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Escrevendo a história no feminino - Fazendo Gênero

Escrevendo a história no feminino - Fazendo Gênero

Anais do VII Seminário

Anais do VII Seminário Fazendo Gênero 28, 29 e 30 de 2006 padres y madres respectivamente, asegurando que existen relaciones de género enmarcadas en una lógica binaria y polarizada desde donde se fundamentan los conceptos de paternidad y maternidad. Así, las responsabilidades afectivas y de cohesión de la familia son asignadas a la maternidad y el sostenimiento económico, que excluye de la crianza y el cuidado de la progenie, a los padres. Finalmente, menciona que los estudios feministas y la perspectiva de género han reconocido en la familia la presencia de violaciones de derechos humanos a través de la violencia conyugal y el maltrato a menores de edad, argumentando que el interés público debe prestar atención a la dinámica del poder en la familia (Puyana, 2004). En Colombia existe una serie de legislaciones y políticas que buscan la igualdad entre las personas, en concordancia con múltiples acuerdos de carácter internacional, otorgando una respuesta a las exigencias de organizaciones de mujeres y manifestando la necesidad del Estado por integrar la perspectiva de género. Lo anterior con el objetivo de garantizar los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, conceptuadas por la ley como población vulnerable y por las feministas como víctimas del patriarcado. La situación ideal para las mujeres en tales cuerpos normativos es la condición de ciudadanas, sin embargo, quienes agencian la defensa de los derechos humanos, han identificado que el uso de la violencia por parte de los hombres es un factor que impide tal condición (CLADEM, 2005). Así, desde la perspectiva legal, las mujeres tienen desventajas políticas asignadas a la construcción social de los géneros de acuerdo a los contextos cultural y económico que sustentan el conjunto de creencias y acciones, que igualmente instauran el orden social y movilizan a las personas por el mundo. Los fenómenos de violencia doméstica tienen gran relevancia política desde la década de 1970 tras la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Ley 75 de 1968), el cual, incialmente, protegió a la niñez y la funcionalidad de la familia. Desde 1991, tras la firma de la Constitución Política, el Estado colombiano reconoce a la familia como “[...] núcleo fundamental de la sociedad [que] se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla” (artículo 42). Igualmente considera que “Las relaciones familiares se basan en la igualdad de deberes y derechos de la pareja y en el respeto recíproco de sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”. A partir de este momento comienza toda una gestión para reglamentar y penalizar las formas de violencia que atentan contra la familia. Lo anterior, con el interés de proteger los derechos de sus 2

Anais do VII Seminário Fazendo Gênero 28, 29 e 30 de 2006 integrantes y con la noción de que si se mantiene el orden familiar, se procura también el social. En 1992, con miras a otorgar fundamento constitucional a la protección familiar, la Corte Constitucional describió a la familia como un contexto donde debe primar los valores liberales y la democracia familiar, concepto que condiciona a las personas a salvaguardar los derechos humanos de sus familiares (Sentencia C-285-97). De este modo, el control del Estado se amplía a espacios considerados tradicionalmente como privados, de ingerencia íntima o familiar, para garantizar los derechos de los sujetos vulnerables (menores de edad, personas mayores y mujeres). Entre los múltiples esfuerzos por erradicar la violencia en la familia, es de resaltar la publicación de la Ley 294 de 1996, que institucionaliza y regula el artículo constitucional ya mencionado, desarrolla los postulados de la Convención de Belem de Pará de 1994 (ratificada a través de la Ley 248 de 1995) y concreta las luchas de diversas organizaciones de mujeres, que a partir de la carta política, judicializaron las violencias contra las mujeres ejercidas en ámbitos domésticos. De este modo, la ley tipificó como delitos autónomos los comportamientos violentos en las relaciones familiares, incluida la violencia sexual entre cónyuges; creó mecanismos de protección especial para la víctima; ordenó un procedimiento verbal y de términos cortos para hacer efectiva la intervención de justicia. Igualmente definió la violencia intrafamiliar como una forma de establecer relaciones y de afrontar los conflictos recurriendo a la fuerza, la amenaza, la agresión o el abandono, para lo cual el Estado debe garantizar la prevención, corrección y sanción por parte de las autoridades públicas. Además creó los delitos contra la unidad y la armonía familiar, sancionando y contemplando penas en prisión a aquellos que maltraten física, psíquica o sexualmente a sus familiares. De este modo, la Ley 294 de 1996 conjugó la protección de la familia con la garantía de derechos para la mujer, asociando paradójicamente, el ser mujer con la figura de la madre. En otras palabras, dada la conceptuación limitada de la familia en Colombia otorgada por la Constitución, como aquella integrada por un hombre y una mujer que conforman pareja y se responsabilizan de la base de la sociedad, el deber ser de hombres y mujeres es ser buenos padres y madres, lo cual garantizaría un ambiente funcional a aquellos hijos se relacionarán en lo social sin el uso de la violencia. Con posterioridad a varias leyes sobre la regulación de la violencia doméstica, en el año 2000 fue publicada la Política Nacional “Construcción de Paz y Convivencia Familiar Haz Paz”, conducente a la prevención y atención de la violencia intrafamiliar. Esta política 3

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