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Escrevendo a história no feminino - Fazendo Gênero

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Anais do VII Seminário

Anais do VII Seminário Fazendo Gênero 28, 29 e 30 de 2006 pretende la unificación de criterios y estrategias de programas y proyectos públicos y privados, que trabajan para el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias colombianas y en la prevención y detección de las violencias intrafamiliar y sexual. Esta política da cuenta de una particular conexión entre familia, ciudadanía y convivencia en niveles específicos y generales de la sociedad, donde las leyes de protección a la familia se hacen para la garantía y restitución de los derechos de los ciudadanos, extendiendo un campo de acción a otro y suponiendo que la convivencia en la familia es equiparable a la convivencia social. Así, tras la regulación de las conductas y relaciones familiares, se propuso un modelo de ciudadanía y de relación con el Estado (Serrano et al., 2006). En la actualidad, en el gobierno de Bogotá, ciudad donde trabajo en investigación e intervención social alrededor de las violencias domésticas, las agencias de política social consideran que la violencia ejercida en las relaciones familiares y espacios domésticos, reconocida como intrafamiliar, es la causante de múltiples violaciones de los derechos de las personas (Defensoría del Pueblo, 2005 y 2001; PROFAMILIA, 2005; DABS, 2004 y 2003a; ICMLCF, 2004). Desde allí las y los funcionarios públicos consideran que su solución depende de un cambio social con base en la re significación de las identidades y roles de género tradicionales, coloquialmente llamados de “la cultura patriarcal”, donde el uso de la violencia es asumido como un comportamiento normal entre familiares (DABS, 2006; Presidencia de la República de Colombia, 2000). Para ello, se atiende a las víctimas de violencia intrafamiliar para restablecer sus derechos y al agresor para penalizarlo o rehabilitarlo. Para esta ciudad, cuya política social está agenciada principalmente por mujeres vinculadas directa o indirectamente con el movimiento feminista, se considera que el cambio en los valores y asignaciones sociales de los géneros es necesario para asegurar la igualdad social, entendida como la garantía de la vida digna y la inclusión política de las mujeres, además de otros sectores vulnerables (poblaciones indígena, campesina, desplazada, LGBT, juvenil, habitante de calle, entre otros excluidos). Desde allí la igualdad implica la equidad en el acceso al poder público y que hombres y mujeres tengan las mismas responsabilidades familiares, es decir, que lo femenino y lo masculino tenga el mismo valor simbólico (Thomas, 2006) social y culturalmente, todo un reto, a mi juicio. Las posturas legal y política sobre la regulación de la violencia doméstica para garantizar la ciudadanía parten de la funcionalidad de la pareja y de la dicotomía agresor versus víctima, donde el primero es identificado con la figura del padre de familia y la segunda con las mujeres o su prole, quienes se encuentran en estado de indefensión ante el 4

Anais do VII Seminário Fazendo Gênero 28, 29 e 30 de 2006 poder masculino. El efecto de la complementariedad de pareja en las decisiones de los operadores de justicia y profesionales de la intervención social es el de conservar la pareja a toda costa en función del buen ejemplo para los hijos. El efecto relacionado con el binarismo es el de naturalizar a los hombres como esencialmente violentos, para lo cual la labor de la política y terapéutica es, por un lado, sensibilizar a los hombres para que se relacionen con el mundo familiar (DABS, 2003b y 2002; ICBF, 2002) a través de la reflexión sobre sus patrones de crianza, uso de la violencia y apropiación del derecho, y por el otro lado, empoderar a las mujeres para actuar en lo público y tener ingerencia social (Acuerdo 91 de 2003). Además, dicha naturalización de todos modos asocia lo femenino al hogar y lo masculino al poder público. Lo anterior, entre otras reacciones, hace que en los “procesos cambio cultural en hombres”, el asumir los valores democráticos sea sinónimo de feminización de ellos mismos, creando el efecto contrario al que se esperaba, es decir, el rechazo de los hombres por asumir una “nueva masculinidad”. Así el interés político de la protección familiar presenta a esta institución social como un campo intermedio y ambiguo entre lo público y lo privado, entre lo individual y lo social. Desde la perspectiva estatal, la familia constituye el espacio íntimo para los ciudadanos a la vez que es atravesado por el cumplimiento de los derechos humanos. En este conjunto de representaciones, la violencia que se presenta en la familia afecta tanto a la sociedad como a los individuos, asociándola a la violación de los derechos que garantizan la libertad y dignidad de las personas y el progreso y desarrollo de la sociedad. Con lo anterior, el Estado colombiano justifica su intervención sobre las relaciones familiares, para ejercer su función como garante de derechos. Por lo ya expuesto, el cambio cultural deseado es cuestión de método. Así las cosas, para llegar a la igualdad de condiciones, tanto en ámbitos íntimos como públicos, se solicita que todas las labores en sociedad sean realizadas sin importar si se es hombre o mujer; que los hombres hagan lo que tradicionalmente han hecho las mujeres y viceversa. Dada la anterior concepción funcional de la sociedad, se cuestiona los roles y las funciones de las personas pero no se cuestiona cómo están construidos y cimentados la sociedad, la familia y el Estado. Aquí el reto por parte de los legisladores, movimientos sociales, funcionarios e interventores públicos es pensar el género y la cultura de una manera más amplia, más allá de las tradiciones y los valores, contemplando los contextos económico y ambiental, que permiten el establecimiento de la deseada sociedad moderna. De otro lado, también significa considerar que el Estado no es el único regulador de las relaciones sociales, pues los significados y acciones de las personas no pasan exclusivamente por el derecho. Considerar un cambio en 5

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