Borrador de reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero ...

esolución de expulsión que tendrá los requisitos y efectos establecidos en los
artículos 119 y 120 de este Reglamento.
Las resoluciones sancionadoras que dicten los Subdelegados del Gobierno o
los Delegados del Gobierno en las Comunidades uniprovinciales en relación
con este tipo de infracciones, quedarán sometidas al régimen común de
recursos previsto en el presente Reglamento.
En el supuesto del artículo 45.2 a) del presente Reglamento, cuando la relación
laboral acreditada tenga por objeto una actividad incluida en el catálogo de
ocupaciones de difícil cobertura, podrá suspenderse la sanción prevista en el
artículo 54.1 d) de la Ley Orgánica 4/2000, incluyendo el incremento de la
multa previsto por el artículo 48 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, siempre y cuando el
empresario o empleador liquide las deudas devengadas y no satisfechas con el
trabajador y con los organismos correspondientes, y formalice un contrato con
el trabajador afectado con una duración mínima de un año. La suspensión
adquirirá carácter definitivo si el trabajador se mantuviera en su puesto durante
un año, a contar desde la entrada en vigor de la autorización concedida al
trabajador, o si la relación se extinguiera con anterioridad por voluntad
unilateral del trabajador no basada en las causas del artículo 50 de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, o por causa de despido procedente.
La ejecución de la sanción impuesta por la infracción grave prevista en el
artículo 53.b) de la Ley Orgánica 4/2000 podrá ser suspendida en caso de que
el extranjero obtuviese una autorización de residencia por circunstancias
excepcionales basada en el artículo 45.2 del presente Reglamento.
En lo no previsto por el procedimiento especial, regulado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo, regirá el procedimiento común de conformidad con
lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.