dar mayor atención a la realidad de los pueblos originarios y estableció expresamente
“Declárase de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y
su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el
fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la
preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes”
Es a partir de aquel momento que comienzan a destacarse los “propios valores y modalidades” y a reconocerse por parte
del Estado que existe una diferencia en la cosmovisión de los pueblos originarios.
También se hizo hincapié en la cuestión de las tierras ocupadas por las comunidades estableciendo que “… se implementarán
planes que permitan el acceso a la propiedad de la tierra”.
Uno de los cambios más importantes que este Instituto trajo consigo fue la manera en que los pueblos pueden demostrar
que son comunidades indígenas y la posibilidad de que estas cuenten con personería Jurídica.
Convenio N° 169 de la OIT
En 1989 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dictó el Convenio Nº 169 que introduce en el Derecho Internacional
el concepto de territorio y lo define de la siguiente manera: La utilización del término «tierras» (…) deberá incluir el
concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan
de alguna otra manera. Cuando hablamos de territorio hablamos no solamente del lugar que la gente de la comunidad
usa como asentamiento de sus casas, es un espacio mucho más amplio. Abarca:
- Los sitios sagrados
- Los lugares que se usan para la producción y cría de animales
- Los sembradíos
- Los recursos naturales que utiliza la comunidad (agua, tierra,
plantas, minerales, etc)
- Los cementerios
- Los sitios de pastoreo
- Y todo aquello que la comunidad haya incorporado como parte de su vida, de su cultura e identidad.
Con respecto a los recursos naturales del territorio, el Convenio 169 es claro: los derechos de los pueblos interesados a los
recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de
esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
En el año 2000 este Convenio de la OIT se incorpora a la legislación de nuestro país por medio de la ley nacional Nº 24.071.
Es decir que el Convenio es de efectivo cumplimiento, y se encuentra por encima de las normas locales, ya que es de
jerarquía superior a las leyes. A partir de entonces el estado reconoce: la estrecha y tradicional dependencia de muchas
comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida basados en los recursos biológicos; la conveniencia
de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales; la
importancia de la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.
leY n° 24.375 convenio internacional sobre la diversidad biológica
En el año 1994 por medio de ley Nº 24.375 la República Argentina se suma al Convenio Internacional sobre la Diversidad
Biológica.

eforma constitucional de 1994
Programa Teixeira de Freitas 42
La Constitución de la Nación Argentina asumió –en su reforma de 1994- el reconocimiento hecho en 1985 por la ley
23.302.
La reforma en el artículo 75 inciso 17 de la Carta Magna atribuye entre los deberes del Congreso el de “Reconocer la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las
tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna
de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
De esta forma, la Constitución modificó sustancialmente la norma legal anterior (ley 23. 302), dándole a sus derechos un
titular institucional: los Pueblos indígenas, a quienes otorga una presencia pública diversa a la de otros sujetos de derecho y
formas jurídicas establecidas, y un derecho de propiedad sin par: el comunitario, así caracterizado por el carácter colectivo,
del titular y de la percepción de sus beneficios.
Se supera así a la ley 23.302 que por ser de rango inferior (y anterior) no resulta de aplicación pertinente. Todo ello sin negarle
a esta norma (y a sus legisladores) el gran valor que su sanción significó para la sociedad republicana y democrática de nuestro
país, su importancia única y ejemplar, que sin duda posibilitó la madurez alcanzada en la sanción Constituyente de 1994.
A continuación se analizan algunos de los conceptos introducidos con la reforma constitucional de 1994 en el inciso 17
del artículo 75:
- Preexistencia étnica y cultural: Esta es una disposición muy importante porque el Estado reconoce que los pueblos
indígenas existen desde antes de la conformación del Estado Argentino.
- Respeto a su identidad: Cada pueblo tiene su propia identidad cultural lo que se traduce en el modo de educar a sus
hijos, de organizar el trabajo, de cultivar la tierra, de hablar un idioma propio, de celebrar y de organizarse grupalmente.
Esta identidad lo distingue no sólo de los no indígenas, sino también de los demás pueblos originarios que conviven en
el territorio nacional.
- Derecho a una educación intercultural y bilingüe: Es también un derecho expresamente establecido, y hace particular
referencia al reconocimiento de la lengua originaria, y contribuye a su mantenimiento. Además, brinda la posibilidad a
los niños de las comunidades de contar en la escuela con un maestro que hable su misma lengua.
- Reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades: Tener Personería Jurídica implica la posibilidad de
que una Comunidad Indígena sea, entre otras cosas, titular de las tierras que ocupa, que pueda actuar ante la justicia, en
definitiva, ser reconocidos como sujetos de derecho.
El único requisito para que los Pueblos Indígenas sean personas jurídicas de carácter público no estatal -fundada esta
calificación, en el interés social y político que representan y en el carácter que se les reconoce- es el auto reconocimiento
como miembro de un Pueblo Originario (Ley 23.302 y Convenio 169 OIT).
- Posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan:
Las tierras otorgadas a las comunidades indígenas lo serán a favor de su Pueblo, y su uso y ocupación quedara
regulado por los códigos de sus usos y costumbres respectivos y las leyes medioambientales vigentes.
El derecho sobre las tierras reconocido a cada Pueblo no se agota ni caduca, en tanto sus miembros y sus autoridades habiten
en territorio de la República Argentina y observen las normas referidas en el párrafo anterior. La aptitud y extensión
de las tierras debe garantizar el desarrollo de los modos de vida tradicionales y actuales de cada Pueblo, según el caso.
La Constitución también establece con respecto a las tierras pertenecientes a estas comunidades, su inenajenabilidad,
intransmisibilidad, y la imposibilidad de imponerles gravámenes o embargos. Asimismo, asegura la participación de la
comunidad en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan.
El inciso 17 del artículo 75 de la Constitución, ha generado opiniones divergentes en la doctrina argentina.
Autores como Gonzalo Segovia y Juan Fernando Segovia al comentar la norma, afirmaron que:
a) todo el inciso o al menos su mayor parte es violatorio del art. 16 de la Constitución Nacional toda vez que consagra
“prerrogativas de sangre y de nacimiento” de las que no goza ningún otro argentino, sólo por su condición de indígena;
b) Hace pasar por derechos lo que son privilegios;
c) Maquilla con el nombre de igualdad lo que es una desigualdad acabada y flagrante;
d) Establece una situación estática de desigualdad/igualdad, porque no hay movilidad social posible cuando el acceso a
una condición diferenciadora proviene de la pertenencia a una raza.
Al contrario Bidart Campos desecha totalmente tal postura. Entre algunas de sus fundamentaciones hace citas de fallos

Programa Teixeira de Freitas 43
de la Corte Suprema en los que sostiene reiteradamente que “la igualdad, lejos de confundirse con el igualitarismo, exige
tratar de modo igual a quienes se hallan en igualdad de situación y de manera diferente a quienes se hallan en situación
también distintas”.
Sostiene asimismo, que el derecho a la identidad y a la diferencia son dos aspectos del derecho a la igualdad “porque no
hay nada mas desigualitario que desconocer, no respetar o no proteger lo que debido a cualquier diferencia razonable
configura la identidad de una o mas personas...” Tales diferencias, consustanciales al derecho a la identidad impiden tratar
a los diferentes de manera totalmente igual a los demás.
Al responder a la segunda crítica Bidart Campos afirma que si extremamos el sentido de lo que son los privilegios de
sangre y de nacimiento podríamos llegar a sostener que el nacer en una familia rica constituiría al derecho de propiedad
como un privilegio de nacimiento.
Esta postura se apoya en la regla de que a quienes se emplaza en circunstancias diferentes no se los ha de nivelar a todos
igualitariamente, porque de ser así en vez de igualdad imponemos desigualdad.
El constitucionalista analiza también que aún en el supuesto de que en realidad el inc. 17 consagrara prerrogativas de
sangre y entrara en contradicción con el art. 16 que no los admite, ambos artículos gozan de la misma jerarquía y como
el texto de la constitución compone una unidad indivisible, cada una de sus partes y cada uno de sus artículos deben
armonizarse y compatibilizarse con el resto. Por lo que en ese caso se podría optar porque el artículo 16 operara a modo
de principio general y el inc.17 del art. 75 como la excepción.
Cabe destacar que la ubicación de la cláusula es técnicamente defectuosa ya que no es una atribución o competencia del
congreso, pues es una declaración, y como tal debería ubicarse en la primera parte de la carta magna. De este modo el
reconocimiento es una obviedad ya que estos pueblos fueron anteriores al nacimiento de nuestra República lo admita o
no una cláusula constitucional.
CONSTITUCIóN DE LA PROVINCIA DE SALTA
A continuación se transcriben, a modo de ejemplo del desarrollo de la temática en las provincias argentinas, las normas
incorporadas en la Constitución de Salta:
Artículo 15 Pueblos Indígenas
I. La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta.
Reconoce la personalidad de sus propias comunidades y sus organizaciones a efectos de obtener la personería jurídica y
la legitimación para actuar en las instancias administrativas y judiciales de acuerdo con lo que establezca la ley. Créase al
efecto un registro especial.
Reconoce y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad
de las tierras fiscales que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes ni embargos. Asegura su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten de acuerdo a la ley.
II. El Gobierno Provincial genera mecanismos que permitan, tanto a los pobladores indígenas como no indígenas, con su
efectiva participación, consensuar soluciones en lo relativo con la tierra fiscal, respetando los derechos de terceros.
jurisPrudencia corte suPrema de justicia de la nación: “comunidad indígena eben
ezer c/ Provincia de salta – ministerio de emPleo Y Producción s/amParo”
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008
Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Comunidad Indígena Eben Ezer c/ provincia de Salta
- Ministerio de Empleo y la Producción s/ amparo”, para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
1°) Que la Comunidad Indígena Eben Ezer inició acción de amparo contra la provincia de Salta y el Ministerio de Empleo y
la Producción, con motivo de la Ley local 7274 mediante la cual fueron desafectados como reserva natural los lotes fiscales
números 32 y 33 y se habilitó al Poder Ejecutivo provincial para ponerlos en venta por vía de un proceso licitatorio. Impugnó,
asimismo, diversos actos administrativos del mencionado Ministerio, dictados con el objeto de dar cumplimiento a la norma
antedicha. Sostuvo la Comunidad, entre otras consideraciones, que sobrevivía, de acuerdo a sus usos y costumbres, gracias
a los recursos naturales existentes en uno de los lotes en juego y al corredor ecológico que representa el restante, al paso
que arguyó el quebrantamiento, entre otros derechos de jerarquía constitucional, del derecho a la vida y a la propiedad comunitaria
de las tierras. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Décima Nominación, al entender que “bajo
el ropaje de la falta de respeto al mecanismo legal establecido para las licitaciones”, la actora “pretende en realidad evitar la
venta de los lotes fiscales fundada en la inconstitucionalidad de la ley que la permite y autoriza”, juzgó que el caso, con arreglo
al art. 153.II.c de la Constitución salteña, no era de su competencia sino de la originaria de la Corte de Justicia provincial.
Apelada esta decisión, la citada corte, por mayoría, la confirmó al afirmar que “si bien la demandante impugna los actos

Programa Teixeira de Freitas 44
administrativos que individualiza del proceso licitatorio, y a éste en sí mismo por considerar que el Poder Ejecutivo le dio
comienzo de ejecución cuando aún no se había cumplido con la compensación dispuesta por el art. 2° de la Ley 7274, al momento
de consignar el objeto de la demanda pide se suspenda en forma definitiva la venta por licitación pública de los lotes
fiscales n° 32 y n° 33; empero las razones en que se apoya, aluden a los daños que producen la desafectación de la reserva
natural y no a vicios concretos de aquellos actos”.
Acotó que, si bien el art. 87 de la Constitución provincial prevé la posibilidad de declarar, en el marco de la acción de amparo,
la inconstitucionalidad “de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva, ello exige, justamente la existencia de ese ‘acto
u omisión lesiva’”. En tales condiciones, concluyó por un lado, en que la actora había promovido una acción de inconstitucionalidad
que le correspondía resolver en forma originaria y por el otro, en que dicha acción, junto con la medida cautelar
solicitada, debía ser rechazada in limine al haber sido iniciada una vez operada la caducidad prevista en el art. 704 del Código
Procesal Civil y Comercial local. Contra este pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario, cuya denegación,
también por mayoría, motiva la presente queja.
2°) Que, tal como se sigue de los fundamentos de la sentencia apelada precedentemente indicados, ésta ha consagrado
una solución incompatible con el “objeto” de las demandas de amparo, esto es, “la tutela inmediata de los derechos humanos
acogidos en la Constitución Nacional” (confr. “Outon”, Fallos: 267:215, 221/222). En efecto, cuando las disposiciones
de una ley, decreto u ordenanza resulten claramente violatorias de alguno de los mencionados derechos, “la existencia de
reglamentación no puede constituir obstáculo para que se restablezca de inmediato a la persona en el goce de la garantía
fundamental vulnerada, porque de otro modo bastaría que la autoridad recurriera al procedimiento de preceder su acto u
omisión arbitrarios de una norma previa por más inconstitucional que ésta fuese para frustrar la posibilidad de obtener en
sede judicial una oportuna restitución en el ejercicio del derecho esencial conculcado”. Procede, por ende, la vía del amparo
cuando el acto de autoridad se fundamente en normas que resultan palmariamente contrarias al espíritu y a la letra
de la ley de las leyes (ídem, págs. 218 y 219). Esta doctrina, corresponde subrayarlo muy especialmente, ha sido enunciada
por el Tribunal con un inequívoco sustento constitucional, no obstante que haya encontrado motivo en la interpretación
y aplicación de la Ley 16.986. En efecto, el amparo procura una protección expeditiva y rápida “que emana directamente
de la Constitución” (confr. “Kot”, Fallos: 241:291, 298), por manera que no podría recibir, por vía reglamentaria, un límite que
destruyera la esencia misma de la institución, cuando ésta requiere que se alcance la cima de la función judicial, como es
el control de la constitucionalidad de normas infraconstitucionales (“Outón”, cit., pág. 220).
Cuadra agregar, con igual énfasis, que no se requiere un mayor esfuerzo para advertir que la vertiente jurisprudencial
recordada ha dado fruto nada menos que en la reforma de la Constitución Nacional producida en 1994, tal como lo pone
en evidencia el último pasaje del primer párrafo de su art. 43.
3°) Que, por lo demás, el carácter disvalioso del resultado al que condujo la conclusión censurada puesto que importó
para la Comunidad, lisa y llanamente, la clausura in limine y definitiva de toda revisión judicial de los dos aspectos en juego,
vale decir, la actividad legislativa y ejecutiva comprometidas se ve incluso fuertemente agravado a poco en que se repare
en los singulares bienes jurídicos puestos en la liza. “La cultura de los miembros de las comunidades indígenas tiene
juzgado la Corte Interamericana de Derechos Humanos corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en
el mundo, constituida a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran,
no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su
cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural. La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los
pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones
orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes
culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores. En función de su entorno, su integración con la
naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio
cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas”
(Corte Interamericana de Derechos Humanos Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, sentencia del 17-6-2005, Serie
C n° 125, párrs. 135 y 154, entre otros).
La relevancia y la delicadeza de los aludidos bienes deben guiar a los magistrados no sólo en el esclarecimiento y decisión
de los puntos de derecho sustancial, sino también, por cierto, de los vinculados con la “protección judicial” prevista en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 25), que exhibe jerarquía constitucional, máxime cuando los denominados
recursos de amparo, especialmente en el terreno sub examine, no deben resultar “ilusorios o inefectivos” (Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, sentencia del 31-8-2001,
Serie C n° 79, párr. 134, sus citas y otros).
El Convenio n° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales, de jerarquía supralegal,
en su artículo 14.3 dispone, precisamente, que “[d]eberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema
jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados” (asimismo:
Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, cit., párr. 95).
4°) Que, en estas circunstancias, corresponde revocar la sentencia apelada a fin de que sea dictada una nueva que garantice
a la parte actora, por el órgano judicial que corresponda, el pleno acceso a la jurisdicción de amparo. Por ello, y oída la señora
Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada con los alcances
indicados, con costas, por lo que el expediente deberá ser devuelto a fin de que sea dictado un nuevo pronunciamiento con
arreglo al presente.

Programa Teixeira de Freitas 45
Hágase saber, acumúlese la queja al principal y, oportunamente, remítase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON
de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CAR-
MEN M. ARGIBAY (segúnsu voto).
VOTO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY
Considerando:
1°) La Comunidad Indígena Eben Ezer promovió acción de amparo contra la Provincia de Salta y el Ministerio de la Producción
y el Empleo, con motivo de la Ley n° 7274 mediante la cual fueron desafectados como reserva natural los lotes fiscales
n° 32 y 33 y se habilitó al Poder Ejecutivo provincial para ponerlos en venta por vía de un proceso licitatorio.
Señaló la actora, entre otras consideraciones, que la comunidad sobrevive de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, gracias
al amplio monte y a la gran diversidad de especies existente en los lotes fiscales de referencia. Indicó, asimismo, que el
proceso licitatorio no cumplió con el mecanismo impuesto por la ley mencionada, en tanto se pusieron en venta los lotes
sin la compensación previa de áreas protegidas y sin hacerse un estudio de impacto ambiental y social.
A partir de las circunstancias relatadas, la comunidad solicitó se suspenda la venta de los lotes fiscales n° 32 y 33 y se
declare la inconstitucionalidad de los actos administrativos del Ministerio de la Producción y el Empleo por los que se
llamó a licitaciones públicas nacionales para cumplir con la Ley n1 7274, en tanto lesionaban sus derechos a la vida, a la
comunidad de tierras, la integridad cultural, los recursos naturales, a participar en los asuntos que les afecten, a contar con
información adecuada, y a un medio ambiente sano y equilibrado (derechos reconocidos por la Constitución de la Provincia
de Salta, la Constitución Nacional y diversas normas contenidas en Tratados Internacionales con rango constitucional).
Asimismo, peticionó se declare la inconstitucionalidad de la Ley n1 7274, en su carácter de norma fundante de los actos
administrativos que impugna.
La actora requirió, finalmente, el dictado de una medida cautelar, a fin de que se suspenda provisoriamente el proceso
licitatorio abierto y todos aquellos actos relacionados con la venta de los lotes fiscales y se ordene al Estado Provincial la
realización de un estudio del impacto ambiental y social que va a generar dicha venta.
La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Décima Nominación de la Provincia de Salta se declaró
incompetente y juzgó que el caso, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 153 de la Constitución local, correspondía a
la competencia originaria de la Corte de Justicia provincial.
Esta sentencia fue apelada por la parte actora que, en lo esencial, indicó que se había confundido el objeto de la demanda,
insistiendo en que su reclamo se circunscribía a que se declare la inconstitucionalidad de los actos administrativos por
los que se llamó a licitación, en tanto incumplían con los recaudos previstos en la ley, esto es, los requisitos tendientes a
asegurar la compensación previa de áreas protegidas y el estudio de impacto ambiental y social.
La Corte provincial, por mayoría, confirmó el pronunciamiento apelado, afirmando que al momento de consignar el objeto
de la demanda se había pedido que se suspenda la venta de los lotes fiscales n° 32 y 33 por los daños que produce
la desafectación de la reserva natural, y no por vicios concretos de aquellos actos. Agregó que si bien en el marco de la
acción de amparo existe la posibilidad, de acuerdo al art. 87 de la Constitución local, de declarar la inconstitucionalidad de
la norma en que se funda el acto lesivo, ello exige la existencia de un acto de tal naturaleza. Concluyó, entonces, en que
la actora había promovido una acción de inconstitucionalidad que le correspondía resolver en forma originaria, pero que
dicha acción, junto con la medida cautelar solicitada, debía ser rechazada in limine al haber sido iniciada una vez operada
la caducidad prevista en el art. 704 del Código Procesal Civil y Comercial local.
Contra esta decisión, la actora interpuso recurso extraordinario en el que sostuvo, en lo sustancial, que el fallo impugnado,
al no expedirse sobre la cuestión de fondo planteada, obviando el derecho federal invocado y priorizando cuestiones
meramente formales, había negado su derecho a la jurisdicción.
El tribunal a quo decidió denegar el recurso extraordinario, indicando que éste remitía a cuestiones de hecho y derecho
común y procesal. Tal rechazo motivó que la actora dedujese la correspondiente queja, en la que cuestionó la resolución
denegatoria por basarse en fórmulas generales y omitir toda consideración respecto de la cuestión federal alegada.
La presentación directa debe ser admitida, en tanto contiene una crítica concreta y acertada del auto denegatorio del
recurso extraordinario. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que la actora ha cuestionado un conjunto de actos y normas
provinciales por entenderlos contrarios a derechos y garantías emanados de la Constitución Nacional (artículo 14, inciso
2°, de la Ley 48) y el máximo tribunal provincial ha desatendido tal circunstancia señalando, sin fundamento alguno y
mediante clichés, que sólo se estaban invocando cuestiones de hecho y de derecho procesal local.
Desde 1994 la Constitución Nacional exige que las personas cuenten con una acción judicial de amparo para plantear las
transgresiones manifiestas de sus derechos, lo cual obliga a los tribunales a examinar si ello es así o no y, en tal caso, expedir
las órdenes conducentes a la cesación del perjuicio denunciado. Esta es la idea central que subyace a su artículo 43.
Por otro lado, esta Corte, al delinear el modo en que deben aplicarse las reglas que gobiernan su competencia apelada,
en particular el artículo 14 de la Ley 48, ha resuelto, cuando se trata de causas en que la parte recurrente ha fundado su
derecho en la Constitución Nacional o la legislación federal, que el punto debe previamente ser decidido por el tribunal

Programa Teixeira de Freitas 46
superior de provincia.
En el precedente “Di Mascio” (Fallos: 311:2478) expresó: “toda vez que la decisión del legislador, plasmada en la ley 48,
fue que todo pleito radicado ante la justicia provincial, en el que se susciten cuestiones federales, debe arribar a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación sólo después de ‘fenecer’ ante el órgano máximo de la judicatura local [...] cabe concluir
en que las decisiones que son aptas para ser resueltas por esta Corte Nacional no pueden resultar excluidas del previo
juzgamiento por el órgano judicial superior de la provincia” (Fallos: 308:490; 311:2478, 2492, considerando 13). Sin embargo,
la sentencia apelada no cumple con ninguno de los dos estándares referidos. En efecto, afirmó su competencia para
entender en la causa y negó a la interesada el pronunciamiento judicial sobre la existencia de la lesión manifiesta a los
derechos cuya protección judicial se requería en la demanda de amparo.
Por supuesto que las provincias tienen facultades indiscutibles para organizar el funcionamiento de sus tribunales y distribuir
las competencias; también está fuera de discusión que el tribunal superior de provincia es el que fija la interpretación
de la legislación local sobre cuya base, eventualmente, deberá fallar esta Corte. Pero, cualquiera sea el régimen resultante,
debe satisfacer los estándares mínimos a los que hiciera referencia y que vienen exigidos por el ordenamiento federal. Si,
en el caso, el tribunal entendió que no estaban dadas las condiciones para tramitar la demanda como si se tratase de una
acción de inconstitucionalidad, entonces no se advierte por qué razón lo reclasificó precisamente así, como una acción de
inconstitucionalidad, cuando la actora no había promovido ese procedimiento y ello, inexorablemente, lo reconducía a
una vía muerta. De un plumazo, entonces, quedó el amparo sin decisión de mérito y las cuestiones federales propuestas
sin pronunciamiento del tribunal superior de provincia.
Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario federal y se revoca la sentencia
apelada, con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a
lo resuelto. Agréguese la queja al principal.
Notifíquese y, oportunamente, remítase. CARMEN M. ARGIBAY.
RESUMEN y COMENTARIO DEL FALLO
El fallo transcripto es el resultado de un recurso extraordinario interpuesto por la comunidad indígena Eben Ezer contra
una resolución de la Corte de Justicia de la provincia de Salta que rechazaba la acción de amparo entablada por esa comunidad
contra la provincia, en la cual se cuestionaban las normas locales que habían desafectado como reservas naturales
determinados lotes fiscales y habilitado al Poder Ejecutivo local a ponerlos en venta. La comunidad argumentaba que su
supervivencia dependía de los recursos naturales existentes en esas tierras.
El tribunal salteño fundamentó el rechazo de la demanda argumentando que ya había operado el período de caducidad.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendió que el fallo local consagró una solución incompatible con el objeto
de las demandas de amparo: “la tutela inmediata de los derechos humanos acogidos en la Constitución Nacional”, frustrando
la posibilidad de la actora de obtener en sede judicial una oportuna restitución del ejercicio del derecho esencial
conculcado.
Agregó que el carácter negativo del resultado al que condujo la sentencia provincial se veía fuertemente agravado ante
los singulares bienes jurídicos que estaban en juego.
Cuando se suscitan problemas en relación a la garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas,
debe tenerse especialmente en cuenta que la tierra de estas comunidades está estrechamente ligada a sus tradiciones y
expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza,
sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores. Es por ello que la cuestión merece una
atención especial.
La relevancia y la delicadeza de los aludidos bienes, advirtió finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, deben
guiar a los magistrados no sólo en el esclarecimiento y decisión de los puntos de derecho sustancial, sino también de los
vinculados con la “protección judicial”, especialmente en casos como el presente, no deben resultar “ilusorios o inefectivos”
No es posible desconocer a estas comunidades la propiedad de las tierras que ocupan ancestralmente haciendo prevalecer
cuestiones procesales sobre un derecho que les es expresamente reconocido tanto por la Constitución Nacional como
provincial y que debe ser tutelado y no ignorado por la Justicia.

Programa Teixeira de Freitas 47
estatus jurídico de los eXtranjeros en la rePública argentina
LA INMIGRACIóN EN ARGENTINA
Brasilia, 24 de septiembre de 2010
Mariana Andrea Gamba Cremachi
Universidad Católica de Salta
Salta - Argentina
A principios del siglo XX la Argentina contaba con un gran territorio fértil que bien explotado facilitaría el desarrollo agrícola
y en consecuencia el crecimiento del país; fue por ello que los dirigentes de aquella época, que consideraron que
uno de los principales problemas del desarrollo nacional era el problema de la densidad de población, promovieron la
inmigración en el territorio nacional.
La Constitución Nacional de 1853 reflejó aquel pensamiento otorgando a los extranjeros todos los derechos civiles del
ciudadano. Esto fomentó un período de auge inmigratorio que tuvo su máximo esplendor entre 1880 y 1890 en el que
arribaron al país más de un millón de inmigrantes, provenientes en su gran mayoría de Italia y España, aunque gobierno
prefería la inmigración de países del norte de Europa (Inglaterra, Alemania, Francia) que contaban en su opinión, con una
cultura y estudios más calificados.
En su mayoría, los inmigrantes llegados al país en aquella época eran analfabetos, trabajadores de la tierra, y desde el
punto de vista político, con fuerte orientación hacia el anarquismo y el socialismo.
La mayor parte de los inmigrantes se establecieron en la Pampa Húmeda (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba),
siendo Santa Fe la provincia más sembrada por los nuevos pobladores por estar Buenos Aires en manos de grandes terratenientes.
Para fines de 1890 el 90% de los extranjeros vivía en las ciudades del área pampeana, y la población urbana superó a la
rural por primera vez. Buenos Aires y Rosario fueron las de mayor crecimiento.
La inmigración, para la generación de intelectuales que influyeron en la construcción de Argentina como nación, tenía
una doble finalidad. Por un lado, la existencia de una gran cantidad de mano de obra que permitiría incorporar al sector
productivo las enormes extensiones de tierras ganadas a partir de la “Campaña del Desierto” a través de la cual se incorporaron
al territorio nacional bastas superficies que se hallaban en poder de los indígenas. Por el otro, lograr un cambio
cultural, civilizador.
Este período estuvo vinculado con conflictos sociales que se ocasionaron principalmente porque, como ya se dijo, un
número importante de estos inmigrantes, especialmente españoles e italianos, traían consigo ideas estrechamente relacionadas
con el anarquismo y el socialismo. Estos conflictos derivaron en numerosas huelgas y atentados laborales, que
convirtieron a los inmigrantes en un factor de riesgo para la sociedad, a los ojos de la dirigencia política de aquella época,
siendo que sus ideas se oponían a las políticas liberales establecidas en la Constitución Argentina de 1853.
En el año 1902, durante la presidencia del General Roca, los conflictos sociales llegaron a un punto crítico. Esto derivó en
la sanción de la Ley 4144, conocida como Ley de Residencia, presentada en 1899 como proyecto de ley por el senador
Miguel Cané. El punto central de esta ley es que permitía la expulsión de los extranjeros conocidos como “indeseables”
(principalmente militantes sindicales) lo cual en la mayoría de los casos resultaba arbitrario.
Textualmente la ley habilitaba al Poder Ejecutivo para ordenar la salida del territorio de la Nación a todo extranjero qu88e
haya sido condenado o sea perseguido por los tribunales extranjeros por crímenes o delitos comunes, o cuya conducta
comprometiese la seguridad nacional o perturbe el orden público.
LA CONSTITUCIóN NACIONAL
La Constitución Argentina de 1853 hizo de la población su fin inmediato toda vez que la consideró el medio más poderoso
de alcanzar la civilización y el bienestar del país.
Ya en el preámbulo, nuestra Carta Magna hace referencia a la apertura del país “a todos los hombres que quieran habitar
el suelo argentino”.
Entre sus artículos (especialmente del 14 al 21) la constitución favorece la inmigración a través de la completa concesión
de los derechos civiles de libertad, igualdad, propiedad, seguridad, a todos los habitantes, sin exclusión de los extranjeros.
En este punto, es de gran importancia la influencia de las ideas de Alberdi, quien en su modelo de constitución, seguido
en gran parte por la nuestra, estableció:
Artículo 21.- Ningún extranjero es más privilegiado que otro. Todos gozan de los derechos civiles inherentes al ciudadano,
y pueden comprar, vender, locar, ejercer industrias y profesiones, darse a todo trabajo; poseer toda clase de propiedades
y disponer de ellas en cualquier forma; entrar y salir del país con ellas, frecuentar con sus buques los puertos de
la República, navegar en sus ríos y costas. Están libres de empréstitos forzosos, de exacciones y requisiciones militares.

Programa Teixeira de Freitas 48
Disfrutan de entera libertad de conciencia y pueden construir capillas en cualquier lugar de la república. Sus contratos
matrimoniales no pueden ser invalidados porque carezcan de conformidad con los requisitos religiosos de cualquier creencia,
si estuviesen legalmente celebrados.
No son obligados a admitir la ciudadanía.
Gozan de estas garantías sin necesidad de tratados, y ninguna cuestión de guerra puede ser causa de que se suspenda
su ejercicio.
Son admisibles a los empleos, según las condiciones de la ley, que en ningún caso puede excluirlos por solo el motivo de
su origen.
Obtienen naturalización, residiendo dos años continuos en el país; la obtienen sin este requisito los colonos, los que se
establecen en lugares habitados por indígenas, o en tierras despobladas; los que emprendan y realizan grandes trabajos
de utilidad pública; los que introducen grandes fortunas al país; los que se recomienden por invenciones o aplicaciones
de grande utilidad general para la República.
Artículo 22.- La Constitución no exige reciprocidad para la concesión de estas garantías en favor de los extranjeros de
cualquier país.
Artículo 23.- Las leyes y los tratados reglan el ejercicio de estas garantías, sin poderlas alterar, ni disminuir.”
Asimismo, en Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, Alberdi [1854] expresó:
“…el poder que el gobierno tiene para poblar; es un poder negativo, que consiste en dejar ser libre, en dejar gozar el derecho
de propiedad, en respetar la creencia, la persona, la industria del hombre: en ser justo.
He ahí el sistema poblador por excelencia que la Constitución Argentina ha tenido la sensatez de admitir amplia y completamente.”
Esta frase refleja el pensamiento de Alberdi basado en una política liberal que brinde iguales derechos a los extranjeros ya
que vio en los inmigrantes una puerta al progreso, al crecimiento económico del país.
Estas ideas fueron la principal base de la Constitución Argentina de 1853 y es posible observar su influencia en los siguientes
artículos:
Art. 14.- “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su
ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de
entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y
disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.”
Art. 20.- “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer
su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente
su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones
forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede
acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República.”
leY 25.871 de Política migratoria, derecHos Y obligaciones de los eXtranjeros
Con la ley nº 25.871 del año 2.004, el Estado argentino procedió a regular la admisión, el ingreso y la permanencia de
personas al territorio nacional, en reemplazo de la anterior Ley General de migraciones y de fomento de inmigración, n°
22439, de 1981.
La nueva ley constituye una herramienta legal que permite desarrollar la política migratoria que el Estado argentino ha
decidido adoptar en esta particular situación histórica, y que representa una fuente de garantías reconocidas ahora en
forma expresa por la legislación interna del país, que si bien ya se encontraban contenidas en lo dispuesto por los tratados
internacionales ratificados por el Estado nacional (Pacto San José de Costa Rica y Pacto de Derechos Civiles y Políticos),
con jerarquía constitucional desde la reforma de la Constitución de 1994, constituye un acierto legislativo al incorporarse
al derecho positivo.
En su Título Primero se mencionan los derechos y garantías de los que gozan los ciudadanos extranjeros que residan
en nuestro país, y que se los tutela desde los postulados de la igualdad y universalidad, catalogándose el derecho a la
migración como “esencial e inalienable de la persona” (artículo 4), protegiéndose en la medida en que se satisfagan las
condiciones establecidas para su ingreso y permanencia, de acuerdo a la legislación vigente (artículo 5).
Se dio gran importancia a lo relativo a los servicios de salud, asistencia social y atención sanitaria a los extranjeros, cualquiera
sea su situación migratoria; se consignó expresamente que la irregularidad no impedirá tampoco su admisión
como alumno en los establecimientos educativos nacionales, provinciales o municipales de cualquier nivel, con lo que se
advierte claramente la intención legislativa de brindar la cobertura sanitaria, social o educativa de aquellos que hubieren
de ingresar al territorio nacional argentino aunque ni hubiesen regularizado su situación de permanencia (artículos 6 a 9).

Programa Teixeira de Freitas 49
De igual modo se tiende a evitar cualquier acto discriminatorio en perjuicio de extranjeros, ya sea por acción u omisión,
determinados por motivos étnicos, religiosos, de nacionalidad, etcétera, que impidan obstruyan, restrinjan o menoscaben
el pleno ejercicio de los derechos y garantías que sobre aquella base igualitaria fuera prescripta tanto por la ley, como por
la Constitución Nacional o los tratados internacionales vigentes en la materia. Y ellos, a pesar de que la ley comentada no
lo consagre expresamente, sujetará a quienes actúen de tal modo, a las consecuencias y sanciones establecidas por la ley
nº 23.592, de 1.988, sobre Medidas contra los actos discriminatorios, debiendo dejarse sin efecto el acto discriminatorio
o hacerlo cesar en su realización, y a reparar el daño moral y material ocasionado con ello, sin perjuicio de la aplicación
de la agravante general para el caso de constituir a su vez un hecho ilícito que repotencia las penas privativas de libertad
que se incrementan en un tercio del mínimo y un medio en su máximo cuando se comprueben tales extremos subjetivos,
(artículo 2, de la ley 23.592).
Si bien las categorías en que se encuadra a los ciudadanos extranjeros que pretenden residir en territorio argentino ya
estaban contempladas en la vieja legislación: residentes permanentes, temporarios y transitorios, (artículos 12 y siguientes,
ley 22.439), en la redacción actual estas dos últimas categorizaciones fueron objeto de un minucioso detalle, comprendiendo
como temporaria la situación de quien ingresa al país para dedicarse a actividades lícitas remunerativas, o
resulta ser pensionado, o inversionista; o de aquellos que se dedican a actividades científicas de investigación, técnica o de
asesoría; o se trata de deportistas o artistas contratados por personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades en el
país; o que pretenden ingresar a nuestro territorio para atender problemas de salud en establecimientos sanitarios ya sean
públicos o privados; o finalmente por razones humanitarias, sin dejar de contemplar la situación de asilados y refugiados
(artículo 23). Del mismo modo, se ha procedido con aquella categoría denominada “residentes transitorios”, dentro de la
cual se puede incluir a los extranjeros que ingresen al país con fines turísticos; o provengan de países fronterizos; o sean
tripulantes del transporte internacional; se trate de trabajadores migrantes estacionales o estén inspirados por la finalidad
de un tratamiento médico o posean fines académicos (artículo 24). Como ya se dijo, la nueva legislación mantuvo el artículo
22 que se refiere a los residentes permanentes como aquellos extranjeros que, con el propósito de establecerse definitivamente
en el país, obtenga de la Dirección Nacional de Migraciones una admisión en tal carácter, y también aquellos
parientes (cónyuge, hijos y padres) de ciudadanos argentinos, nativos o por opción.
Como contrapartida del amplio régimen de admisión, se ha previsto también en la nueva ley una serie de causas impedientes
del ingreso y permanencia de extranjeros al territorio nacional. En este aspecto se establecen como tales, y entre
otros, la condena anterior tanto en Argentina como en el exterior, o el hecho de tener antecedentes por tráfico de armas,
de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o por delito que merezca, para la legislación argentina, pena privativa
de la libertad de tres años o más (artículo 29, inciso c). Es criticable que no discrimine entre condena por delito doloso
o culposo, y la ambigüedad de la expresión “tener antecedentes”, contemplada también en el inciso “e” del mismo artículo
29, que consigna como impedimento el hecho de “tener antecedentes” por actividades terroristas o por pertenecer a organizaciones
nacional o internacionalmente reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de ser juzgadas por
el Tribunal Penal Internacional o por la ley nº 23.077, de Defensa de la Democracia.
Mantiene la nueva legislación las responsabilidades, obligaciones y castigos para quienes proporcionan alojamiento a
título oneroso, o trabajo, a los extranjeros que se encuentren residiendo irregularmente en nuestro país, sin perjuicio de
respetar los derechos adquiridos por quienes, cualquiera sea su condición migratoria, hayan prestado tales servicios incluyendo
sus salarios y todas las obligaciones emergentes de la legislación laboral aplicable. En tal sentido, se ha seguido
un correcto mecanismo en la aplicación de las sanciones pecuniarias para quienes incumplan con tales obligaciones,
estableciéndose un parámetro basado en el salario mínimo vital y móvil.
Corresponde a quien dispusiera la detención del extranjero, es decir, la autoridad judicial, entender en todos aquellos
asuntos derivados de aquella privación de libertad, como así también expedirse acerca del modo y condiciones de otorgamiento
de su libertad provisoria. Las implicancias y consecuencias que de ella emanen podrían eventualmente dar lugar a
la procedencia de la acción o recurso de hábeas corpus en los términos del artículo 3, inciso 2 de la ley nacional nº 23.098,
sobre el Régimen del Hábeas Corpus.
Por último, cabe destacar el catálogo punitivo especial contenido en la nueva ley, referido a conductas vinculadas con el
trámite y el proceso migratorio de concesión o denegación de residencias y sus posibles incursiones en las figuras penales
aquí contempladas.
Por un lado se sanciona con prisión de hasta 6 años a quien realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas
desde, en tránsito o con destino en la República Argentina, entendiéndose por tráfico ilegal las acciones descriptas anteriormente
que tengan por destino el cruce ilegal de personas con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio,
(artículo 116).
Finalmente se prevén agravantes en los artículos 120 y 121 cuando el autor de los delitos contenidos en este capítulo
hiciere de ello una actividad habitual; cuando interviniere un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de
sus funciones o con abuso de cargo, siendo mayor la penalidad cuando con alguna de estas acciones se hubiere puesto
en peligro la vida, la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad, o por último cuando el
tráfico de personas se hubiere efectuado con el objeto de cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico, lavado
de dinero o prostitución.

LA EXTRADICIóN EN LA LEy PENAL ARGENTINA
Programa Teixeira de Freitas 50
La ley 24.767 fue sancionada para establecer las reglas para la tramitación de las extradiciones, tanto pasivas como activas.
Las primeras tienen lugar cuando un Estado extranjero requiere a nuestro país el envío de una persona que se encuentra
en el territorio argentino a los efectos de la aplicación de la ley penal en aquél. Mientras tanto las extradiciones activas se
configuran cuando nuestro país requiere a un Estado extranjero el envío de una persona que se encuentra en el territorio
de aquél, para los mismos fines.
En principio, en la extradición pasiva, para que una solicitud de extradición pueda prosperar es necesario que tanto la
ley extrajera como la ley de nuestro país tipifique una pena privativa de libertad para el delito por el cual es cursada la
requisitoria. No procederá cuando se tratare de pena o penas de inhabilitación o multa. Sin embargo, la normativa legal
vigente establece los supuestos en los cuales no procederá la extradición, y consecuentemente en esos casos el pedido
deberá ser rechazo in limine.
Los supuestos de excepción, aun habiendo un Tratado suscripto, son los siguientes:
a) Cuando el delito que expresara la solicitud del Estado requirente fuese uno de los llamados “políticos”, es decir de
aquellos que han tenido en cuenta lesionar la existencia de un determinado gobierno, más no del Estado mismo.
b) Cuando el delito que motiva la requisitoria del Estado extranjero, fuese uno de los previstos exclusivamente en la ley
penal militar.
c) También cuando el Estado extranjero, y para resolver la solicitud de extradición, se hubiera constituido una comisión
especial de aquellas que se encuentran prohibidas por nuestra Carta Magna, de conformidad a lo establecido en el artículo
18.
d) Cuando el proceso que motiva la extradición evidencia propósitos persecutorios por razón de las opiniones políticas,
la nacionalidad, la raza, el sexo o la religión de las personas involucradas, o hubiere motivos fundados para suponer que
esas razones pueden perjudicar el ejercicio del derecho de defensa en juicio, o cuando la persona extraditada pueda ser
sometida a torturas o tratos inhumanos. Esta circunstancia tiene directa relación con la abolición de los tormentos y azotes
que establece el artículo 18 de nuestra Carta Magna.
También será un impedimento para la procedencia de la extradición la existencia de la pena de muerte en el Estado requirente
si éste no diere seguridades de que la misma no será aplicada.
Una situación particularmente curiosa puede presentarse cuando varios Estados requiriesen la extradición de una misma
persona, pues ante ello se deberá dar prioridad a la existencia de Tratados internacionales que regulen la materia y además
de ello la fecha en la cual fuesen cursadas cada una de las peticiones de extradición.
Para que proceda una solicitud de extradición es necesario iniciar las actuaciones en sede administrativa. En este aspecto,
el órgano competente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, es decir que todo se inicia
por vía diplomática.
El Ministerio podrá solicitar al Estado requirente la subsanación de cualquier requisito no esencial omitido en la petición.
Presentes todos los requisitos o saneados los faltantes, el Ministerio de Relaciones Exteriores dará lugar a la requisitoria
poniendo el expediente administrativo a disposición del ministerio público fiscal. La fiscalía será la encargada de representar
el interés por la extradición que tiene el Estado extranjero. Sin embargo el Estado requirente podrá intervenir en el
proceso judicial por medio de apoderados. Luego del dictamen del fiscal, el juez competente librará la correspondiente
orden de detención de la persona requerida.
Así la normativa legal vigente establece un proceso judicial que se encuentra únicamente destinado a dictaminar sobre la
procedencia o improcedencia de la solicitud. No se ventilarán, en esta etapa procesal, elementos que se relacionen con la
responsabilidad penal del delito que motivara la petición del Estado requirente. Por tal motivo es que si el juez resolviese
que la procedencia de la extradición, le sentencia, en tal caso, se limitará a declarar tal situación.
De resolverse contra la solicitud de extradición, la sentencia también se limitará a esa circunstancia o pronunciamiento sin
hacer referencia alguna sobre la supuesta responsabilidad del delito que se le imputa, al requerido, en el Estado extranjero.
La resolución podrá ser apelada ordinariamente por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por otra parte y a través de una sana medida procesal, la ley establece que de haberse denegado la petición, la persona
requerida recuperará la libertad hasta tanto se sustancia el correspondiente recurso ante la Corte Suprema.
Una vez que la Justicia de nuestro país hiciera lugar al pedido de extradición, no procederá la sustanciación de otro Estado
requirente sobre la misma persona.
Una situación diferente se presenta cuando la persona extraditada debe transitar ocasionalmente por el territorio argentino.
Así, por ejemplo, la República de Chile solicita la extradición de una persona a las autoridades de Uruguay, siendo que
el vuelo que transporta al extraditado debe hacer una escala en territorio argentino. Ante tal situación, las autoridades
chilenas, deberán tramitar una autorización de extradición en tránsito por ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República Argentina.

Programa Teixeira de Freitas 51
En referencia a las relaciones de nuestro país con los demás Estados se debe atender, primeramente, a la existencia de Tratados,
Siendo que la procedencia o improcedencia de la solicitud se estudiará a la luz del Tratado y la Ley de Cooperación
Internacional en Materia Penal se aplicará sólo en forma subsidiaria. Esto viene a apuntalar los preceptos constitucionales
en virtud de los cuales la Constitución nacional, las leyes que en su consecuencia dicte el Congreso y los Tratados con las
potencias extranjeras constituyen la ley suprema de la Nación.
Puede ocurrir que no haya un Tratado suscripto o que el o los suscriptos no contemplen normas de extradición. En tal
caso la procedencia de la extradición estará sujeta a la existencia u ofrecimiento de reciprocidad, por parte del Estado
requirente.
Por otra parte, las autoridades argentinas deberán examinar la legislación del Estado requirente a los efectos de determinar
la competencia de éste en el delito por el cual viene cursada la petición.
Diferentes son las razones por los cuales se procederá al rechazo de la extradición, como por ejemplo que la acción penal
se hubiere prescripto de conformidad a la normativa legal del Estado que la solicita; cuando la persona requerida ya
hubiere sido juzgada en nuestro país o en cualquier otro Estado por el mismo hecho, es decir que deben concurrir en el
mismo proceso identidad de sujeto y de hecho u hechos, esto en clara afirmación al sano principio jurídico por el cual
nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. También habrá motivo de rechazo cuando la sentencia se hubiere
dictado en rebeldía y el Estado requirente no diese seguridades de que el caso se reabrirá para oír al condenado a los efectos
de sustanciarse la debida defensa; o cuando el Estado requirente no expusiere seguridades para computar el tiempo
de detención que demande el trámite de extradición, con una eventual sentencia condenatoria.
Para la hipótesis que la Justicia haga lugar a la solicitud de extradición, se podrá remitir, además de la persona, los elementos
que le hubieran sido secuestrados y que prima facie se relacionen con el delito investigado. Sin embargo, la remisión
de cosas no podrá afectar derechos de terceros.
jurisPrudencia “valenzuela, césar s/ detención Para eXtradición internacional”
Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
Vistos los autos: Valenzuela, César s/ detención para extradición internacional.
Considerando:
1°) Que el juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional n° 1 de Formosa declaró
procedente la extradición de César Valenzuela a la República de Paraguay para ser sometido a proceso por el delito de
homicidio doloso en calidad de autor (art. 105, en concordancia con el art. 29, inc. 1°, ambos del Código Penal de Paraguay
vigente Cley 1160/97C) (fs. 235/238).
2°) Que, contra lo así resuelto, interpuso recurso de apelación ordinaria el Ministerio Público de la Defensa (fs. 245/246)
que, concedido (fs. 247), fue fundado en esta instancia (fs. 254/257).
3°) Que, a su turno, el señor Procurador Fiscal dictaminó a favor de rechazar el recurso y confirmar la sentencia impugnada
en todo cuanto fuera materia de apelación (fs. 259/261).
4°) Que los agravios del apelante referidos a que la prueba para vincular a Valenzuela con el hecho atribuido resultaba
notoriamente insuficiente y a que el proceso hasta el momento careció del contralor de una defensa técnica, remiten al
conocimiento de cuestiones de fondo que resultan ajenas a este trámite y que deben ser ventiladas ante los tribunales
del Estado requirente, toda vez que se dirigen a cuestionar la legalidad del procedimiento extranjero (Fallos: 314:1132;
318:373, entre otros). Al respecto, cabe recordar que es pacífica la doctrina del Tribunal en el sentido de que el proceso de
extradición no reviste el carácter de un juicio criminal, por lo que no caben otras discusiones que las referidas a la identidad
del requerido y a la observancia de los requisitos exigidos por las leyes y los tratados aplicables (Fallos: 323:1755;
326:3696, entre otros).
5°) Que, en tal sentido, César Valenzuela no niega ser la persona cuya extradición se solicita sino que sólo afirma que no se
encontraba en la República de Paraguay al tiempo de la comisión del delito imputado, por lo que el agravio que introduce
sobre esa base, vinculado con la determinación de su responsabilidad, resulta inadmisible (conf. Fallos: 49:22; 99:290;
113:364; 216:285; 232:577; 319:2557, entre muchos otros).
6°) Que, por lo demás, resulta desacertada la referencia a que no corresponde que el Estado argentino acceda al extrañamiento
de quien haya sido juzgado en ausencia, pues el requerido aún reviste la calidad de imputado en el proceso extranjero.
En tanto que respecto de la situación a la que se vería expuesto el requerido en jurisdicción del país requirente,
corresponde que el juez de la causa previo a la entrega recabe de su par extranjero las condiciones de detención a las que
estará sometido Valenzuela en el marco de los estándares de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las
Naciones Unidas y solicite de ser necesario las debidas garantías para preservar su vida y seguridad personal (“Cerboni”
Fallos: 331:1028, considerando 7° y “Machado de Souza” Fallos: 332:1322, considerando 10).
7°) Que, por último, tal como propone el señor Procurador Fiscal en el dictamen que antecede, razones de equidad y
justicia que reconocen sustento en las normas del derecho internacional de los derechos humanos que obligan a ambos
países, aconsejan que el juez de la causa ponga en conocimiento del país requirente el tiempo de privación de la libertad

Programa Teixeira de Freitas 52
al que estuvo sujeto el requerido en este trámite de extradición, con el fin de que las autoridades extranjeras arbitren las
medidas a su alcance para que ese plazo de detención se compute como si el extraditado lo hubiese sufrido en el curso
del proceso que motivó el requerimiento (Fallos: 331:608).
Por ello, de conformidad con lo dictaminado, en lo pertinente, por el señor Procurador Fiscal, el Tribunal resuelve confirmar
la resolución apelada de fs. 235/238, en cuanto fue materia de apelación. Notifíquese, tómese razón y devuélvase al
juez de la causa. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO
PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).
ES COPIA
ACTUALIDAD: EL CASO SERGIO APABLAzA
La Corte Suprema de Argentina, el martes 14 de septiembre del corriente año, autorizó la extradición del ex guerrillero chileno
Sergio Apablaza, acusado en su país del asesinato de un senador en 1991. Sin embargo, tal como lo informó el Centro
de Información Judicial, la decisión final la tiene el Poder Ejecutivo, que podría dejar sin efecto la decisión del Supremo
Tribunal si se le concede al requerido el status de refugiado.
Ex miembro del disuelto Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Apablaza enfrenta en Chile dos procesos paralelos,
uno por el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán y otro por el secuestro de Cristian Edwards, hijo del empresario
periodístico Agustín Edwards, ambos hechos ocurridos en 1991.
El FPMR fue una organización izquierdista que propició desde la clandestinidad la lucha armada contra la dictadura del
general Augusto Pinochet (1973-1990).
En el fallo, los jueces aclaran que “se mantiene incólume, para la etapa de la decisión final a cargo del Poder Ejecutivo, la
obligación de ‘non refoulement’ (no devolución) que consagra la ley de Reconocimiento y Protección al Refugiado”.
Según esa norma, ningún refugiado “podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas
para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, incluido el derecho
a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Organismos defensores de los derechos humanos solicitaron este martes al gobierno que conceda el refugio político a
Apablaza por considerar que fue “un luchador contra la dictadura de Pinochet”.
El pedido de extradición de Apablaza había sido rechazado en 2005 por un juez de primera instancia pero la decisión fue
apelada por el gobierno de Chile. El ex combatiente alegó en su defensa ante la Justicia que no existe ninguna evidencia
en su contra. Pero el trámite de apelación fue suspendido a la espera de una resolución del Comité de Elegibilidad para
Refugiados (Cepare), ante el cual Apablaza había presentado un pedido de refugio en diciembre de 2004.
No obstante, ante la indefinición por parte del Cepare sobre el pedido, la Corte decidió reanudar el trámite que resolvió
recientemente.

RACISMO EN LA ARGENTINA
CRIMEN DE RACISMO y ANTISEMITISMO
Programa Teixeira de Freitas 53
Brasilia, 1º de octubre de 2010
Mariana Andrea Gamba Cremachi
Universidad Católica de Salta
Salta - Argentina
El racismo en la Argentina tiene características peculiares que lo diferencian de los demás países. Así por ejemplo, se han
difundido términos y conductas para discriminar a ciertos grupos de población, el caso de los llamados «negros», que son
un grupo que no se encuentra claramente definido, pero se asocia, no exclusivamente, con personas de piel oscura, sino a
aquellas pertenecientes a la clase trabajadora, clase baja, pobres y, más recientemente con la delincuencia.
También se han desarrollado términos y actitudes de tipo racista, xenófobo y despectivo para dirigirse a los inmigrantes.
Antiguamente, «gallego» o «tano» poseían connotaciones peyorativas. Actualmente términos como «bolita», «chilote»,
«paragua» y «boliguayo», constituyen expresiones despectivas para referirse a ciertos inmigrantes de origen latinoamericano.
El antisemitismo existe también en la Argentina, en un marco influenciado por la gran inmigración de judíos, desde fines
de la década de 1860 y la presencia de una extensa comunidad y de un relativamente amplio mestizaje de los judíos con
otros grupos de la población.
Existe una amplia discusión sobre el alcance de las conductas racistas en Argentina. Mientras algunos sectores sostienen
que se trata de comportamientos inofensivos o marginales rechazados por prácticamente la totalidad de la población,
otros sectores sostienen que el racismo es un fenómeno extendido y expresado de muy diversas maneras. Algunos grupos
afirman también que las eventuales conductas racistas en Argentina no se diferencian de las que se presentan en los
demás países del mundo, mientras que otros sostienen que el racismo en Argentina tiene algunas particularidades en los
modos en que se presenta, relacionadas con la historia, la cultura y los grupos étnicos que interaccionan.
racismo «blanco-euroPeísta» Y el artículo 25 de la constitución nacional
En la Argentina se ha construido una difusa ideología racista fundada en la supremacía europea. Esta ideología tiende a
sostener que la Argentina es un país poblado por inmigrantes europeos, que establecieron un tipo especial de población
europea, no latinoamericana, y «blanca». Complementariamente, esta ideología tiende a considerar como poco relevante,
y eventualmente indeseable, toda influencia cultural de poblaciones relacionadas con los pueblos originarios, africanos,
latinoamericanos, o asiáticos.
El racismo blanco-europeista argentino se ha organizado desde el Estado y tiene un fundamento legal en el artículo 25 de
la Constitución Nacional inspirado por Alberdi que establece una diferencia entre «inmigración europea» (que debe ser
fomentada) e inmigración no europea.
Artículo 25: El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto
alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias,
e introducir y enseñar las ciencias y las artes
El propio Alberdi, padre de la Constitución Argentina de 1853, explicaba los fundamentos de la discriminación en su libro
Bases y puntos de partida para la reorganización nacional (1852).
La discriminación entre inmigración europea y no europea que establece el artículo 25 de la Constitución fue mantenida
por todas las reformas constitucionales realizadas (1860, 1868, 1898, 1949, 1957, 1972 y 1994).
Originalmente esta ideología se había configurado de modo tal de incluir a los españoles, italianos, y judíos dentro del
grupo indeseable, sosteniendo que las «razas que podían mejorar la especie» en Argentina, eran aquellas que provenían
del noroeste de Europa, principalmente de Inglaterra y Francia, los países más progresistas en aquel tiempo.
Alberdi proponía que el idioma nacional fuese el francés, pues pensaba que las tradiciones hispánicas y cristianas eran
contrarias al progreso.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el fracaso del gobierno en atraer inmigración masiva de esos tres países, y por el
contrario, ante el hecho consumado de la inmigración de grandes contingentes de italianos y en menor proporción de españoles,
la ideología racista terminó por incluir también a estos grupos como «europeos» y «blancos». Esta tendencia fue
fortalecida recientemente con el ingreso de Italia, y sobre todo España, a la Unión Europea. Por el contrario, con respecto
a los judíos, la ideología racista argentina, se fue consolidando como antisemita, con el paso del tiempo. El punto más alto
de esa tendencia fue la orden secreta del canciller del presidente Roberto M. Ortiz en 1938 para negar las visas a los judíos.
La conformación del racismo blanco-europeísta argentino como ideología del Estado inspirada en la Constitución ha
utilizado las políticas públicas y en particular la política educativa para su arraigo y difusión en la población.

Programa Teixeira de Freitas 54
El ocultamiento de la «negritud» bajo el mito de la Argentina blanca fue y sigue siendo una forma de racismo implícito.
Pero toda vez que «los negros» se hicieron notar en la historia nacional, el racismo se manifestó de manera más explícita.
Aunque no se quiera reconocer, la sociedad argentina está dividida según líneas de clase y de color de piel que existen
desde hace mucho tiempo.
ANTISEMITISMO
En la Argentina han existido graves actos llevados adelante contra los judíos, como la orden secreta del canciller argentino
en 1938 de impedir el ingreso de judíos a territorio nacional y los ataques terroristas contra la embajada de Israel en
1992 y contra la AMIA en 1994. El caso de los ataques terroristas contra objetivos judíos ha producido una discusión entre
aquellos sectores que sostienen que no se trató actos antisemitas y aquellos que por el contrario sostienen que «el atentado
a la AMIA (es) el peor ataque antisemita desde la Segunda Guerra Mundial».
Durante los regímenes militares y en especial durante la dictadura conocida como Proceso de Reorganización Nacional se
produjeron graves hechos de persecución antisemita, en el que algunas personas fueron torturadas, degradadas y hasta
asesinadas por el solo hecho de ser judíos. En los centros clandestinos de detención (CCD), era habitual que a los prisioneros
judíos se les grabara la estrella de David en el cuerpo.
RACISMO CONTRA LATINOAMERICANOS
En Argentina existe un amplio y expandido racismo contra los inmigrantes provenientes de otros países latinoamericanos,
y muy especialmente contra paraguayos, bolivianos, peruanos y chilenos.
Algunos encuentran el fundamento de este racismo en la propia Constitución Nacional, en su artículo 25 inspirado por
Alberdi, que establece la diferencia entre «inmigración europea» (que debe ser fomentada) e inmigración no europea.
En este contexto debe mencionarse también la participación argentina, junto a Brasil y Uruguay, en el genocidio del pueblo
paraguayo en ocasión de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) en la que fue exterminada prácticamente toda la
población masculina, incluidos los niños.
Como ejemplo de acto discriminatorio contra personas provenientes de paises latinoamericanos, recordamos lo sucedido
con el INADI, que pidió que se sancionara al Club Atlético Independiente por infringir el Artículo N°88 del reglamento
(acto de xenofobia) y que se sancionara al árbitro Sergio Pezzotta por no detener el inicio del segundo tiempo del partido
a pesar de la exhibición de las banderas paraguayas y bolivianas en forma despectiva hacia los hinchas de boca juniors. El
hecho ofendió a los diplomáticos de Bolivia y Paraguay, quienes también se comunicaron. Finalmente, la misma dirección
del club se disculpó por los hechos, tuvo una reunión con el INADI y prometió tomar medidas para identificar y sancionar
a los responsables.
racismo contra indígenas
El racismo, la discriminación y la invisibilización contra personas pertenecientes a los diversos pueblos originarios que habitan
en la Argentina, genéricamente agrupados como indígenas, o que tienen antepasados indígenas, tiene dos grandes
afluencias históricas:
- La que proviene de la colonización española referida al lugar subordinado que los «indios» debían guardar frente a los
«blancos», en referencia a los españoles y criollos. Según la creencia del sistema de castas español, la sangre india «manchaba»
(sic) la sangre pura que poseían los blancos.
- La que proviene de las «guerras contra el indio» llevadas adelante por el Estado argentino contra aquellos pueblos originarios
que habían resistido la conquista española, principalmente en la pampa, la Patagonia y el Gran Chaco.
RACISMO CONTRA AFROAMERICANOS y PERSONAS DE PIEL MáS OSCURA
En la Argentina el racismo contra afroamericanos está influenciado por complejos procesos contradictorios. Por un lado
un amplio proceso de mestizaje y la escuela pública igualitaria impulsaron conductas de convivencia multirracial. Pero
por otro lado, la permanente difusión desde el Estado de que la Argentina tenía una población homogénea «blanca» y
«sin negros», remarcando una valoración positiva de esa realidad supuesta, impulsó conductas racistas subterráneas que
arraigaron en ciertos comportamientos sociales.
INVISIBILIzACIóN DE GRUPOS éTNICOS
Es un mecanismo íntimamente vinculado a los fenómenos de «desaparición» y al homo sacer (hombre sin derechos) del
Imperio romano.
En la Argentina ha existido y continúa existiendo una cultura general y una política estatal consciente de invisibilización
de determinadas culturas y grupos sociales, básicamente aquellos definidos como no-europeos.
Una vez más el mecanismo tiene su base en la preferencia constitucional por lo europeo.

Programa Teixeira de Freitas 55
El proceso de invisibilización ha sido ejecutado mediante múltiples formas. Una de ellas ha sido la manipulación de los
censos, para reducir y hasta eliminar los registros relacionados con personas o culturas no europeas. De este modo ser
ordenó reemplazar la palabra «negro» para mencionar la pertenencia étnica-cultural de las personas, por la palabra «trigueño»
solo referida a la tonalidad de piel. Ello permitió al Estado Argentino declarar en el Censo de 1947 que la totalidad
de la población argentina era «blanca».
También se ha desarrollado una política de invisibilización para con los inmigrantes de otros países latinoamericanos y sus
descendientes, que en algunos casos han constituido comunidades mayores y más antiguas que las de la mayoría de los
grupos europeos que migraron a la Argentina.
Más recientemente el Estado Argentino utilizó ampliamente la posibilidad de mantener en situación de «sin papeles» a
un número imposible de conocer de migrantes, pero que suma cientos de miles de personas. A partir de 2006, y como
consecuencia de los Acuerdos Migratorios de 2002 celebrados entre Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, y Uruguay,
a los que luego se sumó Perú, se ha establecido el derecho de todos los ciudadanos de esas naciones a vivir y trabajar
libremente en cualquiera de esos países.
EL INADI y LA LEy ANTIDISCRIMINATORIA
El 3 de agosto de 1988, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, se sancionó la Ley 23.592, conocida también como Ley
Antidiscriminatoria.
La ley, establece lo siguiente:
ARTICULO 1°.- Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre
bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a
pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y
material ocasionados.
A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados
por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición
social o caracteres físicos.
Art. 2°.- Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código
Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el
objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En ningún caso se podrá exceder del
máximo legal de la especie de pena de que se trate.
Art. 3°.- Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda
basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen
étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma.
En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una persona
o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.
Art 4°.- Se declara la obligatoriedad de exhibir en el ingreso a los locales bailables, de recreación, salas de espectáculos,
bares, restaurantes u otros de acceso público, en forma clara y visible el texto del artículo 16 de la Constitución Nacional,
junto con el de la ley.
(Artículo incorporado por art.1° de la Ley N° 24.782 B.O. 03/04/97).
Art 5°.- El texto señalado en el artículo anterior, tendrá una dimensión, como mínimo de treinta centímetros (30) de ancho,
por cuarenta (40) de alto y estará dispuesto verticalmente.
En el mismo al pie, deberá incluirse un recuadro destacado con la siguiente leyenda:
“Frente a cualquier acto discriminatorio, usted puede recurrir a la autoridad policial y/o juzgado civil de turno, quienes
tienen la obligación de tomar su denuncia.”
(Artículo incorporado por art.2° de la Ley N° 24.782 B.O. 03/04/97).
Art. 6°.- Se impondrá multa de $ 500 a $ 1.000 al propietario, organizador o responsable de locales bailables, de recreación,
salas de espectáculos u otros de acceso público que no cumpliere estrictamente con lo dispuesto en los artículos 4º y
5º de la presente ley.
(Artículo sustituido por 1° de la Ley N° 25.608 B.O. 8/7/2002).
Art. 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Entonces, la ley contiene tres puntos básicos:
Acción civil: Una acción civil para hacer cesar el acto discriminatorio y por daños y perjuicios materiales y morales, en
casos de discriminación por «motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo,

posición económica, condición social o caracteres físicos» (Artículo 1)
Programa Teixeira de Freitas 56
Delito penal: Crea dos delitos penales. El primero castiga la realización de propaganda o la participación en organizaciones
que sostenga la superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color. El
segundo castiga el acto de incitar a la persecución o el odio con personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas
políticas. La pena es de 3 meses a tres años de prisión (Artículo 3)
Agravante de los delitos penales: Cualquier delito será agravado cuando sea cometido por persecución u odio a una
raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso
(Artículo 2).
El 5 de julio de 1995, durante la presidencia de Carlos Menem, se sancionó la Ley 24.515 creando el Instituto Nacional contra
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que comenzó sus tareas en 1997.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) es un organismo nacional del Estado argentino
que tiene como fin combatir la discriminación en todas sus formas.
Es un ente descentralizado en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con facultades para
recibir denuncias, investigar, realizar campañas, y apoyar a las víctimas, en cuestiones relacionadas con toda forma de
discriminación.
Entre los objetivos del INADI se encuentran:
- Difundir la ley Nº 23.592 sobre Actos Discriminatorios.
- Investigar, sistematizar y difundir información acerca de los procesos y formas de discriminación que se evidencian en el
ámbito nacional.
- Recibir las denuncias que realicen las/os ciudadanas/os, instituciones o grupos sobre conductas discriminatorias, xenófobas
o racistas y producir dictámenes acerca de los actos denunciados o promover reuniones de conciliación en todos
aquellos casos en los que se considere beneficioso para las/os afectadas/os.
- Diseñar e impulsar campañas y proyectos educativos y de difusión tendientes a eliminar actitudes discriminatorias, xenófobas
o racistas.
- Patrocinar gratuitamente a personas o grupos víctimas de actos discriminatorios, xenófobos o racistas.
- Establecer vínculos de coordinación y cooperación con organismos nacionales o extranjeros, públicos o privados, con la
finalidad de actuar conjuntamente en materia antidisciminatoria.
- Realizar talleres permanentes de capacitación a grupos, organizaciones sociales, actores comunitarios y todas aquellas
personas que pueden intervenir en la comunidad para la prevención de la discriminación.
- Tampoco ellos discriminar.
CONSEJO FEDERAL CONTRA LA DISCRIMINACIóN EN LA ARGENTINA
El Consejo Federal de Políticas Antidiscriminatorias está integrado por un representante de cada provincia, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, designado por el gobierno provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente,
y por el INADI; todos los cuales trabajan mancomunadamente para planificar y coordinar políticas contra la
discriminación, la xenofobia y el racismo, que comprometan la acción conjunta entre la Nación, las Provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
SITUACIóN DE LA LUCHA CONTRA EL RACISMO EN ARGENTINA
Víctor Ramos, fundador del INADI y presidente de SOS Internacional comenta de este modo el estado de la lucha contra
el racismo en Argentina:
Argentina, en relación con el resto del mundo, es de avanzada en materia y lucha contra la discriminación y el racismo. Con
la creación del INADI, en 1997 -y de la que participé como fundador- fue un hito muy fuerte en su momento, ya que por primera
vez se instalaba en nuestro país el tema. Por otra parte, haciendo un estudio comparado de las estadísticas mundiales,
nosotros nos ubicamos entre los primeros estados nacionales que asumen verdaderamente una batalla contra el racismo.
Sin embargo, esto no significa que se haya avanzado demasiado. Lo que sí se generó en Argentina fue una serie de debates
importantes e interesantes sobre los pueblos originarios de nuestro país, sobre la colectividad judía, sobre la discapacidad
y también sobre los inmigrantes.
PLAN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIóN
Combatir la discriminación es un deber del Estado y un compromiso de todos. Una sociedad que practica la discriminación
y la desigualdad en el tratamiento de las personas no sólo es injusta, sino que también pierde su potencial de desarrollo.

Programa Teixeira de Freitas 57
En 2001, en la Conferencia Mundial contra la Discriminación, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia en Durban
(Sudáfrica), la Argentina se comprometió a elaborar un Plan Nacional contra la Discriminación.
CONVENCIóN PARA LA ELIMINACIóN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIóN RACIAL
La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Nueva York, 13 de julio de 1967 y aprobada
por la República Argentina por la ley 17.722) describe como “discriminación racial” a “toda distinción, exclusión, restricción
o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos
y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.
Políticas antidiscriminatorias del mercosur
El MERCOSUR está realizando actualmente un análisis comparado, centrado en un mapeo por país, en relación con la
lucha contra la discriminación en los últimos 15 años. En esta etapa, los intentos de integración regional trascienden lo
económico para comenzar a incluir temas relacionados con lo social, antes ajenos a la lógica del bloque.
jurisPrudencia “Partido nuevo triunfo s/ reconocimiento”
Considerando:
1) Que la Cámara Nacional Electoral confirmó la decisión de la instancia anterior que había rechazado el reconocimiento
de la personalidad jurídico-política solicitada por los apoderados de la agrupación originariamente denominada “Partido
Nacionalista de los Trabajadores” y luego “Partido Nuevo Triunfo”, en el distrito de la Capital Federal.
Para así decidir, el tribunal de alzada sostuvo que la organización liderada por el señor Alejandro Carlos Biondini constituye
una emulación del “Partido Alemán Nacional Socialista de los Trabajadores” de la década del 30. Llegó a esa conclusión
a partir de que las prácticas y los símbolos utilizados eran comunes con los del régimen que instauró una teoría basada
en la superioridad racial, todo lo cual resulta agraviante para los derechos humanos más elementales consagrados en el
orden jurídico nacional e internacional. A tal efecto tuvo en cuenta que la agrupación: 1) había intentado ser reconocida
con el nombre de “Partido Nacional Socialista de los Trabajadores” en clarísima analogía con el “Nationalsozialistiche
Deutschen Arbeiterpartei”; 2) utiliza símbolos tales como la cruz gamada y, luego, el “siete de San Cayetano” y brazaletes y
estandartes “...del mismo modo en que lo hacían los ‘nazistas’”. A todo ello, agregó que el programa de gobierno con el que
la entidad pretende ser reconocida postula “el drástico desmantelamiento de la red homosexual, drogadicta y corrupta
que hoy infecta a la Argentina” (art. 29, inc. d) y, con referencia al castigo de la “vagancia” (art. 27, inc. d) especifica que “el
respeto a esta norma será doblemente importante en el caso de los extranjeros”.
2) Que, contra este pronunciamiento, el recurrente interpuso el recurso extraordinario de fs. 1082/1093 vta.
Alega la existencia de una “cuestión federal suficiente”, toda vez que está en disputa la personería de un partido político,
entidad a la que la propia Constitución Nacional le asigna la máxima valoración como institución fundamental del sistema
democrático (art. 38). Expresa que ha habido un flagrante desconocimiento de lo dispuesto por la ley 23.298, lo que provoca
un caso de extrema gravedad institucional.
Considera que la decisión adoptada por el tribunal es arbitraria, pues interpreta erróneamente normas federales y viola
derechos constitucionales fragmentando pruebas y hechos de la causa, lo que se traduce en un rechazo a las “ideas
políticas” de su partido en seria contradicción con los principios de libertad de opinión y expresión que salvaguarda la
Constitución Nacional. Finalmente alega que al existir una falta de subordinación al estado de derecho y a la ley vigente,
se lo ha discriminado ideológicamente.
3) Que el tribunal de alzada denegó el remedio federal interpuesto con apoyo en la doctrina de arbitrariedad de sentencias.
Por el contrario, el recurso, en cuanto a la cuestión federal alegada, fue concedido en los términos de fs. 1098/1100.
En consecuencia, es menester advertir que los agravios relativos a cuestiones de hecho y prueba que fueron subsumidos
en la causal de arbitrariedad sostenida por el recurrente no serán atendidos, porque además de involucrar, en principio,
una materia ajena a la vía del recurso extraordinario, fueron expresamente denegados por la cámara, sin que el recurrente
haya deducido la queja respectiva.
De tal manera que el material probatorio existente en la causa, que llevó al convencimiento del a quo de que la agrupación
política “Partido Nuevo Triunfo” constituye una organización que promueve un programa inspirado en las mismas
ideas vinculadas a la inferioridad de ciertas personas por su condición racial, religiosa o por su origen nacional que, en
Alemania, llevó adelante el Partido Nacional Socialista, bajo el gobierno de Adolf Hitler, debe, entonces, considerarse debatida
y resuelta en la instancia anterior.
Sobre esta base, cabe sostener que la cuestión constitucional que habilita la jurisdicción apelada de este Tribunal, en los
términos del art. 14 de la ley 48, se encuentra circunscripta a examinar si la decisión del tribunal de alzada de denegar el
reconocimiento de la personería jurídica al Partido Nuevo Triunfo, por las circunstancias antes señaladas, determina para
el recurrente un trato discriminatorio.

Programa Teixeira de Freitas 58
Dicho en otras palabras, se debe resolver si constituye o no una decisión inconstitucional negar autorización para funcionar
a una organización que se identifica en actitudes, imágenes y programa, con el ya mencionado partido nazi que
gobernó Alemania en la década de 1930.
4) Que es evidente la trascendencia institucional de la cuestión sub examine por lo que significa dentro del marco de
un estado constitucional de derecho denegar a una agrupación política la personería que solicita. Es, precisamente, esa
profunda significación la que obliga a que dicha decisión tenga como fundamento circunstancias suficientemente graves
e insuperables; y la probada conculcación por su parte del derecho a la igualdad contenido en el art. 16 y en los tratados
internacionales integrados mediante lo prescripto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
5) Que, a fin de abordar esta cuestión, se debe tener particularmente presente que el derecho genérico de las personas a
ser tratadas de modo igual por la ley no implica una equiparación rígida entre ellas, sino que impone un principio genérico
(igualdad ante la ley de todos los habitantes) que no impide la existencia de diferenciaciones legítimas. La igualdad establecida
en la Constitución no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan
a unos de lo que en iguales circunstancias se concede a otros (Fallos: 153:67, entre muchos otros). El criterio de distinción
no debe ser arbitrario o responder a un propósito de hostilidad a personas o grupos de personas determinados (Fallos:
229:428), o tratar desigualmente a personas que están en circunstancias de hecho esencialmente equivalentes (Fallos:
229:765).
Al mismo tiempo, debe recordarse que tales propósitos hostiles o arbitrariedad en la distinción no se presumen, esto es,
no serán tenidos por ciertos, según el criterio de esta Corte, hasta tanto sean probados por quien los invoca
(Fallos: 306:2147, 2154). Dicho de otro modo, las clasificaciones introducidas por la ley, a la luz del art. 16 de la Constitución
Nacional y de su interpretación por la jurisprudencia de esta Corte, tienen una presunción favorable que debe ser derrotada
por quien la ataque.
6) Que, a su vez, este Tribunal ha complementado el principio de igualdad mediante la aplicación de un examen más
riguroso cuando se trata de clasificaciones basadas en criterios específicamente prohibidos (también llamados “sospechosos”).
El derecho constitucional argentino contiene, en especial a partir de la incorporación de diversos tratados internacionales
sobre derechos humanos, la prohibición expresa de utilizar criterios clasificatorios fundados en motivos de “raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social” (art. 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 26 del Pacto
Internacional de Derecho Civiles y Políticos).
Por ende, la interdicción de la discriminación en cualquiera de sus formas y la exigencia internacional de realizar por parte
de los Estados acciones positivas tendientes a evitar dicha discriminación deben reflejarse en su legislación, de lo cual es
un ejemplo la ley 23.592, y también en la interpretación que de tales leyes hagan los tribunales.
Así, cuando esta Corte ha tenido que resolver sobre la constitucionalidad de leyes que utilizan tales clasificaciones basadas
en alguno de esos criterios expresamente prohibidos, lo ha hecho partiendo de una presunción de inconstitucionalidad
(Fallos: “Hooft” 327:5118; “Gottschau” 329:2986 y “Mantecón Valdez” 331:1715). Por lo tanto, el trato desigual será
declarado ilegítimo siempre y cuando quien defiende su validez no consiga demostrar que responde a fines sustanciales
Cantes que meramente convenientes y que se trata del medio menos restrictivo y no sólo uno de los medios posibles para
alcanzar dicha finalidad.
7) Que la decisión de negar autorización al Partido Nuevo Triunfo supera los cuestionamientos basados en el derecho a la
igualdad, tanto desde el punto de vista del criterio amplio cuanto del más estricto impuesto por las cláusulas antidiscriminatorias.
En efecto, el régimen de partidos políticos, tal como ha sido interpretado en la sentencia apelada, distingue
del resto a aquellas organizaciones cuyo programa político incluya la promoción del desprecio u odio racial, religioso o
nacional y ese distingo responde a una finalidad sustantiva que el Estado no puede en modo alguno soslayar ni demorar.
El hostigamiento discriminatorio que precedió a la persecución, sometimiento y asesinato en masa de personas que
pertenecían a ciertas tradiciones nacionales o religiosas, perpetrado por el régimen nazi liderado por Adolf Hitler, se ha
convertido en un paradigma del tipo de crímenes contra la humanidad cuya prevención y persecución es hoy un deber
asumido por gran parte de las naciones entre las que se encuentra la República Argentina (la conexión entre los juicios de
Nüremberg y la evolución posterior del concepto de crimen de lesa humanidad en el derecho internacional es mencionada
en “Simón”, Fallos: 328:2056). Un fin que necesariamente debe alcanzar el Estado es, entonces, desalentar y contrarrestar
el desarrollo de prácticas que promuevan el odio racial o religioso, y la sujeción o eliminación de personas por el hecho
de pertenecer a un grupo definido por alguna de las características mencionadas.
Es por tal razón que no sólo resulta conveniente, sino imperativo, que las autoridades de la República Argentina tomen en
cuenta este dato a efectos de trazar políticas orientadas a impedir el proselitismo a favor de semejante oferta política. Lo
contrario implicaría permitir no sólo el elogio de conductas que constituyeron uno de los peores crímenes de que tenga
recuerdo la humanidad, sino incluso consentir la realización de un programa orientado a reproducirlo en alguna medida.
8) Que el deber antes mencionado como finalidad de la política estatal contra el odio racial, no sólo tiene indiscutible
validez moral, sino que también ha sido recogido en instrumentos internacionales que forman parte del derecho vigente

Programa Teixeira de Freitas 59
en el país. De conformidad con lo establecido en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, es condenable “toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías
basadas en la superioridad de una raza o un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan
justificar y promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera sea su forma, y se comprometen a tomar medidas
inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación y, con ese fin,
teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos...”(art. 4).
La Convención citada establece que “...la expresión ‘discriminación racial’ denotará toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública” (art. 1).
En el mismo orden de ideas, el art. 4, inc. b, prescribe que los Estados Parte declararán “ilegales y prohibirán las organizaciones,
así como las actividades organizadas de propaganda y de toda actividad de propaganda, que promueven la
discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades
constituye un delito penado por la ley”.
Es también de importancia en este aspecto el art. 20, inciso 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará
prohibida por la ley”. En el mismo sentido, cabe mencionar el art. 13, inc. 5 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en cuanto dispone que estará prohibida por la ley “toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
Por último, es a la luz de estas cláusulas que deben interpretarse los arts. 16 y 38 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos
23.298.
9) Que, en tal marco jurídico de fuente internacional y su recepción constitucional y legislativa por parte del Estado argentino,
debe éste velar por su cumplimiento estricto y se obliga a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo
apliquen. De aquí se sigue que no se pueda legitimar como partido político a quienes incurren en apología del odio e,
indirectamente, incitan a la violencia cuando propugnan el “drástico desbaratamiento de la red homosexual, drogadicta
y corrupta que hoy infecta a la Argentina” (fs. 16), el doble castigo para los extranjeros (fs. 15), la utilización de símbolos
del mismo modo en que lo hacían los nazis tristemente reconocibles por quien tenga al menos una somera idea de la
historia del siglo pasado que utilizan terminología empleada por el Tercer Reich aludiendo a determinadas personas
como “subhumanas” (fs. 414).
10) Que de conformidad con lo antes señalado, se observa que la decisión del tribunal de alzada de negar reconocimiento
político a una agrupación que se basa en el desconocimiento de los derechos más esenciales de ciertos grupos de
personas o de minorías y en la superioridad de una raza, que promueven diferencias en razón del color, origen, religión,
orientación sexual, etc., por entender que todas estas actitudes consideradas en forma conjunta revelan una práctica
discriminatoria prohibida, no hace otra cosa que respetar estrictamente el mandato de la ley nacional e internacional.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante a fs. 1107, se declara procedente
el recurso extraordinario y se confirma la sentencia. Notifíquese y devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HI-
GHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT (según su voto)- ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E.
RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY.

Programa Teixeira de Freitas 60
AMBIENTACIóN EN EL SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE BRASIL
Brasilia, 20 de agosto de 2010
Mariana Andrea Gamba Cremachi
Universidad Católica de Salta
Salta - Argentina
En fecha 20 de agosto de 2010, inicié la ambientación en el Supremo Tribunal Federal, el cual será mi lugar de pasantía por
los dos próximos meses. En esta visita fui acompañada por Larissa de la Asesoría de Asuntos Internacionales y por Fabricio
de Ceremonial.
En primer lugar, nos dirigimos a la planta baja donde ingresamos al Salón Blanco. En él los ministros reciben audiencias,
para lo que está cómodamente amoblado con unos sillones verdes. En una de sus paredes se encuentran fotografías de
los ex ministros, siendo la última colocada la de la Ministro Ellen Gracie. Nos fue explicado que generalmente se coloca la
fotografía del ministro saliente un año después del mandato del nuevo presidente.
Luego, ingresamos detrás de unos biombos a la sala conocida como VIP que es donde los ministros se preparan para
ingresar a los Plenarios colocándose las togas. Asimismo, en aquel lugar es donde ellos se reúnen en las pausas para conversar
y comer un aperitivo.
Después, nos adentramos en la sala del Plenario, la cual en su pared trasera tiene una obra de arte en mármol del artista
Athos Bulçao, en la que se representan con cuartos de círculos pequeños y del mismo tamaño a los hombres, iguales ante
la ley; y con uno de mayor tamaño a la Justicia Divina que está por encima de todos los hombres.
Al centro del plenario se encuentran dos hileras enfrentadas de cinco sillas y en la cabecera tres más, de las cuales la del
medio está más alta.
En las sillas de los costados se ubican, desde el presidente hacia afuera, los ministros según su antigüedad. En la punta, en
la silla del medio, se sienta el presidente; a su derecha el Procurador General de la Nación y a su izquierda un Secretario. Los
Plenarios son abiertos al público en general por lo que hay numerosas sillas a éste fin. También pude observar una cámara
filmadora desde la cual se transmite en el canal televisivo TV Justicia los Plenarios.
Seguidamente fuimos hacia la entrada principal del STF, donde se encuentran, visto de frente, a la derecha de la entrada,
los bustos de tres personas de verdadera importancia en el derecho de Brasil, uno de ellos Pedro I.
En la misma sala, se puede ver una “falsa puerta del Plenario”, obra de Alfredo Ceschiatti, que representa a la justicia, mujer
con los ojos tapados para juzgar por igual sin importar quien sea la persona. El mismo artista es autor de la estatua de la
Justicia que se encuentra fuera del Tribunal.
Hacia la izquierda, se ubican bustos de otras personalidades entre las que recuerdo a Freitas por su importancia para el
Derecho Civil Argentino.
Posteriormente observamos muebles de estilo victoriano pertenecientes al antiguo Supremo Tribunal Federal que se
ubicaba en la ciudad de Río de Janeiro. Entre el mobiliario se encuentra un espejo que posee cristal y se dice que muestra
exactamente la imagen de la persona.
Sobre una de las paredes, se encuentra colgado un cuadro de un pintor japonés que representa el traspaso de la capital de
Río de Janeiro a Brasilia y también puede observarse en él una representación del pueblo originario –indígenas-, pueblo
europeo y el actual. Este último trató de ser dibujado según las características fisonómicas de los actuales brasileros y tiene
debajo de las personas garras tomadas del suelo como diciendo “aquí nos quedamos, acá vamos a poner nuestra capital”.
Luego subimos al Salón Noble y antes de ingresar pudimos observar en una vitrina pertenencias de antiguos ministros
y algunos obsequios efectuados por otros países. Entre ellos un mate de plata regalado por Argentina en una visita del
ex-presidente Carlos Saúl Menem.
En el Salón Noble se encuentra mobiliario de estilo victoriano y francés. Asimismo, unas sillas realizadas en Brasil con
madera de Jacarandá.
Allí, el Presidente del Tribunal recibe únicamente a Presidentes de otros países o a altas personalidades del Clero. Pueden
observarse dos filas de sillas enfrentadas y entre ellas, en la cabecera, dos sillas más, cada una con un mástil a su lado. En
uno de ellos se encuentra la bandera de Brasil y en el otro se coloca la del país visitante.
Según el protocolo, el Presidente del Tribunal de Brasil se sienta del lado de la bandera del visitante, permaneciendo su comitiva
del lado de la bandera del propio país; el país visitante lo hace de la forma opuesta. Entre los presidentes, colocada
un poco más atrás hay una silla para el intérprete.
Se encuentran también allí obsequios de otros países, tales como un jarrón griego y una escupidera japonesa.
Es importante destacar que el salón Noble tiene vista hacia la Plaza de los Tres Poderes y de igual modo la tienen los Salones
Nobles del Poder Ejecutivo y del Legislativo.

Programa Teixeira de Freitas 61
La visita me resultó muy amena y la considero importante a los fines de ambientarme mejor en el lugar donde voy a pasar
parte de mi tiempo los próximos dos meses.
Quisiera hacer referencia a algunas diferencias que me resultaron interesantes entre la Corte Suprema de Justicia de la
Nación Argentina y el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
En primer lugar, quiero aclarar que no puedo hacer una comparación de sus edificios en virtud de que no he tenido la
oportunidad de conocer mas que por fuera el Palacio de Justicia de la Nación, sito en Ciudad de Buenos Aires. La realidad
es que nunca he hecho ni siquiera el intento de entrar pero por comentarios de personas conocidas se que el acceso a la
Corte es extremadamente restringido. En esto baso mi primera comparación, toda vez que por el contrario, toda persona
pude tener acceso al STF en Brasil con el simple requisito de ser registrado en el ingreso. Creo que esto es lo correcto, que
los ciudadanos tenemos derecho al ingreso a un edificio que es de todos, pero sin embargo, pienso que la actitud de la
CSJN ante esto es por una cuestión de carencia de la medidas de seguridad necesarias.
Sumado a ello, creo que esa apertura del Tribunal hace también a la transparencia de su actividad, cuestión a la que se le
da real importancia en el STF a través de medidas como la apertura de los Plenarios al público, lo que no es así en Argentina,
y de la implementación de TV Justicia que difunde la actividad de los tribunales, lo que tampoco existe en mi país.
Por otra parte, quiero hacer una distinción funcional, la Corte Suprema de Justicia argentina es el máximo Tribunal de Justicia
del país, el último en emitir opinión en un caso concreto. Asimismo, entre sus funciones posee la de ser un Tribunal
Constitucional, es decir que actúa cada vez que se ponga en duda la constitucionalidad de alguna ley o fallo de tribunales
inferiores. Esto es diferente en la organización de la Justicia de Brasil en la cual existe un Supremo Tribunal Federal, que es
un Tribunal Constitucional, y por otra parte una Corte Nacional de Justicia.
También existe una diferencia cuantitativa entre los miembros de los superiores tribunales de ambos países. En Brasil el
número de ministros está fijado en once, encontrándose en este momento una vacante por la jubilación de uno de sus
miembros. En Argentina el número de miembros ha ido variando entre cinco y siete a lo largo de la historia, sin embargo
la Constitución Nacional de 1853 fijó en nueve el número de miembros.-
En la actualidad la CSJN se encuentra conformada por siete miembros, cinco hombres y dos mujeres, siendo su presidente
el Dr. Ricardo Lorenzetti. A pesar de ello, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó una ley que volvió a dejar en cinco los
miembros de la Corte, sin alterar la composición actual sino que se irá reduciendo a medida que se produzcan las vacantes.-

HABEAS CORPUS 97102
ORIGEN: DF – Distrito Federal
RELATOR: MIN. JOAqUIM BARBOSA
PACTE.(S): qUINTINO MENDES NEVES
sesión Plenaria del día 18 de agosto de 2010
IMPTE.(S): CONSULADO GERAL DE PORTUGAL EM SÃO PAULO
coator(a/s)(es): Presidente da rePública
Programa Teixeira de Freitas 62
Brasilia, 18 de agosto de 2010
Mariana Andrea Gamba Cremachi
Universidad Católica de Salta
Salta - Argentina
Se trata de un habeas corpus, con pedido liminar por un decreto del Presidente de la República por el que se expulsaba al
impetrante, ciudadano portugués, del territorio nacional.
El impetrante alegó que su expulsión era ilegal ya que se encuentra casado con una mujer de nacionalidad brasilera con
la que tiene tres hijos brasileros que dependen de él económicamente; ya cumplió la pena que le fue impuesta; y el decreto
de expulsión es de 1984, es decir que tiene más de 24 años, y no volvió a delinquir, estando integrado a la sociedad
brasilera.
La liminar fue deferida por el Ministro relator.
El Ministro de justicia encaminó informaciones que sustentan que el habeas corpus debe ser extinto sin resolución de
mérito por faltar un derecho cierto y líquido, debiendo ser juzgada de improcedente la preliminar.
El Ministro Relator, Joaquin Barboza votó por no conocer de la orden. El Tribunal juzgó que ya tenía decisión el pedido por
decisión unánime.
recurso eXtraordinário 580264
ORIGEN: RS – Rio Grande do Sul
RELATOR: MIN. JOAqUIM BARBOSA
RECTE.(S): HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A
RECDO.(A/S): ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSIST.(S): UNIÃO
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA FAzENDA NACIONAL
Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de un recurso extraordinario interpuesto por el Hospital Nossa Senhora
da Conceiçao en contra del estado de Río Grande do Sul. El objeto de este recurso es el de saber si al recurrente le corresponde
el beneficio de la inmunidad recíproca.
El impetrante, afirmó que es prestador de servicio público de salud y que ello puede ser verificado en su estatuto, ya que
de ahí surge la total ausencia de finalidad lucrativa y el cumplimiento de las prescripciones del art. 150, I, “a”, de la Constitución
Federal, para ser beneficiario de la inmunidad impositiva.
Alegó, que la exigencia de impuestos como ICMS, IPVA, ITCD, ofende el principio de capacidad contributiva, en los términos
del Art. 145, pÁrrafo 1º, de la Constitución.
Sustentó que presta servicios públicos de importancia y que atiende pacientes del SUS (Sistema Único de Salud) exclusivamente
y que no atiende particulares.
Recordó que en un caso similar el Ministro Joaquin Barboza sostuvo que es aplicable la inmunidad impositiva para
aquellos que prestan un inequívoco servicio público, sin fines lucrativos.
Explicó que el hospital en cuestión es una sociedad de economía mixta sui generis en que la Unión es dueña de más del
99% de las acciones.
A continuación, la abogada del Estado de Río Grande do Sul, afirmó que el recurso no merecía ser conocido y que la pretensión
era muy genérica.

Programa Teixeira de Freitas 63
Alegó que la inmunidad recíproca se aplica en casos de servicios esenciales como los de las fundaciones y no en las sociedades
de economía mixta.
Manifestó que el servicio de salud es de libre iniciativa privada y que si bien el patrocinante del hospital sostuvo que solo
atienden pacientes del SUS, no existen obstáculos para prestar servicios a particulares.
A posteriori, el Procurador Federal, en representación de la Unión, expresó que las sociedades de economía mixta solo
pueden ser creadas por ley y que en el caso de autos no existe una ley de creación sino tan solo un acto administrativo. Es
por ello que no puede entenderse que por el solo hecho de que en el caso concreto el Estado tenga acciones mayoritarias,
la sociedad se convierta en una sociedad de economía mixta sui generis.
En el caso de autos, en el que el estado es accionista mayoritario, según explicó, se trataría de una empresa de control
accionario del estado y no de una sociedad de economía mixta. Y aclaró que es riesgoso darle tratamiento de sociedad de
economía mixta porque tendrían inmunidades y beneficios que no le corresponden, generando una competencia desleal.
Sostuvo que el servicio de salud es público pero también una actividad económica porque no existe monopolio estatal y
cualquier persona puede dedicarse a ella.
Dijo que la inmunidad recíproca es una forma de garantismo y autonomía de los entes federativos y que el impuesto es el
mismo para los que se dicen “sociedades de economía mixta” y para los hospitales privados.
Defendió que en el caso en concreto no existe una sociedad de economía mixta y que en caso de serlo, de todas formas
no le correspondería la inmunidad porque es una actividad en la que no existe monopolio estatal.
Solicitó que no se de curso al recurso extraordinario.
El Ministro Joaquín Barbosa, por ser el ministro relator, emitió en primer lugar su voto.
Sostuvo que las actividades de explotación económica no escapan a la tributación por ser desempeñadas en gran parte
por el estado y analizó que algunos aspectos deben ser tenidos en cuenta a fin de aplicar una inmunidad recíproca. En
primer lugar, la actividad protegida debe ser una actividad esencial de la entidad y que sea de interés público. En segundo
lugar, la inmunidad no debe favorecer a particulares. Y en tercero, la inmunidad no debe otorgar al beneficiado ventajas
en el mercado que perjudiquen la libre concurrencia.
Agregó que los servicios de salud son esenciales tal como lo dice la Constitución Federal, y que la actuación privada no
altera su relevancia, pero si el servicio es prestado con beneficios para particulares, la inmunidad no corresponde.
Finalmente analizó que perfectamente el hospital puede además de pacientes del SUS atender a particulares y se decidió
por no hacer lugar al recurso.
Seguidamente emitió su voto el ministro Toffoli quien expuso que si bien la actividad de salud es un deber público el art.
199 de la Constitución Federal dice que la asistencia a la salud es libre para la iniciativa privada, por lo que se podría decir
que existe un “mercado de la salud”. Por ello concluyó que los servicios de salud no están establecidos como exclusivos
del estado por lo que esta sociedad de economía mixta no puede tener ventajas siendo que existe competencia con
empresas privadas.
Por otra parte sostuvo que no ve en el hospital en cuestión una sociedad de economía mixta sino una institución controlada
en la cual como la empresa privada quebró, el Estado la desapropió para no dejar a la población sin el servicio esencial
de salud, pero ello no transforma la naturaleza de la empresa. Por lo tanto acompañó al ministro relator en su voto.
A continuación hizo una intervención el ministro Gilmar Méndez, quien dijo no estar de acuerdo con la posición del asistente
de la Unión, ya que existen muchas sociedades de economía mixta que llevan a cabo funciones que son típicas del
estado y que no existe ningún tipo de riesgos como alegó, porque eso va a depender de la finalidad de la sociedad.
Seguidamente el Presidente planteó una cuestión: en al caso concreto se dice que la empresa no es pública y no le corresponde
la inmunidad por menos de un uno por ciento de las acciones que se encuentra en manos de seis particulares,
pero ¿que pasaría si ese porcentaje mínimo fuera del estado? Cambiaría todo el régimen y le correspondería la inmunidad.
A eso respondió el Ministro Gilmar Méndez con otra pregunta: ¿por qué el estado no desapropió el 100% de la empresa?
Y sostuvo que más que en las acciones hay que hacer hincapié en el servicio que presta, que es un servicio público, agregando
el Ministro Ayres Britos que la actividad tiene relevancia pública porque la misma Constitución así lo establece.
En posición contraria, el ministro Lewandosky sostuvo, que así como en un principio la empresa era totalmente privada
existe la posibilidad de que esto vuelva a suceder; y que la Constitución Federal hace referencia a una actividad pública
pero que se comparte con la iniciativa de los particulares.
Posteriormente emitió su voto la Ministro Carmen Lúcia, quien dijo que si bien la actividad es pública, la sociedad no esta
por completo en manos del Estado y que si por alguna razón se privatizara totalmente, la inmunidad no tendría que regir.
Acompañó el voto el Ministro Relator.
El Ministro Lewandowsky sostuvo que en el caso en concreto no le parecía que los servicios prestados sean totalmente
públicos y se decidió también, por acompañar con su voto al Ministro Relator.

Programa Teixeira de Freitas 64
A su turno, habló el Ministro Ayres Britos, quien entendió que la actividad del hospital no es actividad económica porque
en el caso de autos la iniciativa privada es solamente para subsidiar una prestación pública que es un derecho fundamental,
y siendo la salud una verdadera responsabilidad de la Unión, hasta existe una agencia que controla la prestación del
servicio. Sumado a ello, manifestó, que el Estado desde la década del 70 controla mas del 99% de las acciones de la sociedad
en cuestión por desapropiación. En razón de todo esto, votó a favor de hacer lugar al recurso.
El Ministro Gilmar Mendez hizo referencia a los artículos 198 y 199 de la Constitución Federal y sostuvo que no existen dudas
acerca del completo dominio de la Unión sobre la sociedad en cuestión, y solicitó se haga lugar al recurso impetrado.
A posteriori, el Ministro Marco Aurelio, expresó que el artículo 173 de la CF, fija para las sociedades de economía mixta un
régimen particular, y que el hecho de que la unión tenga un control accionario de un 99% no transforma a los efectos de
la Constitución a la sociedad de economía mixta en una persona pública. En razón de ello acompañó al Ministro relator
en su voto.
Por último, el Presidente del Tribunal, Ministro Peluzo sostuvo que se estaba dando demasiada importancia a un aspecto
formal y que lo que hay que analizar es que en el caso concreto la Unión expropió casi todo el patrimonio de una empresa
y con eso mantiene la apariencia de una Sociedad Anónima. Sin embargo, consideró que la sociedad es pública por la
formación de su capital y por la función que realiza. Por ende, se expidió a favor del hospital.
Terminada la votación, el Ministro Toffoli explicó que después del debate no le habían quedado claros algunos puntos y
que quería rever su voto, por lo que solicitó vistas de las actuaciones.

ecurso eXtraordinario 564354
ORIGEN: SE – Sergipe
relator: min. cármen lúcia
sesión Plenaria del día 8 de sePtiembre de 2010
RECTE.(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RECDO.(A/S): LUIz FERNANDES DOS SANTOS
Programa Teixeira de Freitas 65
Brasilia, 8 de septiembre de 2010
Mariana Andrea Gamba Cremachi
Universidad Católica de Salta
Salta - Argentina
Se trata de un recurso interpuesto contra la acordada de la Sala Recursal de la Sesión Judiciaria del Estado de Sergipe que
concluyó que era posible la aplicación inmediata de la Enmienda Constitucional 20/98 a los beneficiarios jubilados antes
de su edición.
El objeto del recurso extraordinario es analizar la posibilidad de la aplicación inmediata de las enmiendas constitucionales
que alteran el límite de los beneficios previsionales a aquellos que se jubilaron antes de la edición.
En el caso de marras el autor de la acción originaria requirió su jubilación por tiempo de servicio proporcional en 1995,
momento en el cual el Instituto Nacional de Seguro Social efectuó el cálculo de su beneficio y aplicó el limitador vigente
en esa época. Con el advenimiento de la Enmienda Constitucional 20/98 que elevó los límites de los beneficios jubilatorios
el autor solicitó la revisión de su beneficio.
Se alegó en el recurso extraordinario que no es posible la aplicación de aquel aumento porque las leyes de materia previsional
se rigen por el principio tempos regit actum.
Se sustentó la violación a los artículos 5 inc. 26, 7 inciso 4 párrafo 5 de la Constitución Federal y de los artículos 14 de la
Enmienda Constitucional 20/98 y 5 de la Enmienda Constitucional 41/2003.
La Ministro Relatora, Carmen Lúcia, juzgó improcedente el recurso por estar en confronto con la jurisprudencia del STF.
Sostuvo que el jubilado en cuestión tiene derecho a que se le reconozca el derecho de que el valor de su beneficio sea
calculado en base al limitador más alto fijado por la norma constitucional enmendada.
El recurrente sostuvo que el artículo 14 de la enmienda constitucional 20/98 no autoriza la aplicación retroactiva y sin
embargo el Tribunal de Sergipi juzgó procedente el reajuste en contra del texto constitucional.
Sostuvo que se debe tener en cuenta el art. 151 párrafo 4 de la constitución que se refiere a los reajustes de los beneficios.
Solicitó que el recurso sea reconocido, que se haga lugar y que se deje sin efecto lo decidido por el Tribunal de Sergipi.
La Ministra relatora citó a la Procuración General de la República que se manifestó por el conocimiento parcial y por no
hacer lugar a lo solicitado en el recurso extraordinario. Entendió que la procedencia de la acción no traduce un reajuste
automático de todos los beneficios anteriores a la enmienda constituciona, sino una adecuación en aquellos casos en los
que la fijación resultó inferior a un mes de salarios y contribuciones.
La relatora concluyó que no se ofende en principio de irretroactividad de la ley ni los artículos 500 inciso 36, ni 7 inciso 4,
ni 195 párrafo 5 de la Constitución Federal, como así tampoco el artículo 14 de la enmienda constitucional 20/98.
Por todo lo expuesto conoció en parte del recurso y no hizo lugar a lo solicitado.
El ministro Toffoli sostuvo una posición divergente con la de la ministra relatora, expresando que la concesión de la jubilación
no sería un acto continuado sino un acto jurídico perfecto , por lo que si la jubilación le fue otorgada en 1995, una
reforma posterior no puede alterar su situación.
Agregó que la enmienda 20/98 no previó expresamente la aplicación retroactiva.
Entendió que se estaría por cometer una injusticia con aquellos que no se jubilaron proporcionalmente. Dijo que en el
caso en análisis no se aplica la cuestión del reductor ni el límite, porque el acto jurídico perfecto se basó en el artículo 202
de la Constitución Federal de aquel momento, que no incluía enmienda constitucional alguna.
A continuación la Ministra Carmen Lúcia respondió que la misma constitución hace diferencias y que no por ello se genera
una injusticia.
A continuación, emitieron sus votos los ministros Lewandosky y Barboza acompañando a la ministra relatora.
A su turno, el Ministro Ayres Britos expresó que los beneficios de la previsión social son derechos sociales que fija unilate-

Programa Teixeira de Freitas 66
ralmente el estado, no contractualmente con los particulares y que por ello, ante el silencio de la ley, la retroactividad opera
a favor del aposentado. Y es lo q ocurre en este caso, en el que la enmienda constitucional no previó la retroactividad.
Agregó que los salarios de los trabajadores se predisponen a amentar y no a disminuir y es a lo q se refiere la Constitución
Federal con el objeto de mantener el poder adquisitivo, por lo que entendió que si se fija un nuevo texto al respecto lo
que se trata es de aumentar, salvo que la enmienda dijera lo contrario. Finalmente, acompañó a la relatora conociendo del
recurso y no haciendo lugar.
Los Ministros Gilmar Mendez, Celso de Melo, Marco Aurelio y el presidente, Peluzo, después de acompañar con sus argumentos
el voto de la eminente relatora, no hicieron lugar al recurso
.La votación finalizó con el acuerdo de todos los ministro excepto de Díaz Toffoli.
re 626706 - recurso eXtraordinário
ORIGEM: San Pablo - SP
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES
recte.(s): municíPio de sÃo Paulo Paulo
RECDO.(A/S): ENTERPRISE VIDEO COMERCIAL E LOCADORA LTDA ME
Se trata de un recurso extraordinario en contra de la decisión del Tribunal de Justicia de San Pablo, que hizo lugar a la
apelación de la empresa recurrida entendiendo que no cabía la incidencia de impuestos sobre servicios de cualquier naturaleza
(ISS) sobre operaciones de locación de bienes muebles, filmes cinematográficos, videos tapes, cartuchos de video
game, con el fundamento de que no desenvuelven prestación de servicios.
La prefectura de San Pablo alegó la constitucionalidad del artículo 78 párrafo 1° de la ley municipal N° 10.423/87, que
previó la locación de muebles como hipótesis de incidencia de los ISS. Sustentó que la Constitución usó la expresión
servicios de cualquier naturaleza, dando amplitud mayor al concepto jurídico de servicios, con lo cual se podría englobar
operaciones de bienes móviles.
El ministro relator, Gilmar Mendez, invocó la Súmula N° 31 de marzo del corriente año la cual afirma la inconstitucionalidad
del impuesto de servicios sobre alquileres de bienes muebles.
La abogada del municipio de San Pablo expresó que existe un leading case que distingue entre la locación de bienes
muebles pura, que no conlleva impuestos, y la locación de inmuebles con prestación de servicios.
Recordó que en aquel caso el ministro Marco Aurelio sostuvo que si aparte de la locación de bienes muebles hubiese
prestación de servicio, el impuesto será sobre los servicios.
Citó parte de la Súmula vinculante N° 31 la cual expresaba que cuando hay alquiler de muebles y prestación de servicios,
los servicios si llevan impuestos.
No obstante que en el caso se desenvuelve una locación pura y simple de muebles, el municipio de San Pablo dice que
la Súmula se aplica solo a casos idénticos en los que la locación de bienes sea acompañada por prestación de servicios.
A continuación, el ministro relator sostuvo que no le asiste razón al recurrente porque en la súmula N° 31 de 2010 se dijo
que era inconstitucional la imposición de impuestos sobre la locación de muebles.
Concluyó que es inconstitucional la incidencia de impuestos sobre la locación de bienes muebles y sostuvo que en el caso
no hay prestación de servicios y no hizo lugar a lo solicitado por el recurrente.
El Tribunal reconoció la existencia de repercusión general de la cuestión constitucional suscitada y decidió por unanimidad
en los términos del voto del ministro Relator, no hacer lugar al recurso.

Programa Teixeira de Freitas 67
sesión Plenaria del día 15 de sePtiembre de 2010
acción directa de inconstitucionalidad 3462
ORIGEN: A - PARá
relatora: min. cármen lúcia
reqte.(s): Procurador-geral da rePública
REqDO.(A/S): GOVERNADOR DO ESTADO DO PARá
Brasilia, 15 de septiembre de 2010
Mariana Andrea Gamba Cremachi
Universidad Católica de Salta
Salta - Argentina
Se trata de una acción directa de inconstitucionalidad, con pedido de medida cautelar, entablada por el Procurador General
de la República contra la expresión “remisión, amnistía” que consta en el artículo 25 de la ley N° 6.489, del año 2002,
del Estado de Pará, la cual dispone sobre la Política de Incentivos al desenvolvimiento socio-económico de ese Estado.
El actor argumenta que la ley de Pará está en contra de lo dispuesto en el párrafo 6° del artículo 150 de la Constitución
Federal, que exige la sanción de ley específica para la concesión de amnistía o remisión tributaria y en el caso la ley no
cuenta con las características que la Constitución exige.
El abogado del Estado de Pará solicitó una modulación en la declaración de la inconstitucionalidad. Explicó que la legislación
paraense que permitía la amnistía no causó un impacto regional y menos un impacto negativo. Agregó que esta ley
tiene su origen en el intento de los estados más pobres de defender su evolución económica siendo que la normativa que
se cuestiona genera trabajo, rentas, etc.
Expresó que durante tres años esta ley generó expectativas, creó industrias, trabajo y en razón de ello y del impacto positivo
que tuvo para el Estado de Pará es que se solicitó la modulación en la declaración de inconstitucionalidad.
La ministra relatora, Carmen Lucia, confirmó la medida cautelar declarada por ese mismo Tribunal, sostuvo que la jurisprudencia
es pacífica en cuanto a la inconstitucionalidad.
El ministro Ayres Britos manifestó que en su opinión se debe hacer lugar a la modulación de efectos y que su postura encuentra
sustento en el artículo 3° de la Constitución Federal que se refiere a la reducción de efectos para lograr la igualdad
entre los estados.
Posteriormente, el Ministro Marco Aurelio hizo referencia a una ley del Estado de San Pablo que da la posibilidad de otorgar
amnistías en el campo tributario y en el caso de esos beneficios se requirió una ley específica. Rechazó la modulación
porque implicaría dejar en segundo plano a la Constitución.
A continuación el Ministro Gilmar Méndez explicó que en este caso es el mismo ordenamiento jurídico el que pide la
modalidad, ya que de un lado se encuentra el Estado de derecho buscando la legalidad, pero del otro está buscando la
seguridad jurídica, por lo que en su opinión adoptar la modulación no significa estar violando la Constitución.
A fin de explicar mejor su postura dio un ejemplo de Jellinek, quien decía que declarar inconstitucional una ley electoral
después de las elecciones a gobernador sería una masacre contra la democracia.
El Ministro Marco Aurelio sostuvo que no había el quórum necesario para resolver la modulación y propuso que si el
Ministro Lewandowsky que no estaba presente votaba por la modulación, se modulaba y si vota lo contrario se esperará
hasta que haya un nuevo miembro en el STF.
Como consecuencia del planteo, el Presidente Cesar Peluso entendió que no tenía sentido esperar hasta la sesión siguiente
para resolver la modulación y juzgó procedente la acción por votación unánime sin modulación de efectos.
El Plenario por unanimidad declaró la inconstitucionalidad del artículo 25 de la norma cuestionada lo cual autoriza al
Poder Ejecutivo a conceder remisión y amnistía tributaria.
RECURSO EXTRAORDINARIO 537427
ORIGEN:SP – SAN PABLO
RELATORA: MIN. MARCO AURÉLIO
REQTE.(S): SOUZA CRUZ S/A
REQDO.(A/S): ANTONIO GLUGOSKY
Se trata de un recurso extraordinario interpuesto por la empresa de tabaco Souza Cruz en contra de la resolución que hizo
lugar a la acción indemnizatoria por daños materiales causados a un supuesto fumador de cigarrillos de la mencionada

Programa Teixeira de Freitas 68
empresa. El recurso alegó violación a los artículos 5° inciso 54 y 55, 37 párrafo 6º y 98 de la Carta de la República.
Según la empresa Antonio Glugosky alegó pero no probó que por aproximadamente 44 años había fumado los cigarros
de la empresa demandada, que el sería dependiente del producto y que la propaganda de la empresa sería engañosa.
Sostuvo que el pedido de indemnización estaba basado en una imaginaria responsabilidad civil objetiva.
Por otra parte, la empresa demostró en su defensa la incompetencia del Juzgado Especial de pequeñas causas para juzgar
demandas complejas desde el punto de vista fáctico probatorio, ya que los procesos que tramiten ante ellos son de carácter
sumarísimos. Citó a Savigny quien dijo que el derecho de acción es un derecho armado
para la guerra, y explicó que en este caso la otra parte no tiene la posibilidad de defenderse.
Alegó también, que desde el punto de vista del Código de Defensa del Consumidor no existe responsabilidad objetiva
de la empresa por cuanto el cigarrillo no es un producto defectuoso, sus riesgos son ampliamente divulgados y su propaganda
no es engañosa.
Asimismo, sostuvo que tampoco existe responsabilidad civil subjetiva, toda vez que la actividad de la empresa es lícita y
regulada por el poder público.
La empresa solicitó al STF que haga lugar al recurso interpuesto a fin de que la acción indemnizatoria sea juzgada improcedente.
Solicitó se declare la incompetencia absoluta del Juzgado Especial interviniente y la anulación de la decisión a fin
de que se produzcan las pruebas que fueron negadas.
El Ministro Marco Aurélio, relator, sostuvo que la competencia de la materia contenida en el recurso es de competencia del
STF y no del STJ porque el caso envuelve al artículo 98 inciso I de la CF sobre las atribuciones de los Juzgados Especiales
que deben actuar en causas menos complejas.
Para el Ministro Marco Aurélio, la actividad ejercida por la empresa es legítima, autorizada por ley, y que incluso el Estado
cobra impuestos por ella.
Afirmó que el caso no presenta un conflicto simple y que por tanto la materia exige una dilación probatoria mayor.
A continuación el ministro Toffoli, y Barboza acompañaron al relator en cuanto al reconocimiento de la incompetencia
de los Juzgados Especiales en este caso. Así también lo hizo la ministra Carmen Lúcia pero aclarando que lo hacía por las
peculiaridades del caso pero que no abandonaba la postura sostenida en otros plenarios.
Por último el Ministro Ayres Britto pidió vista de las actuaciones.

Programa Teixeira de Freitas 69
ACOMPAñAMIENTO DE ACTIVIDADES EN GABINETES DE LOS MINISTROS LEWANDOWSKy
y GILMAR MENDES
Brasilia, 13 de octubre de 2010
Mariana Andrea Gamba Cremachi
Universidad Católica de Salta
Salta - Argentina
El gabinete del ministro Lewandowsky está dividido en arias de trabajo según los tipos de causa a resolver.
Tiene cinco asesores que trabajan en diferentes materias; en este momento son todos de carrera, que ingresaron por
concurso y después fueron invitados a formar parte del gabinete por el propio ministro.
Asimismo, cuenta con una secretaría que es la que da ingreso a los expedientes.
Es importante destacar que el gabinete del Ministro Lewandowsky adoptó un sistema de Gestión de Calidad, basado en
las normas ABNT NBR ISO 9000, obteniendo el correspondiente certificado en 2008. El objetivo de esta certificación es el
de operar con suceso, eficacia y transparencia sus actividades, para así brindar una justicia más ágil y eficaz en pro de la
satisfacción de la sociedad.
El primer día en el gabinete, estuve en el área de Agravios de Instrumento, recurso que se interpone ante el Supremo
Tribunal Federal (STF) contra decisiones que no admiten recurso extraordinario.
Con respecto a este tipo de causas el trabajo se divide entre personas que resuelven los casos y una encargada de la revisión
que terminado el proceso los coloca en el despacho del ministro para la firma.
Poseen un programa en el cual se cargan los casos y allí consta quien lleva la causa, y la etapa del proceso en que se encuentra
(elaboración, corrección, liberado para la firma).
Todos los servidores del gabinete tienen un número que los identifica y lo colocan en todos los expedientes de los que
se encarga.
El ministro Lewandowsky firma las resoluciones a través de firma digital.
El segundo día en el gabinete, me dirigía al sector donde se resuelven las acciones que son de competencia originaria del
STF. Allí Mónica me fue explicando las de mayor relevancia.
En primer lugar, podemos decir que la Acción Directa de inconstitucionalidad tiene como objetivo el control de un acto
normativo en abstracto, no en un caso concreto. Lo que se busca saber, es lato sensu, si la ley es inconstitucional o no.
Esta acción es limitada en cuanto a las personas legitimadas para interponerla. La propia Constitución Federal establece
en su artículo 103 que la Acción Directa de Inconstitucionalidad para cuestionar una ley o acto normativo federal o estadual
solo podrá ser interpuesta por: el Presidente de la República, el Senado Federal, la Cámara de Diputados, la Legislaturas
estaduales, el Gobierno de un Estado o del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Consejo Federal de
Abogados, partidos políticos con representación en el Congreso Nacional y Confederaciones Sindicales de ámbito nacional.
Asimismo, los gabinetes entienden originariamente en Arguição de descumprimento de precepto fundamental (ADPF)
la cual será apreciada directamente por el STF, en forma de ley. Esta acción puede interponerse en la modalidad de acción
autónoma o por equivalencia o equiparación. La primera tiene por objeto evitar o reparar lesión a algún precepto
fundamental resultante del Poder Público. La segunda se refiere a la posibilidad de interponerse cuando fuera relevante
el fundamento de la controversia constitucional sobre ley o acto normativo federal, estadual o municipal, incluidos los
anteriores a la Constitución.
En cuanto a las personas legitimadas para proponer la acción, son las mismas que en la Acción Directa de Inconstitucionalidad.
Con respecto a sus efectos, una vez juzgada la acción, se la comunica a las autoridades u órganos responsables por la
práctica de los actos cuestionados, fijándose las condiciones y el modo de interpretación y aplicación del precepto fundamental.
La decisión tiene efecto erga omnes y efecto vinculante respecto de todos los demás órganos del Poder Público.
Por otra parte, el Supremo Tribunal Federal entiende en forma originaria en la Acciones Directas de Inconstitucionalidad
por Omisión. El objetivo de esta acción es tornar efectivas normas constitucionales destituidas de efectividad, para ello
se dará al poder competente las directrices para la adopción de las medidas necesarias, pudiendo ser quien se encuentra
en falta no solo el poder legislativo, sino también el ejecutivo y hasta el propio judicial. Las personas legitimadas para la
interposición de la acción son las mismas que en la ADI. Con respecto a esta acción, cabe aclara que es bastante discutida
la facultad del STF para elaborar una norma y suprimir la omisión, en virtud del principio de separación de poderes.
Otra de las acciones de competencia originaria del STF es la Acción Declaratoria de Constitucionalidad, siendo el objetivo
de este instituto declarar la constitucionalidad de ley o acto normativo federal.
Llamó mi atención esta acción en virtud de que si toda ley en principio se presupone constitucional, cual sería la razón

Programa Teixeira de Freitas 70
para precisar de la declaración de constitucionalidad por parte del Poder Judicial? Me fue explicado que aquella presunción
es relativa, consecuentemente, el objetivo de esta acción sería transformar una presunción relativa de constitucionalidad
en una absoluta.
Los legitimados para la interposición de la acción, son los mismos que en la ADI.
Por otra parte el STF también juzga en lo relativo a las Reclamaciones Constitucionales que se dan en aquellos casos en
que un juez no hubiese respetado lo decidido en alguna de las acciones anteriores que tiene efecto vinculante. En ese
caso, la persona perjudicada, reclama ante el STF por el cumplimiento de esa directriz vinculante.
El tercer día estuve con los servidores encargados del área de Recurso Extraordinario y de Repercusión General.
Cabe Recurso Extraordinario en las causas decididas en única o ultima instancia. Son interpuestos contra decisiones de
los Tribunales de Justicia de los Estados, Tribunales Regionales Federales, Tribunal Superior electoral, Tribunal superior del
Trabajo, Superior Tribunal de justicia, Juzgados Especiales Federales y Juzgados Especiales Civiles y Criminales.
Fue el instituto de la Repercusión General el que más llamó mi atención, en virtud de que no existe en Argentina instituto
similar.
Me fue explicado que en los agravios de instrumento para decidir si el caso tiene o no repercusión general solamente
se controla que ella haya sido alegada por la parte, no existen requisitos taxativos a cumplir, la evaluación es bastante
subjetiva.
Para decidir si la causa cuenta o no con esta característica, la votación se efectúa a través del Plenario Virtual. El procedimiento
es el siguiente: uno de los ministros analiza el caso y realiza su voto explicando porque considera que existe o no
repercusión general en ese proceso; a continuación los otros ministros votan virtualmente sin necesidad de argumentar
su voto, aunque pueden hacerlo en caso de que así lo desearen.
En el caso de los recursos extraordinarios interpuestos por impugnación a resoluciones posteriores al tres de mayo de
dos mil siete, el recurrente debe demostrar la existencia de la repercusión general de la cuestión constitucional suscitada,
a través de la indicación de las cuestiones relevantes desde el punto de vista económico, político, social o jurídico, que
deben ultrapasar los intereses subjetivos de las partes.
Los recursos a los que se le niega la repercusión general directamente no serán conocidos.
El último día en el gabinete, tratamos la temática de los Habeas Corpus, los cuales se interponen ante la inminencia de
sufrir una violencia o coacción en la libertad de locomoción por ilegalidad o abuso de poder.
El Habeas Corpus es de competencia originaria del STF en las causas en las cuales las personas afectadas sean el Presidente
de la República, el Vicepresidente, los miembros del Congreso, sus Ministros, el Procurador General de la República, Ministros
de estado y Comandantes de Marina, Ejército y Aeronáutica, los miembros de los Tribunales Superiores, del Tribunal
de Cuentas de la Unión y de los jefes de misiones diplomáticas.
También en los Habeas Corpus cuando el coautor fuera un Tribunal Superior o cuando o el coautor o el autor fuera autoridad
o funcionario público cuyos actos estén sujetos directamente a jurisdicción del Supremo Tribunal Federal o se trate
de crímenes sujetos a la misma jurisdicción en una única instancia.
Me resultó interesante la cuestión de los procesos electrónicos, lo cual según me fue mostrado, se está aplicando en los
Habeas Corpus. Considero un gran avance de la tecnología que contribuirá a la celeridad de los proceso, a hacerlos más
economía y también redundará en beneficio para el medio ambiente al no tener que utilizar el soporte material de papel.
A la semana siguiente acompañé las actividades en el gabinete del Ministro Gilmar Mendes. Posee una organización
similar a la del gabinete del ministro Lewandowsky, en cuanto está dividida por áreas de trabajo, posee asesores, técnicos
y analistas.
En cuanto a las tareas allí realizadas, estuve acompañando la labor de los pasantes brasileros que allí se desempeñan.
Leyendo causas, analizándolas y colaborando con las resoluciones.
Participe en la resolución de mandatos de injunción, los cuales se interponen ante omisiones de los otros poderes cuando
la Constitución Federal les impone legislar o reglamentar alguna temática.
Asimismo, en Reclamaciones que se ejercen ante una decisión de un Tribunal inferior que no sigue el criterio del STF.
Por otra parte, intervine en la pesquisa de jurisprudencia a fin de determinar si ciertos agravios de instrumento poseían
o no repercusión general. Esa pesquisa se efectúa en la misma página del tribunal, a través de palabras claves y una vez
determinado si el caso posee o no repercusión general, se coloca en un armario para la posterior distribución entre los
empleados para su resolución.

VISITA AL CONGRESO NACIONAL DE BRASIL
Programa Teixeira de Freitas 71
Brasilia, 19 de agosto de 2010
Mariana Andrea Gamba Cremachi
Universidad Católica de Salta
Salta - Argentina
En fecha siete de agosto de dos mil diez visité el Congreso Nacional, sede del Poder Legislativo de la República
Federativa de Brasil.
Se encuentra ubicado en el Eje Monumental de la ciudad de Brasilia, más específicamente en la Plaza de los Tres Poderes,
y fue diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer, quien concluyó la obra en 1960. Es considerado el mayor símbolo de la
capital de Brasil. Está formado por dos torres gemelas y dos semiesferas, una cóncava y otra convexa. Asimismo, posee por
el frente y por la parte de atrás, espejos de agua que engrandecen tan magnífica obra.
Con respecto al tamaño de las cúpulas y al hecho de que una sea cóncava y la otra convexa, las personas han tratado de
buscarle una explicación, y si bien Oscar Niemeyer manifestó que no es más que una cuestión de diseño, y que la Cámara
de diputados es mayor que la de Senadores por una razón cuantitativa, suele decirse que la primera es convexa y de mayor
tamaño porque la Cámara de diputados representa al pueblo y está abierta hacia él y la de Senadores en cambio, es más
cerrada, reservada a menos personas.
Una vez adentro del edificio, lo primero que uno puede observar es el Salón Negro que es la entrada principal al Congreso
y que recibe este nombre por el color de su piso. Se encuentra decorado con un gran panel de mármol y granito.
Posteriormente, la visita continúa por el Salón Nobre, espacio destinado a la recepción de los Jefes de Gobierno o Estado
por el Presidente de la Cámara de Diputados. Allí nos fue mostrado a los turistas un video con explicaciones básicas acerca
de la labor de los legisladores en el Congreso.
Siguiendo con el recorrido, nos adentramos en el Salón Verde -llamado así por el color de su alfombra- en el cual los periodistas
generalmente entrevistan a los diputados; aparte de ser el acceso al Plenario. Llaman la atención en este lugar
obras de distintos autores, entre ellas una maqueta, un panel de azulejos y la escultura de un pájaro. Pude observarse allí
también, fotos de ex presidentes de la Cámara.
Tuve la posibilidad por ser sábado de conocer la Oficina del Presidente de la Cámara, donde se encontraba una mesa
grande para reuniones y unos sillones. Desde un ventanal podía verse el Supremo Tribunal Federal.
Más tarde, ingresamos al Plenario. Posee el nombre de Ulysses Guimaraes en reconocimiento al diputado que presidió en
1988 la Asamblea Constituyente, y es donde los diputados llevan a cabo su tarea legislativa a través de la discusión y votación
de los proyectos de Leyes. Para este último fin, el Plenario cuenta con un sistema de votación electrónica que registra
el nombre y el voto de todos los diputados. Cabe destacar que hay alrededor de 100 butacas menos que la cantidad de
diputados existentes, lo que no complica la votación por efectuarse esta a través de la lectura de huellas digitales y poder
hacerse desde cualquier asiento, pero que no resulta igualmente del todo cómodo.
En el mismo predio, en la parte superior, puede observarse una Galería que fue pensada para que los ciudadanos puedan
asistir a las sesiones y para que desde allí los periodistas den publicidad a los trabajos de la Cámara. No tuve la oportunidad
de presenciar una sesión.
Además de los salones principales, la Cámara de Diputados posee cuatro anexos donde se encuentran los gabinetes de
los diputados, las comisiones y oficinas donde se realizan tareas administrativas.
Finalizada la visita a la Cámara de Diputados, nos dirigimos hacia la de Senadores atravesando una sala en la que se encontraban
las banderas de los diferentes estados de Brasil, colocadas de adentro hacia afuera según la fecha de su fundación.
Una vez en el Plenario, pude notar que era más pequeño que el de diputados, lo cuál se justifica por la cantidad de legisladores
que trabajan en una y en otra.
Los diputados, elegidos en proporción a la población de cada estado, son actualmente 513, no pudiendo ser menos de 8
ni más de 70 por cada uno de ellos. En cambio los senadores, elegidos por un sistema de mayoría, son solo tres por cada
uno de las 27 unidades de la Federación.
Al salir del Plenario, atravesamos un túnel donde se encuentra una muestra de cuadros, fotografías y recortes periodísticos
de las antiguas sedes del Senado, y de donde salen pasillos en los que se hallan las oficinas de algunos senadores. Al final
del túnel, puede verse mobiliario original de un antiguo Plenario.
En lo atinente a la sede del Congreso Nacional, al igual que toda la ciudad, me sorprendió y gustó por su arquitectura
moderna, muy diferente a la del Palacio del Congreso de mi país, Argentina, sito en la Ciudad de Buenos Aires, cuya obra
iniciada hace mucho tiempo atrás (1897) y también de muy buen gusto, es de estilo greco-romano.
Con respecto al sistema aplicado en Argentina y en Brasil, encontré la principal diferencia en la cuestión de los topes
mínimos y máximos para la elección de diputados en los diversos estados. Creo que en países de vastos territorios y de

Programa Teixeira de Freitas 72
población dispar como es el caso de éstos, el sistema brasilero resulta más eficaz, toda vez que permite una menor disparidad
entre aquellos lugares en los que se encuentra una mayor concentración de la población y en los que hay una menor
densidad poblacional.
Me sorprendió para bien, el hecho de que los plenarios estén tan preparados para la recepción de personas en general y
periodistas, lo que permite una mayor publicidad y transparencia, debido al seguimiento que puede hacer la población
de la labor de sus representantes.
En lo personal, me gustó mucho la visita al Congreso y la considero enriquecedora a los fines de conocer cada día más el
funcionamiento de un importante miembro del MERCOSUR como es Brasil.

RELATO VISITA AL CONSEJO NACIONAL DE JUSTICIA
Programa Teixeira de Freitas 73
Brasilia, 26 de agosto de 2010
Mariana Andrea Gamba Cremachi
Universidad Católica de Salta
Salta - Argentina
El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) es un órgano dedicado al control y transparencia de la actividad judicial perfeccionando
de esta forma el servicio público de Justicia. Fue instituido por mandato de la Constitución Federal y su actividad
es administrativa, no tiene jurisdicción.
Fue creado en el año 2004 e instalado en el 2005 provisoriamente en anexo I de la sede del Supremo Tribunal Federal, pero
algunos de sus miembros tienen sus oficinas en el TSU.
Dentro del STF, el CNJ posee una sala para realizar sus audiencias orales, amoblada con 15 sillas para los doce consejeros
y los tres ministros, y sillas para el público en general, ya que las audiencias son abiertas.
Asimismo, tienen asignado un corredor en el que se encuentran las oficinas de los consejeros, y otro en el que se ubican
las de presidente, si bien él por presidir también el STF tiene la suya en el tercer piso del edificio principal.
El CNJ es un órgano del Poder Judicial, y si bien su sede se encuentra en Brasilia, su actuación es en todo el país.
Está compuesto por quince miembros con mandato de dos años, admitida una renovación.
Sus miembros son:
• El Presidente del Supremo Tribunal Federal, Ministro Cesar Peluzo en este momento.
• Un Ministro del Superior Tribunal de Justicia, que será el Corregidor Nacional de Justicia;
• Un Ministro del Tribunal Superior de Trabajo;
• Un Magistrado del Tribunal de Justicia;
• Un Juez Estadual;
• Un Juez del Tribunal Regional Federal;
• Un Juez Federal;
• Un Juez de Tribunal Regional del Trabajo;
• Un Juez de trabajo;
• Un Miembro del Ministerio Público de la Unión;
• Un Miembro del Ministerio Público Estadual;
• Dos abogados;
• Dos ciudadanos de notable saber jurídico y reputación elevada.
Como ya mencioné, la presidencia del Consejo Nacional de Justicia es ocupada por el Presidente del Supremo Tribunal
Federal pero en caso de su ausencia o impedimento, el vice-presidente del STF lo sustituye.
La Secretaría General del Consejo, creada en junio de 2005 como órgano subordinado a la Presidencia, tiene por finalidad
principal la de asesorar técnica y administrativamente las actividades realizadas en el CNJ.
Otro de los organismos del Consejo, es el Departamento de Pesquisas Judiciarias (DPJ), responsable del acompañamiento,
desenvolvimiento de proyectos y relatos de pesquisa sobre el Poder Judicial, en el ámbito del Consejo Nacional de Justicia.
El objetivo del Departamento es desenvolver y fomentar búsquedas sobre el Poder Judiciario brasilero, tanto en lo que se
refiere al levantamiento y sistematización de datos estadísticos sobre él, cuanto en lo que se refiere al análisis comparado
con la estructura y funcionamiento de los poderes judiciales de otros países, especialmente los latino-americanos.
Entre los objetivos del DPJ está también la publicación de los datos colectados para efecto de pesquisa y producción académica,
contribuyendo de esta forma con la transparencia.
Las Comisiones del CNJ son instancias que estudian temas y actividades específicas de interés del Consejo en busca de
soluciones para el Poder Judicial.
Actúan en los más diversos ámbitos, promoviendo campañas, elaborando propuestas para mejorar el funcionamiento de
los tribunales, o acompañando la generación de leyes que tramitan en el Congreso sobre el Poder Judicial.

Programa Teixeira de Freitas 74
Las Comisiones del CNJ están instituidas en su Reglamento Interno, con atribuciones especificadas:
discutir y votar las proposiciones sujetas a deliberación que les fueran distribuidas;
realizar audiencias públicas con órganos públicos, entidades de sociedad civil o especialistas;
recibir requerimientos y sugestiones de cualquier persona sobre un tema en estudio o debate en su ámbito de actuación;
estudiar cualquier asunto comprendido en el respectivo campo temático o área de actividad, pudiendo proponer, en el
ámbito de las atribuciones para las cuales fueran creadas, la realización de conferencia, exposiciones, o seminarios.
En virtud de lo aprendido acerca del Consejo Nacional de Justicia, creo que puede encontrarse algunas similitudes con un
órgano de mi país llamado Consejo de la Magistratura, que aparte de contribuir con la transparencia del Poder Judicial, es
el encargado de realizar los concursos para ocupar lo cargos de jueces.

RELATO VISITA AL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Programa Teixeira de Freitas 75
Brasilia, 16 de septiembre de 2010
Mariana Andrea Gamba Cremachi
Universidad Católica de Salta
Salta - Argentina
En fecha 16 de septiembre de 2010 visité el Superior Tribunal de Justicia, el cual fue creado por la Constitución Federal de
1988 y es la última instancia instituida para las causas en las que se plantean cuestiones Infra-constitucionales. Su competencia
se extiende a procesos provenientes de todo el territorio nacional.
El Superior Tribunal de Justicia juzga los crímenes comunes cometidos por gobernadores de los estados y del Distrito Federal,
crímenes comunes de los Jueces de los Tribunales de Justicia, habeas corpus que involucren autoridades del estado,
entre otros casos.
El STJ está compuesto por 33 ministros – de los cuales 3 de ellos tienen funciones administrativas - y deben tener entre
35 y 65 años.
Fue organizado por un criterio de especialización, posee tres cesiones de juzgamiento, cada una compuesta por dos turmas
de cinco ministros cada una y presidida por el ministro mas antiguo. Sobre ellas, se encuentra la Corte Especial que
es el máximo órgano del Tribunal que resuelve conflictos de competencia entre Turmas de diferentes sesiones y en otros
casos expresamente determinados. Las votaciones se efectúan de la misma forma que en el Supremo Tribunal Federal,
comenzando por el ministro relator y después en orden de antigüedad. El STJ solo sesiona con la totalidad de sus ministros
para las cuestiones administrativas.
Cada una de las sesiones tiene un tema, una es de Derecho Público, otra de Derecho Privado y la última de Derecho Criminal.
En caso de haber diferencias entre las Turmas la sesión decide.
Con respecto a la sede, se trata de un edificio diseñado por Oscar Niemeyer, de estilo moderno que cuenta con numerosas
salas. En las turmas como en las sesiones, los ministros se encuentran en la parte inferior y las visitas más elevadas, representando
que es la justicia la que sirve al pueblo.
El STJ también posee un museo que funciona desde 1990 en el que se pueden observar desde exposiciones permanentes
de muebles antiguos del Tribunal y trajes de gala sus miembros, hasta exposiciones transitorias de arte.
Como curiosidad, llamó mi atención que el Superior Tribunal de Justicia tiene el cien por ciento de su trabajo digitalizado.
Una vez finalizada la visita general por el STJ tuve la oportunidad de presenciar por media hora una Turma y posteriormente
fui a visitar el gabinete de la Ministra Maria Thereza Rocha donde conocí a sus servidores y pasantes y pude ver su
funcionamiento.

Supremo Tribunal Federal
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