“urgencia” en el amparo - EGACAL

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REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO PROCESAL GARANTISTA 2008 evidente que derechos sin garantías no son sino afirmaciones programáticas, desprovistas de valor normativo. Por ello, bien puede decirse que, detrás de la constitucionalización de procesos como el habeas corpus, el amparo o el habeas data, nuestra Carta Magna ha reconocido el derecho (subjetivo-constitucional) a la protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales 12 ” El debido proceso y la tutela jurisdiccional que es ejercida en los procesos constitucionales para ser considerada como tal, debe ser efectiva, desde el inicio de un proceso hasta el cumplimento de lo decidido por la autoridad judicial, pues, no tendría ningún sentido la existencia de un sistema de administración de justicia si la tutela que ésta debería brindar no pudiera ser real y verdadera; además porque la protección de ciertos derechos importa la necesidad de una tutela rápida, ya que la afectación o amenaza comprometen la vigencia de la integridad del sistema constitucional. La Tutela Judicial Efectiva según Couture 13 es “la satisfacción efectiva de los fines del derecho en el proceso, la realización de la paz social mediante la plena vigencia de las normas jurídicas (...) estos es, la misma idea que anima el origen y finalidad del proceso judicial jurisdiccional”. El mismo tratadista también señala que hay proceso urgente “cuando concurren situaciones que exijan una particularmente presta respuesta y solución jurisdiccional” y que, dentro de estos casos, puede citarse el Proceso de Amparo 14 . Giovanni Priori Posada aclara que es importante subrayar el hecho que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no sólo garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la justicia, ni se queda en que el proceso sea llevado respetando garantías mínimas, sino que, en aras de hacer real y eficaz la protección que desea dar, garantiza también que el proceso alcance el fin para el que fue iniciado 15 Hay que destacar que bajo la influencia de las doctrinas italiana, alemana, francesa y brasileña, se ha empezado a hablar, hace poco tiempo, de una “tutela urgente”. ¿será porque la Constitución actual no reconoce de modo expreso el derecho al plazo razonable de duración de un proceso o la tutela judicial efectiva?. ¿Tiene que reconocerlo para optar por un amparo de acuerdo a esos estándares?...La respuesta es NO. Porque el mandato del artículo uno de la Constitución es claro al decir: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. (el subrayado es nuestro). La defensa de qué: de las amenazas y violaciones que pueda ser objeto del Estado, de personas jurídicas, etc. El artículo 44º de la Constitución dispone que uno de los deberes primordiales del Estado peruano es “garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”. Por ello Castillo Córdova 12 Pronunciamiento dictado en el Exp. 1230-2002-HC/TC. 13 Cit. Por QUIROGA LEÓN, Aníbal.-“Las Garantías Constitucionales de la Administración de Justicia”. En: La Constitución Diez Años Después. Lima, GAMA COLOR, 1989, p. 303. 14 PEYRANO, Jorge W.-“La tutela de urgencia y la tutela anticipada en particular”. Citado por VARGAS, Abraham Luis. “Tutelas diferenciadas”, en Derecho Procesal Civil. Congreso Internacional. Lima: Universidad de Lima, 2003. p. 343. 15 Ese es el sentido que le ha dado a dicho derecho el Tribunal Constitucional, al señalar que: “El derecho a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo que comprende una serie de derechos, entre los que destacan el acceso a la justicia, es decir, el derecho de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente; y, como quedó dicho, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales”. (STC Exp. Nº 0015- 2001-AI). 6
REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO PROCESAL GARANTISTA 2008 señala que el Estado peruano tenga constitucionalmente atribuido como uno de sus deberes primordiales garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, fundamentales o constitucionales significa que el Estado se debe comprometer a colaborar activamente con las personas en el logro del pleno ejercicio de los mencionados derechos. Además el numeral 2. c, del artículo 25º de la Convención establece el compromiso del Estado peruano de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso sencillo y rápido que ampare a las personas contra actos que violen sus derechos fundamentales. El artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional establece como fines esenciales de los Procesos Constitucionales “(…) la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”. He allí la importancia de los procesos constitucionales (que los diferencia de los procesos ordinarios), sobre todo el amparo por la gama de derechos que está destinado a proteger, derechos fundamentales nominados o imnominados cuyos titulares requieren una protección inmediata en un proceso breve y expeditivo para no sufrir daños irreparables. Durante este cuarto de siglo de vida del amparo se ha escuchado decir: Del uso y abuso del amparo, de la amparización, de la judicialización del amparo y por último de la ordinarización del amparo. Bueno es lo más probable que eso haya ocurrido, sin lugar a dudas; tan es así que muchos autores catalogaban al proceso de amparo como un proceso sumarísimo, posición que siempre me mostré contrario en un trabajo publicado en el año 2004, titulado “Derecho Procesal Constitucional Didáctico” en la que elaboro un cuadro en la que realizo las grandes diferencias entre un proceso de amparo y un proceso civil sumarísimo y es por ello que siempre lo consideré al proceso de amparo como un proceso especial. Pero habría que examinar el proceso que ha regulado el amparo durante 22 años: Antes de demandar habría que agotar la vía previa, o como muchos lo llaman el procedimiento administrativo. ¿para qué? ¿Para que la administración pública se rectifique y prefiera la Constitución sobre la Ley? Si es tutela de urgencia ¿por qué al afectado se le exige agotar la vía previa o el trámite estatutario (Persona Jurídica de Derecho Privado)?... El proceso de amparo cuenta con sustento supranacional; por lo tanto no puede ser ni limitado ni restringido a nivel interno. Así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su OC-9/87, del 6 de octubre de 1987, “Garantías Judiciales en estados de emergencia” ha señalado que el artículo 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce al proceso de habeas corpus y el artículo 25.1 reconoce al amparo. Pensamos que durante este cuarto de siglo nos han enceguecido diciendo que el proceso de amparo es un típico mecanismo de tutela de urgencia en el cual se pone de manifiesto tanto la tutela de urgencia cautelar y la tutela de urgencia satisfactiva, la primera se genera porque el proceso de amparo es una expresión de la tutela de urgencia satisfactiva, pues su objetivo es proteger derechos de las personas cuya afectación o amenaza requiere ser suprimidos con suma rapidez y la segunda porque es posible que en tanto se tramita el proceso principal –de una duración enorme y de trámite desnaturalizado- se debe otorgar una medida cautelar generalmente innovativa que ayude al actor a soportar el peligro en la demora. TRÁMITE EN LA LEY Nº 23506 7
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