LECTURAS UNO DE AGOSTO DE 2008 - Insumisos

El canje humanitario y la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, como
símbolo de los rehenes en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ha
movido a millones de personas a clamar la libertad de todos los secuestrados y a exigir la
desarticulación de la guerrilla.
Pero, el conflicto colombiano no genera sufrimiento de un solo lado, la realidad tiene dos caras.
Frente a los más de 700 rehenes en manos de las Farc se encuentran los 7.200 presos políticos del
Estado, quienes enfrentan cargos por "rebelión o conexos".
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos colombianos (Cspp), defensor de los derechos
humanos y en permanente alerta sobre la situación que viven estos detenidos, afirma que las
violaciones a las garantías de los reclusos son constantes por parte del Estado.
"Aun cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dice que en las cárceles no hay
distinción de presos, que todos son iguales y se envían a cualquier penal, en la práctica la
diferencia de trato que recibe el preso político, del reo social y del paramilitar sí existe", indicó
Carolina Rubio, representante del Cspp en Santander en conversación con Últimas Noticias. Para
Rubio, la política del Inpec es sólo parte de la estrategia gubernamental para desconocer el
conflicto armado que vive Colombia.
Delito: ser campesino. El Cspp divide la población penal que atiende en dos grupos: aquellos que
forman parte de la insurgencia armada y los que dentro de la vida civil hacen oposición al Estado
en la búsqueda de un cambio social.
Los primeros representan unos 1.500 detenidos y los segundos, entre los que se encuentran
estudiantes, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, familiares de los miembros de la
guerrilla, madres y campesinos, suman los 5.700 presos políticos restantes. Y dentro de este
grupo, la mayoría son campesinos.
"El campesino está preso porque la insurgencia habita en su zona. Milite o no milite, piense igual o
no, está preso.
Llega a estar en las cárceles", afirma Rubio.
Según explica, tras la decisión del Gobierno de generar un movimiento nacional de informantes
contra la guerrilla, con un sistema de recompensa, se han producido casos de acusaciones falsas
sobre campesinos basadas en diferencias vecinales y en odios personales.
Además, comentó Rubio, los jueces no piden pruebas de las acusaciones para condenar al
denunciado. Sólo les basta con su apreciación subjetiva sobre la veracidad del hecho y la
confiabilidad del testimonio de al menos dos personas.
Sistema penal. Como parte de su política penitenciaria, el Estado colombiano estableció acuerdos
con Estados Unidos y el Buró Federal de Prisiones y creó un conjunto de centros de alta seguridad
que funcionan a imagen y semejanza de las cárceles estadounidenses.
Al respecto, el Cspp manifiesta que este modelo carcelario aniquila al ser humano y dentro de él
se vulneran los derechos humanos de los reos.