Caso Renedo - Rafael Revilla

Domingo 10.04.11
EL COMERCIO
Oviedotoma
lasriendas
judiciales
La Audiencia Provincial
ordena el traslado de
las instrucción porque
considera que la mayor
parte de los delitos se
cometieron en la capital
:: LAURA MAYORDOMO
lfmayordomo@elcomercio.es
GIJÓN. «Este juzgado tenía que haberse
desvinculado del caso hace ya
un año». La afirmación, con tintes
de crítica, es de Miguel Valdés-Hevia.
El abogado del empresario Víctor
Manuel Muñiz –uno de los cinco
imputados en el ‘caso Renedo’–,
se expresó así el mismo día en que la
magistrada Ana López Pandiella, titular
del Juzgado de Instrucción número
4 de Gijón, interrogaba a su defendido.
Fue el pasado 27 de enero.
En los días sucesivos, tanto él como
los abogados de la funcionaria Marta
Renedo; de la exdirectora general
de Planificación y Centros, María Jesús
Otero, y del director deAlmacenes
Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez;
así como la fiscal María Luisa
García presentaron cinco recursos
pidiendo la inhibición de la jueza en
favor de un juzgado de Oviedo. El 18
de marzo, el abogado del Principado,
Juan Serra, se sumaba adhiriéndose
al recurso de apelación de la Fiscalía.
Su principal argumento para solicitar
que fuera el partido judicial de
Oviedo quien siguiera con la instrucción
era que la mayor parte de los delitos
investigados, o al menos los más
graves, se localizaban en la capital.
El viernes, la Audiencia Provincial
les dio la razón. El Decanato deOviedo
decidirá en los próximos días
quién llevará a partir de ahora las
riendas del ‘caso Renedo’.
Conflicto de competencias
Los argumentos de la jueza
Con fecha 1 de febrero, Ana López
Pandiella firmaba un auto en el que
se declaraba competente para mantener
la instrucción. Lo hacía recurriendo
a la ‘teoría de la ubicuidad’
según la cual, un delito se comete y
puede investigarse desde cualquier
lugar en el que actuaron los imputados.
En un segundo auto, fechado el
3 de marzo, añadía otros argumentos:
ni existió concierto previo para
la comisión de los delitos presuntamente
cometidos por los cinco imputados
ni hubo coordinación entre
éstos porque el «entramado delictivo
dedicado, por precio o recompensa
en especie, a obtener fraudulentamente
adjudicaciones de contratos
públicos eliminando la concurrencia
de empresas ajenas a dicho
entramado» no funcionaba bajo vínculos
de jerarquía ni organizativos.
Tanto los razonamientos sostenidos
en febrero como los expuestos
en marzo son desmontados en el
auto dado a conocer por la Sección
Octava de la Audiencia Provincial
este viernes.
La teoría de la ubicuidad
No existe vinculación de
la causa con Gijón
Cuando en febrero de 2010 arrancó
la investigación del ‘caso Renedo’ –al
denunciar una gijonesa que la funcionaria
del Principado había usurpado
su identidad para abrir una
cuenta en la que había ingresados
unos 100.000 euros– se desconocía
qué delitos se habían cometido, dónde
y por quién. Entonces, estaba «plenamente
justificado» la competencia
del Juzgado de Instrucción en cuyas
manos cayó la denuncia. Pero no
ahora. Sostiene laAudiencia que no
hay más vinculación de la causa con
el partido judicial de Gijón que la de
ser «el lugar del descubrimiento del
delito». Y dice que no se puede afirmar
«con certeza» que uno de los supuestos
delitos de cohecho se cometiera
en esta localidad sólo porque la
empresa de uno de los imputados
–Almacenes Pumarín– tenga su sede
en Gijón.Además, «nosotros añadimos
la seguridad de que algunos de
los delitos sólo han podido cometerse
en Oviedo». Por todo ello, los magistrados
de la Sección Octava creen
«innecesario» recurrir a la teoría de
la ubicuidad para determinar la competencia
sobre la causa.
PIDIERON LA INHIBICIÓN DE LA JUEZA
La fiscal María Luis García. Fue la
primera en pedir el traslado. :: P. U.
Luis Tuero, abogado de la
funcionaria Marta Renedo. :: V. F.
Pluralidad de delitos
Sí hay conexión entre ellos
La jueza decía en su último auto que
no hubo concierto ni conexión. La
Audiencia, todo lo contrario. Cree
que la investigación ha demostrado
la existencia de «una pluralidad de
delitos» entre los que sí existe conexión.
Y así, recuerda que el artículo
18.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
establece que son competentes
para conocer las causas por delitos
conexos «los jueces y tribunales
del territorio en que se haya cometido
el delito a que esté señalada
pena mayor». El artículo 18.2
abunda: «Será competente para co-
EL ‘CASO RENEDO’
Miguel Valdés-Hevia, abogado
de Igrafo. :: P. CITOULA
Ángel Bernal, defensor de María
Jesús Otero. :: P. CITOULA
nocer de los delitos conexos cometidos
por dos o más personas en distintos
lugares, si hubiera precedido
concierto para ello, el juez o tribunal
del partido judicial sede de la correspondiente
Audiencia Provincial».
Basándose en ambos apartados del
citado artículo, la Audiencia zanja
que «resulta competente para conocer
de la causa el Juzgado de Instrucción
deOviedo». En primer lugar porque,
de todos los delitos investigados,
el que conlleva mayor pena (8
años) es el de malversación de caudales
públicos y éste «sólo pudo cometerse
en Oviedo», donde tiene su
sede la Administración defraudada,
ASTURIAS 19
Javier Díaz Dapena, letrado de
Almacenes Pumarín. :: P. CITOULA
Juan Serra, letrado del
Principado de Asturias. :: P. C.
donde trabajan tres de los imputados
(Iglesias Riopedre, Otero y Renedo)
y desde donde «necesariamente»
se ordenaron los supuestos pagos.
En segundo lugar porque, en la
capital «se consumaron los delitos
de malversación, prevaricación y
fraudes y exacciones ilegales». Y porque,
«aún en el caso de que un delito
de cohecho se hubiera cometido
en Gijón y todos los demás en otro
lugar deAsturias, el juez competente
sería el del partido judicial sede de
la Audiencia». Es decir, Oviedo.
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