LA REGLA DE CONGRUENCIA Y SU FLEXIBILIZACIÓN: - EGACAL

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LA FE DEL HOMBRE EN SÍ MISMO O LA LUCHA POR LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL PROCESO
importante por éstas latitudes es el querido maestro Adolfo Alvarado Velloso- busca la solución
a la crisis, en el respeto irrestricto del debido proceso constitucional y en hacer depender
exclusivamente de las partes la instancia del proceso, reduciendo al mínimo las facultades y
deberes del juzgador, el cual deberá permanecer siempre en la mas absoluta imparcialidad,
impartialidad e independencia 2 .
II. LAS IDEOLOGÍAS Y EL DERECHO PROCESAL. ACERCA DE LA
NECESIDAD DE OPTAR POR UN SISTEMA PROCESAL
DETERMINADO EN BASE AL SISTEMA POLÍTICO QUE SE
PRETENDE PARA EL ESTADO. SU INFLUENCIA EN LO QUE
RESPECTA A LA REGLA DE CONGRUENCIA
Al igual que con las medidas autosatisfactivas y la tutela anticipatoria; que con las pruebas
de oficio y las cargas probatorias dinámicas, la regla de congruencia constituye uno de los
temas centrales que divide las aguas entre una y otra corriente procesal. En efecto, existen
respecto de la regla de congruencia dos tendencias marcadas en el procesalismo: por un lado
los que postulan la necesidad de su respeto a ultranza con sustento en que una desviación de
aquella implica violación al derecho de defensa en juicio de las partes, y por el otro lado, los que
plantean la necesidad de flexibilizarla 3 .
Cabe preguntarse si es baladí la discusión entre una y otra corriente doctrinaria. ¿No
habrá acaso una ideología política determinada tras cada una de las posturas a que nos hemos
referido?
2 En este último sentido, afirma Marcotullio, «…la esencia de esta crisis se encuentra en el sistema mismo de enjuiciamiento, sobre
base inquisitiva, aplicado por los magistrados en su tarea de hacer jusitica, procurando la búsqueda de la verdad real en el caso
concreto. El primer peldaño de un cambio profundo es coincidir en lo contrario, en afirmar que el proceso es sólo un medio pacífico
de debate y que la función judicial primordial es procurar y asegurar la paz social –objetivo constitucional que sólo se alcanza
mediante la efectiva garantía de los derechos subjetivos de todos los habitantes. Ello implica un cambio de paradigmas, un nuevo modo
de pensar el derecho, privilegiando y acatando la Constitución por sobre la ley procesal. En suma instaurar en el imaginario colectivo
la idea de República, como único modo de combatir el secular autoritarismo de nuestras tierras, que también tiñe a la función judicial
con similares desviaciones. El Poder Judicial no es una isla dentro del estado de derecho y sus miembros se impregnan de las
costumbres y de las ideologías dominantes. Modificar el modo de administrar justicia en la región, será una tarea titánica, en la
medida que no sea precedida de un auténtico cambio de mentalidad en todos los factores comprometidos en su eficiencia.- Los jueces
sudamericanos, en general, no parecieran haber sido preparados para actuar con rigurosa imparcialidad. Podríamos aventurar
incluso que una cierta mayoría de ellos ignora en que consiste esa cualidad básica del debido proceso. La cultura paternalista instauró
la idea del juez como autoridad, y no como mero hacedor de la paz social mediante la garantía de los derechos de los ciudadanos. El
problema reside en el doble papel protagónico como juez y como parte que el sistema inquisitivo acuerda indebidamente al juzgador.
Reforzar la imparcialidad del juzgador implica, en la práctica, cimentar su labor ajena a la calidad de parte, careciendo cualquier tipo
de interés subjetivo en la solución del litigio y actuando sin subordinación jerárquica respecto de las partes litigantes y de terceros
ajenos al proceso…» (Marcotullio, Miguel E. «Ideología, proceso y sociedad actual en el contexto argentino» en Revista de la
Maestría en Derecho Procesal, Pontificia Universidad Católica del Perú, Véase en http://pergamo.pucp.edu.pe/derechoprocesal/
node/64).
3 Resulta interesante observar que en Uruguay, más concretamente en las XIII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal -Punta
del Este 2006- se llega, entre otras, a la siguiente conclusión: «... En cuanto a la aplicación del mismo –principio de congruencia-, se
postularon dos posiciones. Una primera restrictiva, según la cual debe existir un preciso correlato entre las pretensiones deducidas
por las partes y la parte dispositiva del fallo judicial, no pudiendo alterarse en ningún caso la causa petendi en que se funda la
pretensión, por entender se violaría la debida defensa y sus corolarios de posibilidad de contradicción, prueba y control oportunos.
Una segunda según la cual la congruencia no constituye un principio procesal absoluto, cuya observancia estricta se vincule con las
condiciones del debido proceso adjetivo, las que deben ser armonizadas con la solución justa del caso concreto. Esta segunda posición
flexibiliza la aplicación por el Juez de este principio, en aras de una mayor eficacia de la actividad jurisdiccional, siempre y cuando tal
flexibilización, no ocasione agravios al derecho de defensa, ni comprometa la igualdad con que deben ser tratadas las partes...»
(Conclusiones de las XIII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal –Uruguay. Punta del Este. Noviembre de 2006. Publicadas por
Ignacio Soba Bracesco en http://ignaciosoba-derechoprocesal.blogspot.com/).
AAV