PDF (Capítulo 2 - Pte1 Resoluciones del Senado año 1871 (Tomo II))

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PDF (Capítulo 2 - Pte1 Resoluciones del Senado año 1871 (Tomo II))

a±-o

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IUVIJDAD do la le! del Estado soberano de Bolívar, de fl d

etflre de ISS*, sobre navegaelon por vapor del río sisá.

Acur.avo DE L& Con SVPBEXL

Cotte 8prema federal.—Bogotá, 7 de octabre de 1870.

Vistos.—El Procurador jenersi solicitó, en escrito de 23 de setiembre

próximo pasado, la suspension do la leí del Estado soberano de

Bolinr,dofecha 26de octubre de1868, perla cual se autorizó el

Poder Ejecutivo del mismo Estado pera conceder p!ivilejio para la

navegacion por vapor sobre el río "u, hasta por el tármino de veinte

años; Iei que sirvió de fuudanrauto a dicho Poder Ejecutivo para oLorpr

tal privilejio ed 9 de abril último a un ciudadano americano, Horacio

K. Drake (Gaceta de Bolívar número 686, do L° cte mayo do 1870).

Fúndase la solicitud en el hecho de que el rio Sinú es navegable

per buques de vapor, sin que su lecho haya etjido Mata ahora canalisacien

alguna artificial, & tiempo que en las bases de union sube los

&tsdoe do Colombia, definidas en el artículo 8.' de la Coastitueion

federal, está reconocida bajo el número 3.' la do no rsttjir con unpuestos,

ni de otro modos la navegacion de los rios i domas aguas navegables

que no hayan exijido cana]izacion artificial; saijiendo de aquí,

Si esfuerzo alguno de razonamiento, que la leí mencionada ea violaforía

do esta base, i que por tanto debe suspenderse la ejecucion.

Ienefooto,no solo. eedonctoriedadque enelrioSinúnosehan

eiee9s.do taes trabajos de oanaiizaeion para apropiarlo a la megacon

a vapor, sino que lo manifiesta así el mismo Poder Ejecutivo del

Estado de Bolívar, en la nota de 29 julio último, remisoria al Poder

Ejecutivo de la tinion, dela leí i deis concesion; cuya nota corre en

Bu"-: i por otra, parte, nienla le¡ que diólaautorizacion,nieneiacto

del Presidente 4o Bolívar que consagra el privilejio, so dice para nada

une sobre aquel río se haya ejecutado obra alguna de la especie ~nnonada,

ni que el privi]ejiado tenga el deber de ejecutar alguna.

En tal concepto, la navegacion a vapor no ha podido ni puede restrinjirse

en dicho rio, en donde desde años otras se ha efectuado, asgan

parece, por buques de aquel motor; i evidentemente uedaS restrinjida

durante la vijoncia del privilejio dado a Drake.

Do conformidad conia facultad dada a esta Corte por el artículo

72 do la Constituoion federal, i por el inciso 1." de la socolen 4, ertícu-


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lo 9.° do la ici de 1865, reformatoria ¡ adicional a la orgánica del Poder

Judicial do la Unjo», resuelve por unanimidad:

Suspender la ojocucion de la Ici del Estado do Bolivar, de 26 do

octubre do 1866, "concediendo privilejio esclusivo para la navegacion

del río Sini en buques de vapor.'

Dése cuenta al Senado do Plenipotenciarios para la resolucion definitiva.

Ju COLVNJE.—JUAN A. UiticoEcHn.—JvÁN ML'WEL PÉazz.—M

Muaua.o.—JosÉ M. VTT,TÁVWAR G.—El Secretorio, Rafael E. Santa,idez.

INFORME DE LA COMISION DEL Smaoo.

Ciudadanos Senadores.

A. oxoitacion del Secretario de lo Interior i Relaciones Esterioree,

el Procurador jeneral promovió, ante la Suprema Corte federal, la suspeusion

do la Ici tic! Estado Soberano de Bolívar, do 26 do octubre de

L866, por la cual se autorizó al Poder Ejecutivo del mismo Estadopara

conceder privilejio osclusiva, hasta por 20 años, para la navegacion del

río Sinú en buques do vapor, por considerarla violatoria del inciso 3.°,

artículo 8.0 do la Constitucion nacional; i la Suprema Corte, (le acuerdo

con la opirsion del Procurador ipor el voto unánime de sus miembros,

suspendió la occucion do dicha liii en 7 do octubre do 1870.

Por ti inciso citado, los Estados do la Union están comprometidos:

"A no restrinjir con impuestos, ni de otro modo, la.navego.cion do los

ños i domas aguas navegables quo no hayan exijido can&Iizacion artificial;"

i como ni en la lei a quo so hace referencia, ni en el contrato

celebrado a virtud do ella por el Presidente (le Bolívar, se estable

como condicion del privilejio la ejocucioa do obra alguna de canalizacien

artificial, a tiempo quo os notorio, i aun hsi constancia oficial do

que aquel río fu6 navegado por vapores antes do la adjudicacion del pa'

vilejio, so deduce realmente que la le¡ por la cual se ha restrinido la

navegacion del río Sinú, es violatoria de una do las bases do union do

los Estados do Colombia, ¡ por lo tanto, vuestra comision os propone

el siguiente proyecto de resolucion:

"Decláraso nula la le¡ del Estado Soberano de Bolívar, de 26 de

octubre do 1866, concediendo rivi1oji0 osclusivo para la navegacion

del río Sinú en buques do vapor.'

Bogotá, marzo 1. 0 de 1871.

Ciudadanos Sonadores,

Aouuzo PARa%—M. VElma—Juai Mr1w07a—.J. Sxscuzz—D.

Secretaria dol Senado 'lo i'leuipoIenciaros.-- F,o;otá, marzo O do 1871.

El anterior proyecto do resolucion fu6 aprobado por el Sonado de

Plenipotenciarios en los dos debatas cuustitucionales tenidos en los

.Iias 8 1 9 del corriente mes.

Por el Secretario, el Oficial mayor, Julio E. Pcn:z.


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tj,

IUJLIDÁI) del articule 21 de la Jet del Estado de¡ Magdalena de

SS de octabre de ISOS, orgánica de los bienes 1 rentas del Estado.

AcunDo DE 14 SUPREXÁ CORTE.

Corta Suprtma Menl.—BO,otk, 30 de julio do 1870.

Rijo cxi el Estado del Magdalena, bajo el número 83 i el título do

Oriínica de loe bienes, rentas i contribuciones del Estado," una lei,

sancionada el 22 de octubre do 1868, de la cual hace parte el siguiente

artículo:

"Art. 21. La produccion del aguardiente do casa, Ja roestilacion

de esto mismo aguardiente, la infroduecion del ostranjero, ide estraüo

Estado, de toda clase do aguardiente i do licores estraidos de la casa,

do la uva i de todos los frutos que contienen azCcar i que son suscptibies

de fermentacion, i la introduccion, do un distrito a otro del Estado,

de los mismos licores, son operaciones que se reserva el Gobierno

del Estado como arbitrio rentístico, i que ningu.n individuo puedo

ejecutar, dentro del territorio del Estado, sin autorizacion eepresa del

(*objerno."

El articulo copiado encierra, como so yo, varias disposiciones, dos

de las cuales afectan, la una al comercio ostorior, la otra al comercio

entro los Estados colombianos; i por cuanto estima contraria la una

al inciso 5.°, artículo 17 de la Constitucion federal, i la otra al inciso

6.°, artículo 8.° del mismo Código, ci Procurador jonoral do la Nacion

pide a esta Suprema Corte, por memorial fecha diez i sois del pr6xizno

pasado junio, que mande suspender la ejecucion del primero de los

mçmnionados artículos.

El referido funcionario dice, entre otras cosas:

"La parte que tiene relacion con el comercio osterior, es claramente

opuesta al inciso 5° del artículo 17 de la Constitucion nacional;

porque, desde el momento en que los Estados entren a declarar que 1$

introduccion de las mercancías estranjeraa no la pueden hacer los

particulares sino sometiéndose a las reglas i condiciones que ellos

establezcan, es evidente que pasaria a ellos la facultad, que la Cobatitucion

reservó al Gobierno jeneral, do determinar el rtljimon 1 administracion

del comercio esterior. Nose puede concebir cómo, reconociendo

en los :Estados la facultad de monopolizar la introducción de

mercancías estranjeras al territorio de la Umon, id lejislar en esta

materia por apropiaiso esta operacion mercantil como arbitrio rentístico,

pudiera el Gobierno jeneral ejercer la atribucion 5. del artículo

17 do la Constituoion,"

"Respecto a la segunda parte del artículo 21, relativa a la introduecion

do efectos de otros Estados, militan ca las mismas considera-

•cionos para suspenderla como inconstitucional, i sobretodo si so atiendo

a la que so deduce del iuciso 5° del artículo 8° do la Constitucion.


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Por este inciso so comprometieron los Estadoe a no imponer contribuciones

sobre los productos que transiten por el respectivo atado sin

da~ al consumo. Bien so comprende que este compromiso seria complotarnonte

ilusorio, si en él no estuviese incluida la libertad de comerciar,

pues al titsito de las mercancías es inoompatiblo con la facultad

de monopolizar-la introduocion de loe efectos de los otros Estados con

el protesto do crearas un arbitrio rentstico."

116 aquí, en lo conducente, la letra de lea disposiciones constitucionales

que el Procurador cita:

"Art. 17. Loa Estados Unidos de Colombia convienen en establecer

un Gobierno jonoral ...... a cuya autoridad se someten en loe negocias

que van a ospresarse:

6.° El réjimen i la administracion del comercio esterior."

"ArL8Y En obsequio ...... deIs marcha eepoditadelaUnioní

do las relaciones pacíficas entre los Estados, éstos se comprometen:

11 5.° A no imponer contribuciones sobre los productos que transiten

por el Estado sin destinarse a su propio consume."

Lo primefo que ha notado la Corte al examinar el artículo cuya

anspension so pretende, os que, aun cuando debieran considerarse

fundadas las observaciones contra LI, que quedan insertas, ¡ las domas

que contiene el mencionado memorial, las cuales tienen el mismo punto

de partida, no habría por qué estender la snspension a todas las partos

del artículo, tanto porque algunas de ellas no se rozan con el comercio

esterior ni con el do los Estados entre sí, cuanto porque tampoco

aparecen en pugna con disposicion alguna constitucional o legal do la

Nacion. Tal es el caso respecto de la parte relativa a la produccion

del aguardiente de caña, i respecto de la relativa a la rcestilczdon del

mismo aguardiente.

En cuanto a las otras partes, la Corte no las cree ooptrarisa al

citado inciso 5.°, artículo 8.', pero sí a la primera disposicion constitucional

trascrita.

No las cree contrarías, al inciso que se acaba de espresar, porque

aunque la prohibicion que ellas contienen, o el monopolio que permiten

establecer, pueda equipararas justamente a una contribucion, i

aun se convierta en tal, que es lo que en roalidad sucede, mediante' la

autonascion de que habla el mismo articulo 21, no puedo decirse qus

esa contnbucion recae sobre el tránsito de los respectivos productos

por el Estado del Magdalena, sino sobre su coz}aumo en el mismo

Estado, segun lo revela, entre otras disposiciones da la citada ¡ej 88, la

del artículo 68, que os ésta:

El Poder Ejecutivo dictará los reglamentos que estime convenientes

a fin de impedir la introduccion de los licores que, como do

tránsito, tengan para el consumo."

Las oree contrarias al inciso 5•C), artículo 17, por la incompatibilidad

que indudablemente Mi entre ellas, como disposiciones dictadas

por el Gobierno de un Estado, ¡la facultad do rejimentar ¡ administrar

el comercio ostenor, que es privativa del Gobierno jeneral do la Ropública.

Pero semejante incompatibilidad no os absoluta, como que

no puedo decirse que onste sino en cuanto so trat&do licores oetranjeros,

x, de uuwiigniunte, no es absoluta tampoco la contrariedad de


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las partee en cuestion con el último inciso citado. En una palabra, la

Corte croo contraria a este inciso [a prohibicion que contiene, o el

enonopoio que peFito establecer el artículo 21 de la referida Isi,

cuanto esa prohibicion o monopolio comprendo la introduccion do los

licores de que se acaba de habla:, no solo cuando la introduccion

hecha del estranjero directamente, sino tambien cuando lo os de otro

Estado, o aun cuando lo sea de un distrito a otro del Estado del

Mas¿de lo que precedo se sigue forzosamente que el mencionado

articulo 21 debe ser declarado inexequible en todo lo que concierne a

los licores estranjeroa,i exequible, no solo en cuanto a las aites relativas

& la produccion i a la recstt2acion del aguardiente de cana, sino tanbien

en todo lø que concierne a licores de otros Estados, i los del

Estado mismo que ha establecido la probibioion o monopolio?

En cuanto a lo diUrno, esto es, ([flO el artículo sea oxequible en lo

que conoicrue a la introduocion de licores no esfzanjeroe, Mgase ella

da otros ~os, o do un distrito a otro de los del Estado del Mágdaleas,

la Corte cree que sí. La Corte no admite que en el compromiso

da que trata el inciso 6. 1, artículo 8. 0 de la Constitucion do la Union,

as hallo incluida la libertad de comerciar. Nada liii que autorioe esta

manera de entender oso inciso. Con el trnsito de mercancías por el

territorio de loe Estados es perfectamente compatible la facultad de

monopolizar la intzoduocion de una mercancía cualquiera en alguno de

ellos, siempreque a la palabra introduccion no se le d6, como no se le

ha dado en la leí referida, otra significacion que Leta: "introduccion

para el consumo en el mismo Estado que ha establecido el monopolio."

La libertad do comerciar, ora entre el territorio do la.tlnion i los de

las damas naciones, ora entre los territorios de loe Estados oolom-

Manos, ora entre los territorios de los distritos de uno mismo de

estos Estados, tiene su fuente en otra parte. La tiene, sin duda sigua,

en el inciso 9.°, artículo 16 de la C3onstitucion citada, la cual

disposicion estatuye lo que sigue: "Es baso esencial e invariable de

la tJnion entro los Estados el reconocimiento ¡ la garantía, por parte

del Gobierno jeneral ¡ de los Gobiernos de todos i cada uno de los

Estados, de los derechos individuales que pertenecen a los habitantes

itranseuntea en loe Estados Unidos de Colombia, a saber. 90 La

libertad de ejercer toda industria, i do trabajar sin usurpar la industria

de otro, cuya propiedad yan garantizado temporalmente las leyes

a los autores do inventos hables ú , ni laque so reserven la Union 0 108

Estados como arbitrio rentístico." &c. Pero, segun so observa por la

última parte del inciso, la libertad en cuostion puedo sor rostrinjida a

virtud da algun monopolio como el do que trata la mencionad4 leí 83.

Es cierta que la facultad de rcservarao cualquiera industria no es

ilimitada en los Estados. No lo es en la Nacion tampoco. Naturalmente,

el ejercicio de semejante facultad tiene que circunseribirse a la

respectiva esfera de accion do la entidad que hace uso de ella. Mas,

corno no puedo decirse que, en lo referente a la introduccion de los

licores no ostraujoros, el Gobierno del Estado del Magdalena ha establecido,

por medio del tantas voces citado artículo V, una prohibicion

o un monopolio que no podria establecer sino el Gobierno joneral, es


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fuera de duda que, en el puuto a que so acaba de aludir, el artículo os

completamente exequible.

En cuanto alas partes relativas ala producci 1 a la reesiilacion

del auardionte do caña, la Corto no puede dejar de orserlas exequibles

tambien, supuesto que, como ¿e dijo arriba, ellas no aparecen en pugna

con disposicion alguna constitucional 01 do la Nacion.

En cuanto a lo que concierne a los licores estranjeros, (a Corto

creerla absolutamente inoxoquible el artículo, atendida la opoeicion

do él, en esa parte, con el inciso 5. 0, artículo 17 do la Conatitucion fe

dorad, circunstancia en cuya virtud no se puedo considerar que la prohibicion

o el monopolio, en la misma parte, se hallo dentro de la lojitima,

esfera do accion del Estado; pero tiene que creerla exe9uible en

lo que respecta al "aguardiente de caña i sus compuestos,' porque

la lea do 7 de julio de 1866, "sobro Aduanas," trae la disposicion

siguiouto:

"Articulo 15—Son artículos de prohibida inportacion .... . £0

agaa:diente de caña i sus compuestos, en aquellos Estados enque la

produccion do esto articulo esté monopolizada por sus leyes; donde

solo se permitirá la irnporta.cion do acuerdo con Sus, si solo estuviere

sujeto a algun impuesto, la introduccion será ponnitida pagando el derecho

establecido."

De lo pie so ha dicho en cuanto a la intrpdnccion de licres no

oatranjero, no debe inferirse que, en concepto de la Corte, un Estado,

cuando monopoliza la introduccion do alguna mercancía no estranjera,

sea para hacer tal introduccion de los otros Estados, sea para hacerla

de uno a otro de sus propios distritos, puede poner trabas obligatorias

do algun j6nero al acto de esa misma introduccion, para impedir, por

ejemplo, que la mercancía objeto del monopolio, sea introducida corno

do tránsito, siendo así que no so trate de introducirla sino para el conmido.

La Corto cree precisamente lo contrario. Ella entiendo que toda

introduccion ea absolutamente inmune, eseepto para la Nacion, si ésta

en el respectivo territorio tiene algun réjimen aduanero; i lo entiendo

oid, porque así lo dejan comprender estas tres diiposicionos: el citado

inciso 5.°, artículo 8.°; el citado inciso 5.°, artículo 17; i el inciso

del mismo artículo 8.°, inciso que a la letra dice: (Loe Estados

se comprometen): "4.° A no gravar con impuestos, hntes

do haberse ofrecido al consumo, los productos que sean materia.

de impuestos nacionales, aun cuando se hayan declarado libres

de los derechos do importacion; ni los productos destinados a la

esportacion, cuya libertad mantendrá el Gobierno jeneral." El lejislador

nacional do 1866 lo entendió, sin duda, de igual manera, cuando,

en la citada lei sobre Aduanas, dispuso cato: "Art. 201. Dl Poder

Ejecutivo cuidará de impedir que por los Gobiernos de loe Estaños Be

sujeten a otras formalidades, exijenciás o gravámenes que los establecidos

en este código, las operaciones comerciales que están sujetas al

réjimen de las Aduanas, Antes do qne las mercancías hayan sido

ofrecidas al consumo." Mal podria. cumplirse una diaposicion sornejaute,

teniendo los Estados la facultad de establecer, do un modo

obligatorio, las trabas do que se ha hablado. Para impedir, por ejemplo,

con trabas así establecidas, la introduccion do mercancías lejítimomento

monopolizadas por ellos, t.endria.0 que hacer estensivas esas


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formalidades a las introducciones que ellos no pueden monopolizar.

Pero ningun inconveniente ha¡ en que los Estados, cuando irne

intereses fiscales lo erijan por cualquier motivo, establezcan tales formalidades,

dQclarándolaa de voluntario cumplimiento. De este modo,

la inmunidad do las introducciones queda respetada, sin que pueda

de;ar de ser ejercido eficazmente el derecho de aquellas entidades políticas,

ora a monopolizar la introduccion (para el consumo cii el

respectivo Estado) de derminada mercancía, ora a restrinjir, o ¡tupodir

de una manera absoluta, esa misma infroduccion, ora a gravar

con impuestos de consumo las mercancías introducidas en el respectivo

Estado para ser consumidas en U. Un ejemplo aclarará completamente

la idea de la Corte.

El artículo 40 dala citada Ici 83 dispone lo que signe:

"Todo el que quiera introducir aguardiente de un distrito a otro

del Estado, deberá sacar una gula del Colector de Hacienda del distrito

de la procedencia," &o.

1 el artículo 44 do la misma dipone esto otro:

"Cuando el ~dienta proceda de estraíío Estado o del estranjeto,

el introductor deberá presentar al respectivo colector un manifiesto,

­ &e.

Pues bien, si estas disposiciones faesen de cumplimiento voluntario,

no tendrían por qué cumplirlas los introductores do aguardiente

esfranjero, cualquiera que fuese la procedencia inmediata do éste, ni

los introductores do aguardiente del país que no hubicee de ser consumido

en el Estado del Magdalena; pero no dejarian do ser cumplidas

por loe introductores de aguardiente del país que sí hubiese do

ser consumido en aquel Estado, Siempre que, al propio tiempo, estaviese

prohibido, bajo penas eficaces, el dar allí al consumo tal artículo

sin que se hubiesen llenado las formalidades que semejantes disposiaonee

reqpieren.

La circunstancia de Ser de carácter obligatorio las disposiciones

últimamente trascritas, parece que debiera inducir a la Corto a.

suspender la ejecución del reclamado artículo 21 en todo lo que se refiere

a introducciones, por la íntima relacion que en esto punto tienen

aqu&laa con el mismo artículo; mas, como el artículo puede subsistir

independientemente, la circunstancia notada no es de tenerse en cuenta

para el efecto de declararlo exequible o nó.

A Srito, pues, do todo lo que se ha venido eeponiendo, esto

Supremo Tribunal decide:

Suspéndese la ojecucion del artículo 21 de la leí sancionada en el

Estado del Magdalena, bajo el número 83, el 22 de octubre do 1868,

ticamente en cuanto 41 se refiero a licores estranjeros que no sean el

"aguardiente do caña ¡ sus compuestos."

Publíquese esta resolucion en el" Diario Oficial," remÇtase copia

de ella al Presidente del Estado del Magdalena, i cúmplase, ademas, lo

que prescribe el artículo 141 de la lo¡ de 22 de mayo de 1866.

Ja Cotnrz.—Jcn A. UrncoEcun.—Joe± M. Vnsuciza G.—M.

Muan.w.—J. M. PÉnzz.—El Secretario, Bajad E. Santander.

Es copia—Bogotá, agosto vointisois de mil ochocientos setenta.

El Secretario, Rajad E. Santander.


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Iiionn DE LA OOW$ION DEL SENADO.

CituMdanos Senadores Plenipotenciarios.

En 22 de octubre de 1868 espidió la Asamblea Lejislativa del Estado

soberano del Magdalena una leí "orgnica de los bienes i rentas

del Estado," cuyo artículo 21 dice saf:

"La produocion del aguardiente do cajia, la reestilacion de este

mismo aguardiente, la introduocion del estranero, i de esfraño Estado,

do toda clase do aguardiente¡ de licores esaidoe de la caña, de la uva

i do todos loe frutos que contiene azúcar i que non susceptibles de foxmentacion,

ita introduccion, do un distrito a otro del Estado, de loe

mismos licores, son operaciones que se reserva el Gobierno del Estado

como arbitrio rentisfico, i que ninim individuo puedo ejecutar dentro

del territorio del Estado sin autorizacion espresa del Gobierno."

El señor Procurador joneral dç la tJnion, creyendo una parte del

artículo trascrito opuesta a lo que dispone el inciso 5.°, artículo 17 de

la Constitucion nacional, i la otra opiosta tambien alo dispuesto en

el inciso 50, artículo 8.° del mismo Código, solicitó la susponsion del

mencionado artículo 21, ante la Suprema Corte de la Nacion, con fecha

16 de junio de 1870.

La Corte Suprema federal, apartándose de la opinion del señor Procurador

jeneral,suspendi6 el citado artículo 21 de la leí del Estado

soberano del Magdalena, ya mencionada, en 30 de. julio ltiino, ' tucaznento

en cuanto £1 se refiere a lioores ostranjerus que no sean

aguardiente de caña i sus compuestos."

Pasado este asunto a vuestra comision de inspeocion do actos

lojisla±ivoe de loe Estados, pasa a eponeroe su opinion.

Como con mucha razón lo ha hecho notar la Corte Suprema federal,

el artículo 21 de la leí del Magdalena tiene varias partee, i ha¡ que

examinarlas separadamente.

1. La parte relativa & la producción i reestilacion del aguardiente

do caña 1 do sus compuestos no solamente no os opuesta a las disposiciones

constitucionales citadas por el Sofior Procurador jenen4 sino

que ni conexion tiene con ellas; ¡ como no ha¡ disposicion alguna

constitucional ni legal que pugne con ella, es fuera de toda duda que

no debeis suspenderla.

La parte referente a la, introduccion del estranjero del aguardiente

de caña isus compuestos, tampoco debois suspenderla, pucø

que su gravLinon está osprosamente permitido por la lejislacion fl°

nal. En efecto, el artículo 15 de la leí do 7 de julio tio 1886, ,sobre

Aduanas," dice:

"Son artículos do prohibida irnportacion:

"4.° El aguardiente do caña i sus compuestos, en aquellos Estados

en que la prodn.ocion do este artículo eat.6 moqopolila por $118

lcos, donde solo se permitirá la iuportacion de acuerdo con ¿s"- 1

SOLO estuviere sujeto a algun

impuesto, la introduccion M permitida

pagando el derecho establecido.


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3.' La parto relativa a la introduccion do licores estranjeros en el

Estado soberano del Magdalena, proveniente do otro Estado de lo.

Union o do un distrito a otro del mismo Estado.

Estaparte no la cree vuestra comision contraria al inciso 6;°, srtículo

8.0 de la Constitucion nacional, corno lo asevera ol señor Procurador

joneral, porque del conjunto de las disposiciones de la Ici del Magdalena

de que nos ocupamos, se deduce claramente que el impuesto no

se refiere al L-ánsito por el Estado, sino al consumo en & de los licores

estranjeros; así es que el artículo 68 do la mencionada lo¡ dice así:

"El Poder Ejecutivo dictará los reglamentos que estime convenientes

a fin de impedir la introduccion de los licores que, como do

trhnnito, vengan para el consumo."

Agr6guose alo capuesto que el inciso 9.°, artículo 16 de la Constiucion

federal, garantiza la libertad do industria, pero "sin usurpar la

industria do otro, cuya propiedad hayan garantizado temporalmente las

leyes a los autores do inventos útiles, ni la que se reserven la Union o

los Estados como arbitrio rentístico," i os acabareis de convencer de

que no debois suspender la parte del artículo 21 de la leí del Magdalena

de que nos ocupamos.

jt En fin. La parto del artículo 21 do la supracitada lei del Magdalena,

referente a prohibir la introduccion de licores estranjoros, oree

vuestra comision que os contraria al inciso 5°, artículo 17 de la Gong~

titacion federal, porque mal podría la Nacion ocuparse "del rdjimen i

adminisacion del comercio esterior," Si los Estadospudiesen lojislar,

do la manera que lo ha hecho el Estado soberano dol Magdalena, en

la parte que examinamos.

Mas: oreo vuestra comision, con la Corte Suprema federal, que la,

parte citada del artículo 21 es opuesta tambien a los incisos 4. i 5.°

del artículo 8.° de la Constituoion nacional. Dobeis, pues, suspender

estaparto del artículo 21.

En consecuencia de todo lo espuosto, vuestra oomision os propone

que, de acuerdo con lo declarado por la Corto Suprema federal, aprobois

la siguiente

BnoLuao:

« El Senado de Plenipotenciarios en uso de la facultad que le

concedo la atribucion 5s del artículo 51 de la Constitucion federal,

declara nulo el artículo 21 de la lo¡ del Estado soberano del Magdalena,

fecha 22 de octubre de 1868, oránioa de loe bienes i rentas del Estado,

¡ marcada con el número 83, únicamente en cuanto 61 so refiere & licors

ectranjeros que no sean el aguardiente de caña i sus ooznpuestos."

Bogotá, febrero 22 de 1871.

AQaUZo PAa&.—MAU3IOIo Vnn.----Juui M y»o, - Jscono

SSKOUEZ.—D. Vw.

Secretarla del Senado de ?Ionipoteneiaros.

El anterior proyecto do rosolu clon fu6 aprobddo por el Sonado do

PIenipotncinrios en dos debates, sufridos en los dha 8 i 9 del coMentomes.

Bogotá, marzo 10 do 1871.

Por el Societario, el oficial mayor, •Julio E. Fa'c.


%IJLXDAD de la id del Estado soberano de flolívar, de 93 de

noviembre de 1809, sobre limpia 1 canalizacion del cañ%

de Trnplllo.

Corte Suprema foderaJ.—Bogotú. 9 do Junto do 1870.

Vistos.—La Municipalidad de Barranquilla clirijió a esta Corte la

nota siguiente:

"Por resolucion del ConcQjo municipal do esto distrito, que tengo

el honor de presidir, os remito, autenticado, un ejemplar de la "Gaceta

do Bolívar," atimom 658. En ella so encuentra publicada la le¡ capodida

por la Asamblea Lojislativa do este Estado, "sobre limpia i cansr

lizacion del caño do Trupillo i ciénagas de la ciudad ds Barranquilla.

"Como esta leí tiene por objeto conceder privilojio para que se

realice dicha obra, i como puedo suceder que la Corporacion municipal

do esta ciudad resuelva optar dicho privilejio, desea saber si la mencionada

loi no es contraria a la Constitucion nacional ni a la leí do

de agosto do 1867, sobre navegacion de los ríos; para lo cual so

¡nito someter a la censara do Ja Corto dicha lei. En caso do serlo, pido,

a nombre de la Municipalidad que presido, que la Corto se sirva ejercer

la atribucion que lo confiere el artículo 72 do la Constitucion

nacional."

Dada vista al Procurador nacional, esto funcionario espuso lo siguiente:

"L' El objeto de dicha le¡ os limpiar¡ canalizar el caZo do Trnpillo

¡ las ciénagas de Barranquilla, que debe veriflcarso p9nie?ulo en comwucacúnt

el rio Maqdalena con las citnaas de la ciudad de Barranipiffls,

r el caño do Trupillo, segun la primera do las condiciones do dicha

, para obtener el privilejio que se concede a los empresarios de la

rnalizacion,

i que dice: "Que ci empresario se cmnprometa a mer 01

cvntunieicion el rio MagdaZcna con tas ciénagas de la ciudad de BarranqullIapor

el oaPo conocido con el nombre de Truptllo."

Hecho que demuestra: 1° Quo ips aguas del Magdalena no

hacen parte ni contribuyen a las do tal canal, puesto que se trata de

comunicar las aguas de éste con las do aquel; i 2° Que, por la misma

razon, no puedo reputarso el canal, por circunstancia alguna, sujeto a

la jurisdiecion nacional.

2. Que obtenida la canalizacion por los medios que se determinan

en los incisos del artículo 3° do dicha leí, so concedo a la Mnmcipah

dad do Barranquilla, en caso de que ésta sea la quo llevo a cabo la

ompresa, privilejio

por quince años para cobrar los derechos que se

determinan en el págrafo ar 2.° del artícnlo 7°, que no podrán pasar del

pago de diez centavos de peso por cada carga do efectos estranjeros 1

de cinco centavos do peso por cada carga de productos del pais, naturales

o manufacturados, i de dos i medio centavos de peso por cada

carga do efectos alimenticios de primera necesidad; i en caso dono

poderse calcular el número de cargas que contenga una embarcscion1


- 81 -

ol da cuarenta centavos do peso por la capacidad de la ombarcacion i

estension del cargamento.

"8.. Que en caso de que la obra so lleve a cabo por aiun individuo

o compañía, el privilejio consistirá en que se pueda exijir i percibir,

hasta por el t4rmíno de doce años, el derecho que por el usa

canal

i do las ciénagas se prefijo en la correspondiente tarda.

"4.' Que si ea una compañía an6nima la que lleva a efecto la empresa,

su duxacion será do diez a quince años, i Latinará una tarifa de

loe derechos que puedan imponerse.

1, 5.' Que en el privilejioque se concede relativamente a loe que realían

la canalizacton, no se alocta lo dispuesto a. este respecto en la.

(Jonstitucion nacional; pues ántes bien, se encuentra en ella la -Siguiento

disposicion en su artículo 8.0: "A no reatrinjir con impuestos,

ni de otro modo, la navegacion do los nsj domas aguas navegables

que no hayan «vijido eino&adon ar46cial." Es así que la canalisacion

que se propone por la leí que nos ocupa, debe verificarse artificialmente,

luego ha podido mul bien establecerse el derecho de tránsito de

que se ha hablado, sin oontrariar los preceptos constitucionales i no

obstante lo dispuesto en los parágrafos 4•0 i 5.° de dicho artículo, por

consideraras aquel caso como una escapcion.

II Tampocosovnj.nla la¡ do que eo&ata lo dispuesto enla

Ici nacional de 29 de agosto do 1867, sobre navegacion de los nos

porque el privilejio que por aqu&1a so concede, se contrae, como se

¿Jeja dicho, al cobro de un derecho de tránsito por el canal únioamonto

sobre electos estranjeros, productos del país manufacturados o naturales

i efectos alimenticios de primera necesidad.

"Fundado, pues, este Ministerio en las observaciones espueatas,

no juiga oontrarias a la Consfitucion nacional ni a la Ici de 29 de

agosto do 1867sobre navogaciun do los nos, la Mespedida por la

Asamblea Lejisiativa del Estado soberano do Bolívar, con fecha 23 do

noviembre del año próximo pasado, "sobre limpia i canalizacion del

caño de Tnipíllo i o3ánagsa de la ciudad do Barranquilla," i en consecuencia

os pido así lo declarcis."

1 como el análisis i comparacion do la leí con las disposiciones taámalos,

que acaba do leerse, se halla exacto, la Corte no creo necesario

añadir observacion alguna; i resuelvo: "No ha lugar a ejercer,

respecto do Ja te¡ del Estada de Bolívar a que so contrae este capediente,

la. abibucion conferida por el articulo 72 de la Constitocion

federal."

t)ése cuenta al Sonado de Plenipotenciarios.

Ja CoLuwJt—JÇAN A. TJmc»tcgn.—J. M. PÉiutMANun Mvjin.t.o.—JosÉ

M. VBLAMXZ.&B 0.—El Secretario, Rajad E. &intander.

Es copia.—Secretarfa de la Corto Suprema federal.- -Bogotá, junio

veintiuno do mil ochocientos setenta. - Rafael E. Santander.

INFORME DE 14 COMiBION na SENADO.

Ciudadanos Sonadores.

&pidt6 la Asamblea Lejislativa del Estado soberano de Bolívar. i

fu¿ zaucionada en 23 do noviembre de 18Ç9, una "le¡ sobre limpia¡

11


— 82 —

r;s'al1ZaciOn del .ffO del Tnpillo i Ciénagas de la ciudad de Berran.

«tulIa." La obra debe ejecutares por uno do varice medios, entre

estos dos: 1 . 0 poniéndola bajo la direccion i administratlon de

1.. Carporacion municipal de la misma ciudad; 2.° concediendo pri.

vihjio a algun individuo o compaflia para que la lleve a cabo; i

:t j

elIa Corporacion, que prevé pueda convenirle optar al privilejio,

r.. que tiene probablemente algunas dudas sobre si la ctrosada Ini

itó contraria a la Constiwcion nacional i a la Wde 2J de agosto

.1. 1867, nacional tambien, sobre navegacion de los rice, solicitó de la

e .e Suprema federal que la suspendiese, caso do no creerla exequible.

La Corte dió vista de la solicitud, acompasada de la lej que la motiv:tict,

al Procurador jeneral dels,Nacion, i este funcionario, partiendo del

irp 'ieMo de que las aguas del "Trupillo" i las de la ciénaga do BarranpuIb

no proceden del "Magdalena," río nacional (supuesto que descansa

' h%Bivamente en las palabras de la misma Ini: "Que el empresario se

(4.lnprometa a poner en comunicacion el río Magdalena con las ciénagas

ir. ciudad de Barranquilla por el cafio conocido con el nombre de Triz.

pillo"), fiié de dictámen que no había lugar a. ejercer la atribucion que

e utliere el artículo 72 de Ja Constitucion citada, por estas dos principales

nea: 1.' porque tratándose do aguas no sujetas & la jurisdiccion nacional.

la Ici boliviana en manera alguna puede ser contraria a. la nacional

dicha, de 29 de agosto do 1867; 2.'porque la prohibicion establecida en

el inciso 30, articulo 8° del minino C6digo constitucional, única disposiciii

nacional que podria haber sido quebrantada por la leí en ciiestioa,

lun sido realmente, como quiera que, si bien esa le¡ afecta con cierto imla

navegación de las aguas & que se refiero, él no vendria a. tener

p' -itiva existencia sino con posteriondsd a la tenninacion de la obra.

Aceptando la Corte el mismo supuesto que el Procurador joneni,

re'.nlvi6 el punto de acuerdo con éste en 9 de junio último; i remitido al

Senado el espediente, lo examinó, i coincidió en concepto con elProcura.

(]--r i la Corte la mayoría de los miembros que constitulan en 1870 la

'ztusion de inspeccion de los actos lejislativos de loe Estados.

Mas no habiendo el Senado alcanzado en aquel afio a decidir la c^

t.n por su parte, i debiendo hacerlo ahora, previo un nuevo estudio do

cita por la actual comision mencionada, ésta, que ya se ha, ociapwIo del

fls,L'ocio,ce informa, Iw medio del preseflte escrito, que su parecer es diferente

de todos los emitidos hasta aquí. Así lo es, porque vuestra actual os-

:iuiion juzga equivocado el supuesto bajo cuya impreelon se ha venido pro-

,eiiiendo. Vuestra oomision tiene entendido que las aguas del ca& de

"'Inipillo" i las de las ciénagas de Barranquilla son las mianas aguas

iii río agdalen, o sea que esas ci4nagas i aquel cafio están formados

parte de las aguas de este río, como sucede con las ciénagas i cafios

Santamarta, sobre los cuales lejisla i ejerce autoridad el Gobierno jeirni;

i si esto esexacto, claro es que el precitado caZo del "Trupillo" i

ciénagas se hallan bajo lajurisdiccion nacional, no de Estado alguno,

i pe, por consiguiente, el do Bolívar ha carecido de potestad pera lejislar

1re limpia i canalizsLcion.

Este parecer obliga a los infrascritos a proponerce que declareis nula

1 :1 referida le¡ ¿le 23 de noviembre; pero Ki acaso cstimais dudoso el fun..


damento en que 4l se apoya, hareis bien en abet.eneros de decidir cosa

alguna,porque contra vuestra deciaion ningun recurso quedarla a ~u

Estado (escepto, tal vez, el de pediros que la reconsiderúseis), como

quiera que la 5.* de vuestras atribuciones constitucionales se halla caen

estos t4rmiuots: "Decidir dtfritiwAnenk sobre la nulidad o

validez do los actos lejislativos de las Asambleas do loe Estados que so

denuncien como contrarios &c. ¿ro."

En el concepto de ser dudoso si las aguas del "Trupillo" i las

ciénagas de Barranquilla corresponden o u6 al río Magdalena, lo mas

acertado es excitar al Procurador jeneral de la Nacion para que, sobre la

cuestion leí de Bolívar, promueva controversia judicial a ese Estado, do

conformidad con lo previsto en el inciso 6.°, artículo 71 de la Conztitu..

don de la República.

Puede estimarse mas espedito el que el Senado ordene la práctica

de dilijencias que pongan en claro lo que 61 acaso considere oscuro; pero

dilijencisa semejantes, cuya fuerza probatoriu solo dejaría de ser controvertible

despues que hubiesen pasado por un debate judicial, no parece

deber encontrar cabida, tratándose del ejercicio de una atribucion de

carácter puramente administrativo.

Loe infrascritos ospresentan, puos, en conclusion, el proyecto de

resolucion siguiente, con cuya adop&on o simple rechazo habrew decía.

nAo, o que la denunciada leí es realmente contraria a la Constitucion

dicha, oque se está en el caso de ocurrir a un juicio sobre competencia

de facultades:

"El Senado de Plenipotenciarics declara nula la "Ici del Estado

soberano de Bolívar, de 25 de noviembre de 1869, sobro limpia 1 canal!scon

del caZo del" Trupillo " i ciónagas de la ciudad de Barranquilla,"

por reputarla oontraria a los incisos 6Y i 16 del artIculo 17 do la

titacion federal."

Bogotá, marzo 4 de 1871.

Jus $ínnozs—Mumoxo Vguxi,—D. Vun—Agvu.ro R1ns-

740080 SkNcuzz.

En las sesiones de los dias 13 i 15 del presente raes de marzo se

aprobó el anterior proyecto do rosolucion en loe dos debates regla.

xnentarioe.—E1 Secretario del Senado, Jzaio E. Pérez.

LXXX.

EULJDAD de la le! del Estado ..berno de Bolívar de *1 de

setiembre de 1970 0 adicIonal 1 retornatefla deis de 9$ de

nesiembre de 1800.

AvuizwÓ DE LA Swms Con

Corte Suprema (edersL—Bogo(4, 16 de febrero de 1871.

Vistos —Varios colombianos i ostranjoros residentes en Barranquilla,

Estado de Bolívar, han ocurrido a esta Suprema Corte solicitando

la susonsion de la le¡ espedida por la Asamblea de dicho

Estado en veintiuno de setiembre de mil ochocientos setenta, con cate


-84—

título: "Reformatoria del canitdo 3.° de la lei sobro limpia i canalizaeion

del caño del "Trupillo" i ciénagas de la dudad de Barrançoilla,"

i por la cual so autoriza al Poder ELecutivo del Estado para

conceder privilpjio a los señores Palacio i Byrno, i, en su defecto, ¡

cualquiera otra persona o compañía que lo solicite, para la limpia i

canalizacion de los caños del "Trapillo," de "Absjo" ola "Tablaza," i

la ciénaga del frente de la ciudad do Barranquilla

Jioa peticionarios fundan su solicitud:

1 . 0 En que el tal priviejio es contn.rio a la garantía de la isu al

-dad consagrada cilla Conebtuoion federal, por cuanto con £1 so hace

a los señores Palaoio i Byrne de mejor condicion respecto de loe

domas colombianos 1 residentes en Colombia.

2.° En que no habiendo exijido el caño de la Tablaza canalizaciori

artificial, la navegacion por él no puede sor ravada o reatrinjida con impuestos,

ni de ningun otro modo, por la Lojislatura de Bolívar, seunla

disposicion contenida en el inciso 3.°, artículo 8.° do la Conatitucion.

3.° En que siendo vis nacional el caño citado, puesto que sus aguas

son una anexidad do las del rio Magdalena, la mencionada Ltjislatura

carece (lo facultad para imponer contribuciones sobre los buques que

naveguen el esprcnu10 cano, scgui la lej nacional de 29 do agosio

do 1867;

4..° En que es tambion contrario a la Constitucion nacional el

parágrafo del artículo 6.0 do la lei cuya suspension se solicita,por

cuanto por 41 se hace obügatorio el tránsito por el caño del Trupülo.

una voz que 805 ofrecido al servicio pfiblieo.

Oido el çoncept.o del señor Procurador de la Uni.on, i pasado el

dio señalado para la audiencia publica, sin que las partes hayan Concurrido

a alegar, procedo la Corte a dictar la resolncion que le

correspondo.

Parece a coto Supremo Tribunal incuestionable la rason que asiste

a los peticionarios con respecto al parágrafo del artículo 6. do la le¡¡

que so oxamiiia, pues 41 es evidentemente contrario a la libertad de

viajar i alado la industria, consignadas en los incisos 819, artículo,

do la Constitucio» federal.

En cuanto a liso domas disposiciones do la Id, la Corto no ha 0p1

nado unánimemente por la suepension de ellas, pues no todos los Mfr

1istrados están de acuerdo en considerar como vias nacionales loe

nos del Trapillo i la Tablaza i la ciénaga de la ciudad de Barranquilla.

creyendo algunos do dice qyo las apias de dichos caños i ekoagas

pertenecen i están sujetas a la jurisdiccion del Estado do Bolívar.

Por tanto, la Corto Suprema federal, administrando justicia en

nombro do los Estados Unidos de Colombia i por autoridad de la le',

1 o» ejercicio do la atribucion que le confiero el artículo 72 de la ()onsttuoion

federal, resuelvo: suspender, como 4!11 efecto suspende, de la

citada del))stado do Bolívar, solamente el par{grafo del artículo 5.0

Remítaso en copia esta resolucion al Presidente de dicho Estado

blíquoso en el "Diario Oficial" i dcse cuenta al Senado do PleiupO

r: ciarios.

Jrr. CoLUWE— JuÁK A. UIUCOECUn—M. Muitu.r.o—J. M. FÉBfl

JOSÉ M. YzarzÁn 0.—El Secretario, Rajue? K Santander.

t


- 85 -

Voto do los coñorcs Majistrados Colunjo, Uricoechea i Villamizar.

Loe infrascritosMaistradoa, que han concurrido con su voto a la

auspension, decretada hoi por la Corte, del pargraIo de artículo 5°

do la lei del Estado de Bolívar, do 21 de setiembre do 1870, "reformatoria

dol capítulo 3,0 de lo. Ial sobro limpia i canalizacion del oa& del

Trapillo ¡ ci6nagas do la ciudad de Barranquilla," croen que aquella

providencia ha debido hacerse ostensiva a la tul toda, por esta razon

capital: porque siendo parte del rio Magdalena los canos de la "Tabiaza"

i el "Trupillo," así como la oi6naga del frente do la ciudad do

Barranquilla, pues que osos caños i ciénagas loo forman las mismas

aguas, so bailan bajo la autoridad de la Nacion, de confonnidad con

lo que la Consfitucion federal tiene estabiceido en el inciso 6 . 0 de su

artículo 17, i en consecuencia, ni el Estado do Bolívar, ni E3tado

alguno, puedo lejislar acerca do los unos ni de la otra.

Si loo caños de la "Tablaza," el "Trup ido " i la ciénaga dicha, o&-

ttuviesen bajo la jurisdiccion del Estado de Bolívar, es fuera de duda

e la referida loi no seria objotablo ca cuanto al impuesto do que Iran

sw artículos 5.° i 0; porque no debiendo comenzar a rejir ese gravtmcn

sino despues de terminada la canalizacion quo so proyecta, en

nada so quebrantaria la prohibicion que la Constitucion citada contiene

en el mciso 3.° de su articulo 8.0 Mas hallándose tales caños ¡ ci4naga

bajo la autoridad do la Nacion, como se ha dicho, un impuesto

semejantt) i todo lo domas sobre que versa Ja id boliviana, no puedo

ser decretado sino por el Congreso nacional, en uso de la facultad a

que el mencionado artículo 17 se refiere en su inciso 16.

Se pretende mejorar la navegacion por vapor del caño de "La

Tablaza" i do dicha ciénaga, ¡ hacer navegable del mismo modo el de

el "Trapillo ;" pero, aun cuando así no fuese, al Congreso nacional en

manera podría servirle de obeWnlo en el asunto la restriccion

,que se le impone en la. 8. de sus atribuciones constitucionales esclusivas

(artículo 49) ; porque de que 41 no pueda conoeder privilepo para

la navegaoion de las aguas nacionales, amo cuando esa navegacion ha

hacerse por vapor, no se sigue que no pueda concederlo para obras

In

do canalizacion, aunque 4atsa no tengan por objeto hacer navegables

aquéllas con el auriho del mismo ajente.

Tal es la intelijencia que dan los infrascritos a las disposiciones

constitucionales de la Nacion que aparecen relacionadas con el negocio

de que trata la referida le! del Estado do Bolívar.

Bogotá, 16 de febrero do 1871.

Ja Cotun—JVAii Aouriu UnzcozcnzA. L Josk hhnfl

zsu 0.—PA Secretario, llcjad E. Santander.

En la misma fecha notifiqu6 la resolucion anterior al señor Procuradorjoneral

do la Union.- -O6Ez.--Sa,z1ander, Secretario.

El Secretario, Rafael E. Santander.


INPOBZE DE ¡A OOMMON DEL Sgnno.

Ciudadanos Senadores.

En el mes de octubre de 1870 se solicitó de la Corte Suprema fede.

ral por varios ciudadanoe i estranjeros, la. suspension de una Wdel

Estado soberano de Bolívar, de 21 de setiembre del mismo aflo, "reformatoria

del capítulo 3.° de la 101 sobre limpia i canalizacion del caflo

del Trupillo i ciénagas de la ciudad de Barranquilla," i en la cual

dispone, entre otras cosas: que se autoriza al Poder Ejecutivo (articulo

l.°) para conceder privilejio a Palacio 1 Byrne, o & cualquiera otra per.

sons o coznpatik, para la limpia i canalizacion del espresado cafio i del

de "Abajo " o "Tablaza," así como tambien de la ciénaga del frente de

la mencionada ciudad: que loe empresarios de la obra fijará» en oportu.

rndad (artículo 6.°) la tarifa de lo que daba pagano por el uso do loe

canales i ciénagas: que loe mismos empresarios tendrán derecho a cobrar

(artículo 5.°), desde que esté terminada la limpia i canalizacion del caso

del "Trupillo," 1 éste, examinado por una cominion del Poder Ejecutivo,

haya sido dado al servicio páblico, las dos terceras partes del derecho pie

establezcan en la tarifa jeneral;, i que el tránsito de embarcacion por las

aguas del mismo caro será obligatorio (parágrafo del mismo articulo)

tan luego como esa vis haya sido ofrecida a tal servicio.

La solicitud se fundé, entre otras razones, en que, no habiendo en_pdo

canali.racion artificial el caflo de la "Tablaza," la navegación paré] no

puede ser gravada o reetrinjida con impuestos, ni de ningun otro modo,

por la Lejislatura de Bolívar, segun lo establecido en el inciso 3., artículoS.

0 de la Constitucion de la Unjan; puesto que lo forman las misias

aguas del Magdalena, que es río nacional, aquella Lejialatuin csxai'ede

eultsd para imponer oontribncion sobre loe buques que lo avqguen, 3

sobre loe respectivos pasajeros, meroanolas &c., segun lo establecido en 1*

isi nacional de 29 de agosto de 1887; i por último, en que el citado pi-

r4grafo es contrario al inciso 9.•, articulo 15 de la misma Conatitacion.

La Corte decret6 la suspensión pedida, tan solo en lo relativo al

rígrafo. En lo domas no pudo decretar por falta de unanimidad en

votos do sus cinco miembros. Tres de éstos, considerando vías nacionales

todas las aguas a que la le¡ boliviana se refiere, por proceder todas ellas

del no Magdalena, opinaron desde luego por la suspension total de la 101.

• por carecer el Estado de jurisdicuian oobnrtalea aguas; pero loe otros dos

no opinaron del mismo modo.

Ha venido, por fin, el asunto a vuestro estudio, i vuestra comision

de inspeccion de los actos lejislaüvos de los Estados, que tiene que informares

acerca de él, no puede m&oe de dac'ros que e"de acuerdo con

el concepto de la mayoría de les Majistrados de la Corte. La razon en

que esa mayoría se apoya, es concluyente: las aguas a que se refiere la

lot denunciada son nacionales.

Por lo mismo, es innecesario inquirir si ellas han exijido o exijan

canalizscion artificial, o si el parágrafo del artículo 5.° es contrario al

inciso 9.* o al 8.°, artículo 15 de la Constitucion do la Union.

Vuestra comision termina, pu, proponiéndoos el proyecto de rosolucion

que sigue:


-87---

« El Senado de Plenipotenciarios declara nula la lei del Estado

soberano de Bolívar, de 21 de setiembre de 1870, reformatoria del capí.

tilo 3.° de la ¡si sobre limpia i casalizaci.on del oao del " Trupillo" i

ciénagas de la ciudad de Barranquilla, por reputarla contraria a loe incisos

8? 1 16, articulo 17 de la (Jonetitucion federal."

Este proyecto de resolucion, oomo veis, es idéntico al que vuestra

comlion os tiene propuesto en el informe que os ha dado con fecha 4 de

te mes, acerca de le. ¡ej reformada por la de que ahora se trata. Se os

repite, pues, la indicacion que allí se os hace, para el caso de que esti..

roela dudoso si las mencionadas agitas corresponden o n6 al río Magdalena,

hecho que vuestra comiaion admite como cierto.

Bogotá, 7 de marzo de 1871.

M. Vnnr.—J. Mzoa-- D. Vwa.— Áquuso P~—J. SAcun

Marzo 14 de 1871.—Se abri6 el primer debate do este proyecto, 1

se aprob6.—J. E. Fóres

Marzo 16 de 1871.- .-So aprob6 en segundo debate en la seaion de

este dia.—El Secretario, ¿tUo E. F&ea.

NULIDAD del artículo 73 de la ÇoustitUcjou del Esta4• soberano

de Cundinamarca, de e de noviembre de 1$70.

Corta Saprsma federal.—Bogotá, 16 de ftbnro do 1811.

Za Onatituakn política vijenta en el £atado de Cundinamarca

csazteae 1aguisLte dscion:

"Art. 73. El Liado de Cnn&nnniarca, por su parte, declara que

en en lejislacion no se comprende pie la ganatls confiignada en el

inciso 70 del artículo 15 de la Const4ncion federal, autorice la ejecudon

de hechos que salen evidentemente da la esfera de acojan del

pensamiento para convertirse en hechos positivos de violacion del

derecho ajeno, tales como la falsedad, la fálsificacion, el perjurio, la

estala, los actos de resistencia a la ejeoncion de las leyes i a las providencias

de los funcionarios pbliooe, i loe que envuelven usurpacion

de funciones públicas."

El inciso 7° del artículo 15 de la Constitucion federal, a que so

refiere la disposicion que acaba do copiares, dice: "La libertad de

espresar sus pensamientea de palabra o por escrito, sin limitacion

alguna."


- 88 -

1 juzgando Antonio Landínez que La declaratoria contenida en

aquel artículo de la Constitucion de Cundinamarca es contraria a la

Constitucion federal, solicit6 do esta Corte suspendiese la ojecucion.

haciendo este raciocinio: "No le os permitido a ninguna corporacion,

sino al Congreso nacional, la aclaratoria de las disposiciones contenidas

en la Constitucion federal." Si pues se cree que haf duda en cuanto

a los hechos que pueda autorizar la garantía consignada en el inciso

7.° del articulo 15de la Constitucion federal, esa duda & quien

corn-

ponde aclararla ea al Congreso fedotal, por modio de un acto le;islativo.

El Procurador jeneral, a quien se di6 vista do dicha solicitud, la

coadyuv6, dando por ~u lo que sigue: "Sin duda que las Lejislaturas

de loe Estados son las llamadas a desarrollar, por medio de leyes, las

garantías constitucionales, haciendo efectivos loe derechos individuales

i prohibiendo eficazmente los actos violatorios del derecho ajeno, que

es el objeto do la lojialacion civil i penal; pero no por seto tienen las

espresadas corporaciones facultad para suplicar en términos jenerales

o aclarar la Constitucion nacional, porque esto solo ea potestativo del

Gobierno jenoraL"

1 considerando para resolver:

1.0 Que si bien cada vez que un funcionario, una corporaaon o

un individuo, al proceder a cumplir alguna disposicion superior o a

conformar a ella su conducta, ha de [orinar juicio o fijar para sí la

intolijencia que da a esa disposicion, sujetándose a las conSecneioiM

del error que pueda cometer en la interpretacion o intelijencia, es incuestionableque

sin tener para ello una facultad espresa, no puedo

dar como regla & los otros su propa interpretacion, i mucho Snos

una corporaclon o funcionario respecto do sus subordinados.

2.° Que las constituciones dictadas por Asambleas constituyent,

cuando ellas mismas no han dado facultad a las Asambleas subwguientes,

o a algun funcionario determinado, para hacer aclaraciones, o mterprotacionea,

o adiciones, no pueden, por principio jeneral, ser aclaradas,

interpretadas o adicionadas.

¿.° Qnela federal nodanialüongresodelaUnion que ella est&hloci6,

ose poder do aclarar e interpretar, pues que solo autoriz6 su

reforma con las formalidades que detall6 en el articulo 92.

40 Que una (3oustitnoion como ésta, dictada por la Convenmon

reunida espresamente en Rionegro, ratificado., como lo lité, por loe

Plenipotenciarios do todos lo. Estados, no es en el fondo otra cosa que

un tratado público entro esas entidades soberanas, la cual debe obe&

varso ¡ cumplirse por cada una do ellas con fidelidad uniforme a BU

espíritu i letra, sin que sea dado a una do las partos d.øterniinar la forma

o estension en que, por su parte, entiendo o quiero cumplir las

estipulaciones en ellas contenidas; i

5.° Que aceptando el precedente de que un Estado fijo por st

solo la eatension que da a sus compromisos, so abnna un ancho campo

ala confusion o trastorno del derecho publico de la tiruon, i a la chacordia,

lo cual ce radicalmente opuesto a la aspiracion fundamental de

laljnion;

So resuelve por unanimidad:

Sua$odosc la ojecucion del artículo 73 ¿lo la Constatucion do

Cundinamarca.


- 89 -

D6ao cuenta al Gobernador del Estado de Condinainaica, i dejhn..

doce copia, rosnítaso el ospedionte al Senado do Plenipotenciarios.,.

Ja Cotunt—Jusx A. Umoozan.—M. Mumtw.—J. M. Pkaxz.

Joafl M. YnxmnR 0.—El Secretario, Rajad E. &zntander.

En la misma lecha notifiquó el auto anterior al aeor Procurador

de la Union.

G6xn—El Secretario, Saçta*der.

Le copia- ­Secretaria do la Corte Suprema fedorsl.—Bogotá, vain-

¿idos do (obrero do mil ochocientos setenta i uno.

E! Secretario, Rajad E. Santan&r.

UMORME DE LA Q)MIBION DEL Snisxjo.

}lonorablos Senadores.

E! señor Antonio tanclínez ocurri6 a la Corto Suprema federal

pdieudo la suspension del artículo 78 de la Constitucion politica del

Jsetado soberano de Cundinamarca, espedida ci 8 do noviembre del año

anterior, el cual dice:

"El Estado do Cundinamarca, por su parto, declara que en su

lejislacion no se comprendo que la garantía consignada en el inciso 7.1

del artículo 15 de la Const.ituciou federal autorice la ejeencion do

hechos que salen evidentemente de la esfera de accion dol pensamiento

j,att convertirse en hechos positivos do violacion del dorochó ajeno,

tales oomo la falsedad, la falsificacion, el perjurio, la «stafa, los actos

do resistencia a la cjcoucion do las leyes i a las providencias dé los

funcionarios públicos i los que envuelven usurpacion do funciones

piíblicw3."

El señor Procurador jeneral de la República coadyuvó esta solicitad,

i la Corto Suprema accedió a olla, suspendiendo dicho artículo,

i disponiendo a la vçz que se pasara el ospediente orijinal al Sonado

do Plenipotenciarios, a fin de que vosotros ojercttois la atribucion que

ce confiero el inciso 5.° do! articulo 51 do la Constitecion nacional.

Loe fundamentos ca que so apoya la rosolucion de asnal Supremo

Tribunal Ron del todo exactos, i la cornision do inspoccion do actos

kpslativos do los Estados los reproduce íntegramente.

No podna aooptarso, sin peligto para las instituciones, especialmente

para la garantía do los deztchoa reconocidos a los colombianos,

lapráctica (lo que las Asambleas do los Ltados aclararan o esplicaran

la Constitucion nacional, arrogándose así una facultad que ésta no

akibuyó ni a las Cámaras rtjislativas del país. Esta práctica ocasionara

una completa anarquizacion, arnilaria en muchos casos los derechos

reconocidos i garantizados por el artículo 15 do nuestro Código

fmdamontal, i producirla el efecto do que los colombianos no

do los mismos derechos individuales en todos los Estados de la Union.

Basta enunciar estos peligros para comprender que es de todo

piurte inaceptable el hecho da que las Asambleas de los Estados aclaren

o espliquen la Coust.itucion, al tenor 1e los principios, doctrinas u

it

rA


e

opiniones que en ollas predominan, ¡ acaso tambien de las intereeçs

da partido.

El lejslader conMit'Ønte —, sin duda, poner — — al

abrigo de toda veleidad Colítica, i por eso ni aun al cuerpo soberano

le confirió el derecho do interpretarlo o aclararlo. 1 si los representantes

do todos los Estados, signatarios de él, no pueden aclararlo oesphcario,

seria absurdo r800tocer esta facultad en uno solo de dichos

Estados, por mas que, oomo en el prente oaao, (alee aclaratorias sean

conformes con la verdadera garantía de loe derechos i con loe pnncipias

de toral universal, salvaguardia i garantía de las sociedades

humanas.

Por estas razones, os proponemos el siguiente proyecto do

flE RO LU atoR:

"El Senado de Plenipotenciarios, en uso de la atribucion que lo

confiere el inciso 5.° del artículo 51 do la Ckmatituoion nacional,

Docitaso nulo el artículo 75 de la Constifricion pelítica del Estado

soberano do Cundinamarca, ospedida ci 8 de noviembre de 1870.

Bogot4 marzo 10 do 1871.

D. VusA.—M. bnnn..—Aqunzo Pa—J. Mg wozi—J. SIwczEz.

Marzo 21 do 1871.—So aprobó en aeuxido i último debato si proyecto

do resolucion, con la adicion siguiente : "porquo la Asamblea

constituyente de dicho listado no ha tenido facultad para hacer tal

declaratoria."

El Secretario, Julio E. lWa.

LXXXII.

NULIDAD del articulo 1879 del Código Judicial del Eflade

soberano do Antioquía, de 1.' de jnnto de 1866.

Acunno nz rÁ.,SvpBnu Con

Corta Suprema fedoraL—Bcgct, tu do no,Iembre de 1568.

Por escrito fechado en Santa Rosa do Osos & cuatro do mano del

año en cune, solicitó Santos Jaramillo J. de esta Corto Suprema, que,

haciendo uso de la atribacion que lo confiere el artículo 72 do la Coriatitucion

federal, suspendiese la ejecucion del artículo 1679 del Código

Judicial del Estado soberano de Antioquia, articnlo que a la letra

dice set:

"Art. 1579. Loe indiciados contra quienes se haya dictado auto

do prision por delito comun, que sean sostenidos en las cárceles públicas

do las rentas del Estado 0 do loe distritos, podrán ser destinados


- 91 -

por el Poder Ejecutivo a trabajar fuera de dichas cárceles, en el mismo

distrito, cuando en el interior de ellas no haya ocupaoion quo darleC

Eecibida en la Corto la solicitud de JanndlIo, se d16 çnzta de ella

al señor Procurador jeneral de la Nacion; i este funcionario, coadyuvándola,

dios ea escrito del día 6 detpreeette mes:

El citado art1enlo haciendo obligatorio pan loe indiciados el

trabajo, lee impone indudablemente una pena, i es, por tal rason, oontzario

al inciso 4.°, artículo 15 do la Gonstituclon de la República,

asgan el cual ngnn individuo puede sor peaado sin haber sido oído 1

vencido en juicio."

Siendo fundada esta observación M señor Proeurador la Corto,

en ejercicio do la atribuefon que le confiere el artículo 72 de la CotaS

tision Moral, i el Inciso 1?, parte cuarta, artículo 9.° de la lo¡ de 16

de mayo do 1865 "adicional j reformatoria de la de 80 de abril

do 1864, orgánica del Poder Judicial do la Union," 1 teniendo en

cuenta las disposiciones contenidas en loe ax4ículoe 1401141 do la id

de 22 de mayo do 1866, sobre procedimiento «z loe negocios civiles

cuyo conocimiento corresponde a loe tribunales nacionales,

ásucvz:

Suspéndese la ojecucion do! artículo 1579 del C6digo Judicial del

Retado soberano de Antioquía, sancionado el día 1.° de junio do 1866,

por ser contrario eso artículo al inciso t°, artículo 15 de la Constitacien

federaL

Publíquese esta rosolucion en el "Diario Oficial;" sirviese en copia

al Presidente do dicho Estado; comp1scse otra copia do ella para que

quede en el archivo de la Corte; ¡ remítase el espediento al Senado do

- la República para los ofoctoa de laúltima parte del citado artículo 72.

J. It PÉan—Juui A. tJaioozcEzs.—JXL Oowwz.—Vinte Va-

Mgao, Secretario

Voto do los so6oz'oa XaJistra4Oa doctores kmillo 1 Vifl'" tzflrG.

Corto 8preaa (ederat—UogotS, 39 de uovieiobe di 1868.

Nuestro voto en la cuostion do si se accedo o a6 a la solicitud

del señor Santos Jaramillo, coadyuvada por el Procurador nacional,

g ra que so suspenda la ejocucion j1l artículo 1679 del C6digo Judicial

del Estado soborano do Antaoquia, es negativo, 3 DOS fundamos

en las mguiontos consideraciones:

El artículo cuya susponiou sse pide, dice así:

"Loe indiciados contra quienes so haya dictado auto do pnsion

por delito comon 1 quo sean sostenidos en las cárceles públicas de las

rentas del Estado o do los distritos, podrán ser destinados por el Poder

Ejecutivo & tfabajar fuera do dichas cároelos, en el mmmo distnt.o,

cuando en el interior do ellas no haya ocupacion que darles."

La disposicion constitucional quo ha de tenerse por guia al tratares

de una susponsion semejante, ea la del artículo 14, que dice:

"Loi actos lojislativos de las Asambleas de los Estados, que milgan

evidentemente de su esfera do acciou conjitucional, so hallan sujetos


A suspension i tnuladou, cauforme a lo dispuesto en esta Constitucion:

poro nimes traeritn al Estado responsabilidad (le niiiuu Jónero cuando

no se hayan ejecutado i surtido sus naturales efectos.'

1 ci artículo 72 do la misma Cionstitucion, al atribuir a la Corte federal

la facultad do euspondor,ai ..unanimidad de votos, a fin, seguramente,

de establecer la ovidcia de que la dispoeicion sujeta materia,

está litera del poder conMit,ucioual del Estado.

1 ¿es evidente que esta dispoeioion disciplinaria da los cetablecimientes

do arreeto o prision sale del poder constitucional del &tado?

Para nosotros es por lo ménoa dudoso, Los Estados soberanos tienen

el poder de lejisl*ir en tbdo lo concerniente a la materia criminal, bien

que la Constitucion Lee imponga el cuidado de no lastimar u ofender,

«i cuanto no sea rigurosamente indispensable, el derecho individual

en las diferentes faces en que se halla consignado en el artículo 16;

poro desde el momento en que un individuo, aun cuando sea por cireunstancias

ajenas a su voluntad, está bajo el poso dø una acusaclea

criminal, 8u derecho individual tiene que subordinarse al derecho

social, ¡,de consiguiente, a las restricciones quo la leí 4oneral establezca.

Así es 1)ormiti4o arrestarlo, lo que implica restriccion de derecho nimanonte.

Una vez detenido ¿ti.mo la sociedad el deber do mantenerlo,

aun cuando ost4 sano i en capacidad do prestar a la misma sociedad

algunos rv'rvicios en cambio do los alimentos que recibe? El €rabajocu

una condicion de la vida; i jamás, por sí solo, puede considerSrscic

cómo pena jurídica; ni puede ser motivo do vergiienza si no es unpuesto

en virtud do conviccion do un delito vergonzoso.

Pensamos taniNo» que el Stonia do dar trabajo a los detenidos 1

presos,puede sor de rigurosa necesidad para mantener la disciplina en

los establecimientos, i que llevar hasta esos escrúpulos el deseo do

prot.ejer a los individuos, que frecuentemente no han cuidado ellos

mismos do protejerse por una conducta que no se prk ni a 1* a 'spc-

cha de críman, conduciría a hacer ineficaz la accion do la sociedad en

el castigo do los delitos, ¡ entrabaria notablemente, hasta el absurdo,

el poder i el deber de los soberanos en la reglamontacion do los establecimientos

da castigo.

M. Mumun.—JosÉ M.VrrLunnuG.—Vicenk Vwiégas, Secretario.

LNP0IUC DE LA COMISION Da

1

Honorables Senadores

El señor Santos Jaramillo, ciudadano del Estado soberano de

Antioquía, octirriti,por medio do un memorial fechado en Santa Bosa

a 4 do marzo do 1868, a la Corte Suprema federal pidiendo 1a&iispe

sion del artículo 1579 del Código Judicial, espedido por la LiepslatU1'a

do aquel Estado, el cual artículo dice así:

"Los indiciados contra quienes se haya dictado auto do ptiSlOfl

por delito comun, que sean sostenidos en las cárceles publicas tic las

rentas del Estado o de loe distritos, podrán ser destinados por el

Poder Ejecutivo a trabajar fuera do dichas cárceles, en el InLMIDO distnto,

cuando cli el interior ii_u ollas no haya ocupacion que darles.


- 93 -

El suñor Procurador joucral de la Iteptíliliea coadyuvC la pebcioii

Otl safiór Jaramillo por vista de 6 do noviembre do 1868.

Poro la Corte Suprema federal iiosuzpondi6 la disposicion proinserta,

por no haberse obtenido la unanimidad requerida por al artículo

72 do la Constitucion nacional, habiendo estado por la suspomion loe

Najistrados señores Colunje, Pérez 1 tJriooechoa, i en contra los Ma.

jistrados señores Murillo i Villaxnizar Gallardo.

Pasó el espodionte al Senado de Plenipotenciarios en las sesiones

do 1869, i fizó estudiado por la comision respectiva, la que presenté un

informo suscrito por cuatro de ÑUS miembros i un proyecto de teselaclon

que la declaraba válida con ciertos restricciones. Poro el-Senado

no resolvió nada sobro esto asunto en aquel año, ni tampoco en 1870.

En el presente año so ha pasado .a nuestro estudio ci citado denuncio?

¡ vamos a cumplir con ol deber do informaros i proponeros lo

que creemos conveniente respecte de 61.

Fúndase el denuncio dado por ci señor Jaramillo, i coadyuvado por

el soilor Procurador nacional, en que al destinar a los presos por delito

comun a trabajar fuera do la cárcel, se les impone una peitt, i esto

¿utes de &,r oidot3 i vencidos en juicio, 10 que ce oonfrario al inciso 4.°

del artículo 15 de la Oonstitudon.

Creo, adomo.q, ci señor Jaramillo, quo con lo dispuesto en el citado

artículo del Código Judicial do Antioquis. so viola el inciso 10 de]

Mismo artículo 16 do la Con8titucion, por cuanto no so destina a

trabajar a todoe les presos, sino únicamente a los quo sean sostenidos

por el Estado o por el distrito, lo que induce una desigualdad.

Tanto los Majistrados señores Murillo i Villaininr Gallardo, como

los miembros de la comision del Sonado, creen que el artículo datos

referido del Código Judicial de Antioquis no os anulable, por no salirse

él evi&iztcnwnte do la esfera de accion coiiztituciotal de los Estados.

A pesar de estas respetables opiniones, la comision de inspeccion

de actee kjfrilativos do loe Estado cree que el artículo 1579 del Código

Judicial del Estado soberano do AntÁoqtua es inoonstiticional, i pasa a

fundar su opinion.

Segun dicho artículo, los indiciados contra quienes se haya dictado

auto do prision, pued3n ser destinados a trabajar fuera do las odreelee,

esto ea, pueden ser destinados a trabajar en las calles, en los caminos

públicos ¿ce. ¿cc., ni mas ni ménos que los reos a quienes se haya condendo

a trabajar en obras públicas. Al ejeout.ar eso trabajo, el individuo

está espuesto a las miradas do todos, sujeto a la vijilancia do la

lief a, i muchas veces, acaso, confundido con famosos criminales.

Todo esto es una verdadera pena moral, una verdadera vergüenza

pública, tanto mas grave, cuanto mas pundonoroso sea el individuo 1

cuanto mas conviccion tenga de su inocencia.- 1 no so (liga que el

trabajo en sí no ca una pena, por cuanto es una condicion do la vida;

porque eso solo puedo referirse al trabajo que so ejecuta voluntariawente,

balo ci estímulo do la necesidad o del deber, i n6 al que se nos

obliga a ejecutar, porque no podemos resistir a un poder mas fuerte

que nosotros.

El trabajo, dicen los miembros do la cornision que informó en

1817J, puedo sor una pena natural o sor unapena legal, por cuanto Ja

voz "pena" tiene dos acepciones, la castiza i la legal. En la acepelon


- 91 -

castiza comprendemos ul trabajo que catamos en el deber de ejecutar,

como o) medio, el esfuerzo para satisfacer nuestros necesidades, pero

que ejecutamos siempre de propia voluntad, sin mas estímulo que la

necesidad o el deber, ¡ sin que intemenga mandato, coercion o fuerza

do la autoridad o de la ici. Entre trabajar en un camino público, por

ejemplo, como hombre libre, 1 frabsjsr en el mis= camino como

presidiario, no Mi mas diferencia que la que resulta de obrar bajo la

presion dolafuerzaodelaloi,que osndelafuarzacoloctiva

do la sociedad.

El trabajo, por lo domas, es lo mismo en su esencia, en sus manifestaciones

¡en sus resaltados. ¿Qué os, pues, lo que oonstitaye la

pena en el sentido jurídico? No el trabajo en el, porque entóncee el

hombre libre que trabajara en los caminos estaría sufriendo una pena

jurídica, lo que es absurdo. Imego tenemos que reconocer que la pena

viene de la obligacion de trabajar en tal o cual caso, obligacion inipuesta

por la W.

Ahora bien, el artleulo .21 del C6digo Penal del Estado do AnUoquia,

al designar las penas no corporales, incluye entre éstas inciso 9.°,

la de trabajo en obras públicas-, i el artículo 51 dei ,nRniQ á6digo, con

referencia al 36, determina que esta pena se sufre "destinándose loe

reos a trabajos en obras p6blicas, como constrnoion o remedan do la

.córcel, apertura o composicion do osminoC

Debemos observar que el trabajo ea obras públicas co, conforme

al artículo 36 citado, una pena subsidiaria para los condonados a

presidio 1 reclusion, en ciertos casos, esto es, cuando estas penas no

exceda de 60 dias, 11* cabecera del cireúito en que so haya hecho la

copdenacaon esw a mas de tres miriámetros del respectivo establecimiento

o de una seoclon de él.

Está, pues, incluida entre las penas legales del Estado de AnUola

de trabajar en obras públicas i como por mhiisterio de lo

dispuesto en el artículo 1679 del Oódigo Jnrna do Antioquia, loe presos

pueden ser ¿estados a trabaja en obras páblioas, esto es, en la

limpia de callos, construocion do r puentee, reparacion de caminos i

muchas veces pueden estar al lado do verdaderos criminales, es claro

43110 lO lea inflijo una pena legal Latos de sor oidos i vencidos en juicio,

ates da que la sociedad los haya convencido del delito i dechsxÑlaioe

merecedores de un castigo.

1 como por el inciso 1" del articulo 15 do la Constitución nacional

se les reconoce ¡garantiza a los colombianos i transeuntes el derecho

do no 80r penados sin haber sido oidos i vencidos en juicio; ¡ como

por este articulo so declara que es base invariable do la Union entre

los Estados el reconocimiento i garantía de este ¡ otros derechos, es

claro que el Estado sao lojislo violando estos derechos, en vez do garantizarlos

se salo emdentemenle de su esfera de acoion con9titacional,

porque ningun Estado, ni tampoco el Gobierno nacional, pueden

atrollal los derechos individuales,

Tno se diga que los Estaños tienen la façultad do proscribir el r6jimon

i disciplina do las cárceles ¡ prisiones, porque eso no implica

que para reglamentar éstos, puedan violar los derechos individuales.

Al individuo que se hace reo do la trasgresion do la loi, do la W escrita

i preexistente, so le inflijo un castigo, doapncs que la sociedad lo ha


- 05 -

declarado culpable por medio do un juicio en que so lo haya acordado

el derecho naWraldo Indefensa, i aun culo castigo solo inflijo

sin violar su derecho iIIdiViLIUUI, ya porque este derecho está rostí»jido

por la m ism a Conetitucion, respecto de los que se liaba en la

eseepcion del delito, ya porque no se J.c pueden imponer ciertas penas (la

domnerte),yaporquolsduraoion da pémiiii no puede

exceder de cierto tiompo (diez aioe);isi aun el que. seha puesto en

rebelion oontra la sociedad, trasgrediendo sus leyes i violando el do-'

rocho ajeno, goza do la Barantía de su derecho hasta donde Lato es

compatible coñ su oondicion de delincuente, no podria aceptarso sin

absurdo, que el que apdnaa Sú bajo el peso de una acusacion, que

puede desvanecer probando su inocencia, quedo sin amparo ni proteoclon

en sus derechos, solo por la necesidad de mantener el rójimen i la

disciplina de las prisiones.

Para mantener el r6jimen interior de las prisioni, en inieree mismo

do la moralidad do los prosee, do Bu vigor i do su salud, pueden

eetablecexse en ellas trabajos; pero no os permitido obligar a loa presos

£ ejecutar trabajos que asumen el cadcter de una verdadera pena

legal, reconocida i determinada por la leí penal del Estado; porque

esto equivales en el hecho, a iníliprlea esa pena, lo que, como ya hemos

dicho, es contrario al inciso t° del artículo 15 de la Constatucion

nacional.

Pugna, pues, en nuestro concepto, el artículo 1579 del Código Judicial

de Antioquía con esta dispoacion constitucionaL.

Creemos tambien que es contraria al inciso 10.0 del tnrnno artículo

15, i vamos a decir porqué. Por la disposicion que examinamos

se autoriza al Poder Ejecutivo para destinar los presospor delito

oomtm a trabajar en obras públicas; i si esa disposicion se ha dictado

con el fin de mantener la disciplina i la moralidad de las prisiones, i

es el únioo aspecto defensablo de olla, debo comprender a todos loe

presos, cualquiera que sea el delito porque so lee juzgue i cualesquiera

que sean las circunstancias en que so hallen.

Todos nqielloe contra quienes so haya dictado auto do prision,

son presos, están bajo el peso de una acusaelon, bajo la vijilancia i custodia

do la autoridad, son presuntos delincuentes; luego las disposiciones

disciplinarias que se dicten, las reglas que so establezcan para

mantener la moralidad do loe establecimientos de pHsiouaat como las

penas correccionales que por falta do subordinacion so lee imponga ti

los presos deben comprenderlos a. todos. i si, como en el presente

0*3), no alcanzan a todos los presos sino a loe que están en pnzlOc por

delito comun i do Latos tambien quedan esoeptuados loe que no scan

pobres do solemnidad, os claro que se sujeta a unos presos a obligacionesespeoialesqueloshacen

de peorcondicion que s los otrclo

cpie no se permitido, segan el derecho do la igualdad legal definido co

el inciso 10 del art! culo 15 de la Constitucion.

Zata desigualdad nos parece flagrante, sobro todo si Be considera

que presos, ea decir, pre&inioe rooe presuntos delincuentes, que se

hallen en igualdad de circunstancias, no son sometidos a la misma Mi.

Supongamos que haya un preso por delito comun a quien el Estado

soeton8a con sus rentas, ¡ otro preso do delito no comun, e. quien tainbien

sostenga el Estado; pues en este amo, el i'Hinero .»t4 obliçado a


1•

r

-06-

trabajar en obras públicas, i el segundo ud, no obat.aitto que ambos

son presos, que ambos son presuntos delincuentes, que ambos son

pobres do solemnidad.

Pero podrin decirse que esa desigualdad es orijinaria de la desigualdad

dol delito. Esto no os sostenible, ya porque ante la loi no son

delincuentes todavía, no estala convencidos de crimen; ya porqno puedo

suceder que el acusado por delito comuu rucho en inocencia i obtenga

un fallo absolutorio, 1 el otro n6; i entonces el verdadero deliacuento

era en realidad mas criminal, aunque estuviese acusado do un

delito m6noe grave. Esto viene a probar quo la lcd no puedo dejar do

considerarlos como simples presuntos reos para el efecto del artículo

que examinamos. Ademas, si la gravedad del delito estableciera esta

desigualdad, seria preciso establecerla tambien respecto de los delitos

comunes entro si; pues 08 claro que el acusado por heridas no está

en la mismacategoría que el acusado por homicidio premeditado, ni

¿ato por el acusado por asesinato.

1 debo observarso tambien que esa misma diferencia establecida

en la Ici, prueba que el trabajo en obras públicas so estima por ella

misma como una pena, puesto que no quiso sujetar a él a los acusados

por delitos no comunes, que so reputan siempre como munos graves,

como niiSnos deshonrosos, espocialmonto si so trata do delitos políticos.

R68t.anos examinar, i lo hacemos rtípidamcnte, para no cansar mas

vuestra atencion, una opinion emitida por los Majistrados soiiore8

Murillo i Villamizar G.

Dicen ellos: "Una vez detenido (el detincuonie) ¿Mono la sociedad

el deber do mantenerlo, aun cuando esté sano i en capacidad do

prestar & la misma sociedad algunos servicios en cambio do los

alimentos que recibo....?

Prescindamos doque el trabajo do un hombro puedo, en lajenerahidsLd

dolos casos, valor mas que lo quo so lo suministra en una

cároel, lo cual lo quitarla el car6ctor do equidad a la obligacion

do trabajar.

¿Es equitativo milijir una pena, ademas do la que implica la pri-.

Su Misma? Aquc1103 que están acusados do delitos, pero respecto do

los cuales la soctodad no ha dictado aún un fallo definitivo por medio

do los encargados tic administrar justicia, son privados do su libertad,

sepultados en una ehrcel, confundidos, muchós veces, con famosos

delincuentes, amenazados de un funesto contajio moral, esl$n ospuostoe

a las eonnjencias do un juicio, sujetos a Las privaciones i ruelastias

do una prision. Este os un mal, i un mal gravo, que la sociodad so

ve en la preoisic*i do inflijirlo si individuo por la propia seguridad, por

prevenirse contra los estragos del crimen, pem quo muchas voces

inflijo al inocente. Mas aquí debe dotenorso la sociedad hasta tanto que

convenza do delito al acusado. Cuando so lo inflijo esto mal, no so

viola en 6l ol derecho rccoocido iganutizado por el inciso 4. 1, articulo

15 dala Constitucion nacional, porque este derecho fn6 reconocido

con esta rcetriocion, restriccion saludable i previsora, puesto que

tiono por objeto garantizar el derecho de la sociedad trasgredido por

el delito.

Si la sociedad arrtnea un hombro del seno do sit familia, si lo

priva de su libedad, si lo ume cii un calabozo, si lo pone bajo el peso


- 97 -

do una acosacion, tintes da hebeilo convencido de delincuencia; si

hace todo esto por su ptepiá seguridad i garantía,¡ aun respecto de

hombres quo hago dedlaran inocentes.... ¿ no será, equitativo que le

suministre el margo pan de las prisiones? ¿ Sen conforme con los

verdaderos setitimiéntós de humanidad que lo obligue a trabajar? No

lo creemos.

1 no so diga que ssa es lana consecuencia del delito, porque la

dél delito ba la pena que se inflijo dspues de oonvencer al

Irion ente;iporquesieete trsbajoh parte da pena, siéles un

principio, siquiera sea mínimo, de expiscion, 80 comete un atropello,

porque so castiga sin los reqüizito protocta sin guardar las fórmulas

que garantizan 1013 derechos.

Por todas estas consideraoiones, os proponemos el siguiente

proyecto de

BÚL ti e ION

"El Senado do Plenipotenciarios do los Estados Unidos de Columbia,

en uso de la 4atribacion que le confiero el inciso 5.° del artículo

SI do la Oonstitucion,

Anula el artitmlo 1579 del Oódigo Judicial del Estado soberano

de Antioquia, sancionado el 1. 0 de junio da 1866, por ser contrario a

los iftoisoe 4.0 i 10.0 del artículo 15(16 la Constitucion nacional

Bogotá, mano 23 do 1871.

Honorables Sonadores.

M. Vnast..—D. VLANA.—J. Msimoza.—Agtrnso Psa&.—J. SKNclnrz.

Marzo 22 de 1871—So aprobó el proyecto de resolacion en

primor debata - Julio E. Pórcz.

Marzo 27.—So aprobó en segundo i ÚItÜnO debate.

ll Secretario, Julio E Pérez.

LXXXIII.

ULI DAD del Inciso b, nrdtfllc 4 ., 1 arUenio, Ola 0$ de la lel

del Escude soberano del tolima, de 4 do diciembre de 1870,

"orgánica ti ,i1ema renihilce dci Estado."

(No linSe set1cro 4. 3* Suprema Corto ft..iorsl.

Dwoisxai DE U KATOBIS 1 KIliOBIA n za COM]BXON DEL RnA no.

Informo de la minoría.

Ciudadanos Sonadores Plenipotenciarios.

Los tioñores Lorenzana e hijo 1 Bernardo Herrera o hijo, en su

propio nombre i en el do su socio en la Compsñfa de Colombia, sejior

Francisco Antonio Uribe, mi memorial fechado en esta capital el 2 de)

anos en curso, solicitan del Senado de Plenipotenciarios que declaro

1Z


- 98 -

nulos al inciso 6.0 dei articulo 4.° i loe artf culos 81, 62, 63, 64 i 66 de lá

"Leí orgánica, del sistema rentísUco del Estado soberano del Tolima,

de 4 do diciembre de 1870,': publicada en el número 119 de "El Cona.

titucional," periódico de aquel Estado, do acuerdo con la facultad que

concede al Senad o el inciso 5.° del artículo 51 de la Oonztucion acional.

• Vuestra comision de inspeccion do los actos lejislativos de los Eslados

ha examinado detenidamente la cueation, i no habiendo podido

acordarse sobre el modo de apreciarla, la minoría de ella pasa a asponeros

su opinion.

El artículo 4.° de la leí denunciada dice así:

"Art. 4.° Son rentas procedentes de las contribuciones ........

5° EYproducto del impuesto sobro la introduocion de ganado mayor

en el territorio del Estado, que venga destinado ni consumo."

Resulta, pues, que el ganado mayor que vaya destinado al consumo,

ántes (le ofrecerse a él, i por cl sdo hecho do introducirse en el Estado

del Tolima, tiene un gravánien, segun la disposicion trascrita, apeear

dii que los Estados se comprometieron en el artículo 8.° do la CoSitucion

federal: "5.° a no imponer contribucion sobro los productos

que transiten por el Estado, sin destiriarso a su propio consumo." 1 no

so diga que el gravamen impuesto en el inciso 5.°, articulo 4.° de la 1w

del Tolima, ca el que permite imponer la parte final del inciso 5,0, artículo

8.0 de la Constitucion, porque ci impuesto sobre el consumo es

el que recae sobre aquella operacion que prepara el objeto de que se

trata rara cambiar do forma i para sor des do: operacion que en el

Puado os el deüollo; i esta opera.cion está gravadaen la leí del

tolima por el mismo artículo 4? citado, en su inciso 4.°, que dice:

producto del impuesto de degüello de ganado mayor." Entender las

cosas de otra manera, equivaldría a decir que el consumo del ganado

mayor en e) Tolima tenis dos impuestos: uno al momento de intzodu

cuse, i otro al momento de sor degollado, lo que seria un absurdo,

pues siendo uno el consumo, uno debe ser el ixnuesto.

Do todo lo espuesto resulta que el inciso 6. , artículo 4. de la le'

del Tolima, tantas veces citada, ce contrario al inciso 5.° del artículo

8.° de la Constitucion federal, que dice así: "6.° A no imponer COI

tribucionea sobre los productos que &snsiten por el Estado, t desbmine

su propio consumo;" por lo tanto debeis anularlo.

Dice el artículo 61 de la le¡ del Tolima:

"El impuesto sobro la introduce" de ganado mayor en el Estado,

será do un peso por cada res."

En este artículo no ha¡ duda siquiera de lo que se propusO el l

justador tolimense. La violacion del inciso 5.°, artículo 8.°de la Constitucion

nacional, es evidente; debeis, pues, anularlo tambien.

Veamos los domas rtículos cuya nulidad se solicite.

"Art. 62. El individuo que introduzca ganado en el Estado COU el

fin do consumirlo en él, tiene el deber de avisar al Recaudador dei

distrito en que lo introduzca, el número de ganado que va a iutrodwr,

i el dia en que so verifique laintroduccion.

"Art. 63. Los Alcaldes i loe Recaudadores de los distritos C0fl6

nautes con otros Estados, tienen el deber do vijiar sobre la introdC

cien de ganados¡ cobro del impuesto fiscal, i de adoptar todas a


- 99 -

providencias que estén en la estora de sus atribuciones para provenir

el fronde i para castigarlo."

Estos artículos, considerados aislados, nada tienen de censurable,

pues el Estado sí tiene derecho para exijir que un individuo que introduce

ganado con el objeto de darlo al consumo, dé cuenta al Rocaudador

respectivo del dia que hace la introduccion i del número de

ganados que introduce (artículo 62); así como la Nacion, por ejemplo,

bono derecho para exijir, i exijo en efÑto, que el individuo que introduce

mercancías por sus Aduanas, manifieste cuándo hace la intzoducclon,

i el peso, calidad &c. de las mercancías que va & introducir.

Tambien tiene derecho perfecto el Estado para disponer que sus

empleados cuiden de impedir el fraude que intente cometerse, con

relacion a un impuesto establecido; i tanto mas cuanto que dioe

espresanente que debe usar de aquellas providencias "que estuvieren

en laesferade sus atribuciones;" lo que quiere decir, que deben ser

Je Loe artículos 62 ¡ 68 serian, pues, exequibles si se encontraron en

el capítulo 3. 0 de la Ici del Tolima de que nos ocupamos, pues entónces

se refaririan a un impuesto legal, como lo es el de deguello, que es

el de consumo del.ganado; pero encontrándose, como se encuentran,

comprendidos en el capítulo 6. 0 , cuyo título es "Introduccion de ganado,"

cuyo impuestoes inconstitucional, no pueden declararse válidos,

pues no siendo legal un impuesto, mal pueden serlo las formalidades

que se establezcan para Uevarlo a efecto.

Finalmente, loe artículos 64 i 65 dicen así: " Artículo 64. Cuando

el introductor de ganado mayor sostenga que el que ha introducido en

el Estado no es para el consumo, depositará en la Recaudacion respectiva

una oantsdad igual al valor del impuesto que causaria si se

destinara al consumo. El introductor queda obligado a presentar la

prueba do haberse estraido el referido ganado un mes deapues de la

lecba de su int.roduccion."

"§. Si cumplido el mes no se comprobare que el ganado introducido

ha seguido efectivamente para otro Estado, so presume que se

duatina para el consumo en date, i el Recaudador dará entrada en su

cuenta a la cantidad depositada, como si fuera consignada en pago del

impuesto."

De este artículo puede decirse tambien, que siendo legal el impuesto

a que él se refiere, no pueden serlo las formalidades que 61 establece

para hacerlo efectivo. Pero hsi mas; i es, que por £1 se grava mi acto

negativo, el no hecho de una cosa; es decir, el no dar el ganado al consumo,

por cu yo hecho negativo se priva temporalmente a un individuo

de una porcion de su propiedad, o sea la suma depositada, contra lo

que disRone el inciso 5.°, artículo 15 deIs Constitucion.

Usu más, ciudadanos Senadores: el inciso 3.° del artículo 15 citado,

garantiza a los colombianos "la facultad de hacer u omitir todo aptefo

de cuya ejecucion u oznision no resulte daño a otro individuo o a la

comunidad,' i el articulo 64 de la Isidel Tolima obliga a ciertos iiadiwiduce

a moverse contra su voluntad (dentro del mes de haber hecho

la introduccion del ganado) i cuando su estadía en el Estado no causa

daño aun ternero, ni a la comunidad.

Es fuera de duda que el artículo 64 citado debe declararas nulo.


— loo —

Tambien dobeis anular el artículo 65 'lo la Mi del Tolima que Øg

' cupo, pues aparte de comprenderlo el primero do los arguznenta

proeentados contra el artículo 64, contraria la libertad de indnstrffi

kiuciao 9.°, artículo 15 de la Constitacion), 1 coarta la libertad do YUqaT

por-el tertjtorio do la tJniongaranUzada en el inciso 8.' del articulo

16 do la Coatitucion, sin contar con que esto acto, como el anterior,

t'stablecen un consumo pnannto, que no conoce la lejislacion nacional.

En efecto, el memorado articulo 66 dice así:

"El ganado gordo, introducido de otros Estados, se prume que

o destina al consumo, i pegará el impuesto inmediatamente."

Croo vuestra comision haber demostrado la inconstitucionalidad

'jo todos i cada uno do los artículos denunciados de la Wdel Tohms.

Añado que el artículo 61 de la leí citada hizo parte do la leí del mmmc

Estado e1 Tolima, "orgtinica del sistema rentístico del Estado," fechada

cii 23 de enero de 1848, i lo anulhsteis en 26 o mayo del mismo

año (resoltidion LI, pájina 211 del Código da Resoluciones) ; i que ew

ziigmo articulo i disposiciones semojant.es a la del capitulo 6.° do la Ici

,lo1 Tolima que nos ocupa, hicieron parto do lo. leí 27 del Estado sobertuio

de Santander. do (1 noviembre do 1868, adicional i refonntorit


- 101

Los denunciantes se osprosan así:

"El capítulo 6.° Ro la Wdice: "Art. 61. El impuesto sobro Ja

infroduccion do ganado mayor en el Eat&lo, será de un pc'.;o por cada

res.' La introduccion de ganado de un Estadp a otro, es una opondon

indusial, que no puede ser gravada con impuesto do ningun

$nero en los Estados. As( lo habeis ya decidido por vuestra teselaciondo26de

mayo delS88 ....

No es cierto, honorables Sonadores, que el Senado han resucito

que la introduccita de ganados de un Estado a otro do la República

es una operacion industrial que no está sujeta a impuesto do ningun

)dnero. Vuestra resolucion de 20 do mayo citada anula una leí del

mazno Estado del Tolimz: que gravaba, la introducción en joneral del

ganado mayor, pero sin hacer la declaratoria referida. Mas tardo, Sr

resolucion del Senado do 18 do febrero de 1869, so anuló una lei del

Estado de Santander que coatenia disposiciones análogas, i ent6nces el

Senado declaró espresamente que anulaba ciertos artículos de dicha

le; "en cuanto la contribucion quo por ellos se establece grasa ci

ganadomayor que se introduzca al E'do sL i que no se destino a su

propio consumo? (Resoluciones LI i LIV). Anulada esta ici, so ocurri6

una duda que el Senado solará por resolucion de 18 de mayo do 1869,

numero LXIV, diciendo que aquoll& s.nnlacion dobia entonderso en el

sentido 'de no poder sor gravados los ganados que so introduzcan al

Estado, sino en el único caso en quo sean destinados a su propio

consumo;" habiendo negado. el Senado esta parte del proyecto do

rosolucton que lo íu propuesto: "i que, por lo mismo, su permanencia

en 61 por mas o m"nos tiempo, su reesportaoiou ¡ eetraeoion, cuando a

bien lo tengan ajé dueños, no puede restrinjirse con ninguna clase do

cont.nbucjon dé consumo."

Como veis, el Senado de Plenipotenciarios no ha hecho en estas

rceolueiouoa la declaratoria a que se refieren los denunciantes, sino

mes bien declaratorias en sentido opuesto, ya ¡m cita, ya osplí citamonte.

Pero aunque tal declaratoria so hubiera hecho, creemos quo

no ea en las resoluciones del Senado, que, como twa eentmein dofinitira,

solo resuelven el punto sometido a su ex(inen, sin fundar reglo.,

aunque sí precedentes, que so debe buscar fundamento para pedir la

amiiilacion de una Ici; os demostrando con razonamientos meontestublea

que esa leí se sale evidenem&e de la esfera do seden constitucional

do loe Estados.

¿Sucede esto con la lei que se os ha denunciado como inconstitucional

? Veámoslo.

Indudablemente lo que los lejisladores constituyentes do Rionegro

tuvieron en mira al consignar en la Constitucion nacional el inciso

del artículo 8.°,fu6 el que el tránsito, es decir, el pasaje de productos o

efectos por un Estado con destino a otro, no estuviera sujeto a gravúien

alguno. Esta disposicion se esplica por sí misma: ella tiene por

objeto impedir que unos Estados vivan a espensas do otros, aprovechándose

de su ventajosa situacion topográfica, i evitar sef colisiones,

hostilidades i represalias, que pueden comprómeter la marcha armónica

de la Union, i llegar a ser una amenaza i un peligro para el órden

público i la integridad de la Nacion. Que esto fu6 ol pensamiento. del

lejialador constituyente, lo prueba el preámbulo del citado artículo 8.0,


- 102 -

qve dice: "En obsquie de la integridad nacional, de la marcha cepe.

dita de la Union i do las relaciones pacíñeas de (os Estados, éstos

comprometen ......6.° A no imponer cóntribucionos sobre los productos

que transiten por el Estado, sin destinares a su propio consumo."

¿ De este compromiso es lójico inferir que 1°° Estados no pueden

imponer mas que contribuciones de consumo, como lo pretenden les

denunciantes? Tal conclusion ea de todo punto inaceptable e insostenible.

Negar a. los Estados la facultad constitucional de imponer S

contribuciones que a bien tengan, sea sobre la propiedad rural o

urbana, sea sobro los muebles, capitales, rentas o salarios, seria rtrinjir

lastimosamente

las facultades de estas entidades que han ami•

do la ca-si plenitud do su soberanía interna; i chocaría con nuesbo

derecho constitucional i con la ciencia, el que en una conatitucion so

echaran las basca del sistoma flaca! de las entidades confederadas,

cuando precisamente la federacion tiene por objeto i por rason de

existencia, la necesidad i conveniencia de no sujetar a unas mismas

instituciones, a un mismo nivel, a pueblos colocados en diversas situaciones

sociales, ccon6micaa i topogrúficas.

No creemos, pues, que la disposicion constitucional citada tenga

otro objeto, ni mas alcance que el que le hemos asignado. A nadie Be

le ocurre razonablemente que el hecho de cobrar un impuMo sobre

el ganado que Be introduzca en un Estado, sea para.vendarloallf, sea

para destinado a las '~esa para cebarlo,pueda comprometer las

relaciones pacíficas de los Estad os, embarazar la marcha do la Union

o ser una amenaza a la integridad nacional; i como fizó con el objeto

de conjurar estos peligros i do evitar estos males que,so cousign6 el

artículo 8.0 do la Onnatitucion, es claroque


— iO —

Fijada la intelijoncia recta i jonuina del inciso ó.°, articulo 8.° do

la Constitucion nacional, veamos si la leí del Tolima que ea ce ha

denunciado como inconstitucional, lo 08 realmente.

El Estado del Tolima, por su situacion respecto de los domas Estados,

puede servir do lugar do tránsito entre loe Estados de Antioqnia

i Cauca do una parte, i los domas Estados de la tlnion de otra. Siaquel

Estado estableciera un impuesto cualquiera sobro loe objetos que fueran

do Cundinamarca, por ejemplo, con destino al Estado de Antioquis,

indudablemente que faltaria al compromiso coniraido en el inciso 5.°,

articulo 8.° do la Conatitucion nacional, en virtud del cual aceptó voluntariamente

una restriocion a su soberanía; iso saidria así eviilenkmente

do su esfera do accion constitucional. Poro la lo¡ que se os ha

douunciado como violatoria do aquel inciso, no establece, ni en la forma

ni en el fondo, impuesto alguno sobre el tránsito, es decir, sobro el pasaje

de objotó8 que vayan destinados al consumo en otro Estado. El

artículo 4.° de la mencionada lei dice: "Son rentas del Estado, procedentes

de oontribuciones ......6. 0 La introduccion do ganado mayor

que venga destinado al consumo."

Ya se ve, pues, que el pensamiento dol lejislador tolimense no

fué gravar el tránsito de ganado mayor. Con esta roatriccion, dicho

Estado quiso poner en armonía con las resoluciones del Senado a que

non hemos referido al principio de este informe, el gravámen sobre la

introduocion del ganado mayor. En efecto, el Senado habna nuhñcado

dos leyes que imponian tal graváinen; pero solo en cuanto ellas

pudieran gravar el tránsito; la lei del Tolima grata £nícamente la

mtroduccion para el consumo; luego es claro que está do acuerdo con

aquellas resoluciones quo tuvieron en mira impedir que se gravara el

tránsitopuramente W.

No debe olvidarse que los actos lefrlativoe do las Asambleas de

los Estados solo están sujetos a suspension i anuln.cion, cuando se salgan

evidentemente do su esfera de accion constitucional, i "la evidencia

no se demuestra, se muestra." Do manera que la sola duda seria

ün motivo para declararlos válidos.

Ya hemos visto que la mencionada leí flO establece en su forma

grav&men alguno sobre el tránsito. Veamos si en el fondo lo establece.

Do la. esposicion misma de los denunciantes se infiere que el ganado

mayor que se introduce al Estado del Tolima va destinado al

consumo en dicho Estado, puesto que ellos atribuyen la espedicion

do la citada lei al interes de evitarles competencia, ac darles una prima

a loe dueños de arias en el iAismo Estado, competencia que no

puede hacerte con ganados que van de tránsito, esto es, que solo pasan

por el territorio del Tolima.

En el hecho, lo que aparece claro de la esposicion de loe denunciantee,cs

que el ganado que seintroduoe al Estado del Tolimava

destinado a venderso allí, ya para darlo al consumo, destinarlo a. la

alimentacion dol pueblo, ya para destinarlo a las eñes o a las cebes, lo

que es tambien una especie de consumo, entendiendo por oonaqwo el

uso que hacemos de-una cosa para satisfacer .una necesidad; i tal es la

acepcion que los economistas modernos le dan ala palabra "consumo."

11. J. Garnier, en su excelente tratado do Economía Política,

social 0 industrial, odicion cJe Paris do 1868, dice: "por consumo, es


- 104 -

necesario entender d uso, el empteo do la utilidad que so recibo en loe

productos."

Si el consumo fuera únicamente la dostruecion de la éosa, aplicada

a la satisfaccion do una necesidad, las cosas no (uxijiblos no tendrían

consumo. AsÇpuos, el ganadoque so dostina a. las aiaa o las cobas, se

consume en la acepqiOn t6cnica de la palabra., porque allí sufro una traeformacion

que lo hace apto para satisfacer una necesidad, que lo hace

aumentar de valor, i que viene a ser un verdadero consumo reproductivo.

Ea claro, pues, que no puedo sostenerse razonablemente (300 el

ganado que se introduce en el Tolima., sos para destinarlo a la ehmentacion,

nos para las crias o cobas, va do tránsito por aquel Estado, ni

que es tránsito la permanencia indefinida en 61.

No puilióndose, conforme a la naturaleza de los hechos, llevar ganado

del Estado de Cundinamarca para los del Cauca i Antioqaia,

transitando con 61 por el Estado del Tolima, os claro tas±ien que ci

Lecho de introducirlo a este Estado tiene por objeto verificar cc» &

alguna operacion industrial que, como ya hemos 'visto, 08 Un verdadero

consumo,; pero en solo casos raros ¡ oscepcionaloa puede sor un 'verdadero

tránsito, i para estos casos do eaoepcion ha¡ tambien oacepcionos

en la Id que examinamos, puesto que ella no grava el tránsito sino

el consumo.

Para que se ves que a la disposicion del artículo 8.°, inciso 5.°, no

se lo quede dar la amplitud que pretenden los donunciantos, i que dicha

d.Ispo8icion no tuvo en mira prohibir que se impusieran contribuciones

que no sean do consumo, sino impedir que se gravo el tránsito,

haremos aun algunas consideraciones.

Supongamos que el Estado del Tolima gravan con un impuesto

cualquiera la industria pecuaria del mismo Estado, esto es, la cris 1

coba del ganado: ¿ habría quien ~viera razonablemente que ceo

impuesto era inconstitucional i que delia anula~. por cuanto ese

ganado que so Sara o cebara en el territorio do aquel Estado podia

er consumido en otro Estado, i por consiguiente que debía reputaras

como puramente de tránsito en el Tolima? No lo creemos; por el

contrario, oreemos que cualquiera rechazaría esta conelunion como

absurda; pero al rechazarla, aceptaria implícitamente ceta otra: que

los Estados sí pueden establecer impuestos que no graven dirocbmew

te el consumo.

Puede sucederque el ganado introducido al Estado del Tolima

para sor allí objeto do una transaccion, o de una operaoion industrial

reproductiva, como la coba, su rot,eporte i vaya a consumirse a otro

Estado; pero tambit puedo suceder, i es lo mas conforme con la ne.

taraleza de los hechos, que es consuma en el mismo Estado: ¿qtuÑi

podría sostener raÉonsbleñiente que en uno u otro caso, tal amOdO

solo iba do tránsito, esto es, que pasaba por el territorio del TOliU'

con destino directo a otrci Estado?

1 solo en esto caso seria el impuesto inconstitucional con la 00D

dicion quo requiero el artículo 14 de nuestra Constitucion, esto 06, 000

la evidencia; porque sin esta condicion, Rin que aparecca "la certefl

clara, manifiesta, perceptible a todos, de que nadie puede duda: rw

cionalmento" de que el acto lejislativo de un Estado so galo de su

sfera do accion constitucional, tal acto no puedo nuliflcaxw.


- 105 -

1 en esta condicion fué l6jico consigo mismo el lejislador constituyente,

puesto,que ostatuy6 que todos loe asuntos de gobierno cuyo

ejercido no deleguen los Estados espresa, epoial i claramente al Gobierno

jeneral, son de la esclusiva competencia dolos mismos Estados;

luego en caso de duda, cuando no haya evidencia, cuando no aparezca

clara la estralimitacion do funciones por parte del Estado, no puede

resolverse la duda en contra de (ate.

Apliquemos aun mas concretamente estos principios a la enestion

actual.

¿Quá es lo que les está prohibido a los sSdos por el inciso &°,

artículo 8.° de la Oongfitución nacional.. . .2 Establecer impuestos

por el tránsito de efectos por el Estado, sin destinaras a su propio

consumo. ¿Es esto lo que establece la liii del Tolima.....? No. Ella

grave ganado mayor que se introduzca para el consumo del Estado,

respotando así la disposicion constitucional. Poro¿ puede suceder pie

por osas disposiciones resulte en algun caso gravado el tránsito.? Sí;

poro esta posibilidad, esta contínjoncia es la escopelon, ca el efecto imprevisto,

no permanente, de la lo¡, ¡la posibilidad, la continjencia, el

campo inmensurable de la conjeture, no es el hecho evidente. Lo

evidente os lo real, lo efectivo, no lo continjonto, no lo posible.

En nuestra actual organizacion política, lo primero os el Estado:

61 ejerce la plenitud de la soberanía interna, con las escasas restncclones

contenidas en el capítulo 2.° do la Oonstitticion nacional; no

tiene por esto señalada una 6rbit.a fija, determinada, de acolan, oomo

la tiene el Gobierno jeneral ; obra con la plenitud de poder que so lo

reconoce al individuo, si» que le esté prohibido mas que aquello que

puede romper la unidad nacional, impedir la marcha ~ta de la

Uniou o perturbar ana relaciones pacíficas oou los demas miembros de

esta familia política. El tiene la lejislacion civil i penal aquella que

determina i regla todas las relaciones del hombre, en su triple faz de

miembro de la familia, de propietario ¡ do trabajador; i ésta que

garantiza todos los derechos del ciudadano, inflijiendo una pena al

que se hace reo de la trasgresioi do la Ici.

1 atando tan estenM esfera de accion recorre aquellx entidad,

cuando so ha resonado las mas anguiites, graves i delicadas funciones

del poder público, no soria aburdo sométerla a una tarifa mezquina

i estrecha en materia do impuestos?

Por todas estas razones i otras que seria prolijo aducir, vuestra

comision de inspeocion de actos Icijislativos do los Estados os propone

el siguiente proyecto de

It Es¿ t U 010 N.

El Senado de Plenipotenciarios de loe Estados Unidos de Colombia,

coNswgaslmo

1. Que el ¡ocian 5•9 del artículo 4." de la le] orgánica del sistema

rentístico del Estado del Tolima, espedida el 4 do diciembre do 1870,

¡jo ostableoe un derecho de tránsito sino de introduocion para el consumo;

2.° Que el capítulo 6.° do dicha Ici ca un desarrollo adjetivo de

la disposicion contenida en el inciso Lotes citado, desarrollo que no


-106—

pugna evidentemse con el inciso 5.° del artículo 8.° de la (Yonatftnciou

nacional,

- En uso de la atzibnolou que le coaere el artículo 61, inciso 6.0 de

la ita Constifucion,

REsUnYS:

Doclhrase válida la Iei del Tolima de 4 do diciembre do 1870, orgkica

del aSeas rentfstico del Estado.

Bogotá, marzo 8 6° 1871.

Dzicrraio Vu2u.—Aguuso P~—J. Mzimoz&.

Es copia—El Secretario, Julio E. Pérez.

Marzo90 de 1871.

El anterior proyecto de resolucion, que os el de la mayoría de la

coinision, so negó en primer debate.

El Secretario, Julio E. Pka.

BPSOLUQION Dfl SENADO DE PLENIPOTZIaAEIOS,

aprobada en seguodo debsta 427 de mino de 1871.

El Siado de Plenipotenciarios, en uso do la facultad que le co ycede

la atribucion 5., artículo 51 do la Constitucion nacional, declara

nulos el inciso 50 del artículo 4.', ¡los artículos 81,62, 63, 64i66 da

la le¡ del Tolima, orgánica del Materna rentístico del Estado, espedida

por la Asamblea constituyente do dicho 15Btado con fecha 4 do diciembre

de 1870.

El Presidente, Árawzxo Psnas.

El Secretario» Julio E. Pérez.

LXXXW.

NULIDAD de la veo del Liado soberano de Bolívar, den ¿e

elnbn de 1570, sato policía Jemerat

Aounwo DE LS 8uns Con.

Con. Sapama ted.ri—Bcgoth 18 de (ebtem de 1871.

Vistos—El ciudadano colombiano Joe6 AraÚj2 ha solicitado de

este Supremo Tribunal la suspension de Ja Wdel Estado de Bolívar,

do2lde octubre de 1870, "adicional a lade2üdo octubre de 1867,

sobre policía jeneçai," por creer contrarias al luSo 4?, artfoSo 16 de

la Conztitwion nacional, las siguientes disposiciones de ella:

"Art. 1.° Siempre que, a juicio del Poder Ejecutivo, existan fundados

moivoa para creer que se trama contra el 6rden público del

Estado en cualquiera de sus secciones, 61 o om ajentes procedaSn a la


- 107 -

oornprobacion sumaria de ka hechos que hayan dado márjen a aqué-

Uo i una vez practicada, harácomparecer se

a los que resulten cuk

ps4oe, se lee lees lo actuado i se les fljarS el término de veinticuatro

horas para que, por sí o por medio de la pereaia qwe designen, presenten

sus descargos, permaneciendo arrestados mMnfraa se resulva

definitivamente sobre en culpabilidad. Si no se desvanecieren los

eaz se las irá flstns deobadecera laConstitucioni leyes ial

Gobierno establecido por ellas.

"Art. 2.° La snws de que trata el artÇculo anterior aerá.persoual

i a satisfaccion del empleado eneareado de exijirla, i deber prestares

inmedistainex&te por la cantidad que determine el mismo empleado,

teniendo en cuanta Ja mayor o mcaor influen&apolítica i social que

pan trastornar el 6rden público tenga la persona de que se trata.

"Art 3. 0 El que no diere la fisaza de que trata la presente Mi,

continuará arrestado hasta que lo verifique, o hastaque hayan desaparecido

los motivos para creer que persiste en sus zuMos propósitos.

"Art. 4.° Cuando el Poderjecutivo del~las facultades que

le confiere la presente leí, a elgunos de sus ajeites ¿atoe darán cuenta

de aun providencias, las cuales pueden ser rekrmadas por aquóL

"Art. 5.° Las disposiciones de la presente leí no podrán ser

aplicadas ocho días ¿nies ni ocho dias deepues de loe sefaniados por

las loyes del ramo para que tengan lugar votaciones populares."

La solicitud de suepension ha sido ooadyqyada Procurador

por el

jeneral de la Nacion, que Sima tambien inconstitucional la Deferida

le; por las razohes consignadas en la esposicion con que dsvolvi6 el

epe&onto pasado a su estudio para que abriese concepto.

De acuerdo co- el emitido por tito funcionario, va la Corto a

dictar su resoluclon, fundada en las consideraciones siguientes:

kici La rsonal seguridad que pepor

el inciso 4.°, artículo 16 de la Con»tion

da la República, se obligaron a reconocer i garanlizar el Gobwnojeneral

i loe Gobiernos de los Pata&e a los habitactes i tan-.

asuntes en Colombia, consiste: en nip ser atacada (dicha seguridad)

impwwment por otro individuo ni por la autoridad pública: ni ser presos

o detenidos sino por motivo criminal o por pena correccional: ni

juzgados por comisiones o tribunales eatraordinarios: ni penados sin

ser nidos vencidos en juicio; i todo en virtud de leyes preexistentes.

Sin esfuerzo alguno de razonamiento se advierte la incompatibilidad

de la lei que se ha copiado con el precepto constitucional que

acaba de trascribirse. Basta pars convencerse de ello observar:

1.0 Que la Constitucion (inciso copiado) establece el principio de

la responsabilidad de loe funcionarios públicos por todo atentado que

cometan contra 6 seguridad personal, zniéntras que la leí consagre. el

pizioipio odntrario, erde la irresponsabilidad del Presidente del Estado

i de sus ajentes a quienes delegue las facultades que aquella leí

concede, cualquiera que sea el nao que hagan de elisa A tanto equivale

la autorizacion de que se les inviste para proceder en loe términos

de la leí, siempre que, a su juicio, existan fundados motivos para creer

que se trama contra el órden público; pues no se concibe cómo haya

de ser legalmente responsable un empleado cuya libertad de accion no

tiene otros límites que loe que 41 mismo, segnu su propio juicio,

quiera señalarlo.


- los -

2." Que la garautia de no ser preso ni detenido sino por motivo

eriunnal o por pena correccional, deja do ser efectiva allí donde basta

li mora sospecha de que se proyecta subvertir el órdon público, pan

la autoridad se apodere do la persona (le aquel sobre quien tal

s ispeoha recae, lo mantenga preso entretanto se resuelve sobre su

culpabilidad, lo obligue a prestar fianza de observar cierta conducta,

i prolongao indefinidamente su detoncion, si no puedo o no quiere

otorgar la fianza, o la que ofrece no satisface al empleado que se la

i .xije. 1 debe tenerse en cuenta, para apreciar con exactitud el alcance

tic semejantes discrecionales faenitades, que no definiendo la le¡ lo

c jne indica con las palabras de "trama contra el 6rden público," queda

al arbitrio del Presidente del Estado determinar en cada caso lee

hechos en que consiste eso que se designa con la vaga espresion citada,

lo cual entraña una s4ria amenaza contra la seguridad perouaI;

porque acciones no prohibidas por las leyes, mas aún, acciones recoDo.

ciJas i garantizadas como el oiercioio de un derecho, pueden, con soto

no cansen alarma alas autoridades, atraer sobre los que las ejecutan,

rineipaimente en ¿pocas de ajitacion política, los rigurosos prooedi-

' iientos que establece la lei de que Be ha venido tratando.

En mérito, pues, de las consideraciones precedentes, la Corto Sulroma,

reunida en Sala de acuerdo, resuelve: supendcr la Ici del Eafado

do Bolívar de 21 do octubre do 1870, "adicional a la de 20 de

octibre do 1867, sobro policía jeneral."

Comnulquese, i remítase el espediente al Senado de Plenipotenciarios.

Ja, CoLvsJE.—JUAN Aourrn UaIcoEcEEA.--JosÉ M.&nrs VgLAI}

zÁn (i—M. MunnLo.--J. M. PÉRBZ.—El Secretario,

J?qad E. Santander.

Es copia—Secretada de la Corto Suprema federal.. Bogotá, fe-

1, roto diez i ocho de mil ochocientos setenta i uno.

ElSecrotario, Rafael E. Santander.

Isrogxi'i DE LA COMISION ng!, Sznco.

Jindadanos Senadores.

• Habiendo sido donuncis4a por un ciudadano colombiano Ja lo¡ del

lstado soberano de Bolívar, do 21 do octubre do 1870, —adicional¡,

. formatoria do la do 20 do octubre de 1867, sobre policía ¡cuera!,

c'rnio contraria al inciso 4.° del articulo 15 de la (3on gtjtucion nsciOOBL

a Suprema Corte foderal, de conformidad con lo pedido por el Vr0cu

rador do la Nacioia, resolvió, en 18 de febrero del presente año. 9I1

j nsder la mencionada Ini i pasar el espediente al Sonado de PloniPot.iieiario;

para los efectos del artículo 61 do la Constitucion.

Las disposiciones de la lo¡ que so acaba de citar, son las

siguientes:

"Art. 1. Siempre que, a juicio delPoder Ejecutivo s existan

lindados motivos para creer que se trama contra el orden publico del

Estado en cualquiera de SUS secciones, i1 o sus ajentes procedert a la

jií -


- 19 -

comprobacion sumaría do loe hechos que hayan dado mÁrjen a

aquéllos, i una vez practicada, se hará comparecer a los que resulten

culpados, se lea leerá lo actuado ¡ so lee fijará el término de 24 horas

pca que por al, o por medio de persona que designen, representen sus

derechos, eciondo arrestados mi6ntns as resuelvo definitiva,-- -

mente sobre su culpabilidad. Si no so desvanecieron loe cargos, se Lee

en)irá fianza do obedecer a la Constitucion ¡ leyes i al Gobierno

establecido por ellas."

"Art. 2.° La fianza de que trata el artículo anterior será personal

i a satisfaccion del empleado encargado de exijirla, i deberá presentarso

inmediatamente por la cantidad que determino el minino empleado,

teniendo en cuenta la mayor o menor influencia política i social

que, para trastornar el órden público, tenga la persona de que se trata."

"Art. 3° El que no diere la fianza de que trata la presente le¡,

continuará arrestado hasta que lo verifique, o hasta que hayan deaae.recido

loe motivos para creer quepersiste en sus malos prop6aitos,

"Art. 4? Cuando el Poder Ejecutivo delegue las facultades que

lo confiere la presente Iei a alguno do sus ajentos, éstos darán cuenta

de sus providencias, las cuales pueden ser reformadAs por aqua"

"Art. 5.' Las disposiciones de la presento Id no podrán ser aplicadas

ocho dias dntes ni ocho días despues de los señalados por las

leyes del ramo para que tengan lugar votaciones populares."

La Constitucion nacional define así la garantta de la seguridad

personal.... "La seguridad personal; de manera que no sea atacada

impunemente por otros individuos o por la autoridad pública: ni ser

presos ni detenidos sino por motivo criminal o por pena correccional:

ni juzgados por comisiones o tribunales eatraordinarioe: ni penados

sin sor oidoe ni vencidos en juicio; ¡todo esto en virtud de leyes

preeristente&"

Ahora bien, la incompatibilidad de las dos disposiciones preinsertas,

la de la Constitucion nacional i la da la do Bolívar, no puede

ser ia evidente: basta una simple lectura para apercibirse de olla de

un modo claro e indudable. La Constitucion quiere que la seguridad

personal no pueda ser atacada impunema*, ni por los individuos particulares,

ni por la autoridad pública, ¡ haçe consistir únicamente en

la responsabilidad que toda violacion apareje, la efectividad de dicha

garantía; ¡la leí de Bolívar, que deja al juicio del Preaidañte del Estado,

o al de sus sientes delegatarioe, la determinacion do los motivos

que doben ocasionar el arresto o detencion do un individuo cualquiera,

consagra el principio contrario al de la Constitucion, el de la mas absoluta

irresponsabilidad.

Con el hecho de no deterniinarse en la leí cuáles son loe actos

cuya ojecucion debe servir do motivo al Presidente del Estado "para

juzgarque se trama contra el 6rden público," se deja a este funcionario

en libertad para calificar como tal motivo, no solo la ojecucion de

un acto inoóente cualquiera, sino hasta el ejercicio mismo de citar

derechos garantizados por la Constitucion, como el do la libre eMpresion

de)pensamiento de palabra o por la prensa, el do asociacion, 1 el

de hacer libremente el cOmercio de armas o municiones. En momentos

de alarma, cuando la eubveraion del 6rden público se crea inminente

en Bolívar, quizá no serian otros que los anteriormente espresados, los


- 110 -

actos cuya ojecucion podría fmwlar Los procedimientos que &u~

aquella let

La garantía de no ser preso ni detenido sino por motiva crhninal,

o por pena correccional, desaparece oompletaDude allí donde basta

una simple sospecha de quia se sma conka el 6rden público, para

que un individuo cualquiera pueda ser privado de su libertad, obligado

• prestar fianza de que observará determinada conducta, o condenado

• permanecer en prision indefinidamente, si no puede prestar la flanza

• satiafaccion del empleado que la exija. Es en la dtchm clan. ¡ di»tinta

de los hecbce que oonsttayen el delito, en lo que consiste principalmente

la garantía de; 1aIrndadpersonal, en cuanto ella puede

ser violada por loe ensdel poderpúblico. 1 bien Se con'prende

que una leí 9uja a! juiao de la autoridad, en cada caso

que ocurra., la determine.cion de loe hachee en que consiste la coinlaton

del delito, abre el mas ancho campo a la arbifrariedad.

Superfino seria, ciudadanos Senadores, aducir mas razonamientos

para demostrar la inconstitucionalidad de la lei en referencia, ¡ por

tanto, vuestra comision termina el presente informo con el siguiente

proyecto de

U E 80 L CloN:

"El Senado de Plenipotenciarios, en ejercicio de la facultad que

le concede el artículo 51 de la Conatitucion, declara nula la leí del

Estado soberano do Bolívar, de 21 de octubre de 1870, adicional ala

de 20 de octubre de 1867, sobre policía jeneral"

Ciudadanos Senadores.

MUUJO Psun }L Vnn - i SI,zcan— J Mnwoa—D. v.

Secretaria del Senado de PIaIpctsndsrIoL—BQgoU, a1414 de 1871.

El anterior proyecto de resaludan ha sido aprobado por el Sens'

do de Plenipotenciarios en los dos debates «institnoionaiea tenidos a

las sesiones de los dias 81 de marzo dltiinoi en la de la fecha.

El Secretario, Julio E. Pérez

LXXXV.

NVLJDA» del articulo 302 del Código Judicial del Rslad• da

Cundinamarca, de 11 de noviembre de 1$.

E . Acumrno DE LA Con SUPREMA.

Corta Suprema federal.—Bogot& din i tiete de mano de mil OaQCitD%OS setenta 1 une.

Los artículos 801 i 302 del C64o Judicial del Estado de Onudinamarca,

la ejecnoion de los cuales, i do sus referentes, pido Vicente

CuLillo ua e suspenda, "en cuanto disponen la prision por deudas,"

dwonsal: -


- 111 -

"Ast801. Hecha la poticion a que se contrae el anterior artículo,

el Juez mandará e intimar¿ inmediatamente al deudor, pasando a su

casa si Mete necesario, que dé fianza, a satisfaccion del nhamQ Juez,

de no moverse del lugar durante el juicio i mMntra.a no satisfaa sus

resultas; o que oonetituya apodeÑdo instruido, espensado i sujeto a

las resultas del pleito, dando un fiador, a satisfaccion del Juez, de que

el apoderado cumpliré con los deberes que so impone.

"Art. 302. Desde que el Juez haga esta intunscion al anaigado,

no lo dejar separar de su presencia hasta que cumpla con uno de los

términos deis infimacion; i si no lo hiciere así, el deudor será reducido

a prision."

1 el artículo 800, a que se refiere el 801, dice:

Art. 300. Antes o dospues de presentada una demanda, sea do

mayor o de menor cuantía, puede el interesado pedir que se arraiguo

si demandado o a quien intenta demandar, siempre que compruebe,

aunque sea sumariamente, que es su deudor, i que se teme fundadamente

que Be ausente para burlar las consecuencias del juicio, o con

grave perjuicio de su acreedor."

Do la solicitud de Castillo, fecha nueve de diciembre último, se dió

vista al Procurador jeneral de la Nacion, i este funcionario, en escrito'

del diez de enero, hace la manifostacion que signe:

"Como e] (36digo Judicial de Cundinamarca fué espedido i empezó

rejir dides da que se sancionara la Constitucion nacional, i como

ya ese Supremo Tribunal ha deciMado ue las leyes de los Estados

anteriores a la Constitucion no están sujetas a la suspension de que

trata el artículo 72, me contraigo a pediros que en el presente caco

dicteis idéntica resoltcion, pues si del mismo ooncepto,a saber, que

las leyes anteriores a la Constitucion i que le son contrarias, quedaron

virtualmente derogadas i no ha¡ necesidad de snnpenderlaa"

Aunque es oferto, como el Procurador lo hace presente en la manifeetacion

inserta, que este Supremo Tribunal ha declarado que las

layes de los Rstados, si son anteriores a la (3onstitnoion nacional, no

eet&n sujetas a la suspension de que trata el "culo 72 de la minina,

no se accedo a lo que ese funcionario pide, porque loe infraacritos Majistrados,

que no fzmçionaban como tálee cuando se dicté semejante

declaratova,,rn aceptan, por su parte, el fundamento en que ésta descansa.

A Juicio de ellos, las 'oyes de los Estados, anteriores i contrarias,

o"nó, a la Constitucion nacional, no pueden ménos de ser conaderadea

vijenteapor loe funcionarios de la Nacion, si éstos las ven en

aplioacion actual por loe doaquellas entidades, pues la njonoia de las

leyes de cada Estado es, indudablemente, asunto de la escluarra competencia

de él mismo; i si todo esto es así, mal podna ahora este Supremo

Tribunal declarar superfluo, en el caso, el ejercicio do le. abibtcioc

quo le confiere el citado artículo 72, sobre el fundamento de

hallase virtualmente derogadas las disposiciones que denuncia (Jastillo,euandolocontrarioesloque

aparece, segun sevea los fohoa2i

& Pa afecto, en e4 primero Be lee esta órden dada al Alcaide de la

Penitenciaría del Estado de Cundinamarca, el diez de noviembre de

mil ochocientos setenta, por el Juez del distrito dé Bogotá. "Sírvase

usted retener en calidad de preso al señor Vicente (JastiJio, huta nne-


- 112 -

tt urden. El motivo por el casi se ordena esta prision es el do babor

.si1•i dicho señor arraigado, conforme a loe "culos 300 i 301 del

('digo Judicial; i por no haber cumplido con lo que ellos disponen, el

.7 tuado, conforme al articulo 302 del mismo Código, ordena sea reduilo

a prision ;" i en el segundo se lee este informe, dado al Secretario

jinoral do ese Estado por el Procurador del mismo, el dia 2 del

)ue-'.flte mes: "El Poder Lejislativo del Estado no ha resuelto,

de la sancion del 06digo fundamental de la República, si se

ensiileran o n6 como 'rijentee los articules 3015 302 del C6digo Jn&nial;

ni el Tribunal del Es4ado ha resuelto tampoco esta caestaon. En

1,)q Juzgados do circúito de esta ciudad Be ha podido, en distintos

ntsos, que se decreto el arraigo en la forma prevenida en dichos srticitLns,

pero los Jueces no han estado de acuerdo en cuanto a la vijenci

lo tales disposiciones, ¡han resuelto el punto en distintos sentidos;

Ijias, çomo las partes se han conformado con las decisiones que han

iltrnido, no ha llegado el caso de apelacion."

Fuera de duda que la derogacion virtual de las leyes do los Estados

no puede ni debe, por sí sois, servir de punto de partida a la Corte

S;i,risma al tratarse del ejercicio do la atnbucion que lo confiero el

arttcnlo 72 do la Constitucion federal, i constando que los artSSoe

denunciados surten, aunque no por pntctaca uniforme, efectos de vijítt4,

¡.>que hai que examinar es si ellos, como dice el solicitante, "dio-

,tl.iiu la priMen por deudas;" porque si esto os cierto, la existencia de

ta ' artículos es incompatible con la. de la seguridad personal, tal

este derecho se halla definido en aquella Constitucion, a saber

(InCISO 4.0, artículo 15): "La seguridad personal; de manera que ¡10

sea atacada impunemente por otro individuo o por la autoridad púlujen

:ai ser fresos o detazido8 tino por motivo criminal o por pena vrr

CIt6(tI ' , &C.

&tendiendo a las palabras marcadas en la disposicion pie se

acaba de trascribir, no puede Snos de reconocerse que ci articulo 30

clíl Código Judicial del Estado de Cundinamarca., artículo que manda

empicar como apremio contra los deudores, en ciertos casos, primero

la riiinple detencion, i la prisioi meso, pugna con la Constiencion dicha,

porque preceptúa el uso de la una i de la otra cuando no se trata do

asunto criminal ni de pena correccional alguna. Ni de esto uultimo so

trata, porque el no cumplimiento con ninguno de los términos 4o 1.5

intijijacion a que se refiere el artículo 301, no puedo cistimarue proc!snmt'nte

como un acto do desobediencia a lo ordenado por el Juez Ca

virtud do la le¡, supuesto que puedo miii bien esplicarso por falta do

medios para hacer lo que allí se exije.

Poro si el articulo 302 es evidentemente contrario a la parte marcada

de la disposicion últimamente trascrita, no puede decirse lo mislUt)

(le los artículos 301 1300; porque en éstos no solo no so habla de

1 iision ni de detencion, sino que no so habla de apremio de mng1l

cpicie. Porosos das artículos se establece, os verdad, el arraigo;

st&', espresamento permitido por el inciso 8.* del citado artículo 16, »°

rs, pør sí solo, una detencion propiamente dicha, en el sentido lcç6l de

la palabra. El que tonga o n6 ese carácter, depende del medio que 80

empleo para hacerlo efectivo. Por tanto,


- 113 -

82 RE$tJfltE:

Suspéndese la ejecucion del arffculo 302 del Código Judicial del

tetado do Cundinamarca, sancionado el 11 de noviembre de 1858.

No ha¡ lugar a suspender la ejocucion do los artículos 301 i 300

del mismo Código.

1 se declara, adornas, que, aunque la solicitud de Castillo abrasa

loe referentes al 301 i 302, la Corte no se ha creído en el deber de hacer

la busca de ellos, para lo cual le habría sido necesario leer el Código

íntegro. La Corte creo que os a loe respectivos solicitantes a quienes incumbo

señalar, con la claridad apotecibk, las disposiciones legales

cuya suspension pretendan. Ni aun en el oxámen del artículo 300 se

habna ella ocupado, a no haberlo creído bastante claramente indicado

en la solicitud, por referirse a él el 301.

Comuníquese al Presidente del Estado de Cundinamarca, dése

cuenta al Senado i publíquese.

Ja Coxnu g.—Jusii A. jJBlooEoHa--M. Mwauo.—Jv.ui Mszvn

PÉan—JOSÉ M. Yruamna G.

El Secretario, Bufad E. Santander.

llffvRKE DE 14. COMISION DEL SENADO.

Ciudadanos Sonadores Plonipoteuciai4os.

La Corte Suprema federal, a solicitud del señor Vicente Castillo,

diot6 en 17 del próximo pasado mes una resolucion suspendiendo la

ejocucion del articulo 302 del Código Judicial del Estado de Cundinamarca,

sancionado en U de noviembre do 1858, i declaró sin lugar la

suspenstoD, igualmente solicitada, de loe artículos 300 i 301 del mismo

arMonio cuya ejecucion ha sido suspendida, dispone que, cuando

el deudor, arraigado no ¿6 la fianza 9U0 exijo el citado articulo 301,

o no oonsUtn's un apoderado instruido, espensado ¡ sujeto a las

resultas del juicio, dando tm fiador a satiafacoion del mismo Juez que

le haga la intixnaoion de arraigo, do que dicho apoderado cumplirá

con sus deberes, el deudor será reducido a prWm

Las poderosas razones en que se funda la solicitud ¡la resolucion

de la Corto Suprema, le parecen a vuestra comision verdaderamente

indestructibles.

Por la lejislacion española i por nuestras propias leyes, el deudor

q1ue no pagaba sus deudas, dsbia sor hecho preso ¡llevado a la cárcel.

1tsceptubanse por la leí 12, título 28, libro 11. de la Novísima Beco.

pilaezon, ciertas personas que no podian ser presas por deudas pura,

mente civiles, corno los hijos-daigos, las mujeres, por decoro a su sexo,

a no ser conocidamente deshonestas, los que gozan del beueficio de

competencia, &c., ¿cc. Pero lioi, a virtud de nuestras instituciones

republicanas, que consagran el principio do la libertad i el de la igualdad,

os derecho jeneral el quo nadie sea preso puramente por deuda

civil, sino por motivo criminal o cor pena correccional.

El inciso 4.° del artículo la do la Constztuciou política do la

Union dice:

15

-


- 114 -

"La seguridad personal; de manera que no sea atacada impune-

-mente por otro individuo o por la autoridad pública: ni ser presos o

detenidos sino por motivo criminal o por pena correccional, &c. ¿cc."

Siendo como es ésta una garantía constitucional, es 'a toda luz

evidente que el enunciado artículo 302 del Código Judicial de Ovndinamarca,

que manda emplear COmO apremio la prision contra los deudores,

en caso dearraigo, que no son loe que designa el artículo da la

Conetitucion, está en abierta oposicion con este articulo, i por tanto,

vuestra comision es de concepto' que el Senado de Plenipotenciarios

debo resolver su nulidad, como se permite proponerlo, no teniendo,

como no tiene por ella, fuerza ninguna la observacion que se hace, de

que, habiendo comenzado a rejir en el Estado de Cundinamarca el

Código Judicial óntes de que se sancionan la Constitucion nacional,

la Corto Suprema, en casos análogos, habia declarado que las leyes de

los Estados anteriores a la dicha Oonslitucion no estaban sujetas a la

ausponeion de que trata su artículo 72. Los actuales Majistrados de la

Corte Suprema no han aceptado el fundamento en que descansa la

aclaratoria que en este sentido hizo la Corte anterior.

A juicio de ellos, dice la resolucion que suspende el citado artículo

302, las leyes de loe Estados, anteriores icontrarias o n6 & la Constitucion

nacional, no pueden inénoa de ser consideradas vijentee por los

funcionarios de la Nacion, si éstos las ven en aplicación actual por loe

de aquellas entidades, porque la vijencia de las leyes de cada Estado

es indudablemente asunto de la esclusiva competencia de 61 mismo

¿cc U.

Respecto a los artículos 300 i 301 del Código Judicial a que

taxnbien se refiere la peticion del señor Castillo i cuya suspenahn no

ha decretado la Corte Suprema, no militan las mismas razones que

apoyan la ausponsion de aquel artículo, pues Latos se limitan a pennitir

el arraigo, i no hablando de prision nido apremio alguno. Bien es

verdad que sin nir.gun apremio, el arraigo vendrá a ser ilusorio; pero

e1lojielador de Cundinamarca, andado el artículo 802, 1 visado It

necesidad de establecer algun apremio para hacer eflesees las citadas

disposiciones legales, dispondrá lo que estime mas conveniente, como

lo seria el embargo de bienes suficientes para atender a las remdtaa

del juicio.

En consecuencia, vuestra comision termina este informe sometiendo

a vuestra ilustrada doliboracion la siguiente ptoposicion

El Senado de Plenipotenciarios, en ejercicio de la atribucion 5.',

artículo 51 de la Constitucion federal, declara la nulidad del artículo

302 del Código Judicial del Estado soberano de Cundinamarca, sancionado

ea 11 de noviembre de 1858, r ser contrario al inciso 4?,

artículo 15 de la Constitucion nacional.

Bogotá, 3 de abril de 1871.

J. Mgmjozt—D. VIMIA—M. VEm3EL—AQUILEo Paa&-$. SZicu

&cittaria del Senado de Fk dnrio&—Bogot4, abril 3 de 1871.

Aprobado poi esta Corporaoion en dos debates, en las sesiones do

las noches del 28 del próximo pasado 1l.° del corriente mee.

El Secretario, Julio E. Pérez.

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