Views
5 years ago

Estado actual de la legislación europea y ... - Fazendo Gênero

Estado actual de la legislación europea y ... - Fazendo Gênero

Además, en las tres circunstancias se libera expresamente de responsabilidad a la embarazada, aún cuando el aborto se realice en un centro público o privado no acreditado o cuando no se hayan emitido los dictámenes médicos exigidos. Sin embargo, la ley castiga el aborto que se efectúa contra la voluntad de la mujer y el aborto consentido por ella durante todo el tiempo que dure el embarazo – a excepción de los casos previstos por las indicaciones legales -. En un primer momento de su aplicación, la interpretación de la ley fue muy restringida, llegando incluso a promoverse procesos y a ejecutar condenas en los que fueron acusados los médicos y las mujeres que habían participado en abortos. Posteriormente, criterios y valoraciones más amplios permitieron que se alcanzara una interpretación más acorde con los tiempos y las concepciones imperantes en la sociedad española, aunque la inseguridad jurídica generada por una redacción inadecuada a los fines tenidos en cuenta por el legislador persiste todavía hoy en día dado lo alarmante de los últimos acontecimientos de acoso y persecución a las clínicas abortistas y a las mujeres que se sometieron al aborto. En la actualidad, continua vigente la misma ley relacionada con otras leyes que disponen la reglamentación concerniente a los centros autorizados para la práctica de los abortos y a la recopilación de datos con finalidades estadísticas. A su vez, se halla complementada por la normativa sobre plan y función estadísticos y sobre la gestión de datos a cargo del Ministerio de Sanidad y Consumo. Pero el debate abierto en la sociedad lleva a repensar acerca de un modelo de legislación que contemple, cuanto menos, la alternativa de la indicación socio-económica y un límite gestacional donde la mujer pueda ejercer su autonomía a la hora de decidir sobre una cuestión que afecta sus derechos más importantes. La razón de ser de esta necesidad de cambio está motivada en que la indicación referida al “grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer embarazada” ha sido usada sin limitación alguna por el amplio margen de actuación que permite – en realidad, permite poder recurrir al aborto durante casi los 9 meses de gestación -, lo que bien puede llevar a una aplicación irregular de la ley cuando las circunstancias de tal indicación no se cumplen. Además, es fuente de frecuentes conflictos toda vez que la inseguridad jurídica que produce repercute negativamente en los prestadores de servicios sanitarios y en las pacientes que se someten a abortos, dada la amplitud de interpretaciones a la que se presta. La estadística presentada por el Instituto de Política Familiar en 2008, revela que en España se realizan por año 101.592 abortos, ocupando el 6º lugar entre los 27 países de la Unión Europea. Con respecto a la distribución geográfica, los datos sobre el aborto repercuten con mayor fuerza en comunidades como Cataluña (20.123), Madrid (19.242), Andalucía (18.581) y Valencia 4

(10.219) donde se han incrementado considerablemente. Barcelona es la ciudad de España donde más abortos se efectúan, con una cifra de 15.370 abortos por año. En cambio, las comunidades donde se realizan menos abortos son Ceuta (22), Melilla (61), La Rioja (518), Cantabria (552) y Navarra (651). La mayoría de las interrupciones se realizan antes de la 8ª semana, en un porcentaje registrado de 62,23 % de los casos; y entre las semanas 21 o más, se realizan un 1,97 % de las intervenciones. Entre la 9ª y 12ª semana tienen lugar un 25,71 % de abortos, hasta reducirse abruptamente entre la 13ª y 16ª semana al 6,14 %. Los centros en los que se practican los abortos, deben estar acreditados especialmente para realizar este tipo de intervenciones: si son privados, deben contar con autorización previa de la autoridad sanitaria competente; pero siendo públicos, resultan automáticamente acreditados. Asimismo, la acreditación es diferente si los abortos a realizar son de bajo riesgo - menos de doce semanas de gestación - o de alto riesgo - más de doce semanas de gestación -, y según el caso, deben reunir determinados requisitos, que son más estrictos en el segundo lugar. Los centros que atienden las intervenciones son en su mayoría privados con cifras que llegan hasta el 97,49% de los abortos registrados, mientras que en los centros públicos el porcentaje baja hasta un 2,51 %. Hay comunidades como Navarra, que no cuentan con ningún centro acreditado, por lo que la mujer que desee abortar en condiciones seguras debe costear de su propio bolsillo el desplazamiento hacia un centro de salud. Aunque siempre será la sanidad pública la que abone el costo total de la intervención. Las restricciones administrativas que dificultan la consecución de una intervención segura y sin riesgos son considerables, especialmente la objeción de conciencia en la que se resguarda el personal sanitario para no practicar este tipo de intervenciones, dejando en desamparo a la mujer que desee acceder al aborto bajo condiciones permitidas por la ley. Existen centros públicos donde ninguno de los facultativos médicos está dispuesto a realizar una interrupción de embarazo. En consecuencia, se produce la desviación de las pacientes hacia los centros privados donde se obtiene de manera más fácil la certificación de riesgo y los plazos previstos en la ley se interpretan de forma más laxa. Por otra parte, la situación de inseguridad jurídica que plantea el sistema de indicaciones, siempre abierto a un posible control judicial posterior a las intervenciones tendente a verificar la concurrencia efectiva de los supuestos legales alegados, provoca el constante temor en los médicos de verse involucrados junto a la mujer que aborta, en un proceso judicial que los coloca en situación de sospecha continua. En todos los casos, se terceriza la decisión del aborto, quedando la disposición final del mismo en manos de uno o de varios médicos, por lo que la mujer, protagonista de una decisión 5

Violencia_sexual_aborto_Conexiones_necesarias
VIOLENCIA DE GENERO VIOLENCIA DE GENERO - Caja España
La%20interrupcion%20del%20embarazomail
Políticas públicas para la igualdad de género
Boletina 29 - 2009 La Familia desde una perspectiva de Género
Panorama actual de los derechos humanos de las - Comisión de ...
Muerte y negación - Cátedra Unesco de Derechos Humanos
Muerte y negación - Cátedra Unesco de Derechos Humanos
Muerte y negación - Cátedra Unesco de Derechos Humanos
Los derechos humanos, el embarazo no deseado y la atención ...
Defendiendo el Derecho Humano a la Vida en LA (1)
26 mil ejemplares - Sidoc - Fundación Puntos de Encuentro
Escrevendo a história no feminino - Fazendo Gênero
Gênero no Texto Visual: a (re)produção de ... - Fazendo Gênero
Complicidades y violencias estructurales ... - Fazendo Gênero
GOBERNANZA COSTERA Y LA INVISIBLIDAD ... - Fazendo Gênero
mujeres imaginadas: bestias de carga, esclavas ... - Fazendo Gênero
experiencias militantes, experiencias de género ... - Fazendo Gênero
la intimidad en tiempos de individualización - Fazendo Gênero
El camino hacia la construcción de sociedades ... - Fazendo Gênero
niñ@s, hormonas y diferencia sexual. un análisis ... - Fazendo Gênero
Legislación e iniciativas europeas sobre personas con ... - Adif