Borrador de reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero ...

CAPÍTULO
NORMAS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
I
Artículo 112. Normativa aplicable
El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones
administrativas previstas en la Ley Orgánica 4/2000 se ajustará a lo dispuesto
en la misma y en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
No se impondrá sanción alguna por infracciones a los preceptos establecidos
en la Ley Orgánica 4/2000, sino en virtud de procedimiento instruido al efecto.
Cuando se trate de los supuestos calificados como infracción leve del artículo
52.c), grave del artículo 53.b), cuando se trate de trabajadores por cuenta
propia, y muy grave del artículo 54.1.d) de la citada Ley Orgánica 4/2000, el
procedimiento aplicable será el previsto en la Ley 42/1997, de 14 de
noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el
Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, y en los artículos 150 y 151 del presente Reglamento.
En todo aquello no previsto en el presente Reglamento será de aplicación
supletoria el procedimiento regulado en el Reglamento de procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto.
Artículo 113. Modalidades del procedimiento sancionador
El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones
administrativas previstas en la Ley Orgánica 4/2000 se tramitará por los
procedimientos ordinario, preferente y simplificado, según proceda conforme a
lo dispuesto en dicha Ley Orgánica y en el presente Reglamento.
Artículo 114. Actuaciones previas
Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar
actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si
concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas
actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los
hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación
de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las
circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.