LECTURAS UNO DE AGOSTO DE 2008 - Insumisos

El referendo fue convocado para frenar la ofensiva de los autonomistas, que este año celebraron
varios plebiscitos en los departamentos de la “media luna”, que se saldaron con victorias que
contabilizaron hasta 80 por ciento de votos afirmativos. La derecha está creando un clima de
polarización para evitar una consulta en la que tiene todas las de perder, porque la popularidad
del gobierno es muy alta como resultado de los importantes cambios intoducidos en estos dos
años y medio.
El primer elemento a tener en cuenta es que dos tercios de los bolivianos se perciben indígenas,
siendo la primera vez en su historia que tienen un presidente de su misma cultura. El segundo es
que el gobierno está generando algunas transferencias hacia los más pobres como el bono escolar
Juancito Pinto, por el cual 1 millón 800 mil escolares perciben 200 bolivianos anuales (28 dólares)
para frenar la deserción; además de la renta Dignidad, de hasta 3 mil bolivianos (425 dólares), que
reciben 570 mil mayores de 60 años, y que se financia con el Impuesto Directo a los
Hidrocarburos. El tercero consiste en cambios estructurales que redundan en el fortalecimiento
del papel del Estado en la economía y en una importante mejora económica del país, en parte por
el aumento de los precios internacionales de los hidrocarburos. Las reservas internacionales
pasaron de mil 700 millones de dólares antes de Evo, a los 7 mil millones actuales y a fin de este
año las exportaciones se habrán multiplicado por cinco, destacando minerales, hidrocarburos y
agroindustria.
Según García Linera, la participación del Estado en la economía pasó de 13 a 22 por ciento en estos
30 meses; en cuanto a la renta petrolera, el Estado pasó de controlar 27 por ciento a 75 por
ciento, elevando sus ingresos de 500 a 2 mil millones de dólares anuales. En el área de minería,
tercer núcleo de poder, el Estado pasó a controlar 55 por ciento de las ganancias (luego de la
aprobación de la ley de impuestos y gravámenes mineros) frente a sólo 20 por ciento que recibía
antes. Además, ha ingresado en el negocio a través de la minas Huanuni y Vinto, y prevé poner en
marcha cuatro proyectos de explotación para 2009. Aún sin nacionalizaciones confiscatorias, los
cambios son notables.
En el área de ganadería y agroindustria, el Estado dejó de transferir a los grandes productores 150
millones de dólares anuales en infraestructura y apoyo técnico, para abrir un programa de apoyo a
pequeños y medianos productores de arroz, trigo, maíz y soya. Comenzó a intervenir en el
mercado soyero, comprando a pequeños productores, a los que paga precios superiores a los del
mercado. Este año espera manejar 80 mil toneladas, 10 por ciento de la producción total. De los
cuatro principales sectores, único donde el Estado no interviene es la banca.
Estos cambios, que tienden a profundizarse, explican el boicot y las amenazas de las clases
dominantes, que perciben la posibilidad de recibir un duro golpe. Luego de ganar el referendo, el
gobierno llevará a las urnas la nueva Constitución, aprobada por la Asamblea Constituyente el 9 de
diciembre de 2007. Hasta ahora se abstuvo de dar este paso por la relación de fuerzas creada, en
los primeros meses del año, por la ofesnsiva de la derecha con la convocatoria de los referendos
autonómicos.
Puede objetarse que el gobierno no le ha plantado cara a la oligarquía de Santa Cruz con la fuerza
necesaria, en particular en la polémica cuestión de la tierra. Hasta ahora se han entregado unas
800 mil hectáreas, de los 30 millones que se espera transferir a 200 mil familias campesinas. Se
están repartiendo tierras fiscales sin tocarse a los latifundistas, que boicotean de forma violenta
los trabajos del Ministerio de Tierras en Santa Cruz, donde aún viven comunidades indias en