La banca de emisión en Cuba (1856-1898 - Consejo Superior de ...

en 1894, era elegido senador por la circunscripción de Matanzas, donde
Romero tenía enorme influencia política. Nuevamente, como en el caso
de José Cánovas, a pesar de estas estrechas vinculaciones con un personaje
significadamente conservador, los liberales le mantuvieron en el
puesto, que tuvo que abandonar en enero de 1894 por razones ajenas a
la voluntad del entonces ministro de Ultramar del Gabinete de Sagasta,
Antonio Maura. Le sucedió Jovino García Tuñón. De ninguno de los dos
puede decirse que fuera designado por su experiencia como hacendista,
como lo había sido José Cánovas, sino más bien por razones de lealtad
política o por su experiencia de altos funcionarios.
En la etapa de transición de Banco Español de La Habana a Banco
Español de la Isla de Cuba, no tardaron en surgir nuevos y graves enfrentamientos
entre el Gobierno de Madrid y los gestores del Banco. Uno y
otro interpretaban los convenios de 1878 con criterios que diferían no solo
en relación con la figura del gobernador, sino también respecto a muchas
otras cuestiones, como la realización de los títulos del empréstito del 78.
El Banco había recibido como saldo de sus créditos contra el Tesoro 12,1
millones de pesos en obligaciones de aduanas, que permanecieron en su
cartera y que el instituto fue realizando lentamente. A principios de 1879
todavía poseía títulos por un importe cercano a los diez millones de pesos,
depositados con los banqueros Abaroa y Gogel en París (39). En diciembre
de aquel año habían descendió a 8,8 millones, como puede apreciarse
en el balance correspondiente a dicha fecha en el cuadro V.3.
En la primavera de 1880, el Banco recibió una proposición de compra
de 25.000 títulos por parte de la conocida casa de comercio y banca
Zorrilla y Compañía, que se concretó en el contrato de 31 de julio de
1880. El Banco vendió a dichos banqueros títulos por importe de 4.750.000
pesos (a 190 pesos por obligación), a pagar en billetes que entonces
circulaban con un 120% de descuento. Así disminuyó de forma considerable
su emisión (cuadro IV.2). Para el Banco resultaba indiscutible que,
como titular absoluto de los valores recibidos en pago de sus créditos
contra el Tesoro, podía colocarlos en el mercado sin restricción alguna.
La sorpresa se produjo cuando la Real Orden de 4 de septiembre de
1880 dispuso que la venta de las obligaciones cubanas a pagar en billetes
requería previa autorización. El Gobierno insistía en que pertenecía
al Tesoro el beneficio derivado de la diferencia entre el valor real de los
billetes emitidos por el Banco y el nominal, es decir, el obtenido por su adquisición
a precios inferiores a los que representaba. Dicho beneficio se
destinaría a la amortización. De ese modo, la isla en general —y no el
Banco en exclusiva— sería la beneficiaria y obtendría la compensación
(39) DSC, núm. 143, 15 de abril de 1880, p. 2939. Detalles sobre las amortizaciones y
pagos de intereses del empréstito, en AHN, Ultramar, leg. 840, núm. 259.
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