El nuevo régimen jurídico del FROB - Gómez-Acebo & Pombo

&
Análisis
necesidad de usar fondos públicos para resolver
una crisis, los ministros de finanzas o
cualquier otro ministro relevante en los Estados
miembros deben participar activamente,
desde un primer momento, en el proceso de
gestión y de resolución de la crisis”.
Por dicha razón cobra especial importancia,
sin perjuicio del respeto del deber de secreto
sancionado en el artículo 57, la transparencia
que debe presidir la actuación del FROB.
Como medida para garantizar esta transparencia,
el Real Decreto Ley contempla una
comparecencia trimestral, al margen de las
que puntualmente pudieran establecerse, del
Presidente de la Comisión Rectora ante la
Comisión de Economía y Competitividad del
Congreso de los Diputados, para informar sobre
la evolución de las actividades desarrolladas
y sobre los elementos fundamentales de
su actuación económico-financiera.
Esta necesaria transparencia en la actuación
del FROB, justificada por la enorme amplitud
de los poderes otorgados a dicha entidad y su
excepcional régimen jurídico, exigiría que el
informe que trimestralmente debe elevar la
Comisión Rectora del FROB a la Administración
General del Estado y que debe ser trasladado
al Congreso de los Diputados, fuera
de general y público conocimiento, hecho que
lamentablemente, hasta la fecha actual, no
ha sucedido.
SEPTIEMBRE 2012
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El carácter público del FROB se refuerza
igualmente con la desvinculación del FROB
respecto al Fondo de Garantía de Depósitos
e, indirectamente, de las Entidades de crédito.
Por dicha razón, el Real Decreto Ley
establece que el FROB se financiará con las
dotaciones que se realicen con cargo de los
Presupuestos Generales del Estado, desapareciendo
la referencia anterior a la dotación
del Fondo de Garantía de Depósitos, sin perjuicio
de que, adicionalmente, pueda captar
financiación ajena para el cumplimiento de
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sus fines, ya sea en términos de emisiones de
valores de renta fija o de cualquier otra operación
de endeudamiento, si bien con el límite
máximo que anualmente se establezca en los
Presupuestos Generales del Estado.
Esta regulación de la financiación del FROB
se completa con las previsiones de la disposición
adicional sexta sobre el régimen jurídico
del otorgamiento por la Administración General
del Estado de avales en garantía de las
obligaciones exigibles a dicha entidad como
consecuencia de sus operaciones de endeudamiento.
De este régimen jurídico cabe destacar
que, en caso de que se ejecute el aval,
se reconoce a favor de los titulares legítimos
de valores garantizados la posibilidad de obtener
una compensación adicional a la cantidad
que deba abonarse en virtud del aval, que
será el resultante de aplicar a este pago el
interés que se devengue desde el día del vencimiento
de la obligación garantizada hasta el
pago efectivo por el avalista, con la intención
evidente de eliminar toda incertidumbre sobre
el cobro de la obligación garantizada y de
los intereses por cualquier retraso en el pago
de la misma.
***
En cuanto a la delimitación de los actos del
FROB sometidos a derecho público o a derecho
privado, si bien en principio pudiera
parecer una operación sencilla, dado que el
artículo 50.2 del Real Decreto Ley únicamente
se somete a derecho público “el ejercicio
de las potestades administrativas conferidas
por este real decreto-ley u otras normas con
rango de ley”, con lo que quedaría sometido
al derecho privado todo acto o decisión que
la ley no configurase expresamente como facultad
administrativa, la complejidad de las
actuaciones encomendadas dará lugar ineludiblemente
a una zona fronteriza no siempre
de fácil delimitación.
La propia regulación del Real Decreto Ley no
ayuda a eliminar incertidumbres, pues si bien
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