Apuntes Legislativos - Congreso del Estado de Guanajuato

ejecutivo federal. El caso es que al final de la lectura me llevé una terrible decepción: Nuestro autor
concluyó que acto de gobierno y acto administrativo eran lo mismo.
La frustración fue mayor cuando encontré en la doctrina administrativa y constitucional de
nuestro país 2 posturas marcadamente opuestas: unos, a favor de reconocer la existencia del acto de
gobierno (Gabino Fraga, Serra Rojas, Acosta Romero, Jorge Fernández Ruiz –pero como eran
administrativas, no profundizaron en el tema-); y, una segunda postura, la cual difuminaba la
existencia, o disminuía su importancia jurídica, o la escondían intelectualmente hablando en el acto
administrativo (Burgoa, Fix Zamudio, Carpizo).
Así que decidí emprender la empresa. Para el tratamiento de nuestro tema acudí a fuentes de
información de calificados, reconocidos y prestigiados juristas y doctrinistas (más de 200 autores de
varios países), y en el sistema jurídico normativo de varias naciones, penetré al derecho comparado;
pero el caso es que en la mayor parte de dichos estudios se vierten posturas tangenciales, que
esquivan o escurren el análisis profundo para no entrar al terreno pantanoso, o bien se les ve
entramparse en reduccionismos científicos o enfoques muy parciales en el tratamiento sobre el
mismo.
El nombre con que se conoce a los actos de gobierno varía de un autor a otro y de un país a
otro: se les llama “actos de gobierno”, al estilo francés, o “actos de estado”, en la usanza inglesa;
“cuestiones políticas” o “actos no justiciables”, en el estilo de la jurisprudencia norteamericana o
argentina; “actos de autoridad” o “actos soberanos”, como también se les llama en Alemania,
“ordenanzas de necesidad” en Italia, además de “actos de gobierno”, “actos constitucionales” y “actos
complementarios”, como en el actual sistema brasileño. En México: actos políticos y actos soberanos.
Aclaro, se identifica una génesis: En la Francia revolucionaria, en virtud de la separación de
poderes, todos los asuntos que correspondían al contencioso administrativo escapaban al
conocimiento de los tribunales judiciales para ser resueltos directamente por la administración activa.
Los magistrados del Consejo de Estado adoptaron una actitud vacilante y acomodaticia con tal de
salvar sus posiciones. Quizá por miedo de perder prebendas o enfrentarse al rechazo del poderoso,
los magistrados del consejo de Estado Francés, fueron quienes inventaron el concepto de acto de
gobierno y lo declararon como no justiciable, para no enfadar al gobernante en turno.
Pero no vayamos tan lejos. En la Constitución, en las leyes y en la jurisprudencia de nuestro
país se negaba y se niega, las más de las veces, el amparo y la protección de la justicia a los
individuos contra actos políticos o de soberanía.
Mi objetivo al escribir este libro es: Presentar una actual y novedosa visión del poder público,
a la luz de los diferentes modelos económicos y políticos de Estado; mostrar los avances en el
respeto entre los órganos de poder estatal; acotar las diferencias entre acto administrativo, acto
político y acto de gobierno; así como sus implicaciones jurídicas y políticas. Evidenciar los alcances y
límites de la potestad estatal, su naturaleza jurídica, las obligaciones y derechos que acarrean, las
consecuencias de su uso o abuso; la disparidad entre administrar y gobernar; así como presentar
ciertas bases para una necesaria reforma estructural del Estado. Estos son algunos de los temas
abordados.
La intención es advertir la existencia de facultades constitucionales de que están dotados los
gobernantes de nuestro país, las cuales están exentas de control jurisdiccional, y ante las cuales el
ciudadano común está inerme y consecuentemente pueden llevar a excesos y abuso de poder.
Este texto va dirigido a los estudiosos del derecho, de la ciencia política y de la administración
pública, pues pretende ser un foco de alarma sobre el régimen de facultades extraordinarias de los
gobernantes, que quizá se justificaban en otras épocas y bajo otras condiciones políticas y
económicas. Pero también presenta un cuestionamiento de variadas aristas, con la consiguiente
complicación de índole práctica e intelectual para juristas, politólogos, historiadores, estadistas y
filósofos de la política; así como para el ciudadano común, que sientan preocupación por el poder
desmedido de que puede echar mano un gobernante sin escrúpulos y sin respeto por la soberanía
popular.
Voy a mencionar sólo algunas de las conclusiones.
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Instituto de Investigaciones Legislativas