Decimosexto informe AnuAl DefensoríA Pueblo

PresentAción
Nuestro país vive un momento muy importante de su historia. Su crecimiento
económico ha alcanzado cifras sin parangón en nuestra vida republicana. Este
momento de bonanza es fruto de múltiples esfuerzos desde el Estado y la sociedad,
y debe entenderse como el compromiso de las peruanas y peruanos para construir
un país con posibilidades de realización personal y social, sin distinciones
ni exclusiones de ninguna índole.
En este contexto, superar las desigualdades estructurales y afirmar la vigencia
de los derechos fundamentales constituye uno de los retos más urgentes como
nación. Para ello, se debe fortalecer la lucha contra la pobreza, que se ha reducido
notoriamente en los últimos años, pero que aún afecta al 27% de peruanos y, en
algunas zonas del país, a más del 60%.
El desarrollo del Perú no será sostenible si permitimos que continúen las
brechas de desigualdad y la consiguiente exclusión de amplios sectores a quienes
aún no se les reconoce, en los hechos, la ciudadanía que consagra nuestra Constitución
Política y los instrumentos internacionales. Por tanto, el avance económico
debe tener su correlato necesario en la mejora significativa de la calidad de vida
de todos los peruanos y todas las peruanas.
En ese contexto, la labor de la Defensoría del Pueblo busca contribuir con
la superación de las desigualdades y la vigencia de los derechos fundamentales.
Nuestros esfuerzos, por ello, han estado dirigidos a atender los 141,902 casos (similar
al periodo 2011) presentados por la ciudadanía, tanto en nuestras 38 oficinas
y módulos a nivel nacional, como en nuestros viajes itinerantes a las zonas más
pobres de 701 distritos del país. En todos estos casos, nuestra labor ha priorizado
la búsqueda de alternativas y soluciones para superar las situaciones que vulneran
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en su relación diaria con las postas
médicas, comisarías, municipalidades, instituciones educativas y otras entidades
del Estado.
Asimismo, hemos enfatizado nuestra labor en la supervisión de las políticas
públicas en educación, salud, discriminación, medio ambiente, pueblos indígenas
y conflictividad social. También, hemos puesto especial atención a la seguridad
ciudadana, el acceso a la justicia, la identidad, la memoria y las reparaciones, la