Normograma de la Administradora Colombiana de ... - Colpensiones

Compensación” del Decreto 610 de 1998. Como quedo suficientemente explicado en el acápite anterior, la acción de
tutela resulta improcedente para controvertir actos de carácter general, impersonal y abstracto, como el que en esta
ocasión se cuestiona, pues el ordenamiento jurídico ha establecido un mecanismo de defensa judicial especial ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al cual se puede acudir para demandar la legalidad de tales actos.
En efecto, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo consagra la acción de nulidad contra actos de tal
naturaleza, siendo éste el mecanismo judicial idóneo y específico con que cuentan los accionantes para dejar sin
efectos el Decreto 4040 de 2004.
ACCION DE TUTELA INTERPUESTA POR MAGISTRADOS DE TRIBUNAL-La diferencia salarial es producto de la
coexistencia de los dos regímenes salariales y de la escogencia de uno de ellos por parte de los actores
PERJUICIO IRREMEDIABLE EN CASO DE TUTELA INTERPUESTA POR MAGISTRADOS Y OTROS
FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL PARA PAGO DE BONIFICACION-Inexistencia
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA EN CASO DE TUTELA INTERPUESTA POR MAGISTRADOS Y OTROS
FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL PARA PAGO DE BONIFICACION-Inexistencia de perjuicio irremediable
pues el daño económico derivado de la aplicación del Decreto 4040 de 2004 puede ser reparado mediante la acción
de nulidad
El presunto daño económico sufrido por los demandantes, derivado inicialmente de la aplicación del Decreto 4040 de
2004, puede ser reparado en su integridad mediante el ejercicio de las acciones de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuyo ejercicio contempla, además, la posibilidad de solicitar como medida cautelar la
suspensión provisional de dicho acto y de aquellos que una vez producidos puedan resultar involucrados en la
violación alegada.
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA EN CASO DE TUTELA INTERPUESTA POR MAGISTRADOS Y OTROS
FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL PARA PAGO DE BONIFICACION-Improcedencia por no afectación del
mínimo vital debido a que actualmente están devengando salario
Cabe señalar que, según lo ponen en evidencia los fallos de instancia y el material probatorio allegado al proceso,
para el momento de interposición de la acción de tutela, los accionantes se desempeñaban como Magistrados del
Tribunal Administrativo del Cesar y, en esa condición, percibían una asignación mensual que asciende a la suma de
trece millones ciento cincuenta y seis mil ciento cincuenta y cuatro pesos ($13'156.154). Dicha situación lleva a la
Corte a concluir que tampoco por esta causa están dados los supuestos de hecho para avalar transitoriamente la
pretensión de nivelación salarial, pues a los actores se les viene pagando cumplidamente el salario, el cual asciende
a una suma notoriamente considerable que permite inferir, no sólo que gozan de una aceptable estabilidad
económica, sino también, que no se encuentra afectado su mínimo vital. Ese valor recibido mensualmente por los
actores a título de salario ($13'156.154), deja claro que su subsistencia y la de sus familias, no dependen de la
diferencia económica que se pretende reclamar en este proceso, circunstancia que avala la tesis de que éstos se
encuentran en condiciones de ventilar la presente controversia ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
sin que ello afecte irremediable sus derechos.
REFERENCIA: Expediente T-1.756.767.
Demandantes: Liliana Orozco Daza, Oscar Wilches Donado y Juan Huerto
Rodríguez Merchán
DEMANDADOS: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente,
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Valledupar y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que resolvieron la acción de tutela
promovida por Liliana Orozco Daza, Oscar Wilches Donado y Juan Huerto Rodríguez Merchán contra la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
I. ANTECEDENTES