Borrador de reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero ...

Cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de que un extranjero, contra el
que se ha dictado una resolución de expulsión, aparezca en un procedimiento
penal como víctima, perjudicado o testigo, y considere imprescindible su
presencia para la práctica de diligencias judiciales, lo pondrá de manifiesto a la
autoridad gubernativa a los efectos de que valore la inejecución de su
expulsión durante el tiempo necesario. En caso de que ya hubiera sido
expulsado, se procederá de igual forma a los efectos de que autorice su
regreso a España durante el tiempo necesario para poder practicar las
diligencias precisas, todo ello sin perjuicio de que se adopte alguna de las
medidas previstas en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de
protección a testigos y peritos en causas criminales.
Artículo 118. El decomiso
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.5 de la Ley Orgánica 4/2000,
en los supuestos de infracción de la letra b) del artículo 54.1 de dicha Ley,
serán objeto de decomiso los vehículos embarcaciones, aeronaves, y cuantos
bienes muebles o inmuebles, de cualquier naturaleza que sean, hayan servido
de instrumento para la comisión de la citada infracción.
A fin de garantizar la efectividad del comiso, los agentes de la autoridad podrán
proceder, desde las primeras investigaciones practicadas, a la aprehensión y
puesta a disposición de la autoridad competente de los bienes, efectos e
instrumentos a que se refiere el apartado anterior, quedando a expensas del
expediente sancionador, en el que se resolverá lo pertinente en relación con los
mismos.
Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por resolución
se adjudicarán al Estado, en los términos fijados por la Ley de Patrimonio de
las Administraciones Públicas.
Artículo 119. Resolución
Los Delegados del Gobierno en la Comunidades Autónomas uniprovinciales y
los Subdelegados del Gobierno dictarán resolución motivada confirmando,
modificando o dejando sin efecto la propuesta de sanción, y decidiendo todas
las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del
procedimiento.
La resolución no podrá tener en cuenta hechos distintos de los determinados
en la fase de instrucción del procedimiento, sin perjuicio de su diferente
valoración jurídica.
Para la determinación de la sanción a imponer, además de los criterios de
graduación a que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 55 de la Ley